La Policía Nacional ha detenido a siete personas que han quedado ya a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de coacciones y lesiones agravadas por odio, que habrían cometido en el marco de una agresión a un joven por portar una bandera de España de la II República. La agresión tuvo lugar en Granada durante la celebración de la final de la Copa del Mundo de Fútbol que la selección española ganó el pasado 19 de julio.

Según ha informado este miércoles la Policía Nacional en una nota, cinco de los ahora arrestados ya habían sido identificados el mismo día 19 de julio, si bien la investigación policial ha conseguido “esclarecer los hechos añadiendo dos nuevos responsables a esta agresión”.

Con motivo de la final del Mundial de fútbol entre las selecciones de España y Argentina disputada el pasado 19 de julio, el Ayuntamiento de Granada habilitó en la explanada del Palacio de Congresos una zona con dos pantallas gigantes para seguir el partido a la que acudieron “multitud de seguidores”.

En la zona de acceso al lugar, un joven que portaba una bandera de España de la II República fue increpado por un grupo de individuos que se encontraban en ese momento en un bar de la calle Ribera del Genil, lugar donde se estableció la cola para acceder a la explanada, según relatan desde la Policía.

Vinculados a un grupo “ultraviolento”

Uno de los integrantes del grupo –formado por varios individuos que “en su mayoría vestían de negro con simbología radical, vinculados a un grupo ultra violento”–, presuntamente se le acercó y le amenazó para que le diera la referida bandera, algo a lo que se negó la víctima, tras lo que se inició “una serie de agresiones por parte de este individuo y posteriormente el resto del grupo”.

Como resultado de las agresiones, la víctima resultó “con lesiones y contusiones que necesitaron atención facultativa”. Según aclara también la Policía, testigos de los hechos que se encontraban en la cola para acceder al evento “increparon a estos individuos que cesaron la agresión”.

Ese día, una patrulla de seguridad ciudadana que intervino por la agresión llevó a cabo la identificación de cinco de las personas de este grupo radical, si bien la Policía Nacional “continuó la investigación para el esclarecimiento de los hechos”.

Fruto de este trabajo, se ha detenido “al grupo agresor completo”, compuesto por siete integrantes a quienes se les responsabiliza de los presuntos delitos de coacciones y lesiones agravadas por odio. Entre los agresores también habría un menor de edad, por lo que se ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores de Granada.

La semana pasada un socorrista del polideportivo de Txurdinaga fue brutalmente agredido a la salida de su puesto de trabajo. Según reconoce, los agresores le esperaron a que terminara de trabajar para golpearle por la espalda con un objeto en la cabeza, después de que este les llamara la atención por no ducharse para acceder a la piscina. La víctima tuvo que pasar la noche en el hospital, pero se recupera favorablemente aunque sigue de baja laboral tras lo ocurrido. No es la única agresión que han sufrido a lo largo de este año los trabajadores de polideportivos de Bilbao, que han denunciado esta situación este martes en una manifestación convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT.

“Los insultos, las agresiones verbales y las amenazas son algo habitual en todas las instalaciones. Un compañero por hacer su trabajo fue brutalmente agredido. Queremos que se endurezca la normativa interna, que esta se aplique de forma real y efectiva y que no se aplique de forma laxa”, ha exigido Eneko Martín, presidente del comité de empresa de Emtesport, la mercantil de estos trabajadores que subcontrata Bilbao Kirolak, el organismo público municipal del Ayuntamiento de Bilbao que gestiona la red de polideportivos.

Una de las medidas que reclaman los trabajadores es la recuperación de la presencia policial en las instalaciones. “Fue una medida que en el pasado se comprobó que era disuasoria ante comportamientos así, pero que fue retirada”, ha lamentado Martín. En estos momentos las instalaciones de los polideportivos cuentan con una empresa de seguridad, pero según lamentan los trabajadores, “no controlan las amenazas ni los enfrentamientos directos entre usuarios y monitores o socorristas, ni vigilan las aperturas y cierres de las instalaciones”, donde se “producen gran parte de las agresiones”.

Joseba lleva 25 años trabajando en distintos polideportivos de Bilbao y ha reconocido a este periódico que llevan “varios años en los que los insultos, las amenazas y las faltas de respeto de los usuarios cada vez son más frecuentes”. “Afortunadamente son una minoría, pero cada vez va en aumento. Estas agresiones cada vez son más frecuentes a lo largo del año, pero en verano se multiplica. Pedimos cuestiones básicas: que las aperturas y cierres de las instalaciones no se hagan con una persona sola y que pongan medidas disuasorias, bien sea Policía municipal o Ertzaintza, como había antiguamente y que funcionaba”, ha destacado el trabajador, que insiste en que “cuando había presencia policial las agresiones disminuyeron considerablemente”.

Tras las manifestaciones realizadas este martes tanto a la mañana como a la tarde, desde el comité de empresa prevén reunirse con la dirección de Bilbao Kirolak y con el Ayuntamiento de Bilbao para ver “las soluciones reales que ofrecen”. “Si dichas soluciones no nos convencen tendremos que tomar otras medidas como el cierre de las piscinas o la huelga”, han alertado desde la plantilla.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao, la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, que ha acudido a mostrar su apoyo al finalizar la concentración de los trabajadores, ha condenado “rotundamente” la agresión a un socorrista y ha advertido que “el incivismo se castiga”. “El Ayuntamiento de Bilbao no va a consentir ni agresiones, ni altercados, ni comportamientos inapropiados en ningún equipamiento, espacios que sí o sí deben estar libres de estas situaciones como recintos seguros que lo son”, ha asegurado tras lamentar que “desgraciadamente, el incivismo va en alza”.

Por el momento la víctima no ha interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza, pero desde el Consistorio han informado de que a los agresores “se les aplicará la normativa inhabilitándoles, retirándoles el carné o prohibiéndoles el acceso a la instalación”. Erroteta ha indicado que “el crecimiento de estas situaciones” ha llevado al Ayuntamiento “ya desde el año 2005 a incrementar medidas, como un mayor número de socorristas, más personal auxiliar y la contratación de seguridad privada”. “El incivismo en Bilbao ni se perdona ni se queda sin castigo, y hoy tampoco”, ha concluido.

Tres individuos han sido detenidos por agredir supuestamente al alcalde de Zahínos (Badajoz), Gregorio Gallego, del PP, y a dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio cuando intentaron mediar en un enfrentamiento entre varias personas ocurrido en la localidad pacense de Oliva de la Frontera el pasado lunes, 19 de julio. La Guardia Civil ha informado este jueves de que los detenidos son vecinos de Oliva de la Frontera.

El alcalde tuvo que ser atendido en el centro de salud y posteriormente en el hospital Universitario de Badajoz, según la Guardia Civil. Fuentes del PP han explicado a EFE que el regidor “se vio involucrado al intermediar para tratar de disolver una disputa donde varias personas estaban agrediendo a otra con discapacidad en Oliva de la Frontera, donde disfrutaba de un evento familiar”. El primer edil recibió el alta a las pocas horas, según su partido.

En el caso de los agentes, la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha explicado en una nota que los heridos son el sargento comandante de puesto de la zona y un agente. El episodio se desencadenó cuando uno de los agentes observó a una pareja agrediendo violentamente a un ciudadano en la vía pública, y al identificarse como guardia civil e intentar frenar el ataque, los presuntos agresores sacaron un arma blanca de grandes dimensiones con la que atacaron directamente al agente, La situación “escaló afectando incluso a familiares del agente” y requirió la presencia de patrullas.

Tras la llegada del sargento comandante de puesto para intervenir en el conflicto, los agresores “arremetieron también contra él, para proferirle graves amenazas de muerte y provocar forcejeos y agresiones físicas”. Como consecuencia del altercado, los guardias civiles sufrieron diversas lesiones de consideración que necesitaron de asistencia médica, por las que están todavía de baja en el servicio.

“La denuncia ya ha sido interpuesta, y se han solicitado medidas cautelares de alejamiento ante el temor a nuevas represalias”, ha señalado Jucil, que ha explicado que este “grave suceso no es un caso aislado, sino un reflejo más de la violencia e inseguridad a la que se enfrentan a diario los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso cuando se encuentran fuera de servicio o al acudir en auxilio de la ciudadanía”.

La asociación ha puesto de manifiesto a su vez “la incomprensible negativa institucional a reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo”. A pesar “de las continuas exigencias y del evidente peligro intrínseco a sus funciones”, este reconocimiento “sigue sin llegar”, manteniendo a los agentes “en una situación de desprotección y desigualdad con respecto a otros cuerpos de seguridad”, ha afirmado. No obstante, “no se dará ni un paso atrás en esta lucha”, ha advertido.

El sindicato STAR ha denunciado una nueva agresión a personal sanitario. Esta vez, los hechos ocurrieron en el Centro de Salud de Arnedo, este miércoles por la tarde, cuando un paciente amenazó y puso en peligro a los profesionales que se encontraban prestando el servicio.

Los trabajadores que se encontraban de guardia, en concreto, dos médicos, dos enfermeras y un celador, tuvieron que hacer frente a una situación de especial riesgo provocada por un paciente que portaba una navaja y profirió amenazas contra los profesionales del centro.

La intervención de la Policía Local y de la Guardia Civil, que fueron alertadas de lo sucedido, permitió controlar la situación y evitar consecuencias de mayor gravedad. Posteriormente, el paciente fue trasladado al Hospital San Pedro, produciéndose también diversos incidentes durante el trayecto en ambulancia y a su llegada al centro hospitalario.

Desde STAR han trasladado su apoyo y colaboración a los profesionales afectados. “No se puede tolerar ni una sola amenaza o situación de violencia más que ponga en riesgo la integridad física o psicológica de quienes trabajan diariamente para prestar una atención sanitaria de calidad a la población riojana, en muchas ocasiones con unos medios humanos y materiales insuficientes”, señala el sindicato en un comunicado.

“No podemos consentir que insultar, intimidar o amenazar a los profesionales de la sanidad quede sin respuesta”, continúan, “por ello, desde STAR solicitamos al Servicio Riojano de Salud que proporcione todo el apoyo y la asistencia jurídica necesarios a los trabajadores afectados”.

Asimismo, reclaman que se continúe avanzando y reforzando las medidas de seguridad, tanto activas como pasivas, que permitan a los profesionales sanitarios desarrollar su labor en un entorno seguro y libre de amenazas y agresiones.

El municipi de Santa Maria (Mallorca) ha respost aquest dimarts amb una concentració de rebuig a les agressions homòfobes denunciades durant les seves festes patronals el cap de setmana passat. La convocatòria, impulsada pel consistori i secundada per col·lectius com Orgull Crític Mallorca i Antifeixistes Mallorca, ha reunit veïns, representants institucionals i entitats socials per expressar el seu suport a les persones afectades, mostrar el seu rebuig a les agressions denunciades i reclamar que uns fets com els ocorreguts el cap de setmana passat no es tornin a repetir.

La mobilització arriba després que Orgull Crític Mallorca i Antifeixistes Mallorca difonguessin un comunicat en què ampliaven el relat dels fets i sostenien que la violència no va acabar durant la revetlla de divendres, sinó que es va prolongar durant tot el cap de setmana. En el text, les organitzacions insisteixen que el que va passar “no va ser un conflicte entre dues parts iguals”, sinó una successió d'agressions dirigides contra persones LGTBI i contra aquelles que van sortir en la seva defensa. Així mateix, reclamen una resposta institucional “a l'altura de les circumstàncies” i mesures que garanteixin que “tots puguem gaudir de les nostres festes i del nostre poble de manera segura”.

Segons expliquen les entitats, els incidents van començar durant l'actuació de les artistes Lluca i Santa Servera Màrtir, contractades per l'Ajuntament per a la revetlla de les festes, quan un grup de joves les va increpar amb insults i discursos d'odi de caràcter LGTBI-fòbic i misogin. D'acord amb el comunicat, una part del públic va sortir en defensa de les artistes per evitar que l'espectacle s'interrompés, moment en què els presumptes agressors van cridar més persones per augmentar la tensió. Com a conseqüència, diversos assistents van decidir abandonar la plaça en sentir-se insegurs.

Clima d'intimidació

Les organitzacions sostenen que el grup d'agressors va anar creixent fins a envoltar diverses persones que romanien al lloc. Asseguren que aleshores van començar les agressions físiques i verbals, amb empentes, cops de puny i persecucions que van deixar, almenys, una persona amb un ull de vellut i van provocar diverses crisis d'ansietat que van requerir assistència sanitària. El clima d'intimidació, afegeixen, va ser tan intens que moltes persones “no volien anar soles ni a casa seva ni al lavabo”..

El comunicat també denuncia que la violència va continuar durant la resta del cap de setmana. Segons el relat dels col·lectius, dissabte un jove que havia donat suport a les artistes durant la revetlla va ser perseguit i agredit per un grup de cinc o sis persones del mateix entorn que els presumptes agressors de la nit anterior. Afirmen que va ser colpejat, fet caure a terra mentre li cridaven “maricó de merda” i que va necessitar assistència mèdica. A més, sostenen que, un cop acabades les celebracions de dissabte, un altre veí va ser perseguit fins a la porta del seu domicili per un grup de característiques similars.

Les entitats incorporen, a més, un nou episodi ocorregut la nit de diumenge: l'aparició de pintades antisemites i simbologia nazi a la façana de l'habitatge d'unes veïnes del municipi. Consideren que aquests fets evidencien la continuïtat del clima de violència i intimidació viscut durant el cap de setmana, tot i que, de moment, no ha transcendit cap investigació oficial que vinculi tots dos successos.

Els fets denunciats es produeixen en un context de forta tensió al municipi de Santa Maria. Dies abans de l'inici de les festes, la Guàrdia Civil va detenir dues activistes del municipi investigades pels atacs contra cinc immobiliàries en protesta contra la turistificació, una actuació que va provocar concentracions de suport i crítiques per part de diversos col·lectius socials.

Crítiques a l'actuació policial

A més del relat de les agressions, Orgull Crític Mallorca i Antifeixistes Mallorca qüestionen l'actuació de la Policia Local de Santa Maria. Les organitzacions consideren que els agents van abordar el que havia passat durant la revetlla com “un conflicte entre dues parts iguals” i no com una agressió motivada per l'odi envers les persones LGTBI i aquelles que les donaven suport.

Al seu parer, aquesta actuació va permetre que els presumptes agressors actuessin “amb impunitat” i va afavorir que la violència es prolongués durant la resta del cap de setmana. Per això, reclamen una resposta institucional solvent i l'adopció de mesures que garanteixin que totes les persones puguin gaudir de les festes amb seguretat. Així mateix, fan una crida a qualsevol persona que presenciés els fets perquè aporti testimonis o imatges que ajudin a corroborar el que va passar i a identificar les persones implicades.

Més enllà de la condemna dels fets concrets, la protesta ha posat de manifest la inquietud d'una part de la societat civil davant el repunt dels discursos d'odi contra el col·lectiu LGTBI i altres col·lectius. Per als col·lectius convocants i per a les persones que van secundar la concentració, episodis com els denunciats a Santa Maria evidencien que la conquesta de drets no és irreversible i que, lluny d'avançar cap a una convivència més inclusiva, persisteix la percepció que s'estan produint retrocessos.

El municipio de Santa Maria (Mallorca) ha respondido este martes con una concentración de rechazo a las agresiones homófobas denunciadas durante sus fiestas patronales el pasado fin de semana. La convocatoria, impulsada por el consistorio y secundada por colectivos como Orgull Crític Mallorca y Antifeixistes Mallorca, ha reunido a vecinos, representantes institucionales y entidades sociales para expresar su apoyo a las personas afectadas, mostrar su rechazo a las agresiones denunciadas y reclamar que unos hechos como los ocurridos el pasado fin de semana no vuelvan a repetirse.

La movilización llega después de que Orgull Crític Mallorca y Antifeixistes Mallorca difundieran un comunicado en el que ampliaban el relato de los hechos y sostenían que la violencia no terminó durante la verbena del viernes, sino que se prolongó durante todo el fin de semana. En el texto, las organizaciones insisten en que lo ocurrido “no fue un conflicto entre dos partes iguales”, sino una sucesión de agresiones dirigidas contra personas LGTBI y quienes salieron en su defensa. Asimismo, reclaman una respuesta institucional “a la altura de las circunstancias” y medidas que garanticen que “todos podamos disfrutar de nuestras fiestas y de nuestro pueblo de forma segura”.

Según explican las entidades, los incidentes comenzaron durante la actuación de las artistas Lluca y Santa Servera Màrtir, contratadas por el ayuntamiento para la verbena de las fiestas, cuando un grupo de jóvenes las increpó con insultos y discursos de odio de carácter LGTBIfóbico y misógino. De acuerdo con el comunicado, parte del público salió en defensa de las artistas para evitar que el espectáculo se interrumpiera, momento en el que los presuntos agresores llamaron a más personas para aumentar la tensión. Como consecuencia, varios asistentes decidieron abandonar la plaza al sentirse inseguros.

Clima de intimidación

Las organizaciones sostienen que el grupo de agresores fue creciendo hasta rodear a varias personas que permanecían en el lugar. Aseguran que comenzaron entonces las agresiones físicas y verbales, con empujones, puñetazos y persecuciones que dejaron, al menos, a una persona con un ojo morado y provocaron varias crisis de ansiedad que requirieron asistencia sanitaria. El clima de intimidación, añaden, fue tal que muchas personas “no querían ir solas ni a sus casas ni al baño”.

El comunicado también denuncia que la violencia continuó durante el resto del fin de semana. Según el relato de los colectivos, el sábado, un joven que había apoyado a las artistas durante la verbena, fue perseguido y agredido por un grupo de cinco o seis personas del mismo entorno que los presuntos agresores de la noche anterior. Afirman que fue golpeado, derribado al suelo mientras le gritaban “maricón de mierda” y que necesitó asistencia médica. Además, sostienen que, una vez concluidas las celebraciones del sábado, otro vecino fue perseguido hasta la puerta de su domicilio por un grupo de características similares.

Las entidades incorporan además un nuevo episodio ocurrido la noche del domingo: la aparición de pintadas antisemitas y simbología nazi en la fachada de la vivienda de unas vecinas del municipio. Consideran que estos hechos evidencian la continuidad del clima de violencia e intimidación vivido durante el fin de semana, si bien por el momento no ha trascendido ninguna investigación oficial que vincule ambos sucesos.

Los hechos denunciados se producen en un contexto de fuerte tensión en en el municipio de Santa Maria. Días antes del inicio de las fiestas, la Guardia Civil detuvo a dos activistas del municipio investigadas por los ataques contra cinco inmobiliarias en protesta contra la turistificación, una actuación que provocó concentraciones de apoyo y críticas por parte de diversos colectivos sociales.

Críticas a la actuación policial

Además del relato de las agresiones, Orgull Crític Mallorca y Antifeixistes Mallorca cuestionan la actuación de la Policía Local de Santa Maria. Las organizaciones consideran que los agentes abordaron lo sucedido durante la verbena como “un conflicto entre dos partes iguales” y no como una agresión motivada por el odio hacia personas LGTBI y quienes las apoyaban.

A su juicio, esa actuación permitió que los presuntos agresores actuaran “con impunidad” y favoreció que la violencia se prolongara durante el resto del fin de semana. Por ello, reclaman una respuesta institucional solvente y la adopción de medidas que garanticen que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas con seguridad. Asimismo, hacen un llamamiento a cualquier persona que presenciara los hechos para que aporte testimonios o imágenes que ayuden a corroborar lo ocurrido y encontrar a las personas involucradas.

Más allá de la condena a los hechos concretos, la protesta ha puesto de manifiesto la inquietud de una parte de la sociedad civil ante el repunte de los discursos de odio contra el colectivo LGTBI y otros. Para los colectivos convocantes y quienes secundaron la concentración, episodios como los denunciados en Santa Maria evidencian que la conquista de derechos no es irreversible y que, lejos de avanzar hacia una convivencia más inclusiva, persiste la percepción de que se están produciendo retrocesos.

UGT Servicios Públicos La Rioja denuncia que el Servicio Riojano de Salud (SERIS) se niega a asumir el coste de las gafas que un paciente rompió a una Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de la Planta de Psiquiatría del Hospital San Pedro mientras desempeñaba su trabajo. Para UGT es inadmisible que, además de sufrir una agresión durante su jornada laboral, la profesional haya tenido que pagar de su propio bolsillo unas nuevas gafas, imprescindibles para desarrollar su actividad asistencial.

Los hechos ocurrieron mientras la trabajadora realizaba sus funciones habituales en la unidad. Un paciente ingresado por un cuadro de heteroagresividad, con un importante déficit cognitivo y de gran corpulencia, se abalanzó sobre ella por la espalda y le arrancó las gafas, rompiéndolas antes de que ella, el familiar que lo acompañaba o el resto del personal pudieran reaccionar. UGT explica que el riesgo era conocido, ya que la familia del paciente había advertido previamente de su fijación por romper gafas y, durante ese mismo ingreso, ya había destrozado las de otro paciente y las de otra profesional de la unidad.

Pese a ello, el incidente se produjo mientras la TCAE transitaba por el pasillo para atender a los pacientes y realizar tareas propias de su puesto de trabajo. La profesional, con una miopía de alta graduación, no puede desempeñar su labor sin gafas, por lo que se vio obligada a adquirir unas nuevas con su propio dinero para poder continuar trabajando. Además, el paciente continúa ingresando de forma recurrente en la unidad, lo que obliga a la trabajadora a seguir atendiéndolo e incluso a participar en contenciones mecánicas con el temor de volver a sufrir una situación similar.

UGT considera inaceptable que el personal sanitario tenga que asumir las consecuencias económicas de los daños materiales sufridos durante el desempeño de su trabajo, especialmente cuando estos se producen como consecuencia directa de una agresión. UGT reclama al SERIS que rectifique su decisión y se haga cargo del coste de unas gafas cuya rotura se produjo exclusivamente mientras la profesional prestaba asistencia sanitaria.

Por último, UGT insta al SERIS no solo que asuma los daños ocasionados en estos casos, sino también que refuerce las medidas de prevención y protección para garantizar la seguridad de quienes trabajan cada día atendiendo a pacientes especialmente complejos.

Un grupo de militares que se encontraba en la terraza de un establecimiento fue agredido por varios encapuchados armados con barras y porras extensibles. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio hacia las nueve y cuarto de la noche en el barrio pamplonés de Berriozar, mientras se disputaba la final del Mundial de Fútbol que dio a España su segunda estrella.

Mientras el grupo de personas veía el partido, irrumpieron “a la voz de tres” un grupo de diez personas encapuchadas que se dirigieron expresamente a la mesa en la que se encontraba el grupo de militares y, esgrimiendo barras y porras extensibles, comenzaron a agredirles.

Tras los golpes, hay tres militares heridos, uno de ellos con una herida abierta en la cabeza y varias costillas rotas. También consta una mujer con fractura nasal. En total hay media docena de personas con heridas de diversa consideración, algunas de las cuales fueron atendidas en el lugar mientras otras precisaron de su traslado a un centro sanitario.

Al parecer, el establecimiento hostelero suele estar frecuentado por militares del cercano acuartelamiento de Aizoain, que anoche también se habían reunido para seguir juntos el partido de fútbol, en una terraza en la que había más clientes. Además de los heridos los agresores causaron diversos daños en la cristalera y en el mobiliario del local.

Algunos testigos de la agresión han publicado que una de las personas que se encontraba en la terraza vestía una camiseta de Núcleo Nacional, partido violento de ultra derecha. El denominado “Movimiento Socialista de Euskal Herria”, ha difundido también esta versión, afirmando que “el hombre llevaba una camiseta nazi” y calificando el Mundial como un escenario usado “para celebrar la identidad española y difundir consignas fascistas con total impunidad”.

No hay detenidos por el momento ya que los agresores huyeron del lugar, mientras que algunos de los agredidos han presentado denuncias, en principio ante otros cuerpos policiales, aunque todo apunta a que, al tratarse de un delito contra efectivos militares, será la policía judicial de la Guardia Civil la que se encargue de la investigación.

El periodista Fonsi Loaiza ha denunciado este viernes haber sufrido “una brutal agresión” en la vía pública en Cádiz al grito de “rojo, subcampeón”. Esas dos palabras son las últimas que recuerda antes de quedar “inconsciente”, como ha explicado él mismo en sus redes sociales.

Este periódico ha contactado con Fonsi Loaiza para recabar más detalles sobre lo ocurrido. El periodista indicó que, a causa de las lesiones en la mandíbula, solo podía responder por escrito. No obstante, al cierre de esta información aún no ha contestado a las preguntas remitidas por elDiario.es.

Según ha explicado Loaiza a otros medios, no recuerda nada de la agresión debido a la conmoción sufrida. Mientras la Policía Nacional investiga lo ocurrido y trata de identificar a los agresores revisando las imágenes de las cámaras de seguridad que pudieran haber captado el ataque, el periodista relaciona lo ocurrido con “la violencia ultraderechista” y sostiene que fue víctima de quienes utilizan “el terror y el odio fascista”.

Loaiza, autor del libro Oligarcas. Los dueños de España (Akal, 2024) y conocido por su intensa actividad en la red social X (antiguo Twitter), ya había recibido amenazas contra su integridad física, especialmente a través de internet, por parte de perfiles vinculados a la extrema derecha.

Desde el hospital, Loaiza ha publicado un mensaje de agradecimiento al personal sanitario que lo atendió en los hospitales públicos de San Carlos y Puerta del Mar, en Cádiz, reivindicando así “lo público” frente a “la violencia ultraderechista”. “A los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar”, escribió en sus redes sociales, donde también aseguró que no dará “ni un paso atrás”.

La Policia Nacional ha detingut tres homes per suposadament agredir sexualment i físicament una dona que va rebutjar els seus intents de lligar amb ella a la Platja de Palma.

Els fets, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de les Balears, van succeir a primera hora del matí del passat dimarts 30 de juny.

Els tres sospitosos van abordar la víctima, que es trobava sola, i van intentar lligar amb ella, però aquesta va mostrar desinterès. De forma sobtada, la van agafar pel coll i la van arrossegar fins a la platja, on la van agredir sexualment.

En oposar resistència, li van propinar una successió de puntades de peu i cops de puny a la cara. En cessar l'agressió, van marxar del lloc. La víctima va interposar una denúncia aquell mateix dia.

El passat dimarts, la víctima es va trobar els tres homes que suposadament li havien agredit. Un familiar seu, que l'acompanyava en aquell moment, els va retenir fins a l'arribada dels agents.

Els tres sospitosos van ser arrestats com a suposats autors d'un delicte de lesions i un altre d'agressió sexual.

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente agredir sexual y físicamente a una mujer que rechazó sus intentos de ligar con ella en la Playa de Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Balears, sucedieron a primera hora de la mañana del pasado martes 30 de junio.

Los tres sospechosos abordaron a la víctima, que se encontraba sola, e intentaron ligar con ella, pero esta mostró desinterés. De forma repentina, la cogieron por el cuello y la arrastraron hasta la playa, donde la agredieron sexualmente.

Al oponer resistencia, le propinaron una sucesión de patadas y puñetazos en el rostro. Al cesar la agresión, se marcharon del lugar. La víctima interpuso una denuncia ese mismo día.

El pasado martes, la víctima se encontró a los tres hombres que supuestamente le habían agredido. Un familiar suyo, que le acompañaba en ese momento, les retuvo hasta la llegada de los agentes.

Los tres sospechosos fueron arrestados como supuestos autores de un delito de lesiones y otro de agresión sexual.

Más protección jurídica, personal y medios de protección son algunas de las reivindicaciones del sector de Seguridad Privada de FeSMC UGT ante el incremento de las agresiones que se están produciendo a los vigilantes en nuestro país. Todo ante una situación “que va a peor” y ante la cual aseguran: “Pediremos responsabilidad penal a quien se la tengamos que pedir, empresa, administración o cliente”.

El responsable estatal del sector de Seguridad Privada de FeSMC UGT, Diego Giráldez, junto al secretario del sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT La Rioja, Fernando Vega, han hecho estas declaraciones al presentar la campaña '#NoMásAgresiones' con el fin de “visibilizar” la situación que vive el sector. “No podemos ser el saco de boxeo de las frustraciones de nadie”, han indicado.

“Todos los días hay una agresión a un vigilante”

Fernando Vega exige así “soluciones ante las agresiones y una respuesta firme tanto de las empresas y de las administraciones”. Desde UGT entiende que “hay que decir basta ya porque, aunque no tengamos estadísticas, la progresión de las agresiones es muy elevada. Todos los días, en casi cualquier ámbito -fábrica, centros de salud, comerciales- hay una agresión. Nosotros proporcionamos seguridad pero para ello necesitamos que se nos proteja también a nosotros”.

En La Rioja hay alrededor de 700 vigilantes de seguridad. “No podemos normalizar que se nos agreda. No puede ser que un día sí y otro también se cometan agresiones y que nos digan que no es responsabilidad de nadie”, han subrayado.

Por su parte, Giráldez ha destacado que en España la cifra de agentes de seguridad privada asciende a unas 80.000 personas. “Queremos que puedan trabajar con más seguridad de la que actualmente disponen. La seguridad privada actúa por Ley como complementaria a la pública en pleno contacto con la ciudadanía y en muchas ocasiones mermado de las facultades de autoprotección necesarias”.

Además, han señalado entre las causas que contratación pública “prioriza el precio más bajo”, entre otros factores. “Un número importante de empresas del país ve la seguridad privada como un único y absoluto negocio, dejando en tierra de nadie a sus profesionales”. UGT también que la seguridad privada sea reconocida como una profesión, no como un empleo y que sea también una profesión de riesgo. “Queremos también que los trabajadores de este sector tengan una mayor garantía jurídica”.

Por todo ello, afirma, seguiremos movilizándonos en las calles y no descartan otro tipo de medidas si no mejora la situación. “Queremos que nuestros trabajadores hagan su trabajo en las mejores condiciones posible, la seguridad privada no puede ser un bajo precio para la administración y un negocio para las empresas”, ha finalizado.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un total de 76 años de prisión a tres integrantes de la familia propietaria del Gran Circo África al considerar acreditado que sometieron durante años a una familia de trabajadores a un régimen continuado de “violencia, humillaciones, explotación laboral y agresiones sexuales a los menores”. La sentencia absuelve a una cuarta acusada y descarta finalmente los delitos de trata de seres humanos.

Los magistrados sitúan los hechos entre 2020 y 2024, periodo durante el que las víctimas, un matrimonio y sus dos hijos menores, convivieron con los acusados mientras el circo recorría distintas localidades españolas.

La investigación se inició después de que la mujer lograra escapar y, días más tarde, también huyera su marido para denunciar los hechos ante la Guardia Civil, cuando el circo se encontraba en la provincia de Cáceres. A partir de esa denuncia, la Guardia Civil puso en marcha el operativo, liberó a los menores y se iniciaron las diligencias judiciales.

La causa fue instruida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Trujillo, que posteriormente la remitió a la Audiencia Provincial de Cáceres para su enjuiciamiento.

La resolución considera probado que el matrimonio fue sometido de forma “reiterada a golpes, amenazas, insultos y actos vejatorios”, en un contexto de “absoluta dominación”. El tribunal afirma que las agresiones y humillaciones constituyeron un trato “degradante” y añade que algunos episodios alcanzaron una intensidad “calificable de torturador”, expresión empleada en la sentencia para describir la gravedad de la violencia ejercida sobre las víctimas.

Abusos y agresiones a los menores

Según los hechos declarados probados en la sentencia, recogida por EFE, también los dos hijos de la pareja fueron objeto de “agresiones físicas, amenazas y castigos”, además de verse obligados a realizar distintas tareas dentro del circo. La Audiencia concluye igualmente que dos de los condenados les impusieron “actos de naturaleza sexual”, algunos grabados con teléfonos móviles, y destaca que esos vídeos, incorporados a la causa, resultaron determinantes para corroborar los testimonios de las víctimas.

El fallo condena al propietario del circo y a uno de sus hijos por un delito contra los derechos de los trabajadores, al apreciar que aprovecharon la “extrema vulnerabilidad económica de la familia para imponerles unas condiciones laborales abusivas”.

Los tres acusados son además responsables de cuatro delitos contra la integridad moral, uno por cada miembro de la familia.A ello se suman varias condenas por agresiones sexuales a menores, una tentativa, y por elaboración de material pornográfico infantil, en función de la participación atribuida a cada procesado.

No obstante, la Sala absuelve a los acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual que sostenía inicialmente la Fiscalía.

180.000 euros de indemnización

Los magistrados consideran acreditada la explotación y los malos tratos, pero entienden que durante el juicio no quedó demostrado, “con la certeza exigible” en el proceso penal, que las víctimas tuvieran completamente anulada su libertad de movimientos ni que existiera una finalidad de explotación sexual en la captación de los menores o un propósito de difusión o beneficio económico con las grabaciones.

La sentencia también absuelve a una cuarta persona procesada al apreciar dudas sobre su intervención en una de las grabaciones y concluir que el resto de imágenes que se le atribuían carecían de relevancia penal.

En materia de responsabilidad civil, los tres condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a las cuatro víctimas con 180.000 euros: 50.000 euros para la madre, 30.000 para el padre y 50.000 euros para cada uno de los dos hijos.

Los informes médico-forenses incorporados al procedimiento reflejan que los dos menores precisan tratamiento psicológico por las secuelas derivadas de los hechos, mientras que la madre presenta importantes consecuencias emocionales que afectan a su vida cotidiana.

Además de las penas de prisión, la Audiencia impone distintas órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación, periodos de libertad vigilada e inhabilitación para desarrollar actividades profesionales, docentes o de ocio que impliquen contacto habitual con menores

La Policia Nacional ha identificat diverses persones presumptament implicades en una agressió a una menor d'edat a les portes d'un institut a Palma.

La Unitat d'Atenció a la Família i Dona porta la investigació per aclarir els fets, arran d'un vídeo de l'agressió difós a les xarxes socials.

Segons fonts policials, l'agressió va ocórrer el passat mes de maig fora d'un institut de la capital balear. Després d'identificar diversos suposats implicats, la Policia Nacional ha remès les diligències a la Fiscalia de Menors.

La Policía Nacional ha identificado a varias personas presuntamente implicadas en una agresión a una menor de edad a las puertas de un instituto en Palma.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer lleva la investigación para esclarecer los hechos, a raíz de un vídeo de la agresión difundido en redes sociales.

Según fuentes policiales, la agresión ocurrió el pasado mes de mayo fuera de un instituto de la capital balear. Tras identificar a varios supuestos implicados, la Policía Nacional ha remitido las diligencias a la Fiscalía de Menores.

La Guardia Civil de la localidad de Almansa, en la provincia de Albacete, está investigando a tres hombres por la presunta agresión a un joven de 25 años, después de haberse burlado de él y de otro joven que le acompañaba. Los hechos se produjeron durante la celebración del Orgullo LGTBI de la localidad y el colectivo Almansa Entiende lo considera un nuevo episodio homófobo.

Este colectivo relata que el pasado sábado, día 4 de julio, tras estas celebraciones, tres hombres mayores de edad se acercaron a dos jóvenes, también mayores de edad, y comenzaron a lanzarles burlas “homófobas”. Posteriormente, agredieron presuntamente a uno de ellos, lo que le provocó lesiones de gravedad por las que tuvo que ser hospitalizado.

Este último ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil de Almansa, lo que han confirmado a este medio fuentes municipales, que además han informado de que los tres presuntos agresores ya han sido identificados, aunque no detallan si han sido detenidos.

Desde el colectivo Almansa Entiende confían en que la investigación esclarezca plenamente lo sucedido y pruebe la motivación de “odio LGTBfóbico”, como, según apuntan, denuncian varios testigos.

Piden que se aplique el agravante de odio

En caso de que así fuera, pide que se aplique el agravante de odio previsto en la legislación vigente. “No podemos permitir que el odio, la intolerancia y la violencia encuentren espacio en nuestras calles. Es especialmente doloroso que una agresión de estas características se produjera precisamente después de una jornada que reivindica la libertad, la diversidad y el derecho de todas las personas a vivir y amar sin miedo. Ninguna persona debe sentirse insegura por ser quien es”.

Destaca que la LGTBIfobia no es un problema exclusivo de este colectivo. Es “un ataque a la convivencia, a la igualdad y a los valores democráticos que compartimos como sociedad”.

Frente al odio, más comunidad. Frente a la violencia, más derechos. Y frente al miedo, más orgullo

“Cuando se agrede a una persona por su orientación sexual o identidad de género, se intenta intimidar a todo un colectivo”, remarcan. Y frente a ese “mensaje de odio”, hace un llamamiento a toda la ciudadanía, a las asociaciones, entidades, partidos políticos e instituciones para tomar parte en la concentración de repulsa que tendrá lugar el próximo lunes 13 de julio a las 20.00 horas en el Ayuntamiento Viejo (Edificio de La Lonja).

El colectivo quiere que esta movilización sea una “una muestra clara” de que Almansa es un pueblo “que no mira hacia otro lado, que rechaza la violencia y que defiende la diversidad como un valor que nos enriquece”.

“Frente al odio, más comunidad. Frente a la violencia, más derechos; y frente al miedo, más orgullo”. Asimismo, anima a cualquier persona que sea víctima o testigo de este tipo de conductas a denunciarlas a través de los canales oficiales. “Denunciar es fundamental para combatir los delitos de odio y garantizar que ninguna agresión quede impune”. Por último, Almansa Entiende recuerda que Castilla-La Mancha dispone del Servicio de Atención Integral (SAI) a personas LGTBI que puede acompañar en estos procesos ofreciendo atención psicológica y jurídica a las víctimas.

“Esperamos la pronta recuperación de la persona agredida y reiteramos nuestra disposición para acompañar y apoyar a las víctimas durante todo el proceso. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con una Almansa libre de LGTBIfobia, donde todas las personas puedan vivir con dignidad y libertad, sin miedo”.

El grupo musical Maruxak ha denunciado haber sufrido “una agresión homófoba” en Pamplona el pasado 7 de julio durante las fiestas de San Fermín. “Estas agresiones siguen existiendo y son reales”, han lamentado a través de un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

En el escrito, el grupo explica que en la madrugada del 7 de julio, “hacia las tres de la mañana”, dos hombres comenzaron a “molestar” a las integrantes del grupo y a otras dos personas a grito de “putos maricones”. Además, según añaden les lanzaron “botellas de cristal”.

Cierran el comunicado haciendo un llamamiento a “crear espacios seguros”. “Está en nuestras manos”, aseguran. “Vamos a cuidarnos entre nosotras”.

Maruxak es un grupo travesti fundado en Pamplona en el año 2019 conocido por sus espectáculos en los que combinan el folclore con géneros como el pop y el techno. Está compuesto por ocho artistas y en el año 2024 actuaron en los conciertos de los Sanfermines organizados por el Ayuntamiento de Pamplona.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado las condenas impuestas a tres vigilantes de seguridad por la agresión a un asistente durante el festival Extremúsika del año 2023 (celebrado en el recinto ferial de Cáceres) al desestimar los recursos de apelación presentados contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal.

La Sala ratifica la pena de dos años de prisión para el principal acusado por un delito de lesiones con instrumento peligroso, así como las multas de 450 euros impuestas a otros dos empleados de la empresa de seguridad por su participación en la agresión.

Los hechos se remontan a la madrugada del 15 de octubre de 2023, cuando el lanzamiento de varias bengalas por parte de asistentes al festival, celebrado en el recinto ferial de Cáceres, provocó un altercado que obligó a intervenir al personal de seguridad y generó el descontento de parte del público.

Según recoge la sentencia, en un momento de la intervención el principal acusado sujetó por la espalda a un asistente que se encontraba entre los presentes y, “sin que mediara justificación, le golpeó en la cabeza con la defensa extensible que portaba”. Tras caer al suelo, la víctima fue también “agredida por los otros dos vigilantes condenados”.

En su recurso, el principal acusado alegó vulneración del derecho a la presunción de inocencia al considerar “incorrecta” la valoración de la prueba realizada por el juzgado. Sin embargo, la Audiencia rechaza ese argumento y sostiene que las conclusiones alcanzadas en la sentencia recurrida son “totalmente razonables y lógicas”.

Los magistrados consideran que el recurso pretende sustituir la valoración efectuada por el órgano judicial por la interpretación interesada del recurrente, una estrategia de defensa que califican de “legítima”, pero “inadmisible en este caso”, dada la existencia de una prueba de cargo “sólida y correctamente valorada”.

La resolución añade que la prueba practicada durante el juicio desvirtúa plenamente la presunción de inocencia reconocida en el artículo 24.2 de la Constitución, por lo que confirma íntegramente las condenas impuestas en primera instancia.

Con este fallo, la Audiencia Provincial mantiene las penas impuestas a los tres vigilantes y da por acreditada la agresión ocurrida durante el festival, sin apreciar motivos para modificar la resolución recurrida.

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a cuatro hombres y una mujer por protagonizar distintos episodios de amenazas y agresiones contra personal sanitario en varios centros asistenciales de la ciudad durante los últimos días. Entre los hechos investigados figuran la exhibición de un arma de fuego para intimidar a varios facultativos, amenazas de muerte a un médico tras negarse a conceder una baja laboral, el seguimiento e intimidación a un enfermero al finalizar su jornada, la agresión física a un facultativo por parte de un familiar de un paciente y el ataque a un vigilante de seguridad, al que una mujer llegó a morder en un dedo.

Los cinco arrestados están acusados de delitos de amenazas y atentado contra funcionario público, al considerar los investigadores que insultaron, intimidaron y, en algunos casos, agredieron físicamente a profesionales sanitarios mientras desempeñaban su trabajo.

El primero de los incidentes tuvo como protagonista a un hombre que acudió a una consulta del servicio de Psiquiatría de un hospital. Días después fue detenido por haber mostrado un arma de fuego de forma intimidatoria a dos facultativos y a una psiquiatra.

En otro caso, la Policía Nacional arrestó a un varón que amenazó de muerte al médico de un centro de salud después de que este le comunicara que las lesiones o patologías que presentaba no cumplían los requisitos legales para ser consideradas un accidente laboral y, por tanto, no procedía la baja solicitada.

El tercer episodio afectó a un enfermero que, tras finalizar su jornada laboral y abandonar el centro sanitario, fue increpado y amenazado por un paciente. El individuo llegó a seguirle durante varios minutos de manera intimidatoria hasta que el profesional consiguió alejarse. Según las investigaciones, el sospechoso ya había protagonizado comportamientos similares con anterioridad, aunque hasta ese momento no habían sido denunciados.

Días más tarde tuvo lugar un cuarto incidente protagonizado por un familiar de un paciente ingresado. Con la intención de conseguir el traslado del enfermo a otro hospital, el hombre mantuvo una actitud agresiva y despectiva hacia el personal sanitario, llegando a sujetar, zarandear y amenazar de muerte al médico responsable al no acceder este a sus exigencias.

Gritos, amenazas y agresiones

El último de los sucesos ocurrió en un centro médico, donde una mujer reclamó de forma violenta ser atendida de inmediato y recibir su medicación. Durante el altercado profirió gritos y amenazas, empujó a uno de los vigilantes de seguridad y le mordió en un dedo. Su comportamiento agresivo continuó incluso cuando los agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar.

La Policía Nacional recuerda que el Código Penal considera delito de atentado contra la autoridad las agresiones físicas o las intimidaciones graves dirigidas contra profesionales sanitarios mientras ejercen sus funciones. Estos hechos pueden conllevar penas de prisión, sanciones económicas y órdenes de alejamiento respecto de las víctimas y de los centros sanitarios. Además, en la Región de Murcia las agresiones al personal sanitario pueden ser sancionadas administrativamente con multas de hasta 30.000 euros.

Asimismo, la Policía Nacional destaca la labor del interlocutor policial sanitario, una figura que mantiene contacto permanente con los profesionales del ámbito sanitario para prestar asesoramiento en materia de autoprotección, reforzar la coordinación y facilitar una respuesta rápida ante cualquier incidente que afecte a trabajadores de hospitales y centros de salud de la Región de Murcia.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT La Rioja denuncia una nueva agresión a un vigilante de seguridad en La Rioja, en esta ocasión en la tienda de Leroy Merlín en Logroño.

La agresión se produjo el pasado lunes 29 de junio en torno a las 18 horas de la tarde, cuando el vigilante de seguridad intervino para evitar la comisión de un hurto y posterior huida de una persona que, al verse sorprendida, agredió al vigilante, provocándole contusiones de diversa consideración que aún le mantienen de baja. Hasta el lugar se trasladaron varias patrullas de Policía Nacional que procedieron a la detención del agresor.

“En esta ocasión, la dotación de medios de protección adecuados hubiera sido determinante de cara a evitar la agresión al vigilante”, señalan desde el sindicato. De hecho, la necesidad de dotar de materiales adecuados de protección es una de las demandas constantes del colectivo, ya que estas personas se ven obligadas a intervenir en episodios que entrañan evidentes riesgos físicos sin medios adecuados más allá de su propia fuerza, exponiendo constantemente su salud y su cuerpo.

Por ello, FeSMC UGT reitera tanto a las empresas de seguridad, como a los clientes contratantes de servicios de seguridad (tanto privados como públicos) “la urgente necesidad de mejorar los medios de protección individuales de los vigilantes de seguridad para que sean capaces de resolver intervenciones cotidianas sin exponer su vida”. De igual modo, urge ofrecerles una mayor protección jurídica y aumentar las plantillas para garantizar la seguridad de los vigilantes en caso de intervención.

Por último, el sindicato desea una pronta recuperación al vigilante agredido y exige la adopción de medidas urgentes para el cese de estas agresiones en el desempeño del trabajo.