La majoria absoluta del PP al Senat li ha permés, en la legislatura que s'ha tancat aquest dilluns, fer una tasca d'oposició al Govern que li ha donat grans resultats. Comissions d'investigació sobre tots els escàndols que afectaven el PSOE, una comissió partidista sobre la dana per a colpejar el Govern en contra del criteri de la jutgessa instructora i de la realitat dels fets, o tombar lleis clau que havien de tornar al Congrés. “Cal acabar amb el corró del PP al Senat”, recorda un històric alt càrrec socialista del Govern del Botànic.

I és en això en què treballen des de fa mesos importants excàrrecs del Govern del Botànic, la suma de les esquerres del PSPV-PSOE, Compromís i Podem que va governar la Comunitat Valenciana entre 2015 i 2023: intentar acabar amb aquesta hegemonia del PP en les tres províncies valencianes. El 2023, els populars van aconseguir huit escons a la Cambra Alta, mentre que els socialistes en van obtindre quatre. Amb poc més del 30% dels vots, els conservadors van aconseguir el 66% dels representants. Amb l'avançament electoral, els impulsors d'aquesta gran “entesa” hauran de córrer.

Una de les persones de Compromís i una altra dels socialistes que estan teixint aquest acord asseguren que una estratègia conjunta podria donar a l'esquerra nou senadors; tres serien per al PP i Vox es quedaria sense cap. Les llistes obertes permetrien incloure noms d'independents coneguts que podrien ajudar a facilitar l'acord i ampliar l'espai, afigen.

En les converses entre aquests veterans de la demoscòpia valenciana també han participat enviats de les direccions del PSPV-PSOE i Compromís, que no veuen malament la jugada perquè “el PP ha pervertit la institució”, però que també tenen algunes reticències. Per part dels socialistes, posen com a condició que aniran en una coalició amb la resta de partits si Ferraz ho proposa per a tot Espanya. L'any 2016, l'equip de Ximo Puig ja va intentar aquesta operació, però Pedro Sánchez s'hi va negar en redó.

Per la seua banda, des de la coalició també veuen amb bons ulls la proposta perquè el 2023 no van aconseguir cap senador per elecció directa, però consideren que associar-se a la marca PSOE els pot “desgastar”. “Són competidors nostres per al Congrés i ho seran encara més de cara a les eleccions autonòmiques de maig de l'any que ve”, argumenten.

De moment, els contactes d'aquests antics càrrecs, amb la supervisió de les direccions, han preparat el terreny. Però amb la convocatòria electoral ha arribat l'hora de la veritat. D'ací a 10 dies, el 16 d'octubre, s'han de presentar les coalicions electorals. Per a posar els noms dels possibles senadors i senadores hi hauria més temps, en concret, fins al 26 d'octubre.

La mayoría absoluta del PP en el Senado le ha permitido, en la legislatura que se ha cerrado este lunes, realizar una tarea de oposición al Gobierno que le ha dado grandes resultados. Comisiones de investigación de todos los escándalos que afectaban al PSOE, una partidista comisión sobre la dana para vapulear al Gobierno en contra del criterio de la jueza instructora y de la realidad de los hechos, o tumbar leyes clave que tenían que regresar al Congreso. “Hay que acabar con el rodillo del PP en el Senado”, recuerda un histórico alto cargo socialista del Gobierno del Botànic.

Y es en eso en lo que están desde hace meses importantes excargos del Gobierno del Botànic, la suma de las izquierdas de PSPV-PSOE, Compromís y Podemos que gobernó la Comunitat Valenciana entre 2015 y 2023: en intentar acabar con esa hegemonía del PP en las tres provincias valencianas. En 2023, los populares consiguieron ocho escaños en la Cámara Alta, mientras los socialistas tuvieron cuatro. Con poco más del 30% de los votos, los conservadores consiguieron el 66% de los representantes. Con el adelanto electoral, los impulsores de esta gran “entesa” tendrán que correr.

Una de las personas de Compromís y otra de los socialistas que están muñiendo este acuerdo aseguran que una estrategia conjunta podría reportar a la izquierda nueve senadores; tres serían para el PP y Vox se quedaría sin ninguno. Las listas abiertas permitirían incluir nombres de independientes conocidos que podrían ayudar a facilitar el acuerdo y ampliar el espacio, añaden.

En las conversaciones entre estos veteranos de la demoscopia valenciana también han participado enviados de las direcciones de PSPV-PSOE y Compromís, que no ven mal la jugada porque “el PP ha pervertido la institución”, pero que también tienen algunos reparos. Por parte de los socialistas, ponen como condición que irán en una coalición con los demás partidos si Ferraz lo propone para toda España. En el año 2016, el equipo de Ximo Puig ya intentó esta operación, pero Pedro Sánchez se negó en redondo.

Por su parte, desde la coalición ven también con buenos ojos la propuesta porque en 2023 no consiguieron ningún senador por elección directa, pero consideran que asociarse a la marca PSOE les puede “desgastar”. “Son competidores nuestros para el Congreso y lo van a ser aún más para las elecciones autonómicas de mayo del año que viene”, argumentan.

De momento, los contactos de estos antiguos cargos, con la supervisión de las direcciones, han preparado el terreno. Pero con la convocatoria electoral ha llegado la hora de la verdad. En 10 días, el 16 de octubre, se tienen que presentar las coaliciones electorales. Para poner los nombres de los posibles senadores y senadoras habría más tiempo, en concreto, hasta el 26 de octubre.

A nivel de todo el Estado, el grupo Senadores y Senadoras por la Democracia ha lanzado una página web para reunir apoyos y conseguir alianzas en la izquierda que consigan una mayoría progresista en la Cámara Alta. Entre los impulsores están Cristina Almeida, Santiago Alba Rico, Carlos Berzosa, María José Capellín, Enrique del Olmo, Gloria Elizo, Bruno Estrada, Gabriel Flores, Juan Antonio Gimeno, Pedro González de Molina, Javier Pérez Royo, María José Pintor, Fernando Magro, Elena Martín, Cristina Monge, Jesús Montero, Ignacio Muro, Marta Nebot, Inocencia Soria, Marina Subirats, Enrique Tordesillas y Juan Torres.

La modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València podría abrir una ventana legal para la reapertura del hotel Sidi Saler, ubicado en pleno Parque Natural de l'Albufera, tal y como ha avanzado este lunes elDiarii.es.

Al respecto, tanto Compromís como el PSPV han cargado contra la alcaldesa de València, María José Catalá, al considerar que estos cambios legales se han hecho por la puerta de atrás, sin dar explicaciones públicas, para facilitar que el recinto hotelero de lujo pueda volver a abrir sus puertas.

En esta línea, la portavoz municipal de los valencianistas, Papi Robles, ha denunciado que “Catalá permitirá la reapertura del Sidi Saler cambiando las reglas del juego por la puerta trasera, a través de una modificación del PGOU a la que nos hemos opuesto por activa y por pasiva” y ha añadido: “Hay dos sentencias que avalan que ese edificio está fuera de ordenación, que tiene seis plantas cuando el planeamiento permite dos y que atenta contra el Parc Natural de l'Albufera. Ante eso, el gobierno de PP y Vox no ha elegido cumplir la justicia, sino reescribir la normativa para que la justicia no le sirva de nada. Catalá será responsable de este atentado ecológico si saca adelante esta barbaridad”.

Robles ha destacado que “en la propuesta que se expuso al público en octubre del año pasado, un edificio con exceso de volumen que atentara contra un espacio natural protegido quedaba fuera de ordenación; en la versión de julio, el exceso de volumen ha desaparecido, justo el concepto que sostiene las sentencias. Y de paso, donde antes solo se podía mantener el edificio, ahora se abre la puerta a hacer obras de consolidación. Es un traje hecho a medida”, ha sentenciado.

Según Robles, “que lo hagan precisamente ahora, cuando una empresa ha comprado un derecho sobre el inmueble para resucitarlo, que cada uno saque sus conclusiones. Y que lo tramiten sin decírselo a nadie, mientras dicen que quieren un 'hotel sostenible', dice mucho de cómo entiende Catalá la transparencia. No hay nada de sostenible en un edificio de seis plantas plantado encima del cordón dunar”.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de València, Elisa Valía, ha denunciado que María José Catalá ha aprobado de forma opaca unas nuevas normas urbanísticas para favorecer que el antiguo Sidi Saler pueda volver a funcionar como hotel de lujo, y ha acusado a la alcaldesa de priorizar los intereses del turismo y la especulación inmobiliaria incluso en pleno parque natural de la Albufera.

Valía ha señalado que la actuación del gobierno de Catalá demuestra cuáles son sus prioridades y ha criticado que la alcaldesa no haya planteado ninguna alternativa para que la recuperación del edificio pueda destinarse a un servicio público que aporte valor a la sociedad valenciana.

Por su parte, la concejala del PSPV, Elisa Valía, ha criticado que “la única ocupación y preocupación de María José Catalá es llenarnos la ciudad de turistas y de especulación inmobiliaria y ni siquiera que la Albufera sea un Parque Natural protegido va a frenarla en su entrega a estos dos sectores de actividad económica que no aportan valor añadido a la ciudad y que están destrozando la convivencia de nuestros barrios y ahora también nuestro tesoro más absoluto que es el parque natural de la Albufera. Desde que llegó no ha trabajado en otra cosa. Está vendiendo la ciudad trozo a trozo y ahora también quiere entregar las llaves de nuestro parque natural al turismo”.

La concejala socialista ha criticado que la alcaldesa haya centrado sus esfuerzos en conseguir que el Sidi Saler vuelva a ser un hotel. “Su única obsesión es cambiar las normas urbanísticas para que el hotel Sidi Saler pueda volver a ser un hotel. Ni siquiera se ha planteado que la recuperación de este edificio pudiera ser para un servicio público que aporte algo a la sociedad valenciana”, ha señalado.

Valía ha cuestionado que el gobierno municipal apueste única y exclusivamente por recuperar el uso hotelero del edificio en lugar de plantear otras alternativas. “Única y exclusivamente se ha dedicado a trabajar para que el hotel Sidi Saler vuelva a ser un hotel de lujo y le dan igual las sentencias que haya en contra y le da igual la importancia medioambiental que tiene el parque natural y le da igual el potencial de la Albufera para protegernos del cambio climático”, ha denunciado.

La negativa del Congreso de los Diputados, con los votos de PP, Vox y Junts, a aprobar este pasado viernes los dos decretos de Vivienda presentados por el Gobierno tiene las calles de España ardiendo y puede acabar con la legislatura si Pedro Sánchez decide este lunes adelantar las elecciones generales. Tras el intento de desahucio de Maricarmen, la crisis de la vivienda ha mostrado su peor cara y ha levantado a cientos de miles de personas que ya apuntan a la política como responsable de su fallida resolución. ¿Quiénes están legislando en los Parlamentos? ¿Qué intereses representan los diputados y diputadas que deben regular este derecho? ¿Y los miembros de los Gobiernos que ejecutan las leyes?

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen competencias en materia de vivienda, aunque el Gobierno también tiene una importante responsabilidad, como se ha demostrado con el impulso de los decretos exprés. De hecho, son los consistorios los que deciden si sus ciudades luchan contra los apartamentos turísticos ilegales y las autonomías las que aplican la Ley de Vivienda. Así, ¿cuántas viviendas tienen los diputados y altos cargos valencianos? La política valenciana ante el espejo de la crisis de la vivienda.

Según dos investigaciones realizadas por elDiario.es a partir de los portales de Transparencia de la Generalitat y de Les Corts, más de 50 diputados y altos cargos declaran entre tres y ocho viviendas en propiedad. Es decir, alrededor del 20% de las personas que forman parte del Gobierno de Pérez Llorca —30 de 154— y aproximadamente una quinta parte de los legisladores de las Corts Valencianes —unos 20 diputados—.

Una quinta parte de Les Corts, con tres o más viviendas

El Parlamento valenciano cuenta con una veintena de diputados que declaran al menos tres viviendas. El grupo es transversal, aunque con una presencia mayoritaria de parlamentarios del PP: doce de los 20 casos, el 60%. Compromís y Vox suman tres casos cada uno y el PSPV, dos. La distribución debe interpretarse teniendo en cuenta el peso de cada formación en la Cámara, donde el PP es el grupo con más diputados y el PSPV, el segundo.

La declaración patrimonial tampoco equivale necesariamente a tener el 100% de cada vivienda. Hay parlamentarios que poseen inmuebles en régimen de copropiedad, otros que declaran porcentajes de propiedad y algunos que figuran como titulares de la nuda propiedad, una situación jurídica que no implica disponer del uso del inmueble.

Aun así, hay declaraciones especialmente extensas. Manuel Pérez Fenoll, del PP, declara el 50% de siete viviendas en Alicante, una de ellas con un valor catastral de 393.110,02 euros, además de otros nueve bienes bajo distintas fórmulas de titularidad. Javier Gutiérrez Martín, también del PP, declara nueve inmuebles, entre ellos seis viviendas en Alicante.

La diputada socialista Laura Soler Azorín declara cinco viviendas en Alicante, todas en pleno dominio. Alejo Font de Mora, del PP, declara una decena de inmuebles, entre ellos cuatro viviendas de las que posee el 100%, además de otras propiedades con participaciones del 50% y el 25%.

El caso de María de los Ángeles Criado González, de Vox, muestra además hasta qué punto estas fotografías pueden cambiar entre declaraciones. En 2023 declaraba siete viviendas en la Comunitat Valenciana —seis de ellas en propiedad plena—, mientras que en su declaración más reciente ya no aparece ninguna vivienda y figura una donación en metálico. Las declaraciones permiten constatar el cambio, pero no explican por sí mismas sus motivos.

También aparecen casos de multipropiedad en Compromís. Joan Baldoví declara cuatro viviendas en Valencia, todas compartidas, mientras que Paula Espinosa declara tres viviendas en Valencia y Albacete, en régimen de nuda propiedad las tres. De ellas una es al 100% y las otras en participaciones menores compartidas con familiares. En el PSPV, María Luisa Navarro declara tres viviendas en Alicante, todas con una participación del 50%.

El mismo patrón se repite en el Consell

La fotografía de los altos cargos de la Generalitat presenta una dimensión similar. De los 154 miembros del Ejecutivo analizados, 30 declaran tres o más viviendas, lo que supone cerca de uno de cada cinco. Si se incorporan garajes, locales, fincas rústicas y otros inmuebles urbanos, el volumen patrimonial declarado aumenta considerablemente.

En la parte superior de esta relación aparece la secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá, que declara la propiedad del 100% de siete viviendas y del 25% de una octava. El director general de Tecnologías de la Información, Javier Balfagón, declara cuatro viviendas (dos en Valencia, un en Cuenca y un en Teruel) y 3 garajes.

El presidente de la Generalitat presenta una particularidad. Juanfran Pérez Llorca no declara viviendas a título personal, pero sí participa en una empresa familiar que tiene ocho pisos. Las participaciones en esa sociedad aparecen en su declaración patrimonial. Es decir, la fotografía cambia cuando se mira exclusivamente la titularidad directa o cuando se incorporan las propiedades de sociedades participadas por los cargos.

También destacan Inés Sánchez Lázaro, directora general de la Abogacía, con cinco viviendas en distintos porcentajes, y Luis Gómez, director general de Medio Natural, con cinco viviendas en propiedad plena, además de cuatro garajes y seis inmuebles rústicos. Bartolomé Pérez Gálvez, director general de Salud Mental, declara el 50% de cinco viviendas en Valencia y Alicante. La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, declara otras cinco viviendas bajo diferentes porcentajes de titularidad.

Entre los siete altos cargos que declaran cuatro viviendas aparece el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, con tres inmuebles al 100% y otro al 50%. La subsecretaria de Hacienda, Alida Consuelo Mas, declara cuatro viviendas al 100% en València, mientras que la directora general de Tributos, Inmaculada Domínguez, declara cuatro viviendas con participaciones del 50% y el 20%.

Y entre quienes declaran tres viviendas aparecen también varios miembros del propio Consell. El conseller de Agricultura y portavoz, Miguel Barrachina, declara tres viviendas y, además, 21 inmuebles rústicos. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, posee el 50% de tres viviendas, mientras que Vicente Martínez Mus, responsable de Medio Ambiente, declara tres viviendas con diferentes porcentajes de titularidad. La consellera de Educación, María del Carmen Ortí, también figura entre los altos cargos con tres viviendas.

La vivienda, entre el discurso político y el patrimonio privado

La cuestión adquiere especial relevancia porque la vivienda ocupa un lugar central en la agenda política española y valenciana. El Ejecutivo del PP ha defendido en los últimos años medidas fiscales relacionadas con la propiedad y las transmisiones patrimoniales. Durante el anterior Consell de PP y Vox se aprobó una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y, posteriormente, se elevó el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio de 500.000 a un millón de euros.

Los gobierno de Carlos Mazón y Pérez Llorca decidieron no aplicar los aspectos clave de la Ley de Vivienda estatal, como la limitación de los precios del alquiler y la declaración de zonas tensionadas.

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de San Vicent del Raspeig ha solicitado al alcalde, Pachi Pascual, que repruebe públicamente el comportamiento de la concejala de Vox, Yolanda Iborra. Asimismo, los socialistas instan al primer edil a cumplir sus funciones reglamentarias con el fin de garantizar el respeto y el decoro durante las sesiones de la corporación.

La reacción de los socialistas se produce tras la viralización en medios de comunicación y redes sociales de un fragmento de vídeo de la última sesión plenaria. Las imágenes muestran a la concejala de Vox recostada en su escaño mientras consume alimentos durante la intervención del resto de los miembros de la corporación. A juicio del PSPV, las imágenes ofrecen una “pésima imagen” del municipio en el ámbito nacional y constituyen un “bochorno absoluto”.

Además, sostienen que “no estamos ante un hecho puntual ni ante una situación aislada, sino ante una conducta que se viene repitiendo desde el inicio de la presente legislatura”. Según denuncian, la edil acostumbra a comer sin guardar las formas mínimas exigibles en un acto institucional, permanece recostada o tumbada sobre la silla, se levanta sin justificación y abandona el salón de plenos de manera reiterada a lo largo de los debates.

El grupo de la oposición remarca que estas actitudes “evidencian una falta de consideración hacia la propia institución, hacia el resto de miembros de la corporación y, especialmente, hacia la ciudadanía a la que todos representamos”. Por este motivo, los socialistas insisten en que el alcalde debe ejercer la autoridad del cargo para impedir la normalización de esta dinámica en las sesiones. La formación recalca que la ocupación de un escaño conlleva la obligación de mantener “unas mínimas normas de respeto, comportamiento y decoro institucional, independientemente del partido político al que pertenezcamos”.

Finalmente, el grupo socialista enfatiza que “estas actitudes no pueden normalizarse ni convertirse en parte del paisaje habitual de los plenos municipales” y exige una intervención inmediata a la alcaldía. Respecto a las posibles justificaciones de la edil, los socialistas concluyen que si sufre una dolencia de gravedad, la decisión oportuna habría sido la ausencia de la sesión, en línea con la conducta adoptada por otros miembros de la corporación municipal ante situaciones de indisposición de salud.

Precisamente, desde Vox apuntan a que Iborra “está enferma, sufre fuertes dolores de cabeza y está a la espera de una operación”

El presidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha dicho no saber “de qué dosier estamos hablando o si cada uno tiene un dosier”, sobre el hecho público por el PSPV que estaría relacionado con el president Juanfran Pérez Llorca, ha instado a que si hay “alguna cosa delictiva” se denuncie ante la Fiscalía y ha señalado que al PSOE “solo le queda hacer ruido”.

En referencia al supuesto dosier confidencial sobre el president de la Generalitat, Mompó ha expresado este jueves ante los medios que “entiende” que el PSOE “tiene que hablar de esto y desviar la atención de todos los desastres que ha aportado a este país”.

“Les queda hacer ruido y llevar la política al barro”, ha expresado en declaraciones tras la presentación de la programación de la Diputación de los actos por el 9 d’Octubre.

Preguntado sobre la posibilidad de que el dosier se haya realizado de una manera interna dentro del PP, Mompó ha indicado que “duda” de que Génova “lo tenga” y ha asegurado que él tampoco.

Asimismo, ha indicado que hablar de dosieres hace “un flaco favor a la política”, ha insistido en que se trata de “juego sucio” y ha lamentado que “sea el PSOE el que esté hablando de corrupción”.

“Me gustaría ver a Diana Morant ayudando de verdad a que las infraestructuras hídricas tan necesarias lleguen a esta tierra. Me gustaría ver a la Diana Morant ministra y no tanto a la que hace oposición al president porque quiere ser candidata”, ha añadido el dirigente popular.

En este sentido, ha manifestado que este asunto “le recuerda” a “otros dosieres como el de Marlaska que señalaba a periodistas o el dosier de Ábalos en el que calificaba a las mujeres como meros objetos sexuales”.

Mompó ha insistido en que si él tuviera alguna información sobre algún acto delictivo por parte del PSOE la presentaría a la Fiscalía, “y no estaría días intentando clavar titulares y que el mundo entero hable de una cosa que no tiene mucha certeza, es todo humo para tapar su incompetencia y sus propios actos, que sí que tienen gente imputada”, ha advertido.

Respecto a su relación política con Pérez Llorca, Mompó ha valorado que es “perfecta” dentro de su ámbito laboral, al igual que con la alcaldesa de València, María José Catalá, u otros cargos del partido como Miguel Tellado y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“Esto es cuestión de trabajo, amigos en políticas tengo pocos”, ha puntualizado.

Los socialistas valencianos elevarán ante la Fiscalía Anticorrupción el informe que recopila supuestas irregularidades y sospechas de corrupción relacionadas con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y su entorno más cercano. La dirección del partido ha tomado la decisión tras recibir el expediente este mismo miércoles y evaluar el contenido de los documentos parlamentarios.

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha anunciado esta decisión a través de sus redes sociales “ante la gravedad de los hechos recogidos en el famoso dosier sobre Pérez Llorca, anuncio que, desde el PSPV-PSOE, interpondremos denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción”. Horas antes, el portavoz socialista en las Corts, José Muñoz, había anticipado la llegada del escrito y el inicio de los trabajos de revisión legal para determinar el alcance de los posibles delitos.

El Partido Popular ha mostrado su rechazo absoluto hacia las acusaciones. El portavoz popular en la Cámara autonómica, Nando Pastor, ha afirmado desconocer la existencia del documento y ha mostrado “tranquilidad absoluta” respecto a la conducta del jefe del Consell. Asimismo, el dirigente del PP ha criticado la estrategia de la oposición al calificar de “aprendiz de magia cutre” al síndic socialista por haber mostrado una caja vacía en el hemiciclo días antes de anunciar la recepción del informe.

Por su parte, el president de la Generalitat ha asegurado ante los medios de comunicación que afronta el anuncio de los socialistas desde la calma personal y política. Pérez Llorca ha descartado cualquier preocupación respecto al criterio de la dirección nacional de su formación y ha recordado la conversación mantenida la semana pasada con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien le trasladó su apoyo para mantener el ritmo de trabajo del Ejecutivo valenciano.

El jefe del Consell ha instado a la oposición a formalizar la denuncia sin dilaciones ante la justicia si consideran que existen indicios delictivos. “Si alguien dice que tiene un documento y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo o sabe que no hay nada y lo que quiere es volver a esas cloacas a las que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista”, ha aseverado Pérez Llorca para zanjar el debate político sobre el contenido del expediente.

La segona sessió del debat de política general que se celebra aquest dimecres a les Corts Valencianes abordarà i votarà totes les propostes presentades pels diversos grups parlamentaris, entre les quals destaquen les referides a l'expresident Carlos Mazón.

En concret, tant Compromís com el PSPV han proposat que se li retire l'acta de diputat, cosa que comportaria la pèrdua del seu aforament i de la protecció que implica davant la instrucció judicial sobre la gestió de la dana que es desenvolupa al jutjat de Catarroja. D'aquesta manera, tant el PP com Vox hauran de retratar-se, sobretot davant les víctimes, que han exigit en repetides ocasions que l'excap del Consell abandone tot càrrec públic i acudisca a declarar al jutjat.

Els partits d'esquerres també han proposat que faça públics els seus missatges de WhatsApp del dia de la dana. La jutgessa els hi ha sol·licitat, encara que de manera voluntària, i fins ara Mazón ha declinat aquesta opció. També serà una qüestió sobre la qual populars i ultradretans hauran de posicionar-se en un sentit o un altre.

També per part del grup socialista es proposa que la Generalitat Valenciana organitze un acte institucional d'“homenatge, reparació i justícia en memòria de les víctimes de la dana”.

El PSPV exigeix l'adquisició dels HPO d'Alacant

El síndic socialista, José Muñoz, ha indicat que demanaran que el PP faça força perquè tire avant el 'decret Maricarmen', limite el preu del lloguer, recupere els habitatges de les Naus adjudicats de manera irregular, que els habitatges de protecció oficial tinguen aquesta qualificació de manera permanent o impedisca l'entrada de 'fons voltor' a la Comunitat Valenciana.

També exigiran que es facen públics els dossiers amb “sospites de corrupció” d'alts càrrecs o que es reprovara Vicent Mompó per les seues “paraules masclistes” contra Morant.

En matèria de finançament autonòmic, els socialistes demanaran que s'aprove la reforma del sistema de finançament del Govern, que permetria 3.669 milions d'euros addicionals anuals per a la Comunitat Valenciana, mentre que també reclamen paralitzar la llei del Sòl que el Consell ha enviat a les Corts.

Les propostes de Compromís

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha destacat que les seues propostes mantenen “les tres reivindicacions històriques de finançament, fons d'anivellament i deute històric”, a més d'aprofundir en “un nou model d'emergències”.

Així mateix, inclouen propostes per a reduir la llista d'espera en sanitat, prohibir la compra especulativa d'habitatge per fons voltor, promoure la gratuïtat del transport públic per als joves, recuperar el pla Edificant, establir la taxa turística, firmar un nou pacte contra la violència masclista i recuperar els drets LGTBI.

El PP demana negociar el finançament amb totes les comunitats

El síndic del PP, Nando Pastor, ha explicat que les seues propostes reuneixen “tot el que Pedro Sánchez deu als valencians”, com negociar el model de finançament amb totes les comunitats en la Conferència de Presidents, un fons transitori d'anivellament, un FLA extraordinari i incorporar el criteri poblacional a les inversions de l'Estat.

El PP demana derogar la llei d'habitatge i impulsar canvis normatius que donen més seguretat jurídica als propietaris d'habitatges per a incentivar l'increment de l'oferta de pisos de lloguer a la Comunitat Valenciana, mentre que Pastor ha afirmat que per als socialistes l'habitatge “sempre ha sigut un eslògan i estar darrere d'una pancarta”.

“Tenim Ximo Puig que viu en un magnífic pis de luxe a París pagat per tots els espanyols”, Diana Morant “fa el mateix a Madrid amb un altre de quasi 300 metres”, per no recordar el que feia Ábalos amb “els pisos per a les seues amigues”, ha afirmat el síndic del PP, qui ha reivindicat que el Consell “ha posat 6.000 habitatges damunt la taula”.

Vox insisteix en la immigració

El síndic de Vox, José María Llanos, ha destacat de les seues propostes les que fan referència a la “immigració il·legal massiva, descontrolada, fomentada i avalada per les polítiques de fronteres obertes” del Govern, i “al col·lapse” dels serveis públics a conseqüència d'aquesta immigració.

Sobre l'habitatge, ha indicat que defensen “la prioritat nacional” en l'accés a l'habitatge públic i a les ajudes socials, i proposen mesures com la liberalització de sòl, la reducció dràstica de l'impost sobre béns immobles o la protecció de la propietat privada.

La segunda sesión del debate de política general que se celebra este miércoles en las Corts Valencianes abordará y votará todas las propuestas presentadas por los diversos grupos parlamentarios, destacando las referidas al expresidente Carlos Mazón.

En concreto, tanto Compromís como el PSPV han propuesto que se le quite el acta de diputado, lo que conllevaría la pérdida de su aforamiento y de la protección que conlleva ante la instrucción judicial sobre la gestión de la dana que se desarrolla en el juzgado de Catarroja. De esta forma, tanto el PP como Vox deberán retratarse sobre todo ante las víctimas, que han exigido en repetidas ocasiones que el exjefe del Consell abandone todo cargo público y acuda a declarar al juzgado.

Los partidos de izquierdas también han propuesto que haga públicos sus mensajes de Whatsapp del día de la dana. La jueza se los ha solicitado aunque de forma voluntaria y hasta el momento Mazón ha declinado esta opción. También será algo sobre lo que populares y ultras deberán descararse en un sentido u otro.

También por parte del grupo socialista se propone que la Generalitat Valenciana organice un acto institucional de “homenaje, reparación y justicia en memoria de las víctimas de la dana”.

El PSPV exige la adquisición de las VPO de Alicante

El síndic socialista, José Muñoz, ha indicado que van a pedir que el PP haga fuerza para que salga adelante el 'decreto Maricarmen', limite el precio del alquiler, recupere las viviendas de les Naus adjudicadas de manera regular, que las viviendas de protección oficial tengan esa calificación permanente o impida 'fondos buitre' en la Comunitat.

También exigirán que se hagan públicos los dosiers con “sospechas de corrupción” de altos cargos o se repruebe a Vicent Mompó por sus “palabras machistas” contra Morant.

En materia de financiación autonómica, los socialistas pedirán que se apruebe la reforma del sistema de financiación del Gobierno, que permitiría 3.669 millones de euros adicionales anuales para la Comunitat Valenciana, mientras que también reclaman paralizar la ley del Suelo que el Consell ha enviado a Les Corts.

Las propuestas de Compromís

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha destacado que sus propuestas mantienen “las tres reivindicaciones históricas de financiación, fondo de nivelación y deuda histórica”, además de profundizar en “un nuevo modelo de emergencias”.

Asimismo, incluyen propuestas para reducir la lista espera en sanidad, prohibir la compra especulativa de vivienda por fondos buitre, promover la gratuidad del transporte público para jóvenes, recuperar el plan Edificant, establecer la tasa turística, firmar un nuevo pacto contra la violencia machista y recuperar los derechos LGTBi.

El PP pide negociar la financiación con todas las comunidades

El síndic de PP, Nando Pastor, ha explicado que sus propuestas reúnen “todo lo que Pedro Sánchez debe a los valencianos”, como negociar el modelo de financiación con todas las comunidades en la Conferencia de presidentes, un fondo transitorio de nivelación, un FLA extraordinario e incorporar el criterio poblacional a las inversiones del Estado.

El PP pide derogar la ley de vivienda e impulsar cambios normativos que den mayor seguridad jurídica a los propietarios de viviendas para incentivar el incremento de la oferta de viviendas en alquiler en la Comunitat, mientras que Pastor ha afirmado que para los socialistas la vivienda “siempre ha sido un eslogan y estar detrás de una pancarta”.

“Tenemos a Ximo Puig que vive en un magnífico pisazo en París pagado por todos los españoles”, Diana Morant “hace lo propio en Madrid con otro pisazo de casi 300 metros”, por no recordar lo que hacía Ábalos con “los pisos para sus amigas”, ha afirmado el síndic del PP, quien ha reivindicado que el Consell “ha puesto 6.000 viviendas sobre el tapete”.

Vox insiste en la inmigración

El síndic de Vox, José María Llanos, ha destacado de sus propuestas las que hacen referencia a la “inmigración ilegal masiva, descontrolada, fomentada y apoyada por las políticas de fronteras abiertas” del Gobierno, y “al colapso” de los servicios públicos como consecuencia de esa inmigración.

Sobre la vivienda, ha indicado que defienden “la prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública y las ayudas sociales, y proponen medidas como la liberalización de suelo, la reducción drástica de impuesto sobre bienes inmuebles o la protección de la propiedad privada.

Pere Rostoll afronta un nuevo reto como candidato por el PSPV a la alcaldía de Benidorm no exento de dificultad. De hecho, El PP acumula tres victorias consecutivas con Antonio Pérez como alcalde, las dos últimas con mayoría absoluta. En las elecciones municipales de 2023, el PP obtuvo 16 concejales frente a los 8 del PSOE. Periodista y actual jefe de comunicación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente, Rostoll también fue redactor jefe y responsable de Política del diario Información, antes fichar en el año 2020 por el Gobierno del Botánico como director general de Relaciones Informativas de la Generalitat Valenciana presidida por Ximo Puig. En una amplia entrevista con elDiario.es, insiste en la idea de recuperar Benidorm para sus vecinos y vecinas.

¿Por qué decide dar el paso de presentarte a la Alcaldía de Benidorm?

Creo que tenemos que ofrecer una alternativa de cambio a nuestros vecinos. En este momento la ciudad requiere una alternativa política a la situación que ha generado el Partido Popular. Ese fue el leitmotiv de la decisión. Evidentemente, está el servicio a la ciudad y, sobre todo, ofrecer una alternativa para que los vecinos de Benidorm, que en estas elecciones son el centro del proyecto político, recuperen la ciudad. Creo que hay una sensación de hastío con la situación de Benidorm y que es el momento de ofrecer a los ciudadanos una alternativa política de cambio.

¿Y cómo ha sido el proceso para ser elegido candidato?

Creo que ha ido muy bien. El Partido Socialista activó sus mecanismos democráticos y se abrió un proceso de primarias. Decidí presentarme y finalmente fui el único candidato. Aunque no tenía necesidad, recogí avales y conseguí la firma del 82% de los militantes. Afrontamos este proceso y la generación de esta alternativa de cambio político desde la mejor situación, que es la unidad del partido. Y creo que eso es muy relevante porque mis rivales no son mis compañeros de partido. Mi único rival es el actual alcalde Antonio Pérez y el Partido Popular.

Habla de un deterioro importante de Benidorm en los últimos años. ¿Cómo ha evolucionado la ciudad?

Yo hablo de que en este momento Benidorm vive la situación más crítica de su historia por una serie de circunstancias. Primero, porque le ha caído la peor sentencia por mala gestión urbanística de la historia de España y una deuda aplazada a 47 años de 570 millones de euros. Eso es liquidar cinco generaciones de benidormenses. Segundo, la ciudad está peor que nunca en dos cuestiones: la limpieza y el mantenimiento. Tenemos desde 2018 prorrogado el contrato de limpieza y la ciudad está más sucia que nunca. Y ya le han subido a los vecinos el recibo de la basura al doble. Además, Antonio Pérez ha arrasado completamente con los mecanismos de mantenimiento que tenía el Ayuntamiento. El tercer problema es la vivienda. Aquí se ha expulsado a una generación de jóvenes y familias de Benidorm, que viven en los pueblos de alrededor. Se han ido y se han comprado una casa fuera. Hemos perdido tejido social y tejido de pueblo. Hay que tomar medidas decididas, claras y contundentes con la vivienda. El cuarto tema es la movilidad, cómo nos movemos por la ciudad. Tenemos un escenario prácticamente insufrible, con un transporte público ineficiente y muchas dificultades, además de un tráfico absolutamente desastroso. Y, finalmente, hay un problema gravísimo de cohesión. Benidorm parece varias ciudades diferentes. Tenemos que generar espacios de cohesión en los barrios y evitar que haya barrios de primera y de segunda. Hay que actuar decididamente para que todos los vecinos vuelvan a sentir orgullo de su ciudad. La idea fundamental es recuperar Benidorm para sus vecinos. Y a eso nos vamos a dedicar: a recoger propuestas que salgan de la base, del vecindario, para llevarlas al Ayuntamiento y resolverlas porque vamos a gobernar.

Cuando dice que hay que recuperar la ciudad para sus vecinos, ¿considera que Benidorm se ha convertido en una ciudad más para el turista que para el vecino?

Benidorm es una ciudad que vive del turismo, eso es evidente. Su principal motor económico es el turismo. Pero tiene que aprender a vivir del turismo. ¿Qué significa aprender a vivir del turismo? Que, fundamentalmente, el turismo tiene que ser un elemento que facilite que los vecinos de Benidorm vivan mejor. Hoy en día un vecino de Benidorm no se puede comprar una vivienda para vivir en su pueblo. Y los que vivimos allí tenemos un pueblo cada vez más sucio, cada vez en peores condiciones, con una deuda inasumible, un transporte público que es un completo desastre y un escenario de falta de cohesión en los barrios. Me refiero, por ejemplo, a barrios como el Rincón de Loix o la Cala, que están olvidados y que van a tener gravísimos problemas de mantenimiento y cohesión.

En cuanto a la seguridad ciudadana, ¿cuál es la situación?

Tenemos un problema de seguridad ciudadana que el Ayuntamiento no aborda. El otro día escuchaba al alcalde justificar el turismo de borrachera en una radio local. Me llama la atención que esos mismos días, en las televisiones estatales, había vídeos de zonas del municipio donde se concentra gran parte del turismo inglés, con imágenes absolutamente alarmantes. Hay una exigencia de mayor seguridad ciudadana que el Ayuntamiento no está asumiendo.

¿Os da miedo que una parte de Benidorm pueda convertirse en algo parecido a Magaluf?

Yo creo que hay que actuar. Miedo no tengo de asumir la Alcaldía y de resolver los problemas de la gente. Está claro que tenemos que actuar para convertir Benidorm en el pueblo que todos queremos, para devolver Benidorm al pueblo que todos queremos: un lugar en el que se pueda vivir y se pueda vivir mejor. Y eso nos permitirá recibir mejor a los turistas. Si nuestros vecinos están atendidos, vamos a recibir mejor al turismo. No se va a generar una división ni un problema interno en el municipio. Hay barrios y zonas de la ciudad en los que ya no viven vecinos. Todo son pisos turísticos, una aglomeración de viviendas de uso turístico. Eso deteriora la convivencia, reduce el tejido del pueblo y afecta, por ejemplo, al comercio de proximidad. Son todas las cosas que se está cargando el alcalde.

¿Cómo afrontarías como alcalde el problema de la vivienda y, en concreto, el de las viviendas turísticas?

Benidorm es una de las ciudades de la Comunitat Valenciana con más viviendas cerradas. La última estimación que he leído de un informe habla de que podemos tener entre 8.500 y 9.200 viviendas cerradas. La primera medida es hacer un inventario de viviendas vacías. Vamos a analizar caso por caso cada una de esas viviendas para ver si las podemos movilizar. Si movilizamos una parte de esas viviendas a precios razonables, a precios de alquiler asumibles, tendremos una parte del problema solucionado. Segundo, hay que limitar los precios de los alquileres. En eso cuento con la complicidad de Diana Morant, que el otro día lo trasladó en la conferencia política del partido. Hay que declarar la zona tensionada y ver cómo limitamos los precios para que haya más viviendas para los vecinos. Y luego hay que agilizar la construcción de los núcleos de viviendas que tenemos pendientes, generando las reservas más amplias posibles de vivienda protegida para jóvenes y familias. Eso sí, vivienda protegida con transparencia, no como ha hecho el PP en Alicante, donde se han repartido las casas entre ellos. Esas cuatro medidas las vamos a poner en marcha.

¿Es partidario de aplicar una tasa turística en Benidorm?

Sí, completamente. Soy partidario de la tasa turística y la voy a defender. Cuando se hizo la ley, la estimación que se hizo sobre el rendimiento total de la tasa era de alrededor de 100 millones de euros y aproximadamente un tercio correspondía a los ayuntamientos.

¿Por qué cree que debe aplicarse?

Porque esto no es un castigo para los turistas ni lo van a pagar los vecinos de Benidorm, que ya pagan bastante. Antonio Pérez y el PP ya les han subido la basura y el IBI. Es evidente que cuando un turista visita una ciudad como la nuestra genera un gasto de basura, de agua, de limpieza de las playas y una serie de gastos con los que tiene que colaborar. Benidorm es una de las ciudades turísticas más importantes de Europa y del mundo y tiene que modernizar su modelo turístico. La tasa nos permitiría, por un lado, disponer de recursos para atacar los graves problemas de la ciudad a los que me refería: limpieza, mantenimiento y demás. Y, por otro, aliviar la grave situación que ha generado el Partido Popular y Antonio Pérez con la sentencia por mala gestión urbanística en la Serra Gelada, que nos supondrá una carga de 570 millones en 47 años.

La patronal se opone frontalmente a la tasa turística. ¿Cómo abordarías ese conflicto?

Yo hablaré con la patronal. He escuchado a empresarios muy importantes de esta comunidad estar a favor de la tasa turística y a altos dirigentes del PP estar también a favor. Pero yo, en este tema, voy a ser muy claro: hablaré con la patronal, pero a mí lo que me interesan son los ciudadanos, los vecinos y los trabajadores turísticos. Les explicaré la situación. Creo que la implantación de la tasa turística es beneficiosa porque los turistas van a pagar una pequeña cantidad, pero al final van a tener mejores servicios y no van a ser los paganos de la mala gestión del PP en Benidorm.

¿Qué simboliza para usted la sentencia del Supremo por el incumplimiento de un convenio urbanístico en la Serra Gelada que obliga al Ayuntamiento a pagar una indemnización a un promotor y a afrontar esa enorme deuda?

Creo que es el símbolo de la mala gestión del PP de una época. Retrata una época de absoluto descontrol urbanístico, de mala gestión, de chanchullos y de enredos. Es el símbolo de una nefasta gestión y de una época en la que había dirigentes del PP y empresarios dedicados a jugar al Monopoly en contra de los intereses de la gente. Eso es lo que simboliza.

Otro ejemplo reciente de gestión municipal es la adjudicación de la concesión de la zona de acampada de la Sequia Mare a la empresa que menos aportación económica hace, por medio de una concesión por la que tampoco se le cobra un canon, ¿cómo la valora?

Ya lo denunció el grupo municipal socialista en el pleno. Es evidente que esa decisión es, cuanto menos, sorprendente y puede acabar en un recurso. Sería una más de Antonio Pérez y del PP, una más de la mala gestión. Más allá de la empresa que se ha adjudicado, que ya veremos si hay algo ahí o no, son sorprendentes las características económicas de la concesión para el Ayuntamiento. Las condiciones no son las mejores porque no cobran prácticamente nada, pagan parte de la limpieza... por eso digo que es absolutamente sorprendente y vamos a ver en qué termina esa decisión.

Antes hablaba de las subidas del IBI y de la tasa de basuras aplicadas por el PP. ¿Qué política fiscal aplicaría usted?

Ahora mismo no se pueden subir más los impuestos. Es verdad que la situación del Ayuntamiento es la que es y habrá que empezar a pagar esa deuda. Este año, por cierto, son 60 millones, gran parte de los cuales se pagan con dinero del Gobierno de España. El malvado Pedro Sánchez les ha solucionado gran parte de la papeleta. Nuestra política fiscal está fundamentalmente vinculada a la aplicación de la tasa turística. Es una tasa que no afecta al vecindario de Benidorm y que nos permite generar un volumen de ingresos para afrontar la situación de la ciudad.

¿Cómo se va a afrontar esa deuda?

La secuencia de pago este año son 60 millones que tienen que pagar antes de final de año. Inicialmente, el Ayuntamiento pidió un crédito de 55 millones al Gobierno de España, que se lo concedió. Creo que finalmente se quedaron en 36 porque van a poner 19 millones de remanentes. En todo caso, la mayoría de la cantidad de este año la pone el Gobierno de España. Luego hay cuatro años de carencia en los que solo se pagan los intereses. Y, a partir de esos cuatro años, creo que son 12 millones, y después hay un periodo en el que el Ayuntamiento no va a pagar y, posteriormente, hasta un 8% del montante del presupuesto anual. Estamos en una ciudad en la que el presupuesto venía oscilando entre 140 y 142 millones de euros. 570 millones son cuatro veces el presupuesto que tenía. Si una familia tuviera que afrontar un pago cuatro veces superior a sus ingresos anuales, ¿qué diríamos? Que está en quiebra. Esto hay que afrontarlo. No se puede afrontar desde el buenismo, desde que nos parece bien todo, y sin explicar las cosas y afrontarlas. Creo que el alcalde está dando una patada hacia adelante, intentando correr y escapar para salvar la situación y llegar a las elecciones contando la mentira de que esto no va a afectar a los ciudadanos.

Pere Rostoll afronta un nou repte com a candidat del PSPV a l'Alcaldia de Benidorm no exempt de dificultat. De fet, el PP acumula tres victòries consecutives amb Antonio Pérez com a alcalde, les dos últimes amb majoria absoluta. En les eleccions municipals de 2023, el PP va obtindre 16 regidors davant dels 8 del PSOE. Periodista i actual cap de comunicació del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que dirigeix Óscar Puente, Rostoll també va ser redactor en cap i responsable de Política del diari Información, abans de fitxar l'any 2020 pel Govern del Botànic com a director general de Relacions Informatives de la Generalitat Valenciana presidida per Ximo Puig. En una àmplia entrevista amb elDiario.es, insisteix en la idea de recuperar Benidorm per als seus veïns i veïnes.

Per què decideix fer el pas de presentar-se a l'Alcaldia de Benidorm?

Crec que hem d'oferir una alternativa de canvi als nostres veïns. En aquest moment la ciutat requereix una alternativa política a la situació que ha generat el Partit Popular. Eixe va ser el leitmotiv de la decisió. Evidentment, està el servei a la ciutat i, sobretot, oferir una alternativa perquè els veïns de Benidorm, que en aquestes eleccions són el centre del projecte polític, recuperen la ciutat. Crec que hi ha una sensació de cansament amb la situació de Benidorm i que és el moment d'oferir als ciutadans una alternativa política de canvi.

I com ha sigut el procés per a ser elegit candidat?

Crec que ha anat molt bé. El Partit Socialista va activar els seus mecanismes democràtics i es va obrir un procés de primàries. Vaig decidir presentar-m'hi i finalment vaig ser l'únic candidat. Encara que no tenia necessitat, vaig recollir avals i vaig aconseguir la firma del 82% dels militants. Afrontem aquest procés i la generació d'aquesta alternativa de canvi polític des de la millor situació, que és la unitat del partit. I crec que això és molt rellevant perquè els meus rivals no són els meus companys de partit. El meu únic rival és l'actual alcalde Antonio Pérez i el Partit Popular.

Parla d'un deteriorament important de Benidorm en els últims anys. Com ha evolucionat la ciutat?

Jo parle que en aquest moment Benidorm viu la situació més crítica de la seua història per una sèrie de circumstàncies. Primer, perquè li ha caigut la pitjor sentència per mala gestió urbanística de la història d'Espanya i un deute ajornat a 47 anys de 570 milions d'euros. Això és liquidar cinc generacions de benidormers. Segon, la ciutat està pitjor que mai en dos qüestions: la neteja i el manteniment. Tenim des de 2018 prorrogat el contracte de neteja i la ciutat està més bruta que mai. I ja els han duplicat als veïns el rebut del fem. A més, Antonio Pérez ha arrasat completament amb els mecanismes de manteniment que tenia l'Ajuntament. El tercer problema és l'habitatge. Ací s'ha expulsat una generació de joves i famílies de Benidorm, que viuen als pobles dels voltants. Se n'han anat i s'han comprat una casa fora. Hem perdut teixit social i teixit de poble. Cal prendre mesures decidides, clares i contundents amb l'habitatge. El quart tema és la mobilitat, com ens movem per la ciutat. Tenim un escenari pràcticament insuportable, amb un transport públic ineficient i moltes dificultats, a més d'un trànsit absolutament desastrós. I, finalment, hi ha un problema gravíssim de cohesió. Benidorm pareix diverses ciutats diferents. Hem de generar espais de cohesió als barris i evitar que hi haja barris de primera i de segona. Cal actuar decididament perquè tots els veïns tornen a sentir orgull de la seua ciutat. La idea fonamental és recuperar Benidorm per als seus veïns. I a això ens dedicarem: a recollir propostes que isquen de la base, del veïnat, per a portar-les a l'Ajuntament i resoldre-les perquè governarem.

Quan diu que cal recuperar la ciutat per als seus veïns, considera que Benidorm s'ha convertit en una ciutat més per al turista que per al veí?

Benidorm és una ciutat que viu del turisme, això és evident. És el seu principal motor econòmic. Però ha d'aprendre a viure d'ell. Què significa aprendre a viure del turisme? Que, fonamentalment, el turisme ha de ser un element que facilite que els veïns de Benidorm visquen millor. Ara per ara un veí de Benidorm no es pot comprar un habitatge per a viure al seu poble. I els que vivim allí tenim un poble cada vegada més brut, cada vegada en pitjors condicions, amb un deute inassumible, un transport públic que és un complet desastre i un escenari de falta de cohesió als barris. Em referisc, per exemple, a barris com el Racó de l'Oix o la Cala, que estan oblidats i que tindran gravíssims problemes de manteniment i cohesió.

Quant a la seguretat ciutadana, quina és la situació?

Tenim un problema de seguretat ciutadana que l'Ajuntament no aborda. L'altre dia escoltava Cebrián justificar el turisme de borratxera en una ràdio local. Em crida l'atenció que aquells mateixos dies, en les televisions estatals, hi havia vídeos de zones del municipi on es concentra gran part del turisme anglés, amb imatges absolutament alarmants. Hi ha una exigència de més seguretat ciutadana que l'Ajuntament no està assumint.

Vos fa por que una part de Benidorm puga convertir-se en una cosa semblant a Magaluf?

Jo crec que cal actuar. Por no en tinc d'assumir l'Alcaldia i de resoldre els problemes de la gent. Queda clar que hem d'actuar per a convertir Benidorm en el poble que tots volem: un lloc en què es puga viure millor. I això ens permetrà rebre millor els turistes. Si els nostres veïns estan atesos, rebrem millor el turisme. No es generarà una divisió ni un problema intern al municipi. Hi ha barris i zones de la ciutat en els quals ja no viuen veïns. Tot són pisos turístics, una aglomeració d'habitatges d'ús turístic. Això deteriora la convivència, redueix el teixit del poble i afecta, per exemple, el comerç de proximitat. Són totes les coses que s'està carregant l'alcalde.

Com afrontaria com a alcalde el problema de l'habitatge i, en concret, el dels habitatges turístics?

Benidorm és una de les ciutats de la Comunitat Valenciana amb més habitatges tancats. L'última estimació que he llegit d'un informe parla que podem tindre entre 8.500 i 9.200 habitatges tancats. La primera mesura és fer un inventari d'habitatges buits. Analitzarem cas per cas cadascun d'aquests habitatges per a veure si els podem mobilitzar. Si mobilitzem una part d'aquests habitatges a preus raonables, a preus de lloguer assumibles, tindrem una part del problema solucionat. Segon, cal limitar els preus dels lloguers. En això compte amb la complicitat de Diana Morant, que l'altre dia ho va traslladar en la conferència política del partit. Cal declarar la zona tensionada i veure com limitem els preus perquè hi haja més habitatges per als veïns. I després cal agilitzar la construcció dels nuclis d'habitatges que tenim pendents, generant les reserves més àmplies possibles d'habitatge protegit per a joves i famílies. Això sí, habitatge protegit amb transparència, no com ha fet el PP a Alacant, on s'han repartit les cases entre ells. Aquestes quatre mesures les posarem en marxa.

És partidari d'aplicar una taxa turística a Benidorm?

Sí, completament. Soc partidari de la taxa turística i la defensaré. Quan es va fer la llei, l'estimació que es va fer sobre el rendiment total de la taxa era del voltant de 100 milions d'euros i aproximadament un terç corresponia als ajuntaments.

Per què creu que s'ha d'aplicar?

Perquè això no és un càstig per als turistes ni ho pagaran els veïns de Benidorm, que ja en paguen prou. Antonio Pérez i el PP ja els han apujat les escombraries i l'IBI. És evident que quan un turista visita una ciutat com la nostra genera una despesa d'escombraries, d'aigua, de neteja de les platges i una sèrie de despeses amb les quals ha de col·laborar. Benidorm és una de les ciutats turístiques més importants d'Europa i del món i ha de modernitzar el seu model turístic. La taxa ens permetria, d'una banda, disposar de recursos per a atacar els greus problemes de la ciutat als quals em referia: neteja, manteniment i altres. I, d'altra banda, alleujar la greu situació que ha generat el Partit Popular i Antonio Pérez amb la sentència per mala gestió urbanística a la Serra Gelada, que ens suposarà una càrrega de 570 milions en 47 anys.

La patronal s'oposa frontalment a la taxa turística. Com abordaria aquest conflicte?

Jo parlaré amb la patronal. He escoltat empresaris molt importants d'aquesta comunitat estar a favor de la taxa turística i alts dirigents del PP estar també a favor. Però jo, en aquest tema, seré molt clar: parlaré amb la patronal, però a mi el que m'interessen són els ciutadans, els veïns i els treballadors turístics. Els explicaré la situació. Crec que la implantació de la taxa turística és beneficiosa perquè els turistes pagaran una xicoteta quantitat, però al final tindran millors serveis i no seran els qui paguen la mala gestió del PP a Benidorm.

Què simbolitza per a vosté la sentència del Suprem per l'incompliment d'un conveni urbanístic a la Serra Gelada que obliga l'Ajuntament a pagar una indemnització a un promotor i a afrontar aquest enorme deute?

Crec que és el símbol de la mala gestió del PP d'una època. Retrata una època d'absolut descontrol urbanístic, de mala gestió, de tripijocs i d'embolics. És el símbol d'una nefasta gestió i d'una època en la qual hi havia dirigents del PP i empresaris dedicats a jugar al Monopoly en contra dels interessos de la gent. Això és el que simbolitza.

Un altre exemple recent de gestió municipal és l'adjudicació de la concessió de la zona d'acampada de la Séquia Mare a l'empresa que menys aportació econòmica fa, per mitjà d'una concessió per la qual tampoc se li cobra un cànon. Com la valora?

Ja ho va denunciar el grup municipal socialista en el ple. És evident que aquesta decisió és, si més no, sorprenent i pot acabar en un recurs. Seria una més d'Antonio Pérez i del PP, una més de la mala gestió. Més enllà de l'empresa a la qual s'ha adjudicat, que ja veurem si hi ha alguna cosa ací o no, són sorprenents les característiques econòmiques de la concessió per a l'Ajuntament. Les condicions no són les millors perquè no cobren pràcticament res, paguen part de la neteja... Per això dic que és absolutament sorprenent i veurem en què acaba aquesta decisió.

Abans parlava de les pujades de l'IBI i de la taxa de fem aplicades pel PP. Quina política fiscal aplicaria vosté?

Ara mateix no es poden apujar més els impostos. És veritat que la situació de l'Ajuntament és la que és i caldrà començar a pagar aquest deute. Enguany, per cert, són 60 milions, gran part dels quals es paguen amb diners del Govern d'Espanya. El malvat Pedro Sánchez els ha solucionat gran part de la papereta. La nostra política fiscal està fonamentalment vinculada a l'aplicació de la taxa turística. És una taxa que no afecta el veïnat de Benidorm i que ens permet generar un volum d'ingressos per a afrontar la situació de la ciutat.

Com s'afrontarà aquest deute?

La seqüència de pagament enguany són 60 milions que s'han de pagar abans de final d'any. Inicialment, l'Ajuntament va demanar un crèdit de 55 milions al Govern d'Espanya, que li'l va concedir. Crec que finalment es van quedar en 36 perquè posaran 19 milions de romanents. En tot cas, la major part de la quantitat d'enguany la posa el Govern d'Espanya. Després hi ha quatre anys de carència en els quals només es paguen els interessos. I, a partir d'aquests quatre anys, crec que són 12 milions, i en acabat hi ha un període en el qual l'Ajuntament no pagarà i, posteriorment, fins a un 8% de l'import del pressupost anual. Som en una ciutat en la qual el pressupost anava oscil·lant entre 140 i 142 milions d'euros. 570 milions són quatre vegades el pressupost que tenia. Si una família haguera d'afrontar un pagament quatre vegades superior als seus ingressos anuals, què diríem? Que està en fallida. Això cal afrontar-ho. No es pot afrontar des del bonisme, des del fet que ens semble bé tot, i sense explicar les coses i afrontar-les. Crec que l'alcalde està donant una puntada cap avant, intentant córrer i escapar per a salvar la situació i arribar a les eleccions explicant la mentida que això no afectarà la ciutadania.

Terremoto político en el Ayuntamiento de València a cuenta de la imputación del concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, por acceder sin permiso a la sede del Sindicat d'Estudiants, unos hechos que denunció la propia organización el pasado mes de julio.

Tal y como ha avanzado en exclusiva elDiario.es, la Sección de Instrucción número uno del Tribunal de Instancia de València ya ha citado a declarar en calidad de investigado (antes imputado) a Badenas y a los dos asesores que accedieron con él al local el próximo 14 de enero a las 10.00 horas. Los responsables del sindicato acudirán al juzgado a testificar en calidad de perjudicados el 17 de diciembre a las 12.00 horas.

Tras conocerse la información, las reacciones no se han hecho esperar. Para Compromís per València, el hecho confirma un patrón que ya se arrastraba desde hace meses y que evidencia la falta absoluta de “decencia” del Gobierno de la alcaldesa María José Catalá.

“Esto se veía venir”, ha considerado la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, que ha calificado la entrada de Badenas en el local del sindicato como “toda una demostración de fascismo puro y duro, asaltando una sede de una entidad sin ningún permiso, forzando la cerradura y vanagloriándose de su acción”.

Para la formación valencianista, el concejal no puede continuar “ni un minuto más” en ninguna responsabilidad pública. “Evidentemente, no puede continuar ni un minuto más en el gobierno, pero Catalá no hará nada, como las otras veces”, ha añadido Robles, que atribuye esta permisividad a un cálculo puramente aritmético: “Necesita a personas indignas de un cargo público para mantenerse en el poder.”

La portavoz de la coalición valencianista ha recordado que este no es, ni mucho menos, el único frente judicial que arrastra el concejal. “En poco más de tres años Badenas ha sido investigado tres veces, dos en el juzgado —una archivada por delitos de odio— y una por la Fiscalía Anticorrupción por el caso València Activa. Es un concejal que tiene más trabajo en los juzgados para ir a defenderse que en el Ayuntamiento, donde casi no tiene competencias”, denuncia Robles.

“Básicamente, Catalá lo mantiene a él y a la también concejala de Vox Cecilia Herrero para mantener el poder. Les paga un sueldo público para su propio beneficio”, señala Robles, que recuerda que la concejala de Vox se sentará en el banquillo de los acusados por una treintena de tuits racistas publicados entre 2020 y 2024, con petición fiscal de hasta tres años de prisión, uno a raíz de una denuncia que presentó Compromís.

Robles ha ampliado el foco más allá de Badenas y Herrero para situar al conjunto del Gobierno de Catalá en una posición “insostenible”. “El gobierno de María José Catalá no se puede sostener con tres investigaciones formales de los juzgados y seis investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, incluida la alcaldesa en el llamado caso de enchufismo, que también tiene investigada y a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao”.

El PSPV señala a Catalá

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, también ha exigido a Catalá el cese inmediato de Badenas y ha señalado que si continúa formando parte del gobierno municipal es porque la alcaldesa mantiene su confianza y avala sus actuaciones.

Sanjuan ha recordado que Badenas ejerce sus responsabilidades como concejal de gobierno por delegación de la alcaldesa y ha advertido de que Catalá no puede desvincularse de las actuaciones de un miembro de su ejecutivo. “Cada acto que hace Juan Manuel Badenas como concejal de gobierno es como si lo hiciera María José Catalá porque lo hace con su aprobación y por delegación de ella. Por tanto, entendemos que si Juan Manuel Badenas no es cesado es porque ella, a través de su delegación y manteniendo su confianza, avala y permite este tipo de actos. Cada vez María José Catalá está tolerando más actividades ultra dentro de su gobierno y dentro de la ciudad de València”, ha señalado.

El PP defiende la presunción de inocencia

Por su parte, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero (PP), preguntado por las peticiones de cese de la oposición, ha comentado que se han enterado de la imputación de Badenas “por los medios” y ha afirmado que creen “en la presunción de inocencia y en los tiempos de la Justicia”.

El diputado provincial y secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha exigido la “dimisión inmediata” del diputado de Bomberos de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, o que el presidente de la institución, Vicent Mompó, proceda a su destitución tras conocerse, tal y como ha informado elDiario.es, que en su declaración ante la jueza que investiga la dana respondió hasta en 90 ocasiones con expresiones como “no me acuerdo” o “no lo recuerdo”. 

“Es una declaración que los presentes calificaron de absurda, exasperante y es muy preocupante que quien la realiza sea el responsable provincial de Bomberos y, por tanto, una de las personas que tiene la obligación de conocer cómo se actuó durante una emergencia de estas dimensiones”, ha señalado Mascarell. 

“Estamos hablando de una catástrofe que dejó 232 víctimas mortales y de momentos críticos en los que miles de personas dependían de que los responsables de emergencias tuvieran información, capacidad de reacción y conocimiento de lo que estaba sucediendo. Que el máximo responsable provincial de Bomberos no sea capaz de explicar ante la jueza qué ocurrió o qué información recibió en momentos clave es de una gravedad política extraordinaria”, ha añadido.

Vicent Mascarell ha reclamado a Mompó que “deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad: Avelino Mascarell debe dimitir o el presidente de la Diputación debe destituirlo inmediatamente”. “No se puede tener al frente de Emergencias a una persona que, cuando la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió aquella tarde, asegura reiteradamente que no recuerda cuestiones esenciales, incluidas las comunicaciones con alcaldesas que alertaban de la gravedad de la situación”, ha afirmado. 

El dirigente socialista ha advertido de que “la responsabilidad de un diputado de Emergencias no es meramente administrativa: de su capacidad para recibir información, coordinar recursos y actuar ante una emergencia puede depender la seguridad y la vida de miles de personas”. “Después de lo ocurrido el 29 de octubre, mantener a Avelino Mascarell en su puesto supone una irresponsabilidad. Mompó tiene que decidir si está del lado de las víctimas y de la exigencia de responsabilidades o si va a seguir protegiendo a sus diputados. Si Mascarell no dimite, Mompó debe destituirlo”, ha concluido.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha apostado hoy por “un gran contrato social con los valencianos” para llegar a la Presidencia de la Generalitat y ha afirmado que los socialistas valencianos “abriremos puertas y ventanas como hicimos en 2015 para que la dignidad vuelva a entrar al Palau”. Así se ha pronunciado este domingo Diana Morant durante el acto de clausura de la Conferencia Política que los socialistas valencianos han celebrado este fin de semana en Alicante, en el que ha destacado que “no entraré al Palau como han hecho los indignos presidentes del Partido Popular: no lo haré ni con pacto de la vergüenza como Mazón, ni con comidas en un reservado”: “Lo haré de la mano de toda la gente que pide un cambio”.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que “empieza una nueva forma de gobernar que entrara muy pronto en la Generalitat Valenciana esa que escucha, acepta la crítica y que sobre todo pone soluciones a los problemas reales no tirando culpas” y ha subrayado que “recuperar lo que importa es mucho más que un eslogan, es la palabra que os doy a todos vosotros de que voy a defender lo que importa, que es aquello que le quita el sueño a las familias cuando apaga la luz por las noches”: “Lo que importa es la vivienda, la sanidad y la educación”.

Asimismo, Morant se ha insistido en que “hoy me comprometo con todos vosotros, vengo a firmar un verdadero contrato social un contrato social entre el PSPV-PSOE y la Comunitat Valenciana” porque, “mientras Pérez Llorca se remite a Feijóo yo me remito a todos vosotros que me habéis hecho candidata a las próximas elecciones y me haréis presidenta de la Generalitat en mayo de 2027”. “A esta tierra tiene todo lo que necesita para tener la mayor de las ambiciones, nos sobra talento y potencial, pero sobre todo lo que le sobra es un Consell que nos ha dejado abandonados”, ha remarcado.

Compromisos en realidades

En esta misma línea, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha comprometido a intervenir el mercado de la vivienda, trabajar para acabar con las listas de espera y bajar ratios en las aulas ya en el próximo curso 2027-2028. Con ello, la dirigente socialista ha apuntado que “en materia de vivienda no caben medias tintas por eso vamos a intervenir el mercado de la vivienda, topar el precio de los alquileres, construir más vivienda y proteger para siempre” y ha indicado que “no vamos a volver a permitir que las veo se las repartan entre ellos como ha hecho el Partido Popular”.

Además, ha anunciado que “seremos la primera autonomía en aprobar un plan antifondos buitre para decirle a la familia Aznar que no va a ser en esta Comunitat que se busque otra”: “No van a hacer negocio con la vivienda, porque la vivienda es un derecho”.

Por último, Morant ha reivindicado el avance hacia un nuevo modelo de financiación autonómica que permita a la Comunitat Valenciana disponer de más recursos. “Por fin tenemos respuesta ante una reivindicación que la Comunitat Valenciana lleva reclamando durante mucho tiempo: un nuevo modelo de financiación con más recursos” y ha destacado que “lo que va delante, va delante”: “Son recursos que pueden destinarse a nuestros hospitales, nuestras escuelas y nuestros servicios públicos”.

Alfaro llama a salir “con todas las fuerzas a por la victoria”

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, ha reivindicado el trabajo de los socialistas valencianos quienes “hemos demostrado que tenemos un proyecto moderno para mejorar la vida de la gente” y ha subrayado que “Diana Morant como presidenta, y de la mano de los alcaldes y alcaldesas vamos a conseguir pasar de las ideas a las políticas”.

Además, ha afirmado que “ha quedado claro que tenemos ideas y estrategia para conseguirlas, ahora vamos a ofrecer una revolución política para construir un mundo mejor” y ha destacado que “con las ideas, el trabajo y la esperanza, ahora llega el momento de transformarlas en propuestas y ponerlas en marcha”: “Salgamos con toda la fuerza para conseguir la victoria, pongamos todas nuestras fuerzas para conseguirlo”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha apremiado este sábado al titular de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, a que “ejerza de president de la Generalitat y defienda los intereses de los valencianos y valencianas por encima de los intereses de su partido”. España, quien ha intervenido en una de las mesas de la Conferencia Política del PSPV-PSOE que se celebra este fin de semana en Alicante, ha confesado “no entender” a Pérez Llorca, porque reclamó al presidente del Gobierno 1.782 millones y cuando este, a través de la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, le ofrece casi el triple, 3.669 millones, lo rechaza. Por eso, ha censurado la “irracionalidad del Consell de no querer 3.700 millones más de financiación o de rechazar que el Gobierno le condone deuda”.

No obstante, ha apuntado que hace días descubrió la “clave” de este comportamiento, cuando Pérez Llorca, al ser preguntado sobre si va a ser candidato del PP a la Generalitat en 2027, respondió “que le pregunten a Feijóo”. “No podemos tener a un president que está esperando a que la calle Génova le diga lo que tiene que hacer para defender a los valencianos. No nos lo podemos permitir. Es el presidente de todos. Perder esta oportunidad es muy grave para el futuro de los valencianos y para los servicios públicos de los valencianos y de España, que tenemos que mejorar”, aseveró el ministro, que instó a PP a “reflexionar” y votar a favor del nuevo modelo en el Congreso.

El ministro España ha realizado estas manifestaciones durante su participación en una de las mesas sectoriales de la Conferencia Política que los socialistas celebran este fin de semana en Alicante para recabar propuestas de futuro con el fin de conformar su proyecto de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

Durante su intervención, España ha criticado que el PP “no tiene un modelo alternativo” al del Gobierno. “Mientras el Gobierno pone 3.669 millones más para los valencianos, el PP ofrece cero euros”, ha alertado. Por eso ha apuntado que aún le resulta más incomprensible el rechazo a que el Gobierno condone deuda de la Generalitat. “Es un Consell sin criterio, ni rumbo, con un president que no se siente orgulloso de ser president”. “La Comunitat Valenciana es una franquicia, una sucursal” del PP de Madrid, frente a los socialistas, que “somos conscientes del orgullo de ser valencianos, de que España nos escucha a los valencianos”, con dos ministros, entre otros altos cargos.

Arcadi España ha enfatizado que, cuando defienden el nuevo modelo de financiación, que aportará 21.000 millones adicionales a las comunidades, “defendemos más recursos para el estado de bienestar, y por eso a la derecha le dan igual los recursos”. Según ha apuntado, el PP siempre dice que no tiene dinero pero al día siguiente aplica rebajas fiscales a los más ricos. “La razón real y concreta del rechazo al modelo es que no creen en el Estado de Bienestar”, ha recalcado, para añadir también “la visión de nuestro país sin ningún tipo de diversidad”, a pesar de que “la diversidad nos hace fuertes”. “Se puede ser de derechas y ser demócrata; no hace falta ser franquista”, ha dicho. “Estamos ante una oportunidad histórica. Ningún gobierno que no sea de izquierdas pondría tantos recursos para el Estado de Bienestar”, ha asegurado.

Conferencia política

El PSPV-PSOE celebra este fin de semana en Alicante su Conferencia Política que, bajo el lema ‘Recuperar lo que importa’, abre un diálogo con la sociedad civil para avanzar en su propuesta para el futuro de la Comunitat Valenciana. Dentro de la Conferencia Política, clave para definir el programa electoral de 2027, la mesa ‘Recuperar el derecho a vivir aquí: vivienda y urbanismo’ ha planteado medidas para aumentar la oferta asequible e impedir que un derecho consagrado en la Constitución se convierta en combustible para la especulación. Entre ellas, extender las declaraciones de zonas tensionadas para contener los precios, ampliar el parque público, recuperar las políticas de rehabilitación urbana y desplegar Casa47 con más vivienda pública.

La sesión ha contado con la secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias; el arquitecto comunitario Daniel Millor, y el profesor de Urbanismo de la UPV Francisco Juan Martínez, con la candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía de Dénia, María José Ripoll, en la presidencia, y la exconsellera María José Salvador como moderadora. Durante el debate también se han cuestionado las políticas del PP y Vox por bloquear la aplicación de la ley estatal de vivienda y por los cambios introducidos en el acceso a la vivienda protegida, que han derivado en el escándalo de Les Naus de Alicante, con las adjudicaciones de vivienda protegida a personas vinculadas al PP.

En la mesa “Recuperar la dignidad. El derecho a vivir bien: sanidad, salud mental, cuidados y bienestar”, moderada por la secretaria de Servicios Sociales de la ejecutiva del PSPV-PSOE, Mariví Garrido, y presidida por la candidata a la alcaldía d’Almassora, Merche Galí, se subrayó el valor del sistema de público en la sanidad y en los servicios sociales frente a la apuesta del PP por la privatización, algo que, advirtieron, “está deteriorando y va en detrimento de la red pública”. En el debate, en el que intervinieron Luz Vázquez (médica de familia), José López (enfermero especialista en salud mental), Francisca Herrero (presidenta del Colegio de Trabajo Social de Valencia) y Paula Sánchez (psicóloga), se abogó por “un cambio de modelo, un cambio de paradigma”, poniendo el acento en la prevención, antes de que los problemas se presenten y cronifiquen.

“Para vivir mejor, el cambio real que hay que hacer desde la política, además de incrementar los recursos, es actuar y construir apoyos antes de que la persona tenga el problema, mediante una atención individualizada y estructurada, una atención más comunitaria”, recalcaron. También se puso en valor la última ley del Gobierno de España sobre Dependencia, que ha traído cambios “muy positivos”, parte de los cuales “ya estaban en la Comunitat Valenciana porque los aprobó el Consell del Botànic”. Aunque, advirtieron, el actual Consell del PP está revirtiendo esas medidas, con riesgo de que los derechos reconocidos por la ley del Gobierno “no puedan materializarse en la Comunitat Valenciana”.

Mariví Garrido destacó que la sociedad valenciana tiene que trabajar para que se apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica, que el Consell de Pérez Llorca rechaza a pesar de que aportará 3.699 millones adicionales. “Esos recursos no son para que Pérez Llorca vaya al Ventorro, son para mejorar la sanidad y los servicios sociales de todos los valencianos”, aseveró.

Respecto a la mesa “Recuperar la educación, los derechos y el orgullo valenciano”, en la que intervino Arcadi España, ha quedado patente el abandono del Consell a la escuela pública, por lo que se ha urgido a poner en marcha políticas que potencien y refuercen la red pública incrementando plantillas, bajando ratios e invirtiendo para erradicar los barracones. “Para que el sistema educativo compense las desigualdades de origen es necesario invertir más en FP pública y en la universidad pública”, ha recalcado Miquel Soler, secretario de Educación de la ejecutiva del PSPV-PSOE. El exconseller Vicent Soler ha explicado cómo la nueva financiación del Gobierno permitirá ampliar los servicios para los valencianos.

En la conferencia se han abordado en otras mesas temáticas vinculadas a la igualdad, con la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, economía y empleo, con el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, y la secretaria general de CCOO-PV, Ana García, o de movimientos en defensa de los derechos LGTBI o de defensa de la causa palestina.  Las conclusiones de todas las jornadas se presentarán este domingo en la clausura de la conferencia política, que cerrará la secretaria general del PSPV-PSOE y candidata a la presidencia de la Generalitat, Diana Morant.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha llamado este sábado a “construir el próximo gobierno de la Generalitat de la mano de la gente para volver a poner a las personas y lo que importa en el centro”. Así se ha pronunciado durante el acto de apertura de la Conferencia Política que los socialistas valencianos celebran este fin de semana en Alicante en el que, ademas, ha pedido “seguir trabajando de la mano de la sociedad en estos ocho meses que quedan hasta las urnas para juntos conquistar el escaño 50, pero tambien el 51, el 52 y el 53, esos son los escaños de la gente joven que quiere una vivienda, de la gente que quiere ir a su hospital y de la gente que cree en los valores fundacionales de la democracia”.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha destacado que “lo más importante para que un proyecto sea alternativa real es que este sea útil para la gente, por eso llevamos todos estos meses sentándonos con la sociedad valenciana escuchándoles, dialogando y tomando nota” y ha remarcado que “juntos y juntas vamos a entrar al Palau de la Generalitat”. “Hoy no acaba nada, al contrario, hoy empieza todo porque este fin de semana vamos a construir un proyecto de Gobierno con el que ofrecer a los valencianos y valencianas más ideas, más valentía, más ganas y más esperanza”, ha insistido.

Asimismo, Morant se ha referido a Pérez Llorca y su “no proclamación como candidato a las próximas elecciones” y ha apuntado que “mira que se está esforzando con Feijóo, hasta ha votado en contra del modelo de financiación que nos da a la Comunitat Valenciana 3.669 millones de euros más al año”: “Ni con esas Feijóo le dice que sí, le dice chao pescao”. La dirigente socialisya ha afirmado que “en el Partido Popular están muy nerviosos porque los números no les dan y saben que su tiempo se acaba”: “La gente ya no les aplaude y hasta ha tenido que venir Génova a decirles que dejen de cagarla”

Con todo ello, la secretaria general del PSPV-PSOE ha defendido que “si hay una autonomía y un proyecto que puede hacer realidad el cambio, echar a la ultraderecha y al populismo de las instituciones esa es la Comunitat Valenciana y el proyecto socialista”: “Los vamos a conseguir, vamos a ganar y vamos a ganarles”, ha concluido.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha destacado que «en 2027 las y los valencianos vamos a salir a votar en masa para limpiar las instituciones y recuperar lo que importa», al tiempo que ha reivindicado el liderazgo de Diana Morant para impulsar el cambio político en la Comunitat Valenciana: “Merece la pena hacerlo, merece la pena dejarse la piel para que una mujer como Diana sea la primera mujer Presidenta de la Generalitat Valenciana”.

Torró ha denunciado los ataques machistas contra Diana Morant y ha defendido que «las mujeres no hemos venido a la política para pedir permiso: hemos venido a gobernar, a tomar las riendas y a ser la solución». En este sentido, ha reivindicado la necesidad de que la futura presidenta de la Generalitat sea la primera mujer al frente del Gobierno valenciano y ha llamado a las socialistas a trabajar para hacer posible ese objetivo.

La secretaria de Organización del PSOE también ha criticado la gestión del PP y Vox y ha asegurado que el PSPV-PSOE derogará «punto por punto» el pacto de la servilleta para devolver a la Comunitat Valenciana un gobierno «digno, que proteja a los ciudadanos cuando vienen mal dadas». «Vamos a dar la batalla y a ganarla», ha concluido.

Corazón alicantino

Asimismo, la candidata socialista al Ayuntamiento de Alicante, Trini Amorós, apuesta por “construir de la mano de los vecinos el proyecto que necesita Alicante y la Comunitat Valenciana” y ha reivindicado “una Alicante en la que vivir bien no dependa del barrio en el que has nacido, de la edad que tengas o del dinero que haya en tu casa”: “Las socialistas queremos una ciudad que no expulse a quien no puede acceder a una vivienda”.

En esta misma línea, Amorós ha subrayado que “el Partido Popular no puede hablar de decencia cuando las únicas viviendas de protección pública construidas en los últimos 20 años han sido repartidas entre amigachos del PP” y ha recordado que “la vivienda pública no puede ser un privilegio, tiene que estar al servicio de quien la necesita y ese será nuestro modelo” “Tenemos una oportunidad extraordinaria y no podemos dejarla, tenemos la oportunidad de construir un proyecto para Alicante y para toda la Comunitat Valenciana desde una misma forma de entender la política”, ha concluido.

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha asegurado que la ciudadanía valenciana se encuentra preparada para un cambio de gobierno y para dejar atrás la etapa del Partido Popular al frente de la Generalitat, primero con Vox en el Gobierno autonómico y después con la formación de ultraderecha como muleta parlamentaria del partido que de momento dirige el president Juanfran Pérez Llorca. Durante la presentación de un sondeo interno que vaticina un escenario muy ajustado en el que cambio en el Palau es posible, el dirigente socialista ha defendido que el proyecto liderado por la ministra Diana Morant representa la alternativa sólida de cara a las próximas elecciones autonómicas. Según sus palabras, los datos evidencian el cansancio de la sociedad frente a la gestión actual y abren la puerta a un nuevo Ejecutivo progresista: “Hay partido”.

La encuesta encargada por los socialistas valencianos apunta a un claro retroceso del bloque conservador y una “pérdida de confianza” en el Partido Popular, al tiempo que rebaja las expectativas de Compromís, quienes hace unos meses realizaron otra encuesta cuyos resultados auguraban unas Corts muy igualadas y un posible 'sorpasso' de los valencianistas al PP y a los socialistas. Mascarell ha indicado que “el bloque de la derecha se desgasta” mientras la ciudadanía rechaza la inestabilidad. Según el estudio encargado por el PSPV, el partido que lidera Diana Morant mantiene un suelo electoral del 87,2%, situación que la dirección socialista interpreta como una muestra de estabilidad ante la descomposición de sus adversarios políticos.

El estudio, realizado entre el 3 y el 9 de septiembre con 1.200 encuestas, otorga entre 31 y 34 escaños al PP con el 29,7 % de los votos, cuando en las elecciones de 2023 obtuvo 40 diputados y el 36,2 % de los apoyos; entre 29 y 32 asientos y el 27,5 % al PSPV, frente a los actuales 31 escaños y el 27,5 % de los sufragios; entre 16 y 19 diputados y el 17,1 % de los votos a Compromís, mientras que actualmente tiene 15 representantes y obtuvo el 14,7 % de los votos; y entre 17 y 19 escaños y el 17,5% de los apoyos a Vox, frente a sus actuales 13 asientos y el 12,7 % de los sufragios. Por provincias, destaca el escenario que se dibuja en Valencia, donde la gestión de la dana pasaría factura al PP, pero también al PSPV, mientras que Vox sería el principal beneficiario, electoralmente hablando.

El sondeo cuantifica la caída del Partido Popular en un 6,5 % de los apoyos y una pérdida de hasta nueve escaños en las Corts. Este escenario supondría la fuga de 156.000 votos y la pérdida de uno de cada cuatro electores de los conservadores; mientras que el PSPV se consolida como la fuerza “hegemónica” de la izquierda con el 27,5 % del voto estimado, al contrario de lo que apuntaba en su día el estudio encargado por Compromís.

En cuanto a la valoración de líderes, la dirección del PSPV ha destacado la proyección de Diana Morant como la figura política de mayor notoriedad en el territorio valenciano, con un índice de conocimiento del 92,6 %. Su notoriedad alcanza el 89,8 % en la provincia de Alicante, dato que, según Mascarell, demuestra la conexión del proyecto socialista “de norte a sur de la Comunitat Valenciana”. En cuanto al resto de líderes, a Pérez Llorca le conoce el 83,8 % de los valencianos; a Joan Baldoví (Compromís), el 79,4 %; y a José María Llanos (Vox), el 63,3 %. Ante la incertidumbre de quién será el candidato del PP a la Generalitat, aumentada por la actitud de Génova, los socialistas también preguntan por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, a quien apenas conoce el 50,9 % de los entrevistados; si bien tiene la máxima valoración entre los líderes sobre quienes se pregunta, con un 4,8.

Ante este panorama electoral, Mascarell ha afirmado que existe una “pulsión de cambio real y mayoritaria” en la sociedad valenciana, “cansada de la parálisis y la falta de gestión”. El dirigente ha recordado que la Comunitat Valenciana fue la primera autonomía que registró la entrada de la extrema derecha en las instituciones, pero ha augurado que también será “la primera” en apartar a ese bloque de las responsabilidades de gobierno.

Finalmente, la dirección del PSPV descarta la “autocomplacencia” y apuesta por intensificar el trabajo político durante los próximos meses. El objetivo de los socialistas pasa por articular esta corriente de cambio en un proyecto de gobierno fuerte y articulado alrededor de las necesidades de toda la ciudadanía valenciana.

La Fiscalía ha retirado la acusación contra José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE, en el juicio de la Audiencia Nacional relativo a los préstamos de Banco de Valencia, entidad de la que era consejero no ejecutivo. El Ministerio Fiscal también ha retirado la acusación contra otros 15 consejeros no ejecutivos tras el reconocimiento de los hechos por parte de Aurelio Izquierdo, exconsejero delegado y expresidente de Banco de Valencia, la entidad arruinada y vendida por un euro a Caixabank.

Se trata, además de José María Cataluña, de los consejeros Josefa Martí Puig, Eduardo Montesinos Chilet, Vicente Montesinos Vernetta, Ángel Abilio Álvarez Martín, Manuel Escámez, Rafael Ferrando Giner, Francisco V. Gregori Gea, Ana Llanos Herce Collado, María Teresa Montañana Latorre, Remigio Pellicer, María del Rocío Peramo, Juan Antonio Pérez Eslava, Ana María Torres Valero, Isaïes Fallos Molla, Héctor Ferrás Guarch y Carmen Hernández Lara.

Por el contrario, pese a haber sido también consejeros no ejecutivos, la fiscal mantiene la acusación para Antonio José Tirado Jiménez, exalcalde socialista de Castelló y ex vicepresidente de Bancaja, y para Ángel D. Villanueva Pareja, expresidente de Bancaja Hábitat. El abogado del Estado, por su parte, sí que ha retirado la acusación contra Tirado y Villanueva.

Aurelio Izquierdo ha alcanzado un pacto de conformidad con el Ministerio Público que se ha materializado este martes con un interrogatorio por parte de la fiscal en la que el exconsejero delegado de Banco de Valencia ha asegurado que los consejeros a los que finalmente se les ha retirado la acusación desconocían los detalles de las operaciones en México aprobadas por los consejos de administración de la entidad.

Los consejeros no ejecutivos, según ha declarado Izquierdo en un breve interrogatorio, apenas contaban con el conocimiento sobre el riesgo de las operaciones que aportaba el ponente del consejo, “igual que en todas las operaciones de financiación”, ha afirmado.

El principal acusado ha reconocido los hechos, asumiendo una pena menor. Sin embargo, ni Izquierdo ni los otros acusados que han pactado con la Fiscalía (el exconsejero delegado Domingo Parra y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó Llorens) han alcanzado una conformidad sobre la responsabilidad civil, por el tribunal tras el juicio oral.

Todos los acusados a los que se les ha retirado la acusación se han marchado de la sala. El presidente del tribunal ha avanzado que se dictará respecto de los aludidos una sentencia absolutoria.

Por otro lado, tanto el banquero Joan Pau Miquel Prats como Alfonso Carlos Monferrer Daudí, exdirector de participaciones inmobiliarias de Bancaja y primer presidente de la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana, han alcanzado en la segunda sesión del juicio un pacto de conformidad con el Ministerio Público.

A Carlos Beamonte Nicolás, directivo de AndBank, se le ha retirado la acusación por prescripción.

La defensa de Rafael Rubio, ex subdelegado del Gobierno y exconcejal socialista en el Ayuntamiento de València, ha recurrido su procesamiento en el 'caso Azud' al considerar que el presunto cohecho que se le imputa estaría prescrito. El escrito, al que ha tenido acceso este diario, pide el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento y alega que la jueza instructora no “individualiza una dádiva, favor, retribución, ofrecimiento o promesa efectivamente recibida, solicitada o aceptada por él”.

Virgilio Latorre, letrado de Rubio, también desliza que las iniciales “R” o “RR” vinculadas a supuestas mordidas que constan anotadas en la documentación intervenida al empresario Jaime Febrer, considerado el presunto corruptor de la trama, no prueban por sí solas la entrega al investigado de 300.000 euros, tal como sostiene la instructora, “ni el pacto corrupto”.

Además, el recurso también reprocha que el importe de la supuesta mordida ha ido variando en el marco de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, oscilando finalmente en una amplia horquilla de entre 300.000 y 750.000 euros.

La UCO mantiene la tesis de que Rafael Rubio habría cobrado durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de València la supuesta mordida a cambio de callar o de aflojar las críticas contra una de las operaciones urbanísticas vinculadas a la presunta trama. Rubio fue detenido en 2021, cuando era subdelegado del Gobierno en València.

El escrito también desliza que las iniciales de “R” o “RR” cuenta con unas variables “infinitas” de atribución a una persona en concreto. La defensa de Rafael Rubio desliza —“sin ánimo de causar perjuicios a nadie”— que una de las personas investigadas en el 'caso Azud' fue “Ricardo Rubio” y otra de las personas “sospechosas” fue un individuo apellidado “Ramírez”.

Por otro lado, el recurso asegura que la defensa desconoce la finalidad y a quién estaban dirigidas las cantidades anotadas en las tablas de costes de Febrer. “O a quien se pretendía hacer creer con las mismas lo que quiera que allí se anotó”, apostilla.

Por el contrario, el letrado alude a la “absoluta seguridad” por parte del expolítico socialista de que “no existió acto de ofrecimiento ni aceptación de dádiva alguna en relación al objeto de la imputación cuya formulación se pretende autorizar”.

La defensa tilda la instrucción del 'caso Azud' de “policial” y “no judicial”, habiendo asumido “aquella información e interpretación que aparece en los informes como dogmas de fe, sin la más mínima fiscalización ni cuestionamiento propio”. El auto de procedimiento abreviado, que procesa a un total de 38 personas, se erige en “una suerte de resumen o compendio de diversos informes” de la UCO, agrega.

La defensa ve meras “especulaciones de terceros”

“No consta identificada una transferencia, entrega, intermediario, soporte documental de pago o comunicación atribuible a mi mandante que cierre la cadena inferencial de la proposición y aceptación de la recepción de una dádiva concreta”, argumenta el recurso.

Además, la defensa también niega la “realidad material” de las citas entre Rafael Rubio, el abogado José Luis Vera y Jaime Febrer reseñadas en la agenda del empresario.

El escrito ve una acumulación de “sospechas”, de “hipótesis no contrastadas” y de “especulaciones de terceros”, aunque “sin individualizar el elemento nuclear del cohecho” imputado indiciariamente a Rubio.

Por otro lado, también cuestiona que los regalos navideños de Febrer acrediten la supuesta comisión de 300.000 euros “ni el pacto de silencio o de omisión funcional que se pretende conectar a la operación de las parcelas”, una de las subtramas de la causa.

La defensa de Rafael Rubio, exsubdelegat del Govern i exregidor socialista a l’Ajuntament de València, ha recorregut el seu processament en el cas Assut en considerar que el presumpte suborn que se li imputa estaria prescrit. L’escrit, al qual ha tingut accés aquest diari, demana el sobreseïment lliure i l’arxivament del procediment i al·lega que la jutgessa instructora no “individualitza un regal, favor, retribució, oferiment o promesa efectivament rebuda, sol·licitada o acceptada per ell”.

Virgilio Latorre, lletrat de Rubio, també apunta que les inicials “R” o “RR” vinculades a suposades mossegades que consten anotades en la documentació intervinguda a l’empresari Jaime Febrer, considerat el presumpte corruptor de la trama, no proven per si soles l’entrega a l’investigat de 300.000 euros, tal com sosté la instructora, “ni el pacte corrupte”.

A més, el recurs també retreu que l’import de la suposada mossegada ha anat variant en el marc de la investigació de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, oscil·lant finalment en una àmplia forqueta d’entre 300.000 i 750.000 euros.

L’UCO manté la tesi que Rafael Rubio hauria cobrat durant la seua etapa de regidor a l’Ajuntament de València la suposada mossegada a canvi de callar o d’afluixar les crítiques contra una de les operacions urbanístiques vinculades a la presumpta trama. Rubio va ser detingut el 2021, quan era subdelegat del Govern a València.

L’escrit també apunta que les inicials “R” o “RR” compten amb unes variables “infinites” d’atribució a una persona en concret. La defensa de Rafael Rubio assenyala —“sense ànim de causar perjudicis a ningú”— que una de les persones investigades en el cas Assut va ser “Ricardo Rubio” i una altra de les persones “sospitoses” va ser un individu cognomenat “Ramírez”.

D’altra banda, el recurs assegura que la defensa desconeix la finalitat i a qui anaven dirigides les quantitats anotades en les taules de costos de Febrer. “O a qui es pretenia fer creure amb aquestes el que fora que allí s’anotara”, afig.

Per contra, el lletrat al·ludeix a l’“absoluta seguretat” per part de l’expolític socialista que “no va existir cap acte d’oferiment ni d’acceptació de cap regal en relació amb l’objecte de la imputació la formulació de la qual es pretén autoritzar”.

La defensa qualifica la instrucció del cas Assut de “policial” i “no judicial”, en haver assumit “aquella informació i interpretació que apareix en els informes com a dogmes de fe, sense gens ni mica de fiscalització ni qüestionament propi”. La interlocutòria de procediment abreujat, que processa un total de 38 persones, es converteix en “una mena de resum o compendi de diversos informes” de l’UCO, afig.

La defensa veu meres “especulacions de tercers”

“No consta identificada una transferència, entrega, intermediari, suport documental de pagament o comunicació atribuïble al meu representat que tanque la cadena inferencial de la proposició i acceptació de la recepció d’un regal concret”, argumenta el recurs.

A més, la defensa també nega la “realitat material” de les cites entre Rafael Rubio, l’advocat José Luis Vera i Jaime Febrer ressenyades en l’agenda de l’empresari.

L’escrit veu una acumulació de “sospites”, d’“hipòtesis no contrastades” i d’“especulacions de tercers”, encara que “sense individualitzar l’element nuclear del suborn” imputat indiciàriament a Rubio.

D’altra banda, també qüestiona que els regals de Nadal de Febrer acrediten la suposada comissió de 300.000 euros “ni el pacte de silenci o d’omissió funcional que es pretén connectar a l’operació de les parcel·les”, una de les subtrames de la causa.