La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un hombre a 8 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y a una multa de 300 euros por un delito leve de lasiones, tras agredir el 12 de abril de 2025 en Leioa (Bizkaia) a dos compañeros de piso, a uno con una maza y una barra de uña de metal y al otro con aceite hirviendo de una sartén. El tribunal cree probada la intención del acusado de acabar con la vida de ambos y no ve “atisbo de credibilidad” en el testimonio del acusado cuando aseguró que su “otro yo” le dijo que acabara con ellos.

Según se recoge la sentencia en los hechos declarados probados, las agresiones se produjeron sobre las 9:30 horas del 12 de abril de 2025, cuando el acusado entró en la habitación de uno de sus compañeros de piso, y comenzó a golpearle con una maza de obra en la cabeza y después con una barra de uña de metal en la zona abdominal, según recoge Europa Press. También arrojó aceite de una sartén hirviendo sobre la cara y el cuello de otro compañero de piso por llamar a la Policía, al ver lo que estaba sucediendo.

El tribunal considera acusado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a 8 años de prisión y otro leve de lesiones a una multa de 300 euros, al estimar “acreditados” estos hechos en base a la prueba practicada en el juicio oral. Entre el acervo probatorio de cargo existente, ha destacado las declaraciones de las dos víctimas, en las que no se aprecia la existencia de “móviles de venganza, resentimiento o interés para perjudicar” al encausado. Además, esos testimonios han estado acompañados de datos de “corroboración externa”, entre ellos el relato de varios testigos presentes en el piso en el momento de los hechos que “coincidieron de forma casi absoluta” con lo narrado por las víctimas, y la declaración del primer agente de la Ertzaintza que accedió a la vivienda.

“El otro yo”

Frente a ello, la Audiencia de Bizkaia recuerda que la versión ofrecida por el acusado en la vista oral carece de “toda coherencia y base lógica presentando una rotunda orfandad de cualquier atisbo de credibilidad”. El procesado afirmó en el juicio que no se acuerda de lo sucedido ese día, que oía voces y que fue su “otro yo” el que le dijo que acabara con ellos, al tiempo que relató que en esa época consumía drogas. El tribunal rechaza la apreciación de la circunstancia de exención de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica aducida por la defensa y también las atenuantes por los mismos padecimientos, ya que los forenses que le examinaron entonces no objetivaron ninguna patología psiquiátrica aguda grave.

Además, el mismo día de los hechos se le tomaron muestras de orina y no se detectó ni alcohol ni otras sustancias como opiáceos, cocaína o cannabis. La sentencia destaca que en Osakidetza no constaban antecedentes psiquiátricos ni seguimientos por consumo/abuso de tóxicos previos a ese 12 de abril de 2025. De ello, tal como subraya el órgano judicial, “se obtiene la conclusión medicolegal de que no se puede acreditar que en el momento de los hechos el encausado tuviera alteradas sus capacidades cognitivas y/o volitivas”. Existencia de “dolo directo de matar”.

Por contra, considera probada la existencia de “dolo directo de matar” en la acción del acusado, ya que entró en la habitación de su compañero de piso, cuando este se encontraba vistiéndose y calzándose, portando instrumentos peligrosos (maza de obra y barra de metal), siendo conocedor de su potencialidad lesiva, y decidió hacer uso de estos golpeando a su víctima en zonas vitales, como la cabeza y la zona abdominal, mientras profería expresiones de 'te voy a matar'.

De hecho, esta víctima sufrió una fractura de bóveda craneal, así como múltiples fracturas costales y un derrame pleural “de letales consecuencias si no hubiera recibido tratamiento quirúrgico inmediato”. La otra víctima sufrió por su parte quemaduras de segundo grado superficial generalizadas en el rostro y de primer grado en el cuello. Además de la pena de prisión y multa, el tribunal fija que el acusado indemnice a sus víctimas con 6.000 y 1.500 euros, respectivamente, y le impone sendas medidas de prohibición de comunicación y aproximación a estas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La plaza número 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia, cuya titular es Ana Isabel Pérez Asenjo, ha acordado este pasado 10 de junio el sobreseimiento provisional del caso de las presuntas agresiones machistas a menores en la Bertso Eskola de Errenteria “porque no existe denuncia ni de la Fiscalía, ni de ninguna presunta víctima”, según fuentes judiciales. El caso se podría reabrir si hubiera denuncias.

Estas mismas fuentes aclaran que el artículo 191.1 del Código Penal establece que “para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del ministerio fiscal, que actuará ponderando los intereses legítimos en presencia”. “Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del ministerio fiscal”. Aun así, sostienen que “si se presentara denuncia se podría reabrir el procedimiento e iniciar una instrucción en el juzgado”.

A principios de este mes, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteria representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) puso en manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, han detallado desde el Consistorio.

Así, Otaegi declaró ante la Fiscalía de Menores con el objetivo de verificar el contenido de las informaciones enviadas por el Ayuntamiento previamente a la Policía judicial. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, aseguró.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido recientemente con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, ha llevado a cabo reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y también con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, han denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento, en reiteradas ocasiones han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado, las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia, que por el momento no se ha interpuesto en la Ertzaintza ni en el juzgado, recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

En España, el 14,8% de las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33 % ha sufrido violencia física a lo largo de la vida por parte de alguna pareja. Además, la prevalencia de la violencia física aumenta con el grado de discapacidad, situándose en el 13,4% entre las mujeres que tienen una discapacidad acreditada de entre un 33% y un 64% y en el 18,2% entre aquellas con un grado del 65% o superior de discapacidad. En cuanto a la violencia sexual ejercida por alguna pareja, el 11,3% de las mujeres con discapacidad igual o superior al 33% la ha sufrido, así como en la violencia económica a lo largo de la vida, padecida por el 16,6% de las mujeres con una discapacidad de entre el 33% y el 64% y por el 19,2% de aquellas con un grado de discapacidad del 65% o superior.

Se trata de datos aportados por el estudio 'Mujeres especialmente vulnerables a la violencia' publicado este mayo por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) que concluye que las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% denuncian la violencia en una proporción más elevada que las que no tienen discapacidad. Ese porcentaje es del 27,6% en el primer colectivo, frente al 16,2% del segundo. Lo mismo ocurre en la búsqueda de ayuda cuando la violencia ocurre. Un 58% de las mujeres con discapacidad ha recurrido a servicios de ayuda como médicos, psicológicos, servicios sociales, etc., debido a la violencia ejercida por alguna de sus parejas, frente al 40,3% del resto de mujeres.

¿Pero qué ocurre cuando esa violencia es ejercida por el principal cuidador de las mujeres con discapacidad? ¿Cómo puede pedir ayuda una mujer cuya movilidad, vestimenta o cuidados diarios dependen estrictamente de su propio maltratador? La abogada Ana Balboa Montavez, y las psicólogas y facilitadoras procesales Sara Poncela Chafik y Sofía Remón Chozas junto con el equipo multidisciplinar de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de Navarra (UAVDI) abordan estas cuestiones y aportan algunas claves en el estudio Violencias machistas y diversidad funcional del Máster de Formación Permanente de la EHU Violencias Machistas: Intervención en Red de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU).

La alta necesidad de algunas mujeres con discapacidad de cuidados íntimos y la dependencia en tareas de higiene y cuidado físico incrementan notablemente las oportunidades de agresión. Además, las expertas alertan de que el riesgo de sufrir agresiones se eleva de manera pronunciada cuando la atención y el cuidado cotidiano son provistos por múltiples adultos o cuidadores con escasa supervisión. “La falta de herramientas de comunicación accesibles o de educación sexual impide que las mujeres comprendan que están siendo objeto de una agresión”, destaca el estudio, que menciona una práctica frecuente —y errónea— es utilizar a familiares o cuidadores como “intérpretes” en los procesos de revelación, lo cual vulnera la confidencialidad de la víctima y eleva el riesgo de revictimización.

Una educación afectivo-sexual adecuada permite reconocer el propio cuerpo, identificar situaciones de riesgo, aprender sobre el consentimiento y desarrollar habilidades para establecer límites en las relaciones

Para evitar que esto ocurra, en primer lugar las expertas exponen algunos de los mitos que dificultan la valoración de la sospecha de un caso de violencia machista contra las mujeres con discapacidad intelectual y aportan argumentaciones que desmontan esos mitos, como el de “las mujeres con discapacidad intelectual son personas asexuadas”. “La sexualidad es inherente a todas las personas. Tener una discapacidad intelectual no elimina deseos, emociones, ni necesidades afectivas; simplemente puede requerir otras formas de apoyo para su expresión segura y autónoma”, sostienen. El segundo de los mitos es que las personas con discapacidad “tienen una sexualidad desinhibida, incontrolable, impulsiva”. “La supuesta «desinhibición» suele reflejar falta de educación afectivo-sexual, entornos sobre protectores o ausencia de modelos positivos, no una característica propia de la discapacidad. Con información y apoyos adecuados, pueden regular su conducta igual que cualquier persona”, reconocen. El tercer mito a derribar es que “sus dificultades les impiden tener relaciones sexuales normales”. “No existe una única forma «normal» de vivir la sexualidad. Con apoyos, comunicación y respeto mutuo, las mujeres con discapacidad intelectual pueden disfrutar relaciones afectivas y sexuales satisfactorias y seguras”, añaden. El cuarto mito es que “las mujeres con discapacidad intelectual no son personas con atractivo o deseadas”. Según las expertas, “esta idea surge del capacitismo y de la mirada infantilizadora”. “El atractivo es diverso y subjetivo; negarles deseo o capacidad de ser deseadas es negar su derecho humano”. Por último, está el mito de que “las mujeres con discapacidad intelectual no entienden ni necesitan la educación afectivo-sexual”. “Precisamente por su vulnerabilidad a abusos y desinformación, necesitan educación accesible y adaptada. Comprenden mucho más cuando se les ofrece información clara, concreta y respetuosa”, sentencian.

Una vez aclaradas estas cuestiones las expertas ahondan en la necesidad de prevención y formación específica en violencia machistas tanto para las propias mujeres como para las familias de estas. “La prevención del abuso hacia personas con discapacidad intelectual es una responsabilidad social que requiere un enfoque integra. Las mujeres con discapacidad intelectual se encuentran en diversas situaciones de mayor vulnerabilidad ante los diferentes tipos de abuso; físico, emocional, sexual, económico o institucional—, lo que hace indispensable actuar desde el origen del problema. Para prevenir y adelantarse a que puedan darse más situaciones de abuso, es necesario trabajar desde la formación y sensibilización. Esto implica, en un primer momento, educar y formar a las propias mujeres con discapacidad intelectual, empoderándolas a través de información y conocimientos, impartidos por profesionales especializados. Es esencial proporcionarles herramientas accesibles para reconocer situaciones de riesgo, conocer sus derechos y saber cómo pedir ayuda. Del mismo modo, las familias tienen un papel clave como agentes protectores y aliados en el desarrollo de entornos seguros y de confianza”, aseguran.

Una herramienta fundamental para la prevención de conductas machistas, según determinan, es la educación afectivo-sexual a personas con discapacidad intelectual, adaptada a las necesidades cognitivas de cada persona. “Una educación afectivo-sexual adecuada permite reconocer el propio cuerpo, identificar situaciones de riesgo, aprender sobre el consentimiento y desarrollar habilidades para establecer límites en las relaciones. Si bien es cierto que las mujeres con discapacidad intelectual suelen ser excluidas de estas formaciones por mitos sobre la discapacidad que se han expuesto anteriormente como la asexualidad o la falta de madurez, esto solo genera limitaciones en su autonomía como personas con sexualidad”, aseguran.

Las expertas detallan que la mejor forma para trabajar adecuadamente la prevención del abuso a mujeres con discapacidad intelectual, es un espacio en grupo donde puedan formar equipo y puedan compartir sus dudas y sus esfuerzos en distintos aspectos. En esas sesiones, además de la educación afectivo-sexual, es fundamental abordar otras como el reflejo del dolor, los derechos de las personas con discapacidad, el trauma o enseñarles señales y comportamientos que pueden indicar situaciones de abuso, para que puedan identificar posibles riesgos y saber cómo actuar.

A falta de señales físicas, hay que atender a cambios bruscos de conducta como regresiones, retraimiento y agresividad o rechazo a lugares y personas

Al igual que con las personas con discapacidad intelectual, es importante dar un espacio a las familias donde puedan formar equipo de trabajo y puedan compartir sus vivencias, sus miedos y sus herramientas. En este sentido, a modo de claves, a las familias les recomiendan “evitar juicios de valor y tomar en consideración lo que cada persona expone sobre su familiar, evitando minimizar y dando valor de manera individual”, “dar a conocer los recursos y servicios disponibles para actuar ante posibles situaciones de abuso, así como orientarlas sobre cómo buscar apoyo y acompañamiento profesional” y “capacitarlas para identificar signos de alerta físicos, emocionales o conductuales que puedan indicar que algo no va bien, favoreciendo una detección temprana”.

Qué hacer y qué no hacer cuando hay una sospecha de agresión

¿Qué hacer cuando hay sospecha de una agresión? El estudio indica que “solo se revela aproximadamente el 3% de los casos de abuso sexual contra personas con discapacidad intelectual”. Esto se debe a barreras como el desconocimiento de lo que constituye un abuso, las amenazas del agresor, la “ley del silencio”, el miedo a no ser creídas y las dificultades de expresión. Por ello, la detección por parte de profesionales y familias es crucial, fundamentándose en claves básicas, como considerar siempre la posibilidad de abuso. “Las familias y profesionales no deben esperar a que la víctima lo revele directamente. El miedo, la culpa, la vergüenza y las limitaciones de comunicación provocan que el malestar se exprese de forma indirecta. Dado el elevado riesgo del colectivo y los mitos existentes, se debe mantener siempre una actitud de alerta activa”.

“A falta de señales físicas, hay que atender a cambios bruscos de conducta (regresiones, retraimiento, agresividad o rechazo a lugares/personas). Entre las secuelas clínicas comunes se encuentran el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) —que suele manifestarse de forma atípica como trastornos de conducta debido a las limitaciones verbales de la víctima —, la ansiedad , la depresión y problemas de conducta (autolesiones, conductas desafiantes o hipersexualización). Los profesionales deben investigar la raíz de estos cambios sin atribuirlos erróneamente a la propia discapacidad. Cabe destacar que hasta un 40% de las víctimas de abuso no muestran síntomas evidentes, por lo que la ausencia de señales jamás debe restar credibilidad a un relato”, explican las expertas, por ello, inciden en que “cuando una persona con discapacidad intelectual revela un abuso, existe una alta probabilidad de que sea real. Se debe desterrar el mito capacitista de que suelen inventar o fantasear. No obstante, para no interferir en investigaciones judiciales, se aconseja corroborar los hechos con especialistas y evitar que la víctima repita el relato múltiples veces, ya que esto puede alterar su memoria”.

Las cosas que sí que tienen que hacer desde las familias una vez hay sospecha de agresión son “generar un ambiente íntimo y discreto, ofrecer contención emocional, transmitir confianza y credibilidad, practicar la escucha activa, fomentar el relato libre respetando ritmos y silencios, y registrar todo de forma minuciosa evitando formular preguntas cerradas”. Lo que no deben hacer cuando una persona con discapacidad muestra signos de alerta por posible agresión es “permanecer inactivos, dudar del relato, juzgar o restar importancia a la confidencia, realizar preguntas cerradas o sugerir respuestas, e interrogar de manera insistente”.

El siguiente paso sería ya acudir a los profesionales que detectarán lo que ocurre y siempre informando a la posible víctima y a sus familiares sobre los pasos a dar y nunca a sus espaldas, decidirán cómo proceder. Ante la sospecha o confidencia de un abuso, el profesional tiene la obligación de actuar bajo criterios de coordinación con especialistas y activar de manera conjunta cinco líneas de acción prioritaria: protección de la víctima, valoración de la capacidad para decidir la denuncia, planificación de los apoyos para el proceso judicial, manejo de la divulgación desde la institución y, por último la valoración de intervención psicoterapéutica o psiquiátrica. “Es indispensable realizar una evaluación clínica adaptada que pondere el impacto del trauma y las particularidades cognitivas de la persona. Un correcto abordaje especializado permite diagnosticar patologías asociadas (depresión, ansiedad, TEPT) y diseñar un plan personalizado enfocado en la recuperación de la autoestima y el desarrollo de la autonomía personal”, concluyen las expertas.

La organización juvenil 'Zazagang', un grupo de referencia latina asentado en Asturias y subordinado a la banda de los Trinitarios, ha quedado totalmente desarticulada con la detención de diez menores de edad, en las localidades de Oviedo/Uviéu y Gijón/Xixón.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia y desórdenes públicos. Asimismo están investigados por su presunta autoría en delitos contra la integridad moral por las agresiones y humillaciones degradantes a las que sometían a otros menores, según ha confirmado la Policía Nacional.

Cuatro menores inimputables penalmente

El Juzgado de Menores, a instancias de la Fiscalía, ha ordenado el internamiento en régimen cerrado de los cuatro líderes de la organización en un centro reeducativo del Principado de Asturias. En la operación policial también se ha identificado a otros cuatro menores de 14 años quienes, según la investigación, también estarían implicados en las actividades, pero debido a su edad son inimputables penalmente.

La organización 'Zazagang' estaba integrada por menores, con edades comprendidas entre 13 y 17 años, y operaba como un grupo subordinado a un “coro” de los Trinitarios en Asturias, y funcionaba como una cantera para captar y seleccionar a futuros miembros.

Estética y juramentos

Todos sus miembros eran perfectamente identificables con el grupo porque utilizaban la estética, pañuelos, collares, juramentos y gestos característicos de esta banda latina, según ha corroborado la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

La investigación policial comenzó en noviembre de 2025 cuando los agentes detectaron un aumento de agresiones reiteradas a menores en las inmediaciones de varios centros educativos de Oviedo/Uviéu a la salida de las clases, así como diversas acciones violentas que se utilizaban como ritos de iniciación para ingresar en la banda.

Una estricta disciplina interna

Los integrantes de las Brigadas de Información de la Policía Nacional de Oviedo/Uviéu y Gijón/Xixón, en colaboración con la Comisaría General de Información, llevaron a cabo las pesquisas que han derivado en la detención de los menores.

La investigación permitió conocer el modus operandi de esta banda que mantenía una estricta disciplina interna y una estructura cohesionada con fines exclusivamente delictivos.

Las redes sociales

Para financiarse, los líderes del grupo imponían el pago de cuotas a los miembros, una recaudación que complementaban con los beneficios obtenidos de sus actividades ilícitas.

Los integrantes de 'Zazagang' mostraban una gran actividad en las redes sociales y a través de las plataformas lograban tanto cohesionar al grupo como publicitar sus acciones mediante vídeos donde exhibían todo el material que utilizaban en sus acciones como hachas, machetes y armas de fuego.

Desde hachas y machetes a bates de béisbol

Durante la fase de explotación de la operación, la Policía Nacional realizó cuatro registros domiciliarios en los que intervino desde hachas y machetes hasta armas blancas, bates de béisbol, material informático y pistolas simuladas.

Con esta operación, la Jefatura Superior de Policía de Asturias da por desarticulada esta organización delictiva de forma definitiva en una actuación que se enmarca dentro del Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Seguridad contra los grupos organizados y violentos de carácter juvenil.

La Policia Nacional ha detingut a Palma a un home per suposadament realitzar tocaments a una turista en una discoteca de Platja de Palma i agredir a la seva parella quan li ho va recriminar.

Segons ha informat la Prefectura en nota de premsa, sobre les 23.00 hores del passat dimarts, es va rebre anomenada en el 091 en la qual el personal de seguretat d'una discoteca de Platja de Palma informava que tenien retingut a un home alemany per haver agredit sexualment a una jove a l'interior del recinte.

Diverses patrulles del Grup Operatiu de Resposta (GOR) van acudir al lloc. La víctima els va contar que el presumpte autor, almenys dues vegades, li havia agredit sexualment mentre es trobava ballant al costat de la seva parella.

La jove va manifestar, a més, que l'ara arrestat va agredir a la seva parella, que tenia un cop en el rostre, quan li va recriminar l'acció. Els agents van detenir al presumpte agressor i el van traslladar a dependències judicials.

Es dona la circumstància que, el mes de maig passat, la Policia Nacional va detenir a dos homes acusats d'agredir sexualment a una dona que es trobava de vacances a Mallorca i que va aconseguir escapar del vehicle en el qual presumptament van ocórrer els fets per a demanar auxili en un habitatge pròxim. L'autoritat judicial va decretar l'ingrés provisional a la presó de tots dos detinguts.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente realizar tocamientos a una turista en una discoteca de Playa de Palma y agredir a su pareja cuando se lo recriminó.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, sobre las 23.00 horas del pasado martes, se recibió llamada en el 091 en la que el personal de seguridad de una discoteca de Playa de Palma informaba de que tenían retenido a un varón alemán por haber agredido sexualmente a una joven en el interior del recinto.

Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) acudieron al lugar. La víctima les contó que el presunto autor, al menos dos veces, le había agredido sexualmente mientras se encontraba bailando junto a su pareja.

La joven manifestó, además, que el ahora arrestado agredió a su pareja, que tenía un golpe en el rostro, cuando le recriminó la acción. Los agentes detuvieron al presunto agresor y lo trasladaron a dependencias judiciales.

Se da la circunstancia de que, el pasado mes de mayo, la Policía Nacional detuvo a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer que se encontraba de vacaciones en Mallorca y que logró escapar del vehículo en el que presuntamente ocurrieron los hechos para pedir auxilio en una vivienda cercana. La autoridad judicial decretó el ingreso provisional en prisión de ambos detenidos.

Cinco personas han resultado heridas después de que un hombre rociara presuntamente con un líquido corrosivo a otras cuatro personas este domingo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Una de ellas se encuentra en estado muy grave, otra permanece ingresada y tres, entre las que se encuentra el agresor, han sido dadas de alta.

El presunto autor de los hechos, que también resulto herido, ha sido detenido por la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha informado este lunes a preguntas de los medios de que fue el dueño de un bar en la Plaza España de la localidad el que arrojó “algún abrasivo sobre otra persona, el cónyuge de una de sus empleadas”.

Resultaron heridas cinco personas por quemaduras en brazos, espalda y cara, de las cuales tres han sido dadas de alta -entre ellos el presunto agresor-, y otras dos se encuentran ingresados en el Hospital Universitario de Getafe, una en estado grave y otra muy grave.

Dos trasladados a la Unidad de Grandes Quemados de Getafe

Fuentes sanitarias han confirmado a Europa Press que un varón de 44 años se encuentra en estado muy grave y ha sido ingresado en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe. Presenta quemaduras en un 30% de la superficie corporal en cabeza, espalda, tórax, miembros superiores y cuello.

La otra persona herida trasladada a Getafe es una mujer, 52 años, estable dentro de la gravedad, también ingresada en la Unidad de Grandes Quemados de este hospital. Presenta quemaduras en un 12% de la superficie corporal en espalda, miembros superiores y cuello.

Los otros tres heridos fueron ingresados en el Hospital Mancha Centro, entre ellos el presunto agresor, y ya han sido dados de alta. Son tres hombres de 63, 80 y 48 años, tal y como han confirmado fuentes de este centro hospitalario.

Esta semana, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteri,a representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) ha puesto a manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. Aunque, por el momento, no hay ninguna denuncia formal presentada ante la Ertzaintza por este suceso. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, informan desde el Consistorio.

La declaración de Otaegi se ha producido concretamente este jueves a petición de la Fiscalía de Menores y el objetivo de esta ha sido verificar el contenido de las informaciones enviadas previamente a la Policía judicial. Según ha aclarado el Ayuntamiento de Errenteria en un comunicado, “la Fiscalía de Menores es la encargada de garantizar la adecuada protección de las personas menores y el objetivo, además de aclarar las informaciones recibidas, es ayudar a identificar posibles víctimas”. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, ha asegurado.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y una reunión con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, ha denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

Un hombre de 46 años ha sido detenido en La Roda (Albacete) en relación a la muerte de su compañero de piso, de 52 años, ambos de nacionalidad rumana, en la vivienda que ambos compartían en esa localidad.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, el detenido se ha personado a las 7.40 horas de este viernes en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, comunicando que la pasada noche había herido con un arma blanca a su compañero de piso y que aquél había fallecido.

Una patrulla desplazada hasta el lugar ha comprobado los hechos relatados, activándose en ese momento el protocolo judicial, procediendo a la detención del autor confeso de la agresión, que permanece en el cuartel de la Guardia Civil de La Roda hasta que pase a disposición judicial.

Al cadáver del fallecido se le ha realizado la autopsia a finales de la mañana de este viernes, según las mismas fuentes, que han confirmado que el equipo de Policía Judicial de La Roda se ha hecho cargo de las investigaciones.

CSIF La Rioja denuncia una nueva agresión en la oficina del SEPE de Calahorra lo que demuestra “las condiciones a las que están sometidos los trabajadores en esta oficina”. Recuerdan que hace unas semanas se hicieron eco de un “incidente violento vivido con un ciudadano. Hoy lamentamos un nuevo suceso en el que tuvo que intervenir la Guardia Civil y Policía Local de Calahorra por la agresividad del ciudadano”.

La formación sindical ha trasladado la situación de estos trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud de la AGE en La Rioja, la Delegada del Gobierno de España en La Rioja y al director Provincial del SEPE. En todos los requerimientos solicitan la contratación de un guardia de seguridad aunque “se ha hecho caso omiso y la situación en estas dependencias se está agravando”.

El SEPE en Calahorra se encuentra en unas dependencias que son propiedad del Gobierno de La Rioja y según CSIF La Rioja, “la directora general de Empleo, Cristina Salinas, se opone aunque hay una dotación presupuestaria para ello”. Frenan la contratación de un guardia de seguridad en el SEPE de Calahorra “a mientras que en la oficina de La Rioja sí hay guardia de Seguridad y otro distinto en la Oficina de Empleo”.

Por todo ello piden a Delegación del Gobierno en La Rioja que “audite los gastos de modernización para ver donde se gasta el dinero que desde el SEPE se trasfiere a la Dirección General de Empleo para la contratación del guardia de seguridad. Y además piden a Delegación el traslado del SEPE a otras dependencias en las que sí haya guardia de seguridad”.

Y además de estas agresiones y falta de personal, la formación también critican las altas temperaturas que se “soportan en esta oficina”. Ya lo denunciaron el año pasado y la solución, instalar unos toldos. “El aire acondicionado no funciona. a las 11:00 de la mañana las temperaturas oscilaban entre los 29,1 grados”.

En definitiva, CSIF exige a Delegación del Gobierno en La Rioja que “de manera urgente” se dote de personal de seguridad a la Oficina del SEPE de Calahorra o en caso contrario, se traslade las dependencias del SEPE de Calahorra a otras oficinas de la administración del estado que cuenten con guardia de seguridad.

El Ayuntamiento de Arrigorriaga, una localidad de Bizkaia, ha condenado a través de un comunicado una agresión tránsfoba contra un concejal de EH Bildu ocurrida el pasado sábado. En la nota, el equipo de Gobierno, formado por EH Bildu, Arrigorriaga Gara y NOA, ha mostrado su “firme rechazo ante estos hechos y su apoyo y solidaridad a la víctima”, a la que han descrito como “un representante de la ciudadanía”, pero cuya identidad por el momento no se ha hecho pública por su protección.

Según han informado desde el Ayuntamiento, durante la agresión algunas personas “intervinieron ante la situación, protegiendo y respondiendo de forma activa frente al suceso”, algo que, han agradecido alegando que se trata de una actitud que demuestra “que la solidaridad y la responsabilidad colectiva son indispensables ante el odio y la discriminación”.

Sobre el suceso, en el comunicado alegan que no solamente “se muestra la LGTBIfobia a través de agresiones físicas”. “Los insultos, desprecios, cuestionamientos o menosprecios son también expresiones de discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. Este tipo de ataques no afectan solo a una persona individual, sino que el mensaje excluyente se dirige a todo el colectivo LGTBI, por lo que la lucha contra la LGTBIfobia es una responsabilidad que compete a toda la sociedad”, ha denunciado el Consistorio, que ha recalcado que “reafirma su compromiso para garantizar la diversidad, hacer frente a la discriminación y construir entornos seguros”.

Desde EH Bildu, por su parte, han denunciado a través de las redes sociales el suceso, han trasladado que “no tolerarán ningún tipo de ataque ni actitud intolerante” y han mostrado su solidaridad y apoyo total a la víctima. “Seguiremos desarrollando políticas públicas integrales para que los pueblos y barrios de Euskal Herria puedan ser espacios libres de LGTBIfobia y para que todas las personas puedan vivir en libertad, con dignidad y sin miedo”, han detallado.

El Defensor del Pueblo acaba de abrir una actuación ante la Dirección General de la Policia solicitando información detallada acerca de la actuación policial del pasado domingo, 31 de mayo, en la ciudad de Valencia, en la que una persona, en el transcurso de una manifestación de docentes junto a la Conselleria de Educación, sufrió una agresión por parte de un agente de la Policía Nacional.

A través de videos difundidos por los medios de comunicación, esta institución ha tenido conocimiento de los incidentes acaecidos el pasado domingo en Valencia, cuando un grupo de docentes -en huelga desde hace semanas- se manifestaban en defensa de la educación pública y una asistente a la concentración -al parecer maestra jubilada- fue empujada fuertemente por la espalda sufriendo lesiones tras golpearse con el suelo sin haber existido, aparentemente, provocación o desacato a la autoridad. Pareciera que, tras observación del video, se utilizó la fuerza de manera desproporcionada.

El Defensor del Pueblo recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido doctrina respecto al uso de la fuerza por los funcionarios policiales, que se exige el cumplimiento de determinados requisitos y que, además de tener que ser proporcionado, para hacer uso de la fuerza ha de concurrir un determinado grado de resistencia por parte del sujeto pasivo.

El Defensor del Pueblo reclama a la Dirección General de la Policia un informe valorativo sobre lo hechos, que se le haga llegar documentación audiovisual que pudiera existir sobre el suceso diferente a la difundida por los medios de comunicación, y que le informe sobre las responsabilidades que hubieran podido depurarse como consecuencia de esta actuación policial.

Dos hombres han resultado heridos por arma blanca este martes, uno de ellos en estado grave, tras una reyerta ocurrida en la vía pública en la ciudad de Talavera de la Reina.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, los hechos han tenido lugar en la calle Portiña de San Miguel a las 3.14 horas.

El herido en estado grave es un hombre de 30 años que ha sido trasladado en UVI al hospital de la ciudad talaverana, mientras que el otro herido es otro varón de 27 años que ha sido enviado en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro.

Además de los medios sanitarios ya mencionados, en el lugar se han personado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.

Una mujer de 63 años de edad ha resultado herida por arma blanca tras ser apuñalada por otra mujer este lunes en una calle de Bolaños de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, los hechos tenían lugar este lunes a las 19.35 en la calle Ánimas, en la vía pública.

La mujer de 63 años de edad presentaba una herida por arma blanca y, tras ser atendida por un médico de Urgencias, era enviada en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Ciudad Real, mientras que otra mujer, de 30 años, también era atendida por un ataque de ansiedad y desplazada en otra ambulancia al mismo hospital.

Hasta el lugar, además de los medios sanitarios, se han acercado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

En los últimos días, dos presuntos casos de violencia machista, uno de ellos a menores de edad, han sacudido el municipio guipuzcoano de Errenteria. Se trata, por un lado, de casos de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores, y por el otro, de agresiones protagonizadas presuntamente por el coreógrafo y bailarín Jon Maya, director del grupo de danza Kukai y Premio Nacional de Danza en el año 2017.

El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha comparecido este lunes por primera vez tras hacerse público lo ocurrido para mostrar su apoyo a las víctimas e informar de que, en ambos casos, “se llevará a cabo los procedimientos y procesos que sean necesarios para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño causado”. Según ha confirmado la alcaldesa Aizpea Otaegi, se encuentran en conversaciones con la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa.

Sobre el caso de la Bertso Eskola, desde el Ayuntamiento han informado de que ha sido este mayo cuando han tenido conocimiento de lo ocurrido. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, sostienen sobre uno de los dos casos, para el cual se han reunido con los padres y madres de las menores afectadas y una profesional experta en violencia machista, con el objetivo de “ofrecerles apoyo profesional ante una situación tan difícil de digerir y gestionar”.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor, cuyo nombre por ahora no se ha hecho público, “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, ha insistido.

A diferencia de la escuela, que es un servicio municipal que el ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio, Kukai no gestiona ningún servicio público, aunque sí que trabajan en instalaciones municipales y hasta ahora han recibido subvenciones. “Kukai es considerada una compañía residente en Errenteria, lo cual se traduce en que tienen por sede y como lugar de trabajo instalaciones municipales y cuentan con una subvención nominativa, como muchos otros agentes municipales, mediante lo cual su labor es apoyada y sostenida. Kukai no gestiona ningún servicio municipal y el ayuntamiento tampoco interfiere en su labor”, ha informado la alcaldesa.

Según ha reconocido Otaegi, desde el Ayuntamiento de Errenteria han sido conscientes de las presuntas agresiones en el entorno de Kukai Dantza en 2024. “Hoy rompemos un principio que hemos tenido muy claro y que ha guiado toda la gestión de este tema desde que yo, como alcaldesa, tengo conocimiento de los hechos a los que nos referimos (en diciembre del 2024): el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado y que el movimiento feminista en todo momento ha tratado de traer al centro. Como hemos dicho, el Ayuntamiento de Errenteria supo a través de canales informales, en diciembre del 2024, de las denuncias contra Jon Maya. Fuimos la concejala de igualdad y yo misma quienes supimos de estos sucesos: al principio parecía haber alguna denuncia, luego supimos que el Movimiento Feminista había recopilado los testimonios de varias víctimas. En cuanto supimos de todo esto, el Ayuntamiento de Errenteria se puso en contacto con Kukai. A su vez, nos pusimos en contacto con un equipo externo, experto en violencia machista. Como institución pública queríamos realizar la mejor gestión posible y queríamos incorporar la mirada experta, partiendo de que las conductas que se denunciaban son inaceptables y que como administración pública ni las podemos aceptar, ni les podemos dar cobertura”, han informado.

Según ha detallado Otaegi, en el momento en el que se enteran de las denuncias se ponen en contacto con Kukai, quienes les trasladan las decisiones tomadas. La primera de todas, que Jon Maya acepta las acusaciones e interrumpe su actividad. También que asume “la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos”. “El ayuntamiento, en ese momento entiende que Jon Maya y Kukai han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas. Así, diferenciando a Jon Maya, apartado de la actividad pública, de la compañía Kukai, decidimos mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a Kukai su subvención nominativa de 53.600 euros para 2025 y desarrolla sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia de Jon”, han reconocido.

Sin embargo, desde Kukai se comunica al Ayuntamiento en noviembre de 2025, meses después de su cese, que Maya intenta recuperar su actividad ordinaria en febrero de 2026. “El ayuntamiento decide entonces congelar su relación con Kukai, dejarla en stand-by, hasta tener información detallada de cómo es ese regreso y en función de ello qué postura tiene que adoptar el ayuntamiento, qué garantías exigir para que este tipo de sucesos como los denunciados no se vuelvan a producir”, han señalado.

El presunto agresor, Jon Maya pide “prudencia y respeto”

El propio Jon Maya se ha pronunciado después de que el caso se ha hecho público para pedir “respeto”, sin negar lo que ha hecho. “En ese momento, asumí la responsabilidad de reflexionar sobre mis acciones y de garantizar que no se repitieran”, ha confesado el presunto agresor en un comunicado remitido a la agencia Efe, en el que asegura que en enero de 2025 una asociación feminista le trasladó “el testimonio de varias mujeres sobre comportamientos inadecuados” en su relación con ellas. Según ha explicado, durante aquel proceso se le indicó “de manera explícita” que cualquier actuación relacionada con el asunto debía mantenerse “en un ámbito estrictamente privado y confidencial”.

En su comunicado, Maya realiza además un llamamiento a la “prudencia y al respeto” y considera que es momento de “proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas implicadas”. Asimismo, apunta que más adelante podrá abrirse un espacio para reflexionar sobre “la rumorología, las difamaciones y la condena social” que, a su juicio, se han generado en torno a este caso. Aunque desde las asociaciones Bilgune Feminista y Asanblada Feminista de Errenteria defienden que han recibido directamente “testimonios de agresiones” y rechazan la caracterización de los hechos como conductas “leves”.

Jon Maya (Errenteria, 1977) se inició en la danza tradicional vasca a los seis años en el grupo Ereintza de Errenteria. Participó en festivales internacionales de numerosos países y fue siete veces Campeón de Euskadi de Aurreskularis. En 2002 fundó Kukai Dantza para “crear espectáculos contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca”. Allí hasta la denuncia por las presuntas agresiones ha estado desarrollando este concepto y construyendo las bases de Kukai Dantza, actuando como bailarín, coreógrafo y director. También ha trabajado como director artístico de eventos como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como asesor de movimiento en producciones teatrales, y ha desempeñado labores docentes en la Escuela Municipal de Danza de Errenteria y en talleres y masterclass en compañías y festivales de renombre. “El encuentro entre lenguajes artísticos y la capacidad de realizar colaboraciones con creadores de distintas disciplinas como la gastronomía, el teatro, el cine o los museos son el principal sello de su trabajo”, informan desde la Academia Española de Ártes Escénicas sobre el ganador del Premio Nacional de Danza en 2017 y de los Premios Max de las Artes Escénicas al Espectáculo revelación en 2008, al Mejor Elenco de Danza y Mejor Composición Musical en 2015, al Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Elenco de Danza y Mejor Vestuario en 2017, Mejor Coreografía en 2019 y Mejor Intérprete Masculino de Danza, un premio ex aequo con el bailarín Andrés Marín en el año 2024.

Desde el Ayuntamiento de Errenteria han explicado que el proceso con Kukai y con Maya, en particular, se ha construido sobre “principios muy firmes”: “La aceptación por parte del agresor de los hechos de los que se le acusa y su voluntad de hacer un camino reparador, con el compromiso de realizar una revisión crítica de sus comportamientos y un compromiso explícito de no repetición, la lealtad absoluta a la petición de confidencialidad de las víctimas y el consejo experto. Leales a este segundo principio de garantizar la confidencialidad solicitada por las víctimas, desde alcaldía y el área de Igualdad, que somos quienes hemos tenido conocimiento de estos hechos, decidimos actuar en consecuencia: no compartir información con nadie más, salvo que se nos pregunte”, han recalcado. Dentro de este proceso, se produce una reunión con Kukai que en un principio se iba a desarrollar en febrero de 2026 y, finalmente se celebra el 16 de abril.

Una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai

Sin embargo, para aquel entonces, Maya ya ha regresado a la esfera pública sin acordarlo con el Ayuntamiento. Algo que ha abierto una crisis entre ambos “en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua”, según ha confesado Otaegi. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y volver al proceso, es volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas. Entre tanto, la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida“, ha asegurado.

Otaegi también ha aprovechado su intervención para criticar a la oposición, después de que el PP haya pedido su dimisión, el PSE-EE haya solicitado una comisión extraordinaria y la comparecencia de diferentes responsables políticos y agentes sociales y el PNV haya pedido una investigación o auditoria externa. Sobre los dos primeros, la alcaldesa ha denunciado que les han acusado de “falta de transparencia”. “Ambos, a favor de las víctimas, pero sin las víctimas y pasando por encima de ellas. Obviando la petición expresa de las víctimas, de confidencialidad, y por extensión, la petición de confidencialidad hecha por el Equipo de Gobierno, cuando se comparte la información de la que disponemos con la oposición”, ha recalcado.

“Solo quiero decir, que siempre estaremos dispuestos y dispuestas a mejorar la gestión municipal de este tipo de casos, a aprender de procesos como este, a favor de cualquier proceso del que podamos mejorar. Pero siempre que se garantice la perspectiva feminista y el rigor profesional y técnico. Llevo 7 años de alcaldesa y me ha tocado ver, vivir y gestionar muchas cosas. Pero ante estas dos realidades tan crudas y dolorosas para nuestro municipio que nos ha tocado afrontar, me resulta especialmente doloroso ver qué fácilmente se han dejado de lado las víctimas y qué fácil se ha dado prioridad al rédito político. Nuestra prioridad siempre serán la seguridad y bienestar de las víctimas, y siempre actuaremos atendiendo sus peticiones y respetando sus ritmos”, ha concluido la alcadesa.

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona ha condenado a un hombre a seis meses de prisión y a más de 950 euros de indemnización por agredir a dos agentes de la Policía Nacional que acudieron a una intervención en las inmediaciones de una discoteca de Pamplona tras producirse un altercado entre un varón y su pareja.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de julio de 2025. Durante la actuación policial, el hombre “mostró una actitud violenta, obstaculizando la labor policial y llegando a agredir físicamente a los agentes intervinientes”. Como consecuencia de la agresión, “dos policías nacionales resultaron lesionados”. Uno de los agentes sufrió contusiones faciales, excoriaciones y lesiones en un brazo, además de daños en su teléfono móvil personal. El segundo agente padeció “lesiones musculares y limitación funcional derivados del forcejeo necesario para reducir al agresor”, según ha informado en una nota el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra.

El tribunal ha condenado al autor de los hechos por “un delito de atentado contra agente de la autoridad y dos delitos leves de lesiones”, imponiéndole una pena de seis meses de prisión y el pago de las costas procesales. Además, obliga al condenado a indemnizar a los policías agredidos con 375 euros por las lesiones causadas al primer agente y 575 euros por las lesiones ocasionadas al segundo agente. Además, deberá pagar por los daños provocados en el teléfono móvil del agente perjudicado.

El secretario general de SUP Navarra, Eduardo Riballo, ha advertido de “la creciente preocupación existente por el aumento de la violencia contra policías nacionales durante intervenciones ordinarias” y ha señalado que “quien agreda a un policía nacional debe saber que responderá ante la Justicia y asumirá las consecuencias penales y económicas derivadas de sus actos”. Según ha afirmado, el SUP continuará personándose en todos aquellos procedimientos en los que resulte agredido o lesionado un miembro de la Policía Nacional.

Comisiones Obreras ha denunciado una nueva agresión en el Hospital San Pedro cometida esta misma mañana, poco después de las ocho. Al parecer, un paciente de 17 años ha agredido a dos trabajadores del centro hospitalario, en concreto, dos vigilantes de seguridad, causándoles heridas de diversa consideración.

Uno de ellos ha recibido un rodillazo en el pómulo y el otro un puñetazo en el labio, causándole una herida y una luxación de la muñeca al intentar contenerlo.

Desde la Federación de Habitat de CCOO recuerdan que el sindicato viene denunciando desde hace tiempo este tipo de agresiones “que son cada vez más frecuentes”, especialmetne en el área de Urgencias.

Por todo ello, solicitan una vez más que se incrementen los medios de protección, que se refuercen las plantillas en las áreas mas conflictivas y, sobre todo, que a los vigilantes de seguridad se les reconozca la categoría de agentes de autoridad.

El comité de la empresa encargada de la seguridad del Hospital San Pedro, hace un llamamiento a todas las centrales sindicales así como compañeros a una concentración el 29 de mayo a las 11:00h en el Hospital San Pedro para denunciar “el aumento de agresiones a los vigilantes y reclaman un aumento de plantilla en las zonas conflictivas, así como que se les reconozca la categoría de agentes de la autoridad”.

“En mi vida he pasado tanto miedo por la sensación de peligro”. Es el testimonio de un celador que trabaja en el Hospital San Pedro de Logroño que ha relatado a CCOO lo que considera “un episodio de extrema gravedad”. Un paciente, “en estado de agitación estuvo a punto de agredir a un celador, a varios técnicos de ambulancia y a más personal sanitario”. El paciente, “trató de agredir a los profesionales utilizando el cinturón de una camilla, de hecho golpeó con la hebilla los cristales de los boxes donde se encontraban más pacientes en situación crítica”.

Y ante hechos de estas características, CCOO La Rioja muestra su preocupación porque “además de las denuncias constantes denuncias del personal de Urgencias se une ahora las inseguras condiciones laborales en las que operan cada día”. Y es que denuncian que se ha cerrado una de las vías de salida con motivo de las obras que se están realizando en Radiología. Un cierre que alertan “reduce drásticamente las opciones de evacuación y convierte el área en una zona de alto riesgo en caso de emergencia”.

Además, añaden la deficiente cobertura de las cámaras de seguridad. “La ubicación de estas cámaras no permite controlar adecuadamente todas las zonas de Urgencias de forma que zonas especialmente sensibles como el pasillo de la zona de psiquiatría no está suficientemente vigilado por lo que el riesgo para pacientes y profesionales aumenta”.

CCOO La Rioja insiste en que “celadores y celadoras, como personal de primera acogida de pacientes, desempeñan una labor esencial en condiciones de continuo riesgo. Bien sea por exposición a riesgos biológicos, por la falta de personal o por situaciones de violencia como la que denunciamos, su seguridad no está garantizada”

Por todo ello consideran “inadmisible en un servicio ya de por sí peligroso, se agraven las condiciones de seguridad con decisiones como el cierre de una de las salidas por las obras de Radiología de Urgencias, unido además a la evidente carencia de personal de seguridad y a un sistema de videovigilancia claramente insuficiente”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que cinco funcionarios de vigilancia han sufrido diversas “heridas, hematomas, magulladuras y torceduras” derivadas de una intervención durante la mañana de este lunes en el centro penitenciario de Ocaña I (Toledo).

Desde el sindicato exponen que el suceso ha tenido lugar en el módulo de enfermería de este centro penitenciario cuando un interno “se negó de manera persistente, activa y vehemente a que los servicios sanitarios le administrasen el tratamiento pautado bajo indicación médica. A pesar de las reiteradas órdenes impartidas tanto por los funcionarios presentes como por los jefes de servicio, el interno mantuvo en todo momento una actitud desafiante, agresiva y de absoluta resistencia”.

Apuntan que el estado de alteración del interno ha propiciado que fuese “necesaria” la actuación coordinada de ocho funcionarios de vigilancia procedentes de otros módulos del centro.

“El interno, que se encontraba en ese momento dentro de su celda, recibió a los trabajadores con una fuerte resistencia física. Tras varios minutos de intensa pugna los funcionarios lograron reducirlo aplicando los protocolos de actuación establecidos y el personal sanitario pudo administrarle el tratamiento”, explican desde CSIF.

Aseguran que “como consecuencia directa del enfrentamiento” cinco funcionarios han resultado lesionados.

Desde CSIF exponen que este interno en concreto “ha protagonizado durante su estancia en Ocaña I diversos episodios de conflictividad e inadaptación al régimen ordinario de vida penitenciaria, mostrando conductas agresivas y alteraciones regimentales en distintas ocasiones”. Por este motivo, el sindicato solicita formalmente el traslado del interno en una conducción especial y directa “a un centro penitenciario mejor preparado para el control y tratamiento de internos de estas características”.

Reivindican la “falta de protección jurídica” de los empleados penitenciarios

CSIF lamenta “la falta de protección jurídica que continúan sufriendo los empleados públicos penitenciarios” en el ejercicio de sus funciones, al “no ser reconocidos todavía como agentes de la autoridad pese al elevado riesgo y exposición permanente que asumen diariamente”.

Explican que en España solo existen dos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, situados en Alicante y Sevilla, “lo que provoca que muchas enfermerías de centros penitenciarios terminen funcionando como auténticos ‘psiquiátricos encubiertos’, sin los medios especializados suficientes para hacer frente a este tipo de perfiles especialmente conflictivos y complejos”.

CSIF también señala que “la semana pasada se produjo un incidente en Ocaña II durante el recuento de los internos, y en mayo del pasado año se produjo en Ocaña I una pelea multitudinaria entre internos en el que un funcionario resultó herido”. Sl sindicato apunta que, “a pesar de que no son trasladados a medios, los episodios violentos en los centros penitenciarios son muy frecuentes”.

La presidenta de Radio Taxi Santander y siete taxistas más han sido condenados a multas, de hasta un máximo cercano a los mil euros, por increpar a un conductor de Cabify en el aeropuerto Seve Ballesteros y al que, además, agredieron tres de ellos, incluida la representante del colectivo en la ciudad, Pilar Terán.

Las penas han sido pactadas por las partes este lunes antes del juicio contra ellos, que no se ha celebrado ya que ha habido conformidad. También han acordado que dos de los implicados indemnicen con 1.450 euros a la víctima por los puñetazos propinados y con 165 euros al Servicio Cántabro de Salud por la asistencia médica prestada.

Durante la sesión, todos los procesados -uno de ellos también miembro de la sociedad cooperativa, en la que tiene el cargo de vicetesorero- se han mostrado conformes con las penas que sus abogados han pactado con el de la acusación particular y el fiscal y la jueza ha decretado ya la firmeza de la sentencia.

Antes de la vista oral, el ministerio público reclamaba ocho meses de prisión para cada uno de los enjuiciados por un delito de coacciones y multas de 600 euros para los dos taxistas que dieron varios puñetazos al conductor de Cabify (uno de ellos llegó a sujetarle por el cuello mientras el otro le golpeaba) y de 300 para Terán por sujetarle por la espalda y propinarle un fuerte empujón.

Pero ahora se ha considerado que el delito de coacciones fue leve, por lo que se ha rebajado la pena a cada uno de ellos por este ilícito a 480 euros, a razón de una cuota diaria de ocho euros durante dos meses.

Además, a los dos que agredieron a la víctima se les ha impuesto la misma multa, de 480 euros, por un delito igualmente leve de lesiones, y de 240 euros (ocho euros al día durante un mes) a la presidenta de los taxistas de Santander por un delito de maltrato de obra por el empujón.

Así las cosas, las multas oscilan entre los 480 euros que deben abonar cinco encausados, los 720 que tiene que pagar Terán y los 960 que corresponden a dos taxistas, y a los que se suman los 1.450 euros de indemnización al perjudicado (sufrió contusiones en mandíbula, dorso y lumbares) y 165 euros al SCS.

Además, todos ellos deberán sufragar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Antes del juicio, esta parte pedía para los ocho implicados -seis hombres y dos mujeres- dos años y medio de prisión por las coacciones y privación del derecho a acudir al aeropuerto durante un año. El fiscal solicitaba que todos indemnizaran a la víctima en 1.000 euros por el daño moral y en 1.200 euros los que le abofetearon por las lesiones sufridas.

Metio la cabeza por la ventanilla y le escupió

Según los hechos recogidos en el escrito de la Fiscalía y que se llevarán a sentencia, el conductor de Cabify acudió al aeropuerto de Santander para hacer un servicio. Al parar el automóvil fue increpado por varios taxistas, uno de los cuales “metió la cabeza por la ventanilla del vehículo y le escupió”.

Entonces, el increpado cambió de lugar su coche y se bajó del mismo para dirigirse a la terminal con el fin de solicitar la intervención de la Guardia Civil. Pero no pudo hacerlo “por la violenta actuación en grupo” de los ocho procesados. Una taxista (Terán) “le sujetó por la espalda y le propinó un fuerte empujón” y, a continuación, otros dos “le golpearon propinándole varios puñetazos, llegándole a sujetar fuertemente por el cuello uno mientras el otro le golpeaba”.