La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ya es la candidata del PSPV para la Generalitat Valenciana. El partido ha proclamado este viernes a la secretaria general, la única candidatura presentada “en tiempo y forma” a las primarias del partido.

La dirigente socialista se convierte así en la primera aspirante a las autonómicas en ser ratificada para el ciclo de 2027, en un proceso en el que no ha hecho falta votación. Según ha trasladado el PSPV, no ha habido rival que presentara precandidatura.

Así, la Comisión Nacional de Ética del PSPV-PSOE, una vez finalizado el plazo de presentación de precandidaturas, ha acordado proclamar a Diana Morant Ripoll como candidata del PSPV-PSOE a la Presidencia de la Generalitat Valenciana para las elecciones autonómicas de 2027. “La proclamación se produce tras constatar que la de Diana Morant Ripoll ha sido la única precandidatura presentada en tiempo y forma durante el proceso establecido”, señala el comunicado del partido.

La ministra formalizó su candidatura hace apenas 24 horas, rodeada de los principales representantes del partido, en una escenificación de unidad. La dirigente aún no ha puesto fecha a su salida del Consejo de Ministros para centrarse en la campaña autonómica, prevista para mayo de 2027, y considera que es una buena plataforma de defensa de los intereses valencianos.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado oficialmente esta tarde en Gandia su intención de concurrir a las primarias del partido para la presidencia de la Generalitat Valenciana. En el acto, que ha contado con la presencia de centenares de militantes, Morant ha solicitado el apoyo de la organización para encabezar la candidatura socialista con el objetivo explícito de construir una alternativa de gobierno “preparada, valiente y amplia”.

“Dije en esta misma plaza hace dos años y medio que asumía la secretaría general no solo por una responsabilidad orgánica”, ha recordado Morant durante su intervención. “Yo di ese paso para ganar. Para ganar a la derecha y al populismo. Para ganar para gobernar y gobernar para la gente. Y por eso hoy vengo a pediros permiso, confianza y ayuda para ser la primera presidenta de la Generalitat Valenciana”.

‘Recuperar lo que importa’

A menos de un año de la cita electoral, Morant ha desglosado las prioridades de su proyecto político bajo el lema Recuperar lo que importa, definiéndolo como la herramienta para que la ciudadanía viva “con más justicia y mejor”.

En materia de servicios públicos, ha definido como prioridades básicas “blindar una educación pública de calidad, con un profesorado escuchado y dignificado” y “defender una sanidad pública fuerte, donde ninguna persona sienta que su salud depende de su código postal o de su cuenta corriente”. Asimismo, ha remarcado el compromiso de garantizar que la vivienda “deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho” para que la juventud valenciana pueda construir su proyecto de vida sin destinar casi todo su salario al alquiler.

Durante el desglose de sus propuestas, la secretaria general ha incluido un compromiso explícito con la reconstrucción tras las inundaciones: “Recuperar lo que importa es estar con los municipios afectados por la dana hasta el final, con ayudas que lleguen, con transparencia, para la reconstrucción y con respeto a cada familia que todavía espera una respuesta”.

El bloque programático de la candidatura también contempla medidas específicas para el cuidado de los mayores, la reducción de la soledad, el refuerzo de la dependencia y la salud mental, así como el impulso económico. Sobre este último punto, Morant ha defendido la necesidad de “crear empleo digno, ayudar a las pymes, autónomos, comercio local, industria, campo, pesca e innovación” para que la Comunitat Valenciana vuelva a ser un espacio atractivo para la inversión.

Convocatoria abierta a la ciudadanía

Para articular la mayoría necesaria de cara a los comicios, la líder del PSPV-PSOE ha remarcado que el proyecto busca sumar de manera transversal a diferentes perfiles sociales, más allá de las siglas. “Esto no va solo de un nombre, va de la Comunitat Valenciana. Va de construir una alternativa que sume a todo el mundo que quiera construir, sin preguntar de dónde viene”, ha señalado.

Morant ha finalizado emplazando a la militancia a una movilización constante en el territorio: “Esta victoria se decidirá barrio a barrio, pueblo a pueblo, puerta a puerta, conversación a conversación”. El objetivo final, ha concluido, es lograr que la ciudadanía vuelva a sentir que la Generalitat “está a su lado” y conseguir “recuperar el buen nombre de la tierra valenciana”.

La ministra de Ciencia, Universidades e Innovación, Diana Morant, será la primera en concurrir a unas primarias para ser candidata autonomíca. La también secretaria general del PSPV formalizará este miércoles su candidatura al proceso interno de los socialistas valencianos tras el visto bueno de la dirección nacional.

Ferraz dio a las federaciones y agrupaciones locales bastante autonomia para sus calendarios: pueden tener sus procesos en julio (activándolos esta misma semana), en septiembre o en noviembre, aunque los grandes feudos han optado por iniciar el proceso cuanto antes. Así lo hará la Comunitat Valenciana, con el PSPV que encabeza Diana Morant. La también ministra de Ciencia e Innovación ya trasladó el sábado en el Comité Federal del PSOE su intención de concurrir a unas primarias en cuanto el órgano lo autorizara. Quiere ser la primera.

Solo tres días después, el PSPV-PSOE ha aprobado el calendario del proceso para la militancia. Se elegirá a la persona que encabezará la candidatura socialista a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

La Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) de este martes ha dado luz verde al calendario, que establece los próximos jueves 2 y viernes 3 de julio como plazo para la presentación y registro de candidaturas. Un proceso que solo ha tardado tres días desde obtener el visto bueno de Ferraz.

En el supuesto de que concurra más de una candidatura, algo que no se espera entre las filas socialistas, el proceso continuará con la recogida de avales entre los días 4 y 11 de julio. Posteriormente, se abrirá un periodo de campaña de información a la militancia durante los siete días siguientes, informa el partido en un comunicado.

La primera vuelta de las primarias se celebrará el 19 de julio, igual que en otros territorios. En caso de que ninguna candidatura obtenga el respaldo necesario para ser proclamada, la segunda vuelta tendrá lugar el 26 de julio.

Este miércoles, 1 de julio, la ministra de Ciencia e Innovación dará el pistoletazo de salida a su campaña con un acto en Gandia, su ciudad natal y de la que fue alcaldesa antes de sumarse al Consejo de Ministros. Una condición clave en el partido, en un contexto en el que se cuestiona la estrategia de Sánchez de apostar por ministros para las elecciones autonómicas; Morant no es un satélite, ya ha gobernado en su municipio y conoce bien el terreno. Con todo, algunas voces creen que debe dejar la cartera para centrarse en exclusiva en la campaña autonómica, al menos unos meses antes del incio oficial.

El PSPV ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón por falso testimonio ante la Comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados, tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal.

Según han informado a EFE fuentes de los socialistas valencianos, la querella se basa en las contradicciones entre la declaración de Mazón en el Congreso el pasado mes de noviembre y la investigación del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana, así como el contenido de los mensajes del grupo de WhatsApp del Gobierno valenciano en octubre de 2024.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, fundamenta la acusación en que el exjefe del Consell, a pesar de haber recibido la advertencia legal de no faltar a la verdad, “mintió deliberadamente” en su comparecencia del 17 de noviembre de 2025 sobre la gestión de la catástrofe. Según el documento, Mazón alteró u ocultó información clave con el claro objetivo de construir una “versión con clara finalidad exculpatoria”.

Entre las acusaciones más destacadas, la querella señala que el expresidente mintió al afirmar que existió un “apagón informativo” y que carecía de datos. Los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell “demuestran” que desde las 8:15 horas “conocía la gravedad” y ordenó “inundar de datos a los medios” para dar una “sensación de estar alerta que te cagas”. Asimismo, el texto denuncia que Mazón faltó a la verdad al sostener que “había hecho públicas todas sus llamadas” mediante un listado “hecho a mano” que omitió contactos reales e incluyó “conversaciones falsas”, como dos llamadas telefónicas “inexistentes” con Alberto Núñez Feijóo.

Por último, el documento rebate de forma contundente la versión de Mazón sobre su itinerario y el conocimiento de las víctimas. La querella expone que ocultó que tras salir del restaurante El Ventorro acompañó a una periodista al aparcamiento y permaneció allí mientras la consellera Pradas intentaba contactar con él sin éxito. De igual modo, califica de “objetivamente falsas” sus afirmaciones de que no supo de los fallecimientos hasta las 5:00 horas del día siguiente, pues consta que a las 23:25 horas remitió un mensaje a Feijóo donde admitía que ya aparecían muertos y que la situación iba a ser “un puto desastre”.

Contradicciones en la comparecencia

El expresidente valenciano, durante su comparecencia, eludió responder a numerosas preguntas, incurrió en contradicciones y restó trascendencia a su tardía incorporación al centro de mando (Cecopi), al afirmar que “nada hubiera cambiado” si hubiera llegado antes. También defendió su polémica comida con la periodista Maribel Vilaplana y aseguró que en ese momento “nadie sabía que la gente se estaba ahogando”.

La comparecencia estuvo marcada por la extrema tensión y los duros reproches de varios grupos parlamentarios. Portavoces como Gabriel Rufián (ERC) e Ione Belarra (Podemos) calificaron su gestión de “homicida” y le atribuyeron la responsabilidad directa por las muertes, mientras que Yolanda Díaz le exigió que renunciara a su acta de diputado. Por el contrario, formaciones como el PP y Vox evitaron interrogarle directamente sobre sus decisiones y optaron por desviar el foco de las críticas hacia la actuación del Gobierno central.

En el exterior del Congreso, grupos de víctimas de la catástrofe se concentraron para protestar y rebatieron públicamente las declaraciones del exmandatario. Paralelamente, la jornada sumó reacciones políticas inmediatas, destacando que Compromís anunció que estudia emprender acciones legales contra Mazón por mentir en sede parlamentaria respecto a las alertas, llamadas telefónicas y el conocimiento cronológico de los fallecimientos.

El PSPV forzará que el PP de Juanfran Pérez Llorca se posicione públicamente ante la “prioridad nacional” que exige Vox. Los socialistas han presentado una batería de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana con una redacción alternativa que rechaza la exigencia de Vox, clave para que apoye las cuentas públicas.

Los diputados socialistas han adaptado la redacción a cada departamento de la Generalitat Valenciana para evitar que se introduzcan principios discriminatorios. Así, en el caso de los Servicios Sociales, Familia e Infancia, plantean que se apruebe un texto que recoge que se aplicarán las políticas “evitando la introducción de criterios de prioridad nacional, por resultar contrarios a los principios constitucionales de igualdad y prohibición de discriminación, a la libertad de acceso y concurrencia y a la prohibición de establecer diferencias de trato fundadas exclusivamente en la nacionalidad”. También que se recoja, entre los objetivos de la conselleria que dirige Elena Albalat, “impedir la utilización de la prioridad nacional como criterio de acceso, selección, valoración o adjudicación en los contratos, subvenciones, ayudas, convenios y demás actuaciones de la Conselleria”.

En el caso de Sanidad, se plantea un refuerzo de los servicios públicos, “garantizando la atención sanitaria a todas las personas que viven en la Comunitat Valenciana y evitando cualquier retroceso en derechos sanitarios que pueda generar exclusión, desigualdad o riesgos para la salud colectiva”, además de implantar programas de mediación intercultural sanitaria, traducción, alfabetización en salud y acompañamiento administrativo en departamentos de salud con mayor diversidad poblacional. El objetivo es evitar que las personas migrantes queden fuera de la atención sanitaria, tanto por acción discriminatoria directa como por barreras socioculturales o lingüísticas.

Sanidad, departamento que gestiona Marciano Gómez, es una de las carteras que más preocupa a los socialistas, con especial foco en la aceleración de las externalizaciones y derivaciones a centros privados, una privatización del servicio encubierta bajo un plan de choque. El grupo que dirige José Muñoz ha presentado en las Corts una enmienda al articulado de la ley de Presupuestos que añade que, en el informe mensual sobre las derivaciones a la sanidad privada, se refleje cuánto se paga a cada centro por las pruebas e intervenciones quirúrgicas que se realicen, especificando para cada una de las entidades el tipo de servicios o pruebas externalizadas.

A renglón seguido, en el mismo artículo, el PSPV pide que la Intervención General de la Generalitat realice un informe específico sobre la externalización de servicios y pruebas sanitarias durante el ejercicio de 2025 y, a partir de ese año, con carácter anual, “a fin de garantizar que la derivación a empresas y entidades de la sanidad privada responde a los principios de eficacia, eficiencia y optimización de los recursos públicos disponibles, sin incurrir en riesgo de infrautilización”. Si se acepta la medida, el informe deberá ser remitido a los grupos parlamentarios y publicado en el portal de transparencia.

Nueva financiación

En total, el grupo socialista de las Corts Valenciana ha presentado más de 4.000 enmiendas parciales a los Presupuestos de la Generalitat para 2026 en las que incorpora a las cuentas mediante una programación plurianual los 3.669 millones de euros adicionales del nuevo modelo de financiación autonómica ofrecido por el Gobierno de España, asumiendo plenamente gracias a estos recursos las reivindicaciones del personal docente y sanitario, y proponiendo la estrategia más ambiciosa que se ha planteado nunca en la Comunitat Valenciana para incrementar el parque vivienda pública y de alquiler asequible y abaratar el previo de los pisos.

El portavoz del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha recalcado que las alegaciones socialistas reorientan las prioridades “regresivas, equivocadas y racistas” del proyecto económico para 2026 presentado por el Consell de Pérez Llorca y sientan las bases de un nuevo modelo para la sanidad y para la educación, áreas que sumarían cada una de ellas más de 1.000 millones adicionales en 2027 con los nuevos recursos del Ejecutivo central.

Según ha explicado José Muñoz, las alegaciones modifican las cuentas de 2026 para reclamar la aprobación de un Plan Urgente de Actuación para la mejora de las infraestructuras educativas, reforzando de manera decidido el Pla Edificant y realizando una apuesta mucho más valiente por la climatización de las aulas. De este modo, se incrementan en 61 millones los fondos para el Pla Edificant (un 26% más de lo previsto en el proyecto), rectificando los recortes de 2024 y 2025 y recuperando el nivel del último presupuesto del Consell del Botànic, al tiempo que se programan 110 millones extra de la nueva financiación. La climatización de las aulas se refuerza con 10 adicionales al actual presupuesto y se comprometen de forma plurianual otros 40 para 2027.

Según ha explicado José Muñoz, las alegaciones modifican las cuentas de 2026 para reclamar la aprobación de un Plan Urgente de Actuación para la mejora de las infraestructuras educativas, reforzando de manera decidido el Pla Edificant y realizando una apuesta mucho más valiente por la climatización de las aulas. De este modo, se incrementan en 61 millones los fondos para el Pla Edificant (un 26% más de lo previsto en el proyecto), rectificando los recortes de 2024 y 2025 y recuperando el nivel del último presupuesto del Consell del Botànic, al tiempo que se programan 110 millones extra de la nueva financiación. La climatización de las aulas se refuerza con 10 adicionales al actual presupuesto y se comprometen de forma plurianual otros 40 para 2027.

Las propuestas del PSPV-PSOE permiten, por otro lado, poner en marcha el Plan de reducción del precio de la vivienda más ambicioso de la historia, con 52 millones en 2026 y 700 millones de la nueva financiación en 2027, así como garantizar el blindaje de la vivienda de protección pública, que mantendrá esta calificación a perpetuidad, de forma que no se podrán especular con ella transcurridos unos años.

Las alegaciones plantean además la prohibición en zonas tensionadas de comprar vivienda que no tenga una finalidad residencial, impidiendo así la compra especulativa, al mismo tiempo que reclama que, en estas mismas zonas tensionadas, se topen los precios de los alquileres. Las propuestas permitirían arrancar ya en 2026 el Pla Edificant Habitatge, la actuación más ambiciosa que se ha diseñado nunca, con el compromiso de construcción de 4.000 viviendas públicas. Para este primer tramo, el plan arrancaría en estos escasos meses con 20 millones, que se elevarían a 450 millones gracias a la nueva financiación.

Las catástrofes naturales no siempre castigan a los gobiernos. A veces los refuerzan, otras apenas dejan rastro electoral, y en ocasiones los hunden en las urnas. Para entender lo que puede ocurrir en Valencia, primero conviene viajar a Alemania, donde dos inundaciones casi idénticas dejaron resultados distintos.

El 14 de julio de 2021, la tormenta Bernd descargó sobre el valle del Ahr una cantidad de lluvia excepcional en apenas unas horas. Aquella noche, el río se desbordó, arrasó pueblos enteros y causó más de 180 muertos, en uno de los peores episodios de inundaciones de la historia del país. Y todo ello diez semanas antes de las elecciones federales.

Pese a las críticas por los fallos en las alertas y la coordinación entre administraciones de distinto signo, el impacto a escala nacional fue limitado. Los conservadores de la CDU ya venían cayendo en las encuestas y la gestión comunicativa de las inundaciones consolidó esa tendencia cuando Armin Laschet, candidato designado para suceder a Merkel, fue captado por las cámaras riendo en segundo plano durante una visita a las víctimas. Sin embargo, ese desgaste apenas se tradujo en cambios en las zonas afectadas, donde solo Los Verdes mejoraron ligeramente en torno a un punto.

En agosto de 2002, el mismo país ofreció una imagen completamente distinta. Las inundaciones del Elba devastaron Sajonia y otros estados del este alemán pocas semanas antes de las elecciones. El canciller Schröder se desplazó a las zonas devastadas y lideró una respuesta gubernamental muy eficaz. Estudios posteriores documentaron una subida de más de siete puntos para su partido en esos territorios.

Los dos casos plantean una paradoja evidente. Desastres muy similares, ocurridos en el mismo país y a pocas semanas de unas elecciones, produjeron efectos electorales muy distintos. Pero no es una anomalía. El impacto electoral de un desastre depende fundamentalmente de tres factores: la atribución de responsabilidad, la distancia temporal con las urnas y la gestión de la reconstrucción. Conviene detenerse en estas tres dimensiones para entender qué puede ocurrir en las elecciones valencianas de mayo de 2027.

1. La identificación del responsable

En democracia, las catástrofes no generan castigo electoral de forma automática. Para que eso ocurra, hace falta una condición previa que suele darse por sentada: que los votantes puedan identificar con claridad quién es responsable de la gestión. Esa identificación, sin embargo, nunca es del todo mecánica. La dificultad puede surgir tanto al repartir responsabilidades entre distintos niveles de gobierno (atribución vertical) como al distinguir quién responde dentro de una coalición (atribución horizontal).

En el caso de la dana, la atribución vertical ha sido relativamente clara en la fase de emergencia. La opinión pública ha señalado a la Generalitat como principal responsable de los fallos en el sistema de alertas, pese a los intentos de desplazar parte de la carga hacia organismos estatales como la AEMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Sin embargo, esa claridad inicial se difumina al pasar a la fase de gestión del desastre. Como ha señalado el catedrático de Geografía Humana Joan Romero, la dana evidenció problemas de coordinación multinivel que no deberían producirse en ningún sistema institucional moderno. Cuando varias administraciones fallan al mismo tiempo, la identificación de culpas pierde nitidez.

En lo que respecta a la atribución horizontal, esta opera en sentido inverso. La salida de Vox del Consell meses antes de la DANA dejó al PP como único referente identificable de la acción de gobierno, lo que facilita la concentración del eventual desgaste político.

2. El reloj electoral

La mayoría de los estudios muestran que los efectos electorales de las catástrofes tienden a debilitarse con el tiempo hasta desaparecer en unos meses. Sin embargo, cuando el desastre es especialmente grave y los ciudadanos atribuyen los daños a fallos de gestión, sus consecuencias políticas pueden prolongarse durante años. La tormenta Gudrun, que arrasó el sur de Suecia en enero de 2005, es uno de los casos que mejor lo ilustran. La respuesta inicial del gobierno socialdemócrata fue considerada lenta e insuficiente, y el episodio contribuyó a su derrota en las elecciones de 2006. Pero el desgaste no se limitó a ese ciclo electoral. La pérdida de apoyo en las zonas afectadas se agravó en 2010 y seguía siendo visible en 2014, casi una década después.

Ese arco temporal no es arbitrario. Detrás hay una secuencia de tres fases electorales que conviene desgranar. La primera es el efecto rally round the flag: el aumento breve del apoyo a las autoridades que gestionan la emergencia, como el que llevó a George Bush al 90 % de aprobación tras el 11-S, antes de volver a los valores previos. En el caso valenciano, este efecto fue probablemente muy débil o inexistente, ya que desde las primeras horas se percibió una ausencia de liderazgo en la gestión de la emergencia. En pocos días, el lema sols el poble salva el poble se impuso en el imaginario colectivo, presente en las redes y en los muros de las zonas de paso de voluntarios, lo que desplazó el liderazgo institucional y neutralizó el impulso inicial de apoyo.

La segunda fase es la del voto retrospectivo: el momento en que los ciudadanos evalúan la gestión realizada y premian o castigan a los responsables. Lo singular del caso valenciano es que ese ciclo de castigo electoral, que en condiciones normales suele diluirse en pocos meses tras el desastre, no parece estar agotándose. La judicialización de la DANA mantiene el caso en el debate público y aporta nueva información sobre las decisiones clave adoptadas durante la crisis, especialmente en los niveles autonómico y nacional . Esto permite una reconstrucción más precisa de los hechos y refuerza la atribución de responsabilidades políticas.

3. La reconstrucción

Finalmente, en la última fase aparece el voto de evaluación de la reconstrucción, que ha tendido a concentrarse en los niveles de gobierno más cercanos a su implementación. En el caso valenciano, todo apunta a que ese nivel será el municipal. Los alcaldes son los gestores más visibles de las obras de recuperación, quienes menos responsabilidad acumulan en la fase de alerta y quienes mantienen un contacto más directo con los vecinos afectados. Cuando la reconstrucción es visible y percibida como competente, los votantes tienden a premiar al cargo más próximo a ese proceso.

Y aquí reside la clave interpretativa de lo que puede ocurrir en mayo de 2027: la dana no opera sobre un único reloj, sino sobre dos tiempos políticos que avanzan a velocidades distintas.

El reloj autonómico sigue detenido en la gestión de la emergencia. La judicialización, con cada nueva diligencia, va aportando elementos que ayudan al electorado a ordenar los hechos y atribuir responsabilidades con mayor claridad. Mientras ese proceso no se cierre, el desgaste del PP tenderá a sostenerse.

La atribución horizontal hace el resto: Vox llega a 2027 sin haber compartido el desgaste de la gestión, lo que le permite competir por ese voto de castigo. Compromís disputa parte de ese descontento desde la oposición , no en clave de agenda verde —la evidencia comparada muestra que el voto ecologista asociado a catástrofes como la dana apenas se consolida fuera del norte de Europa— sino como alternativa no contaminada por el coste de la emergencia. El PSOE podría beneficiarse, aunque resentido por sus propios casos de corrupción.

El reloj municipal, en cambio, avanza ya hacia la fase de reconstrucción. Allí donde la recuperación haya sido visible y eficaz, el voto se decidirá menos por la noche del desastre que por la gestión posterior, con un arrastre partidista probablemente secundario.

Lo que se pone de manifiesto es que las dos urnas de mayo de 2027, aunque se abran el mismo día, estarán mirando momentos distintos de la tragedia: la autonómica a la emergencia y la municipal a la reconstrucción.

El PSPV ha informado este domingo de que presentará denuncia ante la Fiscalía “para esclarecer las irregularidades detectadas en el proceso de nombramiento de Alberto Javier Martín Moratilla, exdirector general de la Conselleria de Emergencias, como Oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante”. Los socialistas consideran que los hechos descritos en la documentación oficial podrían constituir delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, entre otros.

Para la diputada socialista Marisa Navarro se acumulan demasiadas irregularidades en torno al rápido ascenso de Martín Moratilla, lo que, sumado a la falta de explicaciones y contradicciones en la información suministrada por el consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, arrojan graves sospechas sobre el nombramiento.

Según los socialistas, los aspirantes a la plaza de oficial realizaron las prácticas obligatorias previstas en la fase II del curso selectivo obligatorio entre el 28 de octubre y el 14 de noviembre de 2024. Fechas en las que “resulta imposible que en plena catástrofe y gestión de la dana y la postdana, el entonces director general de Emergencias estuviera realizando un curso formativo de manera simultánea”, advierten.

Ante esta situación, añaden desde el PSPV, la documentación oficial construye un cronograma en el que se le computan las prácticas obligatorias tras el cese de su primer cargo como director general de Emergencias y su nombramiento de director general de Coordinación de los Servicios de Prevención de Extinción de Incendios y Salvación.

Así, “el cese se produce el 14 de mayo de 2025, se le computan las prácticas entre el 15 y el 28 de mayo y tres semanas después de este proceso exprés vuelve a ser nombrado director general por Carlos Mazón”. Martín Moratilla ocupó esta dirección general “hasta el pasado 16 de enero de 2026, fecha en la que cesó de forma fulminante tras aparecer su nombre vinculado a la causa que investiga un juzgado de Llíria por la manipulación de un mensaje de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre la dana”, explican.

Los socialistas recuerdan que el informe de la Guardia Civil presentado en el juzgado de Llíria vincula a Martín Moratilla con la extracción y copia del audio del 112: “Se trata de la llamada telefónica del día de la dana entre una funcionaria de la Aemet y el centro de Emergencias. Dicho audio fue burdamente recortado y manipulado y difundido por Presidencia de la Generalitat para intentar exculpar al entonces president de la Generalitat Carlos Mazón y descargar la responsabilidad de la tardía gestión en el organismo meteorológico”.

El síndic del Grupo Socialista en las Corts Valencianes, José Muñoz, ha señalado este sábado que la visita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la Comunitat Valenciana “ha dejado una imagen muy clara: Feijóo no ha querido respaldar a Juan Francisco Pérez Llorca”.

“Feijóo ha venido a Valencia y ha hablado de todo, pero ha evitado decir lo más importante para el Partido Popular valenciano: si Pérez Llorca es su apuesta para liderar la Generalitat Valenciana en las próximas elecciones”, ha afirmado.

Muñoz ha destacado que “Feijóo y el PP sí que han encontrado tiempo en estos días para ratificar a otros dirigentes del Partido Popular, como a Barcala en Alicante, o para elogiar a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, o incluso al presidente de la Diputación de Vaslencia, Vicent Mompó, pero no ha dedicado ni una sola palabra de apoyo explícito al actual presidente de la Generalitat”.

“Ese silencio es muy significativo. Cuando un líder nacional confía en su candidato lo dice claramente. Hoy Feijóo ha tenido la oportunidad de hacerlo y ha preferido callar”, ha añadido.

Para el síndic socialista, “Feijóo deja a Pérez Llorca en una posición de enorme debilidad política, evidenciando que ni siquiera la dirección nacional del Partido Popular parece darle el respaldo que necesita”.

“Los valencianos tienen derecho a saber si Pérez Llorca es realmente la apuesta de Feijóo o si el Partido Popular sigue sin tener claro quién debe encabezar su proyecto en la Comunitat Valenciana”, ha señalado.

Muñoz también ha denunciado “otro silencio muy revelador”: el de Carlos Mazón. “Ni Feijóo, ni Mompó, ni Pérez Llorca han querido mencionar a quien sigue siendo militante del Partido Popular, quien sigue ocupando un escaño en Les Corts y quien era el máximo responsable político de la Generalitat durante la dana”.

“Pretenden hacer desaparecer a Mazón de la escena política como si su gestión no hubiera existido, pero los valencianos y valencianas no olvidan. Las víctimas de la dana siguen reclamando verdad, justicia y reparación”, ha afirmado.

Además, el síndic socialista ha criticado que Feijóo “haya venido a hablar de decencia mientras el Partido Popular en la Comunitat Valenciana está marcado por la gestión de la dana y por el deterioro de los servicios públicos”.

“Hablar de gobierno decente desde Valencia después de lo ocurrido durante la dana y mientras se degradan servicios esenciales como la sanidad y la educación pública, que hoy ha vuelto a manifestarse ante el acto del PP en Sueca, es un ejercicio de cinismo político”, ha concluido.

José Muñoz ha asegurado que la visita de Feijóo “demuestra que el Partido Popular no tiene un proyecto claro para la Comunitat Valenciana y que ni siquiera su líder nacional es capaz de dar un respaldo firme a quien hoy ocupa la Presidencia de la Generalitat”.

Vanesa Soler, funcionaria del Ayuntamiento de Finestrat y pareja del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no renovará la comisión de servicio en una plaza de secretaria de dirección en la Diputación de Valencia en la que fue nombrada el pasado 3 de marzo, según han confirmado a elDiario.es fuentes de la institución provincial. La concesión de esta plaza generó un gran revuelo en la opinión pública y fue muy criticada por la oposición en las Corts Valencianes, que dudaba de la legalidad de la creación del puesto.

La Diputación de Valencia organizó un proceso para proveerse de una plaza de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial. Soler y otras dos candidatas optaron a la plaza, que consiguió adjudicarse la pareja del presidente de la Generalitat tanto por sus años como funcionaria como por haber estado en un puesto similar. El proceso fue denunciado por PSPV y Compromís, que aseguraron que el puesto se podría haber hecho “a medida”.

En este puesto que ganó en comisión de servicios, la funcionaria de Finestrat pasaba a ganar más de 53.000 euros al año cuando en Finestrat su sueldo era de 38.000, según hizo público en las Corts el propio presidente de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat siempre ha defendido la legalidad de la comisión de servicio y llegó a argumentar que el motivo del traslado del Ayuntamiento de Finestrat a la Diputación de Valencia fue la conciliación familiar.

La comisión de servicios adjudicada prevé un plazo inicial de seis meses, aunque se puede prorrogar tantas veces como justifique el equipo de Gobierno.

Vanesa Soler se incorporó al puesto, que depende del diputado provincial Ricardo Gabaldón, según un decreto del pasado 3 de marzo firmado por la vicepresidenta y responsable de Personal, Reme Mazzolari.

El plazo de presentación de solicitudes para optar a la comisión de servicios fue del 29 de enero al 4 de febrero. El 20 de febrero, el Ayuntamiento de Finestrat aceptó la comisión de servicios de la funcionaria. La oposición ha pedido toda la documentación, tanto del proceso en la Diputación de Valencia como en el consistorio alicantino.

El conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por las acusaciones de corrupción de la ministra al conseller.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del entorno del conseller, que han precisado que la querella se interpuso este miércoles 20 de mayo, aunque Gómez ya había avanzado su intención de seguir adelante el proceso, después de que Morant no acudiera al acto de conciliación convocado para el pasado 2 de abril.

El acto de conciliación fue solicitado por la defensa de Gómez, que en el texto de solicitud indicaba que Morant acusó el pasado 4 de febrero al conseller de Sanidad de estar lucrándose con la privatización de la sanidad: “Aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud”.

El 5 de febrero, añade el escrito, la dirigente socialista volvió a imputar al conseller conductas delictivas en una declaraciones que, a su juicio, “no constituyen una crítica política genérica, una valoración ideológica ni una opinión amparada por la libertad de expresión, sino una imputación directa, personal y concreta de hechos delictivos”.

En ellas, indica, atribuye al conseller “lucro personal indebido derivado del ejercicio de su cargo público, conductas corruptas vinculadas a la privatización de la sanidad y relación irregular y espuria con una empresa concreta del sector sanitario (Ribera Salud)”.

La defensa del conseller considera que las manifestaciones descritas “encajan plenamente en el delito de calumnias” y el acto de conciliación era la “última oportunidad” para que Morant rectificara públicamente y evitara “la interposición inmediata de la correspondiente querella criminal, con todas las consecuencias penales, civiles y reputacionales que de ello se derivan”.

Por su parte, el pasado mes de febrero, el PSPV-PSOE presentó ante la Fiscalía provincial de Valencia una denuncia contra el conseller, la directora general del Grupo Ribera Salud, Sonia Hernández, y el gerente de la Clínica de Benidorm, Juan David Gómez.

En la denuncia señalaban que hay “claros intereses en conflicto” entre el conseller y miembros de la cúpula de la concesionaria Ribera Salud, “a quien se le prorrogó ilícitamente la gestión del Departamento de Salud Elche-Crevillent, con grave quebranto para las arcas públicas mientras existía familiaridad entre las partes”.

Añade que las “prácticas en la gestión sanitaria podrían devenir” en los delitos de negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación y omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat valenciana.

La titular de la plaça número 2 de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Carlet ha decretat el sobreseïment provisional i l’arxivament de la causa impulsada per l’alcalde d’Almussafes, Toni González, expulsat del PSPV-PSOE, contra les dues dones que van denunciar que havien patit un presumpte assetjament sexual per part del primer edil.

Així consta en una interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es en què la magistrada conclou que, “si bé els fets poden ser constitutius d’un delicte, es desconeix qui poden ser les persones autores d’aquests”. González va denunciar les dues dones per haver-lo denunciat al seu torn per presumpte assetjament sexual davant el Cade, l’òrgan intern del PSOE que investiga aquesta mena de situacions en el partit.

La resolució considera que s’escau acordar el sobreseïment provisional de la causa i l’arxivament de les actuacions.

La denunciant inicial del presumpte assetjament va ser acomiadada i posteriorment readmesa en el seu lloc de treball de l’Empresa Municipal de Serveis d’Almussafes (Emspa) arran de la resolució de l’Agència Valenciana Antifrau per la qual es va obrir un procediment sancionador de fins a 300.000 euros tant al primer edil com a la mercantil pública per una possible infracció molt greu, pel fet de considerar que l’acomiadament es va executar com a represàlia.

González va rebre posteriorment una segona denúncia d’una altra persona per un presumpte assetjament sexual, cosa que va comportar la seua expulsió del PSPV-PSOE. L’elcalde va anunciar la creació d’un nou partit després de la seua expulsió de les files socialistes.

D’altra banda, Toni González també es va querellar contra la ministra i secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que el va titlar de “puter i assetjador laboral i sexual”.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carlet ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa impulsada por el alcalde de Almussafes, Toni González, expulsado del PSPV-PSOE, contra las dos mujeres que denunciaron haber sufrido un presunto acoso sexual por parte del primer edil.

Así consta en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es en el que la magistrada concluye que, “si bien los hechos pueden ser constitutivos de un delito, se desconoce quién o quiénes pueden ser las personas autoras de los mismos”. González denunció a las dos mujeres por haberle denunciado a su vez por presunto acoso sexual ante el Cade, el órgano interno del PSOE que investiga este tipo de situaciones en el partido.

La resolución considera que procede acordar el sobreseimiento provisional de la causa y el archivo de las actuaciones.

La denunciante inicial del presunto acoso fue despedida y posteriormente readmitida en su puesto de trabajo de la Empresa Municipal de Serveis d'Almussafes (EMSPA) tras la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude por la que se abrió un procedimiento sancionador de hasta 300.000 euros tanto al primer edil como a la mercantil pública por una posible infracción muy grave, al considerar que el despido se ejecutó como represalia.

González recibió posteriormente una segunda denuncia de otra persona por un presunto acoso sexual, lo que conllevó su expulsión del PSPV-PSOE. El munícipe anunció la creación de un nuevo partido tras su expulsión de las filas socialistas.

Por otro lado, Toni González también se querelló contra la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que lo tildó de “putero y acosador laboral y sexual”.

El síndic del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Muñoz, ha denunciado este domingo que el president de la Generalitat, Pérez Llorca, “ha ocultado” a los valencianos y valencianas que el Gobierno de Pedro Sánchez le aprobó en febrero un anticipo de 200 millones de euros a cuenta de la liquidación del sistema de financiación, que las comunidades autónomas cobran en julio. Según se desprende de la documentación oficial remitida por la Conselleria de Hacienda al grupo socialista, el Gobierno autorizó una transferencia para que la Generalitat abone las facturas de sanidad, educación y servicios sociales.

El Ministerio de Hacienda aprobó una resolución para la “concesión de un anticipo de tesorería a la Comunitat Valenciana, destinado a hacer frente a desfases transitorios de tesorería, por importe de doscientos millones de euros”, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. El anticipo se aprobó a petición de la Conselleria de Hacienda, que la pidió el pasado diciembre, y será cancelado cuando se produzca el pago de la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2024.

Muñoz ha censurado que, pese a esta inyección económica, Pérez Llorca “ha tenido la desfachatez de criticar al Gobierno en las dos últimas sesiones de control en las Corts la no actualización de las entregas a cuenta de 2026 al mismo tiempo que se callaba que ha sido el Gobierno el que lo había rescatado en febrero con un adelanto de recursos para ayudarle a pagar las facturas”.

Además, resalta Muñoz, se da la circunstancia de que la Comunitat Valenciana “es la única de las 17 comunidades autónomas para la que el Gobierno de España ha anticipado estos recursos”. “Hay que tener una enorme hipocresía y una gran desfachatez para salir a atacar al Gobierno y ocultar a los valencianos el apoyo financiero del Ejecutivo central, tal como ha venido produciéndose desde que gobierna Pedro Sánchez en 2018, con el fin de ayudar a la Generalitat a pagar sus deudas con los proveedores, farmacias, autónomos o empresas, así como para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales.

“PP-jetas también con la financiación”

“Es otra faceta de los PP-jetas, el cinismo fáctico del presidente-suplente de Mazón”, lamenta Muñoz, quien recalca que, “para mayor descaro, las entregas a cuenta no han podido actualizarse a 2026 porque el PP y los ultras de Vox han tumbado en el Congreso hasta dos reales decretos, de diciembre de 2025 y de febrero de 2026, que garantizaban esta actualización”. “Lo rechazaron porque, en su tremenda irresponsabilidad, creen que con ello hacen daño al Gobierno de España, pero a quien castigan realmente es a los miles y miles de proveedores, pequeños empresarios, autónomos, trabajadores y familias que no pueden cobrar sus servicios o percibir determinadas ayudas por el bloqueo de la mejora en la financiación correspondiente a este año”, reprocha el Síndic.

El portavoz socialista señala que los 200 millones anticipados hasta febrero cubrieron la minoración de recursos causada por el voto del PP y Vox en el Congreso de los Diputados. Así, emplaza a Pérez Llorca a ser “valiente” y reclamar a Feijóo que “aparque por una vez sus intereses de partido y anteponga los intereses generales de los españoles para dejar de desbloquear la actualización de las entregas a cuenta”. “Por desgracia, ya sabemos que esto no pasará, porque Pérez Llorca se pasa el día intentando hacer méritos para que Feijóo prorrogue su débil liderazgo en el PPCV y lo arrope como candidato a la presidencia de la Generalitat en 2027, arrinconando los intereses de todos los valencianos y valencianas”.

El portavoz socialista censura “la flagrante y evidente deslealtad institucional” de Pérez Llorca, que “se presenta como un político dialogante y moderado pero cuya acción política, por su extrema debilidad, se basa en el cinismo y la falta de escrúpulos de Mazón, al tiempo que ha comprado sin remilgos la agenda ultra de Vox, con la repugnante mentira de hacer ver que el deterioro de la sanidad, la educación y los servicios sociales en la Comunitat Valenciana es por culpa de los inmigrantes, cuando es consecuencia del abandono del escudo social de la Comunitat Valenciana”.

“El president que dirá no a 3.669 millones”

Para José Muñoz, estamos ante “un president que se ha plegado a las órdenes de Génova para decir no a un nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de España que resolverá la injusticia histórica de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y que supondrá en 2027 nada menos que 3.669 millones más que con el modelo actual”. “Pérez Llorca critica que, por culpa curiosamente del PP y Vox, se ingresaran algo menos de 200 millones, al mismo tiempo que rechaza la nueva financiación que aportará 3.669 millones a la Comunitat Valenciana en 2027”, advierte José Muñoz, quien recuerda que el PP y Vox llevan años “votando en las Cortes Generales contra los intereses de la Comunitat Valenciana y en contra de que ésta reciba más recursos para prestar los mismos recursos que otras comunidades”.

“Pérez Llorca aspira a ser el president que dirá que no a 3.669 millones para la Comunitat Valenciana solo para intentar aferrarse al cargo, algo que los valencianos no vamos a permitir”, ha advertido el socialista. “En política no todo vale y basar la estrategia en un supuesto castigo al Gobierno que lo que hace es penalizar a los valencianos y valencianas es inadmisible; los ciudadanos tomarán buena nota de a quién quieren confiar su futuro, a los gestores irresponsables de la Dana o a los que ya han demostrado seriedad, rigor y compromiso con nuestra tierra, como fue la gestión del Consell del Botànic presidido por Ximo Puig”, ha resaltado José Muñoz.

El PSPV recurre la decisión de la Mesa de las Corts Valencianes, presidida por Vox, que bloquea la tramitación de preguntas parlamentarias sobre la mano derecha de Carlos Mazón en Emergencias durante la dana, el ya exdirector general Alberto Martín Moratilla.

Las diputadas socialistas Alicia Andújar y Marisa Navarro han registrado un recurso de reposición contra el acuerdo del órgano, que vetó tres preguntas por considerar que se identifica a “diversas personas que no tienen trascendencia pública”. La Mesa rechazó tramitar las preguntas, que ahondan en el proceso de oposición que superó el alto cargo, y pidió al PSPV que las reformulara. Tanto los socialistas como el sindicato Comisiones Obreras ven incongruencias en el proceso mediante el que ascendió a la escala de mandos de bomberos.

Las diputadas registraron las peticiones referidas al entonces director general de Emergencias, que aprobó un proceso interno para acceder a la escala de mando en el cuerpo de bomberos de Alicante, de donde procede, e incluyeron en el enunciado a un inspector jefe del citado cuerpo. El mando de bomberos solo se cita en un escrito, mientras que al exdirector general se refieren en tres ocasiones. De este plural, las socialistas deducen que Vox considera que Martín Moratilla, no es un cargo de trascendencia pública, pese a que fue el número 3 de Emergencias durante la dana y ha sido dos veces director general en la citada conselleria. “Es un insulto a la inteligencia”, denuncia la diputada Marisa Navarro, que señala que las preguntas “solo buscan transparencia” y considera que Vox y el PP “están ocultando la información deliberadamente”.

En su escrito, las parlamentarias justifican que Martín Moratilla es una persona con trascendencia pública en la Comunitat Valenciana, “ya que, como cargo público participó en la gestión de emergencias de la Conselleria de Emergencias e Interior mientras fue Director General de Emergencia y Extinción de Incendios, en primer momento y hasta el 14-5-25, y Director General de Coordinación de SPEIS, en segunda ocasión, habiendo compaginado la realización del Curso con el desempeño de ambos cargos”. Señalan además que adquirió también relevancia pública “por su participación en la obtención de la conversación entre las técnicas del 112 y de AEMET, posteriormente manipulada y descontextualizada”. El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, señaló en el juzgado que fue Martín Moratilla el que le pidió localizar la llamada sobre la que se había basado un informe de la Generalitat, y el subdirector de Emergencias, Ricardo García, le dijo que era “una petición de Presidencia”.

La Fiscalía de Valencia aprecia un posible delito en la filtración de la conversación del pasado 29 de octubre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la técnico del 112 de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

El PSPV-PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Valencia la instrucción de la Conselleria de Sanitat para denegar documentos para el proceso de regularización de migrantes. El portavoz socialista en las Corts Valencianes, José Muñoz, acompañado por la diputada Yaissel Sánchez, ha detallado la denuncia por los presuntos delitos de odio y de falsificación documental.

Los socialistas aluden a un documento remitido el pasado 27 de abril por el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler. Por su parte, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, alegó que se trataba de un borrador en contestación a algunas dudas que se habían planteado sobre el proceso.

Yaissel Sánchez ha criticado la “vulneración de los derechos de las personas migrantes” y de la “colaboración interadministrativa”. “Venimos a denunciar esas trabas que está poniendo el PP”, ha anunciado Sánchez.

“Violencia institucional” contra los migrantes

Muñoz ha exhibido el documento y ha cuestionado que fuera un borrador al ir firmado por el alto cargo. “El director general y la conselleria sabían que lo que estaban enviando no era legal. Sabían perfectamente que tendrían algún problema si era difundido a terceros. El propio correo advierte a los trabajadores de la sanidad pública que no debía ser difundido a terceros”, afirma el portavoz socialista, que también ha exigido al president Juan Francisco Pérez Llorca la destitución de la cúpula de la Conselleria de Sanitat.

“No vamos a permitir ni racismo ni violencia institucional contra colectivos migrantes ejercida directamente desde la Presidencia de la Generalitat del Partido Popular”, ha agregado.

Los partidos de la oposición al Gobierno valenciano del PP han anunciado que presentarán una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por el uso de datos personales desde la Conselleria de Eduación para enviar una carta a las familias con hijos escolarizados en centros públicos afectados por la huelga en la que se afirmaba, entre otras cosas, que “ningún estudiante ni familia puede ser cautivo de un conflicto sindical”.

El síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha avanzado esta denuncia contra la Conselleria por “la presunta utilización fraudulenta de los datos personales de las familias” en canales institucionales, que deberían dar información sobre cómo reorganizan la situación ante la huelga indefinida, especialmente para los alumnos que afrontan la EVAU, pero en lugar de eso “van contra las familias y profesores”, ha manifestado.

Muñoz ha afirmado que el Consell de Pérez Llorca dice que respeta a los profesores pero “lo que hemos visto es que hay un ataque a los profesores de la pública y la utilización de los correos institucionales de la Generalitat con los datos de carácter personal de las familias para atacar al profesorado y criminalizarlo como codiciosos, algo indigno e intolerable y que no había pasado nunca”, según ha denunciado.

Al mismo tiempo, ha destacado que, por primera vez en la historia, la comunidad educativa y los sindicatos de profesores están unidos para reclamar unas condiciones dignas para el alumnado y para los profesores.

Por su parte, el diputado de Compromís, Gerard Fullana, ha comentado que “la consejera de Educación utiliza recursos institucionales y datos personales de las familias para enviar una carta propagandística y demagógica con el objetivo de desacreditar una huelga legítima del profesorado valenciano”.

Por este motivo, ha informado de que la coalición valencianista ha presentado una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos por el uso partidista de los canales oficiales de comunicación de la Consellería de Educación.

Como informó elDiario.es, en el documento remitido a las familias, la Conselleria sostiene que han fijado como prioridad que los estudiantes de segundo de Bachillerato “no se vean perjudicados en sus pruebas de acceso a la universidad, lo que comprometería su futuro profesional”. Así, relatan que los servicios mínimos planteados garantizan que todo el alumnado sea evaluado: “Ningún estudiante ni familia puede ser cautivo de un conflicto sindical”, una frase que, a juicio de los sindicatos, supone una “apelación emocional y demagógica”.

Los representantes de los profesores advirtieron de que la Generalitat no puede utilizar canales y cargos públicos para hacer propaganda de gestión, desacreditar un conflicto o presionar contra el ejercicio del derecho de huelga, “y encima utilizando datos faltos o tergiversados”

En la política municipal valenciana, els pactes entre el PSPV-PSOE i Compromís, on tots dos partits han tingut resultats similars, han introduït una fórmula cada vegada més freqüent i que municipis on es van imposar forces de dretes també han utilitzat: l’alternança en l’alcaldia dins d’una mateixa legislatura, siga un any o dos. Aquest mecanisme, que busca equilibrar forces entre socis de govern, ha tingut especial rellevància en municipis com Dénia, Montcada i Manises, on el bastó de comandament passa de mans socialistes a nacionalistes en l’últim any de legislatura.

El cas de Dénia és paradigmàtic d’aquesta transició pactada. Després de les eleccions municipals, el socialista Vicent Grimalt va retindre l’alcaldia en un govern compartit, però amb un acord clar: el relleu a favor de Compromís es produiria l’últim any de la legislatura. Aquest moment ja té data. El vicealcalde Rafa Carrió assumirà l’alcaldia el juny del 2026, complint el pacte subscrit entre totes dues formacions. Aquesta mena d’acords no sols responen a una aritmètica electoral, sinó també a una voluntat política de visibilitzar la coalició i repartir el lideratge institucional.

A Montcada, el model és el mateix. Allí, el pacte entre el PSPV i Compromís va establir des de l’inici una alternança temporal perfectament definida: tres anys d’alcaldia socialista, encapçalada per Amparo Orts, i un últim any per a Compromís, representat per Álvaro Gonzalvo. Aquest sistema permet que tots dos partits gestionen directament l’alcaldia durant el mandat, però també introdueix un element de transició interna que exigeix coordinació i estabilitat política. No es tracta d’una moció de censura ni d’una ruptura, sinó d’un relleu previst, quasi contractual.

Malgrat les turbulències que va experimentar l’acord arran de la polèmica baralla en què va participar el regidor del PSPV-PSOE Martín Pérez Aranda, finalment no va haver-hi ruptura de l’acord de govern ni tampoc dimissió de l’edil.

Manises segueix una lògica similar dins dels governs progressistes valencians. Encara que el canvi d’alcalde s’ha hagut d’avançar. El socialista Javier Mansilla va haver de deixar l’alcaldia de Manises per problemes de salut i l’entrada de Jesús Borrás, d’APM-Compromís, es va avançar, si bé encara no han començat les converses entre partits per a la nova etapa i no s’han posat damunt la taula els acords per escrit als quals es van arribar per a tancar l’acord.

El ple de Manises haurà de votar la proposta de Jesús Borrás com a alcalde de Manises el mes de juny i hi calen els vots de tots els edils d’APM-Compromís, del PSPV-PSOE i l’edil de Podem, que va decantar la balança per a les forces d’esquerra.

Un altre municipi que tindrà nou alcalde en les pròximes setmanes serà la Pobla de Vallbona. En aquest cas, ha de ser l’edil del PP Abel Martí qui cedisca el bastó de comandament a Jaime Ruix, edil del partit local Centrats en la Pobla, que té el suport en aquesta negociació del partit d’urbanitzacions CUPO. CUPO i Centrats tenen quatre regidors, que donen la majoria absoluta en el ple als conservadors.

En la política municipal valenciana, los pactos entre PSPV-PSOE y Compromís donde ambos partidos han tenido resultados similares han introducido una fórmula cada vez más frecuente y que municipios donde se impusieron fuerzas de derechas también han utilizado: la alternancia en la alcaldía dentro de una misma legislatura, bien sea un año o dos. Este mecanismo, que busca equilibrar fuerzas entre socios de gobierno, ha tenido especial relevancia en municipios como Dénia, Moncada y Manises, donde el bastón de mando pasa de manos socialistas a nacionalistas en el último año de legislatura.

El caso de Dénia es paradigmático de esta transición pactada. Tras las elecciones municipales, el socialista Vicent Grimalt retuvo la alcaldía en un gobierno compartido, pero con un acuerdo claro: el relevo a favor de Compromís se produciría en el último año de la legislatura. Ese momento ya tiene fecha. El vicealcalde Rafa Carrió asumirá la alcaldía en junio de 2026, cumpliendo el pacto suscrito entre ambas formaciones. Este tipo de acuerdos no solo responden a una aritmética electoral, sino también a una voluntad política de visibilizar la coalición y repartir el liderazgo institucional.

En Moncada, el modelo es el mismo. Allí, el pacto entre PSPV y Compromís estableció desde el inicio una alternancia temporal perfectamente definida: tres años de alcaldía socialista, encabezada por Amparo Orts, y un último año para Compromís, representado por Álvaro Gonzalvo . Este sistema permite que ambos partidos gestionen directamente la alcaldía durante el mandato, pero también introduce un elemento de transición interna que exige coordinación y estabilidad política. No se trata de una moción de censura ni de una ruptura, sino de un relevo previsto, casi contractual.

Pese a las turbulencias que sufrió el acuerdo tras la polémica pelea en la que participó el concejal del PSPV-PSOE Martín Pérez Aranda, finalmente no hubo ruptura del acuerdo de gobierno ni tampoco dimisión del edil.

Manises sigue una lógica similar dentro de los gobiernos progresistas valencianos. Aunque el cambio de alcalde se ha tenido que adelantar. El socialista Javier Mansilla tuvo que dejar la alcaldía de Manises por problemas de salud y la entrada de Jesús Borrás, de APM-Compromís, se adelantó, aunque todavía no han comenzado las conversaciones entre partidos para la nueva etapa y no se ha puesto encima de la mesa los acuerdos por escrito a los que se llegaron para cerrar el acuerdo.

El pleno de Manises tendrá que votar la propuesta de Jesús Borrás como alcalde de Manises en el mes de junio y hacen falta los votos de todos los ediles de APM-Compromís, del PSPV-PSOE y el edil de Podemos, que decantó la balanza para las fuerzas de izquierda.

Otro municipio que tendrá nuevo alcalde en las próximas semanas será la Pobla de Vallbona. En este caso, tiene que ser el edil del PP Abel Martí quien ceda el bastón de mando a Jaime Ruix, edil del partido local Centrats en La Pobla, quien tiene el apoyo en esta negociación del partido de urbanizaciones CUPO. Cupo y Centrats tienen cuatro concejales, que dan la mayoría absoluta en el pleno a los conservadores.

La Fiscalía de Valencia ha informado este miércoles de la denuncia presentada por el PSPV el pasado mes de marzo contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y contra la directora financiera de Ribera Salud y cuñada del conseller, Sonia Hernández, por supuesto trato de favor.

El ministerio fiscal competente por razón de aforamiento del denunciado no ha apreciado indicios penales en la prórroga de cinco años para la gestión del hospital del Vinalopó y de unas liquidaciones que posibilitaron a su vez la compra de Clínica Benidorm, cuyo gerente es el hermano del conseller Marciano Gómez.

La denuncia la firmaron el secretario de organización de los socialistas valencianos,Vicent Mascarell, y la diputada en las Corts, Yaissel Sánchez, y también implicaba al gerente de Clínica Benidorm y hermano del conseller, Juan David Gómez. A todos ellos se les acusaba de los presuntos delitos de “negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación inclusive una omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat Valenciana”.

La denuncia archivada, sin perjuicio de su posible reconducción por vía judicial, apuntaba a que habría existido un presunto trato de favor hacia la mercantil por la aprobación de la prórroga de cinco años para la gestión del hospital del Vinalopó y de unas liquidaciones en condiciones económicas ventajosas que posibilitaron a su vez la compra de Clínica Benidorm, cuyo gerente es el hermano del conseller Marciano Gómez. También apuntaba a irregularidades en la gestión de Ribera Salud en el mencionado centro sanitario con la reutilización de material sanitario de un solo uso hasta 10 veces, según el correo electrónico destapado por elDiario.es en el que la empresa da la mencionada indicación.

El PSPV ha exigido dimisiones a la consellera de Educación, María del Carmen Ortí, tras revelar elDiario.es que un cargo de este departamento denigra a los profesores y banaliza el holocausto en un libro.

Tal y como ha informado este diario, un funcionario de la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha presentado un escrito a los grupos en las Corts Valencianes, por medio del cual denuncia los contenidos de la publicación del libro Educación 6.9. Fábrica de gurús, obra de Jordi Martí, subdirector general de Formación del Profesorado.

Se trata de una obra “de carácter educativo y dirigida expresamente al mundo docente” que recoge “lenguaje sexualmente explícito”, descripciones “denigratorias” del profesorado, expresiones que “banalizan” el Holocausto y “descalificaciones” de los sistemas institucionales de reconocimiento docente, “algunos de los cuales son competencia directa de la Subdirección que él mismo dirige”.

Ante esta situación, el diputado socialista en las Corts, José Luis Lorenz, ha exigido la dimisión de este subdirector y del secretario autonómico. Además, ha pedido la comparecencia de la consellera Ortí en las Corts “para que dé explicaciones de esta actitud”, al tiempo que ha añadido: “No se puede permitir que el máximo responsable de formar a nuestro profesorado denigre su figura, es una actuación lamentable que no es propia de un cargo que debe ser el referente y la luz de nuestro profesorado”.

El contenido del libro, advierte el funcionario, “afecta a la credibilidad e imagen de la Conselleria de Educación ante el profesorado, las familias y la sociedad valenciana”, mientras que la referencia a las cámaras de gas nazis como “práctica sexual masoquista” constituye “una banalización del Holocausto que resulta objetivamente inaceptable en cualquier contexto, y con mayor razón cuando es suscrita por un alto cargo de la administración educativa pública”.