El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado el fin de las bicicletas compartidas en la ciudad. El llamado bicisharing, ha señalado, acumula demasiadas quejas y sanciones por parte del Ayuntamiento, y además lo utilizan mayoritariamente solo los turistas. Por estas razones, ha alegado, no se renovarán las licencias cuando termine su vigencia a finales de 2026. 

Collboni lo ha anunciado en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Debemos proteger el espacio público y sobre todo la movilidad sostenible en bicicleta debe priorizar el residente”, ha expresado, y ha adelantado también que preparan para ello una ampliación del servicio municipal de Bicing. 

El bicisharing, las bicicletas que se cogen en la calle a través de apps de empresas privadas y se aparcan al final del trayecto, cuenta a día de hoy en Barcelona con 3.478 licencias que se reparten hasta siete empresas. El último concurso fue en 2024. Lo que no se eliminará sin embargo será el negocio de alquiler de bicicletas en establecimientos fijos.

Collboni ha señalado el uso turístico y las multas por mal uso como los dos principales motivos para retirarlas de la vía pública. Sobre esto último, ha advertido que desde enero de 2025 acumulan 5.400 sanciones, y la grúa municipal ha retirado 2.099 que estaban mal aparcadas, habitualmente sobre la acera.

“Las compañías han intentado poner orden, pero los resultados no han sido así. Ha habido un gran desbarajuste, y un mal uso”, ha insistido el alcalde.

Tras su caótica irrupción en Barcelona, como en tantas otras ciudades, cuando empezaron a proliferar estas bicis sin licencia alguna, el Ayuntamiento hizo un primer intento de regulación en 2020. De la mano de una concejal socialista, Rosa Alarcón, se dieron 3.000 licencias a diez empresas. 

El modelo se actualizó en 2024, pero ahora el consistorio constata su fracaso en cuanto a su contribución a la movilidad sostenible local. Collboni ha recordado igualmente que ya se impidió en su día la entrada de los patinetes de sharing en Barcelona. Por contra, el sector que sí se mantendrá es el de las motos de alquiler.

La oposición ha reclamado al gobierno de Jaume Collboni la apertura “inmediata” de espacios de diálogo con los trabajadores municipales en huelga, entre ellos los de servicios sociales, oficinas de atención ciudadana o escuelas infantiles. Así lo recoge una proposición que se ha aprobado en el pleno extraordinario convocado a petición de Junts, BComú y ERC.

El texto ha salido adelante con los votos a favor de los grupos impulsores del pleno, así como del PP. El Gobierno y Vox han votado en contra. El teniente de alcalde Albert Batlle, responsable de Régimen Interno, ha admitido que son conscientes del “malestar”, pero ha criticado que los sindicatos CGT, Intersindical y Ábacos —que son minoritarios, y contrarios al convencio cerrado en enero– “no han puesto sobre la mesa ninguna propuesta seria”.

De hecho, Batlle ha cargado duramente contra estos sindicatos y ha defendido el convenio aprobado en enero. Ha recordado que se aprobó por una amplia mayoría, con los votos favorables de 12 de los 15 representantes sindicales, sumando los de CCOO, UGT y CSIF. Así, ha considerado un “precedente peligroso” que se quiera dar espacio “a la parte más beligerante y minoritaria del conflicto”, en relación con el pleno extraordinario y las demandas del resto de sindicatos.

El debate ha tenido lugar con una protesta a las puertas del Ayuntamiento protagonizada precisamente por trabajadores municipales en huelga. La protesta ha sido convocada por la CGT y la Intersindical, que critican la falta de diálogo y el empeoramiento de las condiciones para los colectivos de atención directa a la ciudadanía, como las oficinas de atención al ciudadano, los servicios de feminismos o los servicios sociales.

El origen del conflicto es la aprobación el pasado enero del acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Barcelona para el periodo 2025-2028. El convenio se aprobó entonces con los votos favorables del gobierno del PSC y también de BComú y ERC, mientras que Junts se abstuvo y PP y Vox votaron en contra.

Las huelga de estos trabajadores municiapales es formalmente “indefinida” desde hace casi cuatro meses, aunque se llevan a cabo de forma parcial, en jornadas y franjas horarias concretas.

La oposición censura la falta de diálogo

Junts ha afirmado que allí donde gobierna el PSC hay “huelgas y conflictos” y ha pedido al ejecutivo que “se remangue” para solucionar el conflicto abierto. “Tienen la ciudad colapsada, no nos colapsen también el Ayuntamiento y sus servicios”, ha afirmado Josep Rius.

Desde los Comuns, Marc Serra ha expresado que si votaron a favor del convenio en su día es porque respetan los acuerdos alcanzados con una mayoría sindical y porque creen que la jornada de 35 horas semanales es un “avance”. Con todo, ha señalado también que ya advirtieron de que era necesario resolver la situación de los colectivos más perjudicados. Serra ha pedido un giro de “180 grados”, que el gobierno deje de “ignorar” a los trabajadores en huelga y que aparten a Batlle de las negociaciones.

Jordi Coronas, de ERC, ha lamentado “la manera de actuar” del gobierno en torno a las huelgas y el debate y ha defendido que lo “ideal” sería rebajar la tensión y poner “en el centro” a los usuarios de los servicios, además de a los trabajadores. Los grupos también han lamentado que el pleno extraordinario llegue tan tarde, puesto que lo solicitaron hace más de un mes.

Por su parte, el PP se ha sumado a la petición de que el gobierno no ignore las huelgas y ha argumentado que ellos ya se posicionaron en su día para pedir que se revise el acuerdo y se dialogue para corregir los anexos de colectivos que tienen reticencias, como pueden ser las escuelas infantiles, las oficinas de atención al ciudadano o la Guardia Urbana. Vox ha hablado de “cinismo” porque los mismos grupos que han impulsado el pleno son los que permitieron la aprobación del convenio laboral.

Batlle ha iniciado su intervención condenando comportamientos “intimidatorios” y de “confrontación violenta” por parte de los sindicatos no firmantes y ha defendido que el convenio aprobado supone “mejoras sustanciales y objetivas” para el conjunto de la plantilla. También lo ha hecho la teniente de alcaldía Laia Bonet, que en una atención posterior a los medios de comunicación ha dicho que es un convenio “histórico” con “avances” que afectan a cerca de 16.000 personas de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona.

Bonet ha dicho que desde entonces cada semana hay reuniones de interpretación del convenio y reuniones semanales de la mesa general, donde también está la CGT, el único sindicato contrario al acuerdo que tiene representación. “Desde entonces hasta ahora no ha habido ninguna propuesta de la CGT”, ha remachado.

Trabajadores municipales de bibliotecas, servicios sociales o escuelas infantiles se han concentrado, minutos antes de que comenzara el plenario extraordinario, frente a la puerta principal del Ayuntamiento de Barcelona. El delegado sindical de la CGT en el consistorio, Víctor Guimerà, ha atribuido la celebración del pleno a la “insistencia” y la “persistencia” demostradas. El sindicalista ha vinculado el malestar de los empleados al convenio, firmado en enero por el gobierno municipal con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF: “Ha sido la gota que ha colmado el vaso”. Ha concretado que los servicios sociales están “muy colapsados” y el nuevo acuerdo marco ha “agravado” la situación.

En la misma línea se ha expresado el delegado de la Intersindical, Miquel Rubio, que ha reclamado “sentarse y hablar”. “Lo único que hacen hasta ahora es menospreciarnos e insultarnos”, ha criticado. Rubio ha apuntado que los servicios sociales están “paralizados” y ha precisado que más de la mitad de las bajas laborales “tardan meses en cubrirse”. De este modo, ha continuado, “ponen más carga de trabajo” a los empleados. El representante de la Intersindical ha insistido en dialogar y ha instado a Collboni a negociar. Rubio ha ironizado con que, si no saben hacerlo, “páguense un curso de mediación” y dejen “a otras personas hacer política”.

La disputa dentro de Junts para la carrera a la alcaldía de Barcelona empieza a tomar forma. La diputada en el Congreso Pilar Calvo, que es a su vez presidenta del Consejo Nacional de la formación, ha anunciado este miércoles que tiene intención de presentarse a las primaras.

A un año de las elecciones de 2027, Junts es de momento el único de los principales partidos en liza que no cuenta con un cabeza de cartel. La dirección ha sondeado durante meses algunas de las figuras vinculadas a la formación con mayor tirón, como Artur Mas o el empresario Tatxo Benet, pero ninguna de estas operaciones fructificó. 

A falta de caras visibles, fue el portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, el que desafió a la dirección y comunicó su intención de ser alcaldable. El concejal, señalado como heredero por Xavier Trias y con una larga experiencia en el ámbito municipal, nunca renunció a liderar el partido en los comicios de 2027. 

El movimiento de Martí Galbis buscaba además forzar unas primarias que por normativa en la federación de Junts en Barcelona no están garantizadas, pero que ahora todo el mundo ya da por hecho que se celebrarán. Tras su anuncio, Josep Rius, portavoz del partido y uno de los posibles candidatos de Puigdemont, se descartó para la carrera.

A la espera de qué hacen otros destacados nombres de Junts, como el exdiputado y abogado de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas, ha sido Calvo la que ha dado un paso al frente. La actual diputada en el Congreso desde 2021, experiodista de TV3 y Catalunya Ràdio, es también coordinadora de la federación barcelonesa de Junts.

La crisis de la vivienda en ciudades como Barcelona ha obligado a supervisar con lupa, año tras año, la subida del precio de los alquileres —ahora frenada por la regulación—, y de la compraventa de pisos. Pero hay una cara oculta del mismo mercado inmobiliario, el de la compra de edificios residenciales enteros, que mueve cientos de millones de euros al año y que impacta también en la vida de los barceloneses. 

Desde 2019, el Ayuntamiento de Barcelona ha registrado hasta 1.290 operaciones de compraventa de fincas con viviendas. Los traspasos se concentran sobre todo en el Eixample y Ciutat Vella, y la mitad de ellos afectan a inmuebles que contaban con inquilinos a la hora de comunicar el cambio de manos. 

La radiografía, calle a calle, de la compraventa de fincas en la capital catalana, desvelada por elDiario.es tras una petición de Transparencia que se ha alargado casi un año, procede de las notificaciones que recibe el Ayuntamiento de Barcelona cada vez que se acuerda una operación de este tipo entre privados en la ciudad. Los protagonistas del negocio suelen ser empresas que van desde fondos de inversión a inmobiliarias o sociedades patrimoniales. 

Antes de traspasar cualquier edificio residencial en Barcelona, el vendedor debe comunicarlo al consistorio que, por normativa, desde 2018, tiene preferencia en la adquisición del inmueble por el mismo precio. Es lo que se conoce como derecho de tanteo y retracto, regulado para todas estas operaciones en la capital catalana al final del primer mandato de Ada Colau.  

Esta fórmula permite al Ayuntamiento comprar por la vía rápida edificios para destinarlos a vivienda pública —lo ha hecho en 31 ocasiones desde 2019—, pero también tomar el pulso de la inversión residencial en una codiciada urbe como Barcelona. Un mercado del que poco conocen los barceloneses, salvo cuando llega a sus oídos por las protestas de aquellos inquilinos que ven cómo su nuevo casero les quiere echar. 

La lucha contra los colivings, encabezada por el profesor Txema Escorsa del Sindicato de Inquilinas, tiene su origen en la compra de su edificio en la calle Sant Agustí, en Gràcia. Según los datos obtenidos por este diario, el fondo NAD adquirió la finca —con 11 viviendas, seis de ellas todavía ocupadas— por 3,11 millones de euros. La casa de Rosario en el Eixample, convertida posteriormente en una “residencia de estudiantes encubierta”, fue comprada por Vandor a Renta Corporación por 4,55 millones.

Menos operaciones, la mayoría en el centro

Entre todas las comunicaciones de compraventas recibidas por el Ayuntamiento, la cifra inversora ascendería en siete años a 3.798 millones de euros, con un alcance de 9.870 viviendas (el 52% de ellas, con uno o más inquilinos).

Sin embargo, ese volumen total podría ser inferior. Fuentes municipales precisan que de todas las notificaciones que reciben, que corresponden a acuerdos de traspaso, algunas puede que no se lleguen a consumar al echarse atrás el inversor^*. 

Desde 2019, la cifra de traspasos notificados ha oscilado entre los 148 del año 2020, en pandemia, y el récord de 217 en 2024. Lo más destacado es el descenso registrado en 2025, una caída de un 31% en un solo año. 

El Gobierno municipal atribuye esta reducción a que las políticas de vivienda de los últimos años hacen cada vez menos rentable la gran inversión residencial en la ciudad, que vinculan con la especulación inmobiliaria. Los límites del precio del alquiler o la regulación de los arrendamientos de temporada “desincentivan” estas operaciones, afirman.

Por contra, resulta llamativo también cómo el volumen se ha mantenido estable hasta hace poco a pesar de la aprobación en 2018 de otra polémica medida, que el sector aseguró que paralizaría las inversiones: la obligación de destinar el 30% de pisos a vivienda social en nuevas promociones pero también en las grandes rehabilitaciones de fincas enteras. 

La mayor porción del pastel inmobiliario está, como era de esperar, en los dos distritos más céntricos de Barcelona: Eixample y Ciutat Vella, con 392 ventas tramitadas, se llevan un tercio de las operaciones. Esto no se debe solo a que algunos de sus barrios están entre los más caros de la ciudad, o a que el Eixample por ejemplo es el que tiene más población, sino también a que concentran más inmuebles de propiedad vertical —es decir, que no se han llegado a separar y vender por viviendas—. 

Por barrios, los que salen destacados en la foto son Gràcia (91) y el Raval (88), núcleos —sobre todo este último— en el que han trascendido en los últimos años numerosos ejemplos de expulsión de vecinos y especulación. El 8% de todas las viviendas de la ciudad que se traspasan —o así se comunica al consistorio— por esta vía pertenecen a este barrio de renta baja. 

Algunas zonas resaltan también por el porcentaje de pisos con inquilinos que pasan de manos. Descartados los que tienen poco mercado (menos de diez ventas en siete años), aparecen por encima del 70% de ocupación Poble-sec, Horta, Sant Antoni o El Putxet.

De las ventas más caras a las más polémicas

La operación más cara de la última década en Barcelona no aparece en los registros, porque se produjo este 2026: la inmobiliaria de CaixaBank compró el enorme Edificio Estel, alquilado por AstraZeneca, por 385 millones. Lo que sí sale es cómo el viejo y destartalado inmueble de Telefónica fue adquirido por 120 millones por las inversoras Freo y Brain Capital, que posteriormente se lo vendieron a la entidad financiera. 

Las cifras más abultadas corresponden a edificios patrimoniales, donde hay más oficinas y comercios que vivienda, como el récord de 169 millones por el antiguo Corte Inglés de Portal del Àngel, conocida por ser la calle más cara de España. Ahí están en el top 10 el Palau Marcet (Passeig de Gràcia, 13; 68,3 millones), comprado por el fondo Stoneweg para albergar el Museo Thyssen; y la Casa Heribert Pons (Rambla de Catalunya, 19-21; 36,8 millones), adquirido por Núñez i Navarro y alquilado a la Conselleria de Economía de la Generalitat. 

Las ventas más costosas conocidas por el Ayuntamiento también incluyen complejos residenciales de alto standing, para estrenar y con decenas o cientos de pisos. Dos de ellos están en la zona de crecimiento urbanístico de Zona Franca. El tercero más caro, el de Rambla Guipúzcoa (98 millones), comunicó oficialmente tener diez viviendas, pero en realidad se trata un conjunto de inmuebles de varias plantas de altura. 

En este sentido, el número de viviendas y su ocupación incide de forma decisiva en el precio. La transacción comunicada con más pisos en liza fue Avinguda Diagonal 61-79, con 181 hogares, todos ellos por entrar a vivir.

El detalle de estas grandes ventas, que incluye precios y direcciones, deja, sin embargo, un hueco por rellenar. Al menos, en cuanto a los datos que recoge el Ayuntamiento: se trata de sus protagonistas. Con la ordenanza de tanteo y retracto, el consistorio ha anotado desde 2019 el nombre de cada empresa vendedora, pero no el de la compradora. 

Fuentes municipales argumentan que la normativa municipal no les obliga a registrarlo, aunque en 2024 y sobre todo 2025 empezaron a hacerlo (no sistemáticamente). Esos primeros datos permiten constatar algunas empresas con más de una adquisición ese último año: las que más, tres, fueron Calagran SAU y Second House SL. 

Lejos del mercado más lujoso, firmas como la propia Second House SL figuran por sus adquisiciones en el punto de mira de los movimientos de defensa de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas de Catalunya denunció la compra “especulativa” de tres edificios por parte de esta firma, a la que acusó de practicar el método flipping, que consiste en comprar una finca, expulsar a los residentes y vender los pisos por separado para sacar beneficio. 

El inmueble de la calle Cortines, 10, les costó 1,5 millones. El de Tapioles, 15, 2,28 millones. Y el de Salou, 7, lo compraron por 900.000 euros. En este último, con siete viviendas, la nueva propiedad puso a la venta un solo piso sin reformar por 295.000 euros, según los vecinos. Tras dos años de lucha, los inquilinos lograron renovar el contrato de alquiler. 

Pero si se trata de conflictos vecinales, ninguno como Casa Orsola, símbolo contra la gentrificación en el Eixample. También fue ofrecido al Ayuntamiento para comprarlo en su día, cuando Lioness Investments se lo quedó por 6 millones en 2021. Tres años después, apremiado por las protestas, el consistorio lo acabó adquiriendo por la vía directa por 9 millones. 

31 compras municipales en siete años

En medio de la jungla inversora, el Ayuntamiento barcelonés ha optado por intervenir en 31 de los cientos de ventas que le han comunicado. Esto es, ha ejercido la compra preferente en el 2,4% de los ofrecimientos por un montante total de 108,2 millones de euros. 

Tras poner en marcha Colau la normativa, en 2018, los primeros años apenas se utilizó. Tras la pandemia, 2021 y 2022 fueron los ejercicios de mayor actividad de tanteo. El consistorio compró catorce y siete edificios, respectivamente, el 7% y el 4% del total de operaciones planteadas en la ciudad esos ejercicios. 

Los Comuns siempre defendieron el tanteo y retracto como una de las herramientas para complementar el crecimiento del parque de vivienda pública, cuyo aumento se apuesta sobre todo a la nueva construcción. Tras la llegada de Jaume Collboni al Gobierno municipal, este tipo de compras preferentes cayeron a ocho en tres años.

Desde el Gobierno municipal, que se fijan llegar al 15% de vivienda asequible en la ciudad en 20 años (como la Generalitat para toda Catalunya), aseguran que siguen siendo partidarios del tanteo y retracto en algunos casos. Pero de entrada atribuyen las cifras más elevadas de 2021 y 2022 a que los ayuntamientos contaron esos años con la suspensión de las reglas fiscales debido a la pandemia y Barcelona pudo destinar más superávit a comprar vivienda. 

Los responsables de vivienda del Gobierno socialista aseguran que se plantean aplicar las compras preferentes solo cuando son a precio de mercado —o por debajo— y si las viviendas están vacías, para poder dar salida a las solicitudes de la bolsa de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Con todo, también aseguran que valoran adquirir las fincas que potenciales víctimas de especulación (cuando ven que están ocupadas y estiman una rentabilidad que apunta a la expulsión de los vecinos). 

Esto último ya ha ocurrido. Colau compró varias, entre ellas, por ejemplo, el edificio de la calle Hospital 99, propiedad de Blackstone, en el que vivían familias vulnerables. Costó 2,1 millones. De Collboni, una de las compras más llamativas ha sido la de Diputació, 345, que ha pasado de tener pisos turísticos a vivienda pública joven. 

A la foto del tanteo y retracto hay que añadirle, finalmente, la que ha empezado a ejercer la Generalitat, que también afecta a Barcelona. Sin ir más lejos, los pisos adquiridos al fondo buitre Divarian, que en la capital catalana son 487 (la mayoría con familias vulnerables como inquilinas). O las que corresponden también a la ciudad de los 2.000 hogares comprados por la Administración catalana a InmoCaixa. 

* En algunos casos, aparecen en dos fechas distintas comunicaciones de compraventa que corresponden a la misma finca y al mismo vendedor. Fuentes municipales apuntan a que se trataría de operaciones que no se llegaron a formalizar finalmente pese al acuerdo de traspaso entre las partes

En barrios como el Eixample, el Born o la Barceloneta, donde el turismo ha conquistado las calles de Barcelona, las plantas bajas de los edificios se han convertido en una concatenación de comercios dedicados al visitante: en los últimos años han proliferado cafeterías y bares con los menús en inglés, consignas de equipajes, lavanderías o, los que más preocupan a la administración: las tiendas de souvenirs y los supermercados 24h.

El Ayuntamiento lleva años intentando regular estos negocios mediante normativas urbanas y planes de uso para evitar una situación que califican de “insostenible”. En algunas manzanas se pueden llegar a concentrar hasta cuatro de estas tiendas. En Barcelona hay unos 1.300 comercios que, por ley, pueden operar las 24 horas del día y los 365 días del año. Esa cifra supone el 16% del total de tiendas de venta de alimentos en la ciudad.

El consistorio considera que estos negocios han “saturado” diversos barrios y, por eso, ha anunciado que prohíbe abrir nuevos comercios de este tipo durante un año. Ahora bien, poner coto a estos supermercados no es tan fácil como podría parecer porque para abrir las 24h no hace falta pedir una licencia específica, sino simplemente tener un local con menos de 300 m² y comunicarlo debidamente al consistorio.

Hasta 2022, la Generalitat sólo permitía operar ininterrumpidamente a los conocidos técnicamente como ‘autoservicios’ (locales de menos de 150 m²), pero el Tribunal Constitucional dictó que Catalunya se debía equiparar a la normativa española, que amplía el límite hasta los ‘superservicios’ (locales de hasta 300 m²).

Esto significa que cualquier tienda dedicada a la venta de alimentos que cumpla con este tope de superficie y que sea regentada por una pequeña empresa puede abrir las 24h. Aunque no significa que lo haga. De hecho, todas las pescaderías, carnicerías, verdulerías, colmados y tiendas de barrio en general cumplen esas medidas (cualquier local que sea mayor es considerado ya ‘supermercado’) y, por tanto podrían abrir las horas que quisieran siempre que cumplieran con la legislación laboral. El siguiente mapa muestra una estimación de los locales comerciales que pueden abrir 24h en la ciudad según el último censo disponible de 2024 del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona. Los datos reflejan los establecimientos dedicados al comercio al por menor, servicio de alimentación y autoservicio, en él no figuran supermercados de grandes superficies.

Pero, según muestran los datos, a los únicos negocios a los que les resulta rentable aprovechar esta ventaja horaria son aquellos dedicados al turismo o al ocio nocturno y que, por tanto, no cuentan con producto fresco ni de una calidad destacable.

Con todo, la moratoria aprobada también afectará a las licencias para la apertura de nuevos comercios locales, aunque no tengan pensado tener un horario ininterrumpido porque, por el momento, la normativa no permite acotar más.

Desde el consistorio apuntan a que esta es una medida temporal, necesaria para “frenar la proliferación de los súpers 24h de los últimos años”. Durante el año en el que esté en vigencia la moratoria, la administración se ha emplazado a elaborar una regulación específica más acotada y que sea efectiva para “proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar el monocultivo”.

La “proliferación” de los supermercados 24h

Aunque cualquier local pequeño pueda abrir las 24 horas del día, este horario se reserva casi en exclusiva a estos pequeños supermercados que se encuentran principalmente en zonas turísticas o de alta afluencia de locales de ocio nocturno. Según datos a los que ha tenido acceso elDiario.es, sólo tres de los 10 distritos de Barcelona concentran la mitad de estos comercios: el Eixample, Ciutat Vella y Sant Martí.

Estas zonas son también las que concentran más inspecciones por parte del Ayuntamiento, que lleva años poniendo el foco en estos locales. Desde 2023 se han llevado a cabo 14 campañas, en las que se han revisado 230 locales. En total, se han detectado más de 3.500 infracciones.

Casi la mitad de las faltas detectadas tienen que ver con la actividad realizada. En este cajón en el que se engloban muchas infracciones está, por ejemplo, saltarse la normativa que prohíbe vender alcohol a menores o entre las 22h y las 7h. Otras de las más recurrentes están relacionadas con la alteración del paisaje urbano con la instalación de cartelería no autorizada, el no cumplimiento de la normativa antiincendios o la vulneración de los derechos laborales.

En total, las inspecciones se han zanjado con el precinto provisional de 87 locales, 513 órdenes de restitución, 253 sanciones y 85 multas coercitivas por valor de 440.180 euros.

Una moratoria que suma

La regulación impulsada por el Ayuntamiento se suma a normativas particulares aplicadas en los distritos más “problemáticos” de Barcelona: Ciutat Vella y Sant Martí, en los que desde 2024 y 2025 respectivamente ya estaba prohibida la apertura de nuevos locales de este tipo. “Los datos recogidos nos demuestran que este modelo funciona y se debe extender al resto de Barcelona para evitar que se concentren en otras zonas”, ha apuntado la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet.

Esta decisión es consecuencia de un debate que viene de largo y que se ha dado entre varios actores. De hecho, la regulación de estos supermercados 24h ya fue una exigencia de los Comuns durante la negociación de las ordenanzas fiscales de este ejercicio. En ERC también se atribuyen parte de esta decisión municipal, pero advierten al consistorio que “un año no soluciona nada”.

El Ayuntamiento de Barcelona ha prohibido este miércoles la apertura de nuevas tiendas alimentarias y supermercados 24 horas. La suspensión de licencias, que durará un año a la espera de elaborar una nueva normativa comercial, persigue evitar la “saturación” de estos establecimientos en diversos barrios de la ciudad, según el consistorio. 

La moratoria de nuevas aperturas afecta a lo que técnicamente se conoce como establecimientos alimentarios de autoservicio –entre 60 y 150 m²–, superservicio –de 150 a 400 m²– y superservicio con venta de producto cárnico –250 a 400 m²–. Se trata en realidad de los pequeños supermercados de alimentos que han proliferado en la ciudad, que suelen abrir hasta la noche y en domingo. 

Actualmente son 1.300 los locales que cumplen con esta tipología. “El nuevo planeamiento permitirá proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar procesos de saturación y monocultivo en determinadas zonas”, destaca el consistorio. 

En su comunicado, el consistorio insiste en que la implantación “generalizada” de estas tiendas ha conllevado en algunos casos problemas de convivencia con los vecinos, especialmente en zonas turísticas. Por eso ya existen regulaciones restrictivas en algunos distritos concretos de la ciudad, como Ciutat Vella o Sant Martí.

El Gobierno municipal de Jaume Collboni ha puesto el punto de mira en estos locales desde el inicio del mandato. Ha llevado a cabo 14 campañas inspectoras en 230 establecimientos y ha denunciado que acumulan numerosos incumplimientos de normativa: infracciones por salud pública, gestión de residuos o de condiciones laborales. 

En estos macro operativos de inspección participan técnicos municipales de inspección, salud pública, trabajo, o hacienda. También intervienen Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, estos últimos de Extranjería, ya que la mayoría de locales son regentados por migrantes. 

Además de las grandes inspecciones, el Ayuntamiento ha llevado a cabo en estos locales 2.880 revisiones ordinarias este mandato, que han derivado en 87 precintos y 253 sanciones.

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha anunciado este lunes que no se postulará para ser candidato a la alcaldía de Barcelona en 2027 para no contribuir a una “lógica de división interna” y la “confrontación” en el seno de la formación.

Con la decisión de Rius, cercano a Carles Puigdemont, todos los números para encabezar la lista de Junts los tiene Jordi Martí, veterano neoconvergente barcelonés y actual portavoz de Junts en el Ayuntamiento.

La intención de Junts era designar desde la cúpula un candidato de consenso, para no tener que pasar por primarias, cuando queda un año para la celebración de los comicios municipales. El nombre que encajaba en ese cálculo era el de Rius, también concejal en Barcelona y cercano al expresident y al secretario general, Jordi Turull.

Martí, sin embargo, dinamitó los planes de la dirección al anunciar por sorpresa la semana pasada su intención de optar a liderar la lista de Junts en 2027. El concejal atesora una larga experiencia en el consistorio, desde 2011, fue designado por Xavier Trias como sucesor cuando dimitió y es del agrado de la militancia.

En una carta abierta a la militancia, Rius ha explicado que sopesó “muy en serio” la posibilidad de liderar la lista en la capital catalana, pero admite que el anuncio de Rius ha modificado sus intenciones iniciales.

“En las actuales circunstancias, no puedo postularme para ser candidato y contribuir a una confrontación que no servirá, en mi opinión, para salir más reforzados”, ha afirmado Rius. “En una lógica de división interna, a mí no me van a encontrar”, ha apostillado.

A falta de proclamación oficial, el nombre de Martí despeja la principal incógnita que quedaba entre los cabezas de lista para disputar la alcaldía a Jaume Collboni (que también repetirá como jefe de filas del PSC). ERC apostará por su actual secretaria general, Elisenda Alamany, mientras que los Comuns han elegido a Gerardo Pisarello.

La carrera en Junts para encontrar alcaldable en Barcelona se prevé agitada. Jordi Martí Galbis, actualmente portavoz del partido en el Ayuntamiento, ha desafiado a la dirección y les ha comunicado que tiene intención de presentarse a la alcaldía. 

La intención de Junts era designar desde la cúpula un candidato de consenso, para no tener que pasar por primarias, cuando queda un año para la celebración de los comicios municipales. El nombre que encajaba en ese cálculo era el también concejal en la capital catalana Josep Rius, cercano a Carles Puigdemont y al secretario general, Jordi Turull.

Pero la irrupción de Martí Galbis, que ha adelantado el diario Ara, trastoca los planes del partido. El concejal atesora una larga experiencia en el consistorio, desde 2011, fue designado por Xavier Trias como sucesor cuando dimitió y es del agrado de la militancia.

Martí Galbis tratará de forzar unas primarias en la federación barcelonesa de Junts para que se decida de esta forma al candidato. Pero no está claro que lo consiga. El reglamento de la formación prevé que sea la Comisión Municipal Territorial la que, al conocer los candidatos y sus avales, decida cómo proclamarlos: de forma directa, con propuesta de nombre y ratificación, o con votación abierta a la militancia. 

Tras el movimiento de Martí Galbis, falta ver cómo reacciona la dirección, y si confirma a Josep Rius, que además de concejal en la ciudad es diputado en el Parlament y vicepresidente del partido. Antes de él, la dirección del partido barajó nombres de mayor impacto, como el empresario Tatxo Benet, o el expresident Artur Mas, pero no fructificaron.

La dirección buscaba un golpe de efecto parecido al retorno de Xavier Trias en las elecciones de 2023. El exalcalde logró entonces la victoria para Junts frente al PSC de Jaume Collboni y los Comuns de Ada Colau, pero no consiguió acceder a la alcaldía debido la alianza entre estos últimos y el PP para aupar al socialista.

Desde entonces, Junts ha ejercido como líder de la oposición en el consistorio, con Martí Galbis como cara más visible. Abierto a algunos pactos con el PSC, en general ha quedado relegado por el interés de Collboni en buscar acuerdos a la izquierda con ERC y los Comuns.

El Ayuntamiento de Barcelona aprobará con los votos de PSC y Junts el plan para regular las licencias comerciales del centro de la ciudad. Se trata del Plan de Usos de Ciutat Vella, que en los últimos días propició las quejas de asociaciones de vecinos y de Comuns y ERC, que denuncian que favorecerá la apertura de más negocios turísticos. 

El teniente de alcaldía y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha restado gravedad a las críticas al Plan de Usos y ha defendio que servirá para “mejorar la convivencia” en el distrito. Uno de sus principales objetivos, señala, es ordenar las actividades según su impacto en el espacio público y aumentar de 55 a 180 las licencias que están reguladas.

En este sentido, la nueva normativa pone coto a la proliferación en el centro de algunos comercios que el consistorio quiere frenar. Es el caso de los salones de manicura y pedicura, las tiendas de accesorios de móviles y las de venta de productos de cannabis. También veta la venta parcial de souvenirs en tiendas que ostenten otras licencias. 

Batlle ha agradecido a Junts y también al PP haber participado en el proceso de elaboración del plan. Y ha añadido que espera que Comuns y ERC se sumen en los próximos días a su aprobación.

Sin embargo, ambas formaciones de izquierdas están lejos de validar el Plan de Usos. Desde hace días, Comuns y ERC vienen alertando de que esta regulación abre la puerta a establecimientos destinados al turismo que estaban vetados con la norma anterior, de 2018. 

En la misma línea se pronunciaron asociaciones de vecinos del distrito y también la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que alertó de una “mayor permisividad” en actividades vinculadas al ocio nocturno, el turismo o la hostelería. 

Los ejemplos que ponen los detractores del Plan de Usos son la posibilidad –prohibida desde 2018– de abrir locales de alquiler de patinetes, bicis y motos, o de consignas y lockers. Además, la FAVB consideró especialmente preocupante que permitía autorizar hasta siete nuevas discotecas en el distrito, con un “impacto muy directo” en unos vecinos que ya lidian con una amplia oferta de ocio nocturno.

Batlle, por su parte, ha rebatido esta acusación. “La proliferación indiscriminada de nuevas discotecas es falsa”, ha afirmado.

El Ayuntamiento de Barcelona cederá gratuitamente el Estadi Olímpic Lluís Companys al Papa León XIV para un gran evento en el arranque de su visita a la capital catalana. El acto, que ha adelantado El Periódico y que se prevé el 9 de junio, será uno de los principales puntos en la agenda del pontífice en Barcelona, que culminará con visita de la Sagrada Família en el centenario del nacimiento de Antoni Gaudí. 

La decisión última de ceder estas instalaciones con una bonificación del 100%, planteada por el consistorio, se ha votado definitivamente este miércoles en el consdejo de Administración de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), la empresa pública que gestiona el estadio. Ha salido adelante con los votos de PSC, Junts y PP (10) y con el rechazo de Comuns y ERC (5).

En un informe, la gerencia del Área de Promoción Económica, Turismo, Relaciones Internacionales y Deportes del consistorio defiende la cesión gratuita de un estadio que suele cobrar para acoger eventos privados debido al “máximo interés público y general” de la visita del Papa. Alegan que su presencia conllevará la asistencia de “miles de personas” de todo el mundo, además de “autoridades civiles, religiosas e institucionales”. 

El documento insiste en la “excepcionalidad” del acto, en su carácter “no lucrativo” y en su dimensón de “evento de Estado” para ceder el espacio con la bonificación del 100% del precio. Además, añade que el Ayuntamiento asumirá el importe de todos los gastos que genere, como seguridad, mantenimiento o limpieza. 

El viaje del Papa a España pasará por Canarias, Madrid y Barcelona. Su a la capital catalana, según ha dado a conocer la Conferencia Episcopal este miércoles, comenzará con el acto en Montjuïc el día 9. El 10, visitará la cárcel de Brians y la abadía de Montserrat, y después acudirá a la Sagrada Família. También se prevé que visire la parroquia de los agustinos del Raval y que bendiga las ambulancias de Sor Lucía Caram para Ucrania.

Una de las voces que ya había manifestado que votarán en contra en el Consejo de Administración de B:SM era la de Barcelona en Comú. Su representante en la empresa municipal, el concejal Guille López, se ha mostrado contrario a la cesión gratuita. “No estamos en contra de la visita, pero no compartimos que el Ayuntamiento deba cubrir económicamente sus gastos”, señala. 

El edil argumenta que no se da el mismo trato a organizaciones que también tienen proyección internacional, como el Barça o TV3, y asegura que la visita del Papa no encaja dentro de los supuestos para cesiones gratuitas: que sean eventos solidarios, como el partido Catalunya-Palestina, o que se trate de actividades en las que participa la administración municipal, como encuentros escolares.

“Collboni opta por ceder a interesos de terceros las ciudad como ya vimos con la Fórmula 1 en Passeig de Gràcia o el Park Güell con Luis Vuitton”, remacha López.

“Es aquí”. Pero aquí no hay nada. Solo una valla a un lado de la carretera y el tupido bosque de Collserola al otro. Valentín, un hombre de 59 años, ha aparcado el coche justo donde estaba la entrada de la Ciudad de los Muchachos, el orfanato en el que pasó buena parte de su infancia. “Si, ya verás como sí”, dice, mientras se encarama al vehículo y muestra, casi de puntillas, la parte alta de un edificio. “Allí estaban las aulas”, dice, señalando una casa con un dintel en el que se puede leer: Ayuntamiento de Barcelona. Beneficencia Casa Puig. Ciudad de los Muchachos.

Esa valla es relativamente nueva, cuenta. La instaló el consistorio hace menos de un año, coincidiendo con el momento en que los exalumnos de este orfanato franquista se empezaron a organizar para regresar a las instalaciones. Esas visitas nunca fueron promovidas por la nostalgia, sino por la sed de justicia y reparación: en este centro, miles de niños desde 1951 hasta 1977 pasaron hambre y fueron maltratados física y emocionalmente. Algunos incluso habrían sufrido abusos sexuales por parte de educadores y de los Hermanos de la Salle, encargados del centro en su etapa final.

El Ayuntamiento de Barcelona, que es titular del edificio aunque este se encuentre, técnicamente, en el término municipal de Sant Cugat del Vallès, es también la Administración que ha colocado las vallas que impiden el paso a lo que fue la Ciudad de los Muchachos. El consistorio asegura que es por seguridad, pero los exalumnos consideran que es otra manera de enterrar lo que les pasó. Otra excusa para “no castigar a los responsables de arruinar la infancia a tantos niños”, dice Valentín. “Éramos muy pequeños; sólo necesitábamos que nos protegieran y nos destrozaron”, remacha.

Esta escuela, que hoy se encuentra en ruinas, está engullida en su totalidad por el bosque. Las paredes de lo que fue el edificio que albergaba las aulas y el salón de actos están o bien derrumbadas, o bien llenas de grafitis pintados por chavales que suben hasta el lugar para pasar el rato o para beber, tal como atestiguan las latas tiradas por el suelo.

Hay pocas pistas de lo que sucedió entre esas ruinas. Sólo se puede intuir que allí hubo niños si se presta atención a la piscina que hay en lo alto de la loma –y que construyeron los mismos alumnos, obligados y bajo coacción– o a la portería, ya sin red y descolorida por el sol. La escena lúgubre y el pasado convulso del lugar ha atraído incluso a influencers de lo paranormal, quienes han dedicado diversas producciones a la Ciudad de los Muchachos, llegando a afirmar que allí se pueden encontrar “espíritus de niños atormentados”.

“Los espiritistas se preocupan más por lo que pasó en este orfanato que el Ayuntamiento de Barcelona, que es el propietario del recinto”, se lamenta Joan Moya, un vecino de la zona, activista de la plataforma Som Collserola y responsable de una queja emitida ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) en la que se apuntaba a la decadencia de las ruinas y reclamaba que se recuperara la memoria del lugar.

Esta “casa de los horrores” –como la definen algunos exalumnos– alojó a miles de niños durante más de tres décadas. Y, aunque fue el proyecto personal del teniente de alcaldía de la época, Alfredo Casanova, el Ayuntamiento de Barcelona se desentiende de ese patrimonio. De hecho, durante años negó tener nada que ver con el mismo, argumentando que se encuentra en territorio del municipio vecino de Sant Cugat.

Ahí fue donde entró el Síndic de Greuges, que pidió diversos informes e investigó si la titularidad de los terrenos era del consistorio de la capital catalana, como así lo insinúa el nombre del Ayuntamiento en el dintel de la entrada y un escudo de Barcelona grabado en el suelo. El organismo consultó a diversas áreas municipales, que llegaron incluso a constatar que “no se puede determinar si este edificio pertenece al Ayuntamiento”. “Sea como sea, no se trata de un edificio en nuestro distrito”, apuntaron en 2024, según consta en el informe de la Sindicatura, al que ha tenido acceso este medio.

Pero resultó que el edificio sí es propiedad del consistorio. De hecho, posee todo el complejo, que comprende no solo lo que fueron las aulas de La Ciudad de los Muchachos –ahora también en ruinas–, sino también la capilla –todavía en pie– y la masía de Can Puig, actualmente protegida y que funciona como un centro de atención a las drogodependencias.

Así se constató en un informe solicitado en 2021 por Barcelona Infraestructures Municipals SA (BIMSA) para decretar el estado de ruina de los edificios abandonados. En el texto se apunta que la titularidad del conjunto corresponde al Ayuntamiento, con gestión compartida con el Consorcio de Servicios Sociales y el del Parque de Collserola. El informe asegura que las edificaciones no pueden ser rehabilitadas a corto plazo y se insta a su derribo.

Resulta que el consistorio compró los terrenos a un particular en 1923 y durante la República los usó para crear unas ‘colonias permanentes’ para que niños con problemas respiratorios estuvieran en contacto con la naturaleza en el bosque. Luego, durante la Guerra, se convirtió en un refugio para huérfanos para luego ser confiscado por el régimen. Durante los primeros años del franquismo, fue un internado y luego un lugar de encuentro para los campamentos de la Sección Femenina.

No fue hasta 1951 que se convirtió en la Ciudad de los Muchachos. La institución estuvo en funcionamiento hasta 1977, cuando los Hermanos de la Salle, que tuvieron la gestión durante su última etapa, abandonaron abruptamente a los niños, de un día para otro, cuando el centro dejó de reportarles beneficios económicos tras la muerte del dictador. Con su marcha, los niños fueron reubicados y el espacio empezó a quedar a merced del bosque.

Acabar con toda evidencia

Exalumnos como Valentín, que sufrió “palizas diarias” y maltrato emocional, se horrorizan cuando ven que lo que les hicieron pasar, simplemente por ser hijos de rojos o de familias pobres, va a quedar en el olvido. “No hay ni una placa, ni un memorial ni nada. No pedimos que nos compensen, sino simplemente que reconozcan lo que nos pasó”, sostiene. “Esto parece una ciudad fantasma”, dice Lale, otro de los exalumnos durante una visita a las ruinas. “No reconozco casi nada”, lamenta.

Estos hombres que fueron niños maltratados sienten no solo que sus agravios están siendo olvidados, sino que están siendo “tapados”. Este sentir empezó cuando el Ayuntamiento instaló la valla y culminó cuando, de un día para otro, desapareció el marcador de Google Maps que indicaba la ubicación de la Ciudad y cómo llegar a ella.

Los exalumnos y las asociaciones vecinales acusan al Ayuntamiento de haber pedido a la plataforma que elimine la ubicación –igual que pidió, en su momento, que eliminara algunas líneas de autobús masificadas por el turismo–. Pero el consistorio niega cualquier acción en este sentido. No se conoce el responsable, pero sí las consecuencias. Este gesto no sólo dificulta el acceso al centro, sino que además ha borrado todas las reseñas en las que los exalumnos escribían sus experiencias.

“Todo eso es un patrimonio perdido de un gran valor”, considera Teresa Roig, autora del libro La Ciudad de los Muchachos (Navona Editorial), una de las pocas obras que explica la historia de este orfanato. La publicación de su obra atrajo a exalumnos y les animó a explicar historias que jamás habían contado, ni siquiera a sus familias. Tanto, que se celebraron diversas presentaciones del libro en lo que fue la Ciudad de los Muchachos, antes de que estuviera restringido el acceso.

“Fue poco después de esas presentaciones que se puso la valla y se eliminó la ubicación de Google”, relata Roig, que también denuncia la “inacción” del Ayuntamiento y la falta de voluntad de “reconocer y reparar la vida truncada de estos niños”.

La Sindicatura de Greuges dio la razón a la queja que se interpuso e instó al consistorio a hacer precisamente eso: dignificar el espacio y crear un memorial que explicara qué pasó allí. “La ONU reconoce la memoria como parte de la justicia transicional, juntamente con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición”, recuerda el Síndic al Ayuntamiento. Esta resolución tiene más valor si cabe habiéndose publicado en el año en que se celebra el medio siglo de la muerte de Franco, durante el cual tanto el gobierno municipal, como el catalán y el central están inmersos en una serie de actividades de memoria histórica.

A preguntas de este medio, desde el Ayuntamiento aseguran que, en el marco de esta efeméride, se “estudia algún formato de actividad o acción por el reconocimiento de las personas que han denunciado este espacio como centro de internamiento de menores”. Ahora bien, añaden que “no hay previsión de hacer ninguna otra intervención” debido a que “su estado actual hace muy costosa su rehabilitación”.

“Si te castigaron es porque lo mereces”

Este medio ha podido entrevistar a cuatro personas que vivieron en La Ciudad de los Muchachos en épocas diferentes. Todos ellos coinciden en las “torturas” y el “sufrimiento”, en el aislamiento al que les sometían y cómo les apartaban de sus familias, a las que el régimen consideraba una “mala influencia”. Hambre, palizas y un adoctrinamiento que llegaba al punto de que el papel higiénico era canjeable por puntos conseguidos por “buena conducta”.

El único de los testimonios que cuenta una historia diferente es Pere, que estudió en este orfanato durante sus primeros tres años de existencia, cuando sí fue realmente un centro pedagógico innovador, una “anomalía dentro del régimen” que consiguió llevar a la gran mayoría de los chavales, provenientes de familias obreras, a la universidad. “Por eso me duele tanto en lo que se convirtió después”, apunta este exalumno a elDiario.es.

Aquella escuela fue un pozo de traumas que muchos niños se callaron para siempre. “Hay cosas que nunca contaré a mi familia, para no hacerles sufrir”, dice uno de ellos. Ahora bien: hay un lugar en el que podían compartir sus historias. Aparte de las reseñas de Google, que funcionaba como una especie de confesionario, también existe un grupo de Facebook.

En este se conservan fotografías de archivo y actuales. Imágenes que suelen ir acompañadas de comentarios de diversos usuarios que comparten nombres de maestros y de los religiosos que les marcaron, literal o figuradamente. Como en casi cualquier grupo de exalumnos, se buscan antiguos compañeros de promoción o recuerdos de infancia. Pero, de vez en cuando, el espejismo de la nostalgia se rompe con mensajes publicados casi de madrugada. “No puedo olvidar la Ciudad de los Muchachos. Me robó mi infancia y tenía sólo 6 años”, dice uno de los post.

El grupo tiene como frase de cabecera “Si te castigan es porque lo mereces”, la misma cita que, según cuentan exalumnos, se repetía durante su día a día en el orfanato. “Yo pensaba de verdad que lo merecía”, cuenta Valentín. Muchos de los niños asumieron el mantra de que se les pegaba “lo normal”, pero con el paso de los años se han ido asumiendo a ellos mismos como víctimas de maltrato. “No entendíamos por qué nos hacían eso. Y sigo sin entenderlo. Si nadie hace nada, se olvidará lo que pasó. Todos nos olvidarán a nosotros”, se lamenta Valentín.

La finca en la que vive Rosario Castelló con su hijo fue durante décadas la clásica escalera de vecinos del Eixample. “Había familias, niños, parejas, algún estudiante…”, describe la mujer, que lleva 32 años de inquilina en el número 69 de la calle Entença. Actualmente, la única residente que queda es ella. El resto son jóvenes extranjeros, la mayoría de Estados Unidos, que vienen a pasar unos meses a Barcelona. 

“Es una locura de ruido e incivismo, es como vivir en una guardería para niños mayores”, resume Rosario. De los 11 pisos del edificio, diez funcionan ya como colivings para este perfil de residentes temporales, de entre 18 y 25 años, que arriendan habitaciones. 

El bloque es propiedad de Vandor Real State, una Socimi que posee 17 fincas en Barcelona dedicadas a este negocio, para el que necesita expulsar a los inquilinos de larga duración cuando finalizan sus contratos. Lo mismo ocurre en inmuebles de otros fondos de inversión, como New Amsterdam Developements (NAD) o Vivenio. 

Sin embargo, su apuesta por el arrendamiento temporal de habitaciones o de pisos enteros, a precios superiores al del mercado del alquiler ya regulado, choca desde diciembre de 2025 con la nueva normativa aprobada en Catalunya que limita esta actividad. Desde entonces, los activistas por la vivienda les acusan de no ajustarse a la nueva legislación y seguir anunciando viviendas y estancias a precios superiores a los permitidos. 

“Tienen que cumplir la nueva ley y sabemos de casos en que no lo están haciendo”, señala Txema Escorsa, que actúa de portavoz del Sindicato de Inquilinos para estas denuncias. “Si el president Illa dice que el que la hace, la paga, que no les tiemble el pulso a la hora de hacer inspecciones”, añade. 

Este inquilino reside en el Bloque Sant Agustí, del barrio de Gràcia, propiedad del fondo NAD. En marzo logró aplazar su desahucio, con ayuda de la movilización vecinal, y ahora mismo el lanzamiento está sin fecha en la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso que ha presentado. 

Lo que sorprende al Sindicato de Inquilinos de Catalunya es que en inmuebles como los de NAD se siguen anunciando alquileres de habitaciones a precios que todo apunta a que superan el límite establecido por ley. En Idealista y otras plataformas siguen ofertando estancias entre 900 y 1.000 euros. Por este motivo, la entidad ya ha registrado denuncias contra este fondo y contra Vandor –en su caso, por no reflejar el precio del índice en sus webs– frente a la Agencia Catalana de Consumo y la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC). 

Lo que aprobó exactamente el Parlament en diciembre es que, en las zonas declaradas tensionadas en base a la Ley de Vivienda –Barcelona lo es–, la suma del alquiler de todas las habitaciones de un piso no puede superar el máximo que establece el índice para el conjunto de la vivienda. Además, en esa misma modificación legislativa, la Cámara catalana validó también incluir los alquileres de temporada dentro del tope de los precios de arrendamiento. 

Desde Vandor, sin embargo, niegan estar alquilando habitaciones a precios superiores a los que ahora permite la ley. “Todos los contratos que se han firmado a partir de la nueva regulación respetan el tope del alquiler que se ha fijado”, señalan fuentes de la Socimi, que dicen no tener constancia de denuncias por “incumplimiento” en los precios. 

Tres años de convivencia con un coliving

En la calle Entença, 69, Rosario reconoce que no sabe por cuánto alquilan los pisos sus jóvenes vecinos. En la web de Vandor no aparecen los precios. Y, según refiere esta inquilina, lo cierto es que muchos de ellos gestionan la contratación del piso a través de las mismas empresas que les facilitan los programas de estudios, The American College of the Mediterranean y la International American University, que tienen colgados carteles por la finca con números de teléfono a los que llamar por emergencias. “Es una residencia estudiantil encubierta”, valora Rosario. 

La resistencia de Rosario a dejar su casa, por la que paga unos 1.000 euros de alquiler, comenzó en 2021, cuando el casero, propietario de todo el edificio, murió y legó su patrimonio a la Fundación de la Sagrada Familia. Esta lo vendió a Renta Corporación, que al poco la traspasó a Vandor. “Durante aquel tiempo ya vi desfilar a la mayoría de vecinos, porque les decían que no iban a renovar el alquiler”, afirma. 

La nueva propiedad reformó los pisos y comenzó a alquilarlos por habitaciones a jóvenes extranjeros. Las obras también fueron controvertidas: el Ayuntamiento de Barcelona considera que fueron grandes rehabilitaciones, y que por lo tanto deberían haber reservado un 30% del inmueble para viviendas de protección oficial, tal como dispone la normativa que sacó adelante Ada Colau. Vandor, por contra, rechaza que fueran obras mayores y ha presentado alegaciones a los informes municipales. 

Sea como sea, desde 2023 Rosario, que ya está sin contrato –aunque sigue pagando–, sufre a sus nuevos vecinos y, a la vez, se resiste a marcharse. Vandor le ha ofrecido un alquiler en otro de sus bloques de pisos, con contrato a siete años. Ella lo reconoce. Pero añade que tiene derecho a quedarse porque cree que también Vandor se ha saltado la legislación.

El modelo de alquileres de estas firmas sigue ocasionando desalojos de familias inquilinas cuyos contratos expiran y no son renovados. Uno de los casos más destacados es el del conocido como Bloc Papallona, en la calle Llança, propiedad de NAD. Este miércoles 29 de abril está previsto el lanzamiento de una de sus inquilinas, con lo que el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, que apoya a los afectados, ha llamado a la movilización.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado el Premio Internacional Barcelona por la Paz, el primer galardón internacional de la capital catalana, que se enmarca en el 150 aniversario del nacimiento del músico Pau Casals.

Referente en la lucha por la cultura de paz, Casals pronunció un recordado discurso en la sede de la ONU en 1971, pocos años antes de morir, en el que pidió una “acción directa” contra la amenaza nuclear y contra el régimen de Franco. “Tenemos que recuperar ese espíritu y relanzar la idea de la paz desde Barcelona”, ha expresado el alcalde, Jaume Collboni.

“Cuando empezamos a idear este premio, hace dos años, nunca habríamos imaginado que estaríamos donde estamos ahora, en un momento en el que se extienden los conflictos y la amenaza”, ha seguido el primer edil. “No nos quedaremos impasibles ante las guerras”.

El galardón, que tendrá una recompensa de 300.000 euros -siendo así el segundo dedicado a la paz mejor dotado después del Nobel- estará destinado a proyectos “de especial impacto”, ya sean impulsados por la sociedad civil o por instituciones y el premio deberá ser destinado íntegramente a la iniciativa. Tendrá una rotación bianual y el primero de ellos será entregado a principios de 2027.

“Esta iniciativa nos parece muy importante porque se da en un momento que tiene que hacer de palanca para que la ciudadanía se reconozca en estos valores que defendía Pau Casals. De Barcelona al mundo”, ha añadido Jordi Pardo, presidente de la Fundació Pau Casals.

El premio, que es impulsado por el Ayuntamiento, cuenta también con la colaboración de la Diputación de Barcelona y el Govern de la Generalitat, además de la propia Fundació Pau Casals. “El primer premio de impacto global de la ciudad debía ser para la cultura de paz, porque cuando Barcelona habla, el mundo escucha”, ha añadido Collboni.

El alcalde ha recordado momentos en los que la capital catalana se ha “comprometido” con la paz, empezando por algunos más recientes, como las dos flotillas que han partido hacia Gaza desde Barcelona, hasta el proyecto del Distrito 11, impulsado por Maragall a raíz de la guerra de Bosnia y recuperado por Collboni para hermanar la ciudad con Gaza.

También ha tenido palabras para la masiva manifestación contra la guerra de Irak, en 2003, que unió a 1,3 millones de personas. “En ese día, el presidente George Bush dijo que él no se tenía que preocupar por lo que pasara en las calles de Barcelona. Eso significó que sí se preocupó”, ha añadido el alcalde.

Collboni ha insistido en la mirada internacional y pacifista de Barcelona y, por eso, ha diseñado un Consejo Asesor para este premio, que estará formado por distintas figuras de referencia de alrededor del mundo, entre las cuales destaca la senadora chilena Isabel Allende; la princesa de Jordania y presidenta de la Fundación Anna Lindh, Rym Ali; o el copresidente de Nihon Hidankyo, organización galardonada con el Nobel de la Paz en 2024, Shigemitsu Tanaka.

“Estamos en el momento de la historia con más conflictos bélicos que nunca. Sumamos más de 130”, ha apuntado Allende, durante su intervención en la presentación del galardón. “La paz no sólo se construye con acuerdos internacionales, sino que se fragua desde las sociedades. Por eso, este premio no es un gesto ingenuo: es una responsabilidad moral y política”, ha añadido.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que pondrá las bases para prohibir el alquiler de temporada en la ciudad. Esta propuesta, que forma parte de un pacto entre el PSC y los Comuns y que ha contado con los votos favorables de ERC, define los usos a los que pueden estar sometida la vivienda, los parámetros y, consecuentemente, las prohibiciones que se consideren en las normativas municipales.

Esta es la fórmula que han encontrado ambos grupos parlamentarios para eliminar el alquiler de temporada y reforzar también la prohibición de las viviendas turísticas, una modalidad que ocupa casi la mitad de residencias disponibles en diversos barrios de Barcelona como el Gòtic o la Barceloneta.

El consistorio convierte el uso “habitual y permanente” de la vivienda en su uso “característico”, mientras que las segundas residencias, el alquiler temporal o turístico pasan a ser usos “asimilados”. De esta manera, según se sostiene en el informe del MPGM, se podrán prohibir, condicionar o restringir los usos diferentes a los característicos de la vivienda. Eso implicará que el Ayuntamiento también podrá limitar las compras especulativas -en tanto que se tratan de adquisiciones de pisos que no están pensados para vivir en ellos- y complementaría así la normativa en la que está trabajando el Govern para prohibir este tipo de adquisiciones.

Los límites a los usos secundarios de la vivienda dependerá de la zona de la ciudad y de la necesidad de vivienda habitual que haya en cada barrio. Igualmente, el Ayuntamiento se asegurará de regular la renta temporal y turística también para las habitaciones, las plantas de casas unifamiliares, así como las parcelas.

A partir de aquí, el consistorio propone elaborar regulaciones y normas para “fomentar y proteger” el uso habitual de la vivienda. De esta manera, se pretende que los alquileres sean “más accesibles para sus residentes”. Según ha defendido la primera teniente de alcaldía y responsable del área de Urbanismo, Laia Bonet, “Barcelona necesita todas las herramientas disponibles para luchar contra la especulación y garantizar el derecho a quedarse en la ciudad”.

La modificación ha contado finalmente con los votos de ERC, que durante todo el proceso de negociación han mostrado públicamente sus “dudas sobre los efectos que pueda tener la MPGM”, pero este viernes han decidido emitir un “voto político” y de “confianza a los movimientos sociales”, tal como ha expresado la concejala republicana Eva Baró.

A falta de informes oficiales, de las ofertas de los portales inmobiliarios se estima que el alquiler de temporada puede llegar a suponer un 30% de la oferta de alquiler en ciudades tensionadas como Barcelona, llegando a crecer esta cifra hasta el 40% en más de un barrio. La intención del pleno es que la normativa pueda estar lista antes de verano, pero lo cierto es que estos plazos son ambiciosos porque el texto todavía debe pasar por la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat y, una vez pase ese trámite allí, volverá al Ayuntamiento para su aprobación definitiva.

La normativa era “urgente” según palabras de la líder de los Comuns, Gemma Tarafa, que ha apuntado datos al pleno: en una ciudad de 1,7 millones de personas, hay 800.000 viviendas, lo que supone un piso para cada dos personas. Pero la realidad es que el consistorio ha contabilizado hasta 130.000 viviendas en las que no vive nadie de forma habitual, lo que reduce la oferta “de manera alarmante”.

Esta MPGM fue pactada en diciembre de 2024 y su paso por el pleno llega un año más tarde de lo previsto. Aun así, se adelanta al Gobierno central, que hace casi dos años que anunció la necesidad de regular los alquileres turísticos y de temporada, dos modalidades de renta que la Ley de Vivienda no regula y que se han convertido en un “agujero negro”, según palabras de la ministra Isabel Rodríguez.

Por eso, el Parlament de Catalunya también se avanzó al Gobierno y aprobó, en diciembre de 2025, una ley para limitar el precio del alquiler turístico y de temporada y meterlos en el mismo saco que la vivienda habitual. Esto afecta a arrendamientos por razones profesionales, de estudios, por temas médicos o por obras. Solo se excluyen los motivos turísticos o recreativos.

Eso enmienda la ley de vivienda, que excluía estas tipologías del tope de los precios de alquiler -algo que, de momento, es algo que sólo se aplica en las zonas tensionadas de Catalunya. Todo ello ha provocado que muchos propietarios saquen sus pisos del mercado habitual para pasarlo al de temporada y exigir precios muy por encima del límite. Aunque actualmente el uso del arrendamiento por temporada para inquilinos que en realidad viven en el piso de forma permanente es un fraude, es una realidad en la que se encuentran muchos vecinos de Barcelona.

Así, el Ayuntamiento se suma a la voluntad reguladora y va más allá de la ley aprobada en el Parlament, llegando a querer prohibir sus usos gracias a las competencias que tienen los consistorios en materia de urbanismo. “La regulación del Parlament es imprescindible, pero no puede ser la única”, ha apuntado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente el proyecto para finalizar la conexión del tranvía por la Diagonal. La Comisión de Urbanismo ha dado luz verde a la reurbanización de esta avenida con los votos del PSC, Comuns y ERC. En cambio, tanto Junts como PP y Vox han votado en contra.

La teniente de urbanismo Laia Bonet ha asegurado que esta aprobación es un “paso importante”. Para acabar este proyecto, que lleva años sobre la mesa de diversos consistorios de Barcelona, queda el visto bueno de la Autoridad del Transporte Metropolitanio (ATM), que se espera para abril, y el acuerdo de un convenio de financiación entre el Ayuntamiento y la Generalitat. Bonet ya ha advertido que, para que este pacto pueda salir adelante, es necesario que ambas administraciones tengan presupuestos.

Por otro lado, también se ha aprobado el proyecto ejecutivo del desdoblamiento del colector de la Diagonal. En este caso, el punto se ha aprobado con el voto de todos los grupos a excepción de Vox.

Tanto los proyectos de reurbanización como el del colector se dividirán en tres lotes diferenciados, pero se harán en una sola licitación de obras. Con todo, la inversión del Ayuntamiento será de 62 millones de euros para el colector y de 53 para la reurbanización, que irá desde el Passeig de Sant Joan hasta la avenida Sarrià. Por su parte, la Generalitat invertirá 80 millones para la infraestructura y superestructura del tranvía.

La reurbanización contempla la intervención en un tramo de 2,8 kilómetros y supone incrementar en 16.000 metros cuadrados el espacio para peatones. También se ganarán 18.900 metros cuadrados de zonas verdes y se destinarán 8.700 metros cuadrados (1.800 más que ahora) a espacio para bicicletas, con un carril de doble sentido y 4 metros de ancho. La estimación del consistorio es que las obras duren 40 meses.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha empezado a dibujar cómo será la ciudad una vez termine una de sus grandes obras pendientes: la de la estación de la Sagrera. Este núcleo ferroviario, que está llamado a ser un punto neurálgico del transporte en la capital catalana, lleva ya 15 años en obras. Todavía se espera que le queden otros siete y que no esté acabada hasta 2032.

Paralelamente a estas obras, también hay proyectado un plan urbanístico que, a su fin, dará como resultado un “nuevo barrio” en el que habrá 25.000 personas en 11.347 nuevas viviendas, de las cuales el 48,8% serán protegidas, tal y como establece la normativa municipal en lo referente a construcción de nuevas promociones. “Se trata de garantizar el derecho de la gente a quedarse en Barcelona. Y para ello construimos más vivienda, pero cambiando las reglas del juego”, ha apuntado el alcalde en la 43ª sesión de 'L'alcalde respon', un histórico encuentro entre el edil organizado por el Col·legi de Periodistes

En esta línea, ha recordado la eliminación de los pisos turísticos que, sumada a la construcción, al tope de precios del alquiler y a la prohibición de la compra especulativa de vivienda supone “la combinación perfecta para regular el mercado”. Estas regulaciones, según Collboni, son necesarias, pero deben suponer “cambios claros, pero no constantes, porque se tiene que mantener el equilibrio entre la función social de la vivienda y los intereses del mercado privado”, ha apuntado.

Collboni sostiene que ya hay promotoras y propietarios que “se están adaptando a las nuevas reglas” y, asegura, ya están negociando con privados que están dispuestos a invertir en vivienda social, “aunque esto suponga limitar sus beneficios”. Ahora bien, también hay otros que han comunicado al Ayuntamiento que no están de acuerdo con las nuevas normativas. “Hay fondos que se irán de Barcelona. Pues adiós”, ha zanjado.

“Somos partidarios de la intervención del mercado, siempre que se haga con sentido”, ha añadido Jaume Collboni, quien ha avanzado que la siguiente meta que se plantea el consistorio, de la mano de la Generalitat y el Gobierno, es la limitación de compra de vivienda para extranjeros no residentes. “No es de recibo que, con la crisis global que tenemos, haya quien tiene un piso en Barcelona sólo para pasar el fin de semana o las vacaciones”, ha apuntado.

El “nuevo barrio de la Sagrera”

El alcalde Collboni ha aprovechado su intervención inicial para presentar las grandes intervenciones urbanísticas que hay en marcha en Barcelona, con especial énfasis en la de la Sagrera. Cuando acabe, en 2032, se habrá cerrado una gran cicatriz que surca cinco barrios distintos desde hace años. Si bien las vías del tren seguirán separando la ciudad, el objetivo del Ayuntamiento es mejorar la conexión entre ambos lados de la vía y generar una serie de espacios públicos de los que ahora esta zona de Barcelona carece.

Ni el plan ni sus resultados han cambiado respecto a la planificación inicial. Lo que ha anunciado el alcalde es que, a diferencia de lo que estaba previsto inicialmente, las mejoras urbanísticas de la Sagrera no esperarán a que la estación esté acabada, sino que se empezarán a trabajarse el próximo 2027 para que todo el nuevo barrio esté finiquitado una vez se estrene la infraestructura.

Una de las más ambiciosas es el gran parque de 36 hectáreas y 4 km lineales que se convertirá en el mayor de la ciudad; dos veces mayor que el de la Ciutadella y 4 más que el de Les Glòries. “Será un parque de parques”, ha apuntado Collboni, en referencia a que estará formado por diversos núcleos verdes.

Algunos de ellos, como la Torre del Fang o el Parc de Sant Martí, ya existen actualmente y quedarán conectados con los nuevos corredores verdes por puentes que unirán ambos lados de la infraestructura ferroviaria. La idea del consistorio es empezar a plantar árboles a finales de 2027, una vez la infraestructura de la estación esté soterrada para así, cuando las obras estén terminadas del todo, se pueda abrir el parque ya con el arbolado enraizado.

Este parque es una de las patas de la reforma urbanística que el Ayuntamiento ha planteado para las inmediaciones de la Sagrera, que tendrá una inversión de 260 millones de euros hasta 2031. En el plan también se incluye la inauguración o reforma de diversos centros educativos, un Centro de Atención Primaria (CAP) y algunos equipamientos como polideportivos.

Collboni asegura que este nuevo trazado urbano se traducirá también en 10.000 lugares de trabajo, ya que también se destinará suelo a la creación de oficinas (250.000 m²), locales y bajos comerciales (105.000 m²) y hoteles (78.000 m²).

Ahora bien, ha recordado que todas estas intervenciones dependen de los presupuestos, tanto los del Ayuntamiento como los de la Generalitat. El alcalde ha pasado de puntillas sobre el hecho de que él todavía no ha sido capaz de aprobar con mayorías ninguna de sus cuentas y se ha centrado en los del Govern. Estos, asegura, son “imprescindibles” para Barcelona, puesto que muchas de las grandes reformas son cofinanciadas.

En este sentido, ha alertado que de las cuentas de la Generalitat dependen unos 250 millones para Barcelona. “Hemos pasado tres mandatos sin inversión y eso significa que hemos tenido que hacer vivienda pública sin un euro de la Generalitat”, ha espetado.

De manera indirecta, ha pedido responsabilidad a ERC, de quien dependen los presupuestos de la Generalitat, asegurando que “todas las administraciones deberían tener cuentas, dependa de quien dependa”. Pero también ha evitado tomar una postura clara: “No me corresponde entrar en los detalles de la negociación”, ha zanjado.

Tampoco ha querido opinar sobre las diferentes propuestas de unidad de las izquierdas; la última de ellas la planteó quien será candidato de los Comuns a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, quien apostó por un “frente amplio” en el que incluía también al PSC. “Eso forma parte de un debate electoral en el que no quiero entrar porque no me corresponde. Yo haré de alcalde hasta el último día y, entonces, me preocuparé por estas cuestiones”.

Así se ha expresado Collboni en la 43ª edición del 'Alcalde Respon', en la que ha debatido con Joan Maria Morros, presidente del Col·legi de Periodistes; Gabriel Figueredo, coordinador de informativos de Onda Cero; Matilde Pont, periodista de la Agencia EFE; Roger Torres, responsable de la información municipal de Betevé; y Natàlia Vida, periodista del Diari Ara.

El alcaldable de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello, ha asegurado este lunes que quiere “explorar” la posibilidad de crear un “frente amplio” de izquierda de cara a las elecciones municipales en Barcelona. Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede del partido tras conocerse los resultados de las elecciones primarias, en las que venció con casi un 70% de los votos a Bob Pop.

Pisarello defiende “buscar todas las formas de cooperación y entendimiento” y ha anunciado que empezará una ronda de contactos con diferentes partidos y movimientos. Sobre este “frente amplio”, Pisarello aseguró que también “aspira a hablar” con el alcalde, Jaume Collboni, con quien los Comuns ya compartieron mandato cuando gobernaba Ada Colau. Pero las relaciones entre ambas formaciones se enrarecieron cuando Collboni decidió abandonar el gobierno meses antes de las elecciones de 2023, las que le convirtieron en alcalde. El vínculo se fue tensando con el paso de los meses hasta llegar al punto de que los Comuns decidieron en un congreso romper toda relación con los socialistas de Barcelona.

Pisarello ha asegurado que quiere contar con Collboni en este pacto, aunque  ha remarcado que “no se pueden dejar de lado” cuestiones que creen que deberían hacerse en la ciudad y el gobierno municipal donde está haciendo porque “exigen valentía y determinación”. Por este motivo, el alcaldable ha apuntado que las “exigencias” con el PSC serán “mayores”.

El de los Comuns ha admitido que los pactos electorales no son “sencillos”, pero defiende que hay que “explorar todas las formas”. Apunta que que está “dispuesto a hacerlo” de forma “discreta” y “no intentando ganar posiciones” para su partido. “Hablaré con todo el mundo”, ha señalado, subrayando que “dentro de los mismos partidos hay posiciones diferenciadas al respecto”.

Aparte de los partidos, el alcaldable de BComú ha afirmado que también hablará con movimientos sociales, vecinales y culturales en las conversaciones para configurar este “frente amplio”. Sobre cómo quedará el grupo municipal en el Ayuntamiento, Pisarello ha dicho que se reunirá “en breve” con el actual, presidido por Gemma Tarafa, para “coordinar la tarea”.

Sobre el acta en el Congreso, donde es diputado y portavoz de los Comuns, Pisarello ha asegurado que no la dejará. “Mi voluntad es aprovechar mi papel como portavoz para fortalecer la posición de Barcelona y de todo el municipalismo transformador”, ha señalado. En cuanto a los presupuestos, después de que ERC haya reiterado su oposición a negociar con el Govern si no se traspasa la recaudación y gestión del IRPF en Catalunya, Pisarello se ha limitado a decir que los Comuns “no participan de la idea de que cuanto peor, mejor”.

Bob Pop, actor, cómico y colaborador en medios, se ha pronunciado por primera vez tras perder las primarias de los Comuns para ser el candidato a la alcaldía de Barcelona. Habiendo recolectado casi un 30% de los votos, sucumbió ante Gerardo Pisarello, quien era la apuesta oficialista del partido y que ya es oficialmente el cabeza de la lista que se presentará en los comicios de 2027.

“Estoy reflexionando mucho sobre lo que ha pasado. Muchas veces se habla en contra de la política institucional, pero yo he aprendido lo bien que funciona porque ha sido capaz de evitar que alguien como yo sea candidato a la alcaldía de Barcelona”. Así ha hablado Bob Pop en su sección semanal en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, el mismo espacio en el que, en octubre, anunció su intención de ser candidato, sin hablar previamente con la formación.

El actor todavía no había hablado sobre la derrota -a excepción de un post en tono de humor en el que pedía que, tras perder las primarias, el actor que le interpretaba en el programa Polònia no fuera despedido- y ha asegurado que “en absoluto” se ha enfadado. “Es que es muy complicado dedicarse a la política si vienes de fuera. Desde el criadero de políticos se van gestando alianzas, gestionando simpatías y clientelismos”, ha añadido.

Por eso mismo, por intentar llegar a la alcaldía “viniendo de fuera del aparato de la política”, considera que era “muy mal candidato”. Pero, “a pesar de eso, he conseguido casi el 30% de los apoyos”, ha remachado.

Bob Pop no ha mencionado directamente a Gerardo Pisarello, pero sí ha dejado un mensaje crítico a la formación: “Es curioso que gente que lleva toda la vida dentro, se postule como gran renovador de las cosas. ¿Desde qué lugar?”, ha dicho en referencia al futuro alcaldable de los Comuns, que lleva en el partido desde sus inicios y quien ya fue primer teniente de alcaldía de Ada Colau en su primer mandato.

“Hoy hay una rueda de prensa en la sede de los Comuns y yo tendría que estar allí, pero lo que pasa es que les dije los lunes trabajo”, ha añadido Bob Pop. “Aunque hubiera ganado las primarias no habría estado en esa rueda de prensa si se hubiera hecho el lunes. Eso es hacer política desde otro lugar. No me extraña que la gente no se sienta identificada con la política”, ha remachado.

Gerardo Pisarello será el candidato de los Comuns a la alcaldía de Barcelona y el encargado de recuperar el legado de la exalcaldesa Ada Colau. Finalmente, el diputado se ha impuesto al actor y colaborador en medios Bob Pop, que contaba con el apoyo de muy pocos cargos y nombres conocidos del partido. Al cierre de las votaciones, Pisarello se ha alzado con un 68,6%% de los apoyos, mientras que Bob Pop ha cosechado el 27%, en un proceso en el que ha participado un 1.525 de los militantes, lo que supone cerca de un 17% de sus bases.

Este era el escenario previsto por la cúpula de los Comuns, que durante las semanas previas a las primarias no mostraban ninguna duda de que Pisarello, el candidato oficialista por el que había apostado públicamente la formación, sería el escogido. La única incógnita era el margen de la victoria.

Con estos resultados, los Comuns ven avalada su apuesta por Pisarello, que se ha presentado como el heredero lógico y esperable de Colau. Presente desde los inicios de la formación, fue su teniente de alcaldía durante el primer mandato del partido al frente del Ayuntamiento. Desde entonces, ha sido diputado en el Congreso, cargo que dejará en 2027. Su candidatura a las primarias ha tenido ese aire nostálgico de quien recuerda los orígenes de un partido que dio la sorpresa hace más de una década y que llegó de un salto al salón de mando de Barcelona.

Con esas evocaciones, Pisarello ha querido recuperar al votante desencantado y remontar unas estimaciones que vaticinan que, en los próximos comicios, los Comuns podrían obtener un 42% menos de apoyos que en 2023, cuando perdieron la alcaldía a manos del socialista Jaume Collboni.

El nombre del diputado, que llevaba tiempo sonando con fuerza, es una intención clara de recuperar el espíritu fundacional de 2015. Es de máxima confianza de Colau, de quien fue número dos en su primera legislatura en el Ayuntamiento. Él estuvo detrás del nacimiento de los Comuns y fue una de las caras más visibles de aquel nuevo partido que vino a dar la sorpresa.

En 2019 se presentó como candidato a las elecciones generales y, desde entonces, su arena política ha sido Madrid. Ha estado por lo tanto alejado –al menos mediáticamente– de la formación en Barcelona y no se le relaciona con los últimos años de mandato con la derrota electoral ni con los meses en la oposición. Pisarello quería recordar a los suyos que los Comuns ya gobernaron y que salvaron la alcaldía durante dos legislaturas. En cambio, Bob Pop remitía a las plazas y a las asambleas en las que nació el partido.

Pisarello concurrirá a las elecciones de 2027 haciendo tándem con Carol Recio, actual concejala en el Ayuntamiento y que fue número 9 en las últimas elecciones. Este es, por ahora, el único nombre que se conoce del equipo del todavía diputado.

¿Qué pasará con Bob Pop?

La principal duda que queda ahora es qué pasará con Bob Pop. Antes de que se convocaran las primarias, el equipo de Pisarello envió a pesos pesados del partido a intentar convencer al actor de que renunciara a su idea a cambio de integrarse en la lista del argentino. Pero él rechazó la oferta afeando que esas conversaciones se dieran “de manera extraoficial”. “Yo es que quiero ser alcalde”, dijo en conversaciones con elDiario.es.

Pocos días antes de las primarias, ninguno de los dos bandos cerraba la puerta públicamente a que Bob Pop pudiera integrarse en el equipo de Pisarello si este resultaba vencedor. Pero fuentes de la cúpula del partido reconocen que la figura del actor es “compleja” y apuntan a que, si bien antes de la campaña para las primarias había quien estaba de acuerdo con ver su nombre en la lista, ahora hay muchas voces contrarias a integrarle.

Porque hay muchos nombres de los Comuns que todavía afean a Bob Pop que anunciara su candidatura en directo en la sección que tiene en la Cadena Ser. Sin hablar antes con el partido, tampoco con Ada Colau, a quien el actor reconoce como un referente e inspiración que le ha animado a dar el paso. Es más, cuando anunció sus intenciones, la exalcaldesa hacía pocas horas que había aterrizado en el Aeropuerto de El Prat tras haber estado detenida por el Ejército de Israel debido a su participación en la Flotilla.

Lo que Bob Pop definió como una muestra de espontaneidad que apoyaba la idea que hizo crecer a los Comuns en su día –que “cualquiera puede ser alcalde”–, para el partido fue un giro inesperado y, hasta cierto punto, inconveniente. Y nunca se molestaron en ocultarlo: toda la cúpula, desde la líder municipal Gemma Tarafa hasta la exalcaldesa Colau mostraron públicamente su apoyo a Pisarello, lo que llevó al actor a afearles la falta de “neutralidad”.

Celebradas las primarias y sorteada la sorpresa imprevista de Bob Pop, los Comuns han vuelto al camino que tenían pensado. Al de recurrir, una vez más, a un nombre de aquel 2015. Así, Pisarello volverá al consistorio en un momento de vacas flacas para la formación. Pero todavía es pronto para hacer previsiones: no sólo porque falte algo más de un año para los comicios, sino porque todavía no está claro el nombre de todos sus contrincantes, siendo el nombre de Junts la mayor de las incógnitas.

Por el momento, han oficializado a sus cabezas de lista el PSC, con Jaume Collboni al frente; y ERC, que confiará en Elisenda Alamany para sustituir a Ernest Maragall. La líder republicana –no está de más recordarlo– fue diputada en el Parlament por los Comuns durante los inicios de la formación, antes de fichar por ERC. Por parte del PP, repetirá Daniel Sirera y al frente de Vox volverá a estar Gonzalo de Oro Pulido.