La finca en la que vive Rosario Castelló con su hijo fue durante décadas la clásica escalera de vecinos del Eixample. “Había familias, niños, parejas, algún estudiante…”, describe la mujer, que lleva 32 años de inquilina en el número 69 de la calle Entença. Actualmente, la única residente que queda es ella. El resto son jóvenes extranjeros, la mayoría de Estados Unidos, que vienen a pasar unos meses a Barcelona. 

“Es una locura de ruido e incivismo, es como vivir en una guardería para niños mayores”, resume Rosario. De los 11 pisos del edificio, diez funcionan ya como colivings para este perfil de residentes temporales, de entre 18 y 25 años, que arriendan habitaciones. 

El bloque es propiedad de Vandor Real State, una Socimi que posee 17 fincas en Barcelona dedicadas a este negocio, para el que necesita expulsar a los inquilinos de larga duración cuando finalizan sus contratos. Lo mismo ocurre en inmuebles de otros fondos de inversión, como New Amsterdam Developements (NAD) o Vivenio. 

Sin embargo, su apuesta por el arrendamiento temporal de habitaciones o de pisos enteros, a precios superiores al del mercado del alquiler ya regulado, choca desde diciembre de 2025 con la nueva normativa aprobada en Catalunya que limita esta actividad. Desde entonces, los activistas por la vivienda les acusan de no ajustarse a la nueva legislación y seguir anunciando viviendas y estancias a precios superiores a los permitidos. 

“Tienen que cumplir la nueva ley y sabemos de casos en que no lo están haciendo”, señala Txema Escorsa, que actúa de portavoz del Sindicato de Inquilinos para estas denuncias. “Si el president Illa dice que el que la hace, la paga, que no les tiemble el pulso a la hora de hacer inspecciones”, añade. 

Este inquilino reside en el Bloque Sant Agustí, del barrio de Gràcia, propiedad del fondo NAD. En marzo logró aplazar su desahucio, con ayuda de la movilización vecinal, y ahora mismo el lanzamiento está sin fecha en la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que ha presentado. 

Lo que sorprende al Sindicato de Inquilinos de Catalunya es que en inmuebles como los de NAD se siguen anunciando alquileres de habitaciones a precios que todo apunta a que superan el límite establecido por ley. En Idealista y otras plataformas siguen ofertando estancias entre 900 y 1.000 euros. Por este motivo, la entidad ya ha registrado denuncias contra este fondo y contra Vandor –en su caso, por no reflejar el precio del índice en sus webs– frente a la Agencia Catalana de Consumo y la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC). 

Lo que aprobó exactamente el Parlament en diciembre es que, en las zonas declaradas tensionadas en base a la Ley de Vivienda –Barcelona lo es–, la suma del alquiler de todas las habitaciones de un piso no puede superar el máximo que establece el índice para el conjunto de la vivienda. Además, en esa misma modificación legislativa, la Cámara catalana validó también incluir los alquileres de temporada dentro del tope de los precios de arrendamiento. 

Desde Vandor, sin embargo, niegan estar alquilando habitaciones a precios superiores a los que ahora permite la ley. “Todos los contratos que se han firmado a partir de la nueva regulación respetan el tope del alquiler que se ha fijado”, señalan fuentes de la Socimi, que dicen no tener constancia de denuncias por “incumplimiento” en los precios. 

Tres años de convivencia con un coliving

En la calle Entença, 69, Rosario reconoce que no sabe por cuánto alquilan los pisos sus jóvenes vecinos. En la web de Vandor no aparecen los precios. Y, según refiere esta inquilina, lo cierto es que muchos de ellos gestionan la contratación del piso a través de las mismas empresas que les facilitan los programas de estudios, The American College of the Mediterranean y la International American University, que tienen colgados carteles por la finca con números de teléfono a los que llamar por emergencias. “Es una residencia estudiantil encubierta”, valora Rosario. 

La resistencia de Rosario a dejar su casa, por la que paga unos 1.000 euros de alquiler, comenzó en 2021, cuando el casero, propietario de todo el edificio, murió y legó su patrimonio a la Fundación de la Sagrada Familia. Esta lo vendió a Renta Corporación, que al poco la traspasó a Vandor. “Durante aquel tiempo ya vi desfilar a la mayoría de vecinos, porque les decían que no iban a renovar el alquiler”, afirma. 

La nueva propiedad reformó los pisos y comenzó a alquilarlos por habitaciones a jóvenes extranjeros. Las obras también fueron controvertidas: el Ayuntamiento de Barcelona considera que fueron grandes rehabilitaciones, y que por lo tanto deberían haber reservado un 30% del inmueble para viviendas de protección oficial, tal como dispone la normativa que sacó adelante Ada Colau. Vandor, por contra, rechaza que fueran obras mayores y ha presentado alegaciones a los informes municipales. 

Sea como sea, desde 2023 Rosario, que ya está sin contrato –aunque sigue pagando–, sufre a sus nuevos vecinos y, a la vez, se resiste a marcharse. Vandor le ha ofrecido un alquiler en otro de sus bloques de pisos, con contrato a siete años. Ella lo reconoce. Pero añade que tiene derecho a quedarse porque cree que también Vandor se ha saltado la legislación.

El modelo de alquileres de estas firmas sigue ocasionando desalojos de familias inquilinas cuyos contratos expiran y no son renovados. Uno de los casos más destacados es el del conocido como Bloc Papallona, en la calle Llança, propiedad de NAD. Este miércoles 29 de abril está previsto el lanzamiento de una de sus inquilinas, con lo que el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, que apoya a los afectados, ha llamado a la movilización.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado el Premio Internacional Barcelona por la Paz, el primer galardón internacional de la capital catalana, que se enmarca en el 150 aniversario del nacimiento del músico Pau Casals.

Referente en la lucha por la cultura de paz, Casals pronunció un recordado discurso en la sede de la ONU en 1971, pocos años antes de morir, en el que pidió una “acción directa” contra la amenaza nuclear y contra el régimen de Franco. “Tenemos que recuperar ese espíritu y relanzar la idea de la paz desde Barcelona”, ha expresado el alcalde, Jaume Collboni.

“Cuando empezamos a idear este premio, hace dos años, nunca habríamos imaginado que estaríamos donde estamos ahora, en un momento en el que se extienden los conflictos y la amenaza”, ha seguido el primer edil. “No nos quedaremos impasibles ante las guerras”.

El galardón, que tendrá una recompensa de 300.000 euros -siendo así el segundo dedicado a la paz mejor dotado después del Nobel- estará destinado a proyectos “de especial impacto”, ya sean impulsados por la sociedad civil o por instituciones y el premio deberá ser destinado íntegramente a la iniciativa. Tendrá una rotación bianual y el primero de ellos será entregado a principios de 2027.

“Esta iniciativa nos parece muy importante porque se da en un momento que tiene que hacer de palanca para que la ciudadanía se reconozca en estos valores que defendía Pau Casals. De Barcelona al mundo”, ha añadido Jordi Pardo, presidente de la Fundació Pau Casals.

El premio, que es impulsado por el Ayuntamiento, cuenta también con la colaboración de la Diputación de Barcelona y el Govern de la Generalitat, además de la propia Fundació Pau Casals. “El primer premio de impacto global de la ciudad debía ser para la cultura de paz, porque cuando Barcelona habla, el mundo escucha”, ha añadido Collboni.

El alcalde ha recordado momentos en los que la capital catalana se ha “comprometido” con la paz, empezando por algunos más recientes, como las dos flotillas que han partido hacia Gaza desde Barcelona, hasta el proyecto del Distrito 11, impulsado por Maragall a raíz de la guerra de Bosnia y recuperado por Collboni para hermanar la ciudad con Gaza.

También ha tenido palabras para la masiva manifestación contra la guerra de Irak, en 2003, que unió a 1,3 millones de personas. “En ese día, el presidente George Bush dijo que él no se tenía que preocupar por lo que pasara en las calles de Barcelona. Eso significó que sí se preocupó”, ha añadido el alcalde.

Collboni ha insistido en la mirada internacional y pacifista de Barcelona y, por eso, ha diseñado un Consejo Asesor para este premio, que estará formado por distintas figuras de referencia de alrededor del mundo, entre las cuales destaca la senadora chilena Isabel Allende; la princesa de Jordania y presidenta de la Fundación Anna Lindh, Rym Ali; o el copresidente de Nihon Hidankyo, organización galardonada con el Nobel de la Paz en 2024, Shigemitsu Tanaka.

“Estamos en el momento de la historia con más conflictos bélicos que nunca. Sumamos más de 130”, ha apuntado Allende, durante su intervención en la presentación del galardón. “La paz no sólo se construye con acuerdos internacionales, sino que se fragua desde las sociedades. Por eso, este premio no es un gesto ingenuo: es una responsabilidad moral y política”, ha añadido.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que pondrá las bases para prohibir el alquiler de temporada en la ciudad. Esta propuesta, que forma parte de un pacto entre el PSC y los Comuns y que ha contado con los votos favorables de ERC, define los usos a los que pueden estar sometida la vivienda, los parámetros y, consecuentemente, las prohibiciones que se consideren en las normativas municipales.

Esta es la fórmula que han encontrado ambos grupos parlamentarios para eliminar el alquiler de temporada y reforzar también la prohibición de las viviendas turísticas, una modalidad que ocupa casi la mitad de residencias disponibles en diversos barrios de Barcelona como el Gòtic o la Barceloneta.

El consistorio convierte el uso “habitual y permanente” de la vivienda en su uso “característico”, mientras que las segundas residencias, el alquiler temporal o turístico pasan a ser usos “asimilados”. De esta manera, según se sostiene en el informe del MPGM, se podrán prohibir, condicionar o restringir los usos diferentes a los característicos de la vivienda. Eso implicará que el Ayuntamiento también podrá limitar las compras especulativas -en tanto que se tratan de adquisiciones de pisos que no están pensados para vivir en ellos- y complementaría así la normativa en la que está trabajando el Govern para prohibir este tipo de adquisiciones.

Los límites a los usos secundarios de la vivienda dependerá de la zona de la ciudad y de la necesidad de vivienda habitual que haya en cada barrio. Igualmente, el Ayuntamiento se asegurará de regular la renta temporal y turística también para las habitaciones, las plantas de casas unifamiliares, así como las parcelas.

A partir de aquí, el consistorio propone elaborar regulaciones y normas para “fomentar y proteger” el uso habitual de la vivienda. De esta manera, se pretende que los alquileres sean “más accesibles para sus residentes”. Según ha defendido la primera teniente de alcaldía y responsable del área de Urbanismo, Laia Bonet, “Barcelona necesita todas las herramientas disponibles para luchar contra la especulación y garantizar el derecho a quedarse en la ciudad”.

La modificación ha contado finalmente con los votos de ERC, que durante todo el proceso de negociación han mostrado públicamente sus “dudas sobre los efectos que pueda tener la MPGM”, pero este viernes han decidido emitir un “voto político” y de “confianza a los movimientos sociales”, tal como ha expresado la concejala republicana Eva Baró.

A falta de informes oficiales, de las ofertas de los portales inmobiliarios se estima que el alquiler de temporada puede llegar a suponer un 30% de la oferta de alquiler en ciudades tensionadas como Barcelona, llegando a crecer esta cifra hasta el 40% en más de un barrio. La intención del pleno es que la normativa pueda estar lista antes de verano, pero lo cierto es que estos plazos son ambiciosos porque el texto todavía debe pasar por la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat y, una vez pase ese trámite allí, volverá al Ayuntamiento para su aprobación definitiva.

La normativa era “urgente” según palabras de la líder de los Comuns, Gemma Tarafa, que ha apuntado datos al pleno: en una ciudad de 1,7 millones de personas, hay 800.000 viviendas, lo que supone un piso para cada dos personas. Pero la realidad es que el consistorio ha contabilizado hasta 130.000 viviendas en las que no vive nadie de forma habitual, lo que reduce la oferta “de manera alarmante”.

Esta MPGM fue pactada en diciembre de 2024 y su paso por el pleno llega un año más tarde de lo previsto. Aun así, se adelanta al Gobierno central, que hace casi dos años que anunció la necesidad de regular los alquileres turísticos y de temporada, dos modalidades de renta que la Ley de Vivienda no regula y que se han convertido en un “agujero negro”, según palabras de la ministra Isabel Rodríguez.

Por eso, el Parlament de Catalunya también se avanzó al Gobierno y aprobó, en diciembre de 2025, una ley para limitar el precio del alquiler turístico y de temporada y meterlos en el mismo saco que la vivienda habitual. Esto afecta a arrendamientos por razones profesionales, de estudios, por temas médicos o por obras. Solo se excluyen los motivos turísticos o recreativos.

Eso enmienda la ley de vivienda, que excluía estas tipologías del tope de los precios de alquiler -algo que, de momento, es algo que sólo se aplica en las zonas tensionadas de Catalunya. Todo ello ha provocado que muchos propietarios saquen sus pisos del mercado habitual para pasarlo al de temporada y exigir precios muy por encima del límite. Aunque actualmente el uso del arrendamiento por temporada para inquilinos que en realidad viven en el piso de forma permanente es un fraude, es una realidad en la que se encuentran muchos vecinos de Barcelona.

Así, el Ayuntamiento se suma a la voluntad reguladora y va más allá de la ley aprobada en el Parlament, llegando a querer prohibir sus usos gracias a las competencias que tienen los consistorios en materia de urbanismo. “La regulación del Parlament es imprescindible, pero no puede ser la única”, ha apuntado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente el proyecto para finalizar la conexión del tranvía por la Diagonal. La Comisión de Urbanismo ha dado luz verde a la reurbanización de esta avenida con los votos del PSC, Comuns y ERC. En cambio, tanto Junts como PP y Vox han votado en contra.

La teniente de urbanismo Laia Bonet ha asegurado que esta aprobación es un “paso importante”. Para acabar este proyecto, que lleva años sobre la mesa de diversos consistorios de Barcelona, queda el visto bueno de la Autoridad del Transporte Metropolitanio (ATM), que se espera para abril, y el acuerdo de un convenio de financiación entre el Ayuntamiento y la Generalitat. Bonet ya ha advertido que, para que este pacto pueda salir adelante, es necesario que ambas administraciones tengan presupuestos.

Por otro lado, también se ha aprobado el proyecto ejecutivo del desdoblamiento del colector de la Diagonal. En este caso, el punto se ha aprobado con el voto de todos los grupos a excepción de Vox.

Tanto los proyectos de reurbanización como el del colector se dividirán en tres lotes diferenciados, pero se harán en una sola licitación de obras. Con todo, la inversión del Ayuntamiento será de 62 millones de euros para el colector y de 53 para la reurbanización, que irá desde el Passeig de Sant Joan hasta la avenida Sarrià. Por su parte, la Generalitat invertirá 80 millones para la infraestructura y superestructura del tranvía.

La reurbanización contempla la intervención en un tramo de 2,8 kilómetros y supone incrementar en 16.000 metros cuadrados el espacio para peatones. También se ganarán 18.900 metros cuadrados de zonas verdes y se destinarán 8.700 metros cuadrados (1.800 más que ahora) a espacio para bicicletas, con un carril de doble sentido y 4 metros de ancho. La estimación del consistorio es que las obras duren 40 meses.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha empezado a dibujar cómo será la ciudad una vez termine una de sus grandes obras pendientes: la de la estación de la Sagrera. Este núcleo ferroviario, que está llamado a ser un punto neurálgico del transporte en la capital catalana, lleva ya 15 años en obras. Todavía se espera que le queden otros siete y que no esté acabada hasta 2032.

Paralelamente a estas obras, también hay proyectado un plan urbanístico que, a su fin, dará como resultado un “nuevo barrio” en el que habrá 25.000 personas en 11.347 nuevas viviendas, de las cuales el 48,8% serán protegidas, tal y como establece la normativa municipal en lo referente a construcción de nuevas promociones. “Se trata de garantizar el derecho de la gente a quedarse en Barcelona. Y para ello construimos más vivienda, pero cambiando las reglas del juego”, ha apuntado el alcalde en la 43ª sesión de 'L'alcalde respon', un histórico encuentro entre el edil organizado por el Col·legi de Periodistes

En esta línea, ha recordado la eliminación de los pisos turísticos que, sumada a la construcción, al tope de precios del alquiler y a la prohibición de la compra especulativa de vivienda supone “la combinación perfecta para regular el mercado”. Estas regulaciones, según Collboni, son necesarias, pero deben suponer “cambios claros, pero no constantes, porque se tiene que mantener el equilibrio entre la función social de la vivienda y los intereses del mercado privado”, ha apuntado.

Collboni sostiene que ya hay promotoras y propietarios que “se están adaptando a las nuevas reglas” y, asegura, ya están negociando con privados que están dispuestos a invertir en vivienda social, “aunque esto suponga limitar sus beneficios”. Ahora bien, también hay otros que han comunicado al Ayuntamiento que no están de acuerdo con las nuevas normativas. “Hay fondos que se irán de Barcelona. Pues adiós”, ha zanjado.

“Somos partidarios de la intervención del mercado, siempre que se haga con sentido”, ha añadido Jaume Collboni, quien ha avanzado que la siguiente meta que se plantea el consistorio, de la mano de la Generalitat y el Gobierno, es la limitación de compra de vivienda para extranjeros no residentes. “No es de recibo que, con la crisis global que tenemos, haya quien tiene un piso en Barcelona sólo para pasar el fin de semana o las vacaciones”, ha apuntado.

El “nuevo barrio de la Sagrera”

El alcalde Collboni ha aprovechado su intervención inicial para presentar las grandes intervenciones urbanísticas que hay en marcha en Barcelona, con especial énfasis en la de la Sagrera. Cuando acabe, en 2032, se habrá cerrado una gran cicatriz que surca cinco barrios distintos desde hace años. Si bien las vías del tren seguirán separando la ciudad, el objetivo del Ayuntamiento es mejorar la conexión entre ambos lados de la vía y generar una serie de espacios públicos de los que ahora esta zona de Barcelona carece.

Ni el plan ni sus resultados han cambiado respecto a la planificación inicial. Lo que ha anunciado el alcalde es que, a diferencia de lo que estaba previsto inicialmente, las mejoras urbanísticas de la Sagrera no esperarán a que la estación esté acabada, sino que se empezarán a trabajarse el próximo 2027 para que todo el nuevo barrio esté finiquitado una vez se estrene la infraestructura.

Una de las más ambiciosas es el gran parque de 36 hectáreas y 4 km lineales que se convertirá en el mayor de la ciudad; dos veces mayor que el de la Ciutadella y 4 más que el de Les Glòries. “Será un parque de parques”, ha apuntado Collboni, en referencia a que estará formado por diversos núcleos verdes.

Algunos de ellos, como la Torre del Fang o el Parc de Sant Martí, ya existen actualmente y quedarán conectados con los nuevos corredores verdes por puentes que unirán ambos lados de la infraestructura ferroviaria. La idea del consistorio es empezar a plantar árboles a finales de 2027, una vez la infraestructura de la estación esté soterrada para así, cuando las obras estén terminadas del todo, se pueda abrir el parque ya con el arbolado enraizado.

Este parque es una de las patas de la reforma urbanística que el Ayuntamiento ha planteado para las inmediaciones de la Sagrera, que tendrá una inversión de 260 millones de euros hasta 2031. En el plan también se incluye la inauguración o reforma de diversos centros educativos, un Centro de Atención Primaria (CAP) y algunos equipamientos como polideportivos.

Collboni asegura que este nuevo trazado urbano se traducirá también en 10.000 lugares de trabajo, ya que también se destinará suelo a la creación de oficinas (250.000 m²), locales y bajos comerciales (105.000 m²) y hoteles (78.000 m²).

Ahora bien, ha recordado que todas estas intervenciones dependen de los presupuestos, tanto los del Ayuntamiento como los de la Generalitat. El alcalde ha pasado de puntillas sobre el hecho de que él todavía no ha sido capaz de aprobar con mayorías ninguna de sus cuentas y se ha centrado en los del Govern. Estos, asegura, son “imprescindibles” para Barcelona, puesto que muchas de las grandes reformas son cofinanciadas.

En este sentido, ha alertado que de las cuentas de la Generalitat dependen unos 250 millones para Barcelona. “Hemos pasado tres mandatos sin inversión y eso significa que hemos tenido que hacer vivienda pública sin un euro de la Generalitat”, ha espetado.

De manera indirecta, ha pedido responsabilidad a ERC, de quien dependen los presupuestos de la Generalitat, asegurando que “todas las administraciones deberían tener cuentas, dependa de quien dependa”. Pero también ha evitado tomar una postura clara: “No me corresponde entrar en los detalles de la negociación”, ha zanjado.

Tampoco ha querido opinar sobre las diferentes propuestas de unidad de las izquierdas; la última de ellas la planteó quien será candidato de los Comuns a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, quien apostó por un “frente amplio” en el que incluía también al PSC. “Eso forma parte de un debate electoral en el que no quiero entrar porque no me corresponde. Yo haré de alcalde hasta el último día y, entonces, me preocuparé por estas cuestiones”.

Así se ha expresado Collboni en la 43ª edición del 'Alcalde Respon', en la que ha debatido con Joan Maria Morros, presidente del Col·legi de Periodistes; Gabriel Figueredo, coordinador de informativos de Onda Cero; Matilde Pont, periodista de la Agencia EFE; Roger Torres, responsable de la información municipal de Betevé; y Natàlia Vida, periodista del Diari Ara.

El alcaldable de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello, ha asegurado este lunes que quiere “explorar” la posibilidad de crear un “frente amplio” de izquierda de cara a las elecciones municipales en Barcelona. Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede del partido tras conocerse los resultados de las elecciones primarias, en las que venció con casi un 70% de los votos a Bob Pop.

Pisarello defiende “buscar todas las formas de cooperación y entendimiento” y ha anunciado que empezará una ronda de contactos con diferentes partidos y movimientos. Sobre este “frente amplio”, Pisarello aseguró que también “aspira a hablar” con el alcalde, Jaume Collboni, con quien los Comuns ya compartieron mandato cuando gobernaba Ada Colau. Pero las relaciones entre ambas formaciones se enrarecieron cuando Collboni decidió abandonar el gobierno meses antes de las elecciones de 2023, las que le convirtieron en alcalde. El vínculo se fue tensando con el paso de los meses hasta llegar al punto de que los Comuns decidieron en un congreso romper toda relación con los socialistas de Barcelona.

Pisarello ha asegurado que quiere contar con Collboni en este pacto, aunque  ha remarcado que “no se pueden dejar de lado” cuestiones que creen que deberían hacerse en la ciudad y el gobierno municipal donde está haciendo porque “exigen valentía y determinación”. Por este motivo, el alcaldable ha apuntado que las “exigencias” con el PSC serán “mayores”.

El de los Comuns ha admitido que los pactos electorales no son “sencillos”, pero defiende que hay que “explorar todas las formas”. Apunta que que está “dispuesto a hacerlo” de forma “discreta” y “no intentando ganar posiciones” para su partido. “Hablaré con todo el mundo”, ha señalado, subrayando que “dentro de los mismos partidos hay posiciones diferenciadas al respecto”.

Aparte de los partidos, el alcaldable de BComú ha afirmado que también hablará con movimientos sociales, vecinales y culturales en las conversaciones para configurar este “frente amplio”. Sobre cómo quedará el grupo municipal en el Ayuntamiento, Pisarello ha dicho que se reunirá “en breve” con el actual, presidido por Gemma Tarafa, para “coordinar la tarea”.

Sobre el acta en el Congreso, donde es diputado y portavoz de los Comuns, Pisarello ha asegurado que no la dejará. “Mi voluntad es aprovechar mi papel como portavoz para fortalecer la posición de Barcelona y de todo el municipalismo transformador”, ha señalado. En cuanto a los presupuestos, después de que ERC haya reiterado su oposición a negociar con el Govern si no se traspasa la recaudación y gestión del IRPF en Catalunya, Pisarello se ha limitado a decir que los Comuns “no participan de la idea de que cuanto peor, mejor”.

Bob Pop, actor, cómico y colaborador en medios, se ha pronunciado por primera vez tras perder las primarias de los Comuns para ser el candidato a la alcaldía de Barcelona. Habiendo recolectado casi un 30% de los votos, sucumbió ante Gerardo Pisarello, quien era la apuesta oficialista del partido y que ya es oficialmente el cabeza de la lista que se presentará en los comicios de 2027.

“Estoy reflexionando mucho sobre lo que ha pasado. Muchas veces se habla en contra de la política institucional, pero yo he aprendido lo bien que funciona porque ha sido capaz de evitar que alguien como yo sea candidato a la alcaldía de Barcelona”. Así ha hablado Bob Pop en su sección semanal en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, el mismo espacio en el que, en octubre, anunció su intención de ser candidato, sin hablar previamente con la formación.

El actor todavía no había hablado sobre la derrota -a excepción de un post en tono de humor en el que pedía que, tras perder las primarias, el actor que le interpretaba en el programa Polònia no fuera despedido- y ha asegurado que “en absoluto” se ha enfadado. “Es que es muy complicado dedicarse a la política si vienes de fuera. Desde el criadero de políticos se van gestando alianzas, gestionando simpatías y clientelismos”, ha añadido.

Por eso mismo, por intentar llegar a la alcaldía “viniendo de fuera del aparato de la política”, considera que era “muy mal candidato”. Pero, “a pesar de eso, he conseguido casi el 30% de los apoyos”, ha remachado.

Bob Pop no ha mencionado directamente a Gerardo Pisarello, pero sí ha dejado un mensaje crítico a la formación: “Es curioso que gente que lleva toda la vida dentro, se postule como gran renovador de las cosas. ¿Desde qué lugar?”, ha dicho en referencia al futuro alcaldable de los Comuns, que lleva en el partido desde sus inicios y quien ya fue primer teniente de alcaldía de Ada Colau en su primer mandato.

“Hoy hay una rueda de prensa en la sede de los Comuns y yo tendría que estar allí, pero lo que pasa es que les dije los lunes trabajo”, ha añadido Bob Pop. “Aunque hubiera ganado las primarias no habría estado en esa rueda de prensa si se hubiera hecho el lunes. Eso es hacer política desde otro lugar. No me extraña que la gente no se sienta identificada con la política”, ha remachado.

Gerardo Pisarello será el candidato de los Comuns a la alcaldía de Barcelona y el encargado de recuperar el legado de la exalcaldesa Ada Colau. Finalmente, el diputado se ha impuesto al actor y colaborador en medios Bob Pop, que contaba con el apoyo de muy pocos cargos y nombres conocidos del partido. Al cierre de las votaciones, Pisarello se ha alzado con un 68,6%% de los apoyos, mientras que Bob Pop ha cosechado el 27%, en un proceso en el que ha participado un 1.525 de los militantes, lo que supone cerca de un 17% de sus bases.

Este era el escenario previsto por la cúpula de los Comuns, que durante las semanas previas a las primarias no mostraban ninguna duda de que Pisarello, el candidato oficialista por el que había apostado públicamente la formación, sería el escogido. La única incógnita era el margen de la victoria.

Con estos resultados, los Comuns ven avalada su apuesta por Pisarello, que se ha presentado como el heredero lógico y esperable de Colau. Presente desde los inicios de la formación, fue su teniente de alcaldía durante el primer mandato del partido al frente del Ayuntamiento. Desde entonces, ha sido diputado en el Congreso, cargo que dejará en 2027. Su candidatura a las primarias ha tenido ese aire nostálgico de quien recuerda los orígenes de un partido que dio la sorpresa hace más de una década y que llegó de un salto al salón de mando de Barcelona.

Con esas evocaciones, Pisarello ha querido recuperar al votante desencantado y remontar unas estimaciones que vaticinan que, en los próximos comicios, los Comuns podrían obtener un 42% menos de apoyos que en 2023, cuando perdieron la alcaldía a manos del socialista Jaume Collboni.

El nombre del diputado, que llevaba tiempo sonando con fuerza, es una intención clara de recuperar el espíritu fundacional de 2015. Es de máxima confianza de Colau, de quien fue número dos en su primera legislatura en el Ayuntamiento. Él estuvo detrás del nacimiento de los Comuns y fue una de las caras más visibles de aquel nuevo partido que vino a dar la sorpresa.

En 2019 se presentó como candidato a las elecciones generales y, desde entonces, su arena política ha sido Madrid. Ha estado por lo tanto alejado –al menos mediáticamente– de la formación en Barcelona y no se le relaciona con los últimos años de mandato con la derrota electoral ni con los meses en la oposición. Pisarello quería recordar a los suyos que los Comuns ya gobernaron y que salvaron la alcaldía durante dos legislaturas. En cambio, Bob Pop remitía a las plazas y a las asambleas en las que nació el partido.

Pisarello concurrirá a las elecciones de 2027 haciendo tándem con Carol Recio, actual concejala en el Ayuntamiento y que fue número 9 en las últimas elecciones. Este es, por ahora, el único nombre que se conoce del equipo del todavía diputado.

¿Qué pasará con Bob Pop?

La principal duda que queda ahora es qué pasará con Bob Pop. Antes de que se convocaran las primarias, el equipo de Pisarello envió a pesos pesados del partido a intentar convencer al actor de que renunciara a su idea a cambio de integrarse en la lista del argentino. Pero él rechazó la oferta afeando que esas conversaciones se dieran “de manera extraoficial”. “Yo es que quiero ser alcalde”, dijo en conversaciones con elDiario.es.

Pocos días antes de las primarias, ninguno de los dos bandos cerraba la puerta públicamente a que Bob Pop pudiera integrarse en el equipo de Pisarello si este resultaba vencedor. Pero fuentes de la cúpula del partido reconocen que la figura del actor es “compleja” y apuntan a que, si bien antes de la campaña para las primarias había quien estaba de acuerdo con ver su nombre en la lista, ahora hay muchas voces contrarias a integrarle.

Porque hay muchos nombres de los Comuns que todavía afean a Bob Pop que anunciara su candidatura en directo en la sección que tiene en la Cadena Ser. Sin hablar antes con el partido, tampoco con Ada Colau, a quien el actor reconoce como un referente e inspiración que le ha animado a dar el paso. Es más, cuando anunció sus intenciones, la exalcaldesa hacía pocas horas que había aterrizado en el Aeropuerto de El Prat tras haber estado detenida por el Ejército de Israel debido a su participación en la Flotilla.

Lo que Bob Pop definió como una muestra de espontaneidad que apoyaba la idea que hizo crecer a los Comuns en su día –que “cualquiera puede ser alcalde”–, para el partido fue un giro inesperado y, hasta cierto punto, inconveniente. Y nunca se molestaron en ocultarlo: toda la cúpula, desde la líder municipal Gemma Tarafa hasta la exalcaldesa Colau mostraron públicamente su apoyo a Pisarello, lo que llevó al actor a afearles la falta de “neutralidad”.

Celebradas las primarias y sorteada la sorpresa imprevista de Bob Pop, los Comuns han vuelto al camino que tenían pensado. Al de recurrir, una vez más, a un nombre de aquel 2015. Así, Pisarello volverá al consistorio en un momento de vacas flacas para la formación. Pero todavía es pronto para hacer previsiones: no sólo porque falte algo más de un año para los comicios, sino porque todavía no está claro el nombre de todos sus contrincantes, siendo el nombre de Junts la mayor de las incógnitas.

Por el momento, han oficializado a sus cabezas de lista el PSC, con Jaume Collboni al frente; y ERC, que confiará en Elisenda Alamany para sustituir a Ernest Maragall. La líder republicana –no está de más recordarlo– fue diputada en el Parlament por los Comuns durante los inicios de la formación, antes de fichar por ERC. Por parte del PP, repetirá Daniel Sirera y al frente de Vox volverá a estar Gonzalo de Oro Pulido.

El Govern y los Comuns han acordado, en el marco de la negociación de los presupuestos, aumentar en 106 millones más el presupuesto para ayudas al alquiler de viviendas y poder llegar a casi 50.000 familias más. Así lo ha avanzado Catalunya Ràdio y lo ha confirmado el ACN. Según el pacto, la fórmula pasa por incrementar el límite de ingresos familiares anuales de 25.200 hasta 36.279 euros.

La prestación establecerá también criterios de “priorización” para aquellas familias que destinen “más del 30% de los ingresos de la unidad familiar al pago del alquiler”. Los Comuns calculan que con ese aumento de la cobertura de las ayudas al alquiler en los presupuestos de 2026, que alcanzaría los 303 millones de euros, se pueden beneficiar el 25% de los inquilinos de Catalunya en dos años.

En las negociaciones de Presupuestos de 2026 con el Govern, una de sus principales exigencias en materia de vivienda es la prohibición de las compras especulativas de pisos. La medida, que cuenta con un aval jurídico de distintos expertos, todavía está en discusión entre las partes, aunque la Generalitat asegura que es su voluntad aprobarla.

Los Comuns han conseguido por ahora atar algunas de sus demandas en materia de educación. Por ejemplo, la concesión de 100.000 nuevas becas comedor en los próximos dos cursos para que lleguen al 30% del alumnado. 

Más ayudas al alquiler en Barcelona

En paralelo a las ayudas de ámbito catalán, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado también una prestación para quienes no pueden pagar el alquiler. Concretamente será una ayuda de hasta 400 euros para mayores de 55 años con vulnerabilidad residencial y familias monoparentales para complementar las mensualidades. Todo ello para prevenir que haya personas que se queden sin hogar.

El Ayuntamiento de Barcelona ha detallado que se destinarán 6 millones de euros a esas ayudas alquiler por un plazo de 12 meses y un importe mensual máximo de 400 euros. Podrán pedirlo las familias monoparentales y las personas solas mayores de 55 años que no superen los ingresos marcados en la convocatoria y demuestren que destinan al alquiler habitual más del 30% de los ingresos.

La prestación cubrirá la parte que exceda del 30% de los ingresos que la familia destina a pagar el alquiler de su piso que, totalmente, no podrá ser superior a los 1.100 euros mensuales. Las solicitudes podrán presentarse a partir del día posterior a la publicación de la convocatoria, este viernes 20 de febrero.

Barcelona cerró el 2025 liderando el descenso de la delincuencia en Catalunya con un 7% menos de delitos contra el patrimonio (principalmente hurtos y robos), una cifra que en el conjunto catalán ha descendido un 4,1% respecto a 2024. Este balance se ha dado a conocer un día después de que el Congreso diera luz verde a la ley que endurece las penas contra la multireincidencia. Un texto propuesto por Junts -que sale adelante con los votos del PSOE y la derecha- que se basa en la premisa de que estos delitos crecen.

Pero los datos de Barcelona, y del conjunto de Catalunya, cuentan otra historia. De hecho, con dos años consecutivos con cifras a la baja, la capital catalana tuvo en 2025 el nivel de delincuencia más bajo en una década, exceptuando el periodo del Covid. “Hemos trabajado mucho para luchar contra la multireincidencia y hoy lo podemos celebrar”, ha apuntado el alcalde socialista Jaume Collboni tras la Junta Local de Seguridad.

A pesar de tener datos equivalentes a los de 2015, cuando la seguridad era la sexta preocupación de los barceloneses, esta cuestión ahora ocupa el segundo puesto, sólo por detrás de la crisis de la vivienda.

Un 20% menos de robos con fuerza

El 85,6% de los delitos que se cometen en Barcelona (igual que en toda gran ciudad) son contra el patrimonio. En este ámbito, que baja de manera global un 7%, los hurtos descienden un 7,6%; los robos con fuerza un 19,8%; los robos y hurtos de vehículos un 6,7%; y los daños un 5,6%.

Por otro lado, los robos violentos suben un 0,5%. Estos representan el 7,6% de los delitos del total de Barcelona. En esta categoría, se han llevado a cabo 3.802 detenciones a 2.340 personas distintas. Según datos del Ayuntamiento, las detenciones han aumentado un 13,8% respecto a 2024. El perfil de autor de robos con violencia, según la Guàrdia Urbana, es de un hombre sin armas que, de un tirón, se lleva un teléfono o una cartera, casi siempre sin causar lesiones a la víctima.

Otros delitos que también suben son las estafas, los delitos contra la salud pública o la tenencia de armas blancas. Pero desde el Ayuntamiento recuerdan que el aumento de estas cifras no supone, necesariamente, que crezca la delincuencia, sino simplemente que crece el número de delitos detectados. “Este incremento no se debe asociar a un aumento de la inseguridad” porque, aseguran desde el consistorio, “son delitos que crecen cuando se incrementan los dispositivos policiales y las patrullas dirigidas”.

Un 4,8% menos de violencia de género

El Sistema Integral de Atención a las Víctimas, que da cobertura a las mujeres que han sufrido violencia de género, matrimonios forzados, mutilación genital, violencia sexual o delitos de odio y discriminación, atendió en 2025 a 4.679 mujeres, un 14% menos que el año anterior. Por otro lado, aumentaron un 2% las órdenes de protección y un 4% el seguimiento a víctimas.

En ámbito global, los datos apuntan a que los delitos relacionados con la violencia de género bajan un 4,8%. Bajan, sobre todo las amenazas, las coacciones y el maltrato habitual en el hogar. En cambio, crecen los delitos de ruptura de condena con resolución judicial. También crecen un 4,4% las denuncias -que no detenciones- por agresión sexual.

En este sentido, desde el Ayuntamiento destacan que la violencia sexual ha crecido un 14,7%, mientras que la violencia doméstica ha bajado en una cifra casi idéntica: un 14,6%.

El grupo de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado la comparecencia de la primera teniente de alcalde y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, para que dé explicaciones sobre las denuncias por acoso laboral contra la cúpula de la empresa pública de transportes desveladas por elDiario.es.

En su petición, el concejal de Barcelona en Comú en el consistorio, Marc Serra, para que responda a las preguntas de los grupos sobre los “casos de acoso laboral, la existencia de un procedimiento judicial que investiga la actuación de diversas directivos de la empresa pública y posibles irregularidades cometidas en la protección de datos personales de trabajadores y trabajadoras de TMB”.

El consejero delegado de TMB, Xavier Flores, negó la semana pasada ante la jueza que el despido de la responsable de investigar irregularidades internas en 2024 fuera una “represalia” por el expediente que abrió para indagar sobre una denuncia por acoso contra varios directivos que interpuso una trabajadora.

También defendió el despedido de la exjefa de compliance cuando contaba con protección de la Oficina Antifraude porque, según mantuvo, nada impedía echarla tras el caso “muy grave” de acoso laboral por el que fue denunciada, que sin embargo la Fiscalía archivó. Además de la causa penal, en las próximas semanas se celebrará un juicio para determinar si el despido fue improcedente.

Flores y los otros dos investigados también remarcaron que, tal y como les obliga la ley, informaron tanto de la suspensión cautelar como del despido de la exjefa a Antifraude, quien no obstante concluyó que el cese de la encargada de investigar internamente “manda un mensaje peligroso” sobre el cumplimiento de la normativa de buen gobierno en TMB.

En suma, a falta que declaren más testigos sobre el caso, la magistrada ya ha oído las dos versiones sobre el caso: acoso laboral denunciado por la exjefa de compliance y absoluto respeto a la legalidad alegado por los directivos de TMB. Ahora será el turno del gobierno municipal para que responda a las preguntas de la oposición.

Gerardo Pisarello (San Miguel de Tucumán, 1970) es uno de los fundadores de Barcelona en Comú, ese partido nuevo que dio la sorpresa en 2015 y llevó a Ada Colau a la alcaldía durante ocho años. Pisarello fue su primer teniente de alcaldía en la primera legislatura para luego irse de diputado al Congreso. Una década después y tras la renuncia tanto de Colau como de Janet Sanz -quien debía sucederla-, el partido ha echado mano de Pisarello, una cara conocida, para las elecciones de 2027.

Quiere ser alcalde, a pesar de que las encuestas auguran que el partido puede perder hasta el 42% de los apoyos. Pero antes de ello, deberá enfrentarse a Bob Pop, el escritor, crítico y actor que también quiere encabezar la candidatura y gobernar la capital catalana.

Debutó en política con las elecciones municipales de 2015, pero después de la primera legislatura de Ada Colau se fue al Congreso. ¿Por qué vuelve a la política local ahora?

Echaba mucho de menos mi ciudad y siempre he sido un municipalista convencido. En toda la Península, los grandes avances democráticos han venido siempre de la mano del municipalismo. Fue así durante la Primera y Segunda República y durante el franquismo. Y ahora, el municipalismo es más necesario que nunca. Confío que, a pesar de los tiempos reaccionarios que vivimos, en 2027 tendremos una nueva primavera republicana en el conjunto del Estado.

Antes de ser candidato a la alcaldía deberá pasar por las primarias, en las que se enfrentará a Bob Pop. A quien sea que salga ganador le tocará liderar la nueva etapa de los Comuns tras Colau. Cuando ella anunció que dejaba la política institucional, ¿se vio como su sucesor?

Ada es muy difícil de reemplazar. Fue una lideresa popular, con un enorme carisma, una mujer de condición modesta que lo dejó todo por sus convicciones. Primero estuvo en la PAH y luego en el Ayuntamiento, donde pagó un precio muy alto. Yo la admiro mucho, es una buena amiga, y estoy seguro que seguirá en política de alguna manera. No me esperaba sucederla, pero estoy contento de asumir el reto.

Tengo muchas ganas porque, a diferencia de lo que pasa en Madrid, donde estamos encerrados en ese palacio monárquico que es el Congreso y todo es agrio, la política municipal es más intensa y agradecida, porque te permite hablar con la gente. Estoy recuperando contacto con los activistas de mi espacio político y visitando asambleas de barrio.

Su contrincante en las primarias, Bob Pop, le afea que haya perdido el contacto con la gente y dice que usted representa la “opción conservadora” y la “teoría”, mientras que él representa “la práctica”. ¿Está de acuerdo con quienes dicen que los Comuns, un partido que nació de los movimientos, ha perdido el contacto con la calle?

Siempre he sido antiestablishment. Soy hijo de un abogado modesto, asesinado durante la dictadura argentina, y de una maestra rural. Todo lo que he conseguido ha sido gracias a las becas. Mis hijos han ido a la escuela pública y soy usuario de la sanidad púbica. Vivo en un barrio popular. Y, desde ahí, hago política contra el poder económico concentrado. Por eso, no puedo estar de acuerdo con quien diga que hemos perdido contacto con la calle, porque todo lo que hacemos es para que la gente común pueda disfrutar de sus derechos.

Tras la marcha de Colau, su número dos y quien tenía que asumir el liderazgo era Janet Sanz. Cuando dimitió, se postuló usted. Son dos personas que fundaron el partido. Dice que su candidatura busca volver a los orígenes de la formación, ¿es eso o es que falta sangre nueva en los Comuns?

Queremos volver al 2015, pero adaptándonos a la nueva realidad. No en vano hemos pasado una pandemia y estamos viviendo la digitalización de la sociedad. Hay retos nuevos, pero queremos recuperar el espíritu de entonces y de aquellas luchas para trasladarlo a las nuevas generaciones. Por eso, en nuestra lista hay gente joven que podrá conectar mejor con los nuevos tiempos.

Me gusta recordar a Salvador Allende que, salvando evidentemente las enormes distancias y con todo el respeto, empezó en política a los 30 años. Y no fue hasta 1973 cuando, de la mano de Unidad Popular, consiguió la presidencia de Chile. A nosotros, de manera mucho más modesta, nos toca garantizar una unidad popular de nuevo tipo. Creo que el entendimiento entre las izquierdas es la única manera de frenar a la ultraderecha.

Antes le preguntaba si faltaba sangre nueva y no me ha respondido. Se lo decía porque Bob Pop apuntó en una entrevista con elDiario.es que el mayor problema del partido fue el “hiperliderazgo de Ada Colau”, algo que habría “eclipsado” voces nuevas en los Comuns. ¿Coincide?

Estoy en completo desacuerdo con la definición de Ada como una hiperlideresa. Viene de tradición libertaria y fue una lideresa popular que consiguió sintetizar los anhelos de las clases populares. Y su ejercicio de la autoridad, para mí y comparado con lo que he visto después en política, fue enormemente respetuoso. Me ha tocado ser su número dos y aunque hemos tenido y tenemos discusiones, nunca ha impuesto sus puntos de vista. Algo de lo que a veces se arrepiente.

Pero sí que es verdad que ahora toca que aparezcan nuevas voces, que se reactiven las bases. Cuando gobernábamos, las asambleas de partido estaban más dormidas, pero ahora que tenemos la posibilidad de volver a ganar Barcelona y de hacer cosas que vayan más allá de lo que hace Jaume Collboni, hay que activar procesos nuevos.

Las primarias son una buena muestra de eso. Es impresionante cómo la gente se está volviendo a acercarse a los Comuns. Conseguir eso en un momento de antipolítica y desafección es fundamental. En este sentido, ojalá Ada Colau siga cerca nuestro porque es una referencia importantísima. No solo debemos reivindicar su legado, sino que lo tenemos que mantener de cara al futuro. Soy un continuista, sin ningún tipo de dudas.

Estoy en completo desacuerdo con la definición de Ada Colau como una hiperlideresa. Viene de tradición libertaria y fue una lideresa popular que consiguió sintetizar los anhelos de las clases populares

Afirma que las primarias están siendo buenas para el partido, pero usted propuso a Bob Pop que se uniera a su lista. ¿Por qué intentó evitar la votación?

No fue por eso para nada. Conversamos con él para saber qué idea tenía, si quería ser concejal y si se veía teniendo algún tipo de responsabilidad en el Ayuntamiento. Y lo que nos dijo es que quería ser candidato a la alcaldía. Siempre hemos sido respetuosos con esta decisión y cuando me pregunta por él, sólo puedo tener palabras elogiosas. Y estas primarias, que nos obligan a bajar más a la calle y a reconectar con la gente, son muy positivas.

Si gana usted, ¿le volvería a proponer que se sumara a su lista?

Estoy abierto. Hay mucha gente trabajando con él que son amigas e, independientemente de lo que pase, si gano, priorizaré la unidad del espacio. Soy un defensor de la unidad de las izquierdas y eso implica defender unos Comuns fuertes, diversos, donde el nervio democrático sea fuerte. Nuestra organización no se puede permitir perder a ningún activista, hemos de darle a la gente razones para mantener la ilusión y volver a batallar por el bien común. Y hacerlo por convicción, no por dinero ni a cambio de un cargo.

Reivindica la unidad de las izquierdas. ¿Cómo pretende hacerlo? Porque en Barcelona la relación con ERC no es buena desde que Colau le arrebató la alcaldía a Ernest Maragall, quien ganó las elecciones en 2019. Y su partido decidió romper con el PSC en el congreso del pasado verano.

Siempre he hecho política 'frenteamplista' y ahora, con la extrema derecha creciendo, lo hago más convencido. He participado en diversas iniciativas de unidad como Procés Constituent, Barcelona en Comú, Podemos o Sumar. Tengo amistad con la gente de EH Bildu, ERC y la CUP. Incluso con gente que vota al PSC y que siento que también es mi gente.

La pregunta es si este 'frenteamplismo' se puede traducir en fórmulas electorales. Se debe intentar que sea así, pero si no es posible, tiene que haber es máxima cooperación y entendimiento entre las izquierdas para tener un programa común en materia, por ejemplo, de vivienda o transporte público. Eso es lo que estamos haciendo en la Generalitat y en el Estado. Desde fuera del Gobierno y desde dentro.

Dice que cree que los Comuns tienen posibilidades de volver a gobernar Barcelona, pero para ello sería seguramente necesario un pacto. ¿Usted estaría dispuesto a volver a gobernar con el PSC?

Salimos a ganar las elecciones, pero sabemos que las mayorías absolutas no volverán a la política municipal, a la catalana ni, seguramente, a la estatal. Será necesario hablar. Y quiero que la ciudadanía vote por las izquierdas, por las que quieran y consideren, porque creo que es la única manera de producir transformaciones de fondo.

Esa es una de las lecciones que aprendimos en 2015: si te vota un 25% de la población, es muy difícil hacer cambios profundos si no eres capaz de hacer alianzas amplias para las izquierdas. El problema que tengo con el PSC de Jaume Collboni es que no le veo valentía para hacer eso.

¿Cree que Jaume Collboni está haciendo una política más conservadora y que hace menos concesiones a las peticiones de los Comuns que Pedro Sánchez, con quien gobiernan en coalición, o con Illa, con quien tienen acuerdo de investidura?

Absolutamente. Sin ninguna duda. Por una razón muy sencilla: Pedro Sánchez no habría sobrevivido sin el apoyo de los Comuns, de Sumar, de Podemos, de ERC y de EH Bildu. De las izquierdas estatales, independentistas y no independentistas. Republicanas todas en general. Creo que una de nuestras grandes aportaciones a la vida pública ha sido convertir a Pedro Sánchez en una persona que no era. Las izquierdas le hemos obligado a cambiar y a asumir una conciencia, no por convicción propia sino por supervivencia.

En Catalunya pasa lo mismo con Salvador Illa, que tiene a ERC y a los Comuns presionando, por ejemplo, para que se regulen los alquileres de temporada o los alquileres de habitaciones. Pero creo que Jaume Collboni se ha acomodado demasiado y se siente protegido.

¿Gobernando en minoría?

Se siente protegido por determinados lobbies en la ciudad. Pero es cierto que gobierna en minoría y no puede llegar a pactos ni aprobar presupuestos. El resultado es un gobierno poco innovador.

Pero insisto: ¿qué diferencia hay entre Illa y Sánchez, a quienes dice que los Comuns han forzado a moverse a la izquierda, y Collboni, con quien su partido decidió que no iba a volver a pactar?

Le hemos ofrecido muchas oportunidades para llegar a acuerdos. Hemos puesto muchas posibilidades, pero hay cosas en las que el PSC no se ha movido y, al contrario, hay desinversiones en programas muy innovadores que se habían hecho anteriormente en el Ayuntamiento. Y, por contra, Collboni se está aprovechando de los avances que consiguen Pedro Sánchez y Salvador Illa a consecuencia de las alianzas con las izquierdas.

Yo tengo vocación de mayoría y no me equivoco de adversario. Ahora bien, salgo a ganar. Porque necesitamos alternativas. Queda claro en Estados Unidos, donde la alternativa a las políticas desatadas de Trump no puede ser Joe Biden.

¿Está comparando a Jaume Collboni con Joe Biden?

Sí, exacto. El suyo es un PSC ‘bidenizado’ y nosotros necesitamos a Zohran Mamdani. Gente valiente y no sectaria. Yo puedo tener muchos defectos, pero nadie me puede echar en cara que no haya plantado cara a la derecha ni estado con las clases populares. Me gustaría un PSC que estuviera en esta posición. Y sé que es posible porque veo a muchos votantes del PSC en barrios populares a quienes siento míos.

Eso puede ser porque hay muchos votantes del PSC en barrios populares que en pasadas elecciones votaron a los Comuns. En cambio, las encuestas dicen que su partido perdería el 42% de los apoyos respecto a los comicios de 2023. ¿Qué han hecho mal?

Creo que no hemos hecho alianzas lo suficientemente fuertes. Deberíamos haber construido más unidad entre nosotros. Y eso nos ha perjudicado, porque mucha gente de origen popular que nos apoyó en 2015 ahora escoge al PSC como mal menor, una alternativa no suficientemente valiente, pero sí mínimamente sólida. Debemos reconectar con esa gente.

Hablemos de propuestas: dice que, si se convierte en alcalde, prohibirá la compra especulativa de viviendas. Eso es algo que el Ayuntamiento ya aprobó hacer y está estudiando la manera desde octubre. Entonces, ¿qué propone? ¿Ya ha encontrado cómo hacerlo?

Para simplificar: hay tres temas que para mí son importantes. La vivienda, el transporte público y abaratar el coste de vida en Barcelona. A pesar de los avances que conseguimos cuando gobernábamos la ciudad, esta se ha encarecido. Por eso queremos prohibir las compras especulativas. Incluso Donald Trump, condicionado por la victoria de Mamdani en Nueva York, está diciendo a los fondos buitre que no hagan compras especulativas.

Pero ¿cómo propone hacerlo desde las competencias de un Ayuntamiento?

Se puede hacer perfectamente. Tenemos estudios jurídicos que así lo dicen. Pero también lo estamos batallando en la Generalitat y en el Estado. La ventaja de tener una fuerza política que pueda actuar a diferentes niveles es esa. En el Estado lo podemos hacer porque tenemos las alianzas. Y, desde el Ayuntamiento haremos también todo lo posible.

Muchos de los cambios que no pudimos aplicar en 2015 fue porque teníamos a Rajoy y al señor Montoro como ministro de Hacienda en Madrid y tampoco había un gobierno de izquierdas en la Generalitat.

Hubo políticas en materia de vivienda que sí se hicieron, pero no consiguieron los resultados esperados. Por ejemplo, muchos de los hoteles cuya construcción se paró se han convertido en fincas de lujo o alquiler temporal. La norma para reservar el 30% de las nuevas promociones para vivienda social tampoco ha funcionado como se creía. ¿Qué hará diferente?

Muchas de las cosas que no han funcionado fue por culpa de la oposición feroz de los lobbies, no por problemas en el diseño de la política. Los lobbies nos atacaron, nos presentaron querellas. Recuerdo más de 20, que se dice fácil. ¿Eso es una prueba del fracaso de la política o de que la política iba en la buena dirección? Yo creo que es lo segundo.

Pero los lobbies siguen ahí.

Exactamente, pero la lección que nosotros sacamos de estos años y de mi experiencia en Madrid es que no puede ser que la izquierda llame a la movilización sólo cuando gobierna la derecha. Cuando llegas al gobierno no llegas al poder, porque el poder auténtico es el económico, que está concentrado en pocas manos y amenaza a quien quiera cambiar las cosas a través del poder judicial y de los medios.

La gente tiene que entender que deben dedicar parte de su tiempo a la vida pública porque para limitar la compra especulativa no es suficiente una norma que se publique en un boletín oficial. Hay que manifestarse en defensa de esa política, porque sólo una ciudadanía movilizada es garantía contra el retroceso. Quizás eso no lo hicimos lo suficientemente bien en 2015, pero hemos aprendido la lección.

También dice que trabajará para que el transporte público sea gratuito. ¿Para quién? ¿Para los turistas también o sólo para los residentes en Barcelona?

Evidentemente sólo para los residentes. En las políticas de derecho siempre pienso en la residencia. Por ejemplo, en la regularización de personas migradas que se ha conseguido ahora, el criterio ha sido la residencia. Es gente que vive y trabaja con nosotros y se merece estas políticas.

Entonces, una persona que no vive en Barcelona pero viene a trabajar todos los días ¿por qué no podría aprovecharse de la gratuidad?

Depende, porque la gente que vive fuera de Barcelona sigue viviendo en el país y Barcelona es parte de ese país. Así que habrá que ver como se coordina. Esa gente es nuestra gente, de eso no hay dudas, pero todas las políticas públicas introducen algún criterio de residencia. Los avances se deben conseguir poco a poco.

Dice que sus principales propuestas van en la línea de lo que preocupa a la ciudadanía. Hemos hablado de vivienda y del encarecimiento de la vida pero, actualmente, la segunda preocupación de los barceloneses es la inseguridad. A pesar de que se cometen menos delitos que en 2020, el miedo no deja de crecer. ¿Qué haría para reducir la sensación de inseguridad?

No haría lo que está haciendo Jaume Collboni. No me gusta que confunda seguridad con civismo, que se apoye en la derecha para diseñar sus políticas de seguridad que, efectivamente, responden a percepciones y a cosas que circulan por redes, pero que no tienen a ver con la realidad. No me gusta el Pla Endreça [la normativa que aborda la seguridad y la limpieza] porque no se trata de multar a la gente por hacer uso del espacio público, sino de tener lavabos públicos en los espacios comunes.

Yo me tomo muy en serio la seguridad porque si no estás tranquilo, si eres mujer y no puedes caminar por la calle porque no hay espacios amables y protegidos, no puedes tener una vida libre. Pero creo más en la seguridad comunitaria que en la mirada punitivista que sólo se basa en sanciones y multas que, muchas veces, van a parar a unos jóvenes que quieren disfrutar del espacio público mientras que al turismo, que es lo que causa la inseguridad, no se le hace nada.

¿A qué se refiere?

A que la principal razón de la inseguridad en Barcelona es la especulación. No saber si te aumentarán el precio del alquiler y tu vida cambiará radicalmente es lo que causa inseguridad. Lo que pasa en la calle también se debe abordar, pero esa seguridad no depende de más policías sino de que los juzgados funcionen bien y de que haya más recursos judiciales. Por eso no me gusta nada que el PSC de Collboni compre la mirada de la derecha en materia de seguridad.

¿No se quedraría con nada del Pla Endreça de Barcelona?

Evidentemente puede tener cosas concretas que sean buenas, pero no me gusta la filosofía que hay detrás. La seguridad ciudadana es que no te roben por la calle, pero también evitar que haya inmobiliarias asediando a los vecinos para echarlos de sus casas. Cuando nosotros gobernábamos, conseguimos que la Guardia Urbana detectara e impidiera estas coacciones.

Creo que es así como se debería enfocar la seguridad: es el derecho a caminar tranquila por la ciudad, pero también a que haya contundencia contra quienes de verdad ejercen violencia contra la ciudadanía a diario.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Barcelona a indemnizar o readmitir a un trabajador -un cocinero- que fue despedido en 2024 tras no superar el examen de un curso básico de catalán, ya que su plaza no fue cubierta ni se amortizó hasta un año después.

La sala de lo social del alto tribunal catalán ha estimado parcialmente el recurso presentado por este trabajador contra la sentencia del juzgado de lo social 32 de Barcelona, que desestimó la demanda del trabajadora. Ahora el TSJC declara improcedente su despido, por lo que condena al consistorio barcelonés o bien a readmitirlo en su mismo puesto de trabajo o a pagarle una indemnización de 58.696,92 euros en el plazo de cinco días.

El tribunal considera por ello que pedir el nivel B2 de catalán a este cocinero podría implicar a lo sumo una “indiscriminación indirecta” por razón de la lengua, pero no una “discriminación directa”, ni una vulneración de un derecho fundamental, como alegó el trabajador en su recurso, informa EFE.

El trabajador, con más de quince años de antigüedad durante los que suscribió varios contratos, se presentó a la convocatoria de los procesos de estabilización del empleo temporal del Ayuntamiento de Barcelona para la plaza de cocinero, que ya ocupaba en ese momento, en la que se exigía un nivel B2 de catalán.

Dado que no podía acreditar ese nivel de catalán, se presentó a los exámenes, fue declarado no apto y, finalmente, fue despedido en enero de 2024.

En la sentencia, el TSJC alega que se trató de un despido improcedente, puesto que la plaza no fue cubierta por ningún otro aspirante y quedó vacante, en contra de lo que establece la ley, por lo que aquella quedó finamente amortizada un año después.

En estas circunstancias, subraya el juez, el cese del trabajador carece de cobertura legal, ya que la “válida extinción de una relación laboral de una persona considerada indefinida no fija únicamente puede producirse mediante la reglamentaria cobertura de la plaza o mediante su amortización”.

El tribunal recuerda, en este sentido, que la Ley 20/2021 no crea nuevas causas de despido y rechaza el uso de los procesos selectivos como mecanismos automáticos de expulsión laboral.

En cuanto al requisito en sí del conocimiento de la lengua catalana, el juez se acoge a la jurisprudencia del Constitucional, que avala “la exigencia con carácter general de un conocimiento mínimo de la lengua catalana para acceder a puestos de trabajo en el sector público en el ámbito territorial de Cataluña”, de forma que “lo único que puede cuestionarse, como en nuestro caso, es la proporcionalidad del concreto nivel exigido”.

En este sentido, el fallo señala que “podríamos plantearnos si era necesario este nivel, o sería suficiente un nivel inferior, para un puesto de trabajo de cocinero, sin necesidad de atención al público y con limitada interacción con terceros”.

Sin embargo, agrega el tribunal, el trabajador “debería haber impugnado las bases de la convocatoria. Y no lo hizo. Una vez que no se cuestionan las bases de la convocatoria y se acepta participar en el proceso selectivo, aquellas bases son consideradas la 'ley del concurso”, por lo que su despido, en este sentido, sí estuvo justificado al no superar los requisitos de la convocatoria.

En definitiva, concluye el fallo, el demandante fue expulsado por no superación del proceso selectivo, según las bases de la convocatoria, debiendo descartarse la vulneración del derecho fundamental a no sufrir discriminación“ en virtud de la lengua. La sentencia del TSJC no es firme, y contra la misma cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

La secretaria general de ERC y líder del grupo municipal en Barcelona, Elisenda Alamany, es la única candidata que se ha presentado al proceso de primarias del partido para alcazar la alcaldía de la capital catalana. Alamany ha iniciado este domingo la recogida de avales con un vermú informal con militantes después de haber enviado el viernes una carta a la militancia, según ha informado su candidatura.

La candidatura de Alamany, la única que se ha postulado, se proclamará como válida el próximo 9 de febrero si supera los avales necesarios. El acto de presentación, que ha tenido lugar en La Formiga Martinenca, ha contado con unas 200 personas, según recoge su candidatura. Ha contado con la asistencia de los diputados en el Parlament Ester Capella y Joan Ignasi Elena, y la diputada en el Congreso Pilar Vallugera. El senador Joan Queralt, los concejales Eva Baró y Jordi Coronas y otros militantes como Patrícia Gomà o David Minoves también han participado en acto.

Alamany ha agradecido que se haya “creído” que es “la persona con el consenso y la fuerza” para poner a ERC en el “lugar que se merece” la capital, tal como ha publicado en X. Tras este acto, Alamany recorrerá los casals de Barcelona hasta finalizar el proceso en la proclamación oficial el 28 de febrero.

Alamany alberga desde hace años la intención de ser alcaldable en Barcelona. Tras dar el salto a la política institucional con los Comuns, dejó el partido en 2019 y poco después reapareció como número 2 del republicano Ernest Maragall en las elecciones municipales de ese año.

En 2023 repitieron tándem, pero poco después Maragall abandonó la política y Alamany asumió el liderazgo del grupo municipal. Su ascenso dentro del partido continuó además al asumir la secretaría general de ERC como número dos de Oriol Junqueras.

La Associació Cultural Telecogresca, entidad que organiza el festival universitario del mismo nombre, denuncia “la falta de apoyo institucional” y “el encarecimiento desproporcionado de las condiciones de uso” del Parc del Fòrum. El festival considera que los nuevos requisitos para utilizar este espacio público gestionado por la empresa municipal BSM ponen en riesgo la viabilidad futura de un proyecto nacido en 1978 y que el próximo 28 de marzo celebrará su edición número 48.

Según explica Bruno van Bemmelen, actual presidente de la asociación que impulsa el festival, Telecogresca gozaba hasta 2025 de dos descuentos que les ayudaban a costear el alquiler del Parc del Fórum: uno debido a su vinculación a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y otro en tanto que entidad sin ánimo de lucro.

Actualmente, BSM cobra a los festivales que se celebran en el Fòrum 1,5 euros por cada asistente y un 9% de la recaudación por la venta de entradas. Estas tarifas, sumadas a la pérdida de esos descuentos, hacen intuir al festival universitario que este año coste de alquiler del recinto pueda dispararse hasta un 250%.

En marzo de 2025, el Ayuntamiento comunicó a todos los interesados en celebrar festivales en el Fòrum cuya programación musical se prolongase más allá de las once de la noche que deberían licitar para obtener una de las cinco fechas que otorgarían para 2026, 2027 y 2028. El origen de esta medida era un pacto con el distrito de Sant Martí para limitar el número de festivales que duran hasta la madrugada y calmar los ánimos de los vecinos de los barrios colindantes.

“Nosotros consideramos que no teníamos que pasar por ese proceso de licitación porque no somos una empresa que busca un beneficio explotando un espacio”, apunta Van Bemmelen. Como nadie en el Ayuntamiento opinaba igual, no les quedó otra que licitar. Al estar en plena organización de la Telecogresca de 2025, tuvieron que contratar ayuda profesional, lo cual generó gastos imprevistos. En julio salió la resolución: la Telecogresca podría seguir en el Fòrum.

Un castigo al asociacionismo

El veredicto favorable supuso “un alivio porque en aquel momento estábamos organizando un festival sin saber aún si tendríamos espacio o no”, recuerda Van Bemmelen. Pese a ello, Telecogresca insiste en que, como proyecto autoorganizado, sin ánimo de lucro e impulsado desde el voluntariado “no entra en el mismo saco” que las promotoras privadas cuyo negocio es organizar festivales. Por ello, reclaman que se les sigan concediendo los descuentos de que habían gozado hasta ahora. Sería una manera de “compensar el aumento de costes” que suponen estas nuevas condiciones.

Por ahora, las gestiones con el Ayuntamiento no han dado resultado. El argumento consistorial es que en una licitación pública las condiciones deben ser iguales para todas las empresas concurrentes y no puede haber excepciones. En la Telecogresca ven esta fórmula como “un castigo al asociacionismo”, donde “el aumento de tasas y cánones de alquiler se agrava con una complejidad burocrática que actúa como una barrera adicional para el voluntariado”.

Ignorando su naturaleza altruista y una trayectoria en la ciudad de casi medio siglo que lo convierte en una de las citas más multitudinarias y longevas de Barcelona, denuncian que el Ayuntamiento, “lejos de bonificar una iniciativa juvenil autogestionada, la asfixia”.

Van Bemmelen lamenta que en Barcelona “cada vez haya menos festivales de carácter social” y relaciona esta regresión con decisiones como las que aplica el consistorio a la gestión económica de un espacio público como el Parc del Fórum. “Si no exploran un poco más y no entienden nuestro proyecto, siempre les será más fácil (tratar) con festivales más grandes porque eso es a lo que se han acostumbrado”, pronostica. “Los festivales más grandes tienen más oportunidades para acceder a subvenciones”, señala. La Telecogresca, de una sola jornada y con un aforo para diez mil personas, queda fuera de muchas líneas de subvención y tampoco puede aspirar a los grandes patrocinios que atraen los macrofestivales. “Todo nos deja en desventaja”, asume.

Un futuro incierto

El futuro de la Telecogresca depende en parte de su relación con este recinto municipal. Si siguen allí, sus finanzas se irán resintiendo año tras año y dejarán en una situación más comprometida a los organizadores de ediciones venideras. En 2023 ya se suspendió la Telecogresca en previsión de un año demasiado arriesgado económicamente al venir de la época de pandemia.

“Tener pérdidas un año dificulta mucho más la organización de la siguiente edición. Sin ese cojín o sin estar seguro de que podrás pagarlo todo es imposible”, resalta Van Bemmelen. “Nosotros no tenemos el respaldo de un fondo inversor”, recuerda, refiriéndose a otros festivales que se celebran en el mismo recinto, como Primavera Sound y Brunch Electronik, y que sí cuentan con ese respaldo económico. Y, en cualquier caso, en 2028 la Telecogresca deberá licitar de nuevo para seguir usando el Parc del Fórum entre 2029 y 2031 bajo unas condiciones que tal vez sean aún más asfixiantes.

Fuentes municipales se limitan a recordar que “los organizadores de Telecogresca se presentaron al concurso público” bajo unas condiciones que “aceptaron al presentar su solicitud”. Frente al comunicado publicado por el festival, afirman estar “estudiando la situación de la Telecogresca”. En una reunión mantenida el lunes por la tarde, el ayuntamiento transmitió a los organizadores su preocupación por la situación que afronta el festival y su intención de trabajar para solucionarla, pero a dos meses de la 48ª edición, no hay garantías de que la Telecogresca pueda cumplir los 50 años.

Este martes, a iniciativa de Barcelona en Comú, los grupos de la oposición (Junts, ERC y PP) han armado una mayoría para exigir al Gobierno municipal la continuidad de la Telecogresca. Solo el PSC y Vox han votado en contra. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha acusado a los organizadores de la Telecogresca de “querer jugar con las reglas de juego de los mayores” y reivindicarse a la vez como fiesta estudiantil.

Una cadena de autogestión juvenil

Telecogresca es una fiesta “de estudiantes y para estudiantes” con más años de recorrido que cualquier macrofestival español. Nació impulsada por el alumnado de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicaciones, aunque con el tiempo se han incorporado estudiantes de otras facultades de la UPC. Cada año entre 40 y 50 estudiantes asumen la organización de un evento al que, el día de los conciertos, se incorporan 200 voluntarios. La junta y la presidencia de la Associació Cultural Telecogresca se renuevan anualmente. Los miembros de la junta tienen entre 21 y 23 años. Van Bemmelen, de 21, asumió meses atrás una presidencia que antes habrán ocupado decenas de jóvenes. El voluntariado se renueva al mismo ritmo: conforme unos completan sus estudios y otros los inician.

Todo ello implica que la Telecogresca siempre la organizan estudiantes sin experiencia alguna en el negocio festivalero o la burocracia institucional. Si en sus primeras ediciones la fiesta contó con artistas como Marina Rossell, La Salseta del Poble Sec y Los Salvajes, más adelante la protagonizarían Siniestro Total, Celtas Cortos, Dr. Calypso, Sidonie, Ojos de Brujo, La Pegatina, Standstill, Els Catarres, Txarango, Oques Grasses y Zoo. Cada edición se financia con los beneficios del año anterior y nadie de la organización (voluntarios, junta o presidencia) cobran un euro por el esfuerzo y tiempo dedicado. “No hacemos ni una cena con los beneficios. Todo se guarda para el año siguiente”, aclara Van Bemmelen.

La protesta del festival universitario no busca únicamente salvar su futuro económico, sino reivindicar la viabilidad de otros encuentros musicales autogestionados donde el beneficio económico no sea la única premisa. “Proyectos de cultura cercana y popular”, subraya, y accesibles a todo tipo de jóvenes gracias a unos precios ajustados. En la próxima Telecogresca el público podrá ver a La Ludwig Band, Boikot, La Élite, Auxili y Fades, entre otros, por solo 22 euros. “Para un estudiante la diferencia entre 23 euros y 32 es importante”, resalta el presidente de Telecogresca desde su propia experiencia. Por eso mismo, en el recinto las cervezas y combinados cuestan 3 y 6 euros, respectivamente. Son precios a años luz de los que se estilan en otros macrofestivales ubicados en el Fòrum.

Enésimo cambio de ubicación

La Telecogresca nació en 1978 como una fiesta organizada por estudiantes y dirigida a estudiantes que, hasta 1992, se celebró al aire libre en espacios de la propia universidad. En 1993, y tras la presión de los vecinos del distrito de Les Corts molestos por el ruido que generaba el festival, el ayuntamiento obligó a la Telecogresca a trasladarse al Sot del Migdia, en la montaña de Montjuïc. Allí se mantuvo hasta 2006, momento en que los nuevos usos del recinto hicieron que el ayuntamiento invitase entonces a trasladar el festival al Fòrum. Allí se ha mantenido desde entonces excepto en 2010 y 2011, cuando el festival regresó puntualmente al Sot del Migdia.

En los últimos meses, y ante las complicaciones que supone para esta entidad estudiantil ajustarse a las nuevas condiciones económicas del recinto, el Ayuntamiento ha propuesto a la asociación Telecogresca regresar a la zona universitaria. “No lo vimos viable”, replica Van Bemmelen. “Sobre todo porque no se nos podía asegurar una fecha concreta, ya que depende mucho de los partidos del Barça, y porque quizás implicaría una reducción del aforo”, explica. El presidente comprende que abandonar el Parc del Fòrum ayudaría a descongestionar el festivalódromo, pero intuye que otro éxodo “podría aumentar los problemas (organizativos) más que solventarlos”; un riesgo que debería asumir precisamente el festival con una economía y estructura más frágil de cuantos acoge el Parc del Fórum.

Alex Lerdo presidía la asociación Telecogresca en 2006, el año que se mudó al Fòrum. “En el Sot del Migdia pagábamos 1.500 euros de alquiler y más o menos se nos mantuvo ese precio en el nuevo recinto”, recuerda. Pero los costes para vallarlo y adecuarlo eran mucho más elevados, lo cual implicó más riesgo económico. La mudanza del recinto de la universidad al Sot del Migdia también fue problemático. “Un año perdimos dinero y la Escuela de Telecomunicaciones aportó 800.000 pesetas. Años después las devolvimos”, aclara.

Enric Grosche, es otro ingeniero que participó activamente en varias ediciones de la Telecogresca de los 80. “He trabajado en muchas empresas en las que, ya en los años 90, se hablaba de team building, de lo que cuesta encontrar gente que trabaje cohesionada y en equipo. Todo eso la UPC lo tiene en casa y no lo valora”, resalta, refiriéndose al espíritu colaborativo de la Telecogresca. “En esta situación, si el rector se implicase al máximo nivel y hablase con el alcalde, lo solucionan rápido”, apuesta.

Roberto Enríquez (Madrid, 1971) quiere ser alcalde de Barcelona. El actor, crítico cultural, humorista y colaborador en medios de comunicación busca dar el paso a la política institucional de la mano de los Comuns. Antes, se deberá enfrentar al candidato oficialista, Gerardo Pisarello, en el que será en la práctica el primer proceso de primarias con elecciones desde que se creó el partido.

Bob Pop recibe a elDiario.es en su casa, decorada ya con carteles y chapas de la campaña, una elección que se muestra “decidido a ganar” aunque cuente con menos equipo, menos fondos y menos experiencia en las administraciones que Pisarello, que tiene el apoyo de líderes y caras visibles de la formación como la exalcaldesa Ada Colau. “Yo tengo la experiencia de la calle”, responde Bop Pop.

En diversas intervenciones públicas ha repetido la misma idea de formas distintas, que es que aunque su candidatura parezca una broma, va muy en serio. ¿Cree que no se le toma en serio?

Creo que cada vez se me toma más en serio porque tengo más espacio para explicar mi candidatura y mi idea de presentarme a alcalde de Barcelona. Además, creo que hay un problema a la hora de entender la seriedad como rigor y el humor como una forma inteligente de ver las cosas de otro modo.

La presidenta del grupo municipal de los Comuns, Gemma Tarafa, ha apoyado a Pisarello, y ha asegurado que el partido trabajará para que el diputado sea el alcaldable en 2027. Usted respondió en redes sociales agradeciendo irónicamente la neutralidad. ¿Se siente abandonado por el partido?

No. Entiendo que el partido tenga sus inercias y la comodidad y los vínculos emocionales con un candidato como Gerardo, que ha sido socio fundador del partido. De hecho, lo preocupante sería que todo el mundo se volviera loco por mí. ¿A qué espacio político estaría llegando? Pero sí me gustaría que se planteara mi candidatura como una opción audaz y creo que más acorde con los tiempos que la opción conservadora de replegarse, que es la que representa Gerardo.

¿Por qué cree que la opción de Pisarello es conservadora?

Más que conservadora, creo que está cerrando posibilidades y está conformándose con un espacio político que habría que ampliar.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, le definió como “la teoría”, mientras que usted dijo representar “la realidad y la práctica” porque ha estado más en la calle. ¿Qué le ha enseñado la calle a usted que Pisarello desconozca?

Para empezar, me ha enseñado la importancia de un bordillo, de que el metro o el autobús estén adaptados. Pero también, como persona del colectivo LGTBIQ+, me ha enseñado a resistir ante las miradas, los comentarios, los insultos o las violencias silenciosas. También me ha enseñado a ir al mercado y saber a cuánto están los tomates, la banderilla, los pimientos y el pollo. Y me ha dado la suerte de que la gente se me acerque y me diga cosas que me gustan mucho.

Se presenta a las primarias alegando que quería recuperar el legado de Ada Colau, a quien se ha referido como su referente político, pero la exalcaldesa también ha mostrado su apoyo a Pisarello. ¿Cómo le ha sentado eso?

Creo que es normal. Ella y Gerardo son amigos, son casi familia. Es que me parece lo más lógico. Y además han creado juntos este espacio político. Es razonable.

Durante la etapa de Colau, nunca hubo necesidad de celebrar elecciones internas en los Comuns por falta de candidaturas alternativas. ¿Por qué cree que es?

Hombre, porque si tienes a alguien con el poderío, el carisma y la capacidad de generar ilusión de Colau, ¿para qué vas a buscar otra cosa? Si es que era imposible dar con nada mejor.

¿Cree que estará a la altura?

Pues ojalá, aunque yo creo que no sería justo hacer comparativas. Son momentos muy distintos y somos dos personas muy distintas. Pero ojalá sí esté a la altura de despertar la ilusión que despertó Ada en su momento.

Usted afirmó que Colau le dijo que celebrar primarias podía dividir y perjudicar a los Comuns. El último barómetro del Ayuntamiento de Barcelona dice que su formación podría llegar a perder hasta el 42% de apoyo respecto a las últimas elecciones. ¿Cree que esta disputa podría debilitar más al partido?

Lo que podría debilitarlo es seguir como estábamos. No haciendo nada es cómo se divide el partido. Lo responsable es cambiar las cosas, ser audaz y atreverse. Si las encuestas dan estos datos pero seguimos haciendo lo mismo, solo conseguiremos cerrarnos más en nuestro pequeño espacio y, obviamente, eso nos va a debilitar. Incluso en unos cuantos años, nos puede hacer desaparecer.

Si nos conformamos con ser un partido residual de gente que aprieta mucho los puños y los dientes, pero incapaz de abrirse a la ciudad, tenemos un problema. Una ciudad no se gobierna desde un espacio residual.

¿A quién apela usted que no esté incluido dentro de ese “pequeño espacio” de los Comuns?

Apelo a todo el mundo que quiera una vida mejor. Que le importe la vivienda, los cuidados, los precios de las cosas. A quien sepa que la corrupción lleva a que las cosas sean más caras, que la especulación inmobiliaria no es algo que viene de la nada, que un ayuntamiento tiene la fuerza para hacer que sea más difícil que nos hagan la vida imposible.

A toda esa gente apelo, a gente que a lo mejor no se ha planteado nunca participar como ciudadana porque sintió que era frustrante. Yo quiero que vuelva la ilusión de poder cambiar las cosas en común. Es que tenemos un nombre tan guay que convertirlo solo en una marca vacía sería un horror.

Los Comuns rubricaron la ruptura con el PSC en Barcelona en un congreso celebrado el verano pasado. ¿Usted abriría de nuevo la posibilidad de pactar con los socialistas?

Sí, pero teniendo en cuenta que el PSC no es un partido monolítico; tiene muchas sensibilidades dentro, igual que Esquerra. Creo que tenemos que encontrar esos espacios comunes entre nuestros votantes.

Los Comuns aceptaron los votos de Manuel Valls a cambio de revalidar la alcaldía de Colau y llegaron a votar junto al PP para evitar que Trias fuera alcalde en 2023. ¿Estaría dispuesto a abrirse también a estas formaciones que no se engloban en las izquierdas?

Sí, pero no para hacer política, sino para cambiar las cosas. Depende de lo que estuviéramos votando y para qué. Y en ese sentido yo sería muy claro: no hago política de intercambios, hago política por el bien común. Por eso creo que tenemos que trabajar en un encuentro de las fuerzas de izquierdas, para no conformarnos con intercambiar cromos y poder llegar a votar cosas que realmente afectan a la vida de los vecinos y las vecinas.

¿Cuáles cree que son las cosas sobre las cuales el Ayuntamiento tiene competencias y que afectan a la vida de los vecinos y vecinas?

La vivienda, los cuidados, la sanidad, convivencia, medio ambiente... Todo eso nos afecta en nuestra vida cotidiana. También el turismo descontrolado, el blanqueo de capitales, la corrupción urbanística o la especulación... Creo que un ayuntamiento tiene poder para poder cambiar esas cosas. Otra cosa es que tenga la osadía de hacerlo y de enfrentarse a los grandes poderes y propietarios que creen que esta ciudad es suya.

Mencionaba aspectos como la vivienda o la sanidad, que son áreas en las que la mayor parte de las competencias las tiene el Gobierno central o el Govern de la Generalitat.

Creo que en vivienda se pueden hacer muchas cosas desde un ayuntamiento.

¿Qué haría usted que no se esté haciendo?

Usar la imaginación para llevar las leyes existentes hasta el final. Creo que hay muchísimas posibilidades, sobre todo para evitar la gentrificación y la especulación. Tenemos que hablar con toda la gente que sabe de urbanismo y plantear posibilidades como que el ayuntamiento facilite los trámites para poder convertir un apartamento muy grande en dos apartamentos más pequeños en los que pueda haber alquileres sociales con la ayuda del Ayuntamiento.

O que la plusvalía que generen los propietarios cuando el Ayuntamiento arregla los entornos vaya a las arcas municipales y ayude a impulsar alquileres sociales. Podemos plantear también que las universidades y el Ayuntamiento colaboren para crear residencias de estudiantes públicas. También se puede trabajar en intervenir el mercado y penalizar los pisos que estén vacíos subiendo impuestos como en el IBI.

Como alguien que ha estado fuera del ecosistema de la política institucional estos años, quería preguntarle qué cree que han hecho mal los Comuns en la última década.

Su mayor problema ha sido el hiperliderazgo de Colau. Es inevitable, porque Ada es un elemento político brutal, es deslumbrante. Era muy difícil controlar ese hiperliderazgo, pero cuando todo un partido trabaja para una líder como Ada, aunque haya conseguido muchas cosas, se pierden cosas por el camino. Se pierden talentos y se desaprovechan iniciativas de gente que, a lo mejor, no está en primera fila, pero que podría estar haciendo un trabajo muy importante.

Creo que al partido también le ha faltado tiempo para convertirse en un espacio sólido en el que muchas cabezas y muchas manos pudieran trabajar por construir una buena política.

No sé si a un partido que ha tenido la alcaldía durante dos legislaturas seguidas se le puede decir que le ha faltado espacio.

Me refiero a espacios de conversación. Cuando entras en la vorágine, de repente pierdes los espacios para pensar. A eso también han contribuido los ataques que ha recibido el espacio político constantemente. El lawfare, por ejemplo, es muy desgastante e impidió tener el tiempo y la tranquilidad para construir algo que fuera muchísimo más sólido.

Apuntaba que el mayor problema de los Comuns ha sido el hiperliderazgo de Colau, porque ha impedido que otra gente con buenas ideas pudiera llegar al frente. ¿Tiene a alguien en mente?

No. Tengo mucha gente en mente, pero ningún nombre en particular. Pero, a ver, era un problema inevitable con alguien tan bueno como era Ada. No creo que sea culpa de nadie, pero cuando tienes que cuidar de alguien porque quieres mantenerla, eso es algo que arrastra. Y ha sido un problema que ha afectado a la formación.

Me ha dicho qué han hecho mal los Comuns como formación. Y como partido que gobernó durante ocho años, ¿en qué cree que fallaron?

Han hecho muchas cosas bien y creo que está muy mezclado con lo que han hecho mal. Hicieron promesas que no pudieron cumplir y eso siempre pasa factura. En algún momento, sobre todo al principio, pecaron de ingenuidad, pero al tiempo eso está muy bien hecho. Las cosas que se hicieron mal, se hicieron con tan buenas intenciones que el poso que ha quedado no es tan malo. Abrieron caminos y posibilidades. Y siguen ahí. De hecho, fíjate en mí, que entro en política institucional de su mano. Si pensara que han hecho muchas cosas mal, no estaría aquí.

Volviendo a la campaña de las primarias, Pisarello llegó a ofrecerle que se integrara en su lista, pero usted declinó. ¿La opción sigue en pie?

De momento yo quiero ganar las primarias, luego ya veremos.

Si perdiera las primarias, ¿se lo plantearía?

Ahora mismo no estoy en eso.

Queda una incógnita, que es quién será su número dos. Los estatutos del partido dicen que tiene que ser una mujer. Usted ha dejado entrever que es alguien de dentro del partido. ¿Nos dirá quién es?

Pronto.

¿Todavía no?

Todavía no.

Pero, ¿está decidido y cerrado?

Está decidido.

En el acto de presentación de su candidatura, bromeó diciendo que nadie esperara a ningún ministro, una referencia a Ernest Urtasun, que sí estuvo acompañando a Pisarello. ¿Usted de quién se ha rodeado para crear esta candidatura?

De gente de este partido, que ha estado en las campañas o en la dirección ejecutiva. Desde Enric Bárcena [diputado en el Parlament], Eva Abril [miembro de la comisión de cuentas del partido], David Pequeño [exconcejal y asesor político en la Diputación], Víctor Vela, Pablo Ramos o Mar Trallero [consejeros de distrito]… De gente en la que confío plenamente y que ha confiado en mí.

Su candidatura empezó con un anuncio sui generis, en la radio, por sorpresa y sin hablar antes con el partido. ¿Por qué decidió hacerlo así?

No lo sé. Porque es mi forma de trabajar, porque me gusta la sorpresa, me gusta lo inesperado, ir probando cosas y porque me gusta acertar y equivocarme en público.

Quería preguntarle por una polémica que ha revivido a raíz de su anuncio de presentarse a las primarias. En el programa 'Ilustres Ignorantes' contó hace años una anécdota a raíz de la cual se le ha llegado a acusar, en redes, de abusar de personas bajo los efectos de las drogas. ¿Qué pasó?

El leitmotiv de ese programa eran las discotecas y yo cuento una historia falsa, ficcionada a través de una experiencia mía. Cuando empecé a salir por bares gays, me di cuenta de que lo que yo esperaba que fuera la tierra prometida y todos los maricones me acogieran con los brazos abiertos no fue así, porque yo era gordito, peludo, con gafas, y todos me miraban por encima del hombro.

Luego, estuve siete años con un novio que era muy aburrido y nunca salía. Y cuando terminó la relación, fui a una discoteca con un amigo y me di cuenta de que todos los maricas eran supersimpáticos y cariñosos, me daban besos y abrazos. De pronto me digo, ¿pero qué les pasa si antes me escupían todas por el colmillo?

Mi amigo me dijo que lo que pasaba es que estaban drogados. Y me pareció fenomenal, porque qué bien que me traten así. Y a partir de esta historia, elaboro una ficción en la que cuento que yo me aprovecho, abuso, de que estén drogadas. Hoy creo que fue una broma poco afortunada, pero es verdad que ahora ha cambiado el concepto de la palabra abuso, afortunadamente. En su momento eso no se oía igual que ahora. Era una manera de decir que me aprovechaba de la bondad de los desconocidos.

Pero también te digo una cosa: entiendo que se use con fines malvados. La primera vez que se creó esta polémica fue a raíz de un enfrentamiento que tuve con una diputada de Vox en un programa de televisión. Lo que intenta la extrema derecha es desacreditar el discurso de los demás a través de hechos que a ellos nunca les han importado una mierda como la homofobia o los abusos sexuales.

Habla de la extrema derecha y esa es otra cosa que, asegura, le separa de Pisarello, de quien dice que se “repliega” y “deja que pase la tormenta”. Y usted apuesta, dice, por “evitar lo evitable”. ¿Cómo propone frenar a la extrema derecha?

Gerardo tiene muy clara su lucha contra la derecha. Y en eso me tiene a su lado. Pero lo que sí creo es que hay cierta resignación al pensar que la extrema derecha lo va ocupando todo y no podemos hacer nada. Por eso quiero evitar lo evitable.

No creo que la extrema derecha sea lo mismo que la gente que les vota. Es que ni siquiera quiero darle valor moral porque creo que solo son una grandísima estrategia de negocio. Buscan reducir los costos de sus negocios. ¿Y cómo se reducen los costos? Convirtiendo a la gente en mano de obra esclava. Deshumanizando a los migrantes y transformarlos en enemigos del resto de la clase trabajadora. Si la ultraderecha ha llegado a lugares donde el voto tradicional ha sido para la izquierda, tenemos que darles una solución porque, spoiler, la extrema derecha no se la va a dar.

La extrema derecha crece en barrios obreros en los que antes los Comuns tenían mayoría. ¿Qué les diría a esos votantes desencantados que se han pasado a Vox o a la abstención?

La pregunta es qué me dirían ellos a mí. Yo no tengo nada que decirles, lo que tengo es que escucharles. Y, sobre lo que me digan, ver qué podemos hacer.

Le pregunto por otra polémica. Hace justo un año dijo que le parecía clasista que se exigiera a la gente que hablara catalán. ¿Lo sigue pensando?

Me parece clasista que las instituciones no tengan en cuenta las dificultades de mucha gente para apuntarse a clases de catalán. Me parece clasista que no haya una política lingüística de verdad. Me parece que quien es clasista es la administración, pero no creo que hablar catalán o no sea una cuestión de clase.

Lo que me parece clasista y poco considerado es no entender la realidad de mucha gente, en su mayoría migrante o gente trabajadora, y no ponerles más fácil aprender catalán. Para eso hay que convertirla en una lengua callejera, fácil, cultural, realmente integrada en la sociedad. Me encantaría montar planes que faciliten ese aprendizaje y que no hagan del catalán algo amenazante.

¿Siente el catalán como una lengua amenazante?

Para mí, no. Pero hay gente que la usa como arma arrojadiza. Y eso me parece lo peor que se puede hacer con una lengua tan importante.

Acabamos. La última pregunta que quiero hacerle. Pongamos que gana las primarias y que también gana las elecciones. ¿Qué es lo primero que haría al conocer los resultados?

¡Flipar! [Risas]. Hablaría con mi equipo, con la gente del partido y con la gente que esté ahí. Y pensar qué hacemos el día siguiente. Creo que lo siguiente que haría sería organizar charlas con toda la gente del ayuntamiento para que me explicara qué hace cada uno y qué podemos hacer juntos.

El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho balance este viernes de las compras directas en 2025 de viviendas y de solares, una de las vías abiertas en los últimos años para ampliar el parque residencial público. En total, el consistorio que lidera Jaume Collboni adquirió 97 pisos, una cifra superior a la del año pasado y parecida a la de 2023, y también tres terrenos para edificar 119 hogares más. 

De todas las operaciones de compra, destacan la adquisición de la cartera de Building Center en la ciudad, 38 pisos que poseía la filial inmobiliaria de Caixabank, todos ellos ya habitados, y que pasan ahora a manos de la Administración municipal. La otra compra más destacable es la ya conocida de Casa Orsola, que se llevó a cabo a medias con la promotora social Hàbitat3 para dar solución a los inquilinos amenazados de desahucio.

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, y el comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, han detallado que el gasto destinado al conjunto de las compras de vivienda, 21,71 millones de euros, alcanza su compromiso de destinar 20 millones precisamente al ejercicio de tanteo y retracto (la fórmula que tiene la Administración para hacerse preferentemente con pisos a la venta en la ciudad).

“La voluntad es acelerar las compras por tanteo y retracto y explorar las compras colaborativas”, ha recalcado Valls, aunque ha lamentado que si no recurren más a esta fórmula es debido al precio de algunas viviendas y fincas a la venta. “Todo lo que compramos se convierte en Vivienda de Protección Oficial, y no podemos ejecutar por ejemplo la compra de un piso por 500.000 euros, porque son valores a los que no podemos llegar”, ha afirmado. 

En comparación con los ejercicios anteriores del mandato de Collboni, Valls ha defendido que es el que más dinero han destinado a estas compras. Pero aún así, en 2023, por una cifra notablemente inferior, de 13 millones, consiguieron adquirir más vivienda: 105 pisos. En 2024, con una inversión de 9 millones, compraron solamente 36. 

Las nuevas incorporaciones al parque municipal de vivienda corresponden a cinco direcciones, además de las de Building Center repartidas por toda la ciudad. La operación más cara es de largo la de Casa Orsola, con 9,2 millones para 9,2 hogares. La siguen la de calle Valencia 419 (10 pisos por 4 millones), calle Garrofers 40 (8 pisos, 1,61 millones), Passatge d’Alió 21 (11 pisos, 1,01 millones) y calle Llull 181 (4 pisos, 0,66 millones). El 70% de ellas, ha asegurado Valls, se llevaron a cabo el último trimestre del curso pasado. 

En las fincas de Garrofers y Llull, lo que ha hecho el Ayuntamiento es ejercer el derecho de tanteo y retracto en nuevas promociones que están obligadas a destinar un 30% de vivienda a VPO, de acuerdo con la normativa municipal. En esos proyectos, el consistorio tiene preferencia para comprar esa parte de las viviendas. 

En cuanto a la compra de solares, resalta la primera compra efectuada hasta ahora a la Sareb, en la calle Escolapi Càncer, que permitirá construir 61 pisos. Las otras dos operaciones son para hacerse con la totalidad de unos terrenos que ya eran parcialmente del municipio. En calle Roc Boronat 77, donde pretende levantar 14 viviendas, y en la calle Juan de Sada, con tres parcelas y en una de ellas se harán 70 pisos dotacionales. 

Valls ha incluido también en su balance la operación de compra al Estado de la finca de Via Laietana 8-10 por 22,3 millones de euros. En ella no habrá vivienda, porque se convertirá en sede administrativa municipal con unos 700 empleados, pero sí permitirá liberar espacio de otras dependencias del Ayuntamiento en las que prevén habilitar 80 pisos residenciales.

El Govern avanza en una de las operaciones urbanísticas más complejas de Barcelona: el traslado del Hospital Clínic desde sus anticuadas dependencias en el centro de la ciudad a unos terrenos de la Universitat de Barcelona (UB) en el extremo sur de la avenida Diagonal. Este lunes el Ejecutivo catalán ha constituido el Consorcio que debe coordinar el proyecto y ha aprobado la compra por 135 millones de euros de las fincas en las que se ubicará el campus de salud. 

El president Salvador Illa ha oficiado desde el Palau de la Generalitat el acto de creación del Consorcio Porta Diagonal - Campus Clínic, que reúne a hasta nueve instituciones implicadas en el proyecto urbanístico. Además del Govern y el hospital están la UB, los ayuntamientos de Barcelona, Esplugues de Llobregat y l’Hospitalet de Llobregat, la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Servei Català de la Salut (CatSalut). 

Illa ha defendido la iniciativa, que lleva gestándose desde hace años, como una “herramienta de país” que va más allá de la salud y la investigación como “motor de transformación urbanística, de cohesión metropolitana y de prosperidad”. 

El proyecto incluye no solo levantar el nuevo Hospital Clínic, sino la Facultad de Medicina y Ciencias de Salud de la UB, equipamientos científicos y de investigación. También conllevará alargar la línea L3 de metro y abre la puerta a replantear el acceso sur por carretera a la capital catalana en una zona en la que lindan las ciudades de Barcelona, Esplugues (con Sant Joan de Déu al otro lado de la Diagonal) y L’Hospitalet. 

En total, el campus tendrá unos 300.000 m2 que mezclarán salud, docencia y I+D que la Generalitat esper aque se convierta en uno de los hubs sanitarios más punteros de Europa. La inversión alcanzará los 1.700 millones de euros y el calendario prevé iniciar las obras en 2030 y finalizarlas en 2035, dentro de una década. 

Una de las concreciones conocidas este lunes es la adquisición de los terrenos deportivos de la UB. Govern y universidad han firmado un protocolo según el cual la venta por 135 millones se formalizará antes del 31 de diciembre de 2026. Con todo, la institución universitaria mantendrá la propiedad de las fincas y la actividad actual hasta 2030 –o 2029, si es necesario–, cuando se prevé que se inicien los trabajos de obra. 

La compraventa de los terrenos permitirá de rebote a la UB acometer un proyecto que también tenía pendiente desde hace años: construir una nueva Facultad de Farmacia, la única que hay actualmente en Catalunya, y cuyos edificios estaban obsoletos. La operación está estimada en 152 millones de euros, que se costeará con los ingresos por los terrenos además de una subvención de 17,5 millones de la Generalitat. 

La otra novedad principal de la jornada tiene que ver con el calendario. Aunque los plazos más importantes, de inicio y finalización de obras, no se mueven, la Generalitat ha adelantado seis meses el concurso internacional de proyectos para el campus. Se convocará este julio e incluirá también la nueva estación de metro de la L3 y la transformación de la Diagonal en una “avenida metropolitana” (es decir, dejar atrás el scalextric para convertirse en un eje más amable). 

Antes de iniciar las obras del campus, el calendario que maneja el Govern prevé comenzar otros trabajos. Por un lado, el segundo semestre de 2028 deberán empezar los del alargamiento del metro desde Zona Universitaria hasta Esplugues Centre, que actualmente está en trámite de redacción. Las otras obras que se iniciarán en ese período son las de las infraestructuras previas a la urbanización (red eléctrica, telecomunicaciones, residuos, etc).

Si hoy se celebraran unas elecciones en Barcelona, las ganaría el actual alcalde Jaume Collboni, pero nada le garantizaría revalidar la alcaldía. Así se desgrana de la intención de voto que recoge el Barómetro municipal y que muestra que la reelección del PSC se complicaría.

El encaje que necesitaron los socialistas para llegar a gobernar ya era de por sí difícil de repetirse (necesitó el apoyo del PP, que accedió para impedir que Junts gobernara, y de los Comuns, que ya han dejado claro que no volverán a pactar con Collboni), pero los resultados de la encuesta dejan un escenario todavía más frágil.

Si bien los socialistas suben ligeramente, pierden cuatro puntos respecto la última edición del barómetro. Por su parte, ERC gana casi un punto y se situaría como segunda fuerza. Y, cerrando el bloque de la izquierda, los Comuns consolidan su caída y perderían casi el 42% de sus apoyos si se compara la intención de voto y el resultado de los comicios.

Este dato se relaciona directamente con el 43% de los encuestados, que no tiene claro a día de hoy qué votaría en los comicios, la cifra más alta desde que hay registros y cinco veces mayor que en el último barómetro.

Por otro lado, quien también augura un resultado muy negativo es Junts, que perdería el 75% de los votos y cosecharía los peores números de su historia (contando tanto CiU como Junts). El descenso de este partido se ha sostenido en el tiempo desde las elecciones de 2023. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Según el barómetro, también descenderían el PP (3,5 puntos) y Vox (1,3). Estos votos fugados, sumados a algunos de los de Junts, son los que irían a parar a una Aliança Catalana que entraría por primera vez en el Ayuntamiento para ponerse en cuarta posición y convertirse en primera fuerza de la derecha.

“A nadie se le escapa que este aumento de voto hacia Aliança va en la línea de las encuestas de otras administraciones, y la extrema derecha no es nueva en la ciudad, porque ya tenemos dos concejales de Vox, pero nos preocupa mucho que el discurso del odio pueda ganar peso en Barcelona”, ha apuntado la primera teniente de Alcaldía, Laia Bonet.

A falta de ver qué acabará haciendo el 43% de incedisos y el 12,5 de los que abogan por la abstención, el resultado de las elecciones dejaría un pleno en el que sería muy difícil llegar a acuerdos de gobierno.

Preguntada también por la valoración de los líderes municipales, la ciudadanía de Barcelona da un aprobado a su alcalde con un 5,2, una nota que no se conseguía desde 2019, todavía bajo gobierno de Ada Colau. En esta encuesta, Collboni empata con el líder de Junts en Barcelona, Jordi Martí Galbís; y con la líder republicana, Elisenda Alamany, aunque hay que destacar que la mayoría de la población no les conoce: el 80% en el caso del primero y el 68% en el caso de la segunda). Por su parte, el resto de líderes suspenden.

La vivienda, la principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 32,8% de la ciudadanía (3 puntos más que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, aunque se mantiene en segunda posición, también aumenta y pasa del 23,1 al 25,2. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la limpieza, que se intercambia el quinto puesto con el turismo, que baja del 9.8% al 4,1%. En el cuarto puesto se mantiene la preocupación por “los problemas asociados a la migración”.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que el 90% de los barceloneses se muestra a favor de endurecer las sanciones a los comportamientos incívicos, una cifra que se mantiene estable desde antes de las elecciones de 2023. Las respuestas para la última edición de esta encuesta se recogieron entre el 17 y el 30 de noviembre de 2025, justo un mes antes de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de civismo, que incorpora multas más altas.

El barómetro recoge, en general, un apoyo de más del 60% a todas las políticas públicas sobre las que se ha preguntado (que no son todas las que se han llevado a cabo). Así, el 70% se muestra de acuerdo con conectar el Tramvia por la Diagonal, el 60% a reducir el número de cruceros con escala en Barcelona y el 61,7% con establecer cooperación solidaria con ciudades palestinas.