La oposición a Ayuso intenta por tercera vez crear una comisión de investigación sobre los impagos de Madrid Network

Quince años y un mes después de que Madrid Network, una asociación auspiciada por Esperanza Aguirre, recibiese un macropréstamo público cuyos impagos han abierto en el presupuesto regional un agujero de más de 70 millones de euros, el secreto con que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue blindando a esa entidad ha movilizado a la oposición. El lunes, el PSOE registró en la Asamblea de Madrid una nueva iniciativa para crear una comisión de investigación sobre la opaca Madrid Network. Anclado en el reciente veto de Ayuso a difundir un informe jurídico clave sobre qué debería hacer la Comunidad si la asociación convertía los impagos en una constante, como en efecto ocurrió, este es el tercer intento en un solo año para que la Cámara madrileña levante el velo que cubre a la opaca Madrid Network.

Salvo viraje inesperado, todo apunta a que, como en las dos ocasiones anteriores –julio de 2025, fecha de la solicitud del PSOE; y octubre de ese mismo ejercicio, cuando lo pidió Más Madrid–, también ahora la mayoría absoluta del PP impedirá que la Asamblea investigue la urdimbre que Madrid Network mantiene oculta con ayuda del Ejecutivo.

Oficialmente, siempre ha sido una entidad privada a la que pertenecía la Comunidad de Madrid hasta que en septiembre de 2025 comunicó que la abandonaba. Al no haber estado declarada en ningún momento como de “interés público” pese al enorme importe del dinero público gestionado, Madrid Network nunca ha depositado sus cuentas en el Registro de Asociaciones.

Empresas beneficiarias que desaparecieron del mapa

Pese a su carácter privado, cuando el Gobierno de Aguirre le transfirió en mayo de 2011 los 80 millones que, con origen en el Ministerio de Ciencia, iban destinados a financiar proyectos empresariales de I+D+i, Madrid Network seguía presidida por el entonces consejero de Hacienda de Madrid, Antonio Beteta. Entre 2008 y 2011, la asociación pagó a la empresa de Cristóbal Montoro, Equipo Económico, 1,8 millones por trabajos aún desconocidos. Beteta se incorporó en diciembre de 2011 como secretario de Estado al equipo del Ministerio de Hacienda que dirigía Montoro. Para entonces, Isabel Díaz Ayuso ya había dejado de trabajar para el departamento de prensa de Madrid Network: fue en 2011 cuando entró como diputada en la Asamblea de Madrid.

Entre aquellas empresas y otras entidades beneficiarias de algunos de los 47 préstamos concedidos por Madrid Network y que nunca devolvieron el dinero obtenido figuran tres directamente vinculadas a dos antiguos altos cargos del Gobierno madrileño: Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad; e Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre. Este último sí ha empezado ahora a devolverlo.

Hasta la fecha, no ha habido ninguna investigación parlamentaria ni judicial sobre las circunstancias que rodean al reparto y seguimiento de esos fondos públicos que acabaron en distintos casos en manos de empresas recién constituidas y que luego desaparecieron del mapa sin siquiera presentar cuentas en ningún ejercicio.

El informe jurídico cuya difusión mantiene bloqueada el Gobierno de Ayuso desde que en 2022 solicitó su entrega la Cadena Ser en aplicación de la Ley de Transparencia fue elaborado por el bufete Uría Menéndez. Encargado por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes en la recta final de su mandato, el informe había de indicar “cómo debería proceder la Comunidad de Madrid” para “asegurar sus legítimos intereses” en caso de impagos para la devolución de los 80 millones traspasados en 2011. Cuando el equipo de Cifuentes puso en marcha aquel contrato -finales de 2017-, la Administración madrileña ya tenía datos suficientes sobre cómo buena parte de las 47 empresas receptoras de préstamos se habían disuelto y carecían de bienes con valor suficiente para compensar lo adeudado a Madrid Network. Dónde fuelti a parar el dinero sigue siendo, a día de hoy, un misterio.

En abril, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) tumbó el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid en 2022 contra la resolución del Consejo de Transparencia favorable a entregar el informe de Uría Menéndez. Ahora, la Comunidad de Madrid ha disparado un último cartucho: recurrir la sentencia del TSJM ante el Tribunal Supremo como ya hizo con una anterior, aquella que la obligaba a divulgar las memorias anuales de Madrid Network. En aquel caso, el Supremo ni siquiera admitió a trámite el recurso de casación.

¿Pero hay demandas pendientes?

De momento, al margen de los recursos contra la difusión de documentos relativos a Madrid Network y pese a que el PP habla, de forma confusa y sin precisión, de “demandas” pendientes, no hay datos que permitan afirmar la Comunidad de Madrid ha emprendido alguna acción judicial contra la asociación para exigirle que devuelva de un préstamo que ya le ha costado al menos 70 millones al erario regional. ¿Por qué? Porque cada año, el Gobierno madrileño ha entregado al Ministerio de Ciencia las cuotas pactadas. Al no recibir de Madrid Network las cuotas pactadas en el convenio rector del macropréstamo de 2011, el Ejecutivo ha tenido que detraerlo de otras partidas presupuestarias. El convenio que sustenta desde hace 15 años aquel macropréstamo permitía a la Comunidad de Madrid rescindirlo antes del plazo previsto –2027– en caso de impagos. Tal rescisión no se ha producido.

La última cifra oficial sobre el calibre del agujero causado por los impagos de Madrid Network figura en el informe general de la Cámara de Cuentas sobre 2024: el órgano fiscalizador cifra las cuotas impagadas hasta diciembre de ese año en 63,9 millones. Pero, como recalca la solicitud de comisión de investigación registrada ahora por la portavoz parlamentaria del PSOE madrileño, Mar Espinar, la Cámara avisa de que otros 14,55 millones de cuotas pendientes al cierre de 2024 “muy probablemente pasarán a incrementar los importes impagados cuando llegue su vencimiento”.

Los últimos datos remitidos por el gabinete de Ayuso a la oposición señalan que Madrid Network sí ha logrado recuperar más de la mitad (42,49) de aquellos 80 millones obtenidos en 2011. Pero el contenido de la tabla remitida por la Consejería de Hacienda al diputado socialista Daniel Rubio confirma también que una parte relevante (31,5 millones) de ese total devuelto a Madrid Network permanece en el limbo. Ni Madrid Network ni la Administración regional han explicado hasta ahora qué ha ocurrido con ese dinero.

Según portavoces autorizados del Ministerio de Ciencia, a fecha de 12 de febrero de este año el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros. El contraste entre esos datos y los facilitados por el Gobierno madrileño a la oposición indican que Madrid Network solo ha devuelto 10,9 millones. Y eso significa que sus impagos ya le han costado a la Administración regional más de 70 millones. Más del doble de lo que la Universidad Complutense se ha visto obligada a recortar para devolver un préstamo al Ejecutivo madrileño.