El pasado jueves, la organización internacional Women's Link, en representación de las extrabajadoras de Julio Iglesias Laura y Rebeca, presentó una querella contra el cantante en la Audiencia Nacional por delitos laborales y sexuales. Tras el archivo de la Fiscalía en enero, que no entró al fondo del asunto y consideró que España no es competente para investigar estos hechos, las extrabajadoras inician ahora una nueva vía para buscar justicia.

La directora ejectiva de Women's Link, Jovana Ríos, y la abogada Clara Serra Baiget, explican en qué consiste esta nueva acción judicial.

¿Por qué Women's Link, en representación de Laura y Rebeca, presenta ahora esta querella?

Rebeca y Laura solicitan a la justicia española y concretamente a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional que investigue y enjuicie hechos que describen en su querella y que habrían ocurrido en 2021 en residencias del cantante español Julio Iglesias, ubicadas en las Bahamas y en la República Dominicana. Ellas están presentando esta querella ahora porque el decreto de la Fiscalía que archivó su denuncia inicial solo estableció que la investigación no procedería. Sin embargo, ese mismo decreto también establece que esa decisión no tiene efectos de cosa juzgada, que en términos legales significa que no se han juzgado los hechos por un tribunal o tomado una decisión final, ni se ha resuelto sobre el fondo del asunto. Además, el decreto también menciona que Rebeca y Laura podrán reproducir su denuncia ante los órganos judiciales que correspondan. Eso es lo que ellas han elegido hacer ahora.

¿Hay alguna diferencia entre la querella que presentan ahora y la denuncia de enero ante la Fiscalía?

Esta acción legal es distinta a la presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En esa ocasión, Rebeca y Laura solicitaban que fuera el Ministerio Fiscal español el que iniciara una investigación de los hechos denunciados. Lo que se presentó el jueves es una acción legal liderada por ellas, donde participarán activamente del procedimiento (podrán pedir diligencias, intervenir) pero también les permitirá acceder a medidas de protección específicas mientras son acompañadas en su búsqueda de justicia.

¿Cuál es el contenido de esta querella?

La querella sostiene que el querellado habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de ambas mujeres para captarlas, trasladarlas y alojarlas bajo un clima de intimidación constante, con el propósito de imponerles condiciones laborales forzadas y degradantes, así como someterlas a acoso y agresiones sexuales continuas. Los hechos descritos por las querellantes podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual; lesiones; trato degradante; y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.

Esta acción legal es distinta a la presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. en la que Rebeca y Laura solicitaban que el Ministerio Fiscal español iniciara una investigación. Esta es una acción legal liderada por ellas, donde participarán activamente del procedimiento

Los hechos denunciados también podrían constituir vulneraciones de derechos humanos recogidas en tratados internacionales ratificados por España tales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Convenio para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo de Palermo, el Convenio de Varsovia de lucha contra la trata de personas, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y su Resolución 201.

¿Por qué incluyen ahora el delito de trato degradante que no estaba presente en la denuncia de enero?

Sin perjuicio de cualquier otra calificación jurídica que pudiera corresponder a juicio del órgano de instrucción, los testimonios de Rebeca y Laura incluidos en la querella describen humillaciones reiteradas y actuaciones vejatorias, abusando de una situación de superioridad y menoscabando la integridad moral, que podrían ser encuadrables en el delito de trato degradante previsto en el artículo 173.1 del Código Penal.

¿Por qué se optó entonces por esa vía, la de acudir a la Fiscalía, y no por esta que toman ustedes ahora, presentar directamente la querella?

Son vías legales distintas. En un inicio se esperaba que fuese el Ministerio Fiscal español quien iniciara la investigación por los hechos denunciados por Rebeca y Laura. Rebeca y Laura son quienes tienen la autonomía para decidir cómo y en qué términos avanzar en su búsqueda de justicia, y esta nueva vía responde a esa decisión. Al principio, Rebeca y Laura vieron en el Ministerio Fiscal español la posibilidad de que actuaran como intermediarios en su búsqueda de justicia. Con la nueva querella, ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Rebeca y Laura liderarán el proceso y participarán activamente en él.

¿Cuál es la diferencia entre una vía y otra?

A nivel técnico, la querella requiere una mayor precisión técnico-jurídica, con una exposición de los hechos mucho más concreta y detallada. Además, exige representación legal y, por regla general, la intervención de abogado/a y procurador/a. Sin embargo, la diferencia fundamental entre denuncia y querella radica en quién ejercita la acción y qué posición ocupa dentro del procedimiento: mientras que la denuncia consiste principalmente en poner unos hechos presuntamente delictivos en conocimiento de la autoridad, la querella supone el ejercicio formal de la acción penal y permite al querellante intervenir como parte en el procedimiento.

Piden medidas de protección para Laura y Rebeca, ¿por qué y cuáles podrían ser esas medidas?

Rebeca y Laura nos han expresado que temen por represalias. Por tanto, hemos solicitado de forma urgente medidas de protección para salvaguardar su identidad e integridad, especialmente porque las desigualdades de poder entre el querellado y las querellantes son un factor que debe ser tenido en cuenta por las instituciones. Cuando existen diferencias significativas de influencia, recursos o exposición pública, los mecanismos de protección adquieren una importancia aún mayor para garantizar un acceso efectivo a la justicia.

Hemos solicitado de forma urgente medidas de protección para salvaguardar su identidad e integridad, especialmente porque las desigualdades de poder entre el querellado y las querellantes son un factor que debe ser tenido en cuenta por las instituciones

Concretamente, hemos solicitado la anonimización de datos personales que permitan su identificación directa o indirecta, tanto de ellas como de sus familiares y de los testigos; así como que se prohíba al querellado aproximarse a las querellantes en el lugar donde residan, trabajen o frecuenten. También la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio, ya sea telefónico, correo electrónico, redes sociales, etc.; todo ello tanto de manera directa como a través de terceras personas.

La Fiscalía archivó el caso porque entendía que España no tiene competencia para investigarlo, ¿están convencidas de que España puede juzgar este caso? ¿Por qué? ¿Por qué España debe investigar?

Women's Link y personas juristas y académicas de gran prestigio en España sostenemos que los tribunales españoles sí tienen jurisdicción y competencia para actuar en este caso, por tres razones principalmente: en virtud de la nacionalidad del querellado (principio de personalidad activa), por la naturaleza de los delitos (principio de jurisdicción universal) y por estar incluidos ellos en tratados internacionales ratificados por España.

La legislación española plantea el principio de territorialidad –previsto en el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)– como criterio para determinar la jurisdicción, pero coexiste con otros principios que permiten investigar y perseguir presuntos delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que se den una serie de circunstancias que entendemos concurren, todas ellas, en el presente caso.

Ni en República Dominicana ni en Bahamas existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos

En primer lugar, España puede ejercer jurisdicción por la nacionalidad española del presunto autor, siempre que se cumplan requisitos como que la víctima presente querella, que no haya sido investigado o juzgado el mismo hecho en otro país y que exista la doble incriminación, es decir, que los mismos hechos estén también tipificados en los países donde ocurrieron.

En segundo lugar, España puede conocer de determinados delitos que, por su gravedad y naturaleza, están previstos en convenios internacionales, como los relativos a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica o la trata. Finalmente, en virtud del derecho internacional vinculante para España (art. 23.4.p de la LOPJ) también existe jurisdicción española cuando los hechos pueden constituir vulneraciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales ratificados por el Estado español.

¿Por qué no han acudido a República Dominicana o Bahamas, lugares donde ocurrieron los hechos?

Principalmente, sostenemos que esta acción puede y debe investigarse y enjuiciarse en España. En segundo lugar, tras nuestros análisis y experiencia y teniendo en cuenta las voluntades de Rebeca y Laura, hemos concluido que en ninguno de los dos países existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Por eso no se presentó la denuncia en esos foros.

¿Es posible judicialmente que, aunque la Fiscalía ya sentara su criterio, un juez de la Audiencia Nacional considere que sí puede juzgarse?

Por supuesto, legalmente un tribunal puede determinar que el caso sí puede juzgarse en España. Es justo el órgano judicial el competente para decidir sobre la jurisdicción y competencia, no el Ministerio Fiscal. La potestad jurisdiccional corresponde en exclusiva a los Tribunales en virtud del artículo 117.3 de la Constitución española.

¿Con qué apoyos cuentan?

Rebeca y Laura cuentan con el apoyo de una gran cantidad de personas juristas y académicas de gran prestigio, así como de muchas organizaciones de derechos humanos tanto en España como en América Latina y el Caribe, que han expresado su solidaridad con su proceso legal y de búsqueda de justicia. Ellas también han recibido muchísimo apoyo social para que los hechos que alegan sean investigados.

¿Por qué es importante este caso?

La querella interpuesta por Rebeca y Laura podría mirarse dentro de un panorama más amplio en cuanto a lo que podrían estar enfrentando miles de trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe y en Europa: un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación.

La querella interpuesta por Rebeca y Laura podría mirarse dentro de lo que podrían estar enfrentando miles de trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe y Europa: un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación

Lo que Rebeca y Laura denuncian importa tanto por ellas como por todas las trabajadoras que podrían enfrentar violencias. Su querella invita a reflexionar sobre cuáles son las condiciones necesarias para que todas las trabajadoras remuneradas del hogar puedan realizar su trabajo con dignidad, libres de violencias, y con la garantía plena de sus derechos.

Julio Iglesias ha amenazado con denunciar a Rebeca y Laura y a Women’s LInk por denuncia falsa, ¿han recibido alguna notificación?

Women’s Link no ha recibido ninguna notificación legal con acusaciones sobre una denuncia falsa. El acompañamiento legal que estamos dando a las querellantes responde al legítimo derecho de toda persona a ser representada legalmente y acceder a la justicia. Entendemos que las demandas contra el interés público (los llamandos SLAPPs) representan un riesgo que se monitorea constantemente.

Más allá de las distintas posiciones sobre el caso, creemos que el punto central es que la querella de Rebeca y Laura, que alega hechos tan graves, merece una investigación por parte de las autoridades competentes, y que quienes denuncian deben poder hacerlo con garantías de protección y seguridad.

La Policia Nacional ha detingut a Palma un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys, exhibicionisme i provocació sexual, elaboració de pornografia infantil i maltractaments per, presumptament, sotmetre a tocaments i realitzar pràctiques sexuals davant la filla, menor d'edat, de la seva exparella i gravar-la nua.

Segons ha informat el Cos en un comunicat, la menor va denunciar que els fets es van repetir durant cinc anys. A més, l'home també ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments contra la seva exparella, mare de la menor.

La Policia va iniciar una investigació després que la menor interposés una denúncia en la qual relatava que el detingut, que havia estat parella de la seva mare, l'havia sotmès a tocaments i havia gravat les seves parts íntimes.

Segons va assenyalar, les agressions sexuals van començar fa cinc anys, quan va començar a agredir-la sexualment i l'obligava a tocar-lo a ell, i, a més, es masturbava davant d'ella. Així mateix, el detingut va gravar les parts íntimes de la menor i li oferia regals a canvi de favors sexuals.

Els agents de l'UFAM de la Policia Nacional van iniciar una investigació per aclarir els fets i van prendre declaració a la mare de la menor, qui va afirmar haver estat víctima de maltractaments per part de l'home.

Dijous passat els agents van detenir l'home com a presumpte autor dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys, exhibicionisme i provocació sexual i elaboració de pornografia infantil, així com per presumpte autor d'un delicte de maltractaments a la seva exparella.

Els agents van intervenir el telèfon mòbil del detingut i van dur a terme una entrada i registre al domicili, on van intervenir diferent material informàtic. Els efectes intervinguts seran sotmesos a peritatge i estudi i la investigació segueix oberta per al total esclariment dels fets.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, exhibicionismo y provocación sexual, elaboración de pornografía infantil y malos tratos por, presuntamente, someter a tocamientos y realizar prácticas sexuales delante de la hija, menor de edad, de su expareja y grabarla desnuda.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, la menor denunció que los hechos se repitieron durante cinco años. Además, el hombre también ha sido detenido como presunto autor de un delito de malos tratos contra su expareja, madre de la menor.

La Policía inició una investigación después de que la menor interpusiera una denuncia en la que relataba que el detenido, que había sido pareja de su madre, la había sometido a tocamientos y había grabado sus partes íntimas.

Según señaló, las agresiones sexuales comenzaron hace cinco años, cuando comenzó a agredirla sexualmente y le obligaba a tocarle a él, y, además, se masturbaba delante de ella. Asimismo, el detenido grabó las partes íntimas de la menor y le ofrecía regalos a cambio de favores sexuales.

Los agentes de la UFAM de Policía Nacional iniciaron una investigación para aclarar los hechos y tomaron declaración a la madre de la menor, quien afirmó haber sido víctima de malos tratos por parte del hombre.

El pasado jueves los agentes detuvieron al varón como presunto autor de los delitos de agresión sexual a menor de 16 años, exhibicionismo y provocación sexual y elaboración de pornografía infantil, así como por presunto autor de un delito de malos tratos a su expareja.

Los agentes intervinieron el teléfono móvil del detenido y llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio donde intervinieron diferente material informático. Los efectos intervenidos serán sometidos a peritaje y estudio y la investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

Las dos extrabajadoras de Julio Iglesias que el pasado enero denunciaron al cantante ante la Fiscalía por delitos laborales y sexuales han presentado este jueves una querella contra él en un juzgado de la Audiencia Nacional, según ha anunciado en un comunicado Women’s Link, la organización que las representa. La querella de Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, le acusa de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

“Según sus testimonios, el querellado habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante. De acuerdo con la querella interpuesta, Rebeca y Laura describieron que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”, dice la organización en el comunicado.

Rebeca y Laura han solicitado acceder a medidas de protección específicas “mientras son acompañadas en su búsqueda de justicia”. “Ahora, un tribunal especializado será el encargado de revisar la información puesta en su conocimiento para determinar si inicia una investigación, respetando todas las garantías legales para acceder a la justicia, a la reparación y a la no repetición, según corresponda”, prosigue Women's Link.

En enero de 2026, Laura y Rebeca interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivada diez días después de anunciar la apertura de diligencias y sin entrar al fondo del asunto. El Ministerio Público concluyó que no podía seguir adelante con el proceso por la “falta de competencia” de los tribunales españoles para juzgar los hechos, una decisión que fue discutida por expertos juristas. Sin embargo, esa decisión no se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca llegó a estar en un juzgado: ahora será el juez al que se le asigne la querella el que decida si España tiene competencia para investigarlo o no.

La querella que ha presentado Women's Link ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) incluye el mismo relato de hechos y la misma calificación de delitos que ya se presentaba en la denuncia ante la Fiscalía, aunque con un añadido: un delito de trato degradante. El texto recoge también una amplia recopilación de jurisprudencia para reforzar la tesis de que la justicia española sí es competente para indagar estos hechos.

“Rebeca y Laura esperan que se adopte una interpretación amplia, comprometida con la protección de sus derechos, en línea con la opinión de personas juristas y académicas de reconocido prestigio que confirman la jurisdicción de los tribunales españoles”, asegura la organización en su comunicado.

Como parte de una investigación periodística publicada en enero por elDiario.es y Univision Noticias, estas dos mujeres aseguraron que Iglesias las agredió sexualmente en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron para el cantante en 2021 en régimen interno en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Las extrabajadoras contaban que el cantante las presionaba para mantener encuentros sexuales y describen penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Según sus relatos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral.

La decisión de la Fiscalía

La Fiscalía decidió no investigar los hechos denunciados al entender que los tribunales españoles carecen de jurisdicción porque ocurrieron exclusivamente en el extranjero y no se daban los “vínculos” que exige la ley para que la Justicia española pueda intervenir, a pesar de que Julio Iglesias tiene nacionalidad española. La decisión fue discutida por juristas y catedráticos, que entendían que España sí tiene competencia para investigarlo.

Women’s Link sostiene que los tribunales españoles tienen jurisdicción y competencia para actuar en este caso bajo el amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España.

Las abogadas se apoyan, además, en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. Estos serían el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención contra la Esclavitud, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea, el Convenio 169 de la OIT y su Resolución 201.

La decisión de la Fiscalía se produjo sin atender tres diligencias clave solicitadas por Women's Link Worldwide, la organización que asesora legalmente a las denunciantes. Según fuentes del caso, las abogadas habían hecho llegar a la Fiscalía tres escritos. En uno pedían medidas contra la difusión de información por parte del cantante de quien él identificaba como las denunciantes. En el segundo aportaban más evidencia para reforzar la idea de que podía aplicarse la jurisdicción española. En un tercero pedían que se tuvieran en cuenta nuevas informaciones que vinculaban la causa con España. Ninguno de los tres obtuvo respuesta.

En un primer momento, las abogadas de Laura y Rebeca optaron por denunciar ante la Fiscalía para no asumir en solitario la presentación de una querella. Después del archivo de la Fiscalía, presentan ahora personalmente esa querella ante la Audiencia Nacional.

El asunto de la jurisdicción

La catedrática de Derecho Penal en la Universitat de Valencia Lucía Martínez Garay aseguraba tras conocer la decisión de la Fiscalía que los tribunales españoles “sí son competentes”. Así lo establece, dice Garay, el principio de personalidad activo recogido en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto dispone que “conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminales responsables fueren españoles” (…) y que concurran ciertos requisitos: que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero.

Garay señalaba que Iglesias es español, que los hechos son también punibles en República Dominicana y Bahamas –donde se produjeron– y que el cantante no ha sido juzgado ni, por tanto, condenado, absuelto o indultado.

El catedrático de Derecho Penal de la Univesidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín también defendía en un artículo en El País que España tiene jurisdicción para investigar las acusaciones contra el cantante. Si bien los jueces penales, explica, no se ocupan de instruir todos los casos con independencia de dónde se hayan cometido y quién sea el autor, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sí se compromete a juzgar los delitos cometidos por españoles en el extranjero “si la conducta es también delictiva allí donde se produjo y no ha sido aún juzgada”.

Desde el año 2014, prosigue, el principio de justicia internacional exige “una determinada conexión con España” para que nuestro país pueda conocer esos hechos. “¿No es acaso español –‘el más universal’, dice el tópico– y no son acaso la agresión sexual y la trata de personas que se le atribuyen delitos en la República Dominicana, sin que el imputado haya sido ya ‘absuelto, indultado o penado en el extranjero?”, se pregunta Lascuraín, que asegura que la Fiscalía llamó “interpretación restrictiva de la ley a lo que no es sino su desobediencia” y se apoyó en precedentes en los que sí era evidente que faltaban requisitos para poder juzgar los hechos en España.

La investigación periodística

Durante tres años de investigación periodística, elDiario.es y Univision Noticias contactaron con 15 extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España. En estas entrevistas se describieron las condiciones laborales en las residencias, y hablaron de aislamiento, conflictos, trato degradante, salarios insuficientes y un clima de tensión ambiental generado por el carácter irascible de Iglesias.

Al menos en dos de estas entrevistas afloraron otros relatos en los que las extrabajadoras describían situaciones de acoso y agresiones sexuales. Los testimonios de estas dos mujeres fueron consistentes y estables a lo largo del tiempo, y la investigación periodística los contrastó con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos.

Los hechos que relatan Rebeca y Laura tuvieron lugar en las residencias de Julio Iglesias con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman estas dos extrabajadoras. Una encargada gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Esta encargada no contestó a las preguntas que le realizó este medio.

Periodistas de elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias. En un comunicado público posterior a la publicación de la primera de las informaciones, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

En el mes de febrero, Rebeca denunció a la policía del país en el que reside que ha estado vigilada por un detective español tras la presentación de su denuncia ante la Fiscalía y la publicación de los reportajes.

El Juzgado de Menores de Salamanca ha condenado a uno de los menores acusados de agresión sexual (por pedirle fotografías de carácter sexual) a una compañera suya de 12 años, según una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ambos se conocían de la Escuela de Tauromaquia, financiada por la Diputación de Salamanca. El condenado -y sus padres- deberán abonar 1.500 euros a la víctima por estos hechos, que se produjeron en 2025. El tribunal también ha absuelto al otro menor acusado del mismo delito contra dos menores (de 11 y 12 años) porque no se ha considerado probado que fuera él quien utilizara ese perfil de Instagram desde el que se incitó a enviar fotografías de carácter sexual.

El fallo impone al primer menor -ya mayor de edad- cien horas de servicios comunitarios “para que reflexione sobre la gravedad de su actuación” y establece una medida de libertad vigilada durante dos años, en los que recibirá formación de educación sexual y educación en igualdad, además de una orden de alejamiento hacia la menor.

El menor condenado -le faltaba un mes para cumplir los 18 años- contactó con su compañera de la Escuela Taurina, de 12 años. “Empezó a comentarla que sus conversaciones no debía verlas nadie, pidiéndole que las borrara a diario y diciéndole, entre otras cosas, que cuando él tuviera 18 años debían cortar las mismas”, señala la sentencia, que considera probadas sus insinuaciones sexuales y peticiones de fotografías pedófilas. Esta situación se prolongó hasta que los padres de la niña descubrieron la situación y presentaron una denuncia.

“Desprecio a los sentimientos de la víctima”

El condenado defendió que creía que la niña tenía 16 años, algo que no se cree el juzgado porque entonces no tendría sentido que le dijera que borrara las imágenes o que las conversaciones debían terminarse cuando él cumpliera los 18 años. “Si adoptaba estas precauciones era porque conocía que estaba actuando de forma inapropiada”, señala el Juzgado de menores. Además, en el ámbito de la escuela taurina no se puede torear novilladas hasta los 16 años, una actividad que no podía realizar la menor. El juzgado establece que el condenado “embaucó” a la niña, aunque niega que esta fuera coaccionada o amenazada con hacer públicas las conversaciones previas que había tenido con el otro compañero, hoy absuelto.

El Juzgado ha establecido una libertad vigilada durante dos años dado el “absoluto desprecio a los sentimientos de la víctima” y su inconsciencia sobre “la gravedad de los hechos”. Además, esta no es su primera condena, por hechos con “una analogía importante”, aunque no de la misma naturaleza.

Absuelto el otro menor

La Justicia ha absuelto al otro menor encausado porque, ha considerado que no se ha demostrado lo suficiente que fuera él quien utilizaba esa cuenta de Instagram desde la que se pidió vídeos y fotos a otra niña de 11 años, a la que conocía de vista y de su entorno cercano. Fiscalía pedía que se dedujera la titularidad de la cuenta porque la fotografía del perfil era del menor y en las conversaciones con una de las víctimas se mencionaba su proximidad, algo que el Juzgado considera insuficiente porque son “datos fácilmente accesibles para cualquier persona”. También se le absuelve de un delito similar hacia su compañera de la Escuela de Tauromaquia -cuya conversación se borró- y cuyas conversaciones por Whatsapp no acreditan el contenido de las conversaciones previas aunque sí se hace referencia a ellas.

Aun así, defiende que no duda de que una de las víctimas y su madre hayan dicho la verdad en el proceso. “No se quiere manifestar con lo anterior que la menor o su madre falten a la verdad, pero como se han señalado hechos muy graves, sería necesario conocer exactamente el contenido de las conversaciones que fueron borradas y no se conservaron”, señala la sentencia.

La sentencia absuelve a la Diputación de Salamanca de la responsabilidad civil solicitada porque los hechos se produjeron fuera de la escuela taurina, que no podía tener “ningún control” sobre las actividades externas que realizaran los menores. El Juzgado también destaca que, cuando se tuvo conocimiento del problema, se separó a los menores acusados de la víctima “para que no coincidieran en las clases”. La Escuela de Tauromaquia no tenía un protocolo antiacoso para este tipo de situaciones a pesar de las peticiones realizadas por el Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca.

La Policía Nacional detiene en Logroño a un presunto agresor sexual y el juez decreta su ingreso en prisión. La detención se ha producido tras la investigación de un caso de agresión sexual en Logroño en la que ha resultado fundamental el trabajo desarrollado por los agentes agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de La Rioja.

Los hechos se produjeron después de que el ahora detenido, presuntamente, intentara mantener relaciones sexuales con una mujer en contra de su voluntad en el domicilio de éste. Tras tener conocimiento de lo sucedido, se iniciaron las correspondientes actuaciones policiales para esclarecer los hechos, recabar los elementos necesarios para la investigación y proporcionar a la víctima la atención y protección adecuadas.

La investigación, explica Policía Nacional, adquiere especial relevancia al tratarse de una persona que ya contaba con numerosos antecedentes de distinta naturaleza. Entre ellos, un episodio en el que fue detenido después de haber sido sorprendido, presuntamente, realizando grabaciones a mujeres por debajo de sus faldas, conducta que motivó una nueva intervención policial.

UFAM: especialización al servicio de las víctimas

Detrás de las investigaciones como esta se encuentra el trabajo de UFAM, una unidad de la Policía Nacional dedicada a la prevención e investigación de los delitos relacionados con la violencia de género, doméstica y sexual, así como a la protección y atención de las víctimas.

Su función va mucho más allá de la investigación estrictamente policial. Los agentes destinados en estas unidades cuentan con formación específica para atender situaciones especialmente sensibles, en las que resulta fundamental ofrecer a la víctima un entorno adecuado para explicar lo ocurrido y afrontar el procedimiento con las mayores garantías posibles.

Uno de los mensajes fundamentales que la Policía Nacional traslada a las mujeres que puedan estar sufriendo o hayan sufrido cualquier forma de violencia sexual es la importancia de comunicar los hechos. El miedo, la vergüenza, la incertidumbre o incluso las dudas sobre si lo sucedido constituye un delito pueden dificultar ese primer paso. Sin embargo, es importante acudir a Policía Nacional porque “los agentes adscritos a UFAM, están para atender estas situaciones y ofrecer una respuesta adaptada a cada caso y la respuesta policial comienza cuando se conoce lo ocurrido”.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense ha abierto una causa contra tres hombres como presuntos autores de la violación grupal a una joven de 19 años perpetrada en un prostíbulo de la ciudad. Los tres fueron arrestados por la Policía Nacional y dos de ellos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El tercero está acusado de cooperación necesaria por no hacer nada para impedir la agresión. Los agentes buscan todavía a un cuarto implicado

Los hechos, adelantados por el diario La Región, tuvieron lugar el pasado 23 de mayo. Según el auto de la Audiencia Provincial, que desestima la petición de libertad provisional para uno de los encarcelados, la víctima estuvo con uno de los detenidos –el que no está en prisión–en un after del casco antiguo de Ourense, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Después, se desplazó con él al prostíbulo.

Allí, siempre según el auto, el hombre la invitó a una bebida. Luego, “por indicación de éste”, la dejó en la barra para salir a fumar un cigarro y fue al regresar cuando bebió del vaso. Sólo cinco minutos después, empezó a sentirse mal. Desde ese momento, sus recuerdos están fragmentados.

La víctima asegura que tuvo un “breve intervalo de lucidez” en el que vio cómo uno de los hombres la penetraba vaginalmente por detrás, agarrándola por la cintura, y otro la penetraba por la boca mientras la sujetaba por la cabeza. Al mismo tiempo, un tercer individuo, que es al que ahora busca la policía –“un señor mayor al que no había visto en su vida”– intententaba sumarse a esa práctica. Todo sucedía en una de las habitaciones del prostíbulo. Al mirar hacia la puerta, la joven vio a su acompañante inicial irse del lugar.

El auto indica que la chica trató de defenderse, haciéndose daño en los nudillos. “Sintió cómo la estaban mordiendo en la espalda y agarrando por el cuello para que estuviese quieta”. Según la Audiencia, su declaración –“muy detallada, sólida, creíble” y “sin contradicciones”– se ve corroborada por el informe médico emitido horas después de lo sucedido, en el que se recogen “heridas genitales y en distintas zonas del cuerpo, algunas compatibles con defensa, incluyendo mordedura en zona escapular izquierda”.

Los dos hombres fueron detenidos en el mismo mes de mayo en Monforte de Lemos (Lugo), donde comparten piso. Se enfrentan a una pena de entre doce y quince años de cárcel. Aunque carece de antecedentes penales, a uno de ellos ya le consta otra detención por agresión sexual en junio de 2025 y una más en octubre por quebrantamiento de condena.

Dos jugadors del planter del RCD Mallorca, un d'ells menor d'edat, han estat detinguts per gravar a l'amagatall la trobada sexual que un d'ells va mantenir amb una menor. Segons han confirmat fonts del cas a Europa Press després de la informació publicada per Última Hora, els fets van ocórrer el passat 14 d'agost. Tots dos jugadors han estat expulsats del club poc després que l'equip tingués coneixement dels fets.

Els dos homes van acudir a un domicili de Palma amb la noia amb la qual un d'ells, major d'edat, va mantenir relacions sexuals consentides. Mentrestant, el menor, amagat en un armari, va gravar l'escena sense saber-ho la noia.

Tots dos estan acusats de corrupció de menors i s'investiga si el major d'edat mantenia alguna relació amb la jove. En el cas del major d'edat, va passar a disposició judicial aquest passat dijous i posteriorment va quedar en llibertat.

El RCD Mallorca, per la seva banda, ha comunicat que, tan bon punt va tenir coneixement dels fets, va iniciar una investigació interna amb l'objectiu d'esclarir el succeït. Una vegada finalitzat el corresponent procediment, i després d'analitzar els fets i les circumstàncies concurrents, va extingir els contractes de tots dos jugadors, per la qual cosa han deixat de pertànyer a l'entitat.

El RCD Mallorca ha reiterat el seu compromís amb el compliment de les normes internes i amb els valors que han de regir el comportament de tots els integrants del club.

La Fiscalía General del Estado ha contabilizado un total de 23 agresiones sexuales en Ceuta en el marco de la reciente crisis migratoria. Según los datos facilitados a elDiario.es, la cifra refleja un repunte respecto a los 16 casos registrados hasta el pasado jueves, entre los cuales se incluyen cinco agresiones constitutivas de violación (agresión sexual con penetración).

En cuanto al perfil de las víctimas, nueve son menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Asimismo, entre las denuncias contabilizadas por la Fiscalía se encuentra la agresión a un varón perteneciente al colectivo LGTBI.

Hasta el momento, las investigaciones han permitido identificar a ochode los presuntos autores: cuatro de nacionalidad marroquí, tres ciudadanos españoles y un individuo de nacionalidad belga. La identidad del resto de los implicados continúa siendo desconocida.

La Mesa contra las Agresiones Machistas en Fiestas de Zizur Mayor ha denunciado públicamente una presunta agresión sexual por tocamientos a una menor de edad ocurrida durante la madrugada del sábado al domingo en el contexto de las fiestas de la localidad.

Ante estos hechos, la Mesa ha trasladado su “más absoluto rechazo frente a cualquier forma de violencia machista”. “Las fiestas y los espacios de ocio deben ser espacios seguros, donde todas las personas puedan disfrutar y relacionarse con libertad y sin miedo a sufrir ningún tipo de violencia”, ha señalado.

Asimismo, ha mostrado su “solidaridad y apoyo a la menor y a su entorno, respetando en todo momento su intimidad y evitando cualquier exposición que pueda contribuir a su revictimización”.

La Mesa ha subrayado en una nota que “la violencia machista no es un problema individual ni un asunto privado, es una responsabilidad colectiva y requiere una respuesta firme por parte de toda la sociedad”. Por ello, desde la Mesa se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, colectivos, asociaciones y entidades de Zizur Mayor para “mostrar de manera pública y contundente su rechazo a las agresiones machistas y defender unas fiestas libres de violencias machistas”.

Así, con el objetivo de expresar el rechazo colectivo a lo sucedido, la Mesa ha convocado una concentración de rechazo el martes, 1 de septiembre, a las 19.30 horas, en el parque Erreniega, junto a la Casa de Cultura de Zizur Mayor.

Desde la Mesa se ha animado a la ciudadanía, colectivos, asociaciones y entidades de la localidad a participar en la concentración y a “expresar conjuntamente que en Zizur Mayor no se toleran las agresiones machistas”.

La Mesa contra las Agresiones Machistas en Fiestas está integrada por el Ayuntamiento de Zizur Mayor y los grupos feministas de la localidad, en concreto, Mujeres Libres, Zizurko Talde Feminista y Emakume Zizurtarrak.

Dos canteranos del RCD Mallorca, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por grabar a escondidas el encuentro sexual que uno de ellos mantuvo con una menor. Según han confirmado fuentes del caso a Europa Press tras la información publicada por Última Hora, los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto. Ambos jugadores han sido expulsados del club poco después de que el equipo tuviera conocimiento de los hechos.

Los dos hombres acudieron a un domicilio de Palma con la chica con la que uno de ellos, mayor de edad, mantuvo relaciones sexuales consentidas. Mientras tanto, el menor, escondido en un armario, grabó la escena sin saberlo la chica.

Ambos están acusados de corrupción de menores y se investiga si el mayor de edad mantenía alguna relación con la joven. En el caso del mayor de edad, pasó a disposición judicial este pasado jueves y posteriormente quedó en libertad.

El RCD Mallorca, por su parte, ha comunicado que, tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo sucedido. Una vez finalizado el correspondiente procedimiento, y tras analizar los hechos y las circunstancias concurrentes, extinguió los contratos de ambos jugadores, por lo que han dejado de pertenecer a la entidad.

El RCD Mallorca ha reiterado su compromiso con el cumplimiento de las normas internas y con los valores que deben regir el comportamiento de todos los integrantes del club.

La Fiscalía de Menores, la Junta de Castilla y León y la organización Nuevo Futuro investigan una posible agresión sexual a un menor de once años por parte de uno de catorce en un piso tutelado en la capital burgalesa.

Así lo ha confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales (que dirige Vox de la mano de Carlos Pollán). La consejería ha indicado que la madre de la víctima puso una denuncia y que han separado a los dos menores mientras se realizan las pesquisas.

El menor agredido ha sido reubicado en otro piso, en el que conviven menores más cercanos a su edad, según estas mismas fuentes, que indican que la Consejería tuvo conocimiento el pasado fin de semana.

En el piso en el que tuvieron lugar los hechos, convivían seis menores, cuenta con la atención todo el día y con la presencia de al menos un “guardador” de la ONG, aunque la tutela depende de la Junta de Castilla y León.

Nuevo Futuro cuenta con tres pisos tutelados en la provincia de Burgos, dos en la capital y otro en Aranda de Duero, que acoge a menores que no pueden vivir con sus familias y que tienen algún grado de protección de la Junta de Castilla y León.

El obispo de Zamora, Fernando Varela, ha suspendido cautelarmente a un sacerdote de su diócesis, acusado de agresiones sexuales a menores, y ha puesto toda la información a disposición de la Guardia Civil, al tratarse de un caso no prescrito civilmente.

La diócesis de Zamora ha abierto este expediente canónico contra el sacerdorte tras una investigación previa que apuntó a la verosimilitud de las denuncias presentadas, según ha podido saber elDiario.es. Tras esta investigación, y tras consultar con el dicasterio vaticano de Doctrina de la Fe, el obispo ha incoado un procedimiento canónico para “esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse”.

Los hechos también han sido denunciados ante las autoridades pertinentes y la diócesis “mantiene su plena disposición a colaborar con ellas en todo aquello que pueda ser requerido”, señalan a elDiario.es

Hace unos meses, apunta la diócesis, se recibió “una acusación de abuso sexual formulada contra un sacerdote diocesano por hechos que, según los testimonios recibidos, habrían tenido lugar cuando las personas denunciantes eran menores de edad”. Ante la acusación, como establece la normativa canónica, se tomaron testimonios y se estudió la documentación. Una vez concluida esa fase, el expediente fue remitido a Roma, en concreto al dicasterio para la Doctrina de la Fe, que “ha examinado las actuaciones realizadas y ha determinado la apertura del correspondiente procedimiento canónico para esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse”.

En cuanto a las medidas canónicas, la diócesis adoptó el cese temporal de sus oficios como párroco, la suspensión del ejercicio público de su ministerio y la prohibición de participar en cualquier actividad en la que estén implicados menores de edad. En todo caso, advierten desde la diócesis, estas medidas tienen carácter preventivo y “no prejuzgan el resultado” de los procedimientos en curso.

En una nota emitida este mediodía, la diócesis de Zamora “reitera su compromiso firme con la protección de los menores y de las personas vulnerables, con el esclarecimiento de cualquier situación de esta naturaleza en colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas competentes”. Del mismo modo, manifiesta su “disposición a la escucha, acogida y acompañamiento de las personas implicadas”, a la vez que solicita “prudencia mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes, que deberán llevarse a cabo con todas las garantías para la parte denunciante y con el debido respeto a la presunción de inocencia del acusado”.

Toda la información en www.religiondigital.org

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija de dos años y compartir imágenes de los abusos en Internet. La investigación, iniciada tras una alerta internacional, se desarrolló en menos de 24 horas y permitió poner a la menor bajo protección y localizar abundante material de explotación sexual infantil en el domicilio del arrestado.

Los agentes recibieron con carácter urgente varios informes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización estadounidense dedicada a la protección de menores, que fueron canalizados a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigations).

Los avisos alertaban de varios archivos alojados en una plataforma de almacenamiento en la nube que apuntaban a la posible comisión de graves delitos contra una menor. Además, existían indicios de que el responsable se encontraba en España y tenía acceso permanente a la víctima.

Ante la gravedad de los hechos, los investigadores iniciaron de inmediato las gestiones para identificar al autor. En pocas horas determinaron que se trataba del padre de la menor y que ambos convivían en el mismo domicilio.

Arrestado en menos de 24 horas

Una vez confirmada la identidad del investigado y el riesgo al que estaba expuesta la niña, los agentes se desplazaron de inmediato hasta su domicilio, donde procedieron a su detención. Durante el registro, la menor fue puesta bajo protección policial.

Los investigadores intervinieron además numerosos dispositivos informáticos. El análisis de estos aparatos permitió confirmar, según la Policía, la existencia de abundante material relacionado con la explotación sexual infantil, presuntamente producido, almacenado y distribuido por el detenido.

La investigación apunta además a que el arrestado utilizaba herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes de explotación sexual infantil a partir de fotografías y vídeos de menores obtenidos en redes sociales.

También grababa a una vecina desde su vivienda

Durante el registro, los agentes localizaron asimismo archivos de vídeo que apuntarían a otro delito. Se trataría de grabaciones realizadas clandestinamente desde el domicilio del detenido hacia la vivienda contigua, en las que habría captado imágenes de una vecina en el interior de su casa.

La rápida intervención policial permitió poner fin a la situación de riesgo para la menor y garantizar su protección inmediata.

Una vez finalizada la investigación, el detenido fue puesto a disposición judicial como presunto responsable de dos delitos de agresión sexual, un delito de corrupción de menores y otro contra la intimidad. El juez decretó su ingreso en prisión.

Un hombre de 40 años de edad ha sido detenido en Irún acusado de una supuesta agresión sexual cometida contra una mujer en un local de alterne de la localidad fronteriza y golpear a otra que intentó ayudar a la víctima. Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, el arresto, practicado por la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Municipal de Irún, se produjo este pasado lunes, pasadas las tres de la tarde, en el barrio Azken Portu, tras una llamada de alerta.

Una vez desplazados al lugar indicado, los agentes fueron informados de que un hombre había agredido sexualmente a una mujer, y además le había impedido abandonar el lugar. La víctima, de 27 años, pidió auxilio y otra mujer acudió a ayudarla. Esta última fue golpeada en las costillas por el presunto autor de los hechos, informa Europa Press.

Los ertzainas detuvieron al sospechoso, de 40 años, acusado de los delitos de agresión sexual, detención ilegal y lesiones. El hombre llevaba encima además 12.000 euros en metálico. Esta sería su primera detención por parte de la Ertzaintza. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, una vez concluidas las diligencias, será puesto a disposición judicial.

El Ayuntamiento ha mostrado su “más enérgica repulsa” y la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento irundarra ha activado el Protocolo de atención y coordinación interinstitucional en materia de violencia machista contra las mujeres con el fin de “valorar la información recabada y asegurar la coordinación necesaria para ofrecer la atención adecuada a las víctimas y/o su entorno”.

Además, ha manifestado “la voluntad institucional inequívoca de no tolerar por más tiempo ninguna violación de los Derechos Humanos de las mujeres” y, por otra, “ofrecer un canal al conjunto de la ciudadanía para que pueda expresar su repulsa ante todos los hechos violentos que atentan contra la libertad de las mujeres agredidas y en última instancia, contra los derechos de todas las mujeres”. “La violencia contra las mujeres tiene agresores y víctimas individuales, pero obedece a un problema estructural que tiene como objetivo perpetuar el control y dominio sobre las mujeres”, ha recordado.

Además, ha incidido en que “esta violencia no es el resultado de hechos aislados ni de sucesos que no tienen explicación”, sino que “es la consecuencia más grave y extrema de una socialización sostenida sobre prejuicios de género que crea el caldo de cultivo para que se reproduzca un orden social que mantiene a las mujeres en posiciones de desigualdad material, precarizando especialmente sus vidas, e impidiendo que se las reconozca como ciudadanas en igualdad con los hombres, haciendo efectivos sus derechos más elementales”.

Desde el Ayuntamiento Irún, a través de la Comisión de Igualdad, no cejarán en el empeño de “seguir impulsando cuantas medidas sean necesarias para responder a un problema social que atenta contra las bases de nuestra convivencia democrática”, lo cual pasa, entre otras cosas, por “facilitar e impulsar los canales que permitan que las vecinas y vecinos de Irún denuncien y respondan de manera contundente a cualquier agresión contra las mujeres, así como por asumir como responsabilidad colectiva contribuir a su recuperación y reparación, limitar socialmente la capacidad de las agresiones para generar miedo en el conjunto de las mujeres dotándolas de herramientas para hacerles frente” y entendiendo los agresores que “sus actos no quedan impunes y tienen consecuencias”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado el despido disciplinario a un trabajador de un establecimiento comercial de una multinacional, con sede en Barakaldo (Bizkaia), por “acoso sexual” a sus compañeros, a los que sometía a “tocamientos indeseados” en partes íntimas y les había hecho “comentarios de índole sexual”. En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJPV desestima el recurso de suplicación interpuesto por el despedido contra la resolución de instancia que ha confirmado. En ella se considera probado que el 21 de febrero de 2025 una empleada denunció ante la dirección un asunto que consideraba “urgente” por el “comportamiento inapropiado” por parte de otro trabajador que, en su opinión, había vulnerado el Código de Conducta establecido por la empresa, al “tocar indebidamente, sin consentimiento y en repetidas ocasiones, a varios compañeros del equipo”. Estos, según su relato, le habían mostrado su “incomodidad” y le habían pedido que dejara de hacerlo.

Tal como explicó, la actitud de este empleado, además de “infringir las normas de convivencia dentro de la empresa”, había generado “un ambiente incómodo y preocupante” para sus compañeros. Según relató uno de ellos al resto del equipo, mientras cargaba mercancía en una máquina de carga, el denunciado se le acercó por detrás y le sometió a “tocamientos que quedaban completamente fuera de lugar y que fueron realmente incómodos” para él. Además, en varias ocasiones, según otros trabajadores, con la excusa de que eran hombres, “intentaba e incluso llegaba a tocarles zonas íntimas”, por lo que le habían pedido que dejara de hacerlo.

La denunciante afirmó ante la empresa que ella se había sentido “incómoda” al compartir espacio de trabajo con el denunciado porque tenía “tendencia a invadir el espacio personal y acercarse en exceso con el torso pegado” a su espalda cuando pasaba por detrás de ella. Esta queja la había trasladado a sus managers, al servicio médico, a responsables de Prevención de Riesgos Laborales y Recursos Humanos de la multinacional, y había solicitado que se adoptasen “las medidas convenientes para resolver esta situación, conforme a las políticas y procedimientos internos establecidos por la empresa”.

La responsable de Vigilancia de Salud de la empresa convocó a una reunión al trabajador demandado, que admitió haber realizado “tocamientos” a compañeros varones, pero aseguró que se trataba de “bromas”. Esta representante de la empresa también habló con los empleados citados en la denuncia y con otros afectados a través de la plataforma 'Teams'.

Por ello, el 17 de marzo de 2025, la comisión instructora de situaciones de acoso emitió informe en el que concluyó que los hechos investigados constituían “acoso sexual”. Ante ello, el denunciado hizo constar su disconformidad y presentó el 1 de abril alegaciones escritas en las que aseguró que no había cometido ningún acto que “pueda dañar física ni moralmente a sus compañeros, y mucho menos ningún delito”. A su vez, acusó al personal de la empresa de someterle a “acoso continuado”.

Por su parte, la empresa remitió al trabajador carta de despido disciplinario fechada el 2 de abril, con efectos al mismo día, en la que les trasladaba que las conclusiones del informe contra él eran “contundentes” y se consideraba que era responsable de “inferir en una situación absolutamente inapropiada e intolerable, con comentarios y acciones sexistas, constitutivos de acoso sexual conforme al protocolo existente en la compañía”.

También le comunicaba que “muchos de sus compañeros” habían confirmado con sus declaraciones que, “en horario laboral y en el centro de trabajo”, había incurrido en “realizar tocamientos indeseados” en las partes íntimas a otros empleados varones “sin su consentimiento”, además de hacer “comentarios de índole sexual”, y “roces y toques” con el cuerpo. Verbalmente dijo a uno de los trabajadores: “no te agaches, nene, que no sabes cómo me pones”, y en otras ocasiones le efectuó tocamientos en los genitales mientras reponía mercancía, llegando en alguna ocasión a actuar “de forma violenta, zarandeándole” para hacerle tocamientos.

A otra empleada le puso “los testículos en la cara cuando se levantaba a recoger un papel”, y otra vez le dio “un abrazo no consentido de contenido sexual”, intentando repetirlo en días posteriores. Cuando iba al baño, le hacía proposiciones preguntándole si “necesitaba ayuda”. Durante una fiesta de empresa en 2024, tal como relató otro compañero de trabajo, “le tocó el culo de manera reiterada y sorpresiva, sin su consentimiento”, por lo que otra trabajadora le tuvo que retirar la mano y exigirle que no volviera a hacerle tocamientos. A ese mismo empleado, le hacía habitualmente preguntas personales de contenido sexual y de manera reiterada. Por ello, la plaza número 9 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao desestimó la demanda contra la empresa planteada por el acusado y declaró procedente el despido impugnado.

El despedido presentó recurso de suplicación en el que alegó que se había producido infracción de normas o garantías del procedimiento que le habían provocado “indefensión”, solicitó la revisión de los hechos probados, y la nulidad de las actuaciones, para retrotraerlas al momento anterior a la infracción, entre otras, la omisión de prueba de reproducción videográfica. Subsidiariamente, reclamaba que se anulara su despido o se declarara su improcedencia.

En concreto, argumentó que se había omitido la reproducción videográfica de uno de los episodios que se consideró “acoso sexual”, prueba a la que la empresa renunció al considerar que no iba a aportar nada a la investigación por la calidad de la grabación y porque la posición de la cámara “no iba a mostrar, por sí sola, el lugar donde se produjeron los tocamientos”. Además, el demandante en su momento no protestó porque no se practicara esta prueba. También impugnó la sentencia de instancia al considerar que la prueba testifical de uno de los afectados fue “dirigida por el juez”, ya que este, al ser migrante, no conocía el idioma y se limitó a contestar afirmativamente cuando el magistrado le preguntó si le había tocado el acusado sus partes íntimas.

El TSJPV rechaza las pretensiones del acusado y asegura que no se ha producido “indefensión”. De hecho, estima que durante el acto de juicio oral se practicaron todas las pruebas propuestas, y la sentencia “no contiene declaraciones fácticas oscuras, incompletas o contradictorias”. Por el contrario, cree que la resolución judicial mantiene un relato histórico de los hechos probados, “con toda precisión y detalle que requiere el reflejo de la realidad” deducible de los medios de prueba aportados. También recuerda que solo es posible modificar el relato de hechos probados a través de la prueba documental o pericial, y en ningún caso testifical, en caso de constatarse “un error claro y evidente” del juzgador. El acusado también pretendía esta revisión de hechos probados porque la empresa no otorgó audiencia previa al delegado sindical antes de acordar el despido disciplinario.

Un entrenador de voleibol ha estat detingut a Palma per suposadament violar i deixar embarassada una menor. Els fets es remunten al mes de juny quan, segons han confirmat a Europa Press fonts properes al cas després d'informacions publicades aquest dimarts pel diari Última Hora, l'entrenador, de 23 anys, va convidar la víctima, de 15 anys, i una altra menor a menjar a casa seva.

Després del menjar, segons les mateixes fonts, l'home va agredir sexualment l'adolescent. Segons el diari local, la víctima va anar al cap d'unes setmanes amb la seva tia a l'hospital Son Espases i va confirmar l'embaràs després d'una exploració ginecològica. Posteriorment, la menor hauria interromput el procés de gestació. Aquest mateix diari afirma que, durant les setmanes posteriors a l'agressió sexual, l'entrenador va escriure a l'adolescent a través de WhatsApp per veure's, però la víctima el va bloquejar.

Va ser divendres passat quan, segons ha informat la Policia Nacional, la víctima va acudir a denunciar a la Prefectura Superior. En rebre la denúncia, la Unitat de Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional es va fer càrrec de les indagacions, i gràcies al testimoni de la menor, va poder identificar l'home. Hores més tard va ser detingut per part d'una patrulla del Grup d'Atenció al Ciutadà per ser el presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i va quedar en llibertat amb una ordre d'allunyament.

Un entrenador de voleibol ha sido detenido en Palma por supuestamente violar y dejar embarazada a una menor. Los hechos se remontan al mes de junio cuando, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas del caso tras informaciones publicadas este martes por el diario Última Hora, el entrenador, de 23 años, invitó a la víctima, de 15 años, y a otra menor a comer a su casa.

Después de la comida, según las mismas fuentes, el hombre agredió sexualmente a la adolescente. Según el diario local, la víctima fue tras unas semanas con su tía al hospital Son Espases y confirmó el embarazo tras una exploración ginecológica. Posteriormente, la menor habría interrumpido el proceso de gestación. Este mismo diario afirma que, durante las semanas posteriores a la agresión sexual, el entrenador escribió a la adolescente a través de WhatsApp para verse, pero la víctima le bloqueó.

Fue el pasado viernes cuando, según ha informado la Policía Nacional, la víctima acudió a denunciar a la Jefatura Superior. Al recibir la denuncia, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de las pesquisas, y gracias al testimonio de la menor, pudo identificar al hombre. Horas más tarde fue detenido por parte de una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual y quedó en libertad con una orden de alejamiento.

Los vecinos de la Almozara han salido este lunes a la calle para mostrar su rechazo a la violencia sexual después de que la Policía Nacional haya abierto una investigación por varias agresiones denunciadas en el entorno del Parque del Agua y el barrio de la Almozara. La concentración, convocada por la Junta de Distrito y las asociaciones vecinales, ha reunido a vecinos y representantes de colectivos del barrio para expresar su condena y reclamar que los hechos se aclaren.

Las denuncias conocidas durante los últimos días han generado preocupación entre los vecinos del barrio, especialmente ante la posibilidad de que varios de los episodios que se han dado puedan estar relacionados. Las asociaciones vecinales han insistido durante la concentración en que se debe dejar trabajar a los cuerpos de seguridad mientras avanza la investigación.

Encarna Mihi, presidenta de la Asociación Vecinal de La Almozara, ha explicado que durante los últimos días han circulado diferentes mensajes de WhatsApp entre los vecinos relacionados con las supuestas agresiones. Ante esta situación, las asociaciones han tratado de contrastar la información con las autoridades. “Lo que más preocupa es la desinformación”, ha señalado.

La presidenta de la asociación ha reivindicado además que el foco debe ponerse en la violencia ejercida contra las mujeres, independientemente de su edad o características. “El tipo de agresión es contra las mujeres, y esto no es ni por guapas, ni por jóvenes, ni por viejas, ni por feas”, ha señalado.

Durante la concentración, el concejal socialista y presidente de la Junta Municipal de La Almozara, Guillermo Ortiz, ha leído un manifiesto en el que expresa “la más enérgica condena y el más rotundo rechazo” ante las presuntas agresiones sexuales denunciadas la pasada semana. El manifiesto muestra además su apoyo a las mujeres afectadas y sus familias y reclama la coordinación entre las distintas administraciones.

El documento leído por Guillermo Ortiz también muestra el apoyo de la Junta de Distrito a la Policía Nacional y a la labor de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer, que investiga los hechos, protege a las víctimas y trata de encontrar a los responsables.

Desde las asociaciones vecinales también han pedido prudencia ante los mensajes que circulan entre los residentes. José Antonio, de la Asociación de Vecinos La Aljafería, ha defendido que sean los cuerpos de seguridad quienes continúen con las investigaciones. “Tenemos unos cuerpos de seguridad que trabajan muy bien y son a los que les tenemos que dejar el tema”, ha afirmado. Además, ha reclamado que no se alimente una situación de alarma mientras no existan datos oficiales que permitan conocer con precisión qué ha ocurrido. “No generar una alarma sin tener información contrastada”, ha resumido.

A la concentración también se ha sumado la preocupación por la evolución del barrio. Una de las vecinas, residente en La Almozara desde hace décadas, ha explicado que percibe un cambio en el distrito. “Desde mi experiencia, desde el año 90 hasta hoy, puedo decir que ha empeorado”, ha señalado.

La Policía Nacional investiga varias denuncias por agresiones sexuales en el entorno del Parque del Agua de Zaragoza, según han confirmado fuentes policiales. La investigación permanece abierta y está en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM).

Los episodios se habrían producido en los últimos días, principalmente de madrugada o a primera hora de la mañana, cuando las víctimas se encontraban solas, según ha informado El Periódico de Aragón. Los hechos se sitúan en distintos puntos del entorno del Parque del Agua y la ribera del Ebro, entre ellos la propia zona del parque y las inmediaciones de la Pasarela del Voluntariado.

El último caso conocido tuvo lugar en la madrugada de este miércoles, 19 de agosto. Una mujer alertó al 091 y varias patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta las inmediaciones del Puente del Tercer Milenio, donde atendieron a la víctima. Este episodio se suma a otros dos denunciados en los últimos días. Las descripciones aportadas por las víctimas presentan coincidencias y los investigadores sospechan que podría tratarse del mismo varón, aunque esta hipótesis todavía debe ser esclarecida durante la investigación.

La UFAM trabaja en la recopilación de testimonios y otros indicios que permitan determinar si existe relación entre los diferentes casos. Entre las diligencias, según ha publicado el citado medio, se encuentra también la revisión de imágenes de cámaras de videovigilancia de las zonas próximas a los lugares donde se produjeron los hechos. La investigación continúa abierta y la Policía trata de identificar al responsable o responsables de las agresiones y determinar si todos los episodios están relacionados.