La Comisión Europea ya dijo que la regularización extraordinaria era legal y se niega a comentar la decisión del Supremo

La Comisión Europea no ha querido este martes hacer comentarios sobre la decisión del Tribunal Supremo de preguntar al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas. La Comisión ya contestó en enero que la medida migratoria era competencia del Estado español y no había ilegalidades, aunque varios países han recriminado a España la regularización por las posibles consecuencias que puede tener para sus países en caso de movimientos dentro de la UE.

Esta recriminación se hizo evidente en el pasado Consejo Europeo, cuando varios líderes europeos reprocharon al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la regularización extraordinaria de migrantes en España podría tener un posible impacto en el resto de socios. Los reproches habrían venido por parte del primer ministro belga, Bart de Wever, la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen además de Hungría y Alemania. En un primer momento se señaló también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pero tanto la delegación española como la italiana desmintieron que hubiera ninguna discusión entre ambos líderes y solo un intercambio de diferentes posiciones.

Este martes, un portavoz de la Comisión Europea se ha limitado a decir ante las preguntas de los periodistas sobre las providencias del Supremo que “está todavía en los tribunales españoles. No hay más comentarios al respecto”. Sin embargo, el pasado enero, el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, al ser preguntado por la iniciativa del Ejecutivo español explicó que “es una competencia de los Estados miembros hacer lo posible en la lucha contra inmigración ilegal. Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”.

Entonces tanto el PP como la formación ultraderechista Vox anunciaron que llevarían ante las instituciones europeas la medida para intentar frenarla. Entonces el comisario europeo competente en Inmigración dejó claro que el Gobierno español estaba haciendo política según las competencias que tiene atribuidas y la Comisión Europea no se puede meter en ese ámbito. “Estamos al tanto de la nueva ley y lo que se ha decidido en España. Está claro que es responsabilidad de cada Estado miembro. Hay que hacer distinción entre inmigración legal e ilegal y hay que encontrar soluciones y vías legales para soluciones este tema. Tenemos que trabajar conjuntamente, pero la Comisión Europea no tiene competencia en estas cuestiones, solo podemos recomendar itinerarios legales y llegar a acuerdos con los países miembros para que los asuman”, argumentó Brunner.

Posteriormente, ante la presión de varios países y de las formaciones de derechas y ultraderecha en el Parlamento Europeo, el comisario europeo respondió a una pregunta del PP europeo en la que insistía en que “sin perjuicio del reparto de competencias definido por el ordenamiento jurídico de la Unión en relación con las políticas y las decisiones individuales de regularización del estatuto de los ciudadanos de terceros países en situación irregular”, es decir, que el proceso de regularización es competencia del Estado español, Brunner añadía que “las decisiones de los Estados miembro, en un espacio sin fronteras interiores, pueden tener consecuencias para otros Estados miembro y para la Unión en su conjunto”.

En este sentido, Brunner hizo una interpretación propia de la normativa europea al señalar que “un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. La UE cuenta con normas claras que deben respetarse. Por ejemplo, si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia”. Lo cual no significa que la medida española sea ilegal, sino que el comisario europeo está solicitando que un permiso de residencia en un país no permita moverse por el espacio Schengen.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó el planteamiento del comisario europeo. El TJUE sentenció a principio de junio que tener un permiso de residencia en un país de la UE no excluye que se le pueda conceder en otro país de la UE, pero además dictamina que hay que tener en cuenta aspectos como la unidad familiar a la hora de la concesión de estos permisos y que no se debería expulsar a una persona de un país sin tener en cuenta estos condicionantes.