“La LGTBIfobia en Pamplona es persistente, no puntual, se manifiesta de forma multidimensional (verbal, simbólica, física, institucional), tiene un marcado componente transfóbico y se ve reforzada por la impunidad y la normalización social”. Ests son algunas delas conclusiones del cuarto informe anual Observatorio contra la LGTBIfobia del Ayuntamiento de Pamplona, según las incidencias registradas en 2025.

El documento refleja que durante el año pasado se registraron 44 incidencias en la ciudad vinculadas a LGTBIfobia, el doble que en el último informe y 11 más que en el año 2023, aunque también se señala la infradenuncia en este ámbito. Además, destaca que en 2025 los servicios públicos en este campo situados en Pamplona, Harrotu y Kattalingune, sufrieron un número significativo de incidencias. Las personas trabajadoras de estos espacios sufren insultos y gritos desde el exterior y discursos de odio prolongados y muy agresivos.

Los resultados provisionales de este informe se presentaron para su análisis ante el Consejo Municipal LGTBI+ y para trabajar en ese foro para trasladar a medidas concretas las recomendaciones para abordar la LGTBIfobia en la ciudad, es decir, para diseñar acciones que eliminen el rechazo, miedo, prejuicio o discriminación hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales por su orientación sexual, identidad o expresión de género, así como sus manifestaciones más frecuentes: agresiones físicas, verbales o actos de discriminación directa o indirecta.

La web municipal recoge un espacio específico sobre el Observatorio contra la LGTBIfobia, que incluye una ficha de registro de incidencias anónima y confidencial, que no tiene carácter de denuncia. También incluye los informes realizados desde el año 2021.

Una radiografía de la violencia transfóbica

El Observatorio contra la LGTBIfobia es un sistema de observación permanente en contra de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en Pamplona. Desde este órgano, se pretende tener una perspectiva global de las agresiones LGTBIfóbicas de la ciudad y así orientar las acciones de prevención y sensibilización que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento. 

A grandes rasgos, julio fue el mes con más incidentes, con el 25% de los casos (11) y el 50% tuvieron lugar en el espacio público el escenario (22, el 50%), entendiendo por espacio público bibliotecas, espacios de cruising, oficinas de administraciones públicas. El espacio laboral ha pasado de 0 incidentes en 2024 a 11 en 2025, específicamente los centros Harrotu y Kattalingune. Por barrios, el Casco Antiguo ha sido la zona de la ciudad en el que más incidentes se han producido con un 38,6% (17), seguido por Mendillorri con un 13,6% (6). En 2024 las agresiones en esos barrios fueron 5 y ninguna, respectivamente.

De los 80 tipos de violencia descritos como componentes de las 44 incidencias,8 (un 9,8%) han presentado violencia física y en 5 (6,1%) ha supuesto la expulsión del espacio. Más del 50%, han sido verbales o simbólicas (como pintadas con simbología fascista o nazi, carteles, destrozos de bancos LGTBI+ …). En el 71% de los casos el agresor fue un hombre (31), la mayoría de las veces desconocido para la víctima.

En casi la mitad de las agresiones no se emiten datos sobre el colectivo al que pertenece la víctima. Con los datos disponible el 38,5% de las agresiones se dirigió contra personas trans, el 26,9% contra gays. La franja de edad más afectada ha sido de personas entre 30 y 49 años (63,6%); en 2024 la franja más afectada fue 18 y 29 años, con un 50% de los casos.

Respecto del origen de la información, en 21 casos (47,7%) la persona que informa es la misma que sufre la agresión, en 17 un 38,6%, es la propia ciudadanía y, en 2 (un 4,5%), la persona informante es una amistad de la persona agredida. En cuanto al sexo de la persona informante un 52,3% se identifica como mujer, un 31,8% como hombre, un 13,6% como persona no binaria y un 2,3% no responde a este ítem. 34 de los 44 incidentes recogidos en 2025 se denunciaron a través del formulario web o de forma presencial en el espacio de Harrotu.

La Guardia Civil en La Rioja da por esclarecida la agresión ocurrida durante la madrugada del pasado día 25 en la localidad de Rincón de Soto, en la que dos jóvenes resultaron heridos tras ser atacados por varios individuos. Por estos hechos han sido investigados dos varones, de 17 y 18 años, residentes en Calahorra, como presuntos autores de un delito de lesiones. Ambos son viejos conocidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su presunta implicación en hechos de similares características.

El incidente se desencadenó de madrugada, cuando las dos víctimas se dirigían a la vivienda de una de ellas. Al llegar al portal, observaron a dos jóvenes orinando en la puerta. Tras recriminarles su comportamiento, los implicados reaccionaron de forma violenta: uno de ellos lanzó un cigarrillo a la cara de una de las víctimas y, acto seguido, ambos agresores arremetieron contra los dos jóvenes.

Los atacantes les propinaron golpes en la cara y el cuerpo, llegando a derribarlos y a continuar la agresión mientras estaban en el suelo. Como consecuencia, ambas víctimas sufrieron diversas lesiones que requirieron asistencia sanitaria.

La tarjeta de visita

Tras tener conocimiento de lo sucedido, varias patrullas de la Guardia Civil, junto a auxiliares de la Policía Local de Rincón de Soto, se desplazaron de inmediato al lugar de la incidencia. Durante la inspección del entorno, los agentes locales localizaron un teléfono móvil que uno de los agresores había perdido en su huida.

El autor había dejado de forma involuntaria su documentación personal en la funda del dispositivo, facilitando así una identificación rápida, directa e inequívoca. Este “gesto de colaboración”, ha señalado el cuerpo con ironía, resultó determinante para agilizar la investigación y permitió localizar al segundo implicado en los hechos. Las diligencias, junto con los investigados, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y de la fiscalía de menores.

La Junta del Alarde tradicional de Irún, en el que las mujeres quedan relegadas a cantineras, ha informado en un comunicado dirigido “a la ciudadanía” que existen diligencias previas en el ámbito penal “actualmente en tramitación en un juzgado de Irún” por la denuncia de un presunto caso de violencia sexual ocurrido en el San Marcial de 2025. No obstante, la Junta ha indicado que no ostenta la condición de parte en el procedimiento. Según la denuncia, que en un momento se limitó a ser interna de la organización, pero ha saltado a la Justicia, un “jefe de unidad” realizó presuntamente “unos tocamientos” a la cantinera, una joven veinteañera. Desde el Departamento de Seguridad confirman a este periódico que hasta el momento, no tienen constancia de que se haya interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza relacionada con estos hechos, por lo que el caso puede haber llegado al juzgado por otros cauces.

Después de que una de las cantineras del Alarde de Irún denunciara ante la Junta de Mandos (órgano soberano, cuya misión principal es la organización del Alarde de San Marcial, mientras que la Junta del Alarde es el órgano de estudio y asesoramiento del Alarde) un presunto episodio de agresión sexual por parte de uno de los 'mandos' de una de las compañías durante uno de los ensayos de la fiesta celebrada el pasado 30 de junio, el 3 de febrero, se celebró una reunión para comunicar la sanción al presunto agresor, que ha sido expedientado y suspendido de su cargo. Debido a la sanción, el acusado ha solicitado medidas cautelares algo que se analizará el próximo 29 de mayo el Tribunal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 2 de Irún.

A raíz de lo ocurrido, el “general” y el “comandante” del Alarde tradicional de Irún presentaron su dimisión. Asier Etxepare y Rubén Fraile alegaron que no podían liderar un grupo en el que hay un sector que ha cuestionado su forma de gestionar la denuncia interna de la supuesta agresión sexual. En un comunicado hecho público el pasado febrero, expusieron que en verano se abrió un “expediente sancionador” a raíz de una “denuncia interna” por una “conducta inapropiada”. Se refirieron así a unos presuntos tocamientos en una compañía del Alarde por parte de un “jefe de unidad” a la cantinera. Se añadió que tanto la “Junta de Mandos” como la “Junta del Alarde” no podían “mirar hacia otro lado” ante la denuncia de un “símbolo del alarde” y entendían que han de “evaluar” lo ocurrido “dentro del régimen disciplinario”.

A partir de ahí, reconocieron la tensión interna en una reunión celebrada en Palmera Montero, con ocho “capitanes y jefes de unidad” disconformes con las actuaciones y decenas de personas manifestándose en la puerta en contra de sancionar al supuesto agresor. “En los prolegómenos a nuestro gran Día de San Marcial una cantinera se acercó para hacernos llegar varios comportamientos inadecuados de uno de los mandos del Alarde. ¿Qué opciones teníamos? ¿Mirar hacia otro lado o analizar la situación? Yo, como general, pero sobre todo como Asier Etxepare Iza, no puedo hacer otra cosa que respetar y defender la base del Alarde de San Marcial, que es la Ordenanza. Y quiero remarcar que esta debería ser la base de todas las personas que forman la Junta de Mandos y la Junta del Alarde, la de respetar la Ordenanza. Como bien indican nuestros reglamentos, ante este tipo de denuncias internas se abre un proceso para analizar, investigar y resolver las actitudes que han llevado a la persona a tocar nuestra puerta. Y eso hemos hecho: analizar, investigar y resolver”, apuntó en aquel momento uno de los miembros que presentó su dimisión.

Fuentes del entorno del 'mando' sancionado detallan a este periódico que la resolución de la Junta del Alarde, por la que el hombre ha sido sancionado, “no califica, ni tipifica lo sucedido como agresión sexual, ni atribuye connotación sexual a la conducta denunciada”. Además, no niegan ni reconocen los hechos, pero ponen en cuestión que la Junta del Alarde tenga competencia para poder juzgar un hecho de estas características. La resolución del expediente sancionador rebaja lo sucedido a una “falta de respeto” a un “símbolo” del Alarde tradicional, como puede ser en este caso la cantinera, pese a tratarse de una persona. En este sentido, la Ordenanza del Alarde de San Marcial de Irún recoge en su artículo 40 en el que define las faltas graves, “la falta de respeto a la Bandera de Irún, los banderines, los estandartes y cuantos símbolos forman parte del Alarde”. Según confirman las fuentes del 'mando' sancionado, es en este caso en el que contemplan desde la Junta del Alarde para sancionarlo tras el suceso que denuncia la cantinera.

Paula tiene 25 años y a la salida de una discoteca varios hombres la abordaron y le agredieron sexualmente. Tras lo ocurrido sufre fuertes crisis de ansiedad y es incapaz de salir sola de casa. Nerea tiene 46 años y desde hace dos su jefe se le insinúa continuamente. A pesar de que la mujer le ha dicho que no quiere tener ninguna relación con él, su acoso no cesa y teme perder su trabajo si presenta una denuncia. Ainhoa tiene 13 años y desde hace dos meses su tío le realiza tocamientos cada vez que están a solas. Tiene miedo de que se enteren sus padres. Las tres son víctimas de violencia sexual. Se trata de casos ficticios basados en otros reales que han acudido a los centros de crisis 24 horas para la atención de víctimas de violencia sexual de Euskadi.

Las tres Diputaciones Forales gestionan estos centros con la colaboración del Gobierno vasco y del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde). En Vitoria, el centro se llama 'Tximeletak' y está abierto desde abril de 2024. En Bizkaia el centro 24 horas se divide en dos espacios. En diciembre del 2023 abrió lo que denominan como 'Centro de Atención en Crisis', que dispone de cinco plazas de alojamiento temporal en situaciones de emergencia y está atendido las 24 horas del día por un equipo especializado compuesto por ocho personas. Su ubicación se mantiene en secreto para garantizar la seguridad física y la intimidad de las víctimas. En julio de 2024 se abrió un segundo 'Centro de Atención Ciudadana de Recuperación Integral', situado en la calle Ledesma de Bilbao. Se trata de un centro de acceso libre en horario de oficina y está especializado “en recuperación a largo plazo”. “Aquí se ofrecen apoyos sociales, educativos, jurídicos y psicológicos para que las supervivientes puedan reconstruir sus proyectos de vida tras superar la fase crítica”, detallan desde la Diputación de Bizkaia.

En el caso de Gipuzkoa, bajo el nombre de 'Hariberria', se han creado dos sedes, a la espera de la apertura de la tercera. En noviembre de 2024 se comenzó a atender en su sede en la calle de Kale Berria 10, de Donostia, en marzo de 2025 en Arrasate-Mondragón, en un centro ubicado en la calle Uribarri número 5. Mientras que la tercera sede estará ubicada en Lazkao, pero no se conoce aún ubicación. En ellas se ofrece atención y acompañamiento inmediato, integral y especializado, 24 horas al día los 365 días del año y los equipos están compuestos por una coordinadora, una abogada, una trabajadora social y tres psicólogas.

Con el objetivo de explicar su funcionamiento y su papel en la sociedad, Belén Larrion, directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y Óscar Seco, director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia han participado en la I Jornada de Intervención en Violencia Sexual, bajo el título 'Abordaje Integral de la Violencia Sexual: el papel de los centros de crisis 24 horas' celebrada este lunes en la Universidad de Deusto. En el caso de Álava, por “incompatibilidad de agenda” ningún representante del centro de crisis 'Tximeletak' ha acudido a la jornada.

Durante sus intervenciones han explicado la diferencia entre una atención de urgencia social y una atención en crisis, dos situaciones que se encuentran cada día en estos centros, pero que requieren un abordaje diferente. La primera atención en urgencia social es cuando la agresión sexual es reciente. “Puede requerir entre otras prestaciones acompañamiento al hospital, dependencias policiales o judiciales, asesoramiento de denuncia, etc. La urgencia está motivada por la preservación de pruebas, por plazos médicos forenses y por la necesidad de reducir el impacto del evento traumático”, ha detallado Larrion.

Los servicios públicos no pueden construirse a espaldas de los que ya existen ni tampoco se debería hacer intervenciones a espaldas de las asociaciones feministas

Belén Larrion — Directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Mientras que, la atención en crisis, es aquella situación que puede experimentar una mujer que requiere de atención especializada, incluso mucho tiempo después de haber sufrido la violencia sexual. “No necesariamente requiere activar acompañamiento de urgencia a dependencias policiales, sanitarias o judiciales, ni tampoco otras medidas”, ha aclarado.

En el último año, en el caso de Gipuzkoa, han realizado 141 intervenciones a víctimas y 43 familias o personas del entorno. 92 víctimas 26 familiares han requerido atención inmediata y 78 víctimas y 31 familiares han requerido atención integral. “Según los datos recogidos hasta la fecha, podemos observar que casi el 70% de las 141 víctimas atendidas son de nacionalidad española y se encuentran en situación regular y un 31,94% son jóvenes de entre 18 y 23 años. Casi la mitad, un 48,63% refiere haber sufrido agresión sexual como forma de violencia sexual y violación de la libertad por parte de un conocido en un 77,3% de los casos, de los cuales sin convivencia con el agresor un 82,27%”, ha detallado Larrion.

“En cuanto al tiempo transcurrido un 44,68% de las víctimas han sufrido recientemente la agresión, hace menos de 6 meses de su llegada al servicio. El 21,98% entre los 6 meses y 3 años y un 9,93% entre 3 y 10 años atrás. Un 19,15% no ha acudido al servicio hasta después de entre 10 y 20 años de la agresión. Mientras que, un poco más de la mitad, el 51,77% ha puesto la denuncia antes de entrar al servicio y/o acompañada por las compañeras de los centros. En el caso de las víctimas atendidas en el último año, la mayoría han sido atendidas durante un mes y medio aproximadamente, 64 de ellas tienen hijos e hijas y 27 de los menores dependen únicamente de ellas. En cuanto a las personas acompañantes el 72,09% también son mujeres”, ha aclarado la directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

No estamos llegando a las víctimas de violencia digital ni a la juventud. La agresión sexual no ocurre en túneles oscuros

Óscar Seco — Director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia

Sobre los datos recogidos en Bizkaia, Óscar Seco, director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia ha indicado que entre el 70% y el 80% de las agresiones sexuales recogidas en los centros son cometidas por personas conocidas o del entorno cercano de la víctima. “Esto refuerza la necesidad de intervenciones comunitarias y educativas, la detección precoz en ámbitos familiares, escolares y sanitarios, abordajes que contemplen el daño relacional y no solo el derecho penal”, ha explicado.

En el caso de Bizkaia ha reconocido que “se detecta una creciente judicialización y desconfianza en el sistema penal, especialmente en violencia sexual”. “No estamos llegando a las víctimas de violencia digital ni a la juventud. La agresión sexual no ocurre en túneles oscuros, la víctima conoce al agresor la mayoría de las veces. Entre el 24% y el 27% de los casos atendidos corresponden a violencia sexual contra menores. Gran parte de estos casos son intrafamiliares y de revelación tardía, lo que complementa la complejidad clínica y la duración de la intervención. Este dato consolida la violencia sexual a la infancia como uno de los principales retos estructurales del sistema”, ha detallado Seco.

Preguntados por la relación con asociaciones feministas, que antes de la llegada de estos centros de crisis se encargaban de la primera atención en casos de violencia sexual, han reconocido que los nuevos recursos “no restan, suman”. “En el caso de Gipuzkoa es importante contar con el tejido asociativo y las casas de las mujeres que ya existen. Evidentemente los servicios públicos no pueden construirse a espaldas de los que ya existen ni tampoco se debería hacer intervenciones a espaldas de las asociaciones feministas. Se debe sumar y construir de manera conjunta y desde la Diputación estamos abiertas a esas colaboraciones”, ha apuntado Larrion.

Por su parte, Seco ha añadido que desde la Diputación de Bizkaia “hay grandes apuestas y firmes en lo que tiene que ver con las alianzas con el movimiento feminista”. “Las arquitecturas del machismo son tan grandes, tan desmesuradas las estrategias que están poniendo ahora en marcha con tiktokers, gamers, youtubers y la manosfera que necesitamos manos para luchar contra esto. Si además añadimos la creciente desmembración social, la falta de vínculo que tienen las mujeres, la necesidad de comunidad que tenemos todas para seguir construyendo esta sociedad libre de machismos y libre de violencia, nos damos más cuenta de que nos necesitamos recíprocamente. Yo no creo que un sistema público se pueda construir al margen del movimiento feminista”, ha concluido.

CSIF La Rioja denuncia agresiones verbales a un trabajador de la oficina de prestaciones (SEPE) de Calahorra. En concreto, cuentan que el pasado martes, un ususario insultó y amenazó a un trabajador de la oficina de prestaciones. Incluso le dijo que le esperaba a la salida.

Tras estos hechos, la formación sindical reclama la implantación urgente de un servicio de seguridad en todas las oficinas del SEPE de la Rioja, “después del incidente ocurrido en la oficina de prestaciones del SEPE en Calahorra, en la cual un usuario agredió verbalmente y con amenazas a un trabajador”.

Recuerdan que han solicitado en “innumerables” ocasiones a la Dirección Provincial del SEPE, responsable de asegurar y prevenir la seguridad y salud laboral de los empleados públicos, “la urgente necesidad de que haya un servicio de seguridad, máxime en unos espacios donde, lamentablemente, ya se han registrado episodios de tensión, amenazas e incluso agresiones”. La respuesta de esta Dirección, prosiguen desde CSIF La Rioja “siempre es la misma. No se pone solución a esta situación de riesgo porque seguimos trabajando en la dirección de mejorar la seguridad de nuestros trabajadores y teniendo en cuenta los organismos con los que compartimos locales…”.

Desde el sindicato recuerdan además que llevan años denunciando esta situación de “inseguridad” y reclamando la necesidad de “establecer un control efectivo de acceso a estas instalaciones, y más ahora en la que las solicitudes han aumentado debido al proceso de regularización”. Una situación que califican de “lamentable porque supone un riesgo laboral para los empleados públicos que han afrontado y sufrido agresiones tanto físicas como verbales”.

“No es de recibo que habiendo dotación presupuestaria para ello, por desidia de la Dirección Provincial del SEPE se esté poniendo en peligro la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de este organismo”, concluyen.

Este miércoles ha sido detenido el presunto autor del intento de agresión sexual a una mujer en el estacionamiento del campus de Oñati de la Mondragon Unibertsitatea el pasado viernes, 17 de abril. Según ha dado a conocer el Departamento vasco de Seguridad del Gobierno vasco, el intento de agresión sexual se produjo hacia las siete de la tarde cuando la víctima se encontraba en el interior de su vehículo estacionado en la zona universitaria de Oñati. De repente, un individuo se introdujo en el interior del coche por la puerta del copiloto. La mujer pudo zafarse y huyó a la carrera siendo seguida por el implicado, hasta que se dirigió a un viandante, que transitaba por allí y le solicitó auxilio. Al parecer, en ese momento, el atacante se dio a la fuga.

Alertada la Ertzain-etxea de Deba Urola de lo sucedido se movilizaron al lugar patrullas en funciones de protección ciudadana que asistieron a la víctima procediendo a su traslado a un centro sanitario. A partir de ahí, han desarrollado las correspondientes investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Con la colaboración de la Policía local de Oñati, ayer miércoles se detuvo al presunto autor del intento de agresión sexual en el citado municipio por un delito de agresión sexual en grado de tentativa. El arrestado, de 51 años, ha sido presentado en la mañana de este jueves en el Juzgado de Bergara (Gipuzkoa), después de quedar concluidos los trámites policiales.

Desde la Universidad el pasado lunes convocaron concentraciones de repulsa por lo ocurrido en todos sus campus. A la concentración de la Facultad de Empresariales en campus de Oñati, donde tuvieron lugar los hechos, acudió el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien “condenó con la máxima firmeza” el intento de agresión sexual. “Ante cualquier forma de violencia y, por supuesto, la violencia sexual, es imprescindible una respuesta contundente”, destacó el consejero Pérez Iglesias, quien subrayó que “este tipo de hechos constituyen una vulneración inaceptable de los derechos fundamentales y un ataque directo a la libertad, dignidad e integridad física de quienes los sufren, incompatible con los valores que deben regir las instituciones académicas y, con carácter general, nuestra sociedad”.

Asimismo, señaló que “la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, es una lacra con cuya eliminación deben comprometerse tanto las instituciones como el conjunto de la ciudadanía”. “Y en ese cometido, la universidad tiene una responsabilidad específica, la que atañe a la contribución en su propio ámbito a la igualdad real de derechos, oportunidades y reconocimientos de hombres y mujeres”, concluyó el consejero que se ha concentrado junto a alumnos y trabajadores de la universidad tras una pancarta en la que se leía en euskera “Ninguna agresión sin respuesta. Estamos contigo”.

Del mismo modo, el pasado domingo cientos de personas denunciaron en la plaza de Oñati el intento de agresión, convocados por el grupo feminista Bargastak. “Ayer nos reunimos en la plaza de Oñati para decir alto y claro que no vamos a tolerar ninguna agresión en nuestro pueblo y nosotras lo tenemos claro, seguiremos luchando desde el feminismo hasta derribar este sistema”, informó la asociación feminista a través de sus redes sociales en las que han compartido fotografías de la concentración con una pancarta en la que se leía en euskera la frase “Frente a la violencia machista, responsabilidad colectiva”.

La Audiencia de Álava ha condenado a un hombre por la comisión de nueve delitos que suman 46 años de prisión. Son dos delitos continuados de agresión sexual a menores, uno de agresión sexual a menores en grado de tentativa, dos continuados de hacer presenciar actos de carácter sexual, uno continuado de utilización de menores para elaboración de material pornográfico y tres de prostitución de menores. El condenado, nacido en 1998 y que podría llegar a cumplir un máximo de 25 años en prisión, se encuentra, según recoge la sentencia, en situación irregular en España. Además de abonar las costas, deberá indemnizar a las víctimas en concepto de responsabilidad civil con unas cantidades que suman 42.000 euros.

La sentencia, datada el 12 de febrero y firmada por los magistrados Jesús Poncela, Silvia Víñez y Ana Jesús Zulueta, que ha sido la ponente, recoge como hechos probados que el condenado estuvo, al menos desde enero de 2023, relacionándose con menores de edad en las inmediaciones del campo de fútbol de un colegio de Vitoria. “El procesado pretendía ganarse la confianza de algunos de los menores para poder mantener relacion sexuales con ellos”, señala. Los menores con los que con mayor asiduidad se veía tenían entonces 14, 11 y 10 años.

Se quedó con ellos a solas “con el propósito de obtener satisfacción sexual” y, además de practicarles tocamientos, los violó y utilizó a algunos de ellos para grabar los hechos. En un teléfono móvil incautado al procesado, se encontraron imágenes de los actos. El condenado engañaba también a los menores con subterfugios para que lo acompañasen a su domicilio, donde en alguna ocasión les ofreció dinero a cambio de actos sexuales. En una ocasión, uno de los menores se zafó y huyó hacia su casa, tras lo cual el procesado lo persiguió sin darle alcance. La madre del menor interpuso una denuncia por estos hechos.

La sentencia sostiene que el condenado “presenta un cuadro compatible con un trastorno parafílico (tastorno de pedofilia)”, si bien no ha sido “filiada ni diagnosticada al no haber solicitado seguimiento psicológico alguno en el pasado ni en la actualidad”. “Sus facultades cognitivas y volitivas en el momento de la comisión de los hechos se encontraban conservadas en grado suficiente como para entender y querer sus comportamientos, conociendo y comprendiendo la moralidad de los mismos”, matiza.

El letrado Fausto Suárez ha sido trasladado este miércoles en una ambulancia, “intubado pero consciente”, hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser atendido de las heridas infligidas en el tórax con un arma blanca. El letrado fue agredido en su despacho, ubicado en la Avenida Colón de la capital asturiana, donde fue localizado por los agentes.

Desde la Audiencia Provincial se había instado a la Policía Nacional para que intentara localizar al abogado, al no haberse personado en la sede judicial donde estaba citado a las 10 horas de hoy, miércoles, para defender a Cristina O.P., la única acusada que está en libertad provisional de los seis procesados, y a la que se imputa su presunta pertenencia a una red de narcotráfico muy activa en el Principado, a la que se incautó 600 kilogramos de cocaína, en 2022.

Apuñalado en su despacho

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado a eldiario.es Asturias que el caso está ya “en fase de investigación” desde que a primera hora de esta mañana se tuvo conocimiento del apuñalamiento. Los agentes de la Policía Judicial están recogiendo pruebas en el mismo despacho donde ocurrieron los hechos.

Los agentes inicialmente se personaron en el domicilio del abogado ovetense y, al no encontrarlo ahí, se desplazaron en compañía de su mujer hasta el despacho. La presencia policial y el traslado del abogado en esas circunstancias causaron una gran consternación entre los vecinos de la zona.

Defensor de una acusada

A la consternación del vecindario se sumó igualmente la conmoción en medios jurídicos y judiciales, donde el letrado ovetense es muy conocido al llevar muchos años en ejercicio.

Cristina O.P. se había reunido con su abogado ayer mismo de cara al juicio de esta mañana y donde ella está acusada de pertenecer a la red que presuntamente lidera Carlos González Morales, conocido por el apodo de 'El Matador'.

El juicio no se suspendió

Tras unos primeros momentos de confusión por la ausencia del letrado finalmente el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acordó celebrar la primera de las cinco sesiones que están señaladas para la vista oral del juicio: los días 23, 24, 27, 28 y 29 de este mes. Ante la ausencia de letrado que la representara, la parte relativa a la acusación de esta procesada no se ha tenido en cuenta en la jornada de hoy.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de los seis presuntos integrantes de esta organización a la que se intervino un alijo de 600 kilogramos de cocaína en una nave ubicada en el concejo asturiano de Siero en 2022 tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos.

Agentes encubiertos infiltrados

La operación policial que derivó en la detención de los acusados se inició el 30 de septiembre de 2022 cuando se recibió en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, EEUU) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense HS (Homeland Security Investigations), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central.

En este escrito se aportaban los datos de una organización dedicada al tráfico de drogas radicada en Colombia y sobre la que las autoridades de Estados Unidos habían iniciado una operación encubierta, logrando introducir a un agente infiltrado en la organización, que presuntamente lideraba el conocido como 'Matador', quien solicitó asistencia para el transporte de aproximadamente dos toneladas de cocaína desde Colombia a España.

Droga de Colombia a Asturias

En el marco de la operación encubierta, la organización colombiana pretendía enviar la droga desde Colombia a España empleando una embarcación que recogería la droga en aguas internacionales. Para ello, el presunto cabecilla solicitó que una vez que la organización entregara todo el cargamento, éste fuera trasladado a España, donde sería entregada a los receptores y distribuidores finales.

“Continuando con la operación encubierta, el 25 de septiembre de 2022, la organización colombiana entregó 67 bultos con 20 paquetes cada uno (un total de 1.340 paquetes) a los agentes infiltrados que se encontraban a bordo de un barco encubierto en aguas internacionales cerca del Caribe, a unas 200 millas náuticas de Barbados”, señala el escrito de calificación provisional de la Fiscalía asturiana.

Dos bandas de narcotráfico

El 28 de septiembre, la droga fue transportada hasta San Juan (Puerto Rico) y procesada, dando positivo en cocaína. Fue custodiada por agentes federales de Estados Unidos a la espera de los trámites para continuar con la operación en España. Para poder presentar como evidencia en la investigación estadounidense se retuvo uno de los bultos con 20 paquetes intervenidos, por lo que viajaron a España 1.320 paquetes.

La solicitud de cooperación se efectuó con el objetivo de identificar a los miembros de la organización, ya que se descubrió que la droga iba dirigida a dos organizaciones criminales con conexiones en España.

Cocaína en la bodega de un vuelo

Una vez autorizada la apertura del procedimiento judicial en España, la droga fue transportada en la bodega de un vuelo comercial desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, al de Madrid. Junto con el escrito de la Fiscalía estadounidense, se adjuntaba el suscrito por el oficial de enlace de la Policía Nacional de España en Colombia.

Todo ello, junto con las vigilancias realizadas por la UDYCO de los movimientos de los miembros de la organización en España durante los meses de mayo y septiembre de 2022, motivó que la Fiscalía Especial Antidroga incoara el 5 de octubre de ese mismo año diligencias de investigación, autorizando la entrega controlada de 600 kilos de cocaína intervenidos en San Juan de Puerto Rico con destino a España.

Bajo custodia policial

Paralelamente, en un segundo decreto, la Fiscalía Antidroga autorizó la actuación de ocho funcionarios como agentes encubiertos, con el objetivo de identificar a los integrantes de la organización.

La droga fue trasladada hasta Madrid el 8 de octubre de 2022 vía aérea y permaneció bajo custodia policial a la espera de que los procesados decidieran recogerla.

Los delitos

En estos hechos, que llevaron a la introducción en España y la ocupación en Siero de 600 kilos de cocaína, tuvieron participación los procesados, que actuaron de forma jerárquicamente ordenada y de manera estable en el tiempo y que, según sostiene la Fiscalía asturiana, son los mismos contra los que formula la acusación y que han sido llevados al banquillo de la Audiencia Provincial de Asturias.

La Fiscalía imputa a los acusados su presunta autoría en delitos contra la salud pública, depósito de armas y tenencia ilícita de armas, ya que además de la droga se les intervinieron armas, algunas de guerra, y una gran cantidad de munición.

La Policía Nacional de Zamora ha detenido este lunes a un hombre como supuesto autor de un delito de atentado tras amenazar y agredir físicamente al médico que le atendía en el servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Concha de Zamora.

La agresión tuvo lugar a primera hora de esta pasada noche, cuando el paciente que había acudido para recibir asistencia sanitaria comenzó a mostrar una actitud agresiva y amenazante hacia el médico que le atendía y pasó de los insultos a las amenazas graves y después, sorpresivamente, cometió la agresión física, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El sanitario tuvo que ser auxiliado por sus compañeros y el personal de seguridad hasta que se desplazaron al lugar varias dotaciones de la Policía Nacional para detener al agresor. El supuesto autor de la agresión estaba acompañado de un familiar que, lejos de intentar calmar la situación, también mostró una actitud hostil y amenazante hacia el personal sanitario y gritó de manera agresiva y con frases intimidatorias al facultativo, según dichas fuentes.

Tras concluir la atención sanitaria a ese paciente, los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención y traslado a la comisaría para tramitar las diligencias policiales a remitir al juzgado.

El Colegio condena la agresión

El Colegio de Médicos de Zamora ha condenado la agresión sufrida por un profesional del servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha por parte de un paciente, y reclamado a la administración autonómica “medidas firmes y eficaces” para prevenir este tipo de situaciones. El órgano colegial, a través de una nota difundida este lunes por la tarde, ha reclamado medidas para prevenir y erradicar las agresiones a sanitarios y mejorar la seguridad en los centros de trabajo, con el fin de que los médicos y el resto de profesionales sanitarios puedan ejercer su labora “con respeto y protección”.

El Colegio de Médicos de Zamora se ha ofrecido a apoyar y asesorar legalmente a todos los colegiados que sufran algún tipo de agresión en su ámbito profesional, tanto si es física como verbal. Igualmente, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que respete y valore la labor fundamental que los médicos realizan “al servicio de la salud pública”. El órgano colegiado también respalda al facultativo agredido en Zamora tanto la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que han recordado que toda agresión a un profesional sanitario constituye “una agresión a toda la sociedad y al sistema de salud”.

La Ertzaintza investiga un intento de agresión sexual el pasado viernes en el estacionamiento del campus de Oñati de la Mondragon Unibertsitatea tras la denuncia de una mujer. Según ha podido confirmar este periódico, el suceso se produjo a última hora de la tarde cuando la víctima salió de la Universidad y se dirigió al parking para abandonar el lugar. Una vez allí, un hombre intentó atacarla, pero la mujer logró escapar con ayuda de otra persona que iba en su vehículo. Al poco tiempo de lo ocurrido, ese mismo viernes, la víctima interpuso una denuncia ante la Ertzaintza, que desde entonces se encuentra investigando lo ocurrido.

Desde la Universidad han convocado concentraciones de repulsa por lo ocurrido en todos sus campus este lunes a las 12.00 horas. A la concentración de la Facultad de Empresariales en campus de Oñati, donde tuvieron lugar los hechos, ha acudido el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha “condenado con la máxima firmeza” el intento de agresión sexual. “Ante cualquier forma de violencia y, por supuesto, la violencia sexual, es imprescindible una respuesta contundente”, ha destacado el consejero Pérez Iglesias, quien ha subrayado que “este tipo de hechos constituyen una vulneración inaceptable de los derechos fundamentales y un ataque directo a la libertad, dignidad e integridad física de quienes los sufren, incompatible con los valores que deben regir las instituciones académicas y, con carácter general, nuestra sociedad”.

Asimismo, ha señalado que “la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, es una lacra con cuya eliminación deben comprometerse tanto las instituciones como el conjunto de la ciudadanía”. “Y en ese cometido, la universidad tiene una responsabilidad específica, la que atañe a la contribución en su propio ámbito a la igualdad real de derechos, oportunidades y reconocimientos de hombres y mujeres”, ha concluido el consejero que se ha concentrado junto a alumnos y trabajadores de la universidad tras una pancarta en la que se leía en euskera “Ninguna agresión sin respuesta. Estamos contigo”.

Del mismo modo, el pasado domingo cientos de personas denunciaron en la plaza de Oñati el intento de agresión, convocados por el grupo feminista Bargastak. “Ayer nos reunimos en la plaza de Oñati para decir alto y claro que no vamos a tolerar ninguna agresión en nuestro pueblo y nosotras lo tenemos claro, seguiremos luchando desde el feminismo hasta derribar este sistema”, han informado desde la asociación feminista a través de sus redes sociales en las que han compartido fotografías de la concentración con una pancarta en la que se leía en euskera la frase “Frente a la violencia machista, responsabilidad colectiva”.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 9 y 6 meses de prisión a dos policías forales que agredieron a un detenido en los calabozos de la comisaría de Tudela. El tribunal, que absuelve a un tercer agente acusado, considera probado que uno de los policías “zarandeó, golpeó y propinó puñetazos en la cara” al arrestado y sostiene que el otro policía es tan responsable como el anterior porque “pudo y debió impedir lo ocurrido”. 

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados consideran al autor de la agresión responsable de “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 175 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, atente contra la integridad de una persona, así como de un delito leve de lesiones. Por el primer delito le imponen la citada pena de 9 meses de prisión y por el segundo una multa de 600 euros. La víctima acudió al día siguiente al servicio de Urgencias Hospitalarias, en donde le apreciaron tumefacción y hematoma en puente nasal, erosión superficial en región escapular derecha y hematomas en ambas rodillas. 

Al otro agente, condenado a 6 meses de prisión, los jueces le atribuyen “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 176 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten actos atentatorios o vejatorios. A ambos encausados, además, la Audiencia les ha impuesto una inhabilitación para empleo o cargo público por 3 y 2 años, respectivamente. 

El agente que golpeó al detenido deberá indemnizarle con 350 euros por las lesiones y 3.500 por las secuelas. Y los dos policías tendrán que resarcir a la víctima conjunta y solidariamente con 4.000 € más por el daño moral causado. El Gobierno de Navarra ha sido declarado responsable civil subsidiario. Los hechos enjuiciados fueron grabados por las cámaras existentes en los calabozos de la comisaría de Tudela. 

Dominación arbitraria y abuso de poder 

La Audiencia de Navarra sostiene que el agente que agredió a la persona detenida accedió al calabozo en el que se encontraba para “zarandearle, agredirle con puñetazos y golpes reiterados, arrastrarle de las piernas para lanzarlo del banco al suelo y dejarlo engrilletado a la espalda y tirado en el suelo, haciendo caso omiso al rostro ensangrentado que presentaba, constituye un claro acto de dominación arbitraria y abuso de poder que atenta tanto contra la integridad física del detenido como contra su integridad moral”. 

Se trata, añade el tribunal, de un supuesto de maltrato al arrestado que incorpora un componente de vejación y humillación a la víctima “por la situación de indefensión en que este se encuentra, dentro de un calabozo, con la inherente imposibilidad de repeler la agresión o pedir el auxilio de terceros y por la impunidad, al menos inicial o aparente, que otorga al agresor su condición de agente de la autoridad, de modo que el así agredido queda reducido a la condición de mero receptor pasivo de los golpes, un simple objeto sometido a la voluntad del agresor, cosificación que de modo indudable atenta a su dignidad como persona sujeta de derechos inalienables”. 

“La Ley ha encomendado a los agentes de Policía Foral, al igual que ocurre con el resto de funcionarios policiales, la persecución de los delitos, pero desde el pleno respeto a los derechos fundamentales, de modo que el uso de la fuerza solo se halla contemplado y legitimado para situaciones excepcionales en las que la misma responde a un fin constitucionalmente legítimo”, subrayan los magistrados, que apostillan que no ha quedado acreditado que, antes de sufrir esta agresión, la víctima hubiera insultado o amenazado de algún modo al agente. “En todo caso resultaría estéril para justificar una reacción así”, añaden. 

Al contrario, la Audiencia destaca que, tras ser detenido, el denunciante sí presentó un comportamiento manifiestamente desafiante, provocativo e incluso grosero y obsceno, no solo con palabras, sino con gestos. “Pero todos los agentes que tuvieron que intervenir con él, y fueron muchos, lo hicieron con profesionalidad, logrando con la debida calma reconducir la situación. Este es el comportamiento exigible y esperable de un servidor público”, remarca. 

“No estaba de ninguna manera legitimado para agredir al [detenido], el cual se encontraba encerrado en el calabozo, por mucho que alegue que le había provocado o amenazado. Al contrario, tenía la obligación de calmarlo y de salvaguardar su integridad física por hallarse bajo su custodia, y de respetar su honor y dignidad, de que es merecedora toda persona, se halle o no privada de libertad. Y, si las amenazas y faltas de respeto hubieran sido consideradas graves, podía haber hecho valer las acciones correspondientes que el propio ordenamiento jurídico pone a su disposición, lo que no solo no hizo, sino que ni siquiera quedaron reflejadas en ningún informe o parte interno”, inciden los magistrados. 

Respecto a la participación del otro condenado, los jueces señalan que el mismo lleva 26 años en el cuerpo policial, por lo que puede afirmarse que se trata de un agente “bregado y experimentado”. 

La Audiencia no cree la versión exculpatoria dada por el procesado. Asegura que pudo ver y vio los puñetazos que, justo delante de él, el agente 979 propinó al arrestado. “No solo percibió los movimientos, como él describió, sino que fue testigo directo de la agresión”, puntualiza.

Según relata el tribunal, este segundo agente ni intervino, ni avisó a los otros compañeros para que acudieran al calabozo. “La Sala no alberga duda alguna de que pudo y debió impedir lo ocurrido. Pudo realizar un gesto, una indicación, una advertencia para que cesara en su actitud o para asegurarse de que no la mantenía, indicación que pudo haber sido eficaz entre compañeros no relacionados entre ellos jerárquicamente. Por ello, es [...] tan responsable como el agente de su actuación”, concluye. 

En cambio, los magistrados exculpan de responsabilidad al tercer acusado, que había ingresado en la Policía Foral el 30 de diciembre de 2024 y, hasta el momento de los hechos, había trabajado un total de 25 días. “No tomó la iniciativa ni realizó por sí mismo ninguna actuación respecto del [detenido]. Antes bien, se mostró dubitativo en cuanto a la actuación que debía llevar a cabo, y las imágenes permiten apreciar a una persona insegura que no tiene certeza de lo que debe hacer”, describe el tribunal. 

Por tanto, razona la Audiencia, a la hora de valorar la conducta que era exigible a este tercer agente, el ordenamiento jurídico suele atender a estándares de comportamiento exigibles a un ciudadano medio en una situación y con unas condiciones similares. Se trata, añade, de fijar un estándar de razonabilidad. “Pues bien, considera la Sala que, en atención a todas las circunstancias expuestas, el agente no fue capaz de enfrentarse u oponerse a su superior, no siéndole exigible otra actuación en términos jurídicos”, sostiene el tribunal, que apostilla que este inculpado “se encontró con una situación tal que no pudo impedir el atentado contra la integridad moral efectuado por un superior”.

Mar Bermúdez (Barcelona, 1998) fue agredida sexualmente por su jefe durante la cena de Navidad de la empresa en 2022. Lo mismo le pasó a otra trabajadora. Ambas eran periodistas en el digital El Principal y estaban bajo las órdenes de Saül Gordillo, quien fue exdirector de Catalunya Ràdio y a quien la justicia condenó a un año de cárcel por la agresión a Bermúdez. Luego, él mismo aceptó un año y medio de pena tras reconocerse culpable también en el segundo caso.

Pasaron casi tres años entre los hechos y las condenas. Tres años en los que las víctimas se vieron en el ojo de un huracán mediático que las hizo diana de críticas, dudas y cuestionamientos. Tres años durante los que parte del periodismo catalán se posicionó del lado del agresor, que todavía sigue colaborando con un medio digital a pesar de las quejas de sus trabajadores.

Ahora, Bermúdez siente que ha puesto “el punto y final” a la historia. Y lo ha hecho con el libro Els pecats d’una feminista (Ara llibres, 2026), en el que resignifica los siete pecados capitales desde una lectura feminista, siempre partiendo de su caso y su experiencia personal. “No me sentía legitimada para hacer un ensayo ni tampoco para hacer algo superbiográfico. Es una mezcla de ambas cosas porque lo que quería era que, al acabar de leerlo, tuvieras ganas de salir a quemarlo todo”, asegura la periodista, en una entrevista con elDiario.es.

Este libro, dice, es una manera de “recuperar el relato” y de explicar la historia desde sus vivencias. Algo que ya empezó a hacer durante el proceso judicial. Aunque las dos denunciantes, al principio, decidieron mantenerse en el anonimato para protegerse, llegó un momento en el que Bermúdez apostó por dar la cara.

“La primera vez que me tocó ir a los juzgados, me sacaron por la puerta de atrás, para que nadie me viera. Todo muy peliculero. Y, de repente, llego a casa, pongo la tele y le veo a él. Y me entró mucha rabia. Era él el que se tenía que esconder, no yo”, explica. A los pocos días, aprovechando su declaración en el juicio, Bermúdez se plantó ante los medios y afirmó: “la vergüenza tiene que cambiar de bando”.

En ese momento, una de las víctimas de este caso tan mediático pasaba a tener rostro, nombre y apellidos. Y eso la exponía. “Pero me daba igual. Ya tenía poco que perder. Me habían hecho tanto daño y de forma tan injusta que pensé que, si seguían, tendrían que hacérmelo a la cara y yo podría, por fin, defenderme”, relata.

Rememorando aquellas jornadas le viene a los labios, una y otra vez, la ira. No el concepto, sino el pecado. De los siete que hay, dice, ese es su favorito. “Es algo que nos han quitado a las mujeres, para anularnos. Pero siento que la rabia es lo que nos activa”, explica. Aunque sea el que más le gusta, la ira no es el pecado con el que empieza su libro. “No podía ser otro que la lujuria”, expone.

Perder la culpa y recuperar el cuerpo

La noche de los hechos, Bermúdez tenía 23 años, 27 menos que su agresor. A ella la tocó, “sin su consentimiento”, en diversas ocasiones, y con una intención “sexual explícita”, según la sentencia. Pocas horas más tarde, Gordillo se ofreció a llevar a otra compañera a casa en su coche, donde le practicó sexo oral sin consentimiento, aprovechando que “no tenía capacidad de reacción ni movimiento” debido a la “ingesta de alcohol y benzodiacepinas”, tal como apunta el fallo del segundo caso.

Si bien de esta agresión no hubo testigos, Mar Bermúdez sí contó con la declaración favorable de sus compañeros, que estaban en la discoteca esa noche y a quienes acudió para explicarles lo sucedido. Y también había cámaras de seguridad. Los vídeos, que iban a ser usados como prueba en el juicio, salieron de los juzgados y llegaron a manos de muchos periodistas.

“Ninguno los publicó, pero muchos, muchísimos, hablaron de ellos. Los habían visto y emitían su juicio”, explica Bermúdez, que contó que, durante esos meses, se publicaron 50 artículos de opinión sobre su caso. 28 de ellos eran favorables a su agresor. “Me dio mucho miedo que las imágenes llegaran a todas las redacciones de Catalunya”, apunta la joven.

Algunos calificaron los vídeos de “excelentes” y los consideraron prueba de “la construcción de una difamación”. Otros especularon sobre “la intención de la muchacha” y escribieron que quería “destruir al periodista” después de un “flirteo” en el que ella “hacía y se dejaba hacer tocamientos”. Esos vídeos fueron los mismos que vieron los magistrados, quienes en la sentencia apuntaron que “en las imágenes de la grabación de la cámara de seguridad, se aprecia claramente cómo Gordillo realiza tocamientos que tienen una connotación sexual explícita”.

El miedo a que esas imágenes salieran a la luz se convirtió en una “paranoia” que la llevaba a desconfiar de la gente. “Era terrible ir por la calle, ver a alguien y saber que, aunque no le conociera, él podría haber visto las imágenes de mi trauma”, relata. “Todavía hoy me da asco saber hay gente que vio esos vídeos y que tiene todavía en sus archivos de Whatsapp imágenes de la agresión, que es lo peor que me ha pasado en la vida”.

Aunque los vídeos no se publicaran, la conversación que suscitaron alteraron mucho a la joven periodista, que por aquel entonces ya se consideraba feminista. Lo suficiente como para saber que las víctimas no tienen la culpa. “Pero todo cambió cuando me pasó a mí y la gente empezó a dudar de mi versión. No tenía sentido, pero sentía que había sido culpa mía”, dice Bermúdez. “Todo el mundo hablaba de esos vídeos. Muchos medios me juzgaron a mí y mi manera de hablar, de bailar y de moverme. Y claro, te cuestionas”, explica.

La culpa llegó tan lejos que la afectó incluso en sus clases de baile, una actividad que no se pierde “aunque se acabe el mundo”. “Como se había juzgado concretamente cómo bailaba, en clase empecé a preguntarme si me estaba sexualizando demasiado. Si estaba haciendo mal bailando así”, relata. Tan profundo fue el efecto, que Bermúdez tardó dos años en poder volver a pisar una discoteca.

El sexo también se volvió un territorio vetado. La joven dejó de confiar, de saberse relacionar con nadie y de soportar el contacto físico. “Pensé que ya estaba, que mi vida sexual se acababa ahí. Pero eso no fue verdad. Se sale de todo, de esto también”, asegura la periodista.

Después de mucha terapia --“y de que me repitieran 200 veces que no estaba loca”-- Bermúdez recuperó la calma y la seguridad. Eso la ha llevado a entender su sexualidad de manera diferente, a saber que lo que ella haga no la convierte en culpable porque “nadie, absolutamente nadie, agrede sin querer”, insiste.

Es desde ahí que ha resignificado el pecado de la lujuria, dejando atrás el mantra de que la víctima se lo estaba buscando. “Ya no es que nosotras seamos lujuriosas, sino que ellos son agresores. No nos perdone, señor, que seguiremos pecando”, apunta en el libro. A partir de esa premisa, Bermúdez repasa todos los pecados que se atribuyen a las malas mujeres y les da la vuelta para hacer de la soberbia, dignidad; pasar de la ira a la rabia; o convertir la envidia en solidaridad.

A través de ellos, la joven va tejiendo un viaje que va desde la noche de la agresión hasta su recuperación, pasando por la terapia, el acompañamiento de los suyos y las dudas del proceso judicial. A ello dedica buena parte del capítulo sobre la avaricia, en el que desgrana el paso a paso de una denuncia y el coste -emocional y económico- de denunciar. “Cuando tomé la decisión, era más ingenua que ahora. Era de las que repetía que había que denunciar siempre y, aunque no me arrepiento de haberlo hecho, ahora matizo esa afirmación”, cuenta.

Cuando se planteó denunciar, no se imaginaba lo que vendría. La angustia cada vez que su abogada le llamaba o la exposición pública. Ella tomó la decisión porque no quería echarse atrás y ver, al cabo de unos años, que salía otra víctima. “No quiero decir que la responsabilidad de que un agresor pare sea de su víctima, pero no me lo hubiera perdonado”, cuenta.

Ella se presenta como una privilegiada (“joven, blanca, de Barcelona, sin problemas económicos y con apoyo familiar y red de amistades”) que pudo denunciar. Y, aunque asegura que muchas no pueden, también apunta que el proceso judicial contra su jefe fue el “principio de algo”. Su caso, junto a las denuncias públicas de las cómicas Charlie Pee y Ana Polo contra quien fue su superior, el periodista de Catalunya Ràdio Quim Morales, pusieron las bases de un Metoo del periodismo catalán.

De momento, el de Gordillo es el único caso que ha llegado a los tribunales -sumándole el de Morales, quien ha llevado a Charlie Pee ante la justicia. Con todo, han sido pocas las mujeres que hicieron públicas sus experiencias usando nombres -ya fueran los suyos o los de sus agresores. “Es un sector pequeño y los agresores son secretos a voces. Todas conocemos quiénes son y también intuimos quiénes son sus víctimas. Por eso, es normal que no se denuncien”, sostiene.

Pero eso no quita que Bermúdez considere que ese Metoo que no llegó a despegar haya tenido su efecto. “Creo que muchas mujeres trabajan diferente porque tuvieron la oportunidad de hablar con sus compañeros. Y creo que los agresores igual se lo piensan dos veces porque ese miedo de ser el siguiente en ser denunciado se está instaurando”, reflexiona.

Ella dio la cara y dijo el nombre de su agresor en alto en su momento. Pero ahora, ese nombre no sale en el libro que acaba de publicar. “Es mi reparación y él aquí no saldrá. No es suyo, es algo que es solo mío y ahora, por fin, puedo decidir yo”, remacha.

Un home ha acceptat aquest dimecres una condemna de dos anys i tres mesos de presó per intentar matar la seva parella a Palma, a qui va intentar tallar el coll amb un matxet. L'acusat tenia en vigor una ordre d'allunyament després d'haver-la agredit prèviament.

L'inculpat s'ha assegut aquest dimecres a la banqueta de l'Audiència Provincial de Balears, on ha reconegut els fets. El tribunal ha dictat sentència de conformitat després que les parts hagin tancat un acord que ha rebaixat la condemna inicial de sis anys de pressó que reclamava la Fiscalia.

El condemnat ha admès que el 20 d'octubre de 2024 va acudir al domicili de la víctima, conscient que incomplia l'ordre judicial que li prohibia apropar-se a ella. Un cop allà, va iniciar una acalorada discussió i va començar a propinar-li cops a les cames i al cap, per acte seguit agafar un matxet de grans dimensions i provocar-li un tall al coll en forma de 'y'.

La sentència el considera autor d'un delicte de temptativa d'homicidi i un altre de trencament de condemna. A més, s'ha aplicat l'atenuant de reparació del dany després que l'acusat lliurés 4.000 euros a la víctima com a indemnització.

Un hombre ha aceptado este miércoles una condena de dos años y tres meses de prisión por intentar matar a su pareja en Palma, a la que intentó cortar el cuello con un machete. El acusado tenía en vigor una orden de alejamiento tras haberla agredido previamente.

El inculpado se ha sentado este miércoles en el banqullo de la Audiencia Provincial de Balears, donde ha reconocido los hechos. El tribunal ha dictado sentencia de conformidad después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo que ha rebajado la condena inicial de seis años de cárcel que reclamaba la Fiscalía.

El condenado ha admitido que el 20 de octubre de 2024 acudió al domicilio de la víctima, a sabiedas de que incumplía la orden judicial que le prohibía acercarse a ella. Una vez allí, inició una acalorada discusión y comenzó a propinarle varios golpes y puñetazos en la cabeza y en las piernas, para acto seguido coger un machete de grandes dimensiones y provocarle un corte en el cuello en forma de 'y'.

La sentencia lo considera autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de quebrantamiento de condena. Además, se ha aplicado la atenuante de reparación del daño después de que el acusado entregara 4.000 euros a la víctima como indemnización.

La madre de un jugador de fútbol menor de edad del equipo vizcaíno Santutxu FC, en Bizkaia, ha denunciado que su hijo fue presuntamente agredido por el padre de un jugador del equipo rival, el CD Galdakao, tras un partido de categoría juvenil disputado este pasado fin de semana. Según recoge el acta elaborada por el árbitro, el presunto agresor vestía chamarra del Galdakao. Fuentes que estuvieron presentes en el campo de Santa Bárbara aseguran que este hombre forma también parte de la estructura del club.

La madre del menor agredido no estaba en el campo, pero su hijo, según relata Radio Nervión, le contó por telefóno lo ocurrido e inmediatamente se acercó hasta el campo e interpuso una denuncia ante la Ertzaintza, que ya se había personado allí. “Puede haber discusiones en este deporte, pero no entiendo que un adulto agreda a un menor sin motivo. Mi hijo es de 2009”, se quejaba la madre en declaraciones a ese medio.

En el acta del encuentro, el árbitro recoge que escuchó gritos cuando estaba ya en el vestuario. Al salir, vio mezclados a jugadores de ambos equipos y personas vestidas con ropa de calle. Vio —y así lo plasma por escrito— cómo una persona con chamarra con el escudo del Galdakao se acercó a un jugador del Santutxu y le propinó un puñetazo en la cara. El colegiado, además, hace constar en el acta que no había visto ninguna acción previa de ese jugador. Le recriminó la acción y luego fue el propio delegado del Galdakao quien le ayudó a identificar a esa persona, a la que menciona con nombre y apellido en el acta. Agradece, asimismo, la “excepcional” actitud mostrada por el delegado.

Fuentes que estuvieron presentes en el campo de Santa Bárbara, donde ocurrieron los hechos, aseguran que el hombre contra el que se ha interpuesto la denuncia no es solo padre de uno de los jugadores del equipo local, sino que también forma parte de la estructura del club y desempeña labores. Aquel día, por ejemplo, habría estado a cargo de la venta de entradas antes del partido.

Comunicado del Galdakao

El Galdakao ha publicado este martes un comunicado en el que hace “un llamamiento a [su] afición y familias para proteger juntos la esencia de[l] club”. “Queremos reafirmar nuestra posición inquebrantable en defensa de los valores deportivos. El fútbol es, ante todo, una herramienta educativa, y bajo ninguna circunstancia permitiremos que conductas violentas empañen la identidad de nuestro club”, sostienen en el escrito. Reafirman, además, que no se tolerará “ningún tipo de violencia, ya sea física o verbal”. “Esta política se aplicará con total firmeza ante insultos, amenazas o actitudes degradantes dirigidas a jugadores adversarios, público, colegiados o directivos. El respeto al rival y a la autoridad es la base de nuestra existencia”, exigen. “Nuestros equipos de base son el corazón del club. No permitiremos que los niños, niñas y jóvenes que visten nuestra camiseta crezcan en un entorno donde la agresividad sea la norma. Somos responsables de su educación deportiva y personal; por tanto, el entorno de la cantera debe ser un espacio de aprendizaje y disfrute, libre de tensiones externas”, añaden.

Ante situaciones como la de este pasado fin de semana que “manchen” el escudo del club, la junta directiva ha anunciado en el comunicado que valorará medidas que podrían incluir la expulsión inmediata de los infractores, la baja definitiva de jugadores o scios e incluso la “solicitud formal de disputar encuentros a puerta cerrada”. “Nuestra identidad no se mide solo en el marcador, sino en el ejemplo que damos. Representar al Galdakao es un honor que exige un comportamiento a la altura”, apostillan.

Tras la condena este lunes a nueve días de localización permanente como autor de un delito leve de vejaciones injustas hacia su expareja, Óscar Freire, triple campeón del mundo, y su exesposa, Laura Cobo, han emitido un comunicado conjunto. Lo han realizado a través del hermano del exciclista, Antonio Freire, para manifestar “que parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden fielmente con la realidad de los hechos” y piden que se respete la presunción de inocencia.

“Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación en el día de hoy que afectan directamente a nuestra unidad familiar, solicitamos a todos los medios de comunicación, que siempre nos han tratado con respeto y consideración, la máxima reserva y discreción en un asunto de carácter íntimo y personal que, a nuestro entender, no debería ser objeto de interés público”, expresan en el comunicado.

También han señalado “la importancia de respetar la presunción de inocencia y de evitar juicios paralelos o conclusiones precipitadas sobre una cuestión especialmente delicada, que afecta no solo a adultos, si no también a los menores de edad de nuestro entorno familiar”.

Óscar Freire ha sido condenado en un juicio rápido que se ha celebrado este lunes y ha acabado en acuerdo, en el que el titular de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega (Cantabria) le ha impuesto la prohibición de comunicarse o acercarse a su ex mujer a menos de 200 metros durante seis meses. El exciclista ha reconocido los hechos y ha admitido la pena solicitada por la fiscalía, a la que se ha adherido la acusación particular que ejerce su expareja, según ha informado esta tarde en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

La pareja, según el comunicado, ha asegurado que “parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden fielmente con la realidad de los hechos, extremo que confiamos quede aclarado en el marco del procedimiento legal correspondiente”. El comunicado agradece “la atención, la prudencia y la comprensión de los medios de comunicación y de la opinión pública en estos momentos.”

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT denuncia una nueva agresión a una vigilante de seguridad del Hospital San Pedro de Logroño en el transcurso de una intervención durante este fin de semana. El suceso ocurrió el pasado viernes en torno a las 22:15 de la noche, cuando la vigilante de seguridad trataba de reducir a un paciente que debía ingresar en el área de psiquiatría y fue agredida por éste, resultando herida de diversa consideración. 

La Federación asegura que este tipo de intervenciones con resultado de agresión a personal de seguridad privada en el hospital San Pedro son “cada vez más frecuentes, especialmente en las áreas de urgencias y psiquiatría, principales focos de intervención de los vigilantes de seguridad adscritos a ese servicio”.

Así, ante el aumento de la frecuencia y la gravedad de las agresiones sufridas por los vigilantes de seguridad en La Rioja y la situación de indefensión que padecen, FeSMC UGT se concentrará este jueves, 16 de abril, a las 10:30 frente al Hospital San Pedro. 

La concentración tendrá tres reivindicaciones, dirigidas tanto a las empresas de seguridad, como a los clientes contratantes de servicios de seguridad (tanto privados como públicos) y autoridades laborales competentes. “Resulta imperativo dotar de más medios de protección a los vigilantes de seguridad; además, es fundamental que los vigilantes de seguridad tengan más protección jurídica en el ejercicio de la profesión; y por último, UGT exige el refuerzo de las plantillas de vigilantes en aquellos servicios más conflictivos”, han señalado.

Por último, el sindicato desea una pronta recuperación a la vigilante agredida y exige la adopción de medidas urgentes para el cese de estas agresiones en el desempeño del trabajo. 

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid) ha confirmado el fallecimiento del menor de edad herido crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor.

Se trata de un joven de 22 años que padecía problemas mentales que, sin embargo, desconocían los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida ha lamentado los hechos, abundando en que es algo que “no tenía que haber sucedido”, pero que “quien padece problemas a veces son incontrolables”. Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

“El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio en la tarde de hoy”, reza el comunicado institucional en el que las autoridades locales han expresado “su absoluta consternación ante unos hechos tan graves”.

Tras lo sucedido, el municipio ha informado de su “estrecha” colaboración para esclarecer los hechos y ha agradecido “la rápida actuación de Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil, cuya intervención ha sido fundamental”.

Precisamente, ha sido el 112 de la Comunidad de Madrid el que, con anterioridad, ha informado del traslado con pronóstico crítico del adolescente al hospital 12 de octubre tras ser víctima de la citada agresión con arma blanca en el Centro Cultural de Villanueva de la Cañada.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid informando de una agresión en el Centro Cultural La Despernada se ha producido a las 19.45 horas, tras lo que se han desplazado al lugar del suceso la Policía Local, la Guardia Civil, que investiga lo ocurrido, y el propio SUMMA 112, que ha atendido a la víctima.

El menor, de 11 años, presentaba heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, y ha entrado en parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre.

Al hilo de lo acontecido, el Ayuntamiento ha convocado “un minuto de silencio en su recuerdo en la plaza de España” este viernes, 10 de abril, a las 12.00 horas, decretando también la suspensión de todos los actos programados en la agenda municipal.

Asimismo, el consistorio ha reiterado su apoyo a la familia del menor fallecido y ha apelado “a la responsabilidad y a la calma de toda la ciudadanía en estos momentos difíciles”.

“Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia”, ha asegurado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Un comerciant del mercat de Pere Garau, a Palma, ha denunciat haver estat víctima d'una agressió homòfoba presumptament a mans d'altres comerciants del mateix recinte. “Li han fotut la vida”, ha expressat un amic de la víctima en donar a conèixer els fets a les xarxes socials, on explica que els agressors van començar a propinar-li cops i insults per la seva orientació sexual, proferint expressions com “maricó”. L'afectat ja ha interposat denúncies per aquests fets.

“Que en ple 2026 ocorri això és intolerable”, subratlla el missatge, que indica que els fets ja estan denunciats “i en mans dels jutges”. Amb tot, recrimina que, “tot i la condemna que els puguin imposar”, no “es pot permetre que aquesta gent continuï treballant al mateix lloc que el Miquel”.

En la seva publicació, l'amic de la víctima insisteix que “no s'hauria de permetre que aquestes males bèsties continuïn treballant ni estiguin a prop de la persona a la qual odien i a la qual han donat una pallissa. Cal aconseguir que a aquesta gent els facin fora d'allà i cal fer que tothom sàpiga qui són”. Així mateix, assevera que els suposats agressors “menjen pernil” i són “mallorquins” del municipi d'Algaida.

L'agressió ha generat una onada de rebuig al barri. Aquest dimarts, desenes de persones s'han concentrat al mercat de Pere Garau per mostrar el seu suport al venedor i condemnar la violència. A l'acte han estat presents la regidora municipal d'Igualtat, Lourdes Roca, i el de Mercats, Llorenç Bauzá, que han condemnat els fets, que han condemnat els fets. Davant la seva gravetat, l'Ajuntament de Palma suspendrà de manera cautelar la possibilitat que el presumpte autor de l'agressió dugui a terme l'activitat de venda en mercats municipals.

En concret, l'àrea municipal de Mercats ha elaborat un informe basat en l'atestat emès per la Policia Local de Palma. D'acord amb aquest document, i atès que el lloc en què l'agressor exerceix la venda pertany a un altre titular, aquest serà reubicat al mercat com a mesura preventiva. Un cop finalitzin les diligències policials, el Consistori avaluarà si cal adoptar altres mesures addicionals que puguin afectar altres persones implicades.

Durant la concentració, ambdós regidors han traslladat personalment a la víctima el suport de l’equip de govern i de l'Ajuntament, i s'han posat a la seva disposició per a tot allò que pugui necessitar, tal com ha assenyalat la corporació local en un comunicat. En aquest sentit, Bauzá ha mostrat el seu “suport total” a l'home agredit i ha condemnat “rotundament qualsevol acte d'odi o discriminació”, subratllant que es tracta de fets “que no tenen cabuda en una societat democràtica, diversa i inclusiva, i que no representen la ciutadania de Palma”.

Així mateix, el Consistori ha remarcat la importància de denunciar qualsevol agressió o conducta discriminatòria com a pas fonamental per a la seva erradicació i ha reafirmat el seu compromís amb una Palma inclusiva i lliure d’odi.

L'Ajuntament suspèn d'activitat el presumpte agressor

Per la seva banda, representants de Més per Palma, que també han participat en la protesta, han denunciat la gravetat del que ha ocorregut, recriminant que l'agressió ha deixat seqüeles físiques i un “profund impacte psicològic” en una persona “respectada i volguda” al barri. Així mateix, el partit ecosobiranista ha instat l'Ajuntament a posar en marxa protocols eficaços contra les agressions homòfobes en espais públics. “Quan una persona és agredida per la seva orientació sexual, parlem d'un atac a tota la societat”, ha advertit la portaveu de la formació, Neus Truyol, que ha exigit una resposta institucional “ferma i sense excuses”.

Truyol també ha carregat contra l'equip de govern del PP, al qual ha acusat de prioritzar la defensa de “símbols franquistes com el monolít de sa Feixina” davant la protecció de les persones que pateixen violència per la seva identitat sexual.

En aquesta línia, la coordinadora de Podem Illes Balears ha expressat “fàstic i ràbia davant una altra agressió homòfoba” a Palma: “Tot el nostre suport al venedor del mercat de Pere Garau que ha estat agredit al crit de 'maricón'. Cap agressió sense resposta. No donarem ni un pas enrere”. Així mateix, des del PSIB-PSOE han manifestat que Palma “no pot tolerar cap agressió homòfoba” com la del mercat de Pere Garau. “Tot el nostre suport a la víctima. No està sola. Volem una ciutat on tothom pugui viure amb llibertat i sense por. Davant l'odi, més unitat, més fermesa i més orgull”, han manifestat a través d'un missatge en X.

Es dóna la circumstància que, a finals del passat mes de març, un professor de l'IES Baltasar Porcel (Andratx) va patir un atac de caràcter homòfob per part d'estudiants del mateix i d'un altre centre, un episodi que, segons van advertir des del claustre, no és aïllat, sinó reflex d'un problema més ampli en l'àmbit educatiu, en afectar també a altres sectors i àmbits socials.

Un comerciante del mercado de Pere Garau, en Palma, ha denunciado haber sido víctima de una agresión homófoba presuntamente a manos de otros comerciantes del mismo recinto. “Le han jodido la vida”, ha expresado un amigo de la víctima al dar a conocer los hechos en redes sociales, donde explica que los agresores comenzaron a propinarle golpes e insultos por su orientación sexual, profiriendo expresiones como “maricón”. El afectado ya ha interpuesto denuncia por estos hechos.

“Que en pleno 2026 ocurra esto es intolerable”, subraya el mensaje, que indica que los hechos ya están denunciados “y en manos de los jueces”. Con todo, recrimina que “a pesar de la condena que les puedan meter”, no se puede permitir que esta gente siga trabajando en el mismo sitio que Miquel“.

En su publicación, el amigo de la víctima insiste en que “no se debería permitir que estas malas bestias sigan trabajando ni estando cerca de la persona a la que odian y a la que le han pegado una paliza. Hay que conseguir que a esta gente la echen de ahí y hay que hacer que todo el mundo sepa quiénes son”. Asimismo, asevera que los supuestos agresores “comen jamón” y son “mallorquines” del municipio de Algaida.

El Ayuntamiento suspende de actividad al presunto agresor

La agresión ha generado una oleada de rechazo en el barrio. Este martes, decenas de personas se han concentrado en el mercado de Pere Garau para mostrar su apoyo al vendedor y condenar la violencia. En el acto han estado presentes la regidora municipal de Igualdad, Lourdes Roca, y el de Mercados, Llorenç Bauzá, quienes han condenado los hechos, ante cuya gravedad el Ayuntamiento de Palma suspenderá de forma cautelar la posibilidad de que el presunto autor de la agresión lleve a cabo la actividad de venta en mercados municipales.

En concreto, el área municipal de Mercats ha elaborado un informe basado en el atestado emitido por la Policía Local de Palma. De acuerdo al informe, y dado que el puesto en el que el atacante ejerce la venta pertenece a otro titular, éste será reubicado en el mercado como medida preventiva. Una vez finalicen las diligencias policiales, el Consistorio evaluará si es necesario adoptar otras medidas adicionales que puedan afectar a otras personas implicadas.

Durante la concentración, ambos concejales han trasladado personalmente a la víctima el respaldo del equipo de gobierno y del Ayuntamiento y se han puesto a su disposición para lo que pueda precisar, tal como ha señalado la corporación local en un comunicado. En este sentido, Bauzá ha mostrado su “apoyo total” al denunciante y ha condenado “rotundamente cualquier acto de odio o discriminación”, subrayando que se trata de hechos “que no tienen cabida en una sociedad democrática, diversa e inclusiva, y que no representan a la ciudadanía de Palma”.

Asimismo, el Consistorio ha subrayado la importancia de denunciar cualquier agresión o conducta discriminatoria como paso fundamental para su erradicación y ha reafirmado su compromiso con una Palma inclusiva y libre de odio.

“Profundo impacto psicológico”

Por su parte, representantes de Més per Palma, quienes también han participado en la protesta, han denunciado la gravedad de lo ocurrido, recriminando que la agresión ha dejado secuelas físicas y un “profundo impacto psicológico” en una persona “respetada y querida” en el barrio.

Asimismo, el partido ecosoberanista ha instado al Ayuntamiento a poner en marcha protocolos eficaces contra las agresiones homófobas en espacios públicos. “Cuando una persona es agredida por su orientación sexual, hablamos de un ataque a toda la sociedad”, ha advertido la portavoz de la formación, Neus Truyol, quien ha exigido una respuesta institucional “firme y sin excusas”. Truyol también ha cargado contra el equipo de gobierno del PP, al que ha acusado de priorizar la defensa de “símbolos franquistas como el monolito de sa Feixina” frente a la protección de las personas que sufren violencia por su identidad sexual.

En esta línea, la coordinadora de Podem Illes Balears ha expresado “asco y rabia ante otra agresión homófoba” en Palma: “Todo nuestro apoyo al vendedor del mercado de Pere Garau que ha sido agredido al grito de 'maricón'. Ninguna agresión sin respuesta. No daremos ni un paso atrás”. Asimismo, desde el PSIB-PSOE han manifestado que Palma “no puede tolerar ninguna agresión homófoba” como la del mercado de Pere Garau. “Todo nuestro apoyo a la víctima. No está sola. Queremos una ciudad donde todo el mundo pueda vivir con libertad y sin miedo. Ante el odio, más unidad, más firmeza y más orgullo”, han manifestado a través de un mensaje en X.

Se da la circunstancia de que, a finales del pasado mes de marzo, un profesor del IES Baltasar Porcel (Andratx) sufrió un ataque de carácter homófobo por parte de estudiantes del mismo y de otro centro, un episodio que, según adviertieron desde el claustro, no es aislado, sino reflejo de un problema más amplio en el ámbito educativo, al afectar también a otros sectores y ámbitos sociales.