Unión del Pueblo Navarro (UPN) volvería a ganar las elecciones forales en Navarra, pero una vez más se quedaría lejos de una mayoría que le permitiese volver a liderar el Gobierno de la comunidad foral, incluso con los apoyos de PP y Vox. Del otro lado, EH Bildu amenaza la primacía del PSN de María Chivite en el bloque de la izquierda.

Una encuesta realizada por EiTB focus publicada este jueves dibuja un escenario muy similar al actual en el Parlamento de Navarra. Las formaciones que sustentan al actual Gobierno foral, una coalición del PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) con el apoyo externo de EH Bildu podría reeditar un Ejecutivo progresista. Eso sí, los socialistas dependerían más de la coalición de la izquierda abertzale, la formación que más crece en intención de voto y que prácticamente empata con el PSN en apoyos.

La encuesta otorga al PSN un 20,5% de intención de voto, medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023, mientras que EH Bildu se situaría muy cerca del 20% de apoyos, un19,9%, con un crecimiento de de 2,5 puntos con respecto a los resultados que obtuvo en 2023.

Geroa Bai, el principal socio de los socialistas en el Gobierno de Chivite, se mantendría como cuarta formación con un 13% de intención de voto, medio punto menos que en 2023. Las formaciones que en la actualidad conforman la coalición Contigo/Zurekin, que todavía no han reeditado el acuerdo para confluir en los comicios de 2027, lograrían un 5,6% de los apoyos.

El ganador de las elecciones volvería a ser UPN, si bien con una caída de dos puntos en comparación con los resultados que lograron en 2023. La formación regionalista, ahora liderada por Cristina Ibarrola, que será la candidata en 2027 a presidir el Gobierno navarro, alcanzaría el 26,2% de los apoyos.

De esta forma, Ibarrola sería incapaz de devolver a UPN al Palacio de Navarra que abandonó Yolanda Barcina en 2015, incluso con el apoyo de PP y Vox. El PP se mantendría en el 7,5% del total de los votos, mientras que la formación de extrema derecha crecería 2,3 puntos y se situaría en el 6,7% de intención de voto.

La encuesta, que ha sido elaborada entre el 17 de abril y el 13 de mayo con 600 entrevistas en la comunidad foral, sitúa a la presidenta María Chivite con índice de aprobación del 64,7% y una valoración de 5,2 puntos sobre 10. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), por su parte, obtiene un índice de aprobación del 66,1% y una nota demia de 5,7.

El Gobierno de Navarra ha presentado este miércoles la campaña institucional con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. En colaboración con las entidades locales, el Ejecutivo ha impulsado una amplia red oficial de observación integrada por 20 puntos distribuidos a lo largo del territorio navarro para disfrutar de este fenómeno astronómico excepcional, que no se producía en Navarra desde 1905 y que no volverá a repetirse hasta el año 2154.

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes 1 de junio desde la página online de 'Eklipse' y tendrán un coste de 5 euros (más gastos de gestión). La compra incluye gafas homologadas para la observación segura del eclipse, que también se podrán adquirir presencialmente en los puntos de venta que la sociedad pública Nicdo tiene en Baluarte (Pamplona) y el centro comercial de La Morea.

La red oficial de observación ofrecerá 50.476 plazas, que se ubicarán en las localidades de Arguedas (2.000 plazas), Buñuel (650), Cárcar (800), Cascante (1.500), Castejón (2.500), Corella (4.000), Fitero (1.500), Larraga (1.000), Lerín (5.000), Lodosa (5.000), Marcilla (1.000), Mendavia (1.500), Peralta / Azkoien (2.500), Ribaforada (2.526), Tafalla (4.000), Tudela (5.000) y Viana (2.000), además de las zonas de Aguilares (1.000) y El Ferial (1.000), en Bardenas Reales, y el Parque Sendaviva (6.000). Este último será el punto de la red con mayor aforo, y en el que NICDO desarrollará un conjunto de actividades a lo largo de toda la jornada que culminarán con la observación de las Perseidas. Se recomienda que aquellas personas que puedan observar el eclipse desde sus domicilios o lugares cercanos no se desplacen durante ese día, con el objetivo de evitar saturaciones en la red viaria y favorecer una movilidad más segura y sostenible. También que se extremen las precauciones ante las altas temperaturas previstas en pleno mes de agosto, prestando especial atención a la hidratación, la protección solar y la búsqueda de zonas de sombra.

Según trasladan desde Gobierno de Navarra, en todos los puntos oficiales se instalará una zona de información para los visitantes, se controlará el aforo, se dispondrá de aparcamiento habilitado, una programación de actividades divulgativas y culturales (que se irán anunciando en las próximas semanas en la web oficial del proyecto), espacios de sombra y puntos de venta de comida y bebida, servicios básicos (como agua, contenedores para la basura y baños públicos) y dispositivos de seguridad y emergencias coordinados. Además, en algunos puntos de la red existirá la posibilidad de utilizar parking para autocaravanas, zona de acampada habilitada y zonas recreativas para público infantil, como piscina o parque de juegos. Igualmente, varios de los enclaves serán puntos accesibles para personas con movilidad reducida. La información de los servicios de cada punto de la red se puede consultar desde hoy en la web oficial de Eklipse Navarra.

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha explicado en la rueda de prensa posterior a sesión de Gobierno los detalles de la acción y ha destacado “el importante trabajo de coordinación interdepartamental desarrollado durante meses para afrontar un reto organizativo sin precedentes en Navarra”. En la preparación de esta planificación, coordinada por la sociedad pública NICDO, han participado, además de la Dirección General de Innovación, las unidades del Gobierno competentes en materia de Interior, Marca Navarra, Salud, Cohesión Territorial, Educación, Turismo y Medio Ambiente. Asimismo Garcia ha querido poner en valor la colaboración inter administrativa, destacando la implicación de los ayuntamientos que se han sumado a esta red oficial, colaborando activamente en la preparación de espacios y servicios para garantizar una acogida adecuada durante la jornada del eclipse, y ha agradecido también la cooperación de la Delegación del Gobierno en Navarra en la cobertura de seguridad de la jornada.

La campaña institucional que ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra se desarrollará en dos fases, la primera durante el mes de junio y la segunda comenzará a mitad de julio, pretendiendo tener impacto a través de prensa diaria, medios digitales, emisoras de radio, televisiones, revistas locales, soportes publicitarios de transportes públicos y redes sociales.

La regulación del mercado de la vivienda en Navarra sigue teniendo su reflejo en los precios del alquiler. En los 21 municipios que fueron declarados el año pasado como zonas de mercado residencial tensionado el precio de los alquileres ha caído un 7%, pasando de los 837,6 euros de media a los 778,3 euros.

Así lo ha celebrado la consejera navarra de Vivienda, Begoña Alfaro, que sin embargo ha añadido que “no es la panacea”. “Dijimos desde el principio que esta medida no iba a rebajar de forma escandalosa los precios, sino que iba a servir para contener la sangría”, ha apuntado para añadir que, mientras en la Comunidad de Madrid los precios se han disparado “un 10%” en la comunidad foral se ha logrado que desciendan “levemente”.

El Gobierno de Navarra declaró en mayo del 2025 a Pamplona, Tudela y otros 19 municipios que concentran el 70% de la población de la comunidad foral como zonas de mercado residencial tensionado. Esta declaración implicó que en esas localidades se impulsaran medidas para facilitar el acceso a la vivienda, como por ejemplo el tope al precio de los alquileres, que se comenzó a aplicar en julio de ese año, hace ahora 11 meses.

En ese periodo de tiempo el precio medio del alquiler ha caído un 7%, según los datos recogidos en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra (RECA), que es de inscripción obligatoria en la comunidad foral. Además, en el último trimestre han bajado un 1,8%.

En el otro lado, en las localidades fuera de la zona de mercado tensionado el precio medio alcanzó los 600,3 euros, registrando un ligero incremento del 3,2% comparado con el mismo trimestre de 2025.

Caen ligeramente los nuevos contratos

Respecto al número de nuevos contratos de alquiler formalizados en el primer trimestre del año, estos ascendieron a 951, manteniéndose un nivel de actividad “muy parecido” al del trimestre anterior en el que se formalizaron 956. De ellos el 89% (843) se encuentran en los 21 municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado. 

En relación con el descenso registrado respecto al mismo trimestre del año anterior, en el que se registraron 1.135 contratos, la consejera Alfaro ha explicado que esto es debido “por un lado, a que la declaración de zona de mercado residencial tensionado dota de una mayor estabilidad al mercado del alquiler debido a que la limitación de precios hace que aumenten las prórrogas y se firmen menos contratos nuevos. Esto provoca una estabilidad para las familias inquilinas y una mayor seguridad jurídica para las personas inquilinas y propietarias”. 

Por otro lado, la consejera ha reconocido que “puede existir un porcentaje de contratos de temporada que no esté siendo registrado a pesar de su obligatoriedad”. En este sentido ha recordado que Navarra va a regular el arrendamiento de habitaciones y los contratos de alquiler de temporada al objeto de evitar los posibles abusos que se puedan dar a través de estas figuras para evitar la limitación de precios que existen en las zonas de mercado tensionado declaradas.  

Según datos del RECA, por tipología, el 91,4% de los nuevos contratos corresponden a vivienda habitual y el 8,6% a alquiler de temporada, manteniéndose estable la proporción de contratos de alquiler temporal registrados respecto al cierre del año anterior. Según ha apuntado la consejera muchos contratos se registran fuera de plazo y ha recordado que todos los contratos de arrendamiento deben incluirse, por ley, en el Registro del Alquiler de Navarra.

“A día de hoy en nuestros registros de contratos de alquiler están inscritos casi 22.000 alquileres, a los que hay que sumar los 5.669 de alquiler social. Es decir, estamos hablando de más de 27.500 alquileres en Navarra”, ha explicado Begoña Alfaro. Según datos del Gobierno navarro, en torno a un 30% de las viviendas que están en el mercado del alquiler son propiedad de grandes tenedores.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, el socialista Javier Remírez, ha propuesto este viernes reformar la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, para eliminar varias limitaciones para la convocatoria de elecciones anticipadas. La propuesta llega apenas una semana después de que se viviese la mayor crisis entre los socios del Gobierno de María Chivite por el blindaje a los conciertos educativos y de que se llegase a plantear la posibilidad de un adelanto electoral, para el que existían dudas jurídicas.

Y es que el Amejoramiento navarro recoge en su artículo 30 que la presidenta no puede disolver el Parlamento “durante el primer periodo de sesiones, ni cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura, ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura, ni tampoco antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución”. El Ejecutivo foral encargó un informe a los servicios jurídicos para saber cuándo se considera que finaliza la legislatura.

Ahora, el Ejecutivo plantea eliminar esas limitaciones para equiparse a las que existen para la convocatoria anticipada de unas elecciones generales, en las que únicamente se limita a la no existencia de una moción de censura en trámite, haber transcurrido menos de un año desde disolución, y haber consultado previamente al Consejo de Ministros.

El vicepresidente y portavoz, Javier Remírez, ha comparecido este viernes en la ponencia parlamentaria en la que se analiza una posible modificación del Estatuto navarro, que de producirse debería ser negociada entre los Gobiernos navarro y central. Posteriormente, el acuerdo tendría que ser ratificado en el Parlamento Foral y en el Congreso de los Diputados.

Durante su intervención también ha propuesto que no sea necesario ser parlamentario para presidir la comunidad foral. Para ello sería necesario cambiar el artículo 29, que señala que la persona que presida Navarra “será elegido por el Parlamento, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey”. Remírez ha planteado eliminar este requisito recordando que para ser presidente del Gobierno de España únicamente se requiere ser español, mayor de edad, y disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.

Remírez también ha propuesto incluir en la LORAFNA los derechos sociales, incorporando el derecho a la salud, a una vivienda digna, a la educación infantil y a servicios sociales. También el derecho a una buena administración, a la protección de datos, al acceso a nuevas tecnologías y a la transparencia institucional. Igualmente, ha planteado reconocer el derecho a un medio ambiente equilibrado, al desarrollo sostenible o a la promoción de energías sostenibles.

Se ha mostrado partidario de igual forma de incorporar la igualdad entre hombres y mujeres para que “pase a configurarse como un principio general de toda actuación pública de las instituciones de la comunidad foral”.

El portavoz del Gobierno navarro ha defendido en todo caso que la eventual modificación del Estatuto se debe basar en “un espíritu de búsqueda de un consenso, si no unánime, sí inmensamente mayoritario, e igualmente con una vocación de permanencia”.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

El Gobierno de Navarra, a instancias de la Dirección General de Políticas Migratorias, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de ayudas por nacimiento del Ayuntamiento de Valtierra, gobernado por UPN, para este año 2026 por considerar que sus bases conllevan la vulneración del principio fundamental de igualdad y no discriminación al exigir un mínimo de 20 años de padrón para acceder a la ayuda. 

Se trata de la misma convocatoria de ayudas cuya legalidad ya fue cuestionada el año pasado por el Consejo de Navarra- el máximo órgano consultivo de la comunidad foral- por ser discriminatoria. El alcalde del municipio, el regionalista Manuel Resa Conde, ya ha sido llevado a la Fiscalía por unas declaraciones en las que se opuso a la acogida de los menores migrantes no acompañados y en las que instaba, entre otras cosas, a ir “a degüello” contra ellos.

La vicepresidenta tercera y Consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha calificado esta convocatoria como “un claro ejemplo de políticas con un marcado carácter racista, supremacista y xenófobo que vulneran los más elementales principios fundamentales, ejerciendo un evidente trato discriminatorio a una parte importante de la población de Valtierra. Ante ello – ha explicado la vicepresidenta-, el Gobierno de Navarra seguirá utilizado todos los medios a su alcance para evitar que se genera una ciudadanía de primera y otra de segunda, ahondando en las desigualdades existentes. 

La convocatoria, publicitada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el 9 de abril de 2026, establece entre sus requisitos que al menos uno de los progenitores deberá estar empadronado en Valtierra de forma ininterrumpida durante los 20 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda de nacimiento. Además, se solicita que los menores permanezcan empadronados durante 20 años ininterrumpidos en la localidad.

La convocatoria de ayudas por nacimiento del Ayuntamiento de Valtierra para este año 2026 tiene similares características a la aprobada para el año anterior, y sobre la cual el Consejo de Navarra, a instancia del Gobierno de Navarra, emitió un dictamen que cuestionaba la adecuación de dicha convocatoria al ordenamiento jurídico. 

Desde la Dirección General de Políticas Migratorias se considera que los requisitos, analizados conjuntamente, pueden generar efectos excluyentes sobre determinados colectivos, en particular personas de origen migrante o con menor arraigo temporal en el municipio, a pesar de que tengan su residencia habitual en él.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha evitado romper su Gobierno de coalición a pesar de que su principal socio, Geroa Bai, ha votado con UPN el blindaje a la concertada. Los dos, además de EH Bildu, han aprobado una proposición de ley foral presentada por los regionalistas a la que se le han añadido unas enmiendas presentadas por la coalición abertzale para incluir una moratoria de un año a la resolución del Departamento de Educación de no renovar el concierto a 14 líneas de la red privada.

La brecha que ha estado a punto de llevarse por delante el Gobierno navarro surgió hace unas semanas cuando el consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, anunció que no se renovaría el concierto a 14 líneas para que la caída de la natalidad no se cebara con la red pública, la que más se resiente con el descenso de matrículas porque el sistema de renovación de conciertos se da cada cuatro años cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente.

La medida contó con el rechazo de UPN, PP y Vox, pero también con el del socio del PSN en el Ejecutivo Geroa Bai y el de EH Bildu, socio presupuestario. ¿El motivo? El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

UPN presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de ley foral, que se ha debatido este jueves, para blindar los conciertos educativos revirtiendo el cierre anunciado por Educación. Geroa Bai amagó con apoyarla a pesar de que en el acuerdo programático de legislatura pactado con los socialistas en 2023 para investir a Chivite presidenta se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”. EH Bildu también se mostró abierto a apoyar la ley de los regionalistas.

Así, durante semanas los socios del Gobierno navarro han estado negociando un acuerdo que evitase una importante crisis del Ejecutivo. El miércoles, a menos de 24 horas de que se votase en el pleno la ley de UPN, alcanzaron un acuerdo de mínimos que a las pocas horas Geroa Bai dio por roto porque no se daban “las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, donde se han preinscrito 31 alumnos y, según las ratios, le corresponde una única aula de 25 alumnos, quedándose así fuera seis.

La coalición de PNV y Socialverdes pidió al PSN que rectificase y desdoblara una segunda aula de tres años en la citada ikastola, cuestión que los socialistas rechazaron por no llegar a la ratio mínima por un alumno.

Y así se ha llegado al pleno de este jueves. PSN y Geroa Bai han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo in extremis y las negociaciones han quedado totalmente rotas. En el pleno se ha aprobado la proposición de ley presentada por UPN pero a la que se le han añadido unas enmiendas de sustitución presentadas por EH Bildu. Así, se ha aprobado una moratoria de un año al cierre de las 14 aulas de la concertada y derogar la resolución aprobada por el Departamento de Educación que incluía el cierre de las aulas.

“Están pidiendo que se financien aulas de la privada vacías y que tienen menos ratios que las de la pública”, le ha reprochado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, a la oposición, así como a sus socios de Geroa Bai y a EH Bildu.

De esta forma las relaciones entre los socios han quedado tocadas, pero Chivite ha evitado que la mayor crisis de gobierno desde que es presidenta haya terminado con una ruptura de su Ejecutivo. El PSN ha emplazado a sus socios a una reunión para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

El acuerdo que este miércoles habían alcanzado in extremis PSN y Geroa Bai sobre la concertada para evitar una grave crisis interna entre los socios del Gobierno de María Chivite ha saltado por los aires en cuestión de minutos. La coalición de Socialverdes y el PNV dice ahora que ve “peligrar” el acuerdo por las discrepancias surgidas a la hora de plasmar “negro sobre blanco” lo pactado en relación con la ikastola de Estella, una de las afectadas por el cierre de aulas anunciado por el consejero Carlos Gimeno, motivado por la caída de la natalidad, y que ha propiciado la brecha entre los socios.

Este jueves se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años. Geroa Bai, que había amagado con apoyarla porque afectaba a varias ikastolas, alcanzó un acuerdo este miércoles con el PSN para no hacerlo. Pero ahora, desde la coalición aseguran que “no se dan garantías suficientes para el cumplimiento de los acuerdos que Geroa Bai había puesto encima de la mesa”. “A estas horas y ante la posición del PSN, desde Geroa Bai no vemos posible llegar a un acuerdo antes del pleno de mañana, salvo cambio de postura del PSN”, apostillan.

Según informa Geroa Bai la discrepancia ha surgido en torno a la ikastola de Estella, en la que seis alumnos no han sido admitidos porque Educación únicamente ha renovado el concierto para un aula de 25 alumnos, cuando recibieron 31 solicitudes. Geroa Bai ha exigido que se concierte una segunda aula, cuestión que el PSN rechaza con la actual demanda de plazas porque ello implicaría que esta escuela privada contase con mejores ratios que la pública. En el acuerdo alcanzado el mediodía de este miércoles se incluyó el siguiente punto: “Se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

“En lo referido a las dos aulas que solicita la ikastola de Lizarra con 31 preinscripciones, a requerimientos de esta coalición y a la hora de formalizar el acuerdo, negro sobre blanco, nos encontramos con que la voluntad y propuesta del PSN dista con mucho de la solución planteada por Geroa Bai, que ya viene avalada en jurisprudencia del Tribunal Supremo”, sostienen desde Geroa Bai.

El PSN pide a Geroa Bai que “recapacite” y “mantenga su compromiso”

Desde el PSN, por su parte, defienden que habían alcanzado un acuerdo con Geroa Bai que ratifican. Así, piden a sus socios de coalición que “recapaciten y mantengan su compromiso”.

“El PSN no puede aceptar que, una vez cerrado el acuerdo político, se pretenda incorporar al mismo cuestiones que deben ajustarse al marco legal vigente”, apuntan los socialistas.

El consejero de Educación ha declarado en varias ocasiones que la retirada del concierto a las 14 aulas era irreversible y alertó de que la proposición de UPN tiene visos de “inconstitucionalidad” y que de aprobarse obligaría a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, añadió.

El presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde, ha defendido que Uxue Barkos volvería a ser una gran candidata de Geroa Bai para las elecciones a la presidencia foral del año 2027. Barkos, que presidió el Ejecutivo navarro entre 2015 y 2019, volvió a ser la candidata de la coalición de Socialverdes —el partido que ella creó— y PNV en 2019 y 2023, años en los que fue investida la socialista María Chivite con el respaldo de Geroa Bai, que forma parte de la coalición de gobierno. En esta última legislatura, Barkos ha sido designada senadora autonómica por Navarra.

“Barkos sin duda es un valor”, ha aseverado Hualde en una entrevista en Euskadi Irratia, si bien ha matizado que PNV y Socialverdes todavía están “discutiendo” el futuro de la coalición. El presidente del Napar Buru Batzar (NBB) ha asegurado que la intención de su partido es “reconducir las posibles desavenencias” que existen con la formación de Uxue Barkos para que “otra vez la coalición Geroa Bai esté presente en las elecciones forales y municipales de 2027”. “Esperamos tener un acuerdo”, ha apostillado.

Barkos, que impulsó Geroa Bai en 2015 con la que logró presidir el conocido como Gobierno del “cambio”, abrió las puertas al relevo en Geroa Bai en septiembre de 2023 cuando, tras pactar con el PSN que serían ellos quienes designasen a representante del Parlamento navarro en el Senado, decidió ser ella misma quien diera el salto a la Cámara Alta en Madrid.

Así, en 2024 la expresidenta navarra dio un paso a un lado y no se presentó a la reelección como secretaria general de Socialverdes, el partido que ella misma había creado en 2020, y fue elegido en su lugar Pablo Azcona, actual portavoz de la coalición Geroa Bai en el Parlamento de Navarra. Ahora, a falta de un año de que se celebren las elecciones, el PNV vuelve a poner encima de la mesa el nombre de Barkos como posible candidata.

Las relaciones internas en Geroa Bai no han vivido su mejor momento en los últimos años. Por un lado, Aitor Esteban ha decidido reimpulsar al PNV en Navarra, destacando que es la fuerza local más antigua, y, por otro lado, Barkos no comparte grupo en el Senado con sus socios. El PNV precisa de un senador del PSOE, en este caso del PSC, para poder tener presencia propia en la Cámara alta mientras Barkos está en un grupo de izquierdas con fuerzas como Sumar.

Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra va a enviar a la Fiscalía a la fundación Maestro Ávila, una comunidad ultracatólica y vinculada a la extrema derecha en la que están escolarizados 55 menores de entre 3 y 18 años, pese a que el centro “no cuenta con una resolución administrativa estatal que reconozca oficialmente la enseñanza impartida dentro del sistema educativo español”. Así lo ha anunciado este viernes el consejero Carlos Gimeno.

La fundación Maestro Ávila llegó a la localidad de Arguiñano, situada en la Meridad de Estella, en el año 2009. En los últimos años, han ido adquiriendo varios inmuebles, el más reciente el antiguo internado de Andéraz donde ahora imparten las clases. Tras haber recibido varias denuncias por desprotección de menores, EH Bildu ha llevado a la comisión de Educación el caso de esta fundación para que el Ejecutivo explique qué actuaciones planea impulsar.

El consejero Carlos Gimeno, que ha reconocido estar “preocupado” por la situación de los menores, ha lamentado que su Departamento “no puede cerrar” el centro ni “sancionar a las familias que voluntariamente llevan a sus hijos a esas instalaciones aunque estén en edad de escolarización obligatoria” por no tener competencias para actuar al no ser “un centro docente”.

Por ello, ha explicado que va a solicitar una reunión con la Fiscalía de Navarra para “explicarles las competencias del Departamento de Educación” y “con la intención de resolver las posibles irregularidades apreciadas haciéndolo de manera imprescindible por medio de una actuación de la Justicia que pudiera habilitar la actuación del Departamento”.

Gimeno ha detallado que “los responsables de la entidad manifiestan que el citado centro desarrolla su actividad educativa dirigida a estudiantes en edad de escolarización de familias residentes en las localidades de la zona” y que “el centro de estudios atiende a 55 alumnos y alumnas en edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, organizados en cinco agrupamientos correspondientes a los niveles de segundo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato”.

Según ha expuesto, los responsables del centro manifiestan que el centro de estudios “cuenta con un acuerdo de colaboración con un centro educativo privado situado en Michigan”. “Respecto al procedimiento de acreditación académica, se informa que la entidad no expide títulos oficiales con validez académica en el sistema educativo español, limitándose a realizar actividades educativas a distancia con el citado centro y vinculando a la acreditación de su alumnado a la certificación oficial de títulos del sistema de Estados Unidos”, ha explicado Gimeno, que ha añadido que “al finalizar los estudios, el alumnado obtiene un diploma de High School de Michigan, con la posterior homologación ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de España, permitiendo obtener la equivalencia oficial al título de Bachillerato español, una cuestión que se está revisando y podría ser revocada o revisando cuando menos esa homologación”.

En estos momentos, ha comentado, “tienen planteada la posibilidad de constituirse en centro asociado o adscrito al centro de Michigan, tramitando en Navarra la homologación del mismo como centro de enseñanza extranjero”. Y ha aseverado que “a la entidad se le traslada e informa expresamente que la impartición de enseñanzas correspondientes a etapas del sistema educativo de carácter obligatorio requiere la preceptiva autorización administrativa conforme a la normativa vigente”.

“Los responsables del centro de estudio señalan que están trabajando en el proyecto de traslado de la actividad educativa a las instalaciones del antiguo centro privado Andéraz, que refieren haber adquirido recientemente”, ha apuntado el consejero, para apostillar que “no se ha acreditado la validez académica oficial de los estudios impartidos, más allá de los posibles mecanismos individuales de acreditación de su alumnado, vinculando a la certificación oficial de los sistemas de títulos del sistema de EEUU”.

Necesidad de identificar a los menores

La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, por su parte, ha explicado que para valorar una posible situación de desprotección es indispensable poder identificar a los menores que están escolarizados en la fundación para así poder contactar con sus familias. Por ello, también han solicitado la colaboración al Ministerio Fiscal “ya que el Departamento y la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia no tiene competencia para realizar dichas identificaciones”.

Según ha detallado, el Departamento solo tiene capacidad de actuar si tiene conocimiento de una denuncia, “bien sea por parte de familiares, centros educativos sanitarios o servicios sociales” y se interviene si es necesario después de analizar el caso. Con todo, ha dicho que desde el Departamento han trasladado toda la información a Fiscalía, “que ha archivado el procedimiento”. “En cualquier caso, los Servicios Sociales de la zona son conocedores de la situación y todos estamos alerta ante posibles situaciones de riesgo que pudieran identificarse”, ha asegurado.

Navarra se convertirá en las próximas semanas en la primera comunidad en la que el alquiler de temporada y el de habitaciones estará regulado por ley para reforzar la protección de los inquilinos y evitar que haya propietarios que utilicen este tipo de arrendamientos para eludir el tope al precio de los alquileres, que afecta a 21 municipios de la comunidad foral que han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Los socios del Ejecutivo foral (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y EH Bildu han registrado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra que cuenta con los votos suficientes para salir adelante y que será tramitada por la vía de urgencia.

La iniciativa llega después de que el Departamento de Vivienda del Gobierno foral haya detectado en el último año un aumento del número de contratos de temporada “ficticios” para esquivar la regulación de precios en zonas tensionadas, produciéndose así “fugas” de contratos de vivienda habitual hacia fórmulas temporales para eludir la ley. Para hacer frente a esta situación, la proposición de ley establece que los contratos de temporada deberán estar vinculados a causas reales, como motivos laborales, formativos o asistenciales, y debidamente acreditadas. En caso contrario, podrán ser inspeccionados y sancionados por la Administración.

La ley fijará a su vez que estos contratos no podrán superar el año de duración y que, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual, “con todas las garantías legales para la parte arrendataria”, incluido el precio topado por la ley de Vivienda.

“Esta ley garantiza que no exista una vía de escape para quien quiera especular con la necesidad de vivienda de los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra”, defiende el portavoz socialista en Vivienda, Kevin Lucero. “El mercado del alquiler no puede seguir funcionando sin reglas. Estamos viendo cómo se utilizan contratos de temporada fraudulentos para subir precios de forma encubierta”, critica el parlamentario de Contigo/Zurekin Daniel López Córdoba.

Alquiler de habitaciones sujeto a las mismas reglas que el de vivienda habitual

De igual manera se regulará el alquiler de habitaciones para evitar que se utilicen de forma fraudulenta para esquivar la ley de Vivienda y el límite al precio del alquiler. Así, la proposición de ley establece que estos contratos deberán someterse “al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual, incluyendo derechos como la prórroga, límites en la renta o garantías contractuales”.

Asimismo, en las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público, “lo que permitirá mejorar la transparencia, reforzar la inspección y detectar prácticas fraudulentas”.

“Con esta ley ponemos reglas claras para acabar con los abusos y garantizar derechos básicos a la vez que impedimos vacíos legales a aquellos que quieren escaparse de la regulación”, afirma López Córdoba“. ”El derecho a la vivienda debe estar por encima de los intereses especulativos“, subraya el portavoz de Contigo Zurekin.

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, un gasto plurianual de 5 millones de euros destinado a “mejorar la conectividad aérea del aeropuerto de Pamplona”. Se trata del paso previo para promover una nueva licitación pública, después de que la anterior quedase desierta, para atraer operadores interesados en ofrecer vuelos a destinos nacionales, y no internacionales como en la anterior licitación, desde la capital navarra. El objetivo es poder poner en marcha estas conexiones antes de que finalice el año. 

El Ejecutivo foral ha replanteado en los últimos meses su estrategia para mejorar la conectividad aérea de Navarra, con la finalidad de promover un procedimiento ajustado a la coyuntura internacional y más atractivo para las empresas interesadas en optar a la licitación, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola. Como punto de partida, ha aumentado en un millón de euros el presupuesto inicialmente destinado a este objetivo, cifrado anteriormente en 4 millones. 

“Las novedades respecto a la licitación anterior es que contamos con 1 millón de euros más que en la propuesta anterior y que, dado el contexto internacional, se centrará en conexiones nacionales, ya que nos parece más prudente en la realidad actual”, ha resumido Esnaola. Según ha expuesto, el contexto “no es favorable” para explorar otras conexiones internacionales, dada la falta de aeronaves, la dificultad de abastecimiento de piezas y los conflictos bélicos actuales, que han provocado el cese de operaciones aéreas internacionales por problemas de suministro de combustible, en el caso de algunas aerolíneas europeas, además de un aumento del cierre de espacios aéreos. 

Previsiones nacionales optimistas

En cambio, para la temporada de verano de 2026, las aerolíneas en España han programado un incremento de plazas que oscila entre el 5,7% y el 10,5% respecto al año anterior, dependiendo de la compañía y el tipo de ruta. Según ha explicado la consejera, este aumento se produce porque, a pesar de la incertidumbre geopolítica, el sector afronta la campaña con optimismo debido a la fuerte demanda de conectividad aérea interna.

“Por todo ello, consideramos que, en el corto plazo, es más adecuado y factible reorientar el planteamiento inicial, aportar mayor financiación a la licitación para adecuarla a mercado y centrarnos en las conexiones nacionales que fueron consensuadas en la Mesa de Conectividad, considerando al menos alguno de ellos la condición de HUB internacional, como ya se hiciera en la licitación anterior”, ha indicado Esnaola, destacando el hecho de que estos destinos nacionales abran también la puerta a conexiones internacionales. 

Según la revisión realizada, el Gobierno de Navarra plantea dedicar a este nuevo contrato un total de 430.000 euros en 2026 y 2.285.000 euros para cada uno de los ejercicios de 2027 y 2028. La previsión es que la convocatoria se licite en las próximas semanas a través del Portal de Contratación de la Unión Europea.

“Estamos trabajando con determinación y con prudencia en este compromiso, que es transversal e interdepartamental, con especial esfuerzo en esta nueva licitación del departamento de Cohesión Territorial, así como los de Turismo o Industria. Seguimos avanzando en la tarea de mejorar la conectividad aérea de nuestra comunidad con la intención de que este 2026 Navarra cuente con nuevas conexiones”, ha indicado Esnaola.

Primera licitación pública de vuelos

Se trata de la primera vez que un Gobierno de la comunidad coral recurre a la licitación pública para la mejora de la conectividad aérea, con la finalidad de responder a una demanda histórica para que el aeropuerto de Pamplona cuente con más vuelos estables. 

El Gobierno de Navarra viene trabajando desde hace un año en la captación de vuelos a través de la Mesa de la Conectividad Aérea, un espacio de trabajo de colaboración público-privada constituido en mayo de 2025 con el objetivo de mejorar las conexiones del aeropuerto de Pamplona como una cuestión estratégica para el desarrollo económico y turístico de la Comunidad Foral. La mesa está conformada por representantes del Ejecutivo navarro, la empresa pública AENA (siglas de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), el Ayuntamiento de Pamplona y agentes de la sociedad navarra del sector empresarial (CEN, Cámara de Comercio, AIN), turístico (AEHN, ANAPEH) y de las universidades (UPNA, UNAV).

Las nuevas conexiones aéreas pretenden satisfacer intereses sociales, turísticos, empresariales y universitarios. Se trata de vuelos directos a destinos nacionales, que a su vez conectan Navarra con vuelos nacionales, europeos e intercontinentales. 

Un informe del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra alerta de que la proposición de ley que ha presentado UPN en el Parlamento foral para blindar los conciertos educativos en las 14 aulas de Infantil a las que se les va a retirar por la caída de la natalidad, que Geroa Bai y EH Bildu han amagado con apoyar, tiene “visos de inconstitucionalidad”. El consejero, el socialista Carlos Gimeno, ha advertido a sus socios que, de ser aprobada, tendría “gravísimas consecuencias” para el sistema educativo y para las familias. “Obligaría a rehacer el proceso de matrícula y podrían perder la plaza que ya tienen adjudicada”, ha alertado

Carlos Gimeno ha señalado que “existen serias dudas” sobre si la propuesta del partido regionalista “es acorde al ordenamiento jurídico vigente” y ha considerado que resulta “incomprensible que haya quien esté dispuesto a aprobar una ley que podría estar en contra de la Constitución”. “Es el mundo al revés y una perversión absoluta del sistema”, ha reprochado el consejero, que ha calificado la proposición de ley de “despropósito”.

Según ha explicado, UPN pretende con esta ley reducir las ratios en la educación concertada y al mismo tiempo mantener el próximo curso las unidades públicas y concertadas existentes en el curso actual. De forma, ha añadido, “que haría imposible la ampliación de nuevas unidades afectando gravemente al proceso de admisión de alumnado para el curso 2026-2027 que ya está muy avanzado”.

Tal y como ha alertado, si se aprobara la proposición de ley de UPN, Educación debería rehacer la adjudicación definitiva de puestos escolares en 1º de Infantil (aulas de 3 años) de centros concertados aplicando una ratio máxima de 23 alumnos/as por aula en vez los 25 estipulados ahora en la normativa, lo que significa que las vacantes disponibles en la mayoría de los centros concertados se reducirán y habrá alumnado que al tener que repetirse el proceso de admisión no va a tener la plaza escolar previamente adjudicada con carácter definitivo. “El número total de afectados es impredecible” ha anunciado el consejero, “puesto que, al tener que volver a resolver las admisiones, todas las solicitudes entrarían en juego con muchas menos plazas disponibles”.

Tras ello, el consejero ha subrayado que tiene la “mano tendida a propuestas que puedan estar dentro del contexto de la legalidad” y que está “abierto a planteamientos y acuerdos, pero la proposición de UPN va a perjudicar a más personas que las que pretende ayudar”. “La proposición es absolutamente incoherente, tiene una carencia de sentido absoluta y es un claro despropósito. Por intentar recuperar 15 unidades concertadas que no son necesarias para el sistema educativo se genera una incertidumbre para las 377 unidades restantes”, ha asegurado.

Carlos Gimeno ha planteado “que trasladen Geroa Bai, UPN y EH Bildu las propuestas que consideren oportunas”. “Nosotros lo que hemos hecho es aplicar una resolución de conciertos en el marco estricto de la ley ante una bajada demográfica ostensible para que la escuela pública no pierda peso”, ha dicho, para cuestionar si otros grupos “pretenden blindar la educación concertada”.

El consejero ha afirmado que “ha habido reuniones a alto nivel” entre los socios de Gobierno, aunque él no ha participado en ellas. “La idea es que se va a trasladar una propuesta, entiendo que será en el marco legal, y estamos expectantes, esperando, con toda la predisposición”, ha asegurado.

Uno de cada cinco jóvenes migrantes que viven en Navarra denuncia haber sido discriminado en algún momento de su vida. Así se recoge en el estudio 'Juventud y movimientos migratorios. Trayectorias de movilidad residencial, identidades y convivencia intercultural de la juventud navarra' elaborado por el Instituto Navarro de la Juventud, que también apunta a que un 11% de la población autóctona ha sentido discriminación, siendo una de cada cuatro personas jóvenes navarras nacidas en el extranjero.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha presentado los resultados del estudio y ha remarcado que “la diversidad no es una excepción, sino una norma con la que ya vivimos en nuestra comunidad. En este sentido, ha explicado que ”casi una de cada cuatro personas jóvenes navarras ha nacido fuera de España y, si ampliamos la mirada, un tercio proviene de familias donde ambos progenitores han nacido en el extranjero“. En la presentación, ha estado acompañada por el director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Txema Burgaleta, y la directora general de Políticas Migratorias, Eva Gurría.

“No vamos a crear una sociedad cohesionada si negamos su diversidad. Y lo conseguiremos reconociéndola, cuidándola y garantizando que nadie se quede atrás por su origen, su lengua o su cultura”, afirmaba refiriéndose a los jóvenes que siguen enfrentándose a discriminación, prejuicios y dificultades de acceso a oportunidades. En esta línea, ha insistido en “impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades, que combatan la discriminación y que sitúen la convivencia intercultural en el centro”.

Para la elaboración del estudio, el Instituto Navarro de la Juventud ha llevado a cabo 701 entrevistas a jóvenes entre 16 y 30 años de los cuales un 68% ha nacido en Navarra, un 7,8% procede de otras Comunidades Autónomas y un 23,9% ha nacido en el extranjero. Además, en cuanto a la ocupación actual, el 52% se encontraba trabajando y un 49% estudiando.El Director Gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Txema Burgaleta, ha descrito el carácter “claramente plural” de la juventud respecto a las creencias religiosas ya que “alrededor de un tercio se identifica como católico, pero destaca un porcentaje muy elevado de personas jóvenes agnósticas, ateas o sin adscripción religiosa, que en conjunto superan el 55%. Algo que ya nos habla de una juventud diversa, plural y con trayectorias muy distintas”.

El estudio también señala que casi tres de cada diez personas jóvenes proceden de familias en las que ambos progenitores nacieron en el extranjero, lo que indica que “la diversidad no es un fenómeno reciente, sino ya plenamente integrado en la estructura social de Navarra. En conjunto, estos datos reflejan que la juventud navarra crece en entornos familiares cada vez más multiculturales, donde conviven raíces locales, nacionales e internacionales” ha afirmado. Respecto a la lengua, “el euskera aumenta su uso fuera del hogar respecto al familiar asociado a contextos educativos y comunitarios”, aunque el castellano “se consolida como espacio común, especialmente en el espacio público”. Por otra parte, “las lenguas de origen extranjero tienden a mantenerse en el ámbito familiar”. En cuanto a la identidad cultural, más de la mitad de la juventud se identifica principalmente con Navarra, la identidad española ocupa el segundo lugar mientras que entre jóvenes de origen migrante adquiere mayor peso la vinculación con la cultura de origen familiar. 

Burgaleta ha declarado que la juventud navarra “está comprometida con valores como la igualdad, los derechos humanos, la solidaridad y la convivencia intercultural, aunque el activismo y el compromiso social aparecen más interiorizados y declarados entre las mujeres”. Además, el estudio remarca que “el compromiso juvenil no se articula únicamente a través de la participación formal o del activismo visible, sino también mediante formas culturales de expresión que, con intensidades diversas, reflejan valores, actitudes y posicionamientos ante el cambio social”.

Finalmente, Eva Gurría, Directora General de Políticas Migratorias ha denunciado que “el colectivo de jóvenes migrantes es quién ha sentido más la discriminación con datos preocupantes de los centros educativos o en los espacios de ocio que son los dos lugares en donde la juventud migrante se ha sentido más discriminada. Casi el 20% de la población joven migrante ha sentido algún tipo de discriminación frente al 11% de la población autóctona, destacando el origen de esta discriminación por la forma de hablar de los migrantes, por la religión o creencias o por la forma de vestir, algo en consonancia con los estudios de discriminación que se dan en otros lugares”.

A pesar de esos datos, Gurría ha concluido que “la población joven migrante está, mayoritariamente, bien integrada en la sociedad navarra si bien es cierto que hay numerosos puntos de mejora y que los comportamientos de rechazo a ellos y ellas es muy superior que los que sufre la juventud autóctona. Es un campo en el que debemos seguir trabajando porque, como he dicho al principio, la integración de los hijos e hijas de personas migrantes es una preocupación, un reto y una oportunidad para este gobierno”.

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado este jueves que “nunca” se ha planteado dimitir por la situación en el sistema sanitario, después de que decenas de profesionales del Hospital Universitario de Navarra se negasen a hacer horas extra, y ha afirmado que “el capitán es el último que abandona el barco”.

“Yo he dicho públicamente y en el Parlamento que me iré por problemas personales, por problemas familiares, cuando la presidenta de mi partido -forma parte de Geroa Socialverdes, integrado en Geroa Bai- o la presidenta del Gobierno consideren que me debo de ir. Mientras tanto, tengo que aguantar y sobre todo porque en esta situación no quiero abandonar, realmente el capitán es el último que abandona el barco”, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press.

El consejero ha explicado que este miércoles se reunió con los jefes y jefas de los servicios del Hospital Universitario de Navarra “en una reunión que transcurrió en un buen ambiente” y ha valorado que “se acordó entre la mayoría de los allí presentes” seguir “trabajando para desatascar esta situación”. “Nosotros pondremos a disposición de los jefes y de los profesionales las herramientas de gestión que precisen para hacer más eficiente el trabajo y para facilitarles el trabajo”, ha explicado.

Por otro lado, ha explicado que el Departamento se ofreció “a seguir manteniendo reuniones individualizadas con los servicios”. Por el momento, no hay fechas para estas nuevas reuniones.

El consejero ha apuntado además que en el encuentro de este miércoles “surgieron una serie de temas” que ha querido “puntualizar” públicamente. “En primer lugar, quiero decir que cuando hablo de que los profesionales son el principal valor del sistema sanitario, me refiero, lógicamente, a todos los profesionales, pero también al colectivo médico, por el que realmente tenemos un gran respeto y un reconocimiento a la labor que están haciendo”, ha subrayado.

Por otro lado, ha afirmado que “está claro que el sistema sanitario tiene unos problemas de accesibilidad” , pero ha matizado que es “uno de los mejores del país”. “Y lo digo con convencimiento después de conocer varios sistemas”. “Quiero transmitir esa confianza a la ciudadanía de que el sistema nunca fallará ante situaciones de emergencia, de urgencias, de situaciones graves, de patología severas, como oncológicas, neurodegenerativas, etcétera, y tampoco los profesionales van a fallar. Por lo tanto, quiero transmitir esa confianza en los profesionales porque es fundamental para que las cosas discurran con normalidad”, ha destacado.

También ha querido ser, en este contexto, “extremadamente prudente”. “Yo soy el responsable de comunicar lo que ocurre en el Departamento de Salud, y eso lo seguiré haciendo como lo he hecho, como lo estoy haciendo en este momento, pero también tengo que estar alineado con los profesionales y desde ese punto de vista me van a permitir que sea muy prudente, que los debates los llevemos con los profesionales”. “No quiero debatir públicamente con nadie, no quiero la confrontación, lo que quiero es trabajar con aquellos profesionales que realmente, alejados del ruido, de intereses políticos, de intereses sindicales, quieren la mejor calidad asistencial, que es lo mismo que pretendemos nosotros”, ha señalado.

Así, ha afirmado que “el trabajo va a ser exclusivamente” con los profesionales, “que quieren y que persiguen los mismos objetivos” que su Departamento, “que es mejorar la atención sanitaria”.

El consejero ha explicado que habrá nuevas reuniones con los profesionales. “Uno de los acuerdos que tomamos fue reunirnos individualmente con cada uno de los servicios que quieran, porque, lógicamente, todos tienen problemas comunes, pero sí que es verdad que cada servicio tiene unos problemas específicos que hay que abordar también”.

Sobre la decisión de médicos de no hacer jornada extraordinaria, el consejero ha explicado que las jornadas de tarde “son voluntarias” y que no pueden obligar a hacerlas. “Si no tenemos profesionales, lógicamente no se harán, pero nosotros las seguiremos ofertando, porque hay profesionales que sí que quieren hacerlas, tampoco hay unanimidad en todos los servicios y aquellos profesionales que quieran hacerlo podrán hacerlo”, ha apuntado. “Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar la asistencia a la población, garantizándola con derivaciones o poniendo a disposición de la población los medios propios con los profesionales que podamos”, ha afirmado. El consejero ha reconocido que “alguna cita sí que se está anulando”.

Además, ha señalado que lo que le pidieron los servicios en la reunión de este miércoles “fue fundamentalmente mantenernos lejos del foco mediático”. “Ellos comentaron que pretendían seguir trabajando. Nosotros lógicamente cogimos el guante, les tendimos la mano, y trabajar conjuntamente”, ha afirmado, para señalar que él siempre es “optimista, tengo que serlo, necesariamente”.

El Gobierno de Navarra ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las en torno a 10.000 personas que se van a ver afectadas en la comunidad foral por la no convalidación en el Congreso del decreto que prorrogaba los alquileres y ha asegurado que están “cubiertos” por la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

Navarra declaró en 2025 a 21 municipios, entre ellos Pamplona y Tudela, como zonas tensionadas en aplicación de la Ley de Vivienda. Merced a esa norma, en esas localidades el precio está topado, por lo que pese a que el decreto haya decaído en el Congreso, el precio de los alquileres no podrá superar el fijado en cada zona.

“En Navarra los inquilinos y las inquilinas están cubiertos porque el precio está topado y en ningún caso las personas propietarias pueden subir el alquiler por encima del IPC o el precio de referencia en la renovación de los contratos”, ha destacado el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez. Asimismo, el portavoz del Gobierno ha resaltado que “quien haya pedido la prórroga en este periodo, lo ha hecho en base a un decreto completamente legal y en vigor”.

“Lo que puede suceder en Madrid, por ejemplo, que un contrato de 1.500 euros, a su finalización, pase a ascender a 1.800 euros al mes, aquí no es posible”, ha apostillado.

Javier Remírez también ha destacado que el Gobierno foral “ayuda a 6.000 familias a través de los diferentes programas de ayuda para pago de alquiler, como son David y Emanzipa”. “Todas estas medidas, sin duda, dan buena cuenta del impulso que desde el Gobierno de Navarra hacemos del alquiler de vivienda, un alquiler asequible, siendo conscientes de que se trata de una de las necesidades más importantes que tenemos para dar respuesta”, ha indicado.

Remírez ha añadido que, “frente a la poca altura de miras que demuestran tanto UPN como el Partido Popular, como Vox, como Junts, aquí hay un Gobierno que piensa en la gente y piensa que tiene que tener garantizado el derecho a la vivienda digna y asequible”.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha acusado este martes a Geroa Bai, socio del Ejecutivo de María Chivite, de ser “irresponsable” por amargar con apoyar una proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada tras el anuncio de que se retirará la financiación pública a 14 líneas de Infantil por la caída de la natalidad.

“Estamos defendiendo la escuela pública y quizás hay que aclarar la ética de que tienen algunos partidos con respecto a la estética que van mostrando a lo largo del año”, ha señalado el consejero Gimeno, que ha asegurado que Educación está dando cumplimiento al acuerdo programático que PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin firmaron en 2023 para investir a María Chivite y en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Lo que el Departamento ha establecido simplemente es ante una bajada de matrícula, unos criterios absolutamente objetivos en el seno de la ley”, ha defendido el consejero de Educación.

“Esto ha ocurrido toda la vida, cuando la escuela pública perdía unidades, ninguna formación política dijo nada. Ahora tenían la escuela pública como coartada, pero esa coartada ya no está encima de la mesa porque la escuela pública no va a perder unidades”, ha apostillado en respuesta al portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, que este lunes se abrió a apoyar la ley presentada por UPN si Educación no rectificaba el cierre de aulas en la privada. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, dijo.

“Yo creo que se está conversando y se le está proponiendo a Geroa Bai que haga las propuestas que considere oportunas dentro del marco de la ley. Si lo que quieren es hacer otra ley para que encajen sus peticiones de última hora, entiendo que es una irresponsabilidad que genera que la escuela pública pierda peso”, ha defendido Carlos Gimeno.

Así, el consejero ha advertido de que la aprobación de la proposición de ley de UPN obligaría a revisar los conciertos que ya se han aprobado. “Todos los centros que ya tienen un concierto asegurado de cuatro años, que no han perdido ninguna unidad, pueden ver en riesgo esa adjudicación de unidades por mor de una proposición de ley foral”. “Las tres ikastolas excepcionadas, Sangüesa, Lumbier, que tiene una solicitud, y Viana, tienen asegurado un concierto para cuatro años, cuando son centros en grave riesgo de perder el concierto. La ikastola Jaso, que tiene una unidad más, puede ver en riesgo el incremento de esa unidad por la proposición de ley foral”, ha añadido.

El consejero de Educación también ha respondido al portavoz de UPN, Javier Esparza, que le acusó de “intransigencia” por “cerrar” aulas sin la “voluntad” de la mayoría del arco parlamentario. “Si considera la intransigencia como la cualidad de defender la educación pública, lo soy”, ha aseverado Carlos Gimeno.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros.

Geroa Bai, socio del PSN en el Gobierno de Navarra, amaga ahora con sumarse a la oposición y apoyar la proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada después de que Educación anunciase que por la caída de la natalidad, que se ceba especialmente en la red pública, se va a retirar el concierto a 14 líneas de la privada en Infantil. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, ha señalado el portavoz parlamentario de la coalición de Socialverdes y PNV, Pablo Azcona.

Se trata de una proposición de ley que UPN ha llevado al Parlamento foral para que no se dejen de financiar líneas educativas en la red privada y para igualar las ratios a las de la escuela pública. Geroa Bai y el socio presupuestario del Ejecutivo de María Chivite, EH Bildu, que se han mostrado en contra del cierre de aulas en la concertada porque afecta a varias ikastolas, por el momento han permitido con su apoyo que la propuesta de ley sea tramitada por la vía de urgencia, es decir, sin posibilidad de añadir enmiendas. La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha mostrado, sin embargo, confiada en que Educación revierta su decisión. “Hay margen para acordar”, ha apuntado.

En la misma línea se ha mostrado Geroa Bai, que ha considerado un avance “positivo” que el consejero Carlos Gimeno anunciase que finalmente no se cerrarán 19 aulas de 3 años en centros públicos. “Nuestra voluntad es solucionarlo con los socios del Gobierno”, ha explicado Pablo Azcona para añadir que si no se consigue llegar a un acuerdo, abrirán la puerta a apoyar la proposición de ley de UPN.

Desde el PSN, principal socio del Gobierno de Navarra, su portavoz, Ainhoa Unzu, ha alertado de que la propuesta de los regionalistas tiene “claros tintes de ilegalidad” y han anunciado que van a solicitar al Consejo de Navarra, junto con el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, un informe que determine si lo que plantea UPN es legal. “Vamos a seguir defendiendo la escuela pública, aunque a veces nos quedemos en minoría, porque preferimos quedarnos solos defendiendo lo correcto”, ha aseverado Ainhoa Unzu, que ha recordado que en el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Según estos mismos datos, tan solo seis solicitudes en ikastolas se han quedado sin su primera opción y que el 98% del alumnado ha entrado en su primera opción.

Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros. “¿Un partido que se denomina de izquierdas puede apoyar esto? ¿Alguien que está hablando de igualdad y justicia social puede apoyar una operación diseñada para privilegiar a quien ya parte de una situación más favorecida?”, ha planteado la portavoz socialista.

El Hospital Universitario de Navarra se ha incorporado a la red de Mamás en Acción, asociación dedicada a acompañar a niños y niñas hospitalizados sin un adulto de referencia, convirtiéndose en centro número 54 en formar parte de esta “cariñoterapia”.

La presentación oficial del proyecto ha tenido lugar en el propio hospital y ha reunido a la presidenta y fundadora de Mamás en Acción, Majo Gimeno, a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y al presidente del Grupo Cinfa, Enrique Ordieres, compañía farmacéutica con sede en Pamplona que ha impulsado y financiado la llegada de la organización a Navarra.

“No hay nada más duro que un niño enfermo y solo en un hospital”, ha señalado la presidenta de la asociación, que atiende a menores tutelados, víctimas de violencia y aquellos niños que sufren una situación de especial vulnerabilidad. Según explican, puede ser voluntario “cualquier persona que sea capaz de dar cariño”. A través del acompañamiento, los niños se recuperan mejor y facilitan el trabajo del personal médico y sanitario. Incluso, en los casos en el que un menor haya sido víctima de maltrato, evita los patrones agresivos adheridos a la agresión al “ser inoculados con cariño en el proceso de recuperación”.

En su intervención, Chivite ha definido el proyecto como “una forma de entender la sociedad basada en el cuidado, la empatía y el compromiso con quienes más lo necesitan”, un prisma que, según ha dicho, se comparte desde el Departamento de Salud y Gobierno navarro. “Parte de la terapia y el tratamiento durante el ingreso en un centro sanitario es que los niños y niñas se encuentren en un entorno amable, y el juego, la tranquilidad y la seguridad de sentirse acompañados es esencial”, ha afirmado la Presidenta, y definía el trabajo de esta iniciativa como de “un valor incalculable”. “A veces, el gesto más pequeño puede tener un impacto enorme en la vida de alguien”.

Para la integración del sistema, “se ha establecido un procesidmiento ágil y accesible que permite a cualquier profesional” activarlo si lo es necesario para garantizar “una atención cercana y personalizada”. “Los trabajadores sociales sanitarios juegan un papel clave en la evaluación de la situación sociofamiliar y las necesidades específicas de cada caso, determinando la idoneidad de la familia para acceder a este voluntariado o, en su defecto, ofreciendo alternativas adecuadas que aseguren el bienestar integral del paciente”, explican desde Gobierno de Navarra.

Además, este convenio de colaboración entre la asociación y el Hospital Universitario de Navarra “reafirma su compromiso con la humanización de la asistencia sanitaria”, que a su vez “amplía su oferta de voluntariado”. Mamás en Acción supera en Navarra los cien voluntarios desde que se abrió el plazo el pasado mes de marzo, siendo más de 3.000 personas voluntarias en todo el país.