Las autoridades italianas investigan una presunta agresión sexual en grupo a una estudiante universitaria española que se encontraba de intercambio Erasmus en Milán (norte de Italia), según informaron este lunes los medios locales.

La agresión ocurrió presuntamente durante la noche del pasado 22 al 23 de mayo, después de que la joven pasara una noche de fiesta en una discoteca de la periferia milanesa y fue atacada por un grupo de cuatro o cinco individuos.

Según las mismas fuentes, los presuntos agresores son un grupo de cuatro o cinco hombres que abordaron a la joven fuera del local y, posteriormente, la agredieron también en el interior de un automóvil al que la forzaron a subir.

Tras sufrir el ataque, la estudiante, acompañada por una amiga, se trasladó a un hospital de la ciudad donde los exámenes médicos pertinentes confirmaron la existencia de los abusos sexuales.

Posteriormente, la joven acudió a la policía para interponer una denuncia y explicar lo sucedido.

La Fiscalía de Milán y la Policía italiana han abierto una investigación y centran actualmente sus esfuerzos en identificar a los presuntos autores del delito.

La Policia Nacional ha detingut a Palma a un home per suposadament realitzar tocaments a una turista en una discoteca de Platja de Palma i agredir a la seva parella quan li ho va recriminar.

Segons ha informat la Prefectura en nota de premsa, sobre les 23.00 hores del passat dimarts, es va rebre anomenada en el 091 en la qual el personal de seguretat d'una discoteca de Platja de Palma informava que tenien retingut a un home alemany per haver agredit sexualment a una jove a l'interior del recinte.

Diverses patrulles del Grup Operatiu de Resposta (GOR) van acudir al lloc. La víctima els va contar que el presumpte autor, almenys dues vegades, li havia agredit sexualment mentre es trobava ballant al costat de la seva parella.

La jove va manifestar, a més, que l'ara arrestat va agredir a la seva parella, que tenia un cop en el rostre, quan li va recriminar l'acció. Els agents van detenir al presumpte agressor i el van traslladar a dependències judicials.

Es dona la circumstància que, el mes de maig passat, la Policia Nacional va detenir a dos homes acusats d'agredir sexualment a una dona que es trobava de vacances a Mallorca i que va aconseguir escapar del vehicle en el qual presumptament van ocórrer els fets per a demanar auxili en un habitatge pròxim. L'autoritat judicial va decretar l'ingrés provisional a la presó de tots dos detinguts.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente realizar tocamientos a una turista en una discoteca de Playa de Palma y agredir a su pareja cuando se lo recriminó.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, sobre las 23.00 horas del pasado martes, se recibió llamada en el 091 en la que el personal de seguridad de una discoteca de Playa de Palma informaba de que tenían retenido a un varón alemán por haber agredido sexualmente a una joven en el interior del recinto.

Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) acudieron al lugar. La víctima les contó que el presunto autor, al menos dos veces, le había agredido sexualmente mientras se encontraba bailando junto a su pareja.

La joven manifestó, además, que el ahora arrestado agredió a su pareja, que tenía un golpe en el rostro, cuando le recriminó la acción. Los agentes detuvieron al presunto agresor y lo trasladaron a dependencias judiciales.

Se da la circunstancia de que, el pasado mes de mayo, la Policía Nacional detuvo a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer que se encontraba de vacaciones en Mallorca y que logró escapar del vehículo en el que presuntamente ocurrieron los hechos para pedir auxilio en una vivienda cercana. La autoridad judicial decretó el ingreso provisional en prisión de ambos detenidos.

El cantante y actor francés Patrick Bruel, de 67 años, ha sido puesto bajo custodia policial este lunes en el marco de una investigación por presuntas violencias sexuales, según informó la Fiscalía de Nanterre (a las afueras de París) en un comunicado.

La investigación en curso se origina tras las denuncias presentadas por tres mujeres que acusan a Bruel de presuntas agresiones sexuales y tentativas de violación ocurridas entre 1997 y 2001, según indico la Fiscalía al confirmar una información avanzada por Franceinfo.

El Ministerio Público señaló además que el expediente incluye otras denuncias formuladas por varias mujeres en Francia y Bélgica por presuntos hechos de violación o tentativa de violación, agresiones sexuales y acoso. Según Franceinfo, son al menos diez los casos en marcha tanto en Francia como en Bélgica. La primera de las denuncias fue publicada por Mediapart, quien recogió el testimonio a cámara de la conocida presentadora de televisión Flavie Flament que alegó haber sido violada por el cantante cuando ella tenía 16 años, en 1991.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y que la custodia policial forma parte de las diligencias destinadas a esclarecer los hechos denunciados. Hasta el momento no se ha informado de ninguna imputación formal contra el artista.

El cantante “había indicado durante varias semanas que estaba a disposición de la justicia para responder finalmente, dentro del marco del procedimiento judicial, ante la autoridad competente. Responderá a todas las preguntas de los investigadores y transmitirá todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia”, declararon sus abogados, Christophe Ingrain, Céline Lasek y Fanny Collin.

Hace cuatro días Bruel suspendió las últimas representaciones en París de la obra de teatro Deuxième Partie (Segunda parte), que protagonizaba.

El actor y cantante había anunciado el pasado 29 de mayo la cancelación también de todos sus conciertos previstos hasta septiembre, incluidos los programados en varios festivales y tres actuaciones en París, para no alterar la “serenidad” de esos eventos mientras están abiertas investigaciones judiciales en su contra.

En un comunicado difundido por su productora, 14 Productions, dirigida por el propio artista, el equipo de Bruel explicó que varios organizadores de festivales habían denunciado presiones y dificultades para garantizar el desarrollo “sereno” de sus eventos.

“No deseamos en ningún caso exponer ni a los organizadores ni al público a un clima de tensión”, señaló la productora dos días después de que un grupo de mujeres de una asociación feminista gritasen “¡Violador, Bruel!” al inicio de una representación de la obra Deuxième Partie en el Teatro Édouard VII.

Entre las actuaciones canceladas de su gira musical figuran los conciertos previstos del 16 al 18 de junio en el Cirque d'Hiver de la capital francesa. También se han suspendido una docena de actuaciones en festivales de Francia, Bélgica y Suiza. Bruel también decidió retirarse temporalmente de los espectáculos benéficos de Les Enfoirés, un colectivo muy famoso en Francia del que forma parte desde 1993. En cuanto a sus futuros conciertos, las fechas previstas para octubre y noviembre se mantienen por el momento.

El autor de Casser la voix o Place des grands hommes, convertido en himno nostálgico sobre el paso del tiempo y los reencuentros entre amigos, niega todas las acusaciones.

Un juez ha decretado prisión provisional para un trabajador que cubría una sustitución en un centro de atención a la discapacidad intelectual de Gran Canaria después de que su dirección denunciara a principios de mayo una agresión sexual a una usuaria.

Según han adelantado medios regionales y han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional, los hechos fueron denunciados por la dirección del centro el 1 de mayo y la detención se produjo el 6 del mismo mes.

Tras pasar a disposición judicial se decretó prisión provisional para el presunto autor, al que también se ha impuesto una orden de alejamiento y comunicación con la víctima, según han precisado las fuentes consultadas.

La denuncia presentada ante la Policía asegura que otro empleado del centro, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, presenció la agresión sexual a la usuaria, unos hechos que puso en conocimiento de la dirección, desde donde se alertó a las autoridades.

La información que publican los medios regionales señala que el arrestado cubría una sustitución en el centro desde hacía algo más de medio año y que ha negado los hechos que se le imputan.

Igualmente, desde el centro han aclarado que la presunta agresión sexual se habría cometido fuera de sus dependencias.

El caso contra el exconselleiro do Mar de la Xunta de Galicia Alfonso Villares por presunta agresión sexual no está archivado de forma definitiva. Lo recuerda Paloma Lago, la mujer que lo denunció, en una entrevista publicada por la revista ¡Hola! que coincide con la vuelta de él a un cargo público. El presidente gallego, Alfonso Rueda, había manifestado su voluntad de darle de nuevo un puesto en su equipo y le ha buscado acomodo como delegado territorial de la Xunta en Lugo, un puesto del que tomó posesión este martes, arropado por tres conselleiros.

Lago señala en la entrevista que se han ocultado datos sobre el caso y, por ese motivo, ha decidido aclarar públicamente cuál es el punto del proceso judicial en el que se encuentra. Hasta este momento, indica, no había hecho declaraciones porque así se lo habían recomendado mientras durase la investigación judicial. Expone que hay un auto de cierre de sumario con fecha del 7 de abril y otro posterior, del día siguiente, en el que se dicta un sobreseimiento provisional de la causa. “Y no un sobreseimiento libre, como solicitaba la defensa del investigado. Eso hubiera dejado el caso completamente cerrado, pero no ha sido así”, expone.

La denunciante añade que esto quiere decir que continúa abierta la posibilidad de que se reabra el caso si aparecen nuevas pruebas. “Esto no ha terminado. Verdad solo hay una y verdad judicial, también. Y nadie puede pasar por encima y pisotearla”, protesta. En la entrevista habla también de las dificultades que ha pasado y señala que no le resulta fácil hablar de lo ocurrido. Alude al sobreseimiento provisional como un punto de inflexión: “Ya puedo descansar un poquito de esta tensión tan grande acumulada”. También se reafirma en su decisión de denunciar: “Estoy tranquila porque hice lo que debía”.

A pesar de que el sobreseimiento no entierra la causa de manera definitiva, la Xunta ya ha recuperado a Villares para la política y los cargos públicos. La decisión ha sido criticada por el BNG, que rechaza que se “premie” a una persona que tiene “unas acusaciones tan graves a sus espaldas”. La diputada Noa Presas recordó que en el proceso judicial “no se niegan los hechos ni se declara que esta persona sea inocente”. Este nombramiento, añadió, es “el colmo del posicionamiento contrario a las víctimas de violencia machista”.

El propio Villares anunció en abril que volvía a afiliarse al PP. Este lunes, Alfonso Rueda comunicó que sería el nuevo delegado territorial en Lugo. En la toma de posesión este martes estuvo rodeado por los conselleiros de Presidencia, Diego Calvo; Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; y Medio Rural, María José Gómez. En el acto estuvieron presentes otros compañeros de partido, como la alcaldesa de Lugo, Elena Candia. Calvo le dirigió unas palabras a Villares, al que le dijo que lo reciben “con los brazos abiertos”. “Formas parte del Gobierno y confiamos en ti para representarnos en la provincia de Lugo”, insistió.

En los últimos días, dos presuntos casos de violencia machista, uno de ellos a menores de edad, han sacudido el municipio guipuzcoano de Errenteria. Se trata, por un lado, de casos de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores, y por el otro, de agresiones protagonizadas presuntamente por el coreógrafo y bailarín Jon Maya, director del grupo de danza Kukai y Premio Nacional de Danza en el año 2017.

El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha comparecido este lunes por primera vez tras hacerse público lo ocurrido para mostrar su apoyo a las víctimas e informar de que, en ambos casos, “se llevará a cabo los procedimientos y procesos que sean necesarios para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño causado”. Según ha confirmado la alcaldesa Aizpea Otaegi, se encuentran en conversaciones con la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa.

Sobre el caso de la Bertso Eskola, desde el Ayuntamiento han informado de que ha sido este mayo cuando han tenido conocimiento de lo ocurrido. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, sostienen sobre uno de los dos casos, para el cual se han reunido con los padres y madres de las menores afectadas y una profesional experta en violencia machista, con el objetivo de “ofrecerles apoyo profesional ante una situación tan difícil de digerir y gestionar”.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor, cuyo nombre por ahora no se ha hecho público, “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, ha insistido.

A diferencia de la escuela, que es un servicio municipal que el ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio, Kukai no gestiona ningún servicio público, aunque sí que trabajan en instalaciones municipales y hasta ahora han recibido subvenciones. “Kukai es considerada una compañía residente en Errenteria, lo cual se traduce en que tienen por sede y como lugar de trabajo instalaciones municipales y cuentan con una subvención nominativa, como muchos otros agentes municipales, mediante lo cual su labor es apoyada y sostenida. Kukai no gestiona ningún servicio municipal y el ayuntamiento tampoco interfiere en su labor”, ha informado la alcaldesa.

Según ha reconocido Otaegi, desde el Ayuntamiento de Errenteria han sido conscientes de las presuntas agresiones en el entorno de Kukai Dantza en 2024. “Hoy rompemos un principio que hemos tenido muy claro y que ha guiado toda la gestión de este tema desde que yo, como alcaldesa, tengo conocimiento de los hechos a los que nos referimos (en diciembre del 2024): el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado y que el movimiento feminista en todo momento ha tratado de traer al centro. Como hemos dicho, el Ayuntamiento de Errenteria supo a través de canales informales, en diciembre del 2024, de las denuncias contra Jon Maya. Fuimos la concejala de igualdad y yo misma quienes supimos de estos sucesos: al principio parecía haber alguna denuncia, luego supimos que el Movimiento Feminista había recopilado los testimonios de varias víctimas. En cuanto supimos de todo esto, el Ayuntamiento de Errenteria se puso en contacto con Kukai. A su vez, nos pusimos en contacto con un equipo externo, experto en violencia machista. Como institución pública queríamos realizar la mejor gestión posible y queríamos incorporar la mirada experta, partiendo de que las conductas que se denunciaban son inaceptables y que como administración pública ni las podemos aceptar, ni les podemos dar cobertura”, han informado.

Según ha detallado Otaegi, en el momento en el que se enteran de las denuncias se ponen en contacto con Kukai, quienes les trasladan las decisiones tomadas. La primera de todas, que Jon Maya acepta las acusaciones e interrumpe su actividad. También que asume “la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos”. “El ayuntamiento, en ese momento entiende que Jon Maya y Kukai han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas. Así, diferenciando a Jon Maya, apartado de la actividad pública, de la compañía Kukai, decidimos mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a Kukai su subvención nominativa de 53.600 euros para 2025 y desarrolla sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia de Jon”, han reconocido.

Sin embargo, desde Kukai se comunica al Ayuntamiento en noviembre de 2025, meses después de su cese, que Maya intenta recuperar su actividad ordinaria en febrero de 2026. “El ayuntamiento decide entonces congelar su relación con Kukai, dejarla en stand-by, hasta tener información detallada de cómo es ese regreso y en función de ello qué postura tiene que adoptar el ayuntamiento, qué garantías exigir para que este tipo de sucesos como los denunciados no se vuelvan a producir”, han señalado.

El presunto agresor, Jon Maya pide “prudencia y respeto”

El propio Jon Maya se ha pronunciado después de que el caso se ha hecho público para pedir “respeto”, sin negar lo que ha hecho. “En ese momento, asumí la responsabilidad de reflexionar sobre mis acciones y de garantizar que no se repitieran”, ha confesado el presunto agresor en un comunicado remitido a la agencia Efe, en el que asegura que en enero de 2025 una asociación feminista le trasladó “el testimonio de varias mujeres sobre comportamientos inadecuados” en su relación con ellas. Según ha explicado, durante aquel proceso se le indicó “de manera explícita” que cualquier actuación relacionada con el asunto debía mantenerse “en un ámbito estrictamente privado y confidencial”.

En su comunicado, Maya realiza además un llamamiento a la “prudencia y al respeto” y considera que es momento de “proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas implicadas”. Asimismo, apunta que más adelante podrá abrirse un espacio para reflexionar sobre “la rumorología, las difamaciones y la condena social” que, a su juicio, se han generado en torno a este caso. Aunque desde las asociaciones Bilgune Feminista y Asanblada Feminista de Errenteria defienden que han recibido directamente “testimonios de agresiones” y rechazan la caracterización de los hechos como conductas “leves”.

Jon Maya (Errenteria, 1977) se inició en la danza tradicional vasca a los seis años en el grupo Ereintza de Errenteria. Participó en festivales internacionales de numerosos países y fue siete veces Campeón de Euskadi de Aurreskularis. En 2002 fundó Kukai Dantza para “crear espectáculos contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca”. Allí hasta la denuncia por las presuntas agresiones ha estado desarrollando este concepto y construyendo las bases de Kukai Dantza, actuando como bailarín, coreógrafo y director. También ha trabajado como director artístico de eventos como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como asesor de movimiento en producciones teatrales, y ha desempeñado labores docentes en la Escuela Municipal de Danza de Errenteria y en talleres y masterclass en compañías y festivales de renombre. “El encuentro entre lenguajes artísticos y la capacidad de realizar colaboraciones con creadores de distintas disciplinas como la gastronomía, el teatro, el cine o los museos son el principal sello de su trabajo”, informan desde la Academia Española de Ártes Escénicas sobre el ganador del Premio Nacional de Danza en 2017 y de los Premios Max de las Artes Escénicas al Espectáculo revelación en 2008, al Mejor Elenco de Danza y Mejor Composición Musical en 2015, al Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Elenco de Danza y Mejor Vestuario en 2017, Mejor Coreografía en 2019 y Mejor Intérprete Masculino de Danza, un premio ex aequo con el bailarín Andrés Marín en el año 2024.

Desde el Ayuntamiento de Errenteria han explicado que el proceso con Kukai y con Maya, en particular, se ha construido sobre “principios muy firmes”: “La aceptación por parte del agresor de los hechos de los que se le acusa y su voluntad de hacer un camino reparador, con el compromiso de realizar una revisión crítica de sus comportamientos y un compromiso explícito de no repetición, la lealtad absoluta a la petición de confidencialidad de las víctimas y el consejo experto. Leales a este segundo principio de garantizar la confidencialidad solicitada por las víctimas, desde alcaldía y el área de Igualdad, que somos quienes hemos tenido conocimiento de estos hechos, decidimos actuar en consecuencia: no compartir información con nadie más, salvo que se nos pregunte”, han recalcado. Dentro de este proceso, se produce una reunión con Kukai que en un principio se iba a desarrollar en febrero de 2026 y, finalmente se celebra el 16 de abril.

Una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai

Sin embargo, para aquel entonces, Maya ya ha regresado a la esfera pública sin acordarlo con el Ayuntamiento. Algo que ha abierto una crisis entre ambos “en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua”, según ha confesado Otaegi. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y volver al proceso, es volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas. Entre tanto, la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida“, ha asegurado.

Otaegi también ha aprovechado su intervención para criticar a la oposición, después de que el PP haya pedido su dimisión, el PSE-EE haya solicitado una comisión extraordinaria y la comparecencia de diferentes responsables políticos y agentes sociales y el PNV haya pedido una investigación o auditoria externa. Sobre los dos primeros, la alcaldesa ha denunciado que les han acusado de “falta de transparencia”. “Ambos, a favor de las víctimas, pero sin las víctimas y pasando por encima de ellas. Obviando la petición expresa de las víctimas, de confidencialidad, y por extensión, la petición de confidencialidad hecha por el Equipo de Gobierno, cuando se comparte la información de la que disponemos con la oposición”, ha recalcado.

“Solo quiero decir, que siempre estaremos dispuestos y dispuestas a mejorar la gestión municipal de este tipo de casos, a aprender de procesos como este, a favor de cualquier proceso del que podamos mejorar. Pero siempre que se garantice la perspectiva feminista y el rigor profesional y técnico. Llevo 7 años de alcaldesa y me ha tocado ver, vivir y gestionar muchas cosas. Pero ante estas dos realidades tan crudas y dolorosas para nuestro municipio que nos ha tocado afrontar, me resulta especialmente doloroso ver qué fácilmente se han dejado de lado las víctimas y qué fácil se ha dado prioridad al rédito político. Nuestra prioridad siempre serán la seguridad y bienestar de las víctimas, y siempre actuaremos atendiendo sus peticiones y respetando sus ritmos”, ha concluido la alcadesa.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la denuncia por supuesta agresión sexual a una niña de cuatro años por parte presuntamente de otro menor en un colegio de la localidad malagueña de Marbella.

Desde la Policía Nacional han señalado que hay una investigación que se está llevando a cabo en Marbella por un presunto delito de agresión sexual y han apuntado que “hay menores de corta edad”, por lo que han asegurado que no van a facilitar información, porque “la protección del menor prima”.

Por su parte, desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Málaga han trasladado su colaboración y la del centro educativo “en todo lo que se requiera por parte de los investigadores” ante la investigación iniciada por la Policía Nacional “por un presunto caso de agresión sexual entre menores”.

Los hechos, según la información adelantada por el diario Málaga Hoy, que cita la denuncia presentada por la madre de la niña, habrían sucedido el pasado 12 de mayo. El eje de la denuncia es el relato que la menor hizo a su madre, a quien explicó que cuando se encontraba en un baño situado junto a su clase coincidió con un alumno al que identificó como “Bro” y que, según su versión, cursaría Primaria, el cual supuestamente “le bajó los pantalones y sus bragas y le hizo daño en su zona íntima”.

Desde la delegación territorial indican a Europa Press que el centro educativo ha mantenido contacto con la familia denunciante y ha actuado para conocer las circunstancias que han rodeado los hechos denunciados; al tiempo que han incidido en que es el Cuerpo Nacional de Policía la instancia competente en la investigación del caso.

Alfonso Villares, el exconselleiro que dejó su cargo en la Xunta acusado de una agresión sexual, vuelve a la vida política. El presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció este lunes que pasará a ocupar el puesto de delegado territorial en Lugo, a pesar de que su caso no ha sido archivado de forma definitiva, sino provisional.

Rueda manifestó que la decisión la ha tomado sin “hacer futuribles” sobre una posible reapertura del caso. “No sé en qué circunstancias se podría producir”, dijo. Pero, si ocurriese, mantendrá la actitud exhibida hasta el momento con respecto a Villares, que califica de “coherente”. Tanto él como el exconselleiro consideran que no podía estar en el Gobierno gallego mientras estuviese imputado, pero con el archivo provisional confirmado por la Audiencia Provincial de A Coruña, la situación ha cambiado “completamente”

El caso trascendió hace un año: el 4 de junio de 2025, Villares, que entonces era el conselleiro do Mar, convocó a la prensa por sorpresa para comunicar su salida del Gobierno gallego. Aunque él no lo concretó en aquella comparecencia en la que no respondió preguntas, el motivo era una denuncia de agresión sexual presentada contra él. La despedida que le dedicó el Gobierno gallego, con aplausos de sus compañeros y un abrazo de Alfonso Rueda incluidos, levantó las críticas de la oposición.

En diciembre de ese año, el juzgado de Ferrol que llevaba el caso llegó a la conclusión de que no se podía procesar a Villares. En abril de 2026 la Audiencia Provincial confirmó esta decisión y señaló que, tras la investigación realizada, no se habían encontrado “indicios bastantes para procesar”. Unos días después, en un gesto infrecuente, el exconselleiro convocó a los medios para anunciar que se reincorporaba al PP y para exigir a la oposición que se disculpase con él.

Rueda había manifestado desde la propia dimisión de Villares que confiaba en poder recuperarlo para la política. La decisión fue esperar a que quedase confirmado el sobreseimiento de la causa, si bien este es provisional. La vuelta del exconselleiro se ha materializado este lunes y el suyo es uno de los varios nombramientos anunciado por el presidente gallego, que cambian varios puestos de segundo nivel en diferentes áreas: de la dirección del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la Autoridad Portuaria de Ferrol.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a ocho años de prisión a un psicólogo por un delito de agresión sexual cometido sobre una paciente a la que atendía, ya que estaba en un momento de especial vulnerabilidad psicológica. La víctima estaba siendo tratada por profesionales de salud mental por sufrir depresión e ideas suicidas además de tener que lidiar con la enfermedad y posterior fallecimiento de una hermana.

El tribunal considera probado que el profesional se aprovechó de la dependencia emocional que la mujer había desarrollado hacia él y concluye que el consentimiento prestado en la relación sexual no fue libre ni válido.

La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia salmantina, impone además al condenado seis años de inhabilitación para ejercer la profesión de psicólogo, una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante diez años, así como una indemnización de 25.000 euros por los daños causados.

La mujer comenzó a recibir tratamiento psicológico tras el agravamiento de la enfermedad de una hermana con cáncer, de la que se encargaba de cuidar. Su estado emocional empeoró progresivamente hasta presentar ideas suicidas, además de un trastorno depresivo de larga evolución, motivo por el que fue derivada al acusado, que ejercía como psicólogo privado en Salamanca.

El fallo recoge que las primeras sesiones mantuvieron un carácter estrictamente terapéutico, pero la relación fue evolucionando con el paso de los meses. Las conversaciones por WhatsApp incorporaron comentarios sobre el aspecto físico de la paciente y derivaron hacia contenidos de carácter afectivo y sexual. En uno de esos intercambios, el psicólogo llegó a decirle que era “muy sexy” y que le encantaría estar con ella, mientras que en otros mensajes expresó deseos de mantener contacto físico e íntimo.

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2024 en su consulta cuando, según la sentencia, el psicólogo realizó tocamientos no deseados y cogió la mano de la mujer y la llevó hacia su pene.

La víctima no había consentido libremente la relación

Para los magistrados, la paciente no había consentido libremente la relación, ya que el consentimiento estaba condicionado por la situación de dependencia emocional que mantenía respecto al terapeuta.

Los jueces defienden que el acusado dirigió de forma progresiva el acercamiento afectivo y sexual de una persona especialmente vulnerable que seguía viéndolo como una figura de apoyo psicológico imprescindible.

“No cabe duda a juicio de esta sala que el acusado se prevalió de su condición de psicólogo terapeuta para obtener poco a poco un consentimiento cada vez mayor de la víctima respecto de su relación afectiva con él”, afirma la resolución.

El tribunal rechaza el argumento de la defensa de que la relación profesional había terminado meses antes y que ambos mantenían ya un vínculo exclusivamente personal. Por el contrario, entiende que la paciente nunca llegó a diferenciar claramente entre el papel de psicólogo y el de supuesto compañero sentimental, especialmente porque los encuentros continuaron produciéndose en la propia consulta y porque el acusado seguía transmitiéndole que podía continuar siendo su terapeuta.

La sentencia subraya que la mujer temía perder el apoyo emocional del profesional y que muchas de sus conductas estuvieron condicionadas por esa necesidad. Los magistrados consideran que el psicólogo era plenamente consciente de esa circunstancia debido al conocimiento que tenía de su historial clínico y de su estado emocional.

“La única preocupación de la víctima era no decepcionar al acusado”, señala la resolución. Es por eso que los jueces creen que hubo un delito de agresión sexual agravada al apreciarse una situación de especial vulnerabilidad de la víctima y un abuso de superioridad por parte del condenado.

En la sentencia, recuerdan que la legislación exige que el consentimiento se manifieste de forma libre y concluyen que esa libertad estaba anulada por la relación de dependencia creada durante el proceso terapéutico.

Asimismo, el fallo señala el empeoramiento psicológico sufrido por la mujer tras los hechos. Aunque ya padecía problemas de salud mental con anterioridad, la Audiencia considera que la agresión agravó de forma significativa su situación, hasta el punto de desarrollar miedo a salir de casa, rechazo a su propio cuerpo y una intensificación de las ideas suicidas. Contra esta fallo judicial cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El juicio al futbolista Rafa Mir (Cartagena, 1997) quedó este jueves visto para sentencia tras una maratoniana vista oral seguida muy de cerca por la prensa deportiva, no siempre conocedora de los complejos vericuetos del derecho procesal penal, y con dos versiones opuestas por parte de las acusaciones y de la defensa centradas en la noción de consentimiento. A pesar de que, poco antes del juicio, ambas partes parlamentaron sobre un eventual pacto de conformidad, las defensas entraron finalmente a la sala dispuestas a cuestionar la solidez del relato de las dos denunciantes. La causa, irremediablemente, remite por ciertos paralelismos al juicio al futbolista Dani Alves, condenado en primera instancia por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual y absuelto luego por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en una sentencia pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía pide para Mir una pena de 10 años y medio de prisión y para Pablo Jara, también futbolista, tres años de cárcel, por un presunto delito de agresión sexual (en el caso del segundo, la acusación pública agrega el de lesiones leves). Los hechos sucedieron la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en un reservado de la discoteca Mya y en el chalet del entonces delantero del Valencia CF en una exclusiva urbanización de Bétera, donde residen gran parte de los jugadores del club. Mir tuvo un escarceo amoroso consentido con una mujer de 21 años a la que conoció aquella misma noche en la discoteca situada en L'Umbracle de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y, cuando poco antes de las 7.00 de la mañana cerró el club nocturno —uno de los epicentros del ocio pijo en la ciudad—, les propuso a ella y a una amiga de la joven irse junto con otros amigos suyos a su piscina en la urbanización Torre en Conill.

Durante el trayecto, el futbolista se besó con la amiga. La otra chica con la que se había besado en el reservado, según coinciden todas las versiones, aprovechó una parada en un semáforo y pasó al asiento del copiloto, molesta por la actitud del delantero. A la llegada al chalet, en el que también estaba un amigo de las chicas y otro de los dos futbolistas, Mir mantuvo relaciones consentidas en un cuarto de lavandería con la mujer con la que se había besado en el coche de camino.

Al salir, unos 10 minutos después, según detalló, el acusado vio “enfadada” a la otra joven, con la que se había besado en la discoteca, y para tratar de animarla la tiró vestida a la piscina. Las versiones de las acusaciones y de las defensas divergen diametralmente a partir de ese momento: la denunciante dijo en la vista oral, tal como había mantenido a lo largo de la instrucción, que Rafa Mir la besó y le introdujo los dedos en su vagina sin su consentimiento. También que no la dejaba salir de la piscina.

Por el contrario, el futbolista reconoció en el juicio que introdujo sus dedos en la vagina de la joven, pero alegó que fue con su pleno consentimiento.

En la segunda escena, en uno de los baños del chalet después de salir de la piscina, las versiones también difieren exactamente igual. La joven relató que Mir la llevó hasta el excusado de malas formas y volvió a besarla y a introducirle los dedos en su vagina, a pesar de estar en pleno ataque de ansiedad. La amiga de la chica llamó insistentemente a la puerta y ésta pudo salir del baño, que Mir había cerrado con pestillo, según declaró la denunciante. La mujer, muy alterada y sin llegar a explicarle lo que había pasado, no hacía más que pedir a su amiga que llamara a su padre (ella se había dejado su móvil en la discoteca).

Las defensas enarbolan la tesis de los celos

El futbolista, así como el amigo de los dos acusados, manifestaron en el juicio que se trató de una discusión entre ambas chicas por mantener relaciones con Mir. De hecho, las defensas del delantero y de Jara enarbolaron la tesis de los supuestos celos para explicar toda la situación de principio a fin. Una cámara de videovigilancia instalada en el interior de la vivienda, según confirmó la Guardia Civil durante las pesquisas posteriores, no estaba aún en funcionamiento el día de autos, privando así al procedimiento de una prueba muy relevante.

En una tercera fase, entró en escena Pablo Jara, el otro futbolista. Una de las dos chicas denunció que Jara (a quien también acusa de haberla agredido sexualmente) le propinó un “puñetazo” cuando ambas salían de la vivienda y que, inmediatamente después, le quitó la toalla que llevaba, dejándola en plena calle prácticamente desnuda (únicamente llevaba un tanga). Los futbolistas, así como el testigo de la defensa amigo de ambos, adujeron que las dos chicas estaban montando un tremendo escándalo en el tranquilo recinto de la más adinerada clase alta valenciana.

En ese momento, un vecino de la lujosa urbanización paseaba a su perro. La denunciante de Rafa Mir le pidió al hombre si podía usar su teléfono para llamar a su padre. El dueño del can, que percibió una escena “violenta”, con una joven agazapada para intentar tapar su cuerpo y otra a su lado con ojos de haber sollozado, avisó directamente a la seguridad privada de la urbanización, en manos de la empresa Levantina de Seguridad, propiedad de un histórico dirigente neofascista y muy conocida en València.

Las primeras pesquisas de la Policía Local

La firma vigila varias urbanizaciones de alto nivel en esa zona y, según dijo el propio Mir, mantiene relaciones fluidas con el Valencia CF, al habitar en Torre en Conill muchos de sus jugadores y directivos. El guardia de seguridad avisó a la Policía Local de Bétera, que no se lució precisamente en sus pesquisas iniciales, tal como destacó la fiscal en la exposición de su informe de conclusiones.

Los uniformados, según declararon en el juicio, llegaron a la entrada del chalet de Rafa Mir y una de las jóvenes denunció que Pablo Jara, de quien desconocía su nombre y apellidos al haberlo conocido la noche anterior, le había propinado un “puñetazo” (o dado un “manotazo”, según dijeron los policías).

Mir había salido previamente ante el escándalo que se estaba montando a la puerta de su vivienda un domingo a primera hora de la mañana. Cuando le pidieron que identificara al supuesto agresor, que se escondía dentro de su chalet, el delantero les dio una identidad de su amigo falsa (dijo que se trataba de un tal Antonio), tal como reconoció el propio acusado en la vista oral, escudándose en que le “sabía mal” revelar quién era realmente Jara, pese a tratarse de agentes de la autoridad con placa y pistola.

El futbolista les ofreció acceder a la vivienda para ver dónde estaba Pablo Jara y los policías se quedaron en el rellano mientras Rafa Mir recorría las numerosas estancias, incluido el sótano, diciendo que allí no había nadie, en una escena que así descrita resonó ciertamente surrealista en la sala de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

No optaron por revisar ellos mismos el domicilio, pese a la autorización previa del propietario de la morada, porque inicialmente se trataba de una denuncia menor por lesiones leves y por temor a los bienes de alto valor que suelen decorar ese tipo de chalets de Torre en Conill. Además, según explicó uno de los policías, pensaron que cuando se interrogara más adelante a Mir ya confesaría quién era su amigo. Una actuación radicalmente garantista que seguro que habrían protagonizado exactamente igual en una vivienda proletaria, pensó irónicamente más de uno en la sala. Las diligencias de la Policía Local fueron modificadas al día siguiente para incluir, por fin, la identidad real de Pablo Jara, que había llamado a la comisaría para identificarse.

Todos los uniformados aseguraron que desconocían que el sujeto que los recibió era futbolista del Valencia CF. Una de las dos jóvenes se prestó a contarle a una policía lo que había pasado dentro de la vivienda. La uniformada, muy nerviosa en su testifical, aseguró que la joven manifestó que las relaciones habían sido consentidas y que, cuando le pidió a Rafa Mir que parara al sentirse incómoda, el futbolista accedió a ello. Los otros agentes confirmaron esa versión. Uno de ellos, de mayor rango, declaró que le preguntó a la mujer insistentemente si había habido consentimiento.

“Sangría de contradicciones” o relato “consistente y coherente”

Las dos chicas, que declararon en la vista oral protegidas por un paraban, aportaron una versión distinta y se quejaron de que en todo momento percibieron que los policías no las creyeron y que incluso se burlaron de ellas. El padre de la joven, que cuando llegó a recogerlas vio el despliegue de policías y guardias de seguridad y se asustó, también cuestionó el papel de los uniformados que, básicamente, le dijeron que allí paz y después gloria, que en definitiva no había pasado nada grave.

El hombre llevó primero a un hospital a la amiga de su hija, que quería denunciar la supuesta agresión de Pablo Jara. Luego le insistió a su hija para que le contara todo lo que había sucedido y la joven estudiante universitaria le relató que Mir la había agredido sexualmente, por lo que, tras consultar con una abogada, la llevó a un hospital para que le practicaran una prueba ginecológica y, posteriormente, denunciara los hechos ante la Guardia Civil.

El agente del Equipo Mujer-Menor (Emume) del instituto armado que instruyó las diligencias avaló en el juicio el relato de la joven como coherente y mantenido intacto a lo largo de la instrucción y dijo que la chica expresó su “miedo a denunciar” al futbolista al ser una “persona famosa”. La fiscal, en la misma línea, esgrimió que la versión de ambas mujeres ha sido siempre “consistente y coherente”.

La representante del Ministerio Público también lamentó la revictimización de las dos jóvenes, en el contexto de una causa muy mediática. De hecho, en el interrogatorio a la denunciante de Mir, el presidente del tribunal preguntó amplia y repetidamente a la mujer si estaba total y fehacientemente segura de que el futbolista le había introducido del todo los dedos en la vagina, con una detallada descripción del órgano genital femenino; una cuestión sin duda trascendental a la hora de establecer los hechos probados, de dictar una sentencia condenatoria o absolutoria o de aplicar uno u otro tipo penal, pero expresada sin demasiada sutileza. “Yo noto si me están introduciendo los dedos”, adujo la joven.

Por el contrario, las defensas cuestionaron de plano la “sangría de contradicciones” de las dos chicas (según la expresión del abogado de la defensa de Rafa Mir) y enmarcaron las denuncias a los futbolistas en un “puzzle” (esta fórmula la dijo el letrado de Pablo Jara) creado por las dos mujeres para disimular que todo habría sido por los celos mutuos.

Llamada al “asesor” de Rafa Mir antes de irse a dormir

El juicio, de siete horas, quedó visto para sentencia. En la vista oral también afloró —sobrevolando la causa— el papel de los clubs de fútbol en este tipo de comprometedores procedimientos que afectan fuera del estadio a sus estrellas, fichadas a golpe de talonario.

Lo primero que hizo Rafa Mir antes de irse a dormir aquella mañana de 'after' en su piscina fue llamar a alguien de quien no dijo el nombre: un “asesor”.

El delantero pensaba en ese momento que todo el lío que se había montado iba más con su amigo Pablo Jara y ni se imaginaba que ambos serían denunciados por las jóvenes. “No era la mejor etapa [del Valencia CF] y no queríamos que trascendiera”, afirmó en referencia a la llamada al señor Lobo.

Luego se echó a dormir. Dos horas después, en plena resaca, lo despertó una llamada del director deportivo, según explicó Mir en la vista oral. El directivo del club, del que tampoco detalló nombre y apellidos, se había enterado del incidente, al ser vecino de la misma urbanización, y se acercó a visitar a su delantero en apuros.

Ambos concluyeron que todo se había limitado a “una cosa” de los amigos del jugador. Está por ver si el tribunal comparte dicha apreciación.

Francisco Javier C., el sacerdote acusado de dormir y violar a cuatro mujeres con las que mantenía una relación de amistad, y además registrarlo en fotografías y vídeos, ha negado todos los hechos en su declaración ante la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Málaga.

Según ha dicho, no son suyas las manos y órganos sexuales que se ven junto a las mujeres sedadas en algunas de las fotos, como tampoco lo sería la voz que se escucha en varios de los vídeos, que han sido geolocalizados y datados por peritos informáticos. “Fran, me estoy agobiando”, llega a decir con voz pastosa una de las mujeres en el vídeo.

Cuando se le ha mostrado una grabación con contenido sexual explícito en la que la cámara se gira y aparece brevemente su cara, ha dicho: “Se ve mi rostro pero no reconozco esa situación. Aparentemente soy yo, pero esa situación no se ha dado”.

El excura ha sugerido que toda la prueba gráfica existente, presuntamente extraída de un disco duro suyo, ha sido elaborada y/o colocada allí por la denunciante en venganza por la resistencia que él tenía a iniciar una relación de pareja con ella, valiéndose de unos presuntos expertos informáticos que tendría en su entorno: “Creo que quería arruinarme la vida y consiguió inventar algo para que así fuera”.

La pericial sobre los vídeos y fotos

Su cara, su voz, las manos y otras partes de su anatomía han sido reconocidas por los peritos que le han examinado, pero hay un eslabón débil para las acusaciones: la cadena de custodia del material, supuestamente hallado en las navidades de 2022 en un disco duro del Padre Fran por su expareja (o amiga con la que mantuvo “escarceos”, según él).

Días después del hallazgo, la denunciante copió el contenido en su ordenador particular, que lo mantuvo durante meses antes de que llegara a la Policía. El primer agente se llevó parte en un pendrive; posteriormente, la unidad especializada hizo un volcado del contenido del ordenador de ella, que es el que ha servido de prueba en el juicio.

Del disco duro original del exsacerdote nunca se volvió a saber: según ha contado él, cuando regresó a Melilla tras el retiro espiritual que le sugirió el Obispado, le habían desvalijado su ordenador, el disco duro, dinero y documentación particular.

Para asegurar la integridad de los archivos, hoy han declarado también peritos informáticos nombrados por el tribunal que, a partir de los metadatos, han corroborado que no han sido alterados, la fecha de las imágenes e incluso la ubicación de los vídeos, tomados según han dicho en el domicilio familiar del cura en Vélez-Málaga, la casa que le proporcionó el Obispado en su destino de Ardales y en un piso de una calle de Málaga donde pernoctó en ocasiones.

“Yo esas imágenes no las he tomado, los hechos no se han dado, las denuncias surgieron a partir de que R. empezara a hacerme la vida imposible. No sé cómo pudo llegar a ese material: ni es mío, ni estaba en el disco duro, ni los hechos se dieron, ni tuve conciencia”, ha repetido en múltiples ocasiones, cada vez que la fiscal o alguna de las acusaciones le ha preguntado por alguna de las ocasiones fechadas en las que, presuntamente, abusó de alguna de las cuatro víctimas.

Su defensa ha aportado un informe pericial que cuestiona la integridad y la trazabilidad de esos archivos como elemento probatorio, aunque no han llegado a decir que la propia cara del sacerdote pudiera haber sido generada con inteligencia artificial, como ha sugerido este.

La Fiscalía y las acusaciones piden 72 años de prisión

Con su declaración, que se ha prolongado durante más de dos horas, se ha cerrado la cuarta sesión del juicio al sacerdote, acusado de cuatro delitos cuatro delitos de abuso sexual con penetración, cuatro delitos de lesiones y cuatro de revelación de secretos, con carácter continuado y las agravantes de abuso de confianza y alevosía, cometidos entre 2012 y 2018.

Según el relato de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, el hombre se valía su cercanía con las víctimas, a algunas de las cuales conocía desde que eran niños, para dormir en la misma habitación con motivo de excursiones o noches de fiesta; las sedaba con algún narcótico muy potente (presumiblemente éxtasis líquido); y luego aprovechaba su profunda somnolencia para tomar fotos y vídeos de ellas en ropa interior, ponerlas en diferentes posiciones, penetrarlas con los dedos o el pene, o masturbarse. Las acusaciones creen que se prevalió de su condición de sacerdote para ganarse su confianza.

De cada víctima hay un centenar de fotos. Fueron identificadas porque estaban clasificadas en carpetas por su nombre. Ninguna supo que habían sufrido esos abusos hasta que la Policía contactó con ellas. Hoy han declarado también expertos en psiquiatría forense que han concretado el daño psicológico que sufren y las terapias que tienen que realizar para superar el trauma.

En el juicio es también parte la Diócesis de Málaga, como posible responsable civil subsidiaria de la indemnización que pudiera concederse a las víctimas. El Obispo de Málaga, José Antonio Satué, pidió perdón en nombre de la Iglesia a las cuatro mujeres y prometió que la Diócesis contribuiría a reparar económicamente el daño si el exsacerdote es condenado, y aunque la Diócesis no lo sea. Sin embargo, en la primera jornada del juicio su letrado pidió la nulidad de todas las actuaciones y una vuelta al inicio del proceso, con el argumento de que podría haber pedido diligencias que exoneraran a la Diócesis de toda responsabilidad.

A lo largo de la semana, han pasado por la Audiencia Provincial la denunciante (expareja del sacerdote), las cuatro víctimas, policías, peritos, miembros de la Iglesia (el ayudante del sacerdote y el vicario de la diócesis de Melilla), amigos y el propio acusado.

La Fiscalía pide para él 72 años de prisión y que indemnice con 300.000 euros a cada víctima, peticiones que reiteran las acusaciones particulares. Ninguna ha modificado la petición de pena, tampoco ha cambiado su calificación la defensa. Este viernes, el juicio quedará visto para sentencia con la exposición de las conclusiones de estas cuatro jornadas de práctica de la prueba.

Una enfermera del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ha terminado renunciando a su puesto de trabajo después de haber denunciado a un médico por una agresión sexual que tuvo lugar fuera del trabajo y por la que le impusieron una orden de alejamiento dentro de un proceso judicial que está pendiente de juicio.

La agresión sexual denunciada por la víctima tuvo lugar durante la celebración de una boda en agosto de 2025. La mujer estuvo varios meses de baja hasta que a principios de año volvió a su puesto de trabajo con una orden de protección en vigor, según ha informado Diario de Burgos y han confirmado a EFE fuentes sindicales.

Desde el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han indicado a EFE que, en cuanto supieron de los hechos, “se tomaron las medidas oportunas indicadas por el juez”, y “se adaptaron los horarios de ambas partes tras la decisión de mantenerse en el mismo servicio de la persona que interpuso la denuncia”.

Han explicado que ofrecieron a la enfermera diferentes opciones laborales, en distintos servicios del mismo complejo asistencial, que incluye no solo el Hospital Universitario sino un total de tres centros hospitalarios en la capital, pero “finalmente ella optó por aceptar otra opción fuera del Complejo Asistencial”.

Por su parte, el Sindicato de Enfermería Satse ha señalado que “desde el momento cero” han estado dando apoyo, amparo y guía a la enfermera, y que han trabajado además para que se cumpliera la orden de alejamiento“, ha afirmado Silva López, la secretaria general de Satse Burgos.

“Nuestro objetivo es proteger a la enfermera y, de momento, no vamos a hacer ninguna declaración oficial hasta que finalice el procedimiento”, ha insistido, porque la situación es “delicada”, y ha admitido que si bien la salida del HUBU ha sido voluntaria se ha visto influida por cómo se ha gestionado la situación en el hospital.

López sí ha avanzado que preguntarán en el hospital burgalés por los protocolos ante agresiones sexuales y si no existe un protocolo específico solicitarán que se elabore. Mientras tanto, Satse pide dejar actuar a la justicia, pues tras la denuncia y la orden de alejamiento el caso está judicializado y pendiente de juicio.

Este jueves se ha celebrado en un juzgado de Madrid un acto de conciliación entre la representación legal de Julio Iglesias y la de elDiario.es, su director y cuatro de sus periodistas. El cantante solicitó que este periódico rectificara las informaciones publicadas sobre él a partir del pasado 13 de enero, “reconociendo el contenido injurioso y calumnioso”, y que fueran eliminadas de la web. Además, solicitaba una idemnización sin cuantificar pero que se anticipaba “en cifras de importante cuantía económica”. elDiario.es y sus periodistas, que no han acudido al juzgado y han estado representados por un procurador, se han negado a todo ello.

Al no realizarse la conciliación solicitada, Iglesias ya puede querellarse en cualquier momento contra este medio, como anticipaba el propio escrito que dirigió al tribunal de instancia, anunciando que le seguiría la “interposición de querella por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias”. Los periodistas contra los que Julio Iglesias pretende querellarse son Ignacio Escolar, Juanlu Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera.

Hace más de cuatro meses, elDiario.es, junto a Univision Noticias, comenzó la publicación de una serie de reportajes que partían de los testimonios de varias de sus extrabajadoras domésticas al servicio del cantante en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Dos de estas mujeres, conocidas bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura, interpusieron una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas. Además, se distribuyó en plataformas tres episodios especiales del podcast Un tema al día.

Tres años de investigación

Julio Iglesias no respondió a las preguntas que le hicieron los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias de manera previa a la publicación. Posteriormente, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Rebeca, empleada del servicio doméstico en Punta Cana y Lyford Cay (Bahamas), relató a ambos medios que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describió penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ella y Laura, cuyo desempeño en la casa era el de fisioterapeuta, contaron que, además de tocamientos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo. Los hechos, según las entrevistadas, ocurrieron en 2021. La más joven tenía entonces 22 años.

elDiario.es inició esta investigación tres años antes de su publicación, a la que se unió la división informativa de la cadena de televisión Univision en 2025. Durante ese tiempo, las periodistas que trabajaron en la investigación entrevistaron en repetidas ocasiones a Rebeca y a Laura, las cuales prestaron un testimonio sólido y sin contradicciones. Además, se contactó en total con una quincena de extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, que pudieron confirmar diferentes puntos de la investigación.

Intento de descrédito de las denunciantes

Como demostró la investigación, aportando capturas de WhatsApp y fotografías, la encargada responsable de la selección de empleadas en las casas de Julio Iglesias gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, como VIH, hepatitis o clamidia, así como detección de embarazos. La Ley del Sida de República Dominicana sanciona con multas económicas e indemnizaciones la solicitud de realización de pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos por parte de cualquier empleador privado.

Con la incorporación de Univision Noticias, se volvieron a realizar las entrevistas a Rebeca y a Laura en formato audiovisual, emitiéndose con diferentes medidas para proteger su identidad, como planos a contraluz o el doblaje de sus voces para evitar su reconocimiento. Este doblaje se realizó respetando cada palabra y entonación original durante la entrevista.

Después de que se hiciera pública la interposición de la denuncia, Iglesias intentó desacreditar a las mujeres divulgando sus identidades —que habían sido protegidas por la Fiscalía—, mensajes personales y fotografías que las demandantes habían publicado en sus redes sociales.

Archivo de la denuncia

Unos 20 días después de la interposición de la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y tras tomar declaración a las denunciantes, este órgano decidió archivarla al no entender que existieran los suficientes “vínculos” entre Julio Iglesias y España como para que este país tuviera jurisdicción para investigarle.

Este rápido archivo se produjo sin entrar al fondo de los hechos y sin responder a tres peticiones clave que habían hecho las abogadas de Rebeca y Laura. La primera, que se tomaran medidas contra la difusión de información por parte del cantante sobre las denunciantes. La segunda consistía en la aportación de más evidencia para reforzar la idea de que podía aplicarse la jurisdicción española. Y la tercera, que se tuvieran en cuenta nuevas informaciones que vinculaban la causa con España. Ninguna de las tres obtuvo respuesta.

La tercera petición estaba relacionada con la información que publicó elDiario.es sobre los visados de turista que permitían trasladar a España a empleadas domésticas para trabajar en verano en la casa que Julio Iglesias tiene en Málaga, sin contrato y con sueldos de 340 euros. Así era el caso de Carolina (nombre ficticio), otra de las extrabajadoras entrevistadas.

Yolanda Díaz no se retracta

A pesar del archivo, Women's Link Worldwide, la organización que defiende a Rebeca y Laura, anunció que estás mujeres seguirán adelante en la búsqueda de justicia. Pocos días después, Rebeca denunció a la policía del país en el que vive que estaba siendo objeto de vigilancia y seguimiento por parte de un detective privado español y que su marido había encontrado una baliza GPS en su automóvil. La investigación policial tendrá que determinar si estas actividades de seguridad privada las ha realizado un profesional acreditado únicamente en España, ya que de ser así, constituiría una sanción “grave”, según los expertos.

Ya en marzo, Iglesias demandó a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz por sus opiniones al respecto de los testimonios de Rebeca y Laura, que calificó de “escalofriantes”. El acto de conciliación previo a la interposición de la querella se celebró el pasado 19 de mayo y, en él, la representación legal de Díaz rechazó retractarse de sus comentarios.

El Instituto Internacional de Prensa apoya a elDiario.es

El Instituto Internacional de Prensa (IPI) ha mostrado su apoyo a elDiario.es en un comunicado. La organización dedicada a proteger la libertad de prensa en el mundo, con sede en Viena, dice que espera que se abandone la posibilidad de “una demanda por difamación y no se presente ninguna acusación penal tras la vista”.

Además, el IPI “respalda” al medio de comunicación y sus periodistas, y afirma estar dispuesto a ofrecer asistencia jurídica para hacer frente a lo que “parece ser una acción legal abusiva”.

El juicio al sacerdote de 36 años que, presuntamente, drogó, agredió sexualmente y grabó en vídeo a cuatro mujeres en su domicilio entre 2014 y 2018 ha comenzado este lunes con la declaración de la denunciante, su expareja (que descubrió los vídeos en un disco duro), así como de las cuatro víctimas, cuyos testimonios se han realizado a puerta cerrada para proteger su intimidad. Está previsto que el acusado declare ante los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga el próximo viernes.

La Fiscalía pide para Francisco Javier C., ordenado sacerdote en 2017 y conocido como Padre Fran, una pena de 72 años de prisión, multa de 12.400 euros y que abone 300.000 euros a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil por los presuntos delitos de abuso sexual con penetración, lesiones y revelación de secretos, con las agravantes de abuso de confianza y alevosía.

En el juicio es parte también la Diócesis de Málaga, a la que pertenecía el acusado cuando ocurrieron los hechos, como posible responsable civil subsidiaria. En caso de condena estaría obligada a abonar, en su caso, las indemnizaciones económicas que correspondan a las víctimas.

“No me lo podía quitar de la cabeza”

La primera jornada de este juicio ha quedado marcada por la declaración de la mujer que mantuvo una relación sentimental con el cura entre mayo de 2022 y mayo de 2023 y que convivía con él en una casa del Obispado en Melilla, donde estaba destinado.

La mujer ha relatado su angustiosa peripecia para poner el material de contenido sexual que custodiaba el padre Fran en conocimiento de alguien que la creyera e investigara lo que ella había visto. “Yo me quería quitar de en medio, no quería sufrir más”, ha recordado la mujer, entre sollozos, para explicar el alivio que le supuso que finalmente un policía le preguntara qué le pasaba, poco antes del verano de 2023. Llevaba casi medio año intentando compartir un secreto que la comía por dentro. No era solo su relación con el sacerdote, que no era pública pero tampoco secreta para todos. Era algo mucho más grave que descubrió por casualidad.

Una tarde próxima a las navidades de 2022, cuando él estaba de viaje en la Península, quiso entretenerse con alguna serie. Encontró en un mueble del salón un disco duro perteneciente al cura, y se dispuso a ver qué encontraba allí, pero cuando lo conectó a la televisión le saltó una foto de una amiga suya, “dormida, sentada, inconsciente con los dedos en sus partes”. La mujer identificó de inmediato aquellos dedos. Eran del cura Francisco Javier, su pareja. Espantada, cerró aquello y salió de la casa.

Fue su primera aproximación al disco duro de los horrores. Al día siguiente regresó para enfrentarse otra vez a lo que había descubierto, y en las fotos vio a otra conocida, también inconsciente. Esta vez, junto a su rostro aparecía el pene del sacerdote.

Según su relato, fue ya el Día de Reyes cuando descubrió la magnitud de lo que allí había. Tras armarse de valor, sacó el disco duro de la vivienda, se lo llevó a su casa y realizó una copia completa en su ordenador. Encontró clasificadas en varias carpetas las imágenes de cinco mujeres (una de ellas no es acusación en este juicio, sino en otro que se celebra en Melilla, porque antes fue su pareja).

“Las abrí, vi su contenido. Era él, en su casa de Vélez-Málaga, donde yo iba. No podía creer lo que estaba viendo. La carpeta de María [nombre ficticio] la recuerdo cada noche: estaba completamente muerta”, ha contado entre lágrimas, antes de contar detalles explícitos de contenido sexual: “Esa imagen no me la puedo quitar. Llamé a mi mejor amiga y le dije que esta persona estaba violando a gente. A día de hoy tengo pesadillas”.

La imposibilidad de hablar con el obispo

El resto de su relato ha permitido trazar el difícil camino para lograr que lo que había visto llegase a personas con capacidad de actuar, ya fuera en el ámbito eclesiástico o secular. Hasta seis meses después, aquellas fotografías y vídeos no llegaron a manos de la Policía.

Ella le contó todo al ayudante en la parroquia de Melilla, quien le pidió esperar a que el padre Fran regresara a Melilla. Pero cuando volvió a encontrarlo, él ya estaba preparado: la esperaba sabiendo ya lo que ella había hallado en casa, porque su ayudante se lo había contado. Según el relato de la mujer, intentó chantajearla, sabedor de que ella conocía sus tendencias autolesivas.

La denunciante ha explicado que pusieron todo en conocimiento del vicario y el acusado llegó a asegurar que el Obispo de Málaga, Rafael Catalá, conocía su “vida pasada y presente” y le había perdonado. Ella llegó a temer que trataran de incriminarla, y ha explicado que decidió fingir que continuaba la relación a distancia durante semanas, con la esperanza de que la Iglesia avanzara en algún tipo de investigación y, también, de hacerse con el teléfono del cura por si pudiera guardar también imágenes de ella. Temía también que él intentara quitarse la vida si ella se mostraba firme en su propósito de acudir a la Policía.

Pero nadie fue a la Policía. El sacerdote fue destinado de inmediato de vuelta a la Península, primero de “retiro espiritual” y más tarde a la parroquia de los municipios malagueños de El Burgo y Yunquera, pretextando motivos de salud. “El obispo Catalá sabía perfectamente cuál era el motivo”, ha asegurado la mujer. Según ha contado, intentó reunirse con el vicario en cinco ocasiones, y cuando finalmente lo logró este se enfadó cuando ella sugirió que estaba guardando silencio para enterrar el asunto.

El Obispo nunca la recibió, a pesar de que escribió dos cartas y llamó en varias ocasiones. “Le dije que había sido testigo de un delito, que no podía decir qué tipo de delito y pedí una cita. [Me respondieron] que su agenda estaba muy ocupada con comuniones y sacramento de confirmación. Como cristiana me sentí desamparada por la Iglesia”. Ante la falta de respuesta, la mujer llegó a presentarse en el despacho del Obispado: “Fui personalmente porque no podía creer que me cerraran las puertas. Me recibió su secretario. Entré hasta el despacho y me cerraron la puerta”.

Fue un encuentro casual con un agente en la playa el que propició que ella diera el paso de poner el material a disposición de la Policía, que primero lo copió en un pendrive y luego se llevó su ordenador. El 12 de septiembre de 2023, el Padre Fran fue detenido en una operación bautizada por la Policía como Pájaro Espino. Desde entonces está en prisión provisional.

“Ninguna querella ni intento de amedrentar va a evitar que la vicepresidenta haga ejercicio de su libertad de expresión, en este caso concreto para referirse a una información periodística”. Estas contundentes declaraciones vienen del equipo de comunicación de Yolanda Díaz, y las informaciones periodísticas a las que hace alusión las publicó elDiario.es y Univision Noticias a partir del pasado 13 de enero.

Estamos hablando de la exclusiva en la que dos exempleadas de Julio Iglesias acusaron al cantante de agresiones sexuales. Muchas personas se preguntan en qué punto está este tema. Hay varios frentes judiciales abiertos, así que vamos uno a uno:

Iglesias contra la Fiscalía

Rebeca y Laura (nombres ficticios), extrabajadoras de Julio Iglesias (del hogar y fisioterapeuta, respectivamente) acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España para denunciar unos hechos presuntamente ocurridos en Bahamas y República Dominicana. Para ellas, se trataba de diversos delitos de violencia sexual y contra los derechos de los trabajadores. Después de tomarles declaración y tras un breve periodo de reflexión, la Fiscalía archivó esta denuncia al considerar que España no tiene jurisdicción para investigar estos hechos. Dijo que no había suficientes “vínculos” de Julio Iglesias con España como para abrir una investigación.

A pesar del archivo, Iglesias no ha parado de solicitar el texto de la denuncia. Como no se lo dieron, ha acudido a la vía judicial contencioso-administrativa. La Fiscalía se opone a ello. Se espera en breve una resolución de este caso.

Iglesias contra la vicepresidenta del Gobierno

Yolanda Díaz fue citada a un acto de conciliación esta semana, el martes. Iglesias consideró que había emitido unas declaraciones injuriosas y calumniosas, debido a un mensaje en Bluesky y una intervención en La Hora de la 1. No deja de ser curioso que de las miles de personas que dieron su opinión sobre los testimonios en aquellos días, la única contra la que se quiera demandar sea un alto cargo del Gobierno de España.

“Las declaraciones de la vicepresidenta han respetado en todo momento la presunción de inocencia de Julio Iglesias y se han limitado a calificar de escalofriantes los testimonios de las extrabajadoras del artista, que le acusaban, en el marco de la investigación llevada a cabo por elDiario.es, de agresiones sexuales, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, y que denunciaban un ambiente de control y acoso continuo”, comentaban las fuentes del entorno de Díaz. Cabe recordar que Iglesias calificó las acusaciones de Rebeca y Laura como de “absolutamente falsas”. El cantante madrileño ya anunció en un comunicado que defendería su “dignidad” ante un “agravio tan grave”.

En el acto en sede judicial, la representación legal de Yolanda Díaz no se retractó. ¿Y ahora qué? Iglesias tiene un año para querellarse. La agencia Efe y la página web de agitación que habitualmente goza de exclusivas en relación a la representación legal de Julio Iglesias, aseguraron que el cantante se iba a querellar. Cuando elDiario.es se puso en contacto con su abogado, desde su despacho nos dijeron que no habían tomado ninguna decisión.

Iglesias contra las periodistas

Con el mismo procedimiento que Yolanda Díaz, Julio Iglesias ha puesto una demanda de conciliación a elDiario.es, a cuatro periodistas (Ana Requena, María Ramírez, Juanlu Sánchez y Elena Cabrera) y al director del periódico, Ignacio Escolar. Nos acusa falsamente de hacer “un montaje” con “personajes figurados”. Tenemos el acto de conciliación la semana que viene y, de igual manera, ya hemos anunciado que no nos vamos a retractar. Veremos si finalmente hay o no hay querella.

Los extrabajadores contra Julio Iglesias (y viceversa)

Son dos hermanos, Rogelio y Eleuterio Villanueva, que trabajaron para Iglesias en el mantenimiento de la villa de Punta Cana durante años y fueron despedidos de manera fulminante cuando llegó la pandemia. Ellos consideran que merecen una indemnización por despido improcedente y por eso le denunciaron en República Dominicana.

Los Villanueva perdieron el primer juicio, recurrieron y ganaron en la siguiente instancia, que fue apelada por Iglesias. Ahora están esperando la resolución pues la semana pasada acabó el plazo de conciliación del último juicio. La sentencia puede tardar dos o tres meses en llegar, según su abogado. En declaraciones a elDiario.es, Rogelio Villanueva dijo hace unos días: “Hasta ahora solo tenemos esperanza. Nada más”. La representación legal de Julio Iglesias rechazó comentar sobre este caso.

Las mujeres denunciantes contra Julio Iglesias

Aunque la fiscalía archivó la causa, tal y como dijeron sus abogadas Laura y Rebeca seguirán buscando una vía de acceso a la justicia. Su batalla no ha terminado.

La titular de la Sección especializada de violencia sobre la mujer de ámbito comarcal con sede en Mérida ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por un presunto intento de agresión sexual a una joven en Mérida.

El detenido, ademá,s está siendo investigado por el presunto delito de robo con violencia, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes, día 19, al miércoles, día 20 de mayo, y el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar.

El hombre fue detenido como presunto autor de una agresión física y sexual a una mujer en la capital extremeña, un hecho violento que la familia de esta ha denunciado a través de las redes sociales.

Efectivos policiales arrestaron al presunto autor de esta agresión tras desplegar un amplio operativo.

La mujer presenta graves contusiones como consecuencia de los golpes recibidos por el ahora arrestado, quien tenía la intención de “matarla y abusar de ella”, según ha expuesto la madre de la víctima en redes sociales.

La agresión se produjo en la medianoche de este miércoles en las inmediaciones de un céntrico paseo de la capital extremeña, lugar donde fue abordada por el agresor, quien optó por huir tras los gritos de auxilio de la mujer y la resistencia ofrecida por esta.

A través de su perfil en una red social, la madre de la joven ha expuesto que su hija fue “atacada y agredida” por un hombre con la intención de matarla y abusar de ella, y ha pedido “el apoyo de la ciudadanía” para evitar que “nadie más pase por lo que ha pasado” su hija. 

La presumpta agressió sexual la setmana passada a una pacient de 69 anys ingressada en la unitat de pal·liatius de l'Hospital Ca Misses d'Eivissa ha posat el focus sobre una preocupació que portava temps instal·lada entre part de la plantilla: el principal centre sanitari de l'illa arrossega importants deficiències de seguretat. “És relativament fàcil colar-se”, denuncien, després del succés, professionals sanitaris consultats per elDiario.es, que enumeren accessos fàcils de forçar, falta de vigilància fixa durant la nit i protocols que consideren insuficients per al recinte hospitalari, obert les 24 hores del dia.

La terrible agressió, avançada per Noudiari, va ocórrer sobre dos quarts de quatre de la matinada del dilluns 12 de maig, quan es van sentir “crits en una habitació”, com ja va informar elDiario.es. El presumpte agressor, que no és un treballador del centre ni manté relació amb cap pacient i que tampoc coneixia prèviament a la víctima, segons la Policia Nacional, va forçar una porta d'entrada per a accedir a l'hospital i va agredir sexualment a la dona.

L’home —ara sota tutela judicial— va entrar de manera il·lícita a l’habitació on es trobava la pacient, va aixecar el llençol i el camisó que duia i va cometre l’agressió mentre l’agafava pel coll i l’amenaçava de “tallar-li” si demanava ajuda. Malgrat les amenaces, la víctima va sol·licitar “assistència sanitària” prement el botó del comandament del seu llit.

El presumpte agressor va emprendre aleshores la fugida de l’hospital mentre diversos sanitaris, que havien escoltat renou en tornar d’un descans, veien com fugia de l’habitació i sortien corrents darrere d’ell per atrapar-lo, sense èxit. Mentrestant, la resta d’infermers i personal de planta es van dirigir a l’habitació doble d’on havia sortit l’home. Una de les pacients s’estava dutxant i va ser l’altra, estirada al llit, qui va denunciar haver estat víctima d’una agressió sexual.

El sistema de seguretat: sota lupa

La plantilla de l’hospital va traslladar que els fets van ser un “xoc” general i van generar molt nerviosisme entre el personal perquè mai abans no havien passat uns fets similars al recinte hospitalari.

El gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, Eduardo Escudero, va lamentar davant els mitjans en una convocatòria d’urgència que, tot i que des de Salut activen “desgraciadament” amb freqüència protocols per agressions sexuals ateses des d’Urgències o derivades pel 061, dins el mateix hospital mai no s’havia produït una situació similar.

L’àrea sanitària pitiüsa ja ha comunicat que s’han posat en marxa diverses mesures per reforçar la protecció dels pacients després de l’incident, tal com han confirmat a elDiario.es. Entre aquestes, un nou sistema d’accés mitjançant targeta a les entrades no públiques, la limitació de l’horari d’entrada per la porta principal —que passa de les onze a les deu de la nit— i el reforç del zelador al vestíbul, que s’amplia fins a aquesta mateixa hora.

A més, el centre ha avançat al mes de maig el reforç estival de seguretat, previst inicialment per al juliol, i estudia incrementar el personal de vigilància durant tot l’any i no només a l’estiu com fins ara. Paral·lelament, s’han activat campanyes internes per al personal que incideixen en l’ús de la targeta identificativa i en la detecció de comportaments sospitosos.

Portes obertes o fàcils de forçar

Fonts hospitalàries que demanen mantenir-se en l’anonimat asseguren a elDiario.es que les mesures de seguretat a Can Misses són —o han estat fins ara— massa laxes: “El sistema de protecció és bastant deficient i colar-s’hi és relativament fàcil”. Escudero va precisar en la seva atenció a aquest diari després de l’agressió que no hi ha alarmes a tot l’hospital. El que sí que hi ha són càmeres de seguretat que posteriorment van servir als agents per identificar el responsable dels fets.

Les mateixes fonts sanitàries anònimes asseguren que hi ha sales que, tot i tenir pestell, són molt fàcils de forçar —un fet reconegut pel gerent— i que els dos vigilants nocturns encarregats de vetllar per la seguretat de tot el recinte —Escudero va assegurar que feien diverses rondes per diferents àrees del complex hospitalari, des de consultes fins a altres edificis annexos— són clarament “insuficients”.

Fonts sanitàries asseguren que els dos vigilants nocturns encarregats de tot el recinte són clarament 'insuficients'

No hi ha, d’aquesta manera, cap vigilant fix a la recepció principal durant aquesta franja horària. “El més estrany és que no passin més coses així”, lamenten des de l’entorn sanitari. Escudero ja va admetre que aquest incident ha obert la necessitat de “replantejar” tot el sistema de seguretat de l’hospital públic, una cosa que l’Àrea de Salut ha intentat resoldre els darrers dies.

El visionament de les càmeres per part de la Policia va ser el que va revelar que l’agressor havia forçat una porta d’entrada per la qual va accedir a l’hospital i també una altra utilitzada per escapar, una vegada comès el presumpte delicte. Des de gerència varen detallar que les portes, quan es tanquen, queden bloquejades, però es poden forçar si la persona amb aquesta intenció és capaç d’obrir entre les dues làmines de vidre i estirar amb prou força.

Una altra de les preocupacions que ha sorgit després del que ha passat entre el personal d’infermeria és que els uniformes no estan guardats sota clau. “Hi ha moltes sales on només es pot entrar amb una targeta d’accés, però n’hi ha d’altres que romanen obertes i estan ubicades en passadissos per on passen contínuament pacients i visitants”, assenyalen a elDiario.es.

Per tant, —expliquen— “qualsevol persona” pot aconseguir les peces de roba que utilitzen zeladors, auxiliars, infermers i metges i fer-se passar per part del personal sanitari: “Òbviament, no ens coneixem tots i seria molt difícil identificar una persona que no correspon a la plantilla”.

Els uniformes no estan guardats baix clau, per la qual cosa 'qualsevol persona' pot fer-se passar com a part del professional sanitari

El personal de Can Misses encara recorda quan el passat agost, al vestíbul de l’hospital, va aparèixer un home d’uns 40 anys vestit amb un abric i amenaçant de “muntar-la” si ningú no l’atenia. D’una de les mànigues de la jaqueta sobresortia la punta afilada d’un ganivet i va haver de ser reduït per un dels vigilants de seguretat.

Un lloc associat a la “protecció”

El presumpte autor de l’agressió sexual va ser identificat hores després dels fets a través del sistema de càmeres de vigilància de Can Misses, segons informacions de la Policia Nacional d’Eivissa, que es va personar a l’hospital per investigar el cas juntament amb un metge forense, tal com estableix el protocol. L’home havia amenaçat la víctima dient-li que tindria represàlies si contactava amb la Policia per denunciar l’agressió, cosa que no li va impedir demanar auxili.

Respecte a això, l’associació feminista Dones Progressistes ha assenyalat que és important no posar el focus en la “reacció de les víctimes” quan hi ha una agressió. “La por, el bloqueig o la paralització també són conseqüències de la violència”, sostenen. També expressen que el que ha passat evidencia una realitat que el feminisme fa anys que denuncia: la inexistència d’espais completament segurs per a les dones, ni tan sols en llocs com un hospital, “associats a la cura i la protecció”.

Així com que qualsevol dona, independentment de la seva edat, situació o condició, pot ser víctima de la violència masclista. El mateix subratlla una portaveu d’Emprendada Feminista, que afegeix que les agressions ocorren “a tots els llocs”, fins i tot en aquells on d’entrada mai no haurien de passar: “És evident que s’han de revisar els protocols de seguretat, tant per possibles violacions com per evitar altres tipus de delictes”.

Sota presó provisional sense fiança

L’atestat sobre el cas es va traslladar divendres al Jutjat de Violència contra la Dona d’Eivissa, quan el detingut també va passar a disposició judicial. El tribunal va acordar la presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut com a presumpte autor de l’agressió sexual a l’Hospital Can Misses, segons informacions del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB).

El jutge competent li va imposar, a més, una ordre d’allunyament i prohibició de comunicació amb la víctima, segons la mateixa font oficial. Després d’escoltar el relat de la víctima, l’hospital va activar el protocol habitual previst per a agressions sexuals i va contactar amb la Policia Nacional.

Una llevadora va acudir, a més, per realitzar l’exploració corresponent i un ginecòleg i una psicòloga varen atendre la víctima. També es va traslladar l’altra pacient de l’habitació a una altra sala perquè la dona pogués estar sola i així garantir la seva tranquil·litat.

Els agents varen posar els fets en coneixement de la Unitat d’Atenció a la Família i a la Dona (UFAM) i del jutjat de guàrdia. Va ser després de prendre declaració per videotrucada a la víctima quan els policies varen posar en marxa la investigació i varen aconseguir, al cap d’unes hores, localitzar i arrestar l’home.

Tal com varen informar fonts sanitàries a elDiario.es i confirma la Policia, el detingut havia estat vivint en un dels assentaments dels voltants del centre sanitari, generats per la greu crisi d’habitatge a l’illa. Actualment, residia en una caravana situada en una finca rural que es va registrar durant la investigació, que ja està tancada.

El detingut havia estat vivint en un dels assentaments dels voltants del centre sanitari, generats per la greu crisi d'habitatge a l'illa

L'exigència d'un protocol nacional

De moment, el mateix 12 de maig –coincidint amb el dia de l’agressió– l’àrea va anunciar un reforç de seguretat operatiu des del passat divendres i fins al mes d’octubre. No només a Can Misses, sinó a tots els centres de salut pitiusos, com cada any amb l’arribada de la temporada turística.

S’hi inclouen més hores de vigilància i més personal, i s’hi suma la instal·lació de botons de pànic a Atenció Primària, connectats tant amb la seguretat privada com amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Tot i això, Escudero va aclarir que aquest reforç no manté relació amb l’agressió sexual, sinó que es tracta d’una mesura prevista en el sistema sanitari pitiús en general.

D’altra banda, a Formentera, l’hospital i el centre de salut sí que compten durant tot l’any amb vigilància les 24 hores, una cosa que ara s’estudia implantar a Eivissa. El Defensor del Pacient ha reclamat, després de l’agressió sexual a Can Misses, la creació d’un protocol nacional de videovigilància preventiva als centres sanitaris. L’entitat ha demanat al Govern, al Ministeri de Sanitat i al Govern balear que actuïn davant uns fets que, asseguren, “no són una excepció”.

La proposta planteja instal·lar càmeres a zones comunes, urgències, passadissos i determinats espais assistencials, amb accés restringit per ordre judicial o de la Fiscalia i un termini màxim de conservació de 30 dies, amb l’objectiu de prevenir i investigar delictes contra la llibertat sexual.

La presunta agresión sexual la semana pasada a una paciente de 69 años ingresada en la unidad de paliativos del Hospital Can Misses de Eivissa ha puesto el foco sobre una preocupación que llevaba tiempo instalada entre parte de la plantilla: el principal centro sanitario de la isla arrastra importantes deficiencias de seguridad. “Es relativamente fácil colarse”, denuncian, tras el suceso, profesionales sanitarios consultados por elDiario.es, que enumeran accesos fáciles de forzar, falta de vigilancia fija durante la noche y protocolos que consideran insuficientes para el recinto hospitalario, abierto las 24 horas del día. 

La terrible agresión, avanzada por Noudiari, ocurrió sobre las tres y media de la madrugada del lunes 12 de mayo, cuando se escucharon “gritos en una habitación”, como ya informó elDiario.es. El presunto agresor, que no es un trabajador del centro ni mantiene relación con ningún paciente y que tampoco conocía previamente a la víctima, según la Policía Nacional, forzó una puerta de entrada para acceder al hospital y agredió sexualmente a la mujer de 69 años ingresada en la unidad de paliativos, según fuentes sanitarias que prefieren no identificarse.

El hombre —ahora bajo tutela judicial— ingresó de manera ilícita a la sala donde estaba la paciente, levantó la sábana y el camisón que llevaba y cometió la agresión mientras la agarraba de la garganta y le amenazaba con “cortarle el cuello” si pedía auxilio. A pesar de las amenazas, la víctima solicitó “asistencia sanitaria” pulsando el botón del mando de su cama.

El supuesto agresor emprendió entonces la huida del hospital mientras varios sanitarios, que habían escuchado gritos en el retorno de un descanso, veían cómo huía de la habitación y salían corriendo detrás de él para alcanzarlo, sin éxito. Mientras tanto, el resto de enfermeros y personal de planta se dirigieron al cuarto doble del que había salido el hombre. Una de las pacientes se estaba duchando y fue la otra, yacida en la cama, quien denunció haber sido víctima de una agresión sexual.

El sistema de seguridad: bajo lupa

La plantilla del hospital trasladó que los hechos fueron un “shock” general y generaron mucho nerviosismo entre el personal porque nunca antes había ocurrido algo similar en el recinto hospitalario. 

El gerente del Área de Salut d’Eivissa i Formentera, Eduardo Escudero, lamentó a los medios en una convocatoria de urgencia que, aunque desde Salut activan “desgraciadamente” con frecuencia protocolos por agresiones sexuales atendidas desde Urgencias o derivadas por el 061, dentro del propio hospital no se había producido nunca una situación similar.

El área sanitaria pitiusa ya ha comunicado que se han puesto en marcha varias medidas para reforzar la protección de los pacientes después del incidente, como han confirmado a elDiario.es. Entre ellas, un nuevo sistema de acceso mediante tarjeta en las entradas no públicas, la limitación del horario de entrada por la puerta principal —que pasa de las once a las diez de la noche— y el refuerzo del celador en el vestíbulo, que se amplía hasta esa misma hora.

Además, el centro ha adelantado al mes de mayo el refuerzo estival de seguridad, previsto inicialmente para julio, y estudia incrementar el personal de vigilancia durante todo el año y no solo en verano como hasta ahora. En paralelo, se han activado campañas internas para el personal que inciden en el uso de la tarjeta identificativa y en la detección de comportamientos sospechosos.

Puertas abiertas o fáciles de forzar

Fuentes hospitalarias que piden mantenerse en el anonimato aseguran a elDiario.es que las medidas de seguridad en Can Misses son —o han sido hasta ahora— demasiado laxas: “El sistema de protección es bastante deficiente y colarse es relativamente fácil”. Escudero precisó en su atención a este diario tras la agresión que no hay alarmas en todo el hospital. Lo que sí hay son cámaras de seguridad que sirvieron posteriormente a los agentes para identificar al responsable de los hechos.

Las mismas fuentes sanitarias anónimas aseguran que hay salas que, a pesar de tener pestillo, son muy fáciles de forzar —un hecho reconocido por el gerente— y que los dos vigilantes nocturnos encargados de velar por la seguridad de todo el recinto —Escudero aseguró que hacían diversas rondas por distintas áreas del complejo hospitalario, desde consultas hasta otros edificios anexos— son claramente “insuficientes”. 

Las fuentes sanitarias reconocen que los dos vigilantes nocturnos encargados de todo el recinto son claramente 'insuficientes'

No hay, de este modo, ningún vigilante fijo en la recepción principal durante esta franja horaria. “Lo raro es que no sucedan más cosas así”, lamentan desde el entorno sanitario. Escudero ya admitió que este incidente ha abierto la necesidad de “replantear” todo el sistema de seguridad del hospital público, algo que el Área de Salud ha intentado resolver en los últimos días. 

El visionado de las cámaras por parte de la Policía fue lo que reveló que el agresor había forzado una puerta de entrada por la que accedió al hospital y también otra utilizada para escapar, una vez cometido el presunto delito. Desde gerencia detallaron que las puertas cuando se cierran se bloquean, pero se pueden forzar si la persona con esa intención es capaz de abrir entre las dos lamas de cristal y traccionar con la suficiente fuerza.

Otra de las preocupaciones que ha surgido tras lo ocurrido entre el personal de enfermería es que los uniformes no están guardados bajo llave. “Hay muchas salas a las que sí se puede entrar solo con una tarjeta de acceso, pero otras que permanecen abiertas y están ubicadas en pasillos por los que pasan continuamente pacientes y visitantes”, señalan a elDiario.es. 

Por lo tanto, -explican- “cualquier persona” puede hacerse con las prendas que utilizan celadores, auxiliares, enfermeros y médicos y pasar como parte del profesional sanitario: “Obviamente, no nos conocemos todos y sería muy difícil identificar a una persona que no corresponde a la plantilla”. 

Los uniformes no están guardados bajo llave, por lo que 'cualquier persona' puede hacerse pasar como parte del profesional sanitario

El personal de Can Misses aún recuerda cuando el pasado agosto, en el vestíbulo del hospital, apareció un hombre de unos 40 años ataviado con un abrigo y amenazando con “liarla” si nadie le atendía. De una de las mangas de la chaqueta asomaba la punta afilada de un cuchillo y tuvo que ser reducido por uno de los vigilantes de seguridad. 

Un lugar asociado a la “protección”

El presunto autor de la agresión sexual fue identificado horas después del suceso a través del sistema de cámaras de vigilancia de Can Misses, según informaciones de la Policía Nacional de Eivissa, que se personó en el hospital para investigar el caso junto a un médico forense, como establece el protocolo. El hombre había amenazado a la víctima con que tendría represalias si contactaba con la Policía para denunciar la agresión, algo que no le impidió pedir auxilio.

Respecto a esto, la asociación feminista Dones Progressistes ha señalado que es importante no poner el foco en la “reacción de las víctimas” cuando hay una agresión. “El miedo, el bloqueo o la paralización también son consecuencias de la violencia”, sostienen. También expresan que lo ocurrido evidencia una realidad que el feminismo lleva años denunciando: la inexistencia de espacios completamente seguros para las mujeres, ni siquiera en lugares como un hospital, “asociados al cuidado y la protección”.

Así como de que cualquier mujer, independientemente de su edad, situación o condición, puede ser víctima de la violencia machista. Lo mismo subraya una portavoz de Emprendada Feminista, que añade que las agresiones ocurren “en todos los lugares”, incluso en aquellos donde de entrada, nunca deberían ocurrir: “Es evidente que se tienen que revisar los protocolos de seguridad, tanto por posibles violaciones como para evitar otro tipo de delitos”.

Bajo prisión provisional sin fianza

El atestado sobre el caso se trasladó el viernes al Juzgado de Violencia Contra la Mujer de Eivissa, cuando el detenido pasó también a disposición judicial. El tribunal acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido como presunto autor de la agresión sexual en el Hospital Can Misses, en informaciones del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB). 

El juez competente le impuso además una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, según la misma fuente oficial. Tras escuchar el relato de la víctima, el hospital activó el protocolo habitual previsto para agresiones sexuales y contactó con la Policía Nacional.

Una matrona acudió, además, para realizar la exploración correspondiente y un ginecólogo y una psicóloga atendieron a la víctima. También se trasladó a la otra paciente de la habitación a otra sala para que la mujer pudiera estar sola y así garantizar su tranquilidad.

Los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) y al juzgado de guardia. Fue tras tomar declaración por videollamada a la víctima cuando los policías pusieron en marcha la investigación y consiguieron, al cabo de unas horas, localizar y arrestar al hombre.

Como informaron fuentes sanitarias a elDiario.es y confirma la Policía, el detenido había estado viviendo en uno de los asentamientos de los alrededores del centro sanitario, generados por la grave crisis de vivienda en la isla. Actualmente, residía en una caravana situada en una finca rural que se registró durante la investigación, que ya está cerrada.

El detenido había estado viviendo en uno de los asentamientos de los alrededores del centro sanitario, generados por la grave crisis de vivienda en la isla

La exigencia de un protocolo nacional

De momento, el mismo 12 de mayo –coincidiendo con el día de la agresión– el área anunció un refuerzo de seguridad operativo desde el pasado viernes y hasta el mes de octubre. No solo en Can Misses, sino en todos los centros de salud pitiusos, como cada año con la llegada de la temporada turística. 

Se incluyen más horas de vigilancia y más personal y se suma la instalación de botones de pánico en Atención Primaria, conectados tanto con la seguridad privada como con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, Escudero aclaró que este refuerzo no mantiene relación con la agresión sexual, sino que se trata de una medida prevista en el sistema sanitario pitiuso en general. 

Por otro lado, en Formentera, el hospital y el centro de salud sí cuentan durante todo el año con vigilancia las 24 horas, algo que se estudia implantar ahora en Eivissa. El Defensor del Paciente ha reclamado tras la agresión sexual en Can Misses la creación de un protocolo nacional de videovigilancia preventiva en centros sanitarios. La entidad ha pedido al Gobierno, al Ministerio de Sanidad y al Govern que actúen ante unos hechos que, aseguran, “no son una excepción”. 

La propuesta plantea instalar cámaras en zonas comunes, urgencias, pasillos y determinados espacios asistenciales, con acceso restringido a orden judicial o Fiscalía y un plazo máximo de conservación de 30 días, con el objetivo de prevenir e investigar delitos contra la libertad sexual.

La Policía Nacional ha informado este lunes de la detención e ingreso en prisión de un hombre acusado de haber agredido sexualmente a una joven en una playa del sur de Tenerife.

La Policía ha detallado que el acusado se habría aprovechado del estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima para hacerse pasar por un conocido y llevarla a un lugar apartado.

Los hechos, de los que se ha informado este lunes, ocurrieron la noche del 15 de marzo, cuando la víctima se encontraba en un local de ocio de la zona de San Telmo en Los Cristianos.

En un momento dado, la joven comenzó a encontrarse mal, llegando incluso a desvanecerse de forma momentánea, situación que aprovechó el presunto autor para acceder a ella, fingiendo conocerla y ofreciéndose a ayudarla, logrando así sacarla del establecimiento.

Dos personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliar a la joven, pero al identificarse el hombre como amigo de la víctima, decidieron dejarla su cargo.

“No obstante, al observar posteriormente cómo se alejaba con ella, comenzaron a sospechar de su actitud, temiendo que pudiera hacerle daño aprovechándose de su estado, por lo que decidieron seguir sus pasos”, detalla la nota policial, que añade que los localizaron en una playa cercana, cuando ya se había producido la presunta agresión sexual.

Al percatarse de la presencia de estas personas, el acusado emprendió la huida sin que pudieran darle alcance, si bien la investigación de la Policía Nacional ayudó a recopilar datos e imágenes que llevaron a la identificación y detención del presunto autor de los hechos.

Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.