¿Qué edificios enteros se venden en Barcelona y por cuánto? Las grandes operaciones inmobiliarias, calle a calle

La crisis de la vivienda en ciudades como Barcelona ha obligado a supervisar con lupa, año tras año, la subida del precio de los alquileres —ahora frenada por la regulación—, y de la compraventa de pisos. Pero hay una cara oculta del mismo mercado inmobiliario, el de la compra de edificios residenciales enteros, que mueve cientos de millones de euros al año y que impacta también en la vida de los barceloneses. 

Desde 2019, el Ayuntamiento de Barcelona ha registrado hasta 1.290 operaciones de compraventa de fincas con viviendas. Los traspasos se concentran sobre todo en el Eixample y Ciutat Vella, y la mitad de ellos afectan a inmuebles que contaban con inquilinos a la hora de comunicar el cambio de manos. 

La radiografía, calle a calle, de la compraventa de fincas en la capital catalana, desvelada por elDiario.es tras una petición de Transparencia que se ha alargado casi un año, procede de las notificaciones que recibe el Ayuntamiento de Barcelona cada vez que se acuerda una operación de este tipo entre privados en la ciudad. Los protagonistas del negocio suelen ser empresas que van desde fondos de inversión a inmobiliarias o sociedades patrimoniales. 

Antes de traspasar cualquier edificio residencial en Barcelona, el vendedor debe comunicarlo al consistorio que, por normativa, desde 2018, tiene preferencia en la adquisición del inmueble por el mismo precio. Es lo que se conoce como derecho de tanteo y retracto, regulado para todas estas operaciones en la capital catalana al final del primer mandato de Ada Colau.  

Esta fórmula permite al Ayuntamiento comprar por la vía rápida edificios para destinarlos a vivienda pública —lo ha hecho en 31 ocasiones desde 2019—, pero también tomar el pulso de la inversión residencial en una codiciada urbe como Barcelona. Un mercado del que poco conocen los barceloneses, salvo cuando llega a sus oídos por las protestas de aquellos inquilinos que ven cómo su nuevo casero les quiere echar. 

La lucha contra los colivings, encabezada por el profesor Txema Escorsa del Sindicato de Inquilinas, tiene su origen en la compra de su edificio en la calle Sant Agustí, en Gràcia. Según los datos obtenidos por este diario, el fondo NAD adquirió la finca —con 11 viviendas, seis de ellas todavía ocupadas— por 3,11 millones de euros. La casa de Rosario en el Eixample, convertida posteriormente en una “residencia de estudiantes encubierta”, fue comprada por Vandor a Renta Corporación por 4,55 millones.

Menos operaciones, la mayoría en el centro

Entre todas las comunicaciones de compraventas recibidas por el Ayuntamiento, la cifra inversora ascendería en siete años a 3.798 millones de euros, con un alcance de 9.870 viviendas (el 52% de ellas, con uno o más inquilinos).

Sin embargo, ese volumen total podría ser inferior. Fuentes municipales precisan que de todas las notificaciones que reciben, que corresponden a acuerdos de traspaso, algunas puede que no se lleguen a consumar al echarse atrás el inversor^*. 

Desde 2019, la cifra de traspasos notificados ha oscilado entre los 148 del año 2020, en pandemia, y el récord de 217 en 2024. Lo más destacado es el descenso registrado en 2025, una caída de un 31% en un solo año. 

El Gobierno municipal atribuye esta reducción a que las políticas de vivienda de los últimos años hacen cada vez menos rentable la gran inversión residencial en la ciudad, que vinculan con la especulación inmobiliaria. Los límites del precio del alquiler o la regulación de los arrendamientos de temporada “desincentivan” estas operaciones, afirman.

Por contra, resulta llamativo también cómo el volumen se ha mantenido estable hasta hace poco a pesar de la aprobación en 2018 de otra polémica medida, que el sector aseguró que paralizaría las inversiones: la obligación de destinar el 30% de pisos a vivienda social en nuevas promociones pero también en las grandes rehabilitaciones de fincas enteras. 

La mayor porción del pastel inmobiliario está, como era de esperar, en los dos distritos más céntricos de Barcelona: Eixample y Ciutat Vella, con 392 ventas tramitadas, se llevan un tercio de las operaciones. Esto no se debe solo a que algunos de sus barrios están entre los más caros de la ciudad, o a que el Eixample por ejemplo es el que tiene más población, sino también a que concentran más inmuebles de propiedad vertical —es decir, que no se han llegado a separar y vender por viviendas—. 

Por barrios, los que salen destacados en la foto son Gràcia (91) y el Raval (88), núcleos —sobre todo este último— en el que han trascendido en los últimos años numerosos ejemplos de expulsión de vecinos y especulación. El 8% de todas las viviendas de la ciudad que se traspasan —o así se comunica al consistorio— por esta vía pertenecen a este barrio de renta baja. 

Algunas zonas resaltan también por el porcentaje de pisos con inquilinos que pasan de manos. Descartados los que tienen poco mercado (menos de diez ventas en siete años), aparecen por encima del 70% de ocupación Poble-sec, Horta, Sant Antoni o El Putxet.

De las ventas más caras a las más polémicas

La operación más cara de la última década en Barcelona no aparece en los registros, porque se produjo este 2026: la inmobiliaria de CaixaBank compró el enorme Edificio Estel, alquilado por AstraZeneca, por 385 millones. Lo que sí sale es cómo el viejo y destartalado inmueble de Telefónica fue adquirido por 120 millones por las inversoras Freo y Brain Capital, que posteriormente se lo vendieron a la entidad financiera. 

Las cifras más abultadas corresponden a edificios patrimoniales, donde hay más oficinas y comercios que vivienda, como el récord de 169 millones por el antiguo Corte Inglés de Portal del Àngel, conocida por ser la calle más cara de España. Ahí están en el top 10 el Palau Marcet (Passeig de Gràcia, 13; 68,3 millones), comprado por el fondo Stoneweg para albergar el Museo Thyssen; y la Casa Heribert Pons (Rambla de Catalunya, 19-21; 36,8 millones), adquirido por Núñez i Navarro y alquilado a la Conselleria de Economía de la Generalitat. 

Las ventas más costosas conocidas por el Ayuntamiento también incluyen complejos residenciales de alto standing, para estrenar y con decenas o cientos de pisos. Dos de ellos están en la zona de crecimiento urbanístico de Zona Franca. El tercero más caro, el de Rambla Guipúzcoa (98 millones), comunicó oficialmente tener diez viviendas, pero en realidad se trata un conjunto de inmuebles de varias plantas de altura. 

En este sentido, el número de viviendas y su ocupación incide de forma decisiva en el precio. La transacción comunicada con más pisos en liza fue Avinguda Diagonal 61-79, con 181 hogares, todos ellos por entrar a vivir.

El detalle de estas grandes ventas, que incluye precios y direcciones, deja, sin embargo, un hueco por rellenar. Al menos, en cuanto a los datos que recoge el Ayuntamiento: se trata de sus protagonistas. Con la ordenanza de tanteo y retracto, el consistorio ha anotado desde 2019 el nombre de cada empresa vendedora, pero no el de la compradora. 

Fuentes municipales argumentan que la normativa municipal no les obliga a registrarlo, aunque en 2024 y sobre todo 2025 empezaron a hacerlo (no sistemáticamente). Esos primeros datos permiten constatar algunas empresas con más de una adquisición ese último año: las que más, tres, fueron Calagran SAU y Second House SL. 

Lejos del mercado más lujoso, firmas como la propia Second House SL figuran por sus adquisiciones en el punto de mira de los movimientos de defensa de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas de Catalunya denunció la compra “especulativa” de tres edificios por parte de esta firma, a la que acusó de practicar el método flipping, que consiste en comprar una finca, expulsar a los residentes y vender los pisos por separado para sacar beneficio. 

El inmueble de la calle Cortines, 10, les costó 1,5 millones. El de Tapioles, 15, 2,28 millones. Y el de Salou, 7, lo compraron por 900.000 euros. En este último, con siete viviendas, la nueva propiedad puso a la venta un solo piso sin reformar por 295.000 euros, según los vecinos. Tras dos años de lucha, los inquilinos lograron renovar el contrato de alquiler. 

Pero si se trata de conflictos vecinales, ninguno como Casa Orsola, símbolo contra la gentrificación en el Eixample. También fue ofrecido al Ayuntamiento para comprarlo en su día, cuando Lioness Investments se lo quedó por 6 millones en 2021. Tres años después, apremiado por las protestas, el consistorio lo acabó adquiriendo por la vía directa por 9 millones. 

31 compras municipales en siete años

En medio de la jungla inversora, el Ayuntamiento barcelonés ha optado por intervenir en 31 de los cientos de ventas que le han comunicado. Esto es, ha ejercido la compra preferente en el 2,4% de los ofrecimientos por un montante total de 108,2 millones de euros. 

Tras poner en marcha Colau la normativa, en 2018, los primeros años apenas se utilizó. Tras la pandemia, 2021 y 2022 fueron los ejercicios de mayor actividad de tanteo. El consistorio compró catorce y siete edificios, respectivamente, el 7% y el 4% del total de operaciones planteadas en la ciudad esos ejercicios. 

Los Comuns siempre defendieron el tanteo y retracto como una de las herramientas para complementar el crecimiento del parque de vivienda pública, cuyo aumento se apuesta sobre todo a la nueva construcción. Tras la llegada de Jaume Collboni al Gobierno municipal, este tipo de compras preferentes cayeron a ocho en tres años.

Desde el Gobierno municipal, que se fijan llegar al 15% de vivienda asequible en la ciudad en 20 años (como la Generalitat para toda Catalunya), aseguran que siguen siendo partidarios del tanteo y retracto en algunos casos. Pero de entrada atribuyen las cifras más elevadas de 2021 y 2022 a que los ayuntamientos contaron esos años con la suspensión de las reglas fiscales debido a la pandemia y Barcelona pudo destinar más superávit a comprar vivienda. 

Los responsables de vivienda del Gobierno socialista aseguran que se plantean aplicar las compras preferentes solo cuando son a precio de mercado —o por debajo— y si las viviendas están vacías, para poder dar salida a las solicitudes de la bolsa de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Con todo, también aseguran que valoran adquirir las fincas que potenciales víctimas de especulación (cuando ven que están ocupadas y estiman una rentabilidad que apunta a la expulsión de los vecinos). 

Esto último ya ha ocurrido. Colau compró varias, entre ellas, por ejemplo, el edificio de la calle Hospital 99, propiedad de Blackstone, en el que vivían familias vulnerables. Costó 2,1 millones. De Collboni, una de las compras más llamativas ha sido la de Diputació, 345, que ha pasado de tener pisos turísticos a vivienda pública joven. 

A la foto del tanteo y retracto hay que añadirle, finalmente, la que ha empezado a ejercer la Generalitat, que también afecta a Barcelona. Sin ir más lejos, los pisos adquiridos al fondo buitre Divarian, que en la capital catalana son 487 (la mayoría con familias vulnerables como inquilinas). O las que corresponden también a la ciudad de los 2.000 hogares comprados por la Administración catalana a InmoCaixa. 

* En algunos casos, aparecen en dos fechas distintas comunicaciones de compraventa que corresponden a la misma finca y al mismo vendedor. Fuentes municipales apuntan a que se trataría de operaciones que no se llegaron a formalizar finalmente pese al acuerdo de traspaso entre las partes