El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel cuenta actualmente con 1.400 hectáreas encharcadas sobre una capacidad máxima de 1.750 hectáreas, por lo que se encuentran al 80% de su capacidad.

Así lo ha señalado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, que ha visitado este Parque Nacional para conocer el estado de las obras del Centro de Visitantes, que se convertirá en un museo.

“Están a un gran nivel, aunque todavía el nivel del subsuelo está muy pobre”, explicaba el delegado, alertando de los peligros que conlleva para el medio ambiente la sequía, el cambio climático o la sobreexplotación del agua, por lo que ha animado a cuidar la naturaleza y el entorno rural y a “estar atentos de esta problemática”.

“Ojalá consigamos que en algún momento el subsuelo de Las Tablas se pueda ir rellenando y en el futuro tener garantizado el agua”, ha añadido.

75.000 visitantes al año

Con respecto a las obras del Centro de Visitantes, que se convertirá en un museo mediante una inversión de 1.327.000 euros, Sabrido ha explicado que permitirán una mejor interpretación del Parque Nacional desde una perspectiva científica y sensorial, concienciar sobre la conservación del agua y la biodiversidad y conectar al visitante con el territorio manchego.

Al hilo de esto, el delegado del Gobierno ha destacado la importancia del agua como “valor esencial” y “requisito imprescindible para la vida”, a la vez que alertaba sobre la necesidad de que haya unanimidad para “cuidarla y mantenerla”.

Además, las inversiones del Gobierno de España en Las Tablas de Daimiel también contemplan la construcción de un centro de cría de aves acuáticas amenazadas, por un valor de 557.535,58 euros. Esto permitirá incorporar nuevas especies a programas de conservación, como la focha moruna, la cerceta pardilla, la malvasía cabeciblanca o el porrón pardo.

En total, la inversión del Gobierno de España en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel supera los 2,4 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation. Con todo ello, el objetivo es poder aumentar el flujo de visitantes que atrae el Parque Nacional, que actualmente se encuentra en torno a los 75.000 anuales y se pretende que se puedan alcanzar los 100.000.

Los ayuntamientos de los municipios malagueños de Alameda, Humilladero, Fuente de Piedra y Mollina han publicado un comunicado en el que afirman que “a pesar de las abundantes lluvias registradas la situación de los acuíferos continúa siendo preocupante” por lo que han anunciado que restringirán el uso de agua.

Los cuatro ayuntamientos, en dicho bando conjunto publicado en sus respectivas redes sociales, han señalado que tras varios años consecutivos de “grave sequía y escasas precipitaciones”, las reservas subterráneas de agua no se han recuperado lo suficiente y piden responsabilidad y colaboración a la ciudadanía frente a esta “situación crítica”.

“Garantizar el suministro”

En el comunicado, los cuatro consistorios también han informado de la decisión de adoptar una serie de restricciones con el objetivo de “garantizar el suministro en los próximos meses”. En primer lugar, no se permite el uso del agua de la red de abastecimiento para el riego de huertos y jardines. Además, no estará autorizado utilizar agua de la red de abastecimiento para la limpieza de fachadas, aceras o para el lavado de vehículos particulares.

Asimismo, esta situación también afectará al llenado de piscinas privadas, que no podrán abastecerse con agua procedente de la red municipal. Estas tres medidas tienen carácter preventivo aunque no se descarta la adopción de restricciones adicionales si la evolución de los recursos hídricos “lo hiciera necesario”.

En el comunicado, Siro Pachón, alcalde de Fuente de Piedra, subraya que “tenemos que actuar con responsabilidad para evitar problemas mayores en verano”. Por su parte, Eugenio Sevillano, alcalde de Mollina añade que “es importante concienciar a todos los vecinos sobre el ahorro de agua”, mientras que José García, alcalde de Alameda: adelante que “la situación sigue siendo preocupante y debemos colaborar entre todos”. Por último, Auxiliadora Gámez, alcaldesa de Humilladero expresa que “Seguiremos trabajando para buscar soluciones y garantizar el abastecimiento”.

El poder de una ruta antigua también se medía por los nombres que lograban cruzarla. La Ruta de la Seda reunió a viajeros, gobernantes y conquistadores que usaron sus caminos para comerciar, mandar, negociar o imponer su fuerza sobre territorios separados por miles de kilómetros. Marco Polo suele ocupar el lugar más conocido porque sus relatos llevaron a Europa una imagen duradera de Asia, aunque su figura no explica por sí sola el funcionamiento de aquella red.

Kublai Kan representa el poder mongol que protegió tramos extensos y facilitó el movimiento de mercancías durante los siglos XIII y XIV. Timur, en cambio, aparece ligado a las hostilidades que alteraron el comercio con China a comienzos del siglo XV. También cuentan los emperadores chinos, los dirigentes de los estados oasis y los comerciantes anónimos que mantenían abiertas las paradas. La relevancia de esos personajes nace de una misma realidad: la Ruta de la Seda dependía de decisiones humanas, pero también de condiciones que ningún gobernante podía controlar por completo.

Un estudio sitúa la gran caída en el Tarim

Un estudio publicado en Journal of Archaeological Method and Theory plantea que la gran caída del comercio terrestre coincidió con una sequía extrema en la cuenca del Tarim, en el noroeste de China. El trabajo, liderado por Kangkang Li, investigador de la Universidad de Wuhan y la Academia de Ciencias de China, se apoya en 164 dataciones de restos vegetales y 254 registros de crecimiento de chopos vivos. La investigación sitúa el periodo crítico entre 1500 y 1650 d.C., cuando los ríos del desierto de Taklamakán redujeron mucho su caudal y los corredores de oasis perdieron capacidad para mantener el intercambio.

El estudio también intenta explicar por qué la cuenca del Tarim ofrece tan pocos yacimientos fechados entre 1400 y 1650 d.C., pese al aumento de las investigaciones arqueológicas en la zona durante las últimas décadas. Algunos historiadores habían atribuido ese vacío a yacimientos posteriores superpuestos a los anteriores o a errores en dataciones basadas en cerámica y monedas. Los autores proponen otra lectura y escriben que se habían pasado por alto “los aspectos ambientales de la gran desaceleración del intercambio en la Ruta de la Seda”.

Esa explicación cambia el sentido del vacío arqueológico, porque la ausencia de restos puede apuntar a una salida de población o a una mortalidad elevada cuando los ríos dejaron de alimentar los oasis. El artículo añade que “una alta frecuencia de conflictos entre los estados oasis podría haber reducido su resiliencia para mantener el comercio de larga distancia”.

Los registros mostraron décadas con caudales muy bajos

Li y su equipo recorrieron durante diez años, de 2014 a 2024, antiguos cauces de la cuenca del Tarim hasta la zona terminal del lago Lop Nur, ya extinto. Los investigadores recogieron madera, corteza y cañas en el lugar donde habían crecido, y después aplicaron datación por carbono-14 para calcular la edad de esos restos orgánicos. La investigación añadió la edad de reclutamiento de 254 chopos vivos junto a ríos actuales, un dato que permite saber cuándo empezó a crecer un árbol en una orilla.

Cuando muchos ejemplares nacen en la misma época, el río tuvo agua suficiente durante un periodo prolongado. Con esas muestras y modelos estadísticos bayesianos, el equipo reconstruyó los cambios de caudal durante el último milenio en una región donde las lluvias anuales rondan los 20 milímetros y la evaporación supera los 3.000.

Los datos del Tarim se compararon con otros registros de agua en Asia Central y el noroeste de China. En las montañas Tianshan, al norte de la cuenca, los anillos de los árboles señalan un clima seco entre 1550 y 1700 d.C., además de caudales bajos en 1500-1560 y 1625-1690. El corredor de Hexi, otro tramo chino de la Ruta de la Seda, registró menos precipitaciones entre 1420-1520 y 1600-1720.

El lago Jili, al norte de Xinjiang, y el mar de Aral también redujeron sus niveles alrededor de 1500 d.C. Los autores resumen esa lectura al afirmar que el noroeste de China entró desde principios del siglo XVI en una fase de caudal muy bajo.

El nuevo estudio añade el papel de los ríos

Las explicaciones anteriores sobre el declive de la Ruta de la Seda habían señalado la fragmentación política posterior al Imperio Mongol, las hostilidades entre Timur y China a principios del siglo XV y el auge de las rutas marítimas. También se menciona las conquistas mongolas del siglo XIII, que despoblaron ciudades y dañaron sistemas de riego, además del aumento del pastoreo nómada frente a la agricultura irrigada a pequeña escala.

El nuevo estudio no borra esas causas, pero añade que los centros de los desiertos de las tierras bajas necesitaban canales fluviales conectados a escala local. Cuando bajó el agua disponible, crecieron los costes comerciales y la competencia por los recursos. Los autores escriben que “nuestra investigación demuestra la perogrullada de que la seguridad hídrica es fundamental para la conectividad social en Asia Central”.

Los datos históricos también ayudan a entender cómo cambió la vida en la cuenca del Tarim durante siglos. La reconstrucción hidrológica sitúa un caudal alto entre 1060 y 1500 d.C., con una caída breve alrededor de 1200 d.C. Esa etapa coincide con el auge del Imperio Mongol en los siglos XIII y XIV, cuando Marco Polo habría cruzado la cuenca hacia 1273 d.C. Los oasis estaban conectados y las rutas terrestres podían abastecer caravanas, animales, ciudades y cultivos.

Después, entre 1500 y 1650 d.C., el gráfico cae con fuerza, los árboles dejan de crecer en esas orillas y los canales pierden agua. El caudal volvió a recuperarse entre 1650 y 1900 d.C., aunque el comercio mundial ya se había desplazado hacia el mar y las grandes caravanas transasiáticas habían perdido el terreno que las había mantenido vivas.

El artículo habla de las tierras secas

El capítulo final del artículo mira hacia las tierras secas actuales, que ocupan el 41% de la superficie terrestre y albergan al 40% de la población mundial. El cambio climático acelerado y el aumento demográfico someten a presión a grandes ríos de esas zonas, sobre todo allí donde el caudal depende de glaciares y nieve.

Los autores citan avulsiones, deterioro de la calidad del agua y cortes aguas abajo como riesgos capaces de desestabilizar regiones enteras. También advierten que la restauración ecológica sigue siendo urgente para equilibrar el agua disponible en toda la cuenca, elevar la resiliencia local y reducir la desigualdad económica en Asia Central. El ejemplo más duro es el mar de Aral, que fue el cuarto lago más grande del mundo y se ha reducido un 90% desde la década de 1960 por el desvío de ríos para riego.

El sector agroalimentario atraviesa un momento decisivo marcado por tres grandes desafíos que condicionan su presente y su futuro: la gestión del agua, la sostenibilidad de la producción y el control de la sanidad vegetal. Tres factores interconectados que, bajo la presión del cambio climático, la volatilidad de los mercados y las nuevas exigencias regulatorias, están redefiniendo la forma de producir alimentos en España y en el conjunto de Europa.

La escasez de agua se ha consolidado como la principal preocupación del campo. Las sequías recurrentes, cada vez más intensas y prolongadas, están reduciendo la disponibilidad de recursos hídricos en muchas zonas agrícolas, especialmente en regiones mediterráneas. A esta situación se suma la competencia entre usos —agrícola, urbano y ambiental—, lo que obliga a los agricultores a optimizar cada gota disponible.

Tecnologías como el riego de precisión, la monitorización de suelos o la reutilización de aguas regeneradas empiezan a abrirse paso, aunque no siempre al ritmo que exige la urgencia climática ni con el apoyo inversor necesario. En muchas explotaciones, la incertidumbre hídrica ya condiciona decisiones estructurales: desde la elección de cultivos hasta el abandono de superficies menos rentables.

El debate sobre cómo repartir el agua disponible se ha intensificado en los últimos años, reflejando la creciente tensión entre sostenibilidad ambiental y viabilidad económica del sector agrario

Además, la gestión del agua no es solo una cuestión de cantidad, sino también de gobernanza. La modernización de infraestructuras, la digitalización de redes de riego y la planificación hidrológica a largo plazo son elementos clave para garantizar un uso eficiente y equitativo del recurso. Sin embargo, el debate sobre cómo repartir el agua disponible se ha intensificado en los últimos años, reflejando la creciente tensión entre sostenibilidad ambiental y viabilidad económica del sector agrario.

La sociedad en su conjunto muestra una preocupación creciente por el uso sostenible del agua, lo que convierte este aspecto en un elemento clave de competitividad, transparencia y responsabilidad para todo el sector.

En paralelo, la producción agrícola se enfrenta al desafío de mantenerse rentable en un entorno cada vez más incierto. El aumento de los costes de insumos —energía, fertilizantes, fitosanitarios o mano de obra— estrecha los márgenes de los productores, mientras que la volatilidad de los precios en origen dificulta la planificación a medio y largo plazo. Muchos agricultores se ven obligados a producir con mayor eficiencia sin garantías de obtener mejores ingresos, lo que incrementa la vulnerabilidad económica de las explotaciones.

Fenómenos extremos como olas de calor, heladas tardías o lluvias torrenciales están alterando los calendarios agrícolas tradicionales y reduciendo la previsibilidad de las cosechas

A este escenario se suma el impacto directo del cambio climático sobre los cultivos. Fenómenos extremos como olas de calor, heladas tardías o lluvias torrenciales están alterando los calendarios agrícolas tradicionales y reduciendo la previsibilidad de las cosechas. Esta inestabilidad obliga a adaptar variedades, modificar técnicas de cultivo e incorporar nuevas herramientas de gestión del riesgo, como seguros agrarios más sofisticados o sistemas de alerta temprana.

La innovación y la digitalización emergen como pilares fundamentales para afrontar estos desafíos. La agricultura de precisión, el uso de sensores, la inteligencia artificial o la mecanización avanzada permiten optimizar recursos, reducir costes y mejorar rendimientos. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías sigue siendo desigual, especialmente entre pequeñas y medianas explotaciones, que encuentran barreras en la inversión inicial o en la falta de formación técnica.

En un entorno tan competitivo, contar con información sólida y anticipada se convierte en un elemento estratégico para toda la cadena de valor.

Cultivos estratégicos se ven cada vez más expuestos a organismos nocivos que antes no estaban presentes o que tenían una incidencia limitada.

El tercer gran frente es la sanidad vegetal, un ámbito que ha ganado protagonismo en los últimos años. La proliferación de plagas y enfermedades, favorecida por el aumento de temperaturas y la intensificación del comercio internacional, representa una amenaza creciente para la estabilidad de las producciones. Cultivos estratégicos se ven cada vez más expuestos a organismos nocivos que antes no estaban presentes o que tenían una incidencia limitada.

Al mismo tiempo, el endurecimiento de la normativa europea sobre productos fitosanitarios ha reducido el número de sustancias activas disponibles para combatir estas amenazas. Este contexto obliga a avanzar hacia modelos de gestión integrada de plagas, que combinan métodos biológicos, culturales y tecnológicos para reducir la dependencia de productos químicos. Aunque este enfoque es clave desde el punto de vista ambiental, su implementación requiere más conocimiento, mayor seguimiento de los cultivos y, en muchos casos, incrementos de costes.

El gran desafío es anticiparnos a su presencia y disponer de herramientas que permitan detectarlas, prevenirlas y gestionarlas de la forma más sostenible posible.

Lejos de ser retos independientes, agua, producción y sanidad vegetal forman un sistema profundamente interconectado. La falta de agua debilita los cultivos y los hace más vulnerables a plagas y enfermedades; el cambio climático intensifica tanto la escasez hídrica como la presión fitosanitaria; y las nuevas exigencias productivas limitan el uso de herramientas tradicionales de control. Todo ello configura un escenario en el que cualquier desequilibrio puede amplificarse rápidamente.

En este contexto, el futuro del sector agroalimentario pasa por encontrar un equilibrio entre productividad, sostenibilidad y resiliencia. Esto implica no solo innovación tecnológica, sino también políticas públicas coherentes, inversión en infraestructuras, apoyo a la formación y una mayor coordinación entre todos los actores de la cadena alimentaria.

El campo, lejos de ser un sector inmóvil, está en plena transformación. La manera en que se afronten estos tres grandes desafíos determinará no solo su viabilidad económica, sino también su capacidad para seguir garantizando el abastecimiento de alimentos en un entorno cada vez más exigente e incierto.

El Mediterráneo está experimentando una transformación profunda de su sistema climático. El aumento sostenido de las temperaturas, la alteración del régimen de precipitaciones y la intensificación de fenómenos extremos apuntan a un escenario cada vez más inestable para una de las regiones más vulnerables al calentamiento global. Los investigadores que analizan estos procesos reunidos en el seminario Certeses i incerteses del canvi climàtic al Mediterrani, organizado por la Universitat de València, coinciden en que el cambio climático ya está modificando el funcionamiento del clima mediterráneo y obligará a replantear la gestión del agua, el territorio y los riesgos ambientales.

Ese calentamiento no solo implica un clima más cálido, sino una reorganización de procesos atmosféricos e hidrológicos. “Las temperaturas siguen y seguirán aumentando. Las olas de calor, tanto en la atmósfera como en el océano, serán cada vez más intensas, mientras que los periodos fríos serán cada vez más raros”, advierte Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) en el ECMWF.

Una atmósfera más cálida puede contener más vapor de agua, lo que incrementa la energía disponible para fenómenos meteorológicos intensos. En otras palabras, el calentamiento no solo eleva los valores medios de temperatura, sino que altera la dinámica que regula tormentas, precipitaciones y también sequías. Los datos recopilados por Copernicus confirman que Europa se está calentando más rápido que la media global. En la actualidad, la temperatura media del planeta se sitúa ya aproximadamente 1,4 grados por encima del nivel preindustrial, una cifra muy próxima al límite de 1,5 grados fijado por el Acuerdo de París. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), un calentamiento global de 1,5 grados puede provocar hasta 30.000 muertes al año en Europa debido al calor extremo, siendo el Mediterráneo la región donde el número de víctimas sería mayor y donde además aumentaría con mayor rapidez.

Además, el calentamiento está provocando cambios visibles en otros indicadores de este sistema climático. Los glaciares europeos, especialmente en los Alpes, están retrocediendo a un ritmo acelerado, reduciendo una de las reservas naturales de agua que alimentan los grandes ríos del continente. “Los glaciares han sufrido una disminución muy significativa en las últimas décadas”, señala Buontempo, quien recuerda que el deshielo afecta directamente al suministro hídrico de amplias regiones.

Un “punto vulnerable” y sus efectos en la salud

La cuenca mediterránea es considerada por muchos científicos como uno de los denominados “hotspots” climáticos del planeta, es decir, una región donde los efectos del cambio climático se manifiestan con mayor intensidad. Samira Khodayar, investigadora del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), explica que el calentamiento en esta zona avanza aproximadamente un 20 % más rápido que el promedio global. El Mediterráneo ha aumentado su temperatura alrededor de 1,6 grados desde principios de los años ochenta. Un mar más cálido implica una mayor evaporación y, por tanto, una atmósfera con mayor contenido de humedad, un ingrediente fundamental para la formación de precipitaciones intensas.

“El cambio climático no crea fenómenos meteorológicos nuevos”, explica Khodayar. “Pero sí aumenta su intensidad, su frecuencia y su impacto”. En paralelo, las llamadas noches tropicales —aquellas en las que la temperatura no baja de los 20 grados— se están volviendo cada vez más habituales, especialmente en zonas costeras. Según la Organización Meteorológica Mundial, “la mortalidad relacionada con el calor ha aumentado alrededor de un 30% en los últimos 20 años”.

Proyecciones futuras y fenómenos violentos

Uno de los rasgos más característicos del cambio climático en el Mediterráneo es la combinación de sequías más prolongadas con episodios de lluvia más intensos. Un ejemplo reciente fue el episodio de lluvias registrado en octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, que acabó con 230 vidas. El análisis climatológico muestra que en algunas estaciones se superaron los 700 milímetros de precipitación en apenas 16 horas, una cantidad muy superior a la media anual de muchas zonas de la región.

Francisco Doblas, director del departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center, explica que las proyecciones climáticas consideran distintos escenarios socioeconómicos. En los escenarios más pesimistas, el aumento de temperatura podría alcanzar entre 5 y 8 grados a finales de siglo en la cuenca mediterránea. Doblas advierte que “el calentamiento en el Mediterráneo será mucho mayor que la media global”. Además, el incremento de temperatura será especialmente intenso durante el verano, la estación más crítica para la región debido al estrés térmico, los incendios forestales y la escasez de agua.

Doblas también analizó el episodio de lluvias de octubre de 2024 en Valencia mediante simulaciones climáticas de alta resolución. Al comparar el mismo fenómeno bajo condiciones climáticas actuales y bajo condiciones similares a las de mediados del siglo XX, los resultados indican que el cambio climático aumentó aproximadamente un 20 % la intensidad de las precipitaciones.

De los peligros climáticos al riesgo

Si los estudios climáticos permiten entender cómo cambia el sistema atmosférico, la gestión del riesgo requiere incorporar también factores sociales y económicos. María José Sanz, directora científica del Basque Centre for Climate Change (BC3), subraya que el riesgo climático no depende únicamente del fenómeno meteorológico. “El riesgo es la combinación del peligro, la exposición y la vulnerabilidad”, explica.

España cuenta actualmente con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el periodo 2021-2030. El análisis de riesgos realizado en este marco ha identificado más de 140 riesgos climáticos relevantes, de los cuales 51 se consideran prioritarios. Por ello, Sanz insiste en que la adaptación al cambio climático no puede abordarse como una política aislada. Debe integrarse en la planificación urbana, la gestión del territorio, la política económica y la gestión de infraestructuras. “Adaptarse al cambio climático ya no es una opción”, concluye. “Es una obligación y necesidad que debe formar parte de cualquier decisión que se tome hoy”.

* La producción de este reportaje de elDiario.es cuenta con el apoyo de una subvención del proyecto Climate Frontline, liderado por EJC en colaboración con REVOLVE.

La Mediterrània experimenta una transformació profunda del seu sistema climàtic. L’augment sostingut de les temperatures, l’alteració del règim de precipitacions i la intensificació de fenòmens extrems apunten a un escenari cada vegada més inestable per a una de les regions més vulnerables al calfament global. Els investigadors que analitzen aquests processos reunits en el seminari Certeses i incerteses del canvi climàtic al Mediterrani, organitzat per la Universitat de València, coincideixen que el canvi climàtic ja va modificant el funcionament del clima mediterrani i obligarà a replantejar la gestió de l’aigua, el territori i els riscos ambientals.

Aquest calfament no sols implica un clima més càlid, sinó una reorganització de processos atmosfèrics i hidrològics. “Les temperatures continuen i continuaran augmentant. Les onades de calor, tant en l’atmosfera com en l’oceà, seran cada vegada més intenses, mentre que els períodes freds seran cada vegada més estranys”, adverteix Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) en l’Ecmwf.

Una atmosfera més càlida pot contindre més vapor d’aigua, fet que incrementa l’energia disponible per a fenòmens meteorològics intensos. En altres paraules, el calfament no sols eleva els valors mitjans de temperatura, sinó que altera la dinàmica que regula tempestes, precipitacions i també sequeres. Les dades recopilades per Copernicus confirmen que Europa va calfant-se més ràpidament que la mitjana global. En l’actualitat, la temperatura mitjana del planeta se situa ja aproximadament 1,4 graus per damunt del nivell preindustrial, una xifra molt pròxima al límit d’1,5 graus fixat per l’Acord de París. Segons el Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC), un calfament global d’1,5 graus pot provocar fins a 30.000 morts a l’any a Europa a causa de la calor extrema, i és la Mediterrània la regió on el nombre de víctimes seria més alt i on a més augmentaria amb més rapidesa.

A més, el calfament provoca canvis visibles en altres indicadors d’aquest sistema climàtic. Les glaceres europees, especialment als Alps, retrocedeixen a un ritme accelerat, cosa que redueix una de les reserves naturals d’aigua que alimenten els grans rius del continent. “Les glaceres han experimentat una disminució molt significativa en les últimes dècades”, assenyala Buontempo, que recorda que el desglaç afecta directament el subministrament hídric d’àmplies regions.

Un “punt vulnerable” i els seus efectes en la salut

La conca mediterrània és considerada per molts científics un dels denominats hotspots climàtics del planeta, és a dir, una regió en què els efectes del canvi climàtic es manifesten amb més intensitat. Samira Khodayar, investigadora del Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM), explica que el calfament en aquesta zona avança aproximadament un 20% més ràpidament que la mitjana global. La Mediterrània ha augmentat la seua temperatura al voltant d’1,6 graus des del començament dels anys huitanta. Una mar més càlida implica més evaporació i, per tant, una atmosfera amb més contingut d’humitat, un ingredient fonamental per a la formació de precipitacions intenses.

“El canvi climàtic no crea fenòmens meteorològics nous”, explica Khodayar. “Però sí que n’augmenta la intensitat, la freqüència i l’impacte”. En paral·lel, les anomenades nits tropicals —aquelles en què la temperatura no abaixa de 20 graus— esdevenen cada vegada més habituals, especialment en zones costaneres. Segons l’Organització Meteorològica Mundial, “la mortalitat relacionada amb la calor ha augmentat al voltant d’un 30% en els últims 20 anys”.

Projeccions futures i fenòmens violents

Un dels trets més característics del canvi climàtic a la Mediterrània és la combinació de sequeres més prolongades amb episodis de pluja més intensos. Un exemple recent va ser l’episodi de pluges registrat l’octubre del 2024 a la Comunitat Valenciana, que va posar fi a 230 vides. L’anàlisi climatològica mostra que en algunes estacions es van superar els 700 mil·límetres de precipitació en tot just 16 hores, una quantitat molt superior a la mitjana anual de moltes zones de la regió.

Francisco Doblas, director del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center, explica que les projeccions climàtiques consideren diferents escenaris socioeconòmics. En els escenaris més pessimistes, l’augment de temperatura podria arribar entre 5 i 8 graus al final del segle en la conca mediterrània. Doblas adverteix que “el calfament a la Mediterrània serà molt més gran que la mitjana global”. A més, l’increment de temperatura serà especialment intens durant l’estiu, l’estació més crítica per a la regió a causa de l’estrés tèrmic, els incendis forestals i l’escassetat d’aigua.

Doblas també va analitzar l’episodi de pluges d’octubre del 2024 a València mitjançant simulacions climàtiques d’alta resolució. En comparar el mateix fenomen sota condicions climàtiques actuals i sota condicions similars a les de mitjan segle XX, els resultats indiquen que el canvi climàtic va augmentar aproximadament un 20% la intensitat de les precipitacions.

Dels perills climàtics al risc

Si els estudis climàtics permeten entendre com canvia el sistema atmosfèric, la gestió del risc requereix incorporar també factors socials i econòmics. María José Sanz, directora científica del Basque Centre for Climate Change (BC3), subratlla que el risc climàtic no depén únicament del fenomen meteorològic. “El risc és la combinació del perill, l’exposició i la vulnerabilitat”, explica.

Espanya té actualment amb un Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic per al període 2021-2030. L’anàlisi de riscos duta a terme en aquest marc ha identificat més de 140 riscos climàtics rellevants, dels quals 51 es consideren prioritaris. Per això, Sanz insisteix que l’adaptació al canvi climàtic no pot abordar-se com una política aïllada. Ha d’integrar en la planificació urbana, la gestió del territori, la política econòmica i la gestió d’infraestructures. “Adaptar al canvi climàtic ja no és una opció”, conclou. “És una obligació i una necessitat que ha de formar part de qualsevol decisió que es prenga hui”.

* La producció d’aquest reportatge d’elDiario.es té el suport d’una subvenció del projecte Climate Frontline, liderat per EJC en col·laboració amb Revolve.

El recent seminari Certeses i incerteses del canvi climàtic al Mediterrani, organitzat per la Universitat de València, ha servit com un fòrum d’anàlisi crítica per a abordar la profunda transformació ambiental i socioeconòmica per la qual passa la conca mediterrània. El canvi climàtic en aquesta regió de transició ha deixat de ser una projecció futura i s’ha consolidat com una realitat material ineludible, alimentada pels efectes de les accions antròpiques.

En aquest context, les precipitacions mediterrànies mostren una evolució especialment preocupant. Manuel Pulido, director de la Càtedra de Canvi Climàtic (UPV), va sentenciar durant la seua ponència que l’aigua actua com el vector principal del canvi climàtic. “El risc hídric futur estarà dominat per canvis extrems i per les combinacions de fenòmens extrems sota la no estacionarietat”, afig l’expert. La geògrafa María José Estrela, de la Universitat de València, recorda que la irregularitat de les pluges sempre ha sigut una característica del clima mediterrani, però adverteix que el canvi climàtic va alterant la seua estructura.

Els registres històrics demostren que els episodis torrencials no són nous —inundacions com les de l’horta de València el 1912 ja formen part de la història climàtica de la regió—, però el seu comportament actual mostra canvis significatius. Al golf de València, per exemple, de 31 grans esdeveniments de precipitació extrema registrats, 26 es van concentrar en el litoral centre-sud, amb acumulats superiors a 400 mil·límetres.

En aquests processos, la Mediterrània actua com un autèntic “acumulador combustible” d’energia i humitat que afavoreix les pluges torrencials quan es donen les condicions atmosfèriques adequades. No obstant això, el canvi més rellevant no és només l’augment dels episodis extrems, sinó la transformació del mateix règim de precipitacions.

Segons explica Estrela, les pluges ordinàries —les que recarreguen aqüífers, alimenten rius i sostenen els ecosistemes— van perdent pes davant els esdeveniments extrems. “Els esdeveniments extrems van reemplaçant la precipitació ordinària”, adverteix. Això implica que, encara que les pluges intenses puguen ser espectaculars, aporten menys benefici hidrològic real, perquè gran part de l’aigua es perd ràpidament per escolament o provoca danys abans d’infiltrar-se en el sòl. En paral·lel, una atmosfera més càlida exigeix cada vegada més vapor d’aigua, cosa que agreuja el desequilibri hídric: hi ha menys pluja útil disponible per a satisfer una demanda atmosfèrica creixent. Aquesta dinàmica evidencia, segons Manuel Pulido, una intensificació del cicle hidrològic pel canvi climàtic induït per l’home, cosa que erosiona la seguretat hídrica i multiplica les vulnerabilitats relacionades amb l’aigua.

L’aridesa, el sòl i la pressió humana

A aquesta transformació del cicle de l’aigua se sumen altres processos de degradació ambiental. Jaime Martínez Valderrama, un investigador del CSIC, recorda que la desertificació no depén únicament de l’aridesa climàtica. “Un desert és un lloc on plou poc”, explica, “però la desertificació té a veure amb l’ús inadequat del territori”. Les activitats humanes que van en contra de les condicions ambientals naturals poden accelerar la degradació dels sòls fins i tot en regions on l’aridesa ja és elevada (per exemple, l’ús de fertilitzants contamina els sòls i els “esprem” fins que els deixa desnodrits). El resultat és un sistema cada vegada més vulnerable, en què els canvis climàtics i les pressions humanes s’amplifiquen mútuament. La il·lustració següent mostra com podria evolucionar el risc de desertificació a Europa en funció de l’escenari a què ens enfrontem o, dit d’una altra manera, en funció del que fem o no fem com a humanitat.

La dimensió d’aquesta vulnerabilitat es comprén millor en ampliar l’escala temporal. Segons els estudis paleoclimàtics presentats per Ernesto Tejedor, “els registres dels últims 100 anys són insuficients per a capturar la variabilitat completa del clima mediterrani”. En integrar dades paleoclimàtiques en la gestió de riscos, es revela, per exemple, que, a la Mediterrània, l’estiu del 2022 va ser el més càlid en més de 900 anys, consolidant així un profund canvi de règim en muntanyes de latituds mitjanes dominat per l’augment de l’estrés hidroclimàtic.

Un sistema climàtic cada vegada més variable

El tancament d’aquest seminari va ser presentat per Ana Camarasa, catedràtica de geografia física, que va subratllar que, encara que el coneixement científic continua ampliant-se i obri noves preguntes, les evidències sobre el canvi climàtic són ja contundents. “Hi ha moltes incerteses, però també moltes evidències. La situació de canvi és dinàmica i, a mesura que avancem en el coneixement, s’obrin noves portes, però això no invalida que el canvi climàtic existeix”, va afirmar.

Camarasa també va recordar que la Mediterrània és especialment sensible a aquests canvis per la seua pròpia naturalesa climàtica. “La Mediterrània és una zona de transició i un dels climes més variables; per això tota aquesta variabilitat i aquesta incertesa l’afecten més que altres sistemes”, va explicar. Així i tot, va assenyalar que les observacions mostren una coherència clara en tota la regió: “No hi ha dubtes pel que fa a l’increment de la temperatura”. I el gràfic següent ho demostra.

Més enllà de les temperatures mitjanes, Camarasa va alertar en la seua intervenció d’una transposició retardada de la calor cap a les precipitacions i sobre els impactes indirectes del clima, i va destacar la “mortalitat silenciosa” que provoquen les nits tòrrides sobre la salut pública. Ens trobem, va advertir, davant un escenari de “multirisc” en què la combinació de fenòmens extrems supera repetidament els nostres llindars de tolerància socials i estructurals.

Per a fer front a aquesta situació, Camarasa advoca per una “cocreació” de mesures, involucrant la ciutadania i múltiples disciplines, per a desenvolupar un portafolis de mesures d’adaptació; un portafolis que, segons Manuel Pulido, ha d’atendre tant l’oferta i la demanda, com la gestió conjunta. En definitiva, davant la certesa que els riscos relacionats amb l’aigua augmentaran amb cada grau de calfament global, la professora va concloure: “Sabem que els extrems ocorreran més vegades i amb més intensitat; la incertesa és quan, on i com. I ací és on el que fem hui determinarà el que passarà demà”.

* La producció d’aquest reportatge d’eldiario.es té el suport d’una subvenció del projecte Climate Frontline, liderat per EJC en col·laboració amb Revolve.

El reciente seminario Certeses i incerteses del canvi climàtic al Mediterrani, organizado por la Universitat de València, ha servido como un foro de análisis crítico para abordar la profunda transformación ambiental y socioeconómica que atraviesa la cuenca mediterránea. El cambio climático en esta región de transición ha dejado de ser una proyección futura para consolidarse como una realidad material ineludible, alimentada por los efectos de las acciones antrópicas.

En este contexto, las precipitaciones mediterráneas muestran una evolución especialmente preocupante. Manuel Pulido, director de la Càtedra de Canvi Climàtic (UPV), sentenció durante su ponencia que el agua actúa como el vector principal del cambio climático. “El riesgo hídrico futuro estará dominado por cambios extremos y por las combinaciones de fenómenos extremos bajo la no estacionariedad”, añade el experto. La geógrafa María José Estrela, de la Universitat de València, recuerda que la irregularidad de las lluvias siempre ha sido una característica del clima mediterráneo, pero advierte de que el cambio climático está alterando su estructura.

Los registros históricos demuestran que los episodios torrenciales no son nuevos —inundaciones como las de la huerta de Valencia en 1912 ya forman parte de la historia climática de la región—, pero su comportamiento actual muestra cambios significativos. En el golfo de Valencia, por ejemplo, de 31 grandes eventos de precipitación extrema registrados, 26 se concentraron en el litoral centro-sur, con acumulados superiores a 400 milímetros.

En estos procesos, el Mediterráneo actúa como un auténtico “acumulador combustible” de energía y humedad que favorece las lluvias torrenciales cuando se dan las condiciones atmosféricas adecuadas. Sin embargo, el cambio más relevante no es solo el aumento de los episodios extremos, sino la transformación del propio régimen de precipitaciones.

Según explica Estrela, las lluvias ordinarias —las que recargan acuíferos, alimentan ríos y sostienen los ecosistemas— están perdiendo peso frente a los eventos extremos. “Los eventos extremos están reemplazando a la precipitación ordinaria”, advierte. Esto implica que, aunque las lluvias intensas puedan ser espectaculares, aportan menos beneficio hidrológico real porque gran parte del agua se pierde rápidamente por escorrentía o provoca daños antes de infiltrarse en el suelo. En paralelo, una atmósfera más cálida exige cada vez más vapor de agua, lo que agrava el desequilibrio hídrico: hay menos lluvia útil disponible para satisfacer una demanda atmosférica creciente. Esta dinámica evidencia, según Manuel Pulido, una intensificación del ciclo hidrológico por el cambio climático inducido por el hombre, lo cual erosiona la seguridad hídrica y multiplica las vulnerabilidades relacionadas con el agua.

La aridez, el suelo y la presión humana

A esta transformación del ciclo del agua se suman otros procesos de degradación ambiental. Jaime Martínez Valderrama, un investigador del CSIC, recuerda que la desertificación no depende únicamente de la aridez climática. “Un desierto es un lugar donde llueve poco”, explica, “pero la desertificación tiene que ver con el uso inadecuado del territorio”. Aquellas actividades humanas que van en contra de las condiciones ambientales naturales pueden acelerar la degradación de los suelos incluso en regiones donde la aridez ya es elevada (por ejemplo, el uso de fertilizantes contamina los suelos y los “exprime” hasta dejarlos desnutridos). El resultado es un sistema cada vez más vulnerable, en el que los cambios climáticos y las presiones humanas se amplifican mutuamente. La ilustración siguiente muestra cómo podría evolucionar el riesgo de desertificación en Europa en función del escenario al que nos enfrentemos o, dicho de otra forma, en función de lo que hagamos o no hagamos como humanidad.

La dimensión de esta vulnerabilidad se comprende mejor al ampliar la escala temporal. Según los estudios paleoclimáticos presentados por Ernesto Tejedor, “los registros de los últimos 100 años son insuficientes para capturar la variabilidad completa del clima mediterráneo”. Al integrar datos paleoclimáticos en la gestión de riesgos se revela, por ejemplo, que, en el Mediterráneo, el verano de 2022 fue el más cálido en más de 900 años, consolidando un profundo cambio de régimen en montañas de latitudes medias dominado por el aumento del estrés hidroclimático.

Un sistema climático cada vez más variable

El cierre de este seminario fue presentado por Ana Camarasa, catedrática de Geografia Física, quien subrayó que, aunque el conocimiento científico sigue ampliándose y abre nuevas preguntas, las evidencias sobre el cambio climático son ya contundentes. “Hay muchas incertidumbres, pero también muchas evidencias. La situación de cambio es dinámica y a medida que avanzamos en el conocimiento se abren nuevas puertas, pero esto no invalida que el cambio climático existe”, afirmó.

Camarasa también recordó que el Mediterráneo es especialmente sensible a estos cambios por su propia naturaleza climática. “El Mediterráneo es una zona de transición y uno de los climas más variables; por eso toda esta variabilidad y esta incertidumbre le afectan más que a otros sistemas”, explicó. Aun así, señaló que las observaciones muestran una coherencia clara en toda la región: “No hay dudas respecto al incremento de la temperatura”. Y el siguiente gráfico lo demuestra.

Más allá de las temperaturas medias, Camarasa alertó en su intervención sobre una transposición retardada del calor hacia las precipitaciones y sobre los impactos indirectos del clima, destacando la “mortalidad silenciosa” que provocan las noches tórridas sobre la salud pública. Nos encontramos, advirtió, ante un escenario de “multirriesgo” donde la combinación de fenómenos extremos supera repetidamente nuestros umbrales de tolerancia sociales y estructurales.

Para hacer frente a esta situación, Camarasa aboga por una “cocreación” de medidas, involucrando a la ciudadanía y a múltiples disciplinas, para desarrollar un porfolio de medidas de adaptación; un porfolio que, según Manuel Pulido, debe atender tanto la oferta y la demanda, como la gestión conjunta. En definitiva, ante la certeza de que los riesgos relacionados con el agua aumentarán con cada grado de calentamiento global, la profesora concluyó: “Sabemos que los extremos van a ocurrir más veces y con mayor intensidad; la incertidumbre es cuándo, dónde y cómo. Y ahí es donde lo que hagamos hoy va a determinar lo que pasará mañana”.

* La producción de este reportaje de elDiario.es cuenta con el apoyo de una subvención del proyecto Climate Frontline, liderado por EJC en colaboración con REVOLVE.

Veolia obtuvo el pasado año 1.217 millones de euros de beneficio, lo que supone un incremento del 10,9% respecto a 2024, anunció este jueves la multinacional francesa de servicios medioambientales, que destacó que sus resultados fueron superiores a sus objetivos.

El resultado bruto operativo (ebitda) ascendió a 7.050 millones de euros, lo que significa un incremento del 6,3% en términos equivalentes, cuando la meta era una subida de entre el 5% y el 6%, y eso “pese a un entorno complejo”, destacó en un comunicado la consejera delegada, Estelle Brachlianoff.

La multinacional francesa forma parte de la cartera de CriteriaCaixa, el holding empresarial de la Fundación La Caixa, que justo hace un año anunció su entrada con la compra del 5% del capital y un representante en el consejo de administración.

La facturación del conjunto de la compañía progresó un 1,4% en cifras equivalentes, a 44.396 millones de euros. El endeudamiento neto era de 19.657 millones de euros al finalizar 2025, frente a los 17.819 millones un año antes.

Brachlianoff explicó en una conferencia telefónica con la prensa que sus negocios fuera de Europa crecieron dos veces más rápido que en el viejo continente, que pesa en torno al 60 % de su actividad, informa la agencia EFE.

Dentro de Europa, el mercado doméstico francés (que supone en torno al 20% de la facturación) se mantuvo estancado para Veolia porque, según la consejera delegada, la empresa no quiso responder a todos los contratos y en algunos contratos de agua la indexación presentó una evolución negativa.

La dirección de la empresa propondrá a la junta que se celebrará el próximo 23 de abril el reparto de un dividendo de 1,5 euros por acción a cuenta del ejercicio de 2025 que se pagará en efectivo y en paralelo procedió a compras de acciones propias por unos 400 millones de euros para el plan dirigido a los empleados.

La consejera delegada, que calificó 2025 de “un año excepcional”, con resultados récord y algunos indicadores que han superado los objetivos, hizo notar que la propuesta de dividendo significa un aumento del 20% en dos años. También destacó que la cotización en bolsa de Veolia está en máximos desde 2008.

Buena inversión para La Caixa

Brachlianoff se mostró convencida de que La Caixa tiene razones para estar satisfecha de la entrada en el capital de la empresa francesa, a la vista de sus resultados y de la subida que ha tenido en bolsa, a su máximo histórico desde 2008.

La CEO señaló que tanto La Caixa como el banco estatal francés de inversiones BPI, que fueron los accionistas de largo plazo que entraron en su capital en 2025, lo hicieron porque apoyan su modelo de negocio y su plan estratégico Green Up.

Preguntada sobre si la llegada de esos accionistas de referencia ha alterado su línea de acción, insistió en que no se ha “modificado la estrategia” e hizo hincapié en que, “como accionista”, La Caixa estará contenta“, refiriéndose a la subida de su cotización en bolsa.

Desde que a comienzos de marzo se anunció la compra por La Caixa de un paquete del 5% del capital de la multinacional francesa, sus acciones han subido más del 20%. La progresión ha sido superior al 60% en los últimos cinco años.

Futuro “optimista” para España

En España, la empresa cerró el año con una facturación de 2.845 millones de euros, un 7% más, que alcanzan los 3.000 millones si se suman otras unidades de negocio internacionales que operan en España, y un resultado bruto de explotación de 326 millones, un 16% más. El director de Veolia España, Daniel Tugues, ha asegurado que los resultados de 2025 permiten a la empresa “ver el futuro con optimismo” en España, en un encuentro con la prensa posterior a la presentación de resultados este jueves, según Europa Press.

Tugues ha explicado que 2025 fue “un año de cambio de ciclo para Veolia a nivel mundial, pero muy singularmente en España”, tras encadenar las crisis provocadas por el Covid, la guerra de Ucrania, la inflación y la sequía. “Económicamente paramos el golpe y, con el plan de recuperación, salimos de la crisis. Salimos con una posición reforzada”, ha añadido el directivo.

Ha asegurado que la empresa ve un “futuro fuerte” en España, con una demanda al alza de los servicios que ofrece, y ha recordado que puede crecer con los concursos para gestionar el agua en ocho municipios del área metropolitana de Barcelona y para gestionar la planta de revalorización de residuos de Las Lomas (Madrid).

Preguntado por la sequía, Tugues ha reclamado que las administraciones públicas catalanas ejecuten las inversiones en infraestructuras para poder separar el suministro de agua del clima y ha dicho que ven “con temor” algunos anuncios que dicen que, con las reservas actuales, quizás se pueda ralentizar el ritmo inversor.

Ha asegurado que las inversiones que dependen exclusivamente de Veolia “están en ejecución a toda máquina” y que se podrán inaugurar durante este año. Ha pedido que las administraciones también aceleren el ritmo para poder tener las infraestructuras construidas antes de la siguiente sequía que ha previsto que habrá.

Tugues ha detallado que se realizaron cinco adquisiciones por valor de unos 45 millones de euros, en 2025. En concreto, Veolia compró la empresa de electrificación Villa Flores Martín; la compañía de aerotermia Girolan, y la rama de biomasa de Ecowarm, que permite completar la expansión geográfica en este segmento. Además, en el segmento de 'water solutions', Veolia completó la adquisición de Tecnoambiente y Fugaqua.

Los dos primeros meses del año están dejando en Almería más lluvias de las que suelen caer en esta provincia andaluza entre enero y febrero. El tren de borrascas, que ha tenido efectos muy adversos en zonas de Cádiz o Málaga, ha descargado en tierras almerienses más del doble de lo normal para el mismo periodo de tiempo. Una realidad que saca a Almería del estado de sequía mientras, sin embargo, la tierra sigue árida y los pantanos están a unos niveles muy similares a los de los últimos diez años. Una paradoja que revive la eterna pregunta entre administraciones, regantes y ecologistas: ¿necesita más infraestructuras hídricas la provincia?

Si se observa el nivel de los dos únicos pantanos almerienses -el de Cuevas de Almanzora y el de Benínar-, tienen una media de agua embalsada de algo más del 12% de su capacidad, lo que es ligeramente superior a los 10,8% de media de la última década. Eso sí, mientras que el de Benínar roza el 30% de su capacidad total, el de Cuevas apenas supera el 5%. Una distribución desigual que se explica también porque el deshielo y la nieve que caen de Sierra Nevada van a parar al primero de los embalses, por el contrario, la zona del segundo es muy seca.

En todo caso, la estadística conjunta de los embalses no parece responder al hecho de que ha llovido más del doble de lo habitual entre enero y febrero. Pese a estas precipitaciones, los ecologistas están preocupados por un posible mal uso de los recursos hídricos por parte del sector agrícola y estos, a su vez, reclaman que se incrementen las infraestructuras para asegurar el futuro cuando el cambio climático siga trayendo episodios meteorológicos extremos entre sequías e inundaciones.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), su portavoz en Andalucía, Juan de Dios del Pino, apunta a que el episodio de lluvias ha sido “claramente superior a la media”, pero advierte de que “dos meses húmedos no corrigen un déficit estructural acumulado durante años”. En un clima semiárido como el almeriense, añade, la variabilidad interanual es elevada y los episodios extremos -tanto de sequía como de lluvias intensas- forman parte de la dinámica habitual. Algo que empeorará con el cambio climático.

Una provincia montañosa

El profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Sánchez García, sitúa el origen de esta paradoja en la configuración atmosférica y orográfica. “Almería no encaja plenamente ni en el patrón del Atlántico Norte ni en el del oeste del Mediterráneo”, explica. Las borrascas atlánticas riegan sobre todo el centro y el norte peninsular, mientras que el patrón mediterráneo afecta al Levante hasta Alicante y norte de Murcia. “La provincia queda en un impás”, resume.

A ello se suma la barrera que ejercen las sierras, al ser una de las provincias más montañosas de España. “La humedad se queda muchas veces en Gádor, Filabres o las Alpujarras por lo que a las zonas agrícolas llega sobre todo el viento”, señala. Esa configuración ayuda a entender por qué, incluso tras episodios lluviosos intensos, los embalses no registran aumentos proporcionales. Sin embargo, para el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Mena, el debate no puede limitarse a la meteorología. “Almería vive en un equilibrio hídrico extremadamente ajustado. No es un problema coyuntural, es estructural”, sostiene.

Mena defiende que la provincia ha construido un modelo agrícola “altamente tecnificado y eficiente”, pero reconoce que su base hídrica es frágil. “Aquí dependemos de un mix muy complejo: trasvases, desalación, aguas regeneradas y acuíferos. Si uno de esos pilares falla, el sistema se resiente”, explica. El delegado explica que la modernización del regadío ha reducido consumos unitarios y mejorado la eficiencia. “Hoy producimos más con menos agua que hace veinte años”, afirma. A su juicio, el sector ha hecho un esfuerzo significativo en riego localizado, digitalización y control de dotaciones.

Sobre la expansión de superficie agrícola, Mena rechaza la idea de un crecimiento descontrolado. “No se puede generalizar. Cualquier transformación debe ajustarse a la legalidad y a la disponibilidad de recursos. La administración no autoriza nuevas hectáreas si no hay respaldo hídrico”, sostiene. También reconoce que en el pasado “se cometieron errores” y que la planificación actual es más restrictiva. En cuanto al papel de las infraestructuras, el delegado considera que “la regulación es clave en un territorio con lluvias irregulares”. Según argumenta, sin capacidad de almacenamiento suficiente, los episodios intensos no pueden aprovecharse plenamente. “No se trata solo de que llueva, sino de poder gestionar lo que llueve”, apunta.

Una infraestructura compleja

Desde el terreno, el agricultor Andrés Góngora insiste en esa idea. “Almería no tiene embalses suficientes ni bien dimensionados para su climatología”, afirma. Cuando se producen aportes extraordinarios, explica, no siempre existe infraestructura para almacenarlos. Sin ir más lejos, tanto el pantano de Benínar como el de Cuevas sufren de filtraciones que hacen que parte del agua que se embalsa se pierda casi de forma automática. Góngora añade que la producción de agua desalada es continua, mientras que la demanda agrícola es estacional. “Si no hay más capacidad de regulación, cuando baja el consumo hay que parar”, señala.

A su juicio, la clave no es si ha llovido este invierno, sino si la provincia está preparada para afrontar el próximo ciclo seco. Además, desde el sector agrícola recuerdan que los dos únicos embalses de la provincia sufren filtraciones cuando les entra agua, lo que disminuye su utilidad. De ahí que precisen de los trasvases del embalse del Negratín en Granada -que llevaba cinco años sin trasvasar agua- y del río Segura en Murcia. “Ahora sabemos que podremos usar esos trasvases porque existen recursos hídricos suficientes, pero de cara al futuro no tenemos nada asegurado”, lamenta Góngora.

Mientras, desde el Gobierno central se defiende que la respuesta pasa por reforzar precisamente la oferta hídrica. La futura desaladora Bajo Almanzora II contará con una inversión de 160 millones de euros y producirá 30 hectómetros cúbicos adicionales al año. También está prevista la ampliación de la desaladora Campo de Dalías, que pasará de 30 a 40 hectómetros cúbicos, y la optimización energética de la desaladora de Carboneras, con capacidad estimada de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales.

El Ejecutivo destaca además 189 millones de euros en actuaciones de mejora de regadíos y la bonificación del precio del agua desalada, que sitúa el coste para los regantes entre 45 y 47,5 céntimos por metro cúbico. Algo que no acaban de ver los conservacionistas. El portavoz ecologista Pepe Rivera sostiene que aumentar la oferta no resolverá por sí solo el problema. “El embalse de Cuevas solo se llenó una vez tras unas lluvias excepcionales. Pensar que se llenará con regularidad no se ajusta al régimen pluviométrico real”, afirma.

Rivera advierte también de que los acuíferos siguen presentando niveles de sobreexplotación, siendo el campo de Tabernas un ejemplo muy concreto con la desecación de su capa freática por la expansión de olivares intensivos en las últimas décadas. Además, la sustitución de bombeos por agua desalada no siempre se ha cumplido plenamente. Además, cuestiona el equilibrio del modelo productivo: “Parte de la producción hortícola no llega al mercado, con el consiguiente consumo de agua y energía”.

La salida formal de la sequía no ha modificado la base estructural del sistema hídrico almeriense. Mientras, AEMET recuerda la elevada variabilidad climática, la universidad apunta a la singularidad geográfica, el delegado de Agricultura defiende la modernización y la necesidad de regulación, el Gobierno central anuncia nuevas desaladoras, los regantes reclaman más capacidad de almacenamiento y los ecologistas piden revisar la demanda.

Así, la paradoja almeriense, coinciden todas las fuentes desde enfoques distintos, no se resuelve con un invierno lluvioso. Obliga a un debate más profundo sobre planificación, límites productivos y adaptación a un clima que seguirá alternando extremos. Porque el hecho invariable es que el cambio climático ya ha llegado y que los episodios extremos entre sequías y fuertes lluvias se producirán con mayor asiduidad e impacto. Para ello, Almería ha de estar preparada.

Los pastores de yaks de Bután están consternados porque la montaña sagrada Jomolhari ha perdido sus “perlas lustrosas” de nieve y hielo; en Perú, los peregrinos que subían al Colquepunco para recolectar “hielo sagrado”, se limitan ahora a tomar agua del deshielo del glaciar. Los primeros se sienten culpables porque su diosa está “enferma” y los segundos creen que su dios se ha cansado de sus oraciones. Son solo dos ejemplos del impacto que está teniendo el calentamiento global sobre los rituales y creencias de las culturas que consideran a los glaciares lugares sagrados. 

Seis investigadores que trabajan en algunos de estos lugares del planeta publican un análisis conjunto en Nature Climate Change en el que exponen cómo el calentamiento global está forzando una transformación en las creencias y rituales en las comunidades indígenas de montaña. Para muchos de los habitantes de estas zonas del mundo, desde los Andes hasta el Himalaya, está ocurriendo algo muy inquietante: a sus ojos, los glaciares sagrados parecen estar enfermos, se están escondiendo o les están abandonando.

Los dioses que habitan las montañas, que alguna vez parecieron todopoderosos, ahora parecen frágiles y vacilantes

Elizabeth Allison — Investigadora del Instituto de Estudios Integrales de California

“Los dioses que habitan las montañas, que alguna vez parecieron todopoderosos, ahora parecen frágiles y vacilantes”, resume Elizabeth Allison, del Instituto de Estudios Integrales de California. “Se está perdiendo la conexión espiritual con la Tierra, al mismo tiempo que se están perdiendo los glaciares”, explica Iván Lizaga, investigador del IPE-CSIC y coautor del artículo. “Ellos se piensan que uno es la consecuencia de lo otro”.

Desconexión en las Montañas de la Luna 

Lizaga colabora con el investigador local Moses Muhumuza, quien lleva años trabajando en los montes Rwenzori, conocidos históricamente como las “Montañas de la Luna”, entre la frontera de Uganda y la República Democrática del Congo. La cosmología, creencias y prácticas espirituales del pueblo konjo, que vive en esta región, están profundamente arraigadas en los recursos naturales; los konjo reconocen a 21 dioses y diosas asociados a la montaña y en su cosmovisión los glaciares son el esperma semisólido del dios Kithasamba (literalmente, “El que no escala”, porque reside cerca de la cumbre). 

En estas montañas los datos son alarmantes: han perdido alrededor del 90% de sus glaciares desde principios del siglo XX. Esta pérdida física, junto con la prohibición a los habitantes locales de acceder al Parque Nacional, ha obligado a abandonar muchas de las ceremonias tradicionales. La comunidad konjo estableció una relación de causalidad directa entre ambos hechos, explica Lizaga, e interpretaron que el hielo desaparecía no por el calentamiento global, sino porque se les impedía ejecutar sus rituales. Por fortuna, la situación se está revirtiendo, aunque los efectos de este abandono perduran. 

El dios que se esconde 

Otro de los casos que se citan en el artículo es el de la peregrinación del Señor de Qoyllurit’i, en Perú. Históricamente, los devotos subían al glaciar Colquepunco para cortar bloques de “hielo sagrado” y llevarlos a sus comunidades. Según recoge la antropóloga argentina Constanza Ceruti, los peregrinos ahora se abstienen de cortar el hielo y solo recolectan agua de deshielo e interpretan que el glaciar retrocede porque el Señor, cansado de las oraciones de los devotos, está intentando “esconderse” de ellos. “Con casi 30 años de experiencia personal de campo en el estudio antropológico y arqueológico de altas cumbres, puedo ver claramente que el futuro de las montañas está en riesgo y, con él, su patrimonio cultural”, asegura Ceruti.

En Bolivia, tras la desaparición total del glaciar Chacaltaya en 2009, los habitantes del Valle de Milluni interpretan el sol abrasador como una consecuencia de sus actos. “Es un castigo que hemos creado nosotros mismos”, relata un residente local. En la cosmovisión andina, los picos nevados son “abuelos” o guardianes y la crisis climática ha obligado a modificar tradiciones con siglos de antigüedad. Pero esta relación parece haber cambiado, señala Elizabeth Allison. “Mientras que antes las oraciones para mantener buenas relaciones con las deidades de las montañas parecían producir precipitaciones suficientes y oportunas, estas oraciones y ofrendas ya no son tan efectivas”, asegura.

Al servicio del diablo

Guillermo Salas Carreño, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, defiende que en los Andes las montañas no han dejado de ser agentes intencionales, aunque lo que está cambiando es su significado. “Yo he trabajado en las comunidades rurales más chiquitas y son muy conscientes de que está cambiando el clima, lo que produce un sentimiento de culpa de que los cerros estén castigándoles por sus fallos morales y el descuido ritual”, explica a elDiario.es. “Hay quien te dice que nuestros pecados huelen tan mal que el Señor [el glaciar] se va durante la peregrinación, porque apestamos mucho”. En su opinión, es especialmente injusto que esta gente que vive en economías de subsistencia se culpe del cambio climático. “Se da la paradoja de que ellos están pagando más caro el cambio y obviamente no tienen la responsabilidad”, subraya.  

Hay quien te dice que nuestros pecados huelen tan mal que el Señor [el glaciar] se va durante la peregrinación, porque apestamos mucho

Guillermo Salas Carreño — Investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Un hecho significativo en algunas zonas, explica Salas Carreño, es el notable aumento de la influencia de las iglesias evangélicas y pentecostales. Esto deja fuera a las antiguas deidades y da paso a una interpretación basada en las escrituras. “Estos cambios se ven como castigos divinos o como parte de la teleología de la Segunda Venida y el Juicio Final”, explica el experto. “Como no son Dios, los glaciares y montañas son entonces asociados con el diablo. Y los conversos suelen abstenerse de honrar a los glaciares y montañas”.

La diosa enferma del Himalaya

En el techo del mundo, en Bután, una consecuencia del calentamiento es que la metáfora de la belleza divina se está desmoronando. Los habitantes de estas tierras altas del Himalaya describían anteriormente su montaña sagrada cercana, Jomolhari, como una diosa que vestía “perlas lustrosas”, en alusión a la nieve y hielo visible en las cumbres. Ahora, sin embargo, los pastores de yaks señalan con consternación las “manchas negras” que aparecen en la montaña, a medida que la cubierta de nieve y hielo disminuye, sugiriendo que “parece enferma”. 

Como en los casos anteriores, los habitantes de las tierras altas muestran un sentido de culpabilidad moral, preocupados de haber fallado en seguir su cultura y rituales adecuadamente, causando que la diosa Jomolhari los abandone. Para Elizabeth Allison, lo que está ocurriendo es una pérdida del sentido de integración y conexión que ejercían las religiones. “Las percepciones, prácticas y metáforas religiosas milenarias en las comunidades de alta montaña están cambiando a medida que el paisaje físico cambia hacia un entorno desecado y más oscuro”, argumenta. “Muchos de estos ritos que se están abandonando protegían la biodiversidad y su desaparición contribuye a que no se llegue a frenar esa degradación”, coincide Iván Lizaga. 

La angustia por la pérdida

Álvaro Fernández-Llamazares, especialista en etnobiología del ICTA-UAB, cree que este artículo es muy valioso porque muestra que el cambio climático no solo transforma paisajes físicos, sino también las relaciones espirituales que muchas comunidades mantienen con esos paisajes. “El retroceso de glaciares afecta a sistemas de creencias, rituales y relaciones de reciprocidad que durante siglos han regulado la convivencia entre personas y naturaleza”, señala. En su trabajo con comunidades indígenas, él ha podido observar procesos muy similares, a menudo acompañados de lo que se conoce como solastalgia, un sentimiento de duelo, angustia y desorientación que surge cuando los lugares de arraigo se transforman o desaparecen por el deterioro ambiental. 

El paisaje deja de responder como antes y se quiebra una relación de confianza forjada durante generaciones. En comunidades sámi, este cambio se suele expresar como un duelo silencioso

Álvaro Fernández-Llamazares — Especialista en etnobiología del ICTA-UAB

“Entre los sámi del norte de Fenoscandia, la pérdida de nieve estable y la creciente imprevisibilidad del hielo se viven con una sensación tremenda de pérdida”, relata Fernández-Llamazares. “El paisaje deja de responder como antes y se quiebra una relación de confianza forjada durante generaciones. En comunidades sámi, este cambio se suele expresar como un duelo silencioso por un territorio que ya no sostiene con la misma fuerza la vida cultural y espiritual”.

La necesidad de que las comunidades se impliquen en la conservación de los ecosistemas es lo que ha llevado a la ONU a patrocinar programas como el que se sigue en las montañas del norte de Pakistán, donde se quiere recuperar creencias locales como el “matrimonio entre glaciares machos y hembras” para sembrar nuevos glaciares. Sérgio Henrique Faria y su equipo del Laboratorio de Hielo (IzotzaLab) del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3), que han investigado este proceso, cree que el análisis de estos seis investigadores es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de estas creencias. 

“Durante los últimos dos siglos, el pensamiento académico y científico consideraba las religiones basadas en la naturaleza como algo primitivo que había que superar”, apunta Faria. “En su momento, esa actitud fue crucial para combatir los peligros del misticismo, pero también erosionó el valor positivo de las relaciones recíprocas con el entorno que se mencionan en este artículo”. En su opinión, el cambio climático ha puesto de relieve los peligros de este distanciamiento radical con el entorno, a lo que se le suma la reacción por parte de ciertos grupos religiosos, que no aceptan la idea de formar parte de la naturaleza y perder la supuesta superioridad humana otorgada por lo Divino. “Es hora de tener en cuenta estas nuevas amenazas”, concluye. 

Las abundantes lluvias que han caído este invierno en España disparan la capacidad de los embalses con un total de 43.000 hectómetros cúbicos de agua acumulada, iniciando el mes de febrero con las mayores reservas desde 1988. Desde el inicio del año, la reserva ha subido 25 puntos, pasando del 57% al 82,5%, según los últimos datos del Boletín Hidrológico semanal del Ministerio de Transición Ecológica.

Las cifras vienen impulsadas por las lluvias que han traído las borrascas Marta y Leonardo en el último mes, un total de 14.174 hectómetros cúbicos, récord histórico desde 1988 de aumento de la reserva de agua en los embalses.

Este dato no es habitual: estamos ante el año con mayor nivel de agua en los embalses a estas alturas del año desde que hay registros. La última vez que la reserva estuvo por encima del 82,5% fue en 2014. El año pasado, por estas mismas fechas, las reservas de agua estaban al 57,69%. Zonas que hasta hace apenas un año estaban en situación emergencia por sequía, como las cuencas internas de Catalunya, ya están en uno de sus mejores registros históricos de llenado.

Los datos incluyen los volúmenes de agua almacenados en todos los embalses peninsulares que tienen una capacidad mayor a 5 hectómetros cúbicos (el equivalente al consumo anual de agua de 100.000 personas). En definitiva, toda el agua que se puede gestionar en España.

¿Significa esto que estamos peor o mejor que en años anteriores? Estamos en el mayor nivel de reservas de la última década (a estas alturas del año) y en mucha mejor situación que hace apenas tres años, en la temporada 2021-2022, cuando la escasez de lluvia y la gestión del agua dejó los embalses más vacíos de este siglo. En el siguiente gráfico puedes ver la evolución de las reservas en cada año hidrológico (de octubre a septiembre) desde 1990 en todos los embalses y en cada cuenca hidrográfica.

La situación no es igual en cada zona de la Península. Los embalses de las cuencas de Catalunya, Guadalquivir, Tajo o Guadiana están hasta 40 puntos por encima de lo habitual.

España tiene 374 embalses repartidos por todo el territorio, con capacidad para almacenar más de 56.000 hectómetros cúbicos de agua. ¿Cómo de buena o de mala es la situación de la reserva en cada presa? En el siguiente mapa se puede consultar el estado de cada pantano.

Ahora mismo, 154 embalses están por encima del 90% de llenado.

Puedes filtrar para ver solo los embalses de uso principal hidroeléctrico (aunque pueden tener otros usos también) y los que se usan principalmente para el consumo. Hay que tener en cuenta que no todos los embalses se llenan de la misma manera o con la misma estacionalidad.

Por esa razón, comparamos la situación actual de cada embalse con la media de la última década en las mismas fechas, para ver cuáles están en mejor situación y peor situación.

                             

La situación de la reserva, embalse por embalse

Cada cuadrado representa un embalse. Muestra el porcentaje de llenado de la reserva de agua en la semana actual. El tamaño de cuadrado indica la capacidad total del embalse

Tipo

Consumo Todos Hidroeléc.

Situación

Peor Todos Mejor

Desliza

Embalse

% de reserva

Fuente: Ministerio de Transición Ecológica

El mapa dibuja una situación muy similar de las reservas de agua por el territorio. Salvo contadas excepciones distribuidas por la península que se encuentran por debajo de lo que sería habitual en esta época del año, la mayoría presentan embalses con reservas abundantes. Un cambio de tendencia que destaca sobre todo en los embalses de las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir (la zona sur), que están casi llenos después de un par de años en los que apenas utilizaban un tercio de su capacidad.

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de llenado actual de cada cuenca y la comparación de las reservas con los datos de la última década.

Hay que tener en cuenta que la situación actual de cada cuenca no depende solo de la escasez o no de lluvia sino también de las altas temperaturas (evapotransporación) y la demanda de recursos hídricos (regadíos, usos urbanos, industriales, etc.).

Para hacernos una idea de cómo estos factores influyen en las reservas, comparamos las imágenes satelitales del embalse de La Serena (Badajoz) y el de Gualdacacín II (Cádiz), con las reservas por encima del 97% y el 94% de su capacidad, respectivamente. Se trata de las imágenes nítidas satelitales disponibles hace dos años (en febrero de 2024) hace uno (febrero de 2025) y cómo se encuentran en la actualidad.

La Serena (Badajoz)

Hace dos años - 19% de capacidad

Hace un año - 41% de capacidad

Actualidad- 97% de capacidad

Guadalcacín II (Cádiz)

Hace dos años - 16% de capacidad

Hace un año - 23% de capacidad

Actualidad- 94% de capacidad

Fuente: Copernicus

La situación de los embalses puede asimilarse a la de un vaso de agua. Aunque se corte el grifo, si el agua se bebe con moderación, las reservas pueden mantenerse. Sin embargo, un corte continuado del suministro (la falta de lluvias) es uno de los principales factores que influyen en que el vaso esté cada vez más vacío.

Precisamente, la sequía meteorológica llega cuando se produce una escasez continuada de precipitaciones. Este suele ser el paso anterior a la escasez de agua, que es cuando faltan reservas para el consumo humano o la agricultura.

¿Y cómo están las precipitaciones? ¿Cuánto está lloviendo este año en España? Según los últimos datos de la AEMET, la temporada empezó con el promedio habitual de lluvia pero las precipitaciones de invierno han subido los niveles por encima de la media histórica. En comparación con 2021-2022, el año más seco reciente, las lluvias han dejado hasta 150 litros más por metro cuadrado en territorio peninsular.

En general, desde otoño ha llovido bastante más de lo que sería esperable en la mayoría de las cuencas hidrográficas. En el Guadalquivir, hasta un 78% más de agua ha caído sobre lo habitual en esta época del año, en el Guadiana, un 54% más, y en las internas de Catalunya, un 43% por encima de lo normal.

Que llueva o no llueva no es la única causante de que los embalses estén más o menos llenos. ¿Por qué? Porque la gestión de la demanda de agua para el consumo humano es clave: el abastecimiento urbano (doméstico, turístico, municipal), los regadíos, la ganadería, la industria y otros usos recreativos (como el riego de campos de golf).

Hay que tener en cuenta que la generación de electricidad no es un uso consuntivo. Esto es, esa agua no se consume mientras se utiliza para producir energía sino que normalmente acaba en el siguiente embalse donde puede ser empleada para otros usos agrícolas, urbanos, etc.

A continuación se muestra la distribución de la demanda de agua en las distintas Confederaciones Hidrográficas (CH) actualmente. Las cifras provienen de las estimaciones disponibles en los Planes Hidrológicos de cada una de las CH para el ciclo 2022-2027. Los datos hacen referencia al escenario actual y muestran que la principal demanda de agua para consumo es la agricultura.

En España se utilizan para consumo humano más de 30.000 hectómetros cúbicos de agua, según los datos recopilados de cada cuenca hidrográfica. Tal y como se observa en el gráfico anterior, el 81% (la gran mayoría) se destinan a la agricultura y ganadería, el 15% para uso urbano, el 4% a uso industrial y 0,3% para uso recreativo. 

Los Ojos del Guadiana son, en teoría, el nacimiento de unos de los ríos más importantes de la Península. Pero la visita no puede ser más decepcionante. Donde debería aflorar el agua por el enorme acuífero del subsuelo de La Mancha, hay un pívot para regar alfalfa y un enorme cartel junto a la carretera que advierte: “Propiedad 100% de SAT Evangelista. Propiedad particular. Prohibido el paso”. 

El cartel es una demostración de fuerza, un signo detrás del cual se esconde una lucha de décadas. Porque los Ojos llevan décadas okupados y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha pasado más de 30 años –con desigual interés– pleiteando por recuperarlos. Ahora, una sentencia de julio de 2025 da la razón al Estado y supone el penúltimo escalón para recuperarlo. El presidente de la Confederación, Samuel Moraleda, está deseando que salga el último recurso y ejecutarla. Le duele cada vez que desde la carretera ve ese enorme pívot de regadío. Porque la okupación no se da en un lugar remoto, sino junto a una carretera nacional, a la vista de todo el mundo.

Manuel, El Lele, vende los mejores melones del mundo. O eso dice la publicidad del enorme cartel junto a su puesto. Este agricultor de 64 años tiene sus tierras junto a los Ojos. “Ese es el Ojo de la Señora”, explica señalando el cartel y las tierras que hay frente a su puesto de melones. Habla en presente aunque no se ve nada de agua donde señala. Pero es que para El Lele, “el río es río aunque esté seco. Aunque no lleve agua, eso sigue siendo suyo”.

Esa no es solo la lógica del campo sino que la sigue la legislación en España desde Alfonso X, cuando declaró que las costas y las riberas de los ríos son bienes comunales. Desde hace décadas se llama Dominio Público Hidráulico, y son bienes que de ninguna manera pueden pasar a ser privados.

La lucha del Estado

Eso explica que el Estado lleve años de pelea por los Ojos del Guadiana y el cauce posterior hasta Las Tablas de Daimiel. Desde el siglo XIX el hombre ha intervenido en la zona, un enorme humedal. Pero fue en 1956, con la ley de desecación de los ríos Guadiana, Cigüela, Záncara, cuando los trabajos fueron concienzudos. Entonces, los humedales eran considerados una fuente de paludismo y de retraso económico porque impedían la agricultura. Años de implantar regadío dieron el resultado previsto a mitad de los 80, cuando los Ojos se secaron por primera vez. El Guadiana cierra sus ojos, se dijo poéticamente del drama ambiental que suponía.

Que no hubiera agua terminó de fomentar la colonización del terreno, fuera para explotar la turba del subsuelo o para regar con los pívots que jalonan la comarca gracias a los bombeos desde el subsuelo. Y, a su vez, comenzó una batalla judicial y social. En los tribunales, el Estado pleiteó para mantener, al menos sobre el papel, su propiedad. En la social, los ecologistas se enfrentaron con pocas armas a los numerosos agricultores que viven del agua del entonces llamado acuífero 23, la enorme masa de agua que encharcaba toda la zona.

En 1994, el Tribunal Supremo validó el deslinde sobre los Ojos del Guadiana, el trámite que establece sobre el plano qué parte es pública, hasta donde alcanza el agua de forma natural, y qué parte es privada. El Alto Tribunal decretó que los ojos del Guadiana “tanto si era río, como si era laguna, como si constituía zona mixta de río y laguna, la conclusión es siempre la misma, a saber: que el cauce o lecho es siempre de dominio público, pues los ríos y las lagunas lo son”.

Esa sentencia parecía que iba a ser definitiva. Pero aplicar ese deslinde es especialmente conflictivo al chocar muchos intereses económicos en juego. En 2012, tras varios años húmedos, los ojos volvieron a encharcarse. El acuífero subió de nivel y, como 30 años antes, el agua afloró desde el subsuelo. Para alguien que no conociera la zona solo eran charcas. Pero fue muy simbólico. Significaba que el Guadiana era rescatable. Como ese enfermo que sale del coma en el que lleva años. 

También lo supo el agricultor que tiene el terreno inscrito. Dos años después, se cansó de la visita de curiosos que iban a contemplar el fenómeno y, con una azada, destrozó la laguna natural creada eliminando todo rastro de agua y del humedal. La Guardia Civil precintó la zona para intentar protegerla para sorpresa de toda la mancomunidad de vecinos, que veían que un bien natural incalculable había sido destrozado por un vecino para cultivar alfalfa. Eso movilizó de nuevo la posibilidad de rescatar el acuífero y el Estado retomó el deslinde 2016. 

Entonces, la Confederación colocó los mojones que delimitan la zona pública y privada. Son 195 pequeños hitos de cemento que van recorriendo el perímetro de los Ojos. El Lele los conoce bien. Saca un mapa del deslinde y una lupa para ir siguiendo el recorrido. Asegura que él insistió a la confederación para que acometiera el amojonamiento: “Eso es de dominio público. Siempre lo fue. Lo que pasa es que hay mucho listo en esta vida”.

Ahí comenzó otro proceso judicial que rememora el presidente de la Confederación. “A partir de ese momento instamos a la propiedad a que desmantele estas instalaciones hidráulicas de regadío”. El 19 de abril de 2016, el registro de la propiedad inmatriculó las fincas a favor del Estado y exactamente seis meses después la Confederación dio 30 días a la empresa agrícola para que desmantelara el pívot de regadío. Esta recurrió a la justicia alegando que tenía las fincas inscritas en el registro de la propiedad legalmente antes de que el Estado las deslindara. En 2022 el juez de primera instancia dio la razón al Estado.

La SAT Evangelista, que no ha querido hacer comentarios para esta información, recurrió entonces a la Audiencia Provincial, que el pasado julio, avaló toda la sentencia de primera instancia. El tribunal concluye que “si la zona deslindada de los Ojos del Guadiana que ha afectado de lleno a las fincas registrales propiedad de la parte actora siempre han sido dominio público, cualquier acto de adquisición y/o enajenación de las mismas (aunque se haya inscrito en el Registro de la Propiedad) resulta inoponible” a la ley de Aguas, que declara “dominio público hidráulico del Estado los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas”. Moraleda lo celebra: “Estos derechos de propiedad y el tráfico jurídico no tiene que ver con el Dominio Público Hidráulico, que está determinado por ley”.

Los propietarios que tienen inscritos los terrenos son correosos. Se juegan mucho. En 2020 la justicia anuló el deslinde aguas abajo de este, el que lleva desde los Ojos hasta las Tablas de Daimiel, y la abogacía del Estado no lo recurrió. Escarmentada con pasados anuncios en balde, la Confederación recibió con júbilo la sentencia de 2025 sobre los Ojos, pero guardó silencio público. Espera ahora la última decisión del Supremo, pero, con todos los precedentes a su favor, confía en que, más pronto que tarde, ahora sí, volverán a manos públicas. “Desde luego ir a la carretera de Madrid por Madrid y ver a la izquierda el famoso pívot en un espacio que es de dominio público, pues a nosotros nos molesta y por eso nos hemos movido. Y bueno, ya es cuestión de tiempo que recuperemos ese terreno que, como digo, siempre ha sido de Dominio Público Hidráulico”, concluye.

Si eso ocurre será un hito, pero uno administrativo. La recuperación en el Alto Guadiana estará solo lograda sobre el papel. Porque el acuífero, tras la recuperación de 2012, no ha hecho más que perder agua por la agricultura intensiva. “Llevamos 11 años consecutivos con descensos piezométricos importantes”, señala Moraleda, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

La voz de los expertos

Miguel Mejías, del departamento de Aguas y Cambio Global del Centro Nacional, en el IGME-CSIC, estudia periódicamente el que tradicionalmente se llamaba acuífero 23 y que ahora está considerado como tres masas de agua diferenciadas. Él pone datos al drástico vaciado por la sobreexplotación para el regadío. “En los ojos del Guadiana la profundidad para que vuelva a salir el agua estaríamos a unos 13 metros. Ahora mismo hay un vaciado de volumen de agua almacenado del acuífero desde 1980 hasta 2025, en la actualidad son 2.145 hectómetros cúbicos. Desde 1980, que es el año de referencia, a 2025, las tres masas centrales han bajado 18,27 metros”.

Alberto Celis, secretario de la Asociación Ojos del Guadiana Vivos, cree que nada se arreglará hasta que no se actúe aguas arriba. “Los bombeos para la agricultura intensiva en Manzanares, Cinco Casas o en Llanos del Caudillo han cortocircuitado el sistema del río”. Si la Confederación recupera efectivamente el dominio público hidráulico, si en algún momento vuelve un ciclo húmedo y el agua vuelve a aflorar, al menos no se encontrará un pívot de regadío.

El conflicto por la gestión del agua del río Ebro y de su afluente Siurana ha encendido una vez más los ánimos en las comarcas tarraconenses del Priorat y el Baix Camp. Con los temporales de las últimas semanas, la mayoría de los embalses catalanes se encuentran hoy por encima del 90% de su capacidad. Pero esto no ha disipado la disputa que afecta a dos pantanos vecinos, el de Siurana y el de Riudecanyes, cuyo trasvase está envuelto en polémica y alcanza ahora también al Ebro. 

La oposición ecologista a los planes de trasvases del Ebro se remonta a décadas atrás. Y durante la sequía se reactivó ante la idea, finalmente descartada, de conectar el río con el área metropolitana de Barcelona. Pero ahora la propuesta de unos regantes de la comarca del Baix Camp, que dependen de los dos embalses tarraconenses, ha vuelto a indignar entidades locales y de defensa del medio ambiente. 

Actualmente, el pantano de Siurana, ubicado en la comarca del Priorat (9.000 habitantes), es el más vacío de Catalunya, con las reservas al 43%, según los datos más recientes de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Una de las razones, además de la falta de lluvias en esa zona, es que parte de su agua se deriva al vecino embalse de Riudecanyes, que abastece a la comarca del Baix Camp (200.000 habitantes). 

Las quejas tienen su origen en que la Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes tiene derechos de uso sobre el agua de Siurana. El organismo es una entidad privada formada por agricultores, ayuntamientos del Baix Camp y algunas empresas. En la comarca vecina, el Priorat, las entidades locales llevan años denunciando la gestión del agua por parte de esta comunidad. En el último desembalse de agosto, ponen como ejemplo, se destinaron 0,23 hm3 a la comarca del Priorat y 1hm3 de agua a la comarca del Baix Camp.

Pero hace unas semanas, y tras décadas de lo que varias asociaciones ecologistas y agricultores del Priorat califican como “expolio de agua”, la comunitat de regantes hizo pública una nueva propuesta: trasvasar agua del Ebro hacia el embalse de Siurana –del que bebe a su vez Riudecanyes– para solucionar futuros problemas de escasez de agua en un contexto de emergencia climática. 

El presidente de los regantes, Miquel Àngel Prats, señaló que el trasvase solo se realizaría “puntualmente” en momentos en los que hubiera excedente en la cuenca del río Ebro, y que beneficiaría tanto a los agricultores del Baix Camp como a los del Priorat. Sin embargo, los segundos consideran que la cantidad de agua que recibiría su comarca seguiría siendo mínima.

Prats también alegó que ya se han hecho otros trasvases similares del Ebro hacia los pantanos más pequeños, como el de Margalef y Guiamets. No obstante, Andreu Escolà, del grupo ecologista GEPEC, reitera que la diferencia es que este trasvase “principalmente beneficiaría a la comarca del Baix Camp”. En la misma línea, el presidente del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, sostiene que aceptar el trasvase sería “rebasar una línea roja”. “No aceptaremos más expolio”, asegura.

La depuradora de Reus como alternativa

La propuesta de la Comunidad de Regantes llega en un momento en el que ya se está trabajando en el proyecto de una futura estación de regeneración de agua en la depuradora de Reus, también en el Baix Camp, con el objetivo de evitar la falta de agua y mejorar los recursos hídricos de la zona. Sin embargo, desde la CRPR argumentan que la opción de la depuradora, que tiene un coste estimado de 40 millones de euros, duplicaría el del trasvase, de 20.

Para Àngel Cortadelles, presidente de la Associació Priorat, el argumento económico no justifica el trasvase. “El Baix Camp es una comarca que tiene otras soluciones. Solo pedimos un sistema que no mate a la agricultura del Priorat”, defiende.

Susanna Abella, portavoz de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, remarca además que el agua depurada es una fuente segura que no depende directamente de las condiciones climáticas.

Con todo, otra de las razones por las que la Comunidad de Regantes se opone a este mecanismo de depuración es la falta de garantías sobre un grado de salinidad tolerable para los avellanos, uno de los principales cultivos de la comarca. Fuentes de la Agència Catalana de l’Aigua aseguran que, cuando el proyecto esté validado, intentarán buscar soluciones para garantizar el riego del avellano.

Desde la ACA afirman que se distribuirían 1,43 hm³ de agua al año para el riego de la CRPR, es decir, unos 0,43 hm³ más de los que se trasvasaron el año pasado desde Siurana hacia Riudecanyes.  

Consecuencias del transvase

Los ecologistas de la zona han alertado de las consecuencias que supondría trasvasar agua del río Ebro al pantano de Siurana. “Habría un fuerte impacto paisajístico con la construcción de nuevas canalizaciones, se alteraría aún más el caudal del Ebro y el agua del Siurana perdería calidad al mezclarse con la del Ebro”, advierte Lluís García, presidente de la Plataforma Riu Siurana Viu. 

Aunque los regantes del Baix Camp sostienen que su inciativa no supondría un trasvase entre cuencas, los ecologistas defienden lo contrario. Desde Plataforma Riu Siurana Viu han tildado la propuesta de “trasvase encubierto”, ya que aseguran que el agua del Ebro que entraría al pantano de Siurana acabaría desviándose hacia la riera de Riudecanyes, que pertenece a otra cuenca hidrográfica.

La Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes gestiona el agua del río Siurana –afluente del Ebro– a través de una concesión otorgada en 1930, que les autoriza a desviar agua de este río hacia al pantano de Riudecanyes, en la comarca del Baix Camp, para un uso, principalmente, de riego, aunque también industrial y de abastecimiento. Ellos mismos fueron quienes pidieron la construcción del pantano de Siurana en 1970. 

Como consecuencia, el río Siurana pierde parte de su caudal y los agricultores del Priorat denuncian sufren problemas de abastecimiento. En respuesta a años de descontento, el Consell Comarcal del Priorat presentó en 2024 un recurso de casación para anular la concesión de 1930, pero el Tribunal Supremo no lo admitió a trámite en noviembre de 2025.

El último temporal en Catalunya causó numerosas afectaciones y dejó un trágico balance de un fallecido en Girona y el derrumbe del muro ferroviario que causó el accidente en Gelida, en el que murió un maquinista en prácticas. Sin embargo, desde el punto de vista de las reservas hídricas, el resultado es que los embalses se sitúan ya por encima del 90% de su capacidad después de las abundantes lluvias que se repartieron por todo un territorio que hasta hace poco estaba castigado por una sequía histórica. 

Si la imagen de la escasez hídrica sin precedentes en Catalunya fue la iglesia del pantano de Sau, que emergió entera por ausencia de agua, ahora la foto es la contraria: no hay rastro ni siquiera del campanario en un embalse que llegó a caer por debajo del 5% de su capacidad y que actualmente supera el 95%. Cuando se cumplen dos años de la declaración de emergencia por la sequía, el 2 de febrero de 2024, las cuencas internas que dependen de la Generalitat se encuentran en uno de sus mejores momentos. 

“Con este volumen, se pueden garantizar las demandas de agua con normalidad todo este 2026 y hasta principios de 2027 aunque las aportaciones sean mínimas”, señalan fuentes de la Agencia Catalana del Agua (ACA). La misma valoración hacen expertos como Carmen Llasat, catedrática de Física de la Atmósfera de la Universitat de Barcelona (UB): “Con estos niveles no deberíamos sufrir por el riego de primavera y verano, teniendo en cuenta además que el actual manto de nieve se transformará en más reservas en los próximos días”, afirma. 

El salto que han dado los embalses gracias a las lluvias de 2025, con el colofón de las borrascas de finales de diciembre y de este enero, ha sido considerable. Hace un año, estaban todavía al 33% de su capacidad, mientras que a fecha 23 de enero alcanzan el 91%. El caso más llamativo es el de Sau, que prácticamente se ha llenado desde el 9,7% al 96,3%. Este embalse forma pareja con el contiguo de Susqueda, que ha saltado del 40,7% al 93,7%, y ambos suman a día de hoy 369 hm3 de agua, la principal fuente de abastecimiento del área metropolitana de Barcelona. 

El otro gran impulso lo ha experimentado el embalse de Darnius-Boadella, que alimenta el noreste de Girona y llegó a ser la zona cero de la sequía, con las restricciones al consumo más prolongadas de toda Catalunya. Hace un año estaba al 10,5% y los municipios que beben de su agua seguían en emergencia. Hoy está al 93,3%. Tal es la situación de abundancia en los embalses que el ACA tuvo que desembalsar agua en los días previos al último temporal, para evitar sobrecargas. 

En los datos del Ministerio de Transición Ecológica se observa la crecida de los embalses catalanes, aunque los actualizan semanalmente y por lo tanto no se aprecia aún el impulso del último temporal.

“Estamos en el otro extremo de la sequía, en un vaivén hidrológico al que estamos acostumbrados en el Mediterráneo y que forma parte de la dinámica pluviométrica, con períodos largos de escasez y luego temporales lluviosos”, valora Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la UB. “Estamos en una inercia en la que parece que cualquier temporal que entra riega de forma abundante todo el territorio, acompañado además de un invierno no tan excesivamente cálido como los anteriores, que recuerda al de décadas atrás”, apunta. 

Vide y Llasat añaden además que la recuperación de los embalses se ha producido durante un 2025 que ni siquiera ha sido extraordinariamente lluvioso. “Nos bastan un par de buenos temporales”, comenta Vide. Y añade que además de llenar reservas, el agua sí ha servido para recuperar los acuíferos, un proceso algo más complicado. “El agua debe esponjar la superficie, infiltrarse, y lleva semanas, pero en estos momentos podemos decir que el suelo ya está saturado en gran parte de Catalunya”, celebra el experto. 

El balance pluviométrico de 2025 está por encima de la media, pero sin exageraciones. “Un año lluvioso en general, y muy lluvioso en el sur de Catalunya”, lo describe el boletín anual del Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat). En la zona del Montsià, que ha sufrido más de un episodio de inundaciones, las precipitaciones doblan la media, pero en gran parte de la comunidad los valores se consideran normales. 

La principal particularidad del año pasado en Catalunya es que hubo dos momentos en los que las precipitaciones fueron de récord. En primavera, y sobre todo en marzo, muchas estaciones registraron sus valores más elevados en lo que va de siglo. Y algo parecido ocurrió en julio y en diciembre. Por contra, octubre fue el más seco desde que hay datos. 

Con estos datos, la Generalitat afronta unos meses de tranquilidad hídrica. Aun así, aseguran que sus inversiones y obras para aumentar la capacidad de generar agua potable se mantendrán igual. Entre ellas están la potabilizadora de Trinitat-Besòs, que debería iniciar su actividad este primer trimestre de 2026, la Estación de Regeneración de Agua de Sant Feliu de Llobregat, o nuevos pozos en los ríos Ter y Onyar en la zona de Girona.

Afectadas por una terrible sequía que ya entra en su sexto año, las ciudades iraníes se encuentran al borde de lo que la organización meteorológica del país denomina “día cero del agua”: el límite más allá del cual los sistemas de abastecimiento dejan de funcionar. La ciudad india de Chennai superó ese límite en el verano de 2019 y ahora es una amenaza real para las ciudades iraníes de Mashhad, Tabriz y Teherán. De hecho, los grifos de los distritos del sur de la capital ya se habían secado a principios de diciembre.

Los “cortes de presión” nocturnos, en los que se interrumpe el suministro de agua a barrios enteros de la capital, se han convertido en la norma. Los manifestantes que durante el verano reclamaron “agua, electricidad, vida: nuestros derechos básicos” ya se arriesgaron a sufrir represalias.

Según explica en su web Informed Comment el historiador y experto en Oriente Medio Juan Cole, el director de la empresa regional de aguas informó a principios de noviembre de que las cinco principales presas que abastecen de agua a la capital, Teherán, solo estaban al 11% de su capacidad, y criticó al Gobierno por su inacción.

Con una población de 10 millones de habitantes, Teherán se ha visto amenazada con la medida más drástica de todas: la posibilidad de una evacuación. “Si no llueve en Teherán para diciembre, deberíamos racionar el agua; si sigue sin llover, tendremos que vaciar Teherán”, declaró el presidente del país , Masoud Pezeshkian, en noviembre.

Cuando unas semanas más tarde estallaron las mayores manifestaciones en Irán en años, seguidas de una brutal represión gubernamental, la inseguridad fundamental provocada por la falta de agua fue un factor crucial —aunque poco difundido— en los disturbios contra el régimen de la República Islámica, que lleva 47 años en el poder.

Historial de fracasos

Las causas inmediatas de las protestas han sido una mezcla de las medidas de austeridad del Gobierno y la crisis monetaria, la caída del valor del rial ha hecho que la inflación suba más del 40% que ya había alcanzado a principios de año. Sin embargo, este punto de inflexión es resultado de décadas de errores acumulados.

En el caso de Irán, la evidencia apunta claramente a que la crisis climática es la causa profunda de su escasez de agua. Según una investigación iraní citada por Cole en Informed Comment, entre 1990 y 2022, las temperaturas medias en las ciudades iraníes han aumentado aproximadamente el doble de rápido que la media mundial.

El impacto de ese aumento de las temperaturas se ha visto amplificado por la mala gestión de los recursos hídricos de Irán, en un historial de fracasos que se remonta a décadas atrás, mucho antes de la revolución de 1979, y que se ha prolongado bajo los sucesivos gobiernos.

Impulsados por visiones de modernización nacional y autosuficiencia, tanto la anterior monarquía del sha como la República Islámica han supervisado “el abandono” del sistema acuífero qanat de Irán; un sistema con siglos de antigüedad. Compuesto por unos 70.000 túneles excavados en las laderas de todo el país para acceder al agua subterránea, la mayor parte de los 250.000 kilómetros de túneles del qanat de Irán tienen unos 2.500 años de antigüedad y han suministrado agua dulce a sus ciudades y a la agricultura durante milenios.

Durante la segunda mitad del siglo XX, Irán se convirtió en uno de los tres principales constructores de presas del mundo. A partir de 1962, bajo el mandato del sha, se construyeron 58 presas, que almacenaban alrededor de una cuarta parte de los recursos hídricos totales del país, con la prioridad de aumentar su producción agrícola.

Sin embargo, con la construcción de grandes presas en ríos demasiado pequeños para sostenerlas, las autoridades lograron un alivio a corto plazo a costa de una pérdida de agua más duradera: aumentó la evaporación de los embalses, mientras que las zonas altas se vieron privadas de agua, ahora atrapada detrás de las presas. Tras la revolución y el derrocamiento del sha, el intento de pasar a la autosuficiencia económica supuso esfuerzos por maximizar la extracción de agua nacional, principalmente mediante un mayor uso de bombas de agua subterránea, sin prestar la necesaria atención a la sostenibilidad.

La escasez tiene una dimensión internacional crítica. Tras un largo retraso debido a la insurgencia en el país, el régimen talibán de Afganistán supervisó finalmente la finalización de la presa de Pashdan en el río Harirud, cuya construcción había comenzado originalmente en 2011. El Harirud fluye desde Afganistán hacia el este de Irán, pero el funcionamiento de la presa coloca a los talibanes en control del 80 % del caudal del río, lo que significa que podrían tener el poder de decisión sobre el suministro de agua a las principales ciudades, incluida Mashhad, la segunda más grande de Irán.

En el verano de 2023 estallaron enfrentamientos armados entre Irán y Afganistán por el acceso al río Helmand, causando víctimas en ambos bandos, antes de la negociación de una tregua. El Harirud, a diferencia del Helmand, que se rige teóricamente por un tratado de 1973, no cuenta con ningún acuerdo formal sobre el uso del agua, y la retórica sobre el acceso al mismo se ha intensificado durante el último año y más, a medida que la presa se acercaba a su finalización.

En un mundo sin crisis climática, las décadas de mala gestión del agua en Irán quizá no habrían tenido tanta importancia. Pero, junto con el impacto devastador de las sanciones, todo el sistema se ha visto abocado a lo que podría ser una crisis terminal

Mientras tanto, en los últimos 40 años, las reservas de agua subterránea de Irán se han agotado casi por completo. Se han instalado más de un millón de bombas de agua subterránea, el 90% de las cuales se utilizan en el sector agrícola iraní, especialmente cuando las condiciones de la superficie son áridas. El antiguo sistema de qanats ha sido vaciado por la sobreexplotación y la mayoría de los túneles han caído en estado de abandono, lo que ha provocado graves hundimientos del terreno en Isfahán, una ciudad que en otro tiempo dependía de este sistema de túneles para su abastecimiento de agua. El resultado es un agotamiento desastroso de las reservas de agua subterráneas del país, que se reponen lentamente, y que se han agotado en su mayor parte durante los últimos 20 años. 

Los gobernantes iraníes han intentado aplicar algunas versiones conocidas de “reforma”, entre ellas recortes drásticos del gasto, en un intento de abordar la inflación vertiginosa, las costosas sanciones y los elevados costes que supone administrar un complejo sistema de subvenciones con “tipos de cambio preferenciales” para productos básicos importados, que en el último año han ascendido a 18.000 millones de dólares (unos 15.500 millones de euros).

Fue la presión sobre las finanzas públicas lo que empujó al Gobierno a intentar poner fin al sistema de tipos de cambio preferenciales a principios de diciembre, junto con la preocupación de que el sistema se hubiera corrompido por completo, ya que unos pocos importadores con buenos contactos disfrutaban de enormes beneficios que la mayoría de los consumidores nunca veían. La intención era sustituir, a partir de marzo del próximo año, esta subvención a los importadores por un refuerzo del sistema existente de pagos directos, que es casi una forma de renta básica. Sin embargo, poner fin al sistema de tarifas preferenciales amenazaba con aumentar los precios internos de los productos básicos, incluidas las importaciones de alimentos, lo que incrementaría aún más la inflación, que ya superaba el 40%, y el 72% en el caso de los alimentos.

Escasez crónica

La inflación es una de las expresiones de la escasez crónica que está haciendo insoportable la vida cotidiana en Irán. Otra es la escasez de agua: cuando los sistemas básicos dejan de funcionar y el acceso al agua se convierte en un privilegio reservado a quienes pueden permitirse comprarla embotellada.

En un mundo sin crisis climática, las décadas de mala gestión del agua en Irán quizá no habrían tenido tanta importancia. Pero, junto con el impacto devastador de las sanciones, todo el sistema se ha visto abocado a lo que podría ser una crisis terminal.

Debemos esperar más disturbios climáticos de este tipo. Un estudio de científicos de la Universidad Nacional de Pusan, Corea del Sur, publicado a finales de 2025, prevé que tres cuartas partes de las regiones más propensas a la sequía del mundo correrán el riesgo de llegar al “día cero” a finales de siglo, y un tercio de ellas se verán afectadas antes de 2030. El colapso del suministro de agua en Irán es solo el ejemplo más dramático que tenemos hasta la fecha de cómo la crisis climática está amenazando nuestros sistemas más esenciales y, con ellos, la estabilidad política. Es poco probable que sea el último.

James Meadway es el presentador del pódcast Macrodose.

Traducción de Emma Reverter.

L’escassetat d’aigua com a conseqüència del creixement poblacional i turístic que ha tingut Eivissa en les últimes dècades és un dels principals problemes que els governs locals han de resoldre si no volen afrontar una greu situació de desabastiment en el futur. En el període comprès entre 1996 i 2025, la població ha passat de 78.867 a 164.265 habitants, segons dades de l’Institut Balear d’Estadística (Ibestat). Més del doble en menys de tres dècades. Dels cinc municipis, Sant Josep de sa Talaia ha estat el que ha experimentat un creixement urbanístic més desordenat des de la dècada dels 80. Durant aquest temps, ha passat d’11.841 a 30.702 habitants.

El Consell Insular ha aprovat al municipi, on governa el PP, les normes provisionals del seu futur planejament urbanístic (l’anterior va ser aprovat el 1986), que preveu un creixement poblacional del 50% respecte a l’existent. “La greu i descontrolada pressió urbanística i turística, el foment actiu de l’especulació i la nul·la existència de disciplina urbanística han conduït a l’esgotament dels recursos hídrics”, denuncia Neus Prats, vicepresidenta del grup ecologista GEN-GOB i responsable de l’àrea de territori i urbanisme. Els ecologistes, que han presentat al·legacions contra el pla urbanístic, han demanat que se suspengui “totalment i indefinidament” la possibilitat de permetre “nous usos residencials i turístics”.

L’alcalde, Vicent Roig (PP), fa una lectura diferent. “S’ha aconseguit un instrument equilibrat, que millora la funcionalitat urbana i reforça la qualitat de vida sense incrementar el creixement”, ha valorat. És la mateixa línia que ha mantingut el president del Consell Insular, Vicent Marí (PP), que subratlla que les normes provisionals són imprescindibles “per protegir l’interès general i assegurar que Sant Josep disposi d’un planejament viable mentre elabora un nou instrument general”.

Els ecologistes, però, adverteixen que el document aprovat reconeix explícitament “la limitació estructural dels recursos hídrics del municipi i de l’illa, especialment la pressió sobre els aqüífers”. Als problemes descrits hi afegeixen altres: l’existència de milers d’habitatges buits, la impossibilitat que la majoria dels residents puguin gaudir del dret a un habitatge digne, la manca de diversificació econòmica i l’absència de sobirania alimentària com a conseqüència de la gran pressió urbanística que hi ha sobre el camp.

El GEN-GOB situa l’origen del problema en el boom turístic dels anys seixanta i setanta. “Resulta, per tant, urgent i necessari actuar i revertir, en la mesura del possible, aquesta situació com a única garantia de futur, i aquestes NPP (Normes Urbanístiques Provisionals) aprovades inicialment pel Consell Insular eludeixen aquesta obligació”, adverteix Prats.

L’experta assenyala que la suspensió del planejament existent, “obsolet i sense cap previsió ambiental”, és un primer pas, però en aquest cas té “un abast insuficient”. Segons Prats, la substitució temporal per les noves normes urbanístiques provisionals “aprofundeix en la problemàtica existent i, de desenvolupar-se, permetria a un municipi sense aigua i amb greus problemes de conservació de la biodiversitat duplicar el nombre d’habitants”. Això passarà, afirma l’experta, per dues raons: pel increment permès en sòl urbà respecte a l’actual i pel fet que el sòl rústic no es veu afectat per la suspensió, “malgrat presentar una greu pressió urbanística que desvirtua la seva funció agrària i el seu paper en la conservació ambiental”.

Les noves normes urbanístiques provisionals aprofundeixen en la problemàtica existent i, de desenvolupar-se, permetrien a un municipi sense aigua i amb greus problemes de conservació de la biodiversitat duplicar el nombre d’habitants

Neus Prats — Vicepresidenta del grup ecologista GEN-GOB

Els aqüífers més sobreexplotats

“Els municipis han de disposar d’un informe de suficiència hídrica per aprovar els seus plans urbanístics”, afirma Juan Calvo, director de l’Aliança per l’Aigua, i afegeix que és un requisit establert en el Pla Hidrològic de les Illes Balears (2022-2027). Com a exemple, explica el que va passar en legislatures passades al municipi d’Eivissa, on l’Ajuntament progressista no aconseguia aprovar el PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana). “El Govern [de Francina Armengol] els va exigir aprovar un pla de gestió sostenible de l’aigua”, recorda Calvo.

En aquest pla calia justificar que el municipi disposava de prou recursos hídrics (aigua dessalada i de pou) per abastir la població en els pics més alts de demanda. És a dir, a l’agost. L’expert assegura que Sant Josep ha de passar pel mateix procés. “El PGOU ha de justificar clarament la suficiència hídrica: per a això cal redactar i aprovar un pla de gestió sostenible on apareguin tots aquests indicadors”, afirma Calvo, i afegeix que “qualsevol creixement” ha d’estar condicionat “a les mesures del pla de gestió sostenible de l’aigua”.

En aquest sentit, el GEN-GOB assegura que el document aprovat pel Consell Insular reconeix explícitament “la limitació estructural dels recursos hídrics del municipi i de l’illa, especialment la pressió sobre els aqüífers”. En teoria, la normativa urbanística provisional s’alinea amb el principi de “no increment significatiu de la demanda d’aigua”, vinculant el desenvolupament urbanístic a “la consolidació de sòl ja urbanitzat i a la reducció o contenció del creixement residencial”. Tot i això, Prats denuncia que “es tracta d’una obvietat sobradament coneguda que es queda en simple retòrica, sense la solvència tècnica que ha de tenir un document ambiental”.

En teoria, la normativa urbanística provisional s’alinea amb el principi de 'no increment significatiu de la demanda d’aigua', vinculant el desenvolupament urbanístic a 'la consolidació de sòl ja urbanitzat i a la reducció o contenció del creixement residencial'

El GEN-GOB adverteix que el pla urbanístic provisional manca de dades concretes sobre l’aigua. “No s’aporta una quantificació detallada de la demanda hídrica futura ni escenaris comparatius amb la situació actual”, destaca Prats, i afirma que la suficiència de recursos es justifica “de manera qualitativa”, però “sense balanços hídrics reals ni referències a la capacitat de subministrament en episodis de sequera”. De la mateixa manera, no es detalla com es garantirà l’abastiment durant la temporada alta de turisme, ni en cas de fallades o limitacions en la producció d’aigua dessalada.

Les dades de l’Observatori de l’Aigua de l’Aliança assenyalen que Sant Josep és el municipi de l’illa amb els aqüífers més sobreexplotats i amb pèrdues de fins al 30% a la xarxa municipal d’aigua, enfront del 7% que estableix el Pla Hidrològic per a 2027. “És fonamental reduir les pèrdues a la xarxa”, afirma Calvo. Aquestes pèrdues, però, són majors perquè les dades no inclouen les xarxes privades d’urbanitzacions que no estan connectades a la xarxa i que no subministren aigua dessalada.

Així, l’associació recorda que, a diferència del que passa a la península, el 70% del consum d’aigua és urbà; més del 20% es destina a habitatges en sòl rústic i només un 7% és agrícola. “Hi ha xarxes privades dels quals els pous s’estan quedant sense aigua”, explica l’expert. Quan la situació és crítica, l’Ajuntament assumeix la gestió.

És fonamental reduir les pèrdues a la xarxa. Hi ha xarxes privades dels quals els pous s’estan quedant sense aigua

Juan Calvo — Director de l'Aliança per l'Aigua

Deficiències a les depuradores

Un altre dels punts crítics que assenyala l’informe del GEN-GOB és la situació de les infraestructures de depuració d’aigües residuals, que presenten deficiències “en quantitat i qualitat”. Tot i preveure un increment de població del 50% només en sòls urbans i urbanitzables, la normativa provisional no avalua “la capacitat real de les estacions depuradores”, ni les actuals ni les futures. No s’indica, adverteix Prats, el percentatge d’ocupació, ni la capacitat en pics de població estacional, i no es concreten les inversions necessàries per a la seva ampliació o millora, ni els calendaris d’execució de les infraestructures.

La reutilització d’aigua depurada, una exigència que el grup ecologista ja va plantejar el 2004 per a la seva incorporació al Pla Territorial Insular (PTI), apareix mencionada en el document com a objectiu. Tot i això, “no es detallen les xarxes de distribució d’aigua regenerada ni existeixen compromisos d’execució vinculants”, adverteix Prats. En conseqüència, les infraestructures existents “no poden assumir les necessitats actuals, però ni es contempla la seva adequació abans de permetre nous desenvolupaments urbanístics ni s’avaluen les implicacions ambientals d’aquestes infraestructures”.

En aquest punt, l’Aliança per l’Aigua sosté que la reutilització és “impossible” a causa del “grau de salinitat que reben les aigües residuals que arriben de les depuradores pel mal estat del clavegueram”. Com que el clavegueram té deficiències, es produeixen infiltracions des del subsol. “Totes les depuradores reben aigua amb un nivell de salinitat elevat”, lamenta Calvo, d’acord amb les dades de l’Observatori de l’Aigua.

L’Aliança per l’Aigua sosté que la reutilització de l’aigua a través de depuradores és 'impossible' a causa del 'grau de salinitat que reben les aigües residuals que arriben de les depuradores pel mal estat del clavegueram'

Per aquests motius, el GEN-GOB conclou que declarar que no hi haurà un increment poblacional és “una fal·làcia per argumentar una contenció urbanística inexistent”. La relació amb les infraestructures (aigua, sanejament, escoles, etc.) queda desvinculada del recompte real d’habitants, tant actual com futur, i invalida “qualsevol conclusió favorable de l’avaluació ambiental”. Aquesta ha de basar-se, assegura Prats, en les realitats actuals i previstes, i no en “normes urbanístiques obsoletes que s’han de derogar íntegrament per no complir ni mínimament amb els criteris de desenvolupament sostenible i racional”. A parer seu, tampoc compleixen amb “la mínima preservació dels valors ambientals i dels recursos naturals”.

Per evitar que el futur urbanístic de Sant Josep sigui el descrit pel GEN-GOB, els experts en gestió hídrica insisteixen que el municipi ha de recuperar el pla de gestió sostenible redactat per l’Aliança per l’Aigua. “No han aprovat el document”, recorda Calvo. Per tant, segons la seva anàlisi, abans d’aprovar el planejament urbanístic cal aprovar “un pla de gestió sostenible de l’aigua, que és la base per justificar l’eficiència hídrica”.

“Creiem que és fonamental la transparència de les dades de l’aigua”, valora Calvo, i reclama els ajuntaments de l’illa a fer públiques les dades perquè siguin accessibles. “Ens costa moltíssim aconseguir les dades”, lamenta, i demana que sigui obligatori l’accés als consums, demandes i pèrdues. Finalment, alerta sobre el perill de construir una quarta dessaladora [a l’illa], ja que des que es redacta el projecte fins que s’executa i construeix poden passar entre deu i quinze anys. Amb les expectatives es poden generar nous creixements urbanístics, de manera que quan finalitzi, podria passar que les noves demandes ja no es puguin satisfer.

Els constructors: “Cal prioritzar habitatge assequible”

La patronal de la construcció de l’illa, en canvi, valora que “finalment s’avanci en l’actualització del planejament urbanístic”, tot i aclarir que demanen que “es garanteixi seguretat jurídica, claredat normativa i agilitat administrativa”. Consuelo Antúnez, presidenta de PIMEEF Construcció, considera que el futur PGOU haurà de “facilitar un desenvolupament ordenat i realista, especialment en matèria d’habitatge, perquè ara mateix l’accés és molt difícil per a la població resident”. Antúnez creu que per a això cal prioritzar sòl per a habitatge assequible i que “es defineixin bé els criteris d’edificabilitat i densitat”.

Pel que fa al sostre poblacional situat en més de 40.000 habitants, considera que pot tenir sentit si el creixement es produeix amb “planificació, ordre i sostenibilitat”. “Si no es preveu aquest creixement, s’enfilen els preus, augmenta la construcció irregular i es col·lapsen els serveis”, considera Antúnez, tot i assegurar que cal fer-ho “amb responsabilitat” i dotar d’infraestructures aquest possible augment poblacional.

Consultada sobre la situació d’estrès hídric als aqüífers, considera que l’aigua és el principal límit al creixement a l’illa. “Si no s’inverteix a millorar les xarxes, ampliar la reutilització i reforçar les dessaladores, qualsevol creixement serà insostenible”, valora. Per aquests motius, la presidenta de la patronal creu que “cal construir millor, amb menys consum de recursos i més eficiència energètica, però també cal garantir que els recursos bàsics, com l’aigua, estiguin assegurats”.

La escasez de agua como consecuencia del crecimiento poblacional y turístico que ha tenido Eivissa en las últimas décadas es uno de los principales problemas que los gobiernos locales deben resolver si no quieren enfrentarse a una grave situación de desabastecimiento en un futuro. En el periodo entre 1996 y 2025, la población ha pasado de 78.867 a 164.265 habitantes, según datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat). Más del doble en menos de tres décadas. De los cinco municipios, Sant Josep de sa Talaia ha sido el que ha experimentado un crecimiento urbanístico más desordenado desde la década de los 80. Durante este tiempo, ha pasado de 11.841 a 30.702 habitantes.

El Consell Insular ha aprobado en el municipio, donde gobierna el PP, las normas provisionales de su futuro planeamiento urbanístico (el anterior fue aprobado en 1986), que prevé un crecimiento poblacional del 50% respecto al existente. “La grave y descontrolada presión urbanística y turística, el fomento activo de la especulación y la nula existencia de disciplina urbanística han conducido al agotamiento de los recursos hídricos”, denuncia Neus Prats, vicepresidenta del grupo ecologista GEN-GOB y responsable del área de territorio y urbanismo. Los ecologistas, que han presentado alegaciones contra el plan urbanístico, han pedido que se suspenda “total e indefinidamente” la posibilidad de permitir “nuevos usos residenciales y turísticos”.

El alcalde, Vicent Roig (PP), hace una lectura distinta. “Se ha conseguido un instrumento equilibrado, que mejora la funcionalidad urbana y refuerza la calidad de vida sin incrementar el crecimiento”, ha valorado. Es la misma línea que ha mantenido el presidente del Consell Insular, Vicent Marí (PP), que subraya que las normas provisionales son imprescindibles “para proteger el interés general y asegurar que Sant Josep disponga de un planeamiento viable mientras elabora un nuevo instrumento general”.

Los ecologistas, sin embargo, advierten que el documento aprobado reconoce explícitamente “la limitación estructural de los recursos hídricos del municipio y de la isla, especialmente la presión sobre los acuíferos”. A los problemas descritos añaden otros: la existencia de miles de viviendas vacías, la imposibilidad de que la mayoría de los residentes puedan disfrutar del derecho a una vivienda digna, la falta diversificación económica y la ausente soberanía alimentaria como consecuencia de la gran presión urbanística que hay sobre el campo.

El GEN-GOB sitúa el origen del problema en el boom turístico de los años sesenta y setenta. “Resulta, por tanto, urgente y necesario actuar y revertir, en la medida de lo posible, esta situación como única garantía de futuro, y estas NPP (Normas Urbanísticas Provisionales) aprobadas inicialmente por el Consell Insular eluden esta obligación”, advierte Prats.

La experta apunta a que la suspensión del planeamiento existente, “obsoleto y sin ninguna previsión ambiental”, es un primer paso, pero en este caso tiene “un alcance insuficiente”. Según Prats, la sustitución temporal por las nuevas normas urbanísticas provisionales “profundiza en la problemática existente y, de desarrollarse, permitiría a un municipio sin agua y con graves problemas de conservación de la biodiversidad duplicar el número de habitantes”. Esto ocurrirá, afirma la experta, por dos razones: debido al incremento permitido en suelo urbano respecto al actual y debido a que el suelo rústico no se ve afectado por la suspensión, “a pesar de presentar una grave presión urbanística que desvirtúa su función agraria y su papel en la conservación ambiental”.

Las nuevas normas urbanísticas provisionales profundizan en la problemática existente y, de desarrollarse, permitirían a un municipio sin agua y con graves problemas de conservación de la biodiversidad duplicar el número de habitantes

Neus Prats — Vicepresidenta del grupo ecologista GEN-GOB

Los acuíferos más sobreexplotados

“Los municipios deben tener un informe de suficiencia hídrica para aprobar sus planes urbanísticos”, afirma Juan Calvo, director de la Alianza por el Agua, y añade que es un requisito establecido en el Plan Hidrológico de las Illes Balears (2022-2027). Como ejemplo, explica lo que ocurrió en legislaturas pasadas en el municipio de Eivissa, donde el Ayuntamiento progresista no conseguía aprobar el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). “El Govern [de Francina Armengol] les exigió aprobar un plan de gestión sostenible del agua”, recuerda Calvo.

En este plan había que justificar que el municipio disponía de suficientes recursos hídricos (agua desalada y de pozo) para abastecer a la población en los mayores picos de demanda. Es decir, en agosto. El experto asegura que Sant Josep debe pasar por el mismo proceso. “El PGOU debe justificar claramente la suficiencia hídrica: para ello hay que redactar y aprobar un plan de gestión sostenible donde aparezcan todos estos indicadores”, afirma Calvo, y añade que “cualquier crecimiento” debe estar condicionado “a las medidas del plan de gestión sostenible del agua”.

En este sentido, el GEN-GOB asegura que el documento aprobado por el Consell Insular reconoce explícitamente “la limitación estructural de los recursos hídricos del municipio y de la isla, especialmente la presión sobre los acuíferos”. En teoría, la normativa urbanística provisional se alinea con el principio de “no incremento significativo de la demanda de agua”, vinculando el desarrollo urbanístico a “la consolidación de suelo ya urbanizado y a la reducción o contención del crecimiento residencial”. Sin embargo, Prats denuncia que “se trata de una obviedad sobradamente conocida que se queda en simple retórica, sin la solvencia técnica que debe tener un documento ambiental”.

En teoría, la normativa urbanística provisional se alinea con el principio de 'no incremento significativo de la demanda de agua', vinculando el desarrollo urbanístico a 'la consolidación de suelo ya urbanizado y a la reducción o contención del crecimiento residencial'

El GEN-GOB advierte que el plan urbanístico provisional carece de datos concretos sobre el agua. “No se aporta una cuantificación detallada de la demanda hídrica futura ni escenarios comparativos con la situación actual”, destaca Prats, y afirma que la suficiencia de recursos se justifica “de manera cualitativa”, pero “sin balances hídricos reales ni referencias a la capacidad de suministro en episodios de sequía”. Del mismo modo, no se detalla cómo se garantizará el abastecimiento durante la temporada alta de turismo, ni en caso de fallos o limitaciones en la producción de agua desalada.

Los datos del Observatorio del Agua de la Alianza apuntan a que Sant Josep es el municipio de la isla con los acuíferos más sobreexplotados y con unas pérdidas de hasta el 30% en la red municipal de agua, frente al 17% que establece el Plan Hidrológico para 2027. “Es fundamental reducir las pérdidas en la red”, afirma Calvo. Estas pérdidas, sin embargo, son mayores debido a que los datos no incluyen las redes privadas de urbanizaciones que no están conectadas a la red, y que no suministran agua desalada.

Así, la asociación recuerda que, a diferencia de lo que ocurre en la península, el 70% del consumo de agua es urbano; más de un 20% va destinado a viviendas de suelo rústico y solo un 7% es agrícola. “Hay redes privadas cuyos pozos se están quedando sin agua”, explica el experto. Cuando la situación es crítica, el Ayuntamiento asume la gestión. 

Es fundamental reducir las pérdidas en la red. Hay redes privadas cuyos pozos se están quedando sin agua

Juan Calvo — Director de la Alianza por el Agua

Deficiencias en las depuradoras

Otro de los puntos críticos que señala el informe del GEN-GOB es la situación de las infraestructuras de depuración de aguas residuales, que presentan deficiencias “en cantidad y calidad”. A pesar de prever un incremento de población del 50% solo en suelos urbanos y urbanizables, la normativa provisional no evalúa “la capacidad real de las estaciones depuradoras”. Ni actuales ni futuras. No se indica, advierte Prats, el porcentaje de ocupación, ni la capacidad en picos de población estacional, y no se concretan las inversiones necesarias para su ampliación o mejora, ni los calendarios de ejecución de las infraestructuras.

La reutilización de agua depurada, una exigencia que el grupo ecologista ya planteó en 2004 para su incorporación al Plan Territorial Insular (PTI), aparece mencionada en el documento como objetivo. Sin embargo, “no se detallan las redes de distribución de agua regenerada ni existen compromisos de ejecución vinculantes”, advierte Prats. En consecuencia, las infraestructuras existentes “no pueden asumir las necesidades actuales, pero ni se contempla su adecuación antes de permitir nuevos desarrollos urbanísticos ni se evalúan las implicaciones ambientales de dichas infraestructuras”.

En este punto, la Alianza por el Agua sostiene que la reutilización es “imposible” debido al “grado de salinidad que reciben las aguas residuales que llegan de las depuradoras por el mal estado del alcantarillado”. Como el alcantarillado tiene deficiencias se producen infiltraciones desde el subsuelo. “Todas las depuradoras reciben agua con un nivel de salinidad elevado”, lamenta Calvo, de acuerdo a los datos del Observatorio del Agua. 

La Alianza por el Agua sostiene que la reutilización del agua a través de depuradoras es 'imposible' debido al 'grado de salinidad que reciben las aguas residuales que llegan de las depuradoras por el mal estado del alcantarillado'

Por estos motivos, el GEN-GOB concluye que declarar que no habrá un incremento poblacional es “una falacia para argumentar una contención urbanística inexistente”. La relación con las infraestructuras (agua, saneamiento, escuelas, etc.) queda desvinculada del conteo real de habitantes, tanto actual como futuro, e invalida “cualquier conclusión favorable de la evaluación ambiental”. Ésta debe basarse, asegura Prats, en las realidades actuales y previstas, y no en “normas urbanísticas obsoletas que deben derogarse íntegramente por no cumplir ni mínimamente con los criterios de desarrollo sostenible y racional”. En su opinión, tampoco cumplen con “la mínima preservación de los valores ambientales y de los recursos naturales”.

Para evitar que el futuro urbanístico de Sant Josep sea el descrito por el GEN-GOB, los expertos en gestión hídrica insisten en que el municipio debe recuperar el plan de gestión sostenible redactado por la Alianza por el Agua. “No han aprobado el documento”, recuerda Calvo. Por tanto, según su análisis, antes de aprobar el planeamiento urbanístico hay que aprobar “un plan de gestión sostenible del agua, que es la base para justificar la eficiencia hídrica”.

“Creemos que es fundamental la transparencia de los datos del agua”, valora Calvo y emplaza a los ayuntamientos de la isla a hacer públicos los datos para que sean accesibles. “Nos cuesta muchísimo conseguir los datos”, lamenta, y pide que sea obligatorio el acceso de los consumos, demandas y pérdidas. Por último, alerta sobre el peligro de construir una cuarta desaladora [en la isla], ya que desde que se redacta el proyecto hasta que se ejecuta y construye pueden pasar entre diez o quince años. Con las expectativas se pueden generar nuevos crecimientos urbanísticos, por lo que cuando finaliza, podría ocurrir que las nuevas demandas ya no se pueden satisfacer.

Los constructores: “Hay que priorizar vivienda asequible”

La patronal de la construcción de la isla, en cambio, valora que “por fin se avance en actualizar el planeamiento urbanístico”, aunque aclara que piden que “se garantice seguridad jurídica, claridad normativa y agilidad administrativa”. Consuelo Antúnez, presidenta de PIMEEF Construcción, valora que el futuro PGOU deberá “facilitar un desarrollo ordenado y realista, especialmente en materia de vivienda, porque ahora mismo el acceso es muy difícil para la población residente”. Antúnez considera que para ello hay que priorizar suelo para vivienda asequible y que “se definan bien los criterios de edificabilidad y densidad”.

En cuanto al techo poblacional situado en más de 40.000 habitantes, considera que puede tener sentido si el crecimiento se produce con “planificación, orden y sostenibilidad”. “Si no se prevé ese crecimiento, se disparan los precios, aumenta la construcción irregular y se colapsan los servicios”, considera Antúnez, aunque asegura que hay que hacerlo “con responsabilidad” y dotar de infraestructuras ese posible aumento poblacional.

Consultada sobre la situación de estrés hídrico en los acuíferos, cree que el agua es el principal límite al crecimiento en la isla. “Si no se invierte en mejorar redes, ampliar la reutilización y reforzar las desaladoras, cualquier crecimiento será insostenible”, valora. Por estos motivos, la presidenta de la patronal cree que “hay que construir mejor, con menos consumo de recursos y más eficiencia energética, pero también hay que garantizar que los recursos básicos, como el agua, están garantizados”.

El deterioro del suelo suele avanzar sin señales visibles hasta que condiciona cultivos, reservas de agua y actividades económicas enteras. Durante años, España se percibió en una franja de menor riesgo, lejos del nivel de presión que afrontan áreas como el norte de África, Oriente Próximo o amplias zonas de Asia central. Esa sensación de relativa seguridad se apoyaba en la diversidad climática y en la idea de que el problema quedaba circunscrito a espacios muy concretos.

Sin embargo, ese planteamiento dejaba fuera procesos menos evidentes que dependen del uso del agua y de la intensidad de las prácticas agrícolas. Esa falta de una visión integrada exigía un diagnóstico que tradujera la degradación en datos verificables y comparables.

El reparto territorial dibuja contrastes muy acusados entre comunidades

La Universidad de Alicante y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas identificaron ese vacío mediante el primer Atlas de la Desertificación de España, un estudio que cuantifica la degradación del suelo y su extensión territorial. El trabajo fija que la degradación afecta al 43,35% del territorio español y que la desertificación alcanza al 60,94% de las zonas áridas, unos 206.203 kilómetros cuadrados.

Ese resultado convierte una percepción general en un diagnóstico medido, con cifras que permiten seguir la evolución del proceso y compararlo entre regiones. Además, el Atlas establece una base común para evaluar la capacidad productiva del suelo y su relación con el uso del agua.

La distribución regional muestra un patrón desigual que concentra los mayores niveles de aridez en el sureste peninsular y en varios archipiélagos. La Región de Murcia aparece con el 99,8% de su territorio clasificado como árido, seguida de Canarias con el 92,7%, Castilla-La Mancha con el 90,5%, Baleares con el 85,4% y la Comunitat Valenciana con el 84,4%.

En el extremo opuesto, Cantabria, Galicia y Asturias no presentan zonas áridas según el Atlas, lo que introduce un contraste territorial marcado. Otras áreas con presencia relevante del fenómeno se localizan en la meseta manchega, el sur de Extremadura, zonas vitivinícolas de Castilla y León y La Rioja, además del valle del Ebro y parte del Guadalquivir.

El uso del agua marca el ritmo del problema y de las posibles respuestas

El Atlas de la Desertificación en España incluye 66 mapas que integran variables de clima, agua, suelo, cubierta forestal, biodiversidad y factores sociales. Para su elaboración se utilizó un algoritmo Random Forest que combina indicadores sobre acuíferos, humedales y suelo, además de variables asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta metodología permite cruzar datos ambientales con usos humanos del territorio. El documento está disponible en formato digital y ofrece una base común para estudios posteriores. Esa estructura facilita comparar zonas con dinámicas distintas dentro del mismo marco técnico.

La gestión del agua aparece como uno de los elementos que más condicionan el proceso. El Atlas indica que el 42% del territorio consume más del 80% del agua dulce del país y que cuatro de cada cinco personas viven en zonas áridas. En ese contexto, los investigadores plantean medidas como la reutilización de aguas residuales, la mejora de redes para reducir pérdidas, la desalinización y los trasvases, teniendo en cuenta que solo se reutiliza el 12% de los 4.000 hectómetros cúbicos consumidos en entornos urbanos. Estas propuestas se formulan como respuestas operativas a un escenario de lluvias irregulares y aumento de temperaturas.

La presentación del Atlas por parte de la Universidad de Alicante y el CSIC subraya que la desertificación es uno de los principales problemas ambientales del país. Los autores señalan que su gravedad y extensión aumentan por el cambio climático y por el uso no sostenible de los recursos naturales, y que cartografiar el proceso es un paso previo para diseñar respuestas ajustadas a cada territorio. El documento ofrece así una base común para evaluar riesgos y orientar decisiones públicas sin recurrir a comparaciones externas imprecisas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha apoyado el proyecto de orden de los planes especiales de sequía, dado que no se ha tenido en cuenta ninguna de las consideraciones que ha realizado para el desarrollo socioeconómico.

Así lo ha verbalizado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en la reunión del Consejo Nacional del Agua, de este jueves, donde ha recordado lo acontecido con el Plan Especial de Sequía del Segura que incorpora los recursos procedentes de otra cuenca, en este caso del Tajo, “olvidándose del principio de unidad de cuenca como marca la Directiva marco del Agua, por lo que amplía a un ámbito geográfico que no es el definido para la demarcación del Segura”, ha especificado la consejera.

“Esta decisión de utilizar recursos que dicen son excedentarios, pero que no son tal, y destinarlo a otras demarcaciones hidrográficas, sin duda viene a perjudicar el presente y futuro de nuestro territorio en la demarcación del Tajo que se queda constreñido”, ha indicado Mercedes Gómez, según informa el Ejecutivo.

Además, tal y como ha señalado, “cada cuenca hidrográfica tiene que contar con sus propios recursos a la hora de planificar el Plan de Sequía y no puede ser que el Ministerio apruebe un documento en estos términos contando con recursos ajenos”.

Gómez ha destacado la necesidad de exigir el cumplimiento del programa de medidas de los planes hidrológicos actuales “porque no podemos hablar de un nuevo programa sin haber cumplido el actual, por lo que nuestros esfuerzos están centrados en que esos planes se cumplan, que se financien las medidas propuestas y en que se respeten los intereses de Castilla-La Mancha”.

De ahí que en Castilla-La Mancha se van a constituir, a partir de enero, los grupos de trabajo para elaborar las aportaciones a los Esquemas de Temas Importantes dentro del proceso del cuarto ciclo de planificación del Tajo (2028-2033) de las siete Demarcaciones Hidrológicas que afectan a la región, cuyo plazo para presentar alegaciones finaliza el 28 de mayo de 2026.

Dentro del orden del día del Consejo Nacional del Agua, Mercedes Gómez también ha puesto de manifiesto que el Gobierno regional no está de acuerdo con el catálogo de acuíferos compartidos, al no disponer de suficiente información técnica “que avale que realmente tengamos acuíferos compartidos, pensando específicamente en el Júcar y el Guadiana, dos cuencas que son muy importantes para el desarrollo socioeconómico de nuestros municipios de Castilla-La Mancha”.