Ya hay nueva línea de ayudas públicas destinadas a la rehabilitación energética y mejora de edificios y viviendas de Castilla-La Mancha finalizados antes de 2006. La convocatoria la ha publicado la Consejería de Fomento en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y está cofinanciada al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2021-2027). En total, se destinarán 50 millones de euros. Pueden solicitarse hasta el próximo 30 de noviembre.

La finalidad principal de estas subvenciones es reducir el consumo de energía primaria no renovable en el parque edificatorio y fomentar el uso de energías renovables como la solar, biomasa, geotermia y aerotermia.

Las actuaciones se organizan en tres líneas principales. La primera de ellas está dirigida a edificios de uso residencial colectivo y exige lograr una reducción de al menos un 40% en el consumo de energía primaria no renovable.

En segundo lugar, otro bloque está destinado también a edificios residenciales, pero en lo referido a instalaciones térmicas por biomasa (requiere reducir al menos un 30% la energía primaria no renovable y un 45% las emisiones de CO2 en actuaciones integradas), así como sistemas fotovoltaicos, térmicos o híbridos con un máximo subvencionable de tres kilovatios (kW) por vivienda.

La tercera línea de ayudas se destina a viviendas unifamiliares. Exige una reducción mínima del 60% en el consumo de energía primaria no renovable.

Beneficiarios y novedades

Pueden beneficiarse de estas subvenciones personas físicas o jurídicas propietarias de viviendas unifamiliares o edificios colectivos, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y cooperativas.

Una de las novedades de esta convocatoria es que las personas propietarias en situación de vulnerabilidad económica pueden percibir una ayuda complementaria de hasta el 100% del coste de la actuación que les sea imputable. El umbral de vulnerabilidad se determina según los ingresos de la unidad de convivencia respecto al IPREM.

También destaca el hecho de que en municipios de zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación la cuantía máxima y el porcentaje de ayuda aumentan un 20%.

A esto se añade que se reducen los requisitos de potencia fotovoltaica exigidos para acceder a las ayudas de la sublínea de energía solar, la obligación de presentar el Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación junto con la solicitud y la exigencia de que las viviendas constituyan domicilio habitual y permanente para poder acceder a las ayudas. 

La convocatoria establece tres condiciones fundamentales para poder acceder a las ayudas, que son que los edificios tienen que estar construidos antes de 2006, que los trabajos no podrán haberse iniciado antes de la presentación de la solicitud y que la inversión mínima tiene que ser de 200.000 euros.

Estas ayudas recibieron luz verde del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha la semana pasada. Entonces, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, recordó que se trata de la segunda convocatoria en materia de rehabilitación con fondos FEDER y que el objetivo es poder rehabilitar más de 2.000 viviendas.

El pasado viernes 2 de octubre, la localidad albaceteña de Madrigueras vivió la peor inundación que se recuerda, al menos desde la década de 1950. Una tragedia que se cobró la vida de Laura, una mujer centenaria, pero que también dejó en sus habitantes una sensación de miedo y angustia, después de recordar episodios anteriores como la dana de octubre de 2024 que asoló la localidad albaceteña de Letur. En el caso de Madrigueras, cayeron hasta 142 litros por metro cuadrado en solo dos horas y media. Ahora, una semana después, poco a poco están recuperando la normalidad.

Por su parte, Juan Antonio, en sus 54 años de vida no recuerda “ninguna inundación así” en Madrigueras, “nada parecido. Por mi calle el agua pasa, pero nunca más del bordillo y ahora ha sido casi por las ventanas”.

Este vecino que trabaja en un taller que no ha sido afectado por la riada, nos cuenta que la gente en el pueblo está “muy nerviosa”. Nos explica que por el momento están peritando “los más de 200 vehículos que se encuentran en las calles”, pero que ya hay vecinos y vecinas que se han acercado al taller para comunicarles que quieren realizar alguna reparación.

En su caso, califica el suceso de “un desastre” y nos cuenta que su casa se ha visto afectada por las inundaciones: “Fíjate que hemos tenido que tirar enseres como el frigorífico y otras cosas que tenía en el garaje. Hemos tenido que limpiar todo, levantando los sofás. Por suerte no me ha afectado tanto porque vivo a una altura de tres escalones, pero el garaje ha quedado destrozado. El coche se lo llevó el agua. Un desastre”, relata. Apunta también que “ha habido muchos voluntarios limpiando en todos sitios”.

El agua superó los 90 centímetros en algunos locales comerciales

Hablamos con el Ayuntamiento y desde atención al ciudadano ya se nota ese nerviosismo, cuando nos señala que “hay mucha cola de personas” para recibir información acerca de las ayudas. Igual ocurre cuando llamamos a diferentes establecimientos, donde o bien no obtenemos respuesta más allá del contestador, o por otro lado nos comunican que no pueden atendernos ya que están limpiando o realizando inventario como es el caso de varias tiendas de ropa. En el caso de algunas peluquerías o panaderías, no pueden respondernos, pero porque están trabajando activamente.

Juan Pablo trabaja y regenta con su familia una fábrica textil en el pueblo. Aunque en este caso su empresa no se encuentra en el casco histórico, explica que sí que han tenido ligeras afecciones. “Nos ha entrado más agua otras veces que ha llovido menos, es supercurioso”, añade. Aunque trabaja en Madrigueras, él vive en Albacete la casa familiar “está en una de las calles que peores paradas ha salido” tras la inundación. “Ha entrado un poco de barro, pero hemos tenido mucha suerte porque otras casas ha sido un desastre. O también una tienda de informática que está en frente que es amigo mío, que el agua le rompió los dos escaparates. Tiene mucho lío ahora inventariando todo”.

También hablamos con Jesús, que se encontró los dos escaparates de su negocio de informática rotos después de que impactase un vehículo arrastrado por la corriente, según le transmitieron sus vecinos, y “el local tenía mismo nivel agua que la calle, era algo imparable”. Avanza que con los 90 centímetros de agua que existían dentro del local “todo lo que estaba a esa altura en la tienda y en el almacén ha quedado inservible porque son aparatos electrónicos”.

Aunque desde el Ayuntamiento han habilitado un número de teléfono para recibir información de cara a las ayudas para las personas afectadas, Jesús resalta que tras varias veces intentar ponerse en contacto no ha recibido respuesta: “Esperaré unos días, para ver si así libera todo un poco y hay más tranquilidad”.

Dos puntos para evaluar los daños

El delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz, señala que esos 142 litros por metro cuadrado en poco más de dos horas estuvieron “muy concentrados en el casco urbano”, pero que una semana más tarde “mucho de lo que se produjo se ha corregido y otra parte se está evaluando”. En este caso estas evaluaciones se están llevando para los domicilios afectados por las inundaciones: “Hemos desplazado allí una oficina para hablar con los propietarios y poder evaluar el número de afectados, así como la afección”, apunta.

Junto con la trabajadora social de Madrigueras, el Gobierno regional también ha dispuesto otro punto para atender las situaciones de casos de vulnerabilidad, donde a través de la inundación haya personas que les haya podido provocar “una situación de indefensión porque no puedan volver a su domicilio si era alquilado o situaciones que ya estaban en el ámbito de los servicios sociales como familias vulnerables”.

Ruiz también ha elogiado el trabajo del Ayuntamiento de Madrigueras para poder corregir lo que ha sucedido en el municipio.

Por otro lado, ha querido poner en valor que el pasado lunes 5 de octubre se recuperaron los servicios educativos, así como este viernes se ha podido utilizar y pasar consulta en el centro de salud de la localidad a partir de las ocho de la mañana. “La escuela infantil está algo más afectada, pero hemos trasladado a los más pequeños a aulas vacías del colegio. Geacam trabajó para limpiar y adecuar los accesos y no se ha perdido ni una hora lectiva”, expone.

Asegura que “poco a poco se está volviendo a la normalidad”, a pesar de que todavía existen en la zona más afectada, cientos de vehículos que entrarán “en proceso de compensación de seguros”, donde varias empresas están retirando el lodo y el barro.

De igual manera, señala que el municipio albaceteño cuenta con los servicios de suministro energético, “aunque hubo una pequeña zona que la misma noche del suceso se quedó sin luz, pero se recuperó”. Hasta el momento no han detectado daños estructurales en domicilios, aunque sí que se ha tenido que intervenir en viviendas que ya estaban abandonadas en el pueblo, “donde se han producido hundimientos de algunas paredes de esas casas. Son casas muy antiguas que ya estaban muy mal, donde se han producido hundimientos o la evaluación de técnicos también ha intervenido para derribarlas”.

Nuevamente, Pedro Antonio Ruiz ha querido lamentar el “triste fallecimiento de Laura, de 102 años, una persona muy mayor que se encontraba sola en su domicilio” en el momento en el que se produjo la catástrofe.

Con respecto a las diferentes ayudas, el Gobierno de Castilla-La Mancha solicitó al Gobierno de España declarar Madrigueras como zona catastrófica, sin embargo todavía es pronto para saber el número de afectados. “Recordemos que por desgracia hace casi dos años tuvimos un ejemplo parecido en Letur y al final todo el mundo recibió una compensación económica lógica”, ha matizado el delegado.

En pleno clamor social contra los desahucios y con una huelga general convocada para el 11 de noviembre por el derecho a la vivienda y la mejora de los salarios, el Gobierno de Castilla-La Mancha tan solo ha recibido una petición municipal para declarar zona tensionada de vivienda: la del Ayuntamiento de Cuenca. Es la única de las cinco capitales provinciales que está gobernada por el PSOE. En el resto gobiernan las derechas de PP y Vox.

Que los ayuntamientos hagan una solicitud formal y documentada para declarar zonas tensionadas es la posibilidad que recoge la Ley estatal de Vivienda para limitar los precios del alquiler, pero son los gobiernos locales los que deben pedirlo a la comunidad autónoma, la administración con la competencia exclusiva para aprobar y publicar oficialmente dicha declaración.

Fuentes de la Consejería de Fomento consultadas por este periódico han confirmado que hasta ahora, tan solo el Ayuntamiento de Cuenca ha enviado esta petición, aunque este departamento ha enviado un requerimiento al Gobierno local para que “complete el expediente”.

El consejero del ramo, Nacho Hernando, ha puesto en valor este procedimiento, recordando que además de los informes técnicos necesarios, debe realizarse un periodo de información pública y un proceso de participación ciudadana. Declarar una zona tensionada es “algo que va a pasar en su barrio, en su localidad” y por ello debe tener todas las garantías.

Cuenca en Marcha había exigido explicaciones

Se da la circunstancia de que esta misma semana, el Grupo Municipal Cuenca en Marcha (CeM) había exigido al equipo de Gobierno municipal que aclarara si ha solicitado formalmente al Gobierno regional como zona de mercado residencial tensionado. Y si lo ha hecho, pide que mostrara el documento y su registro de entrada.

Recordaba así que el Ayuntamiento cuenta desde abril con un informe técnico de apoyo a la declaración. El informe concluye que existe “un riesgo especial de insuficiencia de oferta de vivienda asequible para la población residente y analiza los criterios exigidos para solicitarla”. Por ello, la formación quiere saber si el equipo de Gobierno ha remitido el expediente a la Junta, cuándo lo ha hecho, a qué órgano se ha dirigido y qué respuesta ha obtenido.

Lo que no puede ocurrir es que Ayuntamiento y Junta se pasen la pelota mientras los alquileres siguen subiendo

Ha recordado que la polémica no es nueva. En mayo de 2024 Hernando ya afirmó que ningún municipio castellanomanchego había pedido ser declarado zona tensionada. CeM respondió entonces registrando ante la Consejería de Fomento el acuerdo plenario aprobado en Cuenca para reclamarlo, y denunció la contradicción entre las palabras del consejero y la información del propio Ayuntamiento.

“Lo que no puede ocurrir es que Ayuntamiento y Junta se pasen la pelota mientras los alquileres siguen subiendo y cada vez más personas tienen dificultades para acceder a una vivienda”, ha añadido la portavoz. García pide al Consistorio que, si no ha presentado la solicitud, explique por qué no lo ha hecho cuando tiene un informe que la respalda.

Al hilo de todo ello, el Ayuntamiento de Cuenca ha informado hoy de que el estudio para la declaración de la ciudad como zona tensionada de vivienda fue enviado a la Consejería de Fomento el 12 de junio, tal y como, según afirma, consta en el justificante registrado de salida.

Participaciones societarias valoradas en más de 2,8 millones de euros, grandes cantidades destinadas a fondos de inversión, inversiones fallidas, criptomonedas y saldos bancarios superiores a los dos millones de euros. Son algunos de los datos que desvelan las declaraciones de actividades, bienes y rentas de más de 352 cargos públicos y asimilados y del personal eventual de Castilla-La Mancha, y sus respectivos cónyuges.

El listado, publicado por la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, incluye a miembros del Gobierno regional, directivos de organismos públicos, responsables sanitarios y personal eventual que han presentado sus declaraciones por nombramiento, cese o en cumplimiento de la obligación anual establecida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Abarca toda la estructura administrativa regional, pero reúne perfiles de distintos niveles de responsabilidad institucional: directores generales, delegados provinciales, responsables de organismos autónomos y asesores de los gabinetes.

En el bloque de altos cargos aparecen la Presidencia y las Vicepresidencias del Gobierno regional, los titulares de las consejerías y responsables de viceconsejerías, secretarías generales y direcciones generales. El documento incluye además a directivos del SESCAM, responsables de gerencias hospitalarias, representantes de medios públicos y dirigentes de empresas y fundaciones vinculadas a la Administración autonómica.

A ellos se suma el personal eventual, integrado por directores de gabinete y asesores destinados a funciones de comunicación, prensa, innovación y otros ámbitos de apoyo institucional.

Las cifras patrimoniales y salariales ofrecen una visión de los bienes, las inversiones y los ingresos declarados por los responsables públicos, aunque su interpretación requiere distinguir entre patrimonio societario, activos financieros, saldos bancarios e ingresos del trabajo.

Datos patrimoniales más destacados

Con todo ello, no es en los altos cargos donde se aprecia un mayor patrimonio. Uno de los datos más destacados, por ejemplo, corresponde a María Belén López Donaire, directora de los Servicios Jurídicos y presidenta de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN). Su declaración incluye una participación del 38,41 % en la sociedad Torre de Abraham, S. L., con un valor declarado de 2,8 millones de euros. En la misma declaración, figura también el cobro de 192.050 euros en concepto de dividendos y participación en beneficios procedentes de esta misma entidad

La participación societaria constituye la cifra de mayor volumen entre los activos destacados en el resumen de las declaraciones. No obstante, su valoración no debe confundirse con dinero disponible en efectivo ni con el valor total de la sociedad, ya que corresponde a la participación declarada.

Otro de los patrimonios que sobresalen es el de Francisco Javier de Irizar Ortega, consejero y presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, cuya declaración recoge participaciones societarias de su cónyuge en IROR Inversiones, S. L., valoradas en 3,7 millones de euros. Asimismo, en la propia declaración del titular consta que él posee un 38% de participación en dicha sociedad y ejerce como su administrador único.

Por su parte, Alberto Jara Sánchez, director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), declara un saldo medio conjunto de cuentas bancarias, depósitos y otros activos por importe de 2,7 millones de euros, según los datos aportados.

Fondos de inversión, Letras del Tesoro y criptomonedas

El documento también recoge otros activos financieros de cuantía relevante y productos de inversión de distinta naturaleza. Entre ellos figura Carmen Encinas Barrios, directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad, que declara 406.272 euros en un fondo de inversión de Diaphanum (entidad de asesoramiento financiero y gestión patrimonial) y 91.200 euros en un plan de pensiones.

Las declaraciones incluyen asimismo inversiones en activos digitales y metales preciosos. Por ejemplo, Víctor Moreno Fernández, asesor de Comunicación Social como personal eventual, refleja posiciones en la criptomoneda Bitcoin por un importe indicado de 2.114 euros y en oro físico por valor de 1.710 euros a través de Trade Republic (banco alemán y plataforma digital de ahorro). Por su parte, Sara Elisa Fernández Calcerrada, también asesora como personal eventual de la Junta, declara igualmente saldo en Bitcoin.

Otro dato singular es el de Francisco Damián Montoro Carrión, consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Su declaración recoge más de un millón de acciones de clase A en la empresa Abengoa, actualmente valoradas en cero euros. Este tipo de acciones fueron suspendidas de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 14 de julio de 2020 y posteriormente excluidas de forma definitiva de las bolsas el 26 de septiembre de 2022 tras entrar en fase de liquidación.

Cabe señalar, no obstante, que la inclusión de estas acciones muestra que una declaración patrimonial puede reflejar participaciones cuyo valor declarado sea nulo, sin que ello implique necesariamente que nunca hayan tenido valor económico.

Entre las declaraciones de bienes e inversiones publicadas para los altos cargos y directivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el mayor patrimonio, después del de la mencionada cónyuge del presidente del Consejo Consultivo; el de María Belén López Donaire y el de Alberto Jara, es el de Damián Aranda, director gerente de Atención Integrada de Valdepeñas (perteneciente al SESCAM) con 370.000 euros en un producto financiero estructurado y depósitos bancarios.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida como “zona catastrófica”, para los municipios que han sufrido las lluvias torrenciales de los últimos días.

Entre ellos, se encuentran Quintanar de la Orden, Miguelturra, Manzanares, Illescas y Tomelloso, si bien la situación es especialmente complicada en Madrigueras, situado en la Mancha Albaceteña. El objetivo es movilizar fondos estatales que contribuyan a reparar los daños, especialmente en viviendas y negocios.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha informado de esta decisión y de la desactivación, esta misma mañana, del plan METEOCAM, que permanecía activo desde el pasado 1 de octubre.

La consejera ha comenzado su comparecencia con un recuerdo a Laura, la mujer de 100 años que falleció en su vivienda a causa de las inundaciones en Madrigueras. La portavoz ha trasladado el cariño del Gobierno regional a su familia y a sus seres queridos, así como a los vecinos y vecinas que todavía trabajan para limpiar sus casas y recuperar su vida cotidiana.

Dicho esto, ha aclarado que la solicitud aprobada por el Consejo de Gobierno se extiende a todos los municipios afectados y da continuidad al anuncio que realizó el presidente Emiliano García-Page durante su visita a la localidad albaceteña este fin de semana.

“La reconstrucción no termina cuando se retira el agua”, ha señalado Padilla, quien ha incidido en que quedan desperfectos por reparar y trámites por resolver. Por ello, ha subrayado que las administraciones deben seguir acompañando a las personas afectadas y ayudarles a resolver los trámites necesarios para reparar los daños y recuperar su vida cotidiana.

La vuelta a las aulas y la atención sanitaria

Mientras continúan los trabajos de limpieza y recuperación en Madrigueras, la escuela infantil y los centros de Educación Infantil y Primaria han podido retomar su actividad, tal y como ha indicado la portavoz. Una reapertura que ha sido posible tras las labores de limpieza de las instalaciones y de acondicionamiento de los accesos realizadas durante el fin de semana.

La asistencia sanitaria se ha mantenido desde el primer momento y sigue prestándose en unas dependencias cedidas por Cruz Roja, cuya colaboración ha agradecido la portavoz. Padilla ha destacado así la importancia para las familias de poder llevar de nuevo a sus hijos e hijas a clase y seguir contando con atención sanitaria mientras se reparan los daños en el municipio.

También ha agradecido el trabajo de los bomberos, Protección Civil, la Guardia Civil y el conjunto de los servicios públicos, junto con la solidaridad de los vecinos y vecinas que han ayudado durante estos días. “La ciudadanía necesita que todas las administraciones trabajemos de la mano”, ha afirmado. En este sentido, ha destacado la colaboración entre el Gobierno de Castilla-La Mancha, los ayuntamientos, la Diputación de Albacete y el Gobierno de España, tanto para atender la emergencia como para continuar con la recuperación.

Desde su activación el 1 de octubre, el nivel y el ámbito territorial del METEOCAM se han adaptado a la evolución de las lluvias y a los avisos de AEMET. Durante este episodio también se han enviado dos alertas a la población a través del sistema ES-Alert.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado a las Cortes regionales aplazar la celebración del Debate del Estado de la Región, previsto para los próximos días 14 y 15 de octubre, por la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuentes parlamentarias y del Ejecutivo autonómico han confirmado posteriormente a este medio que efectivamente esa petición ya es formal y que el debate se aplazará.

Concretamente, la petición que el Gobierno regional ha realizado al Parlamento se debatirá en la Mesa que se reúne este jueves, día 8 de octubre, donde el PSOE tiene mayoría, por lo que, aunque los grupos de la oposición (PP y Vox) no estén de acuerdo, se aprobará.

El aplazamiento lo ha avanzado la consejera portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, quien ha concretado que la solicitud se realizó este martes, y que la fecha propuesta para su aplazamiento son los días 10 y 11 de diciembre, una vez trasncurrido el proceso electoral.

El Debate es lo suficientemente importante como para que se centre en Castilla-La Mancha

“Consideramos que el Debate sobre el Estado de la Región es lo suficientemente importante como para que se centre en Castilla-La Mancha, en los próximos proyectos que se afrontarán en nuestra región y que se haga, además, con el tiempo y la atención que requiere, al igual que la rendición de cuentas que hace el Gobierno, y de manera muy particular, el presidente de Castilla-La Mancha ante las Cortes regionales”, ha alegado la portavoz.

Fue el presidente regional, Emiliano García-Page, el que anunció la pasada semana que el Debate del Estado de la Región se celebraría los próximo días 14 y 15 de octubre, avanzando que sería el que tendría más iniciativas y propuestas “de los últimos 40 años”.

Precisamente, el presidente castellanomanchego ha avanzado hoy que sanidad y educación pública, agua y más cota de igualdad y cohesión son los retos de Castilla-La Mancha para la próxima legislatura “esté quien esté”. “Yo quiero aprovechar estos tiempos de pre y campaña electoral fundamentalmente para dedicarme a dejarle claro a todos los que concursen en el circuito electoral cuáles son los grandes retos de esta tierra, es decir, qué es lo que el presidente de esta tierra espera para la siguiente etapa. Esté quien esté”, ha señalado.

De este modo, García-Page ha citado el agua, la sanidad y la educación pública, los valores ambientales y “sobre todo” más cotas de igualdad y de cohesión en un país “como el que tenemos”, como ejemplo de los retos de Castilla-La Mancha para la próxima legislatura.

La historia del trasvase Tajo-Segura no encuentra su fin tras décadas de polémica y confrontaciones entre Castilla-La Mancha, como región con la cuenca cedente, y la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía, como las receptoras. Y no parece que la vaya a tener tampoco en la presente legislatura. Este es el escenario que se vislumbra tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, que hará prácticamente imposible que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) dé luz verde a una de sus asignaturas pendientes: las nuevas reglas de explotación de este acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que avaló los caudales ecológicos del río Tajo en su nueva planificación hidrológica.

Se trata de una petición que el Ejecutivo de Emiliano García-Page no ha dejado de exigir desde que la sentencia se hizo firme, hasta el punto de que demandó al Gobierno central por la vía judicial para hacer públicas estas nuevas normas. Sin resultado hasta ahora.

Ese es uno de los múltiples frentes que Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos con Pedro Sánchez, tiene abiertos con el Gobierno central. Su postura al respecto es clara: el trasvase debe acabarse o, en su defecto, cambiar sus normas para garantizar sus caudales ecológicos.

La férrea defensa que el Gobierno castellanomanchego ha hecho de esta cuestión viene además avalada por el hecho de que todos los recursos presentados contra la sentencia del Supremo han sido desestimados, parcial o totalmente. El último de ellos, el interpuesto por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Pero antes de este último, el Alto Tribunal ha ido tumbando otros muchos: el de la Comunitat Valenciana, el de la Región de Murcia o el del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), entre otros.

Ahora, con el adelanto electoral, el Ejecutivo de Page afirma que va a seguir defendiendo esas nuevas reglas “gobierne quien gobierne”. Lo ha dicho la consejera de Desarrollo Sostenible, Merces Gómez, quien ha reafirmado su compromiso de “no dar ni un paso atrás” en la defensa del Río Tajo y de los recursos hídricos propios de Castilla-La Mancha.

El caudal ecológico, una “condición obligatoria”

Porque el principal argumento del Supremo hasta ahora ha sido que el caudal ecológico no es un uso del agua comercial, sino una “condición obligatoria” de protección medioambiental. Pero no ha servido para que el ministerio haya podido aprobar las nuevas reglas de explotación antes del final de la legislatura porque, según alega, todavía quedan recursos por resolver.

¿Qué queda en el aire entonces? El Tribunal Supremo sentenció que el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo (2022-2027) vulnera la normativa europea de aguas y obliga al MITECO al establecimiento inmediato de caudales ecológicos en las zonas protegidas del eje principal del río Tajo, es decir, todo el recorrido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres.

Ese tramo medio incluye de forma directa el paso del río por ciudades principales como Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Es decir, toda la masa de agua a su paso por el territorio castellanomanchego se encuentra bajo este mandato de obligado cumplimiento.

Con la anulación judicial del escalonamiento, el calendario progresivo que aplazaba los máximos niveles hasta 2027 quedó sin efecto, obligando a la aplicación de nuevos volúmenes de caudal mínimo histórico: seis metros cúbicos por segundo en el tramo de Aranjuez (frente a los 8,65 establecidos), diez metros cúbicos en el tramo de Toledo (frente a 17,23) y lo mismo para el tramo de Talavera de la Reina (frente a 18).

Estas son las cifras que las nuevas reglas de explotación debían garantizar y así lo han recordado también de manera reiterada desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía (en la cabecera del trasvase) tras los últimos pronunciamientos del Supremo.

“Vuelve a dejar claro que los argumentos utilizados contra los caudales ecológicos no se sostienen. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a recursos y maniobras para cuestionar una realidad que los tribunales han confirmado una y otra vez”, ha señalado el presidente de este colectivo, Borja Castro.

La asociación ya advirtió que estas sentencias no impiden que los regantes puedan intentar acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos fundamentales cuya vulneración han venido alegando, pero considera que esa posibilidad “no debería servir como argumento para seguir paralizando decisiones que afectan al cumplimiento de los caudales ecológicos y a la necesaria adaptación de las reglas de explotación del trasvase”.

Mientras tanto, la situación del Tajo es cada vez peor. A su paso por Toledo y tras un verano extremadamente seco y caluroso, las imágenes de playas e islas de arena cada vez más grandes en el cauce, y de peces cuya aleta dorsal sobresale del agua por falta de espacio con el lecho, se han difundido por redes sociales y medios de comunicación, reabriendo el debate sobre la cantidad de agua que lleva este río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha.

Se da también la circunstancia de actualmente el trasvase está parado por obras. El acueducto permanecerá inoperativo y sin suministro de agua al Levante hasta 2027 debido a las obras de reparación de dos roturas en la infraestructura, cuyos trabajos requerirán un plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco meses y una inversión de 1,2 millones de euros, según la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Lo que no ha parado ha sido el debate político. Coincidiendo con las últimas resoluciones judiciales, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado al presidente del PP regional, Paco Núñez, que defienda los derechos hídricos de esta comunidad autónoma. Es una petición también histórica, porque la situación de Núñez no es fácil. El PP gobierna en la Comunitat Valenciana y en Murcia, y Alberto Núñez Feijóo ha apoyado en varias ocasiones las demandas de sus presidentes en materia de agua.

¿Hay un pacto oculto en el PP?

Los socialistas han aprovechado esta cuestión para denunciar el “silencio” del PP castellanomanchego a este respecto y a insinuar un “pacto oculto” con Génova para que Núñez pueda ser candidato frente a Page en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

El pasado mes de agosto, Núñez se comprometió a que, si llegaba al Gobierno de Castilla-La Mancha, aplicaría el “principio de prioridad de la cuenca cedente” para garantizar que el agua de la región se destine, en primer lugar, a atender las necesidades de los agricultores y ganaderos castellanomanchegos. Pero este discurso nunca ha sido avalado por Núñez Feijóo.

Es de esperar, por tanto, que el agua, sin unas reglas claras de explotación del trasvase, vuelva a ser tema recurrente en Castilla-La Mancha durante la campaña electoral para el 29 de noviembre, sin que apenas se haya avanzado en la aplicación de los caudales ecológicos del río Tajo durante la presente legislatura. Es decir, mientras, según las plataformas y asociaciones que lo defienden, “agoniza”.

Castilla-La Mancha tiene 3,8 millones de hectáreas de masa forestal que ocupan el 49%, casi la mitad, de la superficie de toda la comunidad autónoma. El pasado mes de julio sufrió, en La Mierla, en parte del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, el mayor incendio de toda su historia. Este fuego ha dejado una profunda herida en una región árida y seca sometida a las consecuencias del cambio climático. Y aunque el Gobierno autonómico sabe que el calentamiento global está entre las causas principales, lleva años poniendo el foco también en la prevención.

Son esas políticas, las preventivas, las que se realizan a priori para evitar los incendios, uno de los temas centrales que se han abordado en la décima reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE), que por primera vez se ha reunido en Toledo, en la Iglesia de San Pedro Mártir, que forma parte del Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Y este ha sido el foro en el que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha aprovechado su intervención ante más de 150 representantes de países europeos, para anunciar un “mercado voluntario” de créditos de prevención de incendios forestales que permita “renovar y certificar el valor ambiental de los montes conservados”.

“Queremos hablar del valor de lo salvado gracias a las actuaciones preventivas. Este sistema pretende cualificar las emisiones evitadas de CO2 y la conservación de los servicios ecosistémicos, facilitando que empresas e instituciones puedan invertir en prevención”, ha detallado, aunque no ha precisado cuándo se pondrá en marcha, qué cantidades se destinarán o qué tipo de empresas podrán acogerse a estos incentivos.

La consejera ha argumentado que el objetivo es convertir la protección de los montes en “una oportunidad de desarrollo rural, de bioeconomía, de sostenibilidad y de acción climática”, poniendo en valor “todo aquello que los incendios no llegan a destruir gracias al trabajo de los profesionales forestales durante todo el año”.

La tercera región con más incendios

Previamente, ha puesto especial acento en los más de 1.300 fuegos que ha sufrido la comunidad autónoma el presente año, con más de 40.000 hectáreas quemadas, de las cuales 34.000 se calcinaron solo en el mencionado siniestro de La Mierla.

Castilla-La Mancha se ha convertido así en la tercera comunidad autónoma española en cuanto a superficie quemada, después de Andalucía y de Castilla y León. La superficie afectada ha supuesto el 0,52% del territorio y el 1,17% de la masa forestal.

Dicho esto, Mercedes Gómez, ha enfatizado que lo importante “no es el dato” sino “cómo afecta el territorio, cómo afecta a todos los ciudadanos”. Y es en este punto cuando ha afirmado que el cambio climático intensifica las condiciones meteorológicas extremas que propician los grandes incendios, pero no es el único factor que influye.

“El cambio social de las zonas rurales, la reducción del pastoreo y la desaparición de prácticas agrícolas tradicionales han provocado que los mosaicos de cultivos, bosques y áreas de pastoreo se transformen een masas continuas de matorral y bosques densos y, por lo tanto, favorecen la propagación de los incendios”.

Según ha remarcado, este incremento de la vegetación “disponible para arder” ha modificado profundamente el comportamiento del fuego. Por este motivo, ha añadido, las sociedades europeas deben ir “más allá de una estrategia centrada únicamente en la extinción de incendios y aprender a convivir con el fuego”. “Debemos crear paisajes resilientes frente a los incendios y realizar una gestión integrada del territorio”.

La prevención redunda en el conjunto de la sociedad, por lo que debemos de crear oportunidades de financiación para hacerlas realidad

Por este motivo, también ha defendido que la educación y la formación de la ciudadanía deben convertirse en “pilares” de las políticas de prevención, fomentando “la responsabilidad compartida y la autoprotección”. Dado que la mano del hombre está detrás de la mayoría, el momento de prepararse es “ahora” y esta gestión “redunda en el conjunto de la sociedad, por lo que debemos de crear oportunidades de financiación para hacerlas realidad”.

Tras anunciar los mencionados créditos empresariales para prevención, la consejera de Desarrollo Sostenible ha detallado el funcionamiento del Plan Infocam de Castilla-La Mancha, como “uno de los grandes referentes nacionales e internacionales en la gestión de incendios forestales”, gracias a un modelo que “integra prevención, extinción y restauración como partes inseparables de una misma estrategia”.

“Los 365 días del año estamos trabajando en prevención y extinción. En los últimos 10 años en prevención hemos realizado gestión forestal sostenible en 96.406 hectáreas del Gobierno de Castilla-La Mancha, con 360 millones de euros invertidos”, ha resaltado.

Finalmente, tras referir que estos incendios que ya no solo se están dando en el arco mediterráneo, sino que también están cambiando de contexto y están ascendiendo hacia regiones del norte de Europa, ha llamado a “inspirarse” en la naturaleza y “seguir trabajando por el futuro de nuestras regiones y de nuestros municipios”.

Previamente, ha inaugurado esta reunión del Comité de las Regiones el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha hecho referencia al Quijote, un personaje que, según ha dicho “hoy estaría luchando por el ideal europeo sin ninguna duda”.

“Europa realmente quiso hace ya muchos años unirse, se ha ido ampliando y eso es síntoma de la esperanza”, ha remarcado después, un anhelo al que ha añadido el deseo de que esta reunión europea sea “fructífera y útil” para los intereses de la UE, que “no tiene que dudar de sí misma, al contrario, tiene que reforzar su propia autoestima colectiva, la autoestima europea”.

También ha aprovechado que la reunión se ha celebrado en San Pedro Mártir, sede de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Toledo, para hacer alusión a la inteligencia artificial y recordando al polaco Nicolás Copérnico, a quien “le debemos un salto gigante en el aprendizaje”. “Hubiera sido extraordinariamente útil saber qué pensaría Copérnico de la inteligencia artificial hoy. En todo caso, es muy difícil imaginar llegar a la inteligencia artificial sin personas tan inteligentes como Copérnico”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha finalizado sus palabras deseando que Europa “salga reforzada de esta y de tantas reuniones como estamos teniendo”.

Alcaldes, concejales y presidentes regionales de toda la UE

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, también ha protagonizado parte de la apertura de esta 10ª reunión a la que han asistido también el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Marínez Lizán.

Es la primera vez que Castilla-La Mancha acoge una Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones. En estas convocatorias se dan cita alcaldes, concejales y presidentes regionales de toda la Unión Europea para debatir y formular propuestas sobre cuestiones relacionadas con la agricultura, el desarrollo rural, la gestión forestal, la salud pública, la pesca y la protección de los consumidores, entre otras cuestiones.

En esta décima convocatoria, los representantes de los 27 estados miembros de la UE debaten sobre políticas que afectan al futuro del medio rural europeo. Castilla-La Mancha se convierte así en el centro del debate europeo sobre cuestiones como la despoblación, el relevo generacional en el campo, la agricultura, los incendios forestales o el desarrollo económico de las zonas rurales.

En medio del clamor social, las acampadas y las manifestaciones derivadas del desahucio de Maricarmen en Madrid, en Castilla-La Mancha se prepara un “cañón urbanístico” para crear vivienda. Con estas palabras ha definido el Gobierno de Emiliano García-Page algunas de las medidas que ha incluido en la ley de vivienda y suelo que actualmente tramitan las Cortes regionales por la vía de urgencia, prácticamente en el tramo final de legislatura y tras 12 años desde que Page prometió una normativa autonómica propia.

Ese calificativo lo pronunció el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante la defensa que hizo de este texto en el debate de su toma en consideración, que salió adelante con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta del PSOE. El PP y Vox se abstuvieron y no la apoyaron. Desde entonces, el Gobierno regional ha hablado de “negociaciones” con los 'populares' para que la apoyen, pero estos últimos las han negado.

Su definición se refiere principalmente a la necesidad de agilizar y simplificar trámites urbanísticos, y de crear nuevas fórmulas de planeamiento municipal, para que la comunidad autónoma pueda crear vivienda pública o con algún tipo de protección ante el enorme cuello de botella generado por los altos precios en el mercado inmobiliario tanto para compra como para alquiler.

Con ese objetivo incluye toda una batería de propuestas que no recabaron, al menos en principio, el apoyo de las derechas. Una de las medidas más significativas es el cambio de uso especial en parcelas calificadas como terciarias o dotacionales privadas para implantar viviendas de protección pública. Y junto a ella, también se incorpora el incremento de la edificabilidad hasta en un 20% y de densidad hasta en un 30% en parcelas destinadas a inmuebles con este tipo de protección.

El PP no apoya una ley que ya aplica donde gobierna

Se trata de dos medidas que adquirirán rango de ley en Castilla-La Mancha cuando la propuesta de Page quede promulgada, pero que afectan de manera muy directa a los ayuntamientos y a sus planeamientos urbanísticos. Este es uno de los argumentos que los grupos parlamentarios del PP y de Vox han esgrimido para no apoyar, de entrada, la propuesta de ley.

Consideran principalmente que “menoscaba la autonomía local” al dar un plazo de tan solo cuatro meses a los ayuntamientos, desde la entrada en vigor de la normativa, para que puedan decidir si se aplica o no en su término municipal tanto la reconversión de parcelas terciarias como la ampliación la edificabilidad.  

Sin embargo, y como ha podido constatar este periódico, este plazo es el mismo que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya impuso a los ayuntamientos en la ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida que la Comunidad de Madrid aprobó hace dos años.

De hecho, los textos en ambas normas son prácticamente iguales, aunque incluidos en disposiciones diferentes del articulado: “Los ayuntamientos podrán, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor (…) decidir no aplicar en su término municipal los regímenes previstos en las mismas, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación. Las personas interesadas podrán solicitar las licencias necesarias para la materialización de dichos regímenes transcurrido el plazo de cuatro meses”.

Durante ese periodo, los ayuntamientos tienen la opción de rechazar la aplicación de las dos medidas mencionadas en su territorio, fijar condiciones adicionales para su puesta en marcha o delimitar las zonas o ámbitos territoriales concretos donde se permitirán.

De esta forma, si un ayuntamiento no se pronuncia de forma explícita ni adopta un acuerdo motivado durante ese periodo de cuatro meses, los regímenes especiales pasan a aplicarse de forma automática en su término municipal. Es decir, la norma está diseñada para que el silencio municipal no bloquee la medida.

Lo más llamativo es que no es lo único que Castilla-La Mancha ha ‘copiado’ de la normativa madrileña. Al margen de esta postura contradictoria del PP, rechazando en Castilla-La Mancha lo que apoya en la Comunidad de Madrid, donde gobierna, las otras dos 'medidas estrella' incluidas en la futura normativa castellanomanchega se encuentran también en una modificación más reciente de la ley de vivienda protegida de Ayuso, concretamente la publicada el pasado mes de julio.

En esta última, el Gobierno de la Comunidad de Madrid cambia la mencionada ley anterior de 2024 por otra de “medidas urgentes” para el incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública. Entre esos cambios, añade un nuevo artículo tercero que regula la posibilidad de ampliación de hasta un 20 % de la edificabilidad y de hasta un 30% de la densidad, en suelos sin edificar, “aptos para la edificación, que tengan calificación de vivienda de protección pública, sin necesidad de modificación del planeamiento urbanístico vigente”.

Y estas medidas también son exactamente iguales que las de la futura normativa castellanomanchega, que establece, en una de sus disposiciones adicionales, esos mismos porcentajes de incremento en edificabilidad y densidad, y también únicamente en viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Al igual que en Madrid, la futura Ley de Page no requiere tramitar una modificación o revisión del planeamiento urbanístico vigente.

Lo que se añade en Castilla-La Mancha es que para facilitar la materialización de ese 20% de edificabilidad adicional, la ley autoriza expresamente un incremento de altura de hasta dos plantas sobre el máximo permitido por el planeamiento.

Más medidas casi iguales en ambas leyes

Finalmente, la versión más reciente de la ley de medidas urgentes de la Comunidad de Madrid modifica también la de hace dos años para reconvertir parcelas o edificios con calificación de uso terciario para destinarlos a vivienda protegida, Se amplía también esta posibilidad a parcelas sin edificar o con edificabilidad vacante que tengan calificación de uso dotacional privado. Esto también coincide plenamente en el objetivo y en el mecanismo jurídico de la futura ley castellanomanchega, aunque esta última aborda ambos supuestos de manera más amplia.

La ley de medidas urgentes de Castilla-La Mancha autoriza en sus disposiciones adicionales de forma genérica la implantación de vivienda protegida en parcelas calificadas con uso terciario (lo que engloba oficinas, comercial o alojamientos según la ordenación del sector), sin distinguir por el tipo específico de actividad.

Pero al igual que en la normativa madrileña, la ley castellanomanchega establece que esta implantación tiene eficacia inmediata desde la entrada en vigor de la ley y no requiere tramitar una modificación o revisión del planeamiento urbanístico vigente.

Con carácter general, el objetivo de la futura normativa del Gobierno de Page es transformar rápidamente suelos destinados a comercios, oficinas o servicios en viviendas de protección pública, evitando los largos trámites que habitualmente exige cambiar el plan urbanístico de un municipio.

La propuesta establece que para poder acogerse a esta medida los terrenos o inmuebles deben estar situados en suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable que ya cuente con ordenación detallada. También deben ser aptos para construir de forma inmediata o disponer de un régimen de simultaneidad entre las obras de urbanización y las de edificación.

De igual forma, la norma contempla, para evitar “desequilibrios” urbanísticos, que el nuevo uso residencial se destine obligatoriamente a viviendas de protección pública. Asimismo, impone que si toda una zona o sector tiene uso global terciario o dotacional privado, las viviendas protegidas que se implanten no podrán superar el 50% de la edificabilidad total de ese sector.

Sí permite mantener otros usos compatibles previstos en la ordenanza municipal, siempre que no superen el 20% de la edificabilidad materializada ni resulten incompatibles con las viviendas.

En cuanto a los plazos y costes de esta medida, la futura ley establece que si la llegada de las nuevas viviendas obliga a ampliar o reforzar infraestructuras o dotaciones públicas exteriores a la parcela, todos los costes de ejecución corren a cargo del solicitante de la licencia. Y para la solicitud de estas últimas, abre un plazo de cinco años, contados tras el periodo inicial de cuatro meses reservado a los ayuntamientos. Una vez iniciadas las obras, deberán estar concluidas y aptas en un plazo máximo de tres años.

La coordinación entre esta medida y el incentivo de los mencionados incrementos de edificabilidad y densidad se basa en su “plena compatibilidad”. Es decir, en las disposiciones adicionales de la ley se precisa de forma explícita que el incremento de edificabilidad es compatible con el régimen especial de cambio de uso. Esto significa que en una misma parcela de uso terciario o dotacional privado se pueden aplicar de forma conjunta ambas medidas sin necesidad de modificar el plan urbanístico.

¿Qué son 'parcelas aptas'? La normativa no lo clarifica

Pero hay una cuestión que la futura ley no clarifica. En otra de las disposiciones adicionales, se permite el aumento de la edificabilidad en 'parcelas aptas' para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección público, pero no define claramente a qué se refiere con el calificativo de “aptas” y si en esos casos también se podría destinar esa parcela a hacer vivienda libre.

Actualmente, en Castilla-La Mancha es posible que en un mismo edificio convivan viviendas libres con otras protegidas, por lo que la duda es si un promotor podría beneficiarse del aumento del 20% de la edificabilidad para crear vivienda no protegida. O si, por el contrario, al hablar de 'parcelas aptas' solo sabe que se destinen a inmuebles con algún tipo de protección. Por el momento, la Consejería de Fomento no ha aclarado esta cuestión.

Por otra parte, hay otra novedad muy relevante en la nueva ley que atañe a los municipios y sus Programas de Actuación Urbanística (PAU): introduce una vía de tramitación preferente y 'acelerada' dirigida específicamente a municipios con necesidades acreditadas de vivienda ubicados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

En estos casos, combina una reducción drástica de plazos a la mitad con la exigencia de garantías urbanísticas y ambientales estrictas. En el primer caso, se exime de la obligación de realizar la consulta previa preceptiva para formular y presentar el PAU en suelo rústico de reserva. Además, los plazos de información pública, consulta, presentación de alternativas técnicas y proposiciones jurídico-económicas se reducen al 50%.

Asimismo, en municipios de menos de 10.000 habitantes, el plazo preceptivo para que la Consejería emita informe técnico-jurídico sobre la alternativa técnica y la proposición elegidas pasa de un mes a 15 días. Y, de igual forma, el periodo de tiempo para que pleno municipal resuelva sobre la aprobación y adjudicación del PAU se reduce de 40 a 20 días desde que sea posible adoptar el acuerdo.

En cuanto a las garantías urbanísticas y ambientales, la ley fija salvaguardas explícitas que el promotor y la administración deben justificar. Por ejemplo, la viabilidad urbanística exige probar que el núcleo urbano preexistente se halla completamente consolidado y que la demanda de vivienda no puede ser satisfecha mediante actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana.

Además, los nuevos desarrollos residenciales derivados del PAU deben garantizar obligatoriamente la continuidad física con los núcleos urbanos existentes, prohibiendo expresamente la “dispersión” del crecimiento y exigiendo un desarrollo territorial “ordenado”.

Finalmente, la nueva ley de vivienda y suelo de Castilla-La Mancha contemplará un conjunto de mecanismos muy concretos para impulsar la planificación urbanística en los pueblos pequeños. Entre las medidas, articula una línea de ayudas directas para municipios con una población inferior a 10.000 habitantes de derecho. Consisten en la prestación directa por parte del Gobierno regional de los servicios técnicos necesarios para la redacción, revisión o adaptación de los planes generales municipales.

También establece que la Consejería de Fomento podrá suscribir convenios con los municipios para adaptar o revisar su planeamiento cuando resulte necesario para desarrollar actuaciones estratégicas de interés autonómico. Los instrumentos de planeamiento elaborados mediante estos convenios tendrán “carácter preferente” y la Consejería actuará como órgano sustantivo, impulsando de oficio la solicitud simultánea de los informes sectoriales preceptivos para acelerar su aprobación.

Por último, en municipios ubicados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación con necesidades acreditadas de vivienda, se autoriza a los Planes Especiales a reclasificar suelo rústico a urbanizable si el casco urbano consolidado no puede absorber la demanda. También en estos casos se exime a los promotores de la consulta previa obligatoria para presentar el PAU y todos los plazos de información pública, examen de plicas y adjudicación se reducen a la mitad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al nuevo y polémico reglamento de caza de la comunidad autónoma, enquistado desde hace años, concretamente, desde la polémica modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que el Ejecutivo autonómico realizó hace casi nueve años.

Cuando el Ejecutivo de Emiliano García-Page decidió sacarlo adelante en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma lo tumbó tras un complejo periplo judicial, en febrero de 2025, principalmente por la falta de un informe preceptivo. Es decir, no venía avalado por los órganos consultivos. La demanda la impulsó Ecologistas en Acción al considerar que se “ocultaron” cambios sustanciales en el proceso de participación pública para “favorecer al lobby cinegético”.

Ahora, el Consejo de Gobierno, tras solventar esta situación, ha decidido sacarlo adelante como una de las medidas comprometidas dentro del Pacto Regional por la Caza. Lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha defendido la importancia económica de la actividad cinegética y ha señalado que el nuevo texto busca ofrecer “la seguridad jurídica necesaria” y garantizar al mismo tiempo su compatibilidad con la conservación de la biodiversidad.

Antes de esta aprobación, el nuevo reglamento ya había sido objeto de varias polémicas. La más sonada fue una incorporación de última hora que permite cazar en caminos públicos y vías pecuarias. El Gobierno regional lo hizo a través de la denominada ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos de hace dos años, una normativa ‘ómnibus’ en la que se suelen modificar decenas de leyes. También en ese momento, los ecologistas pusieron el grito en el cielo.

Ahora, entre las novedades figura un procedimiento para incorporar a los cotos parcelas cuyos propietarios sean desconocidos o resulte imposible localizar, una circunstancia que hasta ahora dificultaba la gestión de estos terrenos.

En estos casos, la incorporación podrá realizarse previa publicación en los tablones de anuncios de los ayuntamientos, el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con el objetivo de garantizar los derechos de los propietarios antes de integrar esas parcelas en el coto.

Simplificación de acreditación de derechos de caza

La norma también simplifica la acreditación de determinados derechos cinegéticos y modifica el procedimiento para quienes se incorporen por primera vez a la actividad. Las entidades encargadas de impartir la formación deberán entregar el carné al finalizarla, evitando que el nuevo cazador tenga que esperar durante meses para disponer de la acreditación.

A ello se suman nuevas herramientas de gestión electrónica y trazabilidad para facilitar los procedimientos y el seguimiento de las piezas de caza.

Otro de los apartados regula el control de poblaciones de especies, estableciendo cuándo deben adoptarse medidas ante situaciones de sobreabundancia, las responsabilidades de los gestores cinegéticos y los supuestos en los que se podrá intervenir también en terrenos no cinegéticos.

La portavoz, de hecho, ha destacado el objetivo es que la caza se practique de manera “ordenada y sostenible” y contribuya al futuro del territorio.

Las críticas de los colectivos ecologistas

Muchos de estos cambios los han criticado las asociaciones ecologistas que forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA): Ecologistas en Acción, WWF, Ardeidas y SEO/Birdlife. Hace meses, arremetieron contra en un texto donde la caza está enfocada con un “incremento de la intensificación de la actividad cinegética a través de la promoción de los cotos intensivos”, a los que el nuevo texto denomina ahora “cuarteles de caza comercial”. Y además amplía los ámbitos de la actividad con carácter intensivo “a lo largo y ancho” de Castilla-La Mancha.

Esta ampliación, aducieron entonces las organizaciones ambientales, no se realiza en un único apartado del Reglamento, sino que se desarrolla a lo largo de su articulado. “Con lo que ello implica de impacto en el medio natural y en la conservación de espacios naturales y espacios protegidos. Permite que se esté pegando tiros a lo largo de todo el año en muchos más sitios y en mucho mayor número, lo que tiene un impacto sustancial en el medio natural”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elegido a Lola Higuera González como nueva directora gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha. Sustituye así Juan Ángel Morejudo al frente de este organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, tal y como publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

La nueva directora gerente de la Agencia es graduada en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación por la Universidad de Alcalá, máster universitario en Ciencia de Datos (Universitat Oberta de Catalunya), máster universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, especialidad Tecnología e Informática (UCLM) y máster universitario en Innovación y Transformación Digital (UOC). Actualmente, está cursando el máster universitario en Privacidad y Ciberseguridad (UOC). En sus estudios universitarios de Grado, cabe destacar el año cursado en la Università degli stud Roma Tre (Italia), según ha informado la Junta en nota de prensa.

Habla cuatro idiomas -español, inglés, italiano y francés- y, desde el año 2018, ha ocupado diferentes puestos en empresas privadas del sector de las nuevas tecnologías y la innovación, entre los que destaca la beca como investigadora en el prestigioso Center for Collective Intelligence del MIT de Massachusetts (Estados Unidos).

Entre el año 2021 y 2022 desempeñó el cargo de técnico superior de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Junta de Comunidades y un año después pasó a convertirse en directora del Centro Regional de Innovación Digital (CRID), también de la Junta de Comunidades. Hasta ahora ocupaba el cargo de directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad.

María Asunción Cañada, nueva directora general

Por su parte, también el DOCM publica este miércoles el nombramiento de María Asunción Cañada Belda como nueva directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, cargo que, como se indicaba anteriormente, hasta ahora ostentado por Lola Higuera.

María Asunción Cañada es ingeniera técnica informática de Gestión por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), máster en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información por la UCLM y está cursando actualmente el grado en Ingeniería Informática por la Universidad Internacional de La Rioja.

Además de otros puestos en la empresa privada, desde 2012 es funcionaria de carrera en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Desde entonces ha estado ligada a la Administración regional en el ejercicio de cargos como analista programador en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, analista de aplicaciones en la Consejería de Presidencia o analista de sistemas en la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Desde el año 2024 desempeñaba el cargo de jefa de servicio de Comunicación Audiovisual en la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha sugerido que si la organización de la feria Sabor Toledo se hubiera conocido desde un principio por parte de la organización de la Feria regional de Artesanía (Farcama), se “podrían haber aprovechado mejor los recursos públicos”.

Después de que se haya procedido por parte del Ayuntamiento al desmontaje de las casetas de Sabor Toledo en el toledano Paseo de la Vega justo antes de que empezara el montaje de las casetas que se destinarán a Farcama, organizada por el Gobierno regional, Franco ha asegurado que incluso ella desconocía que se iba a celebrar la primera de las citas.

Con todo, indica que la celebración de Farcama se empieza a trabajar “con mucha anticipación”, y la contratación de todos los servicios derivados de esta cita arrancan con tiempo suficiente. “Estoy convencida de que cuando se contrataron las casetas de Farcama, se desconocía el calendario de Sabor Toledo. Estoy plenamente convencida”, ha apuntado.

Creo que se puede hacer de todo con una mayor y mejor anticipación y un mejor conocimiento

En este contexto, asegura que se podrían haber aprovechado “mejor” los recursos públicos. “A mí me interesa una buena edición de Farcama con el menor gasto posible. Creo que se puede hacer de todo con una mayor y mejor anticipación y un mejor conocimiento”.

Estas cuestiones a la consejera llegaban después de la petición de cortar el tráfico en el Paseo de la Vega para acelerar en el montaje de las 150 casetas que conformarán Farcama. En este punto, ha dicho Franco que el movimiento urbano que generan estas citas competen “a la gestión municipal”.

La ley de medidas urgentes sobre suelo y vivienda que se tramita en las Cortes de Castilla-La Mancha no ha recibido ninguna enmienda a la totalidad, una vez ha terminado el plazo establecido para que los grupos parlamentarios (PP, PSOE y Vox) pudieran hacerlo, tal y como ha avanzado a través de su cuenta de X el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

“Las negociaciones con los grupos parlamentarios de las Cortes dan sus frutos: no se han presentado enmiendas a la totalidad a la pionera Ley de Urbanismo y Vivienda”, ha celebrado el consejero.

En todo caso, asegura el titular de Fomento que desde su equipo se seguirá buscando “el consenso en el debate” que vendrá en torno a las enmiendas parciales que los grupos podrán presentar al texto legislativo. “Por el bien de la gente de nuestra tierra”, remata Hernando su mensaje.

La andadura de esta ley provocó polémica durante el pasado fin de semana, cuando el PP y el Ejecutivo autonómico mantuvieron un encontronazo a cuenta de si se estaban o no produciendo negociaciones para sacar adelante el texto.

El PP de Castilla-La Mancha aseguraba que es “completamente falso” que el Gobierno regional haya puesto en marcha “ningún proceso de negociación” alrededor de la tramitación de la ley, señalando que el Ejecutivo autonómico únicamente les había convocado a una reunión que, además, “con la urgencia de la propuesta, no puede considerarse proceso negociador, ni que tenga, por supuesto, carácter avanzado ninguno”.

No hay un pacto cerrado

Mientras, por parte del Gobierno castellanomanchego se aclaraba que no existía un pacto cerrado y que pretenden estudiar las enmiendas de los 'populares' al texto, poniendo en valor que están “buscando acuerdos con todos los grupos” para responder a “uno de los problemas que más preocupan a la sociedad”.

Esta normativa se tramita como proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y recoge un conglomerado de medidas destinadas a agilizar trámites para promover, principalmente, la vivienda pública y protegida en la comunidad autónoma. Durante su debate de toma en consideración, el PP y Vox, los partidos de la oposición, se abstuvieron, por lo que pasó el primer filtro únicamente con el respaldo de los socialistas.

El pleno municipal lo rechazó por unanimidad y ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha lo ha archivado. El proyecto para la construcción de una planta de biometano en Carrión de Calatrava, junto al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, ya está archivado, en virtud de la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental que permite a los ayuntamientos vetar proyectos que consideren nocivos para sus municipios.

Una vez materializado el 'no' de la Corporación local, el Gobierno de Castilla-La Mancha procederá al archivo definitivo del expediente para la construcción de esta planta, pese a que llegó a ser declarada proyecto “prioritario” por el propio Ejecutivo autonómico.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, precisamente durante su visita a Carrión de Calatrava para la puesta en marcha del nuevo servicio ASTRA, donde ha asegurado que la Consejería de Desarrollo Sostenible comunicará “en las próximas horas” al Ayuntamiento la finalización del procedimiento.

“No habrá planta de biometano aquí en Carrión de Calatrava”, ha sentenciado Caballero, quien ha recordado el compromiso adquirido meses atrás tanto por el alcalde, Dionisio Moreno, como por el Gobierno regional de que el proyecto no saldría adelante sin consenso social. “Es evidente que no ha reunido el consenso social y es evidente también que hemos cumplido nuestra palabra”, ha señalado.

El anuncio culmina una controversia iniciada a finales de 2024 alrededor del proyecto que planteaba levantar en el término municipal de la localidad una instalación destinada a producir biometano a partir de residuos orgánicos procedentes principalmente de actividades ganaderas y agrícolas, mataderos, almazaras y depuradoras.

La iniciativa provocó desde sus primeros pasos una importante contestación social en Carrión, donde llegó a constituirse una plataforma vecinal contra la planta y se llevaron a cabo varias movilizaciones. De hecho, su representante, Carmelo Donoso, participó en Toledo en la presentación de las alegaciones de la Plataforma Stop Biometano de Castilla-La Mancha, a la cual pertenece, contra el futuro decreto que prepara el Gobierno regional para restringir estas instalaciones.

Mientras este decreto sigue sin aprobarse, el escenario que allanaba este camino cambió este verano con la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes regionales el 16 de julio, que reforzó la participación de los ayuntamientos para decidir sobre los proyectos planteados en sus términos municipales.

Al amparo de esa nueva regulación, el pleno de Carrión, reunido el pasado 17 de septiembre, aprobó por unanimidad su “no conformidad” con la planta y acordó trasladar esa decisión a la Dirección General de Calidad Ambiental para poner fin a la tramitación.

“Carpetazo” al proyecto de Carrión

Según ha explicado el vicepresidente segundo, Carrión se ha convertido así en el primer municipio cuya petición de rechazo dará lugar a una resolución de este tipo tras el cambio legislativo. “Procedemos, por tanto, a dar carpetazo a este asunto”, ha afirmado el vicepresidente segundo, que ha pedido a los vecinos que recuperen “la normalidad y la tranquilidad”.

Caballero ha querido reconocer igualmente las gestiones realizadas por el alcalde, Dionisio Moreno, y ha defendido que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional han respetado el compromiso que adquirieron ante la oposición existente en el municipio. “Lo que no han querido no lo van a tener”, ha concluido el vicepresidente segundo, poniendo así punto final al proyecto.

Pero se da la circunstancia de que no es el único proyecto que planea en el entorno de Las Tablas de Daimiel. En Torralba de Calatrava hay una instalación planificada, también en el área de influencia del Parque nacional. De hecho, en el propio Daimiel también existe otro expediente abierto para una tercera planta de biometano.

En el mencionado acto de presentación de alegaciones, Alberto Celis, catedrático en la Universidad de Sevilla, vecino de Daimiel y experto en temas de agua, alertaba del peligro de los tres proyectos para este espacio natural. “El decreto recoge la importancia de los espacios protegidos, pero no incluye lo fundamental que sería impedir que existan instalaciones en municipios con entornos protegidos”.

Sigue la polémica por normativas pendientes

Otra cuestión pendiente (y polémica) es que el Gobierno regional también prepara en paralelo una Ley de Proyectos Empresariales Estratégicos donde el biometano se considera “prioritario”. “Eso implicará que, aunque los ayuntamientos rechacen un proyecto, si la Junta considera que son de utilidad pública, se impondrá por encima de los municipios. Es decir, en una ley (la mencionada de Evaluación Ambiental) se les da poder y en otra ley se les quita. Esto no puede ser y tiene que resolverse”, remarcó Alberto Celis. Precisamente esta es la “inseguridad jurídica” por la que estas plataformas no descartaron acudir a los tribunales.

De momento, el veto municipal propiciado por los cambios en la Ley de Evaluación Ambiental ha funcionado en el caso de Carrión.

Ahora queda esperar a la entrada en vigor del decreto de restricciones al biometano pendiente de aprobación y que no gusta nada a las plataformas vecinales y sociales, ya que, aunque suspendería los expedientes en curso con una moratoria de dos años, deja la puerta abierta a proyectos de “interés estratégico” que aún no están del todo definidos. Por el momento, no hay fecha para su aprobación.

El Estatuto del Pequeño Municipio en el que está trabajando el Gobierno de Castilla-La Mancha incluirá una normativa urbanística diferenciada para las zonas rurales. En concreto, va a incluir fórmulas para reforzar la capacidad administrativa de los pequeños ayuntamientos ante la problemática que se enfrentan por la falta de secretarios.

Así lo ha afirmado este viernes el vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha añadido que se va a plantear, en colaboración con las diputaciones provinciales, establecer “oficinas de apoyo a la gestión de pequeños municipios” que permitan afrontar dificultades como la falta de medios técnicos y administrativos.

Esto se justifica, según palabras de Martínez Guijarro, porque la normativa urbanística de la región es “una legislación pensada para administrar las plusvalías que se generan con el urbanismo” una realidad muy distinta a la de los pequeños municipios.

Durante su participación en la inauguración del II Foro de Desarrollo Rural organizado por RECAMDER y que se ha desarrollado en el Parador de Sigüenza (Guadalajara), el vicepresidente primero ha recordado que la LOTAU – la normativa urbanísima de la región—“es una legislación pensada para administrar las plusvalías que se generan con el urbanismo, algo que no sucede en los pequeños municipios”.

Ley de medidas contra la despoblación

Todo esto forma parte de una política más amplia de lucha frente a la despoblación que Castilla-La Mancha lleva desarrollando desde hace años y que está dando resultados: las zonas catalogadas como despobladas cuentan hoy con 4.672 habitantes más que hace cinco años y han registrado un saldo migratorio positivo de 20.236 personas entre 2021 y 2024.

En este punto, ha recordado la importancia de garantizar los servicios públicos en las zonas rurales para frenar la pérdida demográfica y seguir atrayendo población a los pueblos de la región.

Y para ello, Martínez Guijarro ha reclamado que el futuro sistema de financiación autonómica tenga en cuenta “el coste efectivo de la prestación de los servicios en el conjunto del territorio”, porque la ciudadanía de los pequeños municipios tiene el mismo derecho a acceder a los servicios públicos “en igualdad de condiciones” que quienes viven en las ciudades.

El Gobierno de Emiliano García-Page va a solicitar que la planta de procesado y refinado de wolframio, prevista para Puertollano y asociada a la explotación minera que se abrirá en la cercana población de Abenójar, sea declarada proyecto estratégico por parte de la Unión Europea.

El pasado 18 de septiembre se celebró un acto simbólico para inaugurar la extracción de este mineral en Ciudad Real. Hoy el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha avanzado que ya se trabaja para conseguir este objetivo, para una empresa que según los datos facilitados creará más de 200 empleos

Caballero lo confirmaba coincidiendo con la reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Irlanda y en la que ha participado el presidente regional, Emiliano García-Page.

“Estamos haciendo gestiones en este momento para mantener un encuentro al máximo nivel”, decía, con la Vicepresidencia de la Comisión Europea responsable de las materias primas estratégicas. En concreto con Stéphane Séjourné, que ejerce como vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial.

La declaración del proyecto como estratégico, explicaba José Manuel Caballero “permitirá a los inversores, a los promotores y a los empresarios acceder a más ayudas, a mejores subvenciones y permitirá también que este proyecto tenga una demisión y una protección europea”.

Desde esta reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones, ha puesto el acento en que “estamos hablando de que en estos momentos hay en Europa una ley que protege todo lo que tiene que ver con las materias primas esenciales y el wolframio, que se va a extraer en la mina de Abenójar y que se va a procesar en Puertollano, lo es”.

Ha desvelado que la reunión celebrada estos días en Irlanda se ha centrado en temas locales. “Sobre todo, en las posibilidades de vida en las zonas rurales y, en esta materia, nosotros defendemos claramente, y lo practicamos en Castilla-La Mancha, el derecho de las personas a vivir en su pueblo y a tener oportunidades de desarrollo, de bienestar y a tener buenos servicios”, ha comentado.

En este punto ha remarcado que se debe “apostar por que haya oportunidades de empleo, que haya industrias para garantizar el derecho a vivir donde cada uno quiera”.

Castilla-La Mancha acoge la próxima semana otra reunión del Comité de las Regiones

Por otro lado, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha señalado que desde el Gobierno regional ya se están ultimando los detalles para la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones

Por primera vez Castilla-La Mancha va a acoger la semana que viene una reunión de este organismo. La agenda se extiende durante dos días.

Primero, el día 1 de octubre en Tomelloso y Campo de Criptana, en Ciudad Real y al día siguiente en Toledo, en las instalaciones del campus universitario de Toledo, en el edificio de San Pedro Mártir.

Nazareth Rodrigo ha confirmado que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, participará en este foro europeo en uno de los temas y de debates de la agenda de la Comisión NAT sobre incendios forestales. “Podremos contar qué es lo que hace Castilla-La Mancha, ponerlo de ejemplo y poner sobre la mesa también las dificultades que afrontamos las regiones para resolver todo lo que tiene que ver con circunstancias complicadas como este caso”, ha afirmado.

Este encuentro va a contar con la participación de más de un centenar de representantes de otras regiones de Alemania, Francia, Italia, Portugal, República Checa o Hungría. “Vamos a tener la oportunidad de hablar de temas que tenemos en común y que nos preocupan a todas las regiones y de que Castilla-La Mancha demuestre todo lo que se está haciendo en la región y que en muchos casos es ejemplo para otras regiones con problemáticas o con circunstancias similares”.

La vigilancia de la salud es mucho más que el reconocimiento médico periódico al que se someten los trabajadores y trabajadoras: es un derecho de las personas y un deber de las empresas que opera en dos planos, el individual y el colectivo, permitiendo tanto detectar problemas de salud concretos como identificar patrones que puedan afectar a colectivos enteros de una empresa o un sector.

Valentín de Mora Gómez-Lázaro, técnico habilitado de prevención del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Toledo, explica por qué la evaluación de riesgos que realiza su perfil técnico es la base sobre la que se construye toda vigilancia de la salud, y por qué la prevención real exige ir más allá del papeleo.

¿Qué papel desempeña un perfil como el tuyo, personal técnico de prevención, en el marco de la vigilancia de la salud?

La prevención de riesgos laborales, con carácter general está estructurada en dos grandes áreas.

El área de prevención técnica, donde se encasilla la labor de los profesionales técnicos, como es mi caso, y el área de vigilancia de la salud, o de medicina del trabajo. Mejor dicho, en la que se encasilla la vigilancia de la salud. Pues bien, estas áreas, para que el conjunto funcione correctamente, tienen que estar perfectamente integradas.

En la parte de prevención técnica, su tarea fundamental es el desarrollo y elaboración de lo que se denomina evaluación de riesgos, que es una actuación preventiva en la que se identifican los riesgos, atendiendo a la naturaleza de la actividad de la empresa, así como a las características de los trabajadores. Para que la vigilancia de la salud pueda desarrollar su actividad ajustada a la realidad de la empresa, necesita esa evaluación de riesgos.

El trabajo fundamental del perfil técnico, del técnico de prevención, es el desarrollo y elaboración de la evaluación de riesgos, pues es la herramienta básica y fundamental para que la vigilancia de la salud desarrolle su actividad ajustada a la realidad de la empresa, atendiendo a esa información que se le traslada a al personal sanitario. Este análisis previo le permite, gracias a la información de esa realidad preventiva de la empresa, ajustar los protocolos, porque la vigilancia de la salud, sobre todo, se desarrolla en base a protocolos.

Imaginemos a una persona trabajadora que desarrolla su actividad en un entorno con exposición a ruido. Desde el punto de vista técnico, en la evaluación de riesgos se identifica esa exposición, se valora su magnitud, conocemos las características del puesto, la tarea y, a partir de ahí, se proponen una serie de medidas si se ha determinado que hay unos valores o niveles de ruido que han de ser controlados.

Pero esa información también es fundamental para que el personal sanitario pueda tenerla en cuenta o deba tenerla en cuenta a la hora de establecer la vigilancia de la salud que corresponda, aplicando el protocolo específico, en este caso de ruido, que tiene unas características dentro del reconocimiento médico, entre otras, por ejemplo, hacer audiometrías más o menos desarrolladas

¿Qué aporta la coordinación entre el personal técnico de prevención y el sanitario?

Por lo que hemos comentado anteriormente, ha quedado muy claro que tiene que haber esa coordinación entre un área y otra. Ahí vemos un sentido de la comunicación entre el área técnica y el área de vigilancia de salud, pero a la inversa también se tiene que dar. ¿Por qué?

Porque en el desarrollo, en la aplicación de la vigilancia de la salud, también se puede determinar que se están produciendo una serie de daños en un momento dado a los trabajadores.

Siguiendo con el ejemplo de la exposición a ruido, imaginemos la situación en la que, en sucesivos reconocimientos médicos, en población trabajadora joven, se están determinando pérdidas de audición, principio de hipoacusia profesional, que se llama. ¿Esto qué quiere decir? Pues que algo no se está haciendo bien.

Entonces, en esa coordinación, en esa bidireccionalidad que tiene que haber entre ambas áreas, vigilancia de salud traslada esa información epidemiológica, informando que determinados trabajadores que están perdiendo audición, para que en el área de prevención técnica, los técnicos comprueben si la evaluación de los niveles de ruido en el centro de trabajo está bien hecha, si las medidas preventivas son adecuadas y suficientes, o si simplemente no se están aplicando.

Continuando con ese ejemplo, la coordinación entre ambas áreas es fundamental para integrar la prevención a todos los efectos.

¿Cuándo resulta especialmente importante la vigilancia de la salud?

La actividad de la vigilancia de la salud es muy común asociarla únicamente a un reconocimiento médico estándar, pero también comprende situaciones asociadas a cambios de puestos de trabajo, asignación de tareas con nuevos riesgos o situaciones de bajas prolongadas de un trabajador tras un accidente de trabajo o tras una baja prolongada por una enfermedad común. También incluso momentos transitorios de especial sensibilidad que puedan afectar al estado de salud y que haya que adaptar el puesto de trabajo por enfermedades sobrevenidas.

La actividad de la vigilancia de la salud es muy común asociarla únicamente a un reconocimiento médico estándar, pero también comprende situaciones asociadas a cambios de puestos de trabajo, asignación de tareas con nuevos riesgos o situaciones de bajas prolongadas

Todos pensamos en un cáncer o, simplemente, en una crisis de vértigos. Pensemos, por ejemplo, en un trabajador que, en su tarea habitual, por ejemplo, realiza trabajos en altura. Si a través de la vigilancia de la salud se tiene constancia de estos episodios, será más fácil procurar y evitar que realice esas tareas, en tanto que puede poner en riesgo su propia salud. Por lo tanto, la vigilancia de la salud va más allá del reconocimiento médico.

Por destacar algo de lo que estábamos comentando, de especial relevancia, es el caso de las personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos, como comentaba. La evaluación de riesgos o, mejor dicho, la vigilancia de la salud, se realiza con carácter general, pero luego tiene unas especificidades bajo las que hay que tener en cuenta las características personales, el estado biológico, determinadas situaciones que puedan determinar que una persona sea especialmente vulnerable frente a los riesgos del puesto. Ahí entra la vigilancia de la salud.

Y una última cuestión, también muy importante, es la dimensión colectiva, porque asociamos vigilancia de la salud a los reconocimientos médicos individuales. Pero la acumulación de información, la explotación y análisis de la información determinada de los reconocimientos médicos nos permite sacar conclusiones colectivas de una situación que puede estar perjudicando en carácter general a la salud del conjunto de los trabajadores.

Me retrotraigo al ejemplo que poníamos antes de la exposición al ruido, cuando un colectivo de trabajadores puede, en un momento dado, estar sufriendo problemas de pérdida de audición.

¿Ha cambiado el mapa de riesgos laborales en los últimos años? ¿Han aparecido o desaparecido riesgos?

Es cierto que el uso, en ocasiones incluso adicción, de las nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos materiales, sobre todo nanomateriales, el uso más intensivo de esas herramientas tecnológicas, afectan a la componente psicosocial del trabajo. Se han intensificado los factores psicosociales.

Entonces, es un elemento que cada vez tiene más incidencia en las empresas, en las organizaciones, y que, por lo tanto, hay que prestarle una atención mayor de lo que se podía prestar hace veinticinco o treinta años.

El Palacio de los Marqueses de Torremejía de Almagro se convertirá en el próximo Bien de Interés Cultural de Castilla-La Mancha, en la categoría de Monumento. Así lo ha aprobado el último Consejo de Gobierno, hecho del que ha dado cuenta la consejera Portavoz, Esther Padilla, que ha recordado que este inmueble “escribe una nueva página, después de haber acaparado titulares gracias a su rehabilitación en los últimos meses y su apertura”.

Con la declaración como Bien de Interés Cultural, la portavoz ha insistido en que “le otorgamos el máximo nivel de protección, teniendo en cuenta que, además, ya estaba incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha como bien inmueble de carácter arquitectónico; le reconocemos su valor cultural como parte integrante y representativa del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha”.

Además, ha insistido en que, al tener la declaración de BIC se permitirán aquellos usos compatibles con su puesta en valor y disfrute patrimonial y deberá facilitarse la visita pública en los términos establecidos por la normativa autonómica. Asimismo, esa protección implica la suspensión de determinadas licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas. Cualquier cambio de uso, segregación o agregación deberá contar con autorización de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.

El palacio se encuentra en la Plaza de Santo Domingo, dentro del conjunto histórico de Almagro, y su configuración original responde a una concepción mudéjar de los siglos XV y XVI. Posteriormente, en el siglo XVII, fue ampliado incorporando dependencias del antiguo Hospital de las Ánimas y del edificio de las Caballerizas.

La consejera lo ha destacado como uno de los mejores ejemplos, y el mejor conservado, de casa señorial del siglo XV y, además, sus sucesivas transformaciones “permiten conocer a través del propio edificio la evolución histórica y social de Almagro”.

Padilla ha recordado cómo, recientemente, el palacio ha sido rehabilitado y abierto al público gracias a una intervención impulsada por quien fue su propietario, Mauricio Fernández, fallecido a finales de 2025. Una recuperación que fue reconocida el pasado año con una mención especial en las Medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha y que, en palabras de Padilla, “fue cuidada y comprometida con la conservación de nuestro patrimonio que, además, fue promovida desde la iniciativa privada y que merece también nuestro reconocimiento”.

La responsable autonómica ha detallado algunos de sus elementos más destacados, como el alfarje del patio porticado de madera de pino, el solado de motivos geométricos del patio principal, la escalera principal con su cúpula ochavada sobre tambor y su rica decoración de las salas principales, cuyos techos y muros conservan interesantes pinturas.

La portavoz del Ejecutivo ha concluido recordando que este nuevo BIC “viene a engrosar la lista de inmuebles o tradiciones protegidas por el Ejecutivo. Desde que gobierna Emiliano García-Page, se han declarado o incoado 91 BICs, 25 desde que comenzó la actual legislatura”.

Salvo para amantes de la geografía, no es de lo más habitual que consultemos mapas al detalle. Hoy en día, los navegadores GPS nos lo dan todo hecho en lo más esencial: desplazarnos, conocer distancias, ubicaciones y lugares de interés. Todos esos datos, al alcance de la mano en tiempo real, serían imposibles sin el papel de la cartografía, una ciencia, y también un arte, dedicada a la concepción, producción, análisis y difusión de mapas y representaciones gráficas de la superficie de la Tierra.

Castilla-La Mancha, una de las regiones más extensas de España, lleva tiempo trabajando en el conocimiento de su propio territorio. Se trata de una cuestión que ha adquirido mayor importancia en los últimos años con los efectos del cambio climático. Danas, inundaciones, calor extremo, incendios de sexta generación, entre otros muchos fenómenos, han obligado a mejorar las fórmulas tradicionales. Darles nuevas utilidades. Y ponerlas al servicio de la ciudadanía.

Por ese motivo, el Gobierno castellanomanchego ha puesto en marcha el Portal del Centro Cartográfico, una nueva plataforma que concentra en un único espacio la cartografía pública de la región y los principales proyectos estratégicos relacionados con el conocimiento y la gestión del territorio.

El director del Centro Cartográfico y secretario general de la Consejería de Fomento, Daniel Corredor, explica a este periódico que el portal es una herramienta digital diseñada para facilitar el acceso de ciudadanos, profesionales, empresas, investigadores y administraciones a toda la información geográfica pública que genera y gestiona la comunidad autónoma.

“La cartografía constituye una herramienta esencial para la planificación y gestión de numerosos servicios públicos, desde la construcción de infraestructuras y el planeamiento urbanístico hasta la gestión de emergencias, la protección medioambiental o la ordenación territorial”, detalla.

Su principal novedad ahora es que se convierte en la “puerta de entrada única” a toda la información relacionada con la cartografía pública de Castilla-La Mancha. De este modo, recursos que anteriormente estaban distribuidos en distintos espacios pasan a reunirse en una misma web, facilitando su localización y consulta.

Uno de los principales espacios de la nueva web es el Portal de Mapas, concebido como “la gran ventana geográfica” de Castilla-La Mancha y punto de acceso a los visores y herramientas cartográficas empleados tanto por profesionales como por la propia Administración regional.

Ahora bien, ¿es importante para la prevención de inundaciones e incendios? Daniel Corredor tiene que claro que es “esencial”. Afirma que la Dirección General de Protección Ciudadana, desde donde se activan las alertas por situaciones meteorológicas adversas, y el sistema contra incendios (Infocam), hacen un uso constante de estos datos para mejorar las políticas de prevención.

“Permite identificar cuáles son las zonas que pueden tener un potencial de afección por inundaciones e incendios. Tanto en lo ya construido, como en lo que no. Con ello, se pueden dar avisos para que los ayuntamientos sean conscientes de en qué zonas deben de ser más cautos a la hora de desarrollar planeamientos urbanísticos”.

Es importante saber la huella que ha dejado el fuego. Eso permite generar modelos predictivos de cómo va a comportarse un incendio en el futuro en una determinada zona

Un ejemplo es la identificación de aquellas instalaciones públicas en las que hay grandes confluencias de gente: espacios deportivos, centros educativos, sanitarios o incluso templos religiosos. Si están ubicados en esas zonas de inundabilidad o riesgo de incendio, se pueden tener “controlados” en caso de catástrofe.

En el ámbito concreto de los incendios, además de la prevención, la cartografía también puede ayudar a analizar “cómo se ha comportado el fuego”, cómo ha evolucionado en la masa forestal. “Es importante saber la huella que ha dejado el fuego. Eso permite generar modelos predictivos de cómo va a comportarse un incendio en el futuro en una determinada zona”.

Porque, además, esta ciencia también incluye la información geoespacial, que ayuda a los efectivos de extinción de incendios que están en primera línea de batalla. Esos datos facilitan coordinar los medios, para “no dejar ningún frente desprovisto de apoyo y para ir perimetrando y controlando”.

Al mismo tiempo, la información cartográfica recaba datos sobre las infraestructuras “sensibles” que haya en la zona con un incendio. Líneas de alta tensión, gasoductos, obras hidráulicas y la propia red de carreteras “para saber en qué tramos se pueden ver afectados y cortarse”.

Pueblos poco poblados pero con mucha extensión

Algunos núcleos de municipios poco poblados pero con mucha extensión geográfica también pueden ser “muy sensibles”. En estos casos, Corredor explica que si tienen desarrolladas herramientas o información geográfica sobre sus montes y sus bosques, una “foto fija” de su situación, pueden adoptar medidas de prevención como cortafuegos y adecuación de carreteras para estar preparados frente a inundaciones e incendios.

Este proyecto recién estrenado en Castilla-La Mancha está ligado a la futura Ley autonómica de Información Geográfica, que ya ha pasado su proceso de información pública. Su principal objetivo es garantizar la coordinación institucional, evitar la duplicidad de esfuerzos y asegurar que los datos espaciales sean precisos e interoperables.

Además, la norma regula aspectos estratégicos como la Infraestructura de Datos Espaciales, el registro de cartografía oficial y el acceso público a esta información como un servicio esencial. Finalmente, la propuesta legislativa busca modernizar la gestión territorial, integrando la herencia histórica de la región con los actuales avances en tecnología satelital y administración digital.

El borrador de la ley pone especial hincapié en que la información geográfica es una herramienta “imprescindible” para materias estrechamente vinculadas con la gestión y prevención de las catástrofes, señalando específicamente áreas como la protección civil, la gestión forestal, la gestión del agua y el medio ambiente.

Actualmente, las principales herramientas de Castilla-La Mancha para los planes de emergencia se basan en el uso de mapas y Sistemas de Información Geográfica (SIG): visores dinámicos, capas de datos espaciales y sistemas de alerta temprana tanto para la prevención como para la respuesta ante emergencias por incendios forestales e inundaciones.

El portal oficial del dispositivo Infocam cuenta con un mapa interactivo público que georreferencia en tiempo real la ubicación de incendios activos, controlados o extinguidos durante las últimas 48 horas, detallando el nivel de emergencia y los medios asignados.

A diario se publica también un mapa temático a escala municipal del Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios forestales, que evalúa las condiciones meteorológicas y el estado de la vegetación para determinar el riesgo y la dificultad de extinción.

Asimsimo, la Cartografía de Zonas de Alto Riesgo (ZAR) está incluida en el Portal de Mapas regional, que determina qué municipios están obligados a redactar sus Planes de Actuación Municipal (PAMIF).

Por último, existe una zonificación ante el riesgo de inundaciones (PRICAM): el Servicio de Emergencias 112 y la Dirección General de Protección Ciudadana utilizan mapas de peligrosidad por inundación integrados con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) para clasificar el riesgo municipal y coordinar las actuaciones.

El futuro real decreto sobre centros de datos promovido por el Gobierno de España promete abrir un nuevo conflicto entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El barón castellanomanchego ha cargado contra este proyecto normativo, que exigirá que los centros de mayor tamaño respalden con nueva capacidad renovable, acreditada hora a hora, al menos el 80% de su consumo eléctrico.

“Vamos a presentar alegaciones esta semana y eventualmente iremos a los tribunales”, ha advertido el presidente socialista en la localidad de Alovera (Guadalajara), donde ha inaugurado la planta de biomasa de Mahou San Miguel.

Al presidente castellanomanchego, le parece “bastante dramático” para vertebrar y cohesionar un país que “se esté diseccionando” y se quiera “pilotar” el proceso y el mapa industrial en España “de alguna manera divorciando las fuentes primarias de donde termina radicada la riqueza” para que encima, ha apuntado, luego sea la renta y la riqueza de esos territorios beneficiados, incluso en la dictadura. “los que terminen condicionando hasta la financiación autonómica”.

“Si nosotros ponemos la cama. Si nosotros ponemos el territorio, el esfuerzo y la burocracia pensando que cada vez que ponemos placa fotovoltaica facilitamos inversión y vamos a atraer industria que se vincula a la energía renovable, ¿por qué el Gobierno quiere controlar, por ejemplo, la instalación de cualquier centro de datos que hay en España?”, se ha preguntado.

A modo irónico, ha afirmado que confía en que los independentistas, que “son los que mandan”, lo terminen tumbando.

Continuando con el argumento, García-Page se ha preguntado por qué las comunidades autónomas tienen que facilitar la producción de la energía, y, sin embargo, tienen que ver que no deciden y no opinan siquiera en las instalaciones empresariales que dejan empleo y riqueza.

“Me podrán decir muchas cosas, pero tonto, tonto, no me considero”, ha abundado García-Page, quien ha sostenido que confía “muy poco” en que algunas decisiones del Gobierno de España, a la hora de decidir dónde se instalan los centros y las empresas, pasen por su tierra. Por tanto, “vamos a presentar alegaciones esta semana y eventualmente iremos a los tribunales”, ha adelantado.