Esta semana los termómetros en Castilla-La Mancha han llegado marcar máximas entre los 35 y los 38 grados en algunas zonas de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. Son temperaturas más altas de lo normal para el mes de mayo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha anunciado hasta la fecha ninguna medida extraordinaria para combatir el calor en las aulas, a pesar de que los sindicatos llevan varios años reclamando medidas.

Fuentes del departamento de Educación consultadas este medio se han limitado a explicar que siguen “las indicaciones que se dan desde Protección Ciudadana ante los episodios de calor y en función de nivel de alerta”. Desde la Consejería de Administraciones Públicas, responsable de la protección civil a la que se alude, tan solo señalan su papel en ofrecer “consejos de autoprotección ante el riesgo de altas temperaturas a la ciudadanía en general y que aparecen en la página del Servicio 112”.

El pasado 13 de mayo, el Gobierno regional recordó que tiene en marcha un Plan de Climatización para mejorar el confort térmico y la adaptación climática de los centros educativos públicos y que en lo que va de legislatura se han “destinado o comprometido” casi 45,4 millones de euros “para actuaciones orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático y una transición energética”, en el marco del Programa FEDER Castilla-La Mancha 2021-2027.

“Es un problema recurrente”

Los sindicatos lo consideran insuficiente. UGT ha reclamado durante esta semana a la Consejería de Educación que tome “medidas urgentes” que incluyan especial atención al alumnado vulnerable y al personal sensible, así como el desarrollo “claro” de un protocolo de actuación para toda la comunidad educativa.

Alerta de la “grave situación térmica” que están soportando numerosos centros educativos de la región durante este final del mes de mayo, con temperaturas “absolutamente impropias” para esta época del año y que “ya están afectando directamente al bienestar y la salud de alumnado y de los trabajadores y trabajadoras”.

Además, sugiere que “se trata de un problema recurrente que cada año afecta durante más semanas del curso”. UGT recuerda que el Real Decreto 486/1997 establece que en trabajos sedentarios en espacios cerrados la temperatura debe mantenerse entre 17ºC y 27ºC, pero casi 30 años después de la publicación de esta norma, y pese al Plan de Climatización, la realidad es que “miles de alumnos y docentes continúan impartiendo clase en aulas sin climatización adecuada, con ventilación insuficiente y sin protocolos claros de actuación”.

En una línea similar se ha pronunciado CCOO que pide cambiar los horarios y eliminar la jornada lectiva de tarde en la provincia de Guadalajara, de forma específica, tras corroborar en un informe con datos de AEMET que ya en 2025 se superó el umbral de calor en las aulas de numerosos centros, en una situación que podría estar repitiéndose este año.

De hecho, el sindicato está recopilando nuevos datos y si se confirma la misma situación presentará denuncia ante la Inspección de Trabajo.

La Federación de Enseñanza de CCOO Guadalajara ha registrado un escrito ante la Delegación provincial de Educación solicitando que se adopten “medidas inmediatas”, antes del inicio del mes de junio, y también a corto y medio plazo, frente al calor “extremo” en los centros educativos.

Junto a este escrito, CCOO ha presentado a esta administración educativa el informe 'Calor en las aulas de Guadalajara. Impacto climático, consecuencias educativas y laborales y exigencias sindicales de CCOO', en el que se recogen datos de la AEMET que acredita que en junio de 2025 se superó el umbral legal de 27ºC en las aulas y que se registraron 25 días con temperaturas superiores a 30ºC, de los cuales 12 superaron los 35ºC y 3 los 38ºC.

Según el sindicato, estas condiciones de calor en los centros educativos de la provincia durante el mes de junio constituyen “un incumplimiento sistemático de la normativa vigente de prevención de riesgos laborales y vulneran el derecho a la educación en condiciones de igualdad”.

El Real Decreto 486/1997 sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo fija en 27ºC la temperatura máxima admisible para actividades sedentarias, exactamente las que se realizan en un aula. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empleador, en este caso la Administración educativa, a evaluar y corregir ese riesgo.

Hasta 22 centros superaron el umbral de riesgo en 2025

Con los datos de junio de 2025 ese umbral se superó de 25 a 30 días en los municipios de mayor riesgo de la provincia. El informe identifica 22 municipios con centros educativos o cabecera de CRA en situación de riesgo alto, muy alto o máximo, Así, los municipios del Valle del Henares, Guadalajara, Azuqueca de Henares y Alovera, figuran en la categoría de riesgo máximo. Les siguen Cabanillas del Campo, Marchamalo, Yebes, Fontanar y Villanueva de la Torre en riesgo muy alto.

Por ello, CCOO exige a la Delegación Provincial de Educación actuaciones en tres plazos. Uno de ellos inmediato (antes de junio 2026), durante el que se firme un protocolo escrito y vinculante de actuación ante calor extremo, con medidas escalonadas desde los 27ºC hasta los 35ºC; modificación de jornada en días de alerta Aemet con entrada anticipada a las 8.00 horas y salida adelantada a las 12.00 horas y suspensión de la jornada de tarde en centros con jornada partida en municipios de riesgo máximo; y activación de docencia no presencial como medida de emergencia climática.

A corto plazo (antes del curso 2026-2027), el sindicato reclama un inventario provincial de centros sin climatización o con climatización insuficiente, con participación sindical y publicación de resultados; y evaluación de riesgos por estrés térmico en todos los centros de municipios de riesgo alto, muy alto y máximo.

En el medio plazo (plan 2026-2030), CCOO demanda un plan plurianual de rehabilitación y climatización con dotación presupuestaria específica, priorizando el Valle del Henares, los edificios más antiguos y los centros con mayor índice de vulnerabilidad socioeconómica; y mesa técnica de seguimiento con participación sindical.

No descartan denuncia ante la Inspección de Trabajo

Asimismo, CCOO anuncia que va a poner en marcha de forma inmediata una campaña de recogida de datos en los centros educativos de los municipios de mayor riesgo para documentar las temperaturas en las aulas durante el mes de junio y “cada caso en que se acredite la superación del umbral de 27ºC sin que se hayan adoptado medidas correctoras será objeto de denuncia ante la Inspección de Trabajo”.

Además, inciden, si la Administración no emite las instrucciones exigidas antes del inicio de junio, CCOO impulsará movilizaciones en los centros afectados.

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha alerta de la “grave situación térmica” que están soportando numerosos centros educativos de la región durante este final del mes de mayo, con temperaturas “absolutamente impropias” para esta época del año y que “ya están afectando directamente al bienestar y la salud de alumnado y de los trabajadores y trabajadoras”.

Durante esta semana, ciudades como Toledo, Ciudad Real, Talavera de la Reina o zonas del valle del Tajo y del Guadiana están registrando temperaturas cercanas o superiores a los 38 y 40ºC, con avisos activos por calor extremo. Diversos medios y previsiones meteorológicas coinciden en señalar que Castilla-La Mancha está siendo una de las comunidades más afectadas por este episodio cálido, apunta el sindicato.

“Se trata de un problema recurrente que cada año afecta durante más semanas del curso”, agrega. UGT recuerda que el Real Decreto 486/1997 establece que en trabajos sedentarios en espacios cerrados la temperatura debe mantenerse entre 17ºC y 27ºC.

Con ventilación insuficiente y sin protocolos de actuación

Pero casi 30 años después de la publicación de esta norma, y pese al Plan de Climatización, la realidad es que “miles de alumnos y docentes continúan impartiendo clase en aulas sin climatización adecuada, con ventilación insuficiente y sin protocolos claros de actuación”.

Por ello exigen a la Consejería de Educación la “aplicación inmediata” de medidas extraordinarias, con especial atención al alumnado vulnerable y al personal sensible, así como “el desarrollo claro de un protocolo de actuación para toda la comunidad educativa y el cumplimiento de la normativa en materia de prevención”.

UGT considera que no puede dejarse toda la responsabilidad en manos de los equipos directivos ni actuar únicamente mediante recomendaciones genéricas.“ La situación climática actual exige instrucciones claras, recursos y respaldo normativo”, concluye.

A mediados de mayo, el Gobierno de Castilla-La Mancha dio el visto bueno a una transferencia de casi 2,7 millones de euros para el plan de climatización en centros de Educación Secundaria y de Educación Especial de Castilla-La Mancha. 

Según el Ejecutivo, hasta la fecha se han realizado, en los años 2023, 2024 y 2025, a través de dicho plan, actuaciones en 104 centros educativos de Educación Secundaria y Centros de Educación Especial, con una inversión total de 3,49 millones de euros.

La Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja exige a la Consejería de Educación y Empleo medidas inmediatas, planificadas y con presupuesto suficiente para garantizar condiciones seguras en los centros educativos ante el aumento de las temperaturas que se van a dar en este final de curso y en las oposiciones docentes, que se inician el sábado 20 de junio de 2026.

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y que es de aplicación y de obligado cumplimiento en todos los centros de trabajo sin excepción, dice en su ANEXO III (Condiciones ambientales de los lugares de trabajo), que “la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares (centros educativos) estará comprendida entre 17 y 27 ºC”.

“Las altas temperaturas en las aulas ya no pueden tratarse como un episodio puntual ni como una simple incomodidad pasajera. Son una realidad cada vez más frecuente, vinculada al cambio climático, que afecta directamente a la salud del alumnado, del profesorado y del resto de trabajadores y trabajadoras de los centros educativos”, subraya CCOO.

Por ello, el sindicato reclama a la Administración riojana que “deje de improvisar y actúe con responsabilidad, previsión y recursos”. “La Consejería debe garantizar que los centros educativos sean espacios seguros también en los meses de mayor calor, especialmente en junio y septiembre, cuando las temperaturas pueden comprometer el normal desarrollo de la actividad lectiva”, reclaman.

Desde CCOO exigen que se permita a los centros, en el ejercicio de su autonomía organizativa y atendiendo a sus características concretas, adoptar medidas urgentes cuando las condiciones térmicas así lo requieran. Entre ellas, la flexibilización horaria, la adaptación de la jornada lectiva, la reorganización de espacios, los agrupamientos necesarios o cualquier otra medida que permita proteger la salud de la comunidad educativa.

Plan regional de adaptación bioclimática de los centros educativos

Pero estas actuaciones puntuales no son suficientes para el sindicato, que pide que la Consejería de Educación ponga en marcha de forma inmediata un plan regional de adaptación bioclimática de los centros educativos, dotado económicamente y con un calendario real de ejecución. Este plan debe partir de un estudio riguroso de las condiciones de cada centro: orientación, antigüedad de los edificios, exposición solar, ventilación, aislamiento, patios, zonas de sombra y situación de las aulas más vulnerables.

CCOO reclama inversiones concretas en aislamiento térmico, cerramientos adecuados, ventilación, climatización cuando sea necesaria, toldos, arbolado, elementos de sombra en los patios y mejora energética de los edificios. “No se puede seguir trasladando la responsabilidad a los equipos directivos, al profesorado o a las familias cuando el problema es estructural y exige una respuesta pública”.

Reclamaciones para las oposiciones docentes

Además, las pruebas de las oposiciones docentes de 2026 comenzarán el sábado 20 de junio, con alrededor de 2500 personas aspirantes, más los tribunales, en unas fechas en las que ya pueden producirse episodios de calor intenso. Por ello, CCOO exige que todos los espacios donde se desarrollen los procesos selectivos cuenten con condiciones adecuadas de ventilación, abastecimiento de agua fría, control de temperatura, zonas de descanso y una organización horaria que evite, siempre que sea posible, las horas de mayor calor.

Las personas aspirantes y los miembros de los tribunales no pueden enfrentarse a pruebas de alta exigencia física y mental en aulas sobrecalentadas. La igualdad de oportunidades también pasa por garantizar unas condiciones materiales dignas y seguras durante todo el proceso selectivo.

CCOO recuerda que la prevención de riesgos laborales obliga a proteger la salud de las personas trabajadoras frente a condiciones ambientales inadecuadas. Por tanto, la Administración educativa no puede mirar hacia otro lado ni limitarse a recomendaciones genéricas. Debe evaluar, prevenir y actuar.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja exigen una actuación urgente antes del verano de 2026 y una planificación a medio y largo plazo que prepare los centros educativos para la nueva realidad climática. Y concluyen: “Adaptar las aulas al calor no es un lujo: es una necesidad inmediata, una obligación preventiva y una inversión imprescindible para el futuro de la educación pública riojana”.

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha dado a conocer el fallo de la XIX edición del Concurso Fotográfico 'Maestro Zenón Garrido', una iniciativa que busca visibilizar, a través de la imagen, las deficiencias estructurales, ambientales y ergonómicas en los centros educativos de la región.

El jurado, ha estado presidido por Lucía Mateos Gorrón y compuesto por profesionales del ámbito educativo, quienes han valorado aspectos como la originalidad, la calidad técnica, la adecuación al tema y la capacidad de las imágenes para generar sensaciones.

En esta edición, las fotografías premiadas destacan por reflejar situaciones de deterioro y falta de mantenimiento en instalaciones escolares, “poniendo el foco en espacios utilizados diariamente por el alumnado y en cómo estas condiciones afectan directamente a la calidad educativa y a la habitabilidad de los centros”, según ha detallado PIDE.

El primer premio, dotado con 300 euros, ha recaído en la fotografía 'Peligro en la pista', de Claudia González Borrallo y Yolanda Ramírez Díaz, del CEIP Los Ángeles de Caminomorisco (Cáceres).

La imagen muestra el estado de la pista deportiva del centro, con un suelo deteriorado, gravilla y condiciones que dificultan la práctica de actividad física y generan situaciones de riesgo para el alumnado.

El segundo premio, dotado con 150 euros, ha sido para la fotografía 'Baños de alumnos sin puertas', presentada bajo el pseudónimo 'El Farraguas', del IES San José de Badajoz.

La imagen denuncia la falta de condiciones mínimas de privacidad e higiene en uno de los baños del centro, “evidenciando una situación que afecta directamente al bienestar del alumnado”.

Desde PIDE han agradecido la participación en el certamen, y han subrayado el “valor de la denuncia fotográfica como herramienta para impulsar mejoras en los centros educativos de Extremadura”.

El concurso pretende llamar la atención sobre estas carencias y contribuir a que se adopten soluciones que garanticen unas condiciones adecuadas para la comunidad educativa. 

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha presentado un calendario de movilizaciones en el marco de una nueva etapa de la campaña, bajo el lema ‘La Sagra Existe, no nos abandonen’, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan numerosos centros educativos “tensionados” de esta comarca.

La organización sindical ha iniciado así una nueva fase de esta campaña con la que pretende mantener el foco sobre la realidad educativa de estos centros y reclamar avances efectivos en las medidas planteadas a la Administración educativa.

Esta nueva etapa llega tras la reunión mantenida hace más de un año, el 5 de marzo de 2025, con la viceconsejera de Educación, Mar Torrecilla, en la que STE-CLM hizo entrega de 1.132 firmas recogidas entre docentes en el marco de la campaña anterior ‘La Sagra Existe’.

Durante este encuentro, el sindicato comunicó una serie de propuestas orientadas a favorecer un reparto más equilibrado de los recursos, así como a impulsar un análisis cualitativo de las necesidades específicas de los centros educativos.

“Trasladamos a la Administración la necesidad de avanzar hacia un reparto más equilibrado de los recursos y de analizar de forma cualitativa la realidad de los centros, para poder dar una respuesta ajustada a sus necesidades”, han señalado desde STE-CLM.

Asimismo, se ha planteado la conveniencia de extender este tipo de medidas a otros centros tensionados de la región, en zonas como Ocaña, Torrijos o el Corredor del Henares. “Estas situaciones no son exclusivas de La Sagra. Existen otros centros en la región con problemáticas similares que también requieren una atención específica”, han apuntado desde la organización sindical.

Medidas planteadas y falta de avances

Entre los pasos contemplados figuraba la creación de una mesa técnica, integrada por directores y directoras, con el fin de establecer criterios en la denominación de centro tensionado y facilitar la aplicación de las primeras medidas compensatorias.

Sin embargo, STE-CLM considera que estos avances siguen sin materializarse. “A día de hoy no se ha puesto en marcha la mesa técnica ni se han desarrollado medidas que den respuesta a las necesidades trasladadas por los centros”. En este sentido, la organización ha insistido en la necesidad de que se produzcan avances efectivos que permitan atender la situación de estos entornos educativos.

Nueva fase de la campaña y movilizaciones

Ante esta situación, el sindicato ha anunciado un calendario de concentraciones en las puertas de los centros educativos durante los meses de marzo, abril y mayo. Además, se recogerán testimonios que se irán haciendo públicos para dar a conocer la realidad que se vive en estos centros.

Estos testimonios se entregarán al consejero de Educación, Amador Pastor, el próximo 28 de mayo, fecha en la que se celebrará, como “colofón final”, una gran concentración educativa en la Sagra, a la que se convocará a toda la comunidad educativa de la zona. “Con esta nueva fase queremos implicar al conjunto de la comunidad educativa y seguir visibilizando la situación que viven estos centros”, han explicado desde el sindicato.

STE-CLM ha subrayado que esta nueva fase tiene como objetivo mantener la atención sobre la realidad que viven los centros tensionados y reforzar la necesidad de adoptar medidas concretas.

“Es necesario que se adopten medidas que garanticen una educación de calidad en aquellos entornos que requieren una atención específica”, han concluido desde la organización. La campaña, han señalado, seguirá activa mientras no se produzcan avances efectivos en las medidas planteadas.

Profesores y alumnos tienen que sortear charcos a la entrada de las aulas, esquivar goteras y realizar sus actividades entre paredes cubiertas de hongos y con filtraciones que avisan de que son tóxicas. Este es el estado en el que la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato mayoritario en la enseñanza en Galicia, denuncia que está el centro integrado de Formación Profesional (CIPF) Manuel Antonio de Vigo.

La CIG considera que la situación es “insalubre” e “incompatible” con el desarrollo de la actividad lectiva. Los problemas aparecieron desde que empezó la reparación de la cubierta del centro, en junio de 2025 y ha provocado quejas de quienes acuden a las instalaciones del que es el centro más grande de Galicia.

La Consellería de Educación admite los problemas, que atribuye a una obra de mejora que “supone incomodidades durante la intervención” y al tiempo lluvioso que se está registrando. La cubierta, explica, aún no está totalmente impermeabilizada y las lluvias previsibles del otoño y el invierno están afectando a las instalaciones. “Lo lamentamos. El fin de la obra está próximo y el resultado valdrá la pena”, añade el departamento que dirige Román Rodríguez. El Gobierno gallego, que apunta que el presupuesto de la intervención es de 1,5 millones de euros, asegura que los técnicos de la Consellería hablaron el pasado viernes con personal de las empresas, que van a limpiar las humedades, pintar y “reparar todo lo reparable”. La obra “cumple todas las normas de seguridad”, zanja.

Las humedades y goteras han causado daños en equipos y espacios. Todos los departamentos y familias profesionales se están viendo afectadas, añade la CIG, que adjunta a un comunicado varias fotografías de las instalaciones. Expone que fueron tomadas por un grupo de docentes para registrar todos los desperfectos después de no lograr que la Consellería de Educación informase al claustro del plan de prevención de riesgos de estas obras.

Las filtraciones son perceptibles en todo el centro, añade el sindicato, que asegura que se ven afectados el comedor de hostelería, las aulas, los laboratorios y los talleres. Hay, añade, charcos en las entradas de aulas de la planta baja del edificio central. Por las paredes se ven hongos que se van expandiendo. Este es “un ambiente muy poco saludable” para dar clases, protesta la CIG, que indica que ha pedido una reunión con la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Consellería para pedir que se haga una evaluación de riesgos.

Familias y estudiantes del IES Cardenal Cisneros celebran una victoria temporal. Las aulas de este histórico instituto de Madrid, construido hace un siglo, se habían quedado frías durante el invierno después de unas obras en el centro dejaran sin cristales las ventanas de sus pasillos. Cuando llegó enero y los grandes ventanales seguían huecos y apenas cubiertos con un plástico volátil, las bajas temperaturas en clase volvieron a levantar críticas contra la planificación de las obras.

Una semana después de que empezaran las denuncias al reanudarse el nuevo trimestre, las familias celebran que las ventanas han aparecido cubiertas con unas placas de plenur a modo de tablones, que tapan los semicírculos de la parte superior de las ventanas. A finales de octubre, este periódico se hizo eco de la retirada de hasta 28 cristales para instalar en su lugar unos nuevos y aislantes, con rotura de puente térmico.

Entonces la dirección del centro había enviado a las familias un mensaje sobre los trabajos de mejora, que afectan sobre todo a sus estructuras de eficiencia energética y al sistema de protección antincendios. La Comunidad de Madrid aprobó este verano una inversión de 1,45 millones de euros para hacer reformas en seis colegios e institutos de Madrid, Alcalá de Henares y San Fernando de Henares, entre ellos el Cardenal Cisneros.

Cuando las obras se pusieron en marcha, desde la dirección pidieron a las familias que “confíen en que la primavera siempre llega”, haciendo una comparación entre el transcurso de las estaciones y la espera hasta el final de las obras. “Ha llegado el primer frío y nos pilla sin ventanas en los pasillos [...] Les rogamos que pidan a sus hijos que vengan al centro con ropa adecuada para estas circunstancias actuales”, sigue el escrito, que pide a los usuarios “ser pacientes como hasta ahora”, remitieron entonces.

La semana pasada, un representante de las familias acudió al centro y solicitó medir con un termómetro de mercurio la temperatura ambiente en las aulas más afectadas, la primera y la tercera, donde aún varios ventanales permanecían casi al descubierto. El presidente de la AFA (Asociación de Familias de Alumnos), Daniel Moreno, se personó en el instituto Cardenal Cisneros, pero obtuvo una negativa del director y este le emplazó esperar hasta que actuaran las instituciones, en las que dijo haber puesto recientemente el asunto sobre la mesa. El representante de los padres y madres del centro solicita una solución “completa” y pide traer cuanto antes los critales con rotura de puente térmico.

En declaraciones a Somos Madrid, Moreno señala que las placas de plenur logran retener el aire pero solo “hasta cierto punto”, y que los estudiantes aún le trasladan la sensación de frío en las aulas que se prolonga desde hace meses. Mientras esa solución llega, las familias piden colocar calefactores o al menos estudiar la viabilidad de una medida provisional como esa y exigen a la Consejería de Educación, responsable última de los centros educativos en la región, que agilice en lo posible la respuesta definitiva dados los retrasos en la obra.

He leído en El País que las Facultades de Ciencias de la Educación van a proponer al Ministerio de Educación y al de Universidades que el Máster de Formación del Profesorado (MFP), actualmente de 60 créditos y de un año de duración, pase a contar con 120 créditos impartidos en dos cursos escolares, lo que seguramente vendrá acompañado, además, de un aumento de precio. 

Para argumentar esta propuesta, se basan en una evaluación de la OCDE que sugiere que los profesores españoles son “los que menos sólIda ven la formación que recibieron de la Unversidad para dedicarse a su oficio”. Me parece obvio que eso no implica, como se está pretendiendo, que estos profesores consideren que lo que les ha faltado es un año más de formación pedagógica. Creo que implica más bien lo contrario: que están muy disconformes con el MFP que les han obligado a cursar. Lo que las Facultades de Educación deberían poner sobre la mesa son los informes de evaluación del actual MFP, las encuestas de satisfacción de los egresados.

Es lo mismo que pedí en el año 2008 cuando se propuso convertir el CAP, un cursillo de “adaptación pedagógica” que duraba dos meses, en el actual MFP. En mi artículo Golpe de Estado en la Academia, denuncié, por aquel entonces, que con la implantación del MFP, las Facultades de la Educación perpetraban un auténtico golpe de Estado en el interior de la Universidad, obligando a todas las carreras teóricas que tienen como salida profesional la enseñanza secundaria a cursar un máster de pedagogía en lugar de un máster de su propia especialidad. Para que esta jugada tuviera sentido, habría sido necesario probar la pertinencia de la formación pedagógica para los egresados de estas carreras teóricas, como son, por ejemplo, Matemáticas, Física, Química, Filosofía, Filología o Historia. Por ello algunos no cesamos de reclamar que se nos presentaran los informes de evaluación del famoso CAP, algo que jamás se hizo. Y no se hizo porque todo el mundo sabía que la utilidad del CAP era valorada muy negativamente por el profesorado de secundaria. Pero las Facultades de Ciencias de la Educación se salieron con la suya, y su incompetencia con ese cursillo de dos meses fue premiada con un máster de un año. 

Ahora intentan hacer la misma jugada. Como los datos indican que el MFP está muy mal valorado, lo que hay que hacer es duplicar su duración y aumentar su precio. Y tampoco ahora se va a preguntar su opinión a los egresados. Ni siquiera se van a poner sobre la mesa las encuestas de satisfacción, para empezar porque las que existen están tan mal hechas que son impresentables. Entrando en el MFP de la UCM, la última encuesta de satisfacción que se publica es la del curso 2022/2023, en la que el máster obtiene un aprobado raspado (algo insólito en los másteres de la UCM), pero resulta que la encuesta sólo ha sido respondida por el 18,20% de los implicados. Es decir, estos grandes expertos en la evaluación, ni siquiera han sabido autoevaluarse de forma convincente. La verdad es que la opinión de los que cursan el MFP es muy negativa. Por lo general lo consideran una pérdida de tiempo, humillante, infantil y ridícula, en la que aseguran pasar mucha vergüenza ajena. 

Únicamente se valoran bien las prácticas en los IES, que precisamente no están a cargo de pedagogos, sino de profesores especialistas en la materia. Es una pretensión absurda la de que se puede enseñar a enseñar Matemáticas, Filosofía o Historia, sin saber ni Matemáticas, ni Filosofía ni Historia. O que los que jamás han pisado un aula van a enseñar lo que es un adolescente a los que conviven con ellos cinco horas al día, intentando dar clase de Matemáticas, Filosofía o Historia. 

Los pedagogos han sido desde hace décadas un verdadero caballo de Troya para la enseñanza pública. Es increíble que encima se hayan vestido con ropajes progresistas o de izquierdas con eso de tanto citar a Paulo Freire. Cada vez que las mareas verdes han denunciado el deterioro de la enseñanza estatal, la escasez de profesores, la sobrecarga docente, las ratios inhumanas, la inestabilidad de los interinos o la falta general de financiación, han llegado los pedagogos para arreglarlo proponiendo más formación del profesorado. El problema de la enseñanza estatal ya no es, por ejemplo, Díaz Ayuso, sino que los profesores no saben enseñar, porque no se les ha formado lo suficiente. Y todo es de lo más performativo: cuando más se deteriora la institución, más difícil es enseñar, más ocurre que el aula se convierte en un infierno y más abundan los profesores de baja por depresión o por ansiedad. Y entonces se llega a la conclusión de que hay que alargar de nuevo la duración del MFP. Es un insulto a la inteligencia. Eso sí, esta es la solución gubernamental más barata. Es la que aconseja invariablemente esa casta de tecnócratas autodenominados expertos en educación que, aunque rara vez han pisado un aula, han asesorado todas las reformas educativas desde la LOGSE. Cualquier cosa menos preguntar a los profesores su opinión sobre la naturaleza del problema. 

Y cualquier cosa menos recuperar un poco de sentido común. El mayor y mejor incentivo para el conocimiento es el conocimiento. El amor por el conocimiento en sí mismo. Es un Aristóteles elemental. Los seres humanos desean saber. No hay que insuflarles el saber a traición, mientras juegan al corro de la patata. Eso sí, la única manera de amar el conocimiento es conociendo. Por eso, las Facultades de Ciencias de la Educación son, por su misma existencia, un contrasentido y lo mejor sería suprimirlas.

Es un contrasentido intentar enseñar a enseñar conocimientos sin haber experimentado nunca el amor por el conocimiento. Estos cursillos de “formación del profesorado”, por lo general, los imparten personas que no han conocido la enseñanza ni como profesores, puesto que no saben nada que se pueda enseñar, ni como alumnos, porque han estudiado una carrera absurda y vacía en la que era imposible aprender nada. Personas amargadas y frustradas por definición, pues jamás han podido vivir ninguna de las alegrías del conocimiento ni de la enseñanza, esa alegría con la que el físico explica física, el historiador historia, el filólogo lengua o literatura, el matemático matemáticas, el filósofo filosofía. Personas que viven perplejas intentando resolver un problema que no existe o que es irresoluble, el de cómo se puede despertar el interés por las matemáticas sin saber matemáticas, o por la historia o la biología sin saber ni historia ni biología. Todo sin caer en la cuenta de que la respuesta siempre ha estado ahí delante de sus narices: las matemáticas son el mejor incentivo para estudiar matemáticas, porque las matemáticas son apasionantes. Y la receta infalible es la de contar con un profesor que sepa matemáticas, que ame las matemáticas y que sea capaz de transmitir su entusiasmo al practicarlas.

Las Facultades de Ciencias de la Educación son escuelas para gente triste, que jamás ha podido experimentar la alegría que supone saber algo, porque no se les enseña ningún saber, sino sólo cómo se enseña a enseñar algo que no sabes. Un truco de magia o, quizás, una estafa monumental. Como la que ahora van a proponer al Ministerio. 

Pero la cosa no quedará aquí, esto es sólo el primer paso de un atraco más profundo. En la próxima legislatura se atreverán por fin con lo que es su verdadera apuesta, que ya llevan barajando desde hace tiempo: la de que para ser profesor de secundaria no haya que cursar ninguna otra carrera que la de Ciencias de la Educación. Lo he visto argumentar ya, incluso en ciertos ambientes progresistas. Al fin y al cabo, se dice, los contenidos ya están en Internet y, además, el futuro profesor ya los ha estudiado en el bachillerato. Ahora sólo le queda aprender a enseñarlos. Y para eso está la carrera de pedagogía. Será así como se consumará definitivamente el golpe de Estado en la Academia que comenzó en el 2008. 

Corría el año 2010 en un reputado instituto del centro de Murcia. Ruano, como lo conocían todos, tenía 15 años y continuaba en 2° de la ESO, después de repetir curso dos veces. Los pocos días que aparecía en clase, se sentaba siempre en la última fila. Eso sí, nunca los jueves, ya que tenía que echar una mano a su familia en el mercado, donde tenían un puesto. En cuanto cumplió los 16 años, Ruano desapareció del aula.

Han pasado 15 años y la historia se sigue repitiendo, una y otra vez, de forma incansable. La Región de Murcia tiene la tasa más alta de abandono escolar de toda España. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) recopilados por Funcas estiman que se sitúa en un alarmante 20,6%, muy superior al 12,6% del conjunto nacional. Por situarlo en perspectiva, el mejor resultado, del País Vasco, es del 3,8%.

La estadística mide el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no ha finalizado Bachillerato, FP Media o FP Básica y que no ha realizado ninguna formación en las últimas cuatro semanas. Quizás lo más preocupante es que, lejos de disminuir, la tasa ha aumentado en la Región de Murcia desde el año 2023, cuando se situó en un 19,2%. En España, por el contrario, sí se ha reducido, ya que en 2023 ascendía al 13,7%.

Miguel formaba parte de esa estadística hasta hace no mucho. Ahora, a sus 26 años, recuerda algunas anécdotas de la Secundaria. Como cuando el profesor de Historia se acercó a entregarle un examen que había suspendido y le dijo, con un par de golpes amistosos, “qué buena espalda tienes para cargar cemento”. “Me lo tomé a broma. Qué iba a hacer, si suspendía todos los exámenes”, cuenta a este diario. No fue la única vez que un docente le reprochó sus malos resultados académicos de forma irrespetuosa, pero sí es la que más se le ha quedado grabada. Al terminar la ESO, probó suerte en Bachillerato, pero no duró. “Vi que no me gustaba”, explica, aunque siempre estuvo tranquilo, porque seguir estudiando no siempre es el camino. Ese mismo año, comenzó a aprender a desenvolverse en el negocio familiar, y no tardó en complementar ese trabajo impartiendo clases de judo.

Aunque la tasa de abandono educativo temprano -un indicador de la Unión Europea- incluye también a los jóvenes que sí terminan la ESO, otros no lo consiguen. “El entorno y la implicación de los padres hace mucho. Sobre todo, cuando tienen situaciones familiares complejas y hay desatención”, opina Manuel González, profesor de Geografía e Historia. Destinado en un centro de Cartagena, tuvo clases donde el absentismo se daba en un 40% de los alumnos. Recuerda un caso de un alumno especialmente conflictivo, que siempre salía amonestado de las pocas clases a las que acudía. Las malas compañías en la calle hicieron el resto, y confiesa que muchos suspiraron aliviados cuando el absentismo derivó en abandono. “Cuando dejó de venir, desapareció un problema muy grande en el instituto. Y, a pesar de ello, tuvimos reuniones y la jefatura de estudios luchó mucho por este alumno. Pero si la familia no ayuda, es imposible”, admite.

La brecha entre la pública y la concertada se ceba con los alumnos extranjeros

Un informe publicado por Save the Children en 2024 concluyó que la Región de Murcia es la comunidad autónoma donde el perfil socioeconómico del alumnado difiere más entre la escuela concertada y la escuela pública. A nivel europeo, España replica el puesto de Murcia a la cabeza de la desigualdad. Además, la Región de Murcia es el territorio donde más ha aumentado el porcentaje de matriculados en la concertada en los últimos años. Por último, cabe destacar que el porcentaje de alumnado extranjero es tres veces mayor en la escuela pública que en la concertada murciana, la segunda cifra más alta del país después de Melilla.

La postura del Gobierno regional siempre ha sido clara al respecto: la escuela concertada “garantiza la libertad de elección de centro por parte de las familias”. De hecho, el presupuesto destinado a la concertada en 2025 alcanzó los 320 millones de euros, casi un 18% del total del gasto en Educación. Expertos del sindicato educativo STERM aseguran a esta redacción que este modelo de elección de los centros “beneficia la guetificación”: “Debido a que los centros concertados en muchas ocasiones piden aportaciones, uniforme o son religiosos, las familias con un nivel socioeconómico menor o migrantes acaban en la pública y se crean centros de primera y de segunda categoría”.

Asimismo, los alumnos que no poseen la nacionalidad española suelen acabar fuera del sistema educativo antes de tiempo. Según datos del Consejo Escolar de la Región de Murcia referentes al curso 2022-23, el porcentaje de alumnos de origen extranjero en la ESO fue de un 14,7%, mientras que en Bachiller cayó a un 6,5%.

Protocolos contra el absentismo y prevención del abandono

Actualmente, el Gobierno murciano lucha contra el abandono escolar a través del III Plan Regional para la prevención e intervención en Absentismo Escolar y reducción del Abandono Educativo Temprano (2024-2028). Fuentes de la Consejería aseguran a esta redacción que el plan incluye 66 medidas que afectan a 81.000 alumnos, entre las que destacan un incremento de las plazas de Formación Profesional -con especial hincapié en los grados básico y medio-, programas de integración de los estudiantes que empiezan Secundaria y los que repiten asignaturas y el plan 'SupéraTE', que contempla tutorías con grupos reducidos para reforzar la formación en lengua y matemáticas. La Consejería también está fomentando la implantación de los cursos de primer ciclo de la ESO en colegios que tengan espacio para ello, especialmente en zonas rurales y con alumnos en situación de vulnerabilidad.

Los centros también cuentan con el Programa de Prevención e Intervención en Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Educativo Temprano (PRAE), que pone el foco en la detección temprana de las conductas absentistas en el ámbito escolar. El equipo directivo del CEIP Luis Costa de Murcia explica a esta redacción cuál es el protocolo de actuación si se detecta que un alumno está faltando a clase de forma injustificada, que se ha renovado precisamente a principios de este año. Una ausencia mensual en el 10% de las clases ya se considera absentismo leve; entre el 20% y el 50%, absentismo grave; faltar a más del 50% de las clases, sería muy grave. Además, la normativa ampara la duda del docente, es decir, cuando no le convence la justificación de la ausencia o piensa que puede no ser real. El absentismo se cuela ahora en las sesiones de evaluación y, según el equipo directivo del centro, la nueva norma contempla actuaciones más tempranas contra el problema.

La importancia de invertir en educación

Muchos expertos coinciden en que el abandono escolar se combate con más inversión. Y es que el gasto en educación por alumno en Murcia es de los más bajos del país: concretamente, según un estudio de la Fundación Ramón Areces con datos de 2021, el gasto murciano es el segundo más bajo de España, con 5.477 euros por alumno, solo por detrás del de la Comunidad de Madrid, de 5.030 euros. La organización también apunta a que, entre 2013 y 2021, la Región de Murcia es la comunidad que menos ha incrementado este gasto, concretamente en 1.251 euros, un 25,3%. El País Vasco, con la menor tasa de abandono, es la comunidad que más gasta, con 7.857 euros por alumno.

Desde el sindicato STERM coinciden en que, si bien el presupuesto murciano en Educación ha aumentado en los últimos años, “lo ha hecho a remolque del aumento de la población, por lo que no ha sido suficiente para revertir los recortes arrastrados desde la crisis”. A ello añaden que las plantillas de los centros y las ratios se mantienen desde el año 2012 en Primaria y 2016 en Secundaria, y que los alumnos con Necesidades Específicas de Aprendizaje no computan más a la hora de calcular esas ratios, lo que provoca que “no puedan ser atendidos adecuadamente”.

“La mayoría de las partidas para atención a la diversidad, para el refuerzo de las plantillas y para la modernización de los centros y de las metodologías proviene de Europa”, aseveran fuentes del sindicato, agregando que la Consejería no puede modificar el fin para el que se aprueban estas ayudas. Esta falta de financiación estable para la educación pública y otros factores socioeconómicos, como pueden ser las altas tasas de pobreza infantil, un paro más elevado que la media nacional y los bajos salarios de la Región de Murcia justifican, en su opinión, las altas tasas de abandono escolar. “Si no se garantiza el ascensor social, difícilmente un estudiante podrá superar la situación económica y sociocultural de su familia”, concluyen.

La etapa de la adolescencia presenta una gran cantidad de cambios, además de una búsqueda de la identidad propia. Eso también la vuelve vulnerable a problemas de salud mental. Desde la Universidad pública de Navarra (UPNA), el Instituto de Investigación Sanitaria de la comunidad foral y la Universidad de Burgos, se está desarrollando un proyecto con un único objetivo: “salvar vidas y proteger el bienestar emocional” de los adolescentes “antes de que sea demasiado tarde”.

Así concibe el propósito el investigador principal, Alcibíades Segundo Díaz Vera. La investigación recibe el nombre Prevención del Riesgo de Ideación Suicida en Menores y Apoyo-Juvenil (PRISMA-J). En un primer momento, se implementará solo en Navarra, pero “está diseñado para ser evaluado científicamente y replicado en otras comunidades si demuestra eficacia”, explica Díaz Vera.

“Este proyecto surge como respuesta a una necesidad urgente, creciente y ampliamente reconocida”, dice. Desde hace tiempo, en Navarra ha surgido una preocupación por la falta de “herramientas estructuradas” para detectar el malestar y el sufrimiento emocional en los jóvenes. Según datos del Ministerio de Sanidad y del Instituto Nacional de Estadística (INE), el suicidio es la primera causa de muerte externa en personas de entre 12 y 19 años en España. La adolescencia es un periodo donde una persona es más vulnerable ante “factores de riesgo como el bullying, la presión académica, la violencia de género, el uso problemático de redes sociales o situaciones familiares adversas”.

Por otro lado, la falta de comunicación y de llamados de ayuda “por miedo, vergüenza o desconocimiento” son puntos que suman a la necesidad de detectar rápidamente señales de alerta en los adolescentes. Por lo cual, desarrollar herramientas en los entornos donde se desenvuelven, como el hogar, la escuela o el mundo digital, puede llegar a marcar la diferencia. “No se trata de etiquetar ni de medicalizar la adolescencia, sino de crear redes de protección y escucha que permitan intervenir antes de que el malestar se convierta en crisis”, señala.

Protocolos de actuación temprana

Como tal, el proyecto PRISMA-J busca prevenir el suicidio infantojuvenil a través de instrumentos digitales y presenciales, formación a docentes, familias y profesionales de la salud y la creación de protocolos de actuación temprana en escuelas y hospitales. Las formaciones se centrarán en “reconocer señales de alerta emocionales y conductuales”. Los protocolos indicarán qué hacer, a quién derivar y cómo acompañar adecuadamente. A su vez, también se crearán canales de coordinación directa entre los centros sanitarios y las escuelas para agilizar los procesos de casos más complejos.

Para cumplir con las metas de la investigación, se ha indagado sobre comportamientos y patrones emocionales en los entornos digitales para “dar señales tempranas de sufrimiento psicológico o riesgo suicida en menores”. El objetivo, se explica, va en la dirección de “identificar esas señales de forma ética y preventiva, nunca intrusiva”. “Algunos de los aspectos que se analizan incluyen el aislamiento social online, cambios bruscos en los hábitos digitales (como pasar muchas horas conectado de madrugada), búsqueda de contenidos relacionados con la autolesión, el suicidio o la desesperanza, o publicaciones con mensajes implícitos de tristeza profunda, vacío o deseo de desaparecer”, señala Díaz Vera sobre los focos de PRISMA-J. A esto se le suman la “hiperexposición” a modelos de belleza o éxito y el ciberacoso en el ámbito digital. La presión consecuente de este tipo de factores puede agravar la condición mental de los jóvenes.

Estos indicadores se recogen en los entornos cercanos de los menores, como su escuela o su familia, para “generar una visión más completa” de su estado de salud mental. Sin embargo, cabe la posibilidad de que haya quien se preocupe por la privacidad de jóvenes. Ante esto, Díaz Vera aclara que “no se trata de vigilar, sino de entender mejor el lenguaje emocional digital”. Los patrones y comportamientos se investigan a partir de modelos de “riesgo psicosocial validados en la literatura científica”, haciendo hincapié en la protección de datos de los implicados.

Una herramienta que no sustituye al acompañamiento humano

La inteligencia artificial es uno de los pilares de la investigación, pues ayuda a conseguir detectar con mayor antelación alertas que normalmente pasan desapercibidas. En concreto, “se utilizarán algoritmos diseñados para analizar patrones de riesgo psicosocial” a través de formularios y otros métodos de recolección de datos. El algoritmo ayuda a identificar varias combinaciones de factores que indican una posible vulnerabilidad en la persona. Asimismo, facilita la “priorización de casos que requieran atención temprana”, alertando a los educadores y a los familiares para prevenir un malestar mayor.

Sin embargo, Díaz Vera ha dejado claro que a inteligencia artificial ayuda, pero con su uso no se busca reemplazar el factor humano. “No buscamos que la inteligencia artificial reemplace a profesionales”. En el cuidado emocional de los adolescentes es imprescindible el vínculo humano en su tratamiento. Se cuenta con una supervisión constante de los profesionales de la salud durante todo el proceso, lo que garantiza la protección de datos y la transparencia de los procesos digitales. “La última palabra y la interpretación de los resultados siempre recaen en los equipos humanos que acompañan al menor”, asegura.

Se estima que con este plan se puede llegar a reducir entre un 10 y un 20% de los pensamientos y conductas suicidas. Este rango surge de “evidencia acumulada en programas similares de prevención universal y selectiva del suicidio en adolescentes, tanto a nivel nacional como internacional”. Se ha demostrado que el contacto y la detección temprana, junto a una educación emocional y apoyo psicosocial, pueden lograr esos porcentajes.

“Nos apoyamos en meta-análisis y revisiones sistémicas” publicados en revistas científicas que evidencian que este rango es realista. Además, PRISMA-J incluye una fase de evaluación que hará uso de indicadores cuantitativos y cualitativos para medir el verdadero impacto en la reducción de conductas suicidas en los jóvenes. “Es una proyección basada en la evidencia científica, no una promesa infundada”, defiende.

El proyecto recientemente recibió una ayuda de más de 130.000 euros por parte de la Fundación Mutua Madrileña en la XXII convocatoria de las Ayudas a la Investigación Médica. Con este tipo de ayudas y el trabajo de los investigadores, PRISMA-J busca convertirse en “una apuesta por la prevención real y la salud emocional de los menores”, que pueda ser replicable en otras comunidades. Una apuesta impulsada por la inteligencia artificial, al servicio del cuidado humano.

El Departamento de Educación invertirá este verano 166 millones de euros en más de 300 intervenciones y obras en centros escolares de Euskadi. Una de las más destacadas es la rehabilitación del centro público Luzaro de Deba, que se encuentra en el barrio de Itziar.

Según la consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, que ha tenido la oportunidad de visitar el miércoles el centro, “el antiguo Ayuntamiento, es un edificio emblemático con gran valor patrimonial y simbólico ha sido completamente rehabilitado para acoger tres aulas de Primaria”. Además, ha indicado que, con esta actuación, su Departamento “pone en valor un edificio de gran importe patrimonial y comunitario, dotándolo de una nueva vida como espacio educativo”, informa Europa Press.

Durante la visita, la consejera ha estado acompañada por la directora del centro educativo Luzaro, Ana Delgado; la alcaldesa de Deba, Alazne Txurruka; la alcaldesa de Itziar, Arantza Egaña; y la delegada territorial de Educación en Gipuzkoa, Amaia Urcelay. La intervención, con un presupuesto de cerca de 1,9 millones de euros, ha consistido en una rehabilitación integral que respeta la estructura original del edificio, sus fachadas protegidas y los elementos arquitectónicos más significativos.

El nuevo centro contará con 358,96 metros cuadrados de superficie útil interior distribuidos en tres plantas: en la planta baja se ubican el soportal abierto a la plaza, un aseo accesible y salas técnicas; en las plantas superiores se disponen tres aulas, aseos y una sala de profesorado. Se suman además 132,86 metros cuadrados de superficie útil exterior, entre los que destaca un soportal comunitario de más de 100 metros cuadrados. Cabe señalar que la colocación del ascensor se completará este verano.

Por otro lado, la consejera ha avanzado que durante este verano el Gobierno acometerá más de 300 intervenciones en centros escolares de todo Euskadi y contará con un presupuesto aproximado de 166 millones de euros. “Entre ellas, 20 son obras de gran envergadura, y se incluyen asimismo ampliaciones, reformas integrales, construcción de nuevos edificios, mejoras de accesibilidad, eficiencia energética y nuevos comedores escolares”, ha señalado. Asimismo, este verano avanzará la implantación del nuevo plan de transformación de los comedores escolares de la red pública, que supondrá una inversión de 20 millones de euros hasta 2028.

La Fapa RM Juan González ha denunciado nuevamente las altas temperaturas a las que están expuestos los menores en los centros educativos de la Región de Murcia, “provocando un mayor absentismo y fracaso escolar”.

“Son numerosas las aulas de la región en las que se siguen superando los 27ºC que marca la legislación vigente y han tenido que activar el protocolo que permite adelantar el final de la jornada escolar, ante la pasividadde la Consejería de Educación de la Región de Murcia que sigue permitiendo poner en riesgola salud de los menores y vulnerando el derecho a la educación”, ha denunciado la federación en una nota de prensa.

Desde la federación “llevamos muchos años reivindicando acciones claras y urgentes por parte de la Consejería de Educación de la Región de Murcia para mejorar las infraestructuras y la climatización de nuestros centros”. “No podemos permitir que el protocolo de la administración educativa sea acortar las clases a causa de las altas temperaturas, ya que eso redunda directamente en la calidad educativa de nuestro sistema educativo”.

Desde la Fapa Juan González han considerado “inadmisible” que la Consejería de Educación de la Región de Murcia siga permitiendo durante años que los menores de la región sufran los efectos de las temperaturas cada vez más extremas dejando pasar los días para que termine el curso.

“Si el Consejero de Educación, Víctor Marín, prescindiera de aire acondicionado en su despacho sabría de lo que hablamos. Así mismo se hace necesario una renaturalización de los espacios comunes en los centros educativos que ayude a la bajada de la temperatura en los patios y a la lucha contra el cambio climático”.

Desde Fapa RM Juan González han defendido “el derecho a la salud y a la educación pública de todos los menores en nuestra región”.

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) ha cerrado la cuarta edición de 'Empresa Familiar en las Aulas', con más de una treintena de centros y de 1.300 alumnos participantes.

Se trata de una iniciativa de la AEEF, con la colaboración de la Junta de Extremadura y el patrocinio de Cajalmendralejo, según recuerda la asociación, que ha celebrado la clausura, tras una edición que comenzó a finales de 2024 con el objetivo de resaltar el papel de la empresa y, sobre todo la familiar, así como promover el emprendimiento y la cultura empresarial entre los más jóvenes.

'Empresa Familiar en las Aulas' se puso en marcha en la región en el curso 2021/2022, que cierra esta última edición con excelentes resultados, como ha subrayado el presidente de la AEEF, Juan Carmona, durante su intervención, en la que ha resaltado que Extremadura “es una tierra de oportunidades, en la que se pueden hacer grandes cosas”. Por ello, ha animado a los más jóvenes a emprender y a hacer realidad sus ilusiones y ha incidido en que existe mucho talento y prueba de ellos son los 112 proyectos que se han presentado en el concurso 'Sueña tu empresa'.

35 centros escolares extremeños y 36 empresas familiares extremeñas han sido las que han participado este año. Ocho han sido los proyectos ganadores que esta semana han recibido el aplauso y el reconocimiento de las entidades organizadoras y de los empresarios familiares. Los proyectos ganadores han expuesto sus iniciativas a los asistentes, docentes y alumnos presentes y han contado lo que para ellos ha supuesto la experiencia.

Durante estos meses, los empresarios familiares de la región han acudido a las aulas para explicar qué hacen y cómo lo hacen, así como para hablar de los retos y valores de sus empresas y después los escolares participantes han podido visitar esas empresas para conocer, en primera persona, su funcionamiento y organización.

La AEEF destaca que de esta manera se ha conseguido reforzar los contenidos de los currículos académicos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional relacionados con la empresa y el emprendimiento, y ha permitido el contacto directo de los estudiantes y de sus profesores con el mundo empresarial.

Son las 12 de la mañana y en las puertas de los colegios se forma el revuelo típico de las entradas y salidas. No es la hora habitual, pero los niños y niñas se van a sus casas porque hace mucho calor en las clases. Esa es la medida estrella del gobierno de María Guardiola para combatir el calor en las aulas. Mandar a los menores a sus casas, cortando las clases, sin que éstas se puedan recuperar, y pasarle la patata caliente a los padres y madres, que temen más a la conciliación que a las altas temperaturas.

Extremadura no es ajena a los vaivenes térmicos, ni muchísimo menos. Somos una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Este hecho, aunque algunos se empeñen en negarlo, es una evidencia científica de la que algunas llevamos pregonando años, aunque parezca que lo hacemos en un desierto.

Fue en el año 2019 cuando comenzamos a alertar de que la situación en las aulas extremeñas se hacía insoportable cuando llegaba el calor. Entonces conseguimos sacar adelante, con mucho esfuerzo, la Ley 4/2019 de 18 de febrero, más conocida como Ley contra el Calor en las Aulas para acondicionar térmicamente los centros escolares públicos de Extremadura. Han pasado más de seis años desde entonces, y yo me pregunto, ¿qué se ha hecho? ¿cuántos centros educativos han mejorado sus infraestructuras para adaptarse a las altas temperaturas? ¿cuántos coles e institutos tienen en sus aulas máquinas de frío o calor que garanticen la habitabilidad térmica de sus instalaciones?

Es indignante que no se haya hecho nada. ¡Qué poco le preocupan nuestros niños y niñas al gobierno del PP! ¡Qué poco le han preocupado también al anterior gobierno socialista! Está claro que si pudiéramos echar la papeleta en las urnas cada año otro gallo cantaría porque parece que solo se mueven por intereses electorales, y no por el bienestar general de la ciudadanía.

Los que sí que votan son los docentes y el personal administrativo que trabaja en esos centros educativos y que, al igual que los menores, soportan que los termómetros suban más allá de los 40 grados en aulas masificadas. A ellos también hay que garantizarles unas condiciones dignas de trabajo, que además están recogidas en el decreto de seguridad y salud en los centros de trabajo, que establece una horquilla térmica de entre 14 y 27 grados.

Ninguna oficina de la administración pública. Ningún despacho de ningún director general, consejero o consejera o de la presidenta de la Junta de Extremadura está sin aire acondicionado. Estoy convencida de que estos días están funcionando a pleno rendimiento.

Garantizar la habitabilidad térmica en los centros educativos debería ser una obligación. Nadie puede aprender nada asfixiados de calor. Nadie puede trabajar ni intentar impartir conocimientos soportando un bochorno desmedido. Ninguna familia debería hacer encajes de bolillos para poder recoger a sus hijos e hijas antes de la hora porque hace calor, ¿o van a dejar también a los trabajadores y trabajadoras que se vayan a las 12 a sus casas?

¿Pueden ustedes pensar que algo así pase en otros países de nuestro entorno? Yo no me imagino, la verdad, que los noruegos y noruegas manden a sus hijos e hijas a casa porque ha comenzado a nevar o que los ingleses corten las clases porque ha empezado a llover. ¿Por qué permitimos esto año tras año?

Hay recursos suficientes para ello. La Junta de Extremadura no solo está renunciando a ingresos para regalárselos a aquellos que más tienen, que bien se podrían destinar a habilitar los centros educativos, sino que además ha sido la comunidad autónoma con mayor superávit del país con 400 millones de euros. Destinen todo eso a combatir el calor contra las aulas porque el auténtico infierno que se vive en esta región está en los centros educativos.

En la farmacia de la calle Santa Ana de Bolueta, Adriana no pudo bajar la persiana hasta pasadas las diez de la noche. El portón eléctrico dejó de funcionar algo antes de la una de la tarde y desde entonces la farmacéutica se quedó custodiando el local, pero sobre todo, los medicamentos. “Tuve que quedarme porque no podíamos dejar la farmacia sin vigilancia”, cuenta a este periódico desde el otro lado del mostrador. Durante las más de nueve horas que se quedó el local -y el barrio de Bolueta- sin luz, Adriana no abandonó su puesto de trabajo por miedo a saqueos, aunque su preocupación principal era que los medicamentos refrigerados no se descongelaran. “Hay algunos como la insulina que puede aguantar bastante tiempo, pero tenemos otros que solo aguantan 12 horas, hemos estado al límite de perder productos y tener que llamar al seguro”, asegura.

A pesar de la oscuridad, ocho personas se acercaron a la farmacia de urgencia durante el apagón a por productos que no podían esperar a tener. Entre ellos, los padres de un menor con conjuntivitis aguda y una mujer con problemas respiratorios. Adriana se los dio sin cobrarles y está a la espera de que vuelvan a la farmacia para pagarle. “El colirio para una conjuntivitis no costará más de dos euros, pero la medicación para los problemas respiratorios y otros medicamentos sí que tenían un precio más elevado. El problema era que no veíamos nada y a día de hoy no nos conocemos los precios de memoria. Es una pena, hace años teníamos un libro con los precios y con una calculadora podíamos cobrar sin necesidad de electricidad, pero a día de hoy todo va con el ordenador y está completamente registrado”, sostiene.

“Los que vinieron a la farmacia lo hicieron porque les urgía mucho y se lo di porque sentí que era lo que tenía que hacer. Alguno de ellos me dejó a modo de fianza su tarjeta de Osakidetza, pero sé que van a volver a pagar porque estaban todos muy agradecidos por la atención pese a las condiciones. Por suerte todo pasó y pude marcharme a dormir a casa”, reconoce la farmacéutica, que pensó en un momento tener que dormir en el local, ya que no tenía forma manual de cerrarlo.

En la Cooperativa Peñascal, un centro de formación profesional destinado a para menores extranjeros y en situación de exclusión social, pasado el medio día las clases se pararon. Los cerca de 800 alumnos que pasan por las aulas de los cursos de Hostelería, Carpintería, Moda y Programación se tuvieron que marchar a sus casas tras el apagón, muchos de ellos a centros de menores ubicados fuera de Bilbao. “Nos aseguramos de que todos llegaran a salvo a sus casas, en los casos de quienes vivían más lejos, les llevamos en nuestros coches privados. Otros pudieron volver en autobús, ya que reforzaron algunas líneas”, sostienen desde el centro.

Este martes los jóvenes entran al centro de formación con total normalidad, de la misma manera que el lunes lo tuvieron que desalojar. “Se lo tomaron bien, estuvieron tranquilos. Muchos de ellos habían vivido apagones en sus países y no les sorprendía tanto como a nosotros. Vienen aquí a aprender, pero muchas veces quienes nos enseñan de la vida son ellos”, reconoce uno de los trabajadores, de la cooperativa, que prefiere no decir su nombre.

Según declara, a raíz de la falta de luz han perdido algunos alimentos que ofrecen en el grado de Hostelería. “La peor parte fue la de hostelería, donde además del curso ofrecemos comidas al público. Ahí hemos tenido que tirar productos, pero no nos ha parecido tanto como para tener que reclamar al seguro. Bastante tendrán los seguros ahora como para pedirles por algo de comida echada a perder”, reconoce este trabajador a preguntas de elDiario.es/Euskadi.

En el caso de la empresa Ancore, cuyo local también se quedó sin luz e internet hasta pasadas las diez de la noche, aún no saben si tendrán que reclamar pérdidas al seguro. Se trata de un proveedor de servicios de internet, un intermediario entre las compañías de energía, seguridad, telefonía y renting y los clientes. “Nos afectó a la hora de tramitar nuevas contrataciones, de gestión de incidencias en instalaciones de clientes y los traslados se complicaron, además de los problemas y preocupaciones a nivel personal. Las principales incidencias de nuestros clientes fueron de telefonía, porque no había red, y de seguridad en el caso de las cámaras instaladas que dejaron de funcionar, al igual que todo lo demás, y temían que hubiera robos”, reconoce Aitor, uno de los empleados de la asesoría.

“El día de hoy todo son llamadas con incidencias y correos electrónicos con quejas por instalaciones que no hemos realizado. Hay clientes que esperaban a los instaladores y no aparecieron y otros que lo contrario, los instaladores aparecieron en sus casas sin avisar, pero porque no había línea para poder llamarles antes de llegar. A los clientes estamos trasladándoles que no hemos podido contactar con ellos porque nosotros tampoco teníamos cómo”, reconoce Aitor, que cuenta con clientes de todo el país, como una familia de una pequeña aldea de Galicia que ha recuperado la conexión sobre las siete de la mañana de este martes.

Ángel no cerró la carnicería Gurea de Txurdinaga aunque la luz se hubiese ido. Sus cámaras frigoríficas mantuvieron la temperatura de la carne y los clientes no dejaron de ir en todo el día, aunque lamenta que gran parte de ellos no pudieron hacer la compra por no llevar dinero en efectivo. “Despaché a 36 personas que solo traían tarjeta de crédito para pagar, de ellos por lo menos 20 me dijeron que ya no iban a volver a salir sin dinero en la mano. Creo que eso ha marcado a la gente y me parecío algo importante. Da miedo la dependencia que tenemos a las tarjetas de crédito, a los móviles y a toda la tecnología”, lamenta el carnicero mientras lo comenta con otros vecinos.

Para Ángel, la jornada de este lunes tuvo algo de positivo. En su caso, conoció a unos vecinos que durante todo el día vio en la calle. “Era un matrimonio joven con dos hijos. Mi mujer bajó de casa a la carnicería y le dije que les preguntaran si necesitaban algo, porque me extrañaba que estuvieran tanto tiempo en la calle. Al parecer, le dijeron que no tenían comida ni dinero para comprarla. Les dimos sobres de jamón y comimos todos. Parece de cuento, pero lloramos todos. Nosotros no perdimos mucho, pero ganamos un gran aprendizaje”, concluye.

Los partidos que conforman el Gobierno de Navarra, PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, además de EH Bildu han rechazado en el Parlamento foral las dos proposiciones de ley presentadas por UPN para vetar a profesores condenados por terrorismo. Los regionalistas pretendían reformar la norma para impedir que personas condenadas por terrorismo pudieran impartir clases tras conocerse que un expreso de ETA, sobre el que no pesa ninguna sentencia judicial que le impida ejercer la docencia, es profesor desde el pasado mes de enero en un instituto de Tudela. La propuesta, que suscitó dudas sobre su legalidad a la letrada mayor de la Cámara foral, Silvia Doménech, así como a los servicios jurídicos del Ejecutivo foral y al Consejo de Navarra, el máximo órgano consultivo de la comunidad foral, ha sido apoyada por UPN, PP, Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti.

En su propuesta de reforma de la ley, UPN proponía establecer como requisito específico para ser admitido a las pruebas selectivas de los puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con personas menores de edad el no haber sido condenado por sentencia firme por terrorismo. Así, quien pretendiera el acceso a esos puestos de trabajo debería acreditar esta circunstancia mediante la aportación de un certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados.

Cuando los regionalistas registraron la propuesta de reforma en el Parlamento, los socios del Ejecutivo de Chivite encargaron unos informes jurídicos a los letrados de la Cámara así como al consejo de Navarra. En ambos escritos los juristas pusieron en duda el encaje constitucional que podría tener la reforma dado que los cuerpos de docentes se rigen por una normativa estatal que Navarra no puede modificar.

Y ese ha sido el argumento esgrimido por los partidos que conforman el Gobierno navarro, así como por EH Bildu, para rechazar la proposición. A este respecto, la portavoz socialista Inma Jurío ha afeado a UPN que hayan llevado al Parlamento una ley que “causa inseguridad jurídica” y ha recordado que durante gobiernos de los regionalistas, “con ETA matando”, también había profesores que daban clases a menores. “Sin embargo no pudieron hacer nada, porque sabían que era ilegal, y no presentaron una ley como esta, porque sabían que era ilegal”.

Javier Esparza, de UPN, quien ha lamentado la ausencia durante el debate de la presidenta María Chivite, que se encuentra de viaje institucional en Bruselas, ha negado que la letrada mayor haya visto “un solo viso de inconstitucionalidad” en la propuesta y ha señalado que quien debe dictaminarlo es el Tribunal Constitucional. Así, ha asegurado que el rechazo de la norma por parte del PSN responde a no querer “molestar a EH Bildu”. “No quiero que a mis hijos les dé clase un terrorista y estoy seguro que los parlamentarios socialistas tampoco lo quieren”, ha solemnizado.

Esparza, además, ha cuestionado el criterio de los letrados y de los juristas del Consejo de Navarra asegurando que “ninguno es especialista” en derecho constitucional y ha afeado que uno de sus miembros, en referencia a Eduardo Santos, exconsejero de Justicia y Políticas migratorias del Gobierno navarro, “haya sido secretario general de Podemos” en la comunidad foral. “Actúa de una forma política”, ha señalado.

Desde EH Bildu han reprochado a UPN que con la reforma de la ley pretenda “excluir” y “enfrentar” a la sociedad y desde Geroa Bai han calificado la propuesta de “populista”. Miguel Garrido, de Contigo/Zurekin, ha ido más allá y ha asegurado que lo que pretende UPN “en el fondo” es “tratar de limitar el derecho a ser docente al conjunto de la izquierda abertzale”.

La Comunidad de Madrid eliminará de sus colegios el uso individual de dispositivos digitales en alumnos de Educación Infantil y Primaria el próximo curso escolar 2025/26. Un nuevo decreto todavía en elaboración regulará y limitará su uso en centros públicos, aunque por otro lado el Gobierno de la vecina región asegura que “garantizará” la adquisición de las competencias digitales recogidas en los currículos educativos de las diferentes etapas.

Representantes de Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de colegios de Guadalajara, así como agrupaciones de padres y madres de varios centros de esta provincia, se han organizado para reclamar a la Junta de Castilla-La Mancha que haga lo mismo.

El movimiento ya cuenta con la participación de familias del CEIP ‘Jocelyn Bell’ de Yebes, CEIP ‘San Roque’ de Horche, CEIP ‘San Blas’ de Cabanillas del Campo, CEIP ‘Los Olivos’ de Cabanillas del Campo, CEIP ‘La Paloma’ de Azuqueca de Henares, CEIP Siglo XXI de Azuqueca de Henares, CEIP ‘José Inglés’ de Chiloeches, CEIP Parque Vallejo de Alovera, CEIP San Bernabé de Trijueque, CEIP ‘Badiel’, Colegio Salesianos y del Colegio Santa Ana, estos dos últimos centros concertados.

María, portavoz del colectivo y madre de alumnos de un centro de Cabanillas del Campo y explica que “ya hay interés de varias personas en la provincia de Ciudad Real”, explica, y el objetivo es llegar a toda la comunidad autónoma. Se están organizando a través de grupos vinculados al colectivo ‘Adolescencia Libre de Móviles’.

“Sabemos que la LOMLOE marca que se impartan competencias digitales, pero lo que no tiene ningún sentido es que los niños lean un pdf en una pantalla, como está ocurriendo”, asegura esta madre indignada. Se trata, aclara, de “regularlo” y creen que eso puede conseguirse con una asignatura sobre competencias digitales.

Aducen que se trata de seguir las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP) o la de numerosos colegios médicos, como el de Oftalmología.

Argumentan también que la Agencia de Protección de Datos (AEPD), ha concluido en 2024 que Google Workspace for Education, una de las plataformas tecnológicas para la educación más generalizadas “no es recomendable” o que este organismo oficial también señala que el uso de dispositivos digitales con fines educativos propiedad del alumnado y sus familias, “puede generar tratamientos de datos que afecten gravemente a sus derechos y libertades, en concreto a su derecho a la no discriminación y a la educación; a la vida privada y familiar; a la integridad física y psíquica del menor, y a la protección de sus datos personales, además de a su desarrollo integral como personas”.

“Las familias deben adquirir una tableta, en algunos colegios a partir de tercero de Primaria, con ocho años, cuando empiezan a consolidar la escritura, para tener los libros de texto de las asignaturas troncales en formato digital”. Una medida que rechazan. 

A eso suman como “agravante” que cuando los dispositivos se rompen, como generalmente son propiedad de las familias, se generan “cuantiosos gastos” a la economía familiar.

“Regular en vez de prohibir”, responde Educación

Fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, señalan a preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, que su posición en esta cuestión pasa por “regular en vez de prohibir”.

En opinión del departamento que dirige Amador Pastor, “la prohibición de dispositivos tecnológicos impediría un conocimiento esencial”. Cree que “prohibir es perder” y añade que “no hay evidencia científica que respalde que la eliminación de dispositivos digitales en las aulas mejore el rendimiento académico”.

Por otro lado, sostiene que la prohibición total del uso de dispositivos en el aula impactaría en la “confianza” en el profesorado. Y es que, añade, supondría dar “por hecho” que el docente no sabe enseñar correctamente con ayuda de estos recursos o que está exponiendo al alumnado a riesgos innecesarios.

También alude al “rechazo mayoritario de la comunidad educativa” para respaldar la petición que llega desde Guadalajara. “Las tecnologías digitales, cuando se utilizan de manera adecuada, pueden ser herramientas valiosas para el aprendizaje. Hay un manifiesto firmado por más de 100 docentes de la universidad en contra de la prohibición del uso de dispositivos como apoyo al aprendizaje Manifiesto a favor de las TIC en las aulas”, señala la Junta castellanomanchega.

No hay evidencia científica que respalde que la eliminación de dispositivos digitales en las aulas mejore el rendimiento académico

Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

Además, Educación dice que la prohibición supondría “perder la oportunidad de enseñar un uso adecuado de la tecnología, proporcionando conocimiento para el uso de la Inteligencia artificial, enseñando a detectar y protegerse de los riesgos”.

O que “en un mundo cada vez más digitalizado, el sistema educativo del siglo XXI, tiene la obligación de formar en competencia digital a la sociedad”, tal y como recoge la legislación.

Sobre la preocupación de los padres y madres del alumnado habla de establecer medidas “para reducir los riesgos derivados del uso temprano, intensivo o inadecuado de las tecnologías de la información, mediante regulación”, aunque sin especificar cómo ni cuándo. En todo caso mantiene la necesidad de “garantizar” la adquisición de las competencias digitales recogidas en los currículos educativos de las diferentes etapas.

Según el departamento de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha, “la escuela, es la única que puede garantizar la digitalización universal, sin exclusiones ni brechas digitales” y evitar así la creación de “huérfanos digitales” o estudiantes que, al no contar con un entorno escolar que les enseñe a utilizar la tecnología “de forma crítica y responsable”, quedan en desventaja frente a sus compañeros que sí tienen acceso y acompañamiento en su uso.

En declaraciones a este medio, facilitadas por escrito, se alude al balance beneficio-riesgo y a la “responsabilidad con los menores, por parte del sistema educativo de Castilla-La Mancha en el uso de las tecnologías en el ámbito educativo”, citando el informe de 2023 de la UNESCO sobre ‘Tecnología de la Educación’ que apunta al necesario acceso a la tecnología en todos los centros. “Algo imposible si se prohíbe su uso”, reitera Educación.

Por otro lado, recuerda que esta comunidad autónoma fue “la primera” en prohibir el uso de los móviles en el aula y se ha regulado en las Instrucciones de inicio del vigente, incluyendo pautas para su uso. “Las tablets no van en el bolsillo de los alumnos, permanecen en el aula en un entorno controlado y supervisado por los docentes”, abunda la consejería.

Apela también a la capacitación del profesorado. “Se han realizado más de 4.000 acciones formativas orientadas a mejorar las competencias digitales de los docentes, teniendo más del 80% de profesorado con niveles avanzados de competencias”, detalla y también a la “complicidad con las familias”.

En esta cuestión insiste Educación en que “no se trata de enfrentar o prohibir, sino de responder a una preocupación que desde el ámbito educativo se recoge y valora para dar respuesta” y que se hará en los distintos ámbitos de participación, “juntos”, desde el Consejo Escolar, la Mesa de Padres o los consejos escolares de los centros.

“Estamos hartos de esperar a que alguien regule algo”

Frente a la opinión de la Consejería de Educación, María asegura que “la mayoría de padres estamos en contra. Estamos hartos de esperar que alguien regule algo, así que hemos decidido movernos”.

Hasta la fecha no han mantenido ningún encuentro con este departamento de la Junta de Castilla-La Mancha, aunque no lo descartan.

Antes buscarán consenso en toda la región entre padres y madres. En cualquier caso, dice María, “muchos de nosotros nos planteamos no comprar dispositivos digitales el próximo curso. Los niños llevarán libros de texto. Es que hay una ley que regula el material curricular. Hay muchas incongruencias. Intentaremos que la Consejería de Educación lo regule”.

Dijous passat, el conseller d'Eduació, José Antonio Rovira, donava a conèixer els resultats de la consulta de la llengua base impulsada pel Consell de Mazón perquè les famílies triaren si els seus fills han d'estudiar majoritàriament en castellà o en valencià. El conseller va qualificar de “gran èxit” que el 58% dels més de 570.000 pares i mares que estaven cridats a participar en un procés que ha durat huit dies –entre el 25 de febrer i el 4 de març– votara al referèndum; i va celebrar que aquests advocaren “per un sistema equilibrat i de convivència de les dues llengües oficials” en la qual es va imposar per un estret marge de poc més d'un punt el valencià davant del castellà (un 50,53% davant el 49,47%).

Els representants de prop de 340.000 alumnes d'Infantil (segon i tercer), Primària i Secundària (primer, segon i tercer) s'han decantat lleugerament a favor de l'ensenyament en valencià. Per províncies, aquesta llengua s'ha imposat a Castelló àmpliament (71%) i València (58%), mentre que a la d'Alacant els pares i les mares han votat majoritàriament pel castellà (66%).

Com va reconèixer el mateix titular d'Educació cada llengua s'ha imposat clarament al seu territori de domini lingüístic, “tot i que aquí no hi guanya ningú”, va voler puntualitzar Rovira. Així, a la província d'Alacant, on el castellà és majoritari, s'ha imposat clarament al Baix Segura (95,25%), l'Alt Vinalopó (83,17%) o l'Alacantí (75,61%), mentre que en comarques valencià parlants, com el Comtat, el percentatge de famílies que han optat pel valencià assoleix el 87,63%. Per contra, a Castelló s'ha imposat amb una notable diferència el valencià, excepte a dues comarques, l'Alt Palància i l'Alt Millars.

Pel que respecta a la província de València, hi ha comarques amb una aposta clara pel valencià, com la Ribera Baixa (85,81%), La Safor (79,37%) o la Costera (77,10%) en contraposició amb la Vall de Cofrents-Aiora (87,20% pel castellà) o la Plana d'Utiel Requena (92,96%). Pel que fa a les capitals, a València i Alacant ha guanyat el castellà, 63,86% i 83,07%, mentre que a Castelló el 61,90% ha votat pel valencià. Aquesta diferència en els preferències entre una i altra llengua coincideix amb el que ja reflectia la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que el 1983 ja és referia als territoris “de predomini lingüístic” d'un o altre idioma.

El resultat de la consulta als centres públics valencians -sense tindre en compte els col·legis i instituts concertats-, tal com ha expressat el diputat de Compromís Gerard Fullana, “evidencia que el 61,8% de les famílies que han votat han optat per un model d'ensenyament en valencià”, un percentatge que supera en més d'onze punts “les dades barrejades amb la xarxa concertada oferides” per la Conselleria.

Per províncies, el 76% de famílies dels centres públics de la província de Castelló han optat per ensenyament en valencià, vora sis punts més que amb la mitjana feta amb la concertada; a València, el 70% de les famílies de la xarxa pública ha optat per llengua base valencià, gairebé 13 punts més que en les dades agregades; i a Alacant, un 39% de les famílies dels centres educatius públics “han optat pel model que garanteix l'aprenentatge de tres llengües, cinc punts més que els resultats combinats que ha ofert el departament del conseller Rovira”.

Per cursos, es pot observar que en les primeres etapes educatives, l'aposta pel valencià és més gran i que aquesta es va reduint a mesura que s'avança cap a Primària i, sobretot, a l'ESO. D'aquesta manera, i en dades globals, mentre el 64,50% de les famílies opten perquè els seus fills estudien en valencià a segon d'Infantil (primer curs en què s'ha preguntat), aquest percentatge baixa fins al 46,68% a tercer de l'ESO. Al conjunt d'Infantil, el 53,81% de mares i pares advoquen pel valencià, a Primària aquest percentatge cau fins al 50,68% i es redueix encara més al conjunt de Secundària fins al 47,10%.

A més, i tornant a la discrepància de dades entre l'ensenyament públic i el concertat (el 70% dels centres són públics), les diferències entre castellà i valencià s'incrementen depenent del tipus d'educació per la qual aposten les famílies per als seus fills. Aquesta aposta pel castellà també creix molt més per nivells a la concertada que a la pública.

Com a dada curiosa, explicar que hi ha 18 xicotets municipis en els quals el resultat és del 100% a favor del valencià o del castellà. Així, el valencià ha obtingut el total dels vots a Benialí, Beniardà, Bolulla, Confrides, Tormos, Vall d'Ebo, Cinctorres, Atzeneta d'Albaida, Bèlgida, Bufali i l'Ènova.

El castellà, per la seua banda, ha estat elegit en el 100% a La Aparecida, Arneva, Benferri, Hondón de los Frailes, Molins, El Realengo i San Felipe Neri.

El pasado jueves, el conseller de Eduación, José Antonio Rovira, daba a conocer los resultados de la consulta de la lengua base impulsada por el Gobierno de Mazón para que las familias eligieran si sus hijos han de estudiar mayoritariamente en castellano o en valenciano. El conseller calificó de “gran éxito” que el 58% de los más de 570.000 padres y madres que estaban llamados a participar en un proceso que ha durado ocho días -entre el 25 de febrero y el 4 de marzo- votara en el referéndum; y celebró que estos abogaran “por un sistema equilibrado y de convivencia de las dos lenguas oficiales” en el que se impuso por un estrecho margen de poco más de un punto el valenciano frente al castellano (un 50,53% frente al 49,47%).

Los representantes de cerca de 340.000 alumnos de Infantil (segundo y tercero), Primaria y Secundaria (primero, segundo y tercero) se han decantado ligeramente en favor de la enseñanza en valenciano. Por provincias, esta lengua se ha impuesto en Castellón ampliamente (71%) y Valencia (58%), mientras que en la de Alicante los padres y madres han votado mayoritariamente por el castellano (66%).

Como reconoció el propio titular de Educación cada lengua se ha impuesto claramente en su territorio de dominio lingüístico, “aunque aquí no gana nadie”, quiso puntualizar Rovira. Así, en la provincia de Alicante, donde el castellano es mayoritario, se ha impuesto claramente en el Baix Segura (95,25%), Alt Vinalopó (83,17%) o L'Alacantí (75,61%), mientras que en comarcas valencianohablantes, como el Comtat, el porcentaje de familias que han optado por el valenciano alcanza el 87,63%. Por el contrario, en Castellón se ha impuesto con una notable diferencia el valenciano, excepto en dos comarcas, el Alto Palancia y el Alto Mijares.

Por lo que respecta a la provincia de Valencia, hay comarcas con una apuesta clara por el valenciano, como la Ribera Baja (85,81%), La Safor (79,37%) o La Costera (77,10%) en contraposición con el Valle de Cofrentes-Ayora (87,20% por el castellano) o la Plana de Utiel Requena (92,96%). En cuanto a las capitales, en València y Alicante ha ganado el castellano, 63,86% y 83,07%, mientras que en Castelló el 61,90% ha votado por el valenciano. Esta diferencia en las preferencias entre una y otra lengua coincide con lo que ya reflejaba la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que en 1983 ya se refería a los territorios “de predominio lingüístico” de uno u otro idioma.

El resultado de la consulta en los centros públicos valencianos, tal y como ha expresado el diputado de Compromís Gerard Fullana, “evidencia que el 61,8% de las familias que han votado han optado por un modelo de enseñanza en valenciano”, un porcentaje que supera en más de once puntos “los datos mezclados con la red concertada ofrecidos por la Consellería de Educación”.

Por provincias, el 76% de familias de los centros públicos de la provincia de Castelló han optado por enseñanza en valenciano, casi seis puntos más que con la media hecha con la concertada; en València, el 70% de las familias de la red pública ha optado por lengua baso valenciano, casi 13 puntos más que en los datos agregados; y en Alicante, un 39% de las familias de los centros educativos públicos “han optado por el modelo que garantiza el aprendizaje de tres lenguas, cinco puntos más que los resultados combinados que ha ofrecido el departamento del conseller Rovira”.

Por cursos, se puede observar que en las primeras etapas educativas, la apuesta por el valenciano es mayor y que esta se va reduciendo conforme se avanza hacia Primaria y, sobre todo, a la ESO. De este modo, y en datos globales, mientras el 64,50% de las familias optan porque sus hijos estudien en valenciano en segundo de Infantil (primer curso en el que se ha preguntado), este porcentaje desciende hasta el 46,68% en tercero de la ESO. En el conjunto de Infantil, el 53,81% de madres y padres abogan por el valenciano, en Primaria este porcentaje cae hasta el 50,68% y se reduce todavía más en Secundaria hasta el 47,10%.

Además, y volviendo a la discrepancia de datos entre la enseñanza pública y la concertada (el 70% de los centros son públicos), las diferencias entre castellano y valenciano se incrementan dependiendo del tipo de educación por la que apuesten las familias para sus hijos. Esta apuesta por el castellano también crece mucho más por niveles en la concertada que en la pública.

Como dato curiosos, explicar que hay 18 pequeños municipios en los que el resultado es del 100% a favor del valenciano o del castellano. Así, el valenciano ha obtenido el total de los votos en Benialí, Beniardà, Bolulla, Confrides, Tormos, Vall d’Ebo, Cinctorres, Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bufali y l’Ènova.

El castellano, por su parte, ha sido elegido en el 100% en La Aparecida, Arneva, Benferri, Hondón de los Frailes, Molins, El Realengo y San Felipe Neri.