María Reigosa, concejala no adscrita desde que hace un mes abandonó el grupo socialista por el que había sido elegida, ha abierto la puerta a apoyar una moción de censura del Partido Popular en Lugo. La edila lo insinúa en una entrevista en La Voz de Galicia publicada este lunes: “Los lucenses llevan años pidiendo que se resuelvan asuntos pendientes, pero que se van posponiendo en el tiempo. Una moción también es una gran oportunidad para la ciudad”. En la misma entrevista también recuerda su decepción cuando, al tomar posesión de su acta tras el fallecimiento del concejal socialista Pablo Permuy, el partido no le ofreció una dedicación exclusiva del 100%. “Solo me ofrecieron el 70% porque el 30% restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”, dice, “eso me provocó problemas para compatibilizarlo con mi trabajo”. El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, se ha pronunciado sobre las insinuaciones de Reigosa y cargado contra la derecha: “Quien no tiene límites para llegar a través de un acto de corrupción política tampoco los tendrá para gobernar”.

Una coalición entre PSdeG y BNG gobierna Lugo. Su alcalde, Miguel Fernández, lo es desde marzo de 2025, cuando sustituyó a Paula Alvarellos, muerta repentinamente. Alvarellos había heredado el bastón de mando de Lara Méndez, la candidata en las elecciones municipales que después dio el salto a la política autonómica. Los socialistas obtuvieron en los últimos comicios locales ocho ediles, los nacionalistas cinco y el PP, encabezado por Elena Candia, 12. Reigosa descartó hace unas semanas en la prensa local la posibilidad de una moción de censura. Ha cambiado de opinión. “Hace un mes pensaba que, tras pasar a ser edila no adscrita, podría manifestar mi opinión y que los plenos podrían aprobar cuestiones importantes para la ciudad”, dice en la mencionada entrevista, “pero la realidad es que lo que se aprueba en los plenos no se ejecuta. Lugo necesita un cambio de ciclo y personas que trabajen para hacerlo posible”.

Gómez Besteiro ve detrás de la operación al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. “Lo ha cocinado en su despacho porque lleva 27 años sin coneguir la alcaldía de la ciudad con el voto de la ciudadanía”. Además, añade, “cruza líneas que no se deberían cruzar” y “aprovecha momentos especialmente dolorosos”, en referencia a las muertes de miembros del PSOE lucense.

La ciudad ha elegido alcaldes socialistas en pactos con el BNG desde 1999. El rumor de una posible moción de censura comenzó a extenderse desde el día en que Reigosa, número 11 en la candidatura socialista -además de Alvarellos y Permuy, también falleció la edila Olga López Racamonde-, dejó su carnet del PSOE, quedó como independiente dentro del grupo de gobierno y, a las pocas semanas, pasó al de no adscritos.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado iniciativas en el Congreso para instar al Gobierno a revertir las modificaciones introducidas por el Real Decreto 453/2022, y garantizar la protección efectiva de las personas afectadas por accidentes laborales frente a los “criterios restrictivos” que están aplicando las mutuas, y que “implican eliminar las compensaciones por desplazamientos y estancia para asistir a tratamientos médicos”.

Según ha señalado el BNG y recoge Europa Press, la modificación supuso una “clara regresión” en los derechos de las personas trabajadores que sufrieron accidentes laborales con secuelas. Así, se permite a las mutuas determinar el porcentaje de gastos que van a cubrir, según “criterios discrecionales”, y eso supone en la práctica “una reducción significativa de las prestaciones”.

Néstor Rego ha advertido de que esta situación está teniendo “efectos muy lesivos” para las personas afectadas, que necesitan desplazarse regularmente, a veces con acompañantes, para recibir atención sanitaria, y que ahora tienen que asumir gastos que antes estaban cubiertos por las mutuas.

Con la entrada en vigor de los cambios, las mutuas dejan de pagar íntegramente esos gastos y los sustituyen por aportaciones mínimas condicionadas a la evaluación de una Comisión de Prestaciones Especiales. Esta Comisión “está concediendo cantidades claramente insuficientes, lo que implica un recorte encubierto y una transferencia de costes a las personas afectadas”.

Para el diputado nacionalista, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social “es plenamente consciente del impacto negativo de esta modificación normativa”, por lo que reclama al Gobiero la “derogación inmediata” de la Disposición Final Primera, apartado 1 del artículo 67, introducida por el Real Decreto 453/2022, y la recuperación del marco normativo anterior.

“Es imprescindible garantizar que las mutuas asuman la totalidad de los gastos derivados de los desplazamientos, estancias y cuidados necesarios para el seguimiento médico de las personas afectadas por accidentes laborales”, ha insistido Rego.

Son 52 las iniciativas que se han aprobado en el debate sobre el estado de la Autonomía, aunque la mayoría de ellas no han logrado el acuerdo general del Parlamento gallego. Solo once han conseguido el respaldo unánime de los cuatro grupos, entre ellas una que hace un reconocimiento a las víctimas de ETA, otra que pide protección para las víctimas de violencia machista y otra sobre el traspaso de la AP-9. Entre las propuestas que han contado con el voto negativo de la oposición está el plan anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dificultar el derecho a la baja laboral de los trabajadores. Tanto BNG como PSdeG la han rechazado, frente al apoyo del PP y la abstención de Democracia Ourensana, que tiene un único diputado en la Cámara gallega.

El PP intentó un acuerdo con DO y el PSdeG sobre el plan sobre las incapacidades temporales. Les remitió el jueves una redacción distinta a la registrada inicialmente en la que señalaba que el objetivo es presentar en un plazo de tres meses un documento para disminuir el “absentismo laboral”, elaborado con “el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales”. No hubo resultados, de modo que la redacción que se aprobó finalmente fue la original del PP: una petición para que se ponga en marcha “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”.

El anuncio de este plan que pone el foco en el personal de baja laboral recibió críticas tanto de BNG como del PSdeG. La portavoz de los socialistas en el debate, Lara Méndez, se refirió al “plan estrella” del presidente gallego que señaló que “lo que quiere es perseguir, como siempre, a los trabajadores”. Por parte del BNG, Olalla Rodil cargó contra Rueda por haber presentado como medida para quienes “no viven en la arcadia feliz del PP” la de que “va a poner todo su empeño para dificultar la baja” a quienes tienen problemas de ansiedad, depresión o dolores musculares. “Porque para el PP los trabajadores de este país somos unos vagos y maleantes y los médicos que dan las bajas, unos defraudadores”, acusó. Y afeó que no hubiese “ninguna reflexión, ni un solo segundo” sobre los accidentes laborales mortales, que provocaron 43 víctimas en 2025 en Galicia.

Por parte del PP, Alberto Pazos Couñago hizo una única referencia a la medida. Fue para cargar contra la oposición y acusarla de hacer una “confusión interesada”: “No perseguimos a los trabajadores, queremos perseguir el fraude”. Poner un mayor celo en la revisión de las incapacidades temporales y crear una unidad que revise las decisiones de los propios médicos es, según el diputado popular, “blindar los derechos de los trabajadores”.

La mayor parte de las propuestas aprobadas -que son una declaración de intenciones, pero no obligan a la Xunta- parten del PP, que tenía garantizado que iba a sacar adelante sus 40 iniciativas con su mayoría absoluta. A ellas se suman nueve textos que partieron de Democracia Ourensana, uno del BNG -para que la Xunta elabore este año un plan de gestión integral del agua- y dos del PSdeG , referidos a que los centros educativos estén dotados con suficiente profesorado de apoyo, incluidos especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y a garantizar que el acceso a la cultura sea inclusivo y que en los proceso para elegir las direcciones de entidades artísticas haya equidad.

El PP rechazó con sus votos un acuerdo entre BNG y PSdeG sobre los usos del Pazo de Meirás y la reclamación de que el énfasis se ponga en la memoria democrática. Los dos grupos de la oposición también se unieron a favor de una propuesta registrada por los nacionalistas para reclamar a Rueda que se disculpe por considerar “vagos y defraudadores” con el plan sobre las bajas laborales. Sin sorpresas, el PP tumbó la petición.

Con esta votación concluyó el que se considera el principal debate de política anual en el Parlamento gallego, que en esta ocasión coincidió con la mitad del mandato de Rueda. El presidente compareció en la apertura, el miércoles, para hacer un balance triunfalista de las medidas puestas en marcha desde que llegó a la Presidencia de la Xunta -por segunda vez, la primera fue en 2022 para sustituir a Feijóo, pero sin elecciones-. Aseguró que el 85% de sus promesas están cumplidas y propuso como principal novedad un plan para dificultar las bajas laborales, con una unidad específica para controlar los trámites que hacen los médicos y un mayor peso de las mutuas privadas. Todo ello con el argumento, idéntico al de la patronal, de que lo que hay es “absentismo”, un cuestionamiento indirecto de que las incapacidades temporales estén bien decididas y llamadas de atención sobre el impacto económico.

Galicia puede ser otra cosa, más grande, mejor, pero 17 años de gabinetes del Partido Popular, los cuatro últimos con Alfonso Rueda como presidente, la han sumido en el estancamiento. Esta fue la idea nuclear de la intervención de Ana Pontón en el debate de estado de la Autonomía. “Vivimos una etapa histórica muy compleja, de grandes cambios y grandes desafíos. Necesitamos un gobierno audaz, con visión de futuro y ambición, capaz de impulsar transformaciones”, expuso, “y lo que tenemos es el presidente del estancamiento”. La rutina y la dejadez se han apoderado de una Xunta de Galicia sin ideas, vino a decir. Y cuando actúa, es “para contentar empresas amigas” y, como en el plan para limitar el derecho a baja laboral anunciado por Rueda esta mañana, “tratar a los trabajadores como vagos y maleantes”.

El repaso de la líder del BNG a la situación de la comunidad comenzó con una profesión de fe internacionalista y acabó con una cita de la novelista Begoña Caamaño, a la que este año la Academia dedica el Día das Letras Galegas: “Es el momento de cambiar el mundo, de cambios profundos y estructurales, pero también conceptuales: es el tiempo del feminismo, es decir, de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la dignidad, y también, ¿por qué no? de la felicidad”. Pero el discurso de Pontón había arrancado con un recuerdo a la oposición histórica del nacionalismo gallego de izquierdas al imperialismo estadounidense y a las guerras en general, “en Ucrania y en Yemen, en Somalia y en Etiopía”.

Criticó después el belicismo occidental, la postración europea ante Donald Trump y el aumento del gasto militar en los países comunitarios, “incluido el Estado español”. También a la OTAN y recordó que las agresiones de Trump a Venezuela e Irán tienen un elemento en común, el petróleo. “Las guerras son un fracaso de la humanidad. Solo responden a la avaricia, a las ansias de poder y al dinero”, dijo, antes de afear al Partido Popular gallego que se negase, en sede parlamentaria, a condenar el genocidio palestino o los bombardeos de Irán. Y esa es, resumidamente, la época “muy compleja” en la que, a su juicio, debe manejarse el Gobierno gallego. Y el de Rueda lo está haciendo en el mejor de los casos con indolencia y en el peor “con indecencia moral”. “Usted dice que en este contexto hay que aprovechar la oportunidad de negocio”, le recriminó, “es una indecencia moral. En una guerra solo hay sufrimiento y víctimas, rectifique”.

17 años “sin proyecto de país”

Pontón, en todo caso, se esforzó por colocar al presidente de la Xunta en el lugar en el que Rueda estuvo en los últimos 17 años: en la primera línea de los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, desde 2022 en la presidencia, desde 2024 con su primera mayoría absoluta. “No tienen proyecto de país. Llevan 17 años gobernando y ¿cuál es su legado?”, se preguntó. La respuesta la dio ella misma con una serie de ejemplos: crisis demográfica, listas de espera para ir al médico de cabecera, dificultades para acceder a una vivienda y la liquidación de la política pública del sector solo ahora tímidamente recuperada, talento formado aquí y “a la fuga”, sectores productivos debilitados, un monte que arde cada vez más, una educación pública con menos profesorado y ratios elevadas y una lengua, el gallego, “en situación de emergencia”. “Para taparlo, mentira y propaganda. ¿No se cansa de que su palabra no valga nada?”, le espetó.

La “Galicia estancada” a la que han conducido los 17 años de gobierno de la derecha también la ilustra la pérdida de la posición relativa de la comunidad en materias como empleo, población o riqueza respecto del Estado. “Galicia capta poca inversión exterior, porque el empresariado no confía en usted”, apuntó, “y su palabra solo tiene valor cuando se trata de beneficiar a unos pocos, las eléctricas, la sanidad privada y las empresas privadas del PP”. A continuación, enumeró algunos episodios poco edificantes de la gestión de los conservadores: millones de euros en contratos públicos a dedo a la empresa de la que la hermana de Feijóo es alta directiva, 480 millones de euros de sobrecoste en la construcción del hospital de Vigo debidos a la fórmula de financiación privada decidida también por Feijóo, la decisión del Tribunal Superior de apartar al juez Luís Villares de la sala que decidía sobre proyectos eólicos tras una campaña del PP en contra del magistrado en instituciones y medios de comunicación.

Pontón se detuvo en dos de los anuncios que Alfonso Rueda había incluido en su largo discurso de la mañana, la restricción del derecho a la incapacidad temporal de las personas trabajadoras -unidades de control de bajas por salud mental o lesiones musculares, mayor poder a las mutuas privadas- y un presunto nuevo modelo de atención primaria. “Somos la segunda comunidad del Estado con menos bajas laborales, pero usted trata a los trabajadores como vagos y maleantes, cómo puede tener tanta cara”, consideró. Y añadió: “¿Sabe por qué duran más en Galicia las bajas laborales? Porque ha colapsado la sanidad pública”. Muy en concreto la atención primaria, a decir de sindicatos, sociedades científicas o asociaciones de pacientes.

Protestas multitudinarias: Altri, sanidad

“Los gallegos son los ciudadanos que peor valoran su atención primaria”, se hizo eco de una reciente encuesta, “con listas de espera de hasta un mes para el médico de cabecera”. Y ante esa realidad, el anuncio de Rueda para reformarla sonó a sabido: “Ya anunciaron en 2019 las mismas medidas”. Promesas incumplidas en salud mental, 11.000 niños sin pediatra o la caída del presupuesto en medicina familiar a lo largo de los gobiernos populares -Galicia solo está por encima de Madrid en ese capítulo- son síntomas de la progresiva degradación de la sanidad pública gallega. Manifestaciones multitudinarias se lo han recordado al Gobierno de Rueda durante los últimos años.

También fueron multitudinarias las protestas contra el proyecto de macrocelulosa de Altri. La oposición gallega las respaldó. “David puede vencer a Goliath”, se felicitó Ana Pontón. El Gobierno de Alfonso Rueda fue incapaz de sacar adelante una iniciativa que él mismo había calificado de estratégica. “No era un proyecto más, era su proyecto. Su modelo de desarrollo económico son las macrocelulosas del siglo pasado”, le afeó. La Xunta mantiene oculto el acuerdo con la multinacional portuguesa que facilitó su desembarco finalmente frustrado -a partir de informes técnicos, Europa le denegó ayudas, el Gobierno central la conexión eléctrica- en Galicia.

“Nos tratan como una colonia energética de Madrid”, se extendió. Aquí desgranó sucintamente la apuesta del BNG para la transición energética: tarifa eléctrica gallega, una empresa de electricidad 100% pública “y aprenda del alcalde de Muras a tratar con las eléctricas”. Esta pequeña localidad del norte de a Terra Cha, gobernada por el BNG, alberga 19 parques eólicos y recibe a cambio ingresos estables de las compañías en las arcas públicas. En cualquier caso, anotó Pontón, el objetivo de los nacionalistas sería que la industria, sostenible y adaptada al siglo XXI, aportase el 20% del PIB gallego. En la actualidad se aproxima al 18%.

“Desprecio por llegar a acuerdos”

Ana Pontón encaró el tramo final de su intervención haciendo referencia a un silencio, el de Rueda sobre políticas de igualdad o violencia de género, y a un terreno en el que el PP se mueve con contradicciones y vaivenes, el de la lengua gallega. Alfonso Rueda respaldó en su día manifestaciones contrarias a la enseñanza del gallego en la escuela y recientemente votó, junto a su grupo parlamentario autonómico, contra el uso del idioma propio de la comunidad en el Congreso de los Diputados. Tampoco ha respaldado los intentos del Ejecutivo central por el reconocimiento comunitario del mismo. “Cumpla el Plan de Normalización Lingüística, el gran acuerdo que rompió el PP, y actualice la Ley de Normalización Lingüística”, dijo. La Xunta se había comprometido a presentar la modificación del mencionado plan el pasado noviembre. De momento no se sabe nada.

La líder nacionalista dejó para el final, justo antes de la cita a Begoña Caamaño, sus críticas a la estrategia del Gobierno gallego para reducir los espacios institucionales de la oposición. Le afeó su “desprecio por llegar a acuerdos” -la desabrida réplica de Rueda pareció confirmarlo-, su “práctica de la crispación”, la ruptura del acuerdo histórico para renovar la Valeduría do Pobo o el “secuestro de la TVG” y los medios públicos. Donde, por cierto, trabajó muchos años la propia escritora Caamaño, implicada en las denuncias contra la manipulación informativa a cargo del PP.

EH Bildu celebrará este domingo en Pamplona, un año más, su Aberri Eguna o día de la patria vasca. Con el PNV en Bilbao, la izquierda abertzale tendrá como acto central una manifestación por las calles de la capital navarra y un acto político en el que intervendrá el secretario general de la formación, Arnaldo Otegi. La coalición reivindicará en esta cita “la república vasca” así como el “no a la guerra” y “la soberanía de los pueblos”. Por este motivo, una cubana y un palestino serán quienes encabecen la manifestación.

La movilización, que partirá de los cines Golem a las 12.00 del mediodía y el posterior acto político que se celebrará una vez finalizada la marcha en el parque de la Taconera, con la intervención de Otegi, serán los principales actos del día. Una vez finalizado el acto político habrá actos culturales y musicales para todos los públicos y edades en diferentes lugares de la ciudad, informa Europa Press.

Diferentes fuerzas políticas acompañarán a EH Bildu este domingo. Participarán en la manifestación y en los actos posteriores de la jornada representantes de ERC, Compromís, BNG, CUP, Més Per Mallorca, Més Per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comú, Adelante Andalucía y Más Madrid. En una nota de prensa, EH Bildu ha destacado que el Aberri Eguna de este año “servirá para que miles de vascos y vascas” reivindiquen “la soberanía vasca y la república vasca que desean construir”.

“No me siento cómoda”. La directora xeral de la CSAG (antigua CRTVG), Concepción Pombo, se refugió en la “discreción” para no valorar las preguntas de la oposición sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista como represalia a su participación en los venres negros, las movilizaciones que desde hace más de 400 semanas reclaman el fin de la manipulación informativa en los medios públicos gallegos.

La “gravedad” de la sentencia motivó que BNG y PSdeG introdujeran sendas cuestiones para Pombo en la comisión de control parlamentaria. “Como hablamos de la salud de una trabajadora, de derechos fudamentales y de represalias, creo que esta no es una comisión más”, afirmó la socialista Carmen Dacosta, quien pretendía que la directora xeral contestase a sus interrogantes y no se limitase, como suele hacer, a leer los folios que traía escritos. No lo consiguió.

Antes, la nacionalista Mercedes Queixas, había sintetizado el fondo de la resolución judicial: “Deja claro que en los medios públicos gallegos se represalia, se arrincona, se trata de degradar y de humillar a quien osa levantar la voz contra el uso espúreo y manipulador” de una corporación “teledirigida desde el Consello de la Xunta”.

La periodista Mónica Rosas fue enviada a la Radio Galega tras más de veinte años en la TVG en un movimiento que implicó a otros tres trabajadores; dos –Alberto Ordóñez y Nuria López–, también significados en los venres negros mientras que al tercero, David Fernández, le dijeron que era un “daño colateral”. En primera instancia, los tres casos fueron rechazados porque las juezas no consideraron que se hubiese producido una modificación sustancial de sus puestos de trabajo y, por tanto, no entraron al fondo de la cuestión: si se había producido o no la vulneración de derechos.

Tras archivar el de Ordóñez, el TSXG ha dado ahora la razón a Rosas. Queixas recordó que esta es la tercera sentencia en el mismo sentido contra la CSAG, tras la del periodista Carlos Jiménez –a quien se trató de represaliar con un expediente injustificado– y la del productor al que se cambió de turno para impedirle participar en la huelga de otoño de 2024. “¿Qué mensaje se le envía a la sociedad gallega cuando se castiga a los profesionales como si se tratase de una escuela del franquismo?”, preguntó.

“Estamos ante una forma de actuar escandalosa, indignante, vergonzosa e ilegal” ante la que la dirección “tiene que bajar la cabeza”, argumentó en su turno Dacosta, antes de añadir: “No me gustaría estar en su lugar”.

“Solamente 32 sentencias desfavorables”

En esta ocasión, a Pombo tampoco parecía gustarle. En su primera respuesta, dejó claro que no se sentía cómoda con la situación: “Hablamos de trabajadoras concretas, con derechos, con trayectorias profesionales y con procesos judiciales en curso que estoy segura de que les resultan ásperos y de que les fueron difíciles de presentar y de llevar adelante”. Por un momento, parecía que no fuese ella la representante de la parte demandada.

Aún así, como sucedió en el juicio, trató de incluir los cuatro traslados forzosos dentro de una “cuestión organizativa general” que afectó a más de 90 trabajadores –“con y sin participación en causas reivindicativas de distinta naturaleza”– y que considera respaldada “mayoritariamente” por la justicia porque, de las 279 causas juzgadas entre 2023 y marzo de 2026, “solamente” habían recibido 32 sentencias desfavorables.

En su aleccionamiento a la oposición, Pombo trató de “introducir claridad” ante las referencias a los derechos fundamentales “que usaron como sinónimo de constitucionales”. Para ella, bajo este término “lo que realmente se analiza son cuestiones organizativas ordinarias”, como cambios de turno o de horario. Eso sí, en lo que sonó a un alarde de generosidad, afirmó: “Aceptamos el derecho de los trabajadores a pedir la tutela judicial cuando lo consideren oportuno”. 

Como había anticipado la CSAG, la directora xeral ratificó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo, según dijo, “de obtener una interpretación unificada con las otras sentencias que sí fueron favorables”.

En su réplica, Queixas y Dacosta demostraron que no habían comprado su supuesta discreción. “”Es un fraude que esquive su responsabilidad en esta tema“, asevero la primera tras inquirir: ”Si no está cómoda, ¿será por que se siente responsable?“. ”Menos cómoda se encontraba la trabajadora a la que vulneraron sus derechos fundamentales como represalia“, apostilló la diputada del PSdeG.

La parlamentaria del BNG preguntó a Pombo si pensaba “persistir en esa infamia”. “Lo que le está diciendo la sentencia es que los medios públicos no son su cortijo particular”.

“La vulneración de derechos y el maltrato laboral son características que definen a los autócratas”, añadió Dacosta, quien recordó a Pombo su “obligación” de contestar a las preguntas de la oposición. “Actúa como si nosotros fuésemos trabajadores de la CSAG, pero nosotros estamos protegidas y ellos, no”. “Está dando a entender que van a seguir haciendo lo mismo”, concluyó antes de finalizar, aprovechando las fechas, para recomendarle –no sin un punto de ironía–, a falta de otra cosa, un “acto de contrición”.

No le sirven ni los datos de la propia Xunta de Galicia, ni los recopilados por el CIS: la visión de Alfonso Rueda sobre la situación de la sanidad pública en Galicia, denunciada por usuarios y trabajadores, bordea el triunfalismo. “Es mucho mejor que cuando ustedes gobernaban” o “muy por encima de la media para bien” fueron algunas de las frases que utilizó para defender la gestión de su gabinete en la materia durante la sesión de control parlamentario de este miércoles. Esta semana, el barómetro del CIS concluía que la ciudadanía gallega es la más insatisfecha de todas las comunidades con la situación de la atención primaria. “El incremento de seguros privados en Galicia, ¿no le llama la atención?”, inquirió el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Rueda no se inmutó.

Besteiro había realizado, apoyado en cifras públicas, un sucinto repaso por el descontento de usuarios y pacientes. “En 2026 el 43% de los pacientes de primaria no reciben atención antes de cuatro días. Y para que no me diga que se debe a la huelga [convocada por el sindicato de médicos Omega], en 2022 era el 18% y en 2025, el 38%”, recordó el portavoz del Partido Socialista. “Los seguros privados han aumentado un 20% en los últimos años”, añadió, antes de hablar de un “desmantelamiento programado de la sanidad pública”. También se refirió a las 400.000 personas en listas de espera, 50.000 más que en la última oleada, y a los 98 días que tardan en pruebas diagnósticas y 73 en operaciones quirúrgicas.

Las manifestaciones multitudinarias contra la privatización y el deterioro del servicio se suceden desde hace años, ya con Núñez Feijóo en la presidencia. Y la oposición critica el estado de la cuestión con insistencia. Pero Rueda se desentiende. Este miércoles volvió a hacerlo. Espigó el mismo barómetro del CIS que ratificaba el malestar ciudadano y aseguró que la aprobación de la sanidad pública entre la población gallega es superior a la media. Y que sí, “hay problemas” y no lo va a negar, pero sus responsables están sobre todo en Madrid. “¿Para qué sirve un Ministerio de Sanidad?”, se preguntó. El grueso de las competencias sanitarias las maneja, sin embargo, la Xunta desde hace más de 30 años.

En su diatriba contra Besteiro y los socialistas también quiso colar alguna mentira -“ni siquiera menciona la huelga”, lo que sí hizo- y cerró con un anuncio: el Servizo Galego de Saúde (Sergas) implantará una nueva vacuna contra el meningococo B a los niños y niñas de 12 años. “Estamos a la cabeza no de España ni de Europa, del mundo, en vacunación infantil”, se ufanó.

“Ni está ni se le espera, llega siempre tarde”

También a Madrid se remitió el presidente gallego en respuesta a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG, sobre las medidas del Gobierno autonómico para mitigar las consecuencias de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán. “Apoyan las medidas que presentan el PSOE y pagan los gallegos”, le dijo Rueda en un extraño giro argumental que lleva repitiendo dos días, y añadió una descalificación entre aplausos de diputados del PP: “Allí sí bwana al puto amo”. Antes había disparado otra ristra de lugares comunes en sus discursos contra los nacionalistas gallegos -la segunda fuerza de la Cámara: comparó las excarcelaciones de presos de ETA con los bombardeos ilegales en Oriente Medio, censuró “las dictaduras comunistas” en Cuba y Venezuela que, dijo, respalda el Bloque, y les afeó que “no condenen la invasión de Ucrania”.

A esto último respondió Pontón. “El BNG condena todas las guerras y las invasiones de la soberanía de los países, incluida la de Ucrania, señor bulopresidente”, dijo. Rueda no se dio por aludido y en su turno de réplica insistió en lo mismo. El caso es que la nacionalista se había interesado por las iniciativas de la Xunta relacionadas con el conflicto de Irán y sus efectos económicos. “Ni está ni se le espera. Llega siempre tarde y arrastrando los pies”, resumió su opinión sobre la acción del Gobierno gallego. Mencionó otros ejecutivos -el vasco, el murciano- que ya han avanzado algunas ideas al respecto y lanzó una propuesta: 700 millones de euros en ayudas directas, líneas de crédito y un escudo social gallego (bono de transporte universal a 30 euros, duplicar el complemento gallego de las pensiones o levantar peajes en autopistas).

Esta vez el presidente sí traía algo con lo que responder. Lo dejó para el final, tras una nueva andanada de descalificaciones. En el próximo Consello de la Xunta el 30 de marzo -un mes después de que Estados Unidos e Israel iniciasen la guerra- aprobará 150 millones de euros “para ayudar a los sectores más afectados”.

Los usos y costumbres los habían respetado Fraga Iribarne, Pérez Touriño y Núñez Feijóo. Pero llegó Alfonso Rueda y su partido, el PP, hizo saltar el acuerdo por los aires: vetó al profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela como Vicevaledor do Pobo. Lo había propuesto, según la práctica habitual, la segunda fuerza en escaños en el Parlamento de Galicia, el BNG. La peregrina excusa con la que los populares se negaron, difundida por su estridente portavoz parlamentario y repetida por el presidente Rueda, era que el perfil de De Abel Vilela “tiene mucho más que ver con el activismo”. Pero esta decisión inédita encaja en realidad con la estrategia desplegada desde hace meses por el PP para asfixiar el espacio de la oposición en las instituciones. La nueva ley de medios públicos, la crítica de las alegaciones a proyectos industriales o la reducción de la presencia de la sociedad civil en órganos consultivos y asesores son otras polémicas iniciativas en la misma línea.

El BNG había cumplido con su parte. En febrero votó junto al Partido Popular para refrendar en el cargo de Valedora do Pobo a Dolores Fernández Galiño, en funciones durante un año y medio. A cambio, los nacionalistas nombrarían a su número dos, como habían acordado durante décadas las dos primeras formaciones en la Cámara autonómica. Cuando estos anunciaron que su elección era Fernando de Abel Vilela, el PP rompió unilateralmente el pacto. Rueda justificó esta marcha atrás y, en una pirueta retórica, acusó al Bloque de “querer imponer su voluntad” y de haber registrado su nombre sin haberlo negociado. “No es muestra de querer consensuar nada”, dijo, y atacó a De Abel Vilela por carecer de “antecedentes de imparcialidad”. Este forma parte de la organización ecologista Adega y ha asesorado legalmente al movimiento ambientalista en el conflicto contra el contestado proyecto de macrocelulosa de Altri.

Los nacionalistas aseguran que no retirarán su propuesta, lo que exige el PP. La derecha puede servirse de su mayoría absoluta -40 de los 75 escaños de O Hórreo- y nombrar a un afín como vicevaledor. “Es un veto político sin precedentes en la historia de la democracia”, lo calificó la semana pasada la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil.

Desdemocratizar la CRTVG

También de su mayoría absoluta se sirvió el PP para reducir aún más el pluralismo de la compañía de medios públicos, ahora denominada Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, antes CRTVG). La ley aprobada en solitario hace ahora un año es, sobre todo, una ley desdemocratizadora. Contra los votos de la oposición y la opinión de sindicatos, Colexio de Xornalistas de Galicia y de más de 40 colectivos agrupados en la plataforma Por unha CRTVG ao servizo do pobo, la derecha sacó adelante una norma que le permitió elegir a la directora general sin necesidad de mayoría cualificada. Es decir, sin necesidad de negociar con la oposición. Escogió a Concha Pombo, hasta entonces responsable de los muy cuestionados informativos del canal público de televisión. Mientras, parte de los profesionales del ente público continúan protestando cada viernes contra la manipulación informativa y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenaba a la corporación por vulnerar derechos de los trabajadores y represaliar a los disidentes.

Alfonso Rueda nunca da explicaciones por la situación en la CSAG. Tampoco lo hizo preguntado por la sentencia histórica del Superior y se limitó a despejar balones. Es la táctica que ha seguido a respecto de otro asunto del que pretende mantener al margen a la oposición: la fracasada gestión de su gabinete para intentar la instalación de una macrocelulosa en Palas de Rei. BNG y Partido Socialista, que se opusieron -al igual que ecologistas, sectores sensibles de los vecinos o sindicatos- a la idea, presionan para conocer el memorando secreto rubricado por la Xunta de Galicia y la pastera portuguesa y que marcó la llegada de Altri a la comunidad. Rueda admitió que conoce su contenido pero que su gabinete no lo hace público porque “está al margen de la información accesible al amparo de la ley de transparencia”. El exconselleiro que lo firmó lo hizo como representante de una empresa en la que participaba el Gobierno gallego, pero era una sociedad mercantil privada, Impulsa Galicia.

Fuentes de la oposición entienden que la trayectoria de Impulsa Galicia, ahora disuelta, contradice sus objetivos iniciales y acabó funcionando sobre todo como una pantalla que opacó el control público de las acciones de la Xunta. Esas mismas fuentes perciben que la estrategia del PP de reducir el papel institucional de socialistas y nacionalistas es una estrategia de fondo y que va más allá de conflictos puntuales o concretos. Como ejemplo, mencionan lo que entienden como una especie de sabotaje a la capacidad de presentar iniciativas en comisión por parte de la oposición: la sistemática convocatoria de comparecencias “menores” para reducir las proposiciones de PSdeG y BNG.

No solo los partidos

El afán de control político del PP de Rueda no afecta únicamente a la izquierda y al nacionalismo de partido. Hace año y medio, la Xunta utilizó una de las puertas de atrás legislativa que más frecuenta, la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos, para expulsar a las organizaciones ecologistas y comunidades de montes en mancomún del Consello da Minaría de Galicia, el órgano de participación, asesoramiento y consulta sobre minas del Gobierno gallego. Y en un momento en que las protestas vecinales contra proyectos mineros se suceden. Todavía durante la última sesión de control parlamentario, el propio presidente Alfonso Rueda se burlaba de las asociaciones ecologistas y vecinales que alegan por la vía administrativa contra proyectos apoyados por la Xunta y los acusaba, de modo genérico, de estar manipulados por el BNG.

El mismo argumentario esgrimió su concejal en Santiago de Compostela, Borja Verea, a la hora de desacreditar el acuerdo unánime de una comunidad educativa en su Consello Escolar para sustituir el nombre del centro, Apóstolo Santiago, por Almáciga, topónimo del barrio donde se ubica. El desprecio por la autonomía escolar fue patente en el discurso de los populares, que, apoyados por la prensa de derechas, sumaron su voto en contra a la abstención de cuatro ediles expulsados del PSOE y tumbaron la iniciativa. Ese mismo desprecio es del que hace gala el Gobierno gallego en la instrucción remitida a los colegios el pasado mes de junio y en la que llamaba a velar por la “neutralidad ideológica” en las actividades escolares. El plan suscitó una enorme controversia: sindicatos y ANPA ven la sombra de la censura, expertos consultados por este periódico, la huella de la retórica de ultraderecha.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado y cree que ahora es momento de que el Gobierno “proceda a la transferencia de ese bien” a Galicia para “poder utilizarlo como centro vinculado a la recuperación de la memoria histórica del país”. “Si el PP no tiene interés, habrá próximamente un Gobierno gallego que lo va a hacer”, ha aseverado a preguntas de los medios este viernes en una rueda de prensa en Santiago.

Así, Rego ha expuesto que en la sentencia del Supremo hay “un elemento positivo y otro negativo”. A favor, “que se confirme que el Pazo de Meirás fue robado por Franco”. “Es una noticia positiva que confirma que teníamos razón los que durante mucho tiempo peleamos para que este patrimonio fuese devuelto a la sociedad gallega”, ha festejado. Por el contrario, ha lamentado que haya que indemnizar a los herederos de Franco, una circunstancia que, en su opinión, “tiene responsabilidades políticas”, apuntando al expresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“En su día encargó un informe que recogía esto y que fue utilizado para establecer esta sentencia. Hay una responsabilidad muy directa del PP, que nunca se preocupó porque los Franco devolviesen lo robado”, ha criticado.

La Xunta de Galicia no consigue pasar la página de Altri. Pese a que hace ya 21 días que anunció el archivo definitivo del proyecto de macrocelulosa, muy contestado social y políticamente, el asunto revive una y otra vez en el Parlamento de Galicia. “¿Dónde están sus proyectos industriales estratégicos tras el fiasco de Altri?”, inquirió Ana Pontón al presidente Alfonso Rueda en la sesión de control parlamentario de este miércoles, “apostó todo a una carta contaminada y perdió ante la ciudadanía de este país”. Rueda, cuyo gabinete declaró efectivamente “estratégico” el plan de la pastera en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) pero fue incapaz de realizarlo, se revolvió e insistió en cargar las responsabilidades del fracaso a la oposición.

Pero la líder del BNG no quería hablar únicamente de Altri, sino de la política industrial del Gobierno gallego. Recordó dudosas promesas del Partido Popular a inicio de legislatura -3.000 millones de euros en inversiones industriales- y defendió una idea de Galicia que no sea “tierra de sacrificio para que Madrid tenga energía más barata y se forren las empresas amigas”. Remató su primera intervención con algunas de las propuestas de su organización en la materia: una empresa pública de electricidad, un fondo soberano de inversión en sectores estratégicos, vincular los parques eólicos a la creación de empleo industrial y aumentar el peso presupuestario del I+D+i. Rueda sí respondió a esto y aseguró que esas, las iniciativas planteadas por el BNG, son “la esencia de Recursos de Galicia”, la sociedad público privada creada por la Xunta hace dos años.

Fue apenas un momento. El resto de su discurso siguió las pautas de costumbre: los nacionalistas “no quieren molestar al puto amo”, en referencia a Pedro Sánchez, sus “plataformas politizadas” quieren impedir que se instale industria, “les encantaba Altri hasta que perdieron las elecciones”, “ustedes dicen a no a todo”. Pontón, que afeó al presidente de la Xunta sus continuadas faltas de respeto, lo acusó de incompetencia política. “De cada dos promesas en política industrial, incumple tres. ¿Dónde está la fábrica de hidrógeno en Meirama? ¿Qué fue de la factoría de neumáticos en As Pontes? ¿Y los 3.000 millones de euros?”, preguntó sobre dos anuncios repicados a bombo y platillo por el Gobierno gallego y luego descartados por sus promotores. También mencionó uno de los naufragios industriales clásicos de los gabinetes populares: los acuerdos de Feijóo con Pemex. “No tiene política industrial de futuro”, concluyó Pontón, “si no tiene ideas, copie las del BNG, le irá mejor a este país”.

Alfonso Rueda se escudó en algunas macrocifras -el índice de producción industrial crece un 6,5%, el empleo industrial está “en máximos”- y dijo que estas se alcanzaban “pese a su Galicia bucólica que en realidad está vacía y donde la gente tiene que emigrar”. Un minuto antes se había recreado en uno de los lugares comunes de su partido a respecto de los nacionalistas: “¿Hay algún proyecto industrial que le guste al Bloque?”. En realidad no esperaba ninguna respuesta.

Los socialistas insisten en la vivienda pública

Tampoco la parecía esperar José Ramón Gómez Besteiro, portavoz de los socialistas gallegos, que volvió a una de sus preguntas recurrentes -y uno de los grandes agujeros de los sucesivos ejecutivos del PP en Galicia- en la sesión de control: la política de vivienda pública. “Cuando inició su segundo mandato en 2024, había 15.000 gallegos y gallegas en el registro de demandantes de vivienda pública. Hoy hay casi 31.000”, explicó Besteiro, “durante 17 años ni planificaron, ni construyeron, ni rehabilitaron”. El socialista pidió además a la Xunta “políticas activas” para recuperar viviendas vacías y destinarlas al alquiler público. Las competencias en el sector son autonómicas.

La respuesta de Rueda fue previsible. Reiteró sus promesas -6.000 viviendas públicas construidas en seis años, dijo esta vez- y atacó al Gobierno central por lo que definió como inacción. “Qué bien estaría usted en el Ministerio de Vivienda, se trabaja poco”, intentó ironizar. De lo que el presidente gallego no suele defenderse es de la hoja en blanco en que convirtió la política de vivienda pública durante los años de Feijóo, con Rueda como número dos. “La Valedoría do Pobo ya avisó en 2014, después en 2028 y en 2020. Lo suyo fue inacción e irresponsabilidad”, consideró Besteiro. El presidente replicó de nuevo con las “3.000 viviendas en marcha, 4.000 este año”. En el registro de demandantes hay 31.000 personas, le había recordado de nuevo el socialista.

Sólo hay un lugar en toda Galicia con el topónimo Almáciga: el monte más elevado de la ciudad de Santiago, hoy un barrio popular y a menudo olvidado por los propios compostelanos. Esta atalaya natural donde se vivió uno de los últimos capítulos de la Revolta Irmandiña, aquella rebelión campesina contra los privilegios de los señores en el siglo XV, acoge hoy, siglos después, una nueva batalla cultural: la que ha desatado la derecha contra la decisión –unánime– de la comunidad educativa de rebautizar el colegio con el nombre del sitio donde está emplazado. El problema no es la nueva denominación, sino la anterior, la que desaparecería: Apóstolo Santiago.

El Apóstolo Santiago –inaugurado en 1954 como Santiago Apóstol, rótulo que aún conserva en la fachada– fue el primer grupo escolar de la ciudad. Tras él vendrían muchos otros centros que, como él, pese a su carácter público, serían bautizados con nombres de esa Iglesia que ha marcado la historia de Compostela desde la Edad Media. Cardenal Quiroga Palacios, López Ferreiro, San Clemente o Pío XII son sólo algunos ejemplos. Curiosamente, en el Pío –el mayor colegio de la ciudad, con más de 600 alumnos–, un grupo de familias mira con atención lo que sucede en la Almáciga mientras estudian una alternativa similar.

La propuesta del cambio de nombre surgió del ANPA del Apóstolo, recogiendo un intento de unos años antes que no había llegado a fructificar. Detectaron la voluntad mayoritaria entre las familias de rebautizar el colegio y conseguir aumentar la identificación simbólica con el barrio. En el informe de diez páginas que presentaron a la asamblea de padres y madres se recogía “la necesidad de dotar al centro de una identidad educativa acorde con su realidad territorial, cultural y social”. Su propuesta enumeraba argumentos históricos, geográficos, sociológicos y pedagógicos. El Consello Escolar, el máximo órgano de gobierno de la comunidad educativa, lo respaldó por unanimidad.

Nada de eso sirvió. El PP local, envuelto en una campaña contra la regidora Goretti Sanmartín (BNG) que pasa por acusarla de atacar a todos los símbolos del compostelanismo –entre los que puede encontrarse el Camino de Santiago, pero también un festival de música con menos de diez años de antiguedad–, encontró un nuevo filón que explotar. Para el portavoz municipal, Borja Verea, esa iniciativa ya no partía de un grupo de familias que buscaba una mayor identificación entre colegio y barrio: era un ataque a la identidad de la ciudad. Y, ya de paso, al Apóstol.

Más papistas que el arzobispo

Agitar el fantasma del anticlericalismo contra los gobiernos a la izquierda del PSOE es un clásico en una ciudad que vive a la sombra de la catedral. En 2015, Martiño Noriega –regidor por la marea municipalista Compostela Aberta– sufrió furibundos ataques por su decisión de no participar en la ofrenda al Apóstol aunque, curiosamente, tanto entonces como ahora, quien menos hiperventiló fue el propio Arzobispado. Así fue el inicio de un mandato que vivió hasta su final bajo un fuego constante y que, visto hoy, parecía anticipar algunas de las campañas dirigidas contra Pedro Sánchez.

En las siguientes elecciones, Noriega perdió. El voto de la derecha respaldó el regreso del exalcalde socialista Sánchez Bugallo, quien siempre había convivido con comodidad tanto con la Iglesia como con la Xunta del PP. Una vez espantado el miedo al anticristo, cuatro años después esas papeletas retornaron a casa. Bugallo –al que ocho años de ausencia habían desconectado de una ciudad que conocía como la palma de su mano– quedó segundo por la izquierda tras el BNG de Sanmartin. Dimitió para irse al Senado pero su partido no quiso entrar en un gobierno tripartito con Bloque y Compostela Aberta que habría gozado de una cómoda mayoría absoluta. Era el preludio de la implosión del PSOE local, dividido hoy entre dos concejales que mantienen las siglas y cuatro no adscritos, que serán claves en esta historia.

Sanmartin tampoco asistió a la ofrenda –Noriega fue el primer alcalde en ausentarse, pero los nacionalistas, en la oposición, ya no participaban en el acto– y los argumentos de condena renacieron de cero, como si 2015 nunca hubiese existido. Desde entonces, Verea –candidato más votado, 11 concejales, a dos de la mayoría absoluta– ha seguido excavando esa veta. Cuando se conoció la decisión de la comunidad escolar del Apóstolo, volvió a señalar a la alcaldesa al insertar esa propuesta de las familias en un “peligroso proceso de eliminación de todo lo que significa Santiago de Compostela” por parte de un gobierno que “detesta todo lo que nos hace únicos e universales” y llamó a la ciudadanía a “frenar juntos este ataque constante del BNG y Goretti Sanmartín al compostelanismo”.

El llamamiento de Verea caía en terreno abonado. La prensa de derechas llevaba días poniendo el grito en el cielo. “Qué indigencia”, escribió en sus redes sobre el cambio de nombre un periodista de ABC. Por su parte, los medios locales amplificaban la campaña de recogida de firmas de una –una– exalumna, que atacaba las connotaciones “políticas” del cambio: “Es un problema que no podemos ignorar, especialmente porque algunos hijos/as de políticos/as con ideologías independentistas y padres y/o madres afines a sus ideas asisten a 'nuestra escuela'. Parece que pretenden borrar cualquier símbolo que no esté alineado con sus creencias”. La versión original, que todavía circula por capturas de internet, añadía rojos –sin el posterior lenguaje inclusivo– a ese independentistas. “Un colegio pertenece a toda la ciudad, no a una asociación en un momento concreto”, había dicho Verea. De los 100.000 habitantes de esa ciudad, apenas algo más de 800 habían respaldado el change.org durante sus tres primeras semanas de vida.

El pleno municipal

Tras la aprobación unánime del Consello Escolar, los siguientes pasos para hacer efectivo el cambio de nombre eran la luz verde del ayuntamiento y de la Xunta. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, preocupado hasta casi la obsesión por lo que él llama “neutralidad ideológica” en las aulas, ya había enseñado la patita: “Andar cambiando nombres genera a veces ruidos innecesarios y esconde intereses que se ocultan de otra forma”, aseguró. Contrasta con el respaldo que recibió el colegio privado compostelano San Pelayo cuando se rebautizó como Emma o cuando, en el municipio vecino de Ames, el del obispo ultraconservador Guerra Campos fue sustituido por Val da Maía (el valle donde se ubican tanto Ames como Brión). Esta última decisión, por cierto, se hizo oficial el mismo día en el que, un centenar de kilómetros al norte, el instituto Carmen Polo pasaba a denominarse Terra de Ferrol.

Sin embargo, a Rodríguez le llegó el trabajo hecho después de que el pleno municipal tumbase la iniciativa. Lo que debería haber sido casi un trámite administrativo, dado el acuerdo total en el centro, mutó en una tensa sesión. Y eso, que, al inicio, el director del colegio, Luís Martínez, puso todo su esfuerzo en explicar de forma sensata una solicitud que, insistió, no iba “contra nadie, ni contra la compostelanidad ni contra el apóstol”.

Entre sus argumentos destacó la necesidad de ubicar el centro en el barrio –como los institutos de Sar o Fontiñas– y evitar las confusiones que genera el nombre actual. No fueron pocos los que, gracias a esta polémica, descubrieron no sólo dónde estaba el Apóstolo Santiago sino también que, pese a su nombre, no se trata de un colegio religioso. Martínez defendió por ello una denominación que permita identificarlo “claramente como centro educativo público aconfesional, plural y que no cause ningún tipo de duda o equívoco entre la ciudadanía”.

BNG, Compostela Aberta y los dos ediles socialistas respaldaron la decisión unánime de la comunidad educativa. El PP se opuso, tal y como había anunciado, pero fue la sorpresiva abstención de los cuatro concejales no adscritos la que tumbó la propuesta. Según denunció Verea, al finalizar el pleno, uno de los miembros del ANPA que asistían como público tocó en el hombro al portavoz de los no adscritos, Gonzalo Muíños, para llamarle “puto sinvergüenza”.

No tiran la toalla

Para las familias, con su voto, los 11 concejales del PP y los cuatro no adscritos “desautorizaron al órgano democrático y legítimo del colegio”. “Decidieron oponerse a la voluntad unánime del Consello Escolar de nuestro centro”, aseguraron en un comunicado, ya que “no sólo bloquearon un trámite administrativo”, sino que también “ignoraron dos años de participación, diálogo y consenso” que fructificaron en una decisión del ANPA y del profesorado que “cuenta con el apoyo del barrio”.

A Verea no le gustó el tono del escrito: “Si empezamos a decir que los acuerdos adoptados por el pleno no valen cuando no nos gustan, estamos cuestionando el funcionamiento básico de las instituciones democráticas y sentando un precedente peligrosísimo”, respondió en su propio comunicado. El ANPA ha convocado una asamblea general para el próximo día 18 donde estudiarán los nuevos pasos a dar, porque no han dicho la última palabra. Será un nuevo capítulo de esta batalla que ha convertido los deseos de la comunidad educativa en un daño colateral dentro de una guerra mayor.

La mayoría absoluta del Grupo Popular en el Parlamento ha bloqueado la comisión de investigación sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri que reclaman tanto BNG como PSdeG. Las portavoces de los dos partidos de la oposición en el debate han criticado la falta de transparencia de la Xunta y han considerado que la negativa a crear este órgano en el Cámara gallega es un indicio de que el Gobierno gallego “tiene mucho que ocultar”.

Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como la diputada del PSdeG Patricia Iglesias recordaron la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condena a la Xunta por haber retirado de su estrategia verde la protección de unos terrenos en los que se proyectaba la fábrica de Altri. Y volvieron a pedir que se haga público el acuerdo declarado confidencial entre la Sociedad Impulsa -una empresa público-privada ya disuelta y que estaba presidida por el titular de la Consellería de Economía- y Altri. El Gobierno gallego se ha negado a divulgar el contenido de este memorándum de entendimiento alegando que se pactó entre dos sociedades privadas. Pese a ello, el presidente de la Xunta, que no formaba parte de los órganos de gestión de Impulsa, desveló que él si conoce la información contenida en ese documento.

“Les pedimos que desclasifiquen los papeles secretos de Altri. Si no lo hacen, solo nos demostrarán que tienen mucho que ocultarnos”, recalcó Pontón, según informa Europa Press. La portavoz del BNG fue la primera en intervenir, como representante de la formación que presentó la solicitud para crear la comisión. Los socialistas, que apoyan el movimiento, no tienen suficientes diputados para registrar la petición.

La líder nacionalista criticó que el proyecto de Altri es “el mayor ejemplo de la política industrial fracasada y errónea del PP de Rueda” y “un ejemplo de manual” de cómo “gobiernan desde la mentira”. Expuso que son tres los motivos para pedir la comisión: la sentencia del TSXG sobre la zona de amortiguamiento de la Serra do Careón donde se planeaba instalar la fábrica, el acuerdo secreto entre la Sociedad Impulsa y Altri y la falta de transparencia.

Sobre la sentencia del TSXG, Pontón preguntó “por qué se hizo esa modificación, cuándo y con base en qué informes técnicos”. “La Xunta modificó de manera consciente y premeditada un instrumento para favorecer a Altri. Los informes no existen porque esta fue una decisión política de la Xunta del PP para favorecer a Altri en contra del interés general y de la protección del medio ambiente”, denunció. Respecto al acuerdo Impulsa-Altri, consideró que ya no hay excusas para entregarlo, tras haber reconocido Rueda que sabe su contenido. La tercera cuestión a la que apela Pontón es la “higiene democrática” y la necesidad de transparencia.

Iglesias, por su parte, acusa al Ejecutivo autonómico de “posible tráfico de influencias”. La portavoz del PSdeG en el debate recordó que la formación pidió hasta en nueve ocasiones el expediente relativo a Impulsa, que insiste en que no se puede considerar una sociedad privada. “Hay que saber si el Gobierno gallego actuó a favor del interés público o, por el contrario, se estaba trabajando para favorecer el interés privado de una multinacional. Porque eso tiene un nombre, que se llama posible tráfico de influencias”, dijo.

Si se sigue negando la información, avisó de que valorarán acudir a los tribunales: “Si todo fue correcto, si todo se hizo conforme a la ley, ¿por qué no desclasifican el memorando secreto firmado con Altri? ¿Qué hay en ese documento que no pueden explicar?”.

El portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, se mantuvo en su postura de tachar de “bulos” las críticas de la oposición. “Me encantaría que el juzgado diga que se puede hacer pública esa documentación para poder acreditar todo lo que han mentido y para pedirles la dimisión”, agregó. También repitió la argumentación de su partido y de la Xunta para justificar el archivo del expediente de Altri: sostiene que no se debe a la fuerte oposición social, sino por la decisión “infame” del Gobierno central de no incluir en su planificación una subestación eléctrica que necesitaría ese proyecto.

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, ha validado la decisión del grupo parlamentario popular de bloquear al candidato a adjunto de la Valedora do Pobo presentado por el BNG, pese a que el pacto entre las dos formaciones era, siguiendo la costumbre de la Cámara gallega, que la segunda fuerza diese su apoyo para el nombramiento de la Valedora -en este caso, la renovación en el cargo de Dolores Fernández Galiño- y pudiese elegir al 'segundo' en la institución. Después de que el BNG votase a favor de Fernández Galiño, sin embargo, el PP anunció que no va a aceptar el nombre elegido por los nacionalistas, el profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel por su activismo en defensa del medio ambiente y su implicación en la batalla contra proyectos como el de Altri.

Rueda acusa al BNG de tratar de “imponer su voluntad” y de haber presentado la propuesta en el registro sin haber negociado antes con el PP a propósito. “No es muestra de querer consensuar nada”, dijo, tras defender que tanto la Valedora como su adjunto son puntos que se tienen que consensuar. El BNG alegó la semana pasada que había registrado la candidatura por error, pero ahora asegura que no piensa cambiar su propuesta y acusa al PP de estar rompiendo con la costumbre pactada en el Parlamento de que el partido mayoritario proponga el nombre del Valedor o Valedora y la segunda formación, el de su adjunto o adjunta.

Para que haya acuerdo, añadió Rueda, el candidato debe tener “antecedentes de imparcialidad”. El PP ha cargado contra la posibilidad de que sea elegido De Abel porque forma parte de la junta directiva de la asociación ecologista Adega y ha dado asesoría jurídica para oponerse a proyectos como la macrocelulosa de Altri o algunos parques eólicos. El portavoz parlamentario de los populares, Alberto Pazos Couñago, afeó que el perfil del candidato propuesto por el BNG “tiene mucho más que ver con el activismo” que con la institucionalidad. Argumentó que él no negoció los nombre en el mandato anterior para evitar explicar por qué considera que no es aceptable De Abel cuando la última adjunta fue María Xosé Porteiro, que tuvo varios cargos en el PSdeG.

Fernández Galiño, que ha sido elegida por segunda vez como Valedora, sustituyó en el cargo en 2019 a Milagros Otero, que había dimitido tras ser condenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por haber incurrido en desviación de poder y arbitrariedad al influir en la resolución que nombraba jefa de servicio de Administración e Persoal de la institución a María Puy Fraga, hermana del entonces portavoz parlamentario del PP gallego y hoy diputado en el Congreso, Pedro Puy; sobrina de Manuel Fraga Iribarne e hija del catedrático de Derecho Francisco Puy, del que Otero se considera discípula. La actual Valedora, por su parte, nombró subdirector general de la institución y responsable de la entonces recién creada Autoridade Galega de Protección á Persoa Informante al director de tesis de su marido y coautor con él de numerosos libros y artículos. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aseguró que desconocía los vínculos existentes entre Fernández Galiño y Ron Latas, pero defendió que “siempre actuó con objetividad”.

Hasta una simple manifestación que reclama medidas para atender la creciente diversidad en las aulas gallegas -una demanda extendida entre la comunidad educativa- puede convertirse en objetivo político del Partido Popular de Galicia, que sostiene el Gobierno de Alfonso Rueda en la Xunta. Sucedió la pasada semana, cuando su secretaria general, Paula Prado, arremetió contra la protesta convocada por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público con argumentos últimamente habituales en el discurso de su formación: “Es una manifestación absolutamente politizada, manipulada, convocada, organizada y pagada por el BNG y su sindicato afín, la CIG”. La retórica de la demonización de la protesta ha echado raíces en la derecha gallega, sobre todo en sus sectores más desaforados.

Las declaraciones de Prado sobre la manifestación no reparaban en límites. “No es una manifestación espontánea de la ciudadanía galega que tenga dificultades en el ámbito de la educación”, decía, “la ponen en marcha el BNG y la CIG con una red de autobuses y una carta a padres y a madres y un sistema de orden propio de un sistema comunista”. Nada que no habilite su propia organización, el PP, cuando convoca protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo.

Al día siguiente, en las redes sociales, insistía en las mismas ideas trufadas de falsedades tras enlazar informaciones de la prensa afín. “Ver para creer el manual de instrucciones del independentismo gallego […] instrucciones más propias de un sistema comunista”, volvía a la carga.

El acto de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público -un ente nucleado por la CIG, la central más representativa en la educación gallega, y del que forman parte otras organizaciones nacionalistas y algunas federaciones de ANPA- transcurrió con normalidad. Los convocantes denunciaban que el aumento de alumnado con necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo había aumentado sensiblemente en los últimos años hasta alcanzar el 17,5% del total (65.259 niños y niñas en términos absolutos), pero no lo había hecho en la misma medida el personal especialista en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, orientación, auxiliares cuidadores, ni los docentes para desdobles. Para el PP gallego en boca de su número dos, era reclamaciones “manipuladas”.

Su número uno y además presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, suele distanciarse del extremismo dialéctico de Prado. Aun así, para él, el derecho a manifestación va como mínimo por barrios. Si quien llama a ello es Alberto Núñez Feijóo y se dirige contra el Ejecutivo de Sánchez, se trata de trasladar “lo que opinan muchas personas y no solo votantes del PP, que la situación es insostenible”. Si quien lo hace es el BNG o los sindicatos, el objetivo “es crear tensión”. Sobre las grandes movilizaciones contra el proyecto de macrocelulosa impulsado por Altri, y que han acabado por declinar su fracaso, le gustaba diferenciar entre “manifestantes de buena fe” y “manifestantes politizados”. Por el BNG y los socialistas, se entiende. Lo mismo respondía antes las multitudinarias marchas que protestan contra el deterioro de la sanidad pública iniciado ya por las políticas de los años Feijóo.

La huelga y la kale borroka

En la táctica del PP, la doble vara de medir de Rueda complementa el estruendo de su secretaria general. “El BNG basa su estrategia únicamente en la MANIFESTACION y en el ALBOROTO”, escribía esta en su cuenta de X, antes Twitter, el pasado 13 de febrero, algo a lo que también ha recurrido Rueda en sus debates con la oposición durante las sesiones de control. Una vez más, no ha alcanzado los extremos de su segunda, que ha llegado a comparar el derecho a manifestación con la kale borroka. Según su versión, remitida a los medios de comunicación, el BNG se lanzó a las calles tras una reunión con Bildu, a los que Prado tildó de “herederos de ETA”. “¿Cuáles son las soluciones [de los nacionalistas] en materia de sanidad, de educación, de vivienda, de política social...? Pues la conflictividad, la manifestación, la contestación social... en definitiva, la kale borroka”, afirmó justo antes de dos jornadas de huelga en la educación, convocadas por la CIG.

Solo dos semanas más tarde, Prado se apoyaba en su prensa de referencia para hacerse la sorprendida respecto a la existencia de la llamada caja de resistencia de la central sindical. Esta la había activado para respaldar a los afiliados que habían secundado los numerosos paros de este curso en una educación pública sometida a recortes presupuestarios y de personal. Según la secretaria general de los populares gallegos, la herramienta -un mecanismo histórico de la lucha sindical- era el método del “Bloque Negacionista Galego de pagar para que haya más manifestación y alboroto, pancartas y algarada”.

Reducir todo malestar social a los planes de la izquierda nacionalista partidaria es otro de los lugares comunes del último PP. La prueba más reciente sucedió en el pleno municipal de Santiago de Compostela de la pasada semana. Debatía sobre una resolución unánime del Consello Escolar -órgano en el que están representadas las docentes, las familias, el alumnado, el personal de servicios y el ayuntamiento- del colegio público Apóstolo Santiago para cambiar su nombre por el del barrio donde se ubica, Almáciga. Lo que recibió la propuesta fue un ataque furibundo del portavoz popular, Borja Verea, y la acusación de ser títeres de la alcaldesa del bloque, Goretti Sanmartín. El voto en contra del PP y la abstención de cuatro expulsados del Partido Socialista acabó por tumbar la iniciativa.

La trama de los bots rusos que “hablaban mal de Rueda”

Las estridencias argumentales y propagandísticas del PP gallego contra la oposición no son, en todo caso, una novedad. Ya durante la última campaña electoral al Parlamento gallego la misma Paula Prado que ahora deslegitima el derecho a manifestación armó una rueda de prensa para revelar “una red de bots rusos, chinos o filipinos vinculada a la oposición para hablar mal de Rueda”. Sobre la trama y su descripción no aportó pruebas, pero sí calificativos: “Una red nacional de perfiles falsos, ocultos en la cobardía, trabajando desde la mentira, al servicio” de BNG y Partido Socialista. También afirmó que su formación estudiaba poner la información recabada “a disposición de la Fiscalía”. Nunca lo hizo.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) rechaza las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra España y exige al Gobierno de Pedro Sánchez la clausura de las bases militares norteamericanas en territorio español. Así lo ha comunicado este miércoles su diputado en el Congreso, Néstor Rego, que ha calificado los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán de “gravísima injerencia en los asuntos de un tercer país sin amparo ninguno en el derecho internacional”. La portavoz nacional de la organización, Ana Pontón, se expresó en término similares desde Bruselas, donde mantiene una agenda de reuniones con cargos de la Comisión Europea sobre temas de ámbito gallego: “Estamos con el no a la guerra, pero tiene que ser algo más que un eslogan”.

Pontón defendió “una actuación contundente del Estado” para que esa oposición a los ataques norteamericanos “se concrete en hechos reales”. No dijo en cuáles. Sí se refirió a las insituciones europeas, cuya posición definió como vergonzosa. “No se atreven a decirle a Trump que está vulnerando el derecho internacional. Se están poniendo del lado equivocado de la historia y nos están poniendo a todas en riesgo”.

A los nacionalistas gallegos no les vale la escusa de la supuesta capacidad de Irán para fabricar armas nucleares -que, además, la propia prensa estadounidense ya ha cuestionado. “En Oriente Medio solo Israel posee armamento nuclear y niega el acceso a las inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica”, ha recordado Néstor Rego. Según su opinión, el objetivo de Trump y Netanyahu consiste en “legitimar la maquinaria de guerra y el control de los recursos energéticos” de la región y lo enmarca dentro del patrón imperialista de Washington “que en los últimos años intensificaron las acciones militares en diferentes puntos del planeta”. “La ofensiva militar se produce después de una campaña de manipulación mediática que presentaba supuestas intenciones de ataque por parte del Gobierno iraní”, añade, “cuando en ningún momento abandonara las negociaciones diplomáticas en curso”.

El BNG, que en su día votó a favor de la investidura de Sánchez como presidente, reclama en todo caso a su Ejecutivo “ir más allá de las declaraciones formales y que mantenga una actitud proactiva para las gestiones internacionales con objetivo de frenar la agresión contra Irán y defender el derecho de los pueblos a ejercer su soberanía”. “El estado debe mantenerse firma ante las inaceptables amenazas de Trump y cerrar las bases militares estadounidenses de Morón y Rota”, afirma Rego, “poniendo fin de manera definitiva a la presencia norteamericana en territorio español”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reprochado en el Senado que la Xunta de Galicia no haya remitido al Gobierno los datos necesarios sobre la huella pesquera, en el marco de la evaluación del impacto de la eólica marina flotante en el sector.

Planas ha respondido así a una pregunta de la senadora del BNG Carme da Silva –recogida por Europa Press– quien ha cuestionado qué estudios maneja el Ministerio sobre la afectación de la eólica marina al sector pesquero gallego y a los ecosistemas marinos, y ha reclamado que no se convoquen subastas sin informes “rigurosos e independientes”.

Durante su intervención, el ministro ha defendido que para el Ejecutivo la protección del sector pesquero es “absolutamente clave”, al tiempo que ha subrayado que también es necesario avanzar en el desarrollo de las energías renovables.

Compatibilidad, planificación y diálogo

En este sentido, ha explicado que la actuación del Gobierno se rige por tres principios: “compatibilidad, planificación y diálogo”. Según ha indicado, se están realizando estudios junto al Ministerio para la Transición Ecológica para determinar la posible compatibilidad entre la actividad pesquera y la implantación de parques eólicos marinos.

El ministro ha asegurado que el Ejecutivo está recopilando datos sobre la huella pesquera y sobre la localización de los buques de más de 15 metros, y ha avanzado que progresivamente se incorporarán los de menor eslora.

En este contexto, Planas ha destacado que varias comunidades autónomas ya han remitido información al respecto, pero ha subrayado que la Xunta no lo ha hecho. “Hay cuatro o cinco comunidades autónomas que nos han enviado ya los datos. Galicia no nos lo ha enviado, pero este es un elemento que yo creo que sinceramente es muy importante”, ha afirmado.

Por último, el titular de Pesca ha defendido que el principio de prudencia es aplicable, aunque ha insistido en que se debe avanzar “sobre una base racional” y desde el diálogo con el sector pesquero y las plataformas de protección de los ecosistemas marinos.

El PP se niega, pese a lo pactado, a aceptar el candidato del BNG para adjunto a la Valedora do Pobo, el profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela. El portavoz parlamentario de la formación conservadora, Alberto Pazos, declaró que no le van a dar su apoyo porque consideran que su perfil no es institucional, sino que “tiene mucho más que ver con el activismo”. La afirmación se refiere a que De Abel forma parte de la junta directiva de la asociación ecologista Adega y ha dado asesoría jurídica para oponerse a proyectos como la macrocelulosa de Altri o algunos parques eólicos.

La postura del PP supone romper el pacto con el BNG, que sigue la costumbre del Parlamento de Galicia de que el partido mayoritario (en este caso, los populares) proponga el nombre del Valedor o Valedora do Pobo y el segundo grupo parlamentario haga lo propio con el adjunto o adjunta. Esto se tradujo en que Dolores Fernández Galiño fue apoyada para continuar en el cargo en febrero con los votos del PP y del BNG. Sin embargo, la formación conservadora se niega ahora a validar la propuesta del adjunto porque su relación con Adega lo hace, según Pazos, “incompatible” con ese puesto. En el mandato anterior la adjunta de Fernández Galiño fue María Xosé Porteiro, elegida a propuesta del PSdeG y que tuvo varios cargos en ese partido.

Sobre qué elementos hacen esta propuesta intolerable para el PP cuando la anterior adjunta fue diputada del PSdeG, Pazos replicó que él no estaba en su actual cargo cuando Porteiro fue elegida y no conoce “las circunstancias” en las que se produjo el nombramiento. En el caso de De Abel, insistió, “es pública y notoria” su actividad “con asociaciones de las que forma parte de su directiva (en referencia a Adega), que está en conflicto directo con cuestiones de máxima actualidad”. “Me parece que está alejado de lo que debe ser un perfil institucional; ese es nuestro entender. Pediría que hubiese una reflexión y se evitase el trámite de comparecer --en comisión, paso previo antes de la votación del candidato-- a sabiendas de que no va a obtener la idoneidad por parte de quien sostiene la mayoría de la Cámara”, avisó, recoge Europa Press.

El BNG, sin embargo, defiende que la candidatura es “impecable”. La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, aseguró que se llevó una sorpresa cuando Pazos la llamó para informarle de que no apoyarían a De Abel. “Es un hecho inaudito que, si llega a materializarse, será romper los acuerdos y la costumbre que rige en este Parlamento desde que se aprobó la ley de la Valedora”, protestó. Su propuesta, dijo, “cumple con todos los requisitos legales”. Rodil reclama al PP que recapacite y avisa de que su grupo no va a “aceptar vetos de carácter político” y no va a retirar la propuesta.

El BNG respaldó hace un mes la continuidad de Galiño, para la que eran necesarios tres quintos de los votos en el Parlamento. A cambio, debía elegir al adjunto, cuyo nombramiento requiere mayoría simple, de modo que el PP tiene capacidad de vetarlo. El pasado viernes trascendió que Fernando de Abel era la propuesta del BNG --que lo registró, según dijo, por un error técnico, y posteriormente lo retiró--, pero los populares manifestaron su malestar “por las formas” y advirtieron que era una propuesta que no tenía su visto bueno previo.

Fernández Galiño sustituyó en 2019 a Milagros Otero, que había dimitido tras ser condenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por haber incurrido en desviación de poder y arbitrariedad al influir en la resolución que nombraba jefa de servicio de Administración e Persoal de la institución a María Puy Fraga, hermana del entonces portavoz parlamentario del PP gallego y hoy diputado en el Congreso, Pedro Puy; sobrina de Manuel Fraga Iribarne e hija del catedrático de Derecho Francisco Puy, del que Otero se considera discípula. La actual Valedora, por su parte, nombró subdirector general de la institución y responsable de la entonces recién creada Autoridade Galega de Protección á Persoa Informante al director de tesis de su marido y coautor con él de numerosos libros y artículos.

Consultado por elDiario.es, el organismo defiende los méritos de Ron Latas –“los mayores entre los presentados”–, recuerda que no hubo impugnación ni administrativa ni judicial y que “no existieron razones familiares, afectivas, de afinidad política, de interés económico o cualquier motivo directo o indirecto de interés personal con el candidato que pudiera comprometer el ejercicio imparcial y objetivo del nombramiento”. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aseguró que desconocía los vínculos existentes entre Fernández Galiño y Ron Latas pero defendió que “siempre actuó con objetividad”.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha expresado este lunes su rechazo a los “ataques unilaterales” de Estados Unidos e Israel a Irán, que “lo que están provocando es daño y muerte de cientos de personas en este país”.

“Sabemos que detrás no hay ninguna acción que defienda ni la democracia, ni a las mujeres, ni ningún tipo de valor o avance social”, ha dicho Pontón, en respuesta a los medios de comunicación, añadiendo que “lo único que le interesa” al presidente norteamericano “es el control de los recursos petroleros que hay en esa zona”, informa Europa Press.

Por ello, ha añadido, la formación nacionalista rechaza “de manera contundente estos ataques” y ha reclamado que la comunidad internacional “dé una respuesta que esté a la altura, no como ha estado haciendo, por ejemplo, en el caso de Palestina”.

Donald Trump, ha señalado Ana Pontón, está “llevando a un mundo cada vez más inseguro” y con consecuencias globales también en otros aspectos: “Todo esto nos puede venir de rebote con una mayor inflación y, por tanto, empeorando nuestras condiciones de vida”. “Y, sobre todo, un mundo más injusto”, ha recalcado.

Para concluir, ha dicho que el BNG no quiere “a un sherif americano controlando el mundo”, sino que defiende “los derechos, la libertad, el derecho internacional y que los conflictos tienen que tener una solución pacífica”.

Ana Pontón recibe a elDiario.es en su despacho del Parlamento de Galicia. Acaba de llegar de un acto público en Ourense y la conversación previa al encendido de la grabadora circula en torno a los rumores de que el PP quiere colocar a la polemista Ana de Bande como cabeza de cartel para las próximas elecciones en esa ciudad. “No me sorprende”, dice Pontón, para quien el PP ha buscado un perfil tan histriónico como el del actual alcalde Gonzalo Pérez Jácome.

La Portavoz Nacional del Bloque Nacionalista Galego cumple estos días diez años al frente de la formación. Lejos de aparentar hastío, Pontón se muestra más convencida que nunca de que el cambio está a la vista. En su opinión, el fracaso del plan de la Xunta para instalar una macrocelulosa de Altri en la comunidad ha demostrado que la sociedad ha decidido enmendar la idea que lanzó Alberto Núñez Feijóo y que Alfonso Rueda ha seguido defendiendo con tanta vehemencia como si se le hubiera ocurrido a él mismo.

Cumple usted diez años al frente del Bloque Nacionalista Galego. ¿Qué diría que ha cambiado en este tiempo?

En 2016 fue un momento muy difícil, la situación más crítica de la historia del BNG. Había mucha gente fuera y también alguna dentro que creían que el proyecto que representábamos estaba agotado. Sin embargo, siempre pensé que el BNG tiene mucho futuro y que este país necesita una fuerza como la nuestra y que lo que teníamos que hacer era analizar en qué estábamos fallando para sectores que nos venían apoyando y habían dejado de hacerlo.

Yo estaba convencida de que teníamos mucho futuro y en estos diez años, la década prodigiosa del BNG, fuimos capaces de demostrarlo y esto es el resultado de un trabajo colectivo.

Habla usted de década prodigiosa y eso suena a éxito, pero lo cierto es que el Partido Popular sigue dominando de manera absoluta y con un relevo que parece que no les pasó factura...

Yo hago otra lectura de lo que está pasando. Hay que entender que los cambios a veces tardan más en producirse de lo que nos gustaría, pero si analizamos el contexto hay muchas cosas que se le están torciendo al Partido Popular. En las últimas elecciones el BNG le gana al Partido Popular en la principal ciudad de Galicia. Y sabemos que las tendencias que se dan en las ciudades se acaban imponiendo en el resto del país.

¿Cree que ese resultado en Vigo es una advertencia para el PP?

Es una advertencia de lo que está pasando en el país. Hay un agotamiento con el Partido Popular y en esta legislatura también lo estamos viendo. Hay muchos sectores y muy diversos que se están rebelando contra las políticas del PP de Galicia, desde el ámbito sanitario hasta el debate de Altri. Y es que el debate de Altri no es un debate sobre un proyecto concreto, es un debate de modelo. Que haya una sociedad que sea capaz de frenar el proyecto estrella del Partido Popular y su modelo creo que demuestra hasta qué punto hay un cambio que está en marcha y que es imparable.

Su aniversario al frente del BNG coincide con la celebración del ecuador de esta legislatura con Alfonso Rueda como presidente. ¿Le ve usted consolidado?

Creo que se están viendo las costuras de un Gobierno que no es capaz de ofrecerle ninguna alternativa a la ciudadanía. Lo que vemos es como las condiciones de vida de los gallegos y gallegas están empeorando. Tenemos una peor situación de la sanidad pública, el acceso a la vivienda es más complicado. Vemos también como hay un malestar evidente en la situación de nuestro sistema educativo. Y yo creo que esto que estamos viendo demuestra que el Gobierno no tiene ningún proyecto de futuro. Al contrario, es un Gobierno agotado sin alternativas que ilusionen. Nuestro reto está en ser capaces de demostrar que hay una alternativa sólida que les puede dar un futuro mejor a los gallegos y gallegas.

¿Entre Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo usted con cuál se queda?

Yo no me quedaría con ninguno de ellos. Son dos caras de un proyecto fracasado. Lo que vemos es que la falta de impulso político es evidente. Feijóo quiso labrarse una imagen de señor moderado y gran gestor y lo que estamos viendo es que ni moderado ni gran gestor. Rueda tampoco está ofreciendo nada mejor sino todo lo contrario.

¿Comprende la frustración que puede sentir la izquierda en Galicia cuando echa cuentas y ve que el bipartito es algo que sucedió hace ya veinte años y pudiera parecer que el PP va a seguir gobernando Galicia hasta el fin de los tiempos?

Pues yo opino todo lo contrario. Creo que estamos cada vez más cerca de la derrota del Partido Popular y que tenemos que seguir empujando en esta dirección que nos está permitiendo llegar a sectores muy diferentes. Piensa que uno de cada tres gallegos en las últimas elecciones votaron al BNG. Yo veo al Partido Popular preocupado con el bloque porque estamos llegando a sectores muy amplios de la sociedad que quieren una alternativa hecha desde Galicia, que confíe en este país y represente un horizonte de esperanza.

Este Gobierno no genera mucho entusiasmo. Las encuestas dicen que es la primera vez en estos últimos veinte años que el presidente de la Xunta no es el líder más valorado. Llama la atención. Creo que es un dato que pone sobre la mesa el deterioro y desgaste de una formación que lleva casi 40 años gobernando este país y que no es capaz ni de ofrecer un horizonte y lo único que nos ofrece son celulosas del franquismo o el expolio eólico y de nuestra riqueza.

Galicia necesita situarse en el siglo XXI con un proyecto que realmente confíe en el país y que transforme la economía apostando por la ciencia, la innovación y los servicios públicos de calidad.

¿Cuántas oportunidades más se da usted para intentar llegar a la presidencia de la Xunta?

Eso es una decisión que habrá que tomar en su momento. Pero yo lo que te puedo decir es que tengo más ganas que nunca.

¿Pero hay alguna posibilidad de que usted no sea la candidata dentro de dos años?

Lo que quiero decir es que esa es una decisión que habrá que tomar en su momento y que además primero la tengo que tomar yo personalmente y después la tiene que tomar la organización en la que milito. Es la militancia quien decide.

¿El presidente Alfonso Rueda siempre le dice a usted en las sesiones de control que quien decide todo en su formación política es la UPG, que prácticamente le escriben la agenda?

Yo creo que el señor Rueda como no tiene argumentos lo único que hace es intentar traernos aquí la crispación madrileña, embarrar el debate y soltar mantras que llevamos escuchando durante 40 años. Lo que no entiende el PP es que en esta organización lo que funciona es la democracia interna. Ellos funcionan a base de dedazos, a él lo designó el anterior líder que se tuvo que marchar por culpa de la corrupción en el Partido Popular.

Durante las sesiones de control en el Parlamento se observa un tono de Rueda hacia usted que bordea las mínimas compostura y cortesía políticas...

Lo que me gustaría es que esas sesiones de control al presidente de la Xunta fueran retransmitidas por la televisión pública para que los gallegos y gallegas vieran como actúa el presidente de la Xunta, esa especie de superioridad...

¿Cuáles son los momentos más desagradables que recuerda de esos enfrentamientos dialécticos?

A mí me dolió que me dijera que estaba muy necesitada, no porque a mí me afecte personalmente sino porque creo que las mujeres en política no tenemos que soportar este tipo de machistadas y desde luego demuestran cuanto de necesario son más mujeres en política y más feminismo.

¿Cómo observa ahora desde aquí lo que le está pasando a Feijóo en Madrid?

No me sorprende. Sobre Feijóo se construyó una entelequia que lo presentaba como un gran gestor y un moderado. Yo siempre dije que era un nefasto gestor, un presidente que triplica la deuda recortando los servicios públicos. Además demostró que no hizo nada por Galicia. Si uno analiza cuál es el legado que nos dejó el Partido Popular en Galicia y nadie es capaz de significar nada. Es una hoja en blanco. Feijóo llegó al poder cabalgando en contra de la lengua propia de este país con los sectores más ultras de la derecha. Hizo cosas como las que está haciendo ahora Vox y que escandalizan tanto. De las primeras medidas que tomó Feijóo en Galicia una fue apoyar y financiar una red antiabortista, reducir las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género o ir en contra del gallego. Fue un precursor de muchas de las políticas de la extrema derecha.

¿Qué futuro le ve a Feijóo, cree que llegará a La Moncloa?

En todo lo que dependa del BNG no llegará. El escenario de las generales está abierto y hay que recordar que ya hemos tenido escenarios en los que las encuestas daban mayorías muy amplias para la derecha con la extrema derecha y luego no se verificaron. Yo espero que Feijóo nunca sea presidente, entre otras cosas por lo que representa y porque sería nefasto para Galicia.

Estuvo usted estos días en Madrid ¿Quedó para tomar un café con Gabriel Rufián?

Pues no. Hace tiempo que no hablo con él, pero es una persona con la que tengo una excelente relación. Es alguien a quien hay que escuchar.

¿Está llamando a la puerta del BNG en ese intento suyo de unir a las izquierdas?

A mí no me llamó, ni le he llamado yo a él. Yo tengo muy claro que la situación que hay en Galicia es muy diferente de la del estado español. Compartimos la preocupación por la extrema derecha, pero también es cierto que nuestra realidad es muy diferente. Aquí la extrema derecha es irrelevante.

¿Cómo lo explica?

Creo que por varias razones, pero la primera es que una fuerza política que quiere suprimir nuestra lengua y nuestra autonomía con Galicia no casa bien de inicio. Aquí hay un sentimiento de identidad muy fuerte.

En ocasiones el Partido Popular se atribuye el mérito de frenar a Vox en Galicia...

Decían que era Feijóo quien frenaba a la extrema derecha y estamos viendo en el resto de España que para nada es capaz de frenar a la extrema derecha. Yo creo que hay que hacer un análisis más profundo. En muchas partes en donde crece la extrema derecha lo está haciendo apoyada en cierta decepción con lo que se llama izquierda o socialdemocracia. Personas que antes tenían opciones más de tipo progresista ven que sus vidas no mejoran con políticas que apoya la socialdemocracia como el acuerdo con Mercosur, que deja atrás a nuestros ganaderos. O porque ven que trabajan duro, pero sus vidas no mejoran y en esas circunstancias se agarran a un clavo ardiendo.

Mientras en otros lugares la gente joven es la que aúpa a la extrema derecha, aquí en Galicia el BNG es la primera fuerza entre la juventud. No hay que echarle la culpa a la gente sino ofrecerles alternativas para que la extrema derecha no sea capaz de penetrar con sus mentiras y con sus soluciones falsas.

Déjeme volver sobre el debate en la izquierda que han abierto entre otros Gabriel Rufián...

Eso es una incógnita que las fuerzas de ámbito estatal tendrán que responder. Nosotros en Galicia tenemos un panorama político muy distinto. El BNG es una fuerza gallega y que tiene la razón de ser en este país. No nos vamos a diluir en plataformas estatales. Creo que además aquí ya hay una experiencia con sectores que formularon esa posibilidad y la llevaron a la práctica y el resultado es bien conocido.

Ustedes ya han concurrido conjuntamente con Esquerra Republicana de Catalunya en unas elecciones...

Eso lo hacemos en unas elecciones europeas en las que hay una circunscripción de ámbito estatal que hace que quien compite desde un solo territorio lo hace en desigualdad de condiciones. Sin embargo en unas elecciones en las que la circunscripción es la provincia eso no tiene ningún sentido, ninguna virtualidad, ni va a mejorar el resultado. Al contrario, yo creo que si en política damos el debate de qué fórmula electoral utilizamos la gente lo que piensa es que nos estamos repartiendo los cargos.

Sería mucho más interesante que ese espacio político con el que tenemos puntos de conexión pensara en cuál es la alternativa política que le están ofreciendo a los ciudadanos. La unión tiene que estar hecha sobre bases sólidas porque eso es lo que va a premiar la ciudadanía. Cuando la unión es real la ciudadanía también lo premia. Yo les deseo lo mejor y que sean capaces de enfrentar esta situación, pero una tiene la sensación de un cierto deja vu cada vez que hay unas elecciones generales.

¿Qué opina del paso a un lado que ha anunciado Yolanda Díaz?

Yolanda es una persona con una trayectoria muy dilatada, es una mujer con inteligencia y creo que está dando un paso que podía ser previsible. Desde la distancia hay que respetar las decisiones que toma cada uno en su carrera política.

El otro día en la sesión de control Alfonso Rueda vino a decir que el fracaso del proyecto de Altri era culpa de la oposición y vino a dar la idea de que él no tenía ningún proyecto alternativo...

Rueda es un presidente que no quiere asumir sus fracasos políticos. Cuando uno como presidente toma la decisión de apostarlo todo a la carta de Altri tendrá que asumir alguna responsabilidad. En torno a esto hay cosas muy graves: estamos conociendo que hay una serie de chanchullos que hizo el Partido Popular para beneficiar a Altri. Esta semana hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que dice que se modificó de manera ilegal la protección ambiental de unos terrenos para beneficiar a la empresa. Pero es que tenemos además un pacto secreto con esa compañía cuyo contenido se nos está ocultando.

Un acuerdo que tiene una cláusula de confidencialidad que no ha impedido que el presidente de la Xunta diga que él sí ha leído esos papeles que firmaron para fijar ese protocolo de intenciones...

Sí, dijo que la conoce después de que su Gobierno hubiera dicho lo contrario. Todo esto demuestra que de cada tres palabras que Rueda dice sobre Altri dos son mentira. Y los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad sobre un proyecto de esta envergadura. Nosotros vamos a impulsar la creación de una comisión de investigación y creo que Rueda tiene que ir al Parlamento a dar explicaciones. Primero, sobre su fracaso de Altri; segundo, sobre todas las mentiras e irregularidades que puede haber en la tramitación y tercero: ¿cómo puede ser que un presidente tenga como única propuesta en materia de política industrial las macrocelulosas del franquismo? Eso es un fracaso rotundo y demuestra que con el Gobierno del Partido Popular lo único que estamos haciendo es que este país esté perdiendo un tiempo precioso.

¿Por qué cree que el PP se la ha envainado con Altri?

Porque sabe que tiene un coste y que la mayoría de la sociedad gallega está en contra de este proyecto. Evidentemente.

El fracaso del principal proyecto industrial del Gobierno de Alfonso Rueda es culpa de la oposición, dice Alfonso Rueda. Pese al entusiasmo burocrático y político con el que la Xunta defendió la idea de implantar una macrocelulosa en el corazón de Galicia, no fue capaz de llevarlo a término y la semana pasada anunció su archivo. De entrada responsabilizó al Ejecutivo de Sánchez por dejar la iniciativa de Altri fuera de la planificación eléctrica, pero en la sesión de control parlamentario de este miércoles ese argumentario quedó en segundo plano y BNG y Partido Socialista ocuparon el centro de su diana. Lo que Rueda no mencionó fue el formidable rechazo vecinal y ecologista, que organizó algunas de las manifestaciones más concurridas de los últimos años en la comunidad, ni las múltiples críticas de instancias científicas y expertas. El presidente gallego tampoco despejó otras incógnitas: se volvió a negar a desvelar el acuerdo secreto que firmó su gabinete con la empresa a través de la sociedad público privada Impulsa -hoy disuelta- y no aclaró si tiene un plan industrial más allá de Altri.

Fue Ana Pontón, la líder del BNG, quién se interesó por el ya célebre documento. “¿Qué esconde? ¿Qué dice ese papel para tener que ocultarlo a las gallegas y gallegos? Entréguelo ya a esta Cámara”, acabó su primera intervención. Antes había atribuido el final administrativo de la pastera “al pueblo gallego” y a las sostenidas movilizaciones coordinadas por la Plataforma Ulloa Viva. “El BNG acompañó”, dijo, “a la gente que defendió la dignidad y el sentido común. Es una victoria del pueblo gallego y su derrota personal”. Altri, a través de la compañía Greenfiber de la mano de un empresario coruñés, pretendía instalar en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) una factoría que produjese 400.000 toneladas anuales de celulosa solube y 200.000 de fibra textil vegetal lyocell. Para ello absorbería 46.000 metros cúbicos diarios de agua del río Ulla -a escasos kilómetros de su nacimiento-, de los que devolvería 30.000 “convenientemente tratados”. El número de empleos que crearía osciló de los 2.500 prometidos por Feijóo a los menos de 500 directos.

“Alguien tiene que asumir la responsabilidad de apostar toda una política industrial a una carta perdedora”, insistió Pontón, “usted solo ha ofrecido el franquismo industrial de una macrocelulosa”. Pero si algo no hizo Rueda en su réplica fue asumir responsabilidades. Sí repartirlas. “Está siendo una sesión divertida”, quiso ironizar, “tratan de ponerse una medallita para ver quién impide que se instale industria en Galicia”. “Pero hay un claro perdedor, Galicia y su futuro”, añadió, como si él no fuese presidente de la comunidad desde 2022 y miembro de la primera línea de sus gobiernos -conselleiro y vicepresidente- desde 2009. “¿Qué le va a decir a los jóvenes que quieren trabajar en Galicia?”, le espetó a la portavoz nacionalista, “¿cuál es su Arcadia feliz y el futuro de los jóvenes?”. Él mismo no ofreció ninguna pista, más allá de una apelación genérica a la industria que, en abstracto, comparten todos los grupos con escaños en O Hórreo. Sobre por qué un día aseguró que, de no haber dinero europeo para Altri, la Xunta buscaría otras vías de financiación y después cambió de parecer sin mayores explicaciones no se pronunció.

La portavoz del BNG no dejó escapar esos silencios de Rueda. “Poco menos que Lugo va a ser el Lejano Oeste sin Altri”, criticó los discursos del PP tras dar carpetazo al proyecto, “hambre y atraso. Las 4.000 familias trabajadoras de A Ulloa, las 19.000 que viven del mar, ¿eso es atraso? Como no consiguieron imponer la macrocelulosa, va a haber hambre y atraso y ninguna política industrial, es lo que está diciendo”. Pontón tampoco calló ante la acusación de que su formación, al igual que el Partido Socialista, habían apoyado la iniciativa de la pastera y más tarde pasado a la oposición. “Ustedes vendieron una biofábrica y en realidad era una macrocelulosa. Se cuidaron muy mucho de no publicar el proyecto antes de las elecciones”, dijo. Alfonso Rueda repitió su argumentario en el turno de cierra, se refirió a que el Gobierno de Sánchez dejó sin conexión eléctrica “gracias a usted o a Besteiro” a la provincia de Lugo y lo tildó de sectario. No asumió ninguna responsabilidad.

Besteiro a Rueda: “Desclasifique los papeles de Altri”

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, también había hablado de la macrocelulosa en su debate con Rueda, aunque fuera de pasada. “Usted no desclasifica los papeles de Altri. Es especialista en protestar por aquello en lo que no tiene competencias pero no en lo que sí”, definió la estrategia argumental del Partido Popular. Pero su preguntaba trataba sobre las relaciones entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos y lo que Besteiro entiende como “agresiones continuas” de Rueda a los principios de autonomía local, suficiencia económica e igualdad de trato de los consistorios. “Usted violenta las arcas municipales y saquea los concellos”, aseguró, “al atribuirles competencias impropias. Lo vemos con el servicio de ayuda al hogar o con la doble imposición del canon del agua”.

Alfonso Rueda lo negó. No aportó datos demasiado concretos pero sí frases: “Galicia es una de las comunidades en donde los ayuntamientos más participan de los impuestos que recauda el Gobierno autonómico”. También citó las modificaciones en las aportaciones al servicio de ayuda en el hogar -“pasa del 9,7% al 18% entre 2021 y 2028”- o las obras financiadas por el citado canon hidráulico. “Hay colaboración, hay acuerdos, hay lealtad”, resumió. Y atacó a Sánchez a propósito de la política de vivienda pública: “De las miles que ha prometido, ninguna en Galicia”. Besteiro le había recordado que en solo 15 días, el registro de demandantes en la comunidad había crecido en 667 personas, hasta los 29.800. El Gobierno de Rueda se ha comprometido a construir 10.000 en 2030 después de 15 años de gobiernos de su partido, y de los que él formaba parte como número dos o tres, de absoluta inacción en la materia.

El socialista le respondió que “sus desgracias no llevan el apellido de Sánchez, llevan el apellido de Feijóo” y, en esa línea, que “los problemas de Feijóo no son los problemas de Galicia”. Rueda no se dio por aludido y se revolvió con un “el Gobierno central no tiene una sola política de vivienda”. No le concedió ese estatus ni siquiera a medidas como la declaración de zona tensionada de alquiler que su propio gabinete ha dificultado en ciudades como A Coruña o Santiago de Compostela.