El hasta ahora secretario general de Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rafael Perezagua, ha cesado en su cargo a petición propia.

Este cese ha sido aprobado este martes en Consejo de Gobierno, tal y como confirman a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

Asimismo, se ha aprobado el nombramiento de Javier Úbeda como secretario general de Presidencia, hasta ahora coordinador general de la Delegación de la Junta en Toledo, y que fue alcalde de Quintanar de la Orden entre 2003 y 2011.

Trayectoria de Perezagua

Rafael Perezagua ha ejercido como secretario general de la Presidencia de Castilla-La Mancha desde 2015 hasta la fecha, como responsable de la coordinación general de la Presidencia, relaciones institucionales y comunicación del Ejecutivo regional.

Fue designado presidente de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha (2016-2026), impulsando proyectos de promoción cultural, turística y patrimonial, ejerciendo como patrono de la Fundación Colección Roberto Polo y miembro de la Real Fundación de Toledo.

Entre 2022 y 2023 fue jefe de Gabinete de la Presidencia de Castilla-La Mancha, desempeñando la coordinación política y técnica de la Presidencia; planificación de agenda institucional y supervisión de actos institucionales.

Además, fue concejal y teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Toledo, desde 2003 a 2015, como responsable de las áreas de Movilidad y Seguridad Ciudadana; secretario de la Junta de Gobierno Local y portavoz del Gobierno Municipal.

Fue jefe de gabinete en las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente e Industria entre 1995-2003, y asesor del delegado del Gobierno y Gobernador Civil de Toledo entre 1991 y 1995, y secretario de la Comisión Provincial de Extranjería.

Miembro activo del PSOE y la UGT desde 1981, ha ocupado cargos orgánicos en la Agrupación Socialista de Toledo y en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha. Su participación ha sido constante en asociaciones vinculadas a la inclusión social, la psicomotricidad y la promoción cultural. Además, ha sido defensor del trabajo en red y la colaboración público-privada.

El límite de gasto no financiero de Castilla-La Mancha para 2027, el conocido como techo de gasto, ascenderá a 10.019 millones de euros en el próximo ejercicio, lo que supone un 11,3% más respecto al de 2026.

Así lo ha adelantado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha informado de que una vez que el Consejo de Gobierno ha aprobado el techo de gasto, se dará traslado inmediato a las Cortes regionales para este que pueda ser debatido y aprobado cuanto antes, ya que es un requisito previo para que poder presentar el proyecto de presupuestos autonómicos para el año que viene.

En términos absolutos, el límite de gasto no financiero del 2027 se va a incrementar en algo más de mil millones de euros respecto al límite de gasto del 2026, concretamente 1.018 millones de euros más.

El techo de gasto es límite máximo en el que Castilla-La Mancha puede incurrir a lo largo del próximo año y que está financiado con los ingresos propios que se esperan obtener a lo largo del próximo año.

Las plataformas sociales y vecinales contra las instalaciones de biometano en Castilla-La Mancha han arrancado el curso político exhibiendo su rechazo total al decreto que el Gobierno regional prepara para regular estas plantas.

La intención del Ejecutivo con esta norma es implantar una moratoria con la que quedan suspendidos los expedientes en curso hasta que cumplan con los nuevos requisitos. Pero eso no ha bastado para que los colectivos sociales, ayuntamientos y particulares hayan presentado más de 20.000 alegaciones.

Entre todas ellas, casi 6.000 tienen en común varios argumentos, que son los que las plataformas han esgrimido para valorar ir a los tribunales si la Consejería de Desarrollo Sostenible no retira el decreto.

Principalmente, según las alegaciones que ha consultado este periódico, colectivos y particulares consideran que el decreto es una disposición ejecutiva “técnica” y de planificación “muy incompleta” que busca “sustituir” el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha, que quedó “enterrado”.

De hecho, argumentan que si el Gobierno regional quiere llevar a cabo esta sustitución para “eludir” su correspondiente evaluación ambiental estratégica y las 15.000 alegaciones que se presentaron sobre ese Plan, eso ya sería, por sí solo, “motivo legal de nulidad” del futuro decreto.

Veto de ayuntamientos y proyectos “estratégicos”

Dicho esto, las alegaciones se centran posteriormente en que la nueva norma no cumple con la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha por varios motivos. El primero de ellos se basa en que no aclara los recursos a los que deben atenerse los ayuntamientos para ejercer su autoridad en su municipio e impedir la instalación de plantas de biometano. Es decir, no tiene en cuenta que muchos Consistorios no disponen de la capacidad técnica suficiente para realizar informes técnicos motivados.

Otro motivo es que tampoco expresa los criterios “motivados” que el Gobierno podrá aducir para declarar “inversiones estratégicas” las plantas al ser aprobadas. Se refieren a la excepción que contempla el Ejecutivo autonómico en su decreto, mediante la cual si un proyecto fuera “prioritario” podría imponerse sobre la decisión del Ayuntamiento.

Tras señalar que el decreto no desarrolla medidas compensatorias y compensaciones por posibles daños a empresas hoteleras y de todo tipo por la instalación de plantas de biometano, estas alegaciones se centran en la “falta efectiva” de medidas de vigilancia y control y del residuo final de estas instalaciones: el digestato, generalmente comercializado como fertilizante para el campo.

Si finalmente ese puede ser su uso, alertan de que las miles de toneladas de residuos finales de estas instalaciones contienen elementos contaminantes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio o el amoniaco, así restos farmacéuticos y de microplásticos y otros “elementos tóxicos muy difíciles de controlar y eliminar”. “Los residuos finales de las plantas contienen altas cantidades de nitrógeno que se añadirían a los suelos y, por filtración, pasarían a las aguas subterráneas, contaminando aún más con nitratos estas aguas”, argumentan.

Las alegaciones sociales y vecinales se centran también en alertar de múltiples riesgos. Argumentan que las plantas de biometano tienen eventualmente fugas y antorchas de este gas que es “80 veces más pernicioso y contaminante” que el CO₂. Alertan igualmente de posibles problemas de “accidentes, explosiones e incendios”.

Básicamente, consideran que el hecho de que el 80% de los residuos sean acarreados “indebidamente” hasta 35 kilómetros de un pueblo, y el resto (20%) desde más lejos, convertiría a los municipios en “pueblos escoba” y “pueblos vertedero”.

Hablan igualmente de “probables impactos y daños de difícil o imposible reparación posterior” a la flora, a la fauna, al paisaje, a las aguas superficiales y subterráneas, al tránsito, a las vías pecuarias, a las carreteras y al desarrollo económico. Consideran por ello que es “temerario, antisocial e ilegítimo” que este decreto permita autorizar estas plantas de concentración de residuos y de biometano a apenas a dos kilómetros de las poblaciones donde vive la gente.

En estas alegaciones, colectivos y asociaciones argumentan que estas plantas quieren implantarse “en contra de la voluntad de los pueblos” y de su ciudadanía “sin tener en cuenta debidamente lo que la Constitución y las leyes ambientales establecen al respecto de la información, la participación y la justicia ambiental”.

Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo

Y concluyen: “Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo que sitúa los intereses privados por encima de los intereses públicos, y dado que estas plantas no son de utilidad pública ni de interés social, ni suscitan el necesario consenso social para su implantación, sino que, muy al contrario, existe en numerosos municipios de Castilla-La Mancha una gran oposición ciudadana a su construcción y a su desarrollo”.

En definitiva, estas miles de alegaciones se centran en denunciar la “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana con la aprobación del futuro decreto. Y en ello se centraron las plataformas locales y regionales que comparecieron hace unos días para manifestar su rechazo.

“No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirmaron en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado la situación que sufren efectivos de la provincia de Toledo que continúan sin percibir las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante los meses de junio y julio.

En nota de prensa, APAM-CLM confirma que la propia Administración ha reconocido el problema y que este “se debe a incidencias en el programa utilizado por Función Pública para la gestión de las nóminas”.

Sin embargo, resulta “difícilmente aceptable” para unos profesionales que “han cumplido con su trabajo, estando disponibles las 24 horas del día, cuando se les ha requerido y que, meses después de prestar el servicio, siguen esperando cobrar por él.

Además, denuncia APAM, se está produciendo un agravio comparativo entre los agentes del cuerpo, ya que algunos han recibido el pago de las guardias del mes de junio, mientras que otros continúan sin percibir ni junio, ni julio.

“Hay profesionales que, habiendo realizado exactamente el mismo trabajo, se encuentran en situaciones económicas distintas, por un error administrativo ajeno a ellos”, denuncia la asociación.

Larga lista de problemas

Lo más preocupante, según APAM, es que este problema no constituye un hecho aislado. Ya, durante el pasado año se produjeron incidencias similares en la provincia de Toledo. “Lejos de corregirse, la situación se ha repetido y agravado en 2026, poniendo de manifiesto que no estamos ante un incidente puntual, sino ante una deficiente gestión que vuelve a recaer sobre los mismos trabajadores”.

Apuntan que esta situación se produce, tras una campaña de incendios “especialmente intensa”, pues durante este verano, los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han participado en la extinción, investigación y gestión de incendios forestales tanto dentro como fuera de la región.

“Han trabajado en Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y en cualquier otro territorio donde su presencia ha sido requerida, desempeñando funciones esenciales para la protección de las personas, los bienes y el patrimonio natural. Mientras los ciudadanos veían las imágenes de grandes incendios forestales en los medios de comunicación, muchos de los profesionales que se encontraban sobre el terreno jugándose la vida, coordinando operaciones, garantizando la seguridad de los intervinientes, investigando causas y causantes y protegiendo nuestros montes, siguen sin haber cobrado parte de su trabajo.

Por ello, desde APAM-CLM consideran “inaceptable” que quienes “asumen riesgos evidentes para proteger a la sociedad tengan que esperar meses para percibir unas cantidades que deberían haberse abonado con normalidad. Más aún cuando estos retrasos generan perjuicios económicos personales y familiares que nadie parece dispuesto a compensar”.

Todo apunta a que, “una vez más, los trabajadores asumirán las consecuencias del error mientras la Administración no contempla compensación, interés o resarcimiento alguno por el retraso sufrido”, lamentan.

Según APAM, este nuevo episodio se suma a una larga lista de problemas que el colectivo viene denunciando desde hace años. “La falta de medios personales y materiales, la insuficiencia de efectivos, el escaso reconocimiento institucional, el ninguneo mediático de nuestras funciones y las dificultades que en numerosas ocasiones encuentran los agentes para desarrollar con normalidad investigaciones y actuaciones propias de sus competencias conforman un escenario de abandono que resulta incompatible con la importancia estratégica de nuestro trabajo”.

Horas extras y nocturnidad que no se pagan

Por otro lado, la asociación denuncia también que los agentes medioambientales no perciben retribución alguna por las horas extraordinarias ni por el trabajo nocturno que realizan. Estas horas son compensadas mediante días de descanso, generando bolsas de horas que posteriormente deben disfrutarse con importantes limitaciones organizativas y restricciones en determinadas épocas del año.

“Este sistema no solo perjudica a los agentes, sino también al propio servicio público. La acumulación de cientos de horas de compensación provoca que una plantilla ya insuficiente tenga que ausentarse posteriormente para recuperar ese tiempo trabajado. Como consecuencia, durante buena parte del año, el cuerpo dispone de menos efectivos para desempeñar funciones esenciales de vigilancia ambiental, prevención de incendios, control de aprovechamientos, inspección, investigación y protección del medio natural”.

Reivindicaciones históricas pendientes

Por todo ello, APAM-CLM vuelve a reclamar soluciones estructurales que eviten que estos problemas se repitan año tras año. Entre ellas, exige que las guardias sean integradas en el complemento específico de los puestos de trabajo, eliminando la dependencia de liquidaciones mensuales extraordinarias y garantizando que los profesionales perciban sus retribuciones de forma estable y puntual.

De igual modo, reclaman que se materialice de una vez el reconocimiento profesional y retributivo que corresponde al colectivo. El Estatuto Básico del Empleado Público contempla desde 2007 la existencia del Grupo B para aquellos cuerpos cuyo acceso exige la titulación de Técnico Superior, una previsión legal que casi veinte años después continúa sin desarrollarse plenamente en numerosas administraciones.

“Los Agentes Medioambientales han demostrado sobradamente su profesionalidad, su compromiso con el servicio público y su disposición permanente para acudir allí donde son necesarios. Lo mínimo que pueden esperar a cambio es respeto institucional, condiciones dignas y cobrar en plazo por el trabajo que realizan. Porque proteger nuestros montes, nuestros pueblos, la seguridad ciudadana y la seguridad medioambiental no puede depender de la buena voluntad de quienes llevan meses esperando una nómina que ya deberían haber percibido” concluyen desde APAM.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido activar el próximo lunes, 31 de agosto, dentro de tres días, un dispositivo de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua en cuatro municipios de la Mancomunidad del Pusa que se han quedado sin suministro: Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa. Lo hará mediante camiones cisterna.

La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, ha señalado que se adoptará este medida ante el “agotamiento inminente” de sus fuentes de captación habituales, y al no existir sondeos alternativos.

Estas actuaciones se van a adoptar tras la solicitud de colaboración por parte del presidente de la Mancomunidad y alcalde de San Bartolomé de las Abiertas, Esteban Benito.

“No podíamos ignorar esta petición, puesto que aunque hay más municipios que pueden verse afectados por el descenso del nivel en la presa que les abastece, estos tienen captaciones alternativas de abastecimiento para afrontar periodos de escasez, algo que no sucede con las cuatro poblaciones reseñadas que dependen por completo de una captación superficial que se ha quedado sin recursos”, ha explicado Muro.

Un problema “recurrente”

Por este motivo, el Ejecutivo autonómico aportará los recursos necesarios a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y esperan que otras administraciones, como la Diputación de Toledo, colaboren también para paliar esta situación tan complicada de los ayuntamientos en un momento tan complejo. “Porque la escasez de agua es un problema recurrente en la Mancomunidad del Pusa durante los meses de verano y además este año las lluvias de mayo no han sido suficientes”, ha recalcado.

Ha informado de que más allá de la respuesta inmediata, el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja ya en soluciones a medio y largo plazo “para que estos municipios no vuelvan a sufrir situaciones de desabastecimiento”.

“Estamos realizando los trámites administrativos necesarios para contratar de manera urgente diversas actuaciones. El primer objetivo es localizar nuevas captaciones subterráneas mediante la ejecución de nuevos sondeos, así como la contratación del equipamiento, maquinaria y sistemas de bombeo necesarios para ponerlos en funcionamiento a la mayor brevedad posible, dotando así a estos municipios de una fuente de suministro alternativa ante esta situación”, ha concluido Montserrat Muro.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reiterado el rechazo del Ejecutivo regional al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España.

Afirma que esa propuesta está “consensuada con un solo partido político”, en referencia a ERC, y con una sola comunidad autónoma“, en referencia a Catalunya, por lo que ”no garantiza el principio de igualdad“.

De cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera programado para el próximo viernes 4 de septiembre, el consejero ha argumentado que los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica o del lugar en el que residen, deben tener “el mismo acceso, el mismo nivel de calidad a los servicios públicos”.

Por ello, el Gobierno castellanomanchego solicitará a la Administración del Estado que se abstenga para que el acuerdo que sostenga sea “el reflejo de lo que sentimos en las comunidades autónomas”.

Que el dinero de la PAC llegue prioritariamente a quienes trabajan de forma activa, que exista un único fondo comunitario de financiación y que la futura Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie sea equilibrada y esté adaptada a la realidad productiva de Castilla-La Mancha.

Esas son las principales prioridades que el Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones agrarias han consensuado en una reunión mantenida este jueves que ha servido para establecer una posición conjunta de cara al futuro diseño de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo posterior a 2027.

En la reunión han participado el viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio, mientras que por parte de las organizaciones agrarias han estado representantes de ASAJA, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha.

Los acuerdos alcanzados serán trasladados al Ministerio durante la primera semana de septiembre.

Propuestas consensuadas

El viceconsejero ha destacado, entre los principales puntos de acuerdo alcanzados, “la necesidad de reforzar la figura del agricultor activo, con el fin de asegurar que las ayudas europeas lleguen prioritariamente a quienes ejercen de manera efectiva la actividad agraria y obtienen de ella una parte significativa de sus ingresos”. Los participantes han coincidido en que este criterio debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales de la futura PAC, “para garantizar una distribución más justa y eficaz de los fondos comunitarios”.

Asimismo, se ha defendido que las principales intervenciones de apoyo a la renta se financien íntegramente a través del futuro fondo único comunitario, “garantizando recursos suficientes para sostener la rentabilidad de las explotaciones agrarias”, ha indicado Martín Aparicio. En este contexto, también se ha abordado la configuración de la futura Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie, intercambiándose distintas propuestas para lograr una aplicación equilibrada y adaptada a la realidad productiva de Castilla-La Mancha.

Otro de los asuntos analizados han sido los cultivos de las nuevas ayudas asociadas que la región trasladará al Ministerio para su posible incorporación en el próximo periodo de programación. Las organizaciones agrarias y Cooperativas han coincidido con la Consejería en la importancia de contar con herramientas de apoyo específicas para aquellos sectores estratégicos que presentan mayores necesidades de respaldo desde el punto de vista económico, social o territorial.

Por último, todas las partes han coincidido en situar el relevo generacional entre las principales prioridades de la futura PAC, apostando por un presupuesto específico y suficientemente dotado para las medidas de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos incluidas en el denominado ‘paquete de bienvenida’.

Una PAC “suficientemente dotada”

Durante el encuentro, celebrado en un clima de diálogo constructivo y consenso, las entidades participantes y el Gobierno regional han compartido sus impresiones con el objetivo de defender “una PAC suficientemente dotada desde el punto de vista financiero, que mantenga el apoyo a la renta de agricultores y ganaderos y que responda a los retos sociales, económicos y medioambientales que afronta el sector agrario”, tal y como ha explicado Martín Aparicio.

Esta reunión da continuidad a la mantenida por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, con las organizaciones representativas del sector el pasado mes de abril. Previamente a este encuentro, el trabajo con las OPAs y Cooperativas Agroalimentarias se había iniciado más de un año antes, materializándose en un documento conjunto entregado al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en febrero de 2025 en Madrid.

En abril de ese mismo año, el presidente de Castilla-La Mancha se lo volvió a entregar en una reunión en Bruselas. Y, ya en octubre, se dio otro documento al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que, como representante de España en la Comisión Europea, trasladara la posición de Castilla-La Mancha.

La moratoria que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere establecer ante la proliferación de plantas de biometano en la comunidad autónoma, mediante un decreto que restringe su instalación y paraliza los expedientes en curso, no ha servido para calmar los ánimos de las decenas de colectivos sociales y vecinales de toda la región que rechazan de lleno esta polémica renovable. Unidos bajo el paraguas de la Plataforma regional Stop Biometano, han comparecido en Toledo y han alertado de que están dispuestos a acudir a los tribunales si el Ejecutivo de Emiliano García-Page no da marcha atrás y apuesta por otras alternativas.

Considera la asociación autonómica que el mencionado decreto no soluciona el problema de fondo. “Es un grave problema ambiental, social, sanitario, y ahora también político. En nuestros pueblos limpios, sanos y verdes, no nos merecemos que nos impongan estas instalaciones”, afirma en representación de este colectivo Rafael Ruiz, portavoz de Stop Biometano en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), donde se proyecta una de estas instalaciones.

Recuerda en este sentido que el nuevo decreto supone la “prescripción” del anterior Plan de Biometano que promovió el Gobierno regional, sin que la Administración haya dejado claro sin las más de 15.000 alegaciones que se presentaron a ese proyecto también decaen.

De cualquier forma, ahora son más de 20.000 las alegaciones que estos colectivos y miles de particulares han presentado al nuevo decreto, todavía pendiente de aprobación, lo que demuestra que la oposición social al biometano es “creciente”.

Estas instalaciones suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra, no las queremos. Ni siquiera queremos el decreto, porque genera inseguridad jurídica

“Estas instalaciones suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra, no las queremos. Ni siquiera queremos el decreto, porque contiene muchísimos elementos que generan inseguridad jurídica. Debe ser revisado o directamente anulado, porque solo contempla algunas concesiones para ver si los ayuntamientos y los alcaldes se contentan”, argumenta Rafael Ruiz.

Se refiere al hecho de que esta nueva normativa, junto con la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, permita a los plenos municipales poder “vetar” la instalación de plantas de biometano en sus términos municipales. Para las plataformas, esto es una “trampa”, porque muchos pueblos no disponen de recursos técnicos para emitir informes argumentados de rechazo, como requiere la ley.

A esta cuestión hace mención también Elisa Díaz, coportavoz de Verdes-Equo en Castilla-La Mancha, quien habla de “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana. “Pero los vecinos y vecinas no se van a quedar de brazos cruzados, van a seguir muy vigilantes con su patrimonio”, ha dicho.

En su opinión, hay “imprecisiones” en el decreto que deben pulirse o incluso anularse. “No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirma en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.

También incide la falta de recursos de muchos ayuntamientos para emitir informes como los que se solicitan en la nueva normativa para poder tumbar estos proyectos. El caso más paradigmático es el de Campos del Paraíso, en Cuenca, de apenas 700 habitantes. En su término municipal hay dos plantas de biogás proyectadas, y hasta seis en la zona colindante o de influencia. De hecho, este municipio acogió el pasado mes de marzo una de las manifestaciones más numerosas contra esta polémica renovable.

Desde Equo alertan también de que estas plantas tienen eventualmente fugas procedentes de sus antorchas de gas, que son, según estiman, un 80% más contaminantes que el CO2, así como posibles accidentes, explosiones e incendios. “Nada de esto está previsto en el decreto, ni siquiera la incidencia del cambio climático”.

Para Elisa Díaz, estas plantas responden, por tanto, a un modelo de desarrollo agroenergético “insostenible y especulativo”. “No son de utilidad pública ni de interés social, no tienen consenso y la posición ciudadana es cada vez mayor”.

“A un alcalde le pueden proponer un proyecto atractivo, puede aceptarlo, pero no hace una evaluación correcta de los riesgos que asume al abrirle los brazos. Hay un principio de precaución, que es vigilar el territorio. Muchas de estas empresas tienen un capital detrás de 3.000 euros: con eso no se podría hacer frente a contingencias como una fuga o un incendio”, concluye.

Ningún municipio de la región tiene los recursos suficientes para los enormes volúmenes de residuos que pretenden ser tratados

Otro de los datos más relevantes lo ha aportado Carmelo Donoso, de la Plataforma Stop Biometano de Carrión de Calatrava, en Ciudad Real. Ha recordado que actualmente hay en Castilla-La Mancha más de 70 plantas en tramitación, mientras que “ningún municipio de la región tiene los recursos suficientes para los enormes volúmenes de residuos que pretenden ser tratados”, procedentes a su vez de la “gran proliferación de macrogranjas” por toda la comunidad autónoma.

Es el motivo por el que miles de alegaciones rechazan que la distancia mínima establecida en el decreto entre las plantas de biogás y los núcleos urbanos sea tan solo de dos kilómetros. Según ha apuntado, deberían estar al menos a 25 kilómetros de los pueblos y de sus aguas potables, y localizadas de forma que no afecten a poblaciones vecinas.

Precisamente, Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava son dos de los municipios afectados por la planificación de estas instalaciones que forman parte del área de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Para más inri, en este último municipio también hay otra planta proyectada.

Alberto Celis es catedrático en la Universidad de Sevilla, vecino de Daimiel y experto en temas de agua. Alerta del peligro de los tres proyectos para este espacio natural. “El decreto recoge la importancia de los espacios protegidos, pero no incluye lo fundamental que sería impedir que existan instalaciones en municipios con entornos protegidos”.

Anuncia así que las plataformas pondrán en marcha una campaña bajo el lema ‘Salvemos las Tablas de Daimiel’ para recordar que actualmente el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) está trabajando en un marco de actuaciones prioritarias para “salvar” el Parque Nacional. “No tiene sentido que mientras se prepara ese plan, Castilla-La Mancha vaya en la dirección contraria proyectando plantas en estos tres pueblos”.

Alberto Celis ha detallado además que las plataformas están trabajando con técnicos un documento de propuestas alternativas para el tratamiento de residuos sin necesidad del biometano. Se trata, explica por su parte Rafael Ruiz, de una docena de soluciones que no ha detallado, pero que quieren presentar al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Otra cuestión para la polémica es que el Gobierno regional también prepara una Ley de Proyectos Empresariales Estratégicos donde el biometano se considera “prioritario”. “Eso implicará que, aunque los ayuntamientos rechacen un proyecto, si la Junta considera que son de utilidad pública, se impondrá por encima de los municipios. Es decir, en una ley (la mencionada de Evaluación Ambiental) se les da poder y en otra ley se les quita. Esto no puede ser y tiene que resolverse”.

Si la Junta sigue por este camino, abriremos contenciosos en los tribunales

Precisamente esta es la “inseguridad jurídica” por la que estas plataformas no descartan acudir a los tribunales. “Se están saltando leyes e incluso el Tratado fundacional de la Unión Europea. Faltan evaluaciones ambientales estratégicas en algunas plantas. Eso no puede ser. Si la Junta sigue por este camino, abriremos contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y, si no nos dan la razón, llegaremos al Supremo, al Constitucional o a los tribunales europeos. No nos vamos a quedar callados”, amenaza Rafael Ruiz.

Actualmente, hay en Castilla-La Mancha tres plantas de biometano ya operando. La de Balsa de Ves, en Albacete, inició su actividad tratando 3.000 toneladas de residuos, y actualmente ha llegado a las 40.000 toneladas. La de Noez, en Toledo, afecta principalmente al pueblo vecino de Casasbuenas, donde ya se han presentado varias denuncias por contaminación. Y la más grande de las tres es la de Belinchón, en Cuenca, que trata hasta 400.000 toneladas de residuos.

En paralelo, ya se están construyendo otras tres: en Gálvez (Toledo), Villaluenga de la Sagra (Toledo) y Pedro Muñoz (Ciudad Real). Según el mapeo de estas plataformas y de Stop Ganadería Industrial, hay más de 70 plantas proyectadas, con expedientes en tramitación en toda Castilla-La Mancha, y el “objetivo”, afirman, es llegar a un centenar.

Estas plataformas sociales y vecinales se reunieron con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a finales del pasado mes de junio. Según afirman, la consejera mostró interés en el mencionado estudio de alternativas pero no les consta que el Gobierno esté trabajando en ello. Ahora quieren otro encuentro, para tener “el mismo número de reuniones que la consejera ha tenido con constructoras y empresas gasísticas”.

De hecho, piden directamente hablar con Emiliano García-Page ante la dimensión de un problema que “no es solo ambiental sino también político”. “Las elecciones están cerca y esto ya es un movimiento ciudadano en toda regla. Somos 46 plataformas de 46 pueblos, y a fin de año seremos cien. Queremos decirle que seguir permitiendo estas instalaciones es antisocial y es imponer los intereses privados por encima de intereses públicos”.

“Las plantas de biometano son malsanas, contaminantes y no aportan apenas empleo. Esto no es ni economía verde, ni circular, ni descarbonificada. Esto no es transición ecológica, es transacción económica. Queremos nuestros pueblos tranquilos, limpios, verdes y sanos, y no convertidos en un vertedero o en tierras de sacrificio”, concluyen.

Hace justo una semana que el PP, Vox y PSOE consiguieron ponerse de acuerdo en el pleno municipal de Talavera de la Reina para votar en contra de la instalación de plantas de biometano en esta ciudad. Lo hicieron, eso sí, durante un bronco debate de reproches mutuos, que hacía presagiar que el consenso duraría poco. Y así ha sido.

Solo unos días después de este acuerdo, el alcalde, José Julián Gregorio (del PP, que gobierna en coalición con Vox), pidió un estudio “independiente” para determinar dónde y cómo ubicar dichas instalaciones.

Esto último es lo que han interpretado el PSOE como un “volantazo” en el consenso del pleno municipal. Así lo ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, quien afirmó estar “perplejo” tras ver que el alcalde votó a favor de modificar el POM y de suspender la concesión de licencias a plantas de biogás, mientras se tramite dicha modificación, y que, menos de 24 horas después, saliera públicamente a defender una posición “completamente distinta”.

Los ediles de la oposición han recordado que en el pleno municipal no se aprobó nada sobre esa petición del alcalde y, por tanto, “no hay que pedir ningún estudio ni a una empresa, ni a la universidad, ni a la ONU, ni a la Unesco” porque lo que se votó fue “que no se instalaran plantas y que se paralizaran las licencias”. Por ello, se preguntan “a qué juega el alcalde levantando la mano en el pleno para votar una cosa y haciendo al día siguiente una rueda de prensa para decir exactamente lo contrario”.

PSOE: el Ayuntamiento puede decidir

De igual modo, han considerado “muy llamativo” que José Julián Gregorio haya planteado ahora realizar un estudio externo, “lo que curiosamente coincide con la propuesta que defiende la empresa que quiere instalar una planta a la entrada de Talavera, cerca de Cazalegas”.

Por ello, los socialistas han informado que preguntarán tanto en las comisiones informativas del próximo lunes como en el pleno del viernes diversas cuestiones que esperan que el Gobierno local conteste.

Finalmente, los socialistas también han recordado que el Ayuntamiento de Talavera tiene competencias para decidir qué actividades y qué empresas pueden instalarse en el término municipal y en qué tipos de suelos.

Y además de la petición del estudio que ha realizado el alcalde, tan solo un par de días después de que se llegara a este ‘acuerdo’ en el pleno, el equipo de Gobierno municipal, de PP y Vox, realizaba una propuesta al Gobierno de Castilla-La Mancha: entre otras medidas, propuso que en el futuro decreto autonómico que regulará y restringirá este tipo de instalaciones, se aumente la distancia mínima a los núcleos urbanos de dos a cinco kilómetros.

El portavoz del Ayuntamiento, Jesús García-Barroso, así lo detalló en la presentación de las alegaciones del Consistorio al mencionado decreto. Junto con esta medida, también planteó la prohibición expresa de importar o introducir en el circuito regional sustratos procedentes de otras comunidades autónomas, así como mantener en el órgano ambiental autonómico las competencias técnicas de validación e instrucción, evitando trasladar a los municipios responsabilidades o cargas de gestión que no les corresponden.

Evidentemente, al Gobierno castellanomanchego, encargado de sacar adelante ese decreto, no le ha gustado nada. El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha contestado al Ayuntamiento que por mucho que “intente cargar el muerto” a la Junta, a su presidente, Emiliano García-Page, o a la exalcaldesa de la ciudad Tita García, quien “ha traído el biometano a Talavera” ha sido su alcalde, José Julián Gregorio, y su socio de gobierno, en referencia a Vox.

“Ahora piden informes, pero los informes los tenían que haber hecho negativos y no positivos en su momento. Ahora presenta recursos de alzada, pero es un recurso contra sus propios actos, porque los informes del Ayuntamiento de Talavera que obran en el expediente dicen que querían cuatro plantas de biometano en Talavera”.

Ha recordado que fue el propio Ayuntamiento del PP y Vox quien validó los informes del expediente y le ha exigido modificar el POM en lugar de “cargar el muerto” a la Administración regional.

La Junta afirma que ningún expediente para Talavera es “prioritario”

En relación con los proyectos de las plantas de biometano en esta ciudad, ha manifestado que el Gobierno regional ya ha contestado al Ayuntamiento talaverano desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, afirmando “rotundamente” que de los expedientes que afectan a Talavera de la Reina y que se encuentran en tramitación en la Dirección General de Calidad Ambiental, ninguno está clasificado como “prioritario”.

Asimismo, ha indicado que han pedido la misma información a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, anticipando que la respuesta es la misma: “Un ‘no’ rotundo”.

En el caso de las declaraciones de impacto y las autorizaciones ambientales integradas, la Junta de Comunidades actúa como juez y no como parte. “En función de la documentación que nos llega y lo que dice, esos documentos son positivos o negativos y la documentación que ha presentado José Julián Gregorio ha sido positiva y cuando era negativa, luego el propio Ayuntamiento tenía otra que la transformaba en positiva”, ha indicado David Gómez Arroyo.

En este sentido, Gómez Arroyo ha indicado que José Julián Gregorio debe dejar de decir “un día no, al siguiente sí y pasado mañana, ya veremos”, porque eso genera “confusión” en los talaveranos y talaveranas y “desconfianza en los inversores”.

Es lo que sucede en el caso de las plantas de biometano. A juicio del Gobierno regional, este asunto se está solucionado gracias a un pleno extraordinario convocado por la anterior alcaldesa y donde “debe avanzar el alcalde es en la modificación del POM y dejar de confundir ya pidiendo informes y cosas que sólo existen en su imaginación”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la cesión gratuita de la propiedad del antiguo silo de almacenamiento de cereales de Porzuna al Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de que el inmueble pueda seguir destinándose a usos, servicios, actividades e infraestructuras de carácter público y de interés general en beneficio de los vecinos y vecinas.

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha informado de esta cesión, que supone dar un paso más en la colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Porzuna. El inmueble, situado en la carretera de Los Cortijos, cuenta con una superficie aproximada de 6.900 metros cuadrados y está vinculado históricamente a la actividad agraria del municipio.

Blanca Fernández ha explicado que la Junta de Comunidades ya había cedido gratuitamente el uso del silo al Ayuntamiento de Porzuna en octubre de 2017, por lo que el Consistorio viene utilizando desde entonces las instalaciones para distintos servicios municipales.

Ahora, tras la solicitud formulada por el Ayuntamiento el pasado mes de junio, el Gobierno regional ha tramitado y aprobado la cesión de la propiedad en apenas dos meses.

Recursos públicos al servicio de la ciudadanía

“Con esta cesión reforzamos nuestro compromiso con Porzuna y con la colaboración institucional, porque queremos que los recursos públicos estén al servicio de los ciudadanos y que este inmueble pueda seguir acogiendo servicios que beneficien directamente a los vecinos y vecinas”, ha señalado la delegada de la Junta.

La representante del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la decisión permite al Ayuntamiento disponer de plena propiedad sobre un inmueble que ya venía utilizando para atender distintas necesidades municipales y que, a partir de ahora, podrá seguir desarrollando y ampliando sus usos de acuerdo con las necesidades de la localidad.

En este sentido, el Consistorio de Porzuna ha venido destinando las instalaciones a cochera, almacén y báscula, además de albergar la sede del retén contra incendios, entre otros usos vinculados a la prestación de servicios de carácter público.

El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere reforzar la gestión y el conocimiento del territorio de la comunidad autónoma y para ello ha puesto en marcha el Portal del Centro Cartográfico. La nueva plataforma concentra en un único espacio la cartografía pública de la región y los principales proyectos estratégicos relacionados con el conocimiento y la gestión del territorio.

El director del Centro Cartográfico y secretario general de la Consejería de Fomento, Daniel Corredor, ha destacado que este portal es una herramienta digital diseñada para facilitar el acceso de ciudadanos, profesionales, empresas, investigadores y administraciones a toda la información geográfica pública que genera y gestiona la comunidad auatónoma.

Así, su objetivo es acercar a la sociedad el trabajo que desarrolla el Centro Cartográfico, un órgano especializado encargado de coordinar la información geográfica de la región, y “reforzar la transparencia y el acceso al conocimiento del territorio”.

“La cartografía constituye una herramienta esencial para la planificación y gestión de numerosos servicios públicos, desde la construcción de infraestructuras y el planeamiento urbanístico hasta la gestión de emergencias, la protección medioambiental o la ordenación territorial”, ha detallado Corredor.

Asimismo, ha explicado que la principal novedad de la plataforma es que se convierte en la “puerta de entrada única” a toda la información relacionada con la cartografía pública de Castilla-La Mancha. De este modo, recursos que anteriormente estaban distribuidos en distintos espacios pasan a reunirse en una misma web, facilitando su localización y consulta“.

Además, el portal permite conocer la actividad del Centro Cartográfico y de la Comisión de Coordinación Cartográfica, así como acceder a documentos de interés público como informes, actas, convenios, licitaciones, planes cartográficos, la carta de servicios y diversos enlaces relacionados con transparencia y participación.

En este sentido, el responsable del Centro Cartográfico ha incidido en que “la iniciativa se apoya en tres principios fundamentales: transparencia, divulgación y servicio público, con la finalidad de poner la información geográfica al alcance de toda la sociedad”.

El Portal de Mapas, eje central de la plataforma

Uno de los principales espacios de la nueva web es el Portal de Mapas, concebido como “la gran ventana geográfica” de Castilla-La Mancha y punto de acceso a los visores y herramientas cartográficas empleados tanto por profesionales como por la propia Administración regional.

Junto a esta herramienta, el portal ofrece información detallada sobre los proyectos estratégicos impulsados por el Centro Cartográfico, entre los que se encuentran la delimitación y georreferenciación de límites municipales, el proyecto 'Nomenclátor' para la recuperación y conservación de topónimos tradicionales, los servicios de geodesia y posicionamiento de alta precisión, la futura Fototeca regional, la Cartoteca de Castilla-La Mancha y el servicio de descarga de cartografía y datos geográficos para su reutilización.

Hablar de presupuestos de un organismo público es algo árido, propio de despachos, números e informes técnicos. Sin embargo, detrás de cada partida presupuestaria no ejecutada hay vidas concretas, desplazamientos agotadores e inequidad territorial.

Un claro ejemplo de esta brecha entre el titular político y la realidad social lo encontramos en la gestión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y, muy en particular, en la aún postergada puesta en marcha de la Unidad de Diálisis del Hospital de Hellín.

Intentando responder a la pregunta recurrente de un paciente sobre si faltan recursos económicos para dotar plenamente a la comarca de este servicio vital, la respuesta contable es tajante: no es un problema de dinero, es un problema de prioridad política.

Afirmo esto tras consultar los datos oficiales de la ejecución presupuestaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de dos canales públicos oficiales. En el portal de la Intervención General de Castilla La Mancha, que publica periódicamente los informes mensuales detallados de ejecución presupuestaria tanto de ingresos y gastos, y en el portal CIMCANET del Ministerio de Hacienda, que recopila la información de ejecución presupuestaria homogénea de todas las Comunidades Autónomas.

Hay que tener en cuenta que la publicación de la ejecución mensual por parte de las Administraciones Públicas suele llevar un desfase técnico de entre 30 y 45 días tras el cierre de cada mes por el concepto de consolidación contable.

Si acudimos a los informes mensuales de ejecución presupuestaria que publica la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha -disponibles en este enlace-, en la página 300 observamos un patrón recurrente.

Partidas específicas destinadas al tratamiento de pacientes renales (como el Club Diálisis o la Hemodiálisis domiciliaria) presentan, bien entrado el ejercicio presupuestario (31 de julio), porcentajes de ejecución alarmantemente bajos respecto al crédito inicialmente asignado. Es decir, la partida está consignada en el papel, la liquidez existe en la administración, pero el dinero no llega a convertirse en recursos asistenciales reales.

Desde una perspectiva de compromiso con los servicios públicos, esta parálisis en la ejecución no representa una muestra de “prudencia fiscal” ni de “eficiencia administrativa”. Al contrario: retener crédito presupuestario destinado a la salud de la ciudadanía implica un déficit asistencial.

Para un paciente renal de Hellín o de las comarcas de la Sierra del Segura y los Campos de Hellín, cada mes de retraso no se traduce en un porcentaje contable, sino en cientos de kilómetros semanales por carretera para recibir tratamiento en Albacete, en condiciones de salud sumamente complejas.

El modelo de gestión del Gobierno regional en materia sanitaria evidencia una peligrosa inercia. Prima la contención del gasto, la burocracia administrativa y la centralización de servicios por encima del principio rector que debería guiar a cualquier gobierno de izquierdas: la equidad territorial y el acceso universal a la salud.

Descentralizar la atención médica y llevarla a las comarcas no es un capricho; es la única vía real para vertebrar el territorio, fijar población en el medio rural y garantizar que no existan ciudadanos de primera y de segunda según su código postal.

La sanidad pública no se defiende únicamente aprobando presupuestos vistosos en las Cortes regionales; se defiende ejecutándolos hasta el último euro donde más se necesita. Cuando existe respaldo presupuestario y demanda social, dilatar la apertura de servicios esenciales en la periferia bajo excusas de tramitación administrativa es una decisión política deliberada.

La comarca de Hellín no necesita más promesas en papel ni justificaciones técnicas. Necesita que el presupuesto aprobado se traduzca en derechos ejercidos. Todo lo demás es, simple y llanamente, falta de voluntad política.

Ya está redactado el borrador del anunciado decreto por el que se establecen las condiciones para la gestión de los residuos orgánicos mediante su transformación en biometano en Castilla-La Mancha. El texto responde a un mandato de las Cortes regionales que impulsó el Grupo Socialista como respuesta a la enorme proliferación de proyectos de plantas que trabajan con residuos agroganaderos para generar esta polémica renovable. Y es una consecuencia, asimismo, del gran rechazo social y vecinal que han provocado, al igual que sucedió con las macrogranjas.

El decreto todavía tiene que pasar por el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, previsiblemente en el próximo curso político y antes de final de año. Además, va acompañado de una reciente reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de la comunidad autónoma que otorga a los plenos municipales de los ayuntamientos el poder de vetar cualquier proyecto de este tipo, aunque sea en teoría porque el Ejecutivo regional se reserva para sí la potestad de poder declarar “prioritarios” los que considere oportunos.

La normativa busca equilibrar los objetivos de “neutralidad climática” y soberanía energética de la Unión Europea con “la protección del bienestar de la ciudadanía local”.

Algunas de estas restricciones ya estaban incorporadas en la resolución del Grupo Socialista que ha dado origen al borrador, que actualmente se encuentra en información pública para la presentación de alegaciones. El hecho de que ahora el Gobierno regional 'eche el freno' en esta cuestión contrasta con su decisión de declarar “prioritarios” algunos proyectos de biometano como la futura planta de Gálvez, o la que ya está en funcionamiento en Noez, ambos en la provincia de Toledo.

Pero el caso es que el decreto es bastante restrictivo: hay decenas de exigencias técnicas, entre ellas las referidas a las distancias entre estas plantas de biometano y los núcleos urbanos. Con carácter general, deben situarse a una distancia mínima de dos kilómetros desde el límite del suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar que sea de uso residencial.

Pero hay algunas variantes. Por ejemplo, en el caso de instalaciones que traten residuos de cadáveres de animales, la distancia mínima obligatoria aumenta a cuatro kilómetros respecto a los mismos límites de suelo urbano o urbanizable.

Por el contrario, en el caso de actividades de restauración y hoteleras ubicadas en el suelo rústico, la distancia se reduce: puede estar a tan solo 500 metros. Pero si estos establecimientos están integrados en suelos urbanos o urbanizables de uso residencial predominante, se benefician de la mencionada protección general: dos kilómetros como norma general y cuatro si se trata de residuos de cadáveres de animales.

Esto implica una doble protección: por un lado, se impide que una planta se instale cerca de un hotel existente, pero por otro, se restringe la apertura de nuevos hoteles o restaurantes en áreas que no cumplan estas distancias mínimas respecto a plantas ya autorizadas.

De hecho, el decreto exige que las instalaciones de biometano se adapten estéticamente al entorno y prohíbe su ubicación en zonas donde sean visibles desde miradores o puntos de atracción turística. Además, se debe evitar su implantación cerca de áreas de interés cultural o patrimonio natural.

Además, los hoteles y restaurantes también son identificados en la nueva norma como generadores de sustratos. La regulación busca así un equilibrio: por un lado, aleja físicamente la industria de los negocios turísticos para evitar olores y ruidos, y por otro, integra los residuos orgánicos que estos generan en el ciclo de la economía circular.

Pero, ¿cómo se miden las distancias mínimas? Se aplican tomando como referencia el vallado exterior de la propia instalación. En el caso específico de las distancias a explotaciones ganaderas, el decreto especifica que la medición debe realizarse sobre plano (distancia topográfica). Se toma como referencia el lugar donde se alojan los animales que esté más próximo a la instalación de biometano.

Lo más curioso es que estas mediciones tienen un carácter recíproco respecto a los “elementos sensibles del entorno”: la distancia se mide de forma topográfica desde el cierre perimetral de la planta hasta el punto más cercano del elemento protegido.

Digestato, malos olores y transporte

Una de las cuestiones más polémicas que ha generado la proliferación de estas instalaciones ha sido el tratamiento del digestato, el residuo resultante de la valorización de residuos agroganaderos, que suele comercializarse como fertilizante, y principal causante de malos olores. En este caso, el decreto exige a las empresas promotoras un estudio de dispersión de olores que garantice que no se supera el umbral de 1,5 unidades de olor por metro cúbico de aire (ouE/m³) en el límite del suelo urbano o urbanizable de uso residencial.

Además, para evitar molestias adicionales a la población, se prohíbe el paso de camiones con residuos por los núcleos urbanos de los municipios, salvo en los casos en que el residuo se haya generado dentro de ese mismo municipio.

Las empresas deben presentar un estudio de las rutas de transporte que identifique la ubicación de cada sustrato de entrada y el recorrido previsto. Estas rutas deben actualizarse si sufren modificaciones definitivas.

El transporte debe realizarse de forma apta según el tipo de residuo, asegurando siempre transportes cerrados para evitar la pérdida de materiales y la propagación de malos olores. También debe tener en cuenta su huella de carbono para cumplir con los porcentajes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero exigidos por la normativa europea (entre un 65% y un 80% según el uso del biogás).

En cuanto a los olores, el borrador del decreto garantiza establece una combinación de modelización científica, límites técnicos estrictos y medidas de control operativo.

Así, obliga a todas las plantas a presentar un estudio de dispersión de olores que utilice el modelo del sistema avanzado de simulación de calidad del aire en estado no estacionario (CALPUFF). Las naves de pretratamiento y compostaje deben operar en presión negativa respecto al exterior para evitar fugas de aire contaminado. Además, será obligatorio conectar los sistemas de aspiración de aire a equipos de limpieza como lavadores de gases vía húmeda, filtros de carbón activo o biofiltros. Y tanto los sustratos de entrada como el digestato deben estar en tanques herméticos, naves o balsas cerradas.

Hay en el decreto otras regulaciones complementarias para evitar olores en el entorno. Por ejemplo, el transporte de sustratos debe realizarse obligatoriamente en vehículos cerrados y cuando el digerido se aplica como fertilizante, debe incorporarse al suelo mediante arado o equipos equivalentes en un plazo no superior a 24 horas para disminuir la emisión de malos olores.

Recursos hídricos y contaminación de acuíferos

Por otro lado, el borrador establece medidas para proteger los recursos hídricos y prevenir la contaminación de acuíferos y masas de agua superficiales, otra de las principales críticas de los grupos ecologistas, sociales y vecinales. Estas regulaciones abarcan desde la ubicación de las plantas hasta las condiciones técnicas de almacenamiento y la aplicación de los productos resultantes.

Tanto para la instalación de la planta de biometano como para la aplicación del digestato en el suelo, se exigen separaciones mínimas respecto a puntos críticos de agua: por ejemplo, 250 metros en el caso de captaciones de agua subterránea y de embalse destinadas al consumo de poblaciones

Asimismo, para evitar que filtraciones contaminantes alcancen el subsuelo y los acuíferos, las superficies de almacenamiento de las plantas de biometano deben estar impermeabilizadas mediante solera de hormigón y contar con sistemas de drenaje de lixiviados Para el control de fugas y monitoreo en acuíferos, el decreto establece la obligación de instalar, como mínimo, un piezómetro aguas arriba y dos piezómetros aguas abajo de la instalación para monitorear la calidad del agua.

Con carácter general, cada cinco años, un organismo acreditado debe revisar los sistemas de control de fugas y el estado de la estanqueidad; y también se exige un plan específico de monitoreo de aguas residuales y emisiones que debe estar a disposición de las autoridades.

En áreas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos, se debe cumplir estrictamente el programa de actuación vigente en Castilla-La Mancha. Esto quiere decir que no se permite la instalación en suelos “inundados o saturados”, ni durante periodos prolongados de lluvias, o si la pendiente del terreno genera riesgo de escorrentía directa hacia masas de agua, independientemente de la distancia.

El decreto prioriza que las fracciones acuosas resultantes de los procesos de tratamiento sean depuradas hasta conseguir un agua apta para vertido, reutilización industrial o riego autorizado.

Una moratoria de dos años

Finalmente, el borrador decreta que hasta el 21 de diciembre de 2029 las plantas de biometano que cuenten ya con autorización ambiental integrada deberán adaptar sus instalaciones a estas medidas.

Mientras, se suspenderá la tramitación de los procedimientos de autorización ambiental de proyectos de biometano, por un plazo máximo de 24 meses, hasta la presentación de la documentación necesaria adaptada a las condiciones establecidas en este decreto.

Transcurrido este plazo sin que se haya presentado la documentación se le tendrá por desistido y se archivarán las actuaciones.

Esta norma recuerda mucho a la moratoria, ya levantada, que el Gobierno de Emiliano García-Page impulsó para las macrogranjas, una de las fuentes para nutrir a las plantas de biometano. Como ocurre ahora, lo hizo a pocos meses de unas elecciones, allá por 2022.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Asociación Manuel Azaña han analizado diversos proyectos relacionados con la localización, identificación y exhumación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como posibles actuaciones futuras que puedan desarrollarse en diferentes localidades de la región.

Así lo han abordado durante una reunión mantenida por el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario, con el presidente e investigador de la Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, y el responsable de Investigación de la entidad, Ignacio Cabello.

Vicario ha destacado la importancia de “seguir avanzando de la mano de las asociaciones y, especialmente, de las familias que llevan décadas esperando poder localizar e identificar a sus seres queridos”, y ha asegurado que el Gobierno regional “va a continuar colaborando en aquellas actuaciones que permitan recuperar nuestra memoria democrática y dar respuesta a quienes todavía buscan a familiares desaparecidos”.

Trabajos de exhumación en Madridejos (Toledo)

Durante el encuentro, los representantes de la Asociación Manuel Azaña han informado al viceconsejero del estado de los trabajos que se están desarrollando en el cementerio de Madridejos (Toledo), donde el pasado 29 de julio comenzó, a petición de varios familiares de las víctimas, la exhumación de la sepultura 60 del cuadro 13. Esta sepultura procede del traslado de la fosa correspondiente a la denominada Saca 11, integrada por personas fusiladas el 31 de julio de 1939 y enterradas inicialmente en el antiguo cementerio de San Sebastián. A partir del 18 de febrero de 1964, sus restos fueron trasladados por sus familiares a la sepultura 60 del cuadro 13 del nuevo cementerio de Madridejos, por lo que no se trata de la fosa original.

Asimismo, Isabelo Herreros e Ignacio Cabello han presentado los proyectos que la asociación prevé desarrollar próximamente en diferentes localidades de Castilla-La Mancha, a petición de familiares de las víctimas, tanto para la localización como para la identificación y posible exhumación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

Durante el encuentro, el viceconsejero de Relaciones Institucionales ha puesto en valor la trayectoria y el trabajo desarrollado por la Asociación Manuel Azaña, fundada en 1993 y con ámbito de actuación nacional, y ha señalado que “la colaboración entre las administraciones públicas, las asociaciones especializadas y las propias familias es fundamental para seguir avanzando en una tarea que tiene que ver con la dignidad, la reparación y el conocimiento de nuestra historia”.

Entre las actuaciones desarrolladas por la entidad se encuentran la exhumación, el pasado año, de dos personas en el municipio de Mesegar de Tajo o la recuperación de 17 cuerpos en el cementerio de Tembleque. Estas intervenciones se han llevado a cabo en el marco de los Planes Cuatrienales de Exhumaciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y han contado con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Vicario ha reiterado que el Ejecutivo autonómico seguirá trabajando y colaborando para “facilitar que las familias puedan cerrar procesos que en muchos casos llevan abiertos demasiadas décadas y contribuir a preservar una memoria democrática basada en la verdad, la dignidad y la reparación”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado, a las 23:00 horas de ayer 12 de agosto, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM) activado a las 10:00 horas en Fase de Alerta -Situación Operativa 0- debido al eclipse solar.

La dirección del PLATECAM ha decretado la desactivación de este Plan vista la evolución favorable y valorada la situación tras la finalización del fenómeno solar que tuvo lugar ayer, día 12, entre las 19:30 y las 21:00 horas.

En total, se han contabilizado 18 incidencias, relacionadas principalmente con mareos o malestar general, debido al intenso calor, o consultas por haber visionado el eclipse sin protección. La provincia que más incidencias acumuló fue Guadalajara con 12, seguida de Cuenca con 4, y en Toledo y Albacete se registró 1 incidente en cada una.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, se habían previsto distintas actuaciones, coordinadas a través de la activación del PLATECAM, destinadas a garantizar la seguridad y protección de todos los ciudadanos que se desplazaron a los puntos de observación del eclipse, en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Este miércoles se había reforzado el Servicio de Emergencias 112 para la recepción de las llamadas de los ciudadanos y garantizar la capacidad de comunicaciones, para prevenir posibles situaciones de picos de llamadas. A este respecto, desde la Dirección General de Protección Ciudadana se movilizaron teléfonos satelitales en Cuenca, Guadalajara y Sigüenza, con el fin de asegurar las comunicaciones con los centros de mando.

Por lo que respecta al ámbito sanitario, desde la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), junto con las Gerencias de Atención Integrada de Guadalajara y Cuenca, se había realizado una valoración de las necesidades asistencias, estableciendo un Dispositivo Sanitario de Riesgo Previsible (DRP), que se suma al operativo sanitario ordinario.

Una jornada tranquila

Asimismo, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible se realizó un estudio de los puntos de observación y se establecieron zonas de exclusión, ante el riesgo de alto o externo de incendios forestales, por lo que se prohibió temporalmente la entrada, circulación, parada y estacionamiento de vehículos a motor en los tramos de pistas forestales y accesos al medio natural, en distintos municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara, desde las 00:00 horas del 11 de agosto, hasta las 23:59 horas del día 13 de agosto.

Como se había informado durante estos días, la mitad norte de la provincia de Cuenca y toda la de Guadalajara eran dos de las zonas de España donde la visibilidad del eclipse sería total, por lo que se esperaba una concentración masiva de personas en ambas provincias.

Ante la activación del PLATECAM en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se procedió a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que pudieran establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimasen oportunas ante esta situación.

También, en la mañana de ayer, se envió un mensaje ES-Alert a la población de toda la comunidad autónoma dando traslado de una serie de consejos y recomendaciones para un correcto y adecuado comportamiento en esta jornada de observación del eclipse, y en aras del beneficio del conjunto de la ciudadanía.

En una reciente entrevista realizada en Radio Hellín, planteé la necesidad de la puesta en marcha de un Servicio estable de Nefrología en Hellín como primer paso para poder hacer viable el Centro de Diálisis en su área. Nada mejor que buscar documentos para conocer el estado de la cuestión. Y así lo he hecho.

El 28 de noviembre de 2024, en las Cortes de Castilla-La Mancha se aprobaba por unanimidad, una resolución que prometía marcar un antes y un después para la Gerencia de Atención Integrada de Hellín, cuyo texto no solo ponía en valor la mejora continua del hospital, sino que fijaba dos compromisos: el reconocimiento explícito y la creación de la Unidad de Nefrología en su cartera de servicios, y la elaboración del estudio técnico para implantar un Centro de Diálisis extrahospitalaria.

El objetivo era incuestionable: evitar que decenas de pacientes con patología renal crónica sigan acumulando kilómetros, cansancio y desgaste físico en desplazamientos diarios para recibir un tratamiento que les es vital. Sin embargo, al aterrizar en la realidad administrativa, el golpe resulta demoledor.

Puedo entender que no apareciese en la plantilla de 2024. Ya no lo hacía en la de 2025. Pero al revisar la publicación del expediente de plantilla orgánica de la GAI de Hellín (Centro de Gastos 61031100), con efectos de 9 de febrero de 2026, descubro una verdad incontestable: que tampoco el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha asignado una sola plaza de personal facultativo o de enfermería al servicio de Nefrología.

Este escenario exige una crítica, como poco, por irresponsabilidad, y en tres aspectos. En primer lugar, no se puede anunciar la incorporación de una especialidad médica en una cartera de servicios si no se le dota de una plantilla funcional. Aprobar un servicio en el papel y dejarlo vacío en el organigrama presupuestario es, como poco, una entelequia administrativa que paraliza la planificación asistencial.

Un segundo aspecto es que la hemodiálisis no es una prestación optativa sino una terapia de sustitución renal imprescindible para la vida. Cada mes de retraso en su implantación se traduce en cientos de horas de transporte sanitario para los enfermos renales de la comarca de Hellín, y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero no en que la eficiencia del sistema y la dignidad del paciente se miden en la cercanía de las prestaciones clave.

Pero quizás el peor error de cualquier política sanitaria es jugar con la esperanza. Aprobar acuerdos parlamentarios solemnes para luego frenarlos mediante resoluciones de plantilla desmantela la credibilidad de las instituciones y desgasta la confianza de sus profesionales. La sanidad pública no se construye a golpe de titular ni de resoluciones de intenciones que languidecen en un cajón. Si las Cortes regionales fijaron el mandato legislativo, la responsabilidad de ejecutarlo correspondía al SESCAM, y no se hace al omitir la dotación en la plantilla. Es recortar de hecho lo que se prometió por derecho.

Y aquí empiezan a surgir preguntas que merecen una respuesta, no para mí, sino para los pacientes: ¿Cuáles son las razones técnicas, presupuestarias o de gestión por las que el SESCAM no ha contemplado ninguna plaza de facultativo ni de personal de enfermería especializado para el Servicio de Nefrología en la plantilla de la GAI de Hellín? ¿Hay prevista alguna modificación presupuestaria por Consejería de Sanidad para dar cumplimiento efectivo al punto segundo del acuerdo de las Cortes? ¿En qué estado se encuentra el estudio técnico de idoneidad encargado a la Dirección del Sescam para la implantación del Centro de Diálisis extrahospitalario en Hellín y cuáles son sus conclusiones principales? ¿En qué fecha prevé el Gobierno regional que la Unidad de Nefrología cuente con personal efectivo? ¿Cuántos pacientes del área de la GAI de Hellín continúan desplazándose actualmente a Albacete para recibir tratamiento de hemodiálisis? ¿Cuál es el coste anual que asume el Sescam por el transporte sanitario de estos traslados?

Los pacientes renales de Hellín y sus familias no pueden seguir esperando lo que la voluntad política prometió. Corresponde al Gobierno regional y al SESCAM rectificar para garantizar el derecho a una atención sanitaria pública, cercana y de calidad.

La empresa Hydnum Steel ha obtenido un “compromiso de inversión” de 150 millones de euros del Fondo de Coinversión (FOCO) gestionado por COFIDES, una sociedad mercantil estatal que gestiona, entre otros, fondos financieros del Estado y que tiene entre sus objetivos desde la internacionalización de la economía española a la promoción de la economía de impacto en España, entre otros.

En su accionariado, además del Estado, que ostenta una posición mayoritaria, participan el Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

FOCO es un fondo creado por el Gobierno de España a través de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuenta con recursos del instrumento NextGeneration-EU.

Hydnum Steel cree que esta operación permitirá mejorar su capacidad financiera para acometer la construcción del complejo industrial que tiene previsto abrir en Puertollano (Ciudad Real), de cara a poner en marcha la primera fábrica de 'acero verde' de la península ibérica.

El pasado mes de abril obtuvo la declaración de Proyecto de Singular Interés (PSI) por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, “sin alegaciones relevantes”, aseguran sus promotores.

La operación se enmarca dentro de un plan financiero que movilizará una inversión global de más de 1.500 millones de euros. De esta cifra, alrededor de 600 millones corresponden a capital (equity) y alrededor de 1.000 millones a deuda.

El proyecto cuenta con un “sólido respaldo institucional” por parte de COFIDES y del PERTE II de Descarbonización Industrial, y está impulsado por Russula, la empresa promotora, junto con un grupo de socios industriales y financieros.

¿Cómo está el proceso de implantación de la planta?

Desde su anuncio en 2023, Hydnum Steel ha ido “avanzando” en su desarrollo técnico y comercial, según ha informado la propia compañía este miércoles.

“Se han superado trámites administrativos críticos, como la resolución favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la adecuación hidrológica del entorno y la obtención de 500 MW de capacidad de acceso a la red eléctrica nacional en el nudo de Brazatortas”, en la provincia de Ciudad Real, según ha detallado.

De acuerdo con su hoja de ruta, la compañía prevé iniciar el movimiento de tierras y las obras a finales de este mismo año 2026.

En este sentido, afirma que “el proyecto ha despertado gran interés entre clientes potenciales”, al haber alcanzado acuerdos que cubren una demanda del 100% de la capacidad de producción de la primera fase durante los primeros cinco años de operación.

La iniciativa, abundan los promotores, ha sido reconocida por el Foro Económico Mundial en el ámbito de la descarbonización industrial, y se apoya en un consorcio de empresas especializadas. Junto a Russula, participan la multinacional alemana Siemens (que aporta soluciones en digitalización, automatización y ciberseguridad), ABEI Energy (en generación renovable e hidrógeno verde) y la firma Primetals Technologies (proveedora de tecnología metalúrgica).

¿Cómo será la planta de acero verde?

Hydnum Steel está concebida como una planta integrada digitalmente que “prescindirá de combustibles fósiles”, utilizando en su lugar “hornos de arco eléctrico alimentados con hidrógeno verde y energía 100% renovable”.

Este modelo productivo, permitirá reducir las emisiones de CO₂ de Alcance 1 y 2 hasta un 98% en comparación con los métodos de alto horno tradicionales.

La digitalización de sus procesos busca “optimizar costes operativos, maximizar la eficiencia y reforzar la seguridad laboral”, añaden.

Asimismo, la incorporación de la tecnología de laminación continua Endless Strip Production (Arvedi ESP) y de un sistema de última generación en tratamiento de aguas (Zero Liquid Discharge) que evita vertidos e impulsa la reutilización hídrica, refuerza el perfil sostenible de la instalación.

Será una de las primeras que se construirán en el mundo, con una expectativa de producción de 2,7 millones de toneladas anuales de acero plano, “situando a España a la vanguardia de la descarbonización industrial”. Su proceso productivo libre de CO2 está basado en el uso de energías renovables e hidrógeno verde.

Prevé generar más de 1.000 empleos directos

En el plano social y económico, la implantación del complejo industrial en Puertollano supondrá “un importante motor para la reindustrialización de la zona y la fijación de población en el territorio”. El proyecto prevé la generación de más de 5.000 puestos de trabajo totales a lo largo de sus distintas fases, de los cuales más de 1.000 serán empleos directos de alta cualificación técnica y más de 4.000 indirectos e inducidos. Para respaldar esta demanda de talento, la compañía impulsará programas formativos locales y alianzas con centros educativos y la Universidad de Castilla-La Mancha para la capacitación técnica en la región.

Ángela Pérez, presidenta y consejera delegada de COFIDES, ha indicado que “mediante FOCO apoyamos proyectos que contribuyen a transformar sectores estratégicos para la economía. Hydnum Steel es un claro ejemplo de ello, al combinar innovación industrial, producción sostenible y desarrollo de capacidades productivas. Su puesta en marcha contribuirá a acelerar la descarbonización de la industria europea y el avance hacia una economía más sostenible”

Por su parte, Eva Maneiro, CEO de Hydnum Steel, ha señalado que “el respaldo de COFIDES y la adjudicación del PERTE de Descarbonización suponen un impulso fundamental para nuestro proyecto y su papel en la reindustrialización y descarbonización de la industria europea. Muestra que nuestra hoja de ruta avanza según lo planificado y está plenamente alineada con los objetivos de soberanía industrial y energética de España y la Unión Europea”.

“El debate ahora sobre los incendios va de saber qué es lo que quiere la sociedad. Hay que preguntarnos si solo nos vamos a acordar de los bosques cuando se queman o si exigimos a los gobiernos planes de largo plazo”.

Así de contundente se muestra Alfredo Poveda. Trabaja en Cuenca y es el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM). Lo dice sin paliativos. O se cambian las cosas o los voraces incendios de este y del anterior verano de 2025 se repetirán una y otra y otra vez.

“Los expertos nos dicen que en 15 años nos podemos quedar sin ningún bosque natural en la península ibérica si esto sigue así. Todos tenemos responsabilidades en eso”, apunta durante una entrevista, cuando todavía humean los megaincendios forestales de este verano que ya están entre los peores de la historia del país, y apenas ha comenzado el mes de agosto.

En España hay 26 millones de hectáreas forestales y 11 de ellas están desarboladas. “La propiedad forestal en España es eminentemente privada”, subraya.

“Lo que tenemos es una cantidad de hectáreas forestales que no pueden ser gestionadas por la administración pública. Eso es inviable, así que hay que apelar a la concienciación del propietario particular”. Conseguirlo pasa, en su opinión, por que cada propietario “tenga su finca o parcela en buenas condiciones, sin que acumule combustible forestal”.

La propiedad forestal en España es eminentemente privada. Lo que tenemos es una cantidad de hectáreas forestales que no pueden ser gestionadas por la administración pública. Eso es inviable, así que hay que apelar a la concienciación del propietario particular

El problema, reconoce, “es el coste que le supondrá si no hay beneficios de gestión a cambio”. En España hay un mundo rural que, dice, “vive por respiración asistida, y muy dependiente del medio urbano” y además “no hay recetas fáciles ni mágicas para revertirlo”.

“Ahora es el incendio el que maneja el paisaje sin respetar nada”

Aquel 'paisaje mosaico' en el medio rural al que estaban acostumbrados nuestros abuelos ya no existe. “El manejo del paisaje que propiciaba el ser humano con su actividad ya no es tal. Ahora el incendio es el que te lo maneja en tres horas, sin respetar nada”, lamenta.

En opinión de este profesional habituado a lidiar con los incendios, desde el puesto de mando avanzado que toque cada vez, cree que “la economía basada en el paisaje se ha transformado en la economía de la extinción que es infinitamente más cara”.

Habla de Castilla-La Mancha y no niega que haya prevención. De hecho afirma que la hay “durante todo el año” y que se hace bien, pero con mucho margen de mejora.

La economía basada en el paisaje se ha transformado en la economía de la extinción que es infinitamente más cara. Tenemos que definir mejor qué es la prevención

“Tenemos que definir mejor qué es la prevención. Sabemos que son trabajos de manejo de vegetación encaminados a reducir la oportunidad de incendio y que, si se producen, que podamos tener ventanas de oportunidad a través de la Red de Áreas de Defensa (RAD) contra los incendios para acometer la extinción con más seguridad”.

Y no solo eso. Durante las últimas olas de grandes fuegos se han producido detenciones por malas prácticas en situaciones de riesgo extremo de incendio. Irresponsabilidades a las que cree que también hay que ponerle coto.

“En Castilla-La Mancha el plan de prevención, vigilancia y extinción 2026 viene a regular con más decisión las actividades que pueden realizarse en función del nivel del Índice Potencial de Propagación (IPP)”, asegura. Y, sin embargo, cree que, a la vista de lo que está ocurriendo, hay que endurecer todavía más las medidas.

“Nos parece, y el ejemplo está en La Mierla, que hay cuestiones que deben pulirse. Con cierto nivel de riesgo hay actividades que deben restringirse al 100%. Esta es una decisión política compleja, pero es que aun aplicando medidas valientes en ciertos niveles de riesgo hace falta más contundencia”, reclama.

Con cierto nivel de riesgo hay actividades que deben restringirse al 100%. Esta es una decisión política compleja, pero es que aun aplicando medidas valientes hace falta más contundencia. La sociedad no está preparada para responsabilizarse

El fuego de La Mierla se produjo, según los primeros indicios, durante labores agrarias, pero todavía su origen está en fase de investigación. Otros como el de Almorox, en Toledo, tuvo origen en trabajos ilegales de soldadura. Sea como sea, Alfredo Poveda cree que hay que “dar una vuelta” a las medidas porque “delegar en el ciudadano responsabilidades que pueden provocar incendios no parece lo más aconsejable”.

Este agente medioambiental cree que “falta concienciación en la sociedad” y que la normativa delega “mucho” (demasiado quizá) en las personas. “Lo vemos a menudo cuando investigamos incendios: la sociedad no está preparada para responsabilizarse”, insiste.

Planes municipales y de autoprotección que no se cumplen

Alfredo Poveda no habla solo de los montes o de los bosques, sino de las zonas de interfaz urbano-forestal, como en Almorox (Toledo), en Burgohondo (Ávila) o en la Sierra Oeste de Madrid. Son lugares con un denominador común: “Infinidad de casas embutidas en zonas forestales”.

En este punto se detiene en la normativa vigente que obliga a ejecutar planes de autoprotección en municipios y en sus urbanizaciones. En este aspecto, lamenta, “nos falta mucho por hacer a nivel legislativo”.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM) considera que uno de los grandes puntos débiles en la prevención de incendios forestales se encuentra en las parcelas privadas y en las viviendas situadas en la interfaz urbano-forestal, donde el monte y las edificaciones conviven a escasos metros.

“Tenemos un grave problema”, asegura, al hablar de las fincas privadas que lindan con terrenos forestales, ya que la normativa atribuye a los propietarios la responsabilidad de mantener las medidas de prevención y autoprotección. Sin embargo, sostiene que esas obligaciones “muchas veces no están ejecutadas”.

A su juicio, la herramienta más eficaz para reducir el riesgo son los planes de autoprotección, cuya implantación es obligatoria por ley, aunque en la práctica su desarrollo sigue siendo insuficiente.

La asociación también reclama una mayor implicación de los ayuntamientos. Poveda recuerda que “existe la figura del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF) pero los ayuntamientos no están ejecutando los trabajos necesarios para cumplirlo”.

El Plan INFOCAM tiene definidas las llamadas Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZAR) en Castilla-La Mancha. Son áreas declaradas oficialmente dentro del Plan de Protección Ciudadana debido a la alta frecuencia o virulencia de los incendios y la importancia de los valores naturales amenazados.

Existe la figura del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF) pero los ayuntamientos no están ejecutando los trabajos necesarios para cumplirlo

“No es algo costoso teniendo en cuenta lo que están salvando. Es una medida de protección civil”, defiende el presidente de APAM, quien considera que reforzar estos planes resulta imprescindible para minimizar el impacto de los grandes incendios y mejorar la seguridad tanto de la población como de los equipos de extinción.

Y es que, en el ámbito rural pero también en el urbano dice que “el paisaje es ahora una sucesión de bosques que tienden al máximo crecimiento”, ayudados por la falta de gestión y por abundantes lluvias que provocan crecimientos rápidos junto a olas de calor que lo convierten en polvorín.

“No quepa la menor duda: es a esto a lo que nos vamos a seguir enfrentando si no hay soluciones”, comenta lacónico durante la entrevista.

Me parece preocupante el uso que se hace del lenguaje y cómo se utiliza el cambio climático de forma ideológica o mediática, pero sin que el ciudadano lo entienda

Alfredo Poveda también enfrenta el negacionismo de forma tajante. “El cambio climático está aquí, pero hay que tener cuidado con el manejo del término”, advierte. “Me parece preocupante el uso que se hace del lenguaje y cómo se utiliza el cambio climático de forma ideológica o mediática, pero sin que el ciudadano lo entienda”.

Este agente medioambiental alude a las causas que provocan los incendios forestales. “Con los incendios no todo se debe a la despoblación, ni al cambio climático, ni a los incendiarios ni a las personas irresponsables. Es algo multifactorial”, en el que, dice, “lo que hay de fondo es un escenario muy desfavorable por la cantidad de combustible forestal que tenemos unido a una concatenación de olas de calor”, cada vez más largas y frecuentes.

Con los incendios no todo se debe a la despoblación, ni al cambio climático, ni a los incendiarios ni a las personas irresponsables. Es algo multifactorial y hay que hacer pedagogía

“Es importante hacer pedagogía para entender cómo se relacionan los distintos factores. Honestamente, a nivel de Estado tenemos muy poca posibilidad de incidir en el cambio climático global, pero sí podemos adaptarnos manejando las masas forestales”. Y en esta cuestión incide en lo mismo: “Tenemos que saber si la sociedad quiere o no adaptarse porque a ver si va a ser que solo nos acordamos de los montes para las tertulias televisivas”.

La Sierra Norte de Guadalajara: la urgencia de estabilizar el suelo

En la Sierra Norte de Guadalajara, uno de esos voraces incendios cuyo origen sigue todavía sin confirmarse (se encuentra bajo investigación de la Guardia Civil y de los propios agentes medioambientales), ha calcinado 33.000 hectáreas según el último balance del viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha José Almodóvar.

¿Qué hacemos ahora?, preguntamos. “Es un desastre para uno de los espacios naturales de montaña más característicos de Castilla-La Mancha”. Los agentes medioambientales no han entrado todavía de lleno sobre el terreno, junto a técnicos expertos. El incendio está controlado, pero sigue activo.

“Lo importante será estudiar la zona en profundidad porque no todo se quema por igual. Habrá que hacerlo hectárea a hectárea para averiguar la severidad de la afección”. Lo principal será detectar aquellas zonas donde el fuego ha arrasado la materia orgánica del suelo. Y los lugares en peligro de erosión o de sufrir escorrentías cuando vengan las lluvias. “Es allí habrá que hacer obras de emergencia post-incendio. Serán muy importantes”.

Alfredo Poveda recuerda que el tiempo corre en contra. “No sabemos qué puede pasar en otoño con un mar Mediterráneo muy caliente que puede provocar una o varias dana”. Por eso pone el foco en las obras de estabilización del suelo. “Hay que actuar de forma inmediata de acuerdo a las características orográficas del terreno para evitar la escorrentía y la pérdida de suelo”.

En este aspecto explica que “aunque lo desolador sea ver los árboles quemados -y no todos habrán sufrido por igual- los vecinos deben saber que la vegetación es renovable, pero el suelo no”. De ahí la prioridad en la actuación para evitar la desertificación.

“Soy consciente de la depresión social que ha causado este incendio”, comenta el agente medioambiental que pese a todo lanza un mensaje de optimismo. “¿El monte se va a regenerar? Sí, aunque a algunas zonas les lleve más trabajo”.

Sus compañeros de profesión y otros especialistas entrarán ahora al terreno, en cuanto sea posible, para ver dónde actuar, “incluso con pastoreo acotado”, señala. En algunas zonas se apostará por la siembra de herbáceos, en otras, aventura, quizá por “el acolchamiento con paja y otros restos vegetales o mulching”.

Todo está por ver, aunque descarta una repoblación masiva en la Sierra Norte de Guadalajara. “Ahora se usan menos, aunque pueden ser recomendables para mejorar la porosidad del terreno. La tendencia es realizar labores para que el monte regenere solo”.

“Entiendo la desolación, pero ahora la ilusión que deben tener es ver crecer el monte desde cero. Se necesitarán muchos años, sí, pero cada día será un retoño, un brote…”, zanja, dejando un mensaje de optimismo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha el servicio ASTRA de autobuses para Hinojosa de San Vicente, San Román de Montes, Pepino y Talavera de la Reina. Ha entrado en funcionamiento este mismo lunes.

La directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, ha hecho junto con el delegado de Fomento en la provincia, Jorge Moreno; y los alcaldes de Hinojosa de San Vicente, San Román de Montes y Pepino, el viaje inaugural de este nuevo ASTRA.

Balmaseda ha destacado que esta nueva línea es la continuación de lo que ya se inició con el ASTRA de Mejorada-Segurilla-Talavera, que debido al “gran éxito que ha tenido” y la acogida, se ha vuelto a renovar y sigue funcionando en esta comarca de Talavera.

En este sentido, ha remarcado que antes de final de año también comenzará a funcionar la línea de Velada-Talavera para cerrar este transporte metropolitano relacionado con el entorno de Talavera y “garantizar ese compromiso que el Gobierno de Emiliano García-Page tiene con esta comarca”.

Horarios

El nuevo servicio ASTRA contará con cinco expediciones diarias de ida de lunes a viernes laborables desde Hinojosa de San Vicente hacia Talavera de la Reina (07.00, 10.00, 13.30, 17.00 y 20.00 horas) y cuatro de vuelta desde Talavera de la Reina hacia Hinojosa (08.30, 11.30, 15.00 y 18.30 horas). Los sábados laborables habrá dos expediciones de ida (09.30 y 15.30 horas) y dos de vuelta (11.00 y 17.00 horas).

El recorrido, ha explicado la directora general de Transportes y Movilidad, conectará Hinojosa de San Vicente, San Román de los Montes, las urbanizaciones de Reguerones, Serranillos, Cornicabral y Prado del Arca, además de la estación de autobuses y el Hospital Universitario de Talavera de la Reina, el Gran Chaparral, el Polígono Valdefuentes y Pepino,

Entre los municipios que ya disponen de servicio ASTRA consolidado y con convenios activos están Bargas, Olías del Rey, Sonseca, Ontígola, Mejorada, Segurilla, Seseña, Illescas, Argés, Cobisa, Burguillos, Mazarambroz y Ajofrín.

Hay actividades empresariales a las que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere dar agilidad en sus trámites burocráticos, administrativos y urbanísticos. Esta comunidad autónoma ya dispone de una normativa que declara como “prioritarios” los proyectos que fomenten el desarrollo socioeconómico de la región. Pero ahora, quiere darle rango de ley a otra nueva fórmula: considerar “estratégicas” algunas inversiones empresariales.

Este periódico ya adelantó parte del contenido de este anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, la referida al biometano. Pero hay todo un compendio de actividades económicas que se detallan en el borrador y que también dan una idea de por dónde quiere transitar el Ejecutivo de Emiliano García-Page a la hora de dar facilidades a determinados proyectos empresariales.

Por ejemplo, en el sector primario y de aprovechamiento natural, la ley considerará “estratégicas” explotaciones agropecuarias, con especial atención a las impulsadas por jóvenes agricultores en zonas escasamente pobladas, y también a las actividades que aprovechen productos forestales (madera, resina, biomasa, corso u hongos) o servicios de captura de carbono, biodiversidad y conservación del suelo.

También incluye en el listado inversiones destinadas a la transformación primaria de recursos forestales como el aserrado de maderas, destilación de resinas y procesado de biomasa; o instalaciones de camping o campamentos ubicados en zonas con riesgo de despoblación o rurales con predominio agrícola.

Por otro lado, la industria manufacturera también atrae al Gobierno castellanomanchego. De hecho, en la futura ley se incluirán prácticamente todas las ramas: desde la alimentación, el textil, el papel y las artes gráficas, hasta la industria química (donde incluye los productos farmacéuticos) a la metalurgia y la automoción, con la reparación de maquinaria incluida.

En lo referido a la energía y el medio ambiente, además de la cuestión del biometano, actualmente pendiente de un decreto de regulación específico, la futura normativa contempla como estratégicas las inversiones relacionadas con el suministro eléctrico y la gestión de residuos. En este último caso, se refiere específicamente a la reutilización, reciclaje de textil, reciclaje químico, extracción de materias primas fundamentales y actividades innovadoras que eviten el envío de residuos al vertedero.

Uno de los apartados más amplios del borrador es el dedicado a la “construcción residencial”. La futura ley permitirá que proyectos relacionados con la vivienda sean declarados “estratégicos”, mencionando específicamente la construcción de edificios residenciales. Y más concretamente, de “carácter social”. ¿A qué se refiere? El borrador pone un énfasis significativo en la construcción de diversos modelos de alojamiento diseñados para colectivos específicos, considerándolos “sectores clave” para el desarrollo regional.

Por ejemplo, en el caso de residencias para personas mayores, se dará prioridad a aquellas ubicadas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, y también a las ampliaciones que ofrezcan servicios de cercanía (comida a domicilio, fisioterapia, podología) para “ayudar a las personas dependientes a permanecer en su entorno”.

De “unidades de convivencia” a personas con discapacidad

También incorpora otros modelos alternativos: se incluyen las “actividades residenciales con pequeñas unidades de convivencia”, que buscan ser una alternativa a los grandes centros para “facilitar la integración en entornos sociales habituales con atención profesionalizada”.

Esa catalogación de inversión estratégica de la futura ley también se dará a centros como los de atención residencial especializada o diurna para personas con discapacidad, y a los dedicados a servicios sociales con alojamiento

Finalmente, otros proyectos que podrán acogerse a la ley se agrupan en torno al área de la logística, la comunicación y la informática: producción cinematográfica, vídeo, televisión, radio, programación, consultoría de datos, turismo, hostelería, artesanía y actividades artísticas, deportivos y de entretenimiento.

Ahora bien, para que estas actividades reciban la declaración de “estratégicas” deben cumplir los requisitos generales de generación de empleo indefinido y volumen de inversión mínimo que establece el propio borrador, y que varían dependiendo de la población del municipio donde se instalen.

En cuanto a los requisitos de empleo, el anteproyecto establece que cualquier proyecto debe crear puestos de trabajo de carácter indefinido a jornada completa (o su equivalente en jornadas parciales) en un plazo máximo de tres años tras obtener las autorizaciones de puesta en marcha.

Los umbrales mínimos según la población son: en localidades de más de 30.000 habitantes, al menos 30 puestos de trabajo; entre 20.001 y 30.000 habitantes, 20 puestos de trabajo; entre 10.001 y 20.000 habitantes, 15 puestos de trabajo; entre 5.001 y 10.000 habitantes, 10 puestos de trabajo; y en localidades con población igual o inferior a 5.000 habitantes, 5 puestos de trabajo.

Sobre la inversión, la ley exigirá que se realice en “activos fijos” en un plazo inferior a tres años desde la autorización de puesta en marcha, también con umbrales mínimos según la población. Al menos 10 millones de euros en municipios de más de 30.000 habitantes; 7,5 millones en el umbral entre los 20.001 y 30.000 habitantes; cinco millones de euros en localidades de entre 10.001 y 20.000 habitantes; tres millones de euros cuando el pueblo tenga 5.001 y 10.000 habitantes; y al menos un millón de euros en municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes.

No obstante, hay algunas excepciones. En las zonas despobladas, los umbrales de empleo e inversión mencionados se reducen a la mitad. Además, hay una “cláusula de excepcionalidad”: el Consejo de Gobierno puede declarar estratégica una inversión que no cumpla los mínimos de empleo o inversión si el proyecto tiene un “impacto relevante” por “su carácter innovador, su capacidad de generar cadenas de valor o su desarrollo tecnológico”.

Finalmente, para que se considere inversión estratégica, el borrador obliga a la promotora a mantener la actividad y los niveles de empleo e inversión durante un periodo mínimo de tres años, debe ser viable técnica y financieramente, y no debe tener prohibiciones para contratar con el sector público o recibir subvenciones.