La farmacéutica y química alemana Bayer ha subido casi un 10% en las primeras horas de cotización en la Bolsa de Frankfurt este viernes, tras una sentencia favorable en un caso sobre el herbicida Roundup en Estados Unidos. Las acciones de la empresa se han revalorizado en un 9,88 % pasadas las 9:00 locales de este viernes, hasta los 28,87 euros por título, según datos del mercado recogidos por la agencia EFE.

La farmacéutica, que cotiza en el DAX 40, ha experimentado esta subida después de que un tribunal federal de apelaciones del Estado de Filadelfia (EEUU) rechazara ayer, jueves, una reclamación que alegaba que Monsanto, propiedad de Bayer, había vulnerado la legislación de ese estado.

Según recogen varios medios alemanes, el demandante, David Schaffner, alegaba que Monsanto se había saltado la ley al no añadir una advertencia sobre el riesgo de cáncer en la etiqueta del producto. Schaffner y su esposa presentaron cargos contra Monsanto en 2019, después de que a Schaffner le diagnosticaran en 2006 un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer del tejido linfático.

Sin embargo, en su sentencia, el juez ha asegurado que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas estadounidense requiere uniformidad a nivel nacional en las etiquetas de pesticidas y prohíbe a los estados imponer requisitos adicionales, por lo que ha desestimado la acusación particular.

Tras la adquisición de Monsanto por 63.000 millones de dólares, la farmacéutica alemana ha hecho frente a múltiples reclamaciones legales después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelase que el glifosato, el ingrediente principal en Roundup, podría ser cancerígeno.

Bayer ha reservado hasta 16.000 millones de dólares —14.553 millones de euros— para hacer frente a más de 100.000 casos relacionados con Roundup, que adquirió cuando compró Monsanto por 63.000 millones de dólares —57.304 millones de euros—.

En 2023, Bayer perdió 2.941 millones de euros y redujo su facturación un 6,1 % respecto al año anterior, en parte por los litigios y sus altos niveles de endeudamiento, según sus resultados publicados el pasado mayo.

Ante estas cifras, la compañía ha anunciado que durante los próximos tres años se centrará en construir una sólida cartera de productos, abordar litigios, reducir la deuda y realizar despidos sustanciales para ahorrar 2.000 millones de euros anuales a partir de 2026.

Los herbicidas conforman el grupo de productos fitosanitarios cuya finalidad es la de eliminar, especialmente en la agricultura, las mal denominadas “malas hierbas”, es decir, las que crecen de manera espontánea y pueden competir con las especies que se pretenden cultivar y producir. También se utilizan al margen de la producción agraria, para la eliminación de la vegetación en cunetas, aceras y parques, donde no se quiere que crezcan plantas de ningún tipo. El herbicida más utilizado, al menos en España, es el glifosato que, curiosamente, su primer uso no fue como herbicida. Fue sintetizado en 1950 como un compuesto farmacéutico pero, al no encontrarse aplicaciones en este sector, fue comercializado como desatascador. Años después, en 1970 el glifosato fue reformulado, testado y patentado por la empresa Monsanto para su utilización como herbicida.

La patente de Monsato expiró en 1991 y en la actualidad este pesticida es producido a nivel mundial por un elevado número de fabricantes. En 1996 aparecieron los primeros vegetales modificados genéticamente, creados para tolerar el uso de este herbicida. Desde entonces las ventas del glifosato no han dejado de aumentar, convirtiéndose en el herbicida más vendido en el mundo por su eficacia y reducido coste. Pero el uso del glifosato conlleva graves problemas de contaminación, por su toxicidad para el medio ambiente y para la salud humana.

En 2015, un informe de la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC) concluyó que existían suficientes datos en estudios para establecer una relación entre la exposición al glifosato y el cáncer en animales.

Desde entonces, las evidencias científicas de los perjuicios del uso de esta sustancia no han dejado de crecer. Por ejemplo, el pasado mes de marzo Pesticide Action Network Europe publicó un informe que concluye que el glifosato es tóxico para las abejas y otros insectos.

Otros muchos estudios sugieren que la exposición humana al glifosato puede causar la modificación del correcto funcionamiento del sistema hormonal, la enfermedad de Parkinson y alteraciones de la microbiota, que puede conducir a la supresión del sistema inmunitario.

A consecuencia de ello, en 2015 y 2016, numerosos ayuntamientos de todo el país, incluyendo los de Madrid y Barcelona, aprobaron el dejar de utilizar este herbicida en las ciudades, especialmente en parques, jardines y calles (donde podía afectar especialmente a los niños en los parques y a las mascotas). Y también algunas comunidades autónomas decidieron dejar de utilizarlo en las cunetas de las carreteras, sustituyéndolo por desbroce mecánico.

Sin embargo, en el sector agrario ha ocurrido todo lo contrario, en gran parte debido el firme apoyo recibido para su uso por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, justificándolo con escasos datos y de muy dudosa calidad. A consecuencia de ello, en un período de tan sólo 10 años, el uso del glifosato en nuestro país aumentó nada menos que un 76,5%, pasando de los casi 7 millones y medio de kilos de 2011 (7.431.689 kilos), a los más de 13 millones de kilos de 2020 (13.082.329 kilos).

Su uso masivo en el campo está produciendo la contaminación del medio natural, y muy especialmente de las aguas, tal y como corroboran los datos oficiales. Efectivamente, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en 2021 uno de cada tres puntos de muestreo de aguas superficiales superó la norma de calidad ambiental establecida para el glifosato de 0,1 µg/litro.

En lo que a las aguas subterráneas se refiere, lamentablemente se dispone de poca información sobre su contaminación por glifosato, debido al deficiente control que sobre éstas realizan las confederaciones hidrográficas y los organismos encargados de la gestión del agua en las comunidades autónomas, como prueba el escaso número de analíticas realizadas, un 93,5% menos que las hechas de las aguas superficiales. Esta falta de información sobre las aguas subterráneas es especialmente preocupante, pues el agua de consumo humano de una buena parte de la población de nuestro país procede directamente de acuíferos. Concretamente, el 70% de los abastecimientos urbanos de España procede de aguas subterráneas, que satisfacen las necesidades de entre 28 y 30 millones de habitantes, sin contar buena parte del consumo de los más de 80 millones de turistas que nos visitan todos los años (iagua, 2019).

Por todo ello, es necesario que el Gobierno se oponga próximamente a la renovación del glifosato. Pues no hay que olvidar que la aprobación o la renovación de un plaguicida es una decisión política que es tomada por los Estados miembros de la Unión Europea. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debería moderar su política productivista, y rechazar el uso del glifosato en la agricultura, aunque ello conlleve la protesta de productores y fabricantes. El glifosato no deja de ser un “veneno” para acabar con plantas, y además están plenamente demostrados sus graves efectos sobre el medio natural en general y sobre la salud de las personas en particular. Y en una sociedad democrática como la nuestra, es el interés general del conjunto de la población el que siempre debe prevalecer, y los diferentes ministerios son los que tienen la obligación de velar para que así sea.

Nuevo macro estudio de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre la presencia de pesticidas en productos alimentarios de origen animal, así como en frutas, verduras y hortalizas comercializadas en la Unión Europea, Islandia y Noruega. Los resultados se basan en controles oficiales realizados a lo largo de 2021 por cada estado miembro.

Para llevarlo a cabo, se realizaron durante todo el año controles aleatorios en muestras de los siguientes doce productos: berenjenas, plátanos, brócoli, setas cultivadas, pomelos, melones, pimientos dulces, uvas de mesa, aceite de oliva virgen, trigo, grasa de bovino y huevos de gallina.

Las conclusiones revelan que solo el 3,9% de los productos analizados mostraban cantidades de pesticidas superiores al límite máximo o permitido por la legislación.

Un 5,5% de los productos analizados no mostraron rastros de pesticidas, mientras que el 90,6% mostraron presencia de estos, pero por debajo del límite máximo permitido.

En cuanto al pesticida más detectado fue el óxido de etileno, en el 6,6% de las muestras por encima del límite, así como los diotiocarbamatos y los compuestos de cobre, que se usan como fungicidas.

Los productos analizados con mayor incidencia de pesticidas

Los productos con mayor detección de pesticidas fueron los pomelos (un 9,1% de ellos los presentaban), seguidos de los pimientos dulces, los plátanos, los champiñones, las uvas de mesa, las berenjenas, el brócoli, el trigo, los melones, el aceite de oliva virgen, la grasa de bovino y finalmente los huevos, que no contuvieron pesticidas en ninguno de los casos.

La EFSA concluye que la tasa de incumplimientos va en aumento en berenjenas, plátanos, pimiento dulce y hongos cultivados con pesticidas, según los datos registrados en los controles respecto a 2018 y 2015, años anteriores en los que se realizó el control.

En el caso del pomelo, se produce una subida espectacular de 8,18 puntos porcentuales respecto a 2018 y de 9,1 puntos respecto a 2015, año en que no se detectaron. La EFSA achaca esta subida a la falta de controles en un producto que se importa de fuera de la UE.

Por el lado contrario, brócoli, huevos de gallina, melones, uva de mesa y aceite de oliva han mejorado sus niveles en la serie histórica 2015, 2018 y 2021. Estos datos hacen que los indicadores generales sean de mejora y por tanto la EFSA declare el riesgo de exposición a pesticidas en la UE como bajo. 

Una legislación más dura, un temor más amplio

Esta situación de bajo riesgo no siempre ha sido la misma y en buena parte se debe al endurecimiento de los requisitos para exportar alimentos a la UE, que fijó el Parlamento Europeo.

Pero ya sea por la presión mediática en contra del uso de herbicidas, por un mayor conocimiento de las técnicas agrícolas por parte de los consumidores o por la desconfianza en el origen de los productos que nos genera la globalización, los pesticidas se han vuelto una de nuestras obsesiones.

Estamos en nuestro derecho al exigir unos productos agrícolas que nos lleguen en las mejores condiciones deseables, ya sea en materia de bacterias, virus o pesticidas, pero la realidad es que aunque se les apliquen lavados industriales o preventivos, la mayor parte de los productos de huerta o frutal no pueden garantizarnos un 100% de higiene, por lo que siempre es preceptivo aplicarles una serie de tratamientos que asegurarán la limpieza del alimento en mayor medida. 

El objetivo es eliminar posibles contaminaciones de pesticidas, pero también por bacterias como Eschericia coli, Salmonela, Listeria o Shigella —las más comunes y causantes de intoxicaciones gastrointestinales severas—, así como posibles contaminaciones por Novovirus, en las hortalizas de ensalada.

 La Universidad Estatal de Oregón y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos han elaborado un protocolo de limpieza que se resume en los apartados que vienen a continuación.

La selección, un primer paso

Para empezar a ser precavidos deberemos seleccionar en el lineal del supermercado, en la frutería o la verdulería los productos frescos que no tengan hoyos ni cortes en su superficie, ya que los mismos suponen una ruptura en la la barrera que es la piel del vegetal, en caso se ser un fruto o una hortaliza.

El motivo es que por la herida pueden haber penetrado los pesticidas; no debemos confundir esta precaución con el descarte de la comida fea, que es perfectamente comestible.

Seremos especialmente cuidadosos en la selección de los tomates, las lechugas, las coles, pepinillos, etc., ya que están entre los más susceptibles de tener contaminación química debido a los tratamientos que se les aplican. Aún así no debemos rechazarlos, porque los restos de herbicidas pueden ser perfectamente eliminados. 

Lo siguiente que haremos al llegar a casa es sacarlos de las bolsas y guardar primero los vegetales. Luego nos lavaremos las manos y después sacaremos y guardaremos donde deseemos la carne y el pescado. El objetivo de esta maniobra es evitar contaminaciones cruzadas tanto de gérmenes como de pesticidas desde los vegetales a otros alimentos.

Lavar antes de consumir

Los vegetales, ya los hayamos guardado en la nevera o fuera de ella, solo se lavarán justo antes de su consumo. La razón de este proceder es que si los lavamos justo al llegar a casa de la compra, es muy posible que eliminemos los pesticidas, pero dejaremos la pieza húmeda.

Con ello permitiremos el crecimiento de diversos gérmenes que aprovechen el agua que dejamos entre las hojas o en la superficie del fruto u hortaliza. En cambio, si lavamos justo antes de consumir, no damos tiempo a que haya crecimiento bacteriano. 

Debemos recordar que el pesticida no está en el interior del vegetal, por lo que el lavado superficial será suficiente. No obstante, cada pieza y producto, por sus características, requerirá de su lavado específico.

Por ejemplo, en el caso de lechugas, coles y hortalizas de estructura similar, deberemos descartar las hojas exteriores y tirarlas, pues pueden estar muy contaminadas.

El resto del producto lo deshojaremos y lavaremos con agua corriente asegurando que no queden restos de tierra o productos químicos; el tronco podemos comerlo pero lavado. 

En el caso de espinacas, acelgas, borrajas y similares, cortaremos los tallos y pondremos las hojas en un colador ancho donde dejaremos pasar el agua corriente mientras las frotamos para remover posibles elementos. Es preferible no dejarlas un rato en agua estancada porque se puede producir una cesión de elementos hidrosolubles —vitaminas C, B, folatos, etc.— al medio, con lo que se perderían para su consumo.

La importancia de un buen cepillo

En cuanto a las infructescencias como fresas, frambuesas, moras, etc., deberemos lavarlas en agua corriente pero sin frotarlas con violencia, ya que posibles heridas en su pulpa pueden ser fuente de contaminaciones. En el caso de hortalizas y frutas de piel dura que queramos eliminar, también es mejor lavar la pieza y luego lavarnos las manos antes de pelarla.

Así evitamos que las contaminaciones pasen a nuestras manos y luego a la pulpa. Este consejo vale para peras, melocotones, ciruelas o manzanas, pero también puede ser útil para ajos o cebollas; aunque por su condición de bulbos estarán menos sometidas a contaminaciones por pesticidas.

Finalmente, en el caso de hortalizas y frutos de piel dura que queramos consumir crudos o cocinados pero no pelar, podemos usar un cepillo de dientes de cerdas suaves para eliminar los restos de pesticidas o bacterias adheridas a sus pieles. 

Tal es el caso de las zanahorias, los rábanos —al ser raíces tampoco suelen ser fuente de grandes contaminaciones por pesticidas— o el apio. Pero también de las patatas que queramos hervir con piel o especialmente de las judías que vamos a cocinar con vaina. Si pensamos comer melón o sandía y sujetarla con nuestras manos, también es importante raspar su superficie con un cepillo, en este caso de cerdas firmes. 

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Ecologistas en Acción y el Grupo Local de WWF en Guadalajara han denunciado que con la nueva campaña de fumigaciones con herbicidas en pueblos y ciudades de esta provincia “incumplen la normativa y vulneran el principio de precaución”. Recuerdan que Guadalajara y Cabanillas del Campo, entre otros municipios, están utilizando glifosato en calles, parques y polígonos industriales. 

“Los ayuntamientos comienzan a impregnar nuestros pueblos y nuestras ciudades de herbicidas, vertiendo decenas de miles de litros pese a la existencia de otras alternativas y el principio de precaución”, señalan estas organizaciones ecologistas que advierten del “incumplimiento reiterado” del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre sobre el uso sostenible de los fitosanitarios, establece que se debe comunicar, señalizar y delimitar las zonas donde se apliquen los fitosanitarios.

Entre otras medidas el Real Decreto obliga a avisar con una antelación mínima de ocho días el lugar y fecha exacta de la realización del tratamiento para que los viandantes y las mascotas no inhalen o digieran esos productos considerados probablemente cancerígenos y disruptores endocrinos.

En el caso de residencias de mayores o centros educativos, los directores de los centros deben tener conocimiento de su aplicación para tomar medidas excepcionales. En la mayoría de los casos, señalan, “se incumple este plazo mínimo y no se señaliza adecuadamente y en contadas ocasiones, se procede al cierre perimetral de las zonas”. 

“Pese a los efectos negativos sobre la salud y los animales domésticos, las administraciones siguen rociándonos con estos productos año tras año, sin buscar otras opciones, ni aplicar alternativas”, lamentan, para recordar que el principio de precaución exige que, en caso de amenaza para el medio ambiente o la salud y en una situación de incertidumbre científica se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño.

Infiltración en masas de agua subterráneas

A eso añaden el hecho de la infiltración de los fitosanitarios a las masas de agua subterránea. En el año 2017, en la cuenca del Tajo, el glifosato fue el plaguicida detectado con mayor frecuencia, al encontrarse en 263 de las 421 muestras analizadas, en concentraciones de 0,05 a 7,4 microgramos por litro.

El 90% de los herbicidas utilizados en nuestro país, bajo 125 marcas aprobadas, contienen como principio activo el glifosato. En marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha clasificado como materia activa “probablemente cancerígena o carcinógena” tras la publicación por parte de la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) de un amplio estudio que demuestra que esta sustancia favorece la aparición de linfoma No-Hodgkin en humanos y causa daños en el DNA además de provocar cáncer en animales de laboratorio.

En concreto, los estudios publicados por 17 expertos señalan la relación de esta sustancia con cuatro tipos de cáncer: hepático, riñón, páncreas y linfoma, adviertes los grupos ecologistas.

Alternativas al uso de fitosanitarios

Las alternativas más conocidas para el control de la vegetación indeseada sin el uso de herbicidas son los métodos mecánicos, manuales y térmicos que se utilizan ya ampliamente en otros países europeos por ser respetuosos con la salud de las personas y con el medio ambiente. “Estos métodos no químicos además tienen un mayor potencial en la generación de empleo”, explican. 

Existen además herbicidas 'no sintéticos' basados en distintos vinagres ya homologados (ácido acético o de madera) o en hidroxifosfatos naturales, que se utilizan en agricultura ecológica por ser rápidamente biodegradables y no tienen efectos significativos sobre la salud y el medio ambiente. 

Aunque los métodos anteriores son los más utilizados, dicen los sindicatos, “no debemos perder de vista que, el control de las hierbas en el medio urbano no debe basarse sólo en la eliminación y siega de esas hierbas sino que, además, existen otras formas de gestión, como el diseño de cubiertas vegetales, la falsa siembra o la utilización de mulching, gravas o mallas antihierbas”. 

Desde Ecologistas en Acción y el Grupo Local de WWF en Guadalajara piden que, hasta que se prohíba totalmente su uso, se extremen las medidas de seguridad y control, especialmente en lo relativo al plazo y señalización correcta de la zona a tratar, por parte de las administraciones competentes que “deben de velar por la protección de nuestra salud, la de nuestras mascotas y de nuestro entorno, aplicando el principio de precaución”.

El teosinte, un pariente ancestral del maíz que lleva años infestando como mala hierba cientos, si no miles, de las más de 82.000 hectáreas de ese cultivo en Aragón y provocando pérdidas de producción que pueden llegar a hacer no rentable la explotación de las parcelas (puede alcanzar los 900 euros por hectárea), tiene en las propias prácticas agrícolas uno de sus principales factores de expansión.

Un estudio recientemente finalizado por el CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria) después de tres años de trabajos en Aragón y en Cataluña señala a las cosechadoras y al pastoreo como dos de los principales medios de dispersión de las semillas del teosinte, las cuales, una vez en el suelo, pueden permanecer hasta dos años sin llegar a brotar y hacerlo desde profundidades superiores a los 25 centímetros.

“Una pequeña parte de las semillas se queda en las cosechadoras y se dispersa” en el trasiego entre los campos infestados y otros a los que no había llegado, señala Gabriel Pardo, investigador del CITA. El otro factor principal de expansión se encuentra en el ganado ovino, cuyos ejemplares trasladan esas semillas de una explotación a otra durante los entre cuatro y seis días que pueden tardar en defecarlas. Hasta un 3% de los granos que ingieren las ovejas y corderos son excretados en condiciones de germinar.

Estabular el ganado casi una semana

En este sentido, los técnicos del CITA se inclinan por dos medidas. Por una parte, sustituir el cultivo del maíz en las parcelas con presencia de teosinte por el de alfalfa, en el que las labores de siega acaban con la hierba invasora antes de que esté en condiciones de producir semillas. En el caso del ganado, “debería estar estabulado al menos seis días” si ha pastado en una zona infestada, anota Pardo.

Por otra parte, la planta, que también crece en los campos de sorgo y cada uno de cuyos ejemplares puede producir entre 200 y mil semillas, es a menudo difícil de detectar por su parecido al maíz, lo que dificulta su erradicación. Hace dos años, un estudio del Gobierno de Aragón certificó su presencia en el 8% de las explotaciones analizadas.

No obstante, medidas como la prohibición de siembra de maíz en parcelas con elevada infestación que impulsó el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal (CSCV) de Aragón o el veto al pastoreo en esas mismas explotaciones, la superficie afectada se ha reducido notablemente en relación con los datos de 2014, aunque siguen apareciendo nuevas zonas de infestación.

“No se puede controlar con métodos químicos”

Los expertos del CITA llaman la atención sobre otro hándicap para frenar la expansión del teosinte. “No se puede controlar con métodos químicos”, explica Pardo, ya que, por sus similitudes genéticas con el maíz, le resultan dañinos e inocuos, según el caso, los mismos herbicidas. Ocurre lo mismo con las labores que le resultan beneficiosas, como el riego o el abonado. Sin embargo, “fuera del maíz es una planta indefensa”, anota.

En el proyecto, que ha contado con el apoyo financiero del INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria), han participado también, además de los del CITA, expertos de las universidades de Zaragoza y de Lleida y del CSCV.

“El trabajo en equipo ha dado una visión más amplia de lo que suele alcanzarse en el este tipo de proyectos”, apunta Alicia Cirujeda, investigadora del centro aragonés especializada, como Pardo, en sanidad vegetal.

Ecologistas en Acción alerta de que Castilla-La Mancha se puede quedar sin insectos polinizadores “si no se toman medidas urgentes”. Argumenta al respecto que las malas prácticas agrícolas, y el uso de herbicidas en zonas verdes, carreteras y jardines particulares son los “mayores factores de amenaza en la región”. Demanda por ello una estrategia regional de protección y recuperación de los polinizadores, la prohibición inmediata del glifosato y el “reenfoque” de las ayudas comunitarias para evitar que las “prácticas agrícolas intensivas sigan destruyendo biodiversidad”.

Con motivo del el Día Mundial de las Abejas que se conmemora este 20 de mayo y del Día Mundial de la Biodiversidad del próximo día 22, esta organización advierte de la “importante regresión” de las poblaciones de insectos polinizadores.

Según explica, la polinización constituye un proceso fundamental en los ecosistemas terrestres: es vital para la conservación de los ecosistemas y para la producción de alimentos. Detalla que el 87,5 % (aproximadamente 308.000 especies) de las plantas silvestres con flores del mundo dependen, al menos parcialmente, de la polinización realizada por animales; y genera también múltiples beneficios para las personas, destacando la obtención de alimentos.

En España alrededor del 70 % de los cultivos para consumo humano dependen de los insectos que desarrollan la polinización. Además permiten otros productos como miel, cera o medicamentos y contribuyen directamente a la producción de fibras como el algodón y el lino o materiales de construcción como la madera. Ecologistas en Acción calcula que el servicio esencial que ofrecen los polinizadores en la oferta de alimentos se valora en 500.000 millones de dólares a nivel mundial, 22.000 millones de euros para la agricultura europea y más de 2.400 millones de euros para la agricultura española.

En los últimos cinco decenios el volumen de producción de cultivos que dependen de los polinizadores ha aumentado a nivel mundial en un 300%, de modo que “nuestra subsistencia está cada vez más supeditada a la polinización”. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas “se ha comprobado que existe una marcada disminución de las poblaciones de insectos polinizadores”.

Una reducción del 76% en 27 años

La organización ecologista apunta que una reciente revisión de estudios estima que en los últimos 27 años las poblaciones de insectos voladores se han reducido en un 76%. “La mitad de las especies de insectos están disminuyendo rápidamente y al menos un tercio se encuentran en peligro de extinción. Esta pérdida de insectos polinizadores puede llevarnos a una situación con consecuencias catastróficas, dado que se pone en juego el buen funcionamiento de los ecosistemas y la producción de nuestros propios alimentos”.

En este sentido, destaca que las principales amenazas para los insectos polinizadores proceden de las actividades humanas como la fragmentación de hábitats, el cambio en el uso de la tierra, los productos químicos agrícolas e industriales, los parásitos y las enfermedades, las especies exóticas invasoras, las colisiones en carreteras, el cambio climático y diversas prácticas agrícolas.

Con este contexto, Ecologistas en Acción reclama la adopción urgente de medidas como la recuperación de hábitats favorables para los polinizadores mediante buenas prácticas agrícolas que permitan mantener la disponibilidad de flores, fomentar la agricultura ecológica y limitar los cambios de usos del suelo, especialmente en la agricultura intensiva. También exige reducir en un 50% la utilización de plaguicidas para el año 2023, “no autorizando de forma excepcional, como se hace en la actualidad, productos tóxicos prohibidos”.

Otras soluciones que aporta son: el control para evitar la introducción de nuevas especies exóticas invasoras y la propagación de las ya introducidas; la promoción de iniciativas que aumenten la disponibilidad de flores y recursos para la nidificación de estos insectos en el medio silvestre, áreas agrícolas y entorno de carreteras y ciudades; y el aumento de la investigación sobre las especies polinizadoras y su adecuada conservación.

La fulminante sentencia de un tribunal de California contra la multinacional Monsanto por el uso de glifosato como herbicida, y por la que deberá pagar casi 290 millones de euros, ha allanado el camino contra un producto que está en el punto de mira de expertos científicos desde hace años. El riesgo para la salud de este producto químico de amplio espectro, utilizado mayoritariamente para eliminar las llamadas ‘malas hierbas’, ha dado oxígeno a las muchas y muy variadas investigaciones sobre sus alternativas.

Con este objetivo, y bajo el nombre de CLAMBER, lleva años trabajando el equipo de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) junto con el Centro de Química Aplicada y Biotecnología. Ahora acaban de conseguir un paquete de ayudas del Programa LIFE, el instrumento financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente. Con ello, podrán trabajar en la conversión de residuos leñosos y restos de poda, básicamente biomasa forestal, en bioproductos avanzados de los que ya han obtenido estupendos resultados.

Juan Luis Aguirre, director de la Cátedra, explica a eldiarioclm.es que el proyecto incluye básicamente el desarrollo de tres productos: el ‘biochar’, el betún natural junto con bio-oil, y el denominado ‘vinagre de madera’ o 'good vinegar'. En el primer caso se trata de un carbón obtenido por pirolisis (descomposición de otros elementos) que además de actuar como mejorante del suelo, tiene un alto interés desde el punto de vista del cambio climático, ya que actúa como sumidero permanente de carbono. O lo que es lo mismo, el ‘biochar’ mantiene el CO2 fijado durante cientos de años, lo que elimina la emisión a la atmósfera de este gas de efecto invernadero.

El segundo bloque lo componen productos orgánicos sustitutos de combustibles fósiles y que también contribuyen a paliar los efectos del cambio climático: el betún natural para asfaltado y un combustible natural como es el bio-oil, ya contemplado como sustituto del fuel.

Y es en el tercer caso donde entra en juego la lucha contra el glifosato. El equipo investigador trabaja con un herbicida natural llamado ‘good vinegar’ o ‘vinagre de madera’, un líquido de más de 200 compuestos que ha funcionado “a la perfección” en todas las pruebas desarrolladas.

“Tenemos la tecnología para convertir esos residuos en estos bioproductos”, afirma el catedrático coordinador de los trabajos. Además, detalla que cuentan con varios socios empresariales para probarlos en el terreno, tanto en el centro-norte de Portugal como en la provincia de Guadalajara. En este último caso contarán igualmente con el apoyo del grupo de acción local Asociación para el Desarrollo de la Alcarria Sur (ADA-Sur).

En campos de cultivo de olivo y de vid

Tanto en el caso del 'biochar' como del herbicida natural, el equipo recogerá restos de tratamientos forestales y agrícolas, biomasa sobre todo de pinos y de eucaliptos, que son los más vulnerables en incendios, y los convertirán en ‘biochar’ y en vinagre de madera en campos de cultivo de olivo y de vid. También algunos ayuntamientos, comenta Juan Luis Aguirre, podrían colaborar con la experiencia piloto.

El proyecto LIFE se inicia este mismo mes de septiembre con un coste total de 1,3 millones y por un periodo de cuatro años. El socio coordinador es la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General de la UAH, junto con varias empresas industriales con las que también realizarán pruebas para instalar una futura biorrefinería.

Ante todo, se trabaja de un “proyecto demostrativo, un pilotaje” para llevar a cabo una instalación industrial y demostrar así que estos procesos son viables y “que los números salen y se pueden obtener beneficios”. El equipo de socios no es ajeno a la reciente sentencia contra Monsanto: “Es un desastre absoluto cómo se utiliza el glifosato en el campo y en las ciudades, y esta decisión judicial supone una presión positiva que ayuda a la búsqueda de un sustituto de o de vías alternativas para trabajar con las llamadas malas hierbas”.

Lo más positivo es que todo el trabajo previo está ya hecho. Ahora el Programa LIFE permitirá demostrar que es rentable. De hecho, una de las empresas socias va a realizar un estudio eco-financiero para la medir la viabilidad.

“Hay un nicho grandísimo en el tema del herbicida y hay un abuso tan absoluto del glifosato, que es una auténtica vergüenza el veneno que nos echamos a nosotros mismos solo porque es muy barato”. El equipo investigador sabe de lo que habla. No solo conoce a la perfección sus efectos sino que ya ha realizado, de la mano de la Administración regional y de empresas concesionarias, pruebas a media escala en carreteras de Castilla-La Mancha con el nuevo bioproducto, con resultados “muy satisfactorios”.

La concejala de Unidos Se Puede en La Laguna Idaira Afonso ha trasladado este viernes a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y a la Policía ecológica de La Laguna una denuncia formal en la que plasma la preocupación que se ha generado ante las fumigaciones detectadas junto a las charcas de riego de Bajamar los días 27 y del 28 de junio.

La edil indica que “se trata de una fumigación de lo que aparentemente son herbicidas junto a esas zonas húmedas, sin uso de carteles informativos u otros mecanismos a los que obliga la normativa vigente”. Explica en la denuncia que este ámbito se encuentra dentro del plan especial de protección de las áreas de agricultura tradicional y hábitat húmedos en el entorno de Bajamar, según la adaptación básica del texto refundido del Plan General de 2004, vigente en la actualidad.

Afonso manifiesta que se corresponde con suelo rústico de protección de la agricultura tradicional en Bajamar y de protección hidrológica, en los barrancos de La Galeta, Porlier y Perdomo, así como el entorno que determina el PGO.

La formación lagunera recuerda en su denuncia que la zona es desde la década de los setenta un punto de estudio de la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), que “lo cataloga como uno de los humedales más interesantes de Canarias, por la variedad de aves que lo visitan o que viven en su entorno”.

Según el documento del Plan Insular de Biodiversidad, plan interno del Cabildo de Tenerife hecho para organizar sus actividades en relación con la preservación de la biodiversidad y el uso sostenible de las especies silvestres y los cultivares y razas autóctonas de la isla, en su página 30, se establece estas charcas como áreas potenciales a proteger con alguna de las figuras existentes en la normativa de protección de la naturaleza.

En este sentido, Afonso considera grave “que se haya realizado esta fumigación a tan poca distancia de las zonas húmedas, lo que puede afectar gravemente al entorno natural y también a los usos agrícolas de estas aguas, ya que casi el 90% de los herbicidas contienen como principio activo el glifosato, producto de alto impacto ambiental”.

“Esperamos que la APMUN y la Policía ecológica ayuden a certificar lo realizado y a que nuevas acciones de este tipo no tengan lugar. Además creemos que es una oportunidad de valorar las propuestas que estaban presentes en el Plan Especial aprobado para la zona, en el que la protección de estas charcas es clave”, apostilla.

Con 46 años, DeWayne Johnson no está preparado para morir. Pero con un cáncer que se expande por todo su cuerpo, los doctores dicen que apenas si le quedan unos meses de vida. Ahora Johnson, marido y padre de tres hijos en California, espera vivir lo suficiente como para hacer que Monsanto asuma la culpa.

El 18 de junio, Johnson se convertirá en la primera persona en llevar a juicio a la multinacional especializada en semillas y productos químicos, acusada de ocultar durante décadas los peligros cancerígenos de sus populares herbicidas Roundup. Ahora su caso acaba de conseguir un gran impulso.

La semana pasada el juez Curtis Karnow emitió una orden para permitir que los miembros del jurado consideren no solo las pruebas científicas sobre el origen del cáncer de Johnson, sino también las acusaciones de que Monsanto eliminó pruebas de los riesgos que conllevaba utilizar sus herbicidas. Karnow dictaminó que el juicio seguirá su curso y que un jurado será el encargado de considerar las indemnizaciones punitivas.

“Las comunicaciones internas anotadas por Johnson podrían apoyar las conclusiones de un jurado de que Monsanto ha sido consciente durante mucho tiempo del riesgo de que sus herbicidas hechos a base de glifosato sean cancerígenos... pero ha buscando continuamente influir en las publicaciones científicas para evitar que sus preocupaciones internas llegasen a la esfera pública y para reforzar sus defensas en acciones de responsabilidad por sus productos”, escribió Karnow. “Por lo tanto, hay cuestiones enjuiciables de hechos materiales”.

El caso de Johnson, presentado en el tribunal superior del condado de San Francisco, en California, está en primera línea de la lucha legal contra Monsanto. Unos 4.000 demandantes han demandado a la empresa argumentando que la exposición al Roundup causó que ellos o sus familiares desarrollaron el linfoma no Hodgkin. En octubre, está programado que se juzgue otro caso en la ciudad donde Monsanto tiene su sede, San Luis (Missouri).

Estas demandas cuestionan la posición de Monsanto de que sus herbicidas son seguros y aseguran que la compañía ha sabido de los peligros y los ha ocultado a los reguladores y también a la población. Los litigantes citan varios estudios que indican que el ingrediente activo de los herbicidas de Monsanto, una sustancia llamada glifosato, puede provocar LNH y otras dolencias.

También citan investigaciones que muestran que las fórmulas del glifosato de sus productos comerciales son más tóxicas que el glifosato por sí solo. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificó el glifosato como una sustancia con potencial cancerígeno para los humanos en 2015.

Monsanto “defendió datos falsificados y atacó a los estudios legítimos” que revelaban los peligros de sus herbicidas, y lideró una “campaña prolongada de desinformación” para convencer a las agencias gubernamentales, agricultores y consumidores de que el Roundup era seguro, según la demanda de Johnson.

“Esperamos mostrar la manera en la que Monsanto ocultó el riesgo de cáncer y cómo contaminó la ciencia”, defiende Michael Miller, abogado de Johnson. “Monsanto no quiere que la verdad sobre Roundup y el cáncer salga a la luz”.

Monsanto ha negado de forma tajante las denuncias, diciendo que sus productos no producen cáncer. Según la empresa, los descubrimientos de la IARC son erróneos y también los estudios que concluyeron que el glifosato y los herbicidas a base de glifosato como el suyo son potencialmente cancerígenos. Monsanto señala que los hallazgos de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EEUU) y otras autoridades reguladoras respaldan su defensa.

“Los herbicidas a base de glifosato están respaldados por una de las bases de datos sobre efectos sobre la salud humana y el medio ambiente más extensas del mundo jamás recopiladas para un producto contra las plagas”, afirma Monsanto en su página web. “Amplios estudios toxicológicos y de impacto ambiental realizados a lo largo de los últimos 40 años han demostrado una y otra vez el fuerte nivel de seguridad de este herbicida tan usado”.

Un portavoz de la compañía no ha querido hacer comentarios a este diario.

La forma en la que se desarrolle la demanda de Johnson podría ser un indicador para otros demandantes sobre cómo proceder. Si Johnson lo consigue, podría haber muchos más años de duros litigios y duras reclamaciones por daños. Si Monsanto supera con éxito el desafío, podría frustrar otros casos y reducir la presión sobre la empresa.

Según los registros del tribunal, Johnson tenía un trabajo como encargado de mantenimiento del distrito escolar unificado de Benicia, lugar en el que se utilizó números tratamientos herbicidas de Monsanto sobre las propiedades de la escuela desde 2012 hasta, por lo menos, finales de 2015. Estaba sano y activo antes de que le diagnosticaran el cáncer en agosto de 2014.

En una declaración en enero, el médico que trata a Johnson testificó que más de un 80% de su cuerpo estaba cubierto de lesiones y que probablemente solo le quedaban unos meses de vida. Johnson ha mejorado desde que comenzó un nuevo tratamiento en noviembre, pero a veces sigue estando demasiado débil como para hablar o levantarse de la cama, han asegurado sus médicos y sus abogados en expedientes judiciales.

Los abogados de Monsanto planean presentar pruebas de que otros factores causaron el cáncer de Johnson, desafiar la validez científica en la que se basan las afirmaciones de Johnson y presentar sus propios expertos e investigaciones que apoyan que producen productos seguros. La compañía tiene un borrador de evaluación de riesgo de glifosato de la EPA que concluye que es poco probable que sea cancerígeno.

Carey Gillam es directora de investigación de la asociación de consumidores US Right to Know

Traducido por Cristina Armunia Berges

Una mirada oscura, con medio rostro cubierto por una mascarilla, desafía a la cámara. A su lado, un niño se tapa el frío con los brazos: trata de ocultar una piel que ha sustituido el vello por manchas negras y pequeñas verrugas. La mano de Alfredo Cedrán, con las uñas disueltas, desvela las primeras consecuencias de la exposición a los elementos químicos que desprende el glifosato, el herbicida más utilizado en los campos de cultivo argentinos.

Son imágenes que capturó Pablo Piovano, fotógrafo del diario argentino Página/12, después de un viaje de unos 15.000 kilómetros por el norte rural argentino. La serie se expuso el verano pasado en España y fue galardonada como segunda finalista del premio Luis Valtueña de fotografía humanitaria. 

En las provincias de Chaco, Misiones y Entre Ríos, Piovano se encontró con lo él que califica de “catástrofe sanitaria”: casos de cáncer, trastornos, malformaciones y abortos espontáneos. Cientos de localidades de esas provincias, así como de Santa Fe o Córdoba, tienen dos denominadores comunes: unas tasas de enfermedad desorbitadas y la proximidad a las zonas de cultivo intensivo que se extienden a lo largo de unos 30 millones de hectáreas por todo el país.

Fabián Tomasi sufre desde hace años una polineuropatía tóxica severa que ataca a su sistema nervioso periférico. Sus brazos cuelgan sin fuerza de un torso enclenque, desvencijado, privado de carne y nervio. Desde joven se había dedicado al mantenimiento de aviones fumigadores en una sucursal de la empresa agrícola Molina y Compañía S.L.R. en la localidad de Basavilbaso, en Entre Ríos.

Cada día llenaba los tanques de herbicida de las aeronaves que luego fumigaban los campos de la zona desde el aire. “Cargábamos los aviones con veneno. Abríamos los tanques de 20 litros y al sacar las tapas se te pegaba todo el veneno en las manos. Comíamos debajo de las alas de los aviones, donde el veneno goteaba. Llegábamos a casa y la cara nos ardía. Si me pongo a pensar, estar vivo es un milagro”, relata a eldiario.es.

Los efectos adversos del glifosato

En Argentina, el uso del glifosato y de otros pesticidas no paró de crecer durante la década pasada. Según un estudio realizado en 2014 por el Ministerio de Salud argentino, el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializaron un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.

Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) aseguran que sus estudios demuestran que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en lo que llaman “abrumadora evidencia científica”. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) introdujo el pasado año ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como “probablemente cancerígenas”. Meses más tarde, una reunión conjunta de la OMS y la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) emitió un comunicado que decía que “no es probable [que este herbicida] suponga un riesgo para la salud humana mediante la dieta”.

Esta decisión llegó seis años después de que el fallecido investigador argentino Andrés Carrasco publicara en la revista Chemical Research in Toxicology un artículo en el que demostraba los efectos adversos del glifosato en vertebrados. Por este estudio, Carrasco recibió amenazas acompañadas del descrédito público del actual ministro de Ciencia de Argentina, Lino Barañao.

En 2011, WikiLeaks publicó un cable diplomático de la embajada estadounidense en el país austral en el que se evidenciaba que el científico había sido investigado por sus estudios sobre el compuesto químico.

“Yo puedo afirmar que hay evidencia científica que demuestra la relación entre la exposición a la química y el daño a los organismos biológicos en distintos grados y en distintas características. Lo que no puedo decir es que solamente por esa química se producen estos problemas de salud”, sostiene Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario.

Verzeñassi comenzó en 2010 una novedosa experiencia con los estudiantes del último año de Medicina: cinco días de investigación de campo en poblaciones rurales con menos de 10.000 habitantes. Durante ese lapso, los alumnos toman muestras del estado de salud de los vecinos, definen diferentes diagnósticos e introducen todos esos datos en un sistema estadístico.

“Cuando empezamos a ver los datos nos dimos cuenta de que el resultado de las encuestas era muy similar en localidades de diferentes provincias, alejadas entre sí, y muy diferentes del perfil de Argentina”, cuenta el médico. Mientras que en Argentina la principal causa de muerte son los problemas cardiovasculares –los infartos–, en las comunidades investigadas, la enfermedad más mortífera era el cáncer. Además, se daban muchos trastornos endocrinos, como el hipotiroidismo.

“En busca de una respuesta que aclarase esta desviación del perfil nacional, los investigadores comprendieron que 23 de las 26 comunidades estudiadas, –el 80% de un universo de 87.382 personas–, se encontraban a menos de 1.000 metros de campos de fumigación”, relata.

Según los datos publicados por los alumnos de Verzeñassi, si se suman los casos de cáncer diagnosticados desde el 2000 hasta el 2015 en estas localidades, la mitad ocurre en los últimos cinco años. “¿Esto significa que pasó algo en el 2010? No, significa que 10 o 15 años atrás tiene que haber pasado algo. Ese algo se evidencia diez años más tarde, que es más o menos el tiempo que tarda un cáncer en desarrollarse”, explica el profesor.

Un cambio de modelo productivo

El principal cambio en el modelo productivo de la Argentina rural se dio en 1996, cuando el Gobierno aprobó la utilización de cultivos transgénicos capaces de sobrevivir a potentes agroquímicos, especialmente la soja Roundup Ready (RR) –del inglés 'lista para el roundup', un herbicida cuyo principal activo es el glifosato–. Todas las localidades del interior del país fueron quedando rodeadas de campos extensivos de soja, aunque también de maíz y trigo, con semillas transgénicas.

Lo curioso, según Verzeñassi, es que en los años 80 la OMS había calificado el glifosato como elemento de riesgo 2A –“probablemente cancerígeno”– y a principios de los 90 rebajó su peligrosidad hasta un nivel 4 –“inocuo para la salud humana”–, poco antes de que la multinacional Monsanto lanzase la patente de la soja RR y comercializase el roundup como el herbicida más eficaz.

A partir de 1994, la compañía radicada en Sant Louis comenzó a vender licencias a las principales empresas de semillas del país, como Nidera o Don Mario, para que pudieran distribuir su soja transgénica, tal y como explica Marie-Monique Robin, la autora del documental El mundo según Monsanto, en su libro del mismo título.

Dos años después, la soja RR se expandió por todo el territorio. Si en 1971 los cultivos leguminosos ocupaban 37.000 hectáreas, en 2007 representaban el 60% del territorio cultivable del país con 16 millones de hectáreas. Actualmente, Argentina es el tercer exportador mundial de soja, después de Estados Unidos y Brasil.

Unos diez años después, se ven efectos en la salud en las zonas colindantes con las área de cultivos en la que se desarralló el sistema de producción a base de los productos del gigante de los agroquímicos. Según el Instituto Nacional de Cáncer argentino, en 2012 hubo 217 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes. En los pueblos analizados por el proyecto de Verzeñassi, ese número asciende a los 397,4, cerca de un 48,7% más, una ratio que se mantiene estable desde el comienzo del estudio.

Un periodista francés expuso todos estos datos a Patrick Moore, un lobista defensor de Monsanto, durante una entrevista para un documental de Canal +. Para Moore, quien en su pasado formó parte de Greenpeace, el trabajo de Verzeñassi no existía en la medida en que no estaba publicado en ningún artículo científico. Ante esta respuesta, el periodista ofrece al defensor del glifosato beberse un vaso de ese líquido, dada su supuesta inocuidad. “No soy estúpido”, contesta. 

“¿Cuánto cuesta nuestra salud?”

El Gobierno argentino, quien todavía mantiene la clasificación del glifosato en nivel 4 contradiciendo a la calificación más reciente de la OMS, habla de “buenas prácticas”. En la página de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) hay una guía que muestra el equipamiento que deben llevar quienes trabajan en la fumigación de los campos: un traje similar al que usan los médicos que tratan el ébola. Para Verzeñassi, la contradicción es clara: “Si el producto es inocuo, ¿por qué es necesaria tanta protección?”.

A Tomasi su empresa nunca le proporcionó esa protección. Aun así, rechaza la idea: “No hay manera de esparcir bien 300 millones de litros de veneno”. Los estudios de la Universidad de Rosario le dan la razón: ni siquiera es necesario tener un contacto directo con el material. Las partículas quedan en suspensión tras ser rociadas desde el avión y el aire las transporta. De hecho, la fumigación aérea está prohibida en la Unión Europea por una directiva de 2009 salvo en situaciones excepcionales que requieren solicitud y aprobación expresas.

“¿Cuánto crecimiento de PIB de un país justifica la leucemia de un niño? Que me respondan eso. ¿Cuánto crecimiento justifica un niño nacido con malformación, el desarrollo de cáncer, de hipotiroidismo en una persona? ¿Cuánto cuesta nuestra salud? ¿Quién y cuándo decidió que la vida se puede medir en términos económicos?”. Las preguntas de Verzeñassi se quedan en el aire, sin respuesta.

Antes de colgar el teléfono, Tomasi llama a su madre para que lo ayude a acostarse. “Sé que es discutible, pero yo te puedo asegurar que, en países como el nuestro, siendo pobres se muere más fácil: esa es mi experiencia”, lamenta.

Numerosas asociaciones ecologistas (Areidas, Ecologistas en Acción, Esparvel, SEO/Birdlife, la Sociedad Albacetense de Ornitología y WWF España) han condenado el nuevo borrador de plan de gestión de ambientes esteparios presentado por la Consejería de Agricultura. Han acusado al departamento de Francisco Martínez Arroyo de “quebrar” el proceso de debate sobre el plan de gestión de las ZEPA y han asegurado que tomarán acciones si el documento se aprueba “tal cual”.

En este sentido, aseguran que las últimas modificaciones que se han introducido “a instancias” de las organizaciones profesionales agrarias “sobrepasan” lo que consideran como “admisible”. Destacan dos aspectos novedosos que consideran “críticos para que se haya colmado la paciencia y la flexibilidad” que aseguran han mostrado hasta ahora las organizaciones ambientales al respecto.

Más superficie de leñosos

Las organizaciones señalan como el primero de los problemas el incremento de superficie admisible de nuevos leñosos y de viñedos en espaldera en las ZEPA que, respecto a borradores iniciales, se duplica la superficie de nuevos leñosos hasta alcanzar las 4.459 hectáreas. Estos cultivos, explican, son “incompatibles” como hábitats para las especies esteparias y suponen “ya” el 15% de la superficie de las ZEPA. Dentro de éstas incluyen la “ilegal que se pretende regularizar”, la que cifran alrededor de las 1.600 hectáreas.

Por otro lado, aseguran que la Consejería ha modificado de incompatible a autorizable el régimen de uso de los sistemas de cultivo del tipo de siembra directa o mínimo laboreo, que “conllevan empleo masivo de herbicidas, así como el empleo de herbicidas en barbechos”, según citan del plan. En este sentido, reclaman que es “inconcebible” dar cabida al uso masivo de estas sustancias y critican que la Cosnejería esté “tan cegada” en el apoyo a estas técnicas de agricultura que no han “reparado en la barbaridad que supone el incluir dicho texto para su aplicación en zonas de especies particularmente sensibles a este tipo de sustancias tóxicas y nocivas”.

Por otra parte, consideran que estas modificaciones resultan en un borrador que “en ningún caso” promueven la restauración y conservación de estos espacios naturales. “Se puede romper del todo así el delicado equilibrio ecológico mantenido por actividades agrícolas y ganaderas respetuosas con una biodiversidad única en todo el continente europeo”, advierten. Finalmente, concluyen que si no se rectifica de manera “rotunda” las asociaciones se desvincularán del proceso de participación del plan y que, además, se reservan la posibilidad de apelar “a otras instancias”.

La federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ha pedido este jueves una posición institucional “mucho más firme” por parte de las autoridades canarias para el control de los herbicidas y su retirada definitiva de los espacios públicos en los municipios en los que usan habitualmente.

Ben Magec recuerda en un comunicado que el Gobierno de Canarias declaró a las islas Zona Libre de Transgénicos en 2008 y que varios cabildos y ayuntamientos han aprobado mociones contra el uso del glifosato, un herbicida cuyo uso ha sido cuestionado pero que ha sido nuevamente autorizado en la Unión Europea.

Añade que en las últimas semanas se han sucedido una serie de eventos que ponen de manifiesto que la industria agroquímica está llevando a cabo una ofensiva con el apoyo de gobiernos y de técnicos al servicio de este tipo de multinacionales.

También se ha producido la declaración de científicos a favor de los transgénicos, incluso cuestionando el prestigio de los grupos ecologistas que han argumentado en contra de este tipo de operaciones genéticas.

Para Ben Magec-Ecologistas en Acción “parece que las multinacionales del sector agroquímico están cerrando filas, y también que los gobiernos no están dispuestos a priorizar la salud humana y de los ecosistemas frente a los intereses corporativos de estas grandes empresas”.

Añade que éste puede ser un prolegómeno al rebaje de controles y la liberalización del mercado que va a ir asociada a la firma de los tratados de libre comercio en curso, como el TTIP entre Europa y Estados Unidos y el CETA entre Europa y Canadá.

Ben Magec-Ecologistas en Acción afirma que “son muchos y muy sólidos” los argumentos que nos llevan a pedir la prohibición de los alimentos transgénicos, entre ellos, cita la enorme carencia de certezas firmes sobre los efectos sinérgicos presentes y futuros de los productos transgénicos en la salud humana y en el medio ambiente.

También, el hecho de que este tipo de productos están asociados directamente al mayor uso de herbicidas que producen efectos nocivos en la salud humana y los ecosistemas.

Hay que añadir el hecho de que esta industria, la de las semillas transgénicas y los herbicidas asociados, es en buena medida la que está provocando situaciones de miseria en regiones donde antes había cierto grado de soberanía alimentaria.

Los grupos parlamentarios de PP y PSOE han votado en contra de la Proposición No de Ley presentada por Podemos que solicitaba restringir el uso de herbicidas químicos en las carreteras y vías de servicio, propuesta que solo ha recibido el apoyo de los dos diputados de la formación morada. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha tomado la palabra al finalizar el debate para pedir a todos los grupos políticos que “tengan en cuenta todos los informes científicos” al respecto de estos herbicidas, al tiempo que ha apelado al “criterio de prudencia” para no alarmar“ y no ”perjudicar a la agricultura“.

“Es un tema difícil. Valoro la propuesta de Podemos, creo que es un punto de partida para trabajar en una dirección. Estamos en condiciones de llegar a un acuerdo y les animo a que así sea”, ha dicho el consejero, avanzando que desde sus competencias van a trabajar para “garantizar que el sector agrícola tenga herramientas pero protegiendo la salud”.

El diputado de Podemos David Llorente ha defendido la Proposición no de ley de su partido apelando al “principio de cautela”, ya que “aunque hay controversias y todavía no hay consenso científico sobre este asunto, sí hay indicios de que existe este riesgo”. Por eso ha incidido en que esta propuesta “no tiene nada que ver con la agricultura” sino con la salud pública, añadiendo que “aquí hay conflicto con intereses de ciertos grupos empresariales”.

“No queremos quitar los herbicidas, solo alejarlos de carreteras y parques donde juegan los niños, y reducirlos en esos entornos”, ha agregado, defendiendo que hay “alternativas mecánicas, térmicas y no tóxicas que son respetuosas con la salud”. También ha querido recordar al Partido Socialista que una Proposición “exactamente calcada” y presentada por Podemos ha sido apoyada por el PSOE en el Parlamento de Extremadura.

Otras alternativas como el vinagre de madera

Sobre esta propuesta, la diputada del PSOE Carmen Torralba ha rechazado que con el uso del glifosato se esté favoreciendo a determinados 'lobbys', como ha defendido Podemos, y ha dicho que la prohibición del mismo no se puede hacer “de un día para otro”, sino que hay que buscar alternativas.

Alternativas como la que, según ha apuntado, estudiará la Consejería de Fomento junto a la Universidad de Alcalá para sustituir este herbicida por el vinagre de madera. Así, ha señalado que se trata de una patente conjunta que se hará entre la Administración y esta institución académica, si se demuestra que el vinagre de madera tiene efectividad en el clima mediterráneo.

De su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Cañizares, ha señalado que  herbicidas como el glifosato están siendo utilizados por razones como su efectividad y porque después de “muchos” análisis es el que “menores efectos negativos” tiene sobre la población, los cultivos y los animales. “Tenemos que trasladar a los ciudadanos tranquilidad, que es de lo que adolece la propuesta de Podemos”, ha indicado Cañizares, quien ha rechazado, como defiende el partido morado, que con el uso de este herbicida se esté beneficiando a algún sector concreto porque su patente es libre desde el año 2000.

Están en juego ventas millonarias en herbicidas. La Comisión Europea está apurando los plazos legales para allanar el camino que autorice la utilización del glifosato en la Unión Europea, un producto al que la Organización Mundial de la Salud declaró “probablemente cancerígeno” en 2015.

Fuentes relacionadas con la negociación explican que “no pueden arriesgarse a una mayoría en contra” así que la Comisión ha pedido a los países una nueva postura sobre su propuesta para vencer las fuertes resistencias de diversos estados y conseguir la licencia para este químico: ese plazo terminó el pasado 18 de marzo. La decisión final no puede llevarse más allá de junio.

Desde el Parlamento Europeo, organismo que solo puede emitir una opinión, fuentes de grupos políticos analizan que las negociaciones “van encaminadas hacia conseguir un compromiso que reduzca los años de licencia y restringa los usos pero no que lo prohíba definitivamente”. Las mismas fuentes esperan que la votación definitiva sea “en abril”.

La importancia radica en que el glifosato es el herbicida más vendido del mundo. Pero sobre esta sustancia sobrevuela la sospecha de su peligrosidad para la salud: La OMS expuso hace un año su potencial cancerígeno. Su panel científico lo colocó en el grupo 2A: probablemente cancerígeno, como la carne roja. Sin embargo la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no lo considera peligroso.

El Ejecutivo comunitario pretendía obtener el visto bueno de los estados el pasado 8 de marzo. Apoyado en la opinión de la agencia europea, pidió que el glifosato pudiera comercializarse en Europa otros 15 años. Pero hasta cuatro países anunciaron que rechazarían el permiso. No eran actores menores, ya que estaban en contra Francia, Holanda, Italia y Suecia. Incluso Alemania planeó abstenerse: su propia Agencia de Evaluación de Riesgos había llamado en abril de 2015 a la prudencia y a un mayor estudio antes de dar el respaldo al herbicida.

Era una situación insostenible. No solo porque las decisiones precisan una mayoría cualificada sino porque “si hay varios países que lo rechazan, éstos pueden regular en contra del producto en sus territorios, lo que es un inconveniente para las empresas que lo comercializan”, analiza Dolores Romano, experta en químicos de Ecologistas en Acción. Sin garantía de apoyo, la Comisión no se arriesgó a un rechazo directo a la autorización y dilató la votación.

“Todavía hay tiempo para seguir negociando, ya que el límite para decidir sobre una posible autorización es a finales de junio”, ha contestado un portavoz de la Comisión Europea a eldiario.es. También han confirmado que “aunque la siguiente sesión del comité sobre pesticidas está prevista para mayo, el asunto puede llevarse a otra sesión anterior”.

24 corporaciones implicadas

Las reticencias para seguir vendiendo glifosato chocan contra de los intereses de 24 empresas que lo comercializan en Europa. Los herbicidas en la Unión Europea compusieron un mercado de 127.000 toneladas de químicos en 2013. Las estadísticas oficiales no ofrecen datos individuales por producto, pero algunos estudios por países arrojan porcentajes altos: el 35% de los cultivos en Dinamarca o el 39% en Alemania reciben glifosato.

Entre las corporaciones pendientes de la decisión está la inventora de este producto: Monsanto que coloca sus compuestos con glifosato con el nombre de Roundup. Uno de los pilares de su modelo de negocio.

La división de Monsanto que distribuye este herbicida ingresó 4.100 millones de euros en 2015. El beneficio neto ascendió a 1.064 millones, según las cuentas de la compañía. Con todo, Monsanto consideró que fue un mal ejercicio: había ingresado 316 millones de euros menos que en 2014 por estos productos. En enero pasado, la multinacional anunció que se desharía del 16% de sus empleados: 3.600 puestos de trabajo hasta 2018.

El análisis de la OMS no solo menoscabó la posición comercial de los productos a base de glifosato. Tras la declaración de riesgo, la autoridad alimentaria de EE UU (FDA) ha iniciado una investigación en busca de restos de glifosato en alimentos. Además, otro organismo comunitario, la Agencia Europea de Químicos (ECHA) está estudiando este producto para establecer cómo se etiqueta.

No es un detalle menor. La ECHA tiene la potestad de obligar a que el Roundup (y otras marcas) lleven avisos sobre su composición y toxicidad lo que condiciona que pueda venderse o no en Europa. Su análisis, explica la agencia, se concentra en “carcinogénesis, mutación de células, y toxicidad en la reproducción” y no se espera que llegue antes de 2017 porque sigue en curso.

Mientras se resuelve el permiso o la prohibición, los productores de glifosato no han parado de subrayar la seguridad de su compuesto. Monsanto explica que la OMS “no se apoya en datos científicos” y que no se corresponden con las conclusiones de “las evaluaciones realizadas por cientos de científicos encargados de la seguridad pública”. Al mismo tiempo, sostiene que los estudios que empleó la organización para dar su opinión habían sido “previamente revisados y considerados por las agencias reguladoras europeas”. También asegura que “al ser consumidores nosotros mismos, la seguridad es una prioridad”.

También en el negocio transgénico

El glifosato del Roundup es un eslabón clave en el desarrollo de la agricultura con organismos modificados genéticamente como los que vende Monsanto, aunque no se aplica exclusivamente a esos cultivos. Diversas variedades de transgénicos son creadas para resistir la acción de este herbicida. De esta manera, puede utilizarse a discreción en las plantaciones: mata la maleza, no la soja o el maíz resistentes.

Desde Bruselas, el portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, entiende que “la posibilidad de permitir más uso de glifosato durante 15 años es escandalosa”. Marcellesi considera que representa un “peligro para la salud y el medio ambiente” además de permitir “más poder para las multinacionales de la agroindustria”.

En España, el Gobierno se ha mostrado tradicionalmente favorable a seguir las directrices de la Comisión Europea basadas en el informe de la EFSA. El pasado 17 de marzo, el diputado del grupo Podemos Juan López de Uralde, pidió por escrito al Ejecutivo cesante que hiciera público cuál ha sido la última posición fijada por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de cara a las sesiones que decidirán el futuro comercial del glifosato. “La transparencia lo exige”.

A finales del mes de diciembre de 2015, un avión agrícola israelí surgió por encima de la Línea Verde, la frontera de facto que separa la Franja de Gaza de Israel. El avión comenzó a expulsar el químico con el que pretendía deshacerse de las malas hierbas en la zona patrullada por soldados israelíes y vigilada por torretas militares mecanizadas con robots y ametralladoras. Tras cumplir con su misión, dio la vuelta y retornó a Israel.

En cuestión de días, los campesinos y agricultores gazatíes vieron cómo sus cultivos se secaban, morían, dejando una estampa amarilla donde el verde debería ser el color prevaleciente en esta época del año.

El fin justifica los medios

Jaled Abu Mandil vive desde hace más de 20 años junto a su tierra, en el este del campo de refugiados de al-Maghazi, centro de la Franja de Gaza. Su casa ha sido destruída en cada guerra y siempre ha vuelto a levantarla, aunque ahora sea más bien una choza construida con varios ladrillos, placas metálicas y ramas secas de palmeras.

En estos días, además, está viendo cómo se echa a perder la mayor parte de su cosecha, la única fuente de ingresos para él y su familia.

“Sucedió hace un par de semanas. Apareció una avioneta israelí y comenzó a echar herbicida, -relata Jaled.- Siempre rocían parte de nuestros campos, pero nunca habían llegado a rociar tanto. Solían llegar hasta los 100 metros dentro de la alambrada de la Línea Verde en Gaza, pero esta vez el veneno ha llegado hasta los 500 metros”.

La cebada que había plantado Jaled murió al tercer día de ser bañada con el destructible químico israelí. El trigo no aguantó mucho más. En plena temporada de recogida, los guisantes de este campesino sucumbieron también al veneno. Todo está amarillo tal y como muestra a eldiario.es uno de sus hijos pequeños.

“Si los israelíes nos dijeran al menos que van a echar esos productos pues nosotros no plantaríamos”, afirma Jaled con sentimiento de hartazgo. “Plantar todo esto cuesta dinero. Solamente preparar la tierra y sembrarla son 5.000 NIS [1.000€]. Ahora he perdido al menos 2.000 dinares jordanos [más de 2.500€]. ¿Por qué nos hacen esto?”.

El pasado 23 de diciembre, el ministerio de Agricultura en Gaza anunció que miles de dónums habían quedado afectados por un químico herbicida expulsado desde el aire por israelíes en las zonas centro y sur de la Franja de Gaza.

“La fumigación aérea con herbicidas e inhibidores de germinación se realizó en la zona a lo largo de la valla fronteriza la semana pasada con el fin de permitir las operaciones óptimas y continuas de seguridad”, informó un portavoz del Ejército israelí al portal de noticias +972.

De este modo el fin último, aclarar la zona de hierbas para mejor visualización de los militares israelíes, justificó los medios por los cuales los campesinos de las zonas afectadas se han quedado sin cultivos, muchos de ellos arruinados, y el resto de la población de la bloqueada Franja de Gaza, el 80% de la cual depende de la ayuda alimentaria, sin una parte importante de verduras y hortalizas.

A esta acción se le unen las repetitivas “nivelaciones” del terreno, es decir, incursiones terrestres limitadas en las zonas de la Línea Verde con las que excavadoras blindadas allanan el terreno palestino y destruyen todo lo que está a su paso.

Misión de “seguridad” y castigo colectivo

Las tierras de Jaled estaban a 100 metros de la Línea Verde, sin embargo, hay muchos casos en los que los cultivos se encontraban a más de 300 metros, salvaguardando la distancia de las autodenominadas por Israel ‘Áreas de Acceso Restringido’ (ARA, en sus siglas en Israel), un eufemismo que las organizaciones de derechos humanos palestinas critican sin cesar ya que los límites de seguridad los establece unilateralmente Israel y sus fundamentos son de carácter arbitrario e impredecible.

Así, los campos de Nael Hiyyi en la zona de Johr-Eddik a 400 metros de la alambrada israelí no deberían haber sufrido el baño de herbicidas puesto que está a una distancia más que prudencial de la línea divisoria.

“Los israelíes me quemaron las plantas con el fumigado”, expone Nael. “Se me echó a perder más del 80% del calabacín plantado, la mitad de las judías, las espinacas y la col”. Nael tiene 37 años y de sus trabajo en el campo dependen los siete miembros de su familia.

“Estoy endeudado y ahora con la pérdida de esta temporada no sé qué voy a hacer. Yo solo deseo que haya paz y que se ponga fin a los problemas, a los bombardeos y destrucción de nuestras tierras para que mi esfuerzo y mis inversiones vean sus frutos”, lamenta Nael.

Abu Adnan es el mokhtar (el notable) de una de las zonas afectadas. Se queja de que ellos son los que absorben la rabia del Ejército israelí frente a operaciones de las milicias palestinas y asegura que cualquier daño producido por las autoridades israelíes contra la población civil palestina es un castigo colectivo.

“A mí el herbicida israelí me ha dejado sin cultivos. No se salvó nada. A pesar de todo, doy gracias a Dios”, dice el anciano. “En la guerra de 2014, los israelíes vertieron toda su rabia aquí. Había un túnel de la resistencia palestina debajo. Después de destruir nuestros árboles frutales, nadie vino aquí, ni Hamas ni Fatah, ni siquiera el alcalde. Pero aquí seguiré. De aquí sólo me marcharé para ser enterrado en el cementerio”.

Otra de las consecuencias que provocó el avión agrícola israelí cargado de herbicida fue el corte de una de las líneas de electricidad con la que Israel está obligada a proporcionar suministro eléctrico a la Franja de Gaza, según los acuerdos internacionales. “Yo lo vi. Vi cómo la avioneta se ponía de lado”, relata otro de los campesinos, Msalam Abu Mandil. “Rompió el cable de electricidad y lo hizo a propósito”.

Msalam asegura que en sus campos sólo se puede plantar trigo o cebada, ahora secos debido al herbicida israelí, ya que en 2014 las tropas israelíes destruyeron los pozos de agua y no tiene con qué costearse una nueva infraestructura de regadío.

El uso de los herbicidas para controlar las malas hierbas está actualmente amenazado por la aparición, a un ritmo vertiginoso, de biotipos de malas hierbas resistentes.

Estas malas hierbas resistentes representan uno de los mayores problemas para el agricultor, que observa cómo en sus campos crecen desmesuradamente y producen una reducción en el rendimiento de sus cosechas.

El proyecto está coordinado desde el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) por la cordobesa Mª Dolores Osuna, Doctora en Bioquímica y especialista en malas hierbas del cultivo de arroz y herbicidas.

“El arroz es uno de los cultivos con mayor escasez de materias activas disponibles para el control de malas hierbas”, reconoce la experta.

Extremadura es pionera en España en este estudio

La resistencia a una amplia gama de herbicidas útiles “ha aparecido en muchas especies de malas hierbas” clave de arroz a nivel mundial, de las cuales varias de ellas afectan a los arrozales en España.

Por esto, según el trabajo que llevarán a cabo desde el laboratorio extremeño y que es la primera vez que se estudia en España, “se impone el empleo de un manejo integrado” de las malas hierbas y adoptar todas las medidas posibles “para prevenir la aparición e incremento de su resistencia a los herbicidas”.

Durante el desarrollo del proyecto se estudiarán dos de las principales malas hierbas del cultivo de arroz en España y donde ya se han encontrado casos de resistencia en el país país: Echinochloa spp. y Leptochloa spp.

Las malas hierbas no afectan igual en todas las zonas

“El género Echinochloa ha sido, desde hace muchos años, uno de los principales problemas malherbológicos del cultivo del arroz en este país”, mientras que “Leptochloa spp. es un problema incipiente con difícil control químico, por lo que las infestaciones serán cada vez más frecuentes”, advierte.

Además, las especies concretas de cada género y la problemática pueden ser muy diferentes en las distintas zonas arroceras españolas, por lo que resultará posible realizar una evaluación de la localización y topología de las distintas especies de Echinochloa spp. y Leptochloa spp. presentes en cada una de ellas.

Se realizarán distintos estudios que son claves para el diseño de un programa de gestión integrada para estas malas hierbas en varias zonas de España y divididas en tres subproyectos.

Implicación de universidades en el estudio

Además de CICYTEX, participan en los subproyectos 2 y 3, entidades de las diferentes regiones arroceras de España, tanto Centros Públicos de I+D+I como universidades (Universidad de Sevilla, Universidad Politécnica de Valencia, INTIA –Navarra-, CITA –Aragón- e IFAPA -Sevilla-.

El subproyecto 2 estará regulado desde la Universidad de Valencia por José María Osca, Doctor Ingeniero Agrónomo. Su línea principal de trabajo se centra en la actualidad en la producción vegetal, cultivos extensivos y más concretamente en el cultivo de arroz.

El subproyecto 3, por su parte, estará coordinado desde la Universidad de Sevilla por Nuria López Martínez, que ha trabajado sobre el efecto de los pesticidas sobre los ecosistemas, fundamentalmente en el control de flora arvense.

Se ha realizado un esfuerzo en la investigación y experimentación en este tema sobre el uso de fitosanitarios en arroz y sus repercusiones. “Las conclusiones que se obtengan, con las particularidades adaptadas a cada zona, serán de aplicación a la práctica totalidad del cultivo de arroz español”, destaca Osuna.

Asegura que uno de los trabajadores que aplica estos productos químicos "no tiene la correspondiente formación".

El grupo PSC-PSOE de Fuencaliente denuncia la aplicación “por parte del Ayuntamiento de herbicida para limpiar de malas hierbas de los márgenes de carreteras, calles y espacios públicos de los barrios de este municipio”, según se informa en una nota de prensa. “Hacemos responsable de la aplicación de estas políticas de limpieza de maleza al grupo de Gobierno, y nos consta que uno de los trabajadores que lo está aplicando no tiene la correspondiente formación en tales productos, siendo el riesgo ecológico muy elevado”, aseguran. “La actividad para la que fue contratado dicho trabajador es la de mantenimiento eléctrico”, sostienen.

El martes y miércoles de esta semana, asegura el grupo Socialista, “han aplicado herbicida en zonas muy próximas a vecinos con las consiguientes molestias que estos productos pueden llegar a ocasionar a la población”. “Sabemos que son productos legales pero eso no nos hace desistir en la lucha contra la utilización de tales compuestos químicos en la Isla y en particular en Fuencaliente”, señalan.

Recuerdan que “desde hace unos años el Cabildo dejó de utilizarlos y trabaja directamente arrancando o cortando las malas hierbas que salen en las cunetas y rotondas de nuestras carreteras”.

El grupo Socialista de Fuencaliente pide que “se erradique el uso de tales productos en el municipio y que se empleen los procedimientos adecuados, con lo cual estamos contribuyendo a la mejora de nuestro medio natural”.