Desde su puesta en marcha en 2023, el Servicio de Atención Integrada (SAI) de atención a personas LGTBI de Castilla-La Mancha ha realizado 14.434 actuaciones, según ha informado la consejera de Igualdad, Sara Simón, cuando se cumple un año de la apertura de las sedes provinciales de este área. Según ha detallado, las consultas realizadas van desde delitos de odio hasta familias que se ven “desbordadas” por no saber cómo abordar la orientación sexual de sus hijos e hijas.

Precisamente, la consejera ha destacado en este balance cómo la ampliación presencial del SAI, que antes trabajaba de forma telemática, está ofreciendo al servicio “una mayor capacidad de atención y llegar a zonas más pobladas”.

En el marco de las 14.434 actuaciones del SAI-LGTBI se han abierto 550 expedientes de personas que han necesitado atención especializada, 3.397 desde el punto de vista social, 5.219 desde el punto de vista psicológico y 1.066 atenciones de carácter jurídico. A esto hay que añadir 4.752 consultas o peticiones de información por parte de personas, administraciones, empresas y asociaciones.

Simón ha indicado, comparando los datos del mes de julio en 2026, que la ampliación del SAI ha permitido incrementar en un 72,8% la atención a todas las provincias y los datos “no paran de crecer,” porque en lo que va de 2026 ya se han realizado el 82,2% del total de las actuaciones del año pasado; es decir, la tendencia es “al alza”.

“Que el SAI tenga cada vez más capacidad es buena noticia, porque quiere decir que el recurso es más conocido y accesible”, ha enfatizado la consejera, que ha mencionado cómo la media mensual de atenciones ha crecido tras la ampliación a todas las provincias, de 305 a 527 de media. Además, Siimón ha apuntado que el 50,2% de las atenciones corresponden a expedientes de personas que viven fuera de las capitales de provincia.

Consultas, agresiones y denuncias

Las consultas que recibe este servicio son muy variadas, desde delitos de odio en el ámbito social y laboral, “en los que nos piden asesoramiento psicológico”, como aspectos jurídicos. También hay atención a familiares con hijos LGTBI que en ocasiones “se ven desbordados, porque no saben cómo atender esa situación” y a personas que vienen de otros países donde sufren por su orientación sexual.

En cuanto a las agresiones, Simón ha apuntado que es difícil obtener una cifra, porque algunas “no se comunican y otras se transmiten directamente a las fuerzas de seguridad del estado”, pero ha dejado claro que si una persona es víctima, el servicio le orientará sobre cómo denunciarla“.

En conclusión, ha remarcado que los datos demuestran la “fortaleza de un servicio tan joven” como el SAI. Y también ha valorado que la expansión a las capitales de provincia ha tenido otras ventajas, como la mayor facilidad para trabajar contra los delitos de odio de la mano de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un acceso a los centros educativos.

Para la expansión del SAI fue necesario incrementar el presupuesto del servicio 500.000 euros y la consejera considera que “el camino pasa por seguir ampliando las sedes provinciales del SAI”. “Nuestro objetivo es que el servicio siga creciendo en la próxima legislatura”, ha asegurado Simón, pero ha advertido de que esto no será posible “si algunas fuerzas políticas llegan al gobierno”.

“Esto es algo que nos preocupa, que hay un partido que está abogando por derogar la ley de diversidad sexual y derechos LGTBI y que el principal partido de la oposición dice que no tendría ningún tipo de problema en pactar con ese partido político”, ha señalado Simón en referencia a Vox y al Partido Popular.

El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido al presidente regional del PP, Paco Núñez, que aclare “qué modelo de financiación autonómica” defiende su partido.

Lo ha hecho después de que el secretario general del PP catalán, Juan Fernández, manifestase en una entrevista publicada este domingo en El Periódico que “Catalunya necesita una mejor financiación, debe recibir tanto dinero como aporta y tiene derecho a recibir más dinero que el resto si aporta mucho más”. Unas declaraciones que para Ruiz Molina suponen una “defensa” del principio de ordinalidad que en numerosas ocasiones han criticado desde el Gobierno de Emiliano García-Page.

En una comparecencia en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha el responsable del departamento de Hacienda en la comunidad, ha vuelto a insistir en el “rechazo” a la propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, que califica de “chantaje” e incide en que no favorece la igualdad de oportunidades en los territorios de todo el país.

Ha reclamado “transparencia” y “objetividad” al Gobierno de España en relación con esta propuesta y todo ello a las puertas de la reunión técnica que se va a celebrar este martes para preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio en el que se hablará, de nuevo, de financiación autonómica. El nuevo modelo sigue atascado, sin acuerdo, desde hace más de una década.

Un “contrato de adhesión que privilegia a una comunidad”

Ruiz Molina ha vuelto a mostrarse escéptico de que las reuniones que se vienen manteniendo, sean o no bilaterales, vayan a servir para incluir modificaciones a propuesta de las autonomías al plan del Gobierno de Pedro Sánchez ya que, según ha afirmado, “el acuerdo está cerrado y certificado” por el presidente del Ejecutivo nacional y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras tras la reunión que ambos mantuvieron en enero.

“Estamos ante un contrato de adhesión que es profundamente injusto porque es un modelo de financiación que privilegia a una comunidad autónoma y agravia a las demás”, ha añadido el consejero.

Ruiz Molina ha hablado de “falta de transparencia” que, a su juicio, “no se corresponde en absoluto con ningún proceso de negociación de la financiación autonómica en la historia de las comunidades autónomas” y, por ese motivo, ha pedido al ministro de Hacienda que Castilla-La Mancha tenga acceso a los mismos datos y a la misma información en relación con este modelo que pudiera tener la Generalitat de Catalunya o ERC.

También ha querido dejar claro que, a su entender, este modelo se articula “como un chantaje”, de tal forma que aquellas comunidades autónomas que no se acogan al nuevo modelo, que espera que “no salga adelante”, continuarían con el modelo anterior y, por lo tanto, no se podrían beneficiar de los “famosos” 21.000 millones que el Gobierno central está dispuesto a aportar para financiar a las comunidades autónomas.

Pone en duda que lleguen 1.248 millones más

El consejero también se ha mostrado escéptico con que el nuevo modelo otorgue a Castilla-La Mancha 1.248 millones de euros más de los que está recibiendo con la actual financiación. “En la Consejería de Hacienda somos incapaces de llegar a esa cifra. No sabemos ni con qué la están comparando ni cómo se ha llegado a ella”, ha criticado. No obstante, ha tomado esa cifra como referencia para añadir que, según sus cálculos, Castilla-La Mancha “quiere tener” un 10% más sobre ella para salvar “separación” que se produce con Catalunya.

Sobre la petición que hizo en los medios de comunicación García-Page pidiendo a Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar el asunto 'de tú a tú', Ruiz Molina no le “consta” que su Gobierno haya pedido formalmente ese encuentro.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha logrado incluir la aplicación de la jubilación parcial dentro de la negociación del IX Convenio Colectivo del Personal Laboral, cuya comisión negociadora se reunirá el próximo lunes, 13 de julio.

CSIF recuerda que el pasado 2 de julio ya registró un escrito dirigido a la Dirección General de la Función Pública reclamando que se comenzaran a tramitar “sin demora” las solicitudes de jubilación parcial del personal laboral tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio.

La nueva regulación podría beneficiar a cerca de un millar de trabajadores de la Administración regional después de ver suprimido este derecho por culpa de la última reforma en materia de pensiones, derivada del acuerdo entre Gobierno central, CCOO y UGT, que “no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas”.

“No podemos esperar más”

El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, resalta: “No podemos esperar más, recordamos que se ha cometido una terrible injusticia con un colectivo que ha visto de manera injusta bloqueado este derecho después de toda una vida laboral como servidores públicos. La Junta tiene las condiciones jurídicas y organizativas necesarias para reconocer este derecho sin demora”.

CSIF defenderá en la negociación del próximo lunes una regulación que garantice el acceso efectivo a la jubilación parcial del personal laboral, facilite el relevo generacional y permita que los trabajadores “puedan ejercer este derecho sin demoras ni obstáculos administrativos”.

La vivienda es una competencia autonómica según el artículo 148 de la Constitución, pero Castilla-La Mancha y Madrid son las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Asturias, Cantabria y Aragón que también carecían de leyes tienen proyectos en trámite parlamentario ya muy avanzados.

En Castilla-La Mancha únicamente contamos con la Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de protección pública.

En 2011, a pocos meses de las elecciones, el PSOE aprobó en las Cortes la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de garantías en el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha. Era una ley muy avanzada sobre el papel, dado que se garantizaba una vivienda pública a quienes reuniesen condiciones para inscribirse en un registro regional de demandantes. Con el cambio de gobierno no llegó a aplicarse y en 2012 el PP la derogó.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, de 2015 a 2019, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el anteproyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, se sometió a un periodo de información pública (enero de 2018), pero finalmente no se tramitó en las Cortes regionales.

Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma y para favorecer el acceso a la vivienda. Planteaba el fomento del alquiler privado con incentivos, la penalización de viviendas vacías, los registros de demandantes, la movilización de las viviendas ociosas en manos de grandes propietarios, etc. Además devolvía a los ayuntamientos de la región la competencia en esta materia, que eliminó la última reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Esa falta de competencia de los ayuntamientos, limitada por ahora a la promoción de vivienda con protección pública con “criterios de sostenibilidad financera” en la redacción actual de la Ley de Bases, condiciona poner en marcha planes locales de vivienda coordinados con los planes urbanísticos para atender la demanda.

El propio Gobierno regional anunció en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y no ha habido avances

En la legislatura siguiente pareció recuperarse la iniciativa con la creación de un grupo de trabajo en 2019 pero no hubo avances y se optó por dar prioridad al problema de la ocupación, proponiendo medidas al Gobierno central. Si bien la ocupación era en esos momentos un problema con impacto mediático y que creaba inseguridad y rédito político, lo cierto es que numéricamente era y es un fenómeno anécdotico y mayoritariamente circunscrito a promociones abandonadas, propiedad de empresas quebradas, bancos o fondos de inversión, muy localizadas en pocos municipios. Es cierto que podía haber mafias detrás y falta de agilidad en la respuesta, pero el gobierno autonómico tiene limitaciones competenciales para afrontar este problema.

En la legislatura actual el propio Gobierno regional anunció en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y no ha habido avances. De hecho, en la mencionada web, este compromiso aparece con tan solo un 5% de objetivo cumplido.

Lo cierto es que Castilla-La Mancha se está quedando atrás mientras en otras comunidades se legisla para reconocer el derecho subjetivo a la vivienda, penalizan la especulación de los grandes tenedores, se buscan nuevas fórmulas para promover vivienda asequible o para limitar la subida del precio del alquiler.

Una ley de vivienda regional además de incluir esos aspectos debería prever mecanismos para la declaración de áreas residenciales tensionadas, con datos que proporcione un observatorio público y medidas para corregir el alza de precios del alquiler, limitar los cambios de uso residencial a turístico, crear un registro de demandantes de vivienda protegida eficaz para conocer la demanda y facilitar las adjudicaciones, garantizar la permanencia de la protección pública de las viviendas o el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en sus transmisiones, entre otras cuestiones.

Más del 84 por ciento del articulado de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha está ya en marcha o en un desarrollo avanzado tras sus primeros tres años de vida, por lo que 37 de los 44 artículos evaluados en el informe trienal de esta norma presentan avances. Así lo ha indicado la consejera de Igualdad, Sara Simón, en la Comisión de Igualdad que ha tenido lugar este miércoles en las Cortes de Castilla-La Mancha para presentar el informe de esta ley, que comprende desde mayo de 2022, momento en el que se puso en marcha, a diciembre del año 2025.

Ha apuntado que el informe de esta Ley evalúa la parte de la misma que insta al Gobierno a actuar de manera transversal, por lo que el grueso del análisis se centra en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley. “Hemos hecho lo más difícil, pasar de la ley escrita a la política pública real, a crear recursos, servicios, a poner presupuesto y a garantizar derechos en todo el territorio”, ha añadido la consejera.

Simón ha destacado así que “un hito imprescindible” de estos tres años ha sido la puesta en marcha del Servicio de Atención Integral (SAI) LGTBI, que se ha ampliado durante este tiempo con atenciones presenciales en todas las capitales de provincia para “llegar de manera más cercana a todas las personas”.

Ha dado datos concretos de este servicio para indicar que desde 2023 a 2025 ha realizado 11.079 atenciones totales de las que 7.050 han sido actuaciones o atenciones especializadas, 4.066 psicológicas, 2.149 sociales y 835 jurídicas. “Más de 11.000 atenciones no son una cifra fría, son más de 11.000 ocasiones en las que una persona, una familia o un entorno encontró una respuesta pública, gratuita, especializada y segura”, ha afirmado.

Según Simón, este servicio no solo se ha creado sino que se ha consolidado, lo que se demuestra con el hecho de que las atenciones especializadas fueron 1.652 en el año 2023, pasando por 2.517 en el año 2024 hasta llegar a 2.881 en el año 2025. “Esto supone un crecimiento aproximado del 74% entre el primer y el último año del periodo evaluado”.

Cuando una Administración pública abre una puerta segura, la gente acude

Si se suman las consultas e información junto a las atenciones especializadas, el volumen total ha pasado de 2.731 intervenciones en el año 2023 a 4.497 en el año 2025, lo que supone un incremento cercano al 65% que para Simón significa que el recurso “se conoce más”, que “la ciudadanía confía más en él y que cuando una Administración pública abre una puerta segura, la gente acude”.

Finalmente, ha resaltado “otro dato especialmente relevante” como es el de que el SAI LGTBI ha acumulado en este periodo de tiempo 286 altas nuevas con expediente abierto, destacando que se trata de “procesos de acompañamiento, de itinerarios personales, de atención sostenida y de protección real”.

Junto a la ampliación del SAI, la consejera ha indicado que con esta ley también se han desarrollado otras acciones como la celebración de la sesión constitutiva del Consejo Regional LGTBI, la celebración del Orgullo con una programación impulsada desde el Gobierno regional, la elaboración de protocolos o el avance en la creación de unidades especializadas como, por ejemplo, la unidad de atención sanitaria a personas trans e intersex.

En base a esta ley se han ido impulsando y mejorando las convocatorias de ayudas y de subvenciones, que llegan también a las entidades locales para la creación de los centros de promoción de la diversidad. “Hemos destinado medio millón de euros a financiar 88 programas y proyectos de las entidades sociales que componen el colectivo de la región, habiendo tenido un impacto sobre 107 municipios”.

Acciones formativas

Respecto a las acciones formativas, la consejera ha apuntado que a través de distintas acciones y en diferentes ámbitos, el Gobierno regional ha impulsado en base a esta ley programas formativos y de sensibilización que han llegado a más de 3.000 personas.

Se trata, ha indicado, de empleados y empleadas públicos con funciones administrativas, profesionales de la medicina, docentes, alumnado y, también, familias, “porque es imprescindible formar y concienciar para poder seguir avanzando para que la gente entienda que las posturas LGTBI-fóbicas no pueden tener cabida en una sociedad democrática que respeta los derechos humanos”.

Con todo, la consejera de Igualdad ha afirmado que la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI es “muy joven todavía” aunque ha indicado que ya ha empezado a andar y ha dado “pasos contundentes” pese a que aún tiene “un importante camino que recorrer”.

“La aprobación de esta ley supuso la consolidación de un marco autonómico de actuación pública orientado a proteger los derechos de las personas LGTBI y a incorporar la diversidad en el conjunto de las políticas públicas del Gobierno regional”, ha remarcado Simón, que ha destacado que mientras en otras regiones se derogan leyes LGTBI y se retrocede en derechos, “aquí estamos hoy evaluando el desarrollo y el impacto de nuestras leyes en favor de la diversidad sexual”.

Según ha indicado, las personas LGTBI de otros lugares de España “están en riesgo de perder derechos hoy en día, sin embargo, aquí, en esta tierra, en Castilla-La Mancha, no”. “Aquí garantizamos los derechos y estamos ampliando servicios, aunque desde luego hay que tener claro que nada está blindado y hoy tenemos el compromiso del Gobierno, pero quizá en un futuro no sea así”, ha advertido.

Valoraciones de PP y Vox

El diputado de Vox David Blázquez ha lamentado que este informe no acredite el impacto social que la propia ley exige evaluar sino que acredite “una intensa actividad administrativa”. “Y precisamente esa diferencia explica que nuestro Grupo Parlamentario mantenga una posición profundamente crítica, tanto con este informe como con el modelo político que lo inspira”.

Ha lamentado que el informe parta de la premisa de que “toda diferencia de trato obedece necesariamente a una discriminación estructural”. “Nosotros creemos que esa conclusión no puede darse por supuesta y que las políticas públicas deben construirse sobre datos objetivos y no sobre presupuestos ideológicos y por eso echamos en falta un análisis mucho más riguroso de las causas concretas de cada problema, de la eficacia de cada medida y de la proporcionalidad del gasto”.

La diputada del PP Ana Cantarero ve como una virtud del informe que “desmonta parte del triunfalismo” del que “alardea” el Gobierno regional porque reconoce que la implantación de la Ley “está siendo desigual” entre territorios, que todavía existen “numerosos artículos” que ni siquiera han sido iniciadas o puestos en marcha y que faltan “instrumentos esenciales” que la norma prevé.

“Sí que sabemos cuántas actuaciones se han hecho pero no sabemos suficientemente si están cambiando realmente la vida de las personas y esa es una diferencia muy importante y un dato que tenemos que tener en cuenta, porque gobernar no solamente consiste en hacer, sino que consiste en obtener resultados y este informe recoge actividades pero no recoge resultados”, ha lamentado.

La Universidad Castilla-La Mancha (UCLM) y el Gobierno regional han creado una nueva cátedra que echará a andar a la vuelta del verano y ayudará a la Administración a ordenar y a interrelacionar bases de datos, a través de la investigación que realizará la misma, con el objetivo de mejorar la gestión de políticas públicas y la prestación de servicios a los ciudadanos.

La Cátedra 'Inteligencia del Dato' tiene por objetivo que la investigación aplicada en materia de datos que desarrolle la Cátedra se transfiera hacia la Administración regional y posteriormente hacia el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha, para que esa labor de ordenación de distintos datos sirva para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos. Será financiada por el Ejecutivo regional con 290.000 euros.

“Fundamental” la gestión del dato

“Tenemos muchos datos en compartimentos distintos y hay que ponerlos a trabajar de manera conjunta, hay que interrelacionarlos”, ha afirmado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, durante la firma del convenio que pone en marcha esta cátedra, la cual ha realizado junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde. Martínez Guijarro ha señalado que no es una tarea fácil desde el punto de vista técnico, y “hay que hacerlo con las suficientes garantías también desde el punto de vista jurídico”.

Por su lado, el rector de la Universidad regional ha mencionado que “en los tiempos que vivimos la gestión del dato es fundamental” y por ello “la cátedra va a contribuir a ello de una manera muy sólida” con “formación, investigación y transferencia de conocimiento”.

“El objetivo final de la Cátedra, basado en el conocimiento que tienen nuestros grupos en la universidad, es gestionar todos estos datos para mejorar las políticas públicas. Ese es el objetivo final y estoy convencido de que vamos a conseguirlo de manera conjunta”, ha augurado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha dado un paso estratégico en la modernización de la Administración regional con la formalización del contrato para el desarrollo de un marco normativo de inteligencia artificial (IA) generativa, destinado a transformar y mejorar los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

Este proyecto, que ha llevado a cabo la Agencia de Transformación Digital, va a permitir la creación de un entorno común de trabajo para el diseño, desarrollo y despliegue de soluciones de inteligencia artificial en la Junta de Comunidades, favoreciendo una implantación que “fomenta un espacio seguro”, enmarcado en la estrategia regional de ciberseguridad, además escalable y alineado con el interés público.

La iniciativa supone avanzar desde modelos aislados hacia un ecosistema integral de la inteligencia artificial, con mecanismos de gobernanza, control y evolución continua, que facilitará la incorporación progresiva de esta tecnología como herramienta de mejora de la atención a la ciudadanía y de la eficiencia administrativa.

Como consecuencia, va a promover la soberanía digital, al hacer menos dependiente estas herramientas de los grandes modelos de IA en el mercado tecnológico.

Confinanciado con fondos europeos

El contrato ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Inetum y Écija Abogados, por un importe de 4.264.728 euros y con un plazo de ejecución de 24 meses. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo 2021-2027, reforzando el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la digitalización, la innovación tecnológica y la mejora continua de los servicios públicos.

Uno de los elementos diferenciales de este proyecto es su apuesta por arquitecturas basadas en agentes inteligentes y componentes reutilizables, que permitirán automatizar procesos complejos, agilizar la toma de decisiones y acelerar el desarrollo de nuevos casos de uso dentro de la Administración regional.

El modelo contempla además la creación de un catálogo estructurado de componentes de inteligencia artificial que facilitará la reutilización de soluciones, evitará duplicidades y garantizará la coherencia tecnológica entre las diferentes consejerías y organismos públicos.

Eficiencia energética y optimización de recursos

La sostenibilidad constituye otro de los ejes estratégicos de la iniciativa. El proyecto incorpora criterios de eficiencia energética y optimización de recursos mediante arquitecturas híbridas y tecnologías avanzadas de compresión de modelos, contribuyendo a una inteligencia artificial “más eficiente, escalable y alineada con los objetivos de transición ecológica y racionalización del gasto público”.

La iniciativa refuerza igualmente el compromiso del Gobierno regional con un modelo de inteligencia artificial “ética, transparente y confiable en el ámbito público”.

Para ello, el proyecto integrará un sistema de gobernanza que establecerá estándares comunes, mecanismos de supervisión y procesos de validación destinados a garantizar un “uso responsable” de la inteligencia artificial. Asimismo, incorporará herramientas avanzadas de gestión de riesgos, auditoría y trazabilidad que aseguren la rendición de cuentas y la seguridad jurídica.

El marco de trabajo estará alineado con la normativa europea y con estándares internacionales como la ISO 42001, incorporando desde su diseño principios de transparencia, explicabilidad y supervisión humana.

El rechazo vecinal desde las cinco provincias de Castilla-La Mancha y las numerosas protestas han dado sus frutos. Las plataformas contra el biometano de la comunidad autónoma han conseguido, tras varias solicitudes, mantener un encuentro con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y su equipo. Han conocido de primera mano el decreto que el Ejecutivo de Page prepara para restringir su implantación y que también supone una moratoria de un año en la que los expedientes en curso quedarán en suspenso para que puedan adaptarse a la nueva norma.

Lo más destacado: los colectivos reunidos con el Gobierno regional dan por “enterrado” el Plan de Biometano que la Administración autonómica llevaba dos años preparando con horizonte 2030. Según afirman, la propia consejera afirmó en el encuentro que ese proyecto “ya es pasado”.

No es la primera vez que el Ejecutivo regional plantea una moratoria para proyectos industriales que tienen que ver, directa o indirectamente, con los residuos. En 2022 se frenó la implantación de las macrogranjas porcinas - una de las fuentes de suministro para producir biometano- durante dos años, aunque en enero de 2025 los permisos volvieron a reactivarse.

A esta reunión acudieron los colectivos vecinales que representan a la asociación Stop Ganadería Industrial y a las plataformas de Huelves, Socuéllamos, Torralba de Calatrava y La Villa de Don Fadrique, agrupados en 'Stop Biometano Castilla-La Mancha', además de Pueblos Vivos Cuenca.  

Por parte del Gobierno, además de la consejera, estuvieron presentes los directores generales de Calidad Ambiental y Transición Energética, Tomás Villarrubia y Alipio García, respectivamente; y la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro.

Un Plan destinado a desaperecer

No es de extrañar que el Plan regional de Biometano se considere ya “enterrado”. El nuevo decreto de restricciones al biometano que prepara el Gobierno, que procede del mandato de las Cortes de Castilla-La Mancha y que adelantó elDiarioclm.es, era incompatible con una planificación que venía a promover el uso de esta renovable en la región.

Desde su conocimiento público, recibió más de 15.000 alegaciones de organizaciones y particulares. Nunca se llegó a poner en marcha y ni la consejera ni los miembros del Gobierno lo mencionaban en sus últimas referencias a las plantas de biometano.

El motivo: las manifestaciones contra el biometano han arreciado en los últimos seis meses. Pueblos y ciudades que no quieren albergar instalaciones de gestión de residuos agroganaderos, debido a su impacto ambiental, a posible contaminación de las aguas y a los malos olores.

Y pese a que el Ejecutivo había rechazado todas las aportaciones recibidas para frenar ese Plan de Biometano, básicamente para no “interferir” en las decisiones de las empresas promotoras, ahora ha decido dar marcha atrás y reconocer el poder de decisión de los ayuntamientos sobre si quieren o no estas plantas en sus términos municipales. Varios alcaldes han dejado claro en los últimos meses su negativa a tramitar este tipo de proyectos.

Según miembros de las plataformas presentes en la reunión, el Plan regional de Biometano “es pasado y ya no se va a hablar de él”. El Gobierno no lo ha dicho como tal en la comunicación pública que hizo del encuentro, pero los colectivos que acudieron coinciden en que así será.

Como avanzó este periódico, la consejera les explicó que el nuevo decreto dará “poder absoluto de decisión” a los ayuntamientos sobre la decisión de aceptar la instalación de este tipo de plantas. “Su negativa supondría el archivo inmediato”.

También incorporará una limitación de la distancia de procedencia de los sustratos a 35 kilómetros; la obligación de incluir las instalaciones de tratamiento de las fases del digestato (el principal residuo que producen las plantas, generalmente comercializado como fertilizante); el cubrimiento de balsas de este último; el establecimiento de sistemas de monitorización y control de olores; y una fijación de distancia mínima de dos kilómetros, sin excepciones, a las poblaciones.

Pero los colectivos vecinales mantienen sus reservas. Detallan que a pesar de la paralización anunciada por la consejera, se ha iniciado la tramitación de dos macroplantas de biometano en Villarrobledo, otra en Los Yébenes, se ha aprobado en Gálvez y Talavera de la Reina, y se está elaborando la resolución de la macroplanta de Consuegra, según se puede consultar en la web de la Junta de expedientes bajo evaluación ambiental.

La consejera sigue afirmando que el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial, renegando de los propios estudios multiisotópicos de su consejería y de algunas sentencias judiciales

Además, según las organizaciones presentes, es “contradictorio” que mientras se tramita un decreto más restrictivo con el biometano también se prepara una ley de inversiones estratégicas donde se impulsan las plantas de biometano.

Afirman que la consejera expresó que es necesaria la reducción de los residuos orgánicos, pero que “no tiene intención” de limitar el crecimiento de la ganadería industrial. Eso “a pesar de que sus propias cifras hablan de que este sector es el generador del 70% de los residuos orgánicos totales”.

“La consejera sigue afirmando que el origen de la contaminación por nitratos es la agricultura, librando de cualquier culpa a la ganadería industrial, renegando de los propios estudios multiisotópicos de su consejería y de algunas sentencias judiciales, como la que acreditó la contaminación del agua de Torrejoncillo del Rey”, argumentan.

Por eso rechazan que el Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantee la existencia de otro modelo posible de plantas de biometano “más orientadas a su uso en el lugar de producción de residuos”, como autoconsumo, y “sigue apostando por macroplantas conectadas a la red de gas”.

Los colectivos asistentes a la reunión consideran que el nuevo decreto “contiene avances respecto al extinto Plan de Biometano”, aunque todavía es “manifiestamente mejorable”. Durante el encuentro, ambas partes manifestaron su compromiso de mantener el diálogo sobre el biometano que las organizaciones esperan que “no quede en papel mojado”.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión, se ha limitado a celebrar el “dialogo abierto” con estos colectivos, a los que invitó a “alegar las consideraciones que crean oportunas” cuando esta nueva normativa salga a participación pública“.

El periodo de consulta pública se abrió el pasado 22 de junio y se cierre el próximo 3 de julio. A continuación, le seguirá la fase de información pública, “en la que tanto las plataformas, como los promotores de proyectos de biometano, ayuntamientos y público en general, van a disponer de 45 días naturales para presentar sus aportaciones”.

“Este decreto será normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma”

“Este decreto va a recoger la resolución aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha con la normativa más garantista de Europa para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma”, la consejera. Esto incluye medidas como las ya mencionadas y también que el 80 por ciento de los residuos que traten las plantas de biometano procedan de la comarca, de un área máximo de 35 kilómetros.

En definitiva, destaca que se trata de una serie de normas regulatorias que van a “garantizar” mediante medidas de obligado cumplimiento “cero olores y tratamiento hermético de los residuos”

Finalmente, ha confirmado la obligatoriedad que todos los proyectos se tengan que adaptar al cien por cien a la normativa recogida en el Decreto, para lo que contarán con un plazo de entre 12 y 14 meses para acometer las transformaciones que pudieran ser necesarias.

Posteriormente, algunos de los colectivos presentes han informado de que también detallaron a la consejera que un grupo especializado de técnicos y profesionales de máximo nivel está elaborando un “informe exhaustivo” sobre el tratamiento de los residuos en Castilla-La Mancha “sin necesidad de recurrir a macroplantas de biometano”.

Concretamente, afirman, estos expertos van a incidir en el impacto acumulado de los residuos procedentes de macrogranjas y ganadería industrial.

Las 46 plataformas piden la “paralización total”

En definitiva, afirman que las las 46 plataformas ciudadanas de los 46 pueblos de Castilla-La Mancha que se han movilizado reiteran su exigencia de “paralización total” de todas las macroplantas de biometano y de las macrogranjas de ganadería industrial.

“Reivindicamos al Gobierno regional que escuche a sus pueblos, actúe con rigor y cambie de rumbo hacia un modelo verdaderamente sostenible, coherente y respetuoso con el territorio. Castilla-La Mancha necesita una política de residuos que reduzca el problema en origen y no un modelo que pueda terminar justificando su crecimiento”, concluyen.

Ni las plataformas ni el Gobierno castellanomanchego han hablado de los plazos para la aprobación del nuevo decreto de restricciones, cuya entrada en vigor marcaría a su vez el inicio de la moratoria para los expedientes en curso, al igual que sucedió con las macrogranjas.

Ya ha quedado constituida la Red de Municipos por la Igualdad y la Diversidad de Castilla-La Mancha, destinada a intensificar la promoción de las políticas de diversidad, igualad de trato y no discriminación junto a ayuntamientos y diputaciones.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha presentado las líneas maestras de la Red, que no crea estructuras administrativas ni genera obligaciones económicas concretas para las entidades adheridas, sino que fija un marco operativo de cooperación, creado para coordinar esfuerzos, compartir conocimientos y facilitar que ayuntamientos y diputaciones puedan desarrollar políticas locales con mayor apoyo y eficacia.

“Todas las entidades adheridas a la Red deberán firmar y comprometerse con un código ético basado en el respeto a los derechos humanos, la libertad, la dignidad y la no discriminación, sosteniendo posturas firmes, visibles y reconocibles frente al machismo, la LGTBIfobia, el racismo o cualquier discurso de odio o exclusión”, ha señalado.

La Red de Municipios fomentará medidas y políticas de igualdad de trato, prestando una atención especial a las situaciones de discriminación que pueden afectar a las personas por su género, su identidad u orientación sexual, su origen racial o étnico, discapacidad, edad, procedencia, religión, situación socioeconómica o cualquier otra circunstancia personal o social. Tendrá un claro enfoque interseccional, contemplando que en una misma persona puedan concurrir distintas desigualdades que requieren respuestas adaptadas, siempre con enfoque de género.

Acceso a formación, campañas y herramientas

Las entidades adheridas tendrán acceso a formación, asesoramiento, materiales técnicos, campañas compartidas y herramientas prácticas para diseñar y desarrollar políticas de igualdad y diversidad. Se pondrá a su disposición modelos orientativos de planes, protocolos, ordenanzas y documentos estratégicos, así como información sobre convocatorias, subvenciones, actividades y recursos de interés.

Tal y como ha explicado la consejera, los municipios y diputaciones podrán compartir experiencias, posibilitando que algunas entidades nunca partan de cero en el desarrollo de sus políticas. Para ello, junto a encuentros provinciales y sectoriales, la Red impulsará un foro regional anual para el intercambio de buenas prácticas.

Sí ha querido dejar claro 1ue la pertenencia a la Red no implicará que todas las entidades deban aplicar idénticas políticas o comprometer los mismos recursos, aunque 2sí tendrán que justificar año tras año los avances logrados, por los que mantendrán el distintivo institucional de 'Municipio Comprometido con la Igualdad y con la Diversidad' obtenido en su adhesión“.

Uno de los principales objetivos es garantizar que las políticas de igualdad y diversidad lleguen también a los municipios pequeños, a las zonas rurales y a los territorios afectados por la despoblación

La resolución que crea la Red, que se publica este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), fija como instrumentos principales de intervención la creación de Centros de Promoción de la Diversidad y la configuración de Espacios Libres de Discriminación, buscando siempre la colaboración con asociaciones, universidades, centros de investigación, centros educativos y entidades sociales, de manera que el conocimiento especializado y la participación ciudadana formen parte de las políticas locales.

“Uno de los principales objetivos es garantizar que las políticas de igualdad y diversidad lleguen también a los municipios pequeños, a las zonas rurales y a los territorios afectados por la despoblación, donde sabemos que es más difícil que existan servicios especializados, tejido asociativo fuerte o referentes visibles. Por eso la Red va a mirar y mucho hacia nuestro mundo rural”, ha anticipado la consejera.

La creación de la Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad forma parte del desarrollo y cumplimiento de la Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, y la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como 'Ley Zerolo'.

Coincidiendo con el Año Nuevo 2026, se celebró durante cinco días en el entorno natural del embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez (Albacete), una rave convocada de manera espontánea. Las bajas temperaturas, la lluvia y el barro, junto con el “acoso policial” que denunciaron sus organizadores, provocaron un caos en los controles de acceso que se saldó con personas atrapadas en los terraplenes y multas “aleatorias”. El alcalde del pueblo dijo estar encantado con los 'visitantes', pero como suele ocurrir en este tipo de eventos, casi siempre la polémica está servida.

Es el último ejemplo de estas fiestas, casi siempre clandestinas, en las que la música electrónica, el baile y la acampada son las protagonistas, aún más popularizadas por la fama de la película ‘Sirât', de Oliver Laxe, que triunfó en el Festival de Cannes y estuvo nominada a los Premios Oscar como Mejor Película Internacional.

Al Gobierno de Castilla-La Mancha no le gustó la experiencia. Ni esta de Albacete en concreto ni otras anteriores que ha habido en la región. Tampoco ha sido ajena la Administración autonómica a otro problema que ha generado sonoras polémicas: el ruido de los espectáculos públicos.

Por eso ha decidido tomar cartas en el asunto. Acaba de dar luz verde al anteproyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con la previsión de culminar su tramitación parlamentaria antes de fin de año, tras su paso por las Cortes regionales, donde el PSOE tiene mayoría absoluta.

La nueva ley sustituirá a la anterior normativa, de hace 15 años, e incluye la ampliación de la regulación a las actividades en espacios abiertos, incluidas las raves, así como más restricciones al ruido y el control de acceso a los recintos.

Básicamente, en palabras del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, el objetivo es que estos grandes eventos no supongan “un conflicto con el derecho al descanso de la ciudadanía”.

Reconoce el Gobierno regional, en relación con macroeventos en espacios abiertos como las raves, que existe un “vacío legal”, también con respecto al acceso de menores de edad y al control de los aforos.

El texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso este periódico, regula tanto las actividades realizadas en establecimientos públicos (sean fijos, portátiles o desmontables) como en espacios abiertos, ya sean de titularidad pública o privada. Entre ellos, por ejemplo, se nombran cines de verano o festejos taurinos y deportivos. También incluye los pirotécnicos. Excluye las celebraciones estrictamente privadas, como las familiares, las manifestaciones y las celebraciones religiosas.

La ley no utiliza específicamente el término ‘rave', pero regula este tipo de eventos a través de otras denominaciones y categorías técnicas. Habla así de “fiestas ilegales”: reuniones o acontecimientos que congregan a personas para celebrar espectáculos o actividades recreativas sin tener el título habilitante (licencia o autorización) y sin cumplir los requisitos.

Más eventos en espacios abiertos tras la pandemia

Igualmente, la nueva norma amplía su regulación para incluir específicamente eventos en lugares “sin infraestructuras fijas”, como parques, solares, explanadas o campos. En la exposición de motivos, el Gobierno explica que se ha detectado un aumento de estas prácticas en espacios abiertos tras la crisis de la COVID-19, lo que justifica una regulación “más estricta” por “los riesgos que conllevan para la salud y la movilidad”.

Con carácter general, lo más llamativo es la ampliación del régimen sancionador para esas “fiestas ilegales”. En las infracciones más graves se contemplan multas que llegan hasta los 300.000 euros en su grado máximo: cuando su celebración sin título habilitante origine situaciones de grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes, o den lugar a “graves alteraciones del orden público”.

Independientemente de la sanción final, las autoridades podrán también adoptar medidas de adopción directa si detectan un riesgo “inminente”- Por ejemplo, la suspensión inmediata del evento y desalojo del recinto o espacio abierto, el precinto del establecimiento y la retención de los equipos y bienes utilizados para la fiesta.

Además, la ley establece que la cuantía de la multa podrá incrementarse hasta el doble del beneficio obtenido por el infractor si este último fuera superior a los límites máximos indicados, para asegurar que la infracción “no resulte rentable”.

La cuestión, en el caso de las raves, es que en la gran mayoría de ocasiones, se convocan de manera espontánea, sin una organización clara. ¿Quién se considera por tanto responsable de una fiesta “ilegal”? De acuerdo con el anteproyecto, se establece una “jerarquía”.

Así, en los casos en que no se haya presentado una solicitud de licencia o una declaración responsable, la condición de organizador recaerá sobre “quien asuma las responsabilidades” frente a la autoridad que realice la inspección; o en su defecto, quien lo convoque, lo dé a conocer o reciba ingresos por la venta de entradas o por prestaciones de cualquier otro tipo relacionadas con la fiesta.

Las multas de hasta 300.000 euros se contemplan igualmente para eventos donde se permita el consumo ilegal o tráfico de drogas, así como el acceso de personas con armas u objetos peligrosos en los establecimientos o espacios abiertos. También si se supera el aforo máximo, siempre que origine “situaciones en grave riesgo para el orden público”, por obstrucción la autoridad, por reincidencia o por “incumplir gravemente” las normas de insonorización si supone un “riesgo para la salud ambiental”.

La convivencia entre la fiesta, el ruido y el derecho al descanso

Precisamente, el ruido tiene un papel protagonista en esta ley. Desde hace años se ha convertido en motivo de denuncia vecinal en varias localidades. Una de las más ‘sonadas’ fue con motivo del espectáculo navideño de música y luces, con una gigantesca bola navideña de luz y música que en los últimos años se instala en mitad de la céntrica Plaza de Zocodover del Casco Histórico de Toledo.

Tras las numerosas protestas vecinales, el Ayuntamiento de la ciudad se vio obligado a reducir el volumen (y los minutos de duración) de la música de villancicos que, cada pocos minutos, sonaba machaconamente en esta zona, pero que podía escucharse desde varios puntos de la ciudad.

Otro ejemplo parecido tuvo lugar en la localidad toledana de Ocaña. Desde hace más de dos años, su plaza Mayor, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), no acoge actos ni celebraciones multitudinarias que conlleven un exceso de ruido. En este caso, lo impidió la Justicia. La iniciativa de dos vecinas consiguió que se tomaran medidas judiciales para impedir celebraciones en este enclave, que afectaron a la celebración de la Navidad y también a la Semana Santa. El motivo: el ruido y las multitudes.

La nueva ley aborda esta cuestión pero sin muchas concreciones. No establece límites numéricos específicos de decibelios (dB), sino que remite a la normativa sectorial aplicable y a la legislación sobre ruidos vigente para determinar si se han superado los niveles permitidos.

No obstante, sí clasifica el incumplimiento de estos límites. Considera infracción muy grave la emisión de ruidos o vibraciones que superen los límites establecidos en la norma de aplicación y esto suponga un “grave riesgo para la salud ambiental”. Para evitar superar estos límites, la ley impone condiciones como la insonorización para establecimientos públicos, así como licencias donde se incluya normativa sobre ruidos y contaminación acústica.

De la misma forma, la nueva norma subraya que las personas afectadas por ruidos tienen derecho a presentar quejas y reclamaciones por las molestias “que afecten a su descanso”. Si la molestia se produce en el interior de un domicilio, el denunciante debe permitir el acceso a técnicos o inspectores para realizar las mediciones necesarias.

Un examen para controlar los accesos

Hay otra novedad relevante en la ley. La obligación de títulos habilitantes para las personas encargadas de los controles de acceso de eventos con grandes aforos. El texto distingue claramente entre el título habilitante (que es el permiso administrativo para el establecimiento o evento) y la habilitación profesional que debe poseer el personal encargado del control de acceso.

El primero se define como la licencia, la autorización o la documentación que acredita haber presentado una declaración responsable para celebrar una actividad con un aforo superior a 500 personas. Y en esos casos en cuando el establecimiento o la organización del evento en espacio abierto estarán obligados a disponer de personal de control de acceso habilitado.

Para ejercer estas funciones no basta con la contratación. El personal debe poseer una habilitación profesional específica. Será expedida por la dirección general competente tras la comprobación de requisitos y la superación de las pruebas que se determinen reglamentariamente.

Podrán obtenerla personas mayores de edad, con nacionalidad española o de la UE (o permiso de residencia y trabajo) y carecer de antecedentes penales. El personal habilitado deberá estar inscrito en el registro autonómico de espectáculos públicos para que la administración pueda comprobar en cualquier momento que cumplen con los requisitos exigidos.

Se llevará a cabo también un proceso de superación de exámenes. El anteproyecto no concreta a este respecto, ya que establece que se determinarán en un futuro reglamento. Lo que sí establece es que este personal tiene “estrictamente prohibido” asumir o realizar las funciones propias del servicio de seguridad privada. Por ejemplo, no podrá intervenir en alternaciones del orden (en ese caso debe informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad“.

De hecho, la norma explica que la obligatoriedad de contar con seguridad privada es “independiente” de la del control de acceso, y su exigencia depende de la naturaleza y características del evento o establecimiento.

En conclusión, aunque un evento de gran aforo (más de 500 personas) siempre estará obligado a tener control de acceso, solo tendrá que contratar seguridad privada si el tipo de actividad o recinto está incluido en la lista que la normativa determine como de “especial riesgo o impacto”.

Castilla-La Mancha incorporará a la tecnológica Satec al Centro Regional de Innovación Digital (CRID) para desarrollar proyectos de inteligencia artificial aplicados al ámbito sanitario y a la mejora de los servicios públicos.

La colaboración, formalizada mediante un protocolo de intenciones entre la Junta y la compañía, se desarrollará en el centro de conocimiento de Salud Digital del CRID, ubicado en Talavera de la Reina. Entre las líneas de trabajo previstas figuran el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial generativa para entornos corporativos, la automatización de tareas administrativas y el análisis de datos clínicos para detectar posibles mejoras en la gestión sanitaria.

Satec se convierte así en la decimonovena empresa que se incorpora al CRID desde su puesta en marcha en 2020. Según datos facilitados por la Junta, la actividad del centro ha contribuido a la creación de más de 280 empleos especializados.

El director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo, señaló durante la presentación que uno de los objetivos es aplicar la inteligencia artificial a ámbitos como los programas de cribado de cáncer, la medicina personalizada o la gestión de citas y agendas sanitarias.

La Junta sostiene que los proyectos deberán desarrollarse bajo criterios de uso ético de la inteligencia artificial y cumplimiento de la normativa europea sobre protección y gestión de datos. El acuerdo también contempla acciones de formación dirigidas a profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y a empresas de la región.

Por su parte, el consejero delegado de Satec, José Ignacio Laureano, destacó que la colaboración permitirá explorar aplicaciones de inteligencia artificial para optimizar procesos sanitarios y apoyar la toma de decisiones clínicas y administrativas.

El Centro Regional de Innovación Digital fue impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina como una de sus apuestas para atraer actividad tecnológica y diversificar la economía local.

Belén tiene 48 años, es fisioterapeuta y trabaja en un colegio público de educación especial de Toledo desde hace 21 años, cuando aprobó la oposición para un cuerpo “especial” de funcionariado en Castilla-La Mancha denominado Escala Sociosanitaria. No puede acceder ni moverse a otro puesto porque el cuerpo al que pertenece no lo permite. De hecho, ella es presidenta de un tribunal de oposición que examina a personas para puestos que requieren su misma titulación, pero a los que ella no puede acceder. “Es indignante”, afirma.

¿Por qué sucede esto? Dentro de la Administración pública castellanomanchega, la Escala Sociosanitaria es un grupo de profesionales técnicos, en su gran mayoría mujeres, que trabajan en este sector y atienden a las personas más vulnerables. Solo existe en esta comunidad autónoma y se creó hace casi 25 años, en febrero de 2002, por una necesidad de gestión y profesionalización.

En ese momento, la región estaba asumiendo competencias plenas en materia de servicios sociales y sanidad, para gestionar las residencias públicas, los centros de atención a personas con discapacidad y los programas de dependencia de forma eficiente.

La administración necesitaba por entonces trabajadores públicos especializados (profesionales médicos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores sociales, terapeutas ocupacionales y enfermeros) que no estuvieran “dispersos” en los ministerios, sino agrupados bajo una misma estructura con funciones específicas de intervención sociosanitaria coordinada. Se trataba de “funcionarizar” a personal laboral. Así nació la Escala Sociosanitaria.

Pero con el tiempo, este cuerpo se ha convertido en una ‘rara avis’ del sistema sociosanitario en todo el país. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que tiene esta fórmula de funcionariado. La última convocatoria para acceder a la Escala Sociosanitaria fue en 2016. Y ahora, sus trabajadoras han levantado la voz.

“Severas restricciones” a la movilidad geográfica

Un informe elaborado por el denominado ‘Colectivo de la Escala Sociosanitaria’ denuncia la “discriminación laboral silenciosa” que enfrentan los y las 300 profesionales de este cuerpo. El principal motivo: pese a tener la misma titulación y funciones que sus homólogos en los Cuerpos General y Técnico, modalidades creadas posteriormente, sufren “severas restricciones” en su movilidad geográfica y promoción profesional.

El texto asevera que la situación vulnera el principio de igualdad y “perpetúa una brecha de género” en un sector “altamente feminizado”.

Entre los motivos principales que sustentan esta denuncia se encuentra el hecho del que el personal de la Escala aprueba la misma oposición, con el mismo temario y ante los mismos tribunales que el personal del Cuerpo Superior y Técnico. Sin embargo, mientras a estos últimos se les permite concursar a puestos en toda la Administración, a los primeros “se les restringe la movilidad”.

Es lo que denominan la “plaza perpetua”. Debido a la normativa castellanomanchega, este personal solo puede desempeñar puestos en las áreas de Sanidad y Servicios Sociales. Esto provoca que muchos profesionales lleven más de 20 años en la misma “plaza base” sin posibilidad real de promoción interna o de acercarse a sus domicilios. Lo llaman “suelo pegajoso”, porque describe “la incapacidad de las trabajadoras para promocionar o abandonar sus puestos iniciales”.

Belén lo corrobora. “No puedo acceder a ciertas plazas que son de fisioterapeutas con la misma carrera que yo, con la misma formación que yo, y que han aprobado después. Resulta que tienen más derechos que yo”, lamenta. Esta fisioterapeuta afirma que la solución sería una “simple gestión burocrática”.

“No le costaría ni un euro a la Administración. Simplemente, nos tendrían que pasar a todas las de la Escala a los cuerpos generales, con una firma. No entiendo por qué seguimos en esta situación y por qué ni siquiera nos escuchan ni se reúnen con nosotras. Nos apoyan los sindicatos y los colegios profesionales, pero no ha sido suficiente”.

No son las únicas trabas. El informe denuncia también la “trampa” de la adscripción abierta que se hizo en 2018. En ese año se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) permitiendo que personal de los Cuerpos Generales ocupara plazas de la Escala Sociosanitaria. Sin embargo, no se permitió lo contrario.

La Administración impidió que el personal de la Escala saliera de sus áreas funcionales, alegando una “reserva por naturaleza de funciones” que los tribunales, según documentan, ya han señalado que no existe. De hecho, Belén afirma que se enteró de esta modificación “de rebote” incluso siendo presidenta del tribunal de oposición. “Totalmente absurdo”, añade.

Afección a la salud laboral

La cuestión trasciende hasta la salud laboral. El informe del colectivo identifica la existencia de “sintomatología compatible” con el “desgaste profesional o burnout” como una de las consecuencias directas de su situación administrativa. Detalla que entre las trabajadoras hay “agotamiento por inmovilidad”, sentimientos de “infravaloración, frustración y estrés”, así como “erosión de la vocación”.

“Dado que el trabajo sociosanitario exige una gran capacidad de cuidado y energía vital, el trato desigual sostenido en el tiempo termina por erosionar esa energía y, por extensión, la calidad del servicio prestado”.

Otra trabajadora, Noelia, también corrobora la situación de “desigualdad”. Es educadora social en el Centro Regional de Menores (CRMJ) Albaidel, de Albacete. Sacó su plaza en 2018 tras la convocatoria de 2016, la última de la Escala Sociosanitaria. Lleva ocho años en este puesto y constata que no podría acceder a ningún otro de gestión ni a promoción profesional alguna.

“Tengo compañeras que han accedido a plazas de consejerías, teniendo menos puntos que yo. Mi situación es como estar enjaulada en una plaza. Es una desigualdad absoluta y totalmente incomprensible. Nos apoyan desde todos los sectores profesionales, pero nadie mueve un dedo por cambiar la situación”, subraya.

Qué han dicho los tribunales

Y ¿qué han dicho los tribunales al respecto? El informe precisa que no se han pronunciado directamente sobre la mencionada salud de las trabajadoras en términos médicos, pero sí han emitido fallos que “desmontan los argumentos administrativos”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), en una sentencia de 2021 dictaminó que la “reserva por naturaleza de las funciones” que la Junta utiliza para limitar la movilidad de estas profesionales “no existe”. Al eliminar esta justificación técnica, los tribunales “dejan a la Administración sin base legal” para mantener el “bloqueo profesional”

El informe también invoca la doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe cualquier diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable. “Al ignorar este principio constitucional, la Junta somete a las trabajadoras a una discriminación que el informe califica directamente como un problema de salud laboral”.

La cuestión es que, con todo ello, este colectivo también apunta al incumplimiento de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha de 2011, que preveía la integración de las especialidades de la Escala en los cuerpos generales de la Junta. Pero no se ha hecho y ahora están “limbo jurídico”.

Esta discriminación, añaden, no es neutra, ya que afecta a una escala donde más del 80% son mujeres. Esto genera un “suelo pegajoso” que les impide salir de niveles base y un “techo de cristal” que bloquea su acceso a puestos de gestión y dirección.

Además, añaden, también es “discriminatorio” que muchas de estas profesionales, como Belén, sean nombradas para formar parte de los tribunales que seleccionan al personal de los Cuerpos Generales, pero la Administración no las considere aptas para integrarse en dichos cuerpos.

Entre las trabajadoras hay agotamiento por inmovilidad, sentimientos de infravaloración, frustración y estrés, así como erosión de la vocación

Para acabar con la situación, el colectivo de la Escala Sociosanitaria propone una serie de soluciones que se dividen en demandas estructurales y medidas de aplicación inmediata. Todas las peticiones se dirigen a la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas.

La demanda central es que la Administración cumpla con la mencionada Ley de Empleo Público que preveía la integración de estas especialidades en cuerpos generales. De esta forma, proponen, se establecerían destinos específicos por titulación. Por ejemplo, para Medicina, su integración en el Cuerpo Superior de Administración Sanitaria y Salud Pública (A1); para Psicología, en el Cuerpo Superior de Servicios Sociales (A1); y para Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Educación Social, en el Cuerpo de Gestión de Servicios Sociales (A2).

Para ello, demandan la “extinción total” de la Escala (tanto la Superior como la Técnica). Argumentan que fue creada en 2002 con el único fin de “funcionarizar” al personal laboral de aquella época, un objetivo que ya se cumplió, y que hoy solo sirve para “recortar derechos en comparación con otros funcionarios”.

Más allá del cuidado asistencial directo

De igual forma, exigen que la Administración reconozca de forma expresa que su cualificación profesional no se limita al cuidado asistencial directo. Piden que se les permita acceder, en igualdad de condiciones, a puestos de gestión, coordinación técnica y dirección pública,

Para todo ello, solicitan el establecimiento de un “calendario claro de soluciones” y la apertura de una mesa de negociación específica donde estén representados tanto los sindicatos como el propio colectivo afectado.

Durante los últimos años, en el ámbito del funcionariado castellanomanchego, la principal reivindicación (y la más mediática) ha sido la petición de los sanitarios del reconocimiento de la carrera profesional. Tras años de lucha, el Gobierno regional finalmente ha atendido esta demanda.

Es uno de los motivos por los que las trabajadoras de la Escala Sociosanitaria denuncian su “discriminación silenciosa”. Consideran que ahora ya llegado su turno. “No pedimos nada que no nos corresponda por derecho. Es de justicia”, concluyen.

Noelia, la educadora social, remitió en los primeros meses del año dos escritos dirigidos personalmente al director general de Función Pública de Castilla-La Mancha, José Narváez. Al no obtener respuesta, hace tan solo unos días, decidió dirigirse directamente al presidente autonómico, Emiliano García-Page, remitiéndole el informe y un texto de introducción con la situación de estas profesionales.

Este periódico ha solicitado a la Dirección General de Función Pública del Gobierno regional su valoración sobre este informe, preguntando si existen posibles soluciones la situación del funcionariado de la Escala Sociosanitaria, sin que por el momento haya habido respuesta.

Desde el actual curso académico, el estudiantado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y de la Universidad de Alcalá (UAH), con campus en Guadalajara, no han tenido que pagar la primera matrícula para cursar sus estudios. Es una medida que entró en vigor en esta comunidad autónoma tras anunciarlo hace más de un año el Gobierno regional, que también adelantó una futura Ley de Universidades con más derechos y adecuación de las condiciones del alumnado y el profesorado a las características de la comunidad autónoma.

El borrador del anteproyecto de esa ley ya se ha redactado. Ha pasado por su fase de información pública y está pendiente de las alegaciones.

En Castilla-La Mancha existe una universidad pública propia, la mencionada UCLM, con campus en Ciudad Real (sede de su Rectorado), Toledo, Albacete, Cuenca y facultades en Talavera de la Reina y Almadén. Además, hay otro campus en Guadalajara integrado, históricamente, en la Universidad de Alcalá. Por otro lado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dispone de varios centros asociados en la región.

En la futura ley, el Ejecutivo castellanomanchego marca como principal objetivo modernizar y regular de forma integral el sistema académico regional. Define la universidad pública como “motor esencial” para el progreso social, la igualdad de oportunidades y la investigación científica.

Pero, ante todo, su principal novedad es que garantiza la gratuidad de la primera matrícula, que se incorpora explícitamente como una medida de “justicia social” para asegurar que el acceso a la formación superior “no dependa de la situación económica de las familias”.

Actualmente, hay seis comunidades autónomas que ofrecen la primera matrícula gratuita o bonificada al 99% en las universidades públicas. Hay dos modelos de aplicación: la gratuidad directa en el primer curso, además de en Castilla-La Mancha, se aplica en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de La Rioja. Por otro lado, la bonificación por rendimiento académico, que cubre hasta el 99% del importe, se aplica en Galicia, Andalucía y Extremadura.

Hace unos días, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzaba que incluso la segunda matrícula también será gratis en la UCLM para el alumnado con matrícula de honor en segundo de Bachillerato, pero esta media no está recogida en el borrador del anteproyecto. Lo previsto, por tanto, es que se incluya en el contrato-programa del Gobierno regional con esta institución académica.

De cualquier forma, el texto establece como objetivo estratégico avanzar hacia un modelo de universidad pública más accesible, promoviendo la “gratuidad o reducción de la matrícula” en función de la capacidad económica de los estudiantes, siempre “dentro de un marco financiero que sea sostenible”.

Una base legal para regular precios públicos

La medida se integra en un compromiso más amplio de ampliar los programas de becas y ayudas al estudio para garantizar que las limitaciones económicas o territoriales no condicionen el acceso a la universidad. Las becas se otorgarán priorizando criterios socioeconómicos.

¿Cómo será ese modelo? Básicamente, la intención del Gobierno regional con esta normativa es generar una base legal para que, al establecer los precios públicos, se puedan prever medidas específicas de reducción o bonificación atendiendo a circunstanciales “sociales”, pero también “territoriales”. Es decir, al ser Castilla-La Mancha una región con gran dispersión geográfica, se pueden contemplar circunstancias como la necesidad de desplazamientos y su coste.

En realidad, la comunidad autónoma ya ha venido ejerciendo sus competencias en materia de becas y ayudas para el acceso a las universidades públicas. Lo que ahora quiere es darle blindaje legal, como un “instrumento de equidad” y de regulación de precios públicos.  

Por ejemplo, el anteproyecto de Ley de Universidades prevé expresamente la existencia de bonificaciones y ayudas específicas para estudiantes que residen en zonas rurales o afectadas por la despoblación, como parte de su compromiso con la cohesión territorial. Estas ayudas buscan compensar las dificultades derivadas de la extensión territorial de la región y asegurar que el lugar de residencia no condicione el acceso a la universidad.

De hecho, el modelo de financiación de las universidades públicas también tendrá en cuenta su contribución a la lucha contra la despoblación y el apoyo a las zonas rurales a través de fondos específicos para actuaciones estratégicas. Asimismo, se promoverá la realización de prácticas externas en entornos rurales y zonas en riesgo de despoblación para fomentar la conexión entre el estudiantado y estos territorios.

El ámbito rural y las numerosas zonas en riesgo de despoblación también se mencionan en el anteproyecto al establecer la regulación de su sistema de financiación, basado en los mencionados contratos-programa plurianuales, que incluyen financiación vinculada específicamente al cumplimiento de objetivos estratégicos.

Entre ellos, en la futura norma se citan expresamente la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial. Esto significa que habrá fondos específicos de apoyo rural, que se desarrollarán para complementar las ayudas estatales.

El borrador no habla de importes de matrícula ni de cifras en cuanto a becas y bonificaciones, porque las cuantías exactas se establecerán posteriormente de forma reglamentaria. Pero, por ejemplo, en la UCLM, el acceso a los Grados de Humanidades y Ciencias Sociales se sitúan en torno a los 700 euros por curso completo; mientras que en Grados de Ciencias de la Salud e Ingenierías, pueden ascender a más de 1.100 euros, según la última orden por la que se establecen los precios públicos.

¿Habrá nuevas plazas?

Ante el blindaje de estas medidas, ¿se crearán nuevas plazas en la UCLM y la UAH? Recientemente, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, señalaba en una entrevista con elDiario.es que las notas de corte para acceder a los grados universitarios han subido porque las autonomías “han decidido no crear plazas en la universidad pública”.

Este es un aspecto que en el anteproyecto castellanomanchego queda condicionado. Establece que la implantación de nuevas enseñanzas oficiales está “sujeta a criterios de planificación” que tendrán en cuenta la demanda de estudiantes, la eficiencia de los recursos públicos y, de nuevo, la cohesión territorial.

En otro orden de cosas, llama especialmente la atención que, dentro del anteproyecto, en los deberes del estudiantado, se incluyan obligaciones específicas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías. En su articulado establece que tienen el deber de realizar un “uso responsable y ético de los recursos digitales”, mencionando expresamente la Inteligencia Artificial (IA) generativa y otros sistemas análogos.

Concretamente, apunta que el uso de estas herramientas en las actividades académicas no debe infringir en ningún caso los principios de “honestidad académica”. Es decir, el estudiantado está “obligado” a “reconocer expresamente” las fuentes y las aportaciones de la tecnología en sus trabajos académicos.

“Marcos éticos actualizados” para la IA y centros privados

Aunque debe ser cada universidad la que regule estos usos en su normativa interna, el texto obliga a las universidades al incluir ese uso responsable de la IA en sus planes de formación para asegurar que tanto el personal como el estudiantado actúen bajo “marcos éticos actualizados”. Estas mismas indicaciones se incorporan también para el profesorado y para el personal docente e investigador (PDI).

Por otra parte, el anteproyecto de ley dedica un bloque completo de su articulado al sistema universitario privado, pese a que esta comunidad autónoma es la única región de España sin ningún centro universitario de este tipo ni proyectos aprobados para su apertura. De hecho, Page, durante su intervención en la reciente gala por los 40 años de la UCLM, reiteró su objetivo de proteger a la universidad pública y evitar modelos que ha vinculado con “factorías de títulos”.

Pese a ello, y ante la previsión de solicitudes, el anteproyecto incorpora un marco regulatorio de reconocimiento, requisitos y control para “garantizar la calidad y coherencia” con el sistema regional.

Establece así que el reconocimiento de una universidad privada se realizará por ley de las Cortes de Castilla-La Mancha. Para otorgarlo, debe “aporta un valor académico o social diferencial”, no comprometer la sostenibilidad financiera ni el equilibrio del sistema universitario público y contar con un plan estratégico a diez años que incluya planes de personal, económicos, de viabilidad y de garantías para el estudiantado.

Asimismo, los centros universitarios privados deben dedicar más del 5% de su presupuesto a programas propios de becas y ayudas, priorizando la situación socioeconómica del estudiantado; y ese mismo porcentaje a programas de investigación y transferencia. También deben disponer un portal de transparencia, de planes de igualdad de género, y garantizar una capacidad mínima de alojamiento estudiantil.

Si, en el futuro, uno de estos centros no cumpliera con lo establecido en esta nueva normativa se enfrentaría a diversas consecuencias que van desde sanciones económicas (entre 12.000 y 600.000 euros) hasta la pérdida total de su reconocimiento legal para operar.

De momento, no hay plazos para que el Consejo de Gobierno le dé el visto bueno y lo remita a las Cortes regionales, pero la previsión es que puede aprobarse ante de que finalice la legislatura en la primavera de 2027.

El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que antes de que finalice el verano tengan la orden de bases para lanzar la primera convocatoria de oferta para que hasta 12 empresas del sector aeroespacial se instalen en Albacete.

Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la presentación del Programa ESA BIC Castilla-La Mancha, una red de viveros y centros de incubación impulsada por la Agencia Espacial Europea (ESA), que apoyará a emprendedores y start-ups para transformar sus ideas relacionadas con el sector aeroespacial en empresas viables.

Acompañado del director de la Agencia Espacial Española y Presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea, Juan Carlos Cortés, el presidente regional, Emiliano García-Page, el rector de la UCLM, Julián Garde, y el alcalde, Manuel Serrano, el consejero se ha mostrado convencido de que estas empresas, además de generar actividad económica, van a generar conocimiento y van a ser tracción de otros proyectos.

Ha recordado que el pasado 29 de abril el Gobierno regional firmó su adhesión al proyecto ESA BIC, que contará con una financiación de más de un millón de euros, de los cuales el Ejecutivo autonómico aporta más de 557.000.

Y es que, a juicio del titular regional de Educación, en Castilla-La Mancha se dan los mimbres para que venga este proyecto, pues a la fortaleza del Parque Científico-Tecnológico, se suma el talento que la región egresa desde su Universidad regional.

Castilla-La Mancha “entra en el espacio por la puerta grande”

Mientras, el director de la Agencia Espacial Española y Presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea ha asegurado que Castilla-La Mancha “entra en el espacio por la puerta grande”, pues ha precisado que un BIC “no lo tiene cualquiera, sino quien puede”.

Para ilustrar la magnitud de la familia de incubación, ha dicho que los incubadores están presentes en 20 países, con 36 centros, tras la adhesión de Albacete, con una movilización de 320 millones de euros al año, con una creación cercana a los 1.500 empleos y una inversión que supera los 1.600 millones de euros privados y genera alrededor de 800 patentes.

“Es un elemento troncal para la innovación, para el futuro y para transformar el sector espacial”, ha defendido Cortés, que ha vaticinado que de aquí a unos años no se conocerá el sector espacial de Castilla-La Mancha “porque va a eclosionar”.

“Este BIC va a permitir que el estudiantado de la región que quiera desarrollar su proyecto dentro de este marco, se convierta en incubador. En la actualidad, el 50% de los incubados son estudiantes que están desarrollando su proyecto de empresa basado en su tesis doctoral”, ha explicado

“Los ocho incubadores que, ahora mismo, están operativos han incubado 136 empresas, con una tasa de supervivencia que se acerca al 90%, cosa inusual. Es fundamental entender que este incubador va a transformar, va a catalizar el desarrollo del sector, cambiando el modelo con respecto a la situación actual”.

Dicho esto, y tras poner el foco en la necesidad de maximizar el valor de la inversión institucional realizada, se ha mostrado convencido de que Castilla-La Mancha, tiene una posición de partida muy importante.

“Este incubador va a suponer un catalizador para el futuro, porque va a transformar el panorama espacial en Castilla-La Mancha”.

Julián Garde reivindica el papel de los egresados

Tras asegurar que este Programa ESA BIC es “un gran logro” para Albacete y para la región, el rector ha reivindicado el papel que los egresados de la universidad regional van a tener en esta incubadora, pues además de aportar conocimiento a las empresas que se puedan asentar aquí, van a ser también emprendedores.

Garde también ha presumido del elevado componente investigador y de transferencia del conocimiento que hay en la región, que “cuenta con más de 15 grupos de investigación con méritos ya reconocidos, con misiones realizadas, por ejemplo, para la NASA o para la Agencia Espacial Europea y con el desarrollo de tecnologías que pueden llegar a tener una aplicación para la defensa, pero también civil”.

“El aporte de la universidad a este proyecto tiene que ser la formación permanente, la recualificación de las empresas que se van a instalar aquí”, se ha comprometido Garde, que también ha resaltado que la institución académica está experimentando “un cambio de paradigma”, pues desde 2021 ha incrementado en un 6% la tasa de personas que hacen en ella la PAU y se quedan a estudiar en la UCLM.

Un proyecto que “no cae del cielo”

Por su parte, el titular del Ejecutivo castellanomanchego ha defendido que este proyecto “no ha caído del cielo”, pues detrás de él hay “muchas gestiones que no son celestiales, que son más bien humanas”.

“Tengo que agradecer a todos los que lo han hecho posible que estemos hoy celebrando esto”, ha valorado García-Page, que ha añadido que ver nacer esto tiene que ir acompañado de una “cierta pedagogía”.

“Castilla-La Mancha está muy colocada en el ámbito espacial y particularmente en el ámbito de los satélites, con empresas punteras, de las que no sabemos presumir, pero que realmente nos están dando muchas satisfacciones”, ha asegurado.

A más, el presidente castellanomanchego se ha mostrado convencido de que las 12 empresas con las que va a echar a andar esta incubadora va a generar y riqueza. “Luego ya nos apañaremos para ir cobrando impuestos, los suficientes como para mantener los servicios”, ha dejado caer.

Albacete tiene que estar preparada para tener suelo y edificios

Mientras, el alcalde, que ha dicho que Albacete “no juega” con las cosas que implican “futuro, empleo, y proyección”, ha incidido en la necesidad de “estar preparados, tener suelo y hacer edificios” para que las 12 start-ups de base tecnológica se puedan arraigar en la ciudad.

Tras reparar en los más de 1.700 trabajadores y 70 empresas que ya operan en el Parque Científico de la ciudad, ha aseverado que su compromiso, como responsable de la ciudad, es facilitar las cosas a los responsables del parque y también agradecer al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “el que nos dé la opción de recorrer juntos esos caminos”.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que su departamento iniciará “próximamente” el proceso de participación activa con todos los agentes implicados para elaborar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, aunque ha reconocido que no podía precisar una fecha exacta.

A preguntas de los medios durante la visita que ha realizado este viernes a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela del Tiétar (Toledo), Aagesen ha afirmado que el Ministerio está trabajando en este proceso “con el rigor técnico y científico y con la mejor información disponible”.

La ministra ha insistido en la idea de que los trabajos para crear estas nuevas reglas del trasvase se hagan “con la máxima participación de todos y cada uno de los agentes”.

El pasado mes de enero, la directora general del Agua, María Dolores Pascual, aseguraba que no habría movimiento de ficha sobre la cuestión hasta que el Tribunal Supremo no se pronunciase sobre todos los recursos interpuestos contra el Plan Hidrológico del Tajo que contempla, precisamente, el cambio en la forma de explotar el agua a través de esta infraestructura.

Ese ciclo ha quedado ya cerrado, pero sigue sin concretarse cómo y cuándo se va a realizar una modificación que exige la propia ley.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva meses reclamando el cambio y haciendo notar el retraso en los plazos de su entrada en vigor. El pasado mes de marzo acudió a los tribunales para forzar al ministerio aduciendo, entre otros, daños en la Red Natura 2000, además del “hartazgo” por parte de la comunidad autónoma.

Esta misma semana ha vuelto a aprobarse un trasvase automático de agua al Segura para los meses de junio y julio. Aagesen ha defendido que el Ejecutivo regional ha tenido “múltiples reuniones” con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar el tema o que “los contactos son muy habituales, esa relación existe y seguirá existiendo con todas y cada una de las comunidades autónomas”, pero sin dar más pistas.

El río Tajo ha dado síntomas de agotamiento y de contaminación en varias ocasiones en los últimos años. Sin ir más lejos el pasado verano el cauce se quedó casi sin agua a su paso por Toledo capital y la Confederación Hidrográfica lo atribuyó a la actividad de las centrales hidroléctricas aguas arriba, aunque sin anunciar sanciones o medidas.

Sobre esta cuestión, la ministra se ha limitado a decir que su departamento realiza un “seguimiento exhaustivo de todos los caudales ecológicos” y, en el caso de identificar cualquier incidencia “se emprenden actuaciones y medidas de coordinación con todos y cada uno de los agentes” de cara a conseguir “la prioridad, que es tener todos los caudales ecológicos según la normativa”.

El caso es que la aplicación de los caudales ecológicos en el Tajo, que pasa por cambiar las reglas del trasvase, no es algo que pida solo el Gobierno de Castilla-La Mancha. También distintas organizaciones conservacionistas están reclamando que la prioridad en el diseño del próximo ciclo de planificación de la cuenca del Tajo, con horizonte 2033, sea la recuperación ecológica del río.

Por cierto que esta misma semana la Cátedra del Tajo-UCLM-Soliss hacía públicos los datos de un estudio que hablan, además, del nivel de contaminación del río. En todo el curso medio del río Tajo, unos 300 kilómetros entre Guadalajara, Madrid y Toledo, se han detectado bacterias resistentes a los antibióticos y alertan del riesgo para la salud pública.

La Consejería de Igualdad trabaja en la creación de una cátedra de memoria democrática LGTBI junto a la Universidad de Alcalá (UAH), desarrollando y cumpliendo uno de los apartados contemplados en la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha, aprobada en 2022.

Así lo ha avanzado la titular de Igualdad, Sara Simón, durante la celebración de ‘colores en libertad’, una marcha con la que el Gobierno regional ha conmemorado el Orgullo LGTBI en Guadalajara. 

“Es una obligación democrática rescatar del olvido a las personas que sufrieron discriminación, persecución, exilio o muerte simplemente por ser quienes eran; por pertenecer al colectivo LGTBI en un momento de ausencia de libertad y de derechos como fue la dictadura franquista, y cómo muchas de estas personas contribuyeron de forma decidida en la construcción de la democracia durante los años de la transición”, ha explicado Simón. 

Con la creación de esta cátedra, el Gobierno regional y la Universidad de Alcalá crean una estructura estable, con una vigencia inicial de cuatro años, para la investigación y la documentación de la memoria LGTBI en la región, que permita generar conocimiento y al mismo tiempo compartirlo a través de actividades de divulgación y de sensibilización. 

Testimonios y documentación

“La cátedra nos permitirá recopilar testimonios y documentación muy valiosa, especialmente en zonas rurales en las que el miedo ha estado siempre mucho más presente y donde se ha producido una ausencia absoluta de referentes LGTBI”, ha detallado la consejera.

Se trata de una iniciativa, en palabras de la consejera, “muy innovadora”, probablemente “de las primeras en España” a la hora de abordar la memoria democrática desde la perspectiva LGTBI, poniendo especial atención a la realidad rural de una comunidad como Castilla-La Mancha. La sede de dicha cátedra será la Facultad de Educación del Campus de la UAH en Guadalajara y contará con una aportación inicial de 18.200 euros por parte de la Consejería de Igualdad. 

Al acto también han asistido la delegada de la Junta en la provincia de Guadalajara, Rosa María García; la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, la delegada de Igualdad, Laura Gil, así como los delegados de Sanidad, Bienestar Social y Fomento, Pilar Cuevas, Carmen Gil y Javier del Molino, respectivamente, además de la diputada de Cultura, Sabrina Escribano. 

A la oleada de rechazos que a nivel estatal se han sucedido contra las palabras del presidente de la patronal castellanomanchega (CECAM), Ángel Nicolás, quien llamó “memos” a los jóvenes que piden bajas laborales por salud mental, se han sumado también las que se han producido en Castilla-La Mancha.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera portavoz, Esther Padilla, ha tildado de “totalmente desafortunadas” esas reflexiones. “Se equivocó. Banalizar la salud mental es un error”. En este sentido, ha lamentado que el presidente de los empresarios en la región haya cometido “un error importante”, porque “ni es verdad que los jóvenes sean unos memos, ni es justo que se banalice la salud mental de nadie”.

Sobre la situación de los jóvenes, bajo su punto de vista, “no lo tienen nada fácil”, ya que están viviendo una época “que está condicionada por muchas circunstancias: desde el exceso de uso de redes sociales, dificultades claras en la emancipación, en sus puestos de trabajo, con sus salarios y con la dificultad de acceso a la vivienda”. Por lo tanto, ha afirmado Padilla, “están viviendo unas situaciones complicadas”.

No descarta que rectifique “cuando tenga oportunidad”

Con todo, ha entendido que las personas que tienen una exposición pública tienen más riesgo de cometer errores, y ha añadido que, conociendo a Nicolás, “en el momento que tenga oportunidad”, no descarta que rectifique.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas. Ha afirmado que Nicolás se equivocó con sus declaraciones sobre los jóvenes y le ha emplazado a que “rectifique sus palabras”.

“Todo el mundo conocemos a Nicolás y es una buena persona y un buen representante de la patronal, pero no es óbice de que a veces mete la pata. Así que creo que se ha equivocado y lo suyo es que rectifique sus palabras”, ha expuesto.

Por otra parte, la sección juvenil de UGT (RUGE Castilla-La Mancha) ha manifestado su profundo malestar y considera las palabras de Ángel Nicolás “una falta de respeto hacia los jóvenes y, en general, hacia las personas trabajadoras”.

“Esta salida de tono es una más de las muchas que venimos escuchando en los últimos tiempos por parte de los dirigentes empresariales, un discurso totalmente malintencionado que lo que único que pretende que pisotear los derechos de las personas trabajadoras y anteponer los intereses económicos de las empresas a la salud de las plantillas”, subrayan.

Las bajas y los permisos no son absentismo

Sección juvenil de UGT (RUGE)

Desde la sección juvenil de UGT insisten en que “los jóvenes nos tenemos que enfrentar cada día a los bajos salarios, a condiciones muy precarias y a contratos que nos hacen muy difícil llegar a fin de mes y acceder a una vivienda”. “Que el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha nos llame memos nos parece una auténtica falta de respeto y un no querer ver los problemas reales que hay en esta sociedad”, han manifestado.

“Nos sentaremos a hablar de por qué jóvenes y las personas trabajadoras enferman más, de cómo podemos agilizar la sanidad para que una persona acceda antes a una consulta médica o de un especialista, de cómo afectan las malas condiciones laboral a la salud, pero no entraremos en estos discursos que lo único que buscan es confundir a la sociedad. Las bajas y los permisos no son absentismo”.

Por ello, la organización juvenil pide a la la patronal una rectificación y “llamar a las cosas por su nombre” porque, de no ser así, “será muy difícil alcanzar acuerdos para solucionar el problema de la salud mental y del incremento de las bajas”.

También se ha pronunciado la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha. Remarcan que las palabras de Ángel Nicolás “banalizan y generalizan una realidad mucho más compleja”. “Detrás de las bajas laborales por salud mental puede haber factores relacionados con condiciones laborales y salariales o la precariedad en el puesto de trabajo, así como con incertidumbres que viven las personas jóvenes en aspectos como el acceso a la vivienda o sus condiciones de vida y expectativas de futuro”, argumenta.

La juventud actual tiene la capacidad de poder expresar malestar con situaciones que, generaciones anteriores, no podían o sabían manifestar

Federación de Salud Mental de Castilla-La Mancha

A este respecto, denuncia detrás de las bajas por salud mental, tanto las solicitadas por población joven como no joven, hay “una mirada diferente” donde, en demasiadas ocasiones, “se presupone una mala voluntad por parte de la persona solicitante”.

“La juventud actual tiene la capacidad de poder expresar malestar con situaciones que, generaciones anteriores, no podían o sabían manifestar”, añaden, y en este tema, la Federación dice alinearse con las palabras del presidente nacional de la patronal, Ángel Garamendi, quien ha manifestado que “las bajas laborales por salud mental en personas jóvenes son un problema muy serio que hay que cuidar”.

Finalmente, reitera la necesidad de aumentar las y los profesionales sanitarios especializados, que permitan proporcionar “una mayor y mejor atención a los problemas de salud mental”, incluyendo su presencia en los centros de salud, “como puerta de entrada y primer contacto en esta materia”.

Desde que en 2015 comenzó a operar el vertedero de El Provencio, en la provincia de Cuenca, “siempre ha cumplido la normativa vigente” y no ha provocado “ningún problema”. Tampoco su reciente ampliación supone ninguna “afección ambiental añadida”, por lo que no ha sido necesario que la Administración autonómica realizara una nueva evaluación.

Así lo han precisado a este periódico fuentes de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ejecutivo regional, con motivo de la reciente reunión de vecinos y vecinas de la localidad, convocados por Ecologistas en Acción, en la que mostraron su “creciente preocupación” por la ampliación de estas instalaciones.

El departamento explica que el grado de cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) con la que cuenta este basurero ha sido “alto” y que las inspecciones se han llevado a cabo de manera periódica desde la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca.  

En estos 11 años, añade, “no ha dado ningún problema” y en las inspecciones que se han ido realizando, el grado de cumplimiento de la AAI (Autorización Ambiental Integrada) ha sido alto.

“No es contaminante” porque las celdas están “impermeabilizadas”

“Se trata de un vertedero que cumple con la normativa en este tipo de residuos (amianto) y no es contaminante: no obstante, y para añadir más seguridad, las celdas están impermeabilizadas”, señalan las citadas fuentes, que recuerdan que es la única instalación de Castilla-La Mancha que puede acoger restos residuos.

Aunque el amianto es considerado residuo peligroso cuando se manipula y para quien lo manipula, una ver “inertizado” (volver inerte un residuo) ya no es considerado como tal. Por eso, en la Dirección General ponen el acento en el hecho de que precisamente esa es la labor que realizan en la instalación: hacer que el amianto no tenga ningún tipo de reacción química.

En cuanto a la ampliación de sus instalaciones en cuatro celdas más, que denuncia Ecologistas en Acción, la Dirección General de Calidad Ambiental afirma que “no va a tener una afección medioambiental añadida” a la que ya existe, y está “dentro de la normativa permitida”. Es el motivo por el que no ha sido necesario un nuevo expediente de evaluación como demanda el colectivo.

Por último, sobre la posible contaminación del acuífero, el departamento precisa que las celdas están “altamente impermeabilizadas” para evitar cualquier tipo de estas afecciones. “Sí hubiese algo a nivel de acuífero, la competente es la Confederación Hidrográfica, y hasta el momento no tenemos constancia de que haya problemas”.

Treinta colectivos sociales de la región han acusado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de “falta de trasparencia” tras recibir una respuesta que consideran “incompleta e insuficiente” a una reciente solicitud de acceso a información pública sobre la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en la comunidad autónoma.

Las entidades, entra las que se encuentran colectivos feministas, LGTBI, sindicatos y ONG, sostienen que la Administración regional no ofrece datos “fundamentales para conocer la situación real de este derecho sanitario”.

Entre ellos, el número de profesionales objetores de conciencia, las derivaciones realizadas fuera de la comunidad autónoma, los recursos disponibles en la red pública o las medidas concretas previstas para implantar la prestación en hospitales públicos o centros de salud.

“Resulta especialmente grave que, después de años justificando la ausencia de abortos en hospitales públicos por una supuesta objeción generalizada del personal sanitario, el Gobierno regional siga negándose a facilitar siquiera datos agregados sobre el número de objetores”, señala el comunicado.

La plataforma recuerda que ninguna mujer puede acceder actualmente a una interrupción voluntaria del embarazo en ningún centro sanitario público de Castilla-La Mancha, una situación que consideran “incompatible con el espíritu y la letra de la legislación estatal”, que establece la obligación de garantizar esta prestación dentro del sistema sanitario público.

Los colectivos comparan la realidad en Castilla-La Mancha con la situación de otras comunidades autónomas, asegurando que la gran mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos (en Cantabria, el 88,49%; Galicia, 77,02%; La Rioja, 76,11%; Navarra, 74,82%).

Critican el centro único de referencia propuesto por el Gobierno

Los colectivos consideran que los anuncios realizados hasta la fecha por parte del gobierno regional de incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la red sanitaria pública son claramente insuficientes y carecen de garantías reales de ejecución.

En particular, critican la propuesta inicial de habilitar un único centro de referencia para toda Castilla-La Mancha, una medida que consideran incapaz de resolver los problemas de accesibilidad que sufren las mujeres de una comunidad autónoma extensa y dispersa territorialmente.

A juicio de las entidades, concentrar toda la actividad en un solo hospital “obligaría a muchas mujeres a recorrer largas distancias” y convertiría ese centro en “objetivo permanente de los grupos antielección que ya hostigan a pacientes y profesionales” en algunos de los centros privados donde actualmente se realizan las intervenciones.

Las organizaciones también cuestionan que el Ejecutivo autonómico haya hablado de plazos de “meses o años” sin concretar fechas, recursos ni planificación.

“Con la red hospitalaria existente no existe ninguna razón que justifique concentrar la prestación en un único punto. Lo que debe hacerse es integrarla en las unidades de ginecología de los hospitales públicos, igual que ocurre con cualquier otra prestación sanitaria”, sostienen. A su vez, reclaman la formación y capacitación de los equipos sanitarios para realizar esta actividad asistencial.

La Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha subraya además que las recientes declaraciones de profesionales sanitarios del Sescam “contradicen uno de los principales argumentos utilizados por la Administración regional durante años para justificar la ausencia de abortos en hospitales públicos”.

Según recoge el comunicado citando a declaraciones recogidas en medios de comunicación, existen médicos y médicas dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, pero denuncian “obstáculos organizativos y decisiones internas que impiden poner en marcha el servicio”. Los profesionales también han advertido de que la objeción de conciencia “es un derecho individual y no puede convertirse en una objeción colectiva o institucional de servicios completos”.

Para las organizaciones firmantes, estas declaraciones evidencian que el principal problema no es la falta de profesionales, sino la ausencia de voluntad política y de planificación sanitaria para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

Exigen datos, calendario y compromisos

Las entidades han solicitado formalmente una reunión con el consejero de Sanidad y reclaman la publicación de un calendario concreto para la implantación de la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos de todas las provincias de Castilla-La Mancha.

Asimismo, exigen que se hagan públicos los datos necesarios para evaluar la situación real de la prestación y que se adopten medidas efectivas para garantizar la protección de pacientes y profesionales frente a los actos de intimidación que continúan produciéndose en los centros donde actualmente se realizan las intervenciones.

“Después de más de quince años de vigencia de la ley y tres de su reforma, Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una excepción. Las mujeres tienen derecho a acceder a esta prestación en su sanidad pública, cerca de su lugar de residencia y sin obstáculos añadidos. Lo contrario supone una vulneración de un derecho reconocido legalmente y una discriminación territorial que ya no admite más excusas”, concluyen las organizaciones.

El Ministerio de Hacienda ya ha puesto fecha a la reunión bilateral con el Gobierno de Castilla-La Mancha para abordar sus propuestas de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. Será el 22 de junio con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y con la Secretaría General de Financiación Autonómica.

En ese encuentro, la comunidad autónoma le trasladará su propuesta, basada en garantizar el coste real que supone prestar los servicios de su competencia y garantizar el principio de igualdad en materia financiera.

Lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha incidido en la defensa de que todos los ciudadanos deben recibir “en condiciones de calidad” los mismos servicios públicos “con independencia de su capacidad económica o de la capacidad tributaria que tengan los territorios”.

“El modelo que presenta Castilla-La Mancha, el que vamos a defender en esa reunión bilateral, es diametralmente diferente al que ha propuesto el Gobierno, al que ha negociado el Gobierno central con los independentistas catalanes, en el sentido de que se trata de primar la capacidad tributaria en lugar de ese principio de igualdad. Yo siempre digo que los impuestos los pagan los ciudadanos, quienes reciben los servicios públicos son los ciudadanos y no son los territorios”, ha argumentado.

Ruiz Molina ha recordado que el fruto de estas reuniones bilaterales se llevará posteriormente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha reiterado la necesidad de contar con documentación técnica para tener una posición más definida de cara a ese encuentro, “fundamentalmente para que la reunión sea más productiva”.

“Solamente contamos con un PowerPoint”, ha dicho, que es el que tienen los medios de comunicación, considerando que “técnicamente nos merecemos algo más de documentación”, fundamentalmente “las tripas de lo que es el modelo, que para eso tenemos un equipo técnico potente en la Consejería de Hacienda para analizar los datos, no solamente los que pudieran servir de base, que es el 2023, pero sí saber la evolución hasta el 2027”.

La carta enviada a todas las comunidades autónomas

Este encuentro se enmarca en la carta que el Ministerio envió a principios de mes a todas las comunidades autónomas concertando reuniones bilaterales con el objetivo de retomar la cuestión, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se presentó un documento de bases para un nuevo sistema de financiación autonómica.

El objetivo es que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. En los últimos meses, según apuntaba la misiva del secretario de Estado, se han desarrollado trabajos “técnicos” para facilitar que se pueda presentar y debatir en el CPFF “lo antes posible” una propuesta de acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación que, si fuese aprobada, permitiría elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados.

Jesús Gascón explicaba en la carta que tras las valoraciones de la última reunión y “algunas opiniones que informalmente nos han ido llegando, hay algunos aspectos que consideramos interesante compartir”. Algo que se traduce, abunda, en “concretar y aclarar lo reflejado en el documento de bases ya presentado”.

En la carta también se sugiere, “atendiendo a algunas peticiones formuladas en el CPFF”, trabajar con los datos cerrados de 2023, y considerarlo como “año base” porque cree que eso sería “compatible” con que el primer año de aplicación pueda ser 2027 para el nuevo modelo.