La ofensiva de Alfonso Rueda contra el derecho a baja laboral no se detiene ni ante argumentos ni ante el previsible fracaso del diálogo social -dos de los tres principales sindicatos ya han renunciado a sentarse. “Los que estén de baja y puedan trabajar, eso hay que arreglarlo”, afirmó este miércoles en la sesión de control del Parlamento de Galicia. No ofreció ningún dato nuevo ni replicó a los argumentos en contra defendidos por Ana Pontón. “Usted le echa la culpa a la gente por enfermar”, le espetó la nacionalista justo después de enumerar algunas de las realidades del mundo laboral en Galicia: muere una persona a la semana en accidente de trabajo, se realizan 122.000 horas extra gratuitas cada semana, la comunidad es la segunda del Estado que menos bajas coge. Rueda no dijo nada al respecto.

“La medida es esperpéntica. Dudo que sea legal, pero seguro que no es ética”, había iniciado su intervención la portavoz del BNG. Se refería al “plus de productividad” que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha ofrecido a los médicos de atención primaria si rebajan la duración de las incapacidades temporales. “Usted no ve las bajas como el derecho a la salud, sino como un gasto”, aseguró Pontón, “y como no puede hacer una contrarreforma laboral, va por detrás recortando derechos”. Para ello, añadió, ha lanzado una campaña de criminalización de los trabajadores, apoyado en algunos medios de comunicación. “Para usted, los trabajadores fingen estar enfermos. Y además cuestiona a los médicos. Le digo una cosa, en vez de recortar derechos, recorte listas de espera”, sostuvo.

El presidente del Gobierno gallego, que se ha empeñado personalmente en esta cruzada y la situó como medida estrella en su discurso sobre el estado de la autonomía, repitió justificaciones. Recordó que el polémico plus está en los objetivos estratégicos del Sergas desde hace “un año y medio” y retorció la realidad para ceñir el malestar que provoca la medida “a los mensajes de un médico del BNG”. Lo cierto es que se han manifestado en contra los cuatro colegios médicos, la Sociedade Galega de Medicina Familiar, los sindicatos o los inspectores médicos. Aun así, Rueda insistió contra toda evidencia que Pontón “pretende ocultar que es un médico del BNG el portavoz, por algo será”. Su intento de descargar culpas y responsabilidades en el Gobierno central lo resumió Pontón en un “qué sorpresa, hay problemas y la culpa es de los demás”.

Parte del núcleo argumental de Rueda consiste en jugar a igualar las bajas laborales con el denominado absentismo. Y en cifras: dijo que las ausencias injustificadas del puesto de trabajo suponen el 2% del PIB, unos 2.000 millones de euros. Habló de diálogo social, aunque dos de los tres sindicatos mayoritarios -CIG y Comisións Obreiras- se han echado fuera, y acto seguido se autoenmendó para concluir en tono de amenaza: “Abandonen toda esperanza. Aquí hay un problema y este gobierno está para solucionar problemas”.

Besteiro sobre SAIC: “Cumpla los plazos y no lo estropee”

El debate con el socialista José Ramón Gómez Besteiro fue en esta ocasión de menor intensidad. Preguntaba por la fábrica de coches que el gigante chino SAIC ha anunciado que instalará en Ferrol. El portavoz del PSdeG fue crítico con la política industrial de la Xunta -“caen las exportaciones, cae la producción, caen las ventas”- y recordó algunos de los grandes fiascos de 17 años de gabinetes de la derecha en Galicia: la liquidación de las cajas de ahorro, las falsas promesas de Feijóo y Pemex, la total parálisis del sector eólico, la apuesta fallida por una iniciativa socialmente muy contestada como Altri. “Cuatro de los 19 proyectos industriales estratégicos de su gobierno han desaparecido. Ninguno está ejecutado en su totalidad”, resumió, antes de atribuir a Pedro Sánchez y el Gobierno central la llegada de fondos europeos y estatales para la industria.

Alfonso Rueda se resignó y no rompió la minitregua nacida a raíz de SAIC. “Cuando el Gobierno ayuda, ayuda, acabamos de decirlo”. Expuso. Sobre lo que no se pronunció, pese a que lo había sacado Besteiro, fue sobre sus críticas y las de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, a los viajes de Sánchez a China, que finalmente abrieron el camino gallego al gigante de la automoción. “No me diga que todo lo que hay en Galicia se lo debemos al Gobierno central”, intentó ironizar, aunque el socialista no lo había dicho. Tampoco había mencionado al BNG pero el presidente sí lo hizo, aun sin pronunciar las siglas. “No se ponga del lado del negacionismo industrial, del lado de os do non”, lo conminó. Los nacionalistas se han limitado a pedir prudencia sobre la prometida factoría hasta que se concrete.

“Cumpla los plazos y no lo estropee”, se limitó a responder Besteiro. “Espero que todos cumplan los plazos y usted no se meta en el medio, no estorbe”, contestó Rueda, “usted en esto no ha tenido nada que ver”.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, insiste en que la “línea roja” de su formación para exigir que se convoquen elecciones generales es que se demuestre “financiación ilegal del PSOE, como tuvo el PP con la Gürtel”. Lo dijo en respuesta a preguntas sobre la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz dentro de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire'.

Pontón reiteró que el BNG ya señaló “hace tiempo” que tenía claro su límite: “Si se demostraba que estamos ante un caso de financiación ilegal del PSOE, como el PP con la Gürtel, esa era nuestra línea roja para que la ciudadanía tome la palabra y decida qué futuro quiere”. Agregó que comparte la “indignación” que genera, a su juicio, ver “cómo el PP y el PSOE salpican la vida pública con casos de corrupción”, e insistió en que “no todos” son iguales y que la política “es la herramienta” para cambiar las cosas, recoge Europa Press.

Defendió que la Justicia “tiene que ir hasta el fondo” y que “no se pueden tolerar casos de corrupción”, “caiga quien caiga”. “Si estamos ante un caso de corrupción y se demuestra que hay financiación ilegal, igual que hizo el PP con la Gürtel, exigimos la convocatoria electoral”, repitió

A continuación, preguntada sobre la postura de su formación en casos que no tengan que ver con financiación ilegal, Ana Pontón expuso que, si hay casos de corrupción, “hay que apartar a esas personas de la vida pública”.

Las enmiendas pactadas por PSOE, BNG y Sumar para articular una ley orgánica para transferir la AP-9 a Galicia han salido adelante y han sido aprobadas en la reunión mantenida en el Congreso por la ponencia que trabaja en el texto, que va a continuar su tramitación. Pero lo hará con el voto en contra del PP y de Vox, según informa Europa Press. El resto de los grupos, incluidos Bildu, ERC, PNV y Junts dieron su respaldo a la iniciativa.

El texto acordado incluye la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico, aunque el Gobierno gallego, con el presidente Alfonso Rueda al frente, ya había dejado en el aire el respaldo de los populares al entender que rebaja condiciones económicas y no coincide plenamente con la ley que fue acordada por la unanimidad de todos los grupos con representación en el Parlamento gallego. El pacto incluye también que la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a Audasa -la empresa concesionaria-, las obligaciones con repercusiones económicas derivadas de la aplicación de la concesión en vigor y motivadas por decisiones durante su periodo de competencia.

En cuanto a la Xunta, el acuerdo cerrado determina que asumirá “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

Mientras los impulsores defienden que el pacto es fiel -aunque no idéntico en la redacción- a la ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, el Gobierno gallego y los populares consideran que las variaciones son suficientes para oponerse. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, afirmó que la Xunta no aceptará que se “desvirtúe” el texto unánime que salió en su día de la Cámara autonómica.

El 'no' de populares y de Vox, en todo caso, no ha bastado para evitar que el resto de grupos de la ponencia aprobasen el informe que recoge lo expresado en las enmiendas, de forma que continuará la tramitación, primero en la Comisión de Transportes y luego en el pleno del Congreso -donde al tratarse de una ley orgánica necesitará la mayoría absoluta (176 apoyos) para que resulte aprobada-.

Fuentes de Sumar han explicado que fuera de debate quedarán finalmente las enmiendas sobre mariscadoras y minería que abogaban por incluir en el texto, aun no estando directamente vinculadas con la AP-9 (según han trasladado, el PP se abstuvo y el PSOE votó en contra).

Con respecto a la AP-9, los impulsores del acuerdo confían en que el escenario que se visualizó en la ponencia este martes se mantenga en futuros debates -lo que permitiría que superase las distintas 'pruebas', incluida la aprobación del pleno del Congreso-. Aun así, la norma aún tendría que pasar por el Senado (donde los populares tienen mayoría absoluta) antes de recibir luz verde definitiva.

Concluida la ponencia, el PPdeG emitió un comunicado en el que justifica el voto en contra del partido y exige “que se mantenga el texto acordado por unanimidad” en el Parlamento gallego. “Lo único que se evidencia es el interés de estos grupos de marginar al principal partido de Galicia, que gobierna en la comunidad, tiene mayoría en el Parlamento y es la primera fuerza del Congreso”, señalaron los diputados Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja.

“El Gobierno debe seguir financiando los compromisos adquiridos, dotando a la Xunta de medios financieros para ampliar las bonificaciones de los peajes en un vial cuya concesión a Audasa finaliza en 2024, salvo que el Tribunal Superior de Justicia de la UE determine lo contrario; y suprimir el incremento tarifario del 1% que se aplica desde 2019”, reclaman los populares

Aseguran que les genera especial preocupación que no figure en el acuerdo la disposición “en la que se obligaba al Gobierno a asumir obligaciones económicas y financieras en el caso de que se declarase la nulidad de las prórrogas mediante las que se acordó la ampliación del periodo concesional”.

Por su lado, socialistas y nacionalistas celebraron el paso adelante y criticaron la postura de PP y Vox, a los que acusan de intentar “reventar el acuerdo”. “Hoy dimos un paso decisivo para que la AP-9 sea, por fin, una autopista gallega”, manifestó la diputada del PSOE en el Congreso Patricia Otero. El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro reivindicó el papel de los socialistas gallegos en lo que ha calificado de avance. Añadió que es incomprensible que el PP se haya opuesto.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, consideró “una nueva traición” a los intereses de Galicia el voto en contra del PP y tachó de “pretextos formales” los argumentos para oponerse. También ha destacado que la propuesta final “respeta el autogobierno gallego”, en la medida en que establece que la concreción de lo recogido en la ley debe producirse en la negociación bilateral en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado.

Las negociaciones de las últimas semanas en el Congreso de los Diputados han derivado en que PSOE, BNG y Sumar han pactado un texto sobre la ley de la AP-9 que incluye, según los propios partidos, que se transfiera no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a Galicia, en la línea de lo que pide el Parlamento gallego.

Las tres formaciones reivindican su papel en la negociación que ha dado pie a un acuerdo que, en palabras del diputado del BNG, Néstor Rego, constituye “un paso muy importante” porque implica “que se transfiere la titularidad” y “todas las competencias”, según recoge Europa Press. El acuerdo se ha anunciado a las puertas de que este martes se reúna la ponencia llamada a validarlo.

El paso se hará a través de “una enmienda transaccional” que “respeta fundamentalmente”, sostiene Rego, “las propuestas realizadas por el Parlamento de Galicia y que implica la transferencia de la titularidad de la AP-9 y la salvaguarda de que el Estado asume todas las consecuencias, también las económicas, de las decisiones tomadas sobre la vía”. Esto “implica una hipotética finalización de la concesión como consecuencia del expediente abierto por la UE debido a la irregularidad de las prórrogas realizadas”, manifestó.

El PP, aunque no está dentro del acuerdo, ha declarado en anteriores ocasiones que está dispuesto a apoyar un texto que preserve el espíritu de la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia.

El estado social de la lengua gallega, que expertos e instituciones culturales califican de alarmante, ha centrado la sesión de control parlamentario a Alfonso Rueda tres días después del Día das Letras Galegas. Y esta vez no ha servido para que el presidente de la Xunta de Galicia realizase algún anuncio en la materia, estrategia habitual con otros temas. “Hace un año y medio que el Instituto Galego de Estatística publicó un informe dramático sobre la situación del gallego”, inquirió Ana Pontón, con un guiño al título del célebre ensayo del fallecido Xesús Alonso Montero, “y usted no ha movido ni un dedo, al contrario”. Rueda lo tomó por la vía electoral y le preguntó si es que pensaba que los votantes del Partido Popular “eran enemigos del idioma”. Pontón le respondió: “En este país nadie lo ha votado para que ataque a la lengua gallega”.

Los datos objetivos sobre uso y conocimiento de la lengua propia de Galicia -así la define el Estatuto de Autonomía- no dibujan un panorama favorable. Las tendencias, aceleradas desde la llegada de Feijóo al Gobierno gallego en 2009, las recordó en el Parlamento la líder del BNG: uno de cada dos jóvenes no usa nunca el gallego, solo el 7% lo hace siempre -en 2018 era el doble- y un tercio de los menores de entre 5 y 14 años no sabe hablarlo. También recordó la participación del actual presidente en manifestaciones contra el gallego convocadas por una asociación entonces llamada Galicia Bilingüe y ahora Hablemos español. “Vamos camino de un lingüicidio”, sintetizó. También propuso tres medidas: triplicar los fondos destinados a política lingüística, drásticamente recortados por los sucesivos gabinetes de Feijóo y Rueda; derogar el decreto que redujo la enseñanza del gallego por primera vez en democracia; y cumplir el Plan Xeral de Normalización Língüistica, aprobado por unanimidad en 2004 y unilateralmente dinamitado por el Partido Popular.

Alfonso Rueda no resistió la tentación de endilgar al BNG los problemas judiciales de José Luis Rodríguez Zapatero -lo había intenado antes con Besteiro, pese a que este no participaba en el debate, al ser la sesión en que lo hace el único diputado de Democracia Ourensana- con un comentario un tanto rutinario sobre la supuesta “bravura en Galicia” y “mansedumbre en Madrid” de los nacionalistas. Pero enseguida entró en materia. “¿Que no hacemos nada? Ya lo estamos haciendo, pero faltan ustedes”, afeó a los nacionalistas. Se refería a la revisión del mencionado plan de normalización de 2004 que la Consellería de Cultura, Lingua e Deportes puso en marcha poco después de la publicación de las cifras del IGE y cuya presentación comprometió para el pasado noviembre. De momento nada se sabe de él. “Primero dijeron no, después se salieron y ahora intentan reventarlo”, aseguró Rueda, sin entrar en detalle. Fue cuando acusó a Pontón y a su organización de “querer secuestrar el gallego”. “Pero Galicia no es nacionalista ni independentista”, afirmó, “sino orgullosamente libre y orgullosamente bilingüe”. El BNG, principal formación nacionalista, obtuvo el 31% de los votos en las últimas elecciones autonómicas, y ostenta alcaldías como las de Santiago de Compostela, Pontevedra o Carballo.

“Sin igualdad no hay libertad”

“Sin igualdad no hay libertad, y la libertad de vivir en gallego en Galicia es lo que usted está robando a las nuevas generaciones”, replicó la nacionalista, que antes había retado a Rueda a “hablar de corrupción” y que tanto le daba PP como PSOE. “El BNG en 40 años de historia, ni un solo condenado por corrupción”, adujo. El presidente de la Xunta cerró el debate con su argumentario clásico sobre el BNG: que si Pontón lleva “25 años” ahí sentada (son 22, en realidad), que si dice “non a todo”, que si ya basta de crispación, pese a que son algunos diputados y diputadas del PP las que más elevan la tensión y se prodigan en insultos a la oposición. “Intente sumarse a los trabajos para un documento para el Pacto pola Lingua”, añadió. Y cuando parecía que ese mensaje más o menos conciliador era el punto final de su intervención, se corrigió a sí mismo: “Dicen que el gallego está en peligro y los que está en peligro si no los paramos es la libertad”.

El BNG ha presentado este viernes oficialmente la candidatura de Miguel Anxo Fernández Lores para revalidar la Alcaldía de Pontevedra en las elecciones municipales de 2027. El actual regidor, que acumula ya casi tres décadas al frente del Ayuntamiento, ha comparecido acompañado de la responsable local del BNG, Sabela Bará, que ha destacado que su designación ha sido aprobada “por unanimidad y aclamación” por la asamblea local de la formación nacionalista.

Bará ha definido a Fernández Lores como “el orgullo de un proyecto colectivo” y ha reivindicado el modelo de ciudad impulsado por el Bloque en los últimos años. Por su parte, Fernández Lores ha agradecido el respaldo de la militancia y ha confirmado su disposición a continuar liderando el proyecto nacionalista. “Es un compromiso que acojo con toda la responsabilidad”, ha asegurado, recordando que su continuidad dependía de la decisión de las bases del partido. “Siempre decía que me presentaría si la militancia me elegía, y en este caso ha sido así”, ha celebrado.

El alcalde ha avanzado además el lema de la nueva campaña, 'A por todas!, Pontevedra', que ha definido como “una propuesta para recorrer todos juntos un camino hacia el futuro”. Según ha explicado, su decisión de optar de nuevo a la Alcaldía responde a la voluntad de culminar un proyecto político y urbano iniciado hace años. “Ese proyecto sigue en marcha, no está acabado, y por eso sigo”, ha indicado.

“Queda muchísimo por hacer”

Fernández Lores ha hecho balance de la gestión municipal de los últimos años, destacando eventos internacionales celebrados en la ciudad, ha repasado actuaciones urbanas y ambientales en marcha y ha puesto el foco en la apuesta ambiental del gobierno local, reiterando la posición histórica del BNG respecto a la continuidad de ENCE. “Seguiremos luchando para que ENCE se tenga que marchar de la ría”, ha manifestado.

Durante la comparecencia, Lores ha reivindicado el crecimiento y la proyección internacional de la ciudad. “Todo el mundo quiere conocer cómo hemos hecho este proyecto entre todos”, ha presumido, incidiendo en que Pontevedra “no tiene techo” y aún “queda muchísimo por hacer”. En la recta final de su intervención, Fernández Lores ha subrayado la experiencia del equipo que lo ha acompañado durante décadas en el Ayuntamiento y ha expresado su deseo de seguir contando con figuras históricas del gobierno local como César Mosquera y Raimundo González.

El acto oficial de presentación de su candidatura tendrá lugar el próximo día 28, a las 20.30 horas, en el Auditorio de Afundación, en un evento abierto a la ciudadanía con el que el BNG pretende dar el pistoletazo de salida a la carrera electoral.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha embarcado en la defensa a capa y espada de la moción de censura impulsada por su partido en Lugo con el apoyo de una edil tránsfuga. Para ello no ha dudado, durante la sesión de control parlamentario de este martes, en retorcer los hechos y en ignorar los resultados de las últimas elecciones municipales, cuando su partido, el PP, quedó a un escaño de la mayoría absoluta y del gobierno local. Ahora se ha servido de la exsocialista María Reigosa, que accedió al pleno tras la muerte de dos de sus compañeros de lista, para hacer alcaldesa a Elena Candia. La oposición, en concreto el PSOE, le recordó que los propios estatutos de la formación conservadora consideran “una infracción muy grave” utilizar o valerse de “tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”. Exactamente lo que sucederá el 7 de mayo en Lugo.

El reglamento interno del PP reserva además duras sanciones para aquellos que incumplan ese punto: suspensión de afiliación de cuatro a seis años, inhabilitación para cargos internos o de representación durante el mismo periodo o incluso expulsión. No parece que Alfonso Rueda esté pensando en aplicarlas, a juzgar por el olímpico silencio con el que recibió la pregunta al respecto de José Ramón Gómez Besteiro, líder socialista: “¿Va a abrir expediente por estas graves actuaciones en Lugo?”. Sobre la controvertida y escandalosa maniobra de Candia y los populares también opinó en su turno Ana Pontón. “Está claro que usted no le dan las cuentas y por eso esta moción de censura indecente”, arremetió, “es corrupción política. No sé si acabará en Soto del Real, pero desde el punto de vista político es impresentable”.

Rueda no dejó entrever ni el más mínimo atisbo de autocrítica o voluntad de entendimiento. Volvió a mencionar lo sucedido en Noia, donde una moción con un concejal elegido en las listas del PP dio el bastón de mando a un socialista -en este caso no medió el fallecimiento de otros ediles-, para criticar “esa moral progresista” y acusó a la izquierda de “intentar de todo” contra la operación. “Intentan meter miedo con amenazas”, aseguró sin especificar a qué se refería. Lo que sí hubo fueron manifestaciones ciudadanas y una protesta en el pleno municipal del pasado jueves. El presidente gallego alcanzó la cumbre de su propia lógica cuando afeó a Besteiro no haber dado “ni una sola razón por la que no deba haber un cambio de Gobierno en Lugo”. Los últimos resultados electorales, en los que PSdeG y BNG sumaron la mayoría de asientos en el pleno, no le parecieron razón suficiente. “¿Cómo vamos a esperar que cumpla usted la ley si no es capaz de cumplir los estatutos del PP?”, le había espetado el socialista. Los próximos comicios locales serán en mayo de 2027.

El Consello de Contas y el deterioro de la sanidad pública

Aunque Ana Pontó también criticó la moción del PP en Lugo, su pregunta de control era sobre la situación de deterioro de la sanidad pública gallega, una realidad denunciada por usuarios y trabajadores y que constatan numerosos indicadores. La nacionalista utilizó esta vez el último informe del Consello de Contas, órgano fiscalizador del Gobierno gallego, sobre la atención primaria. El documento constata la infrafinanciación de la misma -Galicia es, tras Madrid, la comunidad que menos invierte en medicina de familia-, lo que la coloca por debajo de la media estatal y -dijo Pontón- “en menos de la mitad de las recomendaciones de la OMS”. “No es casualidad, es deliberado tras 17 años de recortes del Partido Popular”, aseguró. Son además los que Alfonso Rueda lleva en la Xunta, como conselleiro, como vicepresidente y desde 2022 como presidente.

Este no se apartó del manual consuetudinario con el que ataca a Pontón: “Usted tergiversa los datos, yo no”, “brava aquí, mansa en Madrid”, “cuando sale fuera habla bien de Galicia”, “triste, visión catastrofista”, “lleva aquí 25 años [en verdad son 22]”, “no sé si es consciente de los disparates que dice”. La argumentación sobre la sanidad pública tampoco varió demasiado de la que ha venido utilizando en el Parlamento cada vez que la oposición saca el tema: espigó afirmaciones del mismo informe de Contas esgrimido por la líder del BNG para señalar que “hay avances” en primaria y explicó que el gasto presupuestario “en sanidad” es del 31,6%. En la cifra incluye los millonarios convenios con empresas privadas del ramo. Y que el grueso de la responsabilidad de lo que sucede es de “sus cómplices [del BNG], los de Soto del Real”. Las competencias en la materia están transferidas a la comunidad desde finales de los años 80.

“Eso sí que es una caverna. Una caverna sanchista”. Así definió la diputada del PP Carmen Pomar a RTVE durante una comisión de control parlamentario a la CSAG –la antigua CRTVG– que, de nuevo, tuvo como protagonista la crisis de audiencias del canal autonómico. La corporación de medios públicos sigue culpando de ese desplome a mínimos históricos a las “desviaciones” de los audímetros, hasta el punto de que su directora xeral, Concepción Pombo, aseguró que “no pueden ser una herramienta principal de gestión”. “Nuestra guía no es Kantar”, insistió frente a un BNG que culpaba de la fuga de espectadores al “sectarismo” y la “falta de pluralidad” de los informativos, combinado con un entretenimiento que ha convertido el prime time en un “repositorio de chatarra televisiva de lo que fue Tele5 en su momento”.

Este jueves, PP y BNG coincidieron en preguntar por las audiencias, aunque desde puntos de vista opuestos. Los populares querían escuchar, una vez más, cómo la CSAG sancionó a Kantar Media –ahora Fifty5Blue– durante 20 de los 24 meses de los años 2024 y 2025, los de menor número de espectadores en las cuatro décadas de vida del canal. Como contraposición, esgrimían los datos de la primera oleada del EGM, que investía a TVG como el canal más visto en la comunidad, con un 20,1% de cuota de pantalla de lunes a viernes, a más de ocho puntos de Antena 3 y TVE, algo que en su opinión “constata el declarado liderazgo social” de la televisión gallega.

Pomar –exconselleira de Educación, decapitada tras la gestión de la COVID– siguió a continuación el manual de su jefe de filas, Alfonso Rueda, cuando se le pregunta por alguna de sus áreas de gestión y desvió el tiro para atacar al Gobierno central. Si, para Rueda, el enemigo es Pedro Sánchez, el rival de la diputada es el presidente de RTVE, José Pablo López, “portavoz del sanchismo”. Con un argumento que no es nuevo, la parlamentaria consideró “sospechoso” que López “arremeta” contra quienes piden explicaciones sobre el sistema de audímetros menos de un lustro después de que la propia corporación estudiase “un nuevo modelo” ya que el actual “estaba perfilado de forma que favorecía a las privadas”.

La popular acusó a la oposición de orquestar “campañas contra los medios públicos gallegos basadas en bulos e infundios” para acusar de falta de neutralidad a su cúpula mientras apoyan el nombramiento de López, responsable de las opiniones que han convertido a RTVE en una “caverna sanchista”. Lo acusó de provocar “el enfrentamiento más grave de la historia” de la corporación tras las denuncias del Consejo de Informativos referidas a la “malas praxis” y los “sesgos ideolóxicos” de determinados programas y de responder a esas críticas con un “ataque furibundo” contra los profesionales. “Eso sí son represalias, eso sí son coacciones, eso sí que es persecución”, afirmó tras recordar que los trabajadores votaron “masivamente” contra esos espacios y decidieron inicar acciones de protesta.

Habrá que ver si, con el tiempo, esas protestas llegan a los 415 venres negros que la plantilla de la CSAG cumplirá este 1 de mayo movilizándose contra la manipulación informativa y a los que Pomar no hizo ninguna mención. También obvió el hecho de que en la TVG no existe la posibilidad de que un consejo de informativos critique una decisión de la dirección general: en la ley aprobada en solitario por el PP el pasado año se aseguraron de eliminar la existencia de un órgano cuya creación habían paralizado antes durante más de una década.

“Acusan de manipulación a la CSAG cuando no hay ningún pronunciamiento de la justicia ni de la Valedora do Pobo que condenase a la corporación por esa supuesta censura” mientras “callan” con sentencias como la que condenó a Mañaneros 360 a corregir un rótulo referido a Isabel Díaz Ayuso por “tendencioso y no ajustado a la verdad”; algo que, según Pomar, “va a traer cola”.

“¿Quién va a ver esto?”

“Condena tiene la CRTVG, en firme, por mentir burdamente sobre el BNG y no le escuché la mínima reflexión al PP sobre esas difamaciones”, arrancó su turno la nacionalista Olalla Rodil. La diputada del Bloque pudo ir más allá y recordar sentencias como la que condenó a la corporación por represaliar a una periodista crítica y que la CSAG ha recurrido en el Tribunal Supremo.

“TVG tiene cada día menos audiencia. Es una realidad y usted es quien mejor lo sabe”, interpeló Rodil a Pombo antes de recordar que, en lo que va de año, sólo en dos días se superó el 10% de share. Tras cerrar marzo con un 7,5% de cuota de pantalla –segundo peor dato de su historia–, a falta sólo del dato del día 30, abril podría quedar todavía ligeramente por debajo. La directora xeral, por cierto, no mencionó ninguna desviación ni sanción a Fifty5Blue en este 2026.

La parlamentaria del BNG rechazó el argumento del EGM utilizando como “fuente” a la propia Xunta ya que, cuando licita contratos marco para campañas televisivas, se basa exclusivamente en los datos de los audímetros. “Seguir intentando tapar el sol con el dedo no nos va a sacar de esta situación”, insistió tras criticar que la CSAG se compare permanentemente con los canales de RTVE que –tanto en la tele como en la radio– sólo ofrecen desconexiones territoriales. En cuanto a la Radio Galega, medio para el que EGM sí es referencia, obtuvo sus peores resultados desde 2008, con menos de 100.000 oyentes, practicamente la cuarta parte de la emisora líder, la Cadena SER. Sin embargo, la corporación lo vende como un logro: “la primera emisora pública en número de oyentes”. “Felicidades, primera de dos, no hay ni para hacer un podium”, ironizaba minutos antes otro diputado nacionalista, Iago Suárez.

“Usted lleva un año en el cargo y tiene el mérito de acumular los peores datos tras 40 años y ocho direcciones generales”, señaló Rodil a Pombo, algo que “no pasa porque sí”. Los nacionalistas consideran que los espectadores “apagan la TVG” por dos grandes motivos. El primero, el “sectarismo” y la “falta de pluralidad” tanto en los informativos donde “cada día se entrevista a un conselleiro” como en los espacios de opinión. “Ni queriendo encuentras en la calle a cuatro personas que se den la razón en todo”, ironizó sobre las tertulias del matinal radiofónico Galicia por Diante. Asuntos como la moción de censura en Lugo, que centra desde hace semanas la actualidad gallega, pasa desapercibida en la parrilla y pese a una concentración de repulsa que reunió a miles de personas, la única voz de los vecinos que se escuchó fue la de una entidad recién creada y próxima al PP.

A esto, Rodil suma la transformación de un entretenimiento que fue “referencia” cuando era liderado por series propias de ficción –Mareas Vivas, Padre Casares...– en refugio de “chatarra televisiva de lo que fue Tele5 en su buen momento”, y que es la baza de TVG para luchar por un prime time con una “competencia voraz”. Rodil enumeró algunos de los invitados del formato A miña gran cidade. Corazón galego: “Bertín Osborne por O Salnés, Esperanza Aguirre con programa doble, Carmen Lomana buscando un collar de lujo, Al Bano –el de Romina– bebiendo vino, María José Campanario –¿quién se acuerda de ella?– buscándole una vaca a Jesulín y el Cordobés negociando la compra de un tractor... ¿Quién va a ver esto?”, se preguntaba antes de enumerar datos que tocaron techo con el 6,8% de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, una emisión acompañada “de todo el bombo” y el contrato de vallas publicitarias. “¿Cuánto le cuesta a los gallegos esto? ¿Cuánto pagamos por traer a esta gente?”, cuestiones que adelantó que presentarán por escrito y a la que todavía sumó otra: “¿Qué más le falta, un reality de curas?”. La pregunta no era inocente. Según ha sabido elDiario.es, ese es uno de los proyectos en los que trabaja el canal autonómico para tratar de remontar la audiencia.

“Divergencias significativas”

En su respuesta –leída, “para no equivocarse improvisando”, como había explicado anteriormente a una diputada socialista–, la directora xeral no dio respuesta a ninguna de esas cuestiones y volvió a poner el foco en las “divergencias significativas”, los resultados “extrañamente distintos” que ofrecen los audímetros y las encuestas, algo que, en su opinión, “requiere una explicación técnica”. Pombo admitió verse condicionada por unos datos que no le ofrecen “certezas”, algo que, dice, les hace ser “extremadamente prudentes en las decisiones de programación”, aunque los cambios en la parrilla no cesan.

“Hoy en día, los datos de Kantar Media no pueden ser una herramienta principal de gestión. Si nuestra guía fuese Kantar, estaríamos tomando decisiones que irían en contra de los intereses del sector audiovisual gallego” al obligarles a “penalizar contenidos estratégicos, cultura e identidad”. Los audímetros no se “entusiasman” con las series de referencia, el cine gallego “multipremiado” o los “derbis deportivos entre ciudades”. Tampoco le gustó la definición de “repositorio de chatarra” tras el premio Circom a Land Rober, “el mejor programa de prime time hecho en Europa”, aunque técnicamente su horario (21:40-22:40 h) se ajuste más a un access previo al horario de máxima audiencia.

Por todo ello, no puede ser “la hoja de ruta de la corporación” lo que definió como una “herramienta más” que “reconoce sus propias limitaciones”. Así lo hizo en 2023, “antes de cambiar de propiedad”, un portavoz de Kantar que “presentó la necesidad de evolucionar a modelos híbridos para mejorar la cobertura y la granularidad del sistema”. Tecnicismos que TVG tendrá que volver a enarbolar cuando se confirmen los malos datos de abril.

La viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, ha asegurado que la plaza de empleo público de Costas en Lugo “está ocupada desde 2025” y ha acusado a la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, de “mentir” tras asegurar que estaba vacante.

“Esa plaza está ocupada desde mayo de 2025 en concurso específico, es decir, un funcionario de la Xunta puesto a dedo. Esa misma persona sigue actualmente ocupando esa plaza en comisión de servicios”, ha afirmado Rodil en una rueda de prensa celebrada este lunes, recogida por Europa Press.

Así, Rodil ha recordado las palabras que la conselleira dijo hace unos días en Pontevedra cuando negó la vinculación de la plaza en Costas con la moción de censura y aseguró que “en el momento en el que una jefatura de servicio queda libre, en el minuto cero, se vuelve a convocar esa plaza porque, si no, el servicio queda estancado”.

A renglón seguido, Rodil ha apuntado que la persona que ocupa dicha plaza “nunca dimitió y nunca fue cesado” por lo que ha instado a la Xunta a responder “por qué mintió” la conselleira de Medio Ambiente.

Para el BNG “es evidente” que dicha plaza, para la que este lunes termina el plazo de admisión de solicitudes, era “el pago por la firma de la tránsfuga” para que el PP pudiese registrar la moción de censura en Lugo. “Una cacicada, no tiene otro nombre”, ha subrayado Rodil.

Con todo, aunque la edil exsocialista del Ayuntamiento de Lugo María Reigosa asegurase que no se presentará a la plaza de empleo público, Rodil ha remarcado que, personalmente, “no sabe lo que va a hacer, pero su palabra no vale nada”.

Por todo ello, el BNG registró diferentes iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre esta cuestión y que “se depuren todas las responsabilidades”.

En este sentido, Rodil ha incidido en que en un sistema democrático “no se pueden admitir ni permitir el uso de recursos públicos para cambiar gobiernos, manipular la voluntad de la ciudadanía expresada en la urnas y saciar las ansias de poder del PP”.

“Clamor social”

Olalla Rodil también ha hecho referencia la concentración que tuvo lugar el pasado viernes ante la casa consistorial de Lugo y ha afirmado que los vecinos “dejaron claro” el rechazo a la moción.

“Es un clamor social, la indignidad absoluta y la indencencia de esta moción”, ha asegurado, al tiempo que ha remarcado que “en muy pocas ocasiones” se concentró “tanta gente” delante del Ayuntamiento.

Así las cosas, el BNG ha ensalzado que la ciudad de Lugo “avanzó mucho” en los últimos años, con un proyecto político que “puso a las personas en el centro”.

“Eso es lo que quiere cargarse el PP promoviendo esta moción de censura. Quiere paralizar una ciudad que avanza”, ha sentenciado Olalla Rodil.

El pleno del Ayuntamiento de Lugo en el que se debatirá la moción de censura presentada por el Partido Popular con el apoyo de la concejala no adscrita María Reigosa se celebrará el 7 de mayo, jueves, a las 12.00 horas. La convocatoria, que ya es oficial, se realiza de forma automática el décimo día hábil siguiente al registro de la iniciativa.

La moción presentada plantea como candidata a la Alcaldía a Elena Candia y ha sido respaldada por 13 de los 25 concejales de la corporación, el mínimo necesario para alcanzar la mayoría absoluta y para presentar este documento, según recoge Europa Press.

Antes de esta sesión extraordinaria, el Ayuntamiento celebrará el pleno ordinario correspondiente al mes de abril, previsto para el día 30. En esta sesión se abordarán previsiblemente asuntos de gestión del actual gobierno municipal, entre ellos la aprobación de créditos para el pago de facturas. También tomará posesión la nueva concejala del PSOE, Eugenia Iglesias, que sustituye a la recientemente fallecida Olga López Racamonde.

El pleno en el que se debatirá la moción estará presidido por una mesa de edad, integrada por el concejal de mayor y el de menor edad de la corporación, excluidos el actual alcalde, Miguel Fernández, y la candidata a sustituirlo, Elena Candia. Durante la sesión, podrán intervenir la candidata, el regidor y los portavoces de los grupos municipales, excepto María Reigosa, por su condición de no adscrita, para fijar su posición.

Para que la moción prospere será necesario que los 13 concejales firmantes estén presentes en la votación y la apoyen, ya que cualquier ausencia o abstención impediría alcanzar la mayoría requerida y la moción no prosperaría.

En cuanto a las posibles consecuencias políticas, la normativa limita los derechos económicos de los concejales no adscritos, lo que impediría a María Reigosa percibir una dedicación exclusiva en el caso de un cambio de gobierno. Existen, no obstante, interpretaciones diferentes sobre su posible integración en el ejecutivo municipal, como adelantó el miércoles Elena Candia, que asegura que la exsocialista estará en el nuevo gobierno “dentro de la legalidad”.

Una vez aprobada la moción, Elena Candia tomará posesión como alcaldesa de Lugo para ser la tercera tras Lara Méndez y Paula Alvarellos, y el cuarto regidor en lo que va de legislatura.

A partir del 7 se abrirá un tiempo para que la nueva alcaldesa presente su organigrama de distribución de tareas y carteras a través del decreto de organización y para formalizar su equipo de confianza en los puestos administrativos. Elena Candia aseguró en su comparecencia del miércoles que presentará ese organigrama una vez que se oficialice su toma de posesión.

Veintisiete años después, el PP volverá a gobernar Lugo y lo hará gracias al voto de una tránsfuga del PSdeG. Elena Candia, presidenta provincial del partido y designada directamente por Feijóo como integrante del comité ejecutivo nacional, empuñará el bastón de mando casi de la misma forma en la que se convirtió en fugaz presidenta de la Deputación: por el descontento de una socialista que aspiraba a más. Su socia, María Reigosa, entró de rebote en un grupo municipal que, en el mismo mandato, vio a la alcaldesa partir rumbo al Parlamento y sufrió el golpe del fallecimiento de su sucesora y de otros dos ediles.

Con Lugo cae, a menos de un año para las próximas elecciones municipales, una de las plazas más codiciadas por los populares de Alfonso Rueda. Estas son algunas de las claves de una maniobra que, con poca originalidad, se justifica por “la debilidad de un gobierno inmovilista y a la deriva”.

La ciudad

Tras superar la barrera de los 100.000 habitantes en 2025, Lugo prácticamente empata con Santiago de Compostela como cuarta ciudad más poblada de Galicia. Desde 1999 no cuenta con un alcalde del PP, un partido al que, pese a su hegemonía en la Xunta –ha gobernado Galicia durante 37 de los 44 años de la autonomía–, se le sigue resistiendo el voto urbano. En las últimas elecciones del grupo de siete grandes urbes gallegas, sólo logró gobernar la más pequeña, Ferrol (64.000 habitantes). En Lugo se quedó a un edil de la mayoría absoluta –12 frente a la suma del bipartito PSdeG (8) y BNG (5)–, pero la ciudad de las murallas será, ahora, el símbolo de su poder local y un bastión desde el que tratar de asaltar la Deputación. En enero, el ente provincial nombró como presidenta a la socialista Carmela López, tras la dimisión de José Tomé, quien continúa como alcalde de Monforte, por las denuncias de acoso sexual en el canal interno del partido.

Las muertes

Paula Alvarellos estaba a punto de cumplir un año como alcaldesa de Lugo cuando falleció, tras asistir al pregón del Entroido de 2025. Había sustituido a Lara Méndez, regidora desde 2015, que ocho meses después de renovar el cargo decidió presentarse al Parlamento como número dos por la provincia –hoy lo es también del PSdeG–. La sucedió Miguel Fernández, quien ya había aspirado a ser el relevo de Méndez. Seis meses después, muere Pablo Permuy, uno de los pilares del gobierno de Alvarellos, que lo había puesto al frente del área de personal. Fernández se ve obligado a reestructurar el gobierno. En lugar de Permuy entra María Reigosa, que cinco meses después ya habrá abandonado un grupo al que todavía le faltaba sumar un nuevo luto, hace apenas dos semanas: el de Olga López Rocamonde. La concejala de Bienestar había llegado a abandonar el hospital para dar su apoyo a los presupuestos municipales.

La tránsfuga

La edil número 13 del futuro gobierno fue la número 11 en la lista del PSdeG. Esta funcionaria de Costas –que ya ha dicho que no se presentará a la plaza de jefa de servicio que socialistas y nacionalistas veían hecha a su medida– llevaba en el partido desde 2019 hasta que se dio de baja en enero. En 2021 formó parte de la ejecutiva de Valentín González Formoso, predecesor del actual líder socialista, el también lucense José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la Deputación y antiguo concejal de Urbanismo de la ciudad. Antes, estuvo cerca de ser presidenta de la Confederación Hidrográfíca Miño-Sil, en una batalla en la que ella se vio como un “arma arrojadiza” pero sus compañeros –especialmente, tras su apoyo a la moción– lo consideran el primer síntoma de su ambición, que también apuntó a la subdelegación del Gobierno. “Yo entré en el ayuntamiento para trabajar y, a pesar de que la persona a la que sustituí tenía una dedicación del 100 %, a mí solo me ofrecieron el 70 % porque el 30 % restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”, se quejó este lunes en la entrevista en La Voz de Galicia que daba el pistoletazo de salida a la censura. Fuesen económicas u organizativas, sus diferencias con el resto del grupo y su proximidad al PP resultaron palpables desde el primer día. Cuando se convirtió en no adscrita, a finales de marzo, aseguraba que su “intención” era que Fernández acabase el mandato como alcalde. Le duró menos de un mes.

La futura alcaldesa

Hasta su comparecencia de este miércoles con María Reigosa, Elena Candia (Mondoñedo, 1978) había guardado un silencio absoluto sobre la moción. La próxima regidora lucense tendrá que dejar su puesto como vicepresidenta del Parlamento de Galicia, que compatibilizaba con el de concejala y, según el sector, también con el de conselleira de Medio Rural en la sombra. Su poder va más allá de la provincia: Feijóo le adjudicó uno de los cinco puestos de libre designación de los que dispone en el comité ejecutivo del PP sin consultarlo siquiera a la dirección gallega. Candia es reincidente en lo de gobernar gracias al resentimiento de un socialista. Lo hizo en 2015, tras alcanzar la alcaldía de su localidad natal, cuando la enésima crisis interna en el PSdeG provincial hizo que el alcalde de Becerreá, que aspiraba al puesto, se votase a sí mismo en lugar de al candidato de su partido. Cuando las aguas volvieron a su cauce, cuatro meses después, una moción de censura la envió a la oposición. En la campaña por la alcaldía de Lugo de 2023, el PP admitió que Candia fue, una década antes, quien envió a la fiscalía los anónimos que acabarían provocando la imputación de Besteiro en dos causas judiciales que lo tuvieron apartado de la vida política durante seis años.

El presidente ausente

El anuncio oficial de la moción que, desde hace días, era un secreto a voces, ha cogido a Alfonso Rueda en un avión rumbo a China. El presidente de la Xunta y del PP gallego –que quiso marcar diferencias con el viaje de Pedro Sánchez al país asiático asegurando que el suyo no tiene “intencionalidad política”– dejó la operación bendecida antes de despegar. El lunes, tras la reunión semanal de su gobierno, defendió que su partido tiene “todo el derecho a intentar gobernar siendo la lista más votada”.

La indignación de la oposición

El viaje del presidente adelantó al martes la sesión de control parlamentario y ahí la moción reclamó ya su parte de protagonismo. “¿Qué ética hay en un político que mira a una familia de luto y piensa 'esta es mi oportunidad'?”, le preguntó Besteiro antes de advertirle de que “quien no tiene límites para acceder al poder no tiene límites para gobernar”. Para la portavoz nacional del BNG, que acudió este mismo miércoles a Lugo, a reunirse con su grupo municipal, la moción es un acto “indecente y sin escrúpulos”.

La respuesta ciudadana

“Lugo está viviendo el capítulo más oscuro de nuestro período democrático”. Así arranca el manifiesto de la plataforma Transfuguismo non, democracia si, que se presentó en la tarde del miércoles, apenas tres horas después de que Candia, Reigosa y el resto de ediles del PP hiciesen público su acuerdo. Un acuerdo que, para el centenar de firmantes del manifiesto, “pretende alterar la voluntad expresada en las urnas” para traer un proyecto de ciudad diferente: “coches que volverían al centro, plantas de biogás en el entorno de la ciudad, el desmantelamiento de la programación cultural...”. La plataforma pretendía expresar su descontento en la calle este viernes pero, tras acelerarse todo el proceso, buscan una fórmula para adelantar su protesta.

El BNG asegura que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “tendrá que rendir cuentas ante la Justicia” si se confirma la creación de una plaza de alto cargo en la administración autonómica para María Reigosa, la tránsfuga del PSdeG que dará la alcaldía de Lugo al PP a través de la moción de censura que se presentará esta tarde. Socialistas y nacionalistas han alertado de que la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, un puesto que puede solicitarse hasta el próximo día 27, parece hecho “a medida” de Reigosa.

Desde la puerta del ayuntamiento, donde se reunió con el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, la líder del BNG, Ana Pontón, definió la moción de censura –que llega tras el fallecimiento de la alcaldesa y otros dos ediles socialistas– como “un escándalo democrático de una envergadura como no se recuerda en esta ciudad”.

Pontón fue más allá y afirmó que la iniciativa “no sólo es algo reprobable desde el punto de vista político”, sino que, si Reigosa acaba accediendo a esa plaza, será “una ilegalidad y los responsables de esa ilegalidad, empezando por el señor Rueda, que es el máximo responsable de la Xunta de Galicia, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia, porque no todo vale en política”.

Alfonso Rueda, de viaje oficial en China, avaló este lunes la moción, al considerar que su partido “tiene todo el derecho a intentar gobernar siendo la lista más votada”. Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez –de quien depende la jefatura de servicio que está en el centro de la polémica–, inscribió la convocatoria de la plaza dentro de la “absoluta normalidad” a la hora de cubrir puestos “que son complicados”, como sucedió con éste que “quedó desierto tres veces consecutivas”.

También esta tarde se presenta la plataforma Transfuguismo non, democracia si, impulsada por el escritor Lois Pérez y la artista Luz Darriba y secundada por más de un centenar de conocidos lucenses. Han convocado una concentración contra la moción para la tarde de este viernes.

PSOE y BNG de Lugo han hecho público un comunicado conjunto en el que exigen a la Xunta aclarar si convoca una nueva plaza de empleo público que iría destinada a María Reigosa, la edila que dejó el grupo socialista y que sería clave para que los populares puedan presentar una moción de censura si estampa en el documento correspondiente la firma número 13. El comunicado se produce en relación a la la reciente publicación de una plaza en comisión de servicios dentro de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y los integrantes del gobierno local lucense insinúan que podría estar reservada para Reigosa, trabajadora en la demarcación de Costas. El puesto, correspondiente a la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el próximo 27 de abril.

Ambas formaciones consideran necesario esclarecer si esta convocatoria guarda “alguna relación” con la actual situación política en el Ayuntamiento y llaman la atención sobre la coincidencia entre el perfil profesional requerido para el puesto y el currículum de la “concejala tránsfuga”, lo que, a su juicio, “incrementa las dudas sobre el contexto en el que se produce esta oferta pública”.

¿Optará a dicha plaza?

PSOE y BNG plantean la pregunta además de forma directa si la edil María Reigosa tiene previsto optar a dicha plaza y que, insisten, debería ser respondida con claridad para evitar especulaciones. En su comunicado, ambas formaciones subrayan la necesidad de “garantizar la máxima transparencia en los procesos de provisión de puestos públicos, especialmente en momentos de especial sensibilidad política, con el fin de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

Asimismo, advierten de que, en caso de confirmarse cualquier vínculo entre esta convocatoria y movimientos políticos en el Consistorio lucense, se trataría de una situación de “extrema gravedad” que podría ser interpretada como “contraria a los principios éticos y democráticos”.

PSOE y BNG reiteran su compromiso con la defensa de la democracia, la ética pública y el respeto a la voluntad ciudadana, al tiempo que apelan a la responsabilidad de las instituciones implicadas para ofrecer explicaciones claras y garantizar que todas las actuaciones se ajusten a los principios de legalidad, transparencia e interés general. Finalmente, ambas formaciones aseguran que permanecerán “vigilantes” ante la evolución de este asunto y no descartan “emprender acciones legales” si se detectan indicios de irregularidades que pudieran tener relevancia penal o suponer un menoscabo de los principios democráticos.

El PP gallego, incluido el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, ya ha mostrado su apoyo a una operación que, según denuncian los socialistas, “aprovecha la muerte de tres concejales del PSOE” (Paula Alvarellos, Pablo Permuy y Olga López Rocamonde) para acceder a la alcadía, dado que la edila tránsfuga solo entró en la corporación tras el fallecimiento de Permuy.

Diputado de UCD entre 1981 y 1982, vicepresidente de la Xunta de Galicia por Alianza Popular entre 1983 y 1984, parlamentario de Coalición Galega y de su escisión (Partido Nacionalista Galego) entre 1986 y 1990, su fulgurante carrera política en las derechas gallegas todavía vivió un inesperado epílogo en 1994: encabezó la lista del BNG, en puridad un frente de organizaciones nacionalistas de izquierdas, al Parlamento europeo. No salió elegido. Carlos Mella, brillante economista con estudios en la Sorbona y escritor irónico y a menudo lúcido, murió este martes en Santiago de Compostela a los 96 años.

Cuando en 2009 publicó su último libro, Memorias dun ninguén [Memorias de un nadie, Editorial Galaxia], Mella había ya completado la evolución ideológica que lo condujo de la derecha españolista al nacionalismo gallego progresista. “Si, los gallegos somos gente sumisa, pero no es sumiso el de abajo, es sumiso el de arriba”, respondía en una entrevista para El País, “quien conquistó Galicia para los otros no fueron los de abajo, fueron los de arriba”. En esa misma conversación exponía su mirada cáustica e implacable sobre las élites económicas gallegas y su clase dirigente: “Renuncian al país porque son cobardes, quieren sobrevivir”.

Aseguraba saberlo de primera mano. Lo comprobó como vicepresidente para Asuntos Económicos de Xerardo Fernández Albor, el primer presidente de la Xunta de Galicia, de AP (formación antecesora del PP), quien había hecho la guerra con el bando franquista y seguido cursos de aviación en la Luftwaffe de Herman Göring. “Me enemisté con las fuerzas vivas por la parte de arriba”, sostenía sobre su paso por el Gobierno gallego, “mi opinión sobre el empresariado gallego era la que era, los bancos, las cajas...”. Tampoco calló ante la Casa Real, a cuenta de problemas de protocolo en la Ofrenda al Apóstol que, a su juicio, menospreciaban a la Xunta. Mella, que en su día había firmado un pronunciamiento público contra el Proceso de Burgos a militantes de ETA, acabó además enfrentado al otro vicepresidente de Albor, Xosé Luís Barreiro Rivas, y dimitió.

En 1986 volvería a la entonces convulsa Cámara autonómica, pero esta vez como diputado de Coalición Galega. Este partido efímero fue lo más aproximado que hubo a una CiU gallega: nacionalismo de derechas con base empresarial y fuertemente enraizado en lo local, especialmente en la provincia de Ourense. Las tensiones internas no tardaron en aparecer y Mella optó por la ruptura: formó parte de otro intento organizativo no muy longevo y un poco más inclinado al centro, el Partido Nacionalista Galego. No fraguó. Mella acabaría su paso por la política activa en 1994, cuando su amistad personal con Xosé Manuel Beiras, entonces líder del BNG, lo llevó al número 1 de la lista de la izquierda nacionalista a Europa. Estuvo cerca de conseguir el acta.

Carlos Mella se alejó entonces de la primera línea. No se prodigó demasiado como escritor, y eso que algunos de sus libros resultan testimonios informados y críticos de los primeros años de la autonomía gallega: Non somos inocentes (1990) o A Galicia posible (1992). Su Luces de Fisterra, subtitulado Esperpento Xacobeo, es un repaso sarcástico a la Galicia de Fraga Iribarne publicado justo en el año en que este perdió las elecciones. Mella, que había nacido en la aldea de O Foxo (A Estrada, Pontevedra) en 1930, también escribió ensayos sobre economía -A falacia do economicismo (1994), El pensamiento salvaje. A vueltas con el economicismo (2012)- y presidió la Fundación Castelao. En 2024 mostró su apoyo a la candidatura de Ana Póntón, del BNG, a la presidencia de la Xunta de Galicia.

Ana Pontón ofreció un alud de datos sobre la situación del trabajo en Galicia, Alfonso Rueda respondió con un revoltijo de ideología y apenas ninguna cifra. Este es el resumen posible del debate que, incitado por la pregunta de la líder del BNG al presidente de la Xunta de Galicia, trató en el Parlamento autonómico sobre el plan de Rueda para limitar el derecho a baja de los trabajadores gallegos. Pontón recordó las horas extra ni pagadas ni compensadas en la comunidad -122.000 cada semana, 160 millones de euros anuales- y la alta siniestralidad laboral -Galicia es la cuarta autonomía con más muertes entre 2014 y 2025- y lo acusó de “criminalizar” a los trabajadores. Rueda habló de Begoña Gómez, de que los trabajadores gallegos “pagan menos impuestos”, del ex conselleiro Alfonso Villares, de Yolanda Díaz y equiparó las bajas a “absentismo”. “Se pierden miles de horas de trabajo”, dijo, pero no las cifró.

“Menudo popurrí para no hablar de nada”, le recriminó la nacionalista, antes de insistir: “El fraude de las horas extra ¿no le merece ninguna reflexión? ¿Ni los accidentes mortales?”. No lo pareció, a juzgar por las respuestas del jefe del Ejecutivo, enrocado en su defensa de reforzar el papel de las mutuas privadas y no reconocer que el colapso de la atención primaria, denunciado por usuarios y empleados, está directamente relacionado con la duración de las bajas. “Ustedes son los del no a todo y también se oponen a esto”, defendió, desde el lugar común con el que se suele referir el Partido Popular el Bloque. “Esto” son, en la versión de Rueda, las “horas perdidas por el absentismo” que no concretó. En el fragor de su réplica incluso llegó a afirmar que “las bajas laborales son un problema” y que su gabinete “va a actuar” al respecto.

Los intentos de Pontón por contextualizar la cuestión -fue el anuncio más transcendente de los realizados por Rueda en el último debate sobre el estado de la autonomía, rechazado de plano por sindicatos y oposición- cayeron en saco roto. Además de las horas extra no remuneradas y de la siniestralidad laboral, recordó que Galicia es la segunda comunidad del Estado que registra menos bajas laborales, 24 por cada 1000 trabajadores frente a la media de 34. Y, en alusión a los dos motivos de incapacidad laboral que el presidente de la Xunta avanzó serán más vigilados -salud mental y problemas musculares y esqueléticos-, recordó que son 21 los psicólogos que atienden 400 centros de salud y que las listas de espera en traumatología se han disparado un 76% en los últimos años. Esa es la razón de que las bajas se alarguen, adujo. “En vez de reforzar la sanidad pública, le da más poder a las mutuas de la patronal para que decidan sobre quién puede o no trabajar”, le afeó. Rueda no entró a ninguna de estas observaciones y se limitó a proponer una disyuntiva entre “fraude” y “trabajadores honestos” que, una vez más, no acompañó de números.

“¿Le parece ético aprovechar la muerte de tres personas?”

El socialista José Ramón Gómez Besteiro iba a preguntar por la situación económica -Galicia crece pero menos que la media estatal, reduce desempleo pero menos que la media estatal- hasta que las maniobras del PP de Lugo y un ex concejala socialista ocuparon los focos al abrir la puerta a una moción de censura contra el PSOE en la ciudad. “¿Le parece ético aprovechar el fallecimiento de tres personas para acceder a la alcaldía?”, preguntó al presidente Rueda, también presidente de los populares gallegos. La edil escindida hace solo unos meses del grupo local socialista, María Reigosa, entró en la corporación al correr la lista tras la muerte de la anterior alcaldesa, Paula Alvarellos, y del concejal Pablo Permuy. Después también falleció otra compañera, Olga López Rocamonde.

Besteiro arremetió contra Rueda con dureza. “¿Qué ética tiene un político que ve una persona de luto y piensa 'esta es mi oportunidad?”, dijo, antes de conminar al presidente gallego a que eligiese entre inmoralidad o decencia. Este se mantuvo imperturbable. La hoja de ruta en Lugo parece trazada y la derecha no se mueve de su argumentario. Según los conservadores, hay inestabilidad, aunque no la explican, y eso justifica apoyarse en una tránsfuga para obtener un bastón de mando que se les resiste desde hace 27 años. “Aprenda las reglas del juego democrático”, se ufanó Rueda, “el PP tiene todo el derecho a enderezar una ciudad que necesita enderezarse”. “Usted no tiene límites y cuando no se tienen límites para llegar al poder, tampoco se tienen cuando se gobierna”, se resignó el socialista.

María Reigosa, concejala no adscrita desde que hace un mes abandonó el grupo socialista por el que había sido elegida, ha abierto la puerta a apoyar una moción de censura del Partido Popular en Lugo. La edila lo insinúa en una entrevista en La Voz de Galicia publicada este lunes: “Los lucenses llevan años pidiendo que se resuelvan asuntos pendientes, pero que se van posponiendo en el tiempo. Una moción también es una gran oportunidad para la ciudad”. En la misma entrevista también recuerda su decepción cuando, al tomar posesión de su acta tras el fallecimiento del concejal socialista Pablo Permuy, el partido no le ofreció una dedicación exclusiva del 100%. “Solo me ofrecieron el 70% porque el 30% restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”, dice, “eso me provocó problemas para compatibilizarlo con mi trabajo”. El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, se ha pronunciado sobre las insinuaciones de Reigosa y cargado contra la derecha: “Quien no tiene límites para llegar a través de un acto de corrupción política tampoco los tendrá para gobernar”.

Una coalición entre PSdeG y BNG gobierna Lugo. Su alcalde, Miguel Fernández, lo es desde marzo de 2025, cuando sustituyó a Paula Alvarellos, muerta repentinamente. Alvarellos había heredado el bastón de mando de Lara Méndez, la candidata en las elecciones municipales que después dio el salto a la política autonómica. Los socialistas obtuvieron en los últimos comicios locales ocho ediles, los nacionalistas cinco y el PP, encabezado por Elena Candia, 12. Reigosa descartó hace unas semanas en la prensa local la posibilidad de una moción de censura. Ha cambiado de opinión. “Hace un mes pensaba que, tras pasar a ser edila no adscrita, podría manifestar mi opinión y que los plenos podrían aprobar cuestiones importantes para la ciudad”, dice en la mencionada entrevista, “pero la realidad es que lo que se aprueba en los plenos no se ejecuta. Lugo necesita un cambio de ciclo y personas que trabajen para hacerlo posible”.

Gómez Besteiro ve detrás de la operación al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. “Lo ha cocinado en su despacho porque lleva 27 años sin coneguir la alcaldía de la ciudad con el voto de la ciudadanía”. Además, añade, “cruza líneas que no se deberían cruzar” y “aprovecha momentos especialmente dolorosos”, en referencia a las muertes de miembros del PSOE lucense.

La ciudad ha elegido alcaldes socialistas en pactos con el BNG desde 1999. El rumor de una posible moción de censura comenzó a extenderse desde el día en que Reigosa, número 11 en la candidatura socialista -además de Alvarellos y Permuy, también falleció la edila Olga López Racamonde-, dejó su carnet del PSOE, quedó como independiente dentro del grupo de gobierno y, a las pocas semanas, pasó al de no adscritos.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado iniciativas en el Congreso para instar al Gobierno a revertir las modificaciones introducidas por el Real Decreto 453/2022, y garantizar la protección efectiva de las personas afectadas por accidentes laborales frente a los “criterios restrictivos” que están aplicando las mutuas, y que “implican eliminar las compensaciones por desplazamientos y estancia para asistir a tratamientos médicos”.

Según ha señalado el BNG y recoge Europa Press, la modificación supuso una “clara regresión” en los derechos de las personas trabajadores que sufrieron accidentes laborales con secuelas. Así, se permite a las mutuas determinar el porcentaje de gastos que van a cubrir, según “criterios discrecionales”, y eso supone en la práctica “una reducción significativa de las prestaciones”.

Néstor Rego ha advertido de que esta situación está teniendo “efectos muy lesivos” para las personas afectadas, que necesitan desplazarse regularmente, a veces con acompañantes, para recibir atención sanitaria, y que ahora tienen que asumir gastos que antes estaban cubiertos por las mutuas.

Con la entrada en vigor de los cambios, las mutuas dejan de pagar íntegramente esos gastos y los sustituyen por aportaciones mínimas condicionadas a la evaluación de una Comisión de Prestaciones Especiales. Esta Comisión “está concediendo cantidades claramente insuficientes, lo que implica un recorte encubierto y una transferencia de costes a las personas afectadas”.

Para el diputado nacionalista, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social “es plenamente consciente del impacto negativo de esta modificación normativa”, por lo que reclama al Gobiero la “derogación inmediata” de la Disposición Final Primera, apartado 1 del artículo 67, introducida por el Real Decreto 453/2022, y la recuperación del marco normativo anterior.

“Es imprescindible garantizar que las mutuas asuman la totalidad de los gastos derivados de los desplazamientos, estancias y cuidados necesarios para el seguimiento médico de las personas afectadas por accidentes laborales”, ha insistido Rego.

Son 52 las iniciativas que se han aprobado en el debate sobre el estado de la Autonomía, aunque la mayoría de ellas no han logrado el acuerdo general del Parlamento gallego. Solo once han conseguido el respaldo unánime de los cuatro grupos, entre ellas una que hace un reconocimiento a las víctimas de ETA, otra que pide protección para las víctimas de violencia machista y otra sobre el traspaso de la AP-9. Entre las propuestas que han contado con el voto negativo de la oposición está el plan anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dificultar el derecho a la baja laboral de los trabajadores. Tanto BNG como PSdeG la han rechazado, frente al apoyo del PP y la abstención de Democracia Ourensana, que tiene un único diputado en la Cámara gallega.

El PP intentó un acuerdo con DO y el PSdeG sobre el plan sobre las incapacidades temporales. Les remitió el jueves una redacción distinta a la registrada inicialmente en la que señalaba que el objetivo es presentar en un plazo de tres meses un documento para disminuir el “absentismo laboral”, elaborado con “el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales”. No hubo resultados, de modo que la redacción que se aprobó finalmente fue la original del PP: una petición para que se ponga en marcha “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”.

El anuncio de este plan que pone el foco en el personal de baja laboral recibió críticas tanto de BNG como del PSdeG. La portavoz de los socialistas en el debate, Lara Méndez, se refirió al “plan estrella” del presidente gallego que señaló que “lo que quiere es perseguir, como siempre, a los trabajadores”. Por parte del BNG, Olalla Rodil cargó contra Rueda por haber presentado como medida para quienes “no viven en la arcadia feliz del PP” la de que “va a poner todo su empeño para dificultar la baja” a quienes tienen problemas de ansiedad, depresión o dolores musculares. “Porque para el PP los trabajadores de este país somos unos vagos y maleantes y los médicos que dan las bajas, unos defraudadores”, acusó. Y afeó que no hubiese “ninguna reflexión, ni un solo segundo” sobre los accidentes laborales mortales, que provocaron 43 víctimas en 2025 en Galicia.

Por parte del PP, Alberto Pazos Couñago hizo una única referencia a la medida. Fue para cargar contra la oposición y acusarla de hacer una “confusión interesada”: “No perseguimos a los trabajadores, queremos perseguir el fraude”. Poner un mayor celo en la revisión de las incapacidades temporales y crear una unidad que revise las decisiones de los propios médicos es, según el diputado popular, “blindar los derechos de los trabajadores”.

La mayor parte de las propuestas aprobadas -que son una declaración de intenciones, pero no obligan a la Xunta- parten del PP, que tenía garantizado que iba a sacar adelante sus 40 iniciativas con su mayoría absoluta. A ellas se suman nueve textos que partieron de Democracia Ourensana, uno del BNG -para que la Xunta elabore este año un plan de gestión integral del agua- y dos del PSdeG , referidos a que los centros educativos estén dotados con suficiente profesorado de apoyo, incluidos especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y a garantizar que el acceso a la cultura sea inclusivo y que en los proceso para elegir las direcciones de entidades artísticas haya equidad.

El PP rechazó con sus votos un acuerdo entre BNG y PSdeG sobre los usos del Pazo de Meirás y la reclamación de que el énfasis se ponga en la memoria democrática. Los dos grupos de la oposición también se unieron a favor de una propuesta registrada por los nacionalistas para reclamar a Rueda que se disculpe por considerar “vagos y defraudadores” con el plan sobre las bajas laborales. Sin sorpresas, el PP tumbó la petición.

Con esta votación concluyó el que se considera el principal debate de política anual en el Parlamento gallego, que en esta ocasión coincidió con la mitad del mandato de Rueda. El presidente compareció en la apertura, el miércoles, para hacer un balance triunfalista de las medidas puestas en marcha desde que llegó a la Presidencia de la Xunta -por segunda vez, la primera fue en 2022 para sustituir a Feijóo, pero sin elecciones-. Aseguró que el 85% de sus promesas están cumplidas y propuso como principal novedad un plan para dificultar las bajas laborales, con una unidad específica para controlar los trámites que hacen los médicos y un mayor peso de las mutuas privadas. Todo ello con el argumento, idéntico al de la patronal, de que lo que hay es “absentismo”, un cuestionamiento indirecto de que las incapacidades temporales estén bien decididas y llamadas de atención sobre el impacto económico.

Galicia puede ser otra cosa, más grande, mejor, pero 17 años de gabinetes del Partido Popular, los cuatro últimos con Alfonso Rueda como presidente, la han sumido en el estancamiento. Esta fue la idea nuclear de la intervención de Ana Pontón en el debate de estado de la Autonomía. “Vivimos una etapa histórica muy compleja, de grandes cambios y grandes desafíos. Necesitamos un gobierno audaz, con visión de futuro y ambición, capaz de impulsar transformaciones”, expuso, “y lo que tenemos es el presidente del estancamiento”. La rutina y la dejadez se han apoderado de una Xunta de Galicia sin ideas, vino a decir. Y cuando actúa, es “para contentar empresas amigas” y, como en el plan para limitar el derecho a baja laboral anunciado por Rueda esta mañana, “tratar a los trabajadores como vagos y maleantes”.

El repaso de la líder del BNG a la situación de la comunidad comenzó con una profesión de fe internacionalista y acabó con una cita de la novelista Begoña Caamaño, a la que este año la Academia dedica el Día das Letras Galegas: “Es el momento de cambiar el mundo, de cambios profundos y estructurales, pero también conceptuales: es el tiempo del feminismo, es decir, de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la dignidad, y también, ¿por qué no? de la felicidad”. Pero el discurso de Pontón había arrancado con un recuerdo a la oposición histórica del nacionalismo gallego de izquierdas al imperialismo estadounidense y a las guerras en general, “en Ucrania y en Yemen, en Somalia y en Etiopía”.

Criticó después el belicismo occidental, la postración europea ante Donald Trump y el aumento del gasto militar en los países comunitarios, “incluido el Estado español”. También a la OTAN y recordó que las agresiones de Trump a Venezuela e Irán tienen un elemento en común, el petróleo. “Las guerras son un fracaso de la humanidad. Solo responden a la avaricia, a las ansias de poder y al dinero”, dijo, antes de afear al Partido Popular gallego que se negase, en sede parlamentaria, a condenar el genocidio palestino o los bombardeos de Irán. Y esa es, resumidamente, la época “muy compleja” en la que, a su juicio, debe manejarse el Gobierno gallego. Y el de Rueda lo está haciendo en el mejor de los casos con indolencia y en el peor “con indecencia moral”. “Usted dice que en este contexto hay que aprovechar la oportunidad de negocio”, le recriminó, “es una indecencia moral. En una guerra solo hay sufrimiento y víctimas, rectifique”.

17 años “sin proyecto de país”

Pontón, en todo caso, se esforzó por colocar al presidente de la Xunta en el lugar en el que Rueda estuvo en los últimos 17 años: en la primera línea de los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, desde 2022 en la presidencia, desde 2024 con su primera mayoría absoluta. “No tienen proyecto de país. Llevan 17 años gobernando y ¿cuál es su legado?”, se preguntó. La respuesta la dio ella misma con una serie de ejemplos: crisis demográfica, listas de espera para ir al médico de cabecera, dificultades para acceder a una vivienda y la liquidación de la política pública del sector solo ahora tímidamente recuperada, talento formado aquí y “a la fuga”, sectores productivos debilitados, un monte que arde cada vez más, una educación pública con menos profesorado y ratios elevadas y una lengua, el gallego, “en situación de emergencia”. “Para taparlo, mentira y propaganda. ¿No se cansa de que su palabra no valga nada?”, le espetó.

La “Galicia estancada” a la que han conducido los 17 años de gobierno de la derecha también la ilustra la pérdida de la posición relativa de la comunidad en materias como empleo, población o riqueza respecto del Estado. “Galicia capta poca inversión exterior, porque el empresariado no confía en usted”, apuntó, “y su palabra solo tiene valor cuando se trata de beneficiar a unos pocos, las eléctricas, la sanidad privada y las empresas privadas del PP”. A continuación, enumeró algunos episodios poco edificantes de la gestión de los conservadores: millones de euros en contratos públicos a dedo a la empresa de la que la hermana de Feijóo es alta directiva, 480 millones de euros de sobrecoste en la construcción del hospital de Vigo debidos a la fórmula de financiación privada decidida también por Feijóo, la decisión del Tribunal Superior de apartar al juez Luís Villares de la sala que decidía sobre proyectos eólicos tras una campaña del PP en contra del magistrado en instituciones y medios de comunicación.

Pontón se detuvo en dos de los anuncios que Alfonso Rueda había incluido en su largo discurso de la mañana, la restricción del derecho a la incapacidad temporal de las personas trabajadoras -unidades de control de bajas por salud mental o lesiones musculares, mayor poder a las mutuas privadas- y un presunto nuevo modelo de atención primaria. “Somos la segunda comunidad del Estado con menos bajas laborales, pero usted trata a los trabajadores como vagos y maleantes, cómo puede tener tanta cara”, consideró. Y añadió: “¿Sabe por qué duran más en Galicia las bajas laborales? Porque ha colapsado la sanidad pública”. Muy en concreto la atención primaria, a decir de sindicatos, sociedades científicas o asociaciones de pacientes.

Protestas multitudinarias: Altri, sanidad

“Los gallegos son los ciudadanos que peor valoran su atención primaria”, se hizo eco de una reciente encuesta, “con listas de espera de hasta un mes para el médico de cabecera”. Y ante esa realidad, el anuncio de Rueda para reformarla sonó a sabido: “Ya anunciaron en 2019 las mismas medidas”. Promesas incumplidas en salud mental, 11.000 niños sin pediatra o la caída del presupuesto en medicina familiar a lo largo de los gobiernos populares -Galicia solo está por encima de Madrid en ese capítulo- son síntomas de la progresiva degradación de la sanidad pública gallega. Manifestaciones multitudinarias se lo han recordado al Gobierno de Rueda durante los últimos años.

También fueron multitudinarias las protestas contra el proyecto de macrocelulosa de Altri. La oposición gallega las respaldó. “David puede vencer a Goliath”, se felicitó Ana Pontón. El Gobierno de Alfonso Rueda fue incapaz de sacar adelante una iniciativa que él mismo había calificado de estratégica. “No era un proyecto más, era su proyecto. Su modelo de desarrollo económico son las macrocelulosas del siglo pasado”, le afeó. La Xunta mantiene oculto el acuerdo con la multinacional portuguesa que facilitó su desembarco finalmente frustrado -a partir de informes técnicos, Europa le denegó ayudas, el Gobierno central la conexión eléctrica- en Galicia.

“Nos tratan como una colonia energética de Madrid”, se extendió. Aquí desgranó sucintamente la apuesta del BNG para la transición energética: tarifa eléctrica gallega, una empresa de electricidad 100% pública “y aprenda del alcalde de Muras a tratar con las eléctricas”. Esta pequeña localidad del norte de a Terra Cha, gobernada por el BNG, alberga 19 parques eólicos y recibe a cambio ingresos estables de las compañías en las arcas públicas. En cualquier caso, anotó Pontón, el objetivo de los nacionalistas sería que la industria, sostenible y adaptada al siglo XXI, aportase el 20% del PIB gallego. En la actualidad se aproxima al 18%.

“Desprecio por llegar a acuerdos”

Ana Pontón encaró el tramo final de su intervención haciendo referencia a un silencio, el de Rueda sobre políticas de igualdad o violencia de género, y a un terreno en el que el PP se mueve con contradicciones y vaivenes, el de la lengua gallega. Alfonso Rueda respaldó en su día manifestaciones contrarias a la enseñanza del gallego en la escuela y recientemente votó, junto a su grupo parlamentario autonómico, contra el uso del idioma propio de la comunidad en el Congreso de los Diputados. Tampoco ha respaldado los intentos del Ejecutivo central por el reconocimiento comunitario del mismo. “Cumpla el Plan de Normalización Lingüística, el gran acuerdo que rompió el PP, y actualice la Ley de Normalización Lingüística”, dijo. La Xunta se había comprometido a presentar la modificación del mencionado plan el pasado noviembre. De momento no se sabe nada.

La líder nacionalista dejó para el final, justo antes de la cita a Begoña Caamaño, sus críticas a la estrategia del Gobierno gallego para reducir los espacios institucionales de la oposición. Le afeó su “desprecio por llegar a acuerdos” -la desabrida réplica de Rueda pareció confirmarlo-, su “práctica de la crispación”, la ruptura del acuerdo histórico para renovar la Valeduría do Pobo o el “secuestro de la TVG” y los medios públicos. Donde, por cierto, trabajó muchos años la propia escritora Caamaño, implicada en las denuncias contra la manipulación informativa a cargo del PP.

EH Bildu celebrará este domingo en Pamplona, un año más, su Aberri Eguna o día de la patria vasca. Con el PNV en Bilbao, la izquierda abertzale tendrá como acto central una manifestación por las calles de la capital navarra y un acto político en el que intervendrá el secretario general de la formación, Arnaldo Otegi. La coalición reivindicará en esta cita “la república vasca” así como el “no a la guerra” y “la soberanía de los pueblos”. Por este motivo, una cubana y un palestino serán quienes encabecen la manifestación.

La movilización, que partirá de los cines Golem a las 12.00 del mediodía y el posterior acto político que se celebrará una vez finalizada la marcha en el parque de la Taconera, con la intervención de Otegi, serán los principales actos del día. Una vez finalizado el acto político habrá actos culturales y musicales para todos los públicos y edades en diferentes lugares de la ciudad, informa Europa Press.

Diferentes fuerzas políticas acompañarán a EH Bildu este domingo. Participarán en la manifestación y en los actos posteriores de la jornada representantes de ERC, Compromís, BNG, CUP, Més Per Mallorca, Més Per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comú, Adelante Andalucía y Más Madrid. En una nota de prensa, EH Bildu ha destacado que el Aberri Eguna de este año “servirá para que miles de vascos y vascas” reivindiquen “la soberanía vasca y la república vasca que desean construir”.