Joan Marc llegó a su casa, en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona, cuando tenía tres años. Hoy tiene 61 y teme que después de tanto tiempo le vayan a echar. La propiedad que llevaba toda la vida gestionando la finca la ha vendido a un fondo, que ya ha empezado a enviar burofaxes avisando de que no renovarán contratos.

En el argot inmobiliario, el traspaso de un edificio entero con inquilinos se conoce como ‘compra con bicho’. “Nosotros no somos bichos, somos personas con derechos y una historia en esta casa”, dice Joan Marc, que está dispuesto a acabar su historia en la que siempre ha sido su hogar. “Yo de aquí me voy muerto. Tieso. Por mi pie no me voy a marchar”, asevera.

Él vive en uno de los 26 pisos de este edificio en el que todos sus inquilinos se han puesto de acuerdo para encontrar una solución. Lo que buscan es que la Generalitat o el Ayuntamiento accedan al tanteo y retracto y compren la finca. Se trata de un derecho que tiene la administración de avanzarse a una transacción inmobiliaria si paga el precio de compra pactado. En este caso, es de 5,5 millones de euros.

Por el momento, el Ejecutivo catalán ya ha rechazado hacerse con la finca. Así que la pelota ha caído en el tejado del consistorio, que tampoco se ha mostrado interesado, pero ha cedido el derecho a la cooperativa Sostre Cívic. Esto supondría que el edificio quedaría cooperativizado entre todos los vecinos y, si bien esta modalidad les parece atractiva, los inquilinos no están seguros de poder conseguir el dinero.

Por eso insisten al Ayuntamiento que repiense su postura ahora que todavía tiene unos meses para hacerlo. Y, si no compra, proponen que al menos ejerza como creditor y aporte el 40% del importe total para que la hipoteca sea sólo del 40%. El resto, lo podrían los vecinos a forma de entrada.

Esta es la reivindicación de cinco fincas de la ciudad de Barcelona, que se han unido bajo el paraguas del Sindicat de Llogateres para exigir al consistorio que aporte el “apoyo económico necesario” para salvar a más de un centenar de inquilinos del “riesgo de expulsión por compra especulativa”.

Por su parte, el Ayuntamiento asegura que está “haciendo seguimiento del caso” en estas fincas y recuerda que el protocolo es realizar un “examen cuidadoso” en función de los criterios que marca la ordenanza del tanteo y retracto. “Hay que entender que no se pueden adquirir la totalidad de bloques que están en venta”, apuntan, a preguntas de este medio. 

Con todo, desde el consistorio sacan pecho de haber adquirido 1.600 viviendas mediante el tanteo y retracto desde la última década, que es cuando se aprobó la normativa. Pero, si se analizan estos datos, se observa que la compra mediante el tanteo y retracto es una herramienta que el Ayuntamiento de Jaume Collboni ha usado mucho menos que el de Ada Colau. La exalcaldesa, durante sus ocho años de mandato, adquirió unas 200 viviendas anuales. En cambio, la media del socialista baja hasta las 50. 

La norma indica que las fincas compradas por tanteo y retracto por la administración se convierten en vivienda de protección oficial (VPO). En caso de que ya hubiera alguien alquilándolas, el contrato se prorroga y se convierte en un alquiler social. Si estaban vacías, hay dos posibilidades: o bien se incorporan a la bolsa de vivienda pública o se ceden para la mesa de emergencia, que son el conjunto de pisos disponibles para acoger a personas vulnerables en riesgo inminente de quedarse en la calle. 

Por tanto, el descenso en las compras por tanteo y retracto se ha notado también en el número de pisos que el consistorio aporta a la mesa de emergencia que, de media, se ha reducido a más de la mitad con el Ejecutivo de Collboni. Por otro lado, la inflación y la crisis de la vivienda ha hecho que, en la última década, se haya multiplicado por 13 el número de personas en riesgo de perder su casa. Sumando ambos factores, el resultado es que hay 754 familias a la espera de recibir una vivienda de urgencia. Un máximo histórico desde 2015. 

Por su parte, el Ayuntamiento asegura que “la dificultad de acceso a la vivienda” se encuentra “en el centro” de sus políticas y reconoce que, a diferencia de mandatos anteriores, la estrategia de Collboni se ha centrado en la construcción y en la eliminación de las licencias de pisos turísticos como estrategia de aumentar la oferta, tanto pública como privada, de la ciudad. “Hemos optado por regular e intervenir el mercado, entendiendo que este no se regula solo”, explican.

Burofaxes y falsos inspectores

Los vecinos temen quedarse expuestos a este mercado que ha “abierto las puertas a la especulación”, apunta Joan Marc. Este hombre volvió a la casa de su infancia hace una década, cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas. “Vine a morir a casa”, sostiene. Cuando su padre falleció, él pudo heredar el contrato y se lo renovaron por siete años con una pequeña subida de precio: paga 652 por un piso de más de 100 m². Pero sabe que la nueva propiedad no será tan benevolente. 

Por ley, no pueden saber quién ha comprado la finca hasta que la transacción se cierre definitivamente, pero sospechan que se trata de un fondo buitre o un fondo de inversión. Los vecinos han ido recolectando “pistas” que les han llevado a esa conclusión. Además de los burofaxes que avisan de que no van a renovar más contratos, se han encontrado que los pisos que han quedado vacíos durante los últimos meses no se han puesto en alquiler.

También explican que un día se presentaron en sus puertas personas que decían venir a realizar una inspección técnica. En lugar de eso, “empezaron a grabar mucho, a hacer muchas fotos y a hacer comentarios sobre las vistas o los balcones”, explica Pablo, otro de los vecinos. 

Reconoce que su finca es un “caramelo” porque, aunque está en un barrio alejado del centro y con una renta media por debajo de la media de la ciudad, es un edificio con mucho potencial. Los pisos son grandes y, además, cuentan con unas vistas privilegiadas que ofrecen una panorámica de toda Barcelona. “No sé lo que podrían llegar a pedir por esto”, cuenta Pablo, que lleva 10 años en la finca, junto a su esposa y cinco hijos. 

Él paga 1.090 euros y es consciente de que, si le echan, no podrá encontrar fácilmente un nuevo hogar. “Con lo que podemos pagar, viviríamos apiñados. Por no hablar de lo difícil que sería alejarnos del barrio donde mis hijos van al colegio y donde nosotros trabajamos”, insiste. 

“Yo no quiero irme. Pero tampoco quiero que se vaya él, ni el otro, ni el otro”, insiste Joan Marc, mirando a Pablo. Estos vecinos se unieron desde el momento en que tuvieron el menor indicio de que podían echarles. La mayoría de ellos llevan décadas en la finca; la antigua propiedad no había subido demasiado los precios y no había abierto pisos turísticos ni de temporada. “Y así es como debería ser. Uno solo debería mudarse porque quiere, no porque le obliguen”, sigue Pablo.

Por eso, aseguran que harán “todo lo necesario” para quedarse en su casa e insisten al Ayuntamiento para que recapacite y se haga cargo de los pisos en estas cinco fincas. “Que escojan, o los vecinos o la especulación”, zanjan las familias.

La Subcomisión de Urbanismo de Barcelona ha aprobado una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para “preservar” el uso de residencia habitual de las viviendas de la capital catalana. El nuevo texto define los diversos usos que puede tener un inmueble y diferencia la vivienda habitual y permanente del alquiler de temporada y el turístico.

Así, abre la puerta a “prohibir, limitar o restringir el uso diferente del habitual” en aquellas zonas y barrios en los que no haya parque suficiente para garantizar la vivienda, tal como expone el Govern, que es quien ha comunicado la modificación de la normativa.

El objetivo es “distinguir y priorizar” el uso habitual y permanente de la vivienda en Barcelona sobre los usos temporales. La consellera Sílvia Paneque ha afirmado que el cambio de forma parte del “esfuerzo” para proteger el derecho a vivir “de forma permanente” en sus barrios y ciudades.

Esta modificación del PGM parte de un diagnóstico que “acredita una disminución” del parque destinado a la vivienda principal. Esta modalidad ha ido perdiendo peso relativo, pasando de representar el 86,1% en 1991 al 83% en 2021, a pesar del incremento del 20,8% número de viviendas disponibles en ese mismo periodo.

Los distritos donde más se ha notado esta pérdida de residentes habituales son Gràcia (con un 8% menos), les Corts, Eixample y Sarrià-Sant Gervasi (5% menos). Se trata de zonas muy afectadas por la gentrificación y la presencia de expats. Por ello, la reforma del PGM busca proteger a los residentes habituales ante el “mayor poder adquisitivo de las personas que se trasladan temporalmente en la ciudad”.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido este lunes que las administraciones están preparadas para posibles nuevos disturbios en el centro de la ciudad, como los que se dieron el pasado sábado. En declaraciones a TVE y la Cadena Ser, ha apuntado que días antes, la policía ya tenía indicios de las convocatorias en redes y se decidió retirar mobiliario urbano para evitar daños mayores. Aun así, ha reconocido que los Mossos y la Guàrdia Urbana se encontraron ante un “fenómeno desconocido”.

La investigación de los hechos permitirá obtener nueva información y hacer que el Ayuntamiento esté más “preparado” ante posibles nuevas convocatorias. Según ha apuntado el alcalde, la policía ya ha pedido a las plataformas tecnológicas información sobre los convocantes y, además, antes de los hechos del sábado ya se había investigado a unas 300 personas posiblemente vinculadas.

Collboni ha apuntado, siguiendo la tesis de los Mossos, que los organizadores proceden del “submundo de las redes sociales, con influencers que promueven discursos de odio y extremistas” que “tienen intereses espurios”. Por eso, ha considerado que “nadie puede creer” que estos hechos fueran promovidas por las izquierdas, tal como ha apuntado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El alcalde ha calificado los saqueos como “vandalismo” y “violencia gratuita” muy alejada de reivindicaciones políticas.

Igualmente, ha insistido en que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat ayudarán a los comerciantes si los daños no están cubiertos por las aseguradoras. Además, ha anunciado que el consistorio se personara para reclamar patrimonialmente los daños al mobiliario urbano, valorados inicialmente en 36.000 euros, que deberán pagar los detenidos que sean mayores de edad o sus progenitores, en caso de que tengan menos de 18 años.

Dos empresas lideradas por exmiembros del ejército israelí figuran entre los principales patrocinadores del Congreso de Ciberseguridad de Barcelona. El evento está organizado por el Govern catalán y la Fira, un consorcio participado por el Ayuntamiento de la capital catalana, la propia Generalitat y la Cámara de Comercio.

El congreso, cuya séptima edición se celebrará del 3 al 5 de noviembre en Barcelona, se publicita como “el principal evento de ciberseguridad del Sur de Europa” y contará con una decena de empresas israelíes que participarán como patrocinadores o expositores. Algunas de estas compañías tienen vínculos con la industria militar de Tel Aviv o han mostrado apoyo a las acciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu en Palestina

Uno de los principales financiadores de la convención es la empresa CheckMarx, fundada por Mat Siman, un exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, en sus siglas en inglés) y antiguo asesor en seguridad del primer ministro israelí Ariel Sharon entre 2004 y 2006.

También figura como sponsor del congreso PaloAlto Networks, una compañía norteamericana fundada y dirigida por el israelí Nir Zuk, exalumno de la unidad de inteligencia 8200 del ejército israelí. A pesar de estar radicada en California, la compañía mantiene un gran centro de investigación y desarrollo en Tel Aviv. 

La tercera compañía israelí que figura entre los financiadores del evento es SentinelOne. La compañía decidió, en octubre de 2023, suspender su patrocinio a un congreso del sector en EEUU después de que un miembro vinculado a la organización criticara las operaciones israelís en Gaza y las calificara de genocidio.

Si bien ninguna de estas tres compañías tiene documentada una participación directa en el genocidio palestino, gobiernos extranjeros como el de China, por ejemplo, prohíben a sus empresas utilizar programas de SentinelOne ante el riesgo de que esta compañía transmita datos a “agencias extranjeras”. 

Esta empresa israelí, de hecho, cuenta con un equipo de inteligencia global que publica análisis técnicos y detallados sobre tácticas militares y cibernéticas de naciones rivales. 

Buena parte de la decena de empresas israelíes que participarán en el evento están incluidas en listados de activistas propalestinos que promueven el boicot a compañías israelíes o con vínculos con la industria de la defensa de ese país.

Algunas de ellas, como Cynet, ofrecieron gratuitamente sus plataformas de ciberseguridad durante tres meses a empresas e instituciones de Israel para proteger sus infraestructuras críticas tras los atentados del 7 de octubre de 2023.

También Vega Security, que contará con un stand en la feria, está fundada por dos antiguos veteranos de la unidad 8200. RDT Systems, por su parte, incluye la defensa entre los sectores a los que da servicio y también participará en el evento.

El Govern y la Fira: “Son empresas con sede en EEUU”

La presencia de compañías israelíes en congresos celebrados en Barcelona ya ha levantado polémicas en el pasado, hasta el punto de que el Ayuntamiento aprobó en mayo de 2025 una declaración institucional en la que rompía relaciones con Israel (tumbada recientemente por el TSJ catalán).

En septiembre de ese año el consistorio insistió en su compromiso de no permitir que Israel o cualquier empresa “que se beneficiara del genocidio” en Gaza tuviera presencia en congresos en la Fira o en eventos con financiación municipal.

En esta ocasión, sin embargo, no son simples empresas israelíes que participan en un congreso en Barcelona, sino compañías lideradas por exmilitares del IDF que financian un evento organizado por la Agencia de Ciberseguretat de Catalunya —dependiente del Govern—, y la Fira, participada tanto por la Generalitat como por el Ayuntamiento barcelonés. 

Preguntados por esta redacción, desde el Govern señalan que los acuerdos de patrocinio han sido gestionados directamente por la Fira de Barcelona.

Ambas instituciones, en un comunicado casi idéntico, explican que los tres sponsors mencionados en este artículo “son empresas internacionales” con “sede en los EEUU” que “cumplen con la legalidad vigente”.

Añaden que ninguna de estas empresas figura en la base de datos de la ONU sobre compañías implicadas en “determinadas actividades” relacionadas con “los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado” e insisten en que el congreso está centrado en el ámbito empresarial y no en la actividad militar.

“La Fira no puede entrar a valorar el posicionamiento político de los miembros de las empresas participantes”, añaden desde este consorcio.

Desde el Ayuntamiento no han querido hacer ninguna declaración sobre este caso concreto y se han limitado a recordar las acciones que ha emprendido el consistorio respecto a sus relaciones con Israel.

Barcelona, hub de empresas de ciberespionaje israelí

Israel es una potencia mundial en ciberseguridad por una combinación de factores. Por un lado, unidades de inteligencia del ejército como la mencionada 8200 forman cada año a miles de jóvenes en técnicas de hackeo y defensa, y muchos de ellos acaban fundando startups.

A esto se suma el apoyo estatal, la estrecha relación entre universidades, Defensa e industria, y un contexto de amenaza permanente que convierte la seguridad digital en una prioridad nacional.

La otra cara de este liderazgo israelí en la ciberseguridad, sin embargo, es la industria del ciberespionaje. La línea que separa los dos sectores es a veces muy difusa y ambas caras de esta moneda han encontrado en Barcelona uno de sus principales centros de operaciones.

La capital catalana se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales destinos de las empresas israelíes de ciberseguridad ofensiva, un sector opaco que desarrolla y vende herramientas de espionaje a gobiernos y cuerpos de seguridad. 

Un ejemplo de este ecosistema fue Offensive, un encuentro privado de ciberespías de todo el mundo convocado en Barcelona en enero de 2026 bajo el lema “Sol, marisco y ‘spyware’” que desveló elDiario.es. 

El lugar del evento se mantuvo en secreto hasta el mismo día de su celebración y lo organizó Epsilon, empresa barcelonesa especializada en productos de spyware y liderada por el veterano israelí del ciberespionaje Daniel Shapiro. 

También estaba vinculado a esta cita secreta Radiant Research, con sedes en Tel Aviv y Barcelona, que emplea a exmiembros de la Unidad 8200 del ejército israelí y a antiguos trabajadores de NSO (la empresa que desarrolló Pegasus).

Según el medio israelí Haaretz, al menos tres equipos de hackers de élite de ese país se han instalado en la capital catalana, entre ellos los primeros desarrolladores del software Pegasus que se utilizó para espiar a los lideres independentistas, entre otros. 

Fuentes del sector consultados por elDiario.es atribuyen esta llegada al hecho de que operar desde Europa les permite esquivar las restricciones de exportación del Gobierno israelí, además del atractivo que puede tener el clima y los costes de la ciudad.

El empleo en ciberseguridad en Barcelona creció un 50% entre 2020 y 2025, hasta superar los 10.000 trabajadores en más de 550 empresas, según datos de la Generalitat.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado por “discriminatorio” el veto a empresas israelís y la ruptura de relaciones institucionales con Israel que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en noviembre de 2023.

Así lo ha decidido la Sala de lo Contencioso del TSJC, que ha estimado un recurso de la entidad israelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). Además de carecer de competencias para un acuerdo de este tipo, los jueces rechazan, tal y como mantenía el consistorio, que se tratara de una “declaración política”.

La declaración anulada, que aprobaron PSC, Comuns y ERC, obligaba al consistorio a implantar una cláusula en los contratos municipales para garantizar que ninguna empresa que recibía dinero municipal llevara a cabo “operaciones financieras, inversiones, compras y contrataciones en contra del derecho internacional humanitario”. También rompió relaciones con el Estado de Israel “hasta que no haya un alto al fuego definitivo”.

La declaración, a criterio de los jueces, “implica discriminación de terceros”, y, por lo tanto, ha de ser anulada.

“Nuestra posición como Ayuntamiento sigue siendo la misma, la de condenar la violencia y el genocidio que está ejerciendo el estado de Israel sobre la población palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania. Es una cuestión de humanidad y de derechos humanos”, ha respondido la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, que ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Una las primeras cosas que hizo Collboni como alcalde fue reestablecer las relaciones y el hermanamiento con Israel que había roto Colau en su mandato. Lo hizo el 1 de septiembre, pero un mes después se produjeron los ataques de Hamás que precipitaron la guerra en Gaza. Eso hizo cambiar de opinión al consistorio, que decidió suspender relaciones el 23 de noviembre y votarlo en el pleno en un acuerdo que ahora ha sido anulada.

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido al gestor del Velódromo de Horta que expulse de sus ligas de fútbol 7 al equipo amateur del que forman parte dos cargos de Vox por hacer apología del franquismo.

Juan Cremades, vicepresidente provincial, y Carlos Oliva, consejero de distrito en la capital catalana, son los dos cargos de Vox integrantes del Mingorrubio Balompié, en referencia al cementerio donde está enterrado Franco actualmente. El equipo hasta hace poco contaba además con un escudo con la imagen del Valle de los Caídos y la inscripción F.C. Bayern de los Caídos.

El concejal de Deportes de la capital catalana, David Escudé, ha condenado los hechos. “Barcelona no puede permitir que una instalación deportiva municipal se utilice para hacer apología del franquismo”, ha afirmado.

El concejal ha detallado que ha hecho llegar una carta a los gestores del torneo solicitando la expulsión del equipo, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

La respuesta del Ayuntamiento ha llegado después de que otro equipo reclamara a los responsables de la liga que el conjunto suprimiera la simbología franquista y que un colectivo de abogados llevara el caso a la Fiscalía.

Escudé ha expresado su “indignación” y ha condenado “la exhibición de elementos fascistas y la normalización de estos a través del deporte”, y ha recordado que la sede de la competición, el Velódromo de Horta, es de una instalación deportiva municipal.

El concejal ha manifestado que el gobierno municipal utilizará todos los medios a su alcance para evitar que una situación como ésta se repita y ha dicho que los letrados del Ayuntamiento están estudiando si se puede actuar de otra manera más contundente: “Llegaremos hasta el final”.

El concejal ha asegurado que es la primera vez que se encuentran con una situación similar y ha comentado que espera que sirva “para que cualquiera que intente bromear o exaltar este tipo de valores se lo piense más de una vez”.

El cierre de comercios históricos, algunos de ellos centenarios, suele convertirse en noticia por el arraigo que mantienen entre sus clientes y vecinos. La falta de relevo generacional, el descenso de las ventas o el aumento de los alquileres son algunas de las razones que explican estas clausuras, cada vez más frecuentes entre negocios tradicionales.

Para frenar esta sangría, y proteger a los comercios emblemáticos, la Generalitat de Catalunya acaba de anunciar una reforma legislativa que incluye la compra preferente de estas tiendas cuando estén a la venta. Así lo ha anunciado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, dentro de un Plan de Protección de Ejes Comerciales Estratégicos. 

El descenso de estas tiendas históricas, a menudo especializadas, es una realidad: en Barcelona, por ejemplo, se han perdido una de cada cuatro mercerías, droguerías y pescaderías en una década. 

Para paliarlo, el plan anunciado por el Govern prevé adaptar la normativa catalana para que tanto la Generalitat como los ayuntamientos puedan ejercer el llamado derecho de tanteo y retracto, que es la preferencia para adquirir inmuebles frente a otros compradores privados. Su intención es circunscribir este derecho a comercios que los municipios consideren “estratégicos”, ya sea por su valor histórico o patrimonial o por estar ubicados en ejes considerados “esenciales” para la vida vecinal. 

“El comercio ha dejado de ser una política económica para convertirse en una política urbana estratégica”, ha declarado Sámper. “Debemos disponer de herramientas para preservar establecimientos y ejes comerciales que contribuyen de forma decisiva a la vitalidad de nuestros barrios”, ha argumentado durante el Foro Europeo de las Ciudades y del Comercio de Proximidad, una jornada vinculada a la capitalidad europea del comercio que ostenta Barcelona este año 2026. 

Barcelona ya prepara un fondo

En el mismo acto, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que preparan un fondo con el que empezar a desplegar estas adquisiciones. El objetivo, ha declarado, es “preservar la actividad” de estos establecimientos en los barrios. s.

Collboni ha concretado que se trata de negocios que, “por el papel que desempeñan en un eje comercial o porque garantizan un servicio necesario”, deben continuar abiertos.

“Haremos que un ayuntamiento pueda adquirir directamente locales comerciales emblemáticos o estratégicos que por sus características históricas o por el papel que juegan en un barrio se deben preservar”, ha explicado.

Los vecinos afectados por el socavón provocado por las obras de la línea L9 del metro de Barcelona, en el barrio del Putxet, demandarán al Ayuntamiento de Barcelona, tal como ha avanzado el diario Ara. Este movimiento se suma al anuncio que ya hicieron el lunes de demandar también a la Generalitat.

Se trata de demandas colectivas de carácter administrativo que se presentarán ante sendas administraciones, como máximo, el 14 de septiembre. La abogada que representa a los afectados, Carmen Pérez Pozo-Toledano, asegura que reclamarán daños materiales, económicos y morales sobre la base del principio culpa in vigilando, que hace referencia que el contratante de un servicio tiene responsabilidad en que se realice de manera correcta.

Según Pérez, el hecho de que los vecinos avisaran previamente de que las obras estaban causando desperfectos es relevante de cara a plantear la responsabilidad de la Administración. “La Generalitat tiene la responsabilidad de vigilar que la constructora que contrata está haciendo bien el trabajo”, apuntó a principios de agosto en una entrevista para elDiario.es.

La letrada asegura que los daños causados a los afectados son “irreparables” y subraya que, a pesar de que pedirán indemnizaciones económica, “nadie quitará el miedo” generado a los vecinos y comerciantes de la zona.

El socavón se generó el pasado 7 de julio, lo que obligó a desalojar a 93 unidades de convivencia, lo que equivale a unas 300 personas. De ellas, un 60% pudieron volver a sus hogares a principios de agosto, pero el resto sigue sin poder regresar.

Las estimaciones iniciales hablaban de un desalojo de días que se fue incrementando a medida que pasaba el tiempo. Así, se han convertido en semanas y luego meses: habrá un primer grupo, de 15 viviendas y un local, que podrá volver a mediados de octubre, pero la Generalitat ha reconocido que hasta principios de 2027 no puede asegurar que todo el mundo haya regresado a sus casas.

El Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente informativo al líder del grupo municipal de Vox, Gonzalo de Oro Pulido, por haber salido al balcón del consistorio con banderas de Ceuta durante las concentraciones del pasado 2 de septiembre.

El Ejecutivo barcelonés considera que Oro Pulido hizo un “uso indebido” de las instalaciones municipales. Junto al líder de Barcelona se encontraba el diputado en el Parlament Joan Garriga, que también exhibió banderas de la ciudad autónoma, así como de España.

La acción se llevó a cabo durante la concentración en plaça Sant Jaume (que une al Ayuntamiento y a la Generalitat) en apoyo a Ceuta, convocada por PP y Vox.

La decisión de abrir el expediente se ha tomado este martes, durante la reunión de la Junta de Portavoces y a petición de todos los grupos municipales: PSC, Junts, ERC, Comuns y PP. Todavía está por ver si el expediente deriva en sanción.

Gonzalo de Oro Pulido ha considerado el expediente como una “maniobra de persecución política”, tal como ha apuntado en un vídeo en redes. “Todos los grupos se han puesto de acuerdo para castigarme por ayudar al pueblo ceutí, que está pasando el peor verano de toda su vida”, ha seguido.

El concejal de Vox ha lamentado que se le abra un expediente, mientras que el balcón del Ayuntamiento “normalmente está adornado con estas cosas”, ha dicho, mostrando imágenes de carteles con lemas a favor de la acogida de refugiados, contra el “estado sionista de Israel” o con un lazo amarillo en apoyo a los presos políticos del procés. “Son cosas políticas y, en algunos casos, ofensivas. Esto, en cambio, sólo es una bandera de Ceuta. Y lo volveríamos a hacer”, ha remachado.

El comité de empresa del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona ha hecho este martes un llamado a toda la plantilla para secundar “de forma masiva” la huelga indefinida que está activa desde el pasado mayo. Finalmente, han respondido 36 de 41 de los centros, lo que supone cerca del 90% del total.

“Estamos en un momento de conflicto que no ha cambiado durante todo el verano. No hemos avanzado y queremos visibilizar nuestro malestar”, ha apuntado el delegado de la CGT y del comité de empresa, Pau Solsona, durante una concentración de trabajadores convocada frente a la Sagrada Familia. La ubicación pretendía enviar un “mensaje” al consistorio para afearle que “priorice el turismo a los servicios públicos”.

Esta ha sido la jornada con más seguimiento de la huelga indefinida, que se mantiene activa desde el pasado 26 de mayo. Hasta ahora, la media de seguimiento de los paros ha sido del 10% de los trabajadores entre semana y del 16% los fines de semana, así como del 30% de centros cerrados.

Los trabajadores achacan al “inmovilismo” del Ayuntamiento el hecho de que el conflicto siga activo. “No hemos visto ningún acercamiento. Están llevando a cabo una táctica de desgaste”, añade Solsona.

Por su parte, desde el consistorio niegan la mayor y aseguran que se han llevado a cabo 13 reuniones desde el febrero para intentar la adhesión de la plantilla al convenio del Ayuntamiento. Los encuentros se han celebrado con CCOO, UGT y CSIF; ahora bien, la representación sindical en el Consorcio es de Intersindical-CSC y la CGT.

El consistorio insiste en que se han ofrecido diversas “mejoras” a los trabajadores como pasar a la jornada de 35 horas, la oferta de funcionarizar a una plantilla en la que, casi todo el mundo, es personal laboral. Esta integración al convenio municipal, supondría una mejora salarial del 8%.

Es en la jornada laboral donde está el problema y la falta de acuerdo. Desde el consistorio aseguran que el nuevo modelo prioriza aplicar turnos de mañana o de tarde, mientras que habrá un día semanal de jornada partida con 8,5 horas de trabajo. Ese es el punto “inaceptable” para los trabajadores, que matizan que el turno partido acaba suponiendo “11 horas diarias” que, aseguran, no aceptarán.

Además, consideran que hay un agravio retributivo respecto a otros sectores del Ayuntamiento. “Su estrategia es dilatar el conflicto y cansarnos”, asegura Solsona, que ha apuntado que los próximos pasos a seguir se decidirán en una asamblea el día 14.

Por su parte, el consistorio insiste en defender el derecho a la huelga y la movilización, pero no de “las actuaciones vandálicas que han comportado en algún caso”. Esa afirmación hace referencia a una protesta que hubo frente a la sede municipal y que acabó con una intervención policial de la Guàrdia Urbana.

El Ayuntamiento de Barcelona ha ampliado las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos en sus fincas. La primera convocatoria se publicó en febrero y, desde entonces, se han presentado más de 80 solicitudes, una cifra “mayor” de la que esperaba el consistorio.

Por ello, se ha decidido aumentar el presupuesto de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros y se ha ampliado el plazo para presentar las solicitudes hasta el 31 de diciembre. La ayuda está pensada, principalmente, para sufragar hasta el 50% los gastos de gestión derivados del cambio de los estatutos (notaría, registro u honorarios profesionales). El monto es de un máximo de 1.500 euros si se modifican los estatutos vigentes, y de 2.500 en esos casos en que los estatutos sean de nueva creación.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración a tres bandas entre el Ayuntamiento, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cambra de la Propiedad Urbana de Barcelona y va en la línea del objetivo del consistorio de eliminar los pisos turísticos en la ciudad.

Para ello, Collboni ya anunció que su intención es no renovar licencias y acabar prohibiéndolos de cara a 2028. Aun así, para asegurar que el alojamiento vacacional queda vetado en Barcelona, el consistorio recomienda vetarlos también de las fincas, para prevenir posibles recursos a la norma. Igualmente, recuerdan que la modificación de los estatutos sólo sirve para prohibir que se instalen nuevos apartamentos, no para eliminar los que ya existen.

Para acceder a la ayuda, las fincas deben cumplir una serie de requisitos. Además de modificar los estatutos para incluir expresamente la prohibición del uso turístico o actividades económicas en sus pisos, deberán también tener una cláusula homologable a la establecida por la Cambra y el Col·legi. Igualmente, se el nuevo texto se deberá inscribir en el registro y elevarlo a documento público para garantizar su validez ante terceros. Por último, es imprescindible que la comunidad esté al corriente de sus obligaciones tributarias.

El teniente de alcaldía de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, defiende que la ciudad está “muy poco videovigilada” y confía en llegar a las 500 cámaras nuevas en la calle en 2027. Esto supondría más que duplicar la cifra de 186 cámaras que hay actualmente en la vía pública, contando las que ya hay en la Plaza Catalunya (14) y en el Front Marítim (12).

A pesar de que queda menos de un año para acabar el mandato, Batlle mantiene en una entrevista con la agencia ACN el objetivo de llegar a medio millar de cámaras nuevas. “Estamos en el buen camino”, ha afirmado.

El consistorio ha informado este mismo martes de nuevas ubicaciones de un centenar de nuevas cámaras autorizadas: 9 en el Passeig del Born, 11 en los búnkeres del Carmel, 30 en el Anillo Olímpico, 19 en el Parque de la Pegaso, y 30 a la Fira de Bellcaire i Fort Pienc

Batlle admite que han tenido que trabajar para “remover muchas reticencias” respecto a la instalación de nuevas cámaras de seguridad ciudadana “con todas las garantías”. Según indica, tan pronto como se tiene el aval de la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya (CCDVC), se inicia “inmediatamente” el proceso de adquisición, instalación y puesta en marcha de las cámaras.

Las zonas donde deben colocarse, dice, han ser de gran concentración de personas, donde hay más actividad delictiva y también espacios susceptibles de ser utilizados para un ataque terrorista. “Son los tres elementos: el terrorismo, la masificación y la actividad delictiva”, resume.

El teniente de alcalde defiende que la videovigilancia es un elemento de “disuasión” de delitos y acompañamiento a la labor policial y añade que las cámaras también son útiles para la resolución de actividad delictiva. Preguntado, por ejemplo, por los resultados de las cámaras de la plaza Catalunya, instaladas en abril, comenta que “hay una cierta actividad delictiva que ha sido captada y esclarecida a través de ellas”. Además, reitera que es un sistema “muy garantista” con la intimidad de las personas.

Según los planes que ya explicó el Ayuntamiento, del paquete de 500 cámaras nuevas para lo que queda de mandato, la fase 1 prevé 134 cámaras para que estén instaladas entre finales de 2025 y 2026. Las fases 2 y 3 son un total de 121 cámaras y la instalación está prevista entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027. La fase 4 incluye 245 cámaras y prevé su instalación en 2027.

Por otro lado, en cuanto al objetivo de dotar a la Guardia Urbana con las polémicas pistolas eléctricas —como ya tienen los Mossos y otras policías locales—, Batlle da por hecho que será posible durante este mandato. En julio, la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona aprobó inicialmente el reglamento que regula su dotación y uso. El siguiente paso ahora es su votación definitiva en el pleno.

Así, aunque el pleno ya rechazó en junio de 2025 el reglamento para el uso de las pistolas eléctricas por el voto contrario de Junts a última hora, Batlle cree que este hecho no se repetirá. De hecho, Junts ya votó a favor en la última votación en comisión hace un mes. “Las conversaciones que hemos tenido con Junts y con otras fuerzas políticas nos permitirán llevar adelante la aprobación y la adquisición de este instrumento”, afirma durante la entrevista y aprovecha para agradecer la «buena predisposición» y el cambio de posición de Junts.

En un bloque inacabable de pisos del barrio de Sant Martí, en Barcelona, vive Carmen desde hace siete años con su hijo de 13. Entró de okupa porque se encontraba en la calle y, según cuenta, nadie le ofrecía nada. Años después, ya asentada en el barrio, ve como el 15 de septiembre se ha fijado la fecha de su desahucio si tener una alternativa viable.

El fondo propietario del inmueble ha adquirido la propiedad y se niega a firmarle un alquiler social. “Prefieren pagar la multa que les imponen por ser grandes tenedores”, resume. En poco más de un mes, si nada lo frena, se quedará en la calle con su hijo: “No sé dónde vamos a ir.”

Justo delante del sofá enfundado en un collage de mandalas que preside el salón se observan fotos de Carmen con sus dos hijos, el otro ya mayor. Aunque el espacio es pequeño, está cuidado y cabe hasta un rincón de juego para su gato recién llegado a la familia: Botas, se llama. Nada más entrar se acurruca con Carmen, que cuando llegó al piso se apañó cerrando una parte de la terraza para poder tener su propia habitación. Y después de mucho tiempo cuidando lo que ya es su hogar, ahora se ve fuera y desesperada.

Su caso no es una excepción. En Barcelona, el Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) se ha convertido en el principal dispositivo municipal frente a la exclusión residencial, pese a estar concebido como un recurso puntual. En mayo de 2026 alojaba a 3.279 personas —1.087 unidades familiares—, de las cuales cerca del 85% eran familias con menores a cargo, según datos del Ayuntamiento.

Más del 76% acumulan estancias superiores a seis meses; un 5% lleva ya más de cinco años dentro. El consistorio ha elevado el presupuesto de estos alojamientos de 34 millones de euros en 2023 a 43 en 2025.

A Carmen, de momento, los servicios sociales solo le ofrecen tres días en un albergue. “Ahí no se dan las condiciones para estar con un niño”, se lamenta. La otra vía, la mesa de emergencia que reparte las viviendas, arrastra más de 700 familias y una espera media de cuatro años. “Durante la espera para un piso nadie te ofrece nada dónde puedas vivir”, explica.

El Ayuntamiento defiende que ha reforzado las ayudas para prevenir desahucios y facilitar alternativas, como una prestación mensual de hasta 1.500 euros. Aunque en este caso, encontrar un alquiler se convierte en una quimera debido a sus condiciones de vulnerabilidad.

Desde el consistorio admiten que la crisis habitacional “hace muy difícil la disponibilidad de vivienda a precios asequibles” y que existe una clara “discriminación inmobiliaria” por razones socioeconómicas —y en otros casos, por razones raciales. Desde julio de 2025, solo 30 familias han conseguido salir de los alojamientos de urgencia con la nueva prestación.

La ley y la trampa

Carmen asegura que el fondo le ha ofrecido dinero para que se marche: inicialmente 19.000 euros, una cantidad que han reducido a 10.000 a cambio de entregar voluntariamente las llaves antes del desahucio. Pero Carmen no puede aceptarlo, ya que si cobra ese dinero tiene miedo de perder la renta garantizada (unos 1.000 euros con los que sobrevive).

“Está la ley y está la trampa”, zanja. Ocurre lo mismo con la prestación municipal: solo la cobraría si le alquilaran una habitación con contrato, algo muy difícil en un caso así. Según cuenta ella, les ha pedido que acepten un alquiler social, pero se han negado. Preguntados por este medio, Hipoges, la plataforma encargada de gestionar el inmueble, se ha negado a responder aludiendo a la “confidencialidad de cada caso”.

“No soporto que me hable ni que me mire nadie. Estoy al límite”, admite Carmen, que reconoce estar “desatada”. Por eso mismo, su hijo se ha marchado a casa de unos familiares hasta que puedan resolver la situación. El mayor ha vuelto para hacerle compañía y ayudarla. “Apenas duermo”, explica esta mujer, que teme que, si se acaba plantando en una tienda de campaña en la calle, se quede sin su hijo: “Ellos no lo protegen, no me dan una alternativa, y si estás en la calle, te lo quitan”, cuenta entristecida entre el ruido de los ventiladores que tratan de refrescar la casa.

Ante el riesgo de perderla, hace poco más de un mes que Carmen se acercó al sindicato de vivienda del barrio, que hasta entonces conocía solo como el local donde “las señoras van a bailar”. Allí ha encontrado asesoramiento y, sobre todo, gente en su misma situación. “Te hace sentirte entendida y acompañada. Es el único apoyo que tenemos”, dice. Ahora se le ha sumado la abogada que la ayuda con el caso y sobre la que deposita todas sus esperanzas.

“Me gustaría pagar, pero pagar lo que puedo pagar, porque hay cosas que no las puede asumir nadie con un sueldo normal”, narra Carmen, que solo quiere un alquiler asequible y vivir tranquila. De la administración, en cambio, dice haberlo echado todo de menos. “Me siento totalmente abandonada. Es como si no quisieran ver el problema”, lamenta.

En el pasillo de la casa solo se observan los recuerdos típicos de alguien que se siente como en su hogar. Un hogar que durante años le ha permitido a Carmen poder configurar un proyecto de vida estable y un espacio de seguridad para sus hijos. Ahora, su sustento está en peligro como el de muchas otras personas en la ciudad de Barcelona debido a la galopante crisis de precios en el mercado de la vivienda y la alta demanda que está sufriendo la administración.

Cientos de trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona han estrenado en los últimos días pulseras térmicas para evitar golpes de calor. Casi un año después de la muerte de Montse, la operaria de una brigada de limpieza que falleció por exposición a las altas temperaturas, el consistorio ha repartido este dispositivo entre su plantilla al aire libre como prueba para prevenir situaciones de riesgo.

La medida, que afecta sobre todo a las brigadas de limpieza y a las de Parques y Jardines, forma parte de un plan que incluye más descansos y cambios horarios. Pero se ha recibido con cierto escepticismo por parte de los trabajadores, que insisten en que se facilite aire acondicionado en todos los vehículos y una ropa que transpire adecuadamente.

La pulsera es un dispositivo todavía en fase de evaluación, pero que ante el aumento de las temperaturas sirve para detectar cuando el trabajador que la lleva está a punto alcanzar situaciones de estrés térmico. Además de Barcelona, la han incorporado ya en sus plantillas ciudades como Motril, Alcoi o Las Palmas de Gran Canaria.

Las pulseras registran la temperatura corporal del trabajador al inicio de la jornada y, si detectan una subida repentina en un corto periodo de tiempo, emiten una vibración, una señal acústica y una luz de aviso. El objetivo del dispositivo es alertar antes de que el trabajador llegue a una situación de riesgo. En caso de que se encienda, el empleado debe buscar un refugio a la sombra y contactar con su encargado para que le comunique cómo proceder.

“La medida está bien pero se queda muy corta”, sostiene Cristina Pinto, trabajadora de limpieza en la empresa externa FCC –una de las cuatro subcontratas– en Barcelona. Opina que, al pitar la pulsera, esta debería avisar automáticamente al encargado o contactar con los servicios médicos. “En esta situación, el trabajador no debería tener que preocuparse por buscar un refugio climático o por avisar a su encargado”, defiende.

Otro de los aspectos que cuestionan es el uso compartido de las pulseras. Aunque el Ayuntamiento estipula que son de carácter personal, trabajadores de FCC aseguran que en su caso la comparten con compañeros de otros turnos. En otros departamentos, como Parques y Jardines –servicio que no está externalizado– señalan que su pulsera térmica sí es de uso personal.

“No me siento cómodo llevando una pulsera sudada de otra persona, ni aunque la desinfecten”, admite Pau García, delegado del sindicato CGT en FCC, que, sin embargo, reconoce: “Aunque la medida es insuficiente, pienso que si no fuese por el tema de la higiene, estaría bien”.

Aunque hay trabajadores que renuncian a la pulsera, la mayoría opta por llevarla. “Me da un poco de asco pero prefiero priorizar mi salud antes que la higiene”, admite Isabel Romero (nombre ficticio), trabajadora de FCC. A ella le pitó recientemente la pulsera, durante una de sus jornadas. “No me había dado ni cuenta de que me encontraba mal, así que me parece una buena medida de prevención”, celebra

Con todo, añade Romero que hacen falta medidas más efectivas: “Debería complementarse con un protocolo que incluya medidas de prevención aún más amplias”.

Desde CGT, por ejemplo, llevaron a la Inspección de Trabajo el caso de un trabajador de Parques y Jardines sufrió un golpe de calor sin que su aparato pitara. “No siempre funcionan”, señalan. El consistorio, por su parte, asegura que se siguieron los protocolos de seguridad y prevención pertinentes.

En este sentido, una trabajadora opina que el hecho de llevar la pulsera puede dar una “falsa sensación de seguridad”. “Que no te haya pitado la pulsera no debe impedir que, si te encuentras mal, puedas parar y refugiarte en un lugar fresco para recuperarte”, subraya. Y denuncia que, aunque el protocolo establece que los trabajadores pueden refrescarse, hidratarse, ir al baño o descansar si lo necesitan, hay encargados o supervisores que les piden explicaciones constantemente.

Cristina Pinto comparte la misma idea: “Quienes llevamos más tiempo y tenemos el puesto más consolidado no nos da tanto pudor resguardarnos si nos encontramos mal. Pero muchos trabajadores temporales se fuerzan para demostrar que valen y conservar el puesto. Al final, la responsabilidad sobre qué hacer, en todo momento acaba recayendo en el trabajador”.

En cuanto a sus otras demandas para el calor, como la ropa más transpirable, el Ayuntamiento de Barcelona asegura que los trabajadores cuentan con ropa adecuada, pero algunos discrepan. “Se nos queda el sudor pegado al cuerpo y se forma un microclima entre la piel y la ropa. A veces es casi insoportable trabajar así”, asegura Romero.

También critican que los motocarros –los pequeños vehículos eléctricos que utilizan la mayoría de trabajadores– no disponen de aire acondicionado. “Nos dicen que el aire no es necesario, pero si hay un atasco puedes llegar a pasar una hora o más dentro. Y la sensación es la de estar en una caja de metal bajo el sol, es abrasante”, asegura un representante de CGT.

Los trabajadores de Parques y Jardines firmaron a principios de junio un convenio por el que adelantan una hora el comienzo de su jornada laboral y finalizan una hora antes. También trabajan quince minutos menos aunque, cuando pase el verano, deberán compensar esa parte. Sin embargo, a diferencia de los trabajadores de Parques y Jardines, para los empleados de FCC no ha habido cambio alguno en el comienzo de su jornada laboral.

Los empleados denuncian que siguen pasando la mayor parte de la jornada bajo el sol pese a las temperaturas extremas. “Si el 90% de mi trabajo es bajo el sol, por mucho que intente refugiarme, llega un momento en que es imposible protegerse”, lamenta Pinto.

“Cada verano es más difícil trabajar al aire libre y las medidas de prevención tendrán que adaptarse a esta nueva realidad. Necesitamos criterios más claros para saber cuándo es seguro trabajar y cuándo hay que parar”, asegura otra de las empleadas.

El Ayuntamiento de Barcelona dispone de un protocolo para proteger a los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre durante los episodios de altas temperaturas. Según explican fuentes municipales, cuando se activa la alerta naranja o roja, la normativa establece el aumento de pausas durante la jornada y el reajuste de tareas para reducir la exposición al calor. También se prohíbe el trabajo en solitario y se recomienda aplazar las labores físicamente más exigentes o, cuando no sea posible, establecer rotaciones entre el personal para minimizar la exposición al calor.

El macrocontrato del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Barcelona, valorado en hasta 900 millones de euros y destinado a prestar cuidados en el hogar a personas mayores y dependientes, ya tiene vencedores provisionales. La propuesta de adjudicación, pendiente de ratificación definitiva y publicada en la plataforma de contratación de la Generalitat, reparte el servicio entre dos grandes empresas del sector: Serveo, la compañía controlada por el fondo de inversión Portobello y anteriormente integrada en Ferrovial; y Atende, la filial de servicios sociales de Clece (del grupo ACS, la constructora que preside Florentino Pérez).

Si la adjudicación definitiva responde a esta propuesta, supondría que por primera vez en 45 años la cooperativa catalana Suara, especializada en servicios sociales, se queda fuera de la atención domiciliaria que presta el consistorio gobernado por Jaume Collboni. La otra empresa que gestionaba hasta ahora el servicio era Servisar (de DomusVi).

De esta forma, el servicio de cuidados en el hogar barcelonés se quedaría sin la presencia de ninguna empresa o entidad del sector social catalán para los próximos años. La aparición de grandes firmas en este ámbito ya generó polémica en 2016, durante el primer mandato de Ada Colau, cuando filiales de ACS y Sacyr ganaron lotes del mismo servicio frente a la entidad ABD.

Desde Suara aseguran a elDiario.es que han recibido con “incredulidad” y “desconcierto” la noticia, puesto que en la última valoración de sus servicios una auditoria externa contratada por el consistorio les puso un 9,10 sobre 10.

La licitación actual del Ayuntamiento de Barcelona, que es para los próximos tres años, divide el contrato de los cuidados públicos a domicilio en cuatro lotes, en el que se agrupan los distritos. Son contratos que en su conjunto adjudicarán por un importe de 452 millones de euros, pero que al ser prorrogables hasta cinco años –y contando otros costes extra–, ascienden a un máximo de 923 millones.

Reparto por distritos

El primer y el segundo lote se los llevaría –a falta de resolución definitiva– Serveo. El primero es de los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí, por un importe de 113,375 millones, pese a que por puntos ganaba Atende (la filial de Clece), que se quedó fuera por tener una propuesta económica demasiado baja. El segundo de Serveo corresponde a Eixample, Sants-Montjuïc y Les Corts, por un importe de 105,396 millones de euros. En total, la empresa de multiservicios dirigida por Salvador Urquía se adjudica contratos por 218 millones en la ciudad.

Serveo facturó 1.800 millones en 2025, con un beneficio de 38 millones. En 2024, Ferrovial vendió su 24% de la empresa a Portobello, un fondo de inversión español con participación en empresas como Angulas Aguinaga, Ian Alimentación y Legálitas.

La propuesta de adjudicación del tercer y cuarto lote van para Atende, filial de servicios sociales de Clece, empresa multiservicios propiedad de ACS. Cuidará a las personas de los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Horta por 110,621 millones de euros y de las de Nou Barris y Sant Andreu por 118,734 millones de euros. El Grupo Clece facturó 2.000 millones en 2025.

El Servicio de Atención Domiciliaria atiende anualmente a unas 20.000 personas en la capital catalana. Además de Suara, Ohla y Servisar se han quedado fuera de la carrera.

Una de las novedades del contrato es que prevé subidas salariales del 8% en los primeros dos años y del 5% en los dos posteriores, hasta alcanzar una subida del 26% en 2029. El precio por hora previsto para la atención personal alcanzará los 35 euros en el tercer año, el de la limpieza cotidiana los 31,93 euros por hora, la limpieza en profundidad 25,67 euros y el mantenimiento básico 38,50 euros por hora.

Entre los costes totales previstos de 435 millones de euros en los tres primeros años, 379 son costes salariales, 15 son de funcionamiento, 15 más son gastos generales de gestión y 24 millones van destinados a los márgenes empresariales.

Suara defiende su modelo

La cooperativa Suara, que gestiona servicios parecidos en numerosos municipios (L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Rubí, Esplugues del Llobregat o Sant Adrià del Besòs), queda ahora pendiente de la revisión del expediente.

Mientras tanto, defienden la oferta presentada. “Respondía a un modelo de atención real, pensado para la persona, sólido e innovador, construido desde los valores de la economía social, sustentada en la experiencia acumulada, el conocimiento del servicio y el compromiso”, apuntan.

La mayor terraza ilegal de Barcelona, en la angosta calle Trinitat del barrio Gótico, ya ha desaparecido. El Ayuntamiento de Barcelona, que abrió un expediente sancionador al restaurante, acudió a finales de junio con un camión y retiró todas las mesas y sillas.

La terraza no contaba con ningún tipo de licencia, pero el restaurante, Avinyó 10, había dispuesto unas 20 mesas en el callejón el considerar que era un paso privado. Sin embargo, el Ayuntamiento ya les advirtió de que no podían y que les iban a expedientar.

No es la primera vez que el consistorio desmantela esta terraza. Ya ocurrió en 2022, ante las quejas de los vecinos, que acusaban al dueño (que tiene el otro restaurante de la calle) de privatizar el espacio.

“Los trámites van tan lentos que la sensación que da es que pagan las multas con la facturación”, advertían fuentes de la asociación de vecinos el pasado 18 de julio. Finalmente, el consistorió actuó y por ahora la calle permanece sin mesas en medio del paso.

Decenas de activistas y familias afectadas por la crisis de la vivienda han ocupado este martes el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona como protesta por la saturación de los alojamientos de emergencia para quienes sufren desahucios.

La acción se ha iniciado en la Plaza Sant Miquel y, poco después de las 10:00 horas, los manifestantes han irrumpido sin incidentes en el vestíbulo del edificio, ante la mirada de sorpresa de los trabajadores del consistorio y de los grupos municipales. Allí se han concentrado más de una cincuentena de personas que han reclamado a gritos una solución a la falta de pisos de emergencia.

La protesta, seguida de cerca por la Guardia Urbana, estaba convocada por la PAH, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC)

Justo pasadas las 10.15h, los representantes de las entidades se han reunido con Joan Ramon Riera, el comisionado de Vivienda del Ejecutivo municipal, que ha bajado al vestíbulo para conversar con los manifetantes. En ese encuentro, el representante político ha pedido a los sindicatos que, para poder cumplir con sus demandas, debían abandonar el vestíbulo del consistorio.

“Aquí trabaja gente”, les ha recordado. Pero la posición de los activistas ha sido tajante: “Nos quedamos”.

Finalmente los activistas se han podido reunir con Raquel Gil, responsable del área de Derechos Sociales. Tras más de una hora, han obtenido el compromiso del consistorio de abrir una negociación para atender a sus peticiones.

El problema con los alojamientos de emergencia lleva meses enquistado. Los sindicatos y entidades por la vivienda denuncian que el nuevo modelo de ayudas económicas para familias desalojadas, que el Gobierno del PSC ideó como alternativa al desborde de los alojamientos de emergencia, es insuficiente.

Delia Cerare, portavoz de la PAH, ha detallado los motivos de la protesta: “Hay muchas familias que han sido desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional, a pesar de que la ley contempla los desahucios con realojamientos previos por parte de la administración”, ha proclamado. Tenemos muchísimas familias en la calle, con niños, gente mayor, y sin alternativa habitacional de ningún tipo“, ha añadido.

Entre los manifestantes se encontraba Carmen Fargas, afectada directa. Fargas ocupa sin contrato, junto a su hijo de 13 años, un piso que pertenece a un fondo de inversión que quiere desalojarlos sin ofrecerles alternativa. “Lo máximo que nos pueden dar son tres días en un albergue con un menor”, ha explicado. Según su relato, en el Ayuntamiento le han dicho que se busque la vida, y al cobrar una renta garantizada sin nómina, nadie le alquila una habitación.

Los tres colectivos convocantes —PAH Barcelona, la COSHAC y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya— han hecho público un comunicado en el que atribuyen el problema con los alojamientos de emergencia a un cambio de modelo impulsado por el PSC desde su entrada en el Ayuntamiento, que según denuncian ha supuesto la reducción de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) y un empeoramiento de las condiciones para las familias afectadas.

Los sindicatos sostienen que los desahucios aumentan en Barcelona por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde 2013, mientras la inversión municipal en construcción de vivienda pública ha caído un 64,5% y la compra de vivienda por tanteo y retracto un 80%. Los sindicatos han presentado un pliego de diez exigencias al consistorio, entre las quales, declarar la emergencia habitacional o expropiar la vivienda vacía y de uso turístico en manos de grandes tenedores.

El ciclo electoral que se iniciará en 2027 no augura buenos resultados para Junts, que se hunde tanto en Catalunya como en Barcelona, tal como pronostican tanto el CEO como el Barómetro municipal, que se ha hecho público este viernes. En la capital catalana, los de Puigdemont se desploman y pasarían de ganar las elecciones a ser la última fuerza de derechas, por detrás de Aliança, Vox y PP en intención de voto.

Según el sondeo, Junts sucumbe a Aliança Catalana, formación que podría entrar con fuerza en el Ayuntamiento barcelonés, donde llegaría a escalar hasta la tercera posición. Así, Junts quedaría relegado a la penúltima fuerza, sólo por delante de la CUP, culminando una debacle de votos en Barcelona que se empezó a fraguar después de las elecciones de 2023.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que esta encuesta recoge intención directa de voto, no una estimación, como sí hacen otros sondeos como el CIS o el CEO. Es decir, refleja lo que los encuestados responden cuando se les pregunta qué votarían si hoy hubiera elecciones. La estimación de voto, en cambio, es un cálculo elaborado que corrige esas respuestas mediante distintos modelos estadísticos.

Por eso, la intención de voto debe leerse como una fotografía de las respuestas, no como una proyección del resultado electoral. Para entender la importancia de tener en cuenta la diferencia entre ambas modalidades sólo hace falta fijarse en el número de encuestados que aseguran que se abstendrán (menos del 10%), frente al 43,2% que finalmente no votó en las elecciones de 2023.

Aun así, este sondeo sí sirve para constatar el descenso de Junts, que podría llegar a perder el 80,75% de los votos y cosecharía los peores resultados de su historia (contando tanto CiU como Junts). La bajada en intención de voto a este partido se ha sostenido en el tiempo desde las pasadas elecciones. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Que la popularidad de Junts en Barcelona vaya tanto de la mano de Trias constata que el votante juntaire en la capital se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. En los últimos 10 años, el partido sólo ha cosechado buenos resultados cuando el cabeza de lista ha sido el exalcalde y, por eso, no es de extrañar que la militancia de Junts en Barcelona haya apostado por Jordi Martí Galbis para sustituirle.

Se trata del hijo político de Trias, que competía con candidatos más afines a Puigdemont que a la herencia convergent. Cabe destacar que esta edición del barómetro municipal fue realizada antes de las primarias, con lo que el efecto Galbis todavía no se puede leer. Se deberá esperar hasta la segunda ola de la encuesta, en diciembre de 2026, y que será la última antes de las elecciones municipales.

El PSC revalida y crece en intención

Junts no es el único partido de derecha que sale mal parado de este barómetro. Si los postconvergents pierden casi un punto, el partido xenófobo de Sílvia Orriols se deja seis décimas respecto al último sondeo. Por contra, crecen PP y Vox, lo que hace que el apoyo al bloque de la derecha se mantenga prácticamente intacto. En cambio, crece el apoyo a las formaciones de derecha en 3 puntos (gracias al descenso de los encuestados que declaran que se abstendrán).

Según la intención de voto, el PSC revalidaría la alcaldía y crecería 1 punto respecto a los comicios. Pero el gran beneficiado sería ERC, que se consolidaría en segunda posición, creciendo 4,3 puntos respecto a las elecciones y 3,3 desde el último barómetro. Todo ello, en contraste a los Comuns, que podrían llegar a perder el 60,5% de los apoyos (casi un 15% más de lo que auguraba el último barómetro).

Estos resultados complicarían la gobernabilidad de un posible segundo mandato de Collboni. Para el primero necesitó sumar el apoyo del PP al de ERC y Comuns para poder arrebatar la alcaldía a Trias. Pero, de cumplirse las previsiones del barómetro, aun sumando al popular Daniel Sirera (quien ya ha dicho que no repetirá la maniobra), el socialista tendría menos fuerza que en 2023.

Así, Collboni se enfrentaría a un segundo mandato en una minoría todavía más clara que la de esta legislatura, durante la cual todavía no ha sido capaz de aprobar presupuestos por la vía ordinaria.

La vivienda se mantiene como principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 31% de la ciudadanía (casi 3 puntos menos que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, se mantiene en segunda posición, aumenta y pasa del 25,2 al 26,3. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la inmigración, que se intercambia el quinto puesto con la limpieza.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que casi el 80% de los barceloneses se muestra a favor de prohibir los pisos turísticos y regular el precio del alquiler de los locales comerciales. También se apunta a que crece el apoyo a limitar el nombre de cruceros que hacen escala en Barcelona, una cuestión que cosecha el apoyo del 64,4% de los encuestados.

Los vecinos desalojados de 93 viviendas por el socavón en el barrio del Putxet de Barcelona no regresarán a sus casas al menos hasta el sábado, porque los técnicos necesitan tres días para taponar con hormigón el agujero aparecido este martes y confirmar que no habrá más incidencias a causa del paso de la tuneladora que construye la L9 del Metro.

Durante toda la mañana de este miércoles, los Bomberos han accedido a los locales y viviendas de las calles afectadas para revisar su estado e identificar posibles afectaciones causadas por el socavón, que es de unos 8 metros de diámetro y 4 de profundidad y que apareció en un patio interior de una manzana.

La hipótesis que baraja en estos momentos el Govern, a falta de confirmación definitiva, es que el desplazamiento de tierra fue sido provocado por la tuneladora que está llevando a cabo los trabajos de la L9 del metro.

“Estamos perforando a 40 metros de profundidad, pero cabe la posibilidad que este movimiento se haya trasladado hasta la superficie”, detalló este martes la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

La gran mayoría de afectados ha pasado la noche en casa de familiares, y una minoría ha acudido a hoteles pagados por sus seguros. Los vecinos más vulnerables, como las personas mayores, están siendo especialmente tratadas por los servicios municipales.

Aquellas personas que requieran una alternativa habitacional tienen a su disposición, a través de los servicios de emergencia social del Ayuntamiento de Barcelona, equipamientos sociales de emergencia e incluso habitaciones de hotel “el tiempo que sea necesario”, según expuso este martes el alcalde, Jaume Collboni.

A las 13:30 horas, Sara, de 72 años, espera el autobús que debe llevarla a casa desde Plaça de Catalunya, en Barcelona. Lo hace a pleno sol, con una temperatura que alcanza los 33 grados. “Ahora la sombra es para los turistas”, se lamenta la mujer.

Un pequeño cambio en la distribución de la parada de bus 1257 ha indignado a los vecinos. Hace más de un mes, los autobuses de la red de transporte público D50, N5, N6 y N7 tenían en Plaça de Catalunya una parada con marquesina. Pero ahora ese emplazamiento se lo ha quedado el Bus Turístico, y ha desplazado a los usuarios regulares a escasos metros, a una de esas paradas que es solo un poste, sin techo ni asientos.

“Deberían al menos poner algo de sombra, estamos quemados como una teja”, se lamenta Sara, que suele coger puntualmente el D50 para bajar al centro de compras. Igual de enfadada está Laura Molet, que trabaja por la zona y suele subir en bus hacia su casa, en el barrio de la Sagrada Família. “Es para favorecer a los guiris, me parece fatal”, sentencia.

El Ayuntamiento defiende la reubicación por razones operativas del Bus Turístico. Pero añade que la solución del poste es provisional, y que pronto se instalará también una marquesina para los usuarios de estas líneas urbanas.

En plena ola de calor, la mayoría de viajeros no aguanta esperando al sol. Sara busca la escasa sombra de una farola, que apenas la cubre. Laura, ventilador de bolsillo en mano, se esconde detrás del quiosco y va asomando para ver si aparece su bus. Y cuando este llega, aparecen viajeros que aguardaban, atentos, desde debajo de árboles y mobiliario urbano cercano.

La Asociación de Vecinos de la Dreta de l'Eixample considera que el cambio supone un ejemplo más de cómo se prioriza el turismo frente a las necesidades de los residentes.

“Las personas mayores, las personas con movilidad reducida, los trabajadores que utilizan el transporte público cada día y todos los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de la ciudad han visto cómo se les retiraba un servicio básico para ofrecer una mayor comodidad a unos visitantes que solo permanecerán en Barcelona durante unos días”, señala la entidad en un comunicado.

La entidad vecinal tuvo conocimiento del traslado de la parada a principios de junio y pocos días después trasladó su malestar a una Comisión Consultiva del Ayuntamiento.

Según explican, concedieron un plazo de diez días al concejal del distrito del Eixample para que les diera una explicación sobre la decisión. Al no obtener respuesta, presentaron una queja ante el Síndic de Greuges de Barcelona (el Defensor del pueblo) a finales de junio, donde el expediente sigue pendiente de resolución.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, defienden que era necesario recuperar las cuatro paradas del autobús turístico de plaza Catalunya “debido a la evolución de la demanda”.

Ese reajuste obligó a trasladar unos metros la parada del D50 y de las líneas N5, N6 y N7 hasta la esquina con la ronda de Sant Pere. El consistorio asegura que la nueva ubicación “no perjudica al autobús urbano convencional” y que, al situarse en el vértice de la plaza, evita interferencias y mejora su velocidad comercial.

Respecto a la ausencia de marquesina, que obliga a los usuarios a esperar al sol, sostienen que el actual poste es una solución temporal. “Como solución provisional se instaló un poste de parada, pero estamos trabajando en la instalación de una marquesina”, indican.

Desde Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) coinciden con el consistorio. Y añaden que colocar la marquesina requiere trabajos previos: “Para poderla instalar se ha de mover un metro el quiosco que se encuentra en este ámbito”, apuntan.

La reapertura de la parada del Bus Turístico en plaza Catalunya responde también al intento de recuperar viajeros tras la caída registrada en los últimos años. Según los últimos datos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), difundidos por la Cadena SER el pasado mes de abril, el servicio perdió un 36% de pasajeros entre 2019 y 2025.

De hecho, la directora de Producto de Turismo de Barcelona, Glòria Alarcón, aseguró en declaraciones a la Cadena SER que la desaparición de la parada de plaza Catalunya había sido “el principal motivo” de ese descenso de usuarios del Bus Turístico y que el objetivo era “recuperar parte del mercado perdido el año pasado”.