El sindicato mayoritario de Osakidetza, SATSE, ha advertido al consejero de Salud, Alberto Martínez, de que puede “provocar un otoño caliente” de movilizaciones, entre las que no descarta la huelga, si “rompe” la negociación colectiva y apuesta por pactar “al margen” de la mesa sectorial “con un solo colectivo”, el de los médicos. Se refieren a las conversaciones en torno al estatuto marco que Martínez mantiene con el SME e incluso con el denominado MUD, que no tiene representación.

En un comunicado, la central sindical ha denunciado que el consejero está manteniendo reuniones bilaterales semanales con el esta central “al margen de la mesa sectorial, el único órgano legítimo de negociación colectiva”. Para Satse, “esta forma de actuar supone un ataque crítico” a la negociación colectiva, además de “un trato de favor hacia un único colectivo profesional en perjuicio del resto de trabajadoras y trabajadores que sostienen diariamente el sistema sanitario vasco”, informa Europa Press.

“El consejero de Salud debe gobernar para todo el personal de Osakidetza y no actuar como interlocutor privilegiado de un único colectivo. La Sanidad pública se sostiene gracias al trabajo de equipos multidisciplinares y no puede construirse otorgando privilegios a unos cuantos como el Sindicato Médico y asociaciones emergentes, que no cuentan con representatividad legítima, mientras se ignoran las reivindicaciones del resto”, ha denunciado la central.

El Sindicato de Enfermería considera preocupante que “estas negociaciones paralelas se produzcan mientras la mesa sectorial lleva cerca de un año esperando abordar cuestiones fundamentales” como las retribuciones del personal. “El propio Departamento de Salud está incumpliendo el calendario de negociación que había fijado para abordar cuestiones fundamentales que afectan al conjunto de la plantilla”, ha censurado SATSE. Osakidetza lleva 18 años sin un convenio actualizado.

Para la central, no es posible “aceptar que se utilicen problemas que afectan a toda la plantilla para construir privilegios de un único colectivo ni para jerarquizar las condiciones laborales dentro de Osakidetza”. “Si el consejero Martínez mantiene esta deriva y continúa debilitando la negociación colectiva, Osakidetza se encontrará con un otoño de creciente conflictividad laboral”, ha señalado SATSE, que no descarta impulsar movilizaciones conjuntas con otras organizaciones sindicales ni la convocatoria de huelgas “si se sigue vulnerando un derecho fundamental como es la negociación colectiva”.

Las matronas que trabajan el servicio en la OSI Barrualde-Usansolo, que abarca a buena parte del interior de Bizkaia y del norte de Álava, y en el hospital de Cruces, en Barakaldo, representadas por el sindicato Satse, han suspendido los nueves días de huelga convocada entre el 17 de junio y el 2 de julio. La decisión llega tras “largas e intensas conversaciones” con la dirección de Osakidetza en las que han acordado, entre otras cuestiones, el aumento del número de profesionales en las plantillas para poder realizar sustituciones en verano y de la duración de las contrataciones, además de una reunión el próximo 5 de octubre para abordar “de manera real” las reivindicaciones históricas del colectivo y buscar soluciones “al grave problema de falta de matronas que afecta a la sanidad pública vasca”.

La huelga estaba convocada para denunciar la “grave falta de matronas que afecta tanto a la Atención Primaria como al ámbito hospitalario”, lo que está, según lamentan, “deteriorando y comprometiendo la calidad de la atención que reciben las mujeres en Euskadi”. “Se han dado pasos organizativos importantes, pero actualmente hay una matrona para más de 2.600 mujeres, por lo que resulta imposible garantizar una atención de calidad. Osakidetza sigue sin disponer de una planificación adecuada para hacer frente a las jubilaciones previstas, ni de un cálculo real de las ratios matrona-mujer que permita dimensionar correctamente las necesidades asistenciales”, critican desde Satse.

Según detectan, la situación “se agrava especialmente” durante los periodos vacacionales, cuando en algunas organizaciones sanitarias las sustituciones “son inexistentes o claramente insuficientes”. Aun así, aclaran que “la escasez de matronas ya no es un problema exclusivo del verano, sino una realidad permanente que afecta a la cobertura de bajas, permisos y reducciones de jornada durante todo el año”.

El sindicato reconoce que la suspensión de la huelga responde a una “decisión de responsabilidad” y a la voluntad de dar “margen a la negociación abierta con Osakidetza”. No obstante, el colectivo de matronas mantiene un “profundo escepticismo” ante la posibilidad de que los compromisos adquiridos se traduzcan finalmente en “medidas concretas y efectivas”. “Las matronas llevan años denunciando una situación insostenible y no vamos a conformarnos con anuncios o buenas palabras. Necesitamos hechos, compromisos firmes y soluciones estructurales que permitan garantizar una atención segura y de calidad para las mujeres”, defienden desde Satse.

“Las compañeras de Cruces han conseguido que las 10 matronas de día que iba a haber en el hospital sean 11. Y en la OSI Barrualde-Usansolo hemos conseguido que los contratos de seis meses revisables pasen directamente a ser de nueve meses, como en un primer momento nos prometieron. También hemos pedido un nuevo contrato para hacer el 50% de nuestra supervisora con un contrato del 50% para que ya sea un 100% y así cubrir contingencias y cosas que surjan. Además, Osakidetza ha aceptado celebrar una reunión el 5 de octubre para trabajar en la base del problema y conseguir los ratios matrona-mujer que nos corresponden. Se ha acordado también el precio real de las horas extra para todas las OSI para que no tengamos nosotras que ir negociando en cada OSI. Si vemos que después de la reunión de octubre Osakidetza pasa de nuestras reivindicaciones iremos a huelga”, explican las trabajadoras a este periódico.

Así, el próximo 5 de octubre se celebrará una reunión específica entre representantes de las matronas y la dirección general de Osakidetza, en la que se revisarán “una por una todas las reivindicaciones planteadas por el colectivo y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos”. “Será una cita determinante para valorar si existe una voluntad rea” de resolver el problema estructural de falta de matronas en Osakidetza o si, por el contrario, la situación continuará cronificándose“, alertan desde el sindicato.

“El conflicto no desaparece. Lo que hacemos es dar una oportunidad a la negociación y esperar a comprobar si realmente se producen avances efectivos con las medidas comprometidas. Las profesionales están cansadas de promesas incumplidas y de seguir sosteniendo un sistema sin los recursos necesarios. Las reivindicaciones del colectivo siguen plenamente vigentes y son una contratación estable y planificada, cobertura real de bajas, vacaciones y permisos, el reconocimiento de la categoría como puesto de difícil cobertura y una planificación ajustada a las necesidades reales de la población”, explican desde el Satse.

El sindicato subraya que las consecuencias de esta falta de profesionales “repercute directamente” en la salud de las mujeres, ya que las matronas desarrollan “funciones esenciales” relacionadas con el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la salud sexual y reproductiva, la prevención de enfermedades, la menopausia o la detección de situaciones de violencia machista. Por todo ello, la central sindical concreta que, si el próximo otoño no se producen “avances reales y verificables”, no descartará “ningún tipo de acción sindical”. “Si Osakidetza no pone fin a los problemas estructurales que venimos denunciando, retomaremos las movilizaciones necesarias, incluida la posibilidad de convocar una huelga indefinida”, concluye.

El Sindicato de Enfermería, Satse, muestra su “profunda preocupación” ante las medidas de recorte y reorganización de plantillas previstas por el Servicio Canario de Salud (SCS) para los próximos meses y que van a afectar “directamente” al Hospital Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

El sindicato denuncia que estas medidas supondrán una reducción de recursos asistenciales y una “mayor presión” sobre los profesionales sanitarios.

Según la información de la que dispone la organización sindical, el plan contempla el cierre total de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO) y el cierre de camas en distintas plantas con actividad quirúrgica, así como la reducción de personal mediante su redistribución a otras plantas.

Esta política tendrá como consecuencia directa una menor contratación de profesionales para cubrir las necesidades asistenciales durante el periodo vacacional, unas medidas que, a juicio de Satse, generarán una “enorme incertidumbre” entre profesionales y usuarios del sistema sanitario público.

Desde el sindicato consideran “especialmente grave” que estas decisiones se adopten en un contexto de elevada demanda asistencial.

Los servicios de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Candelaria y del Hospital del Sur atienden diariamente una media de 500 personas, “una presión asistencial que hace difícil entender la reducción de camas y recursos”, señala la organización.

De hecho, apunta que es “previsible” que en numerosos momentos será necesario reabrir camas y plantas cerradas para dar respuesta a la demanda existente, lo que obligaría además a incorporar nuevo personal para garantizar una atención adecuada.

Por ello, el sindicato exige al Servicio Canario de Salud que informe de manera “inmediata y transparente” sobre el plan de vacaciones, los cierres previstos y la planificación de recursos humanos.

Asimismo, reclama la sustitución del cien por cien de las ausencias derivadas de vacaciones, bajas, permisos y cualquier otra incidencia, con el fin de evitar la sobrecarga de trabajo que ya soportan las plantillas y garantizar una atención sanitaria segura y de calidad.

Además, Satse rechaza “cualquier política de recortes que suponga menos camas, menos contratación y menos recursos para atender a una población que sigue demandando una asistencia sanitaria pública eficaz y accesible”.

En su opinión, “la sanidad no puede seguir funcionando a costa del esfuerzo extraordinario de sus profesionales”.

Movilizaciones de protesta

Así, el sindicato anuncia el inicio de movilizaciones en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria para exigir “la paralización de estos recortes, el mantenimiento de los recursos asistenciales y la contratación necesaria para cubrir todas las necesidades del sistema sanitario durante el periodo estival”.

Al mismo tiempo que se anuncian recortes en el Hospital La Candelaria, Satse recuerda que ya se han convocado dos concentraciones en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) para denunciar la falta de contrataciones durante el verano y los recortes en personal que están afectando a la salud de los profesionales y a la calidad asistencial que se presta a los usuarios.

Los profesionales del HUC también seguirán concentrándose en las próximas semanas, así que se avecina un verano de movilizaciones ante los recortes de personal impulsados por el SCS en los dos principales hospitales de Tenerife, comenta.

“Queda ya muy lejos el esfuerzo realizado durante la pandemia, cuando miles de profesionales dieron lo mejor de sí mismos para sostener un sistema sanitario al límite. Hoy, esos mismos trabajadores ven cómo se reducen plantillas y recursos, poniendo en riesgo tanto las condiciones laborales como la calidad asistencial que recibe la ciudadanía”, declaran desde la organización sindical.

 El Sindicato de Enfermería, SATSE Albacete, vuelve a denunciar la saturación del servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), una situación crónica que, lejos de resolverse, continúa agravándose y comprometiendo la seguridad de pacientes y profesionales.

SATSE señala que este pasado martes, 26 de mayo, se registró una gran afluencia de pacientes, provocando la saturación total del servicio y de todos los dispositivos asociados, incluido el Servicio de Apoyo a Urgencias (SAU).

“Una situación que se mantiene hoy puesto que en las Urgencias permanecían 34 pacientes pendientes de una cama para ingresar, lo que evidencia la saturación que soporta el servicio sin que se dé una respuesta adecuada”, señala el sindicato.

Un servicio “sobrecargado” con “condiciones inadecuadas”

Desde SATSE se recuerda que esta situación “no es puntual”, sino que es “consecuencia de años de falta de planificación y de no adoptar medidas eficaces”, lo que ha convertido a Urgencias en “un servicio permanentemente sobrecargado”, en el que se atiende simultáneamente la actividad urgente y pacientes pendientes de ingreso, en “condiciones inadecuadas”.

Se pone de manifiesto que la incidencia de las enfermedades respiratorias no es la causa de la saturación de este servicio, como argumenta la Gerencia en los meses de invierno, sino que evidencia la falta de planificación y previsión

SATSE señala que esta acumulación de pacientes “es una constante” que “obliga a Urgencias a funcionar como una planta de hospitalización improvisada, con los riesgos que ello implica”.

Desde SATSE se hace hincapié en el hecho de que “la situación que se vive en estos momentos pone de manifiesto que la incidencia de las enfermedades respiratorias no es la causa de la saturación de este servicio, como argumenta la Gerencia en los meses de invierno, sino que evidencia la falta de planificación y previsión.”

SATSE advierte de que esta presión asistencial continuada repercute directamente en la calidad de los cuidados, la seguridad del paciente y la salud de los profesionales, que trabajan en un entorno de sobrecarga, estrés y falta de recursos.

Por todo ello, el Sindicato de Enfermería exige la adopción de medidas estructurales urgentes y reales, entre ellas el incremento de las plantillas de enfermería, una mejor organización de los recursos y la puesta en marcha de protocolos claros y un plan eficaz que ponga fin a una situación que resulta insostenible.

El sindicato Satse, el mayoritario en Osakidetza, ha denunciado este miércoles el “calor insoportable” en los hospitales y centros de salud de Euskadi. “A menudo superan los 30 grados, cuando la temperatura recomendada no debería superar los 26 grados”, han señalado remarcando el riesgo que esto supone para pacientes y profesionales.

En un comunicado, la central ha advertido que “sin una climatización adecuada, se está poniendo en riesgo la salud física y mental del conjunto de profesionales y la seguridad de la ciudadanía”. Además, ha considerado “inaceptable que el personal deba comprar sus propios ventiladores para trabajar en condiciones mínimas o que se recomiende cerrar ventanas como única solución”, informa Europa Press.

Tras recordar que “este problema se repite cada verano por falta de planificación e inversión en los medios adecuados”, Satse ha denunciado que en Álava, en el hospital de Txagorritxu de Vitoria, las plantas de hospitalización carecen de climatización y que en la Rioja Alavesa las reformas estructurales no llegarán hasta 2027. Mientras tanto, ha advertido, en la red de salud mental, las áreas infantojuvenil y el servicio de rehabilitación comunitaria son las más perjudicadas por la falta de medios.

En Bizkaia, el sindicato ha criticado que las soluciones de Osakidetza son “insuficientes e incluso ridículas, como el suministro de polos helados en el hospital de Cruces o la colocación de vinilos en las ventanas de la OSI Bilbao-Basurto”. En la comarca sanitaria del hospital de Cruces “las altas temperaturas han llegado a afectar al funcionamiento de aparatos diagnósticos, obligando a postergar citas”, y en en centros como Markonzaga o San Vicente, el área de fisioterapia “alcanza niveles extremos sin medidas de prevención”.

En cuanto a Gipuzkoa, ha explicado que, en el hospital del Bidasoa, las obras en el bloque quirúrgico impiden abrir ventanas, “dejando a profesionales y pacientes dependientes de ventiladores”. “En el centro de salud Larzabal, ya el año pasado se suspendieron tratamientos de fisioterapia por el calor, y este año las mejoras prometidas siguen sin ejecutarse”, ha denunciado.

Satse ha exigido “urgentemente” un plan de actuación con “medidas preventivas concretas previas al período estival, como los planes de contratación de personal, que evite el cierre de camas y la fatiga y la sobrecarga física y mental de los profesionales”. Para la central sindical, es necesaria una inversión en climatización, mantenimiento y renovación de infraestructuras y “que se tengan en cuenta todos los puestos de trabajo de Osakidetza, incluidos aquellos que se llevan a cabo en el exterior”.

Tras recordar que Inspección de trabajo ya ha dado la razón a Satse en diversas denuncias por 'disconfort' térmico en Osakidetza, ha censurado que, “una vez más el Servicio Vasco de Salud obvia las necesidades de sus profesionales y pacientes”“. ”Continuaremos trasladando las denuncias pertinentes a la Unidad Corporativa de Salud o incluso a la Inspección de Trabajo para garantizar la seguridad del personal de Osakidetza y de las personas usuarias“, ha concluido.

El sindicato de enfermería Satse, el de mayor implantación en Osakidetza, ha reclamado un “refuerzo urgente” de las plantillas de matronas en el Servicio Vasco de Salud para garantizar una “atención sanitaria de calidad” a las mujeres en todas las etapas de su vida porque, en la actualidad, hay “una matrona para más de 2.500 mujeres”. Es una “ratio totalmente insuficiente”, que “compromete la salud de las mujeres”, sostiene la central.

En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Matrona, el sindicato ha advertido de que la situación actual en Euskadi es “especialmente preocupante”, por lo que ha exigido al Gobierno vasco y a Osakidetza que “refuercen las plantillas y apuesten por el descanso y conciliación de estas especialistas”. “En estos momentos hay una matrona para más de 2.500 mujeres en Euskadi, una ratio totalmente insuficiente que compromete la calidad asistencial y limita el desarrollo de todas sus competencias”, ha denunciado la secretaria general de Satse en Euskadi, Amaia Mayor, según informa Europa Press.

Bajo el lema “Más matronas, mejor futuro”, el sindicato ha insistido en que la falta de estas profesionales no sólo impacta en la atención al embarazo y parto, sino en todo el ciclo vital de la mujer, ya que “las matronas desempeñan ”un papel clave en la educación sanitaria, la prevención, la salud sexual y reproductiva, el acompañamiento en la adolescencia, la maternidad y el climaterio“. En este sentido, Mayor cree que reducir su labor a la atención al parto es ”invisibilizar su pleno valor“ y ha añadido que el actual ”déficit de matronas“ en Osakidetza impide que ”estas profesionales puedan desarrollar plenamente sus funciones, viéndose obligadas a priorizar la atención más urgente en detrimento de la prevención y la promoción de la salud“.

“Menos matronas significa menos tiempo para cada mujer, menos seguimiento, menos prevención de patologías y menos apoyo en momentos clave como el embarazo, el posparto o la lactancia, lo que repercute directamente en la calidad del sistema sanitario y en la seguridad de la atención”, ha alertado la secretaria general de Satse en Euskadi. Asimismo, ha subrayado que esta falta de personal también tiene un impacto directo en las propias profesionales, ya que la “escasez” de matronas está obligando “a limitar descansos, dificultar la conciliación y asumir una sobrecarga constante que se intensifica en periodos críticos como el verano o la Navidad”.

“Muchas matronas afrontan estas épocas con incertidumbre y ansiedad ante la falta de cobertura y planificación, lo que agrava aún más el desgaste físico y emocional de un colectivo ya tensionado”, ha apuntado la responsable de Satse. Ante esta situación, el sindicato ha reclamado, tanto un aumento de plazas de formación especializada como la creación de más puestos específicos en Osakidetza, para poder garantizar “una atención integral y unas condiciones laborales dignas”. Satse ha pedido al Departamento de Salud que incluya a las matronas en las OPE de difícil cobertura.

Decenas de toledanos y toledanas que aspiran a una de las plazas de la Oferta de Empleo Público de Enfermería en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) estuvieron a punto de no llegar a tiempo para realizar el examen de oposición que se celebró este domingo.

El motivo fue que el autobús contratado por la delegación provincial de Toledo del sindicato de Enfermería (SATSE) para facilitar de manera gratuita el desplazamiento a algunos de sus afiliados y afiliadas no se presentó en el punto de recogida a la hora indicada (las 7:00 horas). Es un servicio que el sindicato ya ha ofrecido en otras ocasiones sin incidentes. Sin embargo, la ausencia del vehículo al llegar la hora establecida generó el nerviosismo entre los 50 aspirantes que habían reservado su plaza, que temieron no llegar a tiempo al examen que se iba a realizar en diversas facultades de la Universidad Complutense de Madrid a las 9:30.

“Había un chico con un listado con nuestros nombres, que sería responsable del sindicato”, cuenta Sebastián Sánchez, uno de los opositores afectados. “Dieron las 7:15 y no sabía cuál era la empresa que nos iba a llevar y los contactos que él tenía no le cogían el teléfono, así que nos dijo que nos fuéramos cada uno como pudiéramos”, cuenta el aspirante.

Sánchez se unió entonces a otras cuatro opositoras para desplazarse hasta Getafe en el vehículo particular de una de ellas. Desde allí cogieron un servicio de VTC hasta el punto del examen, al cual llegaron apenas 20 minutos antes del inicio de la prueba, con un elevado grado de nerviosismo y un coste económico que no tenían previsto.

Un cambio de hora que la empresa no comunicó al conductor

Desde SATSE Toledo explican que el problema estuvo en que a la empresa de autobús contratada se le comunicó un cambio en el horario, pero la compañía no trasladó el adelanto de hora de forma adecuada en sus canales internos.

“Inicialmente, lo contratamos a las 8 de la mañana, pero, al conocer que el día del examen había un maratón en Madrid, y para asegurar que todo el mundo llegara a la hora, decidimos adelantar la salida del autobús a las 7 de la mañana”, explica Gemma Torrejón, secretaria provincial de SATSE Toledo.

“Ese cambio fue comunicado a la empresa de transporte el 13 de abril, pero por lo que hemos podido averiguar, parece ser que esa información y ese correo no se le trasladó al conductor que iba a prestar el servicio”, añade Torrejón. Una versión que ha sido confirmada a este medio por la compañía de autobuses con la que se contrató el desplazamiento.

Finalmente, el autobús sí se presentó en el parking acordado con retraso sobre la hora establecida por SATSE. Se subieron en él una veintena de opositores que no habían podido encontrar alternativa de transporte para llegar a la prueba, que también llegaron a tiempo para el examen. Además, el vehículo también estuvo disponible para llevar de regreso a los aspirantes al finalizar el examen tal y como estaba previsto, aunque Sebastián Sánchez lamenta que el sindicato no informase de que ese viaje de vuelta finalmente sí se iba a realizar a las personas que, como él, se habían desplazado a Madrid por sus propios medios ante el retraso a la ida.

“Todo el mundo pudo hacer su examen”, confirman desde SATSE. Pero, a pesar de ello, “se produce una incertidumbre, una inquietud, un nerviosismo que no ha lugar”, añade Gemma Torrejón.

El sindicato se considera también víctima de la situación, ya que afirman que esto les ha supuesto un daño reputacional de cara a sus afiliados y afiliadas. “Nos están llegando que evidentemente están alejadas de lo que ha ocurrido realmente. Pero entendemos la situación de la gente”, asegura Torrejón.

Una compensación que los afectados no ven suficiente

Según ha podido saber este medio, la empresa de transporte, Martín Car, ha ofrecido al sindicato una indemnización de 150 euros por los daños ocasionados, que SATSE destinará a cubrir los gastos de aquellas personas que hicieron uso de su vehículo particular para desplazarse al examen de oposición.

Sin embargo, esta solución no acaba de contentar a algunos de los afectados. Según denuncia Sánchez, las explicaciones del sindicato se han producido este martes, por lo que para él llegan “tarde”. Además, la cifra ofrecida por la empresa de autobuses le parece “insuficiente”, ya que el desplazamiento del coche en el que viajó hasta Getafe y los posteriores servicios VTC contratados por él y sus cuatro acompañantes ascendió a 40 euros. “Si la cantidad total a repartir es de 150 euros, ¿tocaremos a 3 euros cada uno?”, ironiza.

Además, Sánchez critica que el sindicato no está asumiendo ninguna responsabilidad, “cuando podría haber realizado una mejor gestión del problema, sobre todo, en cuanto a la comunicación con nosotros” y que las compensaciones no van a cambiar la nota del examen de oposición, por lo que propone que SATSE ofrezca a los afectados y afectadas recursos y formaciones gratuitas relacionadas con su oposición. Por ello, no descarta hacer una reclamación formal ante una oficina de Información al Consumidor o el Defensor del Pueblo.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) asume que es poco aceptable que, en su web de citas, se ofrezcan consultas para dentro de muchas semanas en su red de atención primaria. Ahora, por ejemplo, “para el 8 de mayo”. Y buscará una fórmula para adecuar el sistema informático y que eso no ocurra. La directora general, Lore Bilbao, la autora de la fecha de ejemplo, ha explicado que la web solamente tiene en cuenta la agenda del médico asignado a cada paciente y que, si está de baja o vacaciones, demora hasta su vuelta automáticamente la primera fecha disponible. Se soluciona con una llamada o una visita al ambulatorio, insiste Osakidetza, pero ajustarán, de acuerdo con los sindicatos, la parte informática para que las quejas continuadas desaparezcan. El deseo que es que en no más de “48 ó 72 horas” se resuelvan todas las peticiones.

Bilbao ha expuesto esta cuestión a los periodistas, así como la idea de empezar con un piloto en Elgoibar un cribado de prevención de riesgos cardiovasculares, tras la reunión de seguimiento denominado “pacto vasco de salud”, el catálogo de medidas para mejorar Osakidetza acordado en junio de 2025 en la mesa creada con oposición, sindicatos, universidades, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y otras entidades y que, aparentemente, en un 85% de las 332 iniciativas ya está en marcha. A su lado, el consejero de Salud y principal muñidor del pacto, Alberto Martínez, ha destacado la “ilusión” de quienes se han sentado otra vez en el palacio de congresos Europa de Vitoria para repasar el grado de cumplimiento de lo acordado. Incluso se ha atrevido a felicitarse por tener ahora “más respaldo” que hace diez meses porque las centrales Satse -el mayoritario en la Sanidad vasca-, UGT y CCOO han participado no habiendo firmado en 2025 el acuerdo final, como el conjunto de la representación sindical con la excepción del pequeño SAE.

En la cita ha estado, igualmente, EH Bildu. El principal partido de la oposición en Euskadi tampoco posó en la fotografía final del acuerdo, pero desea participar en el seguimiento, según ha explicado su portavoz, Rebeka Ubera. Ha considerado que Martínez hace “marketing, marketing y marketing” con este foro porque se presentan como novedades medidas ya planteadas por anteriores consejeros o que proceden del Ministerio de Sanidad, como el análisis de las aguas para detectar problemas de salud pública. Diagnostica Ubera que el objetivo actual del PNV con Osakidetza es exclusivamente “cambiar la percepción” del deterioro de la Sanidad pública pero no adoptar los cambios “estructurales” que precisa el sistema.

Ubera, de hecho, ha anunciado la “adhesión” de EH Bildu a las protestas convocadas para este fin de semana en Bilbao, Vitoria y Donostia en defensa de una Sanidad pública de calidad. Esas movilizaciones, que han tenido un aperitivo en la puerta misma del Europa mientras se celebraba la reunión, incluyen una petición de dimisión del consejero Martínez, particularmente por la crisis de las vacunas caducadas. Preguntada por los periodistas, la representante de la coalición abertzale ha precisado que ellos piden por el momento que la dirección política asuma sus “responsabilidades”, en general, pero aclarando que “no es ningún ultimátum”.

El PP también ha estado en la reunión. En su día, acordó 14 de las 24 líneas del pacto, según ha recordado Laura Garrido. La portavoz 'popular' ha sido también muy crítica con la gestión de Osakidetza y ha hablado de “precipitación”, “improvisación” o incluso de “poca utilidad” del foro. Sumar ya se descolgó totalmente del pacto en 2025 y no ha regresado y Vox, el otro partido de la oposición, nunca fue invitado.

Se da la circunstancia de que la propia composición del equipo de Martínez ha cambiado de raíz tras la firma del pacto. A las pocas semanas, en julio del pasado año, salieron el viceconsejero Enrique Peiró y fue promocionado Gontzal Tamayo, precisamente uno de los dinamizadores de este foro. Y, entre otros movimientos, la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, dejó paso a la actual, a Lore Bilbao.

En el ambiente ha flotado también el efecto de la huelga de médicos que está teniendo lugar en España una semana al mes. El Gobierno vasco la identifica como una protesta contra la ministra, Mónica García, que es de Sumar, pero los efectos los notan los sistemas autonómicas. Se da por hecho que cuando se actualicen las listas de espera en mayo habrá un empeoramiento en las tres mediciones -operaciones, pruebas y consultas especializadas- por este motivo. “Es una de nuestras mayores preocupaciones”, ha reconocido Bilbao, que ha considerado que “va a afectar seriamente” a las mejoras que se habían ido consiguiendo lentamente tras el deterioro ocurrido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Este 23 de marzo se celebra el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad. Fue instaurado en 2018 a propuesta del Congreso de los Diputados. El acuerdo recoge la conciliación como un derecho de todas las personas y la corresponsabilidad como la única garantía de que se sigan reduciendo las desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.

Ese mandato reconoce que los poderes públicos y las empresas deberán facilitar la conciliación aplicando horarios racionales, mecanismos de flexibilización, ampliando los permisos laborales para el cuidado de los hijos e hijas junto con los permisos de paternidad y maternidad.

Hoy, coincidiendo con la efeméride, el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a administraciones públicas y empresas sanitarias que “favorezcan la corresponsabilidad para posibilitar la conciliación de enfermeras y fisioterapeutas”. Además reclaman “las medidas necesarias para acabar con los problemas y barreras que existen en la actualidad y que están perjudicando su salud y desarrollo profesional, así como la atención que se presta a las personas”.

Pedimos medidas que favorezcan la conciliación de enfermeras y fisioterapeutas

SATSE

“Se prioriza el ahorro y la productividad por encima de las personas”

SATSE afea que el modelo laboral en el ámbito sanitario esté priorizando “el ahorro y la productividad por encima de las personas”, de ahí, subraya, que “los problemas de conciliación derivados de esta realidad no son responsabilidad de los y las trabajadoras, como desde algunos ámbitos se quiere trasladar a la opinión pública”.

“El sistema sanitario no permite conciliar y el problema no es de cada mujer o de cada hombre, porque la conciliación no es un problema privado, sino que es una responsabilidad colectiva y una obligación de los empleadores y las administraciones públicas”, apuntan desde la organización sindical.

Por ello, SATSE, en el marco de su nueva campaña de denuncia, información y sensibilización, bajo el lema 'Que no dejen tu vida en pausa', ha demandado a administraciones y empresas sanitarias que no sigan quebrantando el derecho a la conciliación que tienen enfermeras y fisioterapeutas, colectivos, además, con una presencia mayoritaria de mujeres. Más de un 85 por ciento en el caso de Enfermería y de un 60 por ciento en el de la Fisioterapia.

Una macroencuesta reciente realizada por SATSE en el conjunto del Estado concluye que los problemas para conciliar su vida laboral con la familiar y personal han afectado la salud física y mental de seis de cada 10 enfermeras/os y fisioterapeutas y en una misma proporción se han planteado, incluso, abandonar su profesión, entre otros datos.

“Enfermeras y fisioterapeutas son esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario y la atención y cuidados que se presta a millones de personas. Sin embargo, mientras sostienen la vida de miles de personas, sus propias vidas quedan relegadas y en pausa por un sistema que no reconoce ni respeta su tiempo”, afirma SATSE.

El 70% de factores de la brecha salarial se deben a la conciliación

Desde CCOO Castilla-La Mancha, la secretaria de mujeres, juventud e igualdad, Ana Villaseñor, recuerda que “la brecha salarial es el reflejo de una sociedad en la que las mujeres siguen siendo las que más permisos no remunerados cogen, reducciones de jornada y excedencias, lo que demuestra que sigue habiendo desigualdad en la distribución de los cuidados”.

El 70% de esa brecha salarial está compuesta por factores ligados a la conciliación, como la parcialidad no deseada, detalla. En Castilla La Mancha el salario bruto anual de las mujeres es un 18% inferior al de los hombres, unos 4.100 euros menos al año.

Esto tiene una derivada futura, advierte, y es que sus pensiones también acabarán siendo más bajas.

Desde el sindicato reclaman “avanzar hacia un modelo laboral más justo que reduzca la excesiva parcialidad y apueste decididamente por la adaptación de las jornadas a las necesidades reales de la plantilla”.

Los datos evidencian una clara desigualdad: de las 135.200 personas ocupadas a tiempo parcial en la región, 103.400 son mujeres, lo que representa un 76,48% del total. Esta situación refleja que la parcialidad sigue recayendo de manera desproporcionada sobre ellas, limitando su estabilidad y desarrollo profesional.

Por ello, CCOO insta a “impulsar medidas que favorezcan jornadas completas cuando así se desee y a reforzar mecanismos de flexibilidad y conciliación que no penalicen, sino que garanticen igualdad de oportunidades para todas las personas trabajadoras”.

Instamos a impulsar medidas que favorezcan jornadas completas cuando así se desee y a reforzar mecanismos de flexibilidad y conciliación que no penalicen, sino que garanticen igualdad de oportunidades para todas las personas trabajadoras

Ana Villaseñor — Secretaria de Mujer de CCOO Castilla-La Mancha

Es importante concitar un nuevo modelo social de cuidados y debe ser la administración la que favorezca los instrumentos necesarios para no tener que decidir entre la carrera profesional y la vida familiar. La tramitación de la nueva Ley de brecha en Castilla-La Mancha es una oportunidad para avanzar y, junto a los agentes sociales, deben diseñarse medidas en el seno de las empresas para facilitar la conciliación. Por parte de la administración hay que ampliar la creación de plazas en escuelas infantiles, centros de día y residencias públicas que alivien la carga de los cuidados.

Por otro lado, es importante que los planes de igualdad lleguen a todas las empresas “y las que ya los tienen no los guarden en un cajón”. Y que la negociación colectiva tenga perspectiva de género.“Es fundamental garantizar que la aplicación de los convenios contribuya activamente a la igualdad, incorporando medidas que impulsen la equidad y ayuden a eliminar cualquier forma de discriminación”, ha señalado Villaseñor.

“En días como hoy hay que recordar que las medidas de conciliación y corresponsabilidad benefician tanto a mujeres como a hombres. Es la mejor herramienta para avanzar hacia una masculinidad igualitaria y un reparto justo de los cuidados”.

El sindicato de enfermería Satse, que es el mayoritario en Osakidetza, ha denunciado que las agresiones a profesionales sanitarios aumentaron cerca de un 26% en 2025 en relación al año anterior en Euskadi. Exigen al Servicio Vasco de Salud medidas reales para garantizar entornos laborales seguros, al tiempo que ha advertido que “las agresiones no pueden justificarse por la presión asistencial y las carencias estructurales”.

El 12 de marzo ha sido el día mundial contra las agresiones a profesionales sanitarios. Y Satse en Euskadi ha explicado que quiere visibilizar “una realidad que sigue creciendo”. “Las agresiones no pueden normalizarse ni justificarse por la presión asistencial, las demoras o las carencias estructurales. Es responsabilidad de la organización establecer medidas efectivas y garantizar entornos laborales seguros”, ha advertido Satse, según informa Europa Press.

El sindicato ha señalado que los datos recogidos de las diferentes comarcas sanitarias reflejan “cifras preocupantes en ámbito hospitalario, que impactan especialmente en Atención Primaria y sobre todo en el colectivo de enfermería, mayoritariamente femenino”. Según ha indicado, la mayoría de los episodios siguen siendo agresiones verbales (84%), aunque continúan produciéndose agresiones físicas, incluyendo agresiones de índole sexual. “Detrás de cada cifra hay una profesional que sufre miedo, ansiedad, desgaste emocional y, en muchos casos, una pérdida de confianza en su entorno laboral. Aunque no siempre causen baja, el impacto psicológico es evidente y con una clara repercusión en la vida laboral y personal”, han explicado desde la central sindical.

Por ello, Satse ha solicitado a la Unidad Corporativa de Salud de Osakidetza que retome el observatorio de agresiones y cree comisiones análogas en cada OSI, para tratar los casos que se detecten y “tomar medidas adaptadas a las particularidades de cada caso”. En opinión de Satse, debe ser la gerencia del centro donde se ha producido la agresión quien debe interponer la denuncia ante la autoridad policial, para “proteger a su trabajador”. En cualquier caso, ha dicho que “es primordial que la dirección del centro designe a alguien que realice labores de acompañamiento físico o psicológico a la persona agredida”.

Asimismo, han solicitado que se registre en la historia clínica una “alerta violencia” y ha exigido, entre otras medidas, refuerzo de plantillas, formación en prevención, medidas de seguridad o la evaluación periódica de puestos de trabajo de especial riesgo, incluyendo los riesgos psicosociales. “Proteger a quienes cuidan no es opcional, es una obligación legal y ética. Este 12 de marzo el mensaje es claro: ni una agresión más”, ha concluido.

Osakidetza, de su lado, ha señalado que un total de 1.047 profesionales de Osakidetza notificaron el pasado año una agresión verbal o física en el ejercicio de su actividad laboral, lo que supone un 11% menos que en 2024, siendo, la mayor parte de las notificaciones, un 91%, correspondientes a agresiones sin lesión, es decir, insultos y amenazas.

Más del 53% de las enfermeras y fisioterapeutas de Aragón se han planteado abandonar la profesión por problemas de conciliación, según una macroencuesta realizada por SATSE, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Además, el 90% de estos profesionales encuestados afirman que su salud física o mental se ve afectada por la permanente vulneración de su derecho a poder conciliar su vida laboral con la personal y familiar.

La encuesta, forma parte de la nueva campaña de información y sensibilización que, bajo el lema 'Que no dejen tu vida en pausa', pretende visibilizar y denunciar los graves problemas de conciliación que sufren los/as profesionales de Enfermería y Fisioterapia en Aragón. 

Rosana Ferranado, responsable de Igualdad en SATSE Aragón, destaca que los datos ofrecidos por los profesionales encuestados han posibilitado tener una radiografía actualizada de los obstáculos y barreras que están sufriendo en Aragón y el resto de comunidades autónomas, así como sobre las consecuencias que están teniendo en su trabajo y desarrollo profesional, y también en su bienestar físico y mental y en su calidad de vida.

La encuesta concluye que más de un 63% se muestran insatisfechos/as con su conciliación; un 90% afirman que los problemas de conciliación afectan a su salud mental y a su salud física. Un 72% apunta que inciden en sus relaciones familiares y personales, y el 87%, a su rendimiento laboral. 

Dejar la profesión

De otro lado, un 75%, resalta que la falta de medidas de conciliación afecta al cumplimiento de sus responsabilidades familiares y un 73% detalla que las tensiones generadas en el trabajo afectan a su vida personal y familiar. Como resultado “muy preocupante”, según SATSE, es que más del 53% se ha planteado abandonar la profesión.

El sondeo de SATSE también pregunta por cuáles son las condiciones de trabajo que más afectan a la conciliación, y prácticamente el total de los encuestados apunta a la falta de personal en los centros. Además, un 89% se refiere a los cambios de turnos imprevistos; un 85%, a trabajar los fines de semana y festivos; el 77%, a la falta de antelación con la que se facilita el cuadrante de trabajo, y el 83%, a trabajar por las noches.

Así, el 84 por ciento cree que los problemas de conciliación afectan mucho a su desarrollo profesional y laboral. En concreto, el 49,64% renuncias a oportunidades de formación; el 21,65%, a oportunidades laborales, y el 13,63%, a oportunidades de promoción. 

Soluciones

Ante esta realidad, Rosana Ferranado recuerda que SATSE lleva años trabajando para que desde Servicio Aragonés de Salud se adopten todas las actuaciones necesarias para acabar con la falta de conciliación. 

A nivel estatal, ha conseguido que la reforma la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple “mejoras y avances reales”. Entre otras, Ferranado cita la generalización de la jornada de 35 horas en todos los servicios de salud; la implantación de sistemas de programación del trabajo y planificación anual o la exención de realización de turnos durante el periodo nocturno a los mayores de 55 años sin merma retributiva, así como a las profesionales embarazadas y en riesgo durante la lactancia.

Cientos de trabajadores del personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) se han concentrado este martes frente al Hospital General de Albacete a golpe de tambor y críticas contra el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el primer día de protestas para recuperar la carrera profesional sanitaria, en el cual han anunciado que mantendrán convocatorias mensuales, también en otras provincias de Castilla-La Mancha, hasta que el Gobierno regional cumpla sus exigencias.

El portavoz del Sindicato de Enfermería (Satse), Ángel García, ha insistido en el hecho de que “Castilla-La Mancha es la única de todas las comunidades autónomas que todavía no ha recuperado la carrera profesional 14 años después de su suspensión temporal”, la cuál ha considerado “un derecho que tienen todos los trabajadores” del sector.

Esto está afectando a “fugas de profesionales a otras regiones”, según ha explicado la secretaria de la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Pilar Ramos, debido a la falta de reconocimiento y complemento salarial “que en algunos casos llega desde los 80 euros hasta los 700 euros mensuales”.

La petición ha unido a los siete sindicatos mayoritarios del sector, que han advertido que “no vamos a dejar las calles y las protestas hasta que Emiliano García-Page cumpla lo que ha prometido en sus últimas legislaturas”, tal y como ha recordado la secretaria regional del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), María José Soria.

Según detallan en el manifiesto, el 26 de octubre de 2021 los gestores del SESCAM se comprometieron con las organizaciones sindicales a alcanzar un acuerdo “riguroso, equilibrado y viable que se pudiera materializar a principios de 2023” que no se ha cumplido.

Los representantes sindicales han concretado que el bloqueo de la carrera profesional afecta a los ciudadanos al convertirla “en una sanidad de tercera división” y han señalado que el CIS sitúa estos servicios en Castilla-La Mancha como los penúltimos de todas las regiones en la lista de calidad.

“No vamos a seguir siendo cómplices de esto”, han sentenciado, advirtiendo que si las movilizaciones mensuales no son suficientes, plantearán más medidas como paralizar el ejercicio de la docencia o la investigación.

Los sindicatos de Osakidetza LAB, Satse y ESK están denunciando en las últimas horas que “decenas” de trabajadores simultanean su puesto en las ambulancias públicas y en las empresas privadas concesionarias del servicio externalizado. Alertan de que es una flagrante incompatibilidad y de que, además, en ocasiones comporta doblar turnos y que algunas jornadas se estiren hasta 36 horas, con los consiguientes riesgos para la calidad del servicio. UGT y LSB-USO también han realizado comentarios críticos al respecto.

El asunto ha adquirido actualidad con la publificación de las UVI móviles de Tolosa y Elgoibar, en Gipuzkoa. Desde el 6 de enero, Osakidetza asumió la gestión directa del servicio, con personal propio. Después de semanas de protestas en las que los sindicatos habían denunciado posibles despidos de no acometerse una subrogación, un derecho que existe cuando se cambia de una empresa a otra, se ha articulado una pasarela para que el personal de la antigua adjudicataria, Ambulancias Gipuzkoa, mantenga sus derechos laborales en el nuevo modelo público, en este caso como personal indefinido laboral.

Sin embargo, al realizar el procedimiento se han detectado casos de personas que iban a quedar subrogadas y que, en realidad, ya tenían una plaza de funcionario, de personal “estatutario”. “Como consecuencia de la reversión [o publificación], y teniendo en consideración que usted ostenta un vínculo de fijeza con Osakidetza en su condición de personal estatutario de carrera en la categoría de enfermera, no puede compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector público”, expone la responsable de Recursos Humanos de Osakidetza, Josune Retegi, en una carta enviada a una extrabajadora de Ambulancias Gipuzkoa y a la que ha tenido acceso este periódico.

La sección sindical de LAB en las ambulancias públicas ha realizado un análisis de la situación y, con la premisa de “publificación sí, subrogación también, ¡fraudes y engaños no!”, asegura que la dirección de Osakidetza “lleva años mirando hacia otro lado” con este problema que ahora ha estallado. La central insiste en que un grupo de personas de Ambulancias Gipuzkoa ha estado años cobrando dos salarios y duplicando servicios con “impunidad”. Estima que lo sucedido “puede conllevar incluso consecuencias penales”.

Satse expone que la publificación de las ambulancias de Tolosa y Elgoibar ha generado “un clima de desconcierto e incertidumbre”. Fuentes de esta organización indican que parte del personal subrogable “tiene una plaza anterior”, aunque “trabajaban también para Ambulancias Gipuzkoa”. “¿Meten ahora en Osakidetza a personal que ya tenía una plaza?”, se preguntan.

Según Satse, la pasarela se ha articulado con negociaciones con los sindicatos de la antigua contratista, pero sin consenso con el comité de Osakidetza. En 2025 hubo doce reuniones de la mesa sectoral, un “margen más que suficiente” para tocar el tema. Pero no se hizo. Esta central insiste en que no cuestiona “en ningún caso” ni la “profesionalidad” ni la valía de la plantilla de Ambulancias Gipuzkoa, pero pide un proceso de integración con “equidad”. Y añade que lo sucedido no puede constituir un “precedente” ahora que hay que acometer la publificación de las UVI móviles de Donostia y, en un futuro no lejano, del hospital concertado de Tolosa.

En este sentido, ESK incide en que el problema es que Osakidetza no solamente ha tolerado esa duplicidad de puestos sino que, ahora, ofrece “privilegios” a este personal para que puedan elegir un destino a su gusto, por delante de otros trabajadores de la estructura. La central, de hecho, pide la dimisión tanto de Retegi como de la directora general, Lore Bilbao. “Esto ni es ético, ni es legal ni nada”, se quejan fuentes de este sindicato, que estima que incluso “dos tercios” de la cuarentena de personas subrogables podrían estar en estas circunstancias.

Las fuentes consultadas confirman que había personal doblando turnos, “haciendo jornadas de 36 horas, y en algunos supuestos de 48 ó 72”. “Ha estado pasando esto durante muchísimos años. Yo he visto a gente llegando tarde al turno en la pública porque venían del otro lado”, expone un trabajador a este periódico.

Ahora mismo, Osakidetza mantiene privatizados los servicios programados y de atención urgente en toda la comunidad autónoma. Ambulancias Gipuzkoa gestiona ambas redes en Gipuzkoa y en Álava y la UTE Bizkanb, compuesta por Sanir (la marca sanitaria de Alsa) y Baztan-Bidasoa, controla Bizkaia. Fuentes internas indican que aquí también hay personal compatibilizando en aparente irregularidad su labor en Osakidetza con servicios en las contratas, aunque no en un porcentaje tan alto o incluso haciendo algunas sustituciones en la pública, sin tener una plaza fija.

En 2022 hubo una denuncia interna con un listado de 80 personas en esta situación, 28 conductores, 29 enfermeros y 23 médicos. Fuentes internas indican que desde entonces se ha estrechado la vigilancia con los técnicos, a los que se les requiere la vida laboral para entrar en la pública, de modo que se evitan las incompatibilidades, pero no así con facultativos y enfermeros.

Se da la circunstancia de que este asunto ya se debatió en octubre de 2024 en una reunión de la dirección de Osakidetza, entonces en manos de Susana López Altuna, con los sindicatos. Según consta en el acta, LAB aludió a la necesidad de atajar las “incompatibilidades” y avisó también de que “en muchos casos” no se garantizaba “el descanso adecuado” en un servicio esencial. “Para este sindicato, se pone en peligro también a los pacientes”, dijo, textualmente, el representante de LAB.

Poco después, el portavoz de UGT pidió una respuesta “inmediata” al problema. “Es algo que ya conoce la dirección y hace caso omiso”, refleja igualmente el acta. Asimismo, el sindicato LSB-USO, sin representación en Osakidetza pero con peso en las contratas, insiste en que en Osakidetza “eran conocedores desde hace años” de la situación y que “lo han permitido”. Estima que solamente se debería poder mantener la doble plaza si las funciones son de diferentes categorías.

“Lo que se ha hecho precisamente en Elgoibar y Tolosa es resolver una situación anómala y, por primera vez, dar un servicio homogéneo”, indican fuentes de Osakidetza. Añaden que ha habido personal que había pedido mantener la segunda plaza laboral con una excedencia “y ya se les dijo que no cabe”.

La epidemia de gripe se ha adelantado este año: vino con la llegada del frío. Entre el 10 y el 23 de noviembre se han notificado 2.973 casos en la Comunidad de Madrid, más del doble que en la temporada pasada. En lo que llevamos de año se acumularon 8.387 enfermos de gripe en toda la región. La tasa actual se sitúa en 42 personas afectadas por cada 100.000 habitantes; una cifra que ya supera con creces el umbral epidémico, fijado en 22,38 casos para el mismo número de censados.

Es la advertencia que lanza Satse, el sindicato de Enfermería, que alerta de que esta nueva oleada de gripe se afronta “sin contratos suficientes” como para dotar al Servicio Madrileño de Salud de los recursos que consideran necesarios. En un comunicado, el órgano sindical ha tildado de “paupérrima” la plantilla actual de Enfermería al no abordarse “las contrataciones suficientes para abordar una epidemia de gripe con las mínimas garantías”.

Alegan que otras regiones como Andalucía ofrecerán contratos a más de 3.000 enfermeras para cubrir bajas en Navidad y otros temporales (de dos meses a jornada completa) a los interinos en plantilla. Mientras tanto, denuncian que la Comunidad de Madrid apenas les ha trasladado la incorporación de “una veintena de enfermeras en Atención Primaria para vacunar en las residencias, y poco más”.

Ricardo Furió, portavoz de Satse Madrid, ha alertado que la llegada de la gripe impactará en los servicios de Urgencias. “En breve vamos a volver a encontrarnos pacientes en los pasillos, soportando luces encendidas todo el día, esperando varios días en incómodas camillas para poder subir a una habitación, a una cama”, lamenta. En este sentido, señala a la Consejería de Sanidad por “no hacer sus deberes a tiempo”.

“Maltratan a sus enfermeras con contratos cortos, pagando peor que el resto de comunidades, denegando permisos, no dejándoles descansar”, ha censurado. Desde la organización sindical han censurado así la falta de previsión del Gobierno regional. “Cuando se autorice la contratación en lo más crudo de la epidemia de gripe no habrá enfermeras disponibles. Y entonces la Consejería volverá a argumentar que quiere contratar, pero no hay gente en la Bolsa de Contratación”, han remarcado en su escrito.

Sanidad aseguran que la situación está controlada

Desde la Consejería de Sanidad han recalcado que el servicio “está correctamente dimensionado” y han recordado que “se va a producir un refuerzo de manera inminente con la presentación del Plan de Invierno”. De momento, según han indicado desde el departamento que dirige Fátima Matute, la gripe A se mantiene en niveles estables y monitorizado en todo momento por la Dirección General de Salud pública. “Los refuerzos contemplados en el plan de invierno ya contemplan la situación estacional de la gripe y se actúa conforme a las necesidades asistenciales”, recuerdan en declaraciones publicadas por Europa Press.

En la misma línea, desde la Consejería han recordado que se ha superado el umbral epidémico, lo que significa que hay circulación del virus e incremento del número de casos. “Es en esta etapa cuando las medidas de prevención ( vacuna, uso de mascarilla ante síntomas respiratorias, etc) tienen un impacto para frenar la transmisión”, insisten. Asimismo, han recalcado que es Salud Pública la autoridad sanitaria que determina la fase en la que determina si se ha entrado en fase de epidemia, que en cualquier caso “no es sinónimo de pandemia”.

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El sindicato Satse ha acusado a Osakidetza de “invisibilizar y despreciar” a las Enfermeras de Salud Mental en su nuevo proyecto de atención a trastornos emocionales leves, ya que despliega la figura de psicólogos sanitarios en Atención Primaria “ignorando a estas enfermeras especialistas, pese a ser profesionales clave con más de 20 años de experiencia en el sistema”.

En un comunicado, el sindicato de Enfermería ha criticado el anuncio realizado por Osakidetza sobre la implantación de psicólogos y psicólogas sanitarias en Atención Primaria para el abordaje de trastornos emocionales leves, un despliegue que, según la central sindical, “da la espalda a las Enfermeras de Salud Mental”.

A su juicio, “invisibiliza su labor y desprecia un perfil profesional esencial en el sistema sanitario vasco”. Según ha indicado, en su comunicación pública, Osakidetza define a estos nuevos perfiles como “el referente del bienestar emocional de los pacientes en la Atención Primaria, actuando de manera escalonada entre Medicina de Familia -que será quien derive a su paciente- y la atención especializada de los centros de Salud Mental extrahospitalarios”informa Europa Press.

En opinión de Satse, esta descripción supone una “exclusión deliberada y totalmente injustificada” de las enfermeras especialistas en Salud Mental. “Es incomprensible que Osakidetza anuncie un proyecto de estas características sin mencionar, valorar ni integrar a las enfermeras de Salud Mental, que trabajan con rigor, especialización y resultados en nuestra red pública”, ha denunciado.

A su juicio, “lo peor de todo es que no solo se las ignora; se las relega, se las invisibiliza y se desprecia un rol profesional imprescindible para la ciudadanía”, ha añadido. Por ello, ha reclamado una rectificación “urgente” del proyecto y un rediseño que integre plenamente a las enfermeras de Salud Mental, “reconozca su rol y aproveche su experiencia para mejorar la atención a la ciudadanía”.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Ciudad Real ha denunciado la agresión sufrida por una enfermera cuando realizaba su trabajo en el Centro de salud 2 de Ciudad Real.

Los hechos sucedieron durante la jornada asistencial cuando una paciente que iba a acompañada de su pareja y que tenía cita con la enfermera a las 10:30 horas de la mañana “se negaba a esperar su turno” porque alegaba que tenía cita a las 10:00 horas. Fue al decirles que esperaran a la hora de su cita cuando comenzaron a realizar “comentarios despectivos” sobre el trabajo de los profesionales sanitarios, según destaca el sindicato.

Ya en la sala de espera siguieron “elevando el tono de voz” y pasaron entonces a la consulta de una médico con tono “muy agresivo y amenazas”. Tras valorar la médico que no precisaban de atención médica de urgencia acudieron de nuevo a la consulta de la enfermera, continuando con el “tono de voz elevado” y con comentarios “intimidatorios” lo que obligó a la enfermera a salir de la consulta para buscar ayuda.

SATSE muestra su más absoluto rechazo a esta nueva agresión a los profesionales sanitarios durante el desempeño de su labor asistencial. Desde SATSE se insta igualmente a los profesionales sanitarios a que denuncien todas las agresiones, tanto físicas como verbales, como mejor instrumento para disuadir a los posibles agresores, así como para que se refuercen las medidas de seguridad en los centros.

Para SATSE es “intolerable que los profesionales sanitarios continúen sufriendo agresiones, ya sean físicas o verbales, cuando están trabajando para ofrecer la mejor atención sanitaria posible a los ciudadanos”. Por ello, vuelve a “demandar al Sescam una respuesta firme y que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para evitar este tipo de incidentes en los centros sanitarios”.

Las últimas agresiones denunciadas por SATSE, como la reciente agresión en el centro de salud de Madridejos y esta de Ciudad Real, son solo una “pequeña muestra del clima de inseguridad que sufren los profesionales durante el desarrollo de su trabajo”.

SATSE reclama una norma que garantice una actuación conjunta y coordinada (prevención, formación, información y atención) en los servicios de salud de todas las comunidades autónomas para acabar con las agresiones a los profesionales.

Concentración en Ciudad Real el 14 de agosto

El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real ha convocado una concentración bajo el lema 'No me agredas, déjame curarte', que tendrá lugar el próximo jueves, 14 de agosto, a las 12.00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.

El acto tiene como objetivo “denunciar el aumento de agresiones a profesionales sanitarios en la provincia y en todo el país, exigir medidas más eficaces y ejemplares para garantizar su seguridad y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de respeto hacia quienes cuidan de su salud”, según ha informado el Colegio.

La convocatoria está abierta a todos los colectivos, instituciones y organizaciones vinculadas a la sanidad, así como a la sociedad en general, para que se unan y muestren su apoyo a la profesión médica y al conjunto de los profesionales sanitarios.

El presidente del Colegio, Manuel Rayo Gutiérrez, ha subrayado que “cada ataque a un sanitario es un ataque a todo el sistema de salud. Necesitamos un respaldo unánime de la sociedad, las instituciones y la justicia para erradicar esta lacra”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia una agresión a un enfermero en el Punto de Atención Continuada (PAC) la localidad toledana de Madridejos. Se trata de la segunda agresión a sanitarios en Castilla-La Mancha en 24 horas, después que se conociese una agresión a una médica el pasado 4 de agosto en Ciudad Real. Por esta última, ha sido detenida una mujer como presunta autora de los hechos.

En el caso de la agresión en Madridejos, según el sindicato, los hechos ocurrieron a las 22:15 horas del pasado domingo 3 de agosto, cuando una mujer, acompañada de su marido y su hijo menor de edad, acudió al centro sanitario de la localidad toledana para quitarle los tapones de los oídos, dos días después de acercarse por primera vez. En aquella ocasión, el médico y el enfermero de guardia le indicaron que, durante cinco días, tenía que echarse unas gotas y pedir después cita en su médico de Atención Primaria para proceder a su extracción, ya que en el PAC solo se atendían las urgencias, según explican desde el sindicato.

Al llegar el domingo al centro de salud, el personal sanitario volvió a informar a la mujer: allí no se quitaban los tapones, por lo que el marido comenzó a vociferar: “No queréis trabajar” y “os estáis rascando la barriga”.

Al salir de la consulta del médico, y pasar por la del enfermero, el hombre “se dirigió a este con aire chulesco”, según la versión de CSIF. El enfermero le reprochó su actitud y le dijo que se guardase las malas palabras para casa, ante lo cual el marido de la paciente “le pegó un empujón y se encaró con él”, apuntan. El enfermero salió de su consulta al pasillo y allí volvió a recibir otro empujón, además de amenazas: “Te estás librando porque estás aquí dentro. Vamos a fuera a solucionar las cosas”, le dijo. Fue en esos momentos cuando lo agarró de la camisa y alzó el puño para propinarle un puñetazo, hecho que no ocurrió al intervenir la mujer y el hijo de ambos que consiguieron llevárselo, según CSIF. Rápidamente, avisaron a la Policía Local y Guardia Civil quienes se personaron en el centro sanitario.

Cabe destacar que, en el momento de los hechos, en el PAC de Madridejos “tan solo se encontraba un equipo integrado por un médico y un enfermero, puesto que no hay otro de relevo”, pese a existir una población superior a los 10.000 habitantes y dos autovías cercanas. Posteriormente, la víctima se dirigió al cuartel de la Guardia Civil donde interpuso una denuncia.

El sindicato, que condena los actos violentos acaecidos en el PAC de Madridejos, así como los ocurridos en la madrugada del martes en el PAC de la calle Pío XII de Ciudad Real, lamenta que el centro sanitario de Toledo, dependiente de la GAI de Alcázar de San Juan, “carezca de personal de vigilancia e insiste en la necesidad que todos los centros de salud de la región dispongan de él para evitar situaciones tan lamentables como las vividas el pasado domingo”.

“No podemos consentir que se sigan produciendo este tipo de actos violentos y que las agresiones queden impunes. Hay que poner fin a esta lacra definitivamente”, apunta la presidenta del sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández.

El Sindicato de Enfermería (SATSE) también ha mostrado su más absoluto rechazo a la agresión sufrida por un enfermero en Madridejos.

Para SATSE es “intolerable que los profesionales sanitarios continúen sufriendo agresiones, ya sean físicas o verbales, cuando están trabajando para ofrecer la mejor atención sanitaria posible a los ciudadanos”. Por ello, vuelve a demandar al Sescam una respuesta firme y que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para evitar este tipo de incidentes en los centros sanitarios.

El sindicato insta a los profesionales sanitarios a que denuncien todas las agresiones, tanto físicas como verbales, como mejor instrumento para disuadir a los posibles agresores, así como para que se refuercen las medidas de seguridad en los centros, ante el clima de inseguridad que sufren los profesionales durante el desarrollo de su trabajo.

SATSE reclama una norma que garantice una actuación conjunta y coordinada (prevención, formación, información y atención) en los servicios de salud de todas las comunidades autónomas para acabar con las agresiones a los profesionales.

Apertura del Plan Perseo

La víctima, que tuvo que ser atendida por su propio compañero al sufrir una crisis de ansiedad, ha abierto también un Plan Perseo; documento con el que se pretende prevenir, proteger y combatir el fenómeno de la violencia hacia los trabajadores, bienes y usuarios del SESCAM.

La Central Sindical lamenta que, a día de hoy, la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Alcázar de San Juan, a la que pertenece el PAC de Madridejos, aún no se ha puesto en contacto con la persona agredida, pese a haber iniciado este trámite.

Por ello, el sindicato solicita que, llegado el caso de juicio, la GAI de Alcázar de San Juan se persone como acusación particular. Por otro lado, que se lleve a cabo expediente sancionador al amparo del Decreto 74/2024 de 29 de octubre. Además, se establezca un sistema por el que acuda un vigilante de seguridad cuando se pulse el botón antipánico, a fin de proteger a los trabajadores tal y como existe en las Gerencias de Puertollano y Guadalajara.

En los ambulatorios de Osakidetza, el personal de enfermería resuelve ya el 74,1% de los casos leves de la población adulta y el 57,7% de los niños en edad pediátrica. En 2024, atendieron a 441.334 pacientes, más de seis veces más que los 70.574 de 2019, cuando se puso en marcha un nuevo modelo de atención primaria en el Servicio Vasco de Salud. Estos datos figuran en un informe enviado al Parlamento Vasco por el consejero Alberto Martínez tras una solicitud realizada por la portavoz del PP, Laura Garrido.

Osakidetza explica que la pandemia condicionó la implantación de este modelo, aunque lo da por “estabilizado” ya desde 2023. Los porcentajes de casos resueltos sin personal médico se corresponden con una “aplicación segura de los protocolos” y existen “criterios de derivación” en caso de necesidad, argumenta el Servicio Vasco de Salud. “La enfermería atiende síntomas de catarro, dolor de garganta, fiebre, diarrea, náuseas y vómitos, tapón de cerumen y síntomas urinarios de la mujer”, explica el informe.

El sindicato Satse, mayoritario en Osakidetza, añade que este personal lidera también curas, otras atenciones o programas de salud pública como los de deshabituación del tabaco. Amaia Mayor señala que prácticamente no hay casos que no sean actos administrativos (bajas) o pacientes con enfermedades crónicas que sean atendidos de saque por personal médico. Por ello, aprovecha para poner en valor la figura de este colectivo. “No podemos mentir y decir que desde 2019 no hay más recursos. Pero evidentemente no se han multiplicado por seis”, señala Mayor, la responsable de Satse en Euskadi.

Esta organización insiste en demandar que, como los médicos, los enfermeros tengan un “cupo” con un tope de pacientes y que varíe en función de su tipología. “No es lo mismo ser enfermera de pediatría en Miribilla, un barrio joven de Bilbao, que en Bilbao La Vieja. Y al revés con las de adultos. El colectivo médico lo tiene y se mide mejor la carga de trabajo”, señala Mayor.

Este mismo informe hace también un repaso a las demoras en atención primaria. En febrero de 2025 la media general era de 1,4 días. En este dato se incluyen todos los territorios -con una variabilidad importante- y todas las tipologías de citas, las pediátricas, las de cabecera, las de enfermería y las administrativas. El dato es idéntico al de febrero de 2023, por ejemplo. Y mejor que el de junio de 2024, cuando llegaba a 1,7. En noviembre de 2022 estaba en 1,9.

Las zonas que están por encima de la media son Vitoria, Bilbao, Barakaldo y Sestao, la comarca sanitaria en torno al hospital de Usansolo -que abarca desde el norte de Álava hasta el interior de Bizkaia-, el Bidasoa (Irún y Hondarribia), el Alto Deba (Arrasate-Mondragón y su zona de influencia) y Donostia. La zona de Debabarrena (Eibar, Ermua, Elgoibar o Mutriku) es la más rápida, según estos datos. Es la única con un promedio por debajo de las 24 horas.

Dentro de cada zona, los datos encierran diferencias importantes. En Vitoria, por ejemplo, la media es de 1,6 días de demora en atención primaria, pero son 2,7 para un médico de familia, 1,3 para pediatría, 0,7 para enfermería y 0,3 para administración. En el caso de Bilbao, la media es de 1,5, con 2,4 para un médico de cabecera, 0,9 para enfermería, 0,8 para pediatría y 0,1 para administración. Y en la tercera de las capitales, en Donostia, la media es también de 1,5 pero los facultativos tardan 2,7 días, por 0,9 de pediatras, 0,7 de enfermeros y 0,3 de administrativos.

El consejero Alberto Martínez y, por extensión, el Gobierno de Imanol Pradales ha logrado ya este viernes una de las fotografías que más anhelaba, la firma de un pacto de salud que marque una 'hoja de ruta' para mejorar la Sanidad vasca, una de las grandes preocupaciones ciudadanas y que se había convertido en un elemento de desgaste para el anterior Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Fue el primer gran reto fijado hace un año, cuando arrancó la legislatura. “Es un día importante. De significado especial”, ha querido solemnizar el propio Martínez a los medios de comunicación antes incluso de entrar a la reunión definitiva de este foro; “Histórico”, ha aplaudido mediada la mañana. “Es evidente que estamos ante un proceso inédito. No tiene referentes internacionales”, ha agregado al final de la larga jornada.

Sin embargo, en la impresión de la fotografía se han velado algunas zonas, sobre todo en la parte izquierda de la imagen, y el resultado final ha quedado borroso para muchos. El pacto, desde luego, no ha llegado con la unanimidad que se pretendía y que se publicitaba casi desde el mismo arranque. Y, aunque en los textos hay bases con amplio consenso, eso no se ha traducido en la firma. Ni mucho menos. En la imagen final no están ni la principal fuerza de la oposición (EH Bildu), aunque con matices porque sí ha firmado quedarse para hacer seguimiento del acuerdo, ni la coalición que gestiona el Ministerio de Sanidad (Sumar), ni el sindicato mayoritario de Osakidetza (Satse) ni tampoco las otras centrales que quedaban sentadas (UGT, CCOO y SME) con la excepción de la pequeña SAE, la octava fuerza, ni el resto de centrales (ELA, LAB y ESK). Con el consejero Martínez quedan los socios del Gobierno, PNV y PSE-EE, el PP y la patronal Confebask, así como otros agentes, como colegios profesionales, universidades o asociaciones de pacientes.

El peso de la privatización o externalización de servicios ha generado controversia en las últimas semanas y ha terminado por convertirse en el punto más difícil de encajar. El Gobierno ha insistido en que no hay en Europa sistema público con menos peso de lo privado que el vasco. Sitúa por debajo del 6% ese indicador, en el entorno del 5,6%. Y, a modo de argumentario, ha usado el concepto “colaboración público-privada” frente al de “privatización” y ha indicado que las entidades privadas que operan en Euskadi son Cruz Roja o Matía, orillando que en plena negociación de este pacto, por ejemplo, el propio Gobierno ha tenido que rescindir las adjudicaciones a Grup La Pau por graves irregularidades en el servicio externalizado de ambulancias de Bizkaia y de Álava o que se ha desistido del gran proyecto de almacén de Iurreta, valorado en 129 millones de euros. Es más, el propio foro introdujo estas cuestiones -y también una alerta por el incremento de los seguros privados- en un primer documento de “diagnóstico” del estado de las cosas que se trabajó al comienzo de este largo proceso.

El foro se inició en septiembre, a los tres meses de estrenado el Gobierno. Arrancó en Bilbao, en el mismo edificio de la EHU que ha acogido la última de las once reuniones de la mesa de salud. Entonces se prometieron resultados para marzo de 2025, un plazo sobradamente sobrepasado. Finalmente, el dictamen sobre la privatización ha contado con 20 votos a favor y 6 en contra. Confebask sí lo ha apoyado aunque introduciendo un matiz “crítico” por motivos evidentente contrarios a los de sindicatos y organizaciones de izquierdas.

Este documento ha tenido un recorrido muy tortuoso y ha sido la clave del resultado final. El grupo de trabajo que comandó la redacción aprobó una primera versión que aludía a la publificación de servicios pero el Gobierno forzó su modificación al entender que una minoría (EH Bildu, Sumar, Satse, LAB, CCCO o UGT, los que luego se han ido marchando) había impuesto su criterio a una mayoría. Se planteó otra redacción en la que, como gran objetivo, se fijaba que el reto era mantener y no superar ese umbral del 6% de externalizaciones. Finalmente, tras el pulido con las enmiendas, se ha optado por una redacción en la que el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno, ha mediado para que se recoja que se “priorizará” el servicio mediante “medios públicos y propios” y que solamente se contemplará la externalización si implica “valor añadido”, según las fuentes consultados. Sin embargo, eso no ha terminado de acercar posturas. De hecho, UGT, por ejemplo, ha apoyado 22 de los 24 apartados en los que se subdivide el pacto pero ha considerado que las diferencias sobre la privatización eran nucleares e imposibilitaban la firma.

El Gobierno invitó al foro a partidos de la oposición -salvo a Vox-, a sindicatos, a la patronal Confebask, a universidades -salvo Euneiz-, a colegios profesionales y a otras entidades del ámbito sanitario. Fueron una treintena en total los participantes, que luego han ido sumando expertos hasta llegar a los 550 en estos meses. De hecho, el Ejecutivo ha invitado a muchos de ellos a explicar a los medios cómo han apoyado el pacto frente a la cascada de comparecencias de quienes lo rechazaban, que tenían especial en comentarlo con la prensa. Entre los aliados del Gobierno han tomado la palabra los colegios de enfermería, de biología o de veterinaria, las universidades EHU, Deusto y Mondragon o los farmacéuticos y los fisioterapeutas.

Pero, más allá de que más agentes han firmado que los que no lo han hecho, cualitativamente el resultado de este largo viernes en Bilbao ha sido el de la salida de EH Bildu y Sumar en el plano político y de un puñado de sindicatos. En detalle, ELA, principal sindicato vasco, optó por no participar desde el principio. En el camino se cayó ESK y a última hora, este jueves, también LAB. Este viernes, finalmente, han decidodo no firmar Satse -que ganó las elecciones en Osakidetza en otoño-, el Sindicato Médico de Euskadi, CCOO y UGT. La patronal Confebask y el PP -aunque con críticas en buena parte del documento- sí han optado por adherirse.

“Esta mesa no es el Parlamento Vasco. Tampoco es la mesa sectorial [con los sindicatos]. Pero, con su imperfección, creo que merece un reconocimiento”, ha respondido Martínez sobre el resultado final. Preguntado por los periodistas por si la mesa queda “coja”, el consejero ha respondido que no, que es robusta, “viva” y “consolidada”. El consejero Martínez ha puesto en valor expresamente al pequeño sindicato SAE y ha deslizado que ha recibido “mensajes de responsables políticos a nivel nacional” [por España] felicitándole por el pacto. Sumar dirige el Ministerio de Sanidad. “Es un hito”, ha enfatizado.

El cambio en euskera

La división no solamente se ha dado en el punto sobre el peso de la privada en la Sanidad vasca. También el documento sobre euskera ha precisado ajustes 'in extremis' y ha recibido críticas. Así, la redacción final elimina una referencia como “amenaza” de las sentencias judiciales que están anulando exigencias de euskera en convocatorias públicas -es algo que divide a PNV y PSE-EE a un nivel más alto- y se rebaja la exigencia del nivel C1 -el quinto de seis en el marco europeo- en Osakidetza. También se retira que sea “mérito adicional” no el conocimiento sino la utilización de la lengua vasca en el trabajo en Osakidetza. Este apartado, de hecho, es el que menos apoyo ha recibido de los 24 que componen el pacto, 18 votos a favor. La EHU, por ejemplo, lo ha considerado claramente insuficiente y el PP claramente exagerado.

De los 26 agentes que se han quedado hasta el final, solamente han secundado como una sola voz lo relativo a “innovación organizativa”. El documento final del pacto es un gran volumen encuadernado de unas 500 hojas en ambas lenguas oficiales. En él hay también algunos apuntes de última hora para mejorar la coordinación con la EHU, una voluntad de reforzar la atención primaria y referencias a la salud mental, a los cuidados paliativos o la cronicidad.

La “ilusión” del Gobierno

El consejero Martínez, lleno de “ilusión”, ha explicado a los medios de comunicación ya hacia las 11.30 horas, que había fumata blanca, que los 24 bloques del pacto de salud quedaban aprobados. Ha mencionado un “consenso amplio”. También que ninguno de los puntos ha estado en riesgo a pesar del ruido exterior, que ha atribuido a la facilidad de oposición y sindicatos de tener voz en los medios de comunicación. Sin embargo, en las siguientes horas se han ido conociendo los 'noes' de muchos agentes con peso.

“Hemos discutido pero también hemos acordado”, se ha congratulado el consejero, que ha agradecido las aportaciones de todos los agentes, incluso de los más críticos. “Se lo debíamos a la sociedad vasca. Es un acuerdo histórico para Euskadi; un acuerdo histórico para Osakidetza”, ha manifestado. La viceconsejera Lore Bilbao se ha expresado en términos similares en euskera. Ella y el consejero han comparecido una veintena de veces cada uno durante estos meses.

El Gobierno ha dejado claro que con la fotografía no termina el recorrido del pacto de salud. De hecho, ahora se abre la fase más relevante, la de aplicar las medidas previstas. Se creará un marco de seguimiento. De hecho, ya se anunció para abril de 2026 una reunión en la que, entre otras cuestiones, se hará un descargo sobre la situación relativa a lo público y lo privado. Martínez entregará el dictamen final al lehendakari, según ha indicado. “Este pacto es un éxito. Es un acuerdo histórico”, ha recalcado también el portavoz del PNV, Jon Aiartza, un partido que ha querido dar máximo realce al anuncio.

El PSE-EE, el socio de Gobierno, también ha destacado el “consenso” suscitado en el pacto y el trabajo “serio” y “alejado” de los focos en la “mayoría” de casos, en palabras de Ekain Rico. Los socialistas han defendido sus enmiendas para rebajar las exigencias de euskera porque la “defensa de los derechos lingüísticos” tiene que hacerse “sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores y de los estudiantes”. También entendían inapropiado “en un Estado de Derecho” que se planteara como “amenaza” el control judicial. Los socialistas, eso sí, han demandado al Gobierno que apliquen las medidas. “No es el final de nada. Es el principio de todo”, ha subrayado Rico.

Las críticas de la oposición

EH Bildu, ante los medios de comunicación, ha enfriado la “ilusión” del Gobierno. “Nos dicen que hay un acuerdo pero, ¿qué acuerdo? Aquí no hay acuerdo”, ha lanzado Rebeka Ubera, que ha acusado al Ejecutivo de haber querido cerrar “deprisa y a toda velocidad” todos los textos pero “sin hacer bien los deberes” y con una dinámica de trabajo poco “transparente”. En el caso de la principal fuerza de la oposición, finalmente ha votado a favor de menos de la mitad del pacto, 11 de 24 textos. En ocho apartados ha dicho 'no' y en cinco se ha 'abstenido'. Y Ubera ha precisado que no iban a estar en la fotografía final.

“Hay desacuerdos importantes en personal, cartera de servicios o en lo público-privado. Es una pena cómo se va a cerrar este proceso. Parece que se quiere instrumentalizar esta mesa. No hemos participado para eso y no vamos a estar para eso. Nuestro compromiso es total con el trabajo. Ahí vamos a estar. Pero no vamos a estar en esa foto que quieren vender. No vamos a estar”, ha insistido Ubera.

A lo largo de la mañana ha habido cierta confusión con la decisión final de EH Bildu. Fuentes de la formación han recalcado que “no han firmado” el pacto aunque sí deseen continuar “trabajando” en la mesa de seguimiento. Esto ha sido utilizado por otras voces para no incluir a la principal fuerza de la oposición entre los disidentes, pero esto ha sido claramente desmentido por fuentes de la coalición.

Desde el PP, Laura Garrido ha querido “poner en valor” el pacto, aunque la realidad es que no han secundado diez de los 24 subgrupos, con siete abstenciones y tres 'noes'. Ha señalado que el pacto era una idea de su partido en el programa electoral, retomando el 'Osasuna zainduz' de hace tres décadas, porque “la Sanidad vasca estaba en una situación muy delicada”. Eso sí, ha matizado que la “metodología” ideada por el Gobierno “no ha sido la más adecuada”.

El PP ha rechazado duramente, por ejemplo, el bloque sobre política lingüística incluso después del cepillado -“en un escenario de falta de profesionales, no nos podemos mantener el lujo de mantener la exigencia del euskera en los niveles que se exigen y se va a seguir incidiendo en los mismos errores”-, la propuesta sobre atención sociosanitaria y el informe “ideológico” sobre cuidados al final de la vida. Garrido, en todo caso, ha asegurado que no se quieren quedar fuera del acuerdo y ha demandado que “ahora llega lo importante”, la de aplicar de modo “exhaustivo” las medidas acordadas. Y ha reclamado “protagonismo” para los firmantes en el “seguimiento”, para que el foro no quede en una fotografía. “Estaremos vigilantes”, ha manifestado.

“No vamos a firmar este pacto de salud”, ha señalado, de su lado, el portavoz de Sumar, Jon Hernández. Para el parlamentario, no basta con fijar un porcentaje cuando lo “nuclear” es que, a su juicio, no hay una apuesta unívoca por lo público sobre lo privado. “Que nadie haga negocio”, era su deseo. Vox no fue invitado de saque al foro en aplicación de un cordón sanitario a la ultraderecha.

Entre los sindicatos, Satse avisa de problemas en “aspectos estructurales” en el documento final. Sin consenso en políticas de personal, en la cartera servicios o en torno a la privatización no hay mimbres para suscribir el pacto. En parecidos términos se ha expresado CCOO, por ejemplo, aunque en su caso ha añadido críticas a las exigencias de euskera.

El SME, entre otros aspectos, entiende que “la problemática compleja que afecta al colectivo facultativo, sobre todo en la falta de profesionales, ha quedado totalmente diluida entre otros aspectos del texto”. Desde fuera de la mesa, ELA ha interpretado que el pacto ha sido “un año perdido” y un “intento de maquillar los graves problemas de Osakidetza y aparentar que se ha estado trabajando en medidas estructurales que no son tales”.

Enfermeras y fisioterapeutas se han sumado hoy a las concentraciones impulsadas por el Sindicato de Enfermería, SATSE, en los hospitales de las cinco capitales de Castilla-La Mancha, para manifestar su indignación por el recorte salarial que sufren en sus dos pagas extraordinarias y que les supone cobrar unos 700 euros menos de media al año.

A las puertas de los hospitales General de Albacete, General de Ciudad Real, Virgen de la Luz de Cuenca, Universitario de Guadalajara y Universitario de Toledo los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) han coreado distintas proclamas como “de mi extra ni un euro”, “Mi extra no se toca” o “es mi sueldo, es mi derecho”.

De esta forma, enfermeras y fisioterapeutas han visibilizado su profundo rechazo a una discriminatoria y perjudicial realidad que llevan padeciendo desde ya hace 15 años. En total, son 30 pagas ya recortadas y cerca de 11.000 los euros que ha perdido el profesional que ha trabajado ese tiempo.

Los manifestantes han puesto “nombres y apellidos” a los responsables del recorte a sus pagas extra. José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, presidentes del Gobierno desde 2010, son los “comepagas” que han permitido que las sucesivas leyes de PGE no hayan incluido la recuperación del cobro íntegro de las pagas.

“No han movido ni un dedo”

En las concentraciones se recordó que la crisis económica fue el argumento esgrimido por Zapatero para imponer este recorte salarial y, a pesar de ir mejorando con el paso de los años, Rajoy y Sánchez no han querido tampoco recuperar este derecho laboral. Lo mismo ha sucedido con los partidos políticos que podrían haber enmendado las cuentas públicas y “no han movido ni un dedo”, apuntan.

También se incidió en el hecho de que, mientras las pagas extra siguen “parcheadas”, el coste de la vida se ha disparado en los últimos años, suponiendo una pérdida de poder adquisitivo para estos profesionales sanitarios de en torno a un 20 por ciento. A modo de ejemplo, el precio del litro aceite de oliva virgen extra cuesta más del doble desde 2010, pasando de 2,80 a 6,5 euros.

Estas concentraciones, que se suman a otras realizadas también en hospitales y centros de salud del resto de autonomías, son una más de las acciones que SATSE está realizando en todo el Estado, bajo el lema “de nuestra extra, que no se coman ni un euro”. Otras actuaciones son el reparto de cartelería y octavillas a todos los profesionales y reuniones y contactos con responsables públicos y políticos.

“Hasta 15 nuevas generaciones de enfermeras y fisioterapeutas no han visto una paga íntegra en su vida laboral y no queremos ya más excusas. No vamos a permitir que se quieran seguir haciendo fotos con nosotros para vender en los medios de comunicación lo buena que es la sanidad y sus profesionales y que luego minusvaloren nuestro trabajo”, subrayan desde SATSE.

Las pagas extraordinarias son un complemento retributivo al que tiene derecho todo trabajador y que, en el caso de los que desarrollan sus servicios en el sector privado, cobran de manera íntegra. “¿Por qué no ocurre lo mismo en el sector público?”, se preguntaron los manifestantes.

Otro aspecto destacado en las concentraciones fue que, con este recorte, el Gobierno está vulnerando leyes, como el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el Estatuto Básico del Empleado Público, que establecen que el sueldo base y trienios de las pagas extras deben tener un importe igual al de una paga mensual.

SATSE también ha denunciado que, en un país donde los casos de corrupción, malversación y despilfarro de dinero público siguen siendo habituales, resulta aún más indignante que no se quiera devolver a enfermeras y fisioterapeutas lo que les pertenece por derecho.

“Mientras se han rescatado bancos, financiado obras faraónicas, pagado sobresueldos o contratado a cientos de asesores, a nosotras nos han mantenido injustamente el recorte en nuestras pagas extra desde el año 2010”, han resaltado.