El macrocontrato del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Barcelona, valorado en hasta 900 millones de euros y destinado a prestar cuidados en el hogar a personas mayores y dependientes, ya tiene vencedores provisionales. La propuesta de adjudicación, pendiente de ratificación definitiva y publicada en la plataforma de contratación de la Generalitat, reparte el servicio entre dos grandes empresas del sector: Serveo, la compañía controlada por el fondo de inversión Portobello y anteriormente integrada en Ferrovial; y Atende, la filial de servicios sociales de Clece (del grupo ACS, la constructora que preside Florentino Pérez).

Si la adjudicación definitiva responde a esta propuesta, supondría que por primera vez en 45 años la cooperativa catalana Suara, especializada en servicios sociales, se queda fuera de la atención domiciliaria que presta el consistorio gobernado por Jaume Collboni. La otra empresa que gestionaba hasta ahora el servicio era Servisar (de DomusVi).

De esta forma, el servicio de cuidados en el hogar barcelonés se quedaría sin la presencia de ninguna empresa o entidad del sector social catalán para los próximos años. La aparición de grandes firmas en este ámbito ya generó polémica en 2016, durante el primer mandato de Ada Colau, cuando filiales de ACS y Sacyr ganaron lotes del mismo servicio frente a la entidad ABD.

Desde Suara aseguran a elDiario.es que han recibido con “incredulidad” y “desconcierto” la noticia, puesto que en la última valoración de sus servicios una auditoria externa contratada por el consistorio les puso un 9,10 sobre 10.

La licitación actual del Ayuntamiento de Barcelona, que es para los próximos tres años, divide el contrato de los cuidados públicos a domicilio en cuatro lotes, en el que se agrupan los distritos. Son contratos que en su conjunto adjudicarán por un importe de 452 millones de euros, pero que al ser prorrogables hasta cinco años –y contando otros costes extra–, ascienden a un máximo de 923 millones.

Reparto por distritos

El primer y el segundo lote se los llevaría –a falta de resolución definitiva– Serveo. El primero es de los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí, por un importe de 113,375 millones, pese a que por puntos ganaba Atende (la filial de Clece), que se quedó fuera por tener una propuesta económica demasiado baja. El segundo de Serveo corresponde a Eixample, Sants-Montjuïc y Les Corts, por un importe de 105,396 millones de euros. En total, la empresa de multiservicios dirigida por Salvador Urquía se adjudica contratos por 218 millones en la ciudad.

Serveo facturó 1.800 millones en 2025, con un beneficio de 38 millones. En 2024, Ferrovial vendió su 24% de la empresa a Portobello, un fondo de inversión español con participación en empresas como Angulas Aguinaga, Ian Alimentación y Legálitas.

La propuesta de adjudicación del tercer y cuarto lote van para Atende, filial de servicios sociales de Clece, empresa multiservicios propiedad de ACS. Cuidará a las personas de los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Horta por 110,621 millones de euros y de las de Nou Barris y Sant Andreu por 118,734 millones de euros. El Grupo Clece facturó 2.000 millones en 2025.

El Servicio de Atención Domiciliaria atiende anualmente a unas 20.000 personas en la capital catalana. Además de Suara, Ohla y Servisar se han quedado fuera de la carrera.

Una de las novedades del contrato es que prevé subidas salariales del 8% en los primeros dos años y del 5% en los dos posteriores, hasta alcanzar una subida del 26% en 2029. El precio por hora previsto para la atención personal alcanzará los 35 euros en el tercer año, el de la limpieza cotidiana los 31,93 euros por hora, la limpieza en profundidad 25,67 euros y el mantenimiento básico 38,50 euros por hora.

Entre los costes totales previstos de 435 millones de euros en los tres primeros años, 379 son costes salariales, 15 son de funcionamiento, 15 más son gastos generales de gestión y 24 millones van destinados a los márgenes empresariales.

Suara defiende su modelo

La cooperativa Suara, que gestiona servicios parecidos en numerosos municipios (L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Rubí, Esplugues del Llobregat o Sant Adrià del Besòs), queda ahora pendiente de la revisión del expediente.

Mientras tanto, defienden la oferta presentada. “Respondía a un modelo de atención real, pensado para la persona, sólido e innovador, construido desde los valores de la economía social, sustentada en la experiencia acumulada, el conocimiento del servicio y el compromiso”, apuntan.

La mayor terraza ilegal de Barcelona, en la angosta calle Trinitat del barrio Gótico, ya ha desaparecido. El Ayuntamiento de Barcelona, que abrió un expediente sancionador al restaurante, acudió a finales de junio con un camión y retiró todas las mesas y sillas.

La terraza no contaba con ningún tipo de licencia, pero el restaurante, Avinyó 10, había dispuesto unas 20 mesas en el callejón el considerar que era un paso privado. Sin embargo, el Ayuntamiento ya les advirtió de que no podían y que les iban a expedientar.

No es la primera vez que el consistorio desmantela esta terraza. Ya ocurrió en 2022, ante las quejas de los vecinos, que acusaban al dueño (que tiene el otro restaurante de la calle) de privatizar el espacio.

“Los trámites van tan lentos que la sensación que da es que pagan las multas con la facturación”, advertían fuentes de la asociación de vecinos el pasado 18 de julio. Finalmente, el consistorió actuó y por ahora la calle permanece sin mesas en medio del paso.

Decenas de activistas y familias afectadas por la crisis de la vivienda han ocupado este martes el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona como protesta por la saturación de los alojamientos de emergencia para quienes sufren desahucios.

La acción se ha iniciado en la Plaza Sant Miquel y, poco después de las 10:00 horas, los manifestantes han irrumpido sin incidentes en el vestíbulo del edificio, ante la mirada de sorpresa de los trabajadores del consistorio y de los grupos municipales. Allí se han concentrado más de una cincuentena de personas que han reclamado a gritos una solución a la falta de pisos de emergencia.

La protesta, seguida de cerca por la Guardia Urbana, estaba convocada por la PAH, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC)

Justo pasadas las 10.15h, los representantes de las entidades se han reunido con Joan Ramon Riera, el comisionado de Vivienda del Ejecutivo municipal, que ha bajado al vestíbulo para conversar con los manifetantes. En ese encuentro, el representante político ha pedido a los sindicatos que, para poder cumplir con sus demandas, debían abandonar el vestíbulo del consistorio.

“Aquí trabaja gente”, les ha recordado. Pero la posición de los activistas ha sido tajante: “Nos quedamos”.

Finalmente los activistas se han podido reunir con Raquel Gil, responsable del área de Derechos Sociales. Tras más de una hora, han obtenido el compromiso del consistorio de abrir una negociación para atender a sus peticiones.

El problema con los alojamientos de emergencia lleva meses enquistado. Los sindicatos y entidades por la vivienda denuncian que el nuevo modelo de ayudas económicas para familias desalojadas, que el Gobierno del PSC ideó como alternativa al desborde de los alojamientos de emergencia, es insuficiente.

Delia Cerare, portavoz de la PAH, ha detallado los motivos de la protesta: “Hay muchas familias que han sido desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional, a pesar de que la ley contempla los desahucios con realojamientos previos por parte de la administración”, ha proclamado. Tenemos muchísimas familias en la calle, con niños, gente mayor, y sin alternativa habitacional de ningún tipo“, ha añadido.

Entre los manifestantes se encontraba Carmen Fargas, afectada directa. Fargas ocupa sin contrato, junto a su hijo de 13 años, un piso que pertenece a un fondo de inversión que quiere desalojarlos sin ofrecerles alternativa. “Lo máximo que nos pueden dar son tres días en un albergue con un menor”, ha explicado. Según su relato, en el Ayuntamiento le han dicho que se busque la vida, y al cobrar una renta garantizada sin nómina, nadie le alquila una habitación.

Los tres colectivos convocantes —PAH Barcelona, la COSHAC y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya— han hecho público un comunicado en el que atribuyen el problema con los alojamientos de emergencia a un cambio de modelo impulsado por el PSC desde su entrada en el Ayuntamiento, que según denuncian ha supuesto la reducción de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) y un empeoramiento de las condiciones para las familias afectadas.

Los sindicatos sostienen que los desahucios aumentan en Barcelona por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde 2013, mientras la inversión municipal en construcción de vivienda pública ha caído un 64,5% y la compra de vivienda por tanteo y retracto un 80%. Los sindicatos han presentado un pliego de diez exigencias al consistorio, entre las quales, declarar la emergencia habitacional o expropiar la vivienda vacía y de uso turístico en manos de grandes tenedores.

El ciclo electoral que se iniciará en 2027 no augura buenos resultados para Junts, que se hunde tanto en Catalunya como en Barcelona, tal como pronostican tanto el CEO como el Barómetro municipal, que se ha hecho público este viernes. En la capital catalana, los de Puigdemont se desploman y pasarían de ganar las elecciones a ser la última fuerza de derechas, por detrás de Aliança, Vox y PP en intención de voto.

Según el sondeo, Junts sucumbe a Aliança Catalana, formación que podría entrar con fuerza en el Ayuntamiento barcelonés, donde llegaría a escalar hasta la tercera posición. Así, Junts quedaría relegado a la penúltima fuerza, sólo por delante de la CUP, culminando una debacle de votos en Barcelona que se empezó a fraguar después de las elecciones de 2023.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que esta encuesta recoge intención directa de voto, no una estimación, como sí hacen otros sondeos como el CIS o el CEO. Es decir, refleja lo que los encuestados responden cuando se les pregunta qué votarían si hoy hubiera elecciones. La estimación de voto, en cambio, es un cálculo elaborado que corrige esas respuestas mediante distintos modelos estadísticos.

Por eso, la intención de voto debe leerse como una fotografía de las respuestas, no como una proyección del resultado electoral. Para entender la importancia de tener en cuenta la diferencia entre ambas modalidades sólo hace falta fijarse en el número de encuestados que aseguran que se abstendrán (menos del 10%), frente al 43,2% que finalmente no votó en las elecciones de 2023.

Aun así, este sondeo sí sirve para constatar el descenso de Junts, que podría llegar a perder el 80,75% de los votos y cosecharía los peores resultados de su historia (contando tanto CiU como Junts). La bajada en intención de voto a este partido se ha sostenido en el tiempo desde las pasadas elecciones. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Que la popularidad de Junts en Barcelona vaya tanto de la mano de Trias constata que el votante juntaire en la capital se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. En los últimos 10 años, el partido sólo ha cosechado buenos resultados cuando el cabeza de lista ha sido el exalcalde y, por eso, no es de extrañar que la militancia de Junts en Barcelona haya apostado por Jordi Martí Galbis para sustituirle.

Se trata del hijo político de Trias, que competía con candidatos más afines a Puigdemont que a la herencia convergent. Cabe destacar que esta edición del barómetro municipal fue realizada antes de las primarias, con lo que el efecto Galbis todavía no se puede leer. Se deberá esperar hasta la segunda ola de la encuesta, en diciembre de 2026, y que será la última antes de las elecciones municipales.

El PSC revalida y crece en intención

Junts no es el único partido de derecha que sale mal parado de este barómetro. Si los postconvergents pierden casi un punto, el partido xenófobo de Sílvia Orriols se deja seis décimas respecto al último sondeo. Por contra, crecen PP y Vox, lo que hace que el apoyo al bloque de la derecha se mantenga prácticamente intacto. En cambio, crece el apoyo a las formaciones de derecha en 3 puntos (gracias al descenso de los encuestados que declaran que se abstendrán).

Según la intención de voto, el PSC revalidaría la alcaldía y crecería 1 punto respecto a los comicios. Pero el gran beneficiado sería ERC, que se consolidaría en segunda posición, creciendo 4,3 puntos respecto a las elecciones y 3,3 desde el último barómetro. Todo ello, en contraste a los Comuns, que podrían llegar a perder el 60,5% de los apoyos (casi un 15% más de lo que auguraba el último barómetro).

Estos resultados complicarían la gobernabilidad de un posible segundo mandato de Collboni. Para el primero necesitó sumar el apoyo del PP al de ERC y Comuns para poder arrebatar la alcaldía a Trias. Pero, de cumplirse las previsiones del barómetro, aun sumando al popular Daniel Sirera (quien ya ha dicho que no repetirá la maniobra), el socialista tendría menos fuerza que en 2023.

Así, Collboni se enfrentaría a un segundo mandato en una minoría todavía más clara que la de esta legislatura, durante la cual todavía no ha sido capaz de aprobar presupuestos por la vía ordinaria.

La vivienda se mantiene como principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 31% de la ciudadanía (casi 3 puntos menos que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, se mantiene en segunda posición, aumenta y pasa del 25,2 al 26,3. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la inmigración, que se intercambia el quinto puesto con la limpieza.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que casi el 80% de los barceloneses se muestra a favor de prohibir los pisos turísticos y regular el precio del alquiler de los locales comerciales. También se apunta a que crece el apoyo a limitar el nombre de cruceros que hacen escala en Barcelona, una cuestión que cosecha el apoyo del 64,4% de los encuestados.

Los vecinos desalojados de 93 viviendas por el socavón en el barrio del Putxet de Barcelona no regresarán a sus casas al menos hasta el sábado, porque los técnicos necesitan tres días para taponar con hormigón el agujero aparecido este martes y confirmar que no habrá más incidencias a causa del paso de la tuneladora que construye la L9 del Metro.

Durante toda la mañana de este miércoles, los Bomberos han accedido a los locales y viviendas de las calles afectadas para revisar su estado e identificar posibles afectaciones causadas por el socavón, que es de unos 8 metros de diámetro y 4 de profundidad y que apareció en un patio interior de una manzana.

La hipótesis que baraja en estos momentos el Govern, a falta de confirmación definitiva, es que el desplazamiento de tierra fue sido provocado por la tuneladora que está llevando a cabo los trabajos de la L9 del metro.

“Estamos perforando a 40 metros de profundidad, pero cabe la posibilidad que este movimiento se haya trasladado hasta la superficie”, detalló este martes la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

La gran mayoría de afectados ha pasado la noche en casa de familiares, y una minoría ha acudido a hoteles pagados por sus seguros. Los vecinos más vulnerables, como las personas mayores, están siendo especialmente tratadas por los servicios municipales.

Aquellas personas que requieran una alternativa habitacional tienen a su disposición, a través de los servicios de emergencia social del Ayuntamiento de Barcelona, equipamientos sociales de emergencia e incluso habitaciones de hotel “el tiempo que sea necesario”, según expuso este martes el alcalde, Jaume Collboni.

A las 13:30 horas, Sara, de 72 años, espera el autobús que debe llevarla a casa desde Plaça de Catalunya, en Barcelona. Lo hace a pleno sol, con una temperatura que alcanza los 33 grados. “Ahora la sombra es para los turistas”, se lamenta la mujer.

Un pequeño cambio en la distribución de la parada de bus 1257 ha indignado a los vecinos. Hace más de un mes, los autobuses de la red de transporte público D50, N5, N6 y N7 tenían en Plaça de Catalunya una parada con marquesina. Pero ahora ese emplazamiento se lo ha quedado el Bus Turístico, y ha desplazado a los usuarios regulares a escasos metros, a una de esas paradas que es solo un poste, sin techo ni asientos.

“Deberían al menos poner algo de sombra, estamos quemados como una teja”, se lamenta Sara, que suele coger puntualmente el D50 para bajar al centro de compras. Igual de enfadada está Laura Molet, que trabaja por la zona y suele subir en bus hacia su casa, en el barrio de la Sagrada Família. “Es para favorecer a los guiris, me parece fatal”, sentencia.

El Ayuntamiento defiende la reubicación por razones operativas del Bus Turístico. Pero añade que la solución del poste es provisional, y que pronto se instalará también una marquesina para los usuarios de estas líneas urbanas.

En plena ola de calor, la mayoría de viajeros no aguanta esperando al sol. Sara busca la escasa sombra de una farola, que apenas la cubre. Laura, ventilador de bolsillo en mano, se esconde detrás del quiosco y va asomando para ver si aparece su bus. Y cuando este llega, aparecen viajeros que aguardaban, atentos, desde debajo de árboles y mobiliario urbano cercano.

La Asociación de Vecinos de la Dreta de l'Eixample considera que el cambio supone un ejemplo más de cómo se prioriza el turismo frente a las necesidades de los residentes.

“Las personas mayores, las personas con movilidad reducida, los trabajadores que utilizan el transporte público cada día y todos los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de la ciudad han visto cómo se les retiraba un servicio básico para ofrecer una mayor comodidad a unos visitantes que solo permanecerán en Barcelona durante unos días”, señala la entidad en un comunicado.

La entidad vecinal tuvo conocimiento del traslado de la parada a principios de junio y pocos días después trasladó su malestar a una Comisión Consultiva del Ayuntamiento.

Según explican, concedieron un plazo de diez días al concejal del distrito del Eixample para que les diera una explicación sobre la decisión. Al no obtener respuesta, presentaron una queja ante el Síndic de Greuges de Barcelona (el Defensor del pueblo) a finales de junio, donde el expediente sigue pendiente de resolución.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, defienden que era necesario recuperar las cuatro paradas del autobús turístico de plaza Catalunya “debido a la evolución de la demanda”.

Ese reajuste obligó a trasladar unos metros la parada del D50 y de las líneas N5, N6 y N7 hasta la esquina con la ronda de Sant Pere. El consistorio asegura que la nueva ubicación “no perjudica al autobús urbano convencional” y que, al situarse en el vértice de la plaza, evita interferencias y mejora su velocidad comercial.

Respecto a la ausencia de marquesina, que obliga a los usuarios a esperar al sol, sostienen que el actual poste es una solución temporal. “Como solución provisional se instaló un poste de parada, pero estamos trabajando en la instalación de una marquesina”, indican.

Desde Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) coinciden con el consistorio. Y añaden que colocar la marquesina requiere trabajos previos: “Para poderla instalar se ha de mover un metro el quiosco que se encuentra en este ámbito”, apuntan.

La reapertura de la parada del Bus Turístico en plaza Catalunya responde también al intento de recuperar viajeros tras la caída registrada en los últimos años. Según los últimos datos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), difundidos por la Cadena SER el pasado mes de abril, el servicio perdió un 36% de pasajeros entre 2019 y 2025.

De hecho, la directora de Producto de Turismo de Barcelona, Glòria Alarcón, aseguró en declaraciones a la Cadena SER que la desaparición de la parada de plaza Catalunya había sido “el principal motivo” de ese descenso de usuarios del Bus Turístico y que el objetivo era “recuperar parte del mercado perdido el año pasado”.

Barcelona ha concentrado en 30 días dos grandes acontecimientos que la han proyectado al mundo. Primero fue la visita de León XIV para coronar la Sagrada Família, y ahora toca el arranque del Tour de Francia, la mayor competición ciclista del planeta. No es la primera vez que la ciudad exhibe de esta forma su marca y probablemente no será la última, pero sí resulta novedoso que lo haga al mismo tiempo que proclama que no puede asumir más turistas. 

La concentración de estos dos espectáculos globales, en la previa de un verano que se prevé de nuevo de lleno turístico, hace que muchos se pregunten si tiene sentido, a día de hoy, promocionar la capital catalana. ¿Hay que destinar recursos públicos a posicionarla como destino turístico? ¿Cuántos y para qué tipo de visitantes? ¿Son los grandes eventos deportivos y culturales una forma de proyección de marca, o la expresión natural de una urbe como Barcelona? 

Lo dijo el propio alcalde, Jaume Collboni, en una reciente entrevista en La Vanguardia: “Barcelona no necesita promoción, lo que necesita es recuperar su reputación”. Para el edil, la inauguración de la Torre de Jesús y el Grand Départ son más bien dos chutes de confianza y autoestima para la ciudad, no campañas de promoción.

Pero aun así, cuestan dinero y atraen miradas y visitantes. La salida del Tour supone, sin contar el despliegue de seguridad y movilidad, 9,6 millones de euros para las arcas municipales, que es el contrato con la organizadora. Y prevé el desembarco de 850.000 aficionados en una sola jornada, el sábado, que es la etapa por el centro de la ciudad. 

Además, el Ayuntamiento de Barcelona nunca ha renunciado a las estrategias de promoción, más bien las ha ido modificando. Desde el consistorio y desde el consorcio Turismo de Barcelona defienden que hay que invertir para redibujar la marca de ciudad para que el turismo cultural, deportivo o los congresos ganen peso en detrimento del ocio. 

“Los barceloneses viven, por un lado, con ilusión participar en estos eventos, pero por el otro temen sus consecuencias”, advierte Miquel Borràs, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Para él, Catalunya no debe renunciar a acoger celebraciones internacionales, pero sí a concentrarlas siempre en Barcelona y a hacerlo gracias a aportaciones del presupuesto público. 

El gran ejemplo de ello, antes del Grand Départ, fue la Copa América de Vela, que Barcelona acogió en 2024 con la promesa de acelerar obras en el litoral, impulsar la economía marina y recuperar prestigio como ciudad. El precio, para todas las administraciones implicadas, fue de 70 millones de euros, sin contar las exenciones fiscales. 

Sobre estos eventos, las opiniones difieren. Mateu Hernández, director de Turismo de Barcelona, el consorcio público-privado creado en los 90 para situar la ciudad como destino turístico, niega que el acto de Sagrada Família o la acogida del Tour tengan un fin turístico. “La puesta de largo de la finalización de la Torre de Jesús no fue un evento para deslumbrar al mundo, es que la Sagrada Familia es una obra extraordinaria que por sí misma ya atrae todas las miradas”, argumenta.

En cuanto a los acontecimientos deportivos, también defiende que está en el ADN de Barcelona acogerlos, desde los Juegos Olímpicos a mundiales de atletismo, el París-Dakar o al propio Tour, que pasa por la ciudad por tercera cuarta vez en su historia. “La lista es enorme, y la última de las razones de ser de eventos como el Tour es el turístico”, apunta.

De modo opuesto lo ve Daniel Pardo, de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT), que lo considera “marketing de ciudad”. “Se trata de macroeventos turísticos por encima de cualquier otro adjetivo que les quieras colorar”, valora, y considera que el Gobierno municipal ha “intensificado” la política de apuesta por estas celebraciones. Como muestra de una de las más polémicas, menciona la exhibición de la Fórmula 1 en Passeig de Gràcia en 2024. 

Posicionarse vale dinero: ¿Es necesario?

Desde la llegada de Ada Colau a la alcaldía, y con Collboni después, el Ayuntamiento ha lanzado mensajes y ha sacado adelante políticas de contención del turismo. La regulación que limita la oferta hotelera en el centro desde hace años ha provocado, según el consistorio, que Barcelona se haya instalado en unas cifras más estables, que no dejan de ser de récord, en torno a los 16 millones de visitantes anuales. 

La promoción turística de la ciudad convive con los anuncios de que se suprimirán todos los pisos turísticos en 2028 y que se reducirán las terminales de cruceros previstas, de siete a cinco. Sin embargo, los activistas señalan otras medidas que sí van en la línea de crecer: la más repetida es la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, para pasar de su capacidad de 55 millones de viajeros al año a 70.

Desde Turisme de Barcelona, Hernández destaca que la promoción turística ha cambiado radicalmente en los últimos años, y que ya no tiene sentido vender atractivos de una ciudad que triunfa sola en redes sociales y las agencias online. Lo que sí alega es que no hay que dejar en manos de otros esta promoción, sino orientarla hacia los intereses actuales de la ciudad: cultura, deportes y congresos. 

“Si queremos que vengan por las exposiciones, museos, conciertos, festivales, gastronomía… el reto que tenemos de ahora en adelante es proyectar la imagen de ciudad cultural en sentido amplio”, constata Hernández. Para captar asistentes al Gran Teatre del Liceu, o al Museo Tàpies, o para convencer a la sociedad de cardiólogos de celebrar su convención en la Fira de Barcelona, hace falta promoción, concluye. 

A día de hoy, cuantificar cuánto dinero se destina a ello no es sencillo. El consorcio Barcelona Turisme, ente público-privado que preside Collboni y con peso municipal del 45%, destina unos 16 millones anuales. La mitad aproximadamente proceden del Ayuntamiento, mientras que el resto son de las cuotas empresariales y de su propia actividad, puesto que gestionan las oficinas y el bus turístico de la ciudad.

El resto queda difuminado entre las políticas de gestión del turismo del consistorio. Algo parecido ocurre en los últimos años con la tasa turística, que pagan por noche todos los visitantes, y que supone para las arcas municipales más de 100 millones anuales, la tercera mayor fuente de ingresos después del IBI y el impuesto a las plusvalías. 

El recargo municipal que aplica el Ayuntamiento, solo para Barcelona, va directo a la caja común, aunque Collboni defiende que lo usa para políticas concretas, como la climatización de escuelas. Pero lo que es el Impuesto a las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) lo gestiona la Generalitat. Devuelve el 50% a Barcelona y permite destinar un 25% a vivienda; el resto, a un fondo de fomento del turismo.

“Collboni va por los barrios diciendo que todo lo que a él le interesa se paga con la tasa turística”, se lamenta Borràs, de la FAVB. “Lo que necesitamos es más transparencia”, añade. Y defiende que el equivalente a lo que se recauda se debería destinar a paliar las consecuencias negativas del turismo: reforzar líneas de bus y metro, mejorar la seguridad y limpieza de algunos barrios, o incluso combatir la crisis de la vivienda, también condicionada por el turismo. 

Un estudio de la ABDT señalaba que, en los últimos diez años, el 90% de la tasa se dedicó a políticas de “crecimiento” del turismo. “Salvo algunas partidas para inspección de pisos turísticos, el resto iba a promoción”, afirma Pardo. “¿Mejorar las infraestructuras para acceder al Turó de la Rovira es mejora de los barrios o es promoción? Es cuestionable”.

El Ayuntamiento, sin embargo, defiende que el impuesto turístico les permite hoy financiar gastos asociados a los visitantes y que antes se sufragaban con dinero de los barceloneses. Por ejemplo, los Espacios de Gran Afluencia (EGA), los puntos más masificados (desde la Boqueria al Park Güell) y a los que destinan partidas para reforzar la limpieza, seguridad o la mejora de los comercios o el espacio público. 

A las puertas de un nuevo verano, Hernández lo tiene claro. “Perder el control de la promoción es un riesgo que existe, enorme, y debemos trabajar para impedirlo”, proclama. Borràs y Pardo, sin embargo, temen que este viraje hacia otro tipo de turismo no sea un juego de suma cero, sino que suponga más turistas. “Si esta promoción se pudiera hacer sin crecer, o logrando decrecer, nos parecería bien, pero lamentablemente nunca acaba siendo cierto”, concluye el presidente de la FAVB.

El Tour de Francia, la mayor competición ciclista del mundo, ha desembarcado este jueves en Barcelona. El Ayuntamiento le ha puesto la alfombra roja a los pies de la Sagrada Família para la presentación de sus 23 equipos, con un desfile de sus 184 ciclistas por la Avinguda Gaudí entre actuaciones musicales, de los castellers y un despliegue audiovisual que retransmite para 190 países distintos.

La puesta de largo de los equipos este jueves fue el paso previo al Grand Départ, el pistoletazo de salida de la competición francesa, que acoge por primera vez Barcelona y que será el sábado, 2 de julio. Ese día, la capital catalana pondrá patas arriba la movilidad urbana para acoger la primera etapa del Tour, una contrarreloj de 20 km que discurrirá por el interior de la ciudad.

El sábado será el día más complicado. El circuito, que ocupará buena parte de la ciudad, quedará completamente cerrado al tráfico durante la tarde. Las primeras afectaciones comenzarán a las 12h, aunque el corte total no llegará hasta las 13:30. El momento de máximas restricciones será entre las 16h y las 19:30h, durante la carrera, y se irán restableciendo a partir de las 20:30. De la misma manera, habrá cortes puntuales en diversos accesos de la ronda litoral.

El arranque de la etapa será en el Fórum. Tras entrar a la trama urbana por la Ronda Litoral, atravesará Sant Martí y el Eixample por calles como Mallorca, Aragó o Tarragona hasta acabar en Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Cerca de 900 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona tomarán parte en los dispositivos de movilidad y seguridad con una especial atención a la regulación del tráfico y la protección de los espacios con mayor afluencia.

Los que sí podrán cruzar la ciudad son los peatones, para quienes se han establecido tres pasos a nivel: dos estarán en Montjuïc (en l'Avinguda de l'Estadi y en el carrer del Foc) y el tercero en la calle de Sardenya con Valencia. Además, habrá otros 54 cajones de paso para peatones con una distancia máxima de cinco minutos entre sí. Y el Ayuntamiento recuerda que también se podrán usar algunas salidas de metro como puntos de paso. El Ayuntamiento ha asegurado que se reforzarán las frecuencias del metro, ya que los itinerarios del autobús se verán afectados por desvíos e interrupciones puntuales. Lo mismo que el tranvía, el Bicing o el Aerobús.

El domingo, las afectaciones serán, sobre todo, en el corredor litoral. La etapa, entre Tarragona y Barcelona, causará cortes de unas cinco horas en la N-340 y la C-31, así como restricciones de accesos en la C-32, la B-23 y la B-24. La Generalitat recomienda usar vías alternativas como la AP-7 y, de manera excepcional, el peaje de la C-32 será gratis entre las 11h y las 16h.

Esta etapa acaba también en la capital catalana; la entrada se hará por la carretera de Collblanc y continuará por Travessera de les Corts, calle de Sants y de Creu Coberta hasta la plaza de España. A partir de aquí, la actividad se centrará en Montjuïc, con afectaciones en vías como la avenida Paral·lel, el paseo de Montjuïc, la avenida Miramar o la carretera de Montjuïc. Se pasará dos veces por buena parte del recorrido de la montaña. Esta etapa se ha modificado a causa de la peste porcina, ya que inicialmente debía entrar por la Rabassada, procedente de Collserola.

El lunes, coincidiendo con la tercera etapa, entre Granollers y els Angles, las afectaciones se trasladarán al Vallès Oriental, Osona, Ripollès y la Cerdanya. Las principales restricciones se darán en la C-59, la C-17, la C-37, la C-25 y la N-260, con limitaciones puntuales de acceso en diversos puntos del Pirineo.

Un baño de masas en la Sagrada Familia

Antes, sin embargo, los corredores han podido darse un baño de masas este jueves con un paseo desde el recinto modernista del Hospital Sant Pau hasta la Sagrada Família, donde les esperaban en el escenario central para la foto inaugural.

Una actuación de la cantante Sílvia Pérez Cruz ha dado por iniciado el acto, que dirige el dramaturgo Martí Torras Mayineri, mientras los Castellers de Vilafranca levantaban sus torres en el Hospital de Sant Pau. La ceremonia, conducida por los periodistas Carlos de Andrés, Elisenda Pineda y Jordi Basté, ha contado también con la música de Doctor Prats y de la Always Drinking Marching Band, las acrobacias en bici de los artistas essica Arpin i Yldor Llach o la danza contemporania dirigida por la coreógrafa Fátima Campos.

El evento deportivo, cuya acogida ha costado al Ayuntamiento 9,6 millones de euros –por contrato con la organización, sin contar gastos de movilidad y seguridad–, supone también el desembarco de miles de aficionados a la ciudad. Para este jueves en Barcelona miles de personas, pero el sábado se prevé llegar a los 850.000. Además, cabe añadirle todo el personal que rodea el Tour, unos 4.500 profesionales entre corredores, organización, patrocinadores, médicos, caravanas de publicidad y prensa.

Primero fueron los pavimentos experimentales en la calle para comprobar si reducen el calor, y ahora es el turno de las azoteas. El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un plan piloto para evaluar distintos revestimientos de cubiertas de edificios, con diversos tipos de pintura y pigmentos reflectantes, para comprobar si consiguen no solo mejorar el confort térmico de los inmuebles, sino también reducir el efecto “isla de calor” en la calle. 

El ensayo, que se lleva a cabo desde la Oficina de Cambio Climático, conlleva pintar la azote de una escuela, el Institut Escola Tres Fonts del distrito de Les Corts, además de dos casetas de azotea. Barcelona sigue de esta forma la estela de ciudades como Nueva York, con el proyecto NYC CoolRoofs, o Los Ángeles, donde trabajan para extender las pinturas reflectantes en las cubiertas de edificios. 

La prueba en el Instituto Escuela Les Tres Fonts consiste en pintar los 150 m2 de cubierta del equipamiento con tres pinturas distintas. Una pintura blanca, una de terracota con pigmentos reflectantes, y una tercera simplemente de terracota, para hacer la comparación. “Aunque pintura blanca ”suele tener una reflectancia solar más elevada“, afirma el consistorio en un comunicado, la de terracota con pigmento permitiría mantener la estética de una cubierta tradicional con capacidad para reflejar la radiación solar. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha encargado a la empresa Vibrantz Technologies otra parte de la prueba: medir “con más precisión” el impacto del revestimiento de terracota con pigmento reflectante, en este caso con dos casetas de azotea como muestra. En el interior de ambas se colocará un aparato de aire acondicionado para mantenerlas a un máximo de 27 ºC, con lo que se podrá analizar cuánto consume cada una de ellas para lograrlo. 

“Esto permitirá determinar hasta qué punto los pigmentos reflectantes contribuyen a reducir la energía necesaria para refrigerar el edificio sin modificar su aspecto exterior”, valoran. 

Durante todo el verano, los técnicos del consistorio y de Vibrantz supervisarán la temperatura ambiental, la de la superficie, la humedad, la irradiancia solar, además del consumo eléctrico en las casetas. Con este monitoreo y visitas puntuales para tomar medidas, añaden, “se dispondrá de una base de datos más robusta para evaluar con precisión la eficacia de cada tecnología”. 

En el corazón del barrio de Vallcarca, en Barcelona, hay una plaza sin nombre. Lo que antes fue un solar abandonado, ahora es un espacio que bulle de vida. Los vecinos estuvieron años arreglándolo para hacer de él un lugar de encuentro y, aunque acabaron la remodelación en 2024, todavía no hay ninguna placa que la reconozca formalmente como una plaza y no figura en los mapas oficiales.

Cuando hubieron puesto la primera piedra, el barrio empezó a pensar cómo quería llamar a su plaza. La primera opción fue Plaça Farigola, en referencia a la escuela homónima que hay a unas pocas calles y que es el nombre por el que se refieren a ella los vecinos. También se pensó en Hilda Agostini, la maestra republicana que ejerció en ese colegio antes de exiliarse. O Uri Caballero, en homenaje al vecino, activista y guitarrista de Els Surfing Sirles, que murió hace 13 años.

Los vecinos aseguran que todos esos nombres fueron trasladados al Ayuntamiento, pero ninguno de ellos prosperó. Al final, la plaza se llamará Capitán Trueno. La decisión, tomada por unanimidad en la comisión de nomenclátor del Ayuntamiento de Barcelona, ha indignado al barrio que, aunque no tiene nada en contra del cómic de Víctor Mora, lamenta que se les haya impuesto un nombre que “desdibuja la identidad histórica de Vallcarca” y que no respeta “los referentes vinculados a su memoria”.

Por ello, la Federación de Entidades Amigas de Can Carol, (el centro cívico sito en la plaza) ha presentado una alegación formal contra el nombre de Capitán Trueno. Explican que esta plaza sólo existe gracias a la “organización y compromiso” de los vecinos que se unieron para construirla y lamentan que no se les haya tenido en cuenta a la hora de escoger un nombre. Además, afean haberse enterado de la decisión por la prensa.

En 2024, cuando se acabó la plaza, los vecinos propusieron las opciones que habían pensado. Ni Hilda Agostini ni Farigola podían ser, porque ya estaban asignadas a otras plazas o calles de la ciudad. La única que tenía números de salir adelante era Uri Caballero, pero los vecinos no llegaron a presentarla nunca como propuesta formal frente al consistorio. La cuestión cayó en un cajón durante casi dos años, hasta que el Capitán Trueno apareció en escena.

El nombre fue una propuesta del Grup d'Estudis Coll-Vallcarca, un colectivo de historiadores que lo sugirió para bautizar a una plaza sin nombre muy cercana a donde estuvo Bruguera, la editorial más reconocida del mundo del cómic y el sello que llevaban las viñetas de Víctor Mora. “La idea era para esa plaza, no para ningún otro sitio. Si el nombre se va a poner a la Plaça Farigola, no lo apoyaremos”. Así lo escribió el grupo de historiadores en un artículo publicado en L’Independent de Gràcia.

Desde el Ayuntamiento justifican la decisión como una manera de homenajear a Víctor Mora “bien fundamentada con criterios históricos, culturales y territoriales”. Además, insisten en que el autor fue un vecino de la zona que se tuvo que exiliar en Francia durante la dictadura y, desde allí, dio vida a uno de los personajes de cómic más populares en España. “Fue un símbolo de la lucha contra la represión de la dictadura que aportó un mensaje de libertad y justicia social”, apuntan desde el Ayuntamiento.

Los vecinos no niegan la importancia histórica de los tebeos e insisten que no les parece mala opción para una plaza o calle. “Es legítimo, pero no para aquí”, apuntan las entidades, que también afean al consistorio que el nombre sea “exclusivamente en castellano” y que haga referencia a un personaje de ficción “construido alrededor del modelo del heroísmo masculinizado”, lo que, apuntan, “no responde a los valores de memoria inclusiva y diversidad” del barrio.

Con todo, las entidades que rechazan la decisión del Ayuntamiento han pedido asistir a una de las reuniones del Nomenclátor para proponer sus opciones y para exigir que la elección final sea refrendada por el barrio (cosa que no suele ser habitual).

El Ayuntamiento no se ha pronunciado todavía sobre las alegaciones ni sobre esta petición, pero insisten en defender el nombre del Capitán Trueno recordando que ha sido validado por todos los órganos que prevé la normativa. Esta establece que para bautizar un espacio público se requiere el sí de la comisión de barrio, del distrito y de la Ponencia del Nomenclátor.

Todavía no está claro si queda camino para los vecinos que se oponen a tener una plaza con nombre de héroe de viñeta, pero lo que sí aseguran es que, independientemente de lo que ponga en la placa, para ellos ese espacio autogestionado será y seguirá siendo la Plaça Farigola.

La carrera hacia la alcaldía de Barcelona ya tiene a sus contendientes en el puesto de salida. Un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, prácticamente todos los partidos han confirmado a sus aspirantes a ocupar el puesto que hoy ostenta el socialista Jaume Collboni. 

El actual alcalde, que aspira a un segundo mandato —y al cuarto como edil del Ayuntamiento—, parte como favorito en una contienda en la que todos sus principales rivales se estrenan como cabezas de cartel. Gerardo Pisarello, por los Comuns, busca llenar el vacío de Ada Colau, un reto no menos complicado que el de Jordi Martí Galbís, sucesor de otro exalcalde, Xavier Trias, que llevó a Junts a la victoria en 2023. 

Una de las que lleva más tiempo labrándose su perfil de alcaldable es Elisenda Alamany, de ERC, concretamente desde que sustituyó a Ernest Maragall al frente de los republicanos en 2023. Por parte del PP, aunque no está confirmado oficialmente, se da por sentado que repetirá Daniel Sirera. 

En las filas de la extrema derecha, falta por ver si Vox buscará una alternativa a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien irrumpieron por primera vez en el consistorio. Son los únicos que no se han decidido todavía, después de que la otra formación ultra, la xenófoba Aliança Catalana, anunciara este viernes que su candidato es Jordi Aragonès. 

Collboni, a por su segundo mandato

Jaume Collboni afronta el tramo final de su primer mandato como alcalde convencido de que puede ganar por primera vez las elecciones, una victoria electoral que el PSC no celebra en Barcelona desde 2007. El concejal socialista logró finalmente la vara en 2023 en sus cuartos comicios como aspirante socialista, con el voto decisivo e in extremis —anunciado el mismo día de la investidura— de los Comuns y el PP. 

La falta de una mayoría clara ha marcado el mandato de Collboni, que no ha podido sacar adelante ningún presupuesto municipal de forma consensuada. Su principal aliado ha sido ERC. Con ellos llegó a cerrar un pacto de Gobierno que acabó naufragando, y ha mantenido acuerdos estables sobre rehabilitación de viviendas, la tasa turística o el catalán. 

Más allá de eso, Collboni ha sido capaz de pactar con Junts, en políticas de seguridad y civismo, y con los Comuns, en medidas para limitar el turismo. En su haber estará la finalización de las obras de la Rambla, el impulso al tranvía de la Diagonal, o el plan para climatizar escuelas. Pendiente queda la reforma de la reserva del 30% de nueva vivienda para protección oficial, que no pudo sacar adelante, y la promesa de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. 

Jordi Martí Galbís para mantener el tirón de Trias

El último de los candidatos en ser anunciado ha sido Jordi Martí Galbís, que fue escogido este domingo a través de unas primarias que le dieron el 40% de los votos. Con esta victoria, las bases del grupo municipal buscan mantener la herencia del exalcalde Trias, que devolvió a la vida a un Junts que estaba en horas muy bajas desde 2015.

Martí Galbís viene a recuperar ese tirón. Que no mantenerlo, puesto que cuando el exalcalde dejó la política tras el fiasco de 2023, la popularidad de Junts en las encuestas bajó en picado. La elección del alcaldable es un mensaje claro: las bases de Barcelona quieren el partido que representa Trias, ese que se parece más a Convergència que al Junts de Puigdemont y que se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista.

Las primarias han venido marcadas precisamente por este debate y los cuatro candidatos llegaron divididos por la influencia que debía tener el expresident. Mientras los contrincantes de Martí Galbís apostaban por mantenerse leales a la influencia de Puigdemont, este decidió desafiar su omnipotencia, llegando a asegurar que el grupo municipal debe ser “autónomo” y negando que el expresident tenga que meter mano en las listas.

Pisarello, el primer alcaldable migrante

Gerardo Pisarello tiene ante sí el reto de evitar que los Comuns se desmoronen electoralmente en la primera cita tras el adiós de Colau. El jurista argentino, que quiere ser “el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ganó las primarias a Bob Pop y dejó durante el proceso una de sus principales promesas electorales: hacer el metro gratuito, como Zohran Mamdani en Nueva York.

El argentino se encuentra ante el reto de sustituir a Colau, a quienes los suyos llegaron a definir como una “hiperlideresa” y a quien costó mucho encontrar relevo. No será una campaña fácil, puesto que se enfrenta con unas encuestas muy desfavorables que muestran el desgaste de dos legislaturas en el poder y de la pérdida de una cabeza de cartel imprescindible como llegó a ser la exalcaldesa.

Será esta la primera carrera electoral de Pisarello como alcaldable, después de diez años como escudero de candidatos de Barcelona, como Colau en 2015, y del Congreso de los Diputados, como Xavier Domènech o Jaume Asens. Aun así, siempre ha conservado tirón mediático y un perfil propio, por ejemplo con una buena conexión con el espacio soberanista catalán. Como número 2 en la lista ya cuenta con la concejal Carol Recio. 

Alamany, ante su gran oportunidad

Elisenda Alamany llegó a ERC en 2019, procedente de los Comuns, como un fichaje para reforzar a unos republicanos que, con Ernest Maragall, aspiraban a alcanzar la alcaldía. Se quedaron a las puertas, pero Alamany se mantuvo como número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente en las elecciones de 2023, convencida de que la retirada de Maragall le dejaría vía libre para ser candidata. Y esto fue lo que ocurrió pocos meses después. 

Alamany, artífice del pacto de Gobierno frustrado con Collboni, se ha labrado paralelamente la confianza de Oriol Junqueras, que la aupó a la secretaría general del partido. Como líder del grupo parlamentario republicano durante casi todo el mandato, puede sacar pecho de haber llegado a acuerdos con los socialistas para fomentar el catalán en la ciudad e impulsar la rehabilitación de viviendas degradadas. 

El aliado de Feijóo, Aragonès y la duda de Vox

No está confirmado oficialmente, pero nadie duda de que Daniel Sirera será el candidato del PP, como lo fue en 2023. Dentro de un partido que en Catalunya está liderado por Alejandro Fernández, un verso libre que en el pasado se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijóo, Sirera es todo lo contrario: el hombre de Feijóo en Barcelona, seleccionado directamente por él para los comicios de hace cuatro años. Su voto fue clave para que Collboni fuera investido alcalde, pero desde entonces se ha desmarcado totalmente del Gobierno municipal. 

El único partido que todavía no ha decidido a su candidato es Vox, que irrumpió en el consistorio barcelonés con Gonzalo de Oro-Pulido como alcaldable. No está nada claro que el edil vaya a repetir, y desde la formación ultra informan que un comité electoral desde Madrid decidirá sobre el candidato barcelonés, como hace con los demás.

Por último, Aliança Catalana, el partido xenófobo liderado por Sílvia Orriols, aspira a entrar con fuerza en el Ayuntamiento de la capital catalana. Lo hará con uno de sus pesos pesados en la formación, su ideólogo Jordi Aragonès.

La formación habría preferido una cara más mediática, pero después rechazos de figuras como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, han apostado sobre seguro. Finalmente, le darán una oportunidad al joven de 33 años que, además de ser primo del expresident Pere Aragonès es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, quien tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança.

Junts ha escogido a su hombre para intentar recuperar la alcaldía de Barcelona. Ese hombre es Jordi Martí Galbís (Barcelona, 1961), un abogado que lleva más de un cuarto de siglo en política y desde hace 16 como concejal en el Ayuntamiento. Así lo ha decidido la militancia de la formación, que ha celebrado primarias este fin de semana, cuyo resultado ha dado una victoria del 40,3% para Martí Galbís. 

Se trata del hijo político de Xavier Trias, con quien fue concejal de distrito y responsable del área de Territorio durante su mandato. Martí Galbís le sucedió cuando el exalcalde abandonó definitivamente la política, después de haber ganado las elecciones de 2023, pero haber sido desbancado por Collboni a raíz de un pacto que incluía los votos de ERC, Comuns y el PP.

Ahora encara el reto de intentar recuperar la alcaldía, pero también la hazaña no menor de sustituir a Trias. Su figura ha sido decisiva en los últimos años para el grupo municipal, que perdió mucha fuerza durante los años del procés, siendo que el votante de Junts en Barcelona se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. 

La caída ha sido constante desde las elecciones de 2015, cuando Ada Colau entró en el consistorio. Trias ya no se presentó a los siguientes comicios y, en su lugar, el cabeza de lista fue ocupado simbólicamente por el exconseller Joaquim Forn, entonces en prisión preventiva por los hechos del 1-O. Ese gesto no gustó al votante de Junts, que prefería la versión convergent y provocó que la formación se dejara casi la mitad de los votos en el camino. 

La bajada de apoyo se mantuvo en las encuestas hasta que el nombre de Trias volvió a resonar. Con 75 años, el exalcalde confirmó que regresaba a la arena y le exigía la revancha a Colau. La estrategia de esa campaña fue volver a los orígenes y desvincularse de Junts, hasta el punto de esconder las siglas y concursar bajo la firma de Trias per Barcelona.

La apuesta personalista y alejada de las referencias al partido funcionó. El exalcalde remontó la pérdida de votos y resultó ganador de las elecciones, aunque la decisión del PP de apoyar a Collboni para evitar que un partido independentista gobernara Barcelona dejó a Trias sin su reválida. 

La derrota no sentó bien al exalcalde, que abandonó el pleno de investidura con el ya mítico “Que us bombin” (Que os den) y dejó definitivamente la política ahora hace dos años. Y, de nuevo, sin Trias, los pronósticos del partido en la capital se derrumbaron. El último barómetro municipal (diciembre de 2025) apuntaba a que, de celebrarse en ese momento las elecciones, el grupo habría perdido el 75% de los votos respecto a los comicios de 2023. Eso habría supuesto el peor resultado de su historia.  

La pugna entre las pulsiones nacionalistas e ideológicas que sacude a Junts desde el fin del procés -y desde la irrupción con fuerza de la xenófoba Aliança Catalana- han llegado también a Barcelona. La contienda para elegir al nuevo alcaldable de Junts se ha disputado entre cuatro candidatos de distinto perfil: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas. 

En las primarias, a las que tenían derecho a voto los 628 militantes de la sección barecelonesa, han habido una participación del 67,24%. Jordi Martí Galbís se ha alzado con la victoria (40,3%), seguido de Calvo (29,3), Cuevillas (18,63%) y Freixa (11,15%).

Todos ellos han llegado a este fin de semana divididos por la influencia que debe tener el líder del partido, Carles Puigdemont, en la confección de la candidatura, y con distintos matices a la eventual política de pactos con el actual alcalde, Jaume Collboni. 

En este primer debate, la postura de Martí Galbís y Freixa es que el grupo municipal debe ser “soberano” para confeccionar su propia lista. Por otro lado están Cuevillas, exabogado del expresident, y Pilar Calvo, portavoz de Junts en el Congreso, que consideran que Puigdemont debe tener “todo el peso” en cualquier asunto del partido.

En esta línea, la elección de Martí supone toda una declaración de intenciones de las bases en Barcelona, que han decidido dejar atrás el puigdemontismo y la narrativa post-procés para volver a abrazar las formas que representaban las siglas de CiU. 

La larga sombra de Aliança

A la espera de ver cómo recibe el electorado la decisión de los militantes de Junts en Barcelona, lo que dejan claro las encuestas es que uno de los mayores retos que tendrá que afrontar el nuevo alcaldable es la pugna con una Aliança Catalana que amenaza con entrar con fuerza en el consistorio. 

Tanto, que el barómetro pronostica que la formación xenófoba, que el viernes presentó a Jordi Aragonès como su candidato, podría incluso llegar a superar a Junts y situarse como primera fuerza de derechas en Barcelona. El mismo Martí Galbís ha hecho referencia al partido xenófobo, aunque sin mencionar su nombre. “Ha habido partidos que nos han contraprogramado y han querido anunciar precisamente estos días a su candidato. Eso demuestra que somos referencia”, ha apuntado en la rueda de prensa en que se le ha presentado como alcaldable.

El centro del debate electoral, no sólo para la batalla entre Junts y Aliança, versará sobre dos temas: la vivienda y la inseguridad. Estas son las mayores preocupaciones de la ciudadanía y un ámbito en el que Aliança parece que se siente más cómoda. 

El partido xenófobo no asume contradicciones a la hora de rechazar la regularización extraordinaria ni en pedir abiertamente la expulsión masiva de migrantes, que los de Orriols han convertido en el chivo expiatorio de todo mal que achaque a la ciudadanía catalana. Para Junts -que si bien endurecido su postura para intentar frenar el goteo de votos hacia Aliança- este es un terreno algo más resbaladizo. 

Mientras Aragonès apuesta por expulsar a los migrantes para resolver el problema de la vivienda en Barcelona, Martí Galbís prefiere guardarse sus medidas. Por el momento, lo único que ha avanzado es que promoverá una gran reducción de la carga impositiva para comprar y construir, así como ayudas para el alquiler.

Con el anuncio del resultado de las primarias, casi todas las cartas de la partida en que se decidirá la próxima alcaldía de Barcelona, en 2027, están sobre la mesa. Martí Galbís ha sido de los últimos en sentarse a la mesa, donde le esperaban Jaume Collboni, que aspira a renovar la alcaldía; Elisenda Alamany por ERC; Gerardo Pisarello por los Comuns, el ya mencionado Jordi Aragonès por Aliança: y el casi seguro, aunque sin confirmar todavía, Daniel Sirera por el PP. 

Con todo, la única incógnita que resta es el nombre que disputará la contienda por Vox, un partido al que las encuestas le augura una pérdida de casi 1,5 puntos que le dejaría por debajo del mínimo de votos para poder tener un asiento en el pleno municipal. Así, con casi todos los contendientes decididos, empieza la carrera a las elecciones. Aunque se celebrarán en mayo, ninguno tiene tiempo que perder. Tal como ha apuntado el alcaldable de Junts, “la campaña empieza mañana mismo”.

Aliança Catalana ha tenido serios problemas para encontrar un candidato a la alcaldía de Barcelona. Tras llamar a la puerta de diversas caras conocidas, como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, y recibir una y otra vez un 'no' por respuesta, la formación xenófoba ha decidido tirar de banquillo y colocar al actual número dos e ideólogo del partido, Jordi Aragonès, como cabeza de lista en la capital.

El partido ultra sabe que se lo juega todo en las municipales del próximo año y que ha de presentar listas solo allí donde tenga candidatos competitivos y previsión de poder hacer buenos números. Pero Barcelona es diferente. La capital catalana es un símbolo y la única ciudad donde la política local juega en la liga de la nacional. Si Aliança quiere ser algo en el Parlament, no podía dejar desierta la carrera de Barcelona.

Así se ha acabado tomando la decisión de que sea Jordi Aragonès quien concurra por la capital. Pese a no ser una cara conocida por el gran público, este joven de 33 años es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, una de las personas que tienen la última palabra en todas las decisiones del partido.

En los círculos de la extrema derecha independentista se le considera el ideólogo y uno de los padres del crecimiento disparado de AC en las encuestas en los últimos dos años. En el último barómetro municipal de Barcelona la formación xenófoba se situaba en el cuarto puesto y lo más llamativo era que batían a Junts.

El candidato de Barcelona se ha trasladado recientemente a la capital, pero está afincado desde su nacimiento en Pineda de Mar (Maresme), municipio del que proviene su familia y que también comparte con su primo Pere Aragonès, expresident de la Generalitat.

El abuelo de ambos, Josep Aragonès, fue alcalde franquista del municipio y quien levantó la próspera cadena hotelera que ahora dirige el exjefe del Govern. El que fuera líder de ERC no tiene prácticamente relación con su primo y, dentro de su familia de derechas, siempre fue considerado una rara avis.

Ese mismo abuelo escribió una página de la historia política catalana al fundar, junto a políticos como Manuel Millán Mestre o Josep Maria Santacreu un partido denominado Reforma Democràtica de Catalunya, que se consideraba el núcleo de Manuel Fraga en Catalunya y que, poco después, acabaría integrado en Alianza Popular. 43 años más tarde Jordi Aragonès fundaría otro partido con el nombre de alianza, en este caso con el apellido de “catalana” y de orientación independentista y xenófoba.

Antes que eso, Jordi Aragonès había pasado por las juventudes de Unió, cantera de parte de las nuevas hornadas de líderes de extrema derecha catalanista. Licenciado en Historia y profesor de instituto en la localidad de Begur (Baix Empordà), el cerebro de Aliança es ultraliberal en postulados económicos y defiende, por ejemplo, reducir al mínimo el estado de bienestar o privatizar las pensiones.

Tampoco oculta que su proyecto pasa por deportaciones masivas de inmigrantes, a las que se refiere como “remigración”.

Este concepto es, en realidad, un eufemismo de la extrema derecha europea para hablar de deportación masiva, incluyendo a ciudadanos nacidos en Catalunya pero de origen extranjero. Aliança explica en su programa que debe expulsarse al conjunto de las personas sin regularizar, así como a todos los inmigrantes que hayan cometido delitos. Además, señalan con frecuencia que el crecimiento de la población catalana es un problema para la sostenibilidad de los servicios públicos.

Aliança estaba en plena campaña sobre la “remigración” hace un año cuando fue acusada por otros independentistas de que, si se aplicaran sus propuestas, se acabaría deportando a dos millones de catalanes. Una sentencia a la que el propio Aragonès contestó en tono afirmativo: “Y son cifras ciertamente conservadoras”. Este número de ciudadanos que el candidato quisiera fuera de Catalunya equivale al 25% de la población catalana.

Después de probar suerte con la plataforma Moviment Democràta Català, que formó en 2013 junto al exalcalde de Vic Josep Maria Vila d'Abadal, Aragonès fundó Aliança en 2020 junto a Orriols y unos cuantos escindidos del Front Nacional de Catalunya.

Su ideario es, según su propia definición, islamófobo. Con esa bandera conquistaron la alcaldía de Ripoll gracias a que la oposición, mayoritaria, no logró ponerse de acuerdo. De la localidad gerundense saltaron al panorama catalán en 2024, cuando lograron dos escaños en el Parlament. Su ascenso desde entonces ha sido imparable y las encuestas más optimistas auguran que podrían llegar a los 20 diputados.

Pero su gran reválida serán las elecciones municipales de mayo de 2027. Está en juego su consolidación, para lo que necesitarían entrar en un porcentaje relevante de ayuntamientos catalanes.

La estrategia del partido no es abarcar lo máximo posible, sino presentar listas solo en aquellos lugares que puedan tener éxito. Pero encontrar candidatos adecuados en decenas de municipios en los que Aliança aún no tiene estructura orgánica no está siendo tarea fácil y, por el momento, faltan conocerse las propuestas de las algunas de las mayores ciudades catalanas.

Postulando a Aragonès para Barcelona, Aliança pone un parche al fracaso de no haber encontrado una cara conocida que defienda sus siglas en la capital. A cambio, saca al terreno de juego a una de las figuras con más proyección del partido, pero que hasta ahora había trabajado entre bambalinas. En los últimos días, Aragonès ya ha tenido contactos con los círculos económicos de la ciudad con los que su partido aspira a conectar. Si lo conseguirá o no está aún por ver.

Después de meses de sondear diversos nombres, Aliança Catalana ya ha presentado a su candidato para la alcaldía de Barcelona. Se trata de Jordi Aragonès, uno de los ideólogos de la formación xenófoba e independentista, miembro desde su creación y uno de los pesos pesados del partido. La formación cierra así un proceso de búsqueda que ha sido largo y, aunque en inicio buscaban caras más mediáticas, han acabado apostando por uno de sus ideólogos.

El anuncio se ha hecho este viernes en el Born, un yacimiento de la Barcelona de 1714 que fue un importantísimo lugar de peregrinaje del independentismo durante el procés. Desde que esas brasas se apagaron, se ha convertido en un espacio de debate alejado de los tintes políticos. Pero ahora Sílvia Orriols ha querido avivar ese fuego concentrando a los suyos en este simbólico enclave.

Bajo el lema 'Salvem Barcelona', el acto ha empezado media hora tarde y con una entrada triunfal de la líder del partido, Sílvia Orriols, que ha sido recibida entre aplausos, con el público de pie y con una nota de color inesperada: a ritmo de Lay All Your Love On Me, de ABBA.

“No necesitamos a nadie mediático, sino a alguien valiente que aplique medidas correctivas que puedan revivir a Barcelona”, ha expresado Orriols, que ha hablado antes que Aragonès. Con un tono de voz más alterado de lo que es costumbre, la líder xenófoba ha arengado a los suyos con un breve discurso en el que ha dejado claro su objetivo: “el Estado libre, seguro, próspero y occidental que nos merecemos”.

Con una cadencia mucho más calmada ha tomado la palabra el ya oficial candidato a la alcaldía de Barcelona. Ha dedicado su discurso a reivindicar el pasado “glorioso” de Catalunya, un faro de una “europa civilizada” que ahora, considera, se ha visto “mancillada”. Por eso, ha reivindicado la Barcelona “de Carlomagno” y ha asegurado que debe ser “capital de toda la Mediterránea”.

En esta línea apuesta por fortalecer vínculos las ciudades que están bañadas por el mismo mar. Ahora bien, Aragonès sólo ha mencionado a Francia, Italia y Grecia y ha descuidado toda país que quede al este y en el norte de África.

Aragonès ha tirado de sus conocimientos de historia para detectar los principales problemas de Barcelona: la vivienda y la inseguridad. Los culpables: la migración, el socialismo, las “políticas woke” y la “sumisión a España”. El candidato se ha dedicado a dar cifras para justificar su tesis: que las personas migradas que llegan a Barcelona cada año quitan los pocos alquileres que hay, lo que causa que casi medio millón de pesonas vivan “hacinadas” debido a las malas políticas de la vivienda. Todo ello causa “un conflicto social que nos devuelve al pistolerismo”.

Por eso, asegura, su objetivo es mejorar la cuestión de la vivienda, pero sólo “para los catalanes de raíz y de verdad”, una afirmación que ha despertado los vítores de los asistentes.

El acto ha acabado, no con preguntas del público sino de los periodistas, un colectivo que ha sido “vilipendiado por los militantes de Aliança Catalana”, tal como ha reconocido Eduard Berraondo, jefe de prensa del partido. El también periodista ha querido “romper una lanza” a favor del gremio y ha inaugurado “una rueda de prensa”, pero que se ha realizado ante todos los militantes. Los periodistas, al intervenir, han sido iluminados con los focos y acribillados por parte de los fotógrafos. En vista de ello, sólo ha habido dos preguntas.

La disputa con Junts

Con el anuncio de la candidatura de Aragonès, se cierra un proceso difícil para el partido, que intentó suerte con otras caras visibles como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró. Ante la negativa de ambos, Aliança se ha decantado por un perfil mucho menos conocido pero de importancia en la formación. 

Jordi Aragonès, que es primo del expresident Pere Aragonès, es un joven de 33 años que, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança. Han escogido para Barcelona una de las figuras con más proyección de entre sus filas, aunque hasta ahora siempre había trabajado fuera del foco mediático. De hecho, ya fue el número dos por Barcelona en las elecciones al Parlament de 2024, pero el partido no obtuvo ningún escaño en esa circuscripción.

Con este nombre se va completando ya el puzzle de los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Hasta ahora se conocen los cabezas de lista del PSC, con un Jaume Collboni que buscará revalidar el cargo; los Comuns con Gerardo Pisarello al frente; ERC, que apuesta por Elisenda Alamany; y un PP en el que se da por supuesta la continuidad de Daniel Sirera. 

Así, sólo faltan los candidatos de Vox y de Junts, que celebra primarias este fin de semana y que dará a conocer a su candidato o candidata este domingo. Quien salga escogido de entre las filas juntaires se las tendrá que ver de cerca con Aragonès: las encuestas dan un resultado parecido a ambas formaciones, pero con una ligera ventaja a Aliança Catalana, que no sólo irrumpiría con impulso en el consistorio, sino que, además, se podría llegar a convertir en la primera fuerza de derecha en Barcelona. 

Así lo pronostica el último barómetro municipal, una encuesta de intención de voto que augura una importante pérdida de votos para Junts, que perdería el 75% de los apoyos y cosecharía los peores números de su historia (contando tanto CiU como Junts). El barómetro apunta a que Junts podría perder 10 puntos, de los cuales 4 serían cosechados por Aliança. 

Tal como ha reconocido el conductor del acto, el partido en Barcelona “no tiene nada que rascar”, pero Aliança no ha querido dejar pasar la oportunidad de ocupar unos asientos en el bastión que es la capital catalana. Allí, el partido xenófobo cuenta con 346 militantes registrados, que ascienden a 416 en el conjunto de la comarca. De ahí, que las 150 sillas que se habían dispuesto para el acto no hayan llegado ni a llenarse.

Aliança apuesta por ciudades medianas

El 23 de abril, día de Sant Jordi, patrón de Catalunya, Aliança tenía pensado anunciar diversos de sus candidatos, incluido el de Barcelona, que finalmente llegaría dos meses tarde. Pero ese día sí se reveló el nombre de otros seis cabezas de lista, casi todo en ciudades medianas donde la formación cuenta con encuestas favorables. 

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. 

Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, sumando el nombre de Aragonès, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

Después de esa jornada, se sucedió un degoteo de anuncios como el de Xavier Capelles, exfundador de Societat Civil Catalana para Manresa, o Joana Berrio, presidena de la Asociación Cultural Sabadell e Israel para la cocapital del Vallès Occidental.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes como podría ser el caso de Barcelona y disputarse a una buena parte del electorado que ha acabado, o bien desencantada con los líderes independentistas, o bien cautivada por los discursos securitistas i xenófobos.

La ofensiva del Ayuntamiento de Barcelona contra las terrazas ilegales dejó una imagen insólita en 2022. Mientras varios turistas comían en unas mesas instaladas sin licencia en la calle Trinitat, en el céntrico barrio Gòtic, unos operarios municipales irrumpieron en la vía y retiraron el mobiliario ante la sorpresa de los comensales.

Cuatro años después, la considerada como la mayor terraza ilegal de Barcelona ha reaparecido. Los dueños del restaurante, el Avinyó 10, han vuelto a plantar en el angosto callejón las 20 mesas que dificultan el paso. Según adelantó La Vanguardia y han comprobado este diario, el establecimiento sigue sin contar con licencia para ello. 

Fuentes del distrito de Ciutat Vella aseguran que recientemente llevaron a cabo una inspección, constataron la falta de licencia y han abierto un procedimiento sancionador. “Este puede derivar en la retirada de la terraza”, precisan las fuentes municipales. 

Lo que exaspera a los vecinos es que hace años ya se abrió un expediente contra el mismo local, que culminó con el desmantelamiento de las mesas. “Debería ser el mismo expediente de la vez anterior y no tener que volver a empezar el procedimiento”, reclaman fuentes de la Associació de Veïns de Gòtic, incrédulos con que no se haya con mayor contundencia. 

La particularidad de esta terraza es que está ubicada en un callejón sin salida, un estrecho pasaje que incluso se cierra por las noches. Su única salida da a la calle Avinyó, una de las más transitadas del barrio Gòtic. Dentro de la calle no hay ningún portal que dé acceso a viviendas, solamente dos restaurantes –ambos del mismo dueño– y la salida trasera de la iglesia de Sant Jaumne. 

“Se han privatizado la calle”, resumen desde la Asociación de Vecinos del Gòtic. Ya el año pasado, añaden, intentaron reabrir la terraza en días puntuales. Pero este 2026 la tienen ya a diario, mañana, tarde y noche. “Los trámites van tan lentos que la sensación que da es que pagan las multas con la facturación”, añaden.

Este jueves a las 12:00 horas, las mesas ya estaban dispuestas a la espera de comensales, la gran mayoría turistas. Dentro del establecimiento, uno de los encargados ha atendido a elDiario.es y no ha desmentido que estén operando sin licencia. Simplemente se ha limitado a afirmar que no tienen quejas de vecinos. “No hay vecinos, aquí son todo pisos turísticos”, ha declarado.

El encargado ha descrito el callejón como “una calle de uso privado”, puesto que la pueden cerrar con una verja, y ha dejado claro que su intención es mantener la terraza. A falta de más detalles, este diario ha contactado por correo con el dueño, pero no ha obtenido por ahora respuesta. 

La extensión irregular de las terrazas es un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento desde hace años. Las infracciones más habituales suelen ser la instalación de más mesas de las permitidas, o su ubicación en lugares no validados. Lo que no es tan común es que un restaurante ponga sin autorización una veintena de mesas en la calle. 

Hace un año, en verano de 2025, el consistorio informó de que en los seis meses anteriores había detectado infracciones en 129 terrazas solo en Ciutat Vella. 17 de ellas directamente no tenían licencia. 

Barcelona va camino de triplicar la tasa que pagan los cruceristas que hacen escala en la ciudad, es decir, los que pasan menos de 12 horas de visita en la capital catalana. PSC, ERC y Comuns, que tienen mayoría en el Parlament de Catalunya, han llegado a un acuerdo para incrementar de 8 a 24 euros el límite del recargo municipal máximo que pueden imponer los ayuntamientos a los cruceristas. 

Si al recargo de 24 euros se le suman los seis euros del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) que recauda la Generalitat, la conocida como tasa turística, lo que pagaría cada crucerista podría ascender a 30 euros. 

La demanda de subir esta tasa nace del Ayuntamiento de Barcelona, donde ya existe la entente entre las tres fuerzas de izquierdas para aprobarlo de cara a 2027 (aunque habrá que negociar cómo). A pesar de la voluntad de eliminar terminales de cruceros en el futuro, la cifra de estos visitantes no para de crecer y en 2025 alcanzó un nuevo récord: 3,99 millones de pasajeros que atracaron en la ciudad. 

El alcalde Jaume Collboni anunció en mayo en una entrevista en el diario Ara que tenía intención de triplicar la tasa a los cruceristas que hacen escala en la ciudad, un perfil de turistas que defiende que hay que reducir para evitar la masificación. 

Unas semanas después, los Comuns anunciaron este lunes que iban a registrar una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2026 –acordados por el Govern de Illa con ellos y ERC– para incluir el aumento de este umbral impositivo. Finalmente, la enmienda se ha acordado con ERC y con el PSC, que también tienen intención de avalar este miércoles en la comisión de Economía del Ayuntamiento la subida hasta los 24 euros. 

Los Comuns piden a Collboni que se aplique “cuanto antes mejor” el incremento del recargo, en palabras de su portavoz en el Parlament, David Cid, pero antes habrá que negociar si se aplica de golpe o de forma progresiva, como se decidió con el aumento de la tasa turística en la ciudad. Sea como sea, no será posible antes de 2027, puesto que la medida se debe incluir en unas nuevas ordenanzas fiscales. 

Desde ERC, este lunes anunciaron también su intención de aumentar el recargo y añadieron que con su recaudación, que añadiría 20 millones a las arcas municipales, podrían bonificar en un 50% los comedores escolares de todos los barceloneses. 

El Gobierno municipal ha enmarcado el aumento de la fiscalidad dentro de la otra gran medida con la que buscan reducir los cruceristas, que es la eliminación de siete a cinco las terminales previstas en la ciudad en 2030. “Esta iniciativa la siguen otras ciudades portuarias como Venecia o Dubrovnik, que es la necesidad de tener más control sobre la actividad de cruceros dentro de la ciudad”, ha manifestado Jordi Valls, teniente de alcaldía de Barcelona, en una comparecencia en el Parlament.

Barcelona quiere subir significativamente la tasa que pagan los cruceristas que están de paso en la ciudad. Al menos así lo manifiestan los Comuns y ERC, que prevén aprobar sendas iniciativas en el Ayuntamiento con el apoyo del PSC para que el Parlament permita subir el gravamen hasta los 24 euros al día para estos cruceristas que hacen escala en la ciudad.

Ambas iniciativas se debatirán en la comisión de Economía que se celebra este miércoles en el consistorio, y saldrán aprobadas con la mayoría de votos que ostentan las fuerzas progresistas. El siguiente paso sería acudir con esta propuesta al Parlament, competente en esta materia –igual que en la tasa turística– para que lo modifique. 

Actualmente, los cruceristas, una cifra que no para de crecer pese a los límites anunciados a este sector para los próximos años, pagan un máximo de 5 euros por jornada, a los que se suman 6 de la citada tasa turística. Si la propuesta lanzada por Comuns y ERC, y que cuenta con el apoyo del PSC, se lleva a cabo, el recargo municipal subiría a 24 euros (a los que se añadirían los 6 de la tasa).

Barcelona en Comú, además, ha anunciado una enmienda a la Ley de Acompañamiento de Presupuestos del Parlament para que se incluya esta recarga. “El alcalde nos dice que la ciudad está masificada, y estamos de acuerdo, pero pacta con Junts el Plan de Usos en Ciutat Vella que refuerza los comercios dirigidos a los turistas”, ha criticado la concejal de los Comuns Carol Recio. 

Hoy los cruceristas de paso suponen el 45% del total“, ha recordado Jordi Castellana, concejal de ERC, en referencia al peso que tienen los viajeros que hacen escala por un día en la ciudad. ”Subir el recargo supondría incrementar ingresos de 20 millones anuales“, ha afirmado. ERC propone destinar ese diner a bonificar el 50% del coste del comedor escolar para todos los alumnos de la capital catalana. 

La salida del Tour de Francia desde Barcelona el próximo sábado 4 de julio provocará el desembarco de decenas de miles de aficionados al ciclismo en la ciudad y obligará a adoptar importantes restricciones de la movilidad durante ese fin de semana y también el jueves anterior, durante la presentación de los equipos entre el hospital de Sant Pau y la Sagrada Familia.

El Ayuntamiento de Barcelona calcula que en los tres días podría haber unos 850.000 espectadores en las calles de la ciudad para seguir a los ciclistas: hasta 80.000 para la presentación de los equipos, unos 600.000 en la primera etapa de contrarreloj por dentro de la capital catalana y unos 170.000 en la segunda etapa, entrando desde la comarca del Baix Llobregat.

Las zonas más afectadas por las restricciones, con el circuito ciclista prácticamente cerrado, serán el distrito de Sant Martí, con la zona litoral, la calle Josep Pla y la Rambla Guipúscoa; el Eixample, con la calle Aragó, la Sagrada Família y el Passeig de Gràcia; y la zona de Sants-Montjuïc, pasando por Creu Coberta, plaza España, el Paral·lel y prácticamente toda la montaña. Para desplazarse por las zonas afectadas, que quedarán prácticamente cerradas, se recomienda usar el metro.

El Grand Départ del Tour consistirá en una primera contrarreloj por equipos de unos 20 kilómetros entre el Fòrum y el Estadi Olímpic de Montjuïc, pasando por el Port Olímpic, la Rambla Guipúscoa, la Sagrada Familia, el Passeig de Gràcia y la plaza de España. La segunda etapa, domingo 5, comienza en Tarragona, entra en Barcelona por la carretera de Collblanc, pasa por el Paral·lel y vuelve a terminar en el Estadi. La tercera etapa, lunes 6, comienza en Granollers y se dirigirá hacia Francia pasando por Osona, el Ripollès y la Cerdanya.

Afectaciones generales a la movilidad

Dentro de la ciudad, el itinerario de la carrera estará totalmente cerrado al tráfico, lo que generará una barrera física que no se podrá atravesar fuera de los puntos habilitados. Esto comportará restricciones de acceso con vehículo privado a las zonas más próximas al recorrido, así como prohibiciones de estacionamiento en muchas calles desde días previos, debidamente señalizadas.

Cerca de 900 agentes de la Guardia Urbana tomarán parte en los dispositivos de movilidad y seguridad con una especial atención a la regulación del tráfico y la protección de los espacios con mayor afluencia. El transporte público se verá sometido a una elevada demanda y se producirán desvíos e interrupciones puntuales del servicio de autobús, así como afectaciones en metro, tranvía, Bicing y Aerobús.

Los responsables del Ayuntamiento recuerdan que el paso de la caravana del Tour no se limita a los ciclistas profesionales, sino que hay numerosos vehículos de la organización, de los equipos, ciclistas de categorías inferiores y vehículos publicitarios. Por ello, el itinerario estará cortados un tiempo antes del paso de los ciclistas que compiten. Tras su paso, se abrirán casi inmediatamente a los peatones, más tarde a los vehículos privados con algunas restricciones por el desmontaje y, finalmente, el lunes 6, ya debería estar la circulación totalmente normalizada.

El concejal de Deportes, David Escudé, ha explicado que la ciudad está preparada para organizar grandes acontecimientos, como se demostró la semana pasada con la visita del Papa. El coste directo del Grand Depart para las arcas municipales es de 9,6 millones de euros, según el acuerdo firmado por el consistorio con la empresa organizadora Amaury Sport Organisation (ASO). Más allá de eso, no se ha calculado el coste público del despliegue que lo rodea.

Presentación de equipos en la Sagrada Família

El 2 de julio, con la presentación de los 23 equipos, la afectación se centrará alrededor de la Sagrada Familia y la avenida de Gaudí, que quedará cortada al tráfico junto con las calles adyacentes. En este ámbito, se limitará el acceso a aparcamientos, se reorganizará el espacio público y la movilidad será principalmente a pie dentro del perímetro, con restricciones durante las horas centrales del acto.

Las afectaciones de tráfico comenzarán durante la noche del día 1 en la avenida de Gaudí con la colocación de las barreras de protección y con cortes de tráfico definitivos a partir de las 14.00 h. El acto central se desarrollará entre las 18.30 y las 20.00 h, y la reapertura será progresiva a partir de las 21.30 h.

Escudé no ha querido dar demasiados detalles de la presentación de los equipos, y cree que sorprenderá. No obstante, ha dicho que intentarán que no se parezca a otras presentaciones de equipos realizadas en otras ciudades y procurarán que sea un espectáculo “dinámico y con ritmo”. Así, los ciclistas saldrán de Sant Pau, bajarán por la avenida Gaudí y subirán a un escenario en la calle Marina justo delante de la torre más alta de la basílica.

Ese día el recinto modernista de Sant Pau y la basílica de la Sagrada Familia estarán cerrados para los visitantes. Además, los bares y restaurantes de la avenida de Gaudí no podrán tener terrazas en la calle. El consistorio está en conversaciones para valorar si los compensa económicamente por las pérdidas.

El 4 de julio, la etapa 1 del Tour, entraña el mayor reto de movilidad para la ciudad. La contrarreloj por equipos atravesará la ciudad desde el Parc del Fòrum hasta Montjuïc, afectando a algunos de los principales ejes viarios: la avenida del Litoral, calles como Bac de Roda, Llull y Josep Pla en Sant Martí, y avenidas del Eixample y Sant Martí como la rambla de Guipúscoa, la calle Aragó, el Passeig de Gràcia, Mallorca o Lepant. El recorrido continuará hacia la calle Tarragona, plaza de Espanya y Maria Cristina, hasta llegar a Montjuïc.

El 5 de julio, con la llegada de la segunda etapa desde Tarragona, de 168 km, la entrada se hará por la carretera de Collblanc y continuará por Travessera de les Corts, calle de Sants y de Creu Coberta hasta la plaza de España. A partir de aquí, la actividad se centrará en Montjuïc, con afectaciones en vías como la avenida Paral·lel, el paseo de Montjuïc, la avenida Miramar o la carretera de Montjuïc. Se pasará dos veces por buena parte del recorrido de la montaña. Esta etapa se ha modificado a causa de la peste porcina, ya que inicialmente debía entrar por la Rabassada, procedente de Collserola.

Para garantizar la movilidad de las personas, se habilitará una red de más de 50 puntos de paso para peatones a lo largo de todo el recorrido, debidamente señalizados y con personal de apoyo. Estos puntos se distribuirán de manera que siempre haya una opción de cruce a menos de 5 minutos a pie, aunque en momentos de carrera pueden quedar temporalmente regulados o cerrados. El dispositivo incorpora tanto pasos en superficie controlados como dos o tres puentes elevados temporales, que permiten el cruce seguro de los peatones sin interferir en el desarrollo de la carrera. Los pasos en superficie disponen de zonas de espera delimitadas y controladas, que permiten ordenar los flujos de personas y evitar acumulaciones en la calzada en los momentos de máxima afluencia.

El metro se convertirá en el principal medio de desplazamiento los días de celebración del Grand Départ del Tour de Francia. Cada uno de estos días TMB incrementará hasta un 40% más respecto a la oferta habitual, un refuerzo especialmente importante en las líneas 1 y 5. En el ámbito de afectaciones al metro, el día 2 de julio los trenes de la L2 no se detendrán en la estación de Sagrada Familia a partir del mediodía, debido a la afectación directa del acto de presentación de los equipos en los accesos de esta línea y por razones de seguridad. En cambio, la estación de Sagrada Familia de la L5 estará plenamente operativa y se incrementará la oferta con hasta 9 trenes más durante la tarde.

En cuanto al autobús, numerosas líneas quedarán afectadas y adaptarán su recorrido a las etapas y al acto de presentación de los equipos, y en concreto habrá 11 el día 4 de julio y 3 líneas el día 5 que quedarán sin servicio. El Trambesòs estará en obras desde el 3 de julio, y por tanto la afectación del Tour será inexistente. En cuanto al Trambaix, el domingo 5 podría sufrir afectaciones en el momento en que llegue la carrera a la zona.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado el fin de las bicicletas compartidas en la ciudad. El llamado bicisharing, ha señalado, acumula demasiadas quejas y sanciones por parte del Ayuntamiento, y además lo utilizan mayoritariamente solo los turistas. Por estas razones, ha alegado, no se renovarán las licencias cuando termine su vigencia a finales de 2026. 

Collboni lo ha anunciado en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Debemos proteger el espacio público y sobre todo la movilidad sostenible en bicicleta debe priorizar el residente”, ha expresado, y ha adelantado también que preparan para ello una ampliación del servicio municipal de Bicing. 

El bicisharing, las bicicletas que se cogen en la calle a través de apps de empresas privadas y se aparcan al final del trayecto, cuenta a día de hoy en Barcelona con 3.478 licencias que se reparten hasta siete empresas. El último concurso fue en 2024. Lo que no se eliminará sin embargo será el negocio de alquiler de bicicletas en establecimientos fijos.

Collboni ha señalado el uso turístico y las multas por mal uso como los dos principales motivos para retirarlas de la vía pública. Sobre esto último, ha advertido que desde enero de 2025 acumulan 5.400 sanciones, y la grúa municipal ha retirado 2.099 que estaban mal aparcadas, habitualmente sobre la acera.

“Las compañías han intentado poner orden, pero los resultados no han sido así. Ha habido un gran desbarajuste, y un mal uso”, ha insistido el alcalde.

Tras su caótica irrupción en Barcelona, como en tantas otras ciudades, cuando empezaron a proliferar estas bicis sin licencia alguna, el Ayuntamiento hizo un primer intento de regulación en 2020. De la mano de una concejal socialista, Rosa Alarcón, se dieron 3.000 licencias a diez empresas. 

El modelo se actualizó en 2024, pero ahora el consistorio constata su fracaso en cuanto a su contribución a la movilidad sostenible local. Collboni ha recordado igualmente que ya se impidió en su día la entrada de los patinetes de sharing en Barcelona. Por contra, el sector que sí se mantendrá es el de las motos de alquiler.

La oposición ha reclamado al gobierno de Jaume Collboni la apertura “inmediata” de espacios de diálogo con los trabajadores municipales en huelga, entre ellos los de servicios sociales, oficinas de atención ciudadana o escuelas infantiles. Así lo recoge una proposición que se ha aprobado en el pleno extraordinario convocado a petición de Junts, BComú y ERC.

El texto ha salido adelante con los votos a favor de los grupos impulsores del pleno, así como del PP. El Gobierno y Vox han votado en contra. El teniente de alcalde Albert Batlle, responsable de Régimen Interno, ha admitido que son conscientes del “malestar”, pero ha criticado que los sindicatos CGT, Intersindical y Ábacos —que son minoritarios, y contrarios al convencio cerrado en enero– “no han puesto sobre la mesa ninguna propuesta seria”.

De hecho, Batlle ha cargado duramente contra estos sindicatos y ha defendido el convenio aprobado en enero. Ha recordado que se aprobó por una amplia mayoría, con los votos favorables de 12 de los 15 representantes sindicales, sumando los de CCOO, UGT y CSIF. Así, ha considerado un “precedente peligroso” que se quiera dar espacio “a la parte más beligerante y minoritaria del conflicto”, en relación con el pleno extraordinario y las demandas del resto de sindicatos.

El debate ha tenido lugar con una protesta a las puertas del Ayuntamiento protagonizada precisamente por trabajadores municipales en huelga. La protesta ha sido convocada por la CGT y la Intersindical, que critican la falta de diálogo y el empeoramiento de las condiciones para los colectivos de atención directa a la ciudadanía, como las oficinas de atención al ciudadano, los servicios de feminismos o los servicios sociales.

El origen del conflicto es la aprobación el pasado enero del acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Barcelona para el periodo 2025-2028. El convenio se aprobó entonces con los votos favorables del gobierno del PSC y también de BComú y ERC, mientras que Junts se abstuvo y PP y Vox votaron en contra.

Las huelga de estos trabajadores municiapales es formalmente “indefinida” desde hace casi cuatro meses, aunque se llevan a cabo de forma parcial, en jornadas y franjas horarias concretas.

La oposición censura la falta de diálogo

Junts ha afirmado que allí donde gobierna el PSC hay “huelgas y conflictos” y ha pedido al ejecutivo que “se remangue” para solucionar el conflicto abierto. “Tienen la ciudad colapsada, no nos colapsen también el Ayuntamiento y sus servicios”, ha afirmado Josep Rius.

Desde los Comuns, Marc Serra ha expresado que si votaron a favor del convenio en su día es porque respetan los acuerdos alcanzados con una mayoría sindical y porque creen que la jornada de 35 horas semanales es un “avance”. Con todo, ha señalado también que ya advirtieron de que era necesario resolver la situación de los colectivos más perjudicados. Serra ha pedido un giro de “180 grados”, que el gobierno deje de “ignorar” a los trabajadores en huelga y que aparten a Batlle de las negociaciones.

Jordi Coronas, de ERC, ha lamentado “la manera de actuar” del gobierno en torno a las huelgas y el debate y ha defendido que lo “ideal” sería rebajar la tensión y poner “en el centro” a los usuarios de los servicios, además de a los trabajadores. Los grupos también han lamentado que el pleno extraordinario llegue tan tarde, puesto que lo solicitaron hace más de un mes.

Por su parte, el PP se ha sumado a la petición de que el gobierno no ignore las huelgas y ha argumentado que ellos ya se posicionaron en su día para pedir que se revise el acuerdo y se dialogue para corregir los anexos de colectivos que tienen reticencias, como pueden ser las escuelas infantiles, las oficinas de atención al ciudadano o la Guardia Urbana. Vox ha hablado de “cinismo” porque los mismos grupos que han impulsado el pleno son los que permitieron la aprobación del convenio laboral.

Batlle ha iniciado su intervención condenando comportamientos “intimidatorios” y de “confrontación violenta” por parte de los sindicatos no firmantes y ha defendido que el convenio aprobado supone “mejoras sustanciales y objetivas” para el conjunto de la plantilla. También lo ha hecho la teniente de alcaldía Laia Bonet, que en una atención posterior a los medios de comunicación ha dicho que es un convenio “histórico” con “avances” que afectan a cerca de 16.000 personas de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona.

Bonet ha dicho que desde entonces cada semana hay reuniones de interpretación del convenio y reuniones semanales de la mesa general, donde también está la CGT, el único sindicato contrario al acuerdo que tiene representación. “Desde entonces hasta ahora no ha habido ninguna propuesta de la CGT”, ha remachado.

Trabajadores municipales de bibliotecas, servicios sociales o escuelas infantiles se han concentrado, minutos antes de que comenzara el plenario extraordinario, frente a la puerta principal del Ayuntamiento de Barcelona. El delegado sindical de la CGT en el consistorio, Víctor Guimerà, ha atribuido la celebración del pleno a la “insistencia” y la “persistencia” demostradas. El sindicalista ha vinculado el malestar de los empleados al convenio, firmado en enero por el gobierno municipal con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF: “Ha sido la gota que ha colmado el vaso”. Ha concretado que los servicios sociales están “muy colapsados” y el nuevo acuerdo marco ha “agravado” la situación.

En la misma línea se ha expresado el delegado de la Intersindical, Miquel Rubio, que ha reclamado “sentarse y hablar”. “Lo único que hacen hasta ahora es menospreciarnos e insultarnos”, ha criticado. Rubio ha apuntado que los servicios sociales están “paralizados” y ha precisado que más de la mitad de las bajas laborales “tardan meses en cubrirse”. De este modo, ha continuado, “ponen más carga de trabajo” a los empleados. El representante de la Intersindical ha insistido en dialogar y ha instado a Collboni a negociar. Rubio ha ironizado con que, si no saben hacerlo, “páguense un curso de mediación” y dejen “a otras personas hacer política”.