Un funcionario de prisiones de la cárcel del Topas (Salamanca) ha sido condenado a un total de 7 años y 8 meses por agresión sexual continuada a una reclusa y abuso de autoridad, delitos cometidos entre septiembre de 2023 y enero de 2024.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca remitida este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), este trabajador público ha sido condenado por un delito continuado de agresión sexual a 5 años y dos meses de cárcel, con inhabilitación absoluta durante 10 años.

Asimismo, se le ha impuesto una pena de 2 años y seis meses de prisión con inhabilitación total durante 9 años por un delito de abuso de la función pública. Cabe recursos de apelación contra esta sentencia.

El funcionario se aprovechó

La sentencia indica que el condenado se aprovechó de su condición de funcionario de prisiones en Topas, donde desempeñaba labores de área mixta en el economato.

Cuando la interna trabajaba en el economato, la sometió a besos y tocamientos por encima y debajo de la ropa en diversas partes del cuerpo, así como le obligó a masturbarle en algunas de las ocasiones. En uno de esos momentos, la reclusa logró recoger muestras de semen que, tras los análisis oportunos, obtuvieron un perfil genético compatible con el acusado.

Como consecuencia de la agresión sexual continuada, los trastornos que padecía previamente la víctima -límite de personalidad, por consumo de sustancias, de la conducta alimentaria y adaptativo- se agravaron, según el médico forense.

El condenado indemnizará a la víctima con 2.500 euros por las secuelas ocasionadas.

El colegio Mercedarias Don Juan de Alarcón, donde trabajaba el profesor detenido a mediados de mes por varios casos de presunta agresión sexual a menores, pornografía y pederastia, ha querido blindarse ante el escándalo defendiendo su colaboración con la Policía Nacional. El centro, que lleva 125 años abierto en el barrio de Malasaña, a pocos metros de Gran Vía, acaba de emitir un comunicado en el que asegura haber notificado a los agentes “desde que tuvo conocimiento de los hechos”; primero contactando al cuerpo de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) nada más oír los primeros “testimonios e indicios sobre posibles conductas irregulares cometidas por un antiguo profesor de Secundaria”. Básicamente, mantienen no haber tenido noticias antes de lo que ocurría.

“Desde ese momento, el colegio ha mantenido una estrecha colaboración con la Policía para lograr el total esclarecimiento de los hechos, y seguirá aportando cuantos requerimientos e informaciones sean solicitados”, han aseverado en la misma nota, donde ofrecen su apoyo al alumnado y sus familias. El centro ha habilitado canales directos de escucha y asistencia personalizada para prestar “atención psicopedagógica, orientación o acompañamiento” y procurar disponer de “entornos seguros para la infancia”.

La Policía Nacional informó el martes de la detención, una semana antes, de un profesor de la ESO en un colegio religioso de Madrid. Se trata de un hombre español de 37 años y con antecedentes por hechos similares. Ahora lo acusan de varios delitos de agresión sexual contra menores de 16 años, prostitución y pornografía infantil u otras modalidades de ciberacoso. Según han explicado fuentes policiales, tiempo atrás fue detenido por un delito parecido del que, sin embargo, no se enteraron en el colegio. No fue hasta este verano que el centro tuvo conocimiento de lo ocurrido a través del testimonio de alumnos.

El colegio también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y “sensibilidad en el tratamiento” de la información, apelando a “salvaguardar la intimidad y el bienestar de los menores y de sus familias”. Los agentes han identificado ya al menos a nueve víctimas con edades comprendidas entre los 12 y 15 años de edad, a las que ya se ha tomado declaración. La investigación sigue en marcha y ya se ha localizado a otras posibles víctimas, por lo que no se descarta añadir más acusaciones contra el sospechoso, informa la Policía.

Además, la Policía Nacional llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del profesor, donde incautaron “multitud de dispositivos” como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento de datos y archivos que ahora están en poder de la autoridad judicial.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado que dejará el cargo el próximo domingo 25 de octubre, evitando tener que pasar por la moción de censura presentada por PP y Vox, prevista tres días después.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Landaluce ha lamentado que esta moción le “obliga” a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son “falsas”.

“Frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje”, ha aseverado el alcalde denunciado por presuntas agresiones sexuales a dos militantes populares.

El anuncio llega una semana después de que el regidor denunciado por agresión sexual desafiara a su partido y se resistiera a abandonar la alcaldía frente a la petición de gran parte de los concejales del PP que formaban parte de su equipo de gobierno (12 de 15). El pulso entre Landaluce y su propio partido acabó con la salida de esos 12 concejales del gobierno local de Algeciras tras negarse el alcalde a dimitir.

Todos ellos firmaron entonces un acuerdo para tramitar una moción de censura contra el regidor, contando con el apoyo de Vox, que propuso al popular Jacinto Muñoz como sustituto.

Landaluce asume ahora que ha perdido los apoyos suficientes para seguir al frente del gobierno local, tras 15 años en el poder, y ha evitado pasar por la moción de censura que el pleno del consistorio iba a debatir la próxima semana.

“Me despediré entregando el bastón de mando al Cristo de Medinaceli, un gesto de profunda fe, respeto y amor a nuestras tradiciones”, ha dicho el todavía alcalde, explicando el motivo por el que espera al domingo para dejar el cargo. “Me marcho con serenidad, la conciencia tranquila y el orgullo de haber servido a Algeciras”, ha añadido antes de concluir: “La verdad y la justicia van prevalecer”.

Finlandia figura entre los países del mundo con mayores niveles de seguridad e igualdad de género y, sin embargo, esto no evita que viajar en autobús, metro, tranvía o taxi, especialmente de noche, pueda convertirse en una situación en la que las mujeres estén expuestas a situaciones de acoso o violencia.

Una encuesta realizada en las ciudades de Helsinki y Espoo revelaba que el 43% de las mujeres había experimentado problemas relacionados con su seguridad en el transporte público, frente al 30% de los hombres. Una percepción de inseguridad que, en algunos casos, lleva a las pasajeras a reducir o incluso evitar el uso del transporte público en su día a día, según destacaba el estudio.

Este problema volvió a cobrar protagonismo en el país nórdico después de que la televisión pública Yle informara del caso de un taxista condenado por violar a una pasajera al que se le permitió seguir trabajando durante casi dos años antes de revocar su licencia. Este caso, que ha conmocionado a la opinión pública en las últimas semanas, refleja un problema mayor: desde que el Gobierno desreguló el sector del taxi en el año 2018, solamente en la ciudad de Helsinki se han presentado 100 denuncias penales por delitos sexuales cometidos por taxistas.

Katariina Kainulainen, junto a otras tres amigas, se dieron cuenta de que ellas también habían dejado de utilizar el taxi y, en menor medida, el transporte público por no sentirse seguras, especialmente cuando viajaban solas y de noche. “Ya no me sentía segura viajando sola en taxi por el hecho de estar en un espacio íntimo y tan pequeño con una persona que no conoces”, dice a elDiario.es. De aquí que las cuatro amigas decidieran crear un servicio de taxi exclusivo para mujeres, un modelo pionero en capitales europeas y que está ganando terreno en las principales ciudades de Finlandia.

La empresa se llama Wowo, acrónimo de Women to Women en inglés, y funciona a través de una aplicación móvil. Para reservar un trayecto, las usuarias deben registrarse e indicar su género, que se basa únicamente en su propia declaración. Las mujeres también pueden viajar con sus hijos menores de 14 años, pero no con parejas masculinas. Según Kainulainen, el principal elemento diferenciador de Wowo es que la pasajera y la conductora son siempre mujeres. “No ofrecemos medidas de seguridad diferentes respecto de otros taxis más allá de ser un servicio de mujeres para mujeres”, dice.

Ya no me sentía segura viajando sola en taxi por el hecho de estar en un espacio íntimo y tan pequeño con una persona que no conoces

Katariina Kainulainen — fundadora de WoWo

Con este modelo, Wowo empezó a operar a principios de este año y en pocos meses ha crecido rápidamente, hasta el punto de que le ha surgido otra empresa competidora, Naistaxi, mientras que la compañía Bolt ha incorporado la opción de ofrecer a sus clientas la posibilidad de pedir un taxi conducido por otra mujer.

En un inicio, Kainulainen cuenta que pensaban que el servicio se utilizaría principalmente por mujeres que quisieran volver de noche a casa. “Pero enseguida nos dimos cuenta de que las clientas recurren a la aplicación en su día a día, en trayectos para ir al aeropuerto, en viajes de trabajo o para llegar a la cita con el médico”, admite.

Una ventaja también para las conductoras

Aunque en un inicio las creadoras de Wowo pensaron sobre todo en las necesidades de las clientas, cuando empezaron a contactar con conductoras vieron que también existía una necesidad en el lado de las mujeres que están al volante: “Hablando con las conductoras, vimos que también había la necesidad de escuchar sus experiencias”, dice Kainulainen.

Tara Oinonen es una de las conductoras que trabaja con Wowo (la empresa no las emplea directamente, sino que trabajan por cuenta propia y con otras empresas de taxi). Oinonen cuenta que en ocasiones ha sentido verdadero miedo al volante de su taxi: “Un pasajero me agarró la cabeza y me besó en los labios, mientras que otro me tocó de forma inapropiada estando sentado detrás del asiento del conductor”, explica a Yle. Varios de estos casos fueron denunciados ante el tribunal de distrito.

La fundadora de Wowo, Katariina Kainulainen, admite que al principio fue difícil captar a conductoras para su compañía debido al poco peso de las mujeres en este sector: “Por supuesto que fue un reto, pero todas las conductoras que encontramos corrieron la voz entre otras conductoras”.

Hablando con las conductoras, vimos que también había la necesidad de escuchar sus experiencias

Katariina Kainulainen — fundadora de WoWo

Tras el caso del hombre taxista que violó a una mujer y continuó trabajando durante dos años más, Yle ha investigado a fondo el asunto y descubrió que antes de la liberalización del sector en 2018 los delitos sexuales en taxis eran muy poco frecuentes. En cambio, en los últimos siete años las denuncias por presuntos delitos sexuales cometidos por taxistas han ido en claro incremento, llegando a un máximo de 40 denuncias en el año 2023 solamente en la ciudad de Helsinki. Yle atribuye este cambio al hecho de que la liberalización supuso una importante flexibilización de la normativa, ya que ahora los conductores no tienen que acudir a un curso de formación obligatorio y solamente tienen que superar un examen práctico para obtener una licencia.

En los últimos años, además, varios casos de agresiones sexuales cometidas presuntamente en taxis han llegado a los tribunales, con mujeres jóvenes y personas con discapacidad entre las víctimas. La investigación de la televisión pública señala, no obstante, que muchos de estos incidentes nunca llegan a denunciarse.

Respaldo del Defensor del Pueblo

Desde Wowo señalan que la reacción al nuevo concepto de taxis solamente para mujeres ha sido positiva, aunque también recibieron críticas desde el sector, mayoritariamente dominado por hombres conductores, que acusaban a la compañía de discriminación por género. Como Kainulainen y sus socias ya se esperaban esta reacción, lo primero que hicieron al fundar la empresa fue dirigirse al Defensor del Pueblo para la Igualdad: “Algunos hombres dijeron que estábamos en su contra, pero nosotras simplemente queríamos ofrecer esta opción a las mujeres para que pudieran sentirse más seguras”.

Finalmente, el Defensor del Pueblo consideró que los servicios de taxi exclusivos para mujeres estaban permitidos porque algunas se sienten inseguras en los taxis y otras han sufrido violencia sexual en los vehículos. Por lo tanto, consideró que Wowo y otras empresas similares mejoran la seguridad de los pasajeros y no incurren en discriminación.

El juzgado número 2 de Violencia sobre la mujer ha citado a declarar el próximo 23 de octubre al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por un supuesto delito contra la libertad sexual, según han confirmado fuentes próximas al caso. La citación se emite en un auto en el que la jueza admite a trámite la denuncia de una joven militante del PP que denunció tocamientos por parte del regidor en su despacho de la alcaldía el pasado mes de julio.

La jueza ha citado también a declarar como testigo, un día antes, el 22 de octubre, al concejal popular Jacinto Muñoz, secretario general del PP de Algeciras y candidato a sustituir a Landaluce como alcalde en la moción de censura que él y otros once ediles populares, con el apoyo de Vox, han impulsado después de que se hicieran públicas dos denuncias de dos militantes populares por agresiones sexuales contra el regidor.

Para ese mismo día la jueza ha citado a declarar también como testigo a la actual segunda teniente de alcalde, Patricia Bueno , una de las tres ediles populares que han mantenido su apoyo a Landaluce y que permanece con él en el gobierno municipal en tanto se celebra la moción de censura.

Según fuentes municipales, la denunciante era un cargo de confianza que trabajaba en la Oficina de Atención al Mayor, por lo que en ese momento Patricia Bueno era su “jefa”, como concejal delegada de Atención al Mayor. Con su citación a declarar como testigos, según las mismas fuentes, la jueza podría querer investigar si la denunciante en algún momento les relató los hechos que ha denunciado en el juzgado.

Según publica Europa Sur, la jueza quiere también tomar declaración a la denunciante, que está de baja laboral y decidió llevar a los tribunales su caso después de leer en este mismo periódico que otra militante del PP había denunciado al alcalde de Algeciras el pasado mes de septiembre y ante el Tribunal Supremo por dos supuestas agresiones sexuales. Una de ellas ocurrida en 2020 en el centro médico propiedad del alcalde y otra en 2021 en la sede del Ayuntamiento.

El Supremo ha remitido a la Fiscalía esta denuncia para que se pronuncie sobre si ve indicios de delito y si este tribunal es competente, ya que Landaluce perdió su condición de senador como consecuencia de la disolución de las cámaras por la convocatoria electoral.

Landaluce se aferra al cargo

Landaluce es alcalde de Algeciras (128.082 habitantes, Cádiz) desde 2011 y ha sido en todos estos años un referente del partido en la provincia. La imputación se produce en la misma semana en la que doce de los quince concejales populares hayan abandonado el gobierno municipal para forzar la salida del regidor y después de que el PP PP de Cádiz exigiera al exsenador que abandonara el cargo.

El PP tomó esta decisión después de conocer en los últimos días los testimonios de dos mujeres militantes del PP. “Ambas mujeres han descrito conductas que consideramos impropias de cualquier persona y especialmente incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde”, afirmaba el PP de Cádiz en un comunicado de prensa.

Posteriormente, Landaluce, que abandonó el PP en diciembre de 2025 después de que el PSOE interpusiera contra él una primera denuncia por acoso sexual que fue finalmente archivada, publicó un vídeo en el que no anunciaba su dimisión. Tras afirmar que tiene pruebas para demostrar que las dos denuncias son falsas, en el vídeo Landaluce se dirige a sus vecinos para decir que seguirá intentado luchar por ellos y la ciudad, aunque señala: “¡Qué difícil me lo han puesto, todos contra mí”.

La pasada semana, tras hacerse pública la primera de las denuncias, el alcalde publicó otro vídeo en el que descartaba dimitir y anunciaba que se presentaría a las próximas elecciones municipales. En el que ha difundido este martes, no mencionaba esta posibilidad, pero tampoco anunciaba que abandonaba el cargo de alcalde que ha ostentado los últimos 15 años como le ha exigido el partido en el que militó más de 40 años.

Desde el PSOE-A, volvieron a instar a los ediles populares a presentar una moción de censura y avanzó que si en diez o doce días no lo hacen, elevarán la exigencia ante notario. Desde Por Andalucía, el parlamentario Ernesto Alba también reclamó a Moreno explicaciones por haber guardado “silencio” y mantenido en el cargo a un regidor que “da asco y vergüenza”

Una mujer ha denunciado haber sufrido tocamientos en un local de la calle Santa Isabel, en el Casco Histórico de Zaragoza, durante la madrugada de este viernes, en plenas Fiestas del Pilar. El presunto agresor fue detenido tras la intervención de la Policía Local. La Policía Nacional ha abierto una investigación a través de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre lo ocurrido. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha condenado la agresión y ha defendido el derecho de las mujeres a disfrutar de las fiestas “libres y seguras, sin miedo y sin violencia machista”.

“Es intolerable que dos mujeres hayan sido víctimas de esta violencia durante las fiestas. Tolerancia cero y nuestro compromiso más firme contra esta lacra. Ni una agresión más”, ha señalado Beltrán. La Delegación del Gobierno ha puesto a disposición de la víctima y de su entorno los recursos de atención y acompañamiento que puedan necesitar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ha expresado su rechazo a los hechos y su solidaridad con la víctima. El Consistorio ha reiterado su compromiso con la prevención y erradicación de las agresiones sexistas y ha llamado a la ciudadanía a no mirar hacia otro lado ante este tipo de comportamientos.

Como muestra de condena, se suspenderán durante cinco minutos los actos culturales programados este viernes 16 de octubre a las 17:00. Además, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial para este sábado 17 de octubre a las 12:00.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 4 años y 3 meses de prisión a un hombre que grabó sin consentimiento y exhibió a una tercera persona una relación sexual mantenida con su pareja en una localidad de la comarca de Pamplona.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, también considera probado que el encausado, de 43 años, propinó un puñetazo en la cara, que le originó la rotura de un diente, y una bofetada en la mejilla a la mujer.

Así, el tribunal le ha impuesto 3 años, 6 meses y un día de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y 9 meses más por un delito de maltrato ocasional. 

El inculpado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante un total de 8 años. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a su ex con 1.900 euros.

La denunciante, nacida en 2003, se trasladó en 2017 a residir junto con su hermana y la pareja de esta, el procesado. La hermana se marchó en octubre de 2022 y la víctima se quedó residiendo en la vivienda junto con acusado, con quien mantenía una relación afectiva.

El 24 de mayo de 2023, según recoge la sentencia, el encausado y su pareja mantuvieron una relación sexual consentida, que fue grabada por él sin conocimiento ni autorización de ella. El 1 de junio, el hombre le enseñó el vídeo y unas fotografías a otra mujer. Ese mismo día, tras una discusión entre ambos, el procesado le propinó el puñetazo y la bofetada.

La Sección Segunda de la Audiencia, que ha absuelto al inculpado de los delitos de agresión sexual que le imputaba la acusación particular, sostiene que la declaración de la víctima reflejó síntomas de miedo, amenazas e intimidación por parte del condenado. La mujer, según corroboraron los magistrados, vivía insegura y bajo control constante del hombre.

Según considera el tribunal, la hermana de la víctima y la madre confirmaron cambios en la conducta de ella y sospechas sobre la relación afectiva. Por otra parte, añade, la declaración de un policía foral y otros testigos ratificaron incidentes de violencia y bloqueo a consecuencia del control del encausado.

Asimismo, la perjudicada constató que las fotografías y videos fueron obtenidos y grabados sin su consentimiento durante relaciones consentidas, con dispositivos ocultos y con intención de vulnerar su privacidad.

La Fiscalía cambia de criterio y sostiene ahora que la Audiencia Nacional sí es competente para investigar la querella por agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos extrabajadoras de sus mansiones del Caribe. Fuentes jurídicas confirman a elDiario.es que Vicente González Mota, el fiscal al que le ha correspondido por reparto pronunciarse sobre esa querella, ya ha enviado un informe en ese sentido al magistrado a cargo del caso, Antonio Piña. El juez tendrá que decidir ahora si abre una investigación contra el artista. 

Antes de ser trasladado a la causa, el informe del fiscal debía ser visado por un superior. En este caso ha sido supervisado por la fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado, Beatriz Sánchez Álvarez. Esta fiscal ha respaldado el criterio de González Mota, que considera que los tribunales españoles sí son competentes para analizar los hechos denunciados por las dos trabajadoras.

La querella de Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, acusa al cantante de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

La postura de González Mota se aparta de la fijada hace unos meses por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. Esta fiscal archivó el pasado enero una primera denuncia que estas trabajadoras presentaron ante el Ministerio Público, no en el juzgado como en esta ocasión.

Esa denuncia fue archivada diez días después de anunciar la apertura de diligencias y sin entrar al fondo del asunto. La fiscal Durántez consideró que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para examinar el caso dado que los hechos ocurrieron en el extranjero y no se daban los “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley para que la Justicia española pudiera intervenir. 

Tras otorgarles la condición de testigos protegidos y tomarles declaración, la fiscal Durántez concluyó que las extrabajadoras no son españolas, “ni viajaron con el denunciado en algún momento a España”, por lo que no había “vínculo personal o territorial con nuestro país”. Respecto al artista, afirmó que “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad” a pesar de que tiene nacionalidad española y mantiene aquí propiedades inmobiliarias. El caso nunca llegó a estar en un juzgado: ahora será el juez Piña quien decida si España tiene competencia para investigarlo o no.

Durántez es la superior de González Mota y a ella o al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, les habría correspondido supervisar su informe tras la nueva querella. Sin embargo, ambos decidieron apartarse dado que fueron denunciados por la defensa del cantante por la decisión de no facilitarle esa primera denuncia. 

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional falló contra la Fiscalía y obligó al Ministerio Público a entregarle las diligencias preprocesales que llevó a cabo, así como la denuncia de las dos mujeres, convenientemente anonimizada para evitar su identificación. Esa decisión está recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La querella presentada por Women's Link, la organización que representa a ambas trabajadoras, incluye el mismo relato de hechos y la misma calificación de delitos que ya se presentaba en la denuncia ante la Fiscalía, aunque con un añadido: un delito de trato degradante. El texto recoge también una amplia recopilación de jurisprudencia para reforzar la tesis de que la Justicia española sí es competente para indagar estos hechos.

Los doce concejales del PP que han abandonado el gobierno municipal del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunciado por presuntas agresiones sexuales a dos militantes populares, han firmado un acuerdo para tramitar una moción de censura contra el regidor. Lo moción contaría con el apoyo de Vox, que anunció este martes que se sumaría, y propone al popular Jacinto Muñoz como sustituto.

Bruno García, presidente del PP de Cádiz, ha asegurado este miércoles que PP y Vox habían firmado la petición para que se tramitase la moción de censura. Una moción que se registrará en el Ayuntamiento en las próximas horas.

Los doce concejales del PP que han abandonado el gobierno municipal de Landaluce y los cuatro de Vox sumarían mayoría para que la moción saliera adelante. El PSOE lleva dos años ofreciendo sus votos a los populares para retirar al regidor de la alcaldía.

Landaluce lleva días desafiando al PP y aferrándose a la alcaldía. Sus propios concejales le habían pedido que dimitiera, pero él aseguró que se estaba buscando su “muerte política”. “Todos contra mí, qué casualidad que no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, quieren mi muerte social”, había asegurado en un vídeo publicado en sus redes sociales para defenderse.

El regidor ha negado los hechos denunciados y ha asegurado que demostrará “la verdad por las vías legales”. Landaluce ha defendido, además, que se enteró de las dos denuncias contra él “por la prensa” y que todo “es falso”.

García ya defendió este lunes que aunque el PP cree en la presunción de inocencia, “como partido hay que tomar y asumir responsabilidades”. “Al existir dos denuncias materiales expresas, donde dos mujeres valientes toman la decisión de dar el paso, yo creo que era muy evidente y la posición del PP fue muy clara”, aseguró.

Este miércoles, el presidente del PP de Cádiz ha explicado que “todo el mundo” quería que el candidato para sustituir a Landaluce fuera el edil Jaconto Muñoz. Muñoz era el primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Personal hasta que ayer miércoles abandonó el gobierno municipal.

García no ha querido valorar la actitud de Landaluce, que dejó el partido en diciembre de 2025 tras una primera denuncia por presunto acoso sexual que fue archivada y que se ha enrocado en el cargo después de que el lunes por la noche el PP pidiera su dimisión, tras escuchar los testimonios de dos militantes que le han denunciado por agresiones sexuales.

Un hombre ha sido detenido en Pamplona como presunto autor de una violción a su expareja y por amenazas con arma blanca.

Según ha informado la Policía Municipal, después de que una mujer denunciase haber sufrido una violación en un municipio del barrio de San Juan, agentes de este cuerpo y de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar de los hechos y lo arrestaron como presunto autor de la agresión sexual y también por amenazas con un arma blanca.

La víctima fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra y el detenido ha pasado este miércoles a disposición judicial.

El grupo de 12 concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) que este lunes pidió al alcalde, José Ignacio Landaluce, que dimitiera de la alcaldía tras conocerse una nueva denuncia –la segunda en una semana– por presuntos delitos de agresión sexual, ha hecho efectivo su abandono del equipo de gobierno de la ciudad.

Según ha indicado el PP en una nota, “ante la falta de respuesta” a la petición de dimisión de Landaluce como alcalde de Algeciras y “en cumplimiento de lo anunciado por el PP” este lunes, el grupo de concejales del PP ha abandonado el gobierno municipal de Algeciras.

Así, la marcha se ha hecho efectiva y 12 de los 15 concejales que integran el grupo municipal han presentado un escrito en registro del Ayuntamiento informando de su decisión. Por su parte, el PP de Cádiz ha insistido en que, tras este paso, “se tomarán todas las medidas oportunas para garantizar la estabilidad del municipio”.

La decisión se ha anunciado después de que el alcalde de Algeciras desafiara a su partido y manifestara esta mañana que se aferraba a la alcaldía negándose a dimitir, como le había pedido la mayoría de su equipo.

Cabe recordar que el presidente provincial del PP, Bruno García, había dicho en la mañana de este martes que si Landaluce no abandonaba el poder, sería el PP el que abandonase el equipo de gobierno, tal y como han hecho efectivo finalmente los 12 concejales que habían pedido su dimisión.

Landaluce, por su parte, se ha limitado a subir un vídeo en sus redes sociales asegurando que se ha enterado “por la prensa” de las dos denuncias contra él por presuntas agresiones sexuales e insistiendo en que seguirá intentando luchar por los vecinos de la ciudad. “Tengo las pruebas en mi teléfono de que esto es falso y seguiré luchando por demostrar mi inocencia”, ha asegurado el alcalde, quien ha añadido que “no es fácil luchar contra los medios y las noticias y los titulares, pero yo lo voy a hacer”.

Una vez pasada la mañana, los 12 ediles del PP han presentado el escrito en el Ayuntamiento informando de su decisión de abandonar el equipo de gobierno, que actualmente queda en manos del propio Landaluce más los tres concejales que decidieron continuar con él.

El alcalde asume las competencias

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que estos 12 concejales “han renunciado a sus responsabilidades” en el equipo de Gobierno municipal, así como a las tenencias de Alcaldía que algunos de ellos venían ostentando “desde que les fueron conferidas por el alcalde en junio de 2023”.

El escrito de renuncia está firmado por los ya extenientes de alcalde Jacinto Muñoz Madrid, Pilar Pintor, Susana Pérez Custodio, Paula Conesa, Juana Cid Vadillo, Javier de las Montañas Vázquez Hueso, Jorge Juliá Aguilera y María Solanes Mur, así como por los también ya ex delegados Ángel Martínez León, Francisco Javier Arango Mejías, Sabina Quiles Granados y Álvaro Márquez Moreno.

Así, las delegaciones municipales a las que han renunciado son las de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana, Personal, Cultura y Patrimonio Histórico, Comunicación, Turismo, Igualdad y Bienestar Social, Contratación, Feria y Fiestas, Educación, Universidad, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Deportes, Economía y Hacienda, Patrimonio Histórico, Playas, Parques y Jardines, Cementerios, Juventud, Estadística, Pesca, Desarrollo Sostenible, Mercados, Comercio, Salud y Consumo, Emalgesa, Fomento Económico y Empleo, y Formación e Industria.

Todas estas competencias las recupera directamente el alcalde, que “podrá conferirlas a otros concejales”, en concreto se refiere a los tres concejales del PP que no firmaron ayer la petición de renuncia del alcalde, y que tampoco han abandonado el gobierno.

Estos ediles son Vicente Jesús Palomares Godoy, que es delegado de Coordinación y Limpieza; Yéssica Rodríguez Espinosa, octava teniente de alcalde y delegada de Urbanismo, Vías y Obras, Alumbrado, Fondos Europeos e Innovación; y Patricia Bueno Montero, delegada de Atención Ciudadana, Atención al Mayor, Vivienda, Protección Civil y Servicio contra Incendios.

De esta manera, Landaluce mantiene su cargo como alcalde a pesar de las reiteradas peticiones de dimisión, y después de que haya vuelto a proclamar su inocencia sobre las denuncias por agresión sexual en su contra y asegurar que todo esto se produce porque “quieren mi muerte política y social”.

Vox, a favor de la moción de censura

El grupo municipal de Vox ha anunciado que votará a favor de una eventual moción de censura para apartar a Landaluce. Aunque la formación de extrema derecha ha asegurado que no entrará en el Gobierno municipal ni exigirá nada a cambio de su apoyo, según publica la Cadena SER.

“Si los motivos que llevaron al PP a apartar a Landaluce del Grupo Popular en el Senado eran suficientes para tomar aquella decisión, también lo eran para que hubiera dejado antes la Alcaldía de Algeciras”, aseguran. “No puede pretender ahora aparecer como parte de la solución cuando ha dejado pasar demasiado tiempo y ha permitido que esta situación se enquistara”.

Vox tiene cuatro concejales en el Ayuntamiento, suficientes para sumar a los 12 del PP y alcanzar la mayoría de 14.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, desafía a su partido al aferrarse a la alcaldía frente a la petición de que abandone el poder por parte de gran parte de los concejales del PP que hasta el momento forman parte de su equipo de gobierno (12 de 15).

“Todos contra mí, qué casualidad que no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, mi muerte social”, ha manifestado en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que ha defendido su inocencia: “Soy inocente, niego los hechos que se me atribuyen y demostraré la verdad por las vías legales”, rezaba la publicación.

Tras asegurar que se ha enterado “por la prensa” de las dos denuncias contra él por presuntas agresiones sexuales, ha afirmado que seguirá intentando luchar por los vecinos de la ciudad. “Tengo las pruebas en mi teléfono de que esto es falso y seguiré luchando por demostrar mi inocencia”, ha asegurado el alcalde, que ha afirmado que “no es fácil luchar contra los medios y las noticias y los titulares, pero yo lo voy a hacer”.

En este sentido, ha aseverado que lo va a hacer “con la sensatez de presentar pruebas en el juzgado y después pedir daños y perjuicios a los que me están haciendo daño”. Además, ha añadido que “perseguirá” al PSOE y que luchará por la “presión” que a su juicio está recibiendo desde su partido para que abandone la alcaldia.

“Qué casualidad que todos pidan la alcaldía, el ayuntamiento, qué casualidad que todos no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, mi muerte social, algunos tal vez algo más aún”, ha afirmado Landaluce, quien ha asegurado que va a demandar justicia en el juzgado y cuando demuestre su inocencia actuara “contra todos” los que a su juicio le han hecho daño.

A partir de ahí, Landaluce ha asegurado que “Algeciras es muy importante”, que es su “razón de ser” desde que tenía 23 años, que se ilusiona o se entristece con cada alegría o penas de sus vecinos y que por eso, para él “siempre ha sito tan importante luchar por y para Algeciras y sus vecinos”. “Seguiré intentándolo, pero qué difícil me lo han puesto, todos contra mí, la verdad es que uno se siente demasiado pequeño”, concluye su intervención.

El PP sigue presionando para que se marche

Desde su partido, el presidente provincial del PP en Cádiz, Bruno García, ha manifestado que si Landaluce no abandona la alcaldía este lunes, tal y como le han pedido 12 de los concejales del PP tras conocerse una segunda denuncia por una presunta agresión sexual, “será el PP el que abandone el equipo de gobierno”.

En rueda de prensa, Bruno García ha explicado que el pasado viernes atendió a la segunda denunciante y tras hablar con ella “tomaron la decisión de dar este paso”. Además, ha indicado que este mismo lunes tuvo la oportunidad de reunirse con la primera mujer que presentó denuncia, que se conoció por la prensa la pasada semana.

A partir de ahí, el dirigente del PP ha manifestado que creen en la presunción de inocencia, pero “como partido hay que tomar y asumir responsabilidades”. “Al existir dos denuncias materiales expresas, donde dos mujeres valientes toman la decisión de dar el paso, yo creo que era muy evidente y la posición del PP fue muy clara. Tomar decisiones es elegir y nosotros hemos elegido creer a estas dos mujeres”, ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que tras esta situación instaron a los concejales del PP en Algeciras a que le pidieran abandonar la Alcaldía o en caso contrario los concejales abandonarían el equipo de gobierno “y se tomarán todas la medidas al alcance para que el alcalde deje de ser alcalde”. Bruno García ha explicado que esa fue la decisión del PP tras hablarlo con los propios concejales y que lleva “meses sin hablar” con Landaluce.

En cuanto a plazos, el dirigente del PP ha recordado que esta situación ha pasado en la noche de este lunes y que los concejales están reunidos en la mañana de este martes, que “algunos tratan de convencerlo”. A este respecto, Bruno García ha manifestado que “respetando la presunción de inocencia”, cree que “es mejor que se defienda en el ámbito privado”.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide 13 años de cárcel y una indemnización de 20.000 a un cuidador de un centro de atención a personas con discapacidad por cometer dos agresiones sexuales a una interna.

La víctima era usuaria del centro en régimen de alojamiento y manutención y tiene reconocida una discapacidad del 65%, ha sido diagnosticada de epilepsia y trastorno de la conducta y presenta una madurez muy inferior a su edad cronológica.

También padece capacidad intelectual baja y media baja, importante dificultad para controlar conductas que requieren inhibición y actitud infantilizada, circunstancias evidentes que, según la Fiscalía, “la hacen especialmente vulnerable a situaciones de abuso o agresión y que determinan su falta de capacidad para prestar consentimiento en cuanto a relaciones sexuales”.

El procesado, con conocimiento del déficit psíquico de la perjudicada, por su trato diario con ella, y aprovechándose de dicha circunstancia, en una ocasión la introdujo en el baño, cerró la puerta, le bajó los pantalones y la agredió sexualmente mientras le tapaba la boca.

Con la misma intención la abordó por la espalda cuando fumaba un cigarrillo apoyada en el muro de la parte superior de la azotea de la residencia, le volvió a quitarle la ropa y a tener relaciones completas mientras la agarraba con fuerza con un brazo y le tapaba la boca con el otro.

Como consecuencia de estos hechos, la perjudicada desarrolló sintomatología ansiosa, con baja autoestima.

El juicio se celebrará el próximo 15 de octubre en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife después de que fuera suspendido el pasado 1 de julio.

El joven acusado de agredir sexualmente a una menor de 14 años con la que había quedado para dar un paseo en Santander ha negado este martes los hechos en el juicio contra él, en el que la víctima -que ha declarado a puerta cerrada y por videoconferencia- se ha ratificado en la denuncia. El fiscal mantiene su petición de condena de trece años de prisión, los mismos que solicita la acusación particular, y la defensa insiste en la libre absolución.

El procesado, que entonces tenía 21 años y solo ha contestado a preguntas de su abogado, ha desmentido ante la Sala de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria que hiciera tocamientos o llegara a penetrar a la chica el día de los hechos denunciados, en febrero de 2025, un par de meses después de conocerse en el cumpleaños de ella.

Según su versión, y tras haber coincidido otra vez en el cumpleaños de la prima de ella, quedaron en una plaza de la ciudad para pasear, y estuvieron en ese lugar y en los alrededores, a solas pero siempre en espacios exteriores. El hombre ha indicado que como empezó a llover, acompañó a la menor a la parada del autobús y que se fue cada uno a su casa. Así, ha negado que ambos fueran al piso donde supuestamente ocurrió la agresión, con el que ha dicho no tener ninguna relación ni tampoco forma alguna de acceder.

A partir de ahí, ha asegurado que mantuvieron el contacto un par de días o tres, a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería móvil, hasta que ella le “dejó de hablar”. Entonces, ha dicho que borró los mensajes, extremo que ella también llevó a cabo y ha justificado que lo hizo “por asco”, según ha trascendido de la declaración que ha prestado a través de las partes personadas.

Y de acuerdo con el ministerio público, ambos quedaron para pasear, pero como estaba lloviendo, el enjuiciado “envió un mensaje a la chica diciéndole que mejor fuera al piso donde él la estaba esperando”. Una vez allí, el denunciado le “instó a sentarse en unos colchones que había en el suelo y, con ánimo libidinoso, pese a constarle la oposición reiterada a mantener relaciones sexuales de la menor, empezó a besarla en la boca a la fuerza y a tocarla por encima de la ropa”. Después, la obligó “a mantener relaciones sexuales vaginales con penetración sujetándola con fuerza por las caderas”. “Inicialmente se realizó sin preservativo y luego con él, a ruego de la menor, temerosa de ser contagiada”, añade el fiscal en su escrito.

Declaraciones de familiares

En la vista oral también ha comparecido la prima y amiga de la víctima, con la que convivía y que fue la primera persona a la que contó lo sucedido, un par de semanas después. Según ha explicado, le dijo que quería hablar con ella y tras un primer comentario “muy breve” la notó “indispuesta” e “incómoda” para seguir la conversación y dar detalles. Así, días después habló con su madre y, a partir de ahí, la menor relató lo ocurrido a sus progenitores en presencia de otros familiares.

Según esta testigo, les narró que estaba en un lugar, que no precisó, con más personas y como empezó a tener sed el joven acusado le ofreció ir a un apartamento a beber agua, un lugar “abandonado y no habitable”, según especificó. Una vez allí, les dijo que se sentó en la esquina de un colchón y que él se acercó le bajó los pantalones, para primero meterle los dedos y proceder después a la penetración vaginal.

La confidente de la víctima ha afirmado que era “divertida” y que esos días la vio “decaída” y “muy reservada”. En similares términos se ha expresado el padre de la menor -ahora tiene 16 años-, que ha coincidido en que su hija era “muy alegre” pero, en ese momento, “estaba mal, desencajada y totalmente llorosa”, a lo que ha sumado que apreció en ella “sensación de vergüenza”.

En cuanto a los hechos en sí, ha señalado que tuvo conocimiento de los mismos primero a través de su mujer y luego de su propia hija, que refirió haber sufrido una agresión sexual por parte del procesado, y que había tenido lugar en un piso -que estaba en obras y con la puerta cerrada con llaves- al que habían ido porque estaba lloviendo. Ha detallado que ella se sentó en un colchón “alejada” de él, que se acercó y entonces “empezó el asedio”. “Estaba aterrada”, ha resumido el padre, para aludir al “miedo” y “temor” que pasó su hija, que en ese momento y según ha dicho mantuvo contacto telefónico con sus amigas.

Informes sanitarios

La pediatra que asistió a la menor tras la denuncia, un par de semanas después de los hechos, ha explicado que le relató que había sido “violada” en un piso, sin especificar de quién era, y ha indicado que tenía “mucha ansiedad”, además de miedo y llanto. Por su parte, la ginecóloga que a exploró apreció una lesión en el cuello del útero, pero algo “inespecífico” y que puede deberse a muchas causas, incluida una penetración vaginal, pero también una infección.

Y otras dos peritos que examinaron a la víctima apreciaron en ella un trastorno distímico, una afectación emocional con síntomas depresivos o de ansiedad “de menor rango”, según han explicado, además de un trastorno adaptativo. “Síntomas que, no siendo muy graves, no llegan a ser normales y producen una alteración de su vida”, han apuntado.

Conclusiones de las partes

Practicada toda la prueba, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones. Así, el fiscal insiste en 13 de años de prisión para un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años, además de quince de alejamiento y prohibición de comunicar con la chica, otros tantos de libertad vigilada tras la salida de la cárcel, diez más de inhabilitación para ejercer los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, y dieciocho años de inhabilitación para trabajar con menores. Y en concepto de responsabilidad civil, pide que el acusado indemnice a la menor en 10.000 euros, por los daños morales y las lesiones psicológicas que le ha producido.

Según la acusación pública, “todos y cada uno” de los hechos denunciados han quedado acreditados, de modo que -ha asegurado- la agresión se produjo “con conocimiento” de la edad de la víctima y “sin consentimiento” de ella, y apostillado que fue una relación “ni siquiera deseada”. También ha destacado el relato “coherente y persistente” de la menor, mientras que la abogada de la acusación particular ha subrayado la “verosimilitud” del testimonio que ha ofrecido la joven, que ha detallado cómo sucedió todo, mientras que él “miente”. “Ha hecho la bomba: contar algo por encima por no contradecir lo que ella ha dicho”. Esta letrada ha desvelado que la chica le dijo “por activa por pasiva” su edad cuando ambos empezaron “un tonteo y besuqueo”, a lo que él “se rió”.

Finalmente, la defensa ha apreciado “contradicción” entre lo manifestado por la denunciante y el denunciado, como por ejemplo los motivos por los que fueron al piso (porque tenía sed o porque llovía), y ha considerado que “no solo no se ha probado que haya habido agresión sexual”, sino “ni siquiera una relación sexual”. Además, ha cuestionado distintos extremos que no se han comprobado en el marco de una “deficitaria instrucción”.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 15 años y 9 meses de prisión impuesta el pasado julio por la Audiencia Provincial a un quiromasajista por siete agresiones sexuales a cinco clientas en Pamplona.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el inculpado deberá indemnizar a las víctimas con un total de 39.000 euros.

Según han explicado desde el TSJN, el encausado, en prisión provisional por estos hechos, “llevó a cabo los tocamientos de carácter sexual durante las sesiones”. Se aprovechó “de las circunstancias personales, espaciales y de intimidad” en que se desarrollaban las actividades profesionales que prestaba a sus clientas, a las que, “con ánimo lascivo y de satisfacción sexual”, sometió a tocamientos de naturaleza sexual sin su consentimiento.

Los siete delitos perpetrados sobre las cinco mujeres víctimas -dos de ellas sufrieron dos- se produjeron entre junio de 2023 y octubre de 2024. A finales de ese año fue detenido. Todas las víctimas “mostraron síntomas de trauma, ansiedad, miedo, vergüenza y alteraciones en su bienestar emocional derivadas de los hechos”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial impuso 2 años y 3 meses de prisión por cada uno de los siete delitos, es decir, un total de 15 años y 9 meses. No obstante, el cumplimiento efectivo de la pena será de un máximo de 6 años y 9 meses, el triple de la pena fijada por cada delito.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que desestima el recurso de la defensa, considera que la valoración probatoria fue “adecuada, coherente y suficiente” para justificar la condena.

Las víctimas “explicaron sus procesos de confusión, rechazo y decisión de denunciar tras percibir los tocamientos”. La demora en interponer denuncia, según ratifica el Tribunal, “no invalidó sus relatos, dada la complejidad emocional y las corroboraciones objetivas existentes”.

Tanto para la Audiencia Provincial como para la Sala, los testimonios de las víctimas fueron “coherentes, descriptivos y verosímiles”.

En concepto de indemnización, dos de las denunciantes recibirán 12.000 euros cada una, otra dos 6.000 y una quinta, 3.000 euros.

“El primer año no eres consciente más que del dolor. Ya después empiezas a hacerte a la idea de que no la vas a volver a ver, a oler, a oír. Yo necesitaba hablar con otras madres que hubieran pasado por lo mismo”. Blanca Gutiérrez tiene 58 años, aunque el tiempo pasa distinto para ella desde que el 26 de julio de 2023, Toni M.T, de entonces 30 años, mató a su hija Carla Fernández, de quien había sido pareja. El juicio por el crimen machista empieza este viernes en Girona: tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para el hombre prisión permanente revisable por la agresión sexual y el asesinato de Carla, y también por el robo de varias tarjetas que Toni M.T aprovechó para cometer mientras seguía en el domicilio de la mujer. Blanca Gutiérrez quiere convertir el dolor en acción: ha lanzado la primera asociación para familiares de víctimas de feminicidios de España y hace un llamamiento para que el viernes se concentren con ella a las puertas de los juzgados.

No existe en nuestro país una gran asociación que aúne a familiares de víctimas mortales de la violencia machista. Para la madre de Carla, es fundamental “hacer red” para acompañar a quienes están alrededor de los crímenes machistas y para seguir visibilizando una violencia estructural a la que, muchas veces, parecemos acostumbrados. “No son números, son personas. No quiero que las olvidemos, me jode mucho que cada año sumemos las cifras y digamos la número 23 o 24 y veamos hasta dónde llegamos, casi como si fuera un récord”, expresa Blanca, que ha volcado el dolor por la pérdida de su hija en crear la Asociación de Madres de Mujeres Asesinadas por Feminicidios (AMMA). Así llamaba Carla a su madre: ama.

Aunque el nombre de la asociación hable de las madres, Blanca Gutiérrez subraya que su aspiración es aunar a cualquier familiar de las mujeres. “Un feminicidio tiene una onda expansiva tremenda para el entorno. Desde el primer día que la asesinaron quería hablar con otras madres a las que les hubiera pasado lo mismo para ver cómo se podía seguir viviendo, me costaba incluso fisiológicamente respirar, me desorientaba en la misma calle donde vivo, pensé si me estaba volviendo loca de dolor”, recuerda. Blanca dio con Asun Casasola, la madre de Nagore Laffage, asesinada por Diego Yllanes durante los Sanfermines de 2008. Casasola se convirtió para Blanca en “una guía”.

"Yo quiero que este juicio no sea solo el de Carla, sino el de todas, mostrar que estamos hartas de que nos maten. Y estar ahí para acompañar a quien lo necesite o lo vaya a necesitar

Encontrar a más familiares de víctimas de feminicidios no está siendo fácil. “Mira que ha habido casos, pero es como si estuviéramos escondidas, no sé si es vergüenza, a veces la propia administración te quiere proteger tanto... ”, dice Blanca. La vida tras el asesinato de Carla no fue fácil, desde los quehaceres cotidianos hasta la burocracia correspondiente. “Me sentí muy sola. Mi refugio fueron mis dos hermanos, uno se vino desde Lanzarote a vivir conmigo un año. Hay mucha deshumanización en el proceso. Vas a algunos sitios y te tratan igual que a otra persona, pero han matado a tu hija y tú te echas a llorar y no sabes ni lo que estás haciendo. Igual has ido sin acompañante y de repente te hacen firmar un papel en el que pone 'la finada', pero es que la finada era mi hija y hasta hacía nada estábamos tomando café y riéndonos”, recuerda. Por eso, Blanca quiere hacer una red que sirva para acompañar, asesorar y hacer de los procesos un camino algo más sencillo.

Carla

Carla tenía 26 años, era recepcionista de un hotel de Girona, disfrutaba con su trabajo. Se había comprado un piso tres años antes, le gustaban las tortugas, pedir sushi y encerrarse a ver series, ir a parques de atracciones. “Siempre ha sido una cría muy trabajadora, estudiante, desde pequeña quería centrarse en el mundo del turismo, aprendía idiomas. Lo compaginó todo, los estudios con prácticas en tiendas, también porque necesitábamos ayuda económica, y era muy organizada, se hacía sus agendas con sus horarios, con todo... Vivía todo con mucha intensidad”, recuerda Blanca. Ella y Carla vivían solas desde que su hija tuvo 10 años: “Éramos prácticamente una familia monoparental”.

El 26 de julio de 2023, Toni M.T, con quien había mantenido una relación hacía años, se coló en el edificio donde ella vivía oculto con una capucha, mascarilla y guantes, la esperó en la puerta de casa, la asaltó, la desnudó y maniató, la agredió sexualmente y la mató. Después, le robó las tarjetas bancarias, se marchó del piso y envió mensajes al móvil de la chica para intentar crear una coartada. No solo eso, sino que al día siguiente llamó a Blanca, la madre, y acudió a su trabajo para mostrar preocupación porque no sabía nada de su hija. Finalmente, el hombre convenció a una vecina y se descolgó por un balcón para entrar en la casa de Carla y alertar de lo sucedido. Cuando los Mossos le tomaron declaración, confesó el crimen.

Tanto acusación particular como Fiscalía piden para Toni M.T prisión permanente revisable por la agresión sexual, el robo con violencia y el asesinato de Carla con agravantes de parentesco, género y disfraz, y con la atenuante de confesión. Blanca lleva tres años esperando el momento de volver a encontrarse con el asesino de su hija. Ha rechazado declarar con biombo: “Yo sobre todo quería aguantar viva para ver al asesino de mi hija. Pedí ir a hablar con él a la cárcel, pero su abogado lo desaconsejó”. Ni el agresor ni su familia se ha puesto en contacto con Blanca durante este tiempo. Ella cuenta que le hubiera gustado recibir un perdón honesto por parte de alguien.

A horas de que empiece el juicio, Blanca ha reforzado la atención psicológica que recibe para poder afrontarlo en las mejores condiciones posibles. “Hay meses en los que tienes más rabia y otros te viene más bajón, un bajón que no quieres ni vestirte, que quieres tirarte al suelo y no tienes fuerzas ni de ir al baño”, relata. Su deseo es que mucha gente acuda a acompañarla y poder ella seguir acompañando a familias: “Yo quiero que este juicio no sea solo el de Carla, sino el de todas, mostrar que estamos hartas de que nos maten. Y estar ahí para acompañar a quien lo necesite o lo vaya a necesitar”.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cinco años de cárcel a un agente de la Policía Nacional por un delito de agresión sexual continuada a una menor, hija de su antigua pareja. La sentencia, que aún no es firme y que ya ha sido recurrida, considera probado que entre 2013 y 2020 el acusado abusó en reiteradas ocasiones de la víctima, desde que la niña tenía 7 años hasta que cumplió los 14. 

Además de la pena de cárcel, el fallo impone al funcionario, J.M.G.M., otros cinco años de libertad vigilada cuando cumpla la pena de prisión; la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con menores durante el mismo periodo; la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros o de comunicarse con la víctima, y el pago de una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños morales. 

Este periódico ha consultado hasta en tres ocasiones a la Dirección General de la Policía si se ha abierto algún expediente disciplinario o de expulsión al agente condenado a raíz de esta resolución judicial, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. A la acusación particular, que está representada por la abogada Ángeles Padilla, no le consta que haya sido apartado cautelarmente del cuerpo ni suspendido de empleo y sueldo. En la actualidad, el funcionario se encuentra destinado en Melilla. 

El policía condenado mantuvo una relación con la madre de la víctima desde 2013 hasta 2020. Durante ese periodo, la pareja convivió junto a la agredida y a otras dos menores (hijas también de ella). Primero en Madrid, donde el agente ejerció como escolta en la sede del Tribunal Supremo y en otra localidad de la capital. Y desde 2015, en Tenerife. 

El relato de la víctima

La víctima contó lo sucedido a su madre de forma espontánea en noviembre de 2020, tras ser sorprendida hablando por teléfono con un chico por un chat. En ese momento, la menor dijo que había sufrido tocamientos por parte de su padrastro, pero intentó no dar detalles porque le daba vergüenza. Su madre le pidió entonces que lo expresara todo por escrito y la joven redactó en enero de 2021 una carta que, junto a sus posteriores declaraciones en sede judicial, constituyen, a juicio del tribunal, un testimonio “aplastante” de abusos. 

La sentencia describe la “dinámica comisiva”. El acusado aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con la niña, en especial por las tardes, cuando la madre iba a trabajar y su hermana mayor acudía a clases de atletismo (la menor era bebé), para consumar unas agresiones que comenzaron con tocamientos por encima y debajo de la ropa y siguieron con frotamientos genitales, masturbaciones o mordiscos en los pechos.  

La víctima contó que el acusado, al que consideraba “su verdadero padre”, la forzaba a dormir la siesta tras regresar del colegio y se acostaba desnudo junto a ella. En ese contexto de soledad y de relación de confianza se producían los tocamientos a la menor, que “se hacía la dormida” y guardaba silencio por miedo, vergüenza e incomodidad.

También explicó al tribunal que esa dinámica se fue transformando con el tiempo. Como hechos probados en la sentencia figura otro episodio en Madrid, en el trastero de la casa. La víctima narró que habían acudido a este lugar a buscar una bicicleta y que su padrastro aprovechó que estaban solos para bajarle los pantalones y la ropa interior y restregarle sus partes íntimas. Al mudarse a Tenerife con 9 años, la víctima comenzó a negarse a dormir la siesta con el acusado tras el colegio, por lo que esos abusos se trasladaron a la noche en su propia habitación. “Se metía en su cama y se masturbaba”, recoge la sentencia. 

En su carta, la joven describió una última agresión en su habitación. Contó que su padrastro le introdujo un dedo en la vagina, que al sentir dolor se apartó y él se retiró. Según relató, fue la última vez. Desde aquella noche no volvió a producirse ningún contacto. 

En la sentencia, la Sala explica que no dio este hecho por probado al albergar dudas sobre “la progresión técnica exacta del contacto físico”. No obstante, los magistrados destacan que la forma en que la menor contó este episodio, sin intentar “aderezar ni exagerar los hechos” para perjudicar al procesado, demuestra la ausencia de un móvil espurio y constituye una prueba de la “autenticidad global” de su testimonio. 

Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió una merma en su rendimiento académico durante la secundaria y ahora presenta sintomatología ansioso-depresiva, con secuelas en su vida afectiva e íntima, según las psicólogas que ejercieron como peritos. 

El triple test

La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con la magistrada María Teresa Hernández como ponente, recuerda que la consolidada jurisprudencia del Supremo admite la declaración de la víctima como prueba válida para destruir la presunción de inocencia, aunque sea la única, siempre que supere el denominado triple test. Esto es, que no se aprecien móviles espurios en la denuncia; que el relato de la víctima sea consistente y persistente, sin ambigüedades ni contradicciones, y que esté corroborada por elementos periféricos que refuercen su verosimilitud. 

Esto es así por la propia naturaleza de los delitos de índole sexual, en los que suele ser frecuente que no exista prueba objetiva que demuestre o excluya indiscutiblemente unos hechos que se cometen en la clandestinidad, sin la presencia de testigos. 

La Sala destaca que la víctima expuso pasajes de forma escueta, sin intentar inflar la acusación ni inventar detalles que no recordaba, lo que aumenta su credibilidad. 

Los magistrados no aprecian un móvil espurio en la denuncia de la víctima. Sostienen que la revelación de los hechos se produce de manera espontánea, que con ella “no obtiene beneficio personal”, que describe “sentimientos de vergüenza, miedo y silencio prolongado” y que la menor tampoco instrumentaliza “los problemas familiares previos”.

A juicio de la Sala, su relato resulta verosímil por “su coherencia”, por “la riqueza de detalles periféricos” y por su “compatibilidad con los patrones clínicos y criminológicos del abuso sexual continuado en el ámbito familiar”. “La menor aporta elementos concretos, sensoriales y ambientales que difícilmente pueden ser inventados”, recoge la sentencia. 

Los testimonios de la madre y la hermana

Aparte de la ausencia de un móvil espurio y de la consistencia incriminatoria del relato, la jurisprudencia del Supremo sobre delitos de carácter sexual exige que la declaración de la víctima sea corroborada por elementos externos. La Audiencia Provincial considera que los testimonios de la madre de la víctima, de su hermana mayor e incluso del propio acusado contienen datos “abundantes, variados y sólidos” que actúan como “corroboradores periféricos”. También la carta escrita por la menor e incluso unas imágenes que obran en la causa y en donde se puede ver al agresor encima de la víctima. 

La madre, por ejemplo, confirmó la costumbre del acusado de imponer la siesta a la menor o de ir desnudo por la casa y contó que en una ocasión, estando ya en Tenerife, se encontró a su pareja de madrugada en el cuarto de la víctima, en su cama, con un albornoz gris y que al preguntarle qué hacía ahí le respondió que quería saber si estaba dormida. 

La hermana mayor también confirmó ciertos detalles, como las rutinas de la familia y los horarios. Declaró no haber presenciado actos lascivos directos, pero sí confirmó la existencia de “juegos” donde el padre daba pellizcos en los pechos a las niñas cuando eran pequeñas. La víctima sostenía que no sólo fueron pellizcos, sino también mordiscos. 

El correo del acusado

A juicio de la Sala, otro elemento periférico de corroboración es paradójicamente el testimonio del propio acusado, manifestado tanto en un correo electrónico que envió a su pareja en noviembre de 2020 (tras la confesión de la menor)para intentar salvar la relación como en su declaración como acusado en el juicio. J.M.G.M. negó haber realizado tocamientos a la víctima con ánimo lascivo o sexual. Sin embargo, el tribunal calificó de “sorprendente” su relato, puesto que, al intentar justificarse, “reconoce hechos que, objetivamente, constituyen indicios de abuso pero los normaliza” y minimiza, argumentando que se trataba de “juegos” o de dinámicas cotidianas del hogar.  

Desde la perspectiva judicial, señala la sentencia de la Audiencia, “son conductas de riesgo sexual”. El ahora condenado reconoció que solía estar desnudo por la casa en presencia de las menores, que se echaba la siesta con la víctima sin ropa interior y que continuó bañándose con las menores hasta edades avanzadas o impropias. También admitió que agarraba los pechos de la víctima y los “mordisqueaba o chupaba” a modo de “juego”. Incluso dijo que no tenía por qué esconderlo. Además, reconoció la existencia de contacto con sus partes íntimas en la cama y trató de desplazar la responsabilidad hacia la niña, asegurando que fue la menor (cuando tenía unos ocho años) quien le tocó.

Su relato, señala la sentencia, “no es más que una explicación justificativa típica de agresor sexual intrafamiliar”. La Sala aprecia patrones “muy estudiados” en el comportamiento del policía nacional condenado: normalización de la desnudez, desplazamiento de la culpa (hacia la madre), idealización de la relación con la víctima, “autovictimización” y “confusión temporal y narrativo”. La magistrada ponente incide en que estos patrones “no prueban nada por sí solos”, pero son “incompatibles con un relato veraz”. 

“Este testimonio es incompatible con la inocencia, no porque parezca raro, sino porque reconoce conductas sexualizadas objetivas, normaliza actos que constituyen abuso, se contradice en puntos esenciales, culpa a terceros sin coherencia y presenta un patrón narrativo típico de agresores intrafamiliares. Por tanto, el relato no es verosímil, no es persistente y no es coherente”, resume la sentencia. 

Por el contrario, el testimonio de la víctima “reúne de forma clara los criterios exigidos” por la jurisprudencia del Supremo para considerarlo como prueba de cargo suficiente en delitos contra la libertad sexual. Su declaración “presenta coherencia interna, estabilidad narrativa y un nivel de detalle propio de experiencias vividas”, expone en la resolución la Audiencia. 

¿Por qué la pena mínima?

La sentencia impone una pena de cinco años de cárcel frente a los diez que reclamaban la Fiscalía y la acusación particular. Los magistrados han fijado la condena en el mínimo que establece la ley para un delito continuado de agresión sexual con prevalimiento. La resolución explica que el cálculo de la pena arroja la misma horquilla (de cinco a siete años y medio) tanto con el Código Penal de 2015, vigente en el momento de los hechos, como con la reforma de 2022 (la ley del solo sí es sí). La Sala se decanta por la sanción mínima al no apreciar agravantes y considerarla proporcional a los hechos probados.

De ratificarse la sentencia, el agente no podrá acceder al tercer grado penitenciario (régimen de semilibertad) hasta que haya cumplido la mitad de la condena. Además, el fallo acuerda la pena de privación de la patria potestad. 

La diputada y responsable de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, subió el miércoles a su escaño en el Congreso con un spray de gas pimienta. Lo mostró mientras intervenía en la sesión del control al Gobierno para, aseguraba, poner sobre la mesa el miedo y la inseguridad que sufren mujeres y niñas en Ceuta. “¿Sabe lo que es esto? Es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutíes. Este es el material escolar básico”, le espetaba Vázquez al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ese bote de gas pimienta puede ser, efectivamente, un símbolo: el de cómo las derechas intentan criminalizar a los migrantes mientras ignoran las violencias machistas que sufrimos las mujeres cada día en todas partes y para las que un spray de autodefensa no alcanza.

Que le pregunten, por ejemplo, a la exconcejala que se querelló contra el alcalde de Móstoles (del PP), Manuel Bautista, por acoso sexual. Pese a la denuncia pública y a la querella, el Partido Popular mantiene su apoyo a Bautista, que sigue en el cargo. ¿Hubiera tenido la exedil el beneficio de la duda de su partido de haber sacado un spray de gas pimienta y rociado al alcalde durante alguno de los episodios de acoso que describió? Un 40% de las mujeres que viven en España han sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, según la Macroencuesta de Violencia de Género. En uno de cada cinco casos ese acoso tuvo lugar en su ámbito laboral.

Porque, si seguimos con los datos, la evidencia muestra que la inmensa mayoría de la violencia sexual no la cometen hombres que deambulan por las calles sino hombres que conocen a las mujeres que agreden. En el caso de las agresiones sexuales que se cometen fuera de la pareja, el 62,7% de los agresores son amigos o conocidos de las mujeres y el 23,1%, familiares. Es decir, muy lejos del estereotipo de hombre desconocido de la nacionalidad que sea que llega para violarte, en el 85% de las agresiones sexuales fuera de la pareja, los perpetradores son tipos que violentan a mujeres que ya conocen.

Tendríamos entonces todas que llevar gas pimienta en el bolso porque podríamos necesitarlo en cualquier momento: en la escuela, en el trabajo, en un cumpleaños, en una cita, en una reunión familiar o en un encuentro con antiguos compañeros de lo que sea. La realidad es que Ana Vázquez esgrime ese bote, no porque esté pensando en toda esa bolsa de violencia sexual y en quienes la sufren, sino porque le ayuda a trazar un dibujo: el del inmigrante que viene a España a violar a las mujeres. La violencia sexual aparece así como algo mucho más concreto y controlado: es una violencia que no tiene que ver con un mundo machista sobre el que habría que actuar, sino con un puñado de hombres extranjeros de procedencias muy específicas. Según ese razonamiento, si quitamos a esos hombres de la ecuación, el problema se acabaría.

Es un planteamiento muy útil para normalizar políticas racistas, pero muy poco eficaz si lo que de verdad se quiere es prevenir y erradicar la violencia sexual. Que Ana Vázquez saque en su escaño un spray de gas pimienta forma parte de esa estrategia: alimentar el miedo y el odio hacia los migrantes, vincular hombres marroquíes y violencia sexual, y mostrar muchísima preocupación por la seguridad de mujeres y niñas ceutíes, mientras ignoras las causas de las violencias machistas, abrazas el negacionismo y caricaturizas al feminismo. Preguntan dónde estamos las feministas a la hora de hablar de Ceuta y podríamos nosotras devolverles la pregunta: ¿Dónde están el PP y Vox cuando se trata de hablar de las causas y soluciones a la violencia sexual? ¿Dónde están cuando hay que firmar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o cuando hay que dar presupuesto a las consejerías y concejalías de igualdad? ¿Dónde están cuando hay acusaciones de acoso o violencia sexual en sus filas?

Entre el 30 de julio y el 14 de septiembre han llegado a los juzgados de Ceuta 37 denuncias por agresión sexual en la ciudad autónoma. Las diligencias previas abiertas afectan a un total de 39 víctimas: un varón y 38 mujeres, de las cuales 14 eran menores de edad, según un informe del Servicio de Inspección difundido por el Consejo General del Poder Judicial. En 2024 se denunciaron en España 22.846 delitos contra la libertad sexual, aunque la Macroencuesta de Violencia y, en general, las expertas señalan que solo se denuncian un porcentaje muy bajo.

Cualquier agresión sexual es siempre grave e inaceptable, en Ceuta y en cualquier otro lugar, y merece atención, recursos y reflexión. Si solo te importan las que suceden en una ciudad concreta, en un momento concreto, entonces tu foco no está en las violencias machistas o en las mujeres. Es más fácil, eso sí, hacer una performance con gas pimienta y señalar a unos pocos hombres, que reconocer que se trata de un problema estructural con el que convivimos y que no se va a solucionar ni con sprays ni con expulsiones.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un total de 72 años de prisión a un hombre por cometer múltiples delitos continuados de agresión sexual, corrupción de menores y coacciones contra una decena de niñas menores de 16 años.

La resolución judicial, dictada de conformidad tras el acuerdo alcanzado entre las partes en la vista oral, incluye además el cumplimiento de 85 años de libertad vigilada y la prohibición estricta de comunicarse o acercarse a las víctimas durante un periodo de diez años. La sentencia declara la firmeza inmediata del fallo al haber manifestado la defensa y la acusación su voluntad de no interponer ningún recurso.

El fallo detalla que el procesado actuaba de forma premeditada dirigiéndose a niñas en situación de extrema vulnerabilidad, aprovechándose de sus problemáticas familiares, sus necesidades económicas y las condiciones de marginalidad social en las que se encontraban.

Para ganarse su voluntad e instaurar un vínculo de dependencia, el agresor las agasajaba con regalos, las llevaba de viaje y realizaba continuas recargas de saldo en sus teléfonos móviles, llegando a comprarles terminales nuevos a varias de ellas. Sin embargo, cuando las menores intentaban romper el contacto u oponerse a sus pretensiones, el condenado mostraba una actitud violenta e intimidatoria, amenazándolas con interponer denuncias falsas contra ellas por supuestos robos.

La condena total suma 72 años de cárcel distribuidos en función de la gravedad de los hechos cometidos contra cada una de las víctimas. En concreto, el tribunal le impone penas por cinco delitos continuados de agresión sexual que alcanzan hasta los 13 años y seis meses de prisión en los casos de acceso carnal, siete delitos de corrupción de menores con penas de entre seis meses y dos años de cárcel por obligar a las víctimas a presenciar actos sexuales, mostrar o elaborar material pornográfico o solicitar relaciones a cambio de dinero, además de cuatro delitos de agresión sexual por proposiciones para concertar encuentros penalizados con multa y un delito de coacciones.

Junto a las penas privativas de libertad y los 85 años de libertad vigilada, la Audiencia de Badajoz ha dictado la prohibición total de que el condenado se comunique o aproxima a las víctimas por cualquier vía durante diez años, así como su inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad que implique un contacto regular y directo con personas menores de edad.

En la misma causa, el tribunal ha condenado a un segundo procesado a nueve meses de multa, cinco años de prohibición de comunicación con las víctimas y dos años de inhabilitación para actividades con menores.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 10 años de prisión a un hombre de 20 años que mintió sobre su edad a una menor de 15 para mantener relaciones sexuales en una localidad de la comarca de Pamplona. La Sala de lo Civil y Penal del TSJN considera al inculpado autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal (violación) sobre una menor de 16 años, que es la edad límite establecida en el Código Penal para que haya consentimiento libre, y no ha aplicado ningún atenuante al desarrollarse la relación con engaño y evidenciarse una superioridad de madurez por parte del acusado. Además de la agresión sexual, también se ratifica el delito de elaboración de material pornográfico y una multa por un delito de ciberacoso.

Según figura en la sentencia, en agosto de 2024, el hombre, entonces de 20 años, contactó con la adolescente a través de Instagram. Para poder mantener conversaciones sexuales, le mintió diciéndole que tenía 15 años, la misma edad de ella. Tras lograr que ella le enviara fotos y videos íntimos, quedaron para mantener relaciones sexuales a principios de septiembre de ese año, acto que se consumó a pesar de que el inculpado conocía la edad de la víctima (y el consentimiento está fijado en la ley a partir de los 16). La menor se enteró con posterioridad, al interponer la denuncia, tanto de la verdadera identidad del encausado como de su edad.

La Sala de lo Civil y Penal, como el tribunal de instancia, califica como suficiente y creíble el testimonio de la víctima, que se apoyó en pruebas periféricas y en conversaciones de WhatsApp. La víctima mantuvo su relato en todas las fases del proceso, sin contradicciones relevantes, y fue corroborado por los informes psicológicos y periciales. Asimismo, fue posible demostrar la existencia y el envío de fotos y videos íntimos, que el acusado mostró y compartió. El Tribunal ve como evidente que el inculpado planificó el contacto con la menor y el encuentro sexual.

Por ello, los magistrados estiman probados los delitos de ciberacoso, producción de material pornográfico infantil, descubrimiento y revelación de secretos, y agresión sexual. Añaden que la conducta del hombre cumple los requisitos de cada delito.

El Tribunal Superior ratifica el veredicto recurrido por la defensa, que pedía la absolución del acusado argumentando que el Código Penal excluye en este delito de “responsabilidad penal” si es “próxima” la diferencia de edad y el “grado de desarrollo o madurez física y psicológica”. Para el Tribunal, la relación se desarrolló con engaño y sin consentimiento libre, por lo que no cabe eximir de responsabilidad. La ley exige proximidad en edad y madurez para aplicar exenciones o atenuantes, que en este caso no se cumplen. La diferencia de 5 años y las conversaciones, concluye la Sala, muestran una “superioridad” del procesado.