El Ayuntamiento de Madrid acaba de publicar el mapa de las posibles extensiones del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) durante los próximos años, según marca el texto de la Ordenanza de Movilidad que aprobó el Pleno del pasado mes de marzo.

El mapa recoge los 22 nuevos barrios por los que se pueden extender los parquímetros durante los próximos años, hasta el 2035, siempre que el área de Movilidad observe la necesidad de hacerlo y cuente con el beneplácito de los vecinos. Además, incluye las seis zonas en las que el sistema tiene prevista su ampliación de forma más inmediata, hasta 2029 como mucho.

El último visto bueno a la ampliación del SER en Madrid data del pasado mes de junio, cuando los vecinos de los barrios de San Isidro y Opañel dieron su visto bueno a la extensión del sistema por estas zonas de Carabanchel y Usera con un respaldo del 74% de los votos.

Los últimos lugares en estrenar parquímetros son los barrios de Zofío (Usera) -lo hizo el pasado mes de noviembre- y Comillas, donde las votaciones afirmativas alcanzaron el 86%.

El mapa completo del SER y sus posibles extensiones puede consultarse en el Geoportal municipal.

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión Sindical Obrera (USO) Canarias han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las condiciones en las que, según aseguran, permanecen los conductores del transporte discrecional de viajeros del aeropuerto de Tenerife Sur, que califican de “indignas”.

Según han explicado ambas organizaciones en un comunicado conjunto, esas condiciones vulneran la normativa de prevención de riesgos laborales.

Asismimo, han detallado que, tras limitarse la permanencia gratuita de los vehículos en la dársena del aeropuerto, las empresas comenzaron a enviar a los conductores a esperar en un descampado situado en el exterior de las instalaciones.

CCOO y USO sostienen que ese espacio carece de sombra, agua potable, aseos, zonas de descanso y cualquier otra infraestructura adecuada para permanecer durante largos periodos de tiempo, una situación que consideran especialmente grave durante los episodios de altas temperaturas registrados en las últimas semanas.

La denuncia se dirige contra las empresas del sector y también contra Aena Tenerife Sur por las posibles responsabilidades derivadas de esta situación.

Los sindicatos han solicitado así una inspección urgente para comprobar las condiciones del lugar y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.

Los sindicatos han recordado que esos periodos constituyen tiempo de presencia dentro de la jornada laboral, ya que los conductores permanecen a disposición de las empresas, por lo que entienden que estas mantienen la obligación de garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salud.

El coordinador del sector de Carretera y Logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, Santiago Domínguez, y el delegado de USO Canarias, Antonio Manuel Perdomo, han descrito esta situación como “una manera indigna de tratar a los conductores profesionales” y han rechazado que las discrepancias entre Aena y las empresas de transporte se trasladen a las condiciones laborales de las plantillas.

Además, han señalado que, aunque Aena ha suspendido temporalmente hasta enero de 2027 el cobro de la tasa de estancia en la dársena, las empresas continúan enviando a los conductores al descampado sin haber corregido las deficiencias denunciadas.

CCOO y USO afirman que mantienen su disposición al diálogo para resolver el conflicto, aunque advierten de que, si no se adoptan medidas, recurrirán a “todas las vías sindicales y legales” a su alcance para exigir el cumplimiento de la normativa en materia de salud laboral.

El compromiso con las bolsas de espera

En julio el gestor aeroportuario informó de que aplaza hasta enero del año que viene el cobro a las guaguas por superar los 60 minutos de cortesía en los aparcamientos habilitados para este tipo de vehículos en los aeropuertos de Tenerife Sur. Asimismo, Aena también se comprometió de dotar a las bolsas de espera de elementos adicionales para la seguridad y el confort de los trabajadores que hagan uso de ellas, como zonas de sombra, aseos y máquinas vending.

La Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén, la misma que logró tumbar en los tribunales el polémico carril bici por el centro de la Santa Cruz de Tenerife y la Zona de Bajas Emisiones (en ambos caso, por defectos en su tramitación) ha expresado este martes su malestar por el hecho de que el Ayuntamiento, Gobernado por CC y el PP, no ha hecho efectivo el pase a gestión pública del aparcamiento de la Plaza de España el pasado 1 de julio, como había anunciado la corporación.

El colectivo vecinal califica en un comunicado esta situación como “un nuevo episodio del día de la marmota” y exige al gobierno local que abandone las promesas y actúe de forma inmediata, al tiempo que recuerda que la municipalización iba acompañada de una bajada de tarifas.

La entidad señala que el alcalde, José Manuel Bermúdez, anunció en 2023 que el aparcamiento sería “totalmente público” tras la finalización de la concesión en enero de 2025.

Sin embargo, el Ayuntamiento otorgó una prórroga a la empresa Interparking, aplazó la fecha en dos ocasiones más y, finalmente, la concejala de Viviendas Municipales, Ana Belén Mesa, fijó el 1 de julio como el “plazo definitivo”.

A día de hoy el aparcamiento sigue gestionado por la misma concesionaria, las tarifas no han bajado y los vecinos no han recibido ninguna comunicación oficial sobre el estado del proceso, afirma la Asociación, que asegura que le indigna “no solo el retraso, sino la falta de transparencia” y asevera “que esta es la cuarta vez que nos toman el pelo”.

El Perenquén insiste en que, mientras el Ayuntamiento dilata la municipalización, los ciudadanos siguen pagando unas tarifas que califican de “incomprensibles y desproporcionadas”.

Asimismo la asociación vecinal ha recordado que el aparcamiento está apuntalado por problemas estructurales y subraya que debe ser la empresa Interparking la que pague el arreglo “pero nos tememos que vamos a ser los ciudadanos”.

“Queremos que el parking de la Plaza de España sea público, barato y bien gestionado, y que dejen de tratarnos como si fuéramos ingenuos. Santa Cruz merece unos aparcamientos dignos de una capital de provincia”, concluye Urban Perenquén.

Esta misma asociación ya denunció hace meses la “situación crítica” de los aparcamientos en la ciudad. Citando un informe elaborado por la propia asociación, esta aseguró que la gestión por parte de empresas privadas de los aparcamientos públicos de la ciudad, pese a que estos han sido financiados y construidos con dinero del Ayuntamiento, ha derivado en un modelo que “prioriza el beneficio económico frente a las necesidades reales de la ciudadanía”.

El estudio, que analiza las condiciones de parkings clave como Plaza de España, El Pilar, Plaza Weyler o Prolongación Ramón y Cajal, evidencia, según la asociación, que los vecinos que residen en el centro se enfrentan a “precios abusivos, falta de transparencia, listas de espera cerradas y un acceso limitado a abonos mensuales que realmente se ajusten a un uso residencial”.

“Empresas como Interparking, APK2 Gestión o Telpark aplican tarifas que varían sin justificación, eliminan la cartelería con los precios de los abonos y dificultan deliberadamente el acceso a la información. En el caso del Parking El Pilar, no existe ni web ni teléfono de contacto, obligando a acudir físicamente para conocer las tarifas”, denunció la asociación.

Este miércoles Atocha recupera su capacidad de aparcamiento con la apertura de dos nuevas zonas de estacionamiento que suman 1.357 plazas, situadas junto a las vías de entrada al complejo desde el este de la ciudad, informa Adif en un comunicado.

El nuevo recinto de aparcamiento dispone de cuatro accesos principales de entrada y salida. Dos con conexión desde la gran rampa accesible desde la avenida Ciudad de Barcelona y otros dos conectados a la calle Antonio Nebrija.

Las nuevas plazas, gestionadas por la empresa Saba, están distribuidas en dos módulos: el P3A, parcialmente operativo desde el año pasado, y el P3B, que ahora entra en servicio sumando 831 plazas.

Esta es la nueva distribución del aparcamiento, con una reorganización también de sus usos y recomendaciones, según las estancias sean más cortas o largas:

Las obras de los nuevos apacarmientos han costado 26 millones de euros e incorporan soluciones sostenibles y tecnológicas que incluyen una cubierta fotovoltaica, 60 puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de guiado de plazas, información al viajero, digitalización de los sistemas de acceso y gestión del aparcamiento.

La solución constructiva se basa en elementos prefabricados metálicos configurados íntegramente en taller, montados en obra sin necesidad de soldaduras, fácilmente desmontables y con la posibilidad de reutilización. Ambos módulos disponen de nuevas instalaciones de saneamiento, electricidad, iluminación, telecomunicaciones y protección contra incendios.

Los aparcamientos del complejo ferroviario de Atocha, que registran unos 57.000 movimientos mensuales de vehículos, suman en total 1.907 plazas. El objetivo es que quienes acceden a la estación en coche dispongan de una oferta de estacionamiento más amplia, con mayores garantías de encontrar plaza y con una circulación interior más fluida.

Esta actuación ha contado con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

La Asociación ciudadana en Defensa de El Sardinero ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento de Santander condena al barrio a un verano sin aparcamiento público, ya que ferias y festivales “inutilizan” el parking de los Campos de Sport “el 80% del periodo estival”, lo que ha calificado como una “privatización de facto” del espacio público durante la temporada alta.

Según ha explicado la Asociación en un comunicado, el parking de los Campos de Sport de El Sardinero permanece cerrado al ciudadano entre el 1 de julio y el 15 de septiembre debido a la instalación de las atracciones de la Semana Grande y el posterior Festival de las Naciones, con sus correspondientes periodos de montaje y desmontaje.

En este sentido, considera “inadmisible que el Ayuntamiento regale el espacio público de todos a empresas privadas durante la época del año en la que el barrio más presión de vehículos soporta”.

Según la agrupación, la pérdida de plazas de estacionamiento ha generado un triple impacto negativo en el barrio. Ha explicado que la eliminación de “miles de plazas” en el estadio obliga a vecinos y visitantes a “dar vueltas durante horas, colapsando las calles colindantes, los vados y las zonas verdes”, y ha lamentado que “el ruido constante de las atracciones, la música de los recintos y el bullicio de los conciertos se prolongan hasta altas horas de la madrugada, impidiendo el descanso de las familias”.

Asimismo, ha denunciado que “la acumulación de basuras, la falta de limpieza intensiva inmediata tras los eventos y el uso de portales y esquinas como urinarios improvisados degradan la imagen del barrio y generan problemas de salubridad”, calificando el modelo de ocio actual como “insostenible” para una zona residencial.

La entidad ha exigido al Ayuntamiento que “reconsidere la ubicación de estos eventos multitudinarios de cara a los próximos años”, argumentando que existen espacios alternativos en la ciudad “que no asfixian de esta manera a una zona residencial en su momento más crítico del año”, y ha insistido en que “no se puede pretender tener un turismo de calidad en Santander a costa de destrozar la convivencia y el día a día de sus propios ciudadanos”.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino en el aparcamiento de la playa de La Laja un coche cuya conductora olvidó activar el freno de mano, quedando a pocos metros de la autovía GC-1.

En sus redes sociales, el cuerpo municipal detalla que el vehículo se desplazó varios metros y dañó a otro turismo que se encontraba en la zona.

En unas imágenes difundidas por la Policía Local en 'X' se ve como el coche queda suspendido en un pequeño muro que separa las dos alturas del aparcamiento de la playa capitalina.

Finalmente, la Policía pudo localizar a la conductora y el vehículo fue retirado.

“Me gustaría que aprovechara esta ocasión para que se pidan disculpas públicas por una licitación que ha sido negligente, constatada por el Tribunal Supremo, y que pueda decir de manera explícita que esto no nos va a costar ni un solo euro a los madrileños y las madrileñas de esta ciudad”. Así comenzaba el concejal socialista Antonio Giraldo su turno de palabra en la pregunta de este lunes sobre los aparcamientos ilegales del Bernabéu, formulada ante el delegado de Movilidad, Borja Carabante, en la comisión de su ramo.

Giraldo quería que el concejal del Gobierno de Almeida confirmara “que el Ayuntamiento de Madrid no se va a ver obligado a afrontar ninguna responsabilidad patrimonial derivada de esta adjudicación negligente”, unos días después de que el Supremo anulara de forma definitiva el concurso a medida elaborado por el consistorio para el Real Madrid.

“Nos atenemos a lo que digan los tribunales”, le ha respondido Borja Carabante, antes de confirmar que el Ayuntamiento trabaja en un nuevo proyecto de aparcamiento para la zona: “Estamos analizando desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de la demanda de los vecinos cuál es la mejor solución”, ha indicado el delegado. Lo hace, según sus palabras, “para ofrecer una solución de estacionamiento a los vecinos y que eso no suponga, por supuesto, ningún coste para los madrileños”, añadía en su respuesta.

El delegado evitaba también pedir disculpas por el concurso de su departamento censurado por la justicia y defendió que buscaba “solucionar un problema de estacionamiento en el entorno”, donde según sus palabras 13.257 turismos “requieren un estacionamiento”. La asociación vecinal que denunció el concurso nunca ha establecido como una necesidad prioritaria del barrio la construcción de aparcamientos con plazas vecinales y el parking de Castellana -el que el Ayuntamiento quiere mantener- no preveía espacio para residentes en el concurso ahora anulado. Sí que lo hacía el que iba a construirse bajo Padre Damián, ahora descartado de forma definitiva.

“Ahora hay un agujero ahí, que tendrán que cerrar, habrá que hacer una obra... o intentarán alguna otra chapucilla para dar una apariencia de legalidad que seguramente acabará en el mismo sitio, porque no es un caso aislado”, echaba en cara Antonio Giraldo, enumerando otros reveses judiciales que afectan al equipo de Almeida. “Estamos muy preocupados de que el Real Madrid pueda ir contra este Ayuntamiento y decirles a ver quién paga esto ahora”.

Carabante le respondió que el “concurso a medida” era una “iniciativa privada” puesta en marcha por el Real Madrid que el Ayuntamiento sacó a concurso público “precisamente para que se pudieran dar los procesos de libre concurrencia y competencia”. Y luego echó en cara al concejal del PSOE un proyecto del Ministerio de Hacienda, que reclama abrir un parking de 1.400 plazas en un entorno cercano y que no ha tenido hasta ahora ninguna reclamación judicial.

Un grupo de trabajadores ha realizado la mañana de este miércoles una protesta simbólica en el aparcamiento de motos que será eliminado el 15 de julio del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI) de Las Palmas de Gran Canaria. La zona de estacionamiento tiene unas 150 plazas y, según el personal, lo utilizan a diario más de 200 personas.

Es el único aparcamiento de motos que queda en el Complejo Hospitalario y se lleva utilizando desde hace más de 15 años. “Tenía tanta demanda que desde hace un año sólo lo utilizamos los trabajadores”, asegura Rita Jorge, enfermera del hospital y afiliada al sindicato Asaca.

“¿Dónde vamos a aparcar tantos vehículos? ¿Cómo vamos a llegar a nuestros puestos de trabajo? Porque lo que queremos es venir a trabajar”, lamenta Rita.

Desde el sindicato de enfermería Satse consideran “incomprensible que se continúen suprimiendo espacios destinados a un medio de transporte que contribuye a descongestionar el tráfico, facilita la movilidad y reduce el impacto ambiental” mientras “se continúa sin ofrecer una alternativa real para acceder al hospital”.

La organización sindical explica que muchos trabajadores utilizan la moto como única alternativa viable para llegar a su puesto de trabajo y advierte de que esta medida obligará a muchos a desplazarse en coche, “aumentando la congestión y la demanda de un aparcamiento ya insuficiente”, aseguran.

Inciden en que esta decisión se ha adoptado sin ningún tipo de alternativa. “Evidentemente, hay una ausencia clara de planificación y de negociación con los sindicatos”, asegura Juan Trenzado, secretario provincial de Satse Las Palmas.

“Hay colas por las mañanas constantemente para poder entrar al parking”, asegura Rita Jorge. Según algunos trabajadores hay lista de espera para poder optar a una plaza de aparcamiento privado, y los bonos por ser trabajador cuestan en torno a los 100 euros al mes.

Trenzado califica de “escandalosos” los precios del aparcamiento privado: “Son de los más caros del Archipiélago o del territorio nacional. Y casi no hay plazas disponibles”. Según los carteles que indican las tarifas un día entero de aparcamiento cuesta 18,95 euros.

El sindicato Asaca coincide en que el aparcamiento privado es “carísimo en comparación con el Hospital Negrín”. Y señalan que el Insular “podría habilitar otras zonas para las motos, pero no tiene intención de hacerlo”. “Hay espacios en diferentes puntos del complejo que, si se adaptaran, permitirían estacionar las motocicletas”, añade.

Aparcar fuera tampoco es una alternativa

Fuera del estacionamiento privado, en las inmediaciones del complejo, es muy difícil aparcar. Las viviendas que hay alrededor no tienen garajes, ni zonas de estacionamiento. Los coches de los vecinos compiten por encontrar un hueco donde dejar el vehículo con los usuarios y trabajadores del hospital.

Según Satse, numerosos profesionales se ven obligados a acudir al centro hospitalario con más de una hora de antelación para intentar encontrar una plaza gratuita en los alrededores o asumir el elevado coste del aparcamiento privado.

La organización recuerda que “acceder al puesto de trabajo no puede convertirse en un coste añadido ni en un obstáculo diario para quienes sostienen el funcionamiento del sistema público de salud”. Y considera que ha llegado el momento de abordar de manera definitiva un problema que “lleva demasiado tiempo sin respuesta”.

La dirección del hospital justifica la decisión de eliminar el estacionamiento de motos “debido al incremento de obras en ejecución que afectan al complejo hospitalario”, y señala que es necesario “reorganizar la parcela del recinto”. La zona reservada hasta ahora a las motos pasará a destinarse a los vehículos de los servicios sanitarios, técnicos y de mantenimiento, según un comunicado interno.

Asaca ha anunciado que el viernes 10 de julio y el lunes 13 se repetirán las protestas a las puertas del hospital. El sindicato reclama una mesa de diálogo con la dirección para buscar una solución antes de que el aparcamiento desaparezca.

El portavoz del grupo municipal Alternativa Vecinal Independiente (AVIP), Luis Antonio Sañudo, ha denunciado este fin de semana que las nuevas medidas implantadas en el entorno de las playas de Liencres, como la videovigilancia y el sistema de conteo de vehículos y personas, “no han servido para evitar el caos” que, según asegura la formación, siguen sufriendo los usuarios que intentan acceder a los arenales de Valdearenas y Canallave.

Sañudo ha recordado que hace unos días se anunció la puesta en marcha de sistemas de videovigilancia y control de aforo en las playas de Liencres, al tiempo que el alcalde de Piélagos volvió a plantear la construcción de un aparcamiento disuasorio, una infraestructura que, a juicio de AVIP, continúa siendo una promesa sin materializar.

“En el inicio de la época estival, acercarse a las playas de Valdearenas y Canallave sigue siendo una auténtica aventura”, ha afirmado el portavoz municipal, quien considera que tanto el Gobierno de Cantabria como el Ayuntamiento de Piélagos continúan “negando el caos” que padecen cientos de usuarios a la hora de estacionar y acceder a estos espacios naturales.

Desde AVIP aseguran que persisten los problemas de tráfico, la falta de regulación de la circulación y las dificultades de estacionamiento, lo que provoca discusiones y situaciones de tensión entre los conductores. Además, critican que la principal respuesta administrativa continúe siendo la imposición de sanciones.

Sañudo también ha destacado el trabajo que realizan los empleados de Tragsa en la gestión del entorno, aunque considera que su labor resulta insuficiente durante los momentos de máxima afluencia, al no tratarse de agentes de la autoridad. Según ha señalado, trabajadores del operativo les trasladaron que la mañana del domingo 5 de julio estuvo marcada por una “brutal afluencia” de visitantes y turistas.

El portavoz de AVIP sostiene que los accesos a las playas de Canallave y Valdearenas, situadas en el Parque Natural de las Dunas de Liencres, continúan presentando graves problemas, como atascos, estacionamientos en zonas dunares protegidas, ausencia de aparcamientos disuasorios y falta de áreas específicas para caravanas. Esta situación, asegura, provoca que numerosos visitantes tengan que abandonar la zona sin poder disfrutar de las playas, especialmente durante fines de semana y festivos.

Asimismo, Sañudo ha criticado que, pese a los anuncios realizados en los últimos años por parte del Ayuntamiento y del Ejecutivo autonómico sobre la mejora de la gestión del parque natural, la realidad “sigue siendo muy diferente”. En este sentido, ha recordado que el alcalde de Piélagos aseguró en un pleno municipal que ya no existían vehículos estacionados sobre las dunas, una afirmación que, según AVIP, ha quedado desmentida por las imágenes obtenidas durante el primer fin de semana de julio de 2026.

El portavoz municipal también ha cuestionado las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento en el entorno de las playas, como la instalación de tres duchas y la mejora de una rampa de acceso, medidas que considera insuficientes para abordar los problemas estructurales de movilidad y acceso a estos espacios naturales.

Finalmente, Sañudo ha subrayado la necesidad de compatibilizar el uso turístico de las playas con la máxima protección ambiental, especialmente tras la declaración del Geoparque Costa Quebrada por la Unesco. “Debemos priorizar la conservación del sistema dunar de Liencres y Canallave, uno de los más extensos y mejor conservados del Cantábrico”, ha concluido.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife activará el carril bus hacia la playa de Las Teresitas cuando coincidan los fines de semana con una alerta por altas temperaturas declarada por el Gobierno de Canarias. Se trata de la principal playa del municipio, que sufre importantes atascos en sus accesos desde que, aprovechando la pandemia, el Ayuntamiento decidió eliminar gran parte de los aparcamientos que existían en la zona, cerrando además el acceso a uno de los carriles por el que los vehículos circulaban (el llamado carril cero, el más cercano a la arena) y cambiando también la circulación en la avenida marítima de San Andrés. Todo ello ha provocado que, cuando un vehículo quiere aparcar, se detiene en el único carril existente, provocando enormes colas, sobre todo en los días de mayor afluencia. Unas colas que llegan incluso a la autovía de San Andrés y la dársena pesquera.

Pese a ello, seis años después de la pandemia, el Ayuntamiento sigue sin recuperar ese carril, que aliviaba el tráfico y aportaba, además, centerares de aparcamientos.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha explicado este jueves en rueda de prensa que la medida del carril bus busca evitar que el transporte público quede atrapado en esas colas que se forman cuando el aparcamiento de Las Teresitas alcanza su capacidad máxima.

Según ha admitido, esta medida se pondrá en marcha pese a la oposición de los vecinos de San Andrés, que han trasladado al Ayuntamiento su rechazo a priorizar el transporte público mediante la reserva de un carril. Es decir, se elimará otro carril para el tránsito de vehículos.

Ha añadido que el protocolo permitirá probar el funcionamiento de esta actuación y evaluar si en el futuro puede extenderse más allá de los episodios de ola de calor.

También ha destacado la dificultad logística de implantar el carril bus, ya que las alertas del Gobierno de Canarias se activan con pocas horas de antelación y obligan a desplegar con rapidez toda la señalización y las medidas de seguridad necesarias.

Preguntado por qué no se implanta todos los fines de semana, ha respondido que el Ayuntamiento ha optado por activarlo únicamente cuando se prevean retenciones importantes asociadas a una alerta por calor, atendiendo también a las objeciones planteadas por los vecinos de San Andrés.

Cuando existe un episodio de calor extraordinario las colas están aseguradas, ha señalado, mientras que en ausencia de esas condiciones no suelen producirse los mismos problemas de tráfico.

Las pruebas realizadas muestran que las retenciones para los vehículos privados seguirán produciéndose con uno o dos carriles abiertos, pero el alcalde ha defendido que el transporte público ganará en rapidez y puntualidad al disponer de un carril exclusivo.

Asimismo, ha detallado que el Ayuntamiento amplió en 300 plazas el estacionamiento de la cabecera de playa, pero ha reconocido que esa no es la solución al problema de movilidad. Sin embargo, no ha mencionado que el número de plazas eliminadas es mucho mayor, ni tampoco el impacto de la eliminación del carril cerrado, que ahora está limitado a vehículos de seguridad, emergencias o personas con movilidad reducida.

A su juicio, la solución pasa por fomentar el uso del transporte público, para lo que considera necesario garantizar su puntualidad mediante un carril exclusivo de ida y vuelta para las guaguas.

Refuerzo de las guaguas que van a la playa

El alcalde además ha avanzado que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinará 216.000 euros adicionales para reforzar durante el verano las frecuencias de las líneas de guagua que conectan con las playas de Anaga y mejorar de forma permanente el servicio en varias líneas urbanas con mayor demanda.

Las mejoras estivales beneficiarán a las líneas que comunican con Las Teresitas y el resto de playas de Anaga, mientras que los cambios permanentes se centrarán en las líneas 904, que presta servicio a Cuesta Piedra y La Salud; la 911, entre Muelle Norte y Ofra, y la 944, que atiende al distrito Suroeste.

Con estas actuaciones el Ayuntamiento prevé captar unos 41.000 pasajeros más en las tres líneas urbanas y otros 85.000 usuarios adicionales en las líneas que conectan con las playas de Anaga.

Cobrar por aparcar en la calle

Durante su intervención el alcalde también ha detallado que Santa Cruz de Tenerife cuenta con 175.000 vehículos empadronados para una población de unos 200.000 habitantes, lo que sitúa el parque móvil en más de 800 vehículos por cada mil habitantes.

En este contexto, ha defendido la necesidad de adoptar medidas que permitan ordenar la movilidad y repartir el espacio público entre coches, guaguas, tranvía, taxis, bicicletas y patinetes.

Respecto a actuaciones previstas, ha informado de que el Ayuntamiento trabaja en una ordenanza para regular la implantación de zonas azul y verde.

La futura zona verde dará prioridad para aparcar a los residentes de cada calle y, a diferencia de otras capitales, los vecinos no tendrán que pagar por estacionar en esas plazas, ha comentado.

En cuanto a la zona azul, ha asegurado que todavía no puede implantarse porque falta la regulación necesaria, aunque ha recordado que se trata de un sistema ampliamente extendido en ciudades de todo el mundo para gestionar el estacionamiento en las áreas con mayor intensidad de tráfico.

Hay dos aparcamientos a escasos 300 metros, tres minutos andando, hasta las dependencias municipales de Arguineguín. Uno en la calle Tamarán, donde aparcan la mayoría de concejales y vecinos del municipio, y otro cruzando a pie la plaza Perez Galdós. Pero el aparcamiento de la Policía Local está justo al lado de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Mogán. Y aunque la Alcaldía tiene una plaza reservada en el propio estacionamiento de la Policía Local, la alcaldesa, Onalia Bueno, estaciona “desde hace años” su vehículo particular en las plazas reservadas a los coches patrulla en la Comisaría de Arguineguín.  

No sólo ella, también lo hacen algunos de sus concejales, como: Víctor Gutierrez; Tania del Pino Alonso, teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Acción Social y Sociocomunitaria y del Área de Gobierno de Presidencia, y Juan Mencey Navarro, primer teniente de alcalde del Área de Gobierno de Urbanismo y Promoción Turística. 

No es raro encontrar el coche particular de la alcaldesa y de algunos de estos concejales aparcados en las plazas reservadas a los coches patrullas, incluso en las plazas destinadas a los vehículos policiales de atestados, donde los propios policías municipales tienen expresamente prohibido aparcar. Según se recoge en diferentes documentos a los que ha accedido este periódico, estos hechos vienen ocurriendo desde hace casi diez años. 

Queja a la Jefatura de Policía

Este periódico ha tenido acceso a un informe registrado en el propio Ayuntamiento de Mogán, el pasado mes de mayo, en el que un agente municipal se queja de esta situación al jefe del Cuerpo de la Policía Local. Lo normal sería que el jefe de Policía Local de respuesta a la queja presentada, pero fuentes conocedoras del caso dudan de que vaya a ocurrir. 

El informe asegura que llevan “años padeciendo” este problema, y detalla que los policías locales tienen que estacionar mal sus coches patrulla “en doble o triple fila” impidiendoles la salida rápida. Además, explica que “muchas veces” tienen que quitar unos coches para poder salir con otros.  

Consecuencias fatales 

El escrito menciona que estos hechos han llegado a crear situaciones de “auténtica preocupación e importancia”. Se refiere sutilmente a que pudo tener consecuencias fatales. El escrito relata que “un vehículo de protección civil que se encontraba estacionado en nuestros estacionamientos no pudo salir de forma inmediata para trasladar a un médico del centro de salud de Arguineguín hasta el lugar en que se encontraba un accidentado en parada cardiorrespiratoria en Puerto Rico”. El traslado tuvo que hacerlo una patrulla de la Guardia Civil, debido al bloqueo de vehículos. Y en ese punto termina diciendo: “ese día se encontraba el vehículo de la alcaldesa ocupando uno de nuestros estacionamientos”. Y aunque el escrito no lo dice, aquel hombre murió. 

El informe ni siquiera insinúa que el fallecimiento fuera consecuencia del coche mal aparcado, como es lógico, tan sólo menciona que el coche “no pudo salir de forma inmediata”. La hemeroteca recoge que aquel día de noviembre de 2025 un hombre falleció en un accidente laboral en los apartamentos Orinoco, en Puerto Rico, tras resbalar y golpearse la cabeza contra un escalón y que “pese a los esfuerzos por reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida y tan sólo confirmaron el deceso”. Era un hombre polaco que llevaba sólo seis días en España.

Concejales multados en 2017

Hace casi diez años hubo un policía que se atrevió a multar a dos concejales por aparcar donde no debían. Pero según consta en un atestado de 2017 de la Guardia Civil, el coche particular de aquel agente fue vandalizado a las pocas horas. 

En el atestado el agente afirma que no sospecha de nadie, pero “sin creer que las casualidades existan, ese día ocurrieron hechos” que considera importantes y los quiere hacer constar. Lo que se narra a continuación es que aquel día en la Jefatura de Arguineguín comprobó que en el estacionamiento de la alcaldía había un vehículo particular de color rojo. Informó al subinspector jefe y al oficial de servicio que lo iba a denunciar, “sabiendo que hay orden del jefe de la policía para que se denuncie cualquier vehículo que no sea el de la alcaldesa”, pero al comprobar que se trataba del vehículo de un concejal del equipo de gobierno decidió no hacerlo, suponiendo que no tardará mucho en retirar el coche. El vehículo del concejal estuvo aparcado ahí desde las 13.30 hasta las 20.30, y entonces decidió multar. 

El atestado recoge que “ya se le había informado y advertido hasta en dos ocasiones” a una concejala del equipo de gobierno, para “que no accediera ni estacionara en el lugar, precisamente para evitar denunciarla”. También se recoge que “el concejal de Policía tiene la misma costumbre y hace caso omiso de nuestras recomendaciones”, refiriéndose a Mencey Navarro. 

El atestado continúa relatando que a las 21:00 de la noche “se había personado la concejala Tania de CIUCA y grupo de gobierno” exigiendo que le dijeran qué policía le había denunciado, y que “no pensaba pagar la multa, todo esto bastante alterada y cabreada”. 

Dos horas después, el policía local que multó el vehículo mal estacionado de la concejala, encontró su coche particular vandalizado, con tres ruedas pinchadas y dos rajas de un metro en las lonas del techo de su vehículo pick-up. A este periódico no le consta que ningún otro policía local haya osado multar durante la última década a ningún cargo de gobierno municipal por aparcar indebidamente su coche en las plazas destinadas a los coches patrullas. 

Continúa ocurriendo

El informe recoge que “desde hace años se ha intentado corregir esta anomalía” y se ha hablado con varios concejales: “En cierta ocasión se informa al concejal Mencey delante del jefe Tomás Hernández, (jefe de la Policía Local en el momento de los hechos) que deje de estacionar en la zona” a lo que según el informe respondió “que se pensaría lo que haría”. Además, el documento menciona que la “concejala Tania ha llegado a dejar su vehículo particular ”durante más de 4 días seguidos“ dificultando la maniobra de salida de los coches patrullas. 

El informe relata que los hechos han sido denunciados verbalmente a un subinspector, “el cual reconoció el problema, pero también dejó claro que no hacía nada” y que tenía que ser otro oficial, que se encontraba en ese momento de testigo, el que tuvo que llamar al concejal para que retirara su coche. En el informe se explica que la concejala “ha continuado con la misma práctica” y que recientemente ha vuelto a dejar su coche en la plaza de Atestados, “concretamente del día 15 al 16 de abril”, y se adjunta una foto, a la que también ha tenido acceso este periódico. A continuación se puede leer: “Ese mismo día la alcaldesa también deja su vehículo en la zona de Atestados”. 

En el escrito se resalta que la alcaldesa utiliza el estacionamiento de la alcaldía “a modo de reservado” para que aparquen otros concejales o “cualquier otro particular allegado, estacionando ella en cualquier otro estacionamiento de nuestros vehículos patrulla sin ningún tipo de reparo y sin tener en cuenta las consecuencias”. 

“No todos son iguales”

En el informe de queja enviado a la Jefatura de la Policía Local se destaca que “esta situación no se ha padecido con ningún otro grupo de gobierno anterior, ni con ningún otro particular”. También reconoce que “no es una práctica generalizada” por parte de todos los concejales, “afortunadamente sólo lo hacen la alcaldesa, y los concejales Mencey, Tania y Víctor”, y añade que “es una clara evidencia de que no todos son iguales”. 

Una de las más recientes quejas por parte de los policías locales se refiere al pasado día 13 de abril, cuando “se les ha informado a todos que no estacionen o que lo hagan el menor tiempo posible”, pero al día siguiente había 4 vehículos particulares estacionados, “algo que evidentemente parece que no entienden”. 

El escrito finaliza dejando constancia de que existe una orden de la jefatura de la Policía Local de 2017 en la que “en NINGÚN CASO hace referencia a que los concejales ni la alcaldesa puedan estacionar en los estacionamientos de los vehículos patrulla”. 

“Obligado Cumplimiento” 

En dicha Orden de Régimen Interno de la Policía Local de Mogán, a la también ha tenido acceso este periódico, fechada en 2017 y que lleva por título: “Estacionamiento de Vehículos Policiales”, se establece el modo de estacionar los vehículos de la Policía Local de Mogán, y especifica que es de “obligado cumplimiento”. 

El primer punto señala que el espacio señalizado como ALCALDÍA estará siempre libre y “reservado para la Sra. Alcaldesa-Presidenta o Sres. Concejales, en su caso”. 

El segundo punto dice que “todos los vehículos policiales deben ser estacionados de conformidad con la señalización existente”, y da instrucciones para que en caso de emergencia “se efectúe la salida del vehículo con el menor número de maniobras” posible, lo que conlleva colocarlos en posición de salida del aparcamiento. Y añade un croquis con todo detalle. 

Casi diez años después, el coche de la alcaldesa y el de algunos de sus concejales siguen estacionados habitualmente en el lugar de los coches patrullas. Fuentes conocedoras de este asunto señalan que el concejal Mencey Navarro ha llegado a utilizar el aparcamiento de la Policía Local durante meses para no ser multado por no tener en regla la ITV, ya que fue sancionado por esta circunstancia cuando su coche particular se encontraba aparcado fuera del estacionamiento de la Policía Local de Arguineguín. 

Denunciado por la oposición

El grupo municipal de Nueva Canarias de Mogán dirigió un escrito a la alcaldesa y al jefe de la policía local el pasado 4 de mayo sobre el “uso indebido de estacionamientos policiales y afección a la seguridad operativa”. El documento se refiere “a problemática reiterada” de la ocupación de los estacionamientos “destinados a vehículos policiales por parte de cargos políticos” y señala que “compromete gravemente la capacidad de respuesta ante incidencias y emergencias, generando un evidente riesgo para la seguridad ciudadana”.  

El documento menciona expresamente “a la Sra. Alcaldesa, quien, según parece, ha venido utilizando de forma habitual los estacionamientos destinados a vehículos policiales”, incluso manteniendo su vehículo estacionado durante periodos prolongados, “llegando a producirse situaciones en las que no se ha podido disponer de un vehículo de manera inmediata para atender servicios urgentes”. 

Por el momento el Ayuntamiento de Mogán no ha respondido a las preguntas de este periódico.

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dado luz verde en su sesión de este lunes a instar al Gobierno autonómico (PP) a establecer los mecanismos necesarios para evitar la pernocta indiscriminada de autocaravanas y revisar el Decreto en esta materia aprobado por el Ejecutivo con el fin, entre otras, de incorporar medidas específicas de protección ambiental.

La iniciativa, que ha partido del PRC, ha salido adelante con el voto a favor de PSOE, Vox y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, mientras que el PP ha votado en contra.

En concreto, el texto incluye que se establezca, en el ámbito de las competencias de la Dirección General de Turismo y en coordinación con los ayuntamientos, los mecanismos necesarios para evitar la pernocta indiscriminada de autocaravanas y vehículos vivienda en la vía pública fuera de espacios específicamente habilitados o autorizados.

Además, recoge intensificar las labores de inspección y control sobre las áreas de autocaravanas y estacionamientos turísticos no regularizados, especialmente aquellos ubicados en suelo rústico de especial protección y en el litoral; y elaborar un mapa de zonas sensibles y de elevada presión turística donde puedan establecerse limitaciones específicas de estacionamiento y permanencia durante periodos de alta ocupación turística.

Asimismo, insta a impulsar una regulación equilibrada que garantice la convivencia entre el turismo itinerante y los establecimientos turísticos reglados y evitar situaciones de competencia desleal; así como revisar el Decreto para incorporar medidas específicas de protección ambiental, control de la pernocta masiva en vía pública y lucha contra las instalaciones ilegales vinculadas al turismo itinerante.

Para los regionalistas los problemas existentes con las autocaravanas en la comunidad “no han sido resueltos” por el Decreto, y han vaticinado que los futuros tampoco “los va a resolver”.

López Estrada (PRC): “La masificación es un peligro”

Así lo ha lamentado el diputado del PRC, Javier López Estrada, quien ha aseverado que desde su grupo se pretende que el tránsito y la pernocta de este tipo de vehículos se regule de manera “efectiva y eficiente”, ya que la “masificación” es un “peligro” para la comunidad autónoma, la sociedad y el sector turístico.

“Creemos que es necesario un paraguas de regulación que dé amparo a los 102 ayuntamientos”, como también que se regule “desde arriba” -por Turismo- esta situación, con el objetivo de eliminar “los daños” que “pueden generar y generan los aparcamientos indiscriminados de autocaravanas”.

Desde Vox, su portavoz Leticia Díaz ha argumentado que el voto a favor de su grupo se debe a “la necesidad urgente de poner orden, control y cordura en un sector que lleva años desbordado”, aunque ha reprochado a los regionalistas que “no movieran un solo dedo” para adelantarse a este problema. “¿Dónde han estado ustedes durante las últimas dos décadas; han gobernado esta región 16 años de 20?”.

E incluso a pesar de encontrar alguna “incongruencia” en el texto del PRC, ha dado su apoyo a la iniciativa ya que se trata de “combatir la ilegalidad, la saturación del espacio público y la desprotección del sector hostelero de Cantabria”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Mario Iglesias, ha afirmado que la “clave” en este tema es “la ordenación, la planificación y la gestión”, y ha apostado por una red autonómica de áreas equipadas “bien distribuidas por el territorio” de cara a canalizar los flujos del litoral hacia el interior. Así, se redistribuiría la presión turística y se generaría actividad económica en enclaves que hoy no se benefician del turismo.

Algo, que debe ser planificado por la Administración autonómica, “coordinando los instrumentos de ordenación del territorio”, como el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT). Finalmente, ha condicionado el voto favorable del PSOE a que la regulación y control “no lleguen antes que la infraestructura, sino que se hagan de forma paralela”.

Por último, desde la bancada 'popular', Alejandro Liz ha calificado esta moción de “innecesaria e improcedente”. De este modo, ha defendido el trabajo que está realizado la Dirección General de Turismo y ha asegurado que no es la competente para resolver los problemas que señala el PRC, como el de aparcamiento, ya que son fundamentalmente de los ayuntamientos e incluso de la Demarcación de Costas.

Después de dos cambios de fecha y dos protestas ciudadanas que han mostrado el rechazo de vecinos y vecinas por la medida, el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox, ha explicado este jueves cómo queda la que por ahora es la última versión de la nueva zona azul de la ciudad.

Las novedades, anticipadas en un comunicado en el día de ayer y explicadas en rueda de prensa hoy por el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras y Movilidad, Santiago López Pomeda, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, implican que el nuevo modelo de ORA entrará en vigor el 1 de junio y reducirá la ampliación de plazas de zona azul prevista de inicio.

Así, se suprimirán 310 de las 413 nuevas plazas de zona azul (el 80% de las que se iban a crear), las cuales volverán a ser libres y gratuitas. López Pomeda ha informado de que ya existían en la ciudad 828 estacionamientos de zona azul, por lo que la subida dejará el número en 931, frente a los 1.241 que estaban previstos de inicio y que provocaron una sonora protesta ciudadana.

En concreto, desaparecerá la regulación en el paseo doctor Fernández Iparraguirre, Cuesta del Matadero, calle Cardenal González de Mendoza, calle Hermanos Fernández Galiano, avenida del Ejército -en el tramo desde el túnel de Aguas Vivas hasta plaza de España-, el aparcamiento en superficie frente al estacionamiento disuasorio de Fernández Galiano -detrás de la estación de autobuses- y la calle Santander.

Sin embargo, el Ayuntamiento no ha realizado cambios en el aumento de plazas de zona verde (disuasorias) y zona roja (para residentes). Entre las tres zonas, la ampliación del estacionamiento regulado en Guadalajara baja de 1.190 a 880 nuevas plazas.

Y es aquí donde ha surgido la polémica política. El Ayuntamiento de Guadalajara ha defendido esta reducción presumiendo de una bajada del 80% de las plazas de zona azul, dato con el que, según ha denunciado el PSOE municipal, “tratan de engañar a la ciudadanía”, ya que “del número total de plazas ampliadas, cerca de 1.200, eliminan 310; alrededor de un 25%, y no un 80%”. Es por ello que el exalcalde y concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo, ha exigido este jueves la dimisión de la alcaldesa, la 'popular' Ana Guarinos.

El nuevo sistema mantendrá intacta la apuesta por las plazas para residentes

Por tanto, seguirán existiendo las zonas rojas, donde los no residentes podrán estacionar un máximo de dos horas y con una tarifa superior a la azul, aunque ahora el cobro será por minutos y no con tiempos mínimos obligatorios. También se conservarán las zonas verdes como es el aparcamiento disuasorio de Hermanos Fernández Galiano, cuyo coste seguirá siendo de dos euros al día en laborables y un euro los sábados, permaneciendo gratuito en domingos y festivos.

Además, el Ayuntamiento mantendrá las bonificaciones y ventajas para vehículos eléctricos y de cero emisiones, mientras que las personas con movilidad reducida continuarán sin pagar en las zonas reguladas.

Pomeda ha detallado igualmente que los cambios no supondrán ninguna sanción económica para el Ayuntamiento, ya que el contrato, adjudicado por diez años, contempla la posibilidad de introducir modificaciones.

En cuanto al repintado y adaptación de las plazas correrá a cargo de la empresa adjudicataria, que dispondrá ahora de cinco días para presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva del acuerdo. Respecto a los parquímetros instalados en zonas donde ahora se elimina la zona azul, algunos serán retirados y otros permanecerán operativos al funcionar también como puntos de recarga de la Tarjeta XGuada.

Según ha precisado el concejal de Movilidad, si alguna zona no estuviera adaptada completamente el 1 de junio, no se cobrará por estacionar en ella hasta que quede correctamente señalizada y se informe de ello a los usuarios.

El exalcalde y concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo, ha exigido este jueves la dimisión de la alcaldesa, la 'popular' Ana Guarinos, por “tratar de engañar a la ciudadanía” con el anuncio de la eliminación del 80% de las nuevas plazas de zona azul previstas en el contrato de estacionamiento regulado.

En una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado de varios concejales más de su grupo para hablar de la rebaja de la ampliación de la zona azul anunciada este mismo miércoles por el Ayuntamiento, Rojo ha acusado al Ejecutivo municipal de “manipular los datos” y de utilizar “una nota de prensa infame, sin dar la cara y llena de mentiras” para justificar la rectificación parcial del nuevo modelo.

“Guarinos no puede permanecer ni un minuto más al frente de este ayuntamiento”, ha afirmado el dirigente socialista, quien ha pedido su “dimisión inmediata por el bien de la ciudad y por recuperar la calidad democrática”.

Acusa a la alcaldesa de “manipular datos”

Rojo ha cuestionado las cifras ofrecidas por el Ayuntamiento, gobernado en coalición por PP y Vox, respecto a la reducción de plazas de pago y ha defendido que la supresión anunciada no alcanza el 80% del total ampliado.

“Del número total de plazas ampliadas, cerca de 1.200, eliminan 310; alrededor de un 25%, y no un 80%, y eso es manipular los datos para engañar a la ciudadanía”, ha señalado, si bien desde el Ayuntamiento se habla de este porcentaje con respecto a la zona azul.

Asimismo, el exalcalde ha rechazado que la modificación del contrato esté motivada por la anulación judicial de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tal y como sostiene el Gobierno municipal.

Según ha recordado, el propio Ayuntamiento anunció en marzo una moratoria de la ZBE hasta 2028 y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló la ordenanza.

“¿Por qué entonces se decide empezar a pintar toda la ciudad de plazas de zona azul cuando ya había una sentencia?”, se ha preguntado Rojo, quien considera que el Ejecutivo local “tenía margen suficiente” para paralizar la ampliación del estacionamiento regulado.

Asegura que la rectificación llega por la presión ciudadana

A juicio del portavoz socialista, la rectificación anunciada por el Ayuntamiento responde realmente a “la presión de la ciudadanía y también a la del Grupo Municipal Socialista”, tras las críticas vecinales generadas por la ampliación de las plazas de pago y los sucesivos aplazamientos de su entrada en vigor.

“Hasta tres aplazamientos hemos visto, sembrando el caos en la ciudadanía, creando confusión, malestar y hartazgo”, ha manifestado.

En relación con la ZBE, Rojo ha defendido que se trataba de una obligación legal para las ciudades de más de 50.000 habitantes y ha asegurado que el anterior Ejecutivo municipal trabajó para implantar “la ZBE más permisiva de España” y convertirla en “una oportunidad para el casco” gracias a la captación de fondos europeos.

El dirigente socialista ha mostrado además su apoyo al nuevo planteamiento anunciado por el Gobierno municipal para redactar una futura ordenanza vinculada únicamente a episodios de alta contaminación.

“Nos parece bien y lo vamos a apoyar”, ha afirmado, añadiendo que mantendría ese modelo “cuando vuelva a ser alcalde”.

Rojo ha concluido insistiendo en que la alcaldesa “debe dimitir de manera urgente”, pedir disculpas y ofrecer “explicaciones públicas” a los vecinos “porque las merecen y tienen derecho a recibirlas”.

Nuevo giro del Gobierno de Ana Guarinos en el Ayuntamiento de Guadalajara. Desde que el pasado 30 de abril se anunciase un cambio en la ordenanza para regular el aparcamiento en la ciudad, ampliando las zonas de pago, y tras dos protestas ciudadanas con concentraciones a las puertas del consistorio, la alcaldesa del PP ha optado por cambiar sus planes.

Este miércoles, el Ayuntamiento de Guadalajara ha anunciado que plantea eliminar el 80% de las nuevas plazas de zona azul en la ciudad. En un comunicado, se informa de que este jueves se elevará a la Junta de Gobierno Local la modificación del sistema de aparcamiento regulado y controlado en la ciudad, la ORA, para eliminar una buena parte de las nuevas plazas de zona azul previstas, pero respetando la ampliación de la zona destinada a los residentes, la zona roja.

Lo justifican en la anulación de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que no se ajustaba a la legalidad, aunque en los últimos días el malestar ciudadano por el nuevo sistema era más que evidente. Centenares de personas salían a las calles para protestar.

En un primer momento, la alcaldesa, Ana Guarinos, abría la puerta a una modificación o un aplazamiento de estas medidas, que tendrían que haber entrado en vigor, primero el 1 de mayo, después fueron pospuestas al 18 de mayo y la última fecha prevista era el 1 de junio.

Hoy, la última decisión que toma el equipo de Gobierno para suprimir hasta el 80% de las nuevas plazas de zona azul se justifica, aunque no en el malestar de la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento señalan que “el origen de la modificación del estacionamiento regulado y controlado es consecuencia fundamentalmente de la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) en Guadalajara, diseñada e impulsada por el gobierno anterior”, aunque lo cierto es que el contrato de la empresa que gestiona la ORA lleva años caducado, y sometido a continuas prórrogas.

Explican que “de las actuales cerca de 80.000 plazas de aparcamiento existentes en la ciudad, tan solo un 2,75% son reguladas, siendo una de las grandes ciudades con menor número de plazas de estacionamiento regulado y controlado, ya que la práctica totalidad son libres y gratuitas”.

También desmienten que se hayan intentado crear 1.500 nuevas plazas de zona azul: “Actualmente, hay 828 y la nueva regulación incluía tan solo 400 más en el entorno de las proximidades de la ZBE, de las que cerca del 80% van a ser eliminadas”.

Este jueves tres de los cuatro grupos municipales representados en el Ayuntamiento, tanto PP, como PSOE y AIKE, han convocado a los medios de comunicación. El PSOE en concreto para hablar de “las mentiras y las cifras manipuladas por parte de Guarinos sobre la zona azul”.

El Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox, aprobará este mismo viernes una segunda moratoria para la ampliación del estacionamiento regulado zona azul en el centro de la ciudad. Afirma la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, que así lo ha solicitado la empresa adjudicataria con el objetivo de completar las actuaciones previstas y adaptar el servicio a las modificaciones derivadas de las recientes resoluciones judiciales sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La alcaldesa ha realizado estas declaraciones despues de las recientes movilizaciones y protestas convocadas de manera espontánea contra la ampliación de la ORA en distintos puntos de la capital, si bien no ha hecho mención a las mismas.

Según ha explicado la regidora, la empresa concesionaria registró este jueves una solicitud formal para ampliar hasta el 1 de junio la moratoria actualmente vigente al no haber podido completar “todas las actuaciones que tenía que hacer”.

Guarinos ha detallado que esta petición responde, por un lado, a las condiciones meteorológicas de las últimas semanas y, por otro, a las consecuencias derivadas de dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declararon nula la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones y que obligan ahora a introducir cambios también en el sistema de estacionamiento regulado.

La Junta de Gobierno local aprobará la prórroga

La medida va a ser abordada este viernes en una Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente y ha mostrado su convencimiento de que la nueva prórroga será aprobada.

Después, preguntada por las críticas y movilizaciones surgidas en torno a la ampliación de la ORA, Guarinos ha evitado avanzar posibles cambios concretos en el modelo y ha defendido que el equipo de Gobierno continúa “escuchando a todo el mundo”.

“Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar y en el momento en que las tengamos que tomar”, ha señalado la alcaldesa, quien ha insistido en que existen opiniones contrapuestas entre vecinos y usuarios sobre la implantación de nuevas zonas reguladas.

En este sentido, ha defendido que el Ayuntamiento trata de “hacer compatible el aparcamiento absolutamente para todo el mundo” y ha subrayado que la “inmensa mayoría” de las plazas de estacionamiento de la ciudad siguen siendo gratuitas. Ha señalado además que el Consistorio ha habilitado nuevas plazas de zona blanca en distintos puntos de la ciudad, entre ellas 53 nuevas plazas en la calle Dos de Mayo, además de otras áreas próximas al cementerio municipal, la estación de autobuses o el futuro campus universitario.

Es mínima la repercusión y máximo el beneficio que esto produce a los residentes de la ciudad

Ha justificado igualmente la implantación de nuevas zonas de estacionamiento regulado y áreas reservadas para residentes por los problemas de aparcamiento existentes en algunos barrios y zonas tensionadas de la capital. “Hay residentes que no podían aparcar nunca”, ha afirmado la alcaldesa, quien ha defendido que la regulación pretende proteger especialmente a quienes viven en esos entornos y disuadir del estacionamiento prolongado de no residentes.

Sobre la denominada 'zona roja', la regidora ha apuntado que busca garantizar prioritariamente el estacionamiento de residentes y encarecer el uso para quienes no viven en la zona, con el objetivo de que tenga un efecto disuasorio. “Es mínima la repercusión y máximo el beneficio que esto produce a los residentes de la ciudad”, ha dicho.

Durante su intervención, Guarinos ha comparado además el coste del estacionamiento regulado con el precio del aparcamiento del Hospital Universitario para defender que el sistema municipal mantiene tarifas reducidas y alternativas gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

“Nosotros nos caracterizamos por escuchar y actuar en consecuencia”, ha concluido la alcaldesa, quien ha insistido en que esta nueva moratoria hasta el 1 de junio permitirá al Ayuntamiento seguir analizando la situación y recabando opiniones antes de adoptar futuras decisiones.

El PSOE insiste en dar marcha atrás a la ordenanza

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lucía de Luz, ha vuelto hoy a exigir a la alcaldesa, Ana Guarinos, “que deje de plegarse a los intereses de las empresas, como lleva haciendo toda la legislatura, y escuche a la calle, a los vecinos y vecinas, que les están diciendo alto y claro que no quieren esta barbaridad de ampliación de zona azul”.

“Guarinos tiene que revertir esta medida, tiene que dar marcha atrás y paralizar esta implantación. No queremos moratorias, queremos que la paralice. Está desatando el caos y sembrando la confusión entre los vecinos y vecinas”.

El partido de la oposición sostiene que Guarinos se “ha escudado hoy en la moratoria que ha pedido la empresa concesionaria para retrasar la entrada en vigor de esta ampliación de plazas de pago al 1 de junio, porque, según ha explicado la empresa, no les ha dado tiempo a terminar de pintar todas las plazas como consecuencia de la lluvia”.

La portavoz socialista ha calificado de “indecente” que la alcaldesa “sea incapaz de escuchar a las cientos de personas que se están concentrando cada jueves, y que le están diciendo, alto y claro que no quieren esta barbaridad de ampliación de zona azul, con más de 1.200 plazas más de pago absolutamente injustificadas”.

“No queremos moratorias, queremos que suspenda esta ampliación, de una vez, que revierta esta medida por injusta, que rectifique y escuche a la calle”, ha insistido la portavoz socialista, que ha recordado que su grupo lleva desde julio de 2024, cuando Guarinos inicia este impopular proceso, “criticando esta medida, exigiendo a este gobierno de PP con la ultraderecha de Vox que dé marcha atrás, presentando una enmienda a la totalidad, y enmiendas parciales, haciéndole ver que se estaba equivocando, y siempre con la negativa por delante”.

Tras criticar que la alcaldesa “gobierna a golpe de improvisación”, pues ha dado tres plazos para la entrada en vigor de estas plazas,-- “primero el 1 de mayo; luego el 18 y ahora el 1 de junio”, la edil socialista ha asegurado que “está generando una confusión y una incertidumbre entre los vecinos y vecinas completamente indecente”.

El pasado 8 de mayo decenas de ciudadanos se concentraron a las puertas de la plaza del Ayuntamiento de Guadalajara como muestra de protesta por la decisión del equipo de Gobierno de PP y Vox de duplicar las plazas de aparcamiento de la zona azul de la ciudad.

Este jueves la movilización, que la pasada semana se convocó mediante carteles distribuidos por todo el casco antiguo, a través del boca a boca y vía redes sociales, ha vuelto a repetirse.

Más de medio millar de personas se han acercado hasta el lugar por la misma razón y a pesar de que ayer mismo la alcaldesa Ana Guarinos abrió la puerta a a aplazar o modificar la nueva Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) que acaba de aprobar su gobierno.

Si nada cambia entrará en vigor el próximo lunes 18 de mayo por un periodo de 10 años.

El nuevo sistema plantea la creación de un total de 1.190 nuevas plazas de estacionamiento regulado, lo que duplica la cifra actual, por lo que se llegará a un total de 2.293 plazas controladas. Respecto a la distribución, en la zona azul la cifra será de unas 1.297 plazas, unas 500 más sobre la que aún rige.

En la zona roja habrá unas 640 plazas, creándose unas 200 más pensando en los residentes, aunque también podrán ser utilizadas por no residentes pagando algo más que en la azul y, con respecto a la zona verde o disuasoria, desde el día 18 de mayo habrá unas 360 plazas, inexistentes hasta ahora, donde se pagará 2 euros por todo el día, en el horario marcado para la ORA.

Sucesivas prórrogas en el contrato

De esta ordenanza se lleva hablando desde 2024, en la actual legislatura, aunque la cuestión lleva siendo polémica desde hace años y el cambio se había aplazado en varias ocasiones. El contrato anterior de la ORA en Guadalajara, gestionada por Dornier, finalizó oficialmente en octubre de 2023, tras una prórroga de tres años sobre el periodo anterior previsto que también era de diez año.

Desde entonces, el servicio se prestó bajo una prórroga forzosa provisional mientras se gestionaba la nueva concesión que ha vuelto a recaer en Dornier. 

Se implantaría una tarifa única en la zona azul de 0,65 euros por hora en toda la ciudad, lo que supone una rebaja real para los usuarios que aparquen en el centro urbano, si se compara con lo previsto en la zona de bajas emisiones (ZBE), que acaba de ser tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Guadalajara y que ha propiciado que la ORA cambie.

El dinero que habrá que desembolsar en la zona azul varía según los tiempos de estacionamiento. Por el mínimo, 18 minutos, se pagarán 0,20 euros, por una hora 0,65 euros, por dos horas, 1,30 euros, por tres horas 1,95 euros y el máximo será de cuatro horas con un coste de 2,60 euros.

La zona roja destinada a residentes, de forma preferente, permite estacionar también al resto de usuarios, pero con un límite de dos horas y una tarija superior a la de la zona azul. La tarjeta anual de residente mantiene su precio de 32 euros al año.

El Ayuntamiento de Santander ha ordenado este miércoles el cierre inmediato y completo del aparcamiento subterráneo de Pombo, en el centro de la ciudad, tras el informe técnico presentado por la concesionaria Empark, que ha detectado nuevas grietas y va a revisar toda la infraestructura, superficie y forjado del aparcamiento, construido en 1988 durante la transformación y peatonalización del entorno de la Plaza de Pombo.

Según el resumen de las evaluaciones que ha compartido el Ayuntamiento en nota de prensa, la patología detectada afecta a los elementos estructurales originales de la instalación.

En enero, Empark detectó las primeras grietas y el Ayuntamiento, en febrero, procedió a vallar parcialmente el parking e inhabilitar 20 plazas de aparcamiento. Mientras tanto, la concesionaria inició una revisión. Ahora, los estudios en la estructura han revelado que las afecciones “inicialmente localizadas en la zona central aparecen también en más puntos del aparcamiento de los previstos en un primer momento”.

Según el informe, las patologías estructurales presentan “una mayor extensión”, “por lo que resulta necesario ampliar el análisis a la totalidad de la instalación”, ha informado en nota de prensa el concejal de Fomento, Agustín Navarro.

El aparcamiento está dividido en tres secciones y hasta ahora las actuaciones se habían centrado en la parte central. Tras la revisión, los técnicos consideran “imprescindible” vaciar completamente el parking y disponer de toda la superficie diáfana. Por esta razón, el Ayuntamiento va a notificar este miércoles también a los propietarios y residentes usuarios del aparcamiento para que retiren sus vehículos.

En este tiempo, según la nota de prensa municipal, se han llevado a cabo inspecciones periódicas y estudios estructurales especializados, controles de seguimiento de la evolución de las grietas mediante testigos y mediciones, trabajos de saneado y retirada de hormigón deteriorado, así como labores de consolidación y refuerzo.

Cuando falta menos de una semana para que llegue la fecha prevista para la entrada en vigor de la nueva ampliación de la zona de estacionamiento regulado -ORA- de Guadalajara, prevista para el próximo lunes 18 de mayo, la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, ha abierto la puerta a un posible aplazamiento o modificación de esta medida.

“De aquí al lunes pueden pasar muchas cosas. Podría haber un nuevo aplazamiento o podríamos tomar otro tipo de decisiones”, ha afirmado Guarinos este miércoles, a preguntas de los medios, dada las protestas de vecinos y vecinas, materializada en una concentración la semana pasada y en las dos que hay previstas también en las próximas jornadas. La regidora ha insistido en que el Gobierno municipal mantiene contactos con comunidades vecinales y residentes y que actuará “pensando en lo mejor para los guadalajareños”.

De materializarse estas palabras, sería la segunda vez que el equipo de Gobierno de la ciudad de PP y Vox retrasan la nueva ORA de Guadalajara, que estaba prevista para entrar en funcionamiento el pasado viernes 1 de mayo y que ha recibido numerosas críticas entre vecinos y vecinas desde su anuncio, que han calificado este nuevo sistema de aparcamiento como “despropósito”.

El nuevo sistema plantea la creación de un total de 1.190 nuevas plazas de estacionamiento regulado, lo que duplica la cifra actual, por lo que se llegará a un total de 2.293 plazas controladas. Respecto a la distribución, en la zona azul la cifra será de unas 1.297 plazas, unas 500 más sobre la que aún rige; en la zona roja habrá unas 640 plazas, creándose unas 200 más pensando en los residentes, aunque estas podrán ser utilizadas por no residentes pagando algo más que en la azul y, con respecto a la zona verde o disuasoria, desde el día 18 habrá unas 360 plazas, inexistentes hasta ahora, donde se pagará 2 euros por todo el día, en el horario marcado para la ORA.

Dada la polémica, Guarinos no ha dudado en desviar las culpas y achacar la ampliación de la zona ORA a las obligaciones derivadas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que la Ley de Cambio Climático establece a los municipios de más de 50.000 habitantes, sin aclarar más detalles en ese sentido. Una ZBE que fue anulada por el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha que, en su resolución, apuntó defectos en la ordenanza reguladora de PP y Vox, que resultó ser “contraria a ley”.

El PSOE pide que “suspenda ya” la implantación

Tras las palabras de Guarinos, el Grupo Municipal Socialista de Guadalajara ha exigido a la alcaldesa “que suspenda de inmediato, y sin fecha, la implantación de la zona azul con 1.200 plazas de pago más en nuestra ciudad”, y se ponga a trabajar ya en revertir esta medida.

“Desde el Grupo Municipal Socialista pedimos a Guarinos que pare ya este desastre, que es cien por cien suyo, y es quien tiene que solucionarlo; y que suspenda de manera urgente y, sine die, la entrada en vigor de la implantación de más plazas de pago en nuestra ciudad, una medida que es incomprensible, y que nadie quiere”.

Guarinos, ha dicho De Luz, “tiene que dar marcha atrás, y rectificar, tiene que escuchar a la calle, que ya ha dejado claro su malestar por esta medida, porque lo menos importante ahora es el ridículo que han hecho ya con media ciudad pintada, ya que la gente prefiere su ridículo a otra patada a su bolsillo”, ha indicado.

Un día después de que vecinos y vecinas de Guadalajara salieran a la calle para rechazar la ampliación de la ORA, la zona azul de aparcamiento, el ayuntamiento de la ciudad, gobernado por PP y Vox, ha vuelto a defender esta medida que entrará en vigor el próximo 18 de mayo.

Ha sido el concejal de Comercio y Turismo y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Morejón, quien, a preguntas de los medios, ha justificado la ampliación de plazas de aparcamiento reguladas porque las zonas ORA no se actualizaban “desde hace más de diez años” y ha defendido que la ciudad ha experimentado importantes cambios tanto en población como en número de vehículos.

Es el mismo edil que hace unos días protagonizó una sonada polémica al asegurar, en una publicación en las redes sociales que “se pasaba la zona de bajas emisiones con lo que rima con emisiones”.

El concejal ultra no solo ha defendido la decisión, sino que asegura que se trata de una medida “nueva” que todavía no se ha puesto plenamente en práctica, por lo que su evaluación resulta “complicada” en estos momentos. “Lo que toca ahora mismo es evaluar todo, estudiarlo bien a fondo e intentar que se perjudiquen los vecinos lo menos posible”, ha afirmado.

Morejón ha tratado de quitar hierro a la ampliación de la zona azul y ha insistido en que este tipo de medidas “no pueden ser estáticas”. Como ya hicieran sus compañeros de gobierno del PP ha apostado por realizar ajustes “sobre la marcha” en función de los problemas que puedan detectarse durante su implantación. Después ha reconocido que toda medida que afecta “al bolsillo” genera preocupación entre la ciudadanía y ha admitido que “todo lo nuevo asusta”.

El PSOE pide “escuchar a la calle”

Sobre la concentración del día de ayer también se ha pronunciado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, que en un comunicado ha vuelto a pedir a la alcaldesa, Ana Guarinos, que “escuche a la calle”.

Reclama que opte por “paralizar la desorbitada ampliación” de las plazas de aparcamiento dentro de la zona azul de la ciudad.

“La ciudadanía está cansada de estar sufriendo una legislatura de mentiras, de promesas incumplidas, de subidas de impuestos y de verse afectados por unos servicios públicos que cada vez están peor”, asegura De Luz.

El doble de plazas reguladas

El nuevo sistema creará un total de 1.190 nuevas plazas de estacionamiento regulado, lo que duplica la cifra actual, por lo que se llegará a un total de 2.293 plazas controladas.

Respecto a la distribución, en la zona azul la cifra será de unas 1.297 plazas, unas 500 más sobre la que aún rige; en la zona roja habrá unas 640 plazas, creándose unas 200 más pensando en los residentes, aunque estas podrán ser utilizadas por no residentes pagando algo más que en la azul y, con respecto a la zona verde o disuasoria, desde el día 18 habrá unas 360 plazas, inexistentes hasta ahora, donde se pagará 2 euros por todo el día, en el horario marcado para la ORA.

La dimensión de esta ampliación fue calificada como “despropósito” por los vecinos y vecinas de las calles del centro de la ciudad.