40 personas han comparecido ya en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a la UTE de Acciona con Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por presuntamente funcionar como vehículo para el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. De todos los comparecientes, apenas cuatro han sido mujeres, un 10%. Además, todos los portavoces políticos de la comisión son hombres.

La comisión se creó en verano de 2025. La preside una mujer, Irati Jiménez, de EH Bildu, mientras que Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ejerce como secretaria. Sin embargo, el vicepresidente, Pedro González (UPN), así como todos los portavoces políticos son hombres: Javier Esparza (UPN), Javier Lecumberri (PSN), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Javier García (PP), Miguel Garrrido (Contigo/Zurekin) y Emilio Jiménez (Vox).

En el foro, por el que han pasado los principales responsables políticos y técnicos de las adjudicaciones, así como los dirigentes de las empresas señaladas, tan solo cuatro de los cuarenta comparecientes han sido mujeres: Noemí Osés, la directora general de Osés Construcciones; Edurne Eginoa, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra; Carmen Pérez Miguel, la directora jurídica y de compras de la empresa pública de vivienda Nasuvinsa; y la exdirectora general de Educación del Gobierno de Navarra, Nekane Oroz.

Por el contrario, 36 de los 40 comparecientes han sido hombres, entre ellos todos los técnicos y juristas de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe de la UCO, consejeros y directores generales del Gobierno de Navarra o altos cargos de las empresas señaladas por la UCO. A esta lista se podría haber sumado el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que se negó hasta en dos ocasiones a acudir a su citación en el Parlamento navarra. La Fiscalía ya le ha denunciado por considerar que incurrió en un delito de desobediencia.

“Deberíamos hacer la reflexión de quiénes están en los espacios de decisión y de poder y quiénes no”, ha apuntado sobre esta cuestión la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez.

De las comparecencias pendientes, cuatro más serán de mujeres: la de la exconsejera de Ecnomía Lourdes Goicoechea y las de las tres últimas presidentas de Navarra, Yolanda Barcina, Uxue Barkos y María Chivite. Según las fuentes consultadas, se espera que para mayo hayan finalizado todas las comparecencias y que el dictamen con las conclusiones de la comisión pueda ser votado en el pleno antes de que finalice el mes de junio.

La Fiscalía ha denunciado por un delito de desobediencia al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Entrecanales no acudió a su citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía señala en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

“Ni el informe con alegaciones ni la sustitución a cargo de los sres. Mollinedo y Figueroa podían suplir su comparecencia personal”, apunta para añadir que nada de ello “ampara la desobediencia o la desatención de un requerimiento parlamentario que no sólo es legítimo, sino que, además, está respaldado por el Código Penal, que prevé, en caso de incumplimiento de tal requerimiento, la sanción más grave del ordenamiento jurídico, la pena de prisión.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumentó que Entrecanales no había sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añadieron que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos. La Fiscalía desestima ahora esos argumentos y solicita a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona abrir diligencias contra José Manuel Entrecanales.

El exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren ha reconocido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' que facturó a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

Arizcuren, que ha reconocido que con Cerdán le unía una relación “estrecha y de amistad”, ha explicado que obtuvo 28.000 de beneficios por labores de consultoría facturados a Servinabar 2000 vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. La Hacienda Foral de Navarra cifra en 69.000 euros la cantidad facturada por esa colsultora a la empresa que la UCO sitúa en el epicentro de la trama de corrupción durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. “Una empresa tiene ingresos y gastos. Todo está justificadísimo y todos los cobros se hicieron por cuenta bancaria, no hay un solo movimiento en efectivo”, ha asegurado el exdirigente regionalista.

Según ha apuntado toda su relación con la empresa Servinabar se produjo a través de Antxon Alonso. “Era una empresa normal, si hubiera visto algún indicio de algo hubiera cortado relación”, ha apostillado. También ha señalado que tras leer el informe de la UCO que situaba a Cerdán al frente de la presunta trama de corrupción cortó su relación con él y con Antxon Alonso “por prudencia”.

Óscar Arizcuren, que en 2019 dejó la política navarra y la vicepresidencia de UPN para dar el salto a Madrid como directivo de Aena (desde diciembre de 2017), también ha reconocido que mantuvo “una o dos” reuniones con Santos Cerdán y el expresidente de UPN Javier Esparza, pero ha descartado que estuvieran relacionadas con negociaciones entre el partido regionalista y el PSOE para la reforma laboral. “Solo facilitaba la relación personal entre ellos dos”, ha apostillado.

“Nosotros venimos de estar en la oposición juntos y claro que hemos tenido comidas, una o dos, pero el único objetivo de esa comida es tejer relación por si hubiese la posibilidad de tener un acuerdo para llegar a un acuerdo de gobierno en el caso de que hubiese unas elecciones. Pero no tiene nada que ver con la posición del partido en ninguna cuestión”.

Arizcuren ha desvinculado su salto a Madrid y a Aena con su relación de amistad con Cerdán. “El PSOE aún no estaba en el Gobierno”, ha puntualizado. En 2020 dejó de ser afiliado de UPN aunque ha asegurado que sigue “siendo” del partido regionalista para negar su presencia en actos del PSOE.

Representantes de Podemos Navarra, de Izquierda Unida, de Batzarre, así como personas independientes de Navarra han hecho pública este viernes su “vocación” de reeditar la coalición Contigo/Zurekin con la que se presentaron a las elecciones forales y municipales del 2023. Las tres formaciones de la coalición que forma parte del Gobierno de María Chivite han anunciado que abren formalmente el proceso de diálogo para la posible renovación de la coalición.

Así lo recogen en una declaración política, en la que los representantes de los distintos espacios que componen la coalición se ratifican en “la apuesta político-organizativa realizada en el año 2022”. “Esta coalición es y tiene que seguir siendo un espacio de encuentro político desde distintas identidades y organizaciones de la izquierda navarra”, han indicado.

En el texto remitido por Contigo/Zurekin, han señalado que realizan esta declaración política con la vista puesta en el horizonte electoral 2027, “poniendo en valor la unidad, el arraigo territorial y los valores de equidad y justicia social para responder a los principales retos sociales y recuperar la ilusión y el valor de la política y los proyectos colectivos”.

Tras más de tres años de trabajo, han comentado que la valoración que realizan de la coalición es “positiva”, “como en toda alianza de estas características, con nuestras lógicas diferencias, pero con muchas más coincidencias en los elementos básicos. ”Hemos logrado generar una dinámica política propia, enraizada en la trayectoria histórica de la izquierda alternativa y transformadora de Navarra, que mira al futuro con ilusión y ambición transformadora“, han expuesto.

Según han añadido los espacios políticos de la coalición, su aspiración es “la de profundizar en la transformación de Navarra” y para ello consideran necesario “continuar y ampliar el ciclo de cambio haciendo mucho más ambiciosos y rápidos el alcance de sus objetivos a través de sus políticas y proyectos”. “Evidentemente, valoramos positivamente los hitos políticos conquistados en estos 11 años por la colaboración transversal del espacio progresista de Navarra, pero deseamos ir mucho más allá”, han expuesto, quienes han indicado que “la acción del Gobierno de Navarra actual ha evidenciado su insuficiencia para afrontar los retos y las necesidades que hoy en día tiene la mayoría social de Navarra”.

“Si bien es cierto que valoramos positivamente la conformación y la acción de un gobierno alternativo a las derechas, especialmente en el ámbito de la Vivienda, de la Igualdad, de la Juventud y de las Políticas Migratorias, donde ostentamos responsabilidades, todo ello no es suficiente”, han incidido desde la coalición, que defiende “una ofensiva social que aumente la ambición política del actual Gobierno de Navarra, y ello pasa por un aumento de la capacidad de intervención de nuestro espacio político”.

Tras afirmar que su ambición es la de “seguir gobernando y gobernar Navarra con más fuerza y ambición”, han manifestado que se comprometen “a articular un proceso de reformulación y de fortalecimiento de nuestra coalición, para convertirla en la mejor herramienta posible al servicio de las familias de Navarra”. “Durante los próximos meses, vamos a realizar un proceso de reflexión política y organizativa, para, de la mano de la mayoría social de Navarra, perfeccionar nuestra herramienta electoral, y diseñar colectivamente el mejor proyecto político posible”, han concretado.

“Los y las representantes de Podemos Navarra-Ahal Dugu, de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua, de Batzarre y del grupo de personas independientes de Navarra hacemos pública nuestra vocación de concurrir a las próximas elecciones forales en el seno de la coalición Contigo Navarra/Zurekin Nafarroa. Asimismo, hacemos extensiva esta vocación a las elecciones locales en todos los municipios de Navarra en los que nuestros espacios políticos tienen presencia e implantación”, han expuesto.

El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha asegurado sentir “pena” por la situación de Koldo García, a quién ha reconocido que conocía “desde hace 40 años”. “Está en prisión y tiene familia”, ha lamentado el representante del partido de extrema derecha en la Cámara foral.

El exasesor del ministro José Luis Ábalos compareció el pasado miércoles en la comisión del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Durante el interrogatorio de Vox, Koldo García le dijo a Emilio Jiménez que se alegraba de “verle”, dando a entender que se conocían.  “Espero, antes de irme de este mundo, volverte a ver”, añadió.

A preguntas de este periódico, el portavoz de Vox ha explicado que se conocieron hace más de cuatro décadas. “Yo trabajé en seguridad privada, llevaba una empresa, y él llevaba otra empresa. Hemos coincidido también en un centro deportivo en el que yo era gerente y él venía a hacer artes marciales, hacía Boxeo. Después, cuando yo estaba de jefe de la Policía Municipal de Barañain, él estaba de escolta, y así muchas veces se han cruzado nuestros caminos”. “Me parecería hipócrita por mi parte que hiciera como que no lo conozco”, ha apostillado.

Así, ha reconocido que sintió “pena” por su “situación” al hablar con él durante el interrogatorio en el que Koldo compareció desde la cárcel de Soto del Real, donde está en prisión preventiva, a través de videoconferencia. “Esta preso y tiene familia. De momento tiene esa presunción de inocencia y si lo declaran culpable, que cumpla su pena por haberlo hecho mal”.

El exasesor del ministro José Luis Ábalos Koldo García ha declarado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que va “a demostrar la verdad” en el juicio por corrupción que se va a celebrar en el Tribunal Supremo. “Esto acaba de empezar”, ha advertido durante su comparecencia, en la que se ha negado a dar explicaciones y no ha respondido a las preguntas de los grupos de la comisión que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y Santos Cerdán.

García ha comparecido en la comisión navarra por videoconferencia después de que su defensa solicitase no trasladarle hasta Pamplona alegando motivos médicos. Su declaración estaba prevista para las 10:00 horas, pero Instituciones Penitenciarias la ha retrasado a las 12:00. El exasesor de Ábalos ha comenzado su declaración lamentando que haya políticos que quieran tener “su minuto de gloria” para contribuir a “un circo político y mediático”.

“Esto acaba de empezar, hay que tener un poco más de paciencia, queda mucho”, ha aseverado Koldo García, quien ha asegurado que “todo” lo que ha dicho lo ha “podido demostrar”. “Hay un procedimiento judicial que manda sobre encima de todas las cosas. Estoy en la cárcel por cosas que no se han demostrado, yo tengo que demostrar judicialmente que todo lo que están diciendo son barbaridades y voy a demostrar la verdad”, ha apostillado.

García ha asegurado que no es “idiota” y que meses antes de ser detenido sabía que le estaban “haciendo un seguimiento” por sus años de “colaboración” con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. “Yo mismo puse en conocimiento de la Guardia Civil que me estaban haciendo un seguimiento. Lo único que pedí es que no hicieran lo que hicieron, entrar de esa forma en mi domicilio”, ha apuntado.

“Cometí un error de cálculo porque no pensé que iban a hacer todo ese daño a la gente de mi entorno. Yo asumiré todos mis actos, pero pensé que se iba a focalizar en mí, no en los de mi alrededor”, ha lamentado. “Se han destrozado vidas que no tienen nada que ver aquí. Nadie va a poder borrar lo que se ha dicho sobre mi persona. Me preocupa que el día de mañana no se puedan borrar todas las falsedades que se han dicho sobre mí”, ha concluido. 

“He defendido los intereses de España”

Durante el interrogatorio, el portavoz de UPN, Javier Esparza, le he reprochado que pasase “de escolta de víctimas de ETA” a “defender” los acuerdos del PSOE con EH Bildu y “con Otegi”.

“No puede poner en duda que he defendido los intereses de España, usted no se lo cree y lo sabe”, le ha respondido Koldo García, quien ha señalado que mantuvo “una conversación” con el parlamentario regionalista. “Creo que he cumplido bastante bien a todos los españoles en mi área”, ha añadido.

Instituciones Penitenciarias acepta que “hay razones médicas” para que Koldo García no acuda este miércoles al Parlamento de Navarra a declarar en la comisión de investigación y ha desaconsejado su traslado. Así, ha propuesto que su comparecencia se realice por videoconferencia, tal y como había solicitado la defensa del exasesor del ministro José Luis Ábalos. Los grupos de la comisión de investigación han aceptado la recomendación de Prisiones y García comaprecerá por medios telemáticos.

Según ha informado fuentes del Parlamento navarro, Prisiones ha realizado esta comunicación por teléfono a primera hora de la mañana, cuando los grupos de la comisión que investiga las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000 se iban a reunir para votar la petición de Koldo García de comparecer desde la prisión de Soto del Real.

Koldo García está citado por su presunta implicación en la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. Según el informe de la UCO de la Guardia Civil, ejerció de intermediario con Acciona para lograr contratos a cambio de mordidas. La semana pasada el asesor contable del bar Franky de Pamplona señalado por la UCO en su informe, confesó que emitió facturas falsas a la constructora por supuestas comidas en el establecimiento para que posteriormente Koldo García cobrase el dinero en efectivo.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha reclamado reconocer al euskera como lengua “propia de Navarra” en la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de comunidades autónomas, y ha lamentado que la comunidad foral sea la única comunidad que, “teniendo una lengua diferenciada del castellano, no la reconoce como propia en su norma de mayor rango”.

Patxi Vera ha comparecido este viernes en la Cámara foral en la ponencia que se está desarrollando para actualizar la LORAFNA. Allí ha defendido que Navarra debe sentirse “orgullosa” de haber mantenido una lengua “milenaria” y por ello ha pedido que se la reconozca. “El euskera es un patrimonio lingüístico que representa una riqueza cultural de nuestra comunidad y los poderes públicos tienen el deber constitucional de prestarle especial respeto y protección, según el artículo 3º de la Constitución Española”, ha apuntado. “El euskera es de todas y de todos, como lo son las Bardenas, la selva del Irati o el castillo de Olite, y no sólo de sus hablantes”, ha apostillado.

El Defensor del Pueblo ha sugerido incluir también en la ley del Amejoramiento el Himno y el Día de Navarra (3 de diciembre). “Son suficientemente representativos, están consolidados como aspectos que identifican claramente a la Comunidad foral y pueden concitar, si no la unanimidad, una mayoría muy amplia y transversal”, ha indicado, para exponer que “también en otras comunidades lo recogen así”.

Asimismo, ha comentado Vera que se podría considerar incorporar en el Amejoramiento varias instituciones de Navarra como el Consejo de Transparencia o el Tribunal Administrativo de Navarra. Estatutos de otras CCAA, ha dicho, incluyen alusión a otras instituciones y ha mencionado así que el de Castilla y León, por ejemplo, “denomina como instituciones básicas las Cortes, la Junta y el Presidente de la misma y se incluyen en un segundo punto las denominadas instituciones propias de la Comunidad, que son el Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, que es el equivalente al Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y las que se puedan determinar en el Estatuto”.

Patxi Vera ha mencionado también como cuestión adicional la relativa al lenguaje de género, que a su juicio debería actualizarse en el texto del Amejoramiento. Ha destacado “el hecho de que Navarra ya ha contado con mujeres al frente de todas sus instituciones (presidentas del Gobierno y del Parlamento, de la Cámara de Comptos, del Consejo de Navarra y Defensora del Pueblo, además de consejeras y parlamentarias)”. “No sé qué más haría falta para que, si se reforma la Lorafna, esta actualización sea, de forma inexcusable, con lenguaje inclusivo”, ha expuesto.

En su intervención, el defensor ha pedido el reconocimiento de los derechos de las personas que viven en la comunidad foral y ha enmarcado esa inclusión de derechos en la tendencia que han seguido todas aquellas Comunidades Autónomas que han modificado sus Estatutos de Autonomía en épocas posteriores a su origen, siete en total -Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana-.

“En un primer momento, cuando se aprobaron por primera vez, se puso el foco en el ámbito competencial y, cuando, posteriormente, se hace una revisión, en todos los casos, se ve la necesidad de ampliar ese foco hacia los derechos de la ciudadanía de esa comunidad, como un avance de compromiso social”, ha dicho el defensor.

Además, ha comentado que “en la comunidad foral conviven personas que todavía no han alcanzado el estatus de ciudadanos y ciudadanas”. Por ello, ha señalado que “el hecho de que no tengan su carta de ciudadanía y, por lo tanto, los derechos políticos, no significa que no deban contar con los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por España, así como otros derechos de ámbito social”. En este contexto, ha indicado que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce 30 derechos para toda la humanidad “sin ninguna discriminación”.

Vera ha explicado que, con el fin de aportar un mayor detalle y conocimiento sobre esta materia, entregaba al Parlamento varios documentos que son el resultado de un trabajo realizado el pasado año, consistente en un estudio comparativo de los derechos recogidos en los estatutos de las siete autonomías y de la Constitución española.

Patxi Vera ha hecho también referencia a los conocidos como “derechos digitales”. Ha recordado, a este respecto, que, en 2021, se publicó la Carta de Derechos Digitales en España, concebida como una hoja de ruta para la acción de los poderes públicos que pretende servir de guía para futuros proyectos legislativos en este campo.

El pleno del Parlamento de Navarra aprobado este jueves una moción presentada por Geroa Bai que insta al Gobierno foral a adoptar “de manera inmediata” las medidas necesarias para sustituir a la Policía Nacional por la Policía Foral como cuerpo antidisturbios en los partidos de Osasuna en el estadio de El Sadar. El Ejecutivo foral ya abrió la puerta a estudiar el cambio de cuerpo policial antidisturbios en los eventos que se celebren en el estadio navarro.

El pronunciamiento del Parlamento navarro llega tras las cargas policiales que se produjeron en el estadio tras la finalización del partido que enfrentó al club navarro contra el Real Madrid hace dos semanas y que dejaron a varios aficionados heridos. A raíz de los incidentes se ha reavivado el debate sobre qué cuerpo policial debe encargarse de la seguridad de El Sadar y este jueves la mayoría del pleno ha aprobado una moción para que sea gestionada “en exclusiva” por la Policía Foral.

El texto ha salido adelante con los votos favorables de Geroa Bai y EH Bildu, las abstenciones de UPN, PSN y Contigo/Zurekin, que han argumentado que la Policía Foral no tiene actualmente los efectivos suficientes para ejercer esas labores “en el corto plazo”, y los votos en contra de PP, Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti.

En la defensa de la moción, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha señalado que su moción “no habla solo de seguridad en un estadio, habla de autogobierno, de responsabilidad política y de responsabilidad institucional hacia nuestra policía”. “Hoy seguimos manteniendo una anomalía injustificable. La seguridad del principal estadio de Navarra continúa en mano de la Policía Nacional. ¿Qué mensaje estamos trasladando? ¿Que nuestra Policía es integral o de referencia, salvo en el recinto deportivo más importante de la comunidad? ¿Que confiamos en ella, pero no del todo? La Policía Foral ha demostrado sobradamente su capacidad operativa”, ha defendido. “No se trata de abrir una confrontación institucional, sino de asumir con normalidad democrática una competencia que corresponde a Navarra”, ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz de EH Bildu Mikel Zabaleta ha justificado su apoyo por “la actuación desproporcionada e inadecuada por parte de la Policía Nacional” tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid y ha reclamado que la gestión de la seguridad del estadio de El Sadar esté “en manos de la Policía Foral”.

Desde UPN, Javier Esparza ha calificado la moción de “fake” porque “la Policía Foral no va a llevar la seguridad de los partidos de fútbol ni mañana, ni pasado, ni esta temporada ni la que viene, porque no está dotada de los recursos y medios humanos para hacer frente a este servicio” y ha enmarcado la presentación de la moción en que al “nacionalismo vasco le molesta todo lo que huele a España”.

Ramón Alzórriz ha defendido que el PSN quiere “una Policía Foral integral que dentro de sus atribuciones tenga la seguridad pública en general y la de El Sadar en particular, pero a su debido momento, sin prisas, analizando los dispositivos necesarios para ello, y la necesidad de ampliación de los recursos humanos de Policía Foral en materia de seguridad ciudadana, haciéndolo compatible con otras prioridades que ya contempla el Plan Estratégico de Policía Foral” y ha criticado que EH Bildu en Euskadi, donde las competencias de seguridad en los estadios de fútbol las tiene la Ertzaintza, “también ataca las actuaciones que realiza”.

Contigo/Zurekin ha afirmado que la Policía Foral “tiene más arraigo social y territorial” en Navarra que la Policía Nacional, pero ha defendido que “asumir la gestión de manera inmediata hoy en día no es posible” por la falta de efectivos de la Policía Foral.

El que era el asesor contable del bar Franky de Pamplona que aparece señalado en el informe de la UCO de la Guardia Civil por presuntamente funcionar como lavadero de dinero proveniente de Acciona, ha reconocido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que emitió facturas falsas a la constructora para que posteriormente Koldo García cobrase el dinero en efectivo.

“Entre mediados de 2016 y principios de 2018 emití determinadas facturas que no respondían a una prestación real. Fue una decisión equivocada por mi parte, no la justifico y me arrepiento de haber actuado así. No volvería a hacerlo. Actué en un ámbito que entendí estrictamente personal, intenté ayudar a quien me trasladaba una situación económica complicada, fue un error de juicio”, ha reconocido Miguel Moreno Purroy.

El asesor contable ha explicado que él, Koldo García y el dueño del bar Franky, Francisco Javier Lorente, diseñaron un “circuito” que funcionaba de la siguiente manera: García solicitaba a Miguel Moreno que elaborase facturas falsas; él las emitía y se las enviaba a Acciona a través del responsable del departamento de construcción de Navarra y La Rioja, Fernando Merino; recibía el dinero en la cuenta del bar y se lo pagaba en efectivo a Koldo García. Miguel Moreno ha cuantificado estos pagos en “unos 8.000 euros”. “Todo lo que dice la UCO es cierto”, ha añadido.

Según ha explicado Miguel Moreno las facturas eran “falsas” y no correspondían a comidas reales de empleados de Acciona y, si bien se usaban tickets que sí existían, correspondían a los de otros clientes y no de la constructora. Su confesión contradice así la versión del responsable de Acciona Fernando Merino, que en la misma comisión del Parlamento navarro, aseguró que las facturas sí que correspondían a comidas de empleados de la empresa.

El contable del bar ha enmarcado estas actuaciones en “favores personales” a Koldo García, de quien ha dicho que les unía una relación de “amistad”. “Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba pasando por un mal momento económico desde que había tenido un accidente siendo escolta, que sus ingresos eran más pobres, y que no tenía dificultad para que por parte de Acciona pagaran alguna facturas que tuvieran que ver con comidas del restaurante Franky”, ha señalado.

Con todo, ha asegurado que su actuación se limitó a la emisión de esas facturas, que cesó en 2018, coincidiendo con el traslado de Koldo García a Madrid como asesor de José Luis Ábalos. También ha negado haber participado “en adjudicación pública ni decisión administrativa alguna”. “No tuve conocimiento ni indicio de estructura organizada vinculada a contratación pública”, ha apostillado. 

Por último, Miguel Moreno Purroy ha afirmado que el juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le indicó que no estaba siendo investigado en la causa penal abierta por el presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Koldo García ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo comparecer el próximo 11 de marzo en la comisión navarra de investigación por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra en prisión preventiva.

En un escrito remitido a la Sala Segunda del Supremo, el exasesor de Ábalos anuncia que se acogerá a su derecho a no declarar, por lo que no responderá a las preguntas que le formulen los miembros de la comisión navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y según la Guardia Civil también de Santos Cerdán.

El Parlamento de Navarra había recibido ya la autorización del Tribunal Supremo para la comparecencia de García el 11 de marzo. Ahora, cuando resta una semana para su citación, la defensa del exasesor del Ministerio de Transportes ha pedido que su comparecencia sea por medios telemáticos para garantizar “el adecuado control jurisdiccional, la preservación de sus derechos procesales y la correcta coordinación con el procedimiento penal en curso”.

“La modalidad telemática solicitada resulta proporcionada y plenamente compatible con la finalidad de la comparecencia, evitando desplazamientos innecesarios y asegurando que el acto se desarrolle con las debidas garantías”, añade el escrito remitido al Supremo.

Vox ha intentado sin éxito que el Parlamento de Navarra homenajee a uno de los fundadores de Falange. Se trata del navarro Julio Ruiz de Alda, aviador y que fue uno de los tripulantes del hidroavión Plus Ultra que, en 1926, realizó un viaje entre Palos de la Frontera (Huelva) y Buenos Aires (Argentina). Con motivo del centenario de la gesta, el partido de extrema derecha ha presentado una declaración institucional en la junta de portavoces de la Cámara foral en la que reclamaba que se le conmemorase, omitiendo que Ruiz de Alda fue fundador de la Falange en 1933.

Al contrario de lo sucedido en el Parlamento de Navarra, hace unos meses la Diputación Foral de Álava, con motivo de la presentación de una exposición fotográfica, sí que destacó los hitos del aviador navarro por haber realizado las primeras fotografías aéreas del territorio alavés, orillando también su papel como fundador de Falange. “Jamás y de ninguna manera hubiera estado en ninguna exposición de la Diputación Foral de Álava en calidad de miembro o de fundador de la Falange. No se incorpora ninguna referencia a su pensamiento político, a su ideología, al régimen franquista o al golpe de Estado”, argumentó entonces el Diputado General, Ramiro González, que aseguró que “no cayó” en cuál era la trayectoria política del piloto.

En la declaración presentada en el Legislativo navarro Vox destacaba que los navarros Julio Ruiz de Alda y Pablo Rada fueron partícipes de una “proeza” al realizar la primera travesía transatlántica en avión que cruzó el Atlántico Sur con un único aparato, “enfrentando numerosos desafíos como condiciones meteorológicas adversas, vientos fuertes que desviaron la ruta, limitaciones de combustible que obligaron a cálculos precisos y aterrizajes en aguas abiertas, así como el riesgo constante de fallos mecánicos en un océano vasto e inhóspito”.

De Ruiz de Alda, el partido de extrema derecha destaca que se unió al ejército a los 15 años y desarrolló “un temprano interés por la aviación”. “Como marino y aviador, alcanzó el rango de teniente de navío y se distinguió por su habilidad en vuelos pioneros, actuando como copiloto en el hidroavión Plus Ultra y contribuyendo decisivamente a la navegación y el manejo de la aeronave durante las etapas más críticas”.

Vox pedía que se le conmemorase por “la necesidad de reconocer y preservar la memoria de eventos que marcaron avances en la exploración y la tecnología, honrando a aquellos que, con valentía y pericia, contribuyeron a ellos”. “Es fundamental rendir homenaje a personajes ilustres de nuestra historia y nuestra tierra que hayan llevado a cabo acciones heroicas y gestas históricas, para fomentar así el conocimiento de nuestro pasado compartido y valorar el coraje y la innovación que impulsan el progreso de la humanidad”, reclamaba el partido de extrema derecha, sin mencionar la trayectoria política de Ruiz de Alda.

Finalmente la declaración que pedía que se le conmemorase no ha salido adelante pese a los apoyos de UPN y PP. El PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin han votado en contra y la propuesta ha sido tumbada en la junta de portavoces.

El propietario y gestor del bar Franky de Pamplona que aparece señalado en el informe de la UCO de la Guardia Civil por presuntamente emitir facturas falsas a Acciona para que después Koldo García cobrase el dinero en efectivo, ha negado haber participado o tener conocimiento de la presunta trama y ha aseverado que “nunca” pagó dinero en efectivo al exasesor del Ministerio de Transportes. Javier Lorente ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Según los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe, el bar Franky servía a la trama para lavar dinero y obtener liquidez a través de facturas “ficticias” que el contable del establecimiento, Miguel Moreno Purroy, emitía a Acciona. La constructora llegó a pagar más de 2.700 euros en facturas por supuestas comidas de empleados y posteriormente el dinero acababa en los bolsillos de Koldo García.

El dueño del bar, Javier Lorente, ha reconocido que conocía a Santos Cerdán y Koldo García por ser clientes de su establecimiento, pero ha negado que les realizase pagos en efectivo. Según ha apuntado, de las facturas se encargaba su “amigo” y contable, Miguel Moreno Purroy. “No sé si hizo alguna vez alguna factura que no debía”, ha añadido.

Por el contrario, ha manifestado que no conoce a Fernando Merino, exresponsable de Acciona en Navarra, pese a que, según la investigación de la UCO de la Guardia Civil consta un intercambio de mensajes a través de Whatsapp o correos electrónicos en el que están incluidos tanto Merino como el propio Lorente. “No sé por qué me habla de Acciona todo el rato, yo no he hecho ninguna factura a nombre de Acciona. Yo no he hablado con Acciona en la vida”, ha asegurado Lorente.

Lorente ha asegurado que “no le consta” que Acciona emitiera esas facturas y que no recurda si empleados de Acciona comían en su bar. “Venía mucha gente a comer, sobre todo personal de los juzgados (situados frente al bar)”. “De las facturas se encargaba mi contable. Sinceramente, supongo que si alguien me pide una factura será porque es una comida grande o porque hay varios tiquets”, ha señalado.

El Parlamento de Navarra no ha sido capaz de aprobar una declaración institucional de condena por el asesinato de una mujer el pasado viernes en Sarriguren presuntamente cometido por su pareja, un hombre que ya ha sido detenido y ha pasado este lunes a disposición judicial. Ha sido Vox el partido que con su abstención ha tumbado la declaración, que posteriormente ha sido aprobada mediante un acuerdo de la Mesa, donde no tiene representación. El partido de extrema derecha ha recurrido a ETA para justificar su rechazo al texto y ha afirmado que “nunca” va a firmar “nada con Bildu”.

“Nos parece una prueba de hipocresía absoluta que los bilduetarras hablen de condena hacia la mujer cuando ellos han sido los culpables durante muchos años de esas muertes”, ha señalado el portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez.

El resto de partidos ha afeado al partido de extrema derecha que haya tumbado la declaración institucional. “Denota un tufo xenófobo y machista”, ha condenado el portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán. Especialmente crítico ha sido el portavoz de UPN, Javier Esparza, que ha reprochado a Vox que “lo mezcle todo” y “busque excusas burdas” para no condenar el asesinato y no solidarizarse con la familia de la víctima. “Ya está bien. Contra la violencia machista no debe de haber excusas”, ha solemnizado Esparza. PSN, EH Bildu y Geroa Bai también han condenado el veto de Vox a la declaración.

El texto tumbado por el partido de extrema derecha, pero aprobado en la Mesa del Parlamento contiene seis puntos y en ellos se expresa la “máxima repulsa e indignación” por el asesinato “de violencia machista”, se traslada apoyo a los familiares de la víctima, se “rechaza rotundamente todas las violencias machistas que sufren las mujeres”, se reitera el “compromiso por conseguir una sociedad más justa e igualitaria”, se “hace un llamamiento a la ciudadanía a jugar un papel activo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres” y se anima a participar en las concentraciones de condena al asesinato.

El gerente de la zona norte de Acciona Costrucción, Eduardo Montes, quien era subordinado de los dos directivos de la constructora imputados por el 'caso Koldo', ha confirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que fue Acciona la que introdujo a Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, en la UTE que fue adjudicataria de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate en la comunidad foral.

Montes ha señalado que fue él quien comunicó a la tercera empresa de la UTE, Osés Construcción, la participación de un 15% de Servinabar, si bien ha negado que fuese él quien tomó la decisión. Según ha dicho, fue el directivo imputado Tomás Olarte quien le comunicó la decisión. “No digo que él lo decidiese, solo que él me lo comunicó”. También ha reconocido que Servinabar 2000 “no era imprescindible”.

La UTE a la que el Gobierno de Navarra adjudicó la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate estaba conformada por Acciona (con una participación del 55%), Osés Construcción (30%) y Servinabar 2000 (15%). Tras el estallido del 'caso Cerdán' Acciona y Osés excluyeron a Servinabar 200 de la unión temporal de empresas.

El gerente de la zona norte de Acciona Construcción ha asegurado que Servinabar 2000, además de aportar “conocimiento del medio”, realizaba trabajos en la obra que justificaban su 15% en la UTE a pesar de que únicamente contaba con dos empleados en la misma, dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales. “Las facturas respondían a trabajos realizados”, ha aseverado para explicar que una participación del 15% “no implica que tenga que aportar el 15% de los medios”.

Según ha contado, como gerente de Acciona Construcción en Navarra ya había tenido una experiencia previa con la mercantil de Antxon Alonso, al que conoció en 2019. Fue en las obras para la construcción de 42 viviendas VPO en el barrio de Erripagaña, situado en la comarca de Pamplona. Allí, según ha apuntado, la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción también hacía trabajos reales, tanto es así que ha apuntado que el director de obra era de Servinabar 2000.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha cuestionado durante su interrogatorio que Servinabar 2000 haya realizado trabajos en la obra y ha atribuido su participación en la UTE a la presencia de Santos Cerdán en el accionariado de la mercantil para conseguir la adjudicación. “No es razonable que por dos trabajadores se tenga una participación del 15%”, ha reprochado.

La mayoría de la comisión del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha rechazado la petición de UPN para que comparezcan todos los empleados que tuvo Servinabar 2000, la empresa propiedad e Antxon Alonso y Santos Cerdán y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El partido regionalista había solicitado también que acudiesen al Parlamento de Navarra “todos los socios de Servinabar 2000” para citar a quien según la UCO es el tercer accionista de la mercantil, el periodista navarro Joseba Santamaría, así como todas las personas y empresas que hayan facturado de Servinabar 2000. Únicamente ha sido aceptada la comparecencia del exdirigente de UPN y socio de Cerdán Óscar Arizcuren, que será citado en próximas fechas.

Óscar Arizcuren, amigo personal del ex secretario de Organización del PSOE, fue secretario general de UPN y alcalde de Noáin, y entre los años 2022 y 2024 facturó 69.000 euros a Servinabar 2000 a través de OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. Cuando en verano un informe de la Hacienda Foral de Navarra destapó los pagos de Servinabar 2000 a la consultora de Arizcuren, este aseguró no pertenecer “a ninguna trama de nada” en unas declaraciones a 'Diario de Navarra'.

UPN ha defendido la “necesidad” de citar a todas aquellas personas o empresas que hayan tenido relación con una mercantil “que según un juez se ha creado exclusivamente para cobrar mordidas”, destacó su portavoz, Javier Esparza.

La Intervención General del Gobierno de Navarra ha encontrado indicios de “riesgo de fraccionamiento indebido” en los contratos que Parquenasa, sociedad de la que el Ejecutivo foral posee un 45% de las participaciones, adjudicó a la empresa Adentro Construimos por un valor cercano a los 800.000 euros para la reconstrucción del parque de naturaleza Sendaviva tras los incendios del verano del 2022. Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Cultura y Deporte, además de presidenta de Parquenasa, Rebeca Esnaola, en su comparecencia la comisión del Parlamento foral, en la que ha añadido que se va a solicitar el reintegro “parcial” del gasto y no total porque “reconoce que la ejecución material de las actuaciones se ha realizado correctamente”, ha apostillado. El posible fraccionamiento indebido de estos contratos también está siendo investigado por la Plaza 5 de la sección Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona tras las denuncias de Vox y UPN.

El parque Sendaviva está gestionado por Parquenasa, una sociedad de la que el Ejecutivo foral tiene una participación del 45% a través de la sociedad pública NICDO. Tras los incendios de junio de 2022, el parque quedó inutilizado y el Gobierno navarro adjudicó a la empresa Adentro Construimos cuatro contratos que en total suman 792.703 euros, pero que por separado ninguno supera los 200.000, el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública con una mesa de contratación que valore las ofertas.

Los cuatro contratos se quedan al límite de superar esos 200.000 euros, superando tres de ellos los 1980.000 euros. Son contratos para la construcción del nuevo edificio de acceso al parque, para la adecuación de la urbanización de acceso, para la urbanización de la plaza y para la edificación de la granja y de la zona de actividad lúdica del parque.

La Intervención General del Gobierno navarro informó en octubre de 2025 al Instituto Navarra del Deporte y la Actividad Física (INDAF) que se estaban “revisando” todos los expedientes relacionados con las subvenciones a Parquenasa de los años 2023 y 2024. Así, en diciembre de ese año Intervención señaló en un informe que las cuatro adjudicaciones a Adentro Construimos constituyen “un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido”, según ha apuntado la consejera. “Por estas irregularidades dictamina un incumplimiento parcial de la subvención, teniendo en cuenta, además, que la ejecución material de las mismas se ha realizado correctamente. E insta a la unidad gestora, es decir el INDAF, a iniciar expediente de reintegro cuantificando el impacto económico del incumplimiento observado. Indicando también que, en caso de que la unidad gestora no considere que deba hacerlo, el expediente ha de ser trasladado al Gobierno de Navarra para su resolución”, ha añadido Rebeca Esnaola.

Una auditoría externa ve dudas en los modificados

La consejera Rebeca Esnaola también ha aprovechado su comparecencia para exponer los resultados de una auditoría externa que el Departamento de Cultura y Deporte, del que depende la empresa NICDO, encargó a la empresa PKF Attest Servicios Profesionales. Esta empresa no aprecia indicios de fraccionamiento en los cuatro contratos porque constata que se trata de cuatro contratos que responden a “unidades funcionales independientes”. Sin embargo, la auditoría sí que muestra sus dudas sobre las “modificaciones contractuales” incorporadas por el director de obra.

La ley fija que las modificaciones contractuales “únicamente pueden incorporar las variaciones estrictamente indispensables” y nunca pueden sobrepasar el 10% del importe de la adjudicación. PKF Attest Servicios Profesionales cuestiona en su auditoría que las modificaciones planteadas por el director de obra sean “indispensables” y además recoge que suponían un 13,75% del total del importe, pero que se incluyó un “ahorro por la reducción de la dimensión de un edificio” que hizo que la “desviación” se redujera al 9,69% del presupuesto, quedando así por debajo del 10% que fija la normativa.

Con todo, añade que “de haberse incluido el valor de las modificaciones en el importe estimado del contrato, se habría superado el límite establecido para poder realizar un procedimiento simplificado (200.000 euros)” y “no habría podido utilizarse” este procedimiento en este expediente.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción también apreció irregularidades en varios abonos a la empresa adjudicataria “fuera de presupuesto” y para las que no consta “justificación alguna”. Así, señaló: “Con estos trabajos fuera de presupuesto, el importe superaría los 200.000 euros, por lo que, de haberse incluido en el proyecto original, no habría podido licitarse por el procedimiento simplificado y habría que haber acudido al procedimiento abierto”.

Trámites para que Parquenasa sea pública

Durante su comparecencia, Rebeca Esnaola ha anunciado que el Gobierno de Navarra “va a iniciar las acciones necesarias para convertir Parquenasa en sociedad pública”. Actualmente, el Gobierno foral participa de modo minoritario, con un 45% de las acciones, a través de NICDO. Esta infraestructura es propiedad de una sociedad mercantil privada, compuesta por tres socios más, que cuentan con el 55% de las acciones: el Grupo La Información con el 25,71%, Hiscan Patrimonio con 17,86% y Pronaocio S.L.U. representada con 17,86%.

Con esta decisión, ha dicho la consejera, “se atiende también a la recomendación de la Cámara de Comptos (el Tribunal de Cuentas navarro) en su informe del año 2023”, algo “que también recuerda la Intervención General en su informe de fiscalización del año 2024”.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha utilizado este miércoles la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' para acusar a UPN de corrupción. Cerdán, pese a que ha iniciado su intervención diciendo que se iba a acoger a su derecho a no declarar por estar implicado en una causa judicial, ha lanzado una batería de acusaciones al portavoz regionalista Javier Esparza. “Usted entró de concejal en Aoiz en 1995 de la mano de su padrino a cambio de que le hicieran un campo de fútbol. Eso es prevaricación, creo yo”, le ha espetado Cerdán a Esparza.

Durante su comparecencia, el exdirigente socialista ha vuelto a negar ser socio de Servinabar 2000, la empresa que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado en el domicilio privado del empresario Antxon Alonso un documento por el que Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la mercantil. Santos Cerdán también ha negado haber efectuado pagos con la tarjeta de Servinabar, si bien sí que ha reconocido que compartió piso con Alonso en Madrid durante un año y medio y que “parte” de los muebles los pagó la empresa.

Al igual que hizo en el Senado, Cerdán ha cuestionado la veracidad de los audios que le incriminan que fueron incautados al exasesor Koldo García y ha negado la validez del documento por el que según la UCO se convirtió en accionista de Servinabar 2000. “No hay ninguna prueba de que Servinabar sea mi empresa, no se pagó por acciones ni se llevó al notario ni a Registro Mercantil”. También ha negado haber realizado gestiones en favor de empresas en adjudicaciones de obra pública. “No va a encontrar ninguna gestión de Santos Cerdán en ninguna de esas obras, y menos en Belate, que aquí no hablé con nadie”.

El ex secretario de Organización ha vuelto a aludir a teorías sobre el origen de la investigación contra él, que ha situado en sus negociaciones con EH Bildu y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. “Había una orden por parte de unas supuestas policías para ir contra mí. El objetivo era Santos Cerdán”, ha afirmado.

“Es una venganza de UPN por sacarlos del Gobierno”

Pero el grueso de su declaración lo ha centrado en acusar a UPN de corrupción. Así ha recordado que a Antxon Alonso se lo “presentó” un alcalde regionalista “en torno al año 2004” en el marco de un proyecto urbanístico en Milagro, localidad de la que es originario Cerdán y en la que fue concejal. “Yo me opuse a ese proyecto”, ha apostillado.

Del portavoz regionalista, Javier Esparza, ha asegurado que trató de “interferir” en las puntuaciones de la mesa de adjudicación de la ampliación del Canal de Navarra cuando Esparza era consejero de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Yolanda Barcina. También le ha reprochado que “entró de concejal en Aoiz en 1995 de la mano de su padrino a cambio de que le hicieran un campo de fútbol”.

Según Cerdán, la comisión del Parlamento navarro que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 “no investiga los túneles de Belate (la mayor obra adjudicada a la UTE por el Ejecutivo foral)”, sino “una venganza política” de UPN y de Javier Esparza, de quien ha dicho: “Es un muerto político como yo”.

Cerdán ha cerrado el interrogatorio de UPN incidiendo en que el “fondo” de la comisión navarra es que a UPN le “molesta” que el PSOE lograra la presidencia de Navarra con la abstención de EH Bildu. “Estoy orgulloso de haber dialogado entre diferentes para sacarle también a usted del Gobierno”, ha concluido.

“Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Al ser preguntado por su relación con antiguos compañeros de partido, el exdirigente socialista ha asegurado que “no está solo” y que tiene “muchos amigos socialistas” que le muestran su apoyo. Ha explicado que no ha vuelto a hablar con la presidenta navarra, María Chivite, y sobre Pedro Sánchez ha apuntado: “Me reservo mi opinión”.

Santos Cerdán ha asegurado que acudió a reuniones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra en las que se hablaba de obras públicas como diputado por Navarra, a lo que Esparza ha señalado que era “como meter un zorro en el gallinero”. En ese punto, Cerdán ha pedido ser tratado con “respeto”.

“Hay un diputado con influencia en el Gobierno de España, sí, tenía influencia, consigue subvenciones para Navarra, para los vecinos de esta comunidad, y me siento orgulloso de haberlo hecho y traer 40 millones para esa obra -el túnel de Belate- y otros tantos para la Nacional-121-A, que afortunadamente se han evitado muchos accidentes de tráfico y alguna muerte”, ha afirmado Cerdán.

El exdirigente socialista ha reconocido que participó en las reuniones del PSN con “representantes de la izquierda abertzale” para la moción de censura a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona en diciembre de 2023 y darle la Alcaldía a Joseba Asiton (EH Bildu). Con todo, ha negado que negociase con Arnaldo Otegi las investiduras de María Chivite en 2019 y 2023, aunque sí ha admitido que mantuvo “muchas reuniones” con él para negociar el Gobierno de España.

También ha hablado reuniones que tuvo con representantes de UPN como Javier Esparza u Óscar Arizcuren, quien recibió pagos de Servinabar por valor de 70.000 euros. Cerdán ha enmarcado esos encuentros en conversaciones “sobre la situación política de Navarra” y ha mencionado reuniones previas a la conformación del Gobierno progresista de Chivite en 2019 en las que, según Cerdán, Esparza le ofreció hacer un gobierno de coalición entre regionalistas y socialistas que no fructificó.

También negociaron la reforma laboral y, en ese contexto, Santos Cerdán ha contado que Esparza le llamó “llorando” por la “traición” que sufrió de los dos diputados regionalistas, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que se saltaron la disciplina de voto y votaron en contra de la reforma laboral. Finalmente, los dos dieron el salto al PP.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha enviado a la Fiscalía la negativa a comparecer del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. Todos los grupos, salvo Vox, coinciden en que Entrecanales ha podido incurrir en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal por haber dado plantón hasta en dos ocasiones a la comisión. Ahora será la Fiscalía la que deberá analizar si considera que el presidente de la multinacional ha cometido ese delito.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumenta que Entrecanales no ha sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos.

Los servicios jurídicos de la Cámara Foral defienden que la citación es personal y está dirigida al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por lo que Acciona no puede designar a otro representante para acudir a declarar al Parlamento Navarro.

Desde Acciona insisten en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en un escrito enviado al Parlamento que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, va a presentar su candidatura para encabezar la lista de la formación regionalista en las próximas elecciones forales del 2027, según ha adelantado este viernes Diario de Navarra y han confirmado a Europa Press fuentes de la formación regionalista.

El Comité Ejecutivo de UPN acordó el pasado lunes poner en marcha el procedimiento recogido en sus estatutos para elegir al candidato del partido a la presidencia del Gobierno de Navarra en las elecciones forales. El calendario para la elección del cabeza de lista de la formación foralista arrancó el pasado martes, 3 de febrero, con la apertura del plazo para la presentación de candidaturas. Dicho plazo concluirá el siguiente martes, 10 de febrero, a las 18:00 horas. Esa misma semana, el viernes 13 de febrero, UPN reunirá a su Consejo Político a las 19:00 horas para proceder a la elección del que será su candidato para presidir el Gobierno de Navarra a partir de las próximas elecciones.

Ibarrola accedió a la presidencia de UPN en el 13 Congreso que celebró la formación regionalista en abril de 2024. Al inicio de esta legislatura fue investida alcaldesa de Pamplona por UPN, al ser la candidata de la lista más votada al Ayuntamiento de Pamplona en las elecciones municipales de 2023. Sin embargo, apenas seis meses después de acceder al cargo, EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin pactaron una moción de censura que la desbancó de Alcaldía y desde entonces es portavoz de UPN en el Ayuntamiento.

En abril de 2024 asumió el liderazgo de UPN tras alcanzar un acuerdo con el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, que a su vez fue designado vicepresidente del partido. No obstante, se venían registrando en las últimas semanas movimientos internos en la formación regionalista para configurar la lista a las próximas elecciones al Parlamento de Navarra y la dirección del partido decidió el pasado lunes poner en marcha el procedimiento para designar ya a la persona que encabezar esa candidatura.