El conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por las acusaciones de corrupción de la ministra al conseller.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del entorno del conseller, que han precisado que la querella se interpuso este miércoles 20 de mayo, aunque Gómez ya había avanzado su intención de seguir adelante el proceso, después de que Morant no acudiera al acto de conciliación convocado para el pasado 2 de abril.

El acto de conciliación fue solicitado por la defensa de Gómez, que en el texto de solicitud indicaba que Morant acusó el pasado 4 de febrero al conseller de Sanidad de estar lucrándose con la privatización de la sanidad: “Aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud”.

El 5 de febrero, añade el escrito, la dirigente socialista volvió a imputar al conseller conductas delictivas en una declaraciones que, a su juicio, “no constituyen una crítica política genérica, una valoración ideológica ni una opinión amparada por la libertad de expresión, sino una imputación directa, personal y concreta de hechos delictivos”.

En ellas, indica, atribuye al conseller “lucro personal indebido derivado del ejercicio de su cargo público, conductas corruptas vinculadas a la privatización de la sanidad y relación irregular y espuria con una empresa concreta del sector sanitario (Ribera Salud)”.

La defensa del conseller considera que las manifestaciones descritas “encajan plenamente en el delito de calumnias” y el acto de conciliación era la “última oportunidad” para que Morant rectificara públicamente y evitara “la interposición inmediata de la correspondiente querella criminal, con todas las consecuencias penales, civiles y reputacionales que de ello se derivan”.

Por su parte, el pasado mes de febrero, el PSPV-PSOE presentó ante la Fiscalía provincial de Valencia una denuncia contra el conseller, la directora general del Grupo Ribera Salud, Sonia Hernández, y el gerente de la Clínica de Benidorm, Juan David Gómez.

En la denuncia señalaban que hay “claros intereses en conflicto” entre el conseller y miembros de la cúpula de la concesionaria Ribera Salud, “a quien se le prorrogó ilícitamente la gestión del Departamento de Salud Elche-Crevillent, con grave quebranto para las arcas públicas mientras existía familiaridad entre las partes”.

Añade que las “prácticas en la gestión sanitaria podrían devenir” en los delitos de negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación y omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat valenciana.

La titular de la plaça número 2 de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Carlet ha decretat el sobreseïment provisional i l’arxivament de la causa impulsada per l’alcalde d’Almussafes, Toni González, expulsat del PSPV-PSOE, contra les dues dones que van denunciar que havien patit un presumpte assetjament sexual per part del primer edil.

Així consta en una interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es en què la magistrada conclou que, “si bé els fets poden ser constitutius d’un delicte, es desconeix qui poden ser les persones autores d’aquests”. González va denunciar les dues dones per haver-lo denunciat al seu torn per presumpte assetjament sexual davant el Cade, l’òrgan intern del PSOE que investiga aquesta mena de situacions en el partit.

La resolució considera que s’escau acordar el sobreseïment provisional de la causa i l’arxivament de les actuacions.

La denunciant inicial del presumpte assetjament va ser acomiadada i posteriorment readmesa en el seu lloc de treball de l’Empresa Municipal de Serveis d’Almussafes (Emspa) arran de la resolució de l’Agència Valenciana Antifrau per la qual es va obrir un procediment sancionador de fins a 300.000 euros tant al primer edil com a la mercantil pública per una possible infracció molt greu, pel fet de considerar que l’acomiadament es va executar com a represàlia.

González va rebre posteriorment una segona denúncia d’una altra persona per un presumpte assetjament sexual, cosa que va comportar la seua expulsió del PSPV-PSOE. L’elcalde va anunciar la creació d’un nou partit després de la seua expulsió de les files socialistes.

D’altra banda, Toni González també es va querellar contra la ministra i secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que el va titlar de “puter i assetjador laboral i sexual”.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carlet ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa impulsada por el alcalde de Almussafes, Toni González, expulsado del PSPV-PSOE, contra las dos mujeres que denunciaron haber sufrido un presunto acoso sexual por parte del primer edil.

Así consta en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es en el que la magistrada concluye que, “si bien los hechos pueden ser constitutivos de un delito, se desconoce quién o quiénes pueden ser las personas autoras de los mismos”. González denunció a las dos mujeres por haberle denunciado a su vez por presunto acoso sexual ante el Cade, el órgano interno del PSOE que investiga este tipo de situaciones en el partido.

La resolución considera que procede acordar el sobreseimiento provisional de la causa y el archivo de las actuaciones.

La denunciante inicial del presunto acoso fue despedida y posteriormente readmitida en su puesto de trabajo de la Empresa Municipal de Serveis d'Almussafes (EMSPA) tras la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude por la que se abrió un procedimiento sancionador de hasta 300.000 euros tanto al primer edil como a la mercantil pública por una posible infracción muy grave, al considerar que el despido se ejecutó como represalia.

González recibió posteriormente una segunda denuncia de otra persona por un presunto acoso sexual, lo que conllevó su expulsión del PSPV-PSOE. El munícipe anunció la creación de un nuevo partido tras su expulsión de las filas socialistas.

Por otro lado, Toni González también se querelló contra la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que lo tildó de “putero y acosador laboral y sexual”.

El síndic del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Muñoz, ha denunciado este domingo que el president de la Generalitat, Pérez Llorca, “ha ocultado” a los valencianos y valencianas que el Gobierno de Pedro Sánchez le aprobó en febrero un anticipo de 200 millones de euros a cuenta de la liquidación del sistema de financiación, que las comunidades autónomas cobran en julio. Según se desprende de la documentación oficial remitida por la Conselleria de Hacienda al grupo socialista, el Gobierno autorizó una transferencia para que la Generalitat abone las facturas de sanidad, educación y servicios sociales.

El Ministerio de Hacienda aprobó una resolución para la “concesión de un anticipo de tesorería a la Comunitat Valenciana, destinado a hacer frente a desfases transitorios de tesorería, por importe de doscientos millones de euros”, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. El anticipo se aprobó a petición de la Conselleria de Hacienda, que la pidió el pasado diciembre, y será cancelado cuando se produzca el pago de la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2024.

Muñoz ha censurado que, pese a esta inyección económica, Pérez Llorca “ha tenido la desfachatez de criticar al Gobierno en las dos últimas sesiones de control en las Corts la no actualización de las entregas a cuenta de 2026 al mismo tiempo que se callaba que ha sido el Gobierno el que lo había rescatado en febrero con un adelanto de recursos para ayudarle a pagar las facturas”.

Además, resalta Muñoz, se da la circunstancia de que la Comunitat Valenciana “es la única de las 17 comunidades autónomas para la que el Gobierno de España ha anticipado estos recursos”. “Hay que tener una enorme hipocresía y una gran desfachatez para salir a atacar al Gobierno y ocultar a los valencianos el apoyo financiero del Ejecutivo central, tal como ha venido produciéndose desde que gobierna Pedro Sánchez en 2018, con el fin de ayudar a la Generalitat a pagar sus deudas con los proveedores, farmacias, autónomos o empresas, así como para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales.

“PP-jetas también con la financiación”

“Es otra faceta de los PP-jetas, el cinismo fáctico del presidente-suplente de Mazón”, lamenta Muñoz, quien recalca que, “para mayor descaro, las entregas a cuenta no han podido actualizarse a 2026 porque el PP y los ultras de Vox han tumbado en el Congreso hasta dos reales decretos, de diciembre de 2025 y de febrero de 2026, que garantizaban esta actualización”. “Lo rechazaron porque, en su tremenda irresponsabilidad, creen que con ello hacen daño al Gobierno de España, pero a quien castigan realmente es a los miles y miles de proveedores, pequeños empresarios, autónomos, trabajadores y familias que no pueden cobrar sus servicios o percibir determinadas ayudas por el bloqueo de la mejora en la financiación correspondiente a este año”, reprocha el Síndic.

El portavoz socialista señala que los 200 millones anticipados hasta febrero cubrieron la minoración de recursos causada por el voto del PP y Vox en el Congreso de los Diputados. Así, emplaza a Pérez Llorca a ser “valiente” y reclamar a Feijóo que “aparque por una vez sus intereses de partido y anteponga los intereses generales de los españoles para dejar de desbloquear la actualización de las entregas a cuenta”. “Por desgracia, ya sabemos que esto no pasará, porque Pérez Llorca se pasa el día intentando hacer méritos para que Feijóo prorrogue su débil liderazgo en el PPCV y lo arrope como candidato a la presidencia de la Generalitat en 2027, arrinconando los intereses de todos los valencianos y valencianas”.

El portavoz socialista censura “la flagrante y evidente deslealtad institucional” de Pérez Llorca, que “se presenta como un político dialogante y moderado pero cuya acción política, por su extrema debilidad, se basa en el cinismo y la falta de escrúpulos de Mazón, al tiempo que ha comprado sin remilgos la agenda ultra de Vox, con la repugnante mentira de hacer ver que el deterioro de la sanidad, la educación y los servicios sociales en la Comunitat Valenciana es por culpa de los inmigrantes, cuando es consecuencia del abandono del escudo social de la Comunitat Valenciana”.

“El president que dirá no a 3.669 millones”

Para José Muñoz, estamos ante “un president que se ha plegado a las órdenes de Génova para decir no a un nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de España que resolverá la injusticia histórica de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y que supondrá en 2027 nada menos que 3.669 millones más que con el modelo actual”. “Pérez Llorca critica que, por culpa curiosamente del PP y Vox, se ingresaran algo menos de 200 millones, al mismo tiempo que rechaza la nueva financiación que aportará 3.669 millones a la Comunitat Valenciana en 2027”, advierte José Muñoz, quien recuerda que el PP y Vox llevan años “votando en las Cortes Generales contra los intereses de la Comunitat Valenciana y en contra de que ésta reciba más recursos para prestar los mismos recursos que otras comunidades”.

“Pérez Llorca aspira a ser el president que dirá que no a 3.669 millones para la Comunitat Valenciana solo para intentar aferrarse al cargo, algo que los valencianos no vamos a permitir”, ha advertido el socialista. “En política no todo vale y basar la estrategia en un supuesto castigo al Gobierno que lo que hace es penalizar a los valencianos y valencianas es inadmisible; los ciudadanos tomarán buena nota de a quién quieren confiar su futuro, a los gestores irresponsables de la Dana o a los que ya han demostrado seriedad, rigor y compromiso con nuestra tierra, como fue la gestión del Consell del Botànic presidido por Ximo Puig”, ha resaltado José Muñoz.

El PSPV recurre la decisión de la Mesa de las Corts Valencianes, presidida por Vox, que bloquea la tramitación de preguntas parlamentarias sobre la mano derecha de Carlos Mazón en Emergencias durante la dana, el ya exdirector general Alberto Martín Moratilla.

Las diputadas socialistas Alicia Andújar y Marisa Navarro han registrado un recurso de reposición contra el acuerdo del órgano, que vetó tres preguntas por considerar que se identifica a “diversas personas que no tienen trascendencia pública”. La Mesa rechazó tramitar las preguntas, que ahondan en el proceso de oposición que superó el alto cargo, y pidió al PSPV que las reformulara. Tanto los socialistas como el sindicato Comisiones Obreras ven incongruencias en el proceso mediante el que ascendió a la escala de mandos de bomberos.

Las diputadas registraron las peticiones referidas al entonces director general de Emergencias, que aprobó un proceso interno para acceder a la escala de mando en el cuerpo de bomberos de Alicante, de donde procede, e incluyeron en el enunciado a un inspector jefe del citado cuerpo. El mando de bomberos solo se cita en un escrito, mientras que al exdirector general se refieren en tres ocasiones. De este plural, las socialistas deducen que Vox considera que Martín Moratilla, no es un cargo de trascendencia pública, pese a que fue el número 3 de Emergencias durante la dana y ha sido dos veces director general en la citada conselleria. “Es un insulto a la inteligencia”, denuncia la diputada Marisa Navarro, que señala que las preguntas “solo buscan transparencia” y considera que Vox y el PP “están ocultando la información deliberadamente”.

En su escrito, las parlamentarias justifican que Martín Moratilla es una persona con trascendencia pública en la Comunitat Valenciana, “ya que, como cargo público participó en la gestión de emergencias de la Conselleria de Emergencias e Interior mientras fue Director General de Emergencia y Extinción de Incendios, en primer momento y hasta el 14-5-25, y Director General de Coordinación de SPEIS, en segunda ocasión, habiendo compaginado la realización del Curso con el desempeño de ambos cargos”. Señalan además que adquirió también relevancia pública “por su participación en la obtención de la conversación entre las técnicas del 112 y de AEMET, posteriormente manipulada y descontextualizada”. El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, señaló en el juzgado que fue Martín Moratilla el que le pidió localizar la llamada sobre la que se había basado un informe de la Generalitat, y el subdirector de Emergencias, Ricardo García, le dijo que era “una petición de Presidencia”.

La Fiscalía de Valencia aprecia un posible delito en la filtración de la conversación del pasado 29 de octubre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la técnico del 112 de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

El PSPV-PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Valencia la instrucción de la Conselleria de Sanitat para denegar documentos para el proceso de regularización de migrantes. El portavoz socialista en las Corts Valencianes, José Muñoz, acompañado por la diputada Yaissel Sánchez, ha detallado la denuncia por los presuntos delitos de odio y de falsificación documental.

Los socialistas aluden a un documento remitido el pasado 27 de abril por el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler. Por su parte, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, alegó que se trataba de un borrador en contestación a algunas dudas que se habían planteado sobre el proceso.

Yaissel Sánchez ha criticado la “vulneración de los derechos de las personas migrantes” y de la “colaboración interadministrativa”. “Venimos a denunciar esas trabas que está poniendo el PP”, ha anunciado Sánchez.

“Violencia institucional” contra los migrantes

Muñoz ha exhibido el documento y ha cuestionado que fuera un borrador al ir firmado por el alto cargo. “El director general y la conselleria sabían que lo que estaban enviando no era legal. Sabían perfectamente que tendrían algún problema si era difundido a terceros. El propio correo advierte a los trabajadores de la sanidad pública que no debía ser difundido a terceros”, afirma el portavoz socialista, que también ha exigido al president Juan Francisco Pérez Llorca la destitución de la cúpula de la Conselleria de Sanitat.

“No vamos a permitir ni racismo ni violencia institucional contra colectivos migrantes ejercida directamente desde la Presidencia de la Generalitat del Partido Popular”, ha agregado.

Los partidos de la oposición al Gobierno valenciano del PP han anunciado que presentarán una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por el uso de datos personales desde la Conselleria de Eduación para enviar una carta a las familias con hijos escolarizados en centros públicos afectados por la huelga en la que se afirmaba, entre otras cosas, que “ningún estudiante ni familia puede ser cautivo de un conflicto sindical”.

El síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha avanzado esta denuncia contra la Conselleria por “la presunta utilización fraudulenta de los datos personales de las familias” en canales institucionales, que deberían dar información sobre cómo reorganizan la situación ante la huelga indefinida, especialmente para los alumnos que afrontan la EVAU, pero en lugar de eso “van contra las familias y profesores”, ha manifestado.

Muñoz ha afirmado que el Consell de Pérez Llorca dice que respeta a los profesores pero “lo que hemos visto es que hay un ataque a los profesores de la pública y la utilización de los correos institucionales de la Generalitat con los datos de carácter personal de las familias para atacar al profesorado y criminalizarlo como codiciosos, algo indigno e intolerable y que no había pasado nunca”, según ha denunciado.

Al mismo tiempo, ha destacado que, por primera vez en la historia, la comunidad educativa y los sindicatos de profesores están unidos para reclamar unas condiciones dignas para el alumnado y para los profesores.

Por su parte, el diputado de Compromís, Gerard Fullana, ha comentado que “la consejera de Educación utiliza recursos institucionales y datos personales de las familias para enviar una carta propagandística y demagógica con el objetivo de desacreditar una huelga legítima del profesorado valenciano”.

Por este motivo, ha informado de que la coalición valencianista ha presentado una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos por el uso partidista de los canales oficiales de comunicación de la Consellería de Educación.

Como informó elDiario.es, en el documento remitido a las familias, la Conselleria sostiene que han fijado como prioridad que los estudiantes de segundo de Bachillerato “no se vean perjudicados en sus pruebas de acceso a la universidad, lo que comprometería su futuro profesional”. Así, relatan que los servicios mínimos planteados garantizan que todo el alumnado sea evaluado: “Ningún estudiante ni familia puede ser cautivo de un conflicto sindical”, una frase que, a juicio de los sindicatos, supone una “apelación emocional y demagógica”.

Los representantes de los profesores advirtieron de que la Generalitat no puede utilizar canales y cargos públicos para hacer propaganda de gestión, desacreditar un conflicto o presionar contra el ejercicio del derecho de huelga, “y encima utilizando datos faltos o tergiversados”

En la política municipal valenciana, els pactes entre el PSPV-PSOE i Compromís, on tots dos partits han tingut resultats similars, han introduït una fórmula cada vegada més freqüent i que municipis on es van imposar forces de dretes també han utilitzat: l’alternança en l’alcaldia dins d’una mateixa legislatura, siga un any o dos. Aquest mecanisme, que busca equilibrar forces entre socis de govern, ha tingut especial rellevància en municipis com Dénia, Montcada i Manises, on el bastó de comandament passa de mans socialistes a nacionalistes en l’últim any de legislatura.

El cas de Dénia és paradigmàtic d’aquesta transició pactada. Després de les eleccions municipals, el socialista Vicent Grimalt va retindre l’alcaldia en un govern compartit, però amb un acord clar: el relleu a favor de Compromís es produiria l’últim any de la legislatura. Aquest moment ja té data. El vicealcalde Rafa Carrió assumirà l’alcaldia el juny del 2026, complint el pacte subscrit entre totes dues formacions. Aquesta mena d’acords no sols responen a una aritmètica electoral, sinó també a una voluntat política de visibilitzar la coalició i repartir el lideratge institucional.

A Montcada, el model és el mateix. Allí, el pacte entre el PSPV i Compromís va establir des de l’inici una alternança temporal perfectament definida: tres anys d’alcaldia socialista, encapçalada per Amparo Orts, i un últim any per a Compromís, representat per Álvaro Gonzalvo. Aquest sistema permet que tots dos partits gestionen directament l’alcaldia durant el mandat, però també introdueix un element de transició interna que exigeix coordinació i estabilitat política. No es tracta d’una moció de censura ni d’una ruptura, sinó d’un relleu previst, quasi contractual.

Malgrat les turbulències que va experimentar l’acord arran de la polèmica baralla en què va participar el regidor del PSPV-PSOE Martín Pérez Aranda, finalment no va haver-hi ruptura de l’acord de govern ni tampoc dimissió de l’edil.

Manises segueix una lògica similar dins dels governs progressistes valencians. Encara que el canvi d’alcalde s’ha hagut d’avançar. El socialista Javier Mansilla va haver de deixar l’alcaldia de Manises per problemes de salut i l’entrada de Jesús Borrás, d’APM-Compromís, es va avançar, si bé encara no han començat les converses entre partits per a la nova etapa i no s’han posat damunt la taula els acords per escrit als quals es van arribar per a tancar l’acord.

El ple de Manises haurà de votar la proposta de Jesús Borrás com a alcalde de Manises el mes de juny i hi calen els vots de tots els edils d’APM-Compromís, del PSPV-PSOE i l’edil de Podem, que va decantar la balança per a les forces d’esquerra.

Un altre municipi que tindrà nou alcalde en les pròximes setmanes serà la Pobla de Vallbona. En aquest cas, ha de ser l’edil del PP Abel Martí qui cedisca el bastó de comandament a Jaime Ruix, edil del partit local Centrats en la Pobla, que té el suport en aquesta negociació del partit d’urbanitzacions CUPO. CUPO i Centrats tenen quatre regidors, que donen la majoria absoluta en el ple als conservadors.

En la política municipal valenciana, los pactos entre PSPV-PSOE y Compromís donde ambos partidos han tenido resultados similares han introducido una fórmula cada vez más frecuente y que municipios donde se impusieron fuerzas de derechas también han utilizado: la alternancia en la alcaldía dentro de una misma legislatura, bien sea un año o dos. Este mecanismo, que busca equilibrar fuerzas entre socios de gobierno, ha tenido especial relevancia en municipios como Dénia, Moncada y Manises, donde el bastón de mando pasa de manos socialistas a nacionalistas en el último año de legislatura.

El caso de Dénia es paradigmático de esta transición pactada. Tras las elecciones municipales, el socialista Vicent Grimalt retuvo la alcaldía en un gobierno compartido, pero con un acuerdo claro: el relevo a favor de Compromís se produciría en el último año de la legislatura. Ese momento ya tiene fecha. El vicealcalde Rafa Carrió asumirá la alcaldía en junio de 2026, cumpliendo el pacto suscrito entre ambas formaciones. Este tipo de acuerdos no solo responden a una aritmética electoral, sino también a una voluntad política de visibilizar la coalición y repartir el liderazgo institucional.

En Moncada, el modelo es el mismo. Allí, el pacto entre PSPV y Compromís estableció desde el inicio una alternancia temporal perfectamente definida: tres años de alcaldía socialista, encabezada por Amparo Orts, y un último año para Compromís, representado por Álvaro Gonzalvo . Este sistema permite que ambos partidos gestionen directamente la alcaldía durante el mandato, pero también introduce un elemento de transición interna que exige coordinación y estabilidad política. No se trata de una moción de censura ni de una ruptura, sino de un relevo previsto, casi contractual.

Pese a las turbulencias que sufrió el acuerdo tras la polémica pelea en la que participó el concejal del PSPV-PSOE Martín Pérez Aranda, finalmente no hubo ruptura del acuerdo de gobierno ni tampoco dimisión del edil.

Manises sigue una lógica similar dentro de los gobiernos progresistas valencianos. Aunque el cambio de alcalde se ha tenido que adelantar. El socialista Javier Mansilla tuvo que dejar la alcaldía de Manises por problemas de salud y la entrada de Jesús Borrás, de APM-Compromís, se adelantó, aunque todavía no han comenzado las conversaciones entre partidos para la nueva etapa y no se ha puesto encima de la mesa los acuerdos por escrito a los que se llegaron para cerrar el acuerdo.

El pleno de Manises tendrá que votar la propuesta de Jesús Borrás como alcalde de Manises en el mes de junio y hacen falta los votos de todos los ediles de APM-Compromís, del PSPV-PSOE y el edil de Podemos, que decantó la balanza para las fuerzas de izquierda.

Otro municipio que tendrá nuevo alcalde en las próximas semanas será la Pobla de Vallbona. En este caso, tiene que ser el edil del PP Abel Martí quien ceda el bastón de mando a Jaime Ruix, edil del partido local Centrats en La Pobla, quien tiene el apoyo en esta negociación del partido de urbanizaciones CUPO. Cupo y Centrats tienen cuatro concejales, que dan la mayoría absoluta en el pleno a los conservadores.

La Fiscalía de Valencia ha informado este miércoles de la denuncia presentada por el PSPV el pasado mes de marzo contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y contra la directora financiera de Ribera Salud y cuñada del conseller, Sonia Hernández, por supuesto trato de favor.

El ministerio fiscal competente por razón de aforamiento del denunciado no ha apreciado indicios penales en la prórroga de cinco años para la gestión del hospital del Vinalopó y de unas liquidaciones que posibilitaron a su vez la compra de Clínica Benidorm, cuyo gerente es el hermano del conseller Marciano Gómez.

La denuncia la firmaron el secretario de organización de los socialistas valencianos,Vicent Mascarell, y la diputada en las Corts, Yaissel Sánchez, y también implicaba al gerente de Clínica Benidorm y hermano del conseller, Juan David Gómez. A todos ellos se les acusaba de los presuntos delitos de “negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación inclusive una omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat Valenciana”.

La denuncia archivada, sin perjuicio de su posible reconducción por vía judicial, apuntaba a que habría existido un presunto trato de favor hacia la mercantil por la aprobación de la prórroga de cinco años para la gestión del hospital del Vinalopó y de unas liquidaciones en condiciones económicas ventajosas que posibilitaron a su vez la compra de Clínica Benidorm, cuyo gerente es el hermano del conseller Marciano Gómez. También apuntaba a irregularidades en la gestión de Ribera Salud en el mencionado centro sanitario con la reutilización de material sanitario de un solo uso hasta 10 veces, según el correo electrónico destapado por elDiario.es en el que la empresa da la mencionada indicación.

El PSPV ha exigido dimisiones a la consellera de Educación, María del Carmen Ortí, tras revelar elDiario.es que un cargo de este departamento denigra a los profesores y banaliza el holocausto en un libro.

Tal y como ha informado este diario, un funcionario de la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha presentado un escrito a los grupos en las Corts Valencianes, por medio del cual denuncia los contenidos de la publicación del libro Educación 6.9. Fábrica de gurús, obra de Jordi Martí, subdirector general de Formación del Profesorado.

Se trata de una obra “de carácter educativo y dirigida expresamente al mundo docente” que recoge “lenguaje sexualmente explícito”, descripciones “denigratorias” del profesorado, expresiones que “banalizan” el Holocausto y “descalificaciones” de los sistemas institucionales de reconocimiento docente, “algunos de los cuales son competencia directa de la Subdirección que él mismo dirige”.

Ante esta situación, el diputado socialista en las Corts, José Luis Lorenz, ha exigido la dimisión de este subdirector y del secretario autonómico. Además, ha pedido la comparecencia de la consellera Ortí en las Corts “para que dé explicaciones de esta actitud”, al tiempo que ha añadido: “No se puede permitir que el máximo responsable de formar a nuestro profesorado denigre su figura, es una actuación lamentable que no es propia de un cargo que debe ser el referente y la luz de nuestro profesorado”.

El contenido del libro, advierte el funcionario, “afecta a la credibilidad e imagen de la Conselleria de Educación ante el profesorado, las familias y la sociedad valenciana”, mientras que la referencia a las cámaras de gas nazis como “práctica sexual masoquista” constituye “una banalización del Holocausto que resulta objetivamente inaceptable en cualquier contexto, y con mayor razón cuando es suscrita por un alto cargo de la administración educativa pública”.

La portavoz de Sanidad del grupo socialista en las Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, ha informado este domingo de la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales tras la negativa del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a informar a las Corts Valencianes de los pagos realizadas a cada una de las empresas de la sanidad privada a las que ha derivado operaciones, pruebas diagnósticas y lectura de informes en los ejercicios de 2024 y 2025.

Para la parlamentaria, esta negativa, además de “políticamente inadmisible, vulnera el derecho fundamental a la participación en asuntos públicos previsto en el artículo 23 de la Constitución Española”.

Según Sánchez, no es la primera vez que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, “con vínculos muy claros con empresas concretas de la sanidad privada”, se escabulle a la hora de proporcionar a los diputados y diputadas de las Corts Valencianes la información sobre los pagos a las empresas privadas de sanidad, pero los socialistas “hemos dicho basta”, recalca Yaissel Sánchez. “Es incomprensible e inaceptable que haya un solo euro de dinero público que el Consell de Pérez Llorca no quiera decir en qué bolsillos privados los ha metido. No podemos tolerar esa opacidad con el dinero público, no es de recibo”, enfatiza.

La parlamentaria ha recordado que el 24 de febrero registró varias solicitudes de documentación para que la Conselleria de Sanidad le informara sobre las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y las lecturas e informes vinculados a pruebas, en 2024 y 2025. En la solicitud, teniendo el cuenta “la trayectoria obstruccionista y de opacidad del conseller”, ya se especificaba que esta información no está accesible en la Plataforma de Contratación del Estado y por ello se reservaba las acciones legales en caso de que Marciano Gómez se negara a aportar esa información.

Con fecha 2 de abril, transcurridos un mes y una semana, la parlamentaria recibió la respuesta del conseller, en la que agrupa esas tres solicitudes y otras dos para, contestando parcialmente a estas últimas, intentar maquillar su negativa a aportar los datos económicos a los que la diputada tiene derecho, tal como determina el artículo 12 del Reglamento de las Corts, que señala que los parlamentarios, para esa labor de fiscalización que tienen encomendada, “tendrán la facultad de recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático, de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma”.

Un precepto “con rango de ley”, subraya Yaissel Sánchez, que el conseller “ha vulnerado flagrantemente”. En su respuesta, afirma que, respecto a las cantidades económicas abonadas por la derivación de operaciones, pruebas diagnósticas y lectura o informes sobre pruebas, “hay que aclarar que durante el año 2025 se pudo incrementar la dotación presupuestaria inicial, lo que permitió poder pagar parte de las facturas del ejercicio anterior y hasta noviembre del propio año 2025, lo que hace complejo poder desglosar, como solicita su señoría, los pagos realizados entre las facturas correspondientes al año 2024 y las correspondientes a 2025”. Con este argumento, niega todo dato o información.

A continuación, informa sobre las otras dos solicitudes que agrupa en su respuesta, referidas a las clínicas, entidades y empresas privadas que han participado en las derivaciones del servicio de radiología y las del Plan de Choque. Ni una sola cifra, ni total ni parcial, ni atendiendo a las obligaciones o a los pagos, en toda la respuesta, respecto a los desembolsos realizados por el Consell del PP a favor de la sanidad privada.

“El Consell tiene esos datos con un clic”

“Es una vergüenza y, lo que es peor, una tomadura de pelo y un desprecio a las Corts Valencianes”, ha censurado la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE, para la que la contestación del conseller es “inverosímil”. “¿Es que el Consell no sabe lo que ha pagado en 2024 y en 2025 a las empresas de la sanidad privada?”, se pregunta Yaissel Sánchez, quien recuerda que el Consell dispone de aplicaciones informáticas que, con un clic, “permiten conocer todos los pagos realizados a cualquier empresa simplemente con poner el NIF”.

“La respuesta es una burla a las Corts intolerable; por eso, hemos tenido que acudir a los tribunales para que se restituyan los derechos de los diputados del Parlamento Valenciano”, explica Sánchez. “Es tan ridícula la contestación que el conseller dice que es complejo lo que le pedimos pero ni siquiera se ha molestado en solicitar una prórroga de otros 20 días hábiles para contestarnos tras los 20 días hábiles iniciales”, constata la diputada.

“Lo que es intolerable –advierte- es hacernos creer que no sabe ni lo que paga a las empresas privadas; lo que ocurre es que no quiere reconocer cómo está repartiendo entre determinadas empresas el negocio millonario en que ha convertido la sanidad de todos los valencianos. Y la realidad es que en 2025 hizo cuatro modificaciones de crédito para multiplicar por tres el presupuesto del año destinado a la privatización de la sanidad”.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha advertido este sábado de que el pacto de gobierno hecho público entre el PP y Vox en Extremadura “pone los pelos de punta, pero eso ya lo hemos visto en la Comunidad Valenciana, y costó vidas, porque el negacionismo cuesta vidas”. “En la Comunidad Valenciana hemos sufrido la terrible dana pero, aparte, estamos sufriendo un Consell negacionista”, ha indicado Diana Morant, para añadir: “Hay mucha evidencia de que si no hubiésemos tenido ese Consell negacionista decidiendo en aquellas horas trágicas en que se tomaron tan malas decisiones, como que no se protegió la ciudadanía y no se envió aquel mensaje de alerta temprana para que la gente se pudiera defender y se pudiera proteger, muy probablemente no estaríamos lamentando las 230 muertes”.

La líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se ha pronunciado así durante la entrevista celebrada en el marco del Global Progressive Mobilisation de Barcelona. Morant ha destacado que quiere gobernar la Comunitat Valenciana para llevar adelante un “proyecto de progreso” basado en que “se puede crecer económicamente a la vez que crecemos en derechos”, un proyecto que es “el modelo antagónico de lo que está pasando en la Comunitat Valenciana”.

Diana Morant ha resaltado que “en la Comunitat Valenciana la ciudadanía ha visto muy claramente lo que significa un Partido Popular entregado a Vox gobernando. Y lo que quieren es un cambio. Así que cuando sea estaremos preparados para ese cambio en la Comunidad Valenciana”, ha manifestado.

“Necesitamos gobiernos de progreso que apuesten por los servicios públicos como la sanidad, las Emergencias, la vivienda o la universidad pública”, ha recalcado, para insistir: “El negacionismo cuesta vidas, la regresión en derechos”. En ese sentido, ha apuntado que en la Comunidad Valenciana “hemos tenido también un problema de cribado de cáncer de mama, igual que se ha visto en Andalucía. La ciencia ha avanzado tanto que pone a disposición modelos y tecnología para diagnosticar tempranamente precisamente para salvar vidas. Si luego eso no lo aplicamos, porque estamos en manos de gobiernos que reducen y recortan en la sanidad pública, otra vez volvemos a que ponen en peligro la vida de las personas”. “Se ha demostrado que las coaliciones de PP y Vox son malas para la gente. A las pruebas me remito”, ha apostillado.

“Científicos de EEUU vienen a España por nuestra ciencia”

En contraposición, el Gobierno de España “está haciendo una apuesta sin precedentes por la ciencia”, ha destacado Diana Morant, quien ha puesto en valor el papel que tuvieron las administraciones públicas en el impulso de la ciencia para hacer frente a la pandemia de la Covid con las vacunas y la necesidad de ese impulso público de la investigación y no que ésta queden en manos de los mercados, ya que, en ese caso, nadie investigaría frente a enfermedades como la ELA y otras tipificadas como raras al tener una menor o escasa rentabilidad.

Por eso, en el marco de la apuesta del Gobierno de España por la ciencia, “tenemos más científicos trabajando que nunca en nuestro país, más personas en el sector de la innovación”. Y ha relatado que, dentro de una convocatoria para atraer investigadores de todo el mundo a España, “el 60% de los que están viviendo son de Estados Unidos. Cuando hablas con ellos, te dicen que en gran medida no es solo porque tengamos un gran sistema de ciencias, sino también porque tenemos un país con valores democráticos. Ciencia y democracia, binomio”.

Encuentro con Lula da Silva y éxito de la delegación

Morant, con el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, visitó el viernes junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Barcelona Supercomputing Center (BSC), un centro de referencia en computación de altas prestaciones (HPC) dedicado a la investigación y servicios de supercomputación. A lo largo de las dos jornadas de la Global Progressive Mobilisation (GPM), la delegación valenciana, integrada por 300 socialistas, ha tenido un gran protagonismo con la participación en diversos paneles y entrevistas, junto a otros dirigentes progresistas del resto del mundo. También ha sido muy celebrada la gorra con el lema “Makes Science Great Again” que numerosos de los participantes del PSPV-PSOE portaron durante el encuentro de los progresistas a nivel mundial.

Compromís y el PSPV han anunciado que este miércoles ampliarán la denuncia ante la Fiscalía que presentó la coalición valencianista por la presunta creación de plazas públicas a dedo para personal del Consorcio Valencia 2007 por la que Anticorrupción ha abierto una investigación a la alcaldesa, María José Catalá, a la presidenta del Puerto, Mar Chao y a las concejalas del PP Rocío Gil y Paula Llobet.

Ambas formaciones han anunciado que pedirán al Ministerio Público que investigue también al concejal de Proyectos y Contratación, José Marí Olano, tras la publicación en exclusiva por elDiario.es de la transcripción de unos audios en los que el edil invita a los extrabajadores del Consorcio a presentarse a varias plazas que se ofertaron en el año 2024 en Visit Valencia y en la Fundación Deportiva Municipal.

Tal y como ha avanzado esta redacción, el edil de Grandes Proyectos mantuvo varios encuentros con personal del Consorcio Valencia 2007, en el marco de un proceso de mediación con los liquidadores, al que asistieron también sindicatos, la plantilla afectada y otros trabajadores que finalmente fueron subrogados, el personal de marinería.

En la reunión, Marí Olano indicó a los trabajadores que podían que presentarse a otras convocatorias públicas, y los empleados plantearon las dudas sobre la liquidación del ente -que han recurrido en el juzgado- o si se conservará la antigüedad como empleados públicos. Algunos hablan de que trabajadores se van a quedar “fuera” y el edil responde en que él no ha hecho las cuentas: “Yo lo que he conseguido es sacar a provisión en entidades municipales hasta ahora siete plazas”, señala. Fuentes consultadas confirman que el edil insistió en la posibilidad de presentarse a procesos públicos y el consistorio “haría todo lo posible por no dejarlos en la estacada”.

Al hilo de esta información, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha anunciado que la formación valencianista, ampliará este miércoles la denuncia “tras conocerse unos audios del concejal José María Olano en los que detalla paso a paso el proceso presuntamente irregular diseñado por el gobierno formado por PP y Vox para colocar a dos personas en entidades públicas valencianas”.

“Lo hemos dicho esta mañana, era muy extraño que Olano no estuviera implicado. Aquí tenemos la prueba que lo demuestra. María José Catalá tendrá que dar muchas explicaciones sobre este asunto. Huele muy mal”, ha resaltado en un comunicado.

Según fuentes del Ayuntamiento, fue un encuentro con 20 trabajadores, lo que refleja en su opinión de la voluntad de trasparencia.

Por su parte, el edil socialista Borja Sanjuan ha remarcado que el Partido Socialista va a pedir que se investigue a Marí Olano, “quien reconoce en audios que estaba generando plazas a medida para colocar a las personas que quería introducir en los organismos públicos del Ayuntamiento de València.

Para Sanjuan, “es un escándalo de corrupción de tal magnitud y tan claro que solo cabe que María José Catalá asuma responsabilidades y cese fulminantemente al concejal Marí Olano, una persona a la que ella misma describió como el señor Lobo”.

La portavoz de Emergencias del PSPV en las Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha denunciado la negativa del Consell de Pérez Llorca, a través del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a entregar a la Comisión de Investigación sobre la dana del 29 de octubre de 2024 un informe sobre la gestión que hicieron los responsables autonómicos en la presa de Buseo, la única de la que es titular y gestiona la Generalitat, en concreto, el conseller de Agricultura y portavoz del Consell, Miguel Barrachina.

Andújar ha censurado la actitud “obstruccionista y entorpecedora” de los trabajos de la comisión de investigación por parte de Valderrama, cuya “opacidad” es “intolerable”, ya que en este caso se da además la circunstancia de que la petición de este informe fue aprobada a mediados de diciembre en la comisión investigadora por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de las Corts.

Cabe recordar que aquella noche del 29-O, en la que el agua llegó a desbordar por coronación la presa de Buseo, sobrepasando más de dos metros el muro de contención, el torrente descontrolado que arrasó con todo se llevó también la vida de siete personas, entre las 230 víctimas de la dana. Ante estos hechos, los representantes del PSPV en el órgano de investigación parlamentario propusieron a la comisión la ampliación del plan de trabajo para reclamar al Consell el “Informe del Incidente 35834231 emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias en respuesta al oficio de 8 de julio de 2025 remitido por el Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza nº 3”, así como otros dos informes elaborados por la Conselleria de Agricultura sobre el estado de la presa de Buseo que se elaboraron también a instancias de la jueza de Catarroja. El 14 de octubre, el PP tumbó en la comisión estas peticiones. Sin embargo, dos meses después, cuando la misma solicitud calcada la planteó Vox, resultó aprobada en la reunión de la comisión del mediados de diciembre pasado “por unanimidad” de todos los grupos.

La sorpresa ha sido que los diputados del órgano investigador del Parlamento se han encontrado con la negativa de Valderrama a entregar a la comisión el primero de los informes citados. En un escrito a la presidenta de las Corts, Llanos Massó, de Vox, el conseller de Emergencias traslada la negativa a remitir el documento alegando que, según el artículo 53.3 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, la información sobre la gestión de una incidencia de emergencia del 1·1·2 “únicamente se facilitará a solicitud de la autoridad judicial”. Y añade que “dicha documentación solicitada constituye una prueba judicial en el ámbito de un procedimiento penal, por lo que nos remitimos a las normas procesales y administrativas reguladoras de estas circunstancias”.

“Obstrucción a la investigación de las Corts”

Para la diputada Andújar, la respuesta es “un desaire más” del conseller Valderrama a las Corts, que “arrastra un largo historial de falta de transparencia y negativa a responder a las peticiones de información de los diputados”. “Las comisiones de investigación parlamentarias son órganos con atribuciones especiales para garantizar una efectiva fiscalización de la administración de la que son competentes, en este caso, de la Generalitat, por lo que negarse a entregar información es una claro intento de obstrucción de los trabajos para impedir que se conozca la verdad sobre la negligente e irresponsable gestión que hizo el conseller Barrachina de la presa de Buseo”, advierte la parlamentaria.

La parlamentaria recuerda que el artículo que cita el conseller, el 53, establece que “las conversaciones que los ciudadanos u organismos mantengan con 1·1·2 Comunitat Valenciana, ya sean por teléfono o por radio, serán grabadas”, y es a los efectos de esa protección de datos de carácter personal por lo que se estableció en esa ley, que es de 2010, la citada prevención.

“Pero esa referencia no puede emplearse para vetar al Parlamento valenciano un informe sobre la gestión realizada el 29-O por la Administración competente, coartando las pesquisas de los diputados”, recalca Andújar, que subraya que, por el contrario, la Constitución Española, en su artículo 23.1, garantiza el derecho a la información, como una de las principales funciones de los parlamentarios, y el artículo 12 del Reglamento de las Corts otorga a los diputados la facultad de “recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma”.

En todo caso, matiza, el mismo artículo 12 señala que la Mesa, “a petición del Consell, podrá declarar el carácter no público” de determinadas actuaciones, “disponiendo el acceso directo a aquellos en los términos establecidos en el apartado anterior, pudiendo el diputado tomar notas, pero no obtener copias ni actuar acompañado de asesor”. “Lo que es inadmisible es que Valderrama, una vez más, pretenda maniatar la investigación, porque el informe, como apunta el conseller, tampoco es un documento procesal, sino que es un informe elaborado por el Centro de Coordinación de Emergencias sobre la gestión de la dana en la presa de Buseo”.

“Una falta de respeto para encubrir a Barrachina”

“Es evidente la doble moral del Consell de Pérez Llorca: Niega un informe sobre la gestión de la presa de Buseo alegando que por ley no puede, mientras se descubre que un alto cargo del Consell se llevó por orden de Presidencia, sin siquiera registrarlo en ningún sitio, la grabación de una conversación entre el 1·1·2 y la Aemet que luego fue filtrada manipulada”, constata Andújar, en referencia a la causa abierta en un juzgado por estos hechos. Para la parlamentaria, la actitud de Valderrama es “una falta de respeto a las Corts. ¿Qué está diciendo, que los diputados del PP, de Vox, del PSPV y de Compromís, y los letrados de las Corts no conocen la ley?”

La parlamentaria socialista recuerda el “reprobable historial de opacidad” de Valderrama, que “ha destituido al alto cargo que lo delató ante la jueza de Catarroja al confesar que desde abril de 2025 tenían conocimiento de las imágenes del Cecopi cuya existencia negaba el conseller a las Corts”.

La actitud de Valderrama, añade Alicia Andújar, “no es algo nuevo, porque lleva más de un año encubriendo a Mazón y al Consell del Ventorro”. “Ha llegado incluso a desobedecer a la jueza de Catarroja, escondiendo durante meses las grabaciones del Cecopi, y ahora se niega a enviar a Les Corts documentación sobre la situación de emergencia que se vivió en la presa de Buseo, encubriendo al conseller Miguel Barrachina, que era quien debía vigilar la presa de Buseo el día de la dana y no lo hizo”.

“Tenemos que saber por qué no se avisó a los municipios”

Los socialistas, insistió, solicitarán amparo a la Mesa de Les Corts para que ésta reclame la documentación requerida al conseller de Emergencias y “se garantice el derecho de las valencianas y valencianos a saber qué pasó el día de la dana y, en concreto, por qué no se avisó de la avenida de agua a los municipios aguas abajo de la presa de Buseo, como Sot de Chera o Pedralba, donde perdieron la vida siete personas”.

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado que “la batalla con Mónica Oltra por la ciudad de València es muy apetecible”, pero se sigue postulando para liderar el PP valenciano y presentarse como candidato a la Generalitat.

En una rueda de prensa celebrada en su despacho en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el expresident ha señalado que le parece “de lo más interesante luchar contra Oltra y Pilar Bernabé”, a quienes ha calificado como “destructoras de libertad y democracia”.

“Han pasado cosas muy interesantes en los últimos días: tenemos nueva candidata de Compromís al Ayuntamiento de València”, ha señalado Camps al ser preguntado por Oltra.

Sin embargo, el expresident ha reiterado “su ilusión” de ser presidente del Partido Popular, para lo que reclama “constantemente” -ha asegurado- la celebración del congreso regional del partido y después presentarse a la presidencia de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, ha asegurado que el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, a quien ha calificado como “un personaje histriónico y menor”, “le ha metido en campaña”, en referencia a la polémica por el gasto de combustible de su coche oficial.

“Si los de Compromís han decidido que entre en campaña, que sepan que, en estos momentos, Martes Santo por la tarde, vuelvo a estar ya en campaña”, ha subrayado Camps.

En este sentido, el expresident ha aclarado que su único partido es el Partido Popular: “Siempre seré político a las órdenes del PP” y ha añadido: “El líder del PP tiene que dar la sensación de que quiere y de que puede ganar por mayoría absoluta. Este partido no se merece a nadie que no tenga esa capacidad y ese sentimiento”.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido hoy la creación de una Comisión de Investigación en la Diputación de València sobre la plaza adjudicada a la mujer de Pérez Llorca en un puesto de alta dirección. Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación este viernes antes de presidir la comisión ejecutiva nacional (CEN) de los socialistas valencianos que se ha celebrado en la ciudad de Alicante, lugar que Morant ha calificado como “la zona cero del modelo especulativo del partido Popular y sus escándalos”: “Aquí se reparten viviendas de protección pública, se privatiza la sanidad y es donde aparecen posibles irregularidades en los bonos comercio que salpican a Carlos Baño”.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que Pérez Llorca “está utilizando los puestos públicos en las administraciones para su propio beneficio” y ha censurado que “la urgencia de que su pareja pueda conciliar se traduce en un sueldazo que dobla el que tenía como funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat”: “Eso no es motivo de extrema urgencia para ninguna administración, estamos ante una modificación de la norma para que proveer de un puesto de alta dirección a una persona que no formaba parte de la Diputación de València”.

Asimismo, Morant ha anunciado que los socialistas valencianos se personará -cuando se abran diligencias- en la causa que investiga al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baños y ha alertado que “el Partido Popular lleva décadas convirtiendo la provincia de Alicante en su cortijo, pero esto tiene que acabar.

Un Consell “ausente”

Por otro lado, la secretaria general del PSPV ha apuntado que Pérez Llorca “ya no tiene que seguir pidiendo a Feijóo un congreso, lo que tiene que asumir es que esta etapa ha terminado y cuanto antes convocar elecciones” y ha subrayado que “el cambio de la Comunitat Valenciana comienza en Alicante”.

Con ello, ha denunciado que “los valencianos y valencianas estemos sufriendo un Consell ausente que, mientras el Gobierno de España aprobando decretos y ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra, no toma medidas; y un Consell ausente que mientras el Gobierno pone sobre la mesa un nuevo sistema de financiación que da 4.669 millones de euros más al año para la Comunitat Valenciana lo que hace es decir que no por puro sectarismo”.

Agraït amb la vida. Malgrat els disgustos que li provocava el món contemporani, que colpejava els seus ideals, Ricard Pérez Casado (1945-2026) estava agraït. Com explica el seu entorn, l’exalcalde de València tenia un interés particular que veren la llum unes memòries que va començar a plasmar-se el 2017 i a què va dedicar huit anys de treball. Quan l’exalcalde va morir, el llibre acabava d’arribar a Balandra Edicions.

L’obra ha acabat de polir-se amb l’ajuda del periodista José Manuel Alcañiz, la dona de l’exalcalde, Júlia Blasco, i el professor Joan Romero, encarregat de presentar el volum en el Saló de Vidre de l’Ajuntament de València. “Torna a casa”, expressava el catedràtic emèrit, amic de l’exdirigent socialista, que posa en valor que la institució governada ara pel PP reivindique al mandatari. Abrigallat per part de l’equip de govern local —l’alcaldessa finalment no hi ha assistit—, per la delegada del Govern, Pilar Bernabé, l’exalcalde Joan Ribó i els grups polítics del PSPV i Compromís, el professor ha arrancat el primer acte d’homenatge a Pérez Casado a través de les seues memòries.

“Sempre va anteposar la seua independència a qualsevol altra institució, va ser el signe de la seua vida. Va ser un esperit lliure i, per tant, incòmode sovint”, recalca Romero, que considera el llibre una guia per a entendre una època, d’una modernitat que l’ha sorprés. Llegir-lo ha sigut com passejar de la mà de Pérez Casado o contemplar “un Cavanilles en miniatura”, en referència a l’il·lustrat i naturalista autor de les Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reino de Valencia.

Les memòries de Pérez Casado aborden la seua etapa prèvia a l’entrada en la política institucional, el període 1945 a 1975: des de la infància en una Nàquera encara rural, en què diàriament li recordaven que era fill dels vençuts, fins a la primera implicació en el Partit Socialista Valencià, detenint-se en una dècada clau: l’arribada a la ciutat de València, una ciutat en creixement i amb un urbanisme encara per desenvolupar, amb la llengua lluitant per recuperar-se, en què fa els seus estudis. La ciutat, que més tard governaria amb el PSPV, era llavors una urbs sense serveis, dividida per un ‘riu-claveguera’ i amb unes perifèries abandonades, assenyala Romero. S’entén així la seua obstinació a modernitzar-la, amb projectes com el Jardí del Túria o el Palau de la Música, i les primeres pedres de l’urbanisme contemporani en la capital.

Pérez Casado es deté en les ombres de la ruralitat, que reflecteix en la Nàquera en què es va criar —i que per a Romero, encarna moltes altres Nàqueres—, també les ombres de l’urbs en desenvolupament, les perifèries marginals, el contacte amb el món acadèmic i els seus estudis polítics. Recorda el rol de les dones en la militància antifranquista, que encarna la seua dona, Júlia, o el del periodisme valencià —de la residència en la dictadura a la consciència democràtica— amb figures com les de Josep Sorribes o Vicent Ventura.

Els seus records, apunta Romero, són la base del seu material literari: Pérez Casado usa la seua història particular per a recórrer la història de l’època, en un estil que al professor li recorda els Passats singulars d’Enzo Traverso, que aborden precisament El jo en l’escriptura de la història. Apunta, entre altres, la invitació dels serveis d’intel·ligència nord-americans per a passar 21 dies al país, o els primers passos de la socialdemocràcia a València.

L’alcalde socialista que va governar la ciutat entre el 1979 i els 1988 era un “gran coneixedor del seu país, europeista convençut i amant de la Mediterrània”, destaca el catedràtic de geografia humana. Fruit de la seua àmplia formació, Agraït a la vida constitueix “un llibre d’història, de geografia, d’antropologia social, d’etnografia, d’economia, de cultura, de política”. Una autobiografia per a entendre una època.

Agraït amb la vida. Pese a los disgustos que le provocaba el mundo contemporáneo, que golpeaba sus ideales, Ricard Pérez Casado (1945-2026) estaba agradecido. Como explica su entorno, el exalcalde de València tenía particular interés en que vieran la luz unas memorias que comenzó a plasmar en 2017 y a las que dedicó ocho años de trabajo. Cuando el exalcalde falleció el libro acababa de llegar a Balandra Edicions.

La obra ha terminado de pulirse con ayuda del periodista José Manuel Alcañiz, la esposa del exalcalde, Julia Blasco, y el profesor Joan Romero, encargado de presentar el volumen en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València. “Vuelve a casa”, expresaba el catedrático emérito, amigo del exdirigente socialista, que pone en valor que la institución gobernada ahora por el PP reivindique al mandatario. Arropado por parte del equipo de gobierno local -la alcaldesa finalmente no ha asistido-, por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el exalcalde Joan Ribó y los grupos políticos del PSPV y Compromís, el profesor ha arrancado el primer acto de homenaje a Pérez Casado a través de sus memorias.

“Siempre antepuso su independencia a cualquier otra institución, fue el signo de su vida. Fue un espíritu libre y, por tanto, incómodo a menudo”, recalca Romero, que considera el libro una guía para entender una época, de una modernidad que le ha sorprendido. Leerlo ha sido como pasear de la mano de Pérez Casado o contemplar “un Cavanilles en miniatura”, en referencia al ilustrado y naturalista autor de las Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reino de Valencia.

Las memorias de Pérez Casado abordan su etapa previa a la entrada en la política institucional, el periodo 1945 a 1975: desde la infancia en una Nàquera todavía rural, en la que a diario le recordaban ser hijo de los vencidos, hasta la primera implicación en el Partit Socialista Valencià, deteniéndose en una década clave: la llegada a la ciudad de València, una ciudad en crecimiento y con un urbanismo aún por desarrollar, con la lengua luchando por recuperarse, en la que realiza sus estudios. La ciudad, que más tarde gobernaría con el PSPV, era entonces una urbe sin servicios, dividida por un 'río-cloaca' y con unas periferias abandonadas, señala Romero. Se entiende así su empeño en modernizarla, con proyectos como el Jardín del Túria o el Palau de la Música, y las primeras piedras del urbanismo contemporáneo en la capital.

Pérez Casado se detiene en las sombras de la ruralidad, que refleja en la Nàquera en la que se crió -y que para Romero, encarna muchas otras Nàqueras-, también las sombras de la urbe en desarrollo, las periferias marginales, el contacto con el mundo académico y sus estudios políticos. Recuerda el rol de las mujeres en la militancia antifranquista, que encarna su esposa, Julia, o el del periodismo valenciano - de la residencia en la dictadura a la conciencia democrática- con figuras como las de Josep Sorribes o Vicent Ventura.

Sus recuerdos, apunta Romero, son la base de su material literario: Pérez Casado usa su historia particular para recorrer la historia de la época, en un estilo que al profesor le recuerda a los Pasados singulares de Enzo Traverso, que abordan precisamente El yo en la escritura de la historia. Apunta, entre otras, la invitación de los servicios de inteligencia estadounidenses para pasar 21 días en el país, o los primeros pasos de la socialdemocracia en Valencia.

El alcalde socialista que gobernó la ciudad entre 1979 y 1988 era un “gran conocedor de su país, europeísta convencido y amante del Mediterráneo”, destaca el catedrático de Geografía Humana. Fruto de su amplia formación, Agraït a la vida constituye “un libro de historia, de geografía, de antropología social, de etnografía, de economía, de cultura, de política”. Una autobiografía para entender una época.

Arcadi España es probablemente el hombre que más en serio se tomó las cuentas en el Gobierno valenciano cuando pasó por la Generalitat. El nuevo ministro de Hacienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez en sustitución de María Jesús Montero considera que los impuestos “dan civilidad a una sociedad” y que los presupuestos deben dar respuesta a los problemas ciudadanos. Como responsable de Hacienda de Ximo Puig en su último Consell, reconocía en privado que cada día se levantaba preocupado por que cuadraran los presupuestos, o por la reforma de la financiación autonómica. En una región crónicamente infrafinanciada, cada euro público cuenta.

España, alumno aventajado de Puig y de Vicent Soler, fue el elegido para abordar los últimos presupuestos del Ejecutivo progresista del llamado Pacto del Botánico, los primeros presupuestos antes de las elecciones autonómicas y los que encajaron una gran reforma fiscal en un contexto de incertidumbre, entre la pandemia y la guerra de Ucrania.

Es un experto en negociar a tres bandas, como demostró en este departamento al cuadrar las cuentas con los socios de gobierno, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida. Ahora, en un contexo geopolítico complejo, se hará cargo del Ministerio de Hacienda y pondrá en práctica esa capacidad negociadora, en un Congreso en el que cada voto es clave.

Nacido en Carcaixent (1974) e hijo de un histórico del PSPV en la comarca, fue alumno en la facultad de Económicas de Vicent Soler, a quien sucedió en la Conselleria de Hacienda. Proyectó una reforma fiscal progresiva y progresista en plena crisis económica derivada de la guerra, además de abanderar, junto a su maestro, la reforma de la financiación autonómica y la condonación de la deuda.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, fue jefe de gabinete de Ximo Puig en la Generalitat a su llegada al Palau; después conseller de Política Territorial, para finalmente dirigir la Conselleria de Hacienda.

Socialdemócrata y pragmático, en el Gobierno central –donde estuvo antes de pasar al gabinete del líder socialista– ha tenido una trayectoria paralela a la autonómica: primero, número 2 de Política Territorial, junto a Ángel Víctor Torres; ahora, jefe de las cuentas públicas.

Las tareas pendientes: Presupuestos y respuesta a la guerra

Montero le deja encima de la mesa una tarea titánica: no solo tendrá que presentar y tratar de atar los primeros Presupuestos de la legislatura, que ya están preparados; sino que tendrá que adaptar las cifras de las cuentas públicas para responder a los efectos económicos de la guerra en Irán, sin perder de vista el corsé fiscal de Bruselas.

La vicepresidenta dejó preparada la condonación de la deuda autonómica, el compromiso que cerró el PSOE con ERC para atar la investidura de Pedro Sánchez en 2023, pero que todavía espera su turno en el Congreso. Otro melón importante es la reforma del sistema de la financiación autonómica, que el equipo de Montero ya tenía diseñado, pero que aún tiene que pasar por el Consejo de Ministros. El objetivo era tenerlo aprobado a finales de este año, pero los cambios en la cartera anticipan un retraso en su tramitación.