Un grupo de 19 países europeos pide acelerar el uso de centros de deportación en terceros países frente a España

Un grupo de 19 países de la Unión Europea, liderados por Italia y Dinamarca, han pedido por carta que se acelere la implementación de centros de deportación en terceros países, como ha quedado recogido en el Pacto de Asilo y Migración.

“Ahora necesitamos mostrar resultados concretos que marquen la diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible”, señala la carta. Este grupo de países pone como ejemplo los centros que Italia ha puesto en marcha en Albania como ejemplo.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tumbó en 2025 el modelo de deportaciones del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni a través de Albania por la designación de “países seguros” para el retorno de los inmigrantes y en Italia ha tenido varias sentencias en contra. Esta fórmula siempre ha tenido el beneplácito de la actual Comisión Europea y ha conseguido el respaldo de la mayoría del Eurocámara, tras el seguidismo del PP Europeo a las imposiciones de la ultraderecha en políticas migratorias. Italia volvió a apelar al TJUE por su normativa, que está a la espera de sentencia

La Unión Europea dió luz verde el pasado 1 de junio a los centros de deportación de emigrantes en terceros países. Tras varias semanas de retraso, el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo fue acordado entre el Consejo Europeo, la Comisión y los legisladores del Parlamento. Europa sigue la estela que ha marcando la ultraderecha en su ataque a las personas migrantes tratando de dificultar el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales. La nueva normativa abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

Aunque la misiva tiene la firma de estos dos países junto a Austria, Bulgaria, República Checa, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Bélgica, Chipre, Estonia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Eslovenia, también es relevante que países como España o Alemania y Francia no hayan rubricado la carta.

El argumento de los 19 países es que “siempre debe ser una decisión democrática quién puede entrar y permanecer en nuestros países. Es fundamental que sigamos desafiando el 'statu quo', donde los traficantes de personas se enriquecen y la migración se instrumentaliza”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló este jueves a su llegada a la cumbre de líderes de 27 países de la UE que “España ha manifestado su rechazo a la política de retornos que ha aprobado el Partido Popular con la ultraderecha en el Parlamento Europeo. Es malgastar recursos económicos y las políticas de crear de externalizar la política migratoria a terceros países es absolutamente ineficaz y hay un problema reputacional de valores donde el mensaje que está trasladando Europa no es precisamente el correcto”.

Críticas de países europeos por el proceso de regularización

Sánchez tuvo que hacer frente a las críticas de varios líderes de la Unión Europea por la regularización extraordinaria de migrantes en España y su posible impacto en el resto de socios, durante una discusión a puerta cerrada el jueves en el Consejo Europeo en Bruselas, según informa Europa Press.

El rifirrafe se produjo en la primera sesión del primer día de cumbre en la que los líderes recibieron a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, cuya institución había dado la víspera luz verde a la controvertida reforma. Tras la felicitación a Metsola por el éxito de la votación, Sánchez tomó la palabra para mostrar su oposición a los centros de deportación, una medida que va en contra de la política migratoria de España.

Según las mismas fuentes, los reproches habrían venido por parte del primer ministro belga, Bart de Wever, o la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen además de Hungría y Alemania. En un primer momento se señaló también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pero tanto la delegación española como la italiana desmintieron que hubiera ninguna discusión entre ambos líderes.