La demanda de protección civil del derecho al honor que ha interpuesto Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se basa en dos comentarios –uno publicado en la red social Bluesky y otro en TVE– a cuenta de las informaciones publicadas en elDiario.es que recogían las denuncias de agresión sexual de dos extrabajadoras contratadas por el cantante. La demanda señala que Yolanda Díaz se refirió en sus comentarios a unos “escalofriantes testimonios”, de las dos mujeres, “de los que no había constancia oficial, sino lo únicamente referenciado por el medio de comunicación elDiario.es., sin corroboración objetiva alguna”.

La corroboración objetiva a la que se refiere el abogado de Iglesias eran vídeos grabados a las dos mujeres donde detallaban las agresiones sufridas, y la constancia oficial era la publicación en un medio de comunicación que había intentado conseguir, sin éxito, la versión de la persona a la que se referían las denunciantes. Yolanda Díaz escribió. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a los periodistas de elDiario.es por denunciarlo”.

A continuación, la demanda de Julio Iglesias se detiene en un conjunto de acusaciones sin fundamento contra elDiario.es: “Hay que significar que el propio medio de comunicación había provocado la noticia, como resultado de un supuesto trabajo de investigación, y no se trataba, según amplia jurisprudencia constitucional de un reportaje neutral, que además se difundía de forma reelaborada, porque el medio acabó reconociendo, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que no se reproducían los testimonios de las denunciantes, sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes, acreditándose que la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”.

La demanda se basa, al igual que la querella contra elDiario.es, en hechos falsos al acusar a este medio de comunicación de “no reproducir el testimonio de las denunciantes sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes”. elDiario.es reprodujo fielmente el testimonio de las denunciantes, con su imagen –producto de la grabación de entrevistas con las dos mujeres– y con sus palabras, pero doblando sus voces para proteger su identidad. Pese a este, la demanda considera acreditado que “la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”. La imagen de los videos que complementaban la información corresponde a las dos mujeres que denunciaron los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras ser admitida a trámite la denuncia, la Fiscalía decidió no seguir adelante por haber sucedido los hechos en el extranjero y no tener competencia para investigarlos en España.

La demanda llega a acusar a la vicepresidenta segunda de actuar con “temeridad evidente” al dar “por ciertos los ”escalofriantes testimonios“, que no eran tales”. Los testimonios eran ciertos y así lo acreditan las grabaciones realizadas por los periodistas de elDiario.es y Univisión. El abogado de Julio Iglesias sostiene en la demanda que Yolanda Díaz “realizó valoraciones propias, dando por ciertos los hechos con grave desprecio a la presunción de inocencia, y situando a mi mandante como autor de la comisión de graves de delitos de agresiones sexuales y de explotación laboral y trata de personas vulnerables, sin hacerlo en términos de presunción”.

El abogado pide 50.000 euros

Díaz declaró en TVE: “Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. A continuación, preguntada por el apoyo que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, había dado al cantante, rechazando así el testimonio de las mujeres, la vicepresidenta contestó: “La Presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ayer no ha sido condenar si quiere con carácter presunto lo que ha hecho el señor Julio Iglesias no, no, lo que ha dicho es colocarse por la pasiva del lado del presunto agresor, por tanto, eso es machismo”.

Al finalizar la entrevista, y cuando el periodista le preguntó si respetaba el principio de presunción de inocencia para el cantante, Díaz contestó: “Una cosa es la responsabilidad penal en la que por supuesto presunción de inocencia, derecho a un proceso justo, tutela judicial efectiva y un millón de cosas más, artículo 24 y siguientes de la Constitución y otra cosa es la responsabilidad de carácter político o ético que uno o una tenga, y en este sentido parece que todo lo que estamos conociendo requiere de una actuación ejemplarizante en esta materia”.

El escrito de demanda termina reclamando a la vicepresidenta segunda que “se avenga a reconocer que las manifestaciones realizadas constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, absteniéndose de realizar en lo sucesivo nuevas manifestaciones de tenor similar (...) que se retracte públicamente de las mismas en la misma forma en la que estas fueron difundidas, y que indemnice por daño moral al cantante con la cantidad de 50.000 euros además de los intereses que correspondan”.

La empleada del RCD Espanyol que denunció al futbolista Álvaro Aguado por agredirla sexualmente durante la fiesta de ascenso a Primera División del club en 2024 ha solicitado 10 años y medio de cárcel para el jugador.

Así consta en el escrito de acusación de la trabajadora, al que ha tenido acceso elDiario.es. Además de la pena de cárcel, la empleada pide que el jugador no se le pueda acercar a menos de 1.000 metros durante los diez años siguientes al tiempo de la condena así como una indemnización de 64.000 euros por daños morales y 19.000 por las secuelas y gastos psicológicos que le ha comportado el caso.

La petición de la abogada de la denunciante, Sònia Ricondo, es ligeramente superior a la de la Fiscalía, que reclamó nueve años de cárcel para Aguado y una indemnización de 65.000 euros.

Los hechos se remontan al 23 de junio de 2024, cuando un grupo de trabajadores del club organizó una fiesta privada para celebrar el ascenso del Espanyol en la discoteca Opium de Barcelona. Al evento asistieron la denunciante y Aguado, que a día de hoy se encuentra sin equipo. La empleada presentó la denuncia unos meses más tarde, lo que ha impedido recoger las grabaciones del local.

En su escrito, la denunciante expone que Aguado se acercó a ella y “empezó a realizar tocamientos” no consentidos en su cuerpo, aprovechando que la sala estaba llena de gente bailando y en un contexto festivo. Ante la insistencia del jugador, agrega la acusación particular, la empleada rechazó los tocamientos y le advirtió: “No te pases ni un pelo que trabajo en el club”.

Unos minutos después, Aguado, según el escrito de acusación, cogió de la mano a la víctima, que se encontraba mareada por la ingesta de bebidas alcohólicas, y se la llevó de la sala de baile.

Un empleado de la discoteca les vio en la escalera del párquing, y les impidió el paso, con lo que el futbolista llevó a la denunciante a los baños masculinos. Allí, expone la acusación, el futbolista agredió sexualmente a la trabajadora del club, que se encontraba “en estado de shock” y “dolorida” y le pidió que parara y que no quería mantener relaciones sexuales.

Tras agredirla sexualmente, agrega la acusación particular, Aguada se vistió y le dijo a la denunciante “tú no me conoces y yo a ti tampoco, ¿vale?”. También preguntó “¿quién sale del baño primero?”, y procedió a abandonarlo.

La discoteca Opium no activó los protocolos previstos ante posibles agresiones sexuales ocurridas en el establecimiento, dado que la denunciante no comunicó lo sucedido al personal del local esa misma noche.

Cuando el caso se hizo público, el Espanyol tampoco activó ningún protocolo. La letrada Ricondo ha solicitado que en la vista comparezca como testigo el responsable del órgano de cumplimiento del club para que se ratifique en un informe que presentó a la jueza en el que justificaba la actuación de la entidad.

En su declaración como investigado, Aguado alegó que las relaciones fueron consentidas. Recientemente, en un vídeo colgado en su Instagram, el jugador expresó que quería que llegara ya el juicio, pues, en su opinión, permitirá “saber la verdad y quién es realmente la víctima”.

Según destacó la magistrada en su auto de procesamiento, la víctima “se ha mostrado sincera al relatar los hechos vividos”, pese a tener flashes de lo ocurrido durante la noche y admitir tener “recuerdos puntuales”, tal y como ocurre a veces con las denunciantes de delitos sexuales. En este caso, la denunciante todavía sufre consecuencias psicológicas de los hechos como insomnio o pesadillas.

La declaración de la denunciante, agregó la magistrada, “ha sido corroborada parcialmente por testigos”, al menos en cuanto a los momentos posteriores y anteriores a lo ocurrido en el baño. Destacó la jueza la existencia de whatsapps inmediatamente posteriores a los hechos que reflejan el “estado anímico” de la denunciante.

Gustavo Fuentes, vestido con una guayabera celeste y “aparentemente tranquilo”, declaró este martes ante un juez de violencia de género que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas –delitos por los que está imputado–, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre ”consentido“.

El exCEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) –empresa asociada a RTVA, copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur– compareció durante casi una hora, respondiendo a las preguntas del juez titular, Francisco José de Córdoba, de la fiscal y de su propio abogado. Se negó a contestar las preguntas del letrado de la reportera que lo ha denunciado por tres agresiones sexuales –en 2013, 2022 y 2023–, por acoso sexual continuado y acoso laboral (mobbing) y quedó en libertad sin medidas cautelares.

Media hora antes, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que Fuentes sentía hacia la trabajadora que lo ha denunciado, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio celebrado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos del exCEO en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la estaba follando otro compañero”.

Tanto la exdirectiva como la otra testigo –una amiga a la que confesó las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron– coincidieron también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la periodista con el estado de “miedo” y “ansiedad” que experimentó durante los años que trabajó bajo las órdenes del directivo imputado.

“Contradicciones” en línea de defensa del acusado

La estrategia de defensa de Gustavo Fuentes, según personas presentes en el interrogatorio, pasa por intentar demostrar que siempre hubo “consentimiento” de la denunciante, y para ello buscó desmontar una de las pruebas más sólidas de la acusación: las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del ex director general de la productora a la víctima entre 2018 y la actualidad.

Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa, como recordó ayer el propio magistrado durante el interrogatorio. Sin embargo, el abogado de Fuentes trató de exponer que en esas conversaciones entre su cliente y la reportera hay periodos en blanco, en los que aparecen transcritos los mensajes de él, pero se han borrado las respuestas de ella, en teoría, “porque se habrían activado los mensajes temporales de WhatsApp”.

Se trata de una función de privacidad que hace que los mensajes de un chat desaparezcan automáticamente después de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días, y solo afectan a los mensajes nuevos, no a los enviados antes de activarlos. La representación legal de Gustavo Fuentes intenta probar ante el juez que la denunciante borró las respuestas para ocultar que, en realidad, ella consentía ese tipo de mensajes “de índole sexual” y la relación que mantenía con su superior jerárquico. Con todo, el magistrado le reiteró que los mensajes aportados como prueba por parte de la acusación ya han sido validados judicialmente.

Las mismas fuentes apuntan a que el acusado incurrió en “contradicciones” a lo largo de su declaración. Primero habría señalado que su relación con la denunciante era “estrictamente laboral”, llegando a esgrimir que por su condición de presentadora apenas frecuentaba la sede de la productora. Pero, al final de su declaración habló ya de “un tonteo mutuo, pero no consumado”.

Las testigos salieron de los juzgados a pie, acompañadas por responsables del SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas) que atienden en los casos de violencia de género. El acusado abandonó los juzgados en coche, saliendo del parking del edificio, tras una autorización de la Guardia Civil por “por razones de seguridad”, explican fuentes del TSJA, porque había una concentración convocada a las puertas del edificio por parte del Sindicato de Periodistas para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima.

Una “espinita clavada” con la víctima

En todo momento, el juez Francisco José de Córdoba trató de ceñir el interrogatorio a los hechos concretos que se investigan en la causa, formulando preguntas en torno a fechas y lugares muy específicos. Dado el momento procesal incipiente de la causa, el magistrado perimetró mucho tanto las preguntas de la acusación y la defensa como las respuestas, evitando elucubraciones, juicios de valor, incluso contextualización de los hechos por los que se interrogaba.

Por ejemplo, a la exdirectiva de ADM le preguntó si había escuchado a su jefe decir en una ocasión concreta, en un restaurante específico, que “tenía una espinita clavada” por no haber podido mantener una relación íntima con la víctima. La testigo declaró que si bien no recordaba exactamente si lo había dicho ese día ni en ese sitio, confirmó que la frase se la había escuchado “muchas veces, recurrentemente, y delante de un montón de gente”.

La testigo clave ratificó así el relato de la reportera denunciante. La propia denuncia recoge que, tras sentirse rechazado continuamente en sus insinuaciones a la reportera, este llegó a “jactarse ante otros directivos y compañeros” de que era “la única mujer” que se le “ha resistido” y “la única tía” que le ha “hecho la cobra”, durante una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur.

Las dos testigos también confirmaron ante el juez que tenían conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Preguntada por esta cuestión, la amiga íntima de la denunciante consultó al magistrado si quería que entrara en detalles “desagradables”, tal y como se lo había contado en su momento la víctima y, con el visto bueno del juez, describió de manera explícita el “manoseo y baboseo” que le había trasladado su amiga con respecto al comportamiento de su jefe.

“Le babeaba encima, le chupaba con la lengua”, detalló la testigo durante su declaración, en alusión a dos de los episodios recogidos en la denuncia. Uno sufrido en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y el último en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

Aunque la exdirectiva de ADM no estuvo presente durante la grabación de esos programas, donde habrían ocurrido las agresiones, sí explicó al juez que la reportera le había contado que se había sentido “muy incómoda” ante la presencia del director general cuando se personaba en los rodajes. “Me preguntaba de forma recurrente dónde estaba físicamente” la denunciante, explicó.

En un momento del interrogatorio, el magistrado le preguntó por su poder de influencia y decisión sobre el personal de la empresa, dada su condición de número dos de la productora, pero ella aseguró que sólo era sobre el papel, “la realidad es que él lo controlaba todo y decidía quién entraba y quién se marchaba de la empresa”, advirtió.

El consentimiento

La cuestión del consentimiento de la reportera que trata de demostrar la defensa de Gustavo Fuentes ya aparecía anticipada en la denuncia presentada por ella el pasado enero. En esta explica de forma reiterada por qué no denunció antes a su jefe y por qué mantuvo una comunicación aparentemente cordial con él pese a las agresiones y el acoso que describe. Si respondía a los mensajes de WhatsApp con una “cortesía forzada” hacia su superior jerárquico, sostiene el escrito, no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye el texto. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La defensa del exdirector general de ADM ha tratado de desacreditar esa tesis. Además de sostener ante el juez que la relación fue consentida, la representación legal del acusado solicitó una copia de los informes clínicos de la denunciante, ya obrantes en el procedimiento, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad”, así como una “pérdida de diez kilos” de peso. Su estrategia pasa por vincular ese deterioro físico y psicológico con el fallecimiento repentino de la madre de la víctima, al coincidir temporalmente con parte de los hechos denunciados.

Esa fue una de las cuestiones sobre las que el juez interrogó a las dos testigos. Quiso saber si conocían que la reportera recibía atención psiquiátrica y si el origen de esa terapia guardaba relación con la muerte de su madre. Ambas respondieron que el tratamiento estaba motivado por la situación de acoso sexual que, según les había trasladado la propia denunciante, sufría en su entorno laboral. “Como yo la he visto sufriendo con este hombre no la había visto nunca”, declaró su amiga.

En el mismo sentido se pronunció la que fuera número dos de Gustavo Fuentes. “Cuando la conocí era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, afirmó al describir el progresivo deterioro de la reportera bajo la “presión sexual” que, según dijo, ejercía el entonces CEO y el “miedo absoluto” que ella llegó a sentir hacia quien era su superior jerárquico en la empresa donde trabajaba.

Sobre esta respuesta, el abogado del acusado protestó y el juez consintió en que “no procede”. Tras la declaración de las testigos y el acusado, el magistrado (y el Ministerio Fiscal) decidirán en los próximos días el siguiente paso del procedimiento judicial por delitos sexuales contra Gustavo Fuentes, castigados con penas de hasta siete años de cárcel.

El cantante Julio Iglesias ha interpuesto una querella contra elDiario.es, contra su director, Ignacio Escolar, y contra cuatro de sus periodistas, Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera, “por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias, y de un delito contra la integridad moral”. Según su representación legal, la publicación de artículos que recogían el testimonio de dos extrabajadoras del artista español que denunciaban haber sido sometidas a agresiones sexuales “menoscaba gravemente” su dignidad personal.

La querella se presenta trufada de valoraciones contra elDiario.es basadas en hechos falsos. Julio Iglesias ha tomado esta decisión después de que hace un mes se celebrara el acto de conciliación entre la representación legal del cantante y la de elDiario.es.

José Antonio Choclán, el abogado del cantante -que también lleva la defensa legal del empresario Víctor de Aldama- solicitó entonces que este periódico rectificara las informaciones publicadas “reconociendo el contenido injurioso y calumnioso”, y que fueran eliminadas de la web. Además, solicitaba una indemnización sin cuantificar, pero que se anticipaba “en cifras de importante cuantía económica”. elDiario.es no aceptó las exigencias de Julio Iglesias ni rectificó la información publicada, basada en hechos ciertos. Por tanto, no se realizó el acto de conciliación y el abogado del cantante ha presentado ahora la querella.

El cantante acusa en falso y sin ninguna prueba a los periodistas de elDiario.es de haber “participado en la promoción y elaboración de un montaje periodístico, bajo la aparente cobertura que le ofrece el derecho a difundir opiniones y expresiones e informaciones sobre hechos”. Destaca que esas publicaciones “no pueden encontrar amparo” en el derecho a la información que recoge la Constitución Española y que ha supuesto “una grave lesión de los derechos fundamentales al honor, a la imagen, a la intimidad personal y familiar, y a la presunción de inocencia”. El cantante cita una jurisprudencia que no se corresponde con las noticias denunciadas y obvia las sentencias del Supremo y del Constitucional sobre hechos parecidos donde se subraya la prevalencia del derecho a la libertad de información cuando las informaciones difundidas sean de relevancia pública y de interés general aunque redunden en el descrédito del afectado. La relevancia pública del cantante es evidente. Además, la jurisprudencia protege al medio de comunicación que haya hecho el trabajo con la diligencia debida. elDiario.es trabajó durante tres años en el contraste de los datos y hechos contenidos en la información. Durante los 11 días previos a la publicación de los reportajes intentó, sin éxito, obtener una respuesta del cantante Julio Iglesias.

Choclán denuncia en la querella las “informaciones inveraces” de elDiario.es y de Univision que daban cuenta de la denuncia de dos mujeres que habían trabajado en el servicio doméstico de Julio Iglesias. La denuncia por agresión sexual se presentó en la Fiscalía de la Audiencia Nacional que, tras admitirla a trámite, decidió archivarla por falta de competencia dado que los hechos se habían producido en el extranjero. Ni la Fiscalía ni ningún tribunal han investigado los hechos denunciados por estas dos mujeres.

La confección de la denuncia

La querella de Julio Iglesias sostiene que “se han difundido hechos a la opinión pública manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifican, y que, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, no pueden encontrar amparo en el derecho fundamental a difundir información veraz”. Acusa a los periodistas sin pruebas y en falso de recrear supuestas declaraciones de las víctimas cuando elDiario.es y Univision las entrevistaron, grabaron esas conversaciones y las difundieron sin manipular en ningún momento las palabras de las mujeres.

Además, el escrito apunta que elDiario.es reelaboró la noticia “ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que cita como fuente de información, que mantiene indeterminada, y utilizando ficciones y la actuación de actrices profesionales para confundir a la opinión pública, haciéndolas pasar por declaraciones emitidas por las denunciantes”. La querella pone el foco en que hubo una teatralización y dramatización realizada por actrices profesionales porque “las voces que se oyen en los vídeos no se corresponden con las de las personas entrevistadas”. elDiario.es entrevistó a las denunciantes en diferentes ocasiones durante los años 2024 y 2025, siempre grabando las entrevistas en audio donde se puede acreditar que no se manipularon sus declaraciones. En 2025, tras la incorporación de Univision Noticias a la investigación, se volvieron a repetir las entrevistas, esta vez realizando una grabación en vídeo para que se pudieran difundir los testimonios en formato audiovisual. Con el objetivo de preservar la identidad de Rebeca y Laura, y a petición de sus abogadas, tal y como este medio explicó desde el primer día de la publicación, se encargó un doblaje profesional que reprodujera de manera exacta sus palabras. Antes de la publicación, se cotejó que el audio del doblaje se correspondiera con el original de las entrevistas. El doblaje es una práctica habitual para proteger testigos empleada por la BBC, Univision y medios de EEUU.

El abogado de Iglesias adelanta que los querellados deberán indemnizar al artista por los perjuicios materiales causados y por el daño moral causado. Esto último, explica, se valorará “atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida” y teniendo en cuenta “la difusión o audiencia del medio a través del que se ha producido la ilegítima intromisión”. Y explica que esto se determinará pericialmente, una vez que los querellados aporten los datos económicos que permitan esa cuantificación.

Iglesias solicita que, tras la admisión de la querella por parte de un juzgado de Madrid, sean llamados a declarar los periodistas a los que denuncia, que se cite a declarar en calidad de testigos a las actrices “utilizadas para la recreación de las manifestaciones” de las denunciantes, y que se solicite al medio datos acreditativos del alcance de la difusión de las noticias y podcasts relacionados con el tema.

La querella presentada por el abogado de Julio Iglesias contra elDiario.es relata hechos falsos, denuncia determinadas conductas de los profesionales del medio que nunca se produjeron y se apoya en jurisprudencia que no se corresponde con lo publicado sobre la denuncia de dos mujeres contra el cantante por supuesta agresión sexual. El escrito comienza considerando la investigación de elDiario.es como un “montaje periodístico” y sostiene que dicho trabajo “no puede encontrar amparo en los derechos fundamentales establecidos en el artículo 20 de la Constitución, de acuerdo con reiterada jurisprudencia constitucional, y que han supuesto una grave lesión de los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la imagen y a la intimidad personal”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre este tipo de noticias ampara el trabajo desarrollado durante tres años por los periodistas de elDiario.es:

Relevancia pública para que prevalezca el derecho a la libertad de información

“La relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado”. La relevancia pública de Julio Iglesias es más que evidente.

El requisito de la veracidad

“La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada”.

elDiario.es, junto a Univision Noticias, publicó una serie de reportajes que partían de los testimonios de varias de las extrabajadoras domésticas al servicio de Julio Iglesias en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Estos reportajes se publicaron después de tres años de investigación periodística en los que los profesionales de elDiario.es y Univision acreditaron los datos incluidos en las informaciones e intentaron contrastar con todas las partes los principales detalles de lo difundido.

Dos mujeres que trabajaron para el cantante, identificadas para su protección con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, interpusieron una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas. Pese a los reiterados intentos para conseguir, durante los 11 días previos a la publicación del primer reportaje, una respuesta de Julio Iglesias, el cantante no respondió a las preguntas que le trasladaron los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias. Posteriormente, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Investigación con la diligencia debida aunque no se declare probado el hecho

La jurisprudencia señala que “la protección de la libertad de información no resulta condicionada por el resultado del proceso penal, de modo que no es obstáculo que el hecho denunciado no se haya declarado probado en un proceso de esta naturaleza”. Y concluye: “De este modo el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia exigible a un profesional de la información. Es suficiente, por tanto, que exista una diligencia en la búsqueda de los datos para elaborar el trabajo periodístico. Es suficiente con demostrar la seriedad en la constatación de la existencia de las pruebas y en la recopilación de los materiales para la elaboración de la correspondiente información”.

Las dos mujeres supuestamente agredidas por Julio Iglesias presentaron una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que decidió archivarla unos días después de admitirla a trámite por considerar que no tenía competencia sobre unos hechos ocurridos en el extranjero. Ni la Fiscalía ni ningún tribunal ha investigado los hechos denunciados por las dos mujeres.

Iglesias denuncia actuaciones de los periodistas que nunca se produjeron

La querella considera inveraz la información publicada por elDiario.es y para argumentar su acusación denuncia comportamientos de los periodistas que firmaron las noticias que nunca se produjeron. “No se trata de una acción penal contra un periodista que emite un reportaje neutral”, escribe el abogado que defiende a Julio Iglesias. “Los querellados han participado en la promoción y confección de la denuncia, y han difundido hechos a la opinión pública manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifican, y que, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, no pueden encontrar amparo en el derecho fundamental a la difundir información veraz”.

Los periodistas no recrearon supuestas declaraciones de nadie. Todas las declaraciones de las víctimas, cuyas grabaciones conserva este medio para acreditarlo, no se reelaboraron ni se recrearon; ni tampoco participaron en la confección de la denuncia hecha por un despacho de abogadas.

La querella acusa en falso a elDiario.es de usar actrices profesionales para presentar la denuncia contra Julio Iglesias: “Se produce la reelaboración de la noticia, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que cita como fuente de información, que mantiene indeterminada, y utilizando ficciones y la actuación de actrices profesionales para confundir a la opinión pública, haciéndolas pasar por declaraciones emitidas por las denunciantes”. Es falso que elDiario.es utilizase “actrices profesionales para confundir a la opinión pública”. Los vídeos que acompañaron a la información recogían la imagen (sin mostrar su rostro para evitar que su identificación pudiera ponerlas en peligro) y el testimonio, sin ningún tipo de manipulación, de las mujeres que habían denunciado las supuestas agresiones sexuales de Julio Iglesias. Tan sólo se dobló la voz de las dos mujeres, pero sin modificar ni una sola de las palabras que pronunciaron durante las entrevistas, para evitar un posible reconocimiento de las mismas, tal y como se explicó desde la primera información.

La querella señala que “era exigible a los querellados un deber de diligencia en su máxima intensidad, ya que la noticia que se transmitió suponía la atribución de la comisión de delitos graves”. La diligencia de elDiario.es fue de máxima intensidad, hasta el punto de dedicar tres años del trabajo de varias de sus periodistas a la investigación de los hechos denunciados por las mujeres y el intento infructuoso durante días para conocer la respuesta de Julio Iglesias a sus acusaciones. El cantante nunca quiso responder a las reiteradas llamadas, mensajes y el cuestionario enviado por correo y entregado en mano por elDiario.es y Univision. Sólo reaccionó a la denuncia de las mujeres una vez publicada por ambos medios.

La querella cita una jurisprudencia que elDiario.es respetó hasta el final: “La salvaguardia que el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos otorga a los periodistas en relación con la información sobre cuestiones de interés general está sujeta a la condición de que actúen de buena fe para proporcionar información precisa y fiable de acuerdo con la ética del periodismo”.

“Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita” bajo la “presión sexual” de él y el “miedo absoluto que le tenía”. Dos testigos han ratificado este martes ante el juez la “obsesión” que el exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, sentía hacia la reportera que lo ha denunciado por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral.

Se trata de una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del entonces CEO de la productora, y de una amiga a la que reveló las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron. Según fuentes presentes en el interrogatorio, las dos han confirmado ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla tener conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Ambas han coincidido también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la reportera con el estado de “miedo” y “ansiedad” que atravesó durante su etapa en ADM.

Tras las dos testigos propuestas por la víctima, ha declarado el propio Fuentes, quien llegó a los juzgados de violencia contra la mujer cuatro horas antes de la hora a la que estaba citado a declarar (12.15) en calidad de imputado por agresión sexual y acoso sexual. El abogado de la denunciante había solicitado al juez que citase a las testigos y al acusado en días distintos, para evitar que se cruzasen en el juzgado, pero el magistrado rechazó la petición. Como Gustavo Fuentes se adelantó tanto a la hora de su citación, ya se encontraba en la sala de espera, contigua al juzgado número 5, cuando las testigos llegaron por separado para declarar antes que él.

Después de responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado, Fuentes abandonó el edificio poco antes de las 14:00. Lo hizo en coche directamente desde el garaje, evitando así enfrentarse a los medios que aguardaban en la puerta principal y a los miembros de la Asociación de la Prensa de Sevilla, del sindicato SPA y del comité intercentros de Canal Sur, que se concentraron frente al juzgado para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima y animar a denunciar situaciones de acoso sexual y laboral como la que hoy pesa sobre el exdirector general de ADM.

Interrogatorio acotado a los hechos investigados

La expectación mediática que ha generado esta citación judicial se debe a que el productor acusado de delitos sexuales no era un ejecutivo al uso, y tampoco la compañía que dirigía. ADM es una empresa semipública, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía (al 48%), asociada a la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y principal proveedora de contenidos de Canal Sur, cuyo buque insignia es uno de sus programas en antena desde hace 26 años (Andalucía Directo).

Según fuentes presentes en la sala, durante las declaraciones de las testigos se ha escuchado reiteradamente la palabra “improcedente” por parte del juez Francisco José de Córdoba, que, siendo garantista, trató de acotar el interrogatorio para ceñirse a los hechos concretos que se investigan. El magistrado interrumpió así en varias ocasiones, tanto las preguntas de la acusación como las repuestas de las testigos, cuando entendía que se alejaban del objeto de la causa para adentrarse en el contexto laboral o en la “posición de poder” del acusado.

Cabe recordar que el magistrado dejó fuera del procedimiento el delito de acoso laboral que también denunciaba la reportera, al considerar que excedía de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

Tres agresiones denunciadas

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

El juez ha sido muy específico en sus interrogantes y ha preguntado a las testigos por fechas exactas. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, la defensa también ha llevado un documento extenso con páginas de WhatsApp impresas.

“Basta de acoso en los medios”

Mientras Gustavo Fuentes declaraba ante el juez, decenas de profesionales del sector audiovisual se concentraron a las puertas de los juzgados, al grito de “No al acoso, sexual o laboral” y “Basta de acoso en los medios”. Con estos lemas trasladaron su respaldo y “solidaridad” a la reportera que denunció al exCEO de ADM, poniendo fin a años de silencio y “sometimiento”.

En el manifiesto leído durante la concentración, el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión ha advertido de que “no podemos permanecer impasibles ante situaciones de abuso y agresión como las descritas por la compañera denunciante, menos aún cuando quien las sufre trabaja en una empresa con participación pública cuyo principal cliente es Canal Sur”, como apunta el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza.

Los convocantes han vinculado ese silencio al temor a las represalias en un sector tan atomizado como el audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”. Ese “miedo a no volver a trabajar en una empresa audiovisual en Andalucía” hace que muchas personas permanezcan “calladas” ante situaciones de acoso sexual o laboral, han señalado durante la lectura del manifiesto.

Precisamente por ello, la concentración —respaldada también por las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión y por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS)— ha querido lanzar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares para que no se sientan solas y se animen a denunciar. “No podemos permitir que el miedo, el silencio, el ninguneo o el abuso de poder se conviertan en la norma en nuestros centros de trabajo”, sostiene el Sindicato de Periodistas de Andalucía, que ha reclamado “erradicar de nuestro sector la precariedad y el machismo estructural”, como “caldo de cultivo que alimenta los abusos”.

La protesta ha contado con el respaldo de formaciones políticas con representación parlamentaria como Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde Adelante avanzan que van a pedir la comparecencia en el Parlamento andaluz del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de estrecha confianza de Fuentes, así como que se aborde la cuestión de la denuncia directamente en la comisión de RTVA. La portavoz de Igualdad de Adelante, Leticia Blanco, considera “horrible” que no exista plan de igualdad en cualquier subcontrata, “pero que no lo haya en una empresa con participación pública es inaceptable”, añade en declaraciones a elDiario.es

Un hombre de 47 años y natural de Pamplona ha sido condenado a dos años de prisión por dos intentos de agresiones sexuales a una menor. La joven, de 15 años, fue acorralada en una de las puertas de acceso de la Ciudadela de Pamplona, donde el condenado intentó tocarle los pechos y las nalgas. La víctima consiguió zafarse y huir, impidiendo las agresiones sexuales.

A consecuencia de la agresión sexual, la menor presenta secuelas, como ansiedad fóbica y ciertos pensamientos recurrentes relacionados con los hechos, según consta en la sentencia. El inculpado, se describe, “presenta un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y trastorno por consumo de tóxicos, que al tiempo de los hechos limitaron sus facultades volitivas e intelectivas de forma leve”.

Según recoge la sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años. Se ha tenido en cuenta el atenuante de trastorno mental, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

El procesado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante cinco años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros cinco años. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la menor con 2.000 euros por el daño moral ocasionado.

En septiembre de 2010, durante la gala de presentación de la nueva programación de Giralda Televisión y en presencia de trabajadores y directivos de la cadena local de Sevilla, Gustavo Fuentes “extendió un cheque de 500 euros” a nombre de una joven periodista allí presente: “Ella es mía y vale mucho. Si no le pagáis la gala, se la pago yo”.

La denuncia que interpuso, 15 años después, aquella joven contra su jefe por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral arranca con aquel primer episodio “especialmente humillante”, que “sentó las bases de una dinámica de poder y control que se prolongaría en el tiempo hasta hacerse insoportable y llegar al extremo de socavar por completo su integridad física y psíquica”.

Gustavo Fuentes, ex director general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), comparece este martes ante un juez de violencia de género de Sevilla imputado por un delito contra la libertad sexual y otro de acoso sexual continuado, castigado con pena de prisión de uno a cuatro años (en el primer caso) y de cinco a siete meses (en el segundo, cuando existe “prevalimiento de autoridad o superioridad laboral”).

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

“La única tía que me ha hecho la cobra”

“Yo voy a hacer abuelo a tu padre”, le dijo tras intentar besarla a la fuerza aquella primera vez, en 2013, según consta en la denuncia. Otros momentos descritos ocurrieron en presencia de testigos que aparecen, con nombres y apellidos, y pueden ser citados por el juez. En una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur, Fuentes “se jactaba ante otros directivos y compañeros” de que [la víctima] era “la única mujer que se me ha resistido”, “la única tía que me ha hecho la cobra”, comentarios que ella tilda de “vejación sexual, humillación constante y degradación”, por hacerlos además “con carácter público”.

La apertura de la investigación judicial fue revelada por elDiario.es Andalucía el pasado 9 de junio, pero la denuncia de la reportera se registró en enero, la apertura de diligencias es de febrero y la citación judicial como imputado es del 25 de marzo, el mismo día que tomó declaración a la víctima. Hasta que se hizo público, Gustavo Fuentes tenía una de las mejores huellas digitales del sector audiovisual andaluz y nacional: aparecía en docenas de entrevistas como un “visionario” del mundo audiovisual, preconizando el futuro de la televisión, el cine y las plataformas de streaming; reconocido por liderar alianzas de la industria andaluza con los gigantes del sector, como Netflix o Movistar.

“Gustavo Fuentes, el Messi sevillano tras las cámaras”, rezaba el titular de un perfil en el medio Extradigital, en noviembre de 2023, con una foto suya junto al director general de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado. En 2023, el Gobierno de Juanma Moreno facilitó su nombramiento como presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su confianza.

“Organizaba eventos y fiestas muy vistosas, traía a gente muy potente y proyectaba una Andalucía moderna, de cine. A él le gustaba rodearse de la gente que manda y hacer ostentación de su cercanía con el poder. Pero él mandaba mucho y a los políticos les encantaba verse en sus saraos”, dice hoy uno de sus estrechos colaboradores. Ese estatus de Gustavo Fuentes es el telón de fondo tras las agresiones y las situaciones de acoso sexual y laboral que describe la denuncia. “Es preciso tomar consciencia de su posición de poder, no sólo en el sector audiovisual andaluz, sino incluso en esferas políticas institucionales de la comunidad autónoma”, subraya el texto de forma insistente.

El hoy vicepresidente primero de la Junta es el gran protagonista del álbum de fotos de Gustavo Fuentes, donde aparece prácticamente todo el Consejo de Gobierno y el staff de la RTVA. “Está muy bien relacionado dentro del sector, pero sobre todo con la cúpula de la Junta, del PP andaluz y de la dirección de la RTVA”, explican fuentes del ente público.

La reportera que terminó denunciando a su jefe en los tribunales, junto a otras cinco trabajadoras de la misma productora, habían pedido amparo seis meses antes a CCOO, describiendo al detalle las agresiones y situaciones de acoso. La denuncia muestra cómo, de manera insistente, trata de justificar el no haber sido capaz de denunciar antes a Gustavo Fuentes por miedo, no sólo a perder su empleo, sino a que su jefe usara sus contactos para ahogar cualquier posibilidad de encontrar trabajo en el muy atomizado sector audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”.

“El director general de ADM no actúa únicamente como superior jerárquico interno, sino como máximo responsable de una de las escasas estructuras empresariales con verdadera capacidad de absorción de empleo, producción y continuidad profesional en el audiovisual andaluz, así como de los empresarios más influyentes de todo el sector”, advierte la denuncia.

En las quinielas para entrar en el Gobierno andaluz

El pasado 7 de junio, dos días antes de revelar la imputación del CEO de ADM por delitos sexuales, en el entorno del presidente Juanma Moreno situaban al “superproductor” en las quinielas para dirigir la RTVA, sustituyendo a Mellado, e incluso como consejero de la nueva cartera de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital.

18 horas después de publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aprobó la “suspensión temporal” de todas sus funciones. A la mañana siguiente, se informó internamente a los directivos de la productora de que Gustavo Fuentes “no iba a volver”, y que su cese era “definitivo e irrevocable”. El terremoto que provocaron los detalles más escabrosos de la denuncia de la reportera cimbrearon los cimientos del Gobierno de Moreno, copropietario de la productora ADM (con un 48% de participación), y de Canal Sur, su principal proveedor (con una facturación anual en torno a los cinco millones de euros).

“Es una denuncia falsa. No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, había explicado el propio Fuentes a este periódico, el día antes de publicarse la noticia. Tras esa llamada, salió de su despacho e informó a otros directivos de la productora que “la noticia ya va a salir”. “Llevaba semanas esperándola. En la oficina ya se sabía, todo el mundo lo sabía. Él ya nos había contado que estaba citado a declarar como investigado [el 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas]”, cuenta un ejecutivo de ADM, corroborado por otros tres trabajadores.

“El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según estas fuentes. Nadie en el Gobierno andaluz ha aclarado desde cuándo sabía que el CEO de esta empresa semipública estaba denunciado, primero, e investigado, después, por delitos sexuales a una trabajadora.

Al día siguiente de la publicación, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, reconoció que no sabía “exactamente” cuándo, pero acto seguido recordó que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes”, a los que citó por sus nombres: “están el consejero Paradela [Jorge; consejero de Industria] y el consejero Sanz [Antonio; consejero de Presidencia], no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

A preguntas de los periodistas, Paradela aseguró que la fecha clave fue el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, aseguró. El problema es que la imputación de Gustavo Fuentes desencadena toda una serie de denuncias y testimonios -algunos firmados por escrito para este periódico- que dan cuenta de un “modus operandi” con sus trabajadores (sobre todo las mujeres) “déspota, cruel y violento”, que era “vox populi en el sector”.

Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación, que remite a otras denuncias y acuerdos prejudiciales por acoso laboral en la productora.

“Reserva para unos mimos; tengo ganas de ti”

El juez Francisco José de Córdoba, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla (de reciente creación), ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

Este martes ha citado primero a dos testigos propuestas por la víctima: una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Luego tendrá que declarar Fuentes, en presencia de su abogado, el de la acusación y de la Fiscalía, que aún no ha ejercido ninguna actuación relevante en este procedimiento.

El acusado se enfrenta también a sus propios mensajes de WhatsApp, los que envió a la reportera con insistentes propuestas de encuentros privados, y que ella han sido “validados” como prueba de la acusación por el juez: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Reserva para unos mimos”; “Tú me debes una noche loca”; “Lo nuestro parece imposible, ojalá volviéramos a hace 10 años”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”; “Bueno, si tú te vienes, a ver si te dejo irte otra vez jajaja”.

La víctima ya declaró ante el juez para explicar la situación de “sometimiento” que sufría y que “se retroalimentaba constantemente de la relación de jerarquía respecto del denunciado”. “La impunidad con la que actúa el señor Fuentes genera en su entorno laboral una sensación de que cualquier rechazo frontal al mismo puede ser el fin de una carrera profesional, la única opción posible es intentar evitarlo, siendo ello imposible por la propia naturaleza laboral jerárquica existente”, subraya la denuncia, que describe una “situación cronificada de acoso” que empujó a la víctima a un “cuadro depresivo” del que aún se está recuperando.

La denuncia adjunta un informe clínico de la mutua y otro informe psicológico privado, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad” y “pérdida de diez kilos”.

Entre la primera agresión que consta en la denuncia y la última transcurrieron diez años. De aquel primer comentario “humillante” (“Yo voy a hacer abuelo a tu padre”) al acoso laboral descrito, cuando el CEO de la productora sabe que ha empezado una relación sentimental con un cámara de su propia empresa (“Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle”), que consta en una de las declaraciones juradas.

Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Esos años en los que compartió un espacio de trabajo con su jefe sin denunciarlo parecen obligarla a justificarse una y otra vez en la denuncia, tratando desesperadamente de explicar que si respondía a aquellos mensajes con “cortesía forzada” a su superior jerárquico no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye la denuncia.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha convocado una concentración el próximo martes 21 de julio frente a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla para respaldar a la reportera que denunció al exCEO de la principal productora de Canal Sur, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual, como desveló elDiario.es.

La movilización, convocada en “apoyo a la compañera denunciante”, coincide con la declaración judicial de Fuentes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla. La comparecencia del exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y de dos testigos había sido aplazada en dos ocasiones, la última el pasado 25 de junio.

Bajo el lema “por nuestra dignidad: fin a los abusos y a la precariedad en los medios de comunicación”, el SPA quiere mostrar su “apoyo absoluto” y “solidaridad” con la periodista “que ha denunciado valientemente haber sufrido abusos” en ADM, productora participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

A la convocatoria se han sumado las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión, el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza. “

Exigimos que los entornos laborales de los medios de comunicación andaluces sean espacios seguros, libres de cualquier tipo de acoso, violencia machista o abuso de poder“, señala la convocatoria, que también denuncia la ”grave situación de precariedad estructural que arrastra“ el sector audiovisual andaluz. Los convocantes apuntan directamente a ”la externalización sistemática de servicios de la RTVA en productoras privadas que, a menudo, imponen condiciones laborales abusivas, salarios de miseria y jornadas interminables, deteriorando la calidad del servicio público y la salud de sus profesionales“.

Un plan de igualdad presuntamente falseado

La convocatoria se produce mientras continúa la investigación judicial en torno a la denuncia presentada por la reportera contra Gustavo Fuentes. Como publicó elDiario.es, ADM carecía de un protocolo de prevención del acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que la periodista decidiera acudir a los tribunales.

Asimismo, este periódico reveló que la empresa habría falseado su Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas un mes antes de que la trabajadora denunciara al entonces CEO por agresión y acoso sexual y de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer abriera diligencias contra él.

La imputación de Fuentes, también adelantada por este periódico, provocó su cese como CEO de la compañía y su salida de la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, entidad impulsada con apoyo de la Junta dentro de la estrategia digital promovida por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

La denuncia de la reportera describe tres presuntas agresiones sexuales ocurridas en distintos momentos entre 2013 y 2023. El escrito aporta fechas, lugares y testimonios de personas a las que la periodista relató los hechos cuando ocurrieron o poco después. También aporta pruebas y testimonios que acreditan el “continuo” acoso sexual que sufrió durante años en la compañía.

La respuesta de la Junta y de la empresa

Desde que trascendió la investigación judicial, el Gobierno de Juanma Moreno —accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública Sandetel— ha insistido en que la trabajadora no utilizó los canales internos de la empresa antes de acudir a los tribunales.

Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, el protocolo quedó bajo la responsabilidad de una directiva considerada la mano derecha del ejecutivo posteriormente denunciado.

La reportera ha explicado que no recurrió a los mecanismos internos por “miedo a represalias”. Por su parte, Gustavo Fuentes ha negado las acusaciones en declaraciones a este periódico, calificándolas de “denuncia falsa” y asegurando que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo interno que permite denunciar de forma anónima.

La periodista presentó la denuncia el 26 de enero. El juzgado abrió diligencias en febrero y tomó declaración a la víctima el 25 de marzo. Posteriormente citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, aunque la comparecencia fue suspendida después de que el acusado modificara la relación de testigos apenas tres días antes.

Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al exCEO de la productora coinciden en que Fuentes le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril.

Pese a ello, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la RTVA apartaron al directivo de la principal productora de Canal Sur hasta que elDiario.es hizo pública la investigación, el pasado 9 de junio.

Exigencia de responsabilidades

El Sindicato de Periodistas de Andalucía reclama ahora “responsabilidades políticas y empresariales”, así como “el cumplimiento estricto de los convenios colectivos” y la implantación de protocolos “eficaces y externos frente al acoso en todas las empresas del sector” audiovisual.

Por su parte, el Comité Intercentros de la RTVA añade la exigencia de que la radiotelevisión pública “asuma y garantice la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas prestadoras de servicios”, además de velar por el respeto a los convenios colectivos y a la legislación en materia de igualdad.

Una joven que denunció ser víctima de una agresión sexual en una casa y en una cueva en el municipio de La Matanza (Tenerife) donde se celebraba una fiesta, ha declarado este miércoles en la vista oral, que el primer encausado hizo con ella “lo que le dio la gana, lo que quiso”, a pesar de su negativa.

La joven, que era menor cuando ocurrieron los hechos, ha manifestado que en las horas previas tampoco le había gustado la actitud del hombre quien hacía bromas con doble sentido que le parecieron una falta de respeto y también intentó acercamientos físicos que la evitaba diciéndole que por edad podía ser su padre.

En su declaración, la mujer manifestó que fue violada en varias ocasiones y posteriormente otro encausado también la obligó a mantener relaciones, lo que le provocó una rabia que demostró intentando romper todo lo que se encontraba.

Finalmente la recogió su madre que percibió en ella una actitud extraña aunque no contó nada y posteriormente sufrió un ataque de ansiedad cuando estaba con un grupo de amigas y fue cuando relató lo ocurrido y se presentó la denuncia.

Desde entonces, dice que su hija pasó de ser una joven sociable y alegre a intentar suicidarse en varias ocasiones, tener que ir al psicólogo, abandonar los estudios y tener incluso su madre que dejar de trabajar durante un tiempo para atenderla.

Los peritos en unos informes previos que no pudieron ser incorporados a la causa, han ratificado que la joven sufre un deterioro en su salud física y psicológica, compatible con estrés postraumático, baja autoestima, depresión grave, inseguridad y ansiedad, que puede tener su origen en haber sufrido un episodio de violencia sexual.

La versión del dueño de la casa es que aquella fue una fiesta más de las tantas que organizaban en este lugar y que al igual que las otras acudieron personas de todas las edades incluidos menores, porque “la entrada era libre” y que se sacaron varias fotos, una de ellas con la víctima que ahora la acusación plantea como prueba.

Sin embargo, él asegura que en ningún momento habló con la joven y que a partir de las doce y media de la noche, se acostó en una litera que había en la cueva hasta el día siguiente, por lo que niega haber mantenido ningún contacto con ella.

El otro acusado que era menor en aquel entonces aseguró que no había bebido durante la fiesta y que tampoco mantuvo encuentro alguno con la denunciante y ni siquiera se hablaron pero sí admite que días antes habían tenido un encuentro y que estaba enamorada de él.

En sus conclusiones finales la fiscal sostuvo su petición de que se impusieran penas de cárcel 9 y 6 años y pago de 18.000 euros y 10.000 euros respectivamente pero descartó el carácter de continuado a los delitos, lo que no implica reducción de las penas.

Durante la vista intervinieron cerca de una decena de jóvenes que aquel día estuvieron en la fiesta y cuyo relato es coincidente con el que en su día hicieron en los juzgados, excepto contradicciones puntuales que justificaban por el tiempo transcurrido.

El abogado defensor del primer acusado, Edmundo González, recalcó en sus conclusiones que no existe ninguna prueba directa ni testigos de que estos abusos tuvieron lugar y ni siquiera hay confirmación de donde durmieron los encausados y la denunciante.

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ha decretado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre que fue detenido por la supuesta violación a una mujer en estado de semiinconsciencia la madrugada del pasado día 10 de julio, durante los Sanfermines, en un portal de la calle Estafeta de la capital navarra.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, el magistrado considera que existe riesgo de fuga por la pena contemplada en el Código Penal para este delito, entre 6 y 12 años de prisión.

La denunciante ha descrito cómo esa madrugada, junto con un primo suyo y otro varón que solo conocía de vista, estuvieron consumiendo alcohol, así como “una sustancia estupefaciente —tres rayas— que estos le ofrecieron”. Según ha relatado, además de “múltiples cervezas”, consumieron una botella de Licor 43 a lo largo de su desplazamiento por el Casco Viejo de Pamplona.

Una vez en las inmediaciones de un bar situado al final de la calle Estafeta, la mujer ha manifestado no recordar “absolutamente nada”. Fue encontrada en estado de semiinconsciencia sobre las 4:30 horas, postrada en las escaleras de acceso a la primera planta del portal nº 81 de esta calle.

Según el examen forense citado en el auto, la víctima arrojó a las 8:10 horas una tasa de alcoholemia de 2,21 g/l, “con evidencia asimismo de restos de cocaína en orina”. La facultativa interviniente, según indica la resolución judicial, apreció “malestar psicofísico en la víctima, esto es, una circunstancia de características reactivas y congruentes con la situación relatada”.

Por su parte, el investigado ha declarado que, una vez en el interior del portal, fue la mujer quien le propuso mantener las relaciones. “Le pregunté si íbamos a hacerlo allí, le dije que tenía novia, pero me dijo que lo hiciéramos allí”, ha manifestado ante el magistrado.

El imputado, según reza la resolución judicial, “ha mantenido en todo momento que las relaciones sexuales subsiguientes fueron completas y consentidas por ambos, así como que la [mujer] estuvo en todo momento consciente, conocedora y consentidora de las relaciones”.

Sin embargo, el juez sostiene que “estas manifestaciones del investigado, quien abandonó el lugar mientras se hallaba semidesnuda la víctima, no resultan consistentes con el acreditado estado que esta presentaba, habiendo manifestado la [denunciante] no recordar momento alguno de la secuencia de los hechos investigados, lo cual ciertamente aparece corroborado por el examen médico practicado a la víctima unas horas después”.

Tras la declaración del investigado, el magistrado ha emplazado a las partes a una comparecencia para la adopción de medidas cautelares. Así, la fiscalía y la acusación particular han solicitado el ingreso en prisión sin fianza, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional, con la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas.

Al respecto, el juez subraya que la gravedad de los hechos investigados, presuntamente constitutivos de una agresión sexual con penetración, castigada con arreglo a los artículos 178 y 179 del Código Penal con penas de 6 a 12 años de prisión, determinan “la pertinencia de la excepcional medida” solicitada por las acusaciones, “al objeto de conjurar el riesgo de fuga ante el horizonte penológico descrito, así como de reportar tranquilidad y seguridad a la víctima”.

La Policia Nacional ha detingut dos homes per suposadament agredir sexualment una dona a l'Arenal.

La víctima va denunciar els fets davant la Policia dijous passat, segons ha informat 'Diario de Mallorca' i han confirmat a Europa Press fonts policials.

Segons va explicar la dona, els dos sospitosos l'haurien sotmès químicament per després agredir-la sexualment.

La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir els fets. Així, dissabte passat es va detenir els dos homes com a presumptes autors.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente agredir sexualmente a una mujer en el Arenal.

La víctima denunció los hechos ante la Policía el pasado jueves, según ha informado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Según explicó la mujer, los dos sospechosos la habrían sometido químicamente para después agredirla sexualmente.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Así, el pasado sábado se detuvo a los dos hombres como presuntos autores.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 12 años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual al joven que hace justo dos años agredió sexualmente a una menor tras salir con ella de un bar de Chirivel (Almería), al que había acudido para ver el partido de la final de la Eurocopa mientras que ella se encontraba con unas amigas.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso de apelación, le impone diez años de alejamiento e incomunicación con la víctima, una medida de libertad vigilada durante un período de ocho años posterior a la pena de prisión impuesta y lo inhabilita durante diez años para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores.

Además de las penas privativas de libertad y de protección, el tribunal también condena al acusado –en prisión provisional por estos hechos– a indemnizar a la menor en 960 euros por las lesiones físicas causadas y en 30.000 euros más por los daños morales, además del pago de las costas de la acusación particular ejercida por el letrado Alfredo Najas.

Heridas físicas compatibles con la agresión

La sentencia da por probado que sobre las 23:30 horas del 14 de julio de 2024 el acusado se encontraba en un bar de la Avenida de Andalucía de Chirivel (Almería) cuando se acercó a la menor, que tenía por entonces 14 años, y le propuso ir a dar un paseo por las inmediaciones de la zona, a lo que esta accedió de forma voluntaria.

Aprovechando esta circunstancia, el procesado condujo a la víctima a una calle “sin salida” y acto seguido, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, la agarró del brazo y la tiró al suelo mientras le tapaba la boca para evitar que gritara.

La resolución judicial describe cómo el acusado forzó a la menor para conseguir su propósito antes de vestirse y abandonar el lugar en el que ocurrieron los hechos, por los que la víctima presentaba heridas físicas compatibles con un episodio de violencia sexual, de las que tardó 12 días en curar. La menor también sufre sintomatología depresiva y postraumática.

Mensajes a la víctima para que no lo contase

El tribunal de la Sección Tercera tuvo en cuenta la versión “totalmente creíble, sincera y veraz” que mantuvo la víctima de los hechos, sin que se apreciara “ánimo espurio alguno”, toda vez que dicho relato estuvo corroborado “por muy distintos y variados elementos de prueba” frente a la versión del acusado, quien únicamente reconoció que hubo un encuentro sexual sin que cuestionara que conociera su edad.

En este sentido, se tuvieron en cuenta los mensajes que el acusado remitió a la menor “justo después de ocurrir los hechos” en los que le pedía “perdón”, le preguntaba si estaba bien, reconocía que se había “pasado” y le dijo varias veces que lo sentía al tiempo que le pedía que no dijera nada porque le “arruina la vida”.

De otro lado, el tribunal señala que la denuncia interpuesta por la afectada y su familia “lejos de traer alguna ventaja” para ello, le ha creado “muchos perjuicios a nivel social” debido a que todos son vecinos de “un pueblo muy pequeño donde todo el mundo se conoce” –Chirivel tiene apenas 1.600 habitantes–, de modo que la perjudicada y su madre han recibido “muchas presiones” al existir una “campaña de desprestigio” contra ellas y otros allegados.

Cientos de personas se han concentrado este domingo, a las 21:00 horas, en la céntrica plaza del Castillo de Pamplona para condenar la agresión sexual sufrida por una mujer la madrugada del pasado día 11, en plenos Sanfermines, en la Vuelta del Castillo.

Durante la protesta representantes del movimiento feminista han lamentado tener que concentrarse un año más durante las fiestas para condenar una violación. “Estamos hartas de decir que no queremos que haya agresiones, pero tristemente las hay”, ha señalado Kenia Cordero.

“No son hechos aislados, la violencia contra las mujeres atraviesa nuestra vida cada día. Estamos cansadas, pero también estamos organizadas”, ha añadido.

A la concentración de condena han acudido representantes del Gobierno de Navarra, como la presidenta, María Chivite, así como del Ayuntamiento de Pamplona y de los principales partidos políticos.

Por su parte, la jueza de guardia, la titular de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por la presunta violación.

La jueza de guardia, la titular de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por un supuesto delito de agresión sexual (violación) perpetrado la madrugada del día 11 en la capital navarra.

La magistrada se inhibirá de la instrucción de la causa, que será asumida por la plaza número 2 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona.

La agresión tuvo lugar la madrugada del día 11, en torno a las 4.45 horas, en la Vuelta del Castillo de la capital navarra, que estos días celebra las fiestas de San Fermín.

Este domingo está convocada una concentración en la Plaza del Castillo de Pamplona a las 21:00 horas para condenar la agresión sexual.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 21 años de prisión a un mosso d'esquadra por haber agredido sexualmente de manera continuada una mujer con discapacidad psíquica en Rajadell (Barcelona). El tribunal lo ha condenado a 16 años por un delito de agresión sexual continuada y a cinco por otro de pornografía con abuso de relación de confianza.

Los hechos pasaron en enero de 2023 cuando la víctima, con una discapacidad del 55%, conoció al hijastro del acusado, también con una discapacidad. Las familias se hicieron amigas y acordaron que la chica pasaría algunos días en casa del acusado. Este elaboró un engaño sofisticado para agredirla sexualmente y conseguir imágenes pornográficas a cambio de entrar a trabajar en una academia de masajes de Manresa.

Los magistrados han condenado al acusado a 16 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, como autor responsable de un delito de agresión sexual con abuso de situación mental y penetración. En este caso, concurre la atenuante de reparación del daño causado.

A la vez, también se le impone una pena de cinco años de prisión por un delito de pornografía con abuso de relación de confianza y, en este caso, también concurre la atenuante de reparación del daño causado. Los jueces también le imponen la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y una indemnización de 60.000 euros. La fiscalía pedía una pena de 27 años de prisión.

El condenado es un agente de los Mossos d'Esquadra de la policía científica de la comisaría de Manresa. El agente estaba suspendido cautelarmente del cuerpo y tiene pendiente otro juicio en el que está acusado de narcotizar y agredir sexualmente a la hija de otra pareja.

Según la sentencia, A partir de junio de 2023, el condenado empezó a urdir un engaño para hacer creer a la chica que tenía influencia para hacerla entrar a trabajar en una academia de masajes de Manresa si hacía todo aquello que le preguntaban. De este modo, creó grupos de mensajería de Whats app donde introdujo a la chica y hacía ver que hablaba con otras personas que también querían entrar a la academia.

En estos grupos, el acusado pedía a las personas que querían entrar a la academia una actitud de “sumisión, obediencia y servicio hacia el profesor”. El acusado dijo a la chica que él era un profesor y, por lo tanto, que las prácticas las podía hacer hacia él.

De este modo, el acusado fue en varias ocasiones a la habitación de la chica y la agredió sexualmente, tanto con penetración como sin, así como también actos de coprofagia (ingestión de heces). Además, también le dijo que se tenía que dejar grabar desnuda y que le tenía que enviar fotos de ella sin ropa.

La Policía Nacional investiga la violación en València de una menor trans de 17 años después de ser intoxicada con droga Alfa y ha detenido a un hombre como presunto autor de la agresión sexual, según han informado a EFE fuentes de este cuerpo policial.

La Unidad de familia y atención a la mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de València es la que se ha hecho cargo de la investigación de este caso, ocurrido después de que la víctima y su presunto agresor tuvieran un contacto previo.

Al parecer, la agresión sexual se cometió después de que la joven fuera intoxicada con droga Alfa (conocida como “Flakka”), una sustancia sintética con efectos estimulantes.

Tras un reconocimiento fotográfico la víctima reconoció al autor, que fue detenido el pasado viernes y puesto a disposición judicial un día después, según han indicado a EFE las fuentes policiales, que han señalado que las diligencias ya están cerradas aunque aún quedan unas pequeñas gestiones en la investigación.

La información, adelantada por el diario Levante-EMV, recoge que la joven conoció al agresor la Noche de San Juan en la playa y empezó a intimar aunque, al confesarle que era trans y que aún no había completado la transición de sexo y que, por tanto, conservaba los órganos sexuales masculinos, la rechazó bruscamente.

Horas después, sobre las dos de la tarde del 25 de junio, y después de haber hecho comentarios alusivos a su estado depresivo en su perfil de Instagram, el ahora detenido le pidió que le siguiera en la aplicación, lo que le permitió entablar una conversación con ella en la que el hombre se prestó a darle apoyo emocional.

Le dio una dirección y la adolescente acudió y, una vez en el piso, en el que había otro hombre, su anfitrión le ofreció una bebida y ella accedió a tomar una Coca Cola. Poco después, según indica el diario, empezó a sudar, tener palpitaciones, notar el corazón desbocado y sentirse mareada, con dificultad para respirar y a perder la noción de la realidad.

Tras ello, el desconocido la llevó a la habitación, donde despertó con los mismos síntomas y completamente desnuda. Tras llamar a un amigo para pedir ayuda fue al hospital con su madre, donde tras tomarle una muestra de orina dio positivo a la droga flakka.

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y principal proveedor de Canal Sur, por irregularidades en la elaboración de su Plan de Igualdad, aprobado un mes antes de la denuncia contra su CEO, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual a una reportera, confirman a elDiario.es fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

La Inspección investiga “la legitimidad para negociar el Plan de Igualdad del delegado sindical” de la productora que firmó y avaló el documento ante el Ministerio de Trabajo, en diciembre de 2025, a pesar de llevar más de cuatro años en excedencia, como adelantó este periódico. Los inspectores notifican a la compañía el motivo que justifica el acta de infracción y dan un plazo para corregirlo o presentar alegaciones.

Desde 2022, todas las empresas con más de 50 trabajadores [ADM tiene 258] están obligadas a elaborar un Plan de Igualdad que preserve la equidad laboral y salarial entre hombres y mujeres de la plantilla, la promoción femenina en puestos directivos y la prevención del acoso sexual en el trabajo. También están obligadas a registrar dicho Plan en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON).

Las irregularidades en el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad, al tratarse de un imperativo legal para las empresas, conllevan sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, además de la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admitieron a este periódico fuentes próximas al Consejo de Administración de ADM.

La principal productora de Canal Sur, referente en el sector audiovisual andaluz, registró este documento el 18 de diciembre de 2025, pocos días antes de que su director general fuera denunciado (y posteriormente imputado) por un Tribunal de Violencia de Género acusado de delitos sexuales contra una trabajadora.

La imputación de Gustavo Fuentes, revelada por este periódico, derivó en su cese como CEO de la compañía y como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

Gustavo Fuentes es quien redactó el “compromiso expreso de impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad de ADM, “junto a la Comisión Negociadora que cuenta con la representación legal de los trabajadores”. La Inspección de Trabajo investiga ahora la validez legal de ese documento, después de que este periódico revelara que el delegado sindical que firmó el Plan, en diciembre de 2025, no había negociado ni participado en la elaboración del mismo, porque llevaba más de cuatro años en excedencia y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA).

“Habrán dicho: que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor. Ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?”, confesó el antiguo delegado sindical de ADM, Francisco de Asís Miguélez, a un excompañero de la empresa, en una conversación grabada, difundida por elDiario.es.

Entre la documentación que pueden requerir los inspectores del Ministerio a la productora estarían las actas de esa Comisión Negociadora para corroborar si el Plan de Igualdad se sometió a una “negociación colectiva previa”, como exige la ley.

Miguélez también aventuró que si la productora amagaba con despedir a alguien por acoso sexual, haciendo uso del II Plan de Igualdad (con el Plan Antiacoso) que le hicieron firmar, cualquier juez podría tumbar ese despido puesto que el documento carecía de “validez legal”, al no haber sido fruto de la negociación colectiva. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”, explicó.

Ese supuesto que planteó entonces el delegado sindical no tardaría en producirse. Un mes después de la firma y del registro del II Plan de Igualdad de ADM, quien fue denunciado por acoso sexual en los tribunales -y no a través de los mecanismos internos de la empresa- fue el propio director general de la compañía, que había impulsado la renovación del Plan de Igualdad, dejando en manos de su número dos, Óscar González-Barba, la “recepción de las denuncias” por acoso.

Gustavo Fuentes explicó a este periódico que fue él mismo quien activó el Protocolo Antiacoso para que abriera una investigación interna, después de recibir la citación judicial como imputado por delitos de agresión y acoso sexual a una reportera. Esa investigación interna recayó en manos del Compliance [director legal] de la productora, una figura nueva que también introdujo el II Plan de Igualdad. Un puesto para el que fue nombrado José Antonio Jiménez de León.

Jiménez de León elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de la denuncia contra él, pero sólo tomó declaración al denunciado, ni a la víctima -“porque ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”- ni a ninguno de los compañeros de trabajo que fueron testigos de los hechos denunciados, según el relato del exCEO. Tras el despido de Fuentes, la dirección “provisional” de la compañía reunió a la plantilla y anunció la reapertura de dicha investigación, admitiendo que se había “cerrado en falso”.

“Claramente irregular”

El Plan de Igualdad de una empresa es un requisito obligatorio para poder contratar con las administraciones públicas. La Inspección de Trabajo debe determinar ahora si el documento que les presentó la productora de Canal Sur fue fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, como establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que “una persona sin relación laboral con una empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato le haya designado expresamente (que no es el caso). Miguélez se había presentado como delegado sindical por parte de UGT en las últimas elecciones internas de la productora, celebradas hace 11 años (2015). Tanto UGT como CCOO sostienen que su firma en el Plan de Igualdad de ADM, “estando en excedencia voluntaria, sin empleo ni sueldo, era claramente irregular”.

Tras la publicación de elDiario.es, la semana pasada, el antiguo delegado sindical remitió un escrito a la dirección de ADM notificando su “renuncia a la excedencia voluntaria” que disfrutaba desde hacía casi un lustro, y pidiéndoles que informasen oficialmente a la Seguridad Social de la “extinción de manera definitiva de cualquier vínculo laboral” con la productora.

El II Plan de Igualdad de ADM, con un periodo de vigencia desde el 2 de diciembre de 2025 al 1 de diciembre de 2029, cita a los dos responsables de la Comisión Negociadora mixta -empresa y plantilla- en cumplimiento de lo dispuesto en la ley: “Por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (muy próximo a Gustavo Fuentes); y por parte de la representación legal de los trabajadores, Francisco de Asís Miguélez Martínez, operador de cámara”, que en ese momento ya llevaba más de cuatro años fuera de la compañía.

El directivo de la productora que contactó con Miguélez para que firmar el II Plan de Igualdad fue José Ramón García-Japón, subdirector general de ADM, según confirmó él mismo a este periódico. García-Japón admite que el antiguo delegado sindical estaba “en excedencia, con un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo, pero sigue cubriendo la representación de los trabajadores”. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, aseguró.

elDiario.es ha preguntado a la nueva dirección de la compañía, pilotada ahora por el número dos de Gustavo Fuentes, Óscar González-Barba, si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

La dirección de la productora mantiene que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”. El Ministerio que gestiona Yolanda Díaz alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no.

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz es la autoridad laboral competente para investigar y sancionar las posibles irregularidades en el II Plan de Igualdad de la productora de Canal Sur. Fuentes de este departamento aseguran que sus técnicos “no tenían manera de saber si ADM nos ha colado un Plan de Igualdad falsificado en el registro”.

“Nuestros técnicos verifican que el nombre del representante de los trabajadores que firma el Plan es el mismo que salió elegido en las últimas elecciones sindicales, que en ADM fueron hace 11 años, y ese dato coincidía. Luego, si esa persona está en excedencia o ya no trabaja allí, nosotros no podemos saberlo porque no tenemos acceso a sus datos de la Seguridad Social”, explican desde la consejería.

Diversos sindicatos se están poniendo en contacto estos días con los trabajadores de la productora para impulsar nuevas elecciones sindicales. ADM, con 258 empleados y dos centros de trabajo (uno en Sevilla y otro en Málaga), carece de comité de empresa ni de secciones sindicales. El único delegado de personal que queda, tras la renuncia de Miguélez, es David Pérez, que se presentó a unas elecciones internas en la sede de Málaga en 2017, pero también es directivo de la compañía. Sus compañeros le identifican como “un hombre de la dirección”.

Un home ha acceptat aquest dimarts una condemna de dos anys de presó per abusar sexualment, en una torrada familiar, de la filla de la persona que treballava netejant la seva casa. La nena tenia aleshores set anys.

L'home ha reconegut que el 2021 va convidar la treballadora i els seus dos fills al seu domicili. En un moment donat, el processat va començar a jugar a fet i amaga amb els dos menors, ocultant-se amb la menor a la dutxa del bany, on va abusar sexualment d'ella. Tal com relata la Fiscalia, la nena es va quedar en xoc, sense poder fer cap tipus de moviment, fins que la mare els va cridar per menjar.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears ha dictat una sentència de conformitat després que les parts hagin assolit un pacte que evitarà la celebració del judici.

L'acord rebaixa la pena inicialment reclamada -quatre anys de presó- en tenir en compte el temps transcorregut des dels fets i que el condemnat ha abonat la indemnització de 3.000 euros que se li reclamava. La Sala ha acordat suspendre l'entrada a presó amb la condició de no cometre cap delicte en els propers tres anys.