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Un juzgado de Navarra abre una investigación sobre contratos para la reconstrucción del parque Sendaviva

Imagen del parque de Sendaviva tras el incendio de 2022.

Rodrigo Saiz

Pamplona —

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La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha iniciado una investigación sobre cuatro contratos adjudicados por el Gobierno de Navarra para la reconstrucción del parque natural de Sendavida tras el incendio que lo calcinó en verano de 2022. La jueza ha solicitado al Ejecutivo de María Chivite la documentación relativa a los cuatro contratos que suman un montante total cercano a los 800.000 euros para analizarlos y decidir si admite a trámite una querella interpuesta por Vox por los mismos hechos.

Los contratos se adjudicaron a la empresa Adentro Construimos por el Gobierno de Navarra. El parque Sendaviva está gestionado por Parquenasa, una sociedad de la que el Ejecutivo foral tiene una participación del 45% a través de la sociedad pública NICDO. Tras los incendios de junio de 2022, el parque quedó inutilizado y el Gobierno navarro adjudicó a la empresa Adentro Construimos cuatro contratos que en total suman 792.703 euros, pero que por separado ninguno supera los 200.000, el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública con una mesa de contratación que valore las ofertas.

Los cuatro contratos se quedan al límite de superar esos 200.000 euros, superando tres de ellos los 1980.000 euros. Son contratos para la construcción del nuevo edificio de acceso al parque, para la adecuación de la urbanización de acceso, para la urbanización de la plaza y para la edificación de la granja y de la zona de actividad lúdica del parque.

En paralelo el juzgado analiza si admite a trámite una querella de Vox por estos mismos contratos, que también han sido denunciados por UPN a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA). La querella de Vox por presunto cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en las adjudicaciones de obras va dirigida al exsecretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz; al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral y consejero delegado de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), José Luis Arasti; al propietario de la empresa constructora, y al entonces gerente de Sendaviva.

Según Vox y UPN, el Gobierno de Navarra “troceó” los contratos para que no superan el límite de 200.000 euros y poder adjudicarlos de manera directa a la empresa Adentro Construimos, misma empresa que según UPN realizó las obras de reforma de la sede del PSN en Pamplona cuando Alzórriz era secretario de Organización del partido, así como de su propia vivienda particular.

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