Los vecinos afectados por el socavón provocado por las obras de la línea L9 del metro de Barcelona, en el barrio del Putxet, demandarán al Ayuntamiento de Barcelona, tal como ha avanzado el diario Ara. Este movimiento se suma al anuncio que ya hicieron el lunes de demandar también a la Generalitat.

Se trata de demandas colectivas de carácter administrativo que se presentarán ante sendas administraciones, como máximo, el 14 de septiembre. La abogada que representa a los afectados, Carmen Pérez Pozo-Toledano, asegura que reclamarán daños materiales, económicos y morales sobre la base del principio culpa in vigilando, que hace referencia que el contratante de un servicio tiene responsabilidad en que se realice de manera correcta.

Según Pérez, el hecho de que los vecinos avisaran previamente de que las obras estaban causando desperfectos es relevante de cara a plantear la responsabilidad de la Administración. “La Generalitat tiene la responsabilidad de vigilar que la constructora que contrata está haciendo bien el trabajo”, apuntó a principios de agosto en una entrevista para elDiario.es.

La letrada asegura que los daños causados a los afectados son “irreparables” y subraya que, a pesar de que pedirán indemnizaciones económica, “nadie quitará el miedo” generado a los vecinos y comerciantes de la zona.

El socavón se generó el pasado 7 de julio, lo que obligó a desalojar a 93 unidades de convivencia, lo que equivale a unas 300 personas. De ellas, un 60% pudieron volver a sus hogares a principios de agosto, pero el resto sigue sin poder regresar.

Las estimaciones iniciales hablaban de un desalojo de días que se fue incrementando a medida que pasaba el tiempo. Así, se han convertido en semanas y luego meses: habrá un primer grupo, de 15 viviendas y un local, que podrá volver a mediados de octubre, pero la Generalitat ha reconocido que hasta principios de 2027 no puede asegurar que todo el mundo haya regresado a sus casas.

El Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente informativo al líder del grupo municipal de Vox, Gonzalo de Oro Pulido, por haber salido al balcón del consistorio con banderas de Ceuta durante las concentraciones del pasado 2 de septiembre.

El Ejecutivo barcelonés considera que Oro Pulido hizo un “uso indebido” de las instalaciones municipales. Junto al líder de Barcelona se encontraba el diputado en el Parlament Joan Garriga, que también exhibió banderas de la ciudad autónoma, así como de España.

La acción se llevó a cabo durante la concentración en plaça Sant Jaume (que une al Ayuntamiento y a la Generalitat) en apoyo a Ceuta, convocada por PP y Vox.

La decisión de abrir el expediente se ha tomado este martes, durante la reunión de la Junta de Portavoces y a petición de todos los grupos municipales: PSC, Junts, ERC, Comuns y PP. Todavía está por ver si el expediente deriva en sanción.

Gonzalo de Oro Pulido ha considerado el expediente como una “maniobra de persecución política”, tal como ha apuntado en un vídeo en redes. “Todos los grupos se han puesto de acuerdo para castigarme por ayudar al pueblo ceutí, que está pasando el peor verano de toda su vida”, ha seguido.

El concejal de Vox ha lamentado que se le abra un expediente, mientras que el balcón del Ayuntamiento “normalmente está adornado con estas cosas”, ha dicho, mostrando imágenes de carteles con lemas a favor de la acogida de refugiados, contra el “estado sionista de Israel” o con un lazo amarillo en apoyo a los presos políticos del procés. “Son cosas políticas y, en algunos casos, ofensivas. Esto, en cambio, sólo es una bandera de Ceuta. Y lo volveríamos a hacer”, ha remachado.

El comité de empresa del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona ha hecho este martes un llamado a toda la plantilla para secundar “de forma masiva” la huelga indefinida que está activa desde el pasado mayo. Finalmente, han respondido 36 de 41 de los centros, lo que supone cerca del 90% del total.

“Estamos en un momento de conflicto que no ha cambiado durante todo el verano. No hemos avanzado y queremos visibilizar nuestro malestar”, ha apuntado el delegado de la CGT y del comité de empresa, Pau Solsona, durante una concentración de trabajadores convocada frente a la Sagrada Familia. La ubicación pretendía enviar un “mensaje” al consistorio para afearle que “priorice el turismo a los servicios públicos”.

Esta ha sido la jornada con más seguimiento de la huelga indefinida, que se mantiene activa desde el pasado 26 de mayo. Hasta ahora, la media de seguimiento de los paros ha sido del 10% de los trabajadores entre semana y del 16% los fines de semana, así como del 30% de centros cerrados.

Los trabajadores achacan al “inmovilismo” del Ayuntamiento el hecho de que el conflicto siga activo. “No hemos visto ningún acercamiento. Están llevando a cabo una táctica de desgaste”, añade Solsona.

Por su parte, desde el consistorio niegan la mayor y aseguran que se han llevado a cabo 13 reuniones desde el febrero para intentar la adhesión de la plantilla al convenio del Ayuntamiento. Los encuentros se han celebrado con CCOO, UGT y CSIF; ahora bien, la representación sindical en el Consorcio es de Intersindical-CSC y la CGT.

El consistorio insiste en que se han ofrecido diversas “mejoras” a los trabajadores como pasar a la jornada de 35 horas, la oferta de funcionarizar a una plantilla en la que, casi todo el mundo, es personal laboral. Esta integración al convenio municipal, supondría una mejora salarial del 8%.

Es en la jornada laboral donde está el problema y la falta de acuerdo. Desde el consistorio aseguran que el nuevo modelo prioriza aplicar turnos de mañana o de tarde, mientras que habrá un día semanal de jornada partida con 8,5 horas de trabajo. Ese es el punto “inaceptable” para los trabajadores, que matizan que el turno partido acaba suponiendo “11 horas diarias” que, aseguran, no aceptarán.

Además, consideran que hay un agravio retributivo respecto a otros sectores del Ayuntamiento. “Su estrategia es dilatar el conflicto y cansarnos”, asegura Solsona, que ha apuntado que los próximos pasos a seguir se decidirán en una asamblea el día 14.

Por su parte, el consistorio insiste en defender el derecho a la huelga y la movilización, pero no de “las actuaciones vandálicas que han comportado en algún caso”. Esa afirmación hace referencia a una protesta que hubo frente a la sede municipal y que acabó con una intervención policial de la Guàrdia Urbana.

El Ayuntamiento de Barcelona ha ampliado las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos en sus fincas. La primera convocatoria se publicó en febrero y, desde entonces, se han presentado más de 80 solicitudes, una cifra “mayor” de la que esperaba el consistorio.

Por ello, se ha decidido aumentar el presupuesto de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros y se ha ampliado el plazo para presentar las solicitudes hasta el 31 de diciembre. La ayuda está pensada, principalmente, para sufragar hasta el 50% los gastos de gestión derivados del cambio de los estatutos (notaría, registro u honorarios profesionales). El monto es de un máximo de 1.500 euros si se modifican los estatutos vigentes, y de 2.500 en esos casos en que los estatutos sean de nueva creación.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración a tres bandas entre el Ayuntamiento, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cambra de la Propiedad Urbana de Barcelona y va en la línea del objetivo del consistorio de eliminar los pisos turísticos en la ciudad.

Para ello, Collboni ya anunció que su intención es no renovar licencias y acabar prohibiéndolos de cara a 2028. Aun así, para asegurar que el alojamiento vacacional queda vetado en Barcelona, el consistorio recomienda vetarlos también de las fincas, para prevenir posibles recursos a la norma. Igualmente, recuerdan que la modificación de los estatutos sólo sirve para prohibir que se instalen nuevos apartamentos, no para eliminar los que ya existen.

Para acceder a la ayuda, las fincas deben cumplir una serie de requisitos. Además de modificar los estatutos para incluir expresamente la prohibición del uso turístico o actividades económicas en sus pisos, deberán también tener una cláusula homologable a la establecida por la Cambra y el Col·legi. Igualmente, se el nuevo texto se deberá inscribir en el registro y elevarlo a documento público para garantizar su validez ante terceros. Por último, es imprescindible que la comunidad esté al corriente de sus obligaciones tributarias.

El teniente de alcaldía de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, defiende que la ciudad está “muy poco videovigilada” y confía en llegar a las 500 cámaras nuevas en la calle en 2027. Esto supondría más que duplicar la cifra de 186 cámaras que hay actualmente en la vía pública, contando las que ya hay en la Plaza Catalunya (14) y en el Front Marítim (12).

A pesar de que queda menos de un año para acabar el mandato, Batlle mantiene en una entrevista con la agencia ACN el objetivo de llegar a medio millar de cámaras nuevas. “Estamos en el buen camino”, ha afirmado.

El consistorio ha informado este mismo martes de nuevas ubicaciones de un centenar de nuevas cámaras autorizadas: 9 en el Passeig del Born, 11 en los búnkeres del Carmel, 30 en el Anillo Olímpico, 19 en el Parque de la Pegaso, y 30 a la Fira de Bellcaire i Fort Pienc

Batlle admite que han tenido que trabajar para “remover muchas reticencias” respecto a la instalación de nuevas cámaras de seguridad ciudadana “con todas las garantías”. Según indica, tan pronto como se tiene el aval de la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya (CCDVC), se inicia “inmediatamente” el proceso de adquisición, instalación y puesta en marcha de las cámaras.

Las zonas donde deben colocarse, dice, han ser de gran concentración de personas, donde hay más actividad delictiva y también espacios susceptibles de ser utilizados para un ataque terrorista. “Son los tres elementos: el terrorismo, la masificación y la actividad delictiva”, resume.

El teniente de alcalde defiende que la videovigilancia es un elemento de “disuasión” de delitos y acompañamiento a la labor policial y añade que las cámaras también son útiles para la resolución de actividad delictiva. Preguntado, por ejemplo, por los resultados de las cámaras de la plaza Catalunya, instaladas en abril, comenta que “hay una cierta actividad delictiva que ha sido captada y esclarecida a través de ellas”. Además, reitera que es un sistema “muy garantista” con la intimidad de las personas.

Según los planes que ya explicó el Ayuntamiento, del paquete de 500 cámaras nuevas para lo que queda de mandato, la fase 1 prevé 134 cámaras para que estén instaladas entre finales de 2025 y 2026. Las fases 2 y 3 son un total de 121 cámaras y la instalación está prevista entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027. La fase 4 incluye 245 cámaras y prevé su instalación en 2027.

Por otro lado, en cuanto al objetivo de dotar a la Guardia Urbana con las polémicas pistolas eléctricas —como ya tienen los Mossos y otras policías locales—, Batlle da por hecho que será posible durante este mandato. En julio, la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona aprobó inicialmente el reglamento que regula su dotación y uso. El siguiente paso ahora es su votación definitiva en el pleno.

Así, aunque el pleno ya rechazó en junio de 2025 el reglamento para el uso de las pistolas eléctricas por el voto contrario de Junts a última hora, Batlle cree que este hecho no se repetirá. De hecho, Junts ya votó a favor en la última votación en comisión hace un mes. “Las conversaciones que hemos tenido con Junts y con otras fuerzas políticas nos permitirán llevar adelante la aprobación y la adquisición de este instrumento”, afirma durante la entrevista y aprovecha para agradecer la «buena predisposición» y el cambio de posición de Junts.

En un bloque inacabable de pisos del barrio de Sant Martí, en Barcelona, vive Carmen desde hace siete años con su hijo de 13. Entró de okupa porque se encontraba en la calle y, según cuenta, nadie le ofrecía nada. Años después, ya asentada en el barrio, ve como el 15 de septiembre se ha fijado la fecha de su desahucio si tener una alternativa viable.

El fondo propietario del inmueble ha adquirido la propiedad y se niega a firmarle un alquiler social. “Prefieren pagar la multa que les imponen por ser grandes tenedores”, resume. En poco más de un mes, si nada lo frena, se quedará en la calle con su hijo: “No sé dónde vamos a ir.”

Justo delante del sofá enfundado en un collage de mandalas que preside el salón se observan fotos de Carmen con sus dos hijos, el otro ya mayor. Aunque el espacio es pequeño, está cuidado y cabe hasta un rincón de juego para su gato recién llegado a la familia: Botas, se llama. Nada más entrar se acurruca con Carmen, que cuando llegó al piso se apañó cerrando una parte de la terraza para poder tener su propia habitación. Y después de mucho tiempo cuidando lo que ya es su hogar, ahora se ve fuera y desesperada.

Su caso no es una excepción. En Barcelona, el Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) se ha convertido en el principal dispositivo municipal frente a la exclusión residencial, pese a estar concebido como un recurso puntual. En mayo de 2026 alojaba a 3.279 personas —1.087 unidades familiares—, de las cuales cerca del 85% eran familias con menores a cargo, según datos del Ayuntamiento.

Más del 76% acumulan estancias superiores a seis meses; un 5% lleva ya más de cinco años dentro. El consistorio ha elevado el presupuesto de estos alojamientos de 34 millones de euros en 2023 a 43 en 2025.

A Carmen, de momento, los servicios sociales solo le ofrecen tres días en un albergue. “Ahí no se dan las condiciones para estar con un niño”, se lamenta. La otra vía, la mesa de emergencia que reparte las viviendas, arrastra más de 700 familias y una espera media de cuatro años. “Durante la espera para un piso nadie te ofrece nada dónde puedas vivir”, explica.

El Ayuntamiento defiende que ha reforzado las ayudas para prevenir desahucios y facilitar alternativas, como una prestación mensual de hasta 1.500 euros. Aunque en este caso, encontrar un alquiler se convierte en una quimera debido a sus condiciones de vulnerabilidad.

Desde el consistorio admiten que la crisis habitacional “hace muy difícil la disponibilidad de vivienda a precios asequibles” y que existe una clara “discriminación inmobiliaria” por razones socioeconómicas —y en otros casos, por razones raciales. Desde julio de 2025, solo 30 familias han conseguido salir de los alojamientos de urgencia con la nueva prestación.

La ley y la trampa

Carmen asegura que el fondo le ha ofrecido dinero para que se marche: inicialmente 19.000 euros, una cantidad que han reducido a 10.000 a cambio de entregar voluntariamente las llaves antes del desahucio. Pero Carmen no puede aceptarlo, ya que si cobra ese dinero tiene miedo de perder la renta garantizada (unos 1.000 euros con los que sobrevive).

“Está la ley y está la trampa”, zanja. Ocurre lo mismo con la prestación municipal: solo la cobraría si le alquilaran una habitación con contrato, algo muy difícil en un caso así. Según cuenta ella, les ha pedido que acepten un alquiler social, pero se han negado. Preguntados por este medio, Hipoges, la plataforma encargada de gestionar el inmueble, se ha negado a responder aludiendo a la “confidencialidad de cada caso”.

“No soporto que me hable ni que me mire nadie. Estoy al límite”, admite Carmen, que reconoce estar “desatada”. Por eso mismo, su hijo se ha marchado a casa de unos familiares hasta que puedan resolver la situación. El mayor ha vuelto para hacerle compañía y ayudarla. “Apenas duermo”, explica esta mujer, que teme que, si se acaba plantando en una tienda de campaña en la calle, se quede sin su hijo: “Ellos no lo protegen, no me dan una alternativa, y si estás en la calle, te lo quitan”, cuenta entristecida entre el ruido de los ventiladores que tratan de refrescar la casa.

Ante el riesgo de perderla, hace poco más de un mes que Carmen se acercó al sindicato de vivienda del barrio, que hasta entonces conocía solo como el local donde “las señoras van a bailar”. Allí ha encontrado asesoramiento y, sobre todo, gente en su misma situación. “Te hace sentirte entendida y acompañada. Es el único apoyo que tenemos”, dice. Ahora se le ha sumado la abogada que la ayuda con el caso y sobre la que deposita todas sus esperanzas.

“Me gustaría pagar, pero pagar lo que puedo pagar, porque hay cosas que no las puede asumir nadie con un sueldo normal”, narra Carmen, que solo quiere un alquiler asequible y vivir tranquila. De la administración, en cambio, dice haberlo echado todo de menos. “Me siento totalmente abandonada. Es como si no quisieran ver el problema”, lamenta.

En el pasillo de la casa solo se observan los recuerdos típicos de alguien que se siente como en su hogar. Un hogar que durante años le ha permitido a Carmen poder configurar un proyecto de vida estable y un espacio de seguridad para sus hijos. Ahora, su sustento está en peligro como el de muchas otras personas en la ciudad de Barcelona debido a la galopante crisis de precios en el mercado de la vivienda y la alta demanda que está sufriendo la administración.

Cientos de trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona han estrenado en los últimos días pulseras térmicas para evitar golpes de calor. Casi un año después de la muerte de Montse, la operaria de una brigada de limpieza que falleció por exposición a las altas temperaturas, el consistorio ha repartido este dispositivo entre su plantilla al aire libre como prueba para prevenir situaciones de riesgo.

La medida, que afecta sobre todo a las brigadas de limpieza y a las de Parques y Jardines, forma parte de un plan que incluye más descansos y cambios horarios. Pero se ha recibido con cierto escepticismo por parte de los trabajadores, que insisten en que se facilite aire acondicionado en todos los vehículos y una ropa que transpire adecuadamente.

La pulsera es un dispositivo todavía en fase de evaluación, pero que ante el aumento de las temperaturas sirve para detectar cuando el trabajador que la lleva está a punto alcanzar situaciones de estrés térmico. Además de Barcelona, la han incorporado ya en sus plantillas ciudades como Motril, Alcoi o Las Palmas de Gran Canaria.

Las pulseras registran la temperatura corporal del trabajador al inicio de la jornada y, si detectan una subida repentina en un corto periodo de tiempo, emiten una vibración, una señal acústica y una luz de aviso. El objetivo del dispositivo es alertar antes de que el trabajador llegue a una situación de riesgo. En caso de que se encienda, el empleado debe buscar un refugio a la sombra y contactar con su encargado para que le comunique cómo proceder.

“La medida está bien pero se queda muy corta”, sostiene Cristina Pinto, trabajadora de limpieza en la empresa externa FCC –una de las cuatro subcontratas– en Barcelona. Opina que, al pitar la pulsera, esta debería avisar automáticamente al encargado o contactar con los servicios médicos. “En esta situación, el trabajador no debería tener que preocuparse por buscar un refugio climático o por avisar a su encargado”, defiende.

Otro de los aspectos que cuestionan es el uso compartido de las pulseras. Aunque el Ayuntamiento estipula que son de carácter personal, trabajadores de FCC aseguran que en su caso la comparten con compañeros de otros turnos. En otros departamentos, como Parques y Jardines –servicio que no está externalizado– señalan que su pulsera térmica sí es de uso personal.

“No me siento cómodo llevando una pulsera sudada de otra persona, ni aunque la desinfecten”, admite Pau García, delegado del sindicato CGT en FCC, que, sin embargo, reconoce: “Aunque la medida es insuficiente, pienso que si no fuese por el tema de la higiene, estaría bien”.

Aunque hay trabajadores que renuncian a la pulsera, la mayoría opta por llevarla. “Me da un poco de asco pero prefiero priorizar mi salud antes que la higiene”, admite Isabel Romero (nombre ficticio), trabajadora de FCC. A ella le pitó recientemente la pulsera, durante una de sus jornadas. “No me había dado ni cuenta de que me encontraba mal, así que me parece una buena medida de prevención”, celebra

Con todo, añade Romero que hacen falta medidas más efectivas: “Debería complementarse con un protocolo que incluya medidas de prevención aún más amplias”.

Desde CGT, por ejemplo, llevaron a la Inspección de Trabajo el caso de un trabajador de Parques y Jardines sufrió un golpe de calor sin que su aparato pitara. “No siempre funcionan”, señalan. El consistorio, por su parte, asegura que se siguieron los protocolos de seguridad y prevención pertinentes.

En este sentido, una trabajadora opina que el hecho de llevar la pulsera puede dar una “falsa sensación de seguridad”. “Que no te haya pitado la pulsera no debe impedir que, si te encuentras mal, puedas parar y refugiarte en un lugar fresco para recuperarte”, subraya. Y denuncia que, aunque el protocolo establece que los trabajadores pueden refrescarse, hidratarse, ir al baño o descansar si lo necesitan, hay encargados o supervisores que les piden explicaciones constantemente.

Cristina Pinto comparte la misma idea: “Quienes llevamos más tiempo y tenemos el puesto más consolidado no nos da tanto pudor resguardarnos si nos encontramos mal. Pero muchos trabajadores temporales se fuerzan para demostrar que valen y conservar el puesto. Al final, la responsabilidad sobre qué hacer, en todo momento acaba recayendo en el trabajador”.

En cuanto a sus otras demandas para el calor, como la ropa más transpirable, el Ayuntamiento de Barcelona asegura que los trabajadores cuentan con ropa adecuada, pero algunos discrepan. “Se nos queda el sudor pegado al cuerpo y se forma un microclima entre la piel y la ropa. A veces es casi insoportable trabajar así”, asegura Romero.

También critican que los motocarros –los pequeños vehículos eléctricos que utilizan la mayoría de trabajadores– no disponen de aire acondicionado. “Nos dicen que el aire no es necesario, pero si hay un atasco puedes llegar a pasar una hora o más dentro. Y la sensación es la de estar en una caja de metal bajo el sol, es abrasante”, asegura un representante de CGT.

Los trabajadores de Parques y Jardines firmaron a principios de junio un convenio por el que adelantan una hora el comienzo de su jornada laboral y finalizan una hora antes. También trabajan quince minutos menos aunque, cuando pase el verano, deberán compensar esa parte. Sin embargo, a diferencia de los trabajadores de Parques y Jardines, para los empleados de FCC no ha habido cambio alguno en el comienzo de su jornada laboral.

Los empleados denuncian que siguen pasando la mayor parte de la jornada bajo el sol pese a las temperaturas extremas. “Si el 90% de mi trabajo es bajo el sol, por mucho que intente refugiarme, llega un momento en que es imposible protegerse”, lamenta Pinto.

“Cada verano es más difícil trabajar al aire libre y las medidas de prevención tendrán que adaptarse a esta nueva realidad. Necesitamos criterios más claros para saber cuándo es seguro trabajar y cuándo hay que parar”, asegura otra de las empleadas.

El Ayuntamiento de Barcelona dispone de un protocolo para proteger a los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre durante los episodios de altas temperaturas. Según explican fuentes municipales, cuando se activa la alerta naranja o roja, la normativa establece el aumento de pausas durante la jornada y el reajuste de tareas para reducir la exposición al calor. También se prohíbe el trabajo en solitario y se recomienda aplazar las labores físicamente más exigentes o, cuando no sea posible, establecer rotaciones entre el personal para minimizar la exposición al calor.

El macrocontrato del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Barcelona, valorado en hasta 900 millones de euros y destinado a prestar cuidados en el hogar a personas mayores y dependientes, ya tiene vencedores provisionales. La propuesta de adjudicación, pendiente de ratificación definitiva y publicada en la plataforma de contratación de la Generalitat, reparte el servicio entre dos grandes empresas del sector: Serveo, la compañía controlada por el fondo de inversión Portobello y anteriormente integrada en Ferrovial; y Atende, la filial de servicios sociales de Clece (del grupo ACS, la constructora que preside Florentino Pérez).

Si la adjudicación definitiva responde a esta propuesta, supondría que por primera vez en 45 años la cooperativa catalana Suara, especializada en servicios sociales, se queda fuera de la atención domiciliaria que presta el consistorio gobernado por Jaume Collboni. La otra empresa que gestionaba hasta ahora el servicio era Servisar (de DomusVi).

De esta forma, el servicio de cuidados en el hogar barcelonés se quedaría sin la presencia de ninguna empresa o entidad del sector social catalán para los próximos años. La aparición de grandes firmas en este ámbito ya generó polémica en 2016, durante el primer mandato de Ada Colau, cuando filiales de ACS y Sacyr ganaron lotes del mismo servicio frente a la entidad ABD.

Desde Suara aseguran a elDiario.es que han recibido con “incredulidad” y “desconcierto” la noticia, puesto que en la última valoración de sus servicios una auditoria externa contratada por el consistorio les puso un 9,10 sobre 10.

La licitación actual del Ayuntamiento de Barcelona, que es para los próximos tres años, divide el contrato de los cuidados públicos a domicilio en cuatro lotes, en el que se agrupan los distritos. Son contratos que en su conjunto adjudicarán por un importe de 452 millones de euros, pero que al ser prorrogables hasta cinco años –y contando otros costes extra–, ascienden a un máximo de 923 millones.

Reparto por distritos

El primer y el segundo lote se los llevaría –a falta de resolución definitiva– Serveo. El primero es de los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí, por un importe de 113,375 millones, pese a que por puntos ganaba Atende (la filial de Clece), que se quedó fuera por tener una propuesta económica demasiado baja. El segundo de Serveo corresponde a Eixample, Sants-Montjuïc y Les Corts, por un importe de 105,396 millones de euros. En total, la empresa de multiservicios dirigida por Salvador Urquía se adjudica contratos por 218 millones en la ciudad.

Serveo facturó 1.800 millones en 2025, con un beneficio de 38 millones. En 2024, Ferrovial vendió su 24% de la empresa a Portobello, un fondo de inversión español con participación en empresas como Angulas Aguinaga, Ian Alimentación y Legálitas.

La propuesta de adjudicación del tercer y cuarto lote van para Atende, filial de servicios sociales de Clece, empresa multiservicios propiedad de ACS. Cuidará a las personas de los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Horta por 110,621 millones de euros y de las de Nou Barris y Sant Andreu por 118,734 millones de euros. El Grupo Clece facturó 2.000 millones en 2025.

El Servicio de Atención Domiciliaria atiende anualmente a unas 20.000 personas en la capital catalana. Además de Suara, Ohla y Servisar se han quedado fuera de la carrera.

Una de las novedades del contrato es que prevé subidas salariales del 8% en los primeros dos años y del 5% en los dos posteriores, hasta alcanzar una subida del 26% en 2029. El precio por hora previsto para la atención personal alcanzará los 35 euros en el tercer año, el de la limpieza cotidiana los 31,93 euros por hora, la limpieza en profundidad 25,67 euros y el mantenimiento básico 38,50 euros por hora.

Entre los costes totales previstos de 435 millones de euros en los tres primeros años, 379 son costes salariales, 15 son de funcionamiento, 15 más son gastos generales de gestión y 24 millones van destinados a los márgenes empresariales.

Suara defiende su modelo

La cooperativa Suara, que gestiona servicios parecidos en numerosos municipios (L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Rubí, Esplugues del Llobregat o Sant Adrià del Besòs), queda ahora pendiente de la revisión del expediente.

Mientras tanto, defienden la oferta presentada. “Respondía a un modelo de atención real, pensado para la persona, sólido e innovador, construido desde los valores de la economía social, sustentada en la experiencia acumulada, el conocimiento del servicio y el compromiso”, apuntan.

La mayor terraza ilegal de Barcelona, en la angosta calle Trinitat del barrio Gótico, ya ha desaparecido. El Ayuntamiento de Barcelona, que abrió un expediente sancionador al restaurante, acudió a finales de junio con un camión y retiró todas las mesas y sillas.

La terraza no contaba con ningún tipo de licencia, pero el restaurante, Avinyó 10, había dispuesto unas 20 mesas en el callejón el considerar que era un paso privado. Sin embargo, el Ayuntamiento ya les advirtió de que no podían y que les iban a expedientar.

No es la primera vez que el consistorio desmantela esta terraza. Ya ocurrió en 2022, ante las quejas de los vecinos, que acusaban al dueño (que tiene el otro restaurante de la calle) de privatizar el espacio.

“Los trámites van tan lentos que la sensación que da es que pagan las multas con la facturación”, advertían fuentes de la asociación de vecinos el pasado 18 de julio. Finalmente, el consistorió actuó y por ahora la calle permanece sin mesas en medio del paso.

Decenas de activistas y familias afectadas por la crisis de la vivienda han ocupado este martes el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona como protesta por la saturación de los alojamientos de emergencia para quienes sufren desahucios.

La acción se ha iniciado en la Plaza Sant Miquel y, poco después de las 10:00 horas, los manifestantes han irrumpido sin incidentes en el vestíbulo del edificio, ante la mirada de sorpresa de los trabajadores del consistorio y de los grupos municipales. Allí se han concentrado más de una cincuentena de personas que han reclamado a gritos una solución a la falta de pisos de emergencia.

La protesta, seguida de cerca por la Guardia Urbana, estaba convocada por la PAH, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC)

Justo pasadas las 10.15h, los representantes de las entidades se han reunido con Joan Ramon Riera, el comisionado de Vivienda del Ejecutivo municipal, que ha bajado al vestíbulo para conversar con los manifetantes. En ese encuentro, el representante político ha pedido a los sindicatos que, para poder cumplir con sus demandas, debían abandonar el vestíbulo del consistorio.

“Aquí trabaja gente”, les ha recordado. Pero la posición de los activistas ha sido tajante: “Nos quedamos”.

Finalmente los activistas se han podido reunir con Raquel Gil, responsable del área de Derechos Sociales. Tras más de una hora, han obtenido el compromiso del consistorio de abrir una negociación para atender a sus peticiones.

El problema con los alojamientos de emergencia lleva meses enquistado. Los sindicatos y entidades por la vivienda denuncian que el nuevo modelo de ayudas económicas para familias desalojadas, que el Gobierno del PSC ideó como alternativa al desborde de los alojamientos de emergencia, es insuficiente.

Delia Cerare, portavoz de la PAH, ha detallado los motivos de la protesta: “Hay muchas familias que han sido desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional, a pesar de que la ley contempla los desahucios con realojamientos previos por parte de la administración”, ha proclamado. Tenemos muchísimas familias en la calle, con niños, gente mayor, y sin alternativa habitacional de ningún tipo“, ha añadido.

Entre los manifestantes se encontraba Carmen Fargas, afectada directa. Fargas ocupa sin contrato, junto a su hijo de 13 años, un piso que pertenece a un fondo de inversión que quiere desalojarlos sin ofrecerles alternativa. “Lo máximo que nos pueden dar son tres días en un albergue con un menor”, ha explicado. Según su relato, en el Ayuntamiento le han dicho que se busque la vida, y al cobrar una renta garantizada sin nómina, nadie le alquila una habitación.

Los tres colectivos convocantes —PAH Barcelona, la COSHAC y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya— han hecho público un comunicado en el que atribuyen el problema con los alojamientos de emergencia a un cambio de modelo impulsado por el PSC desde su entrada en el Ayuntamiento, que según denuncian ha supuesto la reducción de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) y un empeoramiento de las condiciones para las familias afectadas.

Los sindicatos sostienen que los desahucios aumentan en Barcelona por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde 2013, mientras la inversión municipal en construcción de vivienda pública ha caído un 64,5% y la compra de vivienda por tanteo y retracto un 80%. Los sindicatos han presentado un pliego de diez exigencias al consistorio, entre las quales, declarar la emergencia habitacional o expropiar la vivienda vacía y de uso turístico en manos de grandes tenedores.

El ciclo electoral que se iniciará en 2027 no augura buenos resultados para Junts, que se hunde tanto en Catalunya como en Barcelona, tal como pronostican tanto el CEO como el Barómetro municipal, que se ha hecho público este viernes. En la capital catalana, los de Puigdemont se desploman y pasarían de ganar las elecciones a ser la última fuerza de derechas, por detrás de Aliança, Vox y PP en intención de voto.

Según el sondeo, Junts sucumbe a Aliança Catalana, formación que podría entrar con fuerza en el Ayuntamiento barcelonés, donde llegaría a escalar hasta la tercera posición. Así, Junts quedaría relegado a la penúltima fuerza, sólo por delante de la CUP, culminando una debacle de votos en Barcelona que se empezó a fraguar después de las elecciones de 2023.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que esta encuesta recoge intención directa de voto, no una estimación, como sí hacen otros sondeos como el CIS o el CEO. Es decir, refleja lo que los encuestados responden cuando se les pregunta qué votarían si hoy hubiera elecciones. La estimación de voto, en cambio, es un cálculo elaborado que corrige esas respuestas mediante distintos modelos estadísticos.

Por eso, la intención de voto debe leerse como una fotografía de las respuestas, no como una proyección del resultado electoral. Para entender la importancia de tener en cuenta la diferencia entre ambas modalidades sólo hace falta fijarse en el número de encuestados que aseguran que se abstendrán (menos del 10%), frente al 43,2% que finalmente no votó en las elecciones de 2023.

Aun así, este sondeo sí sirve para constatar el descenso de Junts, que podría llegar a perder el 80,75% de los votos y cosecharía los peores resultados de su historia (contando tanto CiU como Junts). La bajada en intención de voto a este partido se ha sostenido en el tiempo desde las pasadas elecciones. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Que la popularidad de Junts en Barcelona vaya tanto de la mano de Trias constata que el votante juntaire en la capital se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. En los últimos 10 años, el partido sólo ha cosechado buenos resultados cuando el cabeza de lista ha sido el exalcalde y, por eso, no es de extrañar que la militancia de Junts en Barcelona haya apostado por Jordi Martí Galbis para sustituirle.

Se trata del hijo político de Trias, que competía con candidatos más afines a Puigdemont que a la herencia convergent. Cabe destacar que esta edición del barómetro municipal fue realizada antes de las primarias, con lo que el efecto Galbis todavía no se puede leer. Se deberá esperar hasta la segunda ola de la encuesta, en diciembre de 2026, y que será la última antes de las elecciones municipales.

El PSC revalida y crece en intención

Junts no es el único partido de derecha que sale mal parado de este barómetro. Si los postconvergents pierden casi un punto, el partido xenófobo de Sílvia Orriols se deja seis décimas respecto al último sondeo. Por contra, crecen PP y Vox, lo que hace que el apoyo al bloque de la derecha se mantenga prácticamente intacto. En cambio, crece el apoyo a las formaciones de derecha en 3 puntos (gracias al descenso de los encuestados que declaran que se abstendrán).

Según la intención de voto, el PSC revalidaría la alcaldía y crecería 1 punto respecto a los comicios. Pero el gran beneficiado sería ERC, que se consolidaría en segunda posición, creciendo 4,3 puntos respecto a las elecciones y 3,3 desde el último barómetro. Todo ello, en contraste a los Comuns, que podrían llegar a perder el 60,5% de los apoyos (casi un 15% más de lo que auguraba el último barómetro).

Estos resultados complicarían la gobernabilidad de un posible segundo mandato de Collboni. Para el primero necesitó sumar el apoyo del PP al de ERC y Comuns para poder arrebatar la alcaldía a Trias. Pero, de cumplirse las previsiones del barómetro, aun sumando al popular Daniel Sirera (quien ya ha dicho que no repetirá la maniobra), el socialista tendría menos fuerza que en 2023.

Así, Collboni se enfrentaría a un segundo mandato en una minoría todavía más clara que la de esta legislatura, durante la cual todavía no ha sido capaz de aprobar presupuestos por la vía ordinaria.

La vivienda se mantiene como principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 31% de la ciudadanía (casi 3 puntos menos que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, se mantiene en segunda posición, aumenta y pasa del 25,2 al 26,3. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la inmigración, que se intercambia el quinto puesto con la limpieza.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que casi el 80% de los barceloneses se muestra a favor de prohibir los pisos turísticos y regular el precio del alquiler de los locales comerciales. También se apunta a que crece el apoyo a limitar el nombre de cruceros que hacen escala en Barcelona, una cuestión que cosecha el apoyo del 64,4% de los encuestados.

Los vecinos desalojados de 93 viviendas por el socavón en el barrio del Putxet de Barcelona no regresarán a sus casas al menos hasta el sábado, porque los técnicos necesitan tres días para taponar con hormigón el agujero aparecido este martes y confirmar que no habrá más incidencias a causa del paso de la tuneladora que construye la L9 del Metro.

Durante toda la mañana de este miércoles, los Bomberos han accedido a los locales y viviendas de las calles afectadas para revisar su estado e identificar posibles afectaciones causadas por el socavón, que es de unos 8 metros de diámetro y 4 de profundidad y que apareció en un patio interior de una manzana.

La hipótesis que baraja en estos momentos el Govern, a falta de confirmación definitiva, es que el desplazamiento de tierra fue sido provocado por la tuneladora que está llevando a cabo los trabajos de la L9 del metro.

“Estamos perforando a 40 metros de profundidad, pero cabe la posibilidad que este movimiento se haya trasladado hasta la superficie”, detalló este martes la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

La gran mayoría de afectados ha pasado la noche en casa de familiares, y una minoría ha acudido a hoteles pagados por sus seguros. Los vecinos más vulnerables, como las personas mayores, están siendo especialmente tratadas por los servicios municipales.

Aquellas personas que requieran una alternativa habitacional tienen a su disposición, a través de los servicios de emergencia social del Ayuntamiento de Barcelona, equipamientos sociales de emergencia e incluso habitaciones de hotel “el tiempo que sea necesario”, según expuso este martes el alcalde, Jaume Collboni.

A las 13:30 horas, Sara, de 72 años, espera el autobús que debe llevarla a casa desde Plaça de Catalunya, en Barcelona. Lo hace a pleno sol, con una temperatura que alcanza los 33 grados. “Ahora la sombra es para los turistas”, se lamenta la mujer.

Un pequeño cambio en la distribución de la parada de bus 1257 ha indignado a los vecinos. Hace más de un mes, los autobuses de la red de transporte público D50, N5, N6 y N7 tenían en Plaça de Catalunya una parada con marquesina. Pero ahora ese emplazamiento se lo ha quedado el Bus Turístico, y ha desplazado a los usuarios regulares a escasos metros, a una de esas paradas que es solo un poste, sin techo ni asientos.

“Deberían al menos poner algo de sombra, estamos quemados como una teja”, se lamenta Sara, que suele coger puntualmente el D50 para bajar al centro de compras. Igual de enfadada está Laura Molet, que trabaja por la zona y suele subir en bus hacia su casa, en el barrio de la Sagrada Família. “Es para favorecer a los guiris, me parece fatal”, sentencia.

El Ayuntamiento defiende la reubicación por razones operativas del Bus Turístico. Pero añade que la solución del poste es provisional, y que pronto se instalará también una marquesina para los usuarios de estas líneas urbanas.

En plena ola de calor, la mayoría de viajeros no aguanta esperando al sol. Sara busca la escasa sombra de una farola, que apenas la cubre. Laura, ventilador de bolsillo en mano, se esconde detrás del quiosco y va asomando para ver si aparece su bus. Y cuando este llega, aparecen viajeros que aguardaban, atentos, desde debajo de árboles y mobiliario urbano cercano.

La Asociación de Vecinos de la Dreta de l'Eixample considera que el cambio supone un ejemplo más de cómo se prioriza el turismo frente a las necesidades de los residentes.

“Las personas mayores, las personas con movilidad reducida, los trabajadores que utilizan el transporte público cada día y todos los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de la ciudad han visto cómo se les retiraba un servicio básico para ofrecer una mayor comodidad a unos visitantes que solo permanecerán en Barcelona durante unos días”, señala la entidad en un comunicado.

La entidad vecinal tuvo conocimiento del traslado de la parada a principios de junio y pocos días después trasladó su malestar a una Comisión Consultiva del Ayuntamiento.

Según explican, concedieron un plazo de diez días al concejal del distrito del Eixample para que les diera una explicación sobre la decisión. Al no obtener respuesta, presentaron una queja ante el Síndic de Greuges de Barcelona (el Defensor del pueblo) a finales de junio, donde el expediente sigue pendiente de resolución.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, defienden que era necesario recuperar las cuatro paradas del autobús turístico de plaza Catalunya “debido a la evolución de la demanda”.

Ese reajuste obligó a trasladar unos metros la parada del D50 y de las líneas N5, N6 y N7 hasta la esquina con la ronda de Sant Pere. El consistorio asegura que la nueva ubicación “no perjudica al autobús urbano convencional” y que, al situarse en el vértice de la plaza, evita interferencias y mejora su velocidad comercial.

Respecto a la ausencia de marquesina, que obliga a los usuarios a esperar al sol, sostienen que el actual poste es una solución temporal. “Como solución provisional se instaló un poste de parada, pero estamos trabajando en la instalación de una marquesina”, indican.

Desde Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) coinciden con el consistorio. Y añaden que colocar la marquesina requiere trabajos previos: “Para poderla instalar se ha de mover un metro el quiosco que se encuentra en este ámbito”, apuntan.

La reapertura de la parada del Bus Turístico en plaza Catalunya responde también al intento de recuperar viajeros tras la caída registrada en los últimos años. Según los últimos datos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), difundidos por la Cadena SER el pasado mes de abril, el servicio perdió un 36% de pasajeros entre 2019 y 2025.

De hecho, la directora de Producto de Turismo de Barcelona, Glòria Alarcón, aseguró en declaraciones a la Cadena SER que la desaparición de la parada de plaza Catalunya había sido “el principal motivo” de ese descenso de usuarios del Bus Turístico y que el objetivo era “recuperar parte del mercado perdido el año pasado”.

Barcelona ha concentrado en 30 días dos grandes acontecimientos que la han proyectado al mundo. Primero fue la visita de León XIV para coronar la Sagrada Família, y ahora toca el arranque del Tour de Francia, la mayor competición ciclista del planeta. No es la primera vez que la ciudad exhibe de esta forma su marca y probablemente no será la última, pero sí resulta novedoso que lo haga al mismo tiempo que proclama que no puede asumir más turistas. 

La concentración de estos dos espectáculos globales, en la previa de un verano que se prevé de nuevo de lleno turístico, hace que muchos se pregunten si tiene sentido, a día de hoy, promocionar la capital catalana. ¿Hay que destinar recursos públicos a posicionarla como destino turístico? ¿Cuántos y para qué tipo de visitantes? ¿Son los grandes eventos deportivos y culturales una forma de proyección de marca, o la expresión natural de una urbe como Barcelona? 

Lo dijo el propio alcalde, Jaume Collboni, en una reciente entrevista en La Vanguardia: “Barcelona no necesita promoción, lo que necesita es recuperar su reputación”. Para el edil, la inauguración de la Torre de Jesús y el Grand Départ son más bien dos chutes de confianza y autoestima para la ciudad, no campañas de promoción.

Pero aun así, cuestan dinero y atraen miradas y visitantes. La salida del Tour supone, sin contar el despliegue de seguridad y movilidad, 9,6 millones de euros para las arcas municipales, que es el contrato con la organizadora. Y prevé el desembarco de 850.000 aficionados en una sola jornada, el sábado, que es la etapa por el centro de la ciudad. 

Además, el Ayuntamiento de Barcelona nunca ha renunciado a las estrategias de promoción, más bien las ha ido modificando. Desde el consistorio y desde el consorcio Turismo de Barcelona defienden que hay que invertir para redibujar la marca de ciudad para que el turismo cultural, deportivo o los congresos ganen peso en detrimento del ocio. 

“Los barceloneses viven, por un lado, con ilusión participar en estos eventos, pero por el otro temen sus consecuencias”, advierte Miquel Borràs, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Para él, Catalunya no debe renunciar a acoger celebraciones internacionales, pero sí a concentrarlas siempre en Barcelona y a hacerlo gracias a aportaciones del presupuesto público. 

El gran ejemplo de ello, antes del Grand Départ, fue la Copa América de Vela, que Barcelona acogió en 2024 con la promesa de acelerar obras en el litoral, impulsar la economía marina y recuperar prestigio como ciudad. El precio, para todas las administraciones implicadas, fue de 70 millones de euros, sin contar las exenciones fiscales. 

Sobre estos eventos, las opiniones difieren. Mateu Hernández, director de Turismo de Barcelona, el consorcio público-privado creado en los 90 para situar la ciudad como destino turístico, niega que el acto de Sagrada Família o la acogida del Tour tengan un fin turístico. “La puesta de largo de la finalización de la Torre de Jesús no fue un evento para deslumbrar al mundo, es que la Sagrada Familia es una obra extraordinaria que por sí misma ya atrae todas las miradas”, argumenta.

En cuanto a los acontecimientos deportivos, también defiende que está en el ADN de Barcelona acogerlos, desde los Juegos Olímpicos a mundiales de atletismo, el París-Dakar o al propio Tour, que pasa por la ciudad por tercera cuarta vez en su historia. “La lista es enorme, y la última de las razones de ser de eventos como el Tour es el turístico”, apunta.

De modo opuesto lo ve Daniel Pardo, de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT), que lo considera “marketing de ciudad”. “Se trata de macroeventos turísticos por encima de cualquier otro adjetivo que les quieras colorar”, valora, y considera que el Gobierno municipal ha “intensificado” la política de apuesta por estas celebraciones. Como muestra de una de las más polémicas, menciona la exhibición de la Fórmula 1 en Passeig de Gràcia en 2024. 

Posicionarse vale dinero: ¿Es necesario?

Desde la llegada de Ada Colau a la alcaldía, y con Collboni después, el Ayuntamiento ha lanzado mensajes y ha sacado adelante políticas de contención del turismo. La regulación que limita la oferta hotelera en el centro desde hace años ha provocado, según el consistorio, que Barcelona se haya instalado en unas cifras más estables, que no dejan de ser de récord, en torno a los 16 millones de visitantes anuales. 

La promoción turística de la ciudad convive con los anuncios de que se suprimirán todos los pisos turísticos en 2028 y que se reducirán las terminales de cruceros previstas, de siete a cinco. Sin embargo, los activistas señalan otras medidas que sí van en la línea de crecer: la más repetida es la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, para pasar de su capacidad de 55 millones de viajeros al año a 70.

Desde Turisme de Barcelona, Hernández destaca que la promoción turística ha cambiado radicalmente en los últimos años, y que ya no tiene sentido vender atractivos de una ciudad que triunfa sola en redes sociales y las agencias online. Lo que sí alega es que no hay que dejar en manos de otros esta promoción, sino orientarla hacia los intereses actuales de la ciudad: cultura, deportes y congresos. 

“Si queremos que vengan por las exposiciones, museos, conciertos, festivales, gastronomía… el reto que tenemos de ahora en adelante es proyectar la imagen de ciudad cultural en sentido amplio”, constata Hernández. Para captar asistentes al Gran Teatre del Liceu, o al Museo Tàpies, o para convencer a la sociedad de cardiólogos de celebrar su convención en la Fira de Barcelona, hace falta promoción, concluye. 

A día de hoy, cuantificar cuánto dinero se destina a ello no es sencillo. El consorcio Barcelona Turisme, ente público-privado que preside Collboni y con peso municipal del 45%, destina unos 16 millones anuales. La mitad aproximadamente proceden del Ayuntamiento, mientras que el resto son de las cuotas empresariales y de su propia actividad, puesto que gestionan las oficinas y el bus turístico de la ciudad.

El resto queda difuminado entre las políticas de gestión del turismo del consistorio. Algo parecido ocurre en los últimos años con la tasa turística, que pagan por noche todos los visitantes, y que supone para las arcas municipales más de 100 millones anuales, la tercera mayor fuente de ingresos después del IBI y el impuesto a las plusvalías. 

El recargo municipal que aplica el Ayuntamiento, solo para Barcelona, va directo a la caja común, aunque Collboni defiende que lo usa para políticas concretas, como la climatización de escuelas. Pero lo que es el Impuesto a las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) lo gestiona la Generalitat. Devuelve el 50% a Barcelona y permite destinar un 25% a vivienda; el resto, a un fondo de fomento del turismo.

“Collboni va por los barrios diciendo que todo lo que a él le interesa se paga con la tasa turística”, se lamenta Borràs, de la FAVB. “Lo que necesitamos es más transparencia”, añade. Y defiende que el equivalente a lo que se recauda se debería destinar a paliar las consecuencias negativas del turismo: reforzar líneas de bus y metro, mejorar la seguridad y limpieza de algunos barrios, o incluso combatir la crisis de la vivienda, también condicionada por el turismo. 

Un estudio de la ABDT señalaba que, en los últimos diez años, el 90% de la tasa se dedicó a políticas de “crecimiento” del turismo. “Salvo algunas partidas para inspección de pisos turísticos, el resto iba a promoción”, afirma Pardo. “¿Mejorar las infraestructuras para acceder al Turó de la Rovira es mejora de los barrios o es promoción? Es cuestionable”.

El Ayuntamiento, sin embargo, defiende que el impuesto turístico les permite hoy financiar gastos asociados a los visitantes y que antes se sufragaban con dinero de los barceloneses. Por ejemplo, los Espacios de Gran Afluencia (EGA), los puntos más masificados (desde la Boqueria al Park Güell) y a los que destinan partidas para reforzar la limpieza, seguridad o la mejora de los comercios o el espacio público. 

A las puertas de un nuevo verano, Hernández lo tiene claro. “Perder el control de la promoción es un riesgo que existe, enorme, y debemos trabajar para impedirlo”, proclama. Borràs y Pardo, sin embargo, temen que este viraje hacia otro tipo de turismo no sea un juego de suma cero, sino que suponga más turistas. “Si esta promoción se pudiera hacer sin crecer, o logrando decrecer, nos parecería bien, pero lamentablemente nunca acaba siendo cierto”, concluye el presidente de la FAVB.

El Tour de Francia, la mayor competición ciclista del mundo, ha desembarcado este jueves en Barcelona. El Ayuntamiento le ha puesto la alfombra roja a los pies de la Sagrada Família para la presentación de sus 23 equipos, con un desfile de sus 184 ciclistas por la Avinguda Gaudí entre actuaciones musicales, de los castellers y un despliegue audiovisual que retransmite para 190 países distintos.

La puesta de largo de los equipos este jueves fue el paso previo al Grand Départ, el pistoletazo de salida de la competición francesa, que acoge por primera vez Barcelona y que será el sábado, 2 de julio. Ese día, la capital catalana pondrá patas arriba la movilidad urbana para acoger la primera etapa del Tour, una contrarreloj de 20 km que discurrirá por el interior de la ciudad.

El sábado será el día más complicado. El circuito, que ocupará buena parte de la ciudad, quedará completamente cerrado al tráfico durante la tarde. Las primeras afectaciones comenzarán a las 12h, aunque el corte total no llegará hasta las 13:30. El momento de máximas restricciones será entre las 16h y las 19:30h, durante la carrera, y se irán restableciendo a partir de las 20:30. De la misma manera, habrá cortes puntuales en diversos accesos de la ronda litoral.

El arranque de la etapa será en el Fórum. Tras entrar a la trama urbana por la Ronda Litoral, atravesará Sant Martí y el Eixample por calles como Mallorca, Aragó o Tarragona hasta acabar en Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Cerca de 900 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona tomarán parte en los dispositivos de movilidad y seguridad con una especial atención a la regulación del tráfico y la protección de los espacios con mayor afluencia.

Los que sí podrán cruzar la ciudad son los peatones, para quienes se han establecido tres pasos a nivel: dos estarán en Montjuïc (en l'Avinguda de l'Estadi y en el carrer del Foc) y el tercero en la calle de Sardenya con Valencia. Además, habrá otros 54 cajones de paso para peatones con una distancia máxima de cinco minutos entre sí. Y el Ayuntamiento recuerda que también se podrán usar algunas salidas de metro como puntos de paso. El Ayuntamiento ha asegurado que se reforzarán las frecuencias del metro, ya que los itinerarios del autobús se verán afectados por desvíos e interrupciones puntuales. Lo mismo que el tranvía, el Bicing o el Aerobús.

El domingo, las afectaciones serán, sobre todo, en el corredor litoral. La etapa, entre Tarragona y Barcelona, causará cortes de unas cinco horas en la N-340 y la C-31, así como restricciones de accesos en la C-32, la B-23 y la B-24. La Generalitat recomienda usar vías alternativas como la AP-7 y, de manera excepcional, el peaje de la C-32 será gratis entre las 11h y las 16h.

Esta etapa acaba también en la capital catalana; la entrada se hará por la carretera de Collblanc y continuará por Travessera de les Corts, calle de Sants y de Creu Coberta hasta la plaza de España. A partir de aquí, la actividad se centrará en Montjuïc, con afectaciones en vías como la avenida Paral·lel, el paseo de Montjuïc, la avenida Miramar o la carretera de Montjuïc. Se pasará dos veces por buena parte del recorrido de la montaña. Esta etapa se ha modificado a causa de la peste porcina, ya que inicialmente debía entrar por la Rabassada, procedente de Collserola.

El lunes, coincidiendo con la tercera etapa, entre Granollers y els Angles, las afectaciones se trasladarán al Vallès Oriental, Osona, Ripollès y la Cerdanya. Las principales restricciones se darán en la C-59, la C-17, la C-37, la C-25 y la N-260, con limitaciones puntuales de acceso en diversos puntos del Pirineo.

Un baño de masas en la Sagrada Familia

Antes, sin embargo, los corredores han podido darse un baño de masas este jueves con un paseo desde el recinto modernista del Hospital Sant Pau hasta la Sagrada Família, donde les esperaban en el escenario central para la foto inaugural.

Una actuación de la cantante Sílvia Pérez Cruz ha dado por iniciado el acto, que dirige el dramaturgo Martí Torras Mayineri, mientras los Castellers de Vilafranca levantaban sus torres en el Hospital de Sant Pau. La ceremonia, conducida por los periodistas Carlos de Andrés, Elisenda Pineda y Jordi Basté, ha contado también con la música de Doctor Prats y de la Always Drinking Marching Band, las acrobacias en bici de los artistas essica Arpin i Yldor Llach o la danza contemporania dirigida por la coreógrafa Fátima Campos.

El evento deportivo, cuya acogida ha costado al Ayuntamiento 9,6 millones de euros –por contrato con la organización, sin contar gastos de movilidad y seguridad–, supone también el desembarco de miles de aficionados a la ciudad. Para este jueves en Barcelona miles de personas, pero el sábado se prevé llegar a los 850.000. Además, cabe añadirle todo el personal que rodea el Tour, unos 4.500 profesionales entre corredores, organización, patrocinadores, médicos, caravanas de publicidad y prensa.

Primero fueron los pavimentos experimentales en la calle para comprobar si reducen el calor, y ahora es el turno de las azoteas. El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un plan piloto para evaluar distintos revestimientos de cubiertas de edificios, con diversos tipos de pintura y pigmentos reflectantes, para comprobar si consiguen no solo mejorar el confort térmico de los inmuebles, sino también reducir el efecto “isla de calor” en la calle. 

El ensayo, que se lleva a cabo desde la Oficina de Cambio Climático, conlleva pintar la azote de una escuela, el Institut Escola Tres Fonts del distrito de Les Corts, además de dos casetas de azotea. Barcelona sigue de esta forma la estela de ciudades como Nueva York, con el proyecto NYC CoolRoofs, o Los Ángeles, donde trabajan para extender las pinturas reflectantes en las cubiertas de edificios. 

La prueba en el Instituto Escuela Les Tres Fonts consiste en pintar los 150 m2 de cubierta del equipamiento con tres pinturas distintas. Una pintura blanca, una de terracota con pigmentos reflectantes, y una tercera simplemente de terracota, para hacer la comparación. “Aunque pintura blanca ”suele tener una reflectancia solar más elevada“, afirma el consistorio en un comunicado, la de terracota con pigmento permitiría mantener la estética de una cubierta tradicional con capacidad para reflejar la radiación solar. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha encargado a la empresa Vibrantz Technologies otra parte de la prueba: medir “con más precisión” el impacto del revestimiento de terracota con pigmento reflectante, en este caso con dos casetas de azotea como muestra. En el interior de ambas se colocará un aparato de aire acondicionado para mantenerlas a un máximo de 27 ºC, con lo que se podrá analizar cuánto consume cada una de ellas para lograrlo. 

“Esto permitirá determinar hasta qué punto los pigmentos reflectantes contribuyen a reducir la energía necesaria para refrigerar el edificio sin modificar su aspecto exterior”, valoran. 

Durante todo el verano, los técnicos del consistorio y de Vibrantz supervisarán la temperatura ambiental, la de la superficie, la humedad, la irradiancia solar, además del consumo eléctrico en las casetas. Con este monitoreo y visitas puntuales para tomar medidas, añaden, “se dispondrá de una base de datos más robusta para evaluar con precisión la eficacia de cada tecnología”. 

En el corazón del barrio de Vallcarca, en Barcelona, hay una plaza sin nombre. Lo que antes fue un solar abandonado, ahora es un espacio que bulle de vida. Los vecinos estuvieron años arreglándolo para hacer de él un lugar de encuentro y, aunque acabaron la remodelación en 2024, todavía no hay ninguna placa que la reconozca formalmente como una plaza y no figura en los mapas oficiales.

Cuando hubieron puesto la primera piedra, el barrio empezó a pensar cómo quería llamar a su plaza. La primera opción fue Plaça Farigola, en referencia a la escuela homónima que hay a unas pocas calles y que es el nombre por el que se refieren a ella los vecinos. También se pensó en Hilda Agostini, la maestra republicana que ejerció en ese colegio antes de exiliarse. O Uri Caballero, en homenaje al vecino, activista y guitarrista de Els Surfing Sirles, que murió hace 13 años.

Los vecinos aseguran que todos esos nombres fueron trasladados al Ayuntamiento, pero ninguno de ellos prosperó. Al final, la plaza se llamará Capitán Trueno. La decisión, tomada por unanimidad en la comisión de nomenclátor del Ayuntamiento de Barcelona, ha indignado al barrio que, aunque no tiene nada en contra del cómic de Víctor Mora, lamenta que se les haya impuesto un nombre que “desdibuja la identidad histórica de Vallcarca” y que no respeta “los referentes vinculados a su memoria”.

Por ello, la Federación de Entidades Amigas de Can Carol, (el centro cívico sito en la plaza) ha presentado una alegación formal contra el nombre de Capitán Trueno. Explican que esta plaza sólo existe gracias a la “organización y compromiso” de los vecinos que se unieron para construirla y lamentan que no se les haya tenido en cuenta a la hora de escoger un nombre. Además, afean haberse enterado de la decisión por la prensa.

En 2024, cuando se acabó la plaza, los vecinos propusieron las opciones que habían pensado. Ni Hilda Agostini ni Farigola podían ser, porque ya estaban asignadas a otras plazas o calles de la ciudad. La única que tenía números de salir adelante era Uri Caballero, pero los vecinos no llegaron a presentarla nunca como propuesta formal frente al consistorio. La cuestión cayó en un cajón durante casi dos años, hasta que el Capitán Trueno apareció en escena.

El nombre fue una propuesta del Grup d'Estudis Coll-Vallcarca, un colectivo de historiadores que lo sugirió para bautizar a una plaza sin nombre muy cercana a donde estuvo Bruguera, la editorial más reconocida del mundo del cómic y el sello que llevaban las viñetas de Víctor Mora. “La idea era para esa plaza, no para ningún otro sitio. Si el nombre se va a poner a la Plaça Farigola, no lo apoyaremos”. Así lo escribió el grupo de historiadores en un artículo publicado en L’Independent de Gràcia.

Desde el Ayuntamiento justifican la decisión como una manera de homenajear a Víctor Mora “bien fundamentada con criterios históricos, culturales y territoriales”. Además, insisten en que el autor fue un vecino de la zona que se tuvo que exiliar en Francia durante la dictadura y, desde allí, dio vida a uno de los personajes de cómic más populares en España. “Fue un símbolo de la lucha contra la represión de la dictadura que aportó un mensaje de libertad y justicia social”, apuntan desde el Ayuntamiento.

Los vecinos no niegan la importancia histórica de los tebeos e insisten que no les parece mala opción para una plaza o calle. “Es legítimo, pero no para aquí”, apuntan las entidades, que también afean al consistorio que el nombre sea “exclusivamente en castellano” y que haga referencia a un personaje de ficción “construido alrededor del modelo del heroísmo masculinizado”, lo que, apuntan, “no responde a los valores de memoria inclusiva y diversidad” del barrio.

Con todo, las entidades que rechazan la decisión del Ayuntamiento han pedido asistir a una de las reuniones del Nomenclátor para proponer sus opciones y para exigir que la elección final sea refrendada por el barrio (cosa que no suele ser habitual).

El Ayuntamiento no se ha pronunciado todavía sobre las alegaciones ni sobre esta petición, pero insisten en defender el nombre del Capitán Trueno recordando que ha sido validado por todos los órganos que prevé la normativa. Esta establece que para bautizar un espacio público se requiere el sí de la comisión de barrio, del distrito y de la Ponencia del Nomenclátor.

Todavía no está claro si queda camino para los vecinos que se oponen a tener una plaza con nombre de héroe de viñeta, pero lo que sí aseguran es que, independientemente de lo que ponga en la placa, para ellos ese espacio autogestionado será y seguirá siendo la Plaça Farigola.

La carrera hacia la alcaldía de Barcelona ya tiene a sus contendientes en el puesto de salida. Un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, prácticamente todos los partidos han confirmado a sus aspirantes a ocupar el puesto que hoy ostenta el socialista Jaume Collboni. 

El actual alcalde, que aspira a un segundo mandato —y al cuarto como edil del Ayuntamiento—, parte como favorito en una contienda en la que todos sus principales rivales se estrenan como cabezas de cartel. Gerardo Pisarello, por los Comuns, busca llenar el vacío de Ada Colau, un reto no menos complicado que el de Jordi Martí Galbís, sucesor de otro exalcalde, Xavier Trias, que llevó a Junts a la victoria en 2023. 

Una de las que lleva más tiempo labrándose su perfil de alcaldable es Elisenda Alamany, de ERC, concretamente desde que sustituyó a Ernest Maragall al frente de los republicanos en 2023. Por parte del PP, aunque no está confirmado oficialmente, se da por sentado que repetirá Daniel Sirera. 

En las filas de la extrema derecha, falta por ver si Vox buscará una alternativa a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien irrumpieron por primera vez en el consistorio. Son los únicos que no se han decidido todavía, después de que la otra formación ultra, la xenófoba Aliança Catalana, anunciara este viernes que su candidato es Jordi Aragonès. 

Collboni, a por su segundo mandato

Jaume Collboni afronta el tramo final de su primer mandato como alcalde convencido de que puede ganar por primera vez las elecciones, una victoria electoral que el PSC no celebra en Barcelona desde 2007. El concejal socialista logró finalmente la vara en 2023 en sus cuartos comicios como aspirante socialista, con el voto decisivo e in extremis —anunciado el mismo día de la investidura— de los Comuns y el PP. 

La falta de una mayoría clara ha marcado el mandato de Collboni, que no ha podido sacar adelante ningún presupuesto municipal de forma consensuada. Su principal aliado ha sido ERC. Con ellos llegó a cerrar un pacto de Gobierno que acabó naufragando, y ha mantenido acuerdos estables sobre rehabilitación de viviendas, la tasa turística o el catalán. 

Más allá de eso, Collboni ha sido capaz de pactar con Junts, en políticas de seguridad y civismo, y con los Comuns, en medidas para limitar el turismo. En su haber estará la finalización de las obras de la Rambla, el impulso al tranvía de la Diagonal, o el plan para climatizar escuelas. Pendiente queda la reforma de la reserva del 30% de nueva vivienda para protección oficial, que no pudo sacar adelante, y la promesa de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. 

Jordi Martí Galbís para mantener el tirón de Trias

El último de los candidatos en ser anunciado ha sido Jordi Martí Galbís, que fue escogido este domingo a través de unas primarias que le dieron el 40% de los votos. Con esta victoria, las bases del grupo municipal buscan mantener la herencia del exalcalde Trias, que devolvió a la vida a un Junts que estaba en horas muy bajas desde 2015.

Martí Galbís viene a recuperar ese tirón. Que no mantenerlo, puesto que cuando el exalcalde dejó la política tras el fiasco de 2023, la popularidad de Junts en las encuestas bajó en picado. La elección del alcaldable es un mensaje claro: las bases de Barcelona quieren el partido que representa Trias, ese que se parece más a Convergència que al Junts de Puigdemont y que se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista.

Las primarias han venido marcadas precisamente por este debate y los cuatro candidatos llegaron divididos por la influencia que debía tener el expresident. Mientras los contrincantes de Martí Galbís apostaban por mantenerse leales a la influencia de Puigdemont, este decidió desafiar su omnipotencia, llegando a asegurar que el grupo municipal debe ser “autónomo” y negando que el expresident tenga que meter mano en las listas.

Pisarello, el primer alcaldable migrante

Gerardo Pisarello tiene ante sí el reto de evitar que los Comuns se desmoronen electoralmente en la primera cita tras el adiós de Colau. El jurista argentino, que quiere ser “el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ganó las primarias a Bob Pop y dejó durante el proceso una de sus principales promesas electorales: hacer el metro gratuito, como Zohran Mamdani en Nueva York.

El argentino se encuentra ante el reto de sustituir a Colau, a quienes los suyos llegaron a definir como una “hiperlideresa” y a quien costó mucho encontrar relevo. No será una campaña fácil, puesto que se enfrenta con unas encuestas muy desfavorables que muestran el desgaste de dos legislaturas en el poder y de la pérdida de una cabeza de cartel imprescindible como llegó a ser la exalcaldesa.

Será esta la primera carrera electoral de Pisarello como alcaldable, después de diez años como escudero de candidatos de Barcelona, como Colau en 2015, y del Congreso de los Diputados, como Xavier Domènech o Jaume Asens. Aun así, siempre ha conservado tirón mediático y un perfil propio, por ejemplo con una buena conexión con el espacio soberanista catalán. Como número 2 en la lista ya cuenta con la concejal Carol Recio. 

Alamany, ante su gran oportunidad

Elisenda Alamany llegó a ERC en 2019, procedente de los Comuns, como un fichaje para reforzar a unos republicanos que, con Ernest Maragall, aspiraban a alcanzar la alcaldía. Se quedaron a las puertas, pero Alamany se mantuvo como número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente en las elecciones de 2023, convencida de que la retirada de Maragall le dejaría vía libre para ser candidata. Y esto fue lo que ocurrió pocos meses después. 

Alamany, artífice del pacto de Gobierno frustrado con Collboni, se ha labrado paralelamente la confianza de Oriol Junqueras, que la aupó a la secretaría general del partido. Como líder del grupo parlamentario republicano durante casi todo el mandato, puede sacar pecho de haber llegado a acuerdos con los socialistas para fomentar el catalán en la ciudad e impulsar la rehabilitación de viviendas degradadas. 

El aliado de Feijóo, Aragonès y la duda de Vox

No está confirmado oficialmente, pero nadie duda de que Daniel Sirera será el candidato del PP, como lo fue en 2023. Dentro de un partido que en Catalunya está liderado por Alejandro Fernández, un verso libre que en el pasado se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijóo, Sirera es todo lo contrario: el hombre de Feijóo en Barcelona, seleccionado directamente por él para los comicios de hace cuatro años. Su voto fue clave para que Collboni fuera investido alcalde, pero desde entonces se ha desmarcado totalmente del Gobierno municipal. 

El único partido que todavía no ha decidido a su candidato es Vox, que irrumpió en el consistorio barcelonés con Gonzalo de Oro-Pulido como alcaldable. No está nada claro que el edil vaya a repetir, y desde la formación ultra informan que un comité electoral desde Madrid decidirá sobre el candidato barcelonés, como hace con los demás.

Por último, Aliança Catalana, el partido xenófobo liderado por Sílvia Orriols, aspira a entrar con fuerza en el Ayuntamiento de la capital catalana. Lo hará con uno de sus pesos pesados en la formación, su ideólogo Jordi Aragonès.

La formación habría preferido una cara más mediática, pero después rechazos de figuras como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, han apostado sobre seguro. Finalmente, le darán una oportunidad al joven de 33 años que, además de ser primo del expresident Pere Aragonès es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, quien tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança.

Junts ha escogido a su hombre para intentar recuperar la alcaldía de Barcelona. Ese hombre es Jordi Martí Galbís (Barcelona, 1961), un abogado que lleva más de un cuarto de siglo en política y desde hace 16 como concejal en el Ayuntamiento. Así lo ha decidido la militancia de la formación, que ha celebrado primarias este fin de semana, cuyo resultado ha dado una victoria del 40,3% para Martí Galbís. 

Se trata del hijo político de Xavier Trias, con quien fue concejal de distrito y responsable del área de Territorio durante su mandato. Martí Galbís le sucedió cuando el exalcalde abandonó definitivamente la política, después de haber ganado las elecciones de 2023, pero haber sido desbancado por Collboni a raíz de un pacto que incluía los votos de ERC, Comuns y el PP.

Ahora encara el reto de intentar recuperar la alcaldía, pero también la hazaña no menor de sustituir a Trias. Su figura ha sido decisiva en los últimos años para el grupo municipal, que perdió mucha fuerza durante los años del procés, siendo que el votante de Junts en Barcelona se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. 

La caída ha sido constante desde las elecciones de 2015, cuando Ada Colau entró en el consistorio. Trias ya no se presentó a los siguientes comicios y, en su lugar, el cabeza de lista fue ocupado simbólicamente por el exconseller Joaquim Forn, entonces en prisión preventiva por los hechos del 1-O. Ese gesto no gustó al votante de Junts, que prefería la versión convergent y provocó que la formación se dejara casi la mitad de los votos en el camino. 

La bajada de apoyo se mantuvo en las encuestas hasta que el nombre de Trias volvió a resonar. Con 75 años, el exalcalde confirmó que regresaba a la arena y le exigía la revancha a Colau. La estrategia de esa campaña fue volver a los orígenes y desvincularse de Junts, hasta el punto de esconder las siglas y concursar bajo la firma de Trias per Barcelona.

La apuesta personalista y alejada de las referencias al partido funcionó. El exalcalde remontó la pérdida de votos y resultó ganador de las elecciones, aunque la decisión del PP de apoyar a Collboni para evitar que un partido independentista gobernara Barcelona dejó a Trias sin su reválida. 

La derrota no sentó bien al exalcalde, que abandonó el pleno de investidura con el ya mítico “Que us bombin” (Que os den) y dejó definitivamente la política ahora hace dos años. Y, de nuevo, sin Trias, los pronósticos del partido en la capital se derrumbaron. El último barómetro municipal (diciembre de 2025) apuntaba a que, de celebrarse en ese momento las elecciones, el grupo habría perdido el 75% de los votos respecto a los comicios de 2023. Eso habría supuesto el peor resultado de su historia.  

La pugna entre las pulsiones nacionalistas e ideológicas que sacude a Junts desde el fin del procés -y desde la irrupción con fuerza de la xenófoba Aliança Catalana- han llegado también a Barcelona. La contienda para elegir al nuevo alcaldable de Junts se ha disputado entre cuatro candidatos de distinto perfil: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas. 

En las primarias, a las que tenían derecho a voto los 628 militantes de la sección barecelonesa, han habido una participación del 67,24%. Jordi Martí Galbís se ha alzado con la victoria (40,3%), seguido de Calvo (29,3), Cuevillas (18,63%) y Freixa (11,15%).

Todos ellos han llegado a este fin de semana divididos por la influencia que debe tener el líder del partido, Carles Puigdemont, en la confección de la candidatura, y con distintos matices a la eventual política de pactos con el actual alcalde, Jaume Collboni. 

En este primer debate, la postura de Martí Galbís y Freixa es que el grupo municipal debe ser “soberano” para confeccionar su propia lista. Por otro lado están Cuevillas, exabogado del expresident, y Pilar Calvo, portavoz de Junts en el Congreso, que consideran que Puigdemont debe tener “todo el peso” en cualquier asunto del partido.

En esta línea, la elección de Martí supone toda una declaración de intenciones de las bases en Barcelona, que han decidido dejar atrás el puigdemontismo y la narrativa post-procés para volver a abrazar las formas que representaban las siglas de CiU. 

La larga sombra de Aliança

A la espera de ver cómo recibe el electorado la decisión de los militantes de Junts en Barcelona, lo que dejan claro las encuestas es que uno de los mayores retos que tendrá que afrontar el nuevo alcaldable es la pugna con una Aliança Catalana que amenaza con entrar con fuerza en el consistorio. 

Tanto, que el barómetro pronostica que la formación xenófoba, que el viernes presentó a Jordi Aragonès como su candidato, podría incluso llegar a superar a Junts y situarse como primera fuerza de derechas en Barcelona. El mismo Martí Galbís ha hecho referencia al partido xenófobo, aunque sin mencionar su nombre. “Ha habido partidos que nos han contraprogramado y han querido anunciar precisamente estos días a su candidato. Eso demuestra que somos referencia”, ha apuntado en la rueda de prensa en que se le ha presentado como alcaldable.

El centro del debate electoral, no sólo para la batalla entre Junts y Aliança, versará sobre dos temas: la vivienda y la inseguridad. Estas son las mayores preocupaciones de la ciudadanía y un ámbito en el que Aliança parece que se siente más cómoda. 

El partido xenófobo no asume contradicciones a la hora de rechazar la regularización extraordinaria ni en pedir abiertamente la expulsión masiva de migrantes, que los de Orriols han convertido en el chivo expiatorio de todo mal que achaque a la ciudadanía catalana. Para Junts -que si bien endurecido su postura para intentar frenar el goteo de votos hacia Aliança- este es un terreno algo más resbaladizo. 

Mientras Aragonès apuesta por expulsar a los migrantes para resolver el problema de la vivienda en Barcelona, Martí Galbís prefiere guardarse sus medidas. Por el momento, lo único que ha avanzado es que promoverá una gran reducción de la carga impositiva para comprar y construir, así como ayudas para el alquiler.

Con el anuncio del resultado de las primarias, casi todas las cartas de la partida en que se decidirá la próxima alcaldía de Barcelona, en 2027, están sobre la mesa. Martí Galbís ha sido de los últimos en sentarse a la mesa, donde le esperaban Jaume Collboni, que aspira a renovar la alcaldía; Elisenda Alamany por ERC; Gerardo Pisarello por los Comuns, el ya mencionado Jordi Aragonès por Aliança: y el casi seguro, aunque sin confirmar todavía, Daniel Sirera por el PP. 

Con todo, la única incógnita que resta es el nombre que disputará la contienda por Vox, un partido al que las encuestas le augura una pérdida de casi 1,5 puntos que le dejaría por debajo del mínimo de votos para poder tener un asiento en el pleno municipal. Así, con casi todos los contendientes decididos, empieza la carrera a las elecciones. Aunque se celebrarán en mayo, ninguno tiene tiempo que perder. Tal como ha apuntado el alcaldable de Junts, “la campaña empieza mañana mismo”.

Aliança Catalana ha tenido serios problemas para encontrar un candidato a la alcaldía de Barcelona. Tras llamar a la puerta de diversas caras conocidas, como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, y recibir una y otra vez un 'no' por respuesta, la formación xenófoba ha decidido tirar de banquillo y colocar al actual número dos e ideólogo del partido, Jordi Aragonès, como cabeza de lista en la capital.

El partido ultra sabe que se lo juega todo en las municipales del próximo año y que ha de presentar listas solo allí donde tenga candidatos competitivos y previsión de poder hacer buenos números. Pero Barcelona es diferente. La capital catalana es un símbolo y la única ciudad donde la política local juega en la liga de la nacional. Si Aliança quiere ser algo en el Parlament, no podía dejar desierta la carrera de Barcelona.

Así se ha acabado tomando la decisión de que sea Jordi Aragonès quien concurra por la capital. Pese a no ser una cara conocida por el gran público, este joven de 33 años es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, una de las personas que tienen la última palabra en todas las decisiones del partido.

En los círculos de la extrema derecha independentista se le considera el ideólogo y uno de los padres del crecimiento disparado de AC en las encuestas en los últimos dos años. En el último barómetro municipal de Barcelona la formación xenófoba se situaba en el cuarto puesto y lo más llamativo era que batían a Junts.

El candidato de Barcelona se ha trasladado recientemente a la capital, pero está afincado desde su nacimiento en Pineda de Mar (Maresme), municipio del que proviene su familia y que también comparte con su primo Pere Aragonès, expresident de la Generalitat.

El abuelo de ambos, Josep Aragonès, fue alcalde franquista del municipio y quien levantó la próspera cadena hotelera que ahora dirige el exjefe del Govern. El que fuera líder de ERC no tiene prácticamente relación con su primo y, dentro de su familia de derechas, siempre fue considerado una rara avis.

Ese mismo abuelo escribió una página de la historia política catalana al fundar, junto a políticos como Manuel Millán Mestre o Josep Maria Santacreu un partido denominado Reforma Democràtica de Catalunya, que se consideraba el núcleo de Manuel Fraga en Catalunya y que, poco después, acabaría integrado en Alianza Popular. 43 años más tarde Jordi Aragonès fundaría otro partido con el nombre de alianza, en este caso con el apellido de “catalana” y de orientación independentista y xenófoba.

Antes que eso, Jordi Aragonès había pasado por las juventudes de Unió, cantera de parte de las nuevas hornadas de líderes de extrema derecha catalanista. Licenciado en Historia y profesor de instituto en la localidad de Begur (Baix Empordà), el cerebro de Aliança es ultraliberal en postulados económicos y defiende, por ejemplo, reducir al mínimo el estado de bienestar o privatizar las pensiones.

Tampoco oculta que su proyecto pasa por deportaciones masivas de inmigrantes, a las que se refiere como “remigración”.

Este concepto es, en realidad, un eufemismo de la extrema derecha europea para hablar de deportación masiva, incluyendo a ciudadanos nacidos en Catalunya pero de origen extranjero. Aliança explica en su programa que debe expulsarse al conjunto de las personas sin regularizar, así como a todos los inmigrantes que hayan cometido delitos. Además, señalan con frecuencia que el crecimiento de la población catalana es un problema para la sostenibilidad de los servicios públicos.

Aliança estaba en plena campaña sobre la “remigración” hace un año cuando fue acusada por otros independentistas de que, si se aplicaran sus propuestas, se acabaría deportando a dos millones de catalanes. Una sentencia a la que el propio Aragonès contestó en tono afirmativo: “Y son cifras ciertamente conservadoras”. Este número de ciudadanos que el candidato quisiera fuera de Catalunya equivale al 25% de la población catalana.

Después de probar suerte con la plataforma Moviment Democràta Català, que formó en 2013 junto al exalcalde de Vic Josep Maria Vila d'Abadal, Aragonès fundó Aliança en 2020 junto a Orriols y unos cuantos escindidos del Front Nacional de Catalunya.

Su ideario es, según su propia definición, islamófobo. Con esa bandera conquistaron la alcaldía de Ripoll gracias a que la oposición, mayoritaria, no logró ponerse de acuerdo. De la localidad gerundense saltaron al panorama catalán en 2024, cuando lograron dos escaños en el Parlament. Su ascenso desde entonces ha sido imparable y las encuestas más optimistas auguran que podrían llegar a los 20 diputados.

Pero su gran reválida serán las elecciones municipales de mayo de 2027. Está en juego su consolidación, para lo que necesitarían entrar en un porcentaje relevante de ayuntamientos catalanes.

La estrategia del partido no es abarcar lo máximo posible, sino presentar listas solo en aquellos lugares que puedan tener éxito. Pero encontrar candidatos adecuados en decenas de municipios en los que Aliança aún no tiene estructura orgánica no está siendo tarea fácil y, por el momento, faltan conocerse las propuestas de las algunas de las mayores ciudades catalanas.

Postulando a Aragonès para Barcelona, Aliança pone un parche al fracaso de no haber encontrado una cara conocida que defienda sus siglas en la capital. A cambio, saca al terreno de juego a una de las figuras con más proyección del partido, pero que hasta ahora había trabajado entre bambalinas. En los últimos días, Aragonès ya ha tenido contactos con los círculos económicos de la ciudad con los que su partido aspira a conectar. Si lo conseguirá o no está aún por ver.