La bodega Stratvs se encuentra en el “Espacio Natural Protegido” de La Geria, en una Zona Especial de Protección para las Aves y que además pertenece a la Red Natura 2000. Se trata de una cuestión que para los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente evidencia que sí que era necesario realizar un informe de impacto ambiental que evaluara las posibles afecciones que podrían suponer las obras efectuadas para su entorno. Así lo han sostenido dos expertos por videoconferencia en la sesión celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde se trata de dilucidar si se cometieron una serie de delitos en la edificación de este espacio. 

Los funcionarios que elaboraron uno de los informes que se adjuntan a la causa Stratvs, apelaron este miércoles a la existencia del “principio de precaución”, es decir, “ante la duda hay que actuar de manera precautoria” ya que “no siempre existe un conocimiento exhaustivo o se cuenta con toda la información” y “un informe medioambiental puede ayudar a conocer el espacio”. Los funcionarios calcularon en el documento presentado a la causa que en la zona trabajaron continuamente entre 2.020 y 3.703 camiones de forma continua y que las obras afectaron a la calidad y fragilidad del paisaje, que era elevada. En este sentido, apunta por ejemplo la construcción de la carretera LZ30 que hacía que la bodega fuera visible y con ello un “impacto” para el paisaje. 

Según el informe de los técnicos del Ministerio, se eliminaron de la zona diez zocos y se alteró el barranco del Obispo. Además, los escombros o residuos de la obra debieron ser trasladados al vertedero municipal o haber contado con “autorización medioambiental”, puesto que “toda obra que trata residuos, estos tienen que ser reutilizados”. A la hora de hablar de esta edificación, los funcionarios utilizan el término “complejo Stratvs” ya que “la bodega, el restaurante, la tienda…” forman “parte de un todo”. De hecho, apuntaron que “en un paisaje protegido toda obra debe tener autorización de qué se va a extraer”. 

A juicio de estos expertos, el sistema utilizado por la bodega para el tratamiento de aguas, es decir, el de la fosa séptica, no era el adecuado y afirmaron que hay información de la existencia de una masa de agua en el sur de la isla y en la zona de Famara. En este complejo, añaden que “sí había riesgo de contaminación” ya que esa masa de agua puede explotar y la contaminación acabaría llegando a La Geria por filtraciones laterales, puesto que el terreno es permeable (al tratarse de picón) y el agua es susceptible de filtrarse. 

En su declaración, los funcionarios también insistieron en que con los datos que han analizado “se puede extraer que no se trata de una rehabilitación de la bodega, sino de algo mucho mayor”. “De ahí, a lo que se ha hecho hay una diferencia muy grande”, remarcaron ante las preguntas de los abogados. Las defensas insistieron en cuestionar si estos técnicos habían realizado trabajo de campo y en qué número de BOE había sido publicada la declaración de Zona Especial de Protección para las Aves. 

Otra de las declaraciones relevantes de la vista ha sido la de la aparejadora y trabajadora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural Elisa Perdomo, que explicó el sistema de medición y mostró una serie de fotografías de las obras que se realizaron en la bodega Stratvs. Entre los datos que explicó, destaca la altura de la bodega (9 metros), de las rampas (1.700 metros cuadrados pavimentados) o las numerosas dependencias que detalló: sala de máquinas en tres niveles, cámara de frío, almacenes, sala de barrica, zona de descanso del personal, lavandería… 

La experta también detalló la zona exterior con una zona para los contenedores de basura, otra pavimentada frente a la carretera, aparcamiento de unos 1.500 metros cuadrados o la zona donde habían sido eliminados los hoyos típicos del cultivo de La Geria y donde se había incorporado una zona de sendero, alterando el paisaje al incorporar “arena roja” que “no procede de la zona”. Se trata de un espacio de 970 metros cuadrados. 

Otro de los datos que remarcó es la categoría del suelo de la bodega, “suelo rústico de protección de valor paisajística”, matizó, o lo que es denominado suelo “C-21”, que también se encuentra en otras zonas de Lanzarote. Perdomo no pudo precisar cuánto duró la obra de la bodega pero sí afirmó que en las forografías de Grafcam se puede comprobar algunos de los cambios que experimentó, por ejemplo, en 2012 se aprecia la estructura metálica y en 2013 una marquesina. En cualquier caso, también precisó que “no tiene nada que ver” lo que se autorizó “a lo que está construido”. 

La sesión continuó con otras declaraciones, entre las que destaca la de la ingeniera de Obras Públicas y exdiputada de Podemos en el Congreso Carmen Valido, que también realizó otro de los informes incorporados a la causa para el que utilizó cartografía y fotografías aéreas y en el que concluyó que aproximadamente se ha tenido que llevar a cabo una excavación de 44.430 metros cúbicos para el complejo Stratvs, de lo que se ha ratificado en la vista. 

Lepolodo Díaz Bethencourt (actual viceconsejero de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias), que fue director de la Oficina Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOF) de Lanzarote y cesado por el expresidente del Cabildo de la isla, Pedro San Ginés (CC), una destitución que fue anulada por la Justicia. Durante la vista, explicó que en un suelo de protección paisajística se prohíbe “la construcción de edificios, de infraestructuras aéreas y de movimientos de tierras”. Así mismo, subrayó que el PIOF protege, tal y como dice la categoría del suelo, “la calidad visual del paisaje” y aunque “los cultivos forman parte” de él, “prepondera el valor paisajístico”, pues, de lo contrario, sería un suelo de “protección agraria”. Por ejemplo, el barranco del Obispo es un “elemento propio del paisaje”, resaltó. 

El juicio continuará este jueves, cuando se espera que comiencen a detallarse las conclusiones finales. En principio, la Fiscalía había solicitado para el principal acusado, Juan Francisco Rosa, 15 años de prisión por falsedad en documento público, delito continuado de estafa en grado de tentativa, delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes y por la excavación y extracción con afectación al Espacio Natural Protegido, delito de hurto de bienes de valor histórico, delito de usurpación y contra la ordenación del territorio, y contra el Patrimonio Histórico.

El presunto delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes, uno de los que se juzgan en el caso Stratvs, ha vuelto a centrar gran parte de la vista que se celebró este martes. El juicio, en el que se trata de dilucidar si se cometieron una serie de delitos en torno a la edificación de una bodega de 12.000 metros cuadrados en el Espacio Natural Protegido de La Geria, se ha reanudado en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Una facultativa del Instituto Nacional de Toxicología ha declarado por videoconferencia, al haber participado en el análisis de las muestras recogidas en la bodega, y se ha ratificado en lo que ya anunciaba su informe: la muestra tenía valores contaminantes. 

Pese a que los análisis evidenciaron esa “carga contaminante”, asegura que para efectuar vertidos se requieren de autorizaciones administrativas que obligan a cumplir con una serie de parámetros, pero en este caso, no se disponía de esa autorización expresa. Concretamente, la muestra 1, que se corresponde al pozo de la bodega tenía un nivel de concentración de 3.135 en sólidos en suspensión y los coliformes totales también tenían una concentración elevada. Según resaltó a preguntas de la fiscala, en su informe ya se recogía que “la contaminación por microorganismos por aguas residuales tiene su importancia porque puede conllevar a la existencia de patógenos para el ser humano” y dar lugar a enfermedades, como es el caso de la bacteria E. coli “ya que hay cepas que tienen toxicidad y pueden dar lugar a fallos incluso renales”. 

La experta también matizó que existían muestras que sí presentaban mayor concentración de nitrógeno, lo cual especificó que en zonas con falta de oxígeno como pueden darse en las fosas sépticas (sistema utilizado en la bodega Stratvs) “puede ser que ese nitrógeno se reduzca a nitratos” y estos “se reduzcan a nitritos y pueden ser causantes de perjuicios para salud de las personas”, destacó a la pregunta del Ministerio Público. Así mismo, en el informe también se hacía alusión a la ecotoxicidad, que detalló también durante la vista y se evidenció además la presencia de cierta concentración de contaminación bacteriológica fecal. 

La doctora en Farmacia insistió tanto ante la Fiscalía como ante los abogados de la defensa en que las muestras llegaron en el estado óptimo para ser analizadas y en que no tiene por qué dudar del procedimiento por el que el Seprona tomó dichas muestras. Sobre la posible contaminación del suelo, subrayó que la analítica era de aguas residuales y que se limitó a estudiarla. La abogada de la acusación, Irma Ferrer, protestó en un momento dado al dar por hecho la defensa que el sistema de depuración de la fosa que había sido explicado por los peritos era el adecuado ya que esto es según relató el propietario de la bodega. 

El informe de esta investigadora fue cuestionado por otra experta, la doctora en Geoquímica Isabel Coleto, que aunque admitió que no había analizado las muestras sí que podía llegar a otras conclusiones teniendo en cuenta los informes. A su juicio, el muestreo de 2008 carecía de “información esencial” sobre dónde se recogió la prueba. También matizó que es necesario conocer la temperatura de esa muestra que puede variar el resultado y apuntó que de cinco parámetros que recoge el real decreto de vertidos de Canarias solo se analizó uno. La declarante subrayó que el “PH debe analizarse en campo” y que el sistema de depuración de aguas de la bodega Stratvs llevaba 52 días parado cuando se tomó la muestra. “El agua estaba estancada y no se puede medir cómo estaba funcionando”. 

La bodega Stratvs “sería autorizable” con la actual Ley del Suelo

Para el jurista Francisco Villar Rojas, que ha declarado este martes como testigo en el juicio del caso Stratvs, la ley cambió el estatus jurídico del suelo donde se ubica la bodega y, por tanto, dejó de tener la consideración de parque natural para pasar a ser un paisaje protegido, que en el caso de La Geria, su fin es proteger el “paisaje agrario tradicional, ligado al sector primario”. Con la Ley del Suelo vigente, la polémica norma que entró en vigor durante el mandato de Fernando Clavijo (CC), el testigo asegura que “no cambia nada” y que la “bodega sería autorizable” ya que es fundamental en el ámbito del suelo rústico y para el sector primario. A su juicio, además, “todas las bodegas de la zona ayudan a conservar el paisaje de La Geria”. 

Villar Rojas ha destacado que no ve ningún motivo para una revisión de oficio sobre la bodega Stratvs. En cuanto a los movimientos de tierra que también se juzgan ha señalado que esto depende de la finalidad y que mover la tierra para plantar o remover y luego volver a dejar el terreno como estaba no es un movimiento de tierra como tal. Por otro lado, la fiscala afeó el hecho de que el jurista subrayara que La Geria había pasado de una categoría de suelo de mayor valor a otra de menor valor: “Es su valoración, la ley no dice eso”, apuntó. 

En la misma línea de defensa de la bodega como elemento que ayuda a conservar el paisaje de La Geria se manifestó la catedrática de Derecho Medioambiental Blanca Lozano, que realizó un informe pericial a petición del principal acusado, Juan Francisco Rosa. Durante la sesión de este martes destacó que el paisaje de La Geria es cultural, como paisaje “vivo” según la clasificación de la Unesco. “El plan de protección de la bodega la defendía como muestra estructurante de ese paisaje” y recalcó que fue anulado por “motivos formales”. Así mismo, añadió que no solo no afecta negativamente al espacio sino que es “necesario” para mantener sus valores. La testigo afirmó que la bodega está ayudando a conservar cientos de zocos, que son “producto de la agricultura tradicional”. 

Para la jurista, no era necesario pedir un informe de impacto ambiental para la construcción de la bodega e incidió en que se levantó sobre un terreno que estaba abandonado y que se ha rehabilitado. También hizo mención a que no existe ningún acuífero en la zona y que, de hecho, se realizó un sondeo de 20 metros que lo constató.

En la vista, también intervino el catedrático de Historia José Luis López Castro, que subrayó que el inmueble no tiene valor etnográfico alguno. En él, indicó que la vida tradicional había desaparecido antes del año 69 y que no se constataron evidencias de que tuviera interés arqueológico alguno ya que no hubo en este lugar ningún asentamiento prehispánico. 

El juicio continuará este miércoles. Quedan en total otras cuatro sesiones, en las que, se espera que se detallen las conclusiones de este caso en el que la Fiscalía había solicitado para el principal acusado, el empresario Juan Francisco Rosa, quince años de prisión por un delito continuado de estafa en grado de tentativa, otro delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes y por la excavación y extracción con afectación al Espacio Natural Protegido, delito de hurto de bienes de valor histórico, delito de usurpación y contra la ordenación del territorio, y contra el Patrimonio Histórico. 

Para el arquitecto del complejo, Miguel Ángel Armas Matallana, el Ministerio Fiscal pide diez años de cárcel por delito de falsedad en documento público, usurpación de bien inmueble, delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente y por delito continuado de estafa cualificada en grado de tentativa. 

Una cueva formada por piedras unidas por cemento, una noria, una cascada, una representación de las Salinas de Janubio y una vereda para que los turistas pasearan constituían el Portal de Belén de la bodega Stratvs en 2012. Para su construcción se destruyeron varios zocos del Espacio Natural Protegido de La Geria. Se trata de un sistema de cultivo propio de la zona que consiste en pequeños muros colocados en forma de semicírculo para proteger la viña el viento. Así lo ha recordado un agente de Medio Ambiente que declaró este martes como testigo del caso y que acudió a precintar el Belén ese mismo año.

En la sesión del 13 de febrero celebrada en Lanzarote, otro agente destacó el gran tamaño de las figuras y de la cueva y la consecuente afección al paisaje de este movimiento de tierras en un espacio protegido. Sin embargo, la defensa del empresario y promotor de la bodega Juan Francisco Rosa planteó que la destrucción de los zocos había sido ordenada por el Cabildo insular para trasplantar unas palmeras.

También prestaron su declaración como testigos otros dos agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote que en 2007 interpusieron una denuncia contra Stratvs por extracciones de tierra en el Espacio Natural de La Geria. “Había tierra acumulada en algunas zonas, estaban trabajando en la creación de un aparcamiento y levantaron un muro de contención”, explicó uno de ellos.

Además, estas obras afectaban a una superficie de 8.000 metros cuadrados según algunas fotos aéreas que pudieron efectuar. Esta denuncia se registró ante la corporación insular, que después la trasladó a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN).

Equipamiento puntero

Los testigos José Ramón Villalva y Javier Flores fueron contratados en 2005 para determinar el equipamiento necesario para la bodega, para elaborar el proyecto básico, el de ejecución y para dirigir la obra. La Fiscalía subrayó la existencia de cambios entre el primer proyecto y el segundo. El básico incluía la depuración como sistema de saneamiento de las aguas residuales del complejo, mientras que el siguiente lo sustituía por las fosas sépticas. Además, también existen modificaciones respecto a la superficie a construir.

Cuando ellos fueron contratados en 2005, “las obras y la volumetría ya estaba hecha”, de acuerdo con el proyecto inicial diseñado por el arquitecto y acusado Miguel Ángel Armas Matallana. A pesar de ello, para determinar el equipamiento necesario tuvieron que visitar las “instalaciones industriales” para hacer las mediciones. “El complejo no tiene menos de siete metros de altura”, puntualizó Villalva.

Entre las recomendaciones más destacadas incluidas en el proyecto figura la necesidad de un sistema de ventilación especial en la nave “ante el peligro derivado de los gases” que emite la instalación. Según Villalva, esto es fundamental “en todas las bodegas”.

Por su parte, Javier Flores afirmó, preguntado por la letrada de la acusación popular, que los equipos con los que cuenta Stratvs eran en su momento “la tecnología más puntera y novedosa” del sector.

“El Gobierno de Canarias presionó a la técnica que elaboró un informe, solicitado por la Justicia, desfavorable a la bodega Stratvs para que lo corrigiera”. La exjefa del Servicio de Instrucción de la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), Sonia Gómez, declaró este jueves como testigo del caso que investiga la edificación de un macrocomplejo turístico en el Espacio Natural Protegido de La Geria, Lanzarote. La alta funcionaria, licenciada en Derecho, aseguró que uno de los acusados, el entonces jefe del Servicio de Ordenación Urbanística Armando Villavicencio, llamó por teléfono a la técnica Elisa Perdomo para preguntarle por qué elaboraba un documento que comprometía a tres funcionarios de la Consejería de Política Territorial, actualmente acusados por un presunto delito de prevaricación urbanística: Faustino García Márquez, César Muñoz y el propio Villavicencio.

El informe elaborado por la técnica, Elisa Perdomo, fue trasladado a la Justicia en 2013. Sin embargo, cuatro meses después se convocó en la APMUN una comisión jurídica para revisar el documento porque “presentaba errores de contenido”. En una de las reuniones, según Sonia Gómez, se pidió a la técnica que lo “corrigiera”. “Nunca antes se había elevado a una comisión jurídica un informe pericial judicial”, insistió la testigo.

El resultado final de esta revisión fue un nuevo informe favorable a Stratvs, que fue entregado, sin que se solicitara, al juzgado correspondiente. El motivo de este “contrainforme” fue que a la jefa de la comisión jurídica de la APMUN, Carlota Pérez, “le quitaba el sueño que se comprometiera a tres funcionarios de la consejería”, afirmó la testigo interrogada por la letrada de la acusación popular, Irma Ferrer. Además, según la prueba testifical, se ordenó que tanto Sonia Gómez como Elisa Perdomo no hicieran más informes exigidos por la Justicia.

Según Gómez, el Gobierno también ordenó que se archivara una denuncia del Seprona que alertaba de que se estaban destruyendo zocos de La Geria para construir un Belén navideño en la bodega Stratvs. Una obra que exigía movimientos de tierra “prohibidos expresamente” en el suelo donde está levantado el complejo.

El entonces director de la APMUN, Emiliano Coello, que intervino por videoconferencia en la sesión, reconoce que las trabajadoras le hicieron saber que estaban recibiendo presiones. “Sonia me dijo que no tenía que intervenir, porque lo tenía controlado”, aseguró el economista.

Carlota Pérez, citada también como testigo, mantuvo que se ordenó a revisar el informe elaborado por Elisa Perdomo porque contenía “juicios de valor” al asegurar que la bodega contravenía la legalidad. Pérez defendió que el procedimiento administrativo que se siguió desde el Gobierno para autorizar la obra fue correcto, aunque “desconoce si para la edificación fueron necesarios movimientos de tierra o si provoca alguna afectación al paisaje”.

Una obra “rotundamente irregular”

El denunciante y miembro de la asociación Transparencia Urbanística Javier Díaz-Reixa también ha declarado como testigo ante el tribunal. El jurista ha defendido que Stratvs es una obra “rotundamente irregular” e insistió en la “influencia” que ejerce el empresario y promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa, sobre las administraciones públicas canarias.

Pese a que la solicitud de la licencia para rehabilitar la vivienda de La Geria fue presentada por Piedad del Río Sendino, pareja del arquitecto de Stratvs y acusado Miguel Ángel Armas Matallana, Rosa recibió la primera resolución desfavorable emitida por el Gobierno de Canarias y pudo presentar alegaciones. Además, el empresario solicitó la petición que formuló Díaz-Reixa para acceder a la misma documentación. Un documento que no apareció. Por ello, el Gobierno insistió al miembro de Transparencia Urbanística que este papel debía aparecer“ porque Rosa ”tenía derecho“ a acceder a él.

La acusación popular centró parte de su interrogatorio dirigido a Díaz-Reixa en demostrar la rigurosidad de la denuncia interpuesta por Transparencia Urbanística, cuestionada por las defensas de los acusados. “El objeto de nuestra asociación es luchar contra la corrupción y proteger los bienes públicos esenciales como el agua o la energía. Estudiamos minuciosamente la ejecución de Stratvs para presentar una denuncia lo más rigurosa posible. No ha sido ningún arrebato”, concluyó el testigo.

“El sistema de gestión de las aguas residuales era ineficaz. El olor era totalmente nauseabundo”. El agente del Seprona responsable de la provincia de Las Palmas declaró este martes como testigo del caso Stratvs, que juzga la edificación de una bodega turística de 12.000 metros cuadrados en el Espacio Natural Protegido de La Geria, en Lanzarote. Tanto él como otros cuatro miembros de la Guardia Civil coincidieron en que los vertidos derivados de la actividad del complejo del empresario Juan Francisco Rosa eran contaminantes y se filtraban al paraje natural de La Geria.

Dos visitas a la edificación, realizadas con el propósito de tomar muestras tanto del agua como del terreno por exigencia judicial, fueron suficientes para conducir a los agentes a esta conclusión. En una de las inspecciones estuvieron acompañados “en todo momento” por una de las hijas del propietario de Stratvs y por el jefe de mantenimiento del complejo. Sin embargo, a pesar de que los miembros del Seprona pidieron planos de la bodega, no se les facilitaron. “No había nada, ningún documento en el que observar dónde estaban colocadas las tuberías. No está hecho de forma legal”, sostuvo uno de los testigos.

Con motivo de la alta capacidad de producción de la bodega, los agentes la califican como “gran usuario”. Así, de acuerdo con la legislación vigente, “debe contar con una depuradora”. “Por cada litro de vino se generan cinco litros de aguas residuales. Entonces, la actividad de este complejo puede generar un millón de litros de aguas contaminantes”, explicó uno de los testigos.

Por el contrario, el sistema de gestión de vertidos con el que cuenta Stratvs consiste en cuatro fosas sépticas de paredes porosas que filtraban “agua contaminante” y que funcionan con un proceso de decantación, así como un pozo filtrante. De acuerdo con los testigos, es una técnica ineficiente, ya que el agua “está igual de sucia en la primera fosa que en la tercera”.

Los agentes detectaron la presencia de moho en una pared próxima al restaurante, precintado en ese momento por el Ayuntamiento de Yaiza, y cercana a las fosas sépticas. “No es habitual que haya vegetación en ese espacio”, señalaron. Por ello, dedujeron que el agua de las fosas se estaba filtrando al terreno. Sin embargo, ninguno pudo confirmar que los líquidos que se detectaron en esta área procedieran de ellas.

Daños en el dominio público

Otra de las conclusiones del informe elaborado por los agentes sostiene que las aguas de Stratvs son susceptibles de dañar el dominio público hidráulico. Interrogados por la defensa de José Juan Hernández Duchemín, entonces gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote y acusado de un delito contra el Medio Ambiente en su modalidad de prevaricación medioambiental por autorizar vertidos contaminantes, los agentes justificaron que se trata de dominio público porque su gestión dependía directamente de este organismo.

La sesión se reanudará este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria con la declaración de cuatro agentes de Medio Ambiente y de los testigos Pedro Martín y Antonio Marrero. El jueves 5 de marzo declararán Javier Díaz-Reixa, Emiliano Coello, Carlota Pérez, Sonia Gómez, Basilio Guerra y Manuel Verdera.

La construcción de la bodega Stratvs en el Espacio Natural Protegido de La Geria comenzó en 2003. Sin embargo, no fue hasta enero de 2019 cuando su promotor, Juan Francisco Rosa, se puso en contacto con uno de los propietarios de la finca donde se levantó el complejo para finalizar los trámites de adquisición del terreno. Según la declaración del entonces dueño de este espacio, Aureliano Negrín, el empresario lo llamó por teléfono a principios del año pasado para “solucionar lo de la finca”, y fue uno de los hijos del propietario quien se encargó de llegar a un acuerdo con Rosa. 

“Yo no sabía que estaban haciéndose obras en la finca”, subrayó el testigo. Uno de sus hermanos, Domingo Negrín, le encargo antes de morir que pidiera a Juan Francisco Rosa que “no tocara el terreno”, porque estaba recibiendo subvenciones del Gobierno de Canarias para el cultivo de las parras. Además, insistió en que él nunca tuvo constancia de que el empresario hubiera comprado “de palabra” los terrenos, como aseguró el acusado en su declaración.

Una obra nueva y no “una casa rehabilitada”

En la sesión del juicio celebrada este jueves 13 de febrero en Arrecife también declararon como testigos cinco agentes del Seprona. Todos coincidieron en que no quedaba nada de la casa que Rosa y el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana querían “rehabilitar”, tal y como expresaron en la solicitud de autorización que presentaron ante el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza bajo el nombre de Piedad del Río Sendino, esposa de Armas.

Por el contrario, se había creado una nueva edificación de bloques de hormigón. Esta conclusión la obtuvieron durante una inspección a través de distintas catas ejecutadas en varias zonas de la construcción. Los miembros de la Guardia Civil también resaltan que la vivienda estaba catalogada como Bien de Interés Cultural.

Los agentes afirmaron además que el complejo Stratvs consta de una bodega industrial en la que se producen miles de litros de vino que después se comercializa. Asimismo, las instalaciones cuentan con una sala de exposiciones, una terraza, una tienda, un restaurante, una bodega e incluso una sala de congresos.

En esta línea, lejos de ser una obra de 900 metros cuadrados, de acuerdo con lo solicitado por Rosa ante las administraciones, en su visita al complejo, el Seprona percibió “excavaciones de 5.600 y 8.000 metros cuadrados”. 

Destruir los zocos de La Geria para hacer un Belén 

La afección al paisaje que causó Juan Francisco Rosa, según la Fiscalía, no se limita a la construcción de la bodega, sino que aumenta con la creación de un Portal de Belén para la que se destruyeron zocos. Los zocos son muros de piedra que se colocan en semicírculo en torno a las viñas para protegerlas del viento, una forma de cultivo propia del Espacio Protegido de La Geria. “Había farolas y un camino para que los turistas lo visitaran”, señaló un agente. Además, también se levantó una cueva de gran tamaño con piedras importadas para poner las figuras principales, que también eran de gran tamaño.

El juicio se reanudará el próximo lunes 17 de febrero con la declaración como testigo del expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés. Además, testificarán Francisco Fabelo, Sebastiana Medina, un agente de la Policía Local de Yaiza, María Eulalia Merino, Leandro Caraballo y Fernando Melián. 

El promotor de Stratvs, Juan Francisco Rosa, levantó la bodega en 2003 sobre una finca de la que no era dueño porque “no tenía dinero” para comprarla y pagar a sus propietarios, según la declaración de la entonces dueña del terreno Olga María Ramos de Paiz durante la sesión del juicio del caso Stratvs celebrado este miércoles en Arrecife. Ramos es esposa del también propietario y familiar del arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, el ya fallecido José Negrín. La testigo sostiene que tuvo constancia de la obra cuando ya estaba muy avanzada y que el empresario comenzó sin su autorización.

Cuando se pusieron en contacto con Rosa, él les ofreció “formar parte de sus sociedades” a cambio de la finca por no tener liquidez suficiente para adquirir la zona. “No emprendimos acciones legales contra él porque es un hombre muy poderoso y todos los abogados nos ponían excusas para no asumir el procedimiento. Es muy difícil ir en contra de él”, argumentó Ramos.

En su declaración como acusado el pasado mes de enero y con respecto al delito de usurpación que se le imputa, Juan Francisco Rosa aseguró que, a cambio, había permitido que la hija de los propietarios de la finca celebrara su boda en Stratvs. Un argumento que negó con rotundidad Olga María Ramos: “Mi hija nunca quiso casarse en Lanzarote, y mucho menos en su bodega. Nunca hemos entrado ahí ni por curiosidad. Es una de las grandes mentiras que ha dicho este señor”. Tiempo después, percibieron el pago por la compra de la finca. 

Rosa impidió al Ayuntamiento inspeccionar la bodega

Otro de los testigos que prestó declaración ante el tribunal este martes fue Antonio Andrés Lorenzo Tejera, ingeniero industrial y exjefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, donde trabajó hasta 2019. Ese mismo año fue inhabilitado por un delito de prevaricación urbanística. Interrogado por la letrada de la acusación particular, Irma Ferrer, Lorenzo narró que Juan Francisco Rosa obstaculizó a través de una llamada telefónica una inspección ordenada por la entonces alcaldesa, Gladys Acuña, a la bodega. “Pudimos ver la tienda, los aseos y el restaurante, pero no nos dejaron entrar a la bodega porque decía que nos faltaban permisos”, señaló. 

Lorenzo afirmó también que la obra autorizada por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza en La Geria, la rehabilitación de una vivienda y la creación de un almacén-bodega de 900 metros cuadrados, dista de la que finalmente se ejecutó, ya que el complejo ocupa más superficie. Tampoco le consta al testigo que se incorporara al expediente de la reforma el acta de replanteo, documento que debe describir con detalle la obra que finalmente se desarrollará en el suelo.

La solicitud ante el Gobierno

En sesiones anteriores, el nombre de Luis Castro fue mencionado tanto por el Ministerio Fiscal como por los acusados, al plantearse que fue el trabajador de Juan Francisco Rosa que presentó, en nombre de Piedad del Río Sendino, la solicitud para autorizar la obra de Stratvs. Este miércoles, Castro se personó como testigo asegurando que no recuerda haberse trasladado a Gran Canaria para presentar este documento en las dependencias del Gobierno de Canarias. “Solo recuerdo que Rosa un día me dijo: ”Ya que vas para Yaiza, lleva este documento al Ayuntamiento“, pero no sabía cuál era el contenido”, apuntó. 

Piedad del Río insistió, durante su declaración prestada el 11 de febrero, en que su idea era solo rehabilitar la vivienda familiar, pero que las cuestiones administrativas las delegó tanto en su marido, el acusado Miguel Ángel Armas Matallana, como en Juan Francisco Rosa. Sin embargo, cuando percibió las aspiraciones del empresario decidió apartarse por ser “demasiado lujosas y exigir un excesivo presupuesto”.  

Los acuerdos con Hacienda

La prima de Juan Francisco Rosa, Rosa María Rosa Martín, declaró ante el tribunal por haber sido miembro del departamento mercantil del Hotel Princesa Yaiza. Según el escrito de acusación, la Agencia Estatal de Administración Tributaría decidió en 2012 suspender la sociedad Hotel Princesa Yaiza S. A. por impago del impuesto de sociedades. En este contexto, la entidad decidió ofrecer como garantía cinco fincas de su propiedad. Sin embargo, “por orden de su socio y primo”, Rosa María Rosa ofreció la sustitución de estos terrenos como garantía por una finca de BTL Lanzarote, sociedad dirigida por el empresario y accionista de Hotel Princesa Yaiza S. A. 

Pese a que en los documentos se incluía la presencia de una “obra de nueva construcción” en esta finca, Stratvs no estaba levantada sobre ella, sino en una próxima. “El ofrecimiento de dicha garantía fue ideado y ejecutado por el acusado [...] con el fin de constituirse como garantista y dilatar, y en su caso imposibilitar, la eventual ejecución de la garantía, por cuanto era plenamente conocedor de que no había bodega alguna sobre ella y el valor real de la finca no podía cubrir el importe garantizado”, señala la Fiscalía. Finalmente, tal y como declaró la testigo interrogada por el tribunal, la deuda con Hacienda fue saldada y no fue necesario mantener esta garantía. 

Respecto al control de los supuestos vertidos contaminantes que generó la bodega y su consecuente afección al entorno natural de La Geria, declararon el actual gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Erik Martín, y el vigilante de cauces Gerardo Cancio Álvarez. Ambos subrayaron el gran volumen de trabajo que tiene el organismo. “En esa época había poco personal. Solo había dos técnicos y encargaron un censo de todas las galerías subterráneas de la Isla por una tragedia que ocurrió en Tenerife. Hicimos lo que pudimos”, apuntó Martín.

También estaba prevista para este miércoles la declaración de José Juan Hernández Méndez, el hijo del acusado José Juan Hernández Duchemín, exgerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote. Sin embargo, la defensa renunció a él como testigo.  El juicio se reanudará este jueves en el palacio de Justicia de Arrecife con los testimonios de cinco agentes del Seprona, de Aureliano Negrín Armas y de Yolanda Machín Gutiérrez. 

El ingeniero industrial Óscar Galván, testigo propuesto por la defensa del acusado Miguel Ángel Armas Matallana, reconoció que el restaurante del complejo Stratvs se construyó sin un proyecto de ejecución previo. Además, admitió que él recibió el encargo de diseñar la instalación cuando ya estaba construida con el fin de regularizarla. “Me lo encomendaron poco antes de que se celebrara una vista en la que podía concluirse el cierre de la bodega. Sé que no es lo correcto crear un proyecto sobre algo ya hecho, pero es habitual”, aseveró.

A pesar de que el restaurante ya estaba cerrado en 2013 por orden del Ayuntamiento de Yaiza al haber sido edificado sin autorización, el ingeniero declaró que pudo entrar para tomar fotografías y hacer anotaciones con las que después diseñar el proyecto. “Apuntaba lo que se podía mejorar”, señaló. Sin embargo, una vez elaborado el plan, nunca se le asignó la dirección de la obra ni tuvo constancia de que fueran a llevarse a cabo reformas.

Uno de los delitos que se juzgan en este procedimiento es el cometido contra el medio ambiente por el supuesto vertido de aguas contaminantes al Espacio Natural Protegido de La Geria derivadas de la actividad de la bodega. En esta línea, Óscar Galván también es el autor de un informe sobre el sistema de evacuación de aguas empleado en el complejo. Por ello, el representante del acusado y entonces gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, José Juan Hernández Duchemín, preguntó al ingeniero si su informe concluía el buen estado de las aguas vertidas. “El análisis no era sobre el sistema de tratamiento, sino de evacuación”, matizó.

“Solo quería rehabilitar la casa familiar”

Pilar del Río Sendino, esposa del acusado Miguel Ángel Armas Matallana, también prestó su declaración como testigo este martes. Su nombre figura en la solicitud presentada ante el Gobierno de Canarias para obtener la autorización de reforma de un almacén bodega de 900 metros en La Geria. Una obra que desembocó en la bodega Stratvs. Según Del Río, fue suya la idea de rehabilitar la vivienda familiar, que en el momento estaba abandonada y llena de “basura, piedras y jeringuillas”. Sin embargo, después delegó en su marido y en Juan Francisco Rosa “todo el papeleo”.

Según la testigo, el arquitecto no le informó en ningún momento del proyecto. “Su trabajo no está fiscalizado por mí. Yo en ese momento tenía plena confianza en él y en Rosa”, explicó. Tiempo después de que comenzara a ampliarse Stratvs, Armas y ella percibieron las aspiraciones del empresario y decidieron hacerse a un lado. “Era un proyecto muy lujoso y no tenía el presupuesto para asumirlo”, explicó la testigo.

En la sesión de este martes también declararon los cuatro denunciantes, Ezequiel Navío, Ginés Díaz, Luis Guirao y Mario Alberto Perdomo, así como el fotógrafo del periódico Canarias 7 José Luis Carrasco. El juicio se retomará este miércoles 12 de febrero en el palacio de Justicia de Arrecife.

Miembros del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Lanzarote, y de varios ayuntamientos insulares asistieron a la inauguración de la bodega Stratvs en 2008, a pesar de las presuntas irregularidades que permitieron su construcción. Así lo han declarado cuatro denunciantes del caso en la sesión que se celebró este martes en el palacio de Justicia de Arrecife.

De esta forma, miembros y antiguos integrantes de la asociación de Transparencia Urbanística subrayaron la “impunidad” y la influencia que ejerce sobre las administraciones públicas del Archipiélago el promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa. “Él no es un empresario ni un ciudadano normal. Es terrible y doloroso ver cómo quienes tienen cargos públicos en las Islas celebraron la apertura del complejo”, declaró Ginés Díaz, exvigilante de Espacios Naturales.

Interrogados por la letrada de la acusación particular, Irma Ferrer, los testigos justificaron esta supuesta connivencia añadiendo que, pese a que una sentencia del Tribunal Supremo ordenó el derrumbe del Hotel Fariones, propiedad de Rosa y ubicado sobre una playa, este sigue en activo. El denunciante Luis Guirao Fernández subrayó que, lejos de obtener cualquier beneficio por llevar a la Justicia la construcción de la bodega Stratvs, ha sufrido insultos y amenazas por parte de “los medios de comunicación de Juan Francisco Rosa, como RTVC”, refiriéndose a medios que reciben financiación de Coalición Canaria. Partido con el que, según el testigo, el empresario mantiene estrechos vínculos. 

Guirao citó además unas declaraciones publicadas en prensa de algunos miembros de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, en las que tachaban de “insulto a la inteligencia” cerrar unas instalaciones como las de Stratvs. “¿Fueron a título personal?”, preguntó la letrada de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo regional, Ana María Quintana. “Cuando ocupas un puesto de responsabilidad, tu cargo y tu persona son indisolubles”, aseveró el denunciante. 

La Geria, destruida “a palas” para la construcción

El naturalista Ezequiel Navío puntualizó que a los agricultores de la zona “no se les permite mover ni una piedra”, mientras que la obra que se autorizó a Rosa en un primer momento “nada tiene que ver” con la bodega finalmente ejecutada. “La ley era muy estricta, y cualquier reforma, por muy pequeña que fuera, no se autorizaba. Sin embargo, sí se permitió esta bodega de nueva construcción”, resaltó Ginés Díaz. Esta desigualdad ante la justicia unida a la modificación que provoca Stratvs sobre el paisaje protegido de La Geria fueron los principales motivos que condujeron a Transparencia Urbanística a denunciar.

Otra de las causas fue la novedad de los hechos. Según Díaz, era la primera vez que se pretendía ejecutar una obra tan grande fuera de las zonas urbanísticas y en suelo rural. “Si fuéramos millonarios y pudiéramos contratar más abogados, denunciaríamos todas las irregularidades que se comenten en Lanzarote, pero como no podemos, tenemos que centrarnos en las más destacadas”, apuntó.

La abogada de los servicios jurídicos del Gobierno canario quiso saber en repetidas ocasiones el por qué recurrieron a la vía penal y no a la administrativa. El motivo alegado por los testigos: la ineficacia de esta última opción: “Lo hemos intentado otras veces con otros casos, pero no han sido satisfactorias”. “Vemos constantemente cómo los mecanismos de control de las administraciones fallan de forma estrepitosa con el medio ambiente”, valoró Ezequiel Navío. “Se estaban llevando La Geria a palas para la construcción”, añadió Ginés Díaz. 

Según el testimonio de Luis Guirao, la tierra extraída de La Geria para levantar la bodega fue trasladada a la vivienda particular de Juan Francisco Rosa. “Se empleó para levantar un muro de separación respecto a la casa de su vecino y también se depositó junto a la carretera de Uga”, apuntó el testigo. “Era algo que todo el mundo sabía”, argumentó.

Navío quiso recalcar en su intervención la “implicación práctica” con el entorno natural de todos los denunciantes. Una sensibilización de la que presumió Juan Francisco Rosa en su declaración como acusado. En esta línea,el exvigilante de Espacios Naturales recordó que uno de los puntos “más dolorosos” del caso Stratvs es la presunta implicación de Faustino García Márquez, un “referente” medioambiental de Canarias y jefe del Servicio de Ordenación Urbanística del Ejecutivo en el momento en el que supuestamente tuvieron lugar los hechos. 

Este martes 11 de febrero se reanuda el juicio por el caso Stratvs, que juzga el “mayor atentado medioambiental” de Lanzarote: la construcción de una bodega de más de 12.000 metros en el Espacio Natural Protegido de La Geria. Después del interrogatorio a los diez acusados que tuvo lugar el pasado mes de enero, el palacio de Justicia de Arrecife acogerá en las próximas dos semanas cinco sesiones donde 22 testigos prestarán su declaración. En marzo, el procedimiento volverá a retomarse en Las Palmas de Gran Canaria, con 25 testigos más.

En la sesión de este martes testificará Piedad del Río Sendino, esposa de uno de los principales acusados del caso, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana. Según el escrito de acusación, la autorización para las obras fue solicitada ante la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias a nombre de Del Río, que “desconocía que estaba siendo utilizada para figurar como promotora en lugar de Juan Francisco Rosa”, el empresario y principal acusado cuyo único propósito era “enriquecerse”.

Rosa, al igual que el resto de acusados, ya declaró ante el tribunal en enero. El empresario confesó que “desde el primer momento” fue el promotor de la construcción de Stratvs. Además, la Fiscalía apunta que fue él y no Del Río quien recibió a través de “mensajería privada” la notificación de que el Ejecutivo regional había rechazado la petición.

Por otra parte, tanto el empresario como el arquitecto reconocieron que la construcción comenzó “sin autorización” y que finalmente ocupó “un poco más de lo aprobado”. Miguel Ángel Armas Matallana defendió que la obra se extendió “solo unos 450 o 500 metros más”, contradiciendo así a la Fiscalía. El Ministerio Público subraya en su escrito que, lo que comenzó siendo un pequeño almacén bodega de 900 metros cuadrados terminó por convertirse en un macrocomplejo industrial y turístico de 12.000 metros cuadrados. 

Además de Del Río, este 11 de febrero testificarán José Luis Carrasco, Luis Guirao Fernández, Mario Alberto Perdomo Aparicio, Ginés Manuel Díaz Pallarés, Óscar Galván y Ezequiel Navío Vasseur. Uno de los argumentos esgrimidos por las defensas cuestionaba la categoría de La Geria como Espacio Natural Protegido en el momento en el que comenzó a levantarse Stratvs.

Tanto el representante de Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán, como la letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, Ana María Quintana, insistieron en que la declaración de Parque Natural otorgada en 1987 es “inoperante”, por no haber sido recogida en un Plan de Ordenación de Recursos Naturales en el plazo de un año. Sin embargo, tanto la fiscal Elena Herrera, como la Acusación Particular, representada por Irma Ferrer, insistieron en que La Geria está protegida por la Comunidad Económica Europea y que, por tanto, debe “prevalecer el Derecho Comunitario”.

Por ello, entre los delitos que se imputan a Juan Francisco Rosa figura el delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes, derivados de la actividad de la bodega, y por la excavación y extracción con afectación al Paisaje. Sin embargo, uno de los ejes vertebradores del testimonio del promotor fue su “gran sensibilización” con el medio ambiente.

El empresario también trató de esquivar el delito de usurpación alegando que “compró de palabra” el 18% del terreno que le faltaba para ser dueño de todas las fincas próximas a la bodega. Por los ocho delitos que se le atribuyen, la Fiscalía pide para él quince años de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo, multa de 77 meses con cuota diaria de cien euros y la prohibición de ejercer durante seis años cualquier profesión vinculada a la promoción inmobiliaria y turística y la construcción.  

El resto de acusados, pertenecientes a las distintas instituciones públicas vinculadas al procedimiento, mantuvieron en sus declaraciones que las presuntas irregularidades administrativas fueron resultado de una baja cualificación para desempeñar el cargo público que ocupaban entonces y “el gran volumen de trabajo” que tenían en aquel momento. 

El miércoles están citados como testigos Luis Castro Betancort, Antonio Andrés Lorenzo, Rosa María Martín, Gerardo Cancio, José Juan Negrín, Olga María Ramos, Erik Martín y José Juan Hernández Méndez. El jueves testificarán cinco agentes de la Guardia Civil, Aureliano Negrín y Yolanda Machían. El lunes 17 declararán Francisco José Fabelo, Sebastiana Medina, María Eulalia Merino, Leandro Caraballo, Fernando Alexis Melián, un agente de la Policía Local de Yaiza y el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés. 

En el Gobierno de Canarias fueron los primeros sorprendidos por la presencia de la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas, en la primera sesión del juicio contra varios acusados por la construcción ilegal de la bodega Stratvs en Lanzarote. Cubas no solo se personó en la sala de vistas habilitada en Arrecife para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sino que pidió autorización al tribunal para subirse a estrados luciendo su toga de abogada. En el Gobierno se limitan a reconocer lo que consideran un error de la viceconsejera, a la que atribuyen un exceso de celo profesional para dar respaldo a la letrada jefa de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, Ana María Quintana, que fue la que de modo efectivo lleva la defensa de los funcionarios gubernamentales encausados, Faustino García Márquez y Armando Villavicencio.

Cubas no consultó con sus superiores jerárquicos la conveniencia de que el Gobierno estuviera sentado en estrados en un juicio mediante una representante de designación política, lo que de hecho fue interpretado por la acusación popular e incluso en ambientes políticos conejeros como una injerencia del poder ejecutivo en el judicial.

En su defensa, la viceconsejera ha esgrimido que fue una petición de la jefa de los Servicios Jurídicos, a la que quiso prestar apoyo profesional, no político.

Las tesis sostenidas por el Gobierno para defender a sus funcionarios también están siendo objeto de polémica en el seno de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a cuyo frente se encuentra Julio Pérez, abogado de profesión de larga trayectoria, que entre otros cargos ha ocupado el de secretario de Estado de Justicia. 

La defensa gubernamental de los funcionarios pretende que la autorización previa concedida por la Consejería de Política Territorial al promotor de la bodega Stratvs fue correcta porque sobre el espacio protegido de La Geria (Yaiza, Lanzarote) no operaba ningún grado de protección por el hecho de que el área no contara con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Una posición que choca de frente con la sentencia ya firme dictada por el TSJ de Canarias en la misma causa contra la exalcaldesa de Yaiza, la entonces diputada regional Gladys Acuña, que resultó condenada. En esa sentencia se estableció que la redacción y aprobación de un PORN solo es exigible en aquellos espacios protegidos con la figura de parque natural, y que en cualquier caso, la zona afectada por esta bodega es un suelo rústico protegido en el que no cabrían las actuaciones que ejecutó el promotor de Stratvs, el empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa.

Se da la circunstancia de que en el tribunal que sentenció tal cosa estaba la magistrada Carla Vallejo, actual viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, departamento también dependiente de la misma consejería de la que forma parte la letrada Cubas.

El Tribunal Supremo ratificó en junio pasado la condena a Gladys Acuña, exalcaldesa de Yaiza y exdiputada regional, a 14 años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación por haber concedido la licencia de actividad a la bodega Stratvs y por no clausurarla a pesar de las irregularidades detectadas en los expedientes oficiales. Ahora son las autorizaciones urbanísticas las que están siendo objeto de juicio. 

El empresario y principal acusado del caso Stratvs, Juan Francisco Rosa, ha declarado como inculpado en la tercera sesión del juicio por las presuntas irregularidades cometidas en la edificación de la bodega de La Geria, de la que es dueño. Interrogado por el Ministerio Fiscal, figura representada en esta ocasión por Elena Herrera, sobre el delito de usurpación que se le imputa, el promotor ha asegurado que él y el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana eran dueños de todas las fincas sobre las que se levantó el complejo, ya que él mismo compró “de palabra” a la familia de los Negrín el 18% del terreno que le faltaba.

“En el año 98 compré un 4% del terreno a un familiar de Armas, en 2001 otro 4%, más adelante adquirí un nuevo porcentaje y finalmente le compré de palabra a los Negrín el 18% restante”, aseguró Rosa. Sin embargo, no fue hasta 2018 cuando materializó el pago a una familiar de Domingo Negrín que le exigió “su parte”, a pesar de que el acuerdo con el antiguo propietario, ya fallecido, había sido la cesión por parte de Juan Francisco Rosa de las explotaciones de una finca ubicada en frente de la bodega de una superficie de 26.000 metros cuadrados. 

Con este mismo argumento, el empresario negó que los titulares de fincas colindantes presentaran alguna denuncia contra el proyecto de Stratvs. “No lindaba con nadie, sino con mis propiedades tanto por la izquierda como por la derecha”, aseveró.

Se edificó más de lo autorizado

Al igual que el arquitecto Armas, Rosa también reconoció en su intervención que se construyó más de lo autorizado. “Unos 400 o 500 metros más entre aseos y otras pequeñas construcciones totalmente enterradas”, aseguró. De este modo, el acusado puso en cuestión la veracidad del informe pericial aportado en el escrito de acusación. Las conclusiones del mismo establecen que, a pesar de que la licencia fue concedida para una obra de 900 metros cuadrados, se habían empleado 12.000. “Las rampas no cuentan como construcción, ni tampoco el altillo de la bodega, la terraza pavimentada, ni los aparcamientos, porque es un parking público que me expropió el Cabildo”, señaló. “Solo cuentan los que son sobre tierra”, valoró.

Asimismo, confesó que construyó sin licencia el restaurante de Stratvs en el “precioso aljibe” porque “estaba muy entusiasmado con rehabilitarlo” y no consideró necesario solicitar una nueva. Rosa declaró que el restaurante “apenas estuvo en funcionamiento” y que lo cerró “antes de que nadie le dijera nada”. Sin embargo, fue el Ayuntamiento de Yaiza quien forzó a clausurarlo porque “no tenían autorización”, tal y como señaló la exalcaldesa de Yaiza Gladys Acuña, condenada por los delitos de prevaricación y contra el territorio dada su implicación en este mismo caso. 

En el interrogatorio, el empresario también confesó que desde el primer momento fue el promotor de la construcción de Stratvs, a pesar de que en las solicitudes de las licencias apareciera el nombre de Piedad del Río Sendino, pareja del arquitecto Armas, como promotora. Además, admitió que presentó alegaciones al informe desfavorable (y que luego fue favorable) emitido por el entonces jefe de Ordenación Urbanística del Gobierno de Canarias Faustino García Márquez porque “no era justo que no permitieran esa edificación”.

Los técnicos del Ejecutivo aseguraron en su declaración como acusados que no notificaron a la promotora sobre la resolución de este informe. Sin embargo, la Fiscalía afirma que el empresario tenía constancia de las conclusiones porque fue informado “por mensajería privada”. “No lo recuerdo”, respondió él. 

“Soy muy sensible con el medio ambiente”

Entre los distintos delitos de los que se acusa a Juan Francisco Rosa, se encuentran delitos contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes y por la excavación y extracción con afectación al Espacio Natural Protegido, delito de hurto de bienes de valor histórico y contra el Patrimonio Histórico. Interrogado por la Fiscalía acerca de si considera a La Geria un Espacio Natural Protegido, el empresario ha respondido que “sí, igual que a Timanfaya o a cualquier calle de Arrecife. Yo estoy muy sensibilizado con el medio ambiente”, apuntó.

Además, insistió en que la vivienda que se rehabilitó para después construir el complejo Stratvs estaba “totalmente abandonada, como si fuera un vertedero”. “Qué pena que si era un lugar protegido las administraciones no lo cuidaran”, lamentó. Preguntado por su defensa, el letrado José Antonio Choclán, Rosa explicó que dispone de 43 hectáreas en La Geria, adquiridas a bajo precio, y donde mantiene el sistema de cultivo basado en los zocos propios de la zona por el “interés familiar por la vid que ha heredado”.

En el momento de la compra, asegura, “no había picón, sino piedra caliza”, porque el primero de estos recursos solo se mantiene en zonas llanas y sus terrenos cuentan con desniveles. En cuanto a las excavaciones, Rosa también Rosa puntualizó que extrajo 10.000 metros cúbicos de recursos y escombros que fueron después trasladados a terrenos de su propiedad.

Respecto a los vertidos contaminantes derivados de la actividad de su bodega, Rosa asegura que mientras la bodega estaba abierta, su hija hacía análisis mensuales de la calidad del agua que se trasladaban con posterioridad al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote. Según el empresario, las muestras daban resultados “fantásticos, fabulosos y ejemplares para el resto del municipio” y el agua era apta. Sin embargo, la Fiscalía planteó que solo constan tres análisis al Consejo Insular de Aguas. 

El Ministerio Fiscal también atribuye a Rosa un delito continuado de estafa en grado de tentativa por presentar documentos en los que se asegura que el proyecto urbanístico sobre suelo rústico se levantará en una finca distinta a la real y peor valorada. Mismo documento que presentaría a los bancos para obtener créditos de 3 millones de euros, en el caso del obtenido por el BBVA. “Nunca tuvimos problemas para pagarlo, de hecho lo liquidé cinco años antes de lo previsto”, apuntó. La inclusión de una finca distinta ha sido calificada por Choclán como un “error parcial”, ya que la bodega está edificada sobre dos fincas distintas.

Las penas que la Fiscalía pide para Rosa son quince años de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo, multa de 77 meses con cuota diaria de cien euros y la prohibición de ejercer durante seis años cualquier profesión relacionada con la promoción inmobiliaria y turística o la construcción.

En esta tercera sesión celebrada en Lanzarote, también han declarado el entonces gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote José Juan Hernández Duchemín, y el funcionario del catastro de Yaiza Blas Noda. El juicio se reanudará el 11 de febrero en Arrecife.

Uno de los principales acusados del caso Stratvs, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, ha reconocido en su declaración que la bodega de La Geria ocupa “un poco más de espacio” del que fue autorizado y que se han realizado más reformas de las previstas en el proyecto inicial, como la instalación de un restaurante. En concreto, la Fiscalía sostiene que, a pesar de que la solicitud solo recogía una “edificación subterránea de 900 metros cuadrados” destinada a un almacén-bodega, el propósito real y finalmente ejecutado fue la construcción de un macrocomplejo de 12.000 metros cuadrados “incompatibles con la normativa aplicable” por tratarse del Espacio Natural Protegido de La Geria. Además, Armas ha reconocido que las obras comenzaron antes de que se autorizara el proyecto.

La segunda pena más alta que pide el Ministerio Fiscal en el caso Stratvs es precisamente para el arquitecto Armas, planificador y director facultativo de la obra: diez años de prisión, inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante el mimo tiempo y una multa de 50 meses con cuota diaria de 40 euros por los delitos de falsedad en documento público, usurpación de bien inmueble, delito contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, y delito continuado de estafa cualificada en grado de tentativa.

La Fiscalía considera que tanto él como el empresario Juan Francisco Rosa son los principales artífices del caso Stratvs, que conocían que la edificación de la bodega no era “en absoluto autorizable legalmente” y que los expedientes administrativos necesarios para obtener la autorización en suelo rústico previos a la licencia municipal de obras “les servirían para enmascarar sus verdaderas intenciones”.

¿Quién era el promotor de la bodega?

Uno de los planteamientos que recoge el escrito de acusación versa sobre la participación de Pilar del Río, pareja de Armas, en los hechos. En el proyecto inicial figuró como promotora sin saber, según el Ministerio Fiscal, “que estaba siendo utilizada para evitar que Juan Francisco Rosa, el auténtico promotor, apareciera”. En su declaración ante el tribunal, Armas ha explicado que la vivienda que se iba a rehabilitar y que acabó convirtiéndose en el macrocomplejo turístico Stratvs era propiedad de su familia y estaba bajo titularidad de varios propietarios. A su pareja, Piedad del Río, “le gustaba la finca”. Por eso compraron el 50% de la misma e impulsaron su reforma.

Tiempo después, según el arquitecto, Juan Francisco Rosa se puso en contacto con él para trasladarle su interés en crear una bodega en La Geria. “Le ofrecí parte de la vivienda porque pensé que era compatible hacer las dos cosas, y le propuse que comprara el otro 50% del terreno”, apuntó. El arquitecto, respondiendo a las preguntas de su letrado, aseguró que en varias ocasiones preguntó a Rosa y a los propietarios del resto de la finca, la familia Negrín, si ya se había producido un acuerdo entre ambos, a lo que, afirma, respondieron que sí.

En este contexto, Piedad del Río puso su nombre porque Armas “también iba a ser socio de la bodega”. Sin embargo, en 2005, tres años antes de que abriera sus puertas, el diseñador del proyecto decidió desvincularse porque percibió que “las aspiraciones de Rosa requerían mucho más presupuesto del que él tenía”. Por ello, se produjo un cambio de titularidad en favor del empresario.

Asimismo, el arquitecto, interrogado por su defensa, destacó que la ubicación de la bodega no se escogió “por capricho”, sino que se buscó una zona con desnivel y en depresión para disimular lo máximo posible el complejo y evitar cualquier afección al paisaje. Además, asegura que en ese momento el entorno estaba muy seco y no había cultivos.

Finalmente, el arquitecto ha insistido en que los distintos servicios de la bodega (la terraza, el restaurante, etc.) son edificaciones “independientes” y que no están conectadas entre sí.

Este martes también han declarado los técnicos del Gobierno de Canarias acusados en el caso y el exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes. La sesión se reanudará este jueves a las 9.15 horas en el palacio de Justicia de Arrecife con la declaración de tres acusados más, entre ellos, el principal inculpado: Juan Francisco Rosa.

“La Consejería de Política Territorial tenía en 1998 más de 1.200 expedientes sin resolver y el gran objetivo de aprobar una Ley de Ordenación”. El exjefe de Ordenación Urbanística del área de Política Territorial del Gobierno de Canarias y acusado en el caso Stratvs, Faustino García Márquez, ha justificado de esta forma que se firmaran informes favorables a la edificación de la bodega a pesar de que el proyecto contuviera supuestas irregularidades, de acuerdo con el Ministerio Fiscal representado en este juicio por Elena Herrera, al no incluir entre otras cuestiones la titularidad de las fincas en cuestión.

Este argumento ha sido suscrito tanto por Armando Villavicencio, que también dirigió el Servicio de Ordenación Urbanística de la Consejería, como por Juan César Muñoz, exdirector general de Urbanismo. Los tres, representados por la letrada de los servicios jurídicos del Ejecutivo regional.

En este contexto, el Ministerio Fiscal quiso saber por qué, con tanto volumen de trabajo, en cuestión de días se resolvió la petición relacionada con el proyecto. “No lo sé, fue un expediente que pasó desapercibido para mí totalmente”, apuntó. Para el exdirector general de Urbanismo, la Fiscalía pide el sobreseimiento provisional porque “no existen elementos suficientes para sostener la acusación contra él”.

Los tres acusados contradijeron una de las líneas principales en las que su defensa centró el discurso en la sesión inaugural del juicio,y afirmaron que en el momento en el que comenzó a planificarse la construcción de la bodega, La Geria estaba ya calificada como Espacio Natural Protegido. Por su parte, García Márquez aseguró que uno de los motivos por los que se autorizó la obra fue porque no provocaba afección al paisaje, al tratarse de un proyecto bajo rasante. “Recibimos proyectos de otras bodegas que eran visibles y las rechazamos”, aseveró.

El Ministerio Fiscal también preguntó a los técnicos acerca de lo que recoge el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) sobre la compatibilidad de la conservación de los espacios protegidos con el desarrollo de una industria vitivinícola. A esto, los acusados respondieron que el proyecto incluía únicamente la rehabilitación de una casa para crear una bodega.

En cuanto a la notificación de la resolución del informe, García Márquez mantuvo que no era habitual que se informara desde la Consejería a la promotora del proyecto, en este caso Piedad del Río, la pareja del arquitecto de la bodega Stratvs y acusado Miguel Ángel Armas Matallana. Sin embargo, la Fiscalía insistió en que, a pesar de que no fuera notificada, la promotora presentó alegaciones. Además, Elena Herrera planteó que se trasladó desde la Consejería por mensajería privada al empresario y dueño de Stratvs Juan Francisco Rosa la resolución del expediente.

“¿Por qué se envió a Rosa y no a Del Río, si ella era la promotora?”, interrogó. Sin embargo, ninguno de los tres supo responder al no haber titularizado el envío. El escrito de acusación plantea que la solicitud de una licencia para edificar la bodega fue presentada por Piedad del Río Sendino que “desconocía que estaba siendo utilizada para figurar como promotora en lugar de Juan Francisco Rosa Marrero”, el principal acusado.

El exalcalde de Yaiza no sabe de qué se le acusa

En la segunda sesión del juicio celebrada este miércoles 15 de enero también ha participado el exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes custodiado policialmente al estar cumpliendo pena de prisión por un delito de prevaricación urbanística. Al ser llamado a declarar por el tribunal, Reyes ha señalado que no sabe de qué se le acusa y se ha acogido a su derecho a no declarar. Por su parte, la Sala le informó de que se le acusa de conceder una licencia municipal para el proyecto Stratvs a pesar del informe desfavorable del secretario municipal y de saber que el proyecto era “frontalmente contrario a la normativa urbanística”.

También ha declarado Pablo Ramón Carrasco, entonces arquitecto técnico del Ayuntamiento de Yaiza y condenado por delito de prevaricación urbanística a una pena de inhabilitación para ostentar cargo público durante cinco años en 2013. Carrasco sostuvo que confió en la corrección del proyecto porque ya venía autorizado por el Gobierno de Canarias.

La sesión se reanudará este jueves a las 9.15 horas en el palacio de Justicia de Arrecife y, entre los acusados que declararán estará el empresario y dueño de Stratvs Juan Francisco Rosa.

Los acusados del caso Stratvs niegan que la bodega del empresario Juan Francisco Rosa haya sido construida en suelo protegido. En la primera sesión del juicio del “mayor atentado medioambiental” que, según el Ministerio Público, ha sufrido Lanzarote, tanto el abogado de Rosa, José Antonio Choclán, como la letrada de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y representante del exdirector general de Urbanismo y de dos técnicos, Ana María Quintana, han sostenido que la declaración de Parque Natural otorgada en 1987 es “inoperante”. El motivo: no haber sido recogida a posteriori en un Plan de Ordenación de Recursos Naturales en el plazo de un año. Quintana ha señalado además que las referencias que hace a La Geria el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de Lanzarote son “insustanciales” y “deficitarias”, pues “no le dedica ni un solo precepto específico”.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular han recurrido a la ley 12/1994 de declaración de los espacios naturales de Canarias para contradecir este argumento y han recordado que La Geria está protegida por la Comunidad Económica Europea. Por tanto, “debe prevalecer el Derecho Comunitario”. “El cambio de uso del suelo solo se permite por motivos de salud humana, de seguridad pública o por interés público, pero no es en absoluto el caso de la bodega Stratvs”, ha señalado la letrada de Transparencia Urbanística, Irma Ferrer, que ejerce de acusación particular.

Prescripción del caso

En la sesión de este martes, dedicada al planteamiento de las cuestiones previas tanto de las defensas como de la acusación, la letrada de los servicios jurídicos del Ejecutivo canario ha pedido la desvinculación del procedimiento del exdirector general de Urbanismo Juan César Muñoz Sosa, acusado por Transparencia Urbanística. Quintana además ha pedido al tribunal que cuestione la legitimidad del colectivo como acusación, que finalmente ha sido admitida por la Sala.

Por otra parte, los representantes de los acusados han solicitado la prescripción de los delitos que se imputan. El letrado de Juan Francisco Rosa, principal inculpado y para quien la Fiscalía pide hasta 15 años de prisión, ha insistido en que el escrito de acusación contiene “una indeterminación total” en cuanto a la datación de los hechos.

“El Ministerio Fiscal asegura que las excavaciones comenzaron en 2003, pero no dice cuándo concluyen. Todo se mete en el mismo saco”, apuntó. En este contexto, Choclán ha planteado la figura de la prescripción al haber pasado más de cinco años desde la inauguración de la bodega, que según Rosa tuvo lugar el 20 de mayo de 2008, hasta que se presentó la acusación formal contra el empresario. “La Fiscalía también afirma que el parking no concluyó hasta 2011, cuando en las fotografías aportadas de la apertura de Stratvs aparece el aparcamiento terminado”, indicó.

A la intervención de Choclán, la Fiscalía ha respondido que “una de las fincas anexas a Stratvs se compró en 2011 para continuar con la ampliación del complejo” que, según el escrito de acusación, en un principio se planteó como la rehabilitación de una vivienda de 900 metros cuadrados y terminó por abarcar 12.000. Asimismo, ha apuntado que se ha solicitado un informe a la Agencia de Protección del Medio Canario Rural para saber exactamente cuándo fue construido el complejo Stratvs. “Evidentemente no se hizo en una noche, fueron años de construcción”, defiende la Fiscalía.

En cuanto al otro de los principales acusados del caso Stratvs, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, la defensa alega la prescripción de los delitos dada su “desvinculación respecto a los hechos que tuvieron lugar después de enero de 2006”. La Fiscalía pide para Armas diez años de prisión por delito de falsedad en documento público, usurpación, delito contra el patrimonio histórico, el medio ambiente, estafa en grado de tentativa y contra la ordenación del territorio. Así como una multa de 50 meses con cuota diaria de 40 euros e inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo durante una década.

Aumenta la pena exigida para Blas Noda

La única modificación en las penas exigidas es la solicitada para Blas Noda, funcionario del catastro de Yaiza en el momento en el que tuvieron lugar los hechos que se juzgan. El Ministerio Fiscal ha planteado el aumento de la pena de dos a cuatro años de prisión y el incremento de la multa de diez meses a doce, con cuota diaria de doce euros por falsedad en documento público cometida por un funcionario. Asimismo, la Fiscalía pide ahora la inhabilitación durante tres años.

A esta solicitud, la defensa de Noda ha alegado que su representado no era funcionario público, sino controlador del paraje de los Ajaches a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento. “En el momento en el que sucedieron los hechos, apenas llevaba un año en el puesto”, apuntó la letrada.

El tribunal, presidido por Emilio Moya, ha aceptado toda la documental aportada tanto por la acusación como por las defensas, “con independencia de cuál sea la posterior valoración de la misma”, la inclusión de tres peritos más (dos planteados por la acusación particular y uno por la defensa de Rosa) y ha aseverado que la posible prescripción de los delitos se conocerá en la sentencia. La sesión, que se ha desarrollado durante cuatro horas, se reanudará este miércoles a las 9.15 horas en el palacio de Justicia de Arrecife con la declaración de los acusados.

En 2007, el Espacio Natural Protegido de La Geria presenció la apertura de la bodega Stratvs. Un espacio de gran atractivo turístico, con capacidad para producir 800.000 litros de vino y con unos ingresos que en el año 2011 superaron los dos millones de euros. Este “macrocomplejo industrial y turístico” comenzó a planificarse en 1998 entre uno de los empresarios y promotores inmobiliarios más importantes de Lanzarote, Juan Francisco Rosa, y el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana.

22 años más tarde, trece acusados, entre los que se encuentran cargos públicos de las instituciones canarias, arquitectos y empresarios, se sientan en el banquillo por las múltiples irregularidades que el Ministerio Público detecta en la construcción de la bodega, descrita como el mayor “atentado medioambiental de Lanzarote”.  

Estas son las claves del caso Stratvs que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas comenzará a juzgar el próximo martes en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife: 

¿Qué se juzga?

Con el objetivo de “satisfacer su ansia de lucro económico en perjuicio de los valores paisajísticos de Lanzarote”, Juan Francisco Rosa  colaboró con Miguel Ángel Armas para construir la bodega Stratvs en el Espacio Natural Protegido de La Geria, Lanzarote, a pesar de saber que la legislación urbanística, medioambiental y de ordenación territorial prohibía el proyecto al tratarse de uno de los lugares más protegidos de la Isla. 

El proyecto que se presentó en un principio como la restauración de una vivienda de 900 metros cuadrados propiedad de la familia de Armas, terminó por suponer la demolición de la casa y la construcción de otro complejo mayor, de unos 12.000 metros cuadrados más usurpando fincas de otra titularidad, desplazado de la ubicación original y con usos comerciales y turísticos.

El escrito de acusación recoge un total de 21 obras ejecutadas sin obertura legal, entre ellas la terraza-grill, cocinas, aseos, muros de contención y la propia bodega. Para ello, según la Fiscalía, simularon datos y, sobre el proyecto técnico ficticio, solicitaron competencias para ejecutarlo tanto al  Cabildo insular, como a distintas áreas del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Yaiza, que pese a las irregularidades  no ha cesado la actividad de Stratvs. 

Por otra parte, a la edificación de un proyecto turístico en un Espacio Natural Protegido se suman los vertidos de aguas residuales emitidos por la bodega, sin medidas correctoras y “huérfanos de autorización y control administrativo”, con el consecuente “riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales de La Geria”. 

¿A quién se acusa?

La acusación, al comienzo del procedimiento señaló a diecisiete inculpados. Sin embargo, tendrá que remodelar su escrito inicial después de que la causa principal diera lugar a piezas separadas que ya fueron juzgadas. Así, fueron condenados y expulsados de la política la exalcaldesa de Yaiza Gladys Acuña (14 años de inhabilitación) y los exalcaldes José Francisco Reyes (7 años) y Vicente Jesús Bartolomé (14 años) por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, al conceder la licencia de actividad para la bodega Stratvs y mantenerla en funcionamiento pese a sus irregularidades. 

Estos son los demás acusados y el cargo que ocupaban en el momento de su participación en los hechos: 

¿Cuáles son las penas?

Las penas más altas se exigen para el empresario Juan Francisco Rosa. Quince años de prisión por los delitos de falsedad en documento público, delito continuado de estafa en grado de tentativa, delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes y por la excavación y extracción con afectación al Espacio Natural Protegido, delito de hurto de bienes de valor histórico, delito de usurpación y contra la ordenación del territorio, y contra el Patrimonio Histórico. Además de inhabilitación para el sufragio pasivo, multa de 77 meses con cuota diaria de cien euros y la prohibición de ejercer cualquier profesión relacionada con la construcción y la promoción inmobiliaria y turística durante seis años. 

Para el arquitecto Miguel Ángel Armas, la Fiscalía pide la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante diez años y el mismo tiempo de prisión por delito de falsedad en documento público, usurpación de bien inmueble, delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente y por delito continuado de estafa cualificada en grado de tentativa. También se pide una multa de 50 meses con cuota diaria de 40 euros. 

Para Faustino García y Armando Villacencio las penas son de una multa de treinta meses con cuota diaria de 30 euros e inhabilitación para ejercer empleos públicos durante doce años por delito de prevaricación urbanística. 

En el caso de Pablo Ramón Carrasco, la Fiscalía exige cinco años de prisión e inhabilitación para empleo público durante 24 años por delito de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores protegidos del Espacio Natural. 

Las penas solicitadas para Andrés Morales González y Manuel Jesús Spínola son inhabilitación durante nueve años y multa de 20 meses con cuota diaria de 30 euros. 

José Juan Hernández Duchemín se enfrentaría a 36 meses de multa con cuota diaria de 30 euros e inhabilitación durante 15 años por un delito contra el Medio Ambiente en su modalidad de prevaricación medioambiental. 

Evaristo García y Juan Lorenzo Tavío, a un año y seis meses de prisión cada uno, inhabilitación de sufragio pasivo e inhabilitación para cargo público durante ocho años y seis meses por delitos de prevaricación urbanística. 

Leonardo Rodríguez sería condenado a un año y diez meses de prisión y a inhabilitación para cargo público durante nueve años, también por prevaricación urbanística. 

Por su parte, José Antonio Rodríguez Martín a cinco años de prisión y a inhabilitación durante 21 años por el mismo delito. 

Finalmente, la pena para Blas Noda es de dos años de prisión y multa de diez meses con cuota diaria de 12 euros por falsedad en documento público cometida por un funcionario. 

La Audiencia de Las Palmas comenzará a juzgar en Lanzarote el próximo martes, 14 de enero, la pieza principal del denominado caso Stratvs, la construcción de la bodega que la Fiscalía califica como “el peor atentado ambiental” que ha sufrido esa isla desde los años noventa.

En este juicio, se examinarán las múltiples irregularidades que el Ministerio Público aprecia en el proceso de construcción en la comarca de La Geria de esa bodega, que en su inauguración en 2008 llegó a ser presentada como la más moderna de Europa y cuya puesta en marcha supuso una inversión de 18 millones de euros.

La Fiscalía pedía inicialmente 15 años de cárcel para el dueño del complejo, Juan Francisco Rosa, al que acusa de una serie de delitos urbanísticos y contra el medio ambiente que, bajo su criterio, han ocasionado a Lanzarote un daño sin comparación desde que la isla fue reconocida como Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1993.

Sin embargo, la acusación pública tendrá que ajustar su escrito inicial de cargos, porque parte de los hechos se separaron de la causa principal por afectar a una aforada (la exalcaldesa de Yaiza y exdiputada de Nueva Canarias, Gladys Acuña) y ya han sido juzgados.

En esa primera vista, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró probado que la construcción de Stratvs incurrió en serias irregularidades urbanísticas y ambientales y fue posible gracias a la prevaricación de dos alcaldes de Yaiza, José Francisco Reyes y Glady Acuña, y del secretario del Ayuntamiento, Vicente Jesús Bartolomé, a los que inhabilitó para ejercer cargo público por un periodo de entre siete (Reyes) y 14 años (Acuña y Bartolomé).

En cambio, el dueño de la bodega salió absuelto de ese juicio, en el que se enfrentaba a una solicitud de año y medio de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias.

Entre ese juicio ya celebrado y el que se comienza dentro de una semana en la Audiencia de Las Palmas, la Fiscalía señala como responsables de los delitos que aprecia en la construcción de Stratvs a 16 personas y exige la demolición de la bodega.

El Ministerio Público recuerda que la investigación llevada a cabo por el juzgado que se instruyó el caso reveló que los propietarios de Stratvs solicitaron licencia para rehabilitar una vivienda ya existente en el paraje protegido de La Geria y construir un almacén-bodega de 900 metros cuadrados, pero demolieron la vivienda, levantaron una más grande y abrieron un restaurante, una tienda, una terraza y una bodega mucho mayor. En total, 12.000 m2 construidos.

La Fiscalía sostiene que Juan Francisco Rosa, con objeto de satisfacer su “ansia de lucro económico” en perjuicio de los valores paisajísticos e históricos de Lanzarote, se concertó desde 1998 con el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana para llevar a cabo la construcción y posterior explotación de ese complejo.

Ambos acusados eran “plenamente conocedores que la normativa en materia de ordenación territorial, urbanística y medioambiental prohibía expresamente el proyecto por tratarse de uno de los lugares de mayor protección de la isla de Lanzarote ”dada su belleza, por su singularidad y valor paisajístico único en el mundo, y por su valor cultural, etnográfico e histórico“, señala el fiscal.

Por ello, siempre según la acusación pública, el empresario Rosa se ocupó de garantizar que ninguna de las administraciones públicas “pusiera traba alguna a sus desmanes urbanísticos y especulativos, ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medio ambiente insular”, así como de convertir La Geria, “patrimonio de todos los lanzaroteños, en un negocio privado”.

Añade el fiscal que ambos acusados sabían que su proyecto “contravenía groseramente la normativa” y, para ello, “enmascararon sus intenciones” y falsearon los datos consignados en el proyecto para intentar engañar a funcionarios y autoridades.

Según el Ministerio Público, empresario y arquitecto asumieron también el grave riesgo de desequilibrio ecológico y contaminación que se ocasionaría en ese paraje especialmente protegido, al carecer el complejo de un sistema de depuración adecuado para la evacuación de las aguas residuales procedentes de la explotación.

La exalcaldesa de Yaiza Gladys Acuña ha defendido este miércoles que no cometió ilegalidad alguna al conceder la licencia de actividad a la bodega Stratvs a pesar del fallo que la ha declarado culpable de prevaricación y delito contra el territorio, “porque una cosa es la sentencia y otra, la verdad”

Acuña ha renunciado a todos sus cargos en el Ayuntamiento en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que la inhabilita durante 14 años para desempeñar responsabilidades públicas municipales, pero este miércoles ha recalcado en rueda de prensa que volvería a actuar “igual”, porque está “absolutamente convencida” de que su decisión “fue correcta”.

“Yo no dejé de actuar, actué como debía y lo hice hasta el límite de mis responsabilidades y con todos los medios de los que disponía”, ha afirmado, con contundencia.

La exalcaldesa va a recurrir ante el Supremo y se sigue declarando inocente: “Una cosa es lo que diga la sentencia y que yo decida dimitir, y otra que yo reconozca que soy culpable de nada”.

Gladys Acuña ha recalcado que “respeta y acata” la sentencia de la Sala de lo Penal del TSJC, “como no puede ser de otra manera”; sin embargo, no ve reflejado en ella “la verdad” de lo que ocurrió.

En este sentido, la todavía parlamentaria de Nueva Canarias ha recordado que el presidente del TSJC, Antonio Doreste, emitió un voto particular que discrepa de la condena y aboga por absolver a todos los procesados en el primer juicio del caso Stratvs.

“Doreste lo ha explicado en un contundente y extenso voto particular que ocupa más de una tercera parte de la sentencia y desmonta una por una las conclusiones que han llevado a mi inhabilitación”, ha argumentado Acuña.

La alcaldesa ha señalado que “en este caso la aritmética matemática ha hecho posible su condena”, ya que las otras dos componentes de la Sala que la juzgó, Carla Vallejo y Margarita Varona, sí la creen culpable de dos delitos.

Sin embargo, ha comentado que “esto es como un partido de fútbol de ida y vuelta”, en el que ha pedido en la ida “por 2 a 1”. Y ha insistido en que está convencida de que Supremo le dará la razón.

Acuña ha subrayado que el TSJC ha tardado “siete largos meses” en dictar sentencia sobre lo ocurrido con la licencia de actividad de la bodega Stratvs, un tiempo que considera reflejo de “las profundas diferencias que existían entre los magistrados”.

Respecto a la licencia de actividad que dio el Ayuntamiento de Yaiza, ha indicado que quiénes formaban parte de la junta de gobierno tenían la obligación de concederla a la vista de cinco informes positivos: “Como dijo el presidente del TSJC, denegar la licencia hubiera constituido un ejercicio prevaricador”.

Ha continuado explicando que tanto en el juicio como en la sentencia se ha dicho que como alcaldesa tenía que haberse dado cuenta de muchos aspectos técnicos del proyecto.

Al respecto, se ha defendido manifestando que “afirmar esto es desconocer cómo funciona el proceso de toma de decisiones en las administraciones públicas. Es imposible y una exageración pretender que el órgano político revise el trabajo de los técnicos que intervienen en un procedimiento”.

Respecto al delito de comisión por omisión por no ordenar el cierre de la bodega, Acuña ha manifestado que “en un estado de derecho la alcaldesa no puede ordenar un cierre armada únicamente de su voluntad”.

“Mi obligación, y la cumplí, era dar instrucciones para incoar el correspondiente expediente de cierre, y así se hizo”, ha alegado.

Así, ha recordado que el restaurante y la tienda se clausuraron porque no tenían ningún tipo de autorización y, en cuanto a la bodega, Acuña ha dicho haber pedido, hasta en tres ocasiones, colaboración administrativa al Cabildo, que “nunca llegó”, porque era necesario un informe jurídico y Yaiza no tenía técnico en ese momento porque estaba inhabilitado.

“Yo no dejé de actuar, actué como debía, hasta el límite de mis responsabilidades y con los medios que disponía”, ha abundado.

El pleno de este viernes tomará conocimiento de las renuncias de Gladys Acuña y José Antonio Rodríguez y será en la siguiente sesión cuando tome posesión el nuevo alcalde, Óscar Noda.

Sobre el alcalde que la sucederá, Gladys lo ha definido como una persona “solvente, rigurosa, trabajadora y responsable”.

Así mismo ha revelado que dejar el cargo de esta manera no es algo que le guste, pero está “ilusionada” con dejar al frente del Ayuntamiento a su compañero Óscar Noda.

Noda, quien también ha estado presente en la rueda de prensa junto a todo el grupo de gobierno, no ha querido entrar a valorar la situación “por respeto”, pero sí ha señalado que su voluntad es la de “estar al servicio del municipio”.

Sobre si se volverá a presentar al cargo en caso de que el Tribunal Supremo revoque la condena, Acuña ha explicado que todavía “es demasiado pronto para hablar del futuro”, pero ha admitido que “tal vez” su etapa municipal “haya concluido”.

“Yaiza ha perdido una alcaldesa, pero Lanzarote ha ganado una diputada a tiempo completo”, ha dicho, como cierre de su rueda de prensa.

Nueva Canarias (NC) ha secundado este lunes la decisión de la exalcaldesa de Yaiza y diputada de su grupo en el Parlamento autonómico, Gladys Acuña, de defender su inocencia en el caso Stratvs en el Tribunal Supremo, amparándose en el voto discrepante con la sentencia emitido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste.

NC considera “muy significativo” que el magistrado Doreste solicitara en su voto particular la absolución de todos los procesados en el primer juicio del caso Stratvs, entre ellos Acuña, que ha sido condenada a 14 años de inhabilitación para cargos municipales por prevaricación y delito contra el territorio.

La formación nacionalista recuerda que Doreste expresa su “discrepancia” con la conclusión de las dos magistradas que firman la condena, pues sostiene “que no sólo no hay prevaricación” en la concesión de la licencia de actividad a la bodega Stratvs, “sino que lo que hubiera sido indiciariamente prevaricador hubiera sido lo contrario al proceder de Acuña y demás ediles implicados”.

Así mismo, añade que, según Doreste, si hubiesen denegado la licencia hubieran resuelto en contra de los informes técnicos.

Nueva Canarias apoya la “honorabilidad” de la exalcaldesa de Unidos por Yaiza y expresa su respaldo a que continúe como diputada de su grupo en el Parlamento autonómico.

Así mismo, considera que el voto de Doreste muestra la “importante controversia” de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del TSJC y se alinea, “en todos sus extremos”, con sus razonamientos para pedir la absolución de Acuña y del resto de los implicados ante la existencia de cinco informes técnicos favorables a la concesión de la licencia municipal de actividad de la bodega Stratvs.

El magistrado Salvador Alba ha sido desautorizado por sus propios compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que han invalidado la providencia dictada el pasado lunes por el juez para levantar el precinto sobre la bodega Stratvs, ubicada en el paisaje protegido de La Geria, dentro del municipio lanzaroteño de Yaiza. La resolución ha sido publicada este viernes por Lancelot, el grupo de comunicación del influyente empresario Juan Francisco Rosa, propietario también de la bodega, que fue cerrada por orden judicial a finales de 2013.

La Sección Sexta ha decidido paralizar el desprecinto de la bodega hasta que se resuelvan los recursos que tanto la Fiscalía Provincial de Las Palmas como la acusación popular, ejercida por la asociación Transparencia Urbanística, han presentado contra el auto del pasado 2 de enero que estimaba el recurso interpuesto por el propietario de Stratvs contra las medidas cautelares de cierre y prohibición de actividad decretadas en 2013 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife.

Salvador Alba es el ponente de ese auto que daba por válidos los informes periciales de parte presentados por la defensa de Rosa sin entrar a valorarlos en profundidad y obviaba una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el plan de La Geria, el mismo que, según el propietario de Stratvs, daría cobertura legal a la bodega.

Según cuenta otro diario, La Voz de Lanzarote, fue el abogado de Rosa quien llamó por teléfono a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas el pasado 3 de enero, un día después de que se dictara el mencionado auto, para instar a la Sala a que solictara al Seprona la retirada del precinto sobre las instalaciones. El secretario judicial trasladó por escrito a Alba esta petición, que fue atendida por el juez en la providencia del día 9, ahora invalidada. En ella ordenaba el “inmediato desprecinto” de la bodega para dar cumplimiento al auto.

La resolución del 2 de enero ha sido recurrida de forma contundente por la Fiscalía, que se ha mostrado sorprendida por la decisión de permitir la reapertura de un complejo que “no puede existir” en el espacio en el que se levanta, el paisaje protegido de La Geria, y que es “absolutamente ilegal e ilegalizable”. En ese recurso, el Ministerio Público critica la “escasa” fundamentación del auto firmado por Alba, de tan solo cuatro páginas, que además contradice a otro que el mismo juez dictó en 2014 sobre el mismo asunto.

En la misma línea, Transparencia Urbanística ha recordado que es “legalmente imposible” que la bodega Stratvs obtenga los permisos para poder operar. A juicio de la asociación, quien le otorgase la licencia de primera ocupación incurriría en un “clamoroso” delito de prevaricación , puesto que la obra ejecutada no se corresponde con la autorizada. Los propietarios habían solicitado una licencia para rehabilitar una vivienda de valor etnológico y construir una bodega subterránea de 900 metros cuadrados, pero acabaron demoliendo el inmueble y levantando un complejo que supera los 12.000 metros cuadrados y que incluye un restaurante, una terraza y aparcamientos.

En el escrito de acusación del juicio oral que debe celebrarse a partir de junio, también con Alba como ponente, la Fiscalía pide quince años de prisión para el dueño de la bodega Stratvs, Juan Francisco Rosa, por delitos de falsedad en documento oficial, usurpación de bienes, contra la ordenación del territorio con afectación grave a un espacio natural protegido, contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente por excavación ilegal en un espacio protegido. La asociación Transparencia Urbanística, por su parte, solicita 21 años de cárcel al añadir tres presuntos delitos de tráfico de influencias.