Este miércoles ha sido detenido el presunto autor del intento de agresión sexual a una mujer en el estacionamiento del campus de Oñati de la Mondragon Unibertsitatea el pasado viernes, 17 de abril. Según ha dado a conocer el Departamento vasco de Seguridad del Gobierno vasco, el intento de agresión sexual se produjo hacia las siete de la tarde cuando la víctima se encontraba en el interior de su vehículo estacionado en la zona universitaria de Oñati. De repente, un individuo se introdujo en el interior del coche por la puerta del copiloto. La mujer pudo zafarse y huyó a la carrera siendo seguida por el implicado, hasta que se dirigió a un viandante, que transitaba por allí y le solicitó auxilio. Al parecer, en ese momento, el atacante se dio a la fuga.

Alertada la Ertzain-etxea de Deba Urola de lo sucedido se movilizaron al lugar patrullas en funciones de protección ciudadana que asistieron a la víctima procediendo a su traslado a un centro sanitario. A partir de ahí, han desarrollado las correspondientes investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Con la colaboración de la Policía local de Oñati, ayer miércoles se detuvo al presunto autor del intento de agresión sexual en el citado municipio por un delito de agresión sexual en grado de tentativa. El arrestado, de 51 años, ha sido presentado en la mañana de este jueves en el Juzgado de Bergara (Gipuzkoa), después de quedar concluidos los trámites policiales.

Desde la Universidad el pasado lunes convocaron concentraciones de repulsa por lo ocurrido en todos sus campus. A la concentración de la Facultad de Empresariales en campus de Oñati, donde tuvieron lugar los hechos, acudió el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien “condenó con la máxima firmeza” el intento de agresión sexual. “Ante cualquier forma de violencia y, por supuesto, la violencia sexual, es imprescindible una respuesta contundente”, destacó el consejero Pérez Iglesias, quien subrayó que “este tipo de hechos constituyen una vulneración inaceptable de los derechos fundamentales y un ataque directo a la libertad, dignidad e integridad física de quienes los sufren, incompatible con los valores que deben regir las instituciones académicas y, con carácter general, nuestra sociedad”.

Asimismo, señaló que “la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, es una lacra con cuya eliminación deben comprometerse tanto las instituciones como el conjunto de la ciudadanía”. “Y en ese cometido, la universidad tiene una responsabilidad específica, la que atañe a la contribución en su propio ámbito a la igualdad real de derechos, oportunidades y reconocimientos de hombres y mujeres”, concluyó el consejero que se ha concentrado junto a alumnos y trabajadores de la universidad tras una pancarta en la que se leía en euskera “Ninguna agresión sin respuesta. Estamos contigo”.

Del mismo modo, el pasado domingo cientos de personas denunciaron en la plaza de Oñati el intento de agresión, convocados por el grupo feminista Bargastak. “Ayer nos reunimos en la plaza de Oñati para decir alto y claro que no vamos a tolerar ninguna agresión en nuestro pueblo y nosotras lo tenemos claro, seguiremos luchando desde el feminismo hasta derribar este sistema”, informó la asociación feminista a través de sus redes sociales en las que han compartido fotografías de la concentración con una pancarta en la que se leía en euskera la frase “Frente a la violencia machista, responsabilidad colectiva”.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a un profesor de Secundaria de Irún a cuatro años y medio de prisión como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menores de 16 años a través de internet (“child grooming”) y un delito de amenazas condicionales. Además, tribunal le ha impuesto una condena de 20 días de localización permanente por un delito leve de acoso sexual y cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana ha considerado acreditado que el acusado contactó con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso escolar 2023-2024 a través de una cuenta que con una identidad ficticia abrió en una red social, manteniendo con ellas conversaciones con “manifestaciones trufadas de carácter sexual” y que en dos supuestos incluyeron “propuestas serias” de encuentros que finalmente no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

Para ello, el tribunal valora las evidencias digitales que se han obtenido de los teléfonos móviles de las menores y el “relato sólido y persistente de estas”, además del testimonio de varios profesionales del centro escolar que también declararon durante el juicio que tuvo lugar el pasado marzo. El acusado mantuvo con las tres menores conversaciones en una red social “cuyo contenido, duración e intensidad es claramente impropio para lo que marca la relación profesor-alumna; de aparente ‘colegueo’, con el que buscaba ganarse su confianza, introduciendo siempre el acusado en el desarrollo de estas interacciones (…) manifestaciones trufadas de carácter sexual, que posteriormente acompañó, en alguno de los casos, de alguna propuesta de encuentro, con igual trasfondo, y actos materiales concretos, dirigidos a estrechar el acercamiento ya realizado a través de internet”, añade la Audiencia de Gipuzkoa.

Por su parte, la Audiencia guipuzcoana rechaza las alegaciones del acusado que se declaró la supuesta víctima de los hechos enjuiciados argumentado que era él el “objeto de deseo de estas menores”. Según argumentó el acusado, eran las alumnas quienes le “ofrecían noches locas a cambio de una chaqueta” y que una joven le ofreció “dejarse besar si le daba dinero, porque lo necesitaría o algo”. “Parezco una rock star nada más entrar al colegio, rodeado de un montón de jóvenes, con los que a veces se normaliza el trato de amistad, porque cuando la gente tiene problemas se dirige a mí. Me he podido equivocar y este no dudo que ha sido un caso”, reconoció en el uso de la última palabra, para añadir que su situación ha sido “complicada” y su “único apoyo han sido los alumnos”.

“La valoración individualizada pero también conjunta de los múltiples medios de prueba permite descartar la veracidad intrínseca de estas afirmaciones. No eran las menores sino él quien buscaba su proximidad física, en un acercamiento en modo alguno neutral o inocuo, sino con una clara finalidad de búsqueda, de preparación del terreno para ulteriores interacciones sexuales con las niñas”, afirma el tribunal sobre esta cuestión.

A pesar de ello, el acusado sí que reconoció haber abierto una cuenta con un pseudónimo en una red social, hecho que ha quedado probado por el tribunal que considera que el contacto a través de internet y la cuenta falsa que el acusado creó al efecto, “buscaba el acercamiento virtual” a las menores, “para estrechar sobre ellas el cerco de seducción, acompañando esta conducta de una búsqueda de cercanía física” para “mantener e intensificar esa relación creada en la red y propuestas concretas de encuentros para culminar el cerco de seducción creado, que en ningún caso llegaron a consumarse”. La resolución recuerda asimismo que fue el acusado el que facilitó a las menores su perfil falso, el que buscó a estas con un “claro instinto sexual” como se desprende de las conversaciones que mantuvo con ellas, en las que se incluían referencias a su aspecto físico, a quién podría ser su “sugar baby” y similares, y les ofrecía llevarlas a dar una vuelta en moto o en coche.

“El acusado andaba a la búsqueda de una menor que cayera seducida por sus encantos y preparaba el terreno para aquello que luego pudiera suceder, pero que no se materializó en este caso”, recoge la sentencia, en la que el tribunal también estima acreditado que el acusado incurrió en un delito leve de acoso en relación con una de las menores porque junto al contenido de las conversaciones mantenidas a través de internet, también le pidió que le informara del domicilio en el que vivía, provocando en ella “un claro sentimiento de desasosiego y temor”.

Además, la Audiencia de Gipuzkoa condena al profesor por un delito de amenazas condicionales ya que también ha quedado probado que este remitió un correo electrónico a varios alumnos del centro, con un aviso expreso a las menores concernidas, de que debían borrar todas las capturas de sus móviles, que no difundieran nada, dado que en caso de que él denunciara, la policía iba a rastrear los móviles que él les dijera. El acusado acompañó el mensaje con un archivo adjunto con las posibles infracciones civiles y penales en las que podrían incurrir las menores en caso de seguir compartiendo esas capturas en un intento, dice el tribunal, por “infundir más temor” en ellas si no cumplían con la “condición de destrucción de las evidencias que les indicaba”. “El propósito de su correo era claro: infundirles el suficiente temor para que borraran esas conversaciones, para que no las difundieran, siendo plenamente consciente del carácter absolutamente impropio cuando no delictivo de las mismas”, precisa la Audiencia.

No obstante, el tribunal absuelve al acusado de tres delitos de solicitud de favores sexuales bajo precio y uno de exhibición sexual ante menores de los que también estaba acusado debido a que no consta que el acusado solicitara a ninguna de las menores realizar actos concretos de contenido sexual a cambio de prestación económica alguna o promesa de algún tipo. Tampoco consta, según el tribunal, que enviara a ninguna de estas tres menores, ni a ninguna otra que haya sido identificada en el procedimiento, ningún tipo de vídeo de contenido sexual en el que exhibiera sus partes íntimas. Se trata de una sentencia que no es firme y contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El juez que se encarga del caso contra el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, que fue acusado de presunta agresión sexual por una inspectora del Cuerpo, declaró en una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid que se han otorgado muchas “ventajas” a las mujeres que denuncian violencia, y que van “a la caza de la orden” de protección, según ha informado laSexta.

David Maman Benchimol es el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, y solamente un día después de que la agente de Policía denunciara a González por varios delitos –entre ellos, agresión sexual con penetración–, Maman Benchimol cargaba contra las mujeres que denuncian este tipo de delitos: “Muchas de ellas (las denunciantes) es que se ve enseguida que no tienen demasiado sentido, que eso se ve, porque se intenta forzar una vía, que si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?”.

El juez, según informa laSexta, subrayaba que esto le “enfada”: “Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo, porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia... Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra, ¿pero qué pierde?”.

El mismo medio explica que en la charla, que abordaba los “Criterios de competencia en materia penal y civil” y se celebró el pasado 18 de febrero de este año, David Maman Benchimol también abordó el tema del divorcio y la custodia de los hijos: “Va pasando el tiempo, auto de medidas provisionales... Como no se ha resuelto el recurso de apelación, tal, no podemos dar la guardia y custodia compartida, y así se eterniza. Y mientras tanto, ese niño, pues poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente. Y luego, es muy difícil recuperar ese tiempo perdido”.

Maman Benchimol siguió haciendo referencia a la custodia de los hijos de las mujeres víctimas de violencia, y calificó a la mujer como “enemiga acérrima de la custodia compartida”: “No entiendo yo todavía por qué esa animadversión de la mujer a la guarda y custodia compartida, cuando el Supremo ha dicho 300 millones de veces que es la guarda y custodia deseable”. Según laSexta, el magistrado insistió en que “la casa y el factor económico” influyen, porque “ya no le va a pagar la pensión” (el hombre, en caso de tener custodia compartida). “Solo ella se considera una buena madre y desconfía permanentemente del otro padre”, declaraba el juez, porque, según él, las mujeres piensan: “Sí a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar”. “Ella tiene esa idea en la cabeza y no se fía de él”, afirma Maman Benchimol.

El juez añade que las mujeres deberían valorar más la custodia compartida por la “libertad” que les da “no tener al niño toda la semana con ella”.

El magistrado también se refirió a las mujeres trans como un “hombre con apariencia de mujer, un transexual”. Maman Benchimol aseguraba que en un futuro llegarán casos de “violencia de mujer a mujer” porque “la ley no dice que el autor tenga que ser hombre”, y rechaza que los magistrados deban recibir este tipo de casos.

El juez encargado del caso del exDAO cuenta con una carrera judicial de más de 30 años, y en 2011 se especializó en violencia contra la mujer. Fue tres años después cuando consiguió su plaza como titular en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 8 de Madrid. David Maman Benchimol no ha querido dar explicaciones sobre estas declaraciones, según han confirmado a laSexta fuentes del TSJ de Madrid. Sin embargo, agrupaciones feministas sí han criticado las palabras del magistrado. A través de un comunicado, Madres Protectoras de Madrid denuncian la violencia institucional que sufren las mujeres en los tribunales, y que las sentencias provocan una desprotección de esos menores y las revictimiza.

El caso que instruye el juez parte de una denuncia presentada por una inspectora de la Policía Nacional el pasado 17 de agosto, en la que relata que el anterior responsable de la Policía le ordenó llevarle a su casa y allí la agredió sexualmente tras su negativa a mantener relaciones. La querella adjunta audios dentro del domicilio donde se cometió la agresión y de las presiones posteriores.

La defensa de la denunciante ha calificado de “desafortunadas” las declaraciones y ha explicado que, si en el transcurso de la instrucción se observa cualquier conducta “arbitraria” por “sesgo machista”, solicitarán la recusación.

Un hombre ha sido detenido en Sevilla este martes, 22 de abril, por un presunto delito de agresión sexual a una mujer en los baños de una caseta de la Feria de Sevilla. Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, aunque, por el momento, no ha trascendido más información sobre el episodio.

Según la información adelantada por El Correo de Andalucía, el varón habría llevado a cabo “tocamientos”, algo que la víctima habría denunciado a los agentes mientras aún se encontraba en el recinto.

Cabe destacar que el dispositivo de seguridad diseñado con motivo de la Feria de Abril cuenta con alrededor de unos 2.000 miembros de Policía Nacional, sumados a los más de 900 que proporciona a Guardia Civil y más de 150 que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Ayuntamiento de Sevilla ha habilitado tres puntos violetas con ampliación de horario para este 2026 por parte de los voluntarios de Cruz Roja, de 19.00 a 2.30 horas. Estos espacios están ubicados en tres enclaves estratégicos del Real: el hospital de campaña, en la avenida Alfredo Kraus; en la caseta de niños perdidos, en la calle Gitanillo de Triana, 126; y en la caseta de mando de la Policía Local, en la calle Manolo Vázquez, 11-13. En ellos, personal técnico especializado y voluntariado de Cruz Roja ofrecerán apoyo inmediato ante cualquier situación de acoso, agresión o violencia, además de información y orientación a quienes lo necesiten.

La Audiencia de Álava ha condenado a un hombre por la comisión de nueve delitos que suman 46 años de prisión. Son dos delitos continuados de agresión sexual a menores, uno de agresión sexual a menores en grado de tentativa, dos continuados de hacer presenciar actos de carácter sexual, uno continuado de utilización de menores para elaboración de material pornográfico y tres de prostitución de menores. El condenado, nacido en 1998 y que podría llegar a cumplir un máximo de 25 años en prisión, se encuentra, según recoge la sentencia, en situación irregular en España. Además de abonar las costas, deberá indemnizar a las víctimas en concepto de responsabilidad civil con unas cantidades que suman 42.000 euros.

La sentencia, datada el 12 de febrero y firmada por los magistrados Jesús Poncela, Silvia Víñez y Ana Jesús Zulueta, que ha sido la ponente, recoge como hechos probados que el condenado estuvo, al menos desde enero de 2023, relacionándose con menores de edad en las inmediaciones del campo de fútbol de un colegio de Vitoria. “El procesado pretendía ganarse la confianza de algunos de los menores para poder mantener relacion sexuales con ellos”, señala. Los menores con los que con mayor asiduidad se veía tenían entonces 14, 11 y 10 años.

Se quedó con ellos a solas “con el propósito de obtener satisfacción sexual” y, además de practicarles tocamientos, los violó y utilizó a algunos de ellos para grabar los hechos. En un teléfono móvil incautado al procesado, se encontraron imágenes de los actos. El condenado engañaba también a los menores con subterfugios para que lo acompañasen a su domicilio, donde en alguna ocasión les ofreció dinero a cambio de actos sexuales. En una ocasión, uno de los menores se zafó y huyó hacia su casa, tras lo cual el procesado lo persiguió sin darle alcance. La madre del menor interpuso una denuncia por estos hechos.

La sentencia sostiene que el condenado “presenta un cuadro compatible con un trastorno parafílico (tastorno de pedofilia)”, si bien no ha sido “filiada ni diagnosticada al no haber solicitado seguimiento psicológico alguno en el pasado ni en la actualidad”. “Sus facultades cognitivas y volitivas en el momento de la comisión de los hechos se encontraban conservadas en grado suficiente como para entender y querer sus comportamientos, conociendo y comprendiendo la moralidad de los mismos”, matiza.

La Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión para el exjugador del RCD Espanyol Álvaro Aguado, al que acusa de agredir sexualmente a una trabajadora del club en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024. El Ministerio Pública reclama al futbolista una indemnización de 65.000 para la víctima por el daño moral causado y las secuelas psicológicas.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, adelantado por EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, Aguado, agredió a la empleada del club en el lavabo masculino de la discoteca Opium de Barcelona pese a que la denunciante se hallaba en “estado de shock” y mareada, le pidió que “parase” y que “no quería tener relaciones sexuales”.

Tras agredirla sexualmente, ahonda la fiscal, Aguado “cejó en su actitud, volvió a vestirse” y le dijo a la denunciante “tú no me conoces y yo a ti tampoco, ¿vale?”, tras lo que abandonaron el baño.

Los hechos se remontan al pasado 23 de junio de 2024, cuando un grupo de trabajadores del club organizó una fiesta privada para celebrar el ascenso del Espanyol en una discoteca de Barcelona. La trabajadora presentó la denuncia unos meses más tarde, lo que ha impedido recoger las grabaciones del local.

La discoteca Opium no activó los protocolos previstos ante posibles agresiones sexuales ocurridas en el establecimiento, dado que la denunciante no comunicó lo sucedido al personal del local esa misma noche. Cuando el caso se hizo público, el Espanyol tampoco activó ningún protocolo.

No obstante, la Fiscalía da credibilidad a la denuncia de la trabajadora del Espanyol y reclama nueve años de cárcel a Aguado, actualmente sin equipo, por un delito de agresión sexual, además de la prohibición de aproximación a 1.000 metros de la denunciante durante ocho años más a los que sea eventualmente condenado.

Según destacó la magistrada en su auto de procesamiento, la víctima “se ha mostrado sincera al relatar los hechos vividos”, pese a tener flashes de lo ocurrido durante la noche y admitir tener “recuerdos puntuales”, tal y como ocurre a veces con las denunciantes de delitos sexuales.

La declaración de la denunciante, agregó la magistrada, “ha sido corroborada parcialmente por testigos”, al menos en cuanto a los momentos posteriores y anteriores a lo ocurrido en el baño. Destaca la magistrada la existencia de whatsapps inmediatamente posteriores a los hechos que reflejan el “estado anímico” de la denunciante.

El informe forense, agregó la jueza, también constituye un “indicio suficiente” para procesar a Aguado por agresión sexual y “avala” la versión de la denunciante. Por su lado, Aguado, en su declaración judicial, admitió haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante, si bien matizó que fueron consentidas. Según su versión, fue la empleada del club la que “se abalanzó” sobre él, y agregó que fueron al baño porque “no se encontraba bien”.

El tribunal de instancia de Valladolid, sección Instrucción, plaza 6, ha procesado a un médico por delitos de agresión sexual y contra la intimidad cometidos contra ocho víctimas y ha mantenido al investigado en prisión provisional sin fianza, han informado a EFE fuentes del TSJCyL.

El juzgado, que ha dictado el auto de procesamiento por hechos que ocurrieron en el sanatorio privado Sagrado Corazón en siete casos y en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid en otro, mantiene además las medidas cautelares acordadas en marzo de 2025.

Esas medidas abarcan la prohibición de aproximación a las víctimas y de ejercer como médico o facultativo sanitario en centro público o privado, así como el ejercicio de su profesión en consulta privada.

El Juzgado establece que el acusado preste 32.000 euros de fianza para asegurar provisionalmente las cantidades que pudieran llegar a imponerse en concepto de responsabilidad civil. Mantiene la prisión provisional para el investigado ante el riesgo de fuga, teniendo en cuenta la elevada pena que puede corresponderle por los delitos de agresión sexual y por los delitos contra la intimidad.

La Policía Nacional arrestó al médico el 21 de marzo de 2025 en Burgos por un delito de agresión sexual, tras ser denunciado por una paciente a la que realizó tocamientos y grabaciones con su teléfono móvil en la consulta donde prestaba servicio en Valladolid, según explicaron fuentes policiales tras el arresto.

Posteriormente, siete víctimas más plantearon denuncias por hechos similares en Valladolid, mientras otras mujeres las presentaron en Burgos, donde se ocupará de su caso el juzgado que corresponda.

Tras su detención y con la autorización judicial correspondiente, fue practicado un registro de su domicilio en Burgos donde se intervinieron seis teléfonos móviles, dos discos duros, tres tablets, seis tarjetas de memoria, cinco ordenadores portátiles, dos cámaras de fotos, dos minicámaras y tres pendrives, precisaron fuentes policiales.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a 15 años de prisión a un acusado de agredir sexualmente de manera continuada a su nieto de 4 años de edad. Los abusos se prolongaron hasta que el menor alcanzó la edad de 6 años.

La sentencia impone, además, 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena, la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante 16 años, la inhabilitación para cualquier actividad que implique contacto con menores durante 20 años, así como el pago de una indemnización de 20.000 euros por daño moral.

Los hechos tuvieron lugar entre 2003 y 2005 en el domicilio familiar, donde el acusado aprovechó su relación de parentesco, convivencia y posición de superioridad para someter al menor a agresiones sexuales reiteradas, empleando la fuerza y actuando en situaciones de aislamiento y soledad en el domicilio que compartían, lo que generó en el menor una clara situación de indefensión.

En 2021 también presentó denuncia otra nieta del acusado que fue agredida sexualmente por su abuelo entre 1993 y 1996 en Colombia. La denuncia se archivó por estar los hechos prescritos. Durante el juicio prestaron declaración otros miembros de la familia, entre las que se encontraban dos hijas y una sobrina del acusado –una de ellas, madre del menor- que relataron al tribunal violaciones y agresiones sexuales sufridas cuando eran menores por parte del acusado.

El condenado, de origen colombiano, mantenía un clima de temor y silencio en su familia y había sido guerrillero y fabricante de armas. La conducta del condenado, según la sentencia, se caracteriza por un patrón prolongado de abuso sexual intrafamiliar. Destaca su uso de poder sobre los menores a los que sometía con fuerza sin que estos tuvieran opción de defenderse.  

El tribunal fundamenta la condena en la plena credibilidad del testimonio de la víctima, que considera coherente, persistente y verosímil, conforme a los criterios jurisprudenciales. Este testimonio se ve reforzado por corroboraciones periféricas, entre ellas las declaraciones de otros miembros del entorno familiar que describen un patrón similar de conducta, así como por un informe psicológico forense que acredita que la víctima sufre un trastorno de estrés postraumático compatible con los hechos.

La víctima declaró que no formuló denuncia hasta el año 2021 cuando, con ocasión de una terapia psicológica que estaba siguiendo por una depresión, surge la necesidad de afrontar un evento traumático que estaba condicionando su vida, del que siempre había tenido recuerdos. Por ello, decide hacer la revelación al núcleo familiar más cercano: su madre y el marido de su madre. Posteriormente, su madre trató el tema con sus hermanas y es entonces cuando surgen otros episodios que el acusado habría cometido con mujeres del entorno familiar.

La sentencia señala que se aprecia “en esta familia una suerte de pacto de silencio tácito que se mantuvo por el miedo que el acusado infundía a los miembros de la familia”. Incluso una de las mujeres que había sido víctima de agresiones manifestó durante el juicio que todos estos hechos “habían sido una verdad oculta en la familia por el miedo que tenían al acusado”.

La sentencia no es firme. Ha sido recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

La Ertzaintza investiga un intento de agresión sexual el pasado viernes en el estacionamiento del campus de Oñati de la Mondragon Unibertsitatea tras la denuncia de una mujer. Según ha podido confirmar este periódico, el suceso se produjo a última hora de la tarde cuando la víctima salió de la Universidad y se dirigió al parking para abandonar el lugar. Una vez allí, un hombre intentó atacarla, pero la mujer logró escapar con ayuda de otra persona que iba en su vehículo. Al poco tiempo de lo ocurrido, ese mismo viernes, la víctima interpuso una denuncia ante la Ertzaintza, que desde entonces se encuentra investigando lo ocurrido.

Desde la Universidad han convocado concentraciones de repulsa por lo ocurrido en todos sus campus este lunes a las 12.00 horas. A la concentración de la Facultad de Empresariales en campus de Oñati, donde tuvieron lugar los hechos, ha acudido el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha “condenado con la máxima firmeza” el intento de agresión sexual. “Ante cualquier forma de violencia y, por supuesto, la violencia sexual, es imprescindible una respuesta contundente”, ha destacado el consejero Pérez Iglesias, quien ha subrayado que “este tipo de hechos constituyen una vulneración inaceptable de los derechos fundamentales y un ataque directo a la libertad, dignidad e integridad física de quienes los sufren, incompatible con los valores que deben regir las instituciones académicas y, con carácter general, nuestra sociedad”.

Asimismo, ha señalado que “la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, es una lacra con cuya eliminación deben comprometerse tanto las instituciones como el conjunto de la ciudadanía”. “Y en ese cometido, la universidad tiene una responsabilidad específica, la que atañe a la contribución en su propio ámbito a la igualdad real de derechos, oportunidades y reconocimientos de hombres y mujeres”, ha concluido el consejero que se ha concentrado junto a alumnos y trabajadores de la universidad tras una pancarta en la que se leía en euskera “Ninguna agresión sin respuesta. Estamos contigo”.

Del mismo modo, el pasado domingo cientos de personas denunciaron en la plaza de Oñati el intento de agresión, convocados por el grupo feminista Bargastak. “Ayer nos reunimos en la plaza de Oñati para decir alto y claro que no vamos a tolerar ninguna agresión en nuestro pueblo y nosotras lo tenemos claro, seguiremos luchando desde el feminismo hasta derribar este sistema”, han informado desde la asociación feminista a través de sus redes sociales en las que han compartido fotografías de la concentración con una pancarta en la que se leía en euskera la frase “Frente a la violencia machista, responsabilidad colectiva”.

El director francés Christophe Ruggia ha sido condenado este viernes a cinco años de cárcel, de los que solo deberá cumplir dos y podrá hacerlo en arresto domiciliario, por las agresiones sexuales cometidas contra la actriz Adèle Haenel cuando era menor.

Se trata de una condena algo superior a la dictada en primera instancia en febrero de 2025 por los mismos hechos. Esta consistía en cuatro años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento, pero inferior a la que había solicitado la Fiscalía, que reclamó tres años de prisión efectiva, en arresto domiciliario, para el realizador.

Ruggia, que en la actualidad tiene 61 años y que desde que en 2019 apareció la primera denuncia ha negado los hechos, tiene la posibilidad todavía de recurrir la sentencia al Tribunal Supremo.

La intérprete Adèle Haenel tenía entre 12 y 14 años cuando en 2002 participó en el rodaje de Les diables, de Ruggia, que le propuso acudir a su domicilio los sábados para mejorar su técnica interpretativa. Fue allí donde tuvieron lugar las agresiones sexuales, según la denunciante, que inició un caso que se ha convertido en uno de los emblemas del 'MeToo' en el cine francés y abrió la puerta a otras denuncias.

Entre ellas la presentada contra Gérard Depardieu, uno de los monstruos sagrados del cine francés, sentenciado en mayo de 2025 a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por agredir a dos trabajadoras durante un rodaje en 2021, la primera condena en contra de un actor que acumula numerosas denuncias.

Haenel, que abandonó la pantalla tras presentar la denuncia contra Ruggia, dejando tras de sí 34 títulos en cine y televisión, mostró su combatividad en 2020. Entonces abandonó de forma sonora la gala de entrega de los premios César del cine francés en protesta por el galardón otorgado a Roman Polanski, también acusado de abuso de menores.

Mar Bermúdez (Barcelona, 1998) fue agredida sexualmente por su jefe durante la cena de Navidad de la empresa en 2022. Lo mismo le pasó a otra trabajadora. Ambas eran periodistas en el digital El Principal y estaban bajo las órdenes de Saül Gordillo, quien fue exdirector de Catalunya Ràdio y a quien la justicia condenó a un año de cárcel por la agresión a Bermúdez. Luego, él mismo aceptó un año y medio de pena tras reconocerse culpable también en el segundo caso.

Pasaron casi tres años entre los hechos y las condenas. Tres años en los que las víctimas se vieron en el ojo de un huracán mediático que las hizo diana de críticas, dudas y cuestionamientos. Tres años durante los que parte del periodismo catalán se posicionó del lado del agresor, que todavía sigue colaborando con un medio digital a pesar de las quejas de sus trabajadores.

Ahora, Bermúdez siente que ha puesto “el punto y final” a la historia. Y lo ha hecho con el libro Els pecats d’una feminista (Ara llibres, 2026), en el que resignifica los siete pecados capitales desde una lectura feminista, siempre partiendo de su caso y su experiencia personal. “No me sentía legitimada para hacer un ensayo ni tampoco para hacer algo superbiográfico. Es una mezcla de ambas cosas porque lo que quería era que, al acabar de leerlo, tuvieras ganas de salir a quemarlo todo”, asegura la periodista, en una entrevista con elDiario.es.

Este libro, dice, es una manera de “recuperar el relato” y de explicar la historia desde sus vivencias. Algo que ya empezó a hacer durante el proceso judicial. Aunque las dos denunciantes, al principio, decidieron mantenerse en el anonimato para protegerse, llegó un momento en el que Bermúdez apostó por dar la cara.

“La primera vez que me tocó ir a los juzgados, me sacaron por la puerta de atrás, para que nadie me viera. Todo muy peliculero. Y, de repente, llego a casa, pongo la tele y le veo a él. Y me entró mucha rabia. Era él el que se tenía que esconder, no yo”, explica. A los pocos días, aprovechando su declaración en el juicio, Bermúdez se plantó ante los medios y afirmó: “la vergüenza tiene que cambiar de bando”.

En ese momento, una de las víctimas de este caso tan mediático pasaba a tener rostro, nombre y apellidos. Y eso la exponía. “Pero me daba igual. Ya tenía poco que perder. Me habían hecho tanto daño y de forma tan injusta que pensé que, si seguían, tendrían que hacérmelo a la cara y yo podría, por fin, defenderme”, relata.

Rememorando aquellas jornadas le viene a los labios, una y otra vez, la ira. No el concepto, sino el pecado. De los siete que hay, dice, ese es su favorito. “Es algo que nos han quitado a las mujeres, para anularnos. Pero siento que la rabia es lo que nos activa”, explica. Aunque sea el que más le gusta, la ira no es el pecado con el que empieza su libro. “No podía ser otro que la lujuria”, expone.

Perder la culpa y recuperar el cuerpo

La noche de los hechos, Bermúdez tenía 23 años, 27 menos que su agresor. A ella la tocó, “sin su consentimiento”, en diversas ocasiones, y con una intención “sexual explícita”, según la sentencia. Pocas horas más tarde, Gordillo se ofreció a llevar a otra compañera a casa en su coche, donde le practicó sexo oral sin consentimiento, aprovechando que “no tenía capacidad de reacción ni movimiento” debido a la “ingesta de alcohol y benzodiacepinas”, tal como apunta el fallo del segundo caso.

Si bien de esta agresión no hubo testigos, Mar Bermúdez sí contó con la declaración favorable de sus compañeros, que estaban en la discoteca esa noche y a quienes acudió para explicarles lo sucedido. Y también había cámaras de seguridad. Los vídeos, que iban a ser usados como prueba en el juicio, salieron de los juzgados y llegaron a manos de muchos periodistas.

“Ninguno los publicó, pero muchos, muchísimos, hablaron de ellos. Los habían visto y emitían su juicio”, explica Bermúdez, que contó que, durante esos meses, se publicaron 50 artículos de opinión sobre su caso. 28 de ellos eran favorables a su agresor. “Me dio mucho miedo que las imágenes llegaran a todas las redacciones de Catalunya”, apunta la joven.

Algunos calificaron los vídeos de “excelentes” y los consideraron prueba de “la construcción de una difamación”. Otros especularon sobre “la intención de la muchacha” y escribieron que quería “destruir al periodista” después de un “flirteo” en el que ella “hacía y se dejaba hacer tocamientos”. Esos vídeos fueron los mismos que vieron los magistrados, quienes en la sentencia apuntaron que “en las imágenes de la grabación de la cámara de seguridad, se aprecia claramente cómo Gordillo realiza tocamientos que tienen una connotación sexual explícita”.

El miedo a que esas imágenes salieran a la luz se convirtió en una “paranoia” que la llevaba a desconfiar de la gente. “Era terrible ir por la calle, ver a alguien y saber que, aunque no le conociera, él podría haber visto las imágenes de mi trauma”, relata. “Todavía hoy me da asco saber hay gente que vio esos vídeos y que tiene todavía en sus archivos de Whatsapp imágenes de la agresión, que es lo peor que me ha pasado en la vida”.

Aunque los vídeos no se publicaran, la conversación que suscitaron alteraron mucho a la joven periodista, que por aquel entonces ya se consideraba feminista. Lo suficiente como para saber que las víctimas no tienen la culpa. “Pero todo cambió cuando me pasó a mí y la gente empezó a dudar de mi versión. No tenía sentido, pero sentía que había sido culpa mía”, dice Bermúdez. “Todo el mundo hablaba de esos vídeos. Muchos medios me juzgaron a mí y mi manera de hablar, de bailar y de moverme. Y claro, te cuestionas”, explica.

La culpa llegó tan lejos que la afectó incluso en sus clases de baile, una actividad que no se pierde “aunque se acabe el mundo”. “Como se había juzgado concretamente cómo bailaba, en clase empecé a preguntarme si me estaba sexualizando demasiado. Si estaba haciendo mal bailando así”, relata. Tan profundo fue el efecto, que Bermúdez tardó dos años en poder volver a pisar una discoteca.

El sexo también se volvió un territorio vetado. La joven dejó de confiar, de saberse relacionar con nadie y de soportar el contacto físico. “Pensé que ya estaba, que mi vida sexual se acababa ahí. Pero eso no fue verdad. Se sale de todo, de esto también”, asegura la periodista.

Después de mucha terapia --“y de que me repitieran 200 veces que no estaba loca”-- Bermúdez recuperó la calma y la seguridad. Eso la ha llevado a entender su sexualidad de manera diferente, a saber que lo que ella haga no la convierte en culpable porque “nadie, absolutamente nadie, agrede sin querer”, insiste.

Es desde ahí que ha resignificado el pecado de la lujuria, dejando atrás el mantra de que la víctima se lo estaba buscando. “Ya no es que nosotras seamos lujuriosas, sino que ellos son agresores. No nos perdone, señor, que seguiremos pecando”, apunta en el libro. A partir de esa premisa, Bermúdez repasa todos los pecados que se atribuyen a las malas mujeres y les da la vuelta para hacer de la soberbia, dignidad; pasar de la ira a la rabia; o convertir la envidia en solidaridad.

A través de ellos, la joven va tejiendo un viaje que va desde la noche de la agresión hasta su recuperación, pasando por la terapia, el acompañamiento de los suyos y las dudas del proceso judicial. A ello dedica buena parte del capítulo sobre la avaricia, en el que desgrana el paso a paso de una denuncia y el coste -emocional y económico- de denunciar. “Cuando tomé la decisión, era más ingenua que ahora. Era de las que repetía que había que denunciar siempre y, aunque no me arrepiento de haberlo hecho, ahora matizo esa afirmación”, cuenta.

Cuando se planteó denunciar, no se imaginaba lo que vendría. La angustia cada vez que su abogada le llamaba o la exposición pública. Ella tomó la decisión porque no quería echarse atrás y ver, al cabo de unos años, que salía otra víctima. “No quiero decir que la responsabilidad de que un agresor pare sea de su víctima, pero no me lo hubiera perdonado”, cuenta.

Ella se presenta como una privilegiada (“joven, blanca, de Barcelona, sin problemas económicos y con apoyo familiar y red de amistades”) que pudo denunciar. Y, aunque asegura que muchas no pueden, también apunta que el proceso judicial contra su jefe fue el “principio de algo”. Su caso, junto a las denuncias públicas de las cómicas Charlie Pee y Ana Polo contra quien fue su superior, el periodista de Catalunya Ràdio Quim Morales, pusieron las bases de un Metoo del periodismo catalán.

De momento, el de Gordillo es el único caso que ha llegado a los tribunales -sumándole el de Morales, quien ha llevado a Charlie Pee ante la justicia. Con todo, han sido pocas las mujeres que hicieron públicas sus experiencias usando nombres -ya fueran los suyos o los de sus agresores. “Es un sector pequeño y los agresores son secretos a voces. Todas conocemos quiénes son y también intuimos quiénes son sus víctimas. Por eso, es normal que no se denuncien”, sostiene.

Pero eso no quita que Bermúdez considere que ese Metoo que no llegó a despegar haya tenido su efecto. “Creo que muchas mujeres trabajan diferente porque tuvieron la oportunidad de hablar con sus compañeros. Y creo que los agresores igual se lo piensan dos veces porque ese miedo de ser el siguiente en ser denunciado se está instaurando”, reflexiona.

Ella dio la cara y dijo el nombre de su agresor en alto en su momento. Pero ahora, ese nombre no sale en el libro que acaba de publicar. “Es mi reparación y él aquí no saldrá. No es suyo, es algo que es solo mío y ahora, por fin, puedo decidir yo”, remacha.

Alfonso Villares, exconselleiro do Mar de la Xunta que dimitió tras ser imputado como presunto autor de una agresión sexual -denuncia que el juzgado archivó- ha convocado a los medios de comunicación a una comparecencia sin preguntas para anunciar que pide reincorporarse al PP y reclamar a los partidos de la oposición que se disculpen con él. No respondió a los intentos de la prensa de saber si tenía alguna oferta del presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, para volver a la Xunta, pero sí aprovechó para felicitar a su madre en su 93 cumpleaños y pedirle a su hijo que lo haga también.

El juzgado de Ferrol en el que recayó el caso tras perder Villares -con su renuncia a todos los cargos públicos en junio de 2025- la condición de aforado tardó apenas seis meses en manifestar que entendía que no debía procesarse al exconselleiro. La decisión la confirmó en abril de este año la Audiencia Provincial de A Coruña. Los argumentos dados fueron que la investigación realizada fue “amplia y minuciosa” y la jueza instructora no había apreciado “indicios bastantes” para seguir adelante con la causa, un criterio que apoyó el Ministerio Fiscal.

Tras conocerse estos pronunciamientos judiciales, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había vuelto a abrir la puerta a recuperar a Villares para la política. La decisión, dijo el pasado lunes, dependía solo del exconselleiro. La reacción de Rueda tras conocer la denuncia -supo de ella en febrero, según contó él mismo- fue mantener a Villares en el cargo, a la espera de que se le comunicase si estaba siendo investigado por la Justicia. Fue entonces, cuando se confirmó su imputación, cuando dimitió, en junio de 2025. Su despedida, acusado de una agresión sexual, fue un aplauso de sus compañeros y un abrazo del propio Rueda.

Este jueves, en una sorprendente e infrecuente convocatoria, Villares habló ante la prensa en un hotel compostelano cercano a la sede del PP gallego. Avanzó solo un primer paso en lo que dijo que es su “vuelta a la normalidad” en su vida privada y profesional, que es esa solicitud de reingreso en el partido en el que había militado entre 1995 y 2025. Ante los medios se reivindicó recordando que dijo desde su dimisión que era inocente y que, ante la jueza, contestó a las preguntas de todas las partes. La Justicia, insistió, ya se ha pronunciado, en el sentido de que no debe ser procesado porque no se han encontrado “indicios bastantes” para ello.

Villares, que estos meses volvió a su puesto de veterinario en la Consellería de Medio Rural, también aprovechó para lamentar que su imagen pública fue “injustamente dañada” y exigir disculpas. “Hubo personas, señaladamente responsables políticos, que decidieron ignorar la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental. Que cargos públicos actúen con irresponsabilidad entraña un enorme peligro. Si un político se dedica a condenar sin juicio se quiebran las garantías de la sociedad y, ante esta falta de respeto a los principios democráticos más básicos, espero una reflexión y una disculpa”, dijo. No dedicó ningún comentario a la denunciante ni mencionó que la identidad de ella fue confirmada, el mismo día de su dimisión como conselleiro, por fuentes del Gobierno gallego.

El hombre del barrio del Raval de Barcelona acusado de liderar una red de pedofilia ha aceptado 83 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor en varias ocasiones en 2020, cuando la adolescente estaba bajo custodia de la Generalitat de Catalunya, y grabar las violaciones en vídeo y distribuirlas.

Ante la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este lunes una vista de conformidad en la que el acusado, que afronta otros dos juicios por su papel en la red de pedofilia, ha aceptado, en buena medida, la acusación de la Fiscalía, que inicialmente pedía 107 años de cárcel para él.

El acusado, que tenía 40 años cuando conoció a la menor en 2020 a través de una aplicación, se aprovechó de la vulnerabilidad de la niña para agredirla sexualmente en varias ocasiones y grabar las violaciones. Lo hizo “guiado en todo momento por un ánimo lascivo”, según el escrito de acusación de la Fiscalía que este lunes el procesado ha admitido.

El hombre aprovechaba las fugas de la niña del centro de menores donde permanecía tutelada por la Generalitat para, con la excusa de darle un techo, obligarla a mantener relaciones sexuales y grabarla. Esto ocurrió entre mayo de 2020 y octubre de 2021. 

Pero el acusado no se quedó aquí. El hombre tomó y almacenó medio centenar de fotos en las que la menor aparecía desnuda para hacerse pasar por ella en otras redes sociales y ofrecer así sus servicios sexuales.

El pedófilo “aprovechó las estancias de la menor en su domicilio para convencerla de que se dejase fotografiar y grabar en ropa interior, desnuda o sometiéndose a las prácticas sexuales que le imponía” para poder “exhibir y enviar” las grabaciones en redes sociales y plataformas de mensajería, destaca la sentencia de conformidad.

El caso de este pedófilo generó una crisis en el Govern y en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) porque los hechos ocurrieron cuando la menor estaba tutelada por la Generalitat de Catalunya. Los grupos parlamentarios del PSC, ERC y la CUP registraron el pasado mayo una propuesta de resolución conjunta para la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA desde 2011 y hasta la actualidad tras conocerse este caso, una reclamación que también habían hecho Junts y PP.

Desde la Generalitat también se anunció en ese momento que se había abierto un expediente informativo a la DGAIA para investigar qué actuaciones se llevaron a cabo cuando se detectó el caso. Asimismo, la consellera pidió también comparecer en el Parlament para comunicar las conclusiones del informe.

La Guardia Civil ha detenido en La Rioja a un depredador sexual buscado por las autoridades alemanas por seis delitos contra la nieta de la su pareja. El hombre de 67 años fue localizado oculto en una casilla de campo aislada en una zona rural de La Rioja. Sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Alemania por su presunta implicación en seis delitos de agresión sexual y lesiones.

La reclamación judicial se basa en unos hechos ocurridos en junio de 2024 en Alemania. Se investiga si el hombre de 67 años detenido en La Rioja cometió varios delitos de agresión sexual y lesiones contra la nieta de su pareja sentimental, una menor de diez años de edad. La investigación en España se inició hace varias semanas tras una comunicación de la Fiscalía de Traunstein (República Federal de Alemania). A través de los cauces de cooperación policial internacional alertó sobre la posible presencia del reclamado en territorio riojano, donde podría encontrarse oculto para eludir la acción de la justicia alemana.

A raíz de esta información, la Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja activó un dispositivo de investigación y búsqueda. Las gestiones realizadas permitieron localizar al sospechoso en una casilla de campo aislada situada en una zona rural de La Rioja Oriental, donde se había establecido para evitar ser detectado.

Dadas las dificultades de acceso al paraje y el riesgo de fuga, los agentes diseñaron un operativo específico para garantizar la seguridad de la intervención. En el dispositivo de Guardia Civil participaron efectivos del Equipo PEGASO, que emplearon drones para el control aéreo y la vigilancia de la zona, así como agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, encargados de ejecutar la entrada táctica en el inmueble.

El operativo culminó con la detención del reclamado sin incidentes. Durante el registro se hallaron dos teléfonos móviles y 33 DVD, efectos que fueron incautados y que serán analizados por la policía alemana por si pudiera incluir material pedófilo. Una vez instruidas las correspondientes diligencias, el detenido ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar su entrega a las autoridades de Alemania conforme al procedimiento establecido en la Orden Europea de Detención y Entrega.

El juez que investiga al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por una presunta agresión sexual a una subordinada ha acordado que se realice una valoración médica de los posibles daños psiquiátricos que pudo sufrir la inspectora que presentó la querella.

Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es en la que el titular de la Plaza 8 de la Sección de la Violencia sobre la Mujer, David Mamán, acuerda librar oficio al Punto Violeta situado en el Ayuntamiento de Rivas-Vacia Madrid para que remita el informe psicosocial elaborado con motivo de la asistencia realizada a la víctima por la psicóloga, la trabajadora social y la asesora jurídica.

Asimismo, acuerda que se solicite a la Clínica Salud Día de Rivas Centro que el médico psiquiatra que atendió a la querellante remita al juzgado el informe sobre la atención y tratamiento realizado a la misma. Y todo esto como paso previo a decidir si acuerda la citación de ambos profesionales para que declaren en la causa.

Cabe recordar que la representación legal de la presunta víctima, dirigida por el letrado Jorge Piedrafita, imputa al ex jefe policial delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. En la querella, la mujer explicaba que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hacía un prolijo relato de los hechos. Afirmaba que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025, el día de la agresión denunciada.

El pasado 18 de marzo ambos declararon ante el juez y fue entonces cuando la subordinada ratificó los hechos relatados en la querella. El propio exDAO en declaraciones a los medios a la salida de esa comparecencia negó los hechos y lamentó que le habían destrozado “la vida personal, familiar y profesional”.

Ante el juez, el comisario trató de defender que la agente había puesto en marcha una conspiración para perjudicarle y definió a la denunciante con una persona “celosa” e “histérica” que le había tendido una trampa. También afirmó que aquel 23 de abril solo hubo entre ambos “besos y abrazos” y que todo fue consentido.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 13 años y 6 meses de prisión a un acusado que el 8 de julio de 2023, en plenas fiestas de San Fermín, violó a una joven de 15 años en Pamplona tras amenazarla con una navaja en el cuello.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados imponen al inculpado la prohibición de comunicarse y acercarse a la denunciante a menos de 500 metros durante 16 años. Además, el procesado, de nacionalidad española, deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 9 años. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la joven con 25.000 euros por el daño moral. 

Los hechos ocurrieron en 2023, cuando el encausado, que tenía entonces 18 años, y la víctima convivían en un centro de menores. El 6 de julio, los dos, junto con otros compañeros del centro y algunos educadores, acudieron al Chupinazo de los Sanfermines. Ese día, según reza la resolución judicial, “tontearon” y “se liaron”, pero ella ya le advirtió entonces que “no quería mantener relaciones sexuales completas”. En compañía de otro joven que había estado en el centro hasta mayo, ambos volvieron a salir el día 8. Acudieron por la tarde a un concierto en la plaza de los Fueros. Entretanto, compraron una botella de pacharán, que se tomaron entre los dos chicos. Ella no bebió. 

En un momento dado, añade la sentencia, el acusado dijo que quería ir al baño. Ella le acompañó. Pasaron de largo la estación de autobuses, a donde ella creía que iban. Él dijo que habría mucha cola en los baños, y la llevó hacia las murallas, a una zona apartada. Allí, según recoge la sentencia, el inculpado le dijo que quería tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Él insistió. La tocó “por todo el cuerpo” y la agarró para que no se pudiera marchar. Sacó una navaja de la riñonera y se la colocó en el cuello a la adolescente. Le espetó que, si gritaba, se lo rajaba. Entonces, la violó. 

Cuando el encausado se marchó, la víctima se quedó allí un rato en estado de shock De regreso al centro, recibió un mensaje del inculpado en el que la amenazaba para que no contara lo ocurrido. En una de sus respuestas, la víctima le contestó: “Déjame en paz […]. Me has jodido la vida. Espero que te quedes Agusto [sic] después de lo que me has hecho”.

 El día 15, el condenado le escribió otra vez para indagar si había “contado algo” y volvió a amenazarla. El agresor se marchó del centro a principios del mes de agosto. En octubre, la víctima relató a su terapeuta la agresión sexual sufrida. Pusieron los hechos en conocimiento de la coordinadora del centro, quien los comunicó a la fiscalía e interpuso denuncia ante la Policía Foral. 

En el juicio, celebrado el 13 de marzo, la Fiscalía y la acusación particular solicitaron 14 años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años. La defensa, por su parte, reclamó la absolución. 

Los mensajes corroboran los hechos denunciados

La Sección Segunda de la Audiencia constata la existencia de dos versiones contradictorias respecto a los hechos objeto de enjuiciamiento, ante los cuales la única prueba directa es la declaración de la víctima. El tribunal considera que el testimonio de la denunciante reúne todos los requisitos que exige la jurisprudencia para servir como prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. “Esta declaración ha resultado plenamente convincente, ha declarado de forma precisa, concreta, creíble, coherente y sin contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus distintas partes”, remarca. 

Asimismo, agregan los magistrados, no se ha acreditado la existencia de móvil espurio, de resentimiento, venganza, enemistad o cualquier otro motivo ilegítimo que lleve a la adolescente a presentar denuncia. “Tampoco existe ningún dato que indique que tiene algún interés o propósito en perjudicar al procesado más allá del legítimo interés a que se le castigue por haber cometido un hecho delictivo y se le resarza por los perjuicios sufridos”, subrayan. 

La Audiencia destaca, por otra parte, las conclusiones del informe pericial, según las cuales la menor “padece una afectación o daño psicológico que corresponde a un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático compatible con el hecho denunciado”. Sin duda, concluye el tribunal, el elemento más relevante para la corroboración de los hechos radica en los mensajes enviados el 8 y 15 de julio por el encausado. En este sentido, la Sala considera que “la explicación más coherente y lógica para estos mensajes es la ofrecida por la denunciante, que es, además, la que se desprende de su propio tenor literal”.

El médico detenido en Gran Canaria por doce presuntas agresiones sexuales utilizaba con las mujeres que pasaban por su consulta la excusa de que tenía una clínica estética para hacerles una auscultación de pecho, lo que rápidamente derivaba en un “manoseo”.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º2 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó este miércoles su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) señala que, además del ingreso en prisión, la autoridad judicial ha acordado inhabilitarle cautelarmente para el ejercicio de la profesión médica, y ha dictado orden de alejamiento de las presuntas víctimas.

En el auto que dispone su ingreso en prisión preventiva, la jueza de Violencia contra la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria al cargo de la causa recoge el relato que hacen las doce denunciantes, cuyo testimonio converge en todos los casos en que el sospechoso acababa tocándoles los pechos y los glúteos, aunque hubieran acudido a su consulta por un dolor de garganta o para tramitar una baja laboral.

En cinco pasajes de la resolución, las denunciantes emplean la misma expresión para describir cómo terminaban las exploraciones que el detenido les hacía, con o sin permiso: “las estaba manoseando”.

La jueza explica, por ejemplo, que una de las pacientes le dijo al médico que se iba a operar el pecho en unos meses, a lo que este contestó “de forma inmediata que se quitase el sujetador y comenzó a hacerle una palpación, que no era normal”.

El relato de las testigos (pacientes, enfermeras y compañeras de guardia médica) coincide en otro punto: generalmente el detenido sacaba a colación el hecho de que también se dedicaba a la medicina estética para mostrarles en el móvil fotografías de pechos de mujeres e ir posteriormente a palpar a las pacientes.

Y lo hacía bien con la excusa de que las iba a auscultar por algún síntoma, de que les iba a enseñar cómo explorarse ellas mismas el pecho o de que no le gustaba el resultado de la operación estética que se habían hecho (si era el caso) y las ilustraba para denunciar.

El detenido era un médico que solía preguntar a sus pacientes por cuestiones personales, como si tenían pareja o si vivían solas, y que aplicaba cremas en los pechos y los glúteos sin guantes y de una forma inusual en un profesional sanitario, según recoge el auto.

A una paciente que receló de esa forma de poner cremas, explica la jueza, “la convenció (...) diciéndole que ella no se las puede poner, porque requiere una técnica especial y que solo las tiene él”.

A otra testigo la tuvo más de una hora en su despacho, “hasta el punto de que su madre tuvo que entrar a ver qué pasaba y enseguida terminó la consulta”, detalla el auto de ingreso en prisión.

Una paciente más describe que el detenido le hizo una exploración de pecho de forma convencional, profesional, con la enfermera delante. Sin embargo, en cuanto esta salió de la consulta, “le colocó la mano en la ingle y se quedó bloqueada”.

Los episodios que relata la jueza tuvieron lugar en centros de salud públicos, en varios casos en servicios de guardia. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha precisado que el detenido ya no trabaja para el Servicio Canario de Sanidad. 

Se trata del mismo médico que había sido ya detenido, pero puesto en libertad, el 3 de febrero pasado. Según se informó entonces, el hombre, presuntamente, se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer los hechos denunciados generando un estado de parálisis y confusión ante la situación en las víctimas.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el archivo de la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, por “falta de indicios”. De este modo, confirma el auto dictado el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, en el que determinó que no hay lugar al procesamiento del exconselleiro do Mar como autor de un delito de agresión sexual y dio por concluido el sumario. En concreto, la sala rechaza la solicitud de la acusación particular de devolver la causa al órgano instructor con la finalidad de que recibiese declaración a dos personas.

En el auto, los magistrados subrayan que la investigación ya practicada “ha sido amplia y minuciosa” y que, en base a ella, la jueza instructora “no ha apreciado indicios bastantes para procesar”, criterio compartido por el Ministerio Fiscal. “De lo actuado se desprende que se han practicado todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados, por lo que es procedente confirmar el auto de conclusión de sumario”, incide la Audiencia Provincial. En la resolución, los jueces explican que la controversia “no se sitúa en este caso en la necesidad de completar una investigación insuficientemente desarrollada, sino en la pretensión de obtener una nueva valoración incriminatoria de las actuaciones para alcanzar un resultado procesal que no ha sido considerado procedente ni por la instructora, tras una investigación detallada, ni por el Ministerio Fiscal”.

Además, la sala señala que las diligencias cuya práctica se interesa por parte de la acusación particular -la declaración de la conductora y la ayudante de la ambulancia- presentan “un carácter claramente periférico y prospectivo respecto del núcleo fáctico investigado”. Así, explica que el hecho de pretender que ambos “puedan erigirse en testigos directos aptos para establecer, conforme a su mera percepción y experiencia práctica, si la sintomatología que presentaba la denunciante resultaba compatible con un cuadro de sumisión química, carece de solidez lógica y procesal”.

A ello, añade que “no solo se trata de personas manifiestamente ajenas al núcleo del hecho investigado y desprovistas de cualificación pericial para efectuar una inferencia diagnóstica de esa naturaleza, sino que, además, tal hipótesis ya ha quedado contradicha por declaraciones testificales de médicos especialistas y por el resultado de análisis, exploraciones y pruebas clínicas exhaustivamente practicadas”. De esta forma, la Audiencia Provincial de A Coruña concluye que “postular ahora tales declaraciones como vía apta para sustentar un procesamiento no pasa de ser una conjetura carente de base objetiva”. Contra el auto cabe la presentación de recurso de súplica.

Dimisión como conselleiro

Alfonso Villares presentó su dimisión al frente del departamento autonómico de Mar en una comparecencia urgente convocada en San Caetano, la sede central del Gobierno gallego en junio del pasado año. Afirmó entonces que dimitía para poder “defenderse” en mejores condiciones ante una acusación de la que se declaró “totalmente inocente”.

El día siguiente a su dimisión, en el cual Marta Villaverde tomó posesión como nueva conselleira do Mar, Villares fue arropado en el acto por todo el Gobierno gallego con su presidente, Alfonso Rueda, al frente, con quien se abrazó. Allí, el titular del Ejecutivo autonómico deseó que “se haga justicia cuanto antes” con Villares para “poder recuperarlo para la vida pública”.

Ese mismo 5 de junio, Rueda reveló que conocía desde febrero la denuncia contra Villares. “En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice que hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes”, relató entonces en declaraciones a los medios.

La dimisión de Villares se produjo en junio tras notificación sobre su imputación por una supuesta agresión sexual.

La Audiencia Provincial de Logroño ha condenado a un hombre a seis años de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal cometido contra una joven que se encontraba en estado de intoxicación alcohólica, una circunstancia, según el Tribunal, que anulaba su capacidad de consentimiento. 

Los hechos ocurrieron durante unas fiestas en un pueblo de la Rioja Baja en agosto de 2023, cuando la víctima, tras consumir alcohol en exceso, fue trasladada a una vivienda en estado de fuerte embriaguez. El acusado, que se quedó a solas con ella, aprovechó su situación para agredirla sexualmente. La joven logró reaccionar en un momento dado y apartarlo. 

La sentencia se ha dictado de conformidad, después de que el acusado reconociera los hechos y aceptara la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, lo que ha evitado la celebración del juicio. 

Además de la pena de prisión, el condenado no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante un periodo superior en 10 años al de la condena, y quedará inhabilitado para trabajar con menores. También deberá cumplir una medida de libertad vigilada durante 10 años tras salir de prisión. 

El tribunal ha acordado que el condenado cumpla 3 años de prisión y que el resto de la condena sea sustituido por su expulsión del territorio nacional durante 10 años. 

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una pena de prisión de seis años por un delito de agresión sexual a menor de edad a un trabajador especializado en reparaciones domésticas por someter a tocamientos y otros actos de carácter sexual a una menor, de 15 años en el momento de los hechos, en una casa en la que habían contratado sus servicios.

El condenado no podrá acercarse a menos de 500 euros ni comunicarse por ningún medio informático, telemático, escrito, verbal o visual durante 10 años. Además, deberá indemnizar a la menor con 10.000 euros por los daños morales que sufrió a consecuencia de los hechos. 

La sentencia, que no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), establece la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del condenado del territorio nacional, cuando éste alcance el tercer grado penitenciario o la libertad condicional. 

Los hechos sucedieron durante la mañana del 7 de mayo de 2022, cuando el encausado acudió a un domicilio de Alicante en el que le había contratado para colocar unos espejos y reparar unos cables. En el domicilio se encontraba la hija de la dueña, de 15 años, con la que el manitas habría iniciado una conversación.

Según el relato de hechos probados que recoge la resolución judicial, el hombre realizó tocamientos en el pecho y en las nalgas y trató de besar a la chica sin su consentimiento. 

La víctima le rechazó y se fue al sofá para ver la televisión. El condenado repitió los hechos y llegó a introducir la mano bajo el pantalón de la niña y tocarle sus partes íntimas durante varios minutos. 

La adolescente le volvió entonces a rechazar y se refugió en una habitación de la casa, pero él la siguió, se echó sobre la cama, continuó con los tocamientos en sus partes íntimas y otros actos de tipo sexual para acabar masturbándose en su presencia.

A continuación, el ahora condenado abandonó el domicilio y le dijo: “La próxima vez que tu madre me llame, traeré condones”.  La progenitora de la víctima denunció los hechos poco después, en cuanto escuchó el relato de su hija, que sufrió una erosión en los genitales.

Durante el juicio oral, celebrado el pasado 2 de febrero en la Audiencia Provincial de Alicante, el entonces procesado negó los hechos e intentó atribuir la denuncia de la madre de la menor al desacuerdo con el precio del trabajo que le asignó, al disgusto de la menor al enterarse de que el hombre tenía pareja o al deseo de las denunciantes de obtener cierta documentación.

Sin embargo, la Sala descarta estos motivos por no considerarlos creíbles y entiende como acreditados los hechos relatados por la menor, cuya declaración define como “creíble” sin apreciar “en la forma de expresión del relato elementos que permitan sospechar de fabulación”.