El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pliega a la táctica de Génova 13 en al menos cuatro asuntos cruciales en el debate político gallego: se opone a la quita de la deuda pública, no negociará bilateralmente una nueva financiación, ha votado en contra de la demanda histórica de traspaso de la autopista atlántica y del uso del gallego en las instituciones estatales. Estas posiciones le sirvieron a la portavoz del BNG, Ana Pontón, para calificar a Rueda del “presidente del no a Galicia”. “Ustedes sí que son los del no a todo”, intentó revolverse el jefe del Ejecutivo con uno de sus tópicos habituales sobre el nacionalismo, pero lo cierto es que el Partido Popular de Galicia y, con él, el Gobierno autonómico ha hecho suya la desaforada guerra sin cuartel de Feijóo contra Pedro Sánchez en estos temas. La sesión de control de este miércoles en el Parlamento de Galicia lo dejó claro.

“Le recuerdo un eslogan del PP, 'Galicia primeiro'”, había comenzado Pontón su intervención, “en realidad es 'el PP primero, Galicia después o Galicia nunca”. El Gobierno gallego, añadió, renuncia a 4.000 millones de euros en la quita de la deuda y no quiere negociar con el Estado “una financiación justa”. También “ha dicho no al gallego”: Alfonso Rueda llevó a su grupo parlamentario a votar en contra de su uso en el Congreso y en el Senado. Finalmente se refirió a la transferencia de la AP-9, cuya concesión a Audasa prorrogó Aznar hasta 2048 en una operación que Europa ha declarado ilegal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, resumió la nacionalista.

El presidente de la Cámara había acumulado las preguntas de la oposición. José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, había acusado a Rueda de “no gobernar pensando en Galicia, sino en lo que le dictan en Madrid”. Y mencionó la existencia de “un nuevo susurrador en el oído de Rueda”, la extrema derecha: “Votan de la mano de Vox para evitar la transferencia”. Besteiro sintetizó su discurso con una definición de lo que entiende por autogobierna y que, a su juicio, Rueda no ejerce: “Es asumir competencias, no inventar problemas, y aprovechar cada euro para mejorar las condiciones de los nuestros”. Pontón había sido más contundente: “¿Cómo alguien incompetente va a querer competencias?”.

Alfonso Rueda se defendió con una respuesta algo deslabazada. Se esforzó por presentar a los líderes de BNG y PSdeG como delegados de Pedro Sánchez y llegó a calificarlos, “sin el sentido peyorativo”, de tontos útiles. A lo concretó entró, pero únicamente para volver sobre argumentarios ya conocidos y emitidos en numerosas ocasiones. La financiación no se negocia bilateralmente, sino en una conferencia de presidentes. “Una posición de partida que nunca va a mejorar” si la discusión es bilateral. Lo que no ha hecho nunca su gabinete es hacer público el modelo que prefiere, si es que tiene alguno. Sí a la transferencia, “no a la estafa”, que él considera que es el acuerdo refrendado en el Congreso por todos los grupos excepto el PP y Vox. Según la derecha, abre la puerta a que la Xunta tenga que indemnizar a la concesionaria, lo que la izquierda niega. “Hay que tener dignidad y ustedes no la tienen”, apuntó.

Ya en el turno de cierre, el presidente de la Xunta quiso explicar su visión del autogobierno y, para ello, puso algunos ejemplos: la frustrada operación de su gabinete para instalar una macrocelulosa en A Ulloa o lo que denomina “resolver el absentismo”, en realidad reducir el derecho a baja laboral de los trabajadores. “Ustedes sí que son los del no a todo. Ya que traen recados, lleven otro de vuelta”, espetó a la oposición: “Que respeten a los gallegos”.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión económica y social. En este sentido, la líder nacionalista ha enmarcado esta propuesta en una “deriva ultra y reaccionaria” y ha acusado a los 'populares' de “cuestionar el derecho de las mujeres a poder decidir sobre su cuerpo”.

Según Europa Press, a preguntas de los medios este martes en Santiago, Pontón ha insistido en que la prioridad debería ser “tomar medidas eficaces” para poder solucionar “el problema de la vivienda” y para facilitar la conciliación.

“Si quieren realmente ayudar a las familias deberían ponerle freno al problema que está habiendo en materia de vivienda. Tenemos un Gobierno de la Xunta, del Partido Popular, que en esta materia, lo único que hace es propaganda y publicidad, pero hechos muy pocos”, ha subrayado.

La líder del BNG también ha puesto el foco en los “problemas” para acceder a plazas públicas en escuelas infantiles. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber devuelto 22 millones de euros al Gobierno central destinados a la construcción de estos centros por “no querer hacerlas públicas”.

Asimismo, ha advertido de que “estas medidas regresivas no las inventó Ayuso”, sino que Feijóo “ya las aplicó en Galicia”. Con todo, ha asegurado que el PP “no gobierna pensando ni en las familias ni en la infancia” y lo que quiere es “volver para atrás”.

Un óvulo, con “más derechos que los pacientes”

La propuesta de ley se coló este martes en el pleno del Parlamento de Galicia. “Están por darle más derchos a un óvulo fecundado que aos pacientes”. Con esa frase, el diputado socialista Julio Torrado resumió la gestión sanitaria del PP durante los 17 años de gobiernos de Feijóo y Alfonso Rueda.

El debate se centraba en la modificación de la ley de medidas extraordinarias de 2022 detinada a impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura en el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Torrado consideró la propuesta de los populares un intento de “parchear mal lo que destrozaron” ya que la sanidad gallega no llegó “por casualidad” a la actual situación “de crisis”, sino que es “fruto de una década de recortes” que el PP “aplaudía”.

El diputado socialista criticó que la “gran solución” de la Xunta sea la extensión de una ley que ya hace cuatro años se tramitó de urgencia y, ahora, “superados e incapaces de resolverlo”, vuelven a hacerlo “para que nadie pueda opinar mucho más allá”. O deputado do PSdeG criticou que a “gran solución” do PP sexa “a extensión dunha lei de 2022 que, por certo, xa se tramitou de urxencia daquela”. Torrado cerró con una recomendación al conselleiro de Sanidada, Antonio Gómez Caamaño: “Innoven e inviertan que, si no, me temo que la siguiente plaza de difícil cobertura va a ser la suya”.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se refirió este miércoles a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como ley de nietos, que permite la nacionalización de descendientes de exiliados españoles, al asegurar que con el expresidente del Gobierno gallego y fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, “votaban los muertos”. Recordó que Fraga “consiguió su mayoría absoluta gracias a un escaño que cambió el voto de la emigración” y que a lo largo de los años “hubo múltiples denuncias de cómo se manipulaba y cómo se compraban votos en la emigración”.

Preguntada este miércoles en rueda de prensa sobre las dudas trasmitidas por los dirigentes populares sobre un fin electoral de esta medida, Pontón manifestó que “cree el ladrón que todos son de su condición”. En este sentido, según informa Europa Press, la portavoz nacional del BNG criticó que el PP trate de trasladar que el hecho de que vote la emigración “es preparar un pucherazo” cuando en Galicia se sabe que “durante la época de Fraga votaban los muertos, se compraban sacos de votos e incluso hay testimonios de cómo el PP compraba con 50 dólares el voto de emigrantes”.

La líder de los nacionalistas gallegos afirmó que el BNG tiene una posición “muy clara” y defiende que el voto emigrante tiene que tener “todas las garantías democráticas” y que hay que poner “todos los medios para que las prácticas que se vieron con el PP en Galicia no se repitan nunca más”. “Porque quien tiene que votar son los emigrantes y lo que no se puede es utilizar la capacidad que tienen de votar para intentar poner en marcha prácticas absolutamente antidemocráticas”, dijo.

El PP, añadió, “sabe mucho de manipulación del voto de la emigración, pero es que también resulta muy incoherente que, por un lado, digan que es importante la emigración y que ahora estén haciendo este tipo de discursos”. “Nada que nos sorprenda, incoherencia y Partido Popular van de la mano”, zanjó.

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a Galicia, que continuará su tramitación parlamentaria hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Solo PP y Vox han votado en contra.

El origen de la ley surge del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia.

El nuevo texto que surgió tras el acuerdo dio pie a una proposición de ley orgánica, que sigue ahora su tramitación en el Senado hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central.

La polémica reside en que la Xunta de Galicia y el PP se quejan de que esta nueva ley no respeta la literalidad de la norma que salió consensuada del Parlamento de Galicia, por lo que los populares han tratado de revertir este asunto a través de enmiendas, que finalmente han sido rechazadas.

Durante el debate de la ley en el pleno del Congreso, el PSOE, Sumar y el BNG han celebrado la aprobación de esta “reivindicación histórica”, mientras que Vox ha reprochado al PP que, bajo su punto de vista, haya “comprado” el marco de los nacionalistas.

Además, Sumar y BNG han coincidido en reclamar además que la AP-9 puede ser “libre de peajes” para conseguir todas las aspiraciones relativas a esta vía gallega.

¿Qué dice el acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG?

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley “la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia”.

Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, “singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria”; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

Repercusiones económicas

Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer “la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados”.

¿Cuándo asumirá la Xunta los costes?

En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y “cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga”.

Hasta en nueve ocasiones ha preguntado José Ramón Gomez Besteiro por las políticas de vivienda al presidente de la Xunta de Galicia. Lo recordó este miércoles durante la sesión de control en el Parlamento autonómico en la que también lamentó que no siempre contestaba el presidente de la Xunta, sino “un tertuliano chusqueiro [chistoso]”. “Pero las competencias son del Gobierno gallego”, añadió Besteiro en referencia al asunto del debate. Trataba de hacer que Alfonso Rueda explicase el proceder de su gabinete y no dedicase la mayor parte de su intervención a atacar al Ministerio de Vivienda. Lo consiguió solo a medias.

Besteiro había enmarcado, de entrada, el problema. Hay 34.000 ciudadanos gallegos apuntados en el registro de demandantes de vivienda pública, un 143% más que cuando, en 2022, rueda sustituyó a Feijóo al frente del Gobierno gallego. El precio del metro cuadrado ha subido un 13,3% en un año y de los 153 millones de euros destinados a vivienda en los presupuestos de 2025, 120 quedaron sin ejecutar, aseguró el socialista. Los sucesivos ejecutivos de Núñez Feijóo habían reducido la política de vivienda pública a prácticamente cero y solo en esta legislatura, el Partido Popular ha modificado el rumbo, por lo menos discursivamente. “Galicia es una de las comunidades del Estado con menos parque de vivienda pública”, resumió.

El presidente de la Xunta se defendió. “La vivienda es un tema central para nosotros y estamos haciendo un gran esfuerzo”, dijo. Repitió su promesa más recurrente al respecto, la construcción de 4.000 pisos públicos en cuatro años, 6.000 en 2030. Y, como es habitual, se cuidó mucho de justificar los años de inacción en la materia de gobiernos de los que él formó parte. so sí, los ataques y las críticas los reservó, también como es habitual, para Pedro Sánchez. “Viene usted aquí a tapar las vergüenzas en vivienda del Gobierno central”, afirmó, “si quieres anuncios, el Gobierno de España, si quieres que se hagan realidad, tu comunidad autónoma”. Aunque su intención era ironizar, en realidad describía el reparto competencial: la vivienda es responsabilidad de la autonomía gallega.

“La pregunta es qué hicieron durante estos 8 años”, insistió Gómez Besteiro. El período se refería al tiempo que Sánchez lleva en el gobierno y durante el que, recordó, ha destinado 548 millones de euros para que Galicia gastase en políticas de vivienda. “No merece la pena hablar de Pedro Sánchez y de vivienda pública”, intentó zanjar Rueda, antes de enumerar algunas medidas de su consellería: el desarrollo de suelo para 20.000 viviendas de protección pública -y construcción privada- o el aumento hasta los 45 años de la edad para optar a avales de la Xunta.

Pontón: “No ha aprendido nada de las olas de incendios”

Los incendios en Herbón (Padrón, A Coruña) y Boborás (Ourense) dieron pie a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG. La nacionalista afeó al presidente de la Xunta que nada sustancial haya cambiado en el dispositivo antiincendios tras las grandes olas de fuego en 2017, 2021 y 2025. Esta última, el pasado agosto, registró los mayores incendios de la historia de la comunidad. “No ha aprendido nada”, le recriminó Pontón, para quien entre las medidas imprescindibles a adoptar mencionó una moratoria indefinida de las plantaciones de eucalipto o la ordenación del monte en mosaico. Lo que recomiendan la mayoría de expertos. “Un rural vivo es la mejor garantía contra el fuego”, sintetizó.

La nacionalista también se refirió a algunas promesas incumplidas de Rueda. Fue tras los devastadores incendios en el oriente ourensano que el presidente anunció en la Cámara autonómica que su gobierno se encargaría de la limpieza de las franjas secundarias en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. “No lo hizo. Su palabra no vale nada”, dijo, “ni siquiera en las parroquias prioritarias. Solo en 70 de las 276”. Alfonso Rueda apenas entró en lo concreto, exigió a la líder de la oposición “un llamamiento a la prevención y una condena a los incendiarios, que los va a haber” e insinuó que Pontón busca el rédito político en las olas de incendios. Sí dijo que el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Gaicia (Pladiga) cuenta con más recursos que nunca y que el eucalipto no tiene la culpa. “En Ourense el año pasado no ardió una hectárea de eucalipto”, dijo. “Esto es tarea de todos, también de la oposición”, concluyó.

La ofensiva del PP gallego contra la memoria de Xosé Ramón Reboiras Noia, el último asesinado por el franquismo en Galicia, no es una disputa por la ciencia de la historia. No busca reparar ningún relato, ni ajustar su versión del pasado, ni contribuir a una discusión honesta sobre lo ocurrido. Todo se reduce -así lo consideran los historiadores consultados por elDiario.es- a la actual política partidista y eso explica la iniciativa, repleta de tergiversaciones, que la derecha llevará a pleno en el Parlamento de Galicia para exigir la retirada de tres estatuas dedicadas a Reboiras en Santiago de Compostela, Lugo y Arzúa. “Es pura estrategia política. Y no solo sucede en Galicia, no solo sucede en el Estado español. El mundo está girando hacia posiciones fanáticas”, considera Emilio Grandío, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela.

A Moncho Reboiras lo tiroteó por la espalda la policía de la dictadura el 12 de agosto de 1975. Fue en el portal del número 27 de la llamada calle Primo de Rivera, hoy Rúa da Terra, en Ferrol. Tenía 25 años, era sindicalista y militaba en la Unión do Pobo Galego (UPG), un partido comunista y nacionalista entonces ilegal, matriz del actual BNG. Esta desplegaba un “frente armado”, formado por un reducido grupo de activistas y bajo el liderazgo de Reboiras, que descartaba atentar contra personas y se centraba en dos objetivos: obtener máquinas multicopistas para la producción de panfletos y prensa clandestina, y dinero, para poder liberar militantes. A ese paso táctico de la UPG se agarra el PP para asegurar que el nacionalista asesinado es “un personaje que cometió actos vinculados con el terrorismo”. De paso menciona contactos con ETA y, en declaraciones públicas, lo mezcla todo con las disputas contemporáneas.

La única mención al contexto político y social de la época en la exposición de motivos de la proposición no de ley registrada por los conservadores en la Cámara autonómica dice lo siguiente: “En ningún caso es posible defender el terrorismo en el supuesto nombre de la Democracia, ni argumentar que estuvo dirigido contra una dictadura como eximente para victimizar y martirizar al terrorista”. El resto es una diatriba ideológica en la que el PP llega a asegurar que las esculturas en homenaje a Reboiras suponen “un símbolo de enaltecimiento del terrorismo”. El Código Penal vigente lo recoge como delito, pero los populares no han presentado denuncia. El Gobierno de España reconoció a Reboiras como víctima de la dictadura en 2009.

“Los hechos fueron los que fueron”

“No es más que un uso político de los términos”, critica el catedrático Grandío, “no calibran exactamente aquel contexto. Faltaban tres meses para la muerte de Franco y parece que la dictadura no lo era tanto. No fue así. Es más, la muerte de Franco no acaba con la dictadura”. Según los historiadores, esta solo finaliza con la Ley de Reforma Política de enero del 77 y las primeras elecciones libres y no censitarias cinco meses más tarde. “Hablar de terrorismo contra una dictadura no es lo mismo que hablar de terrorismo contra un sistema democrático. El contexto clarifica”, añade, “y los hechos fueron los que fueron. La dictadura mató con impunidad hasta el final”. En Galicia su última víctima mortal fue precisamente Reboiras Noia. En el resto del Estado habría todavía más.

Otro historiador, Xurxo Martínez, reconstruyó junto al periodista Xosé Manuel Pereiro la vida, militancia y muerte de Reboiras en O camiño da rebeldía (Aira, 2021). Sus autores certificaron, mediante el análisis comparativo de informes policiales y médicos y de testimonios directos, que la policía le disparó por la espalda. Y que no existen pruebas concluyentes de que lo que durante décadas se definió como “un tiroteo” entre clandestinos y agentes lo fuese en realidad. “No está claro que llegase a disparar ningún tiro. No hubo el tal tiroteo de la información que reprodujeron los medios”, argumentaban Martínez y Pereiro cuando publicaron el libro. También entonces, recuerda Martínez en conversación con elDiario.es, defendían la tesis de que el nacionalista “luchó por la democracia en un contexto difícil”. “En Francia, los que cayeron en defensa de la democracia son héroes incluso para la derecha”, lamenta sobre la actitud del PP gallego.

Martínez coincide con Emilio Grandío al relacionar la iniciativa de los conservadores con una deriva general hacia el radicalismo ultra. “No aceptan que aquellos que combatieron el franquismo eran demócratas”, sostiene, “y lo grave es que se imponga la línea ultraderechista en el PP, la misma que lleva a Vito Quiles al cierre de campaña en Aragón”. Porque, asegura, hay otras sensibilidades en el interior de la formación conservadora. Las que no se opusieron, dice, al busto que en Celanova reconoce a Luís Soto, secretario personal de Castelao, comunista, fundador de la UPG e independentista gallego. “Supongo que, al final, de lo que se trata es de controlar a ciertos votantes para que no se escapen a Vox”, sintetiza.

“A mi juicio, hay que ver el debate desde arriba, porque lo concreto es bastante miserable”, asegura Bieito Alonso, cuya última investigación, Crónicas trasatlánticas (Laiovento, 2025), trata sobre la emigración gallega en Latinoamérica y su implicación sindical y política. Ese “desde arriba” supone, para Alonso, un PP “que nunca condenó realmente el golpe del 36” y un discurso cada vez más asimilable al de la extrema derecha. “Estamos en una confrontación de momento ideológica muy dura, violenta”, dice, “espero que no vaya a más”. Lo “concreto y miserable” prefiere mirarlo con cierta ironía: “Al final, contribuyen involuntariamente a popularizar la figura de Moncho Reboiras, porque la mayoría de la gente no sabe ni de quién hablan”.

La campaña del PP, amplificada por su densa red de apoyos mediáticos, vivió primero sus escaramuzas locales. La de Santiago de Compostela resultó especialmente intensa, y la estatua de Reboiras amaneció vandalizada hace unas semanas. El portavoz del PP, Borja Verea, en la oposición, prometió retirar la escultura si algún día llega a alcalde. Justo a eso, a retirarla, conmina la iniciativa parlamentaria de su partido.

“El único asesinado fue él, y por la espalda”

Francisco Rodríguez es una de las figuras clave de la izquierda nacionalista gallega de los últimos cincuenta años. Compañero de Reboiras en la UPG, diputado por el Bloque en el Parlamento gallego entre 1993 y 1996 y en el Congreso entre 1996 y 2000, forma parte de la Fundación Terra e Tempo, una de las impulsoras de los homenajes al militante caído. “Me llama la atención la prepotencia y la chulería de llevar al Parlamento gallego una iniciativa para acabar con la autonomía municipal”, señala, “porque colocar estatuas o nombres de calles es competencia municipal exclusiva”. “Obviamente, hay algo más por detrás, no es una locura pasajera”, añade.

Rodríguez, filólogo y profesor de profesión, remite a la propia historia del Partido Popular. La resistencia de la formación hegemónica de la derecha a las ideas de memoria histórica o democrática viene de lejos, al igual que su reticencia a distanciarse del franquismo. El origen último del partido son los siete ministros de la dictadura que fundaron Alianza Popular en 1976. “Convierten a las víctimas en verdugos”, denuncia Rodríguez a quien, no obstante, le llama la atención “la cota de exasperación y agresividad” de su discurso en los últimos tiempos. “En Galicia no hace falta Vox, el PP ya cumple ese papel”, considera.

Sobre los hechos de 1975, que conoció de primera mano como dirigente de la entonces clandestina UPG, apunta un elemento fundamental. “No hubo violencia con heridos o muertos. El único asesinado fue él, Moncho, y por la espalda”, dice, “yo entiendo que la derecha no quiera participar en la idea de que Reboiras es un mártir del nacionalismo, pero no se pueden negar los hechos e invertir la historia”. El catedrático Emilio Grandío lo había desarrollado antes como conclusión a sus declaraciones a este periódico: “La historia es el relato más fidedigno posible de los hechos, de lo que sucedió”. El último asesinato franquista en Galicia.

La ofensiva de Alfonso Rueda contra el derecho a baja laboral no se detiene ni ante argumentos ni ante el previsible fracaso del diálogo social -dos de los tres principales sindicatos ya han renunciado a sentarse. “Los que estén de baja y puedan trabajar, eso hay que arreglarlo”, afirmó este miércoles en la sesión de control del Parlamento de Galicia. No ofreció ningún dato nuevo ni replicó a los argumentos en contra defendidos por Ana Pontón. “Usted le echa la culpa a la gente por enfermar”, le espetó la nacionalista justo después de enumerar algunas de las realidades del mundo laboral en Galicia: muere una persona a la semana en accidente de trabajo, se realizan 122.000 horas extra gratuitas cada semana, la comunidad es la segunda del Estado que menos bajas coge. Rueda no dijo nada al respecto.

“La medida es esperpéntica. Dudo que sea legal, pero seguro que no es ética”, había iniciado su intervención la portavoz del BNG. Se refería al “plus de productividad” que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha ofrecido a los médicos de atención primaria si rebajan la duración de las incapacidades temporales. “Usted no ve las bajas como el derecho a la salud, sino como un gasto”, aseguró Pontón, “y como no puede hacer una contrarreforma laboral, va por detrás recortando derechos”. Para ello, añadió, ha lanzado una campaña de criminalización de los trabajadores, apoyado en algunos medios de comunicación. “Para usted, los trabajadores fingen estar enfermos. Y además cuestiona a los médicos. Le digo una cosa, en vez de recortar derechos, recorte listas de espera”, sostuvo.

El presidente del Gobierno gallego, que se ha empeñado personalmente en esta cruzada y la situó como medida estrella en su discurso sobre el estado de la autonomía, repitió justificaciones. Recordó que el polémico plus está en los objetivos estratégicos del Sergas desde hace “un año y medio” y retorció la realidad para ceñir el malestar que provoca la medida “a los mensajes de un médico del BNG”. Lo cierto es que se han manifestado en contra los cuatro colegios médicos, la Sociedade Galega de Medicina Familiar, los sindicatos o los inspectores médicos. Aun así, Rueda insistió contra toda evidencia que Pontón “pretende ocultar que es un médico del BNG el portavoz, por algo será”. Su intento de descargar culpas y responsabilidades en el Gobierno central lo resumió Pontón en un “qué sorpresa, hay problemas y la culpa es de los demás”.

Parte del núcleo argumental de Rueda consiste en jugar a igualar las bajas laborales con el denominado absentismo. Y en cifras: dijo que las ausencias injustificadas del puesto de trabajo suponen el 2% del PIB, unos 2.000 millones de euros. Habló de diálogo social, aunque dos de los tres sindicatos mayoritarios -CIG y Comisións Obreiras- se han echado fuera, y acto seguido se autoenmendó para concluir en tono de amenaza: “Abandonen toda esperanza. Aquí hay un problema y este gobierno está para solucionar problemas”.

Besteiro sobre SAIC: “Cumpla los plazos y no lo estropee”

El debate con el socialista José Ramón Gómez Besteiro fue en esta ocasión de menor intensidad. Preguntaba por la fábrica de coches que el gigante chino SAIC ha anunciado que instalará en Ferrol. El portavoz del PSdeG fue crítico con la política industrial de la Xunta -“caen las exportaciones, cae la producción, caen las ventas”- y recordó algunos de los grandes fiascos de 17 años de gabinetes de la derecha en Galicia: la liquidación de las cajas de ahorro, las falsas promesas de Feijóo y Pemex, la total parálisis del sector eólico, la apuesta fallida por una iniciativa socialmente muy contestada como Altri. “Cuatro de los 19 proyectos industriales estratégicos de su gobierno han desaparecido. Ninguno está ejecutado en su totalidad”, resumió, antes de atribuir a Pedro Sánchez y el Gobierno central la llegada de fondos europeos y estatales para la industria.

Alfonso Rueda se resignó y no rompió la minitregua nacida a raíz de SAIC. “Cuando el Gobierno ayuda, ayuda, acabamos de decirlo”. Expuso. Sobre lo que no se pronunció, pese a que lo había sacado Besteiro, fue sobre sus críticas y las de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, a los viajes de Sánchez a China, que finalmente abrieron el camino gallego al gigante de la automoción. “No me diga que todo lo que hay en Galicia se lo debemos al Gobierno central”, intentó ironizar, aunque el socialista no lo había dicho. Tampoco había mencionado al BNG pero el presidente sí lo hizo, aun sin pronunciar las siglas. “No se ponga del lado del negacionismo industrial, del lado de os do non”, lo conminó. Los nacionalistas se han limitado a pedir prudencia sobre la prometida factoría hasta que se concrete.

“Cumpla los plazos y no lo estropee”, se limitó a responder Besteiro. “Espero que todos cumplan los plazos y usted no se meta en el medio, no estorbe”, contestó Rueda, “usted en esto no ha tenido nada que ver”.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, insiste en que la “línea roja” de su formación para exigir que se convoquen elecciones generales es que se demuestre “financiación ilegal del PSOE, como tuvo el PP con la Gürtel”. Lo dijo en respuesta a preguntas sobre la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz dentro de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire'.

Pontón reiteró que el BNG ya señaló “hace tiempo” que tenía claro su límite: “Si se demostraba que estamos ante un caso de financiación ilegal del PSOE, como el PP con la Gürtel, esa era nuestra línea roja para que la ciudadanía tome la palabra y decida qué futuro quiere”. Agregó que comparte la “indignación” que genera, a su juicio, ver “cómo el PP y el PSOE salpican la vida pública con casos de corrupción”, e insistió en que “no todos” son iguales y que la política “es la herramienta” para cambiar las cosas, recoge Europa Press.

Defendió que la Justicia “tiene que ir hasta el fondo” y que “no se pueden tolerar casos de corrupción”, “caiga quien caiga”. “Si estamos ante un caso de corrupción y se demuestra que hay financiación ilegal, igual que hizo el PP con la Gürtel, exigimos la convocatoria electoral”, repitió

A continuación, preguntada sobre la postura de su formación en casos que no tengan que ver con financiación ilegal, Ana Pontón expuso que, si hay casos de corrupción, “hay que apartar a esas personas de la vida pública”.

Las enmiendas pactadas por PSOE, BNG y Sumar para articular una ley orgánica para transferir la AP-9 a Galicia han salido adelante y han sido aprobadas en la reunión mantenida en el Congreso por la ponencia que trabaja en el texto, que va a continuar su tramitación. Pero lo hará con el voto en contra del PP y de Vox, según informa Europa Press. El resto de los grupos, incluidos Bildu, ERC, PNV y Junts dieron su respaldo a la iniciativa.

El texto acordado incluye la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico, aunque el Gobierno gallego, con el presidente Alfonso Rueda al frente, ya había dejado en el aire el respaldo de los populares al entender que rebaja condiciones económicas y no coincide plenamente con la ley que fue acordada por la unanimidad de todos los grupos con representación en el Parlamento gallego. El pacto incluye también que la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a Audasa -la empresa concesionaria-, las obligaciones con repercusiones económicas derivadas de la aplicación de la concesión en vigor y motivadas por decisiones durante su periodo de competencia.

En cuanto a la Xunta, el acuerdo cerrado determina que asumirá “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

Mientras los impulsores defienden que el pacto es fiel -aunque no idéntico en la redacción- a la ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, el Gobierno gallego y los populares consideran que las variaciones son suficientes para oponerse. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, afirmó que la Xunta no aceptará que se “desvirtúe” el texto unánime que salió en su día de la Cámara autonómica.

El 'no' de populares y de Vox, en todo caso, no ha bastado para evitar que el resto de grupos de la ponencia aprobasen el informe que recoge lo expresado en las enmiendas, de forma que continuará la tramitación, primero en la Comisión de Transportes y luego en el pleno del Congreso -donde al tratarse de una ley orgánica necesitará la mayoría absoluta (176 apoyos) para que resulte aprobada-.

Fuentes de Sumar han explicado que fuera de debate quedarán finalmente las enmiendas sobre mariscadoras y minería que abogaban por incluir en el texto, aun no estando directamente vinculadas con la AP-9 (según han trasladado, el PP se abstuvo y el PSOE votó en contra).

Con respecto a la AP-9, los impulsores del acuerdo confían en que el escenario que se visualizó en la ponencia este martes se mantenga en futuros debates -lo que permitiría que superase las distintas 'pruebas', incluida la aprobación del pleno del Congreso-. Aun así, la norma aún tendría que pasar por el Senado (donde los populares tienen mayoría absoluta) antes de recibir luz verde definitiva.

Concluida la ponencia, el PPdeG emitió un comunicado en el que justifica el voto en contra del partido y exige “que se mantenga el texto acordado por unanimidad” en el Parlamento gallego. “Lo único que se evidencia es el interés de estos grupos de marginar al principal partido de Galicia, que gobierna en la comunidad, tiene mayoría en el Parlamento y es la primera fuerza del Congreso”, señalaron los diputados Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja.

“El Gobierno debe seguir financiando los compromisos adquiridos, dotando a la Xunta de medios financieros para ampliar las bonificaciones de los peajes en un vial cuya concesión a Audasa finaliza en 2024, salvo que el Tribunal Superior de Justicia de la UE determine lo contrario; y suprimir el incremento tarifario del 1% que se aplica desde 2019”, reclaman los populares

Aseguran que les genera especial preocupación que no figure en el acuerdo la disposición “en la que se obligaba al Gobierno a asumir obligaciones económicas y financieras en el caso de que se declarase la nulidad de las prórrogas mediante las que se acordó la ampliación del periodo concesional”.

Por su lado, socialistas y nacionalistas celebraron el paso adelante y criticaron la postura de PP y Vox, a los que acusan de intentar “reventar el acuerdo”. “Hoy dimos un paso decisivo para que la AP-9 sea, por fin, una autopista gallega”, manifestó la diputada del PSOE en el Congreso Patricia Otero. El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro reivindicó el papel de los socialistas gallegos en lo que ha calificado de avance. Añadió que es incomprensible que el PP se haya opuesto.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, consideró “una nueva traición” a los intereses de Galicia el voto en contra del PP y tachó de “pretextos formales” los argumentos para oponerse. También ha destacado que la propuesta final “respeta el autogobierno gallego”, en la medida en que establece que la concreción de lo recogido en la ley debe producirse en la negociación bilateral en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado.

Las negociaciones de las últimas semanas en el Congreso de los Diputados han derivado en que PSOE, BNG y Sumar han pactado un texto sobre la ley de la AP-9 que incluye, según los propios partidos, que se transfiera no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a Galicia, en la línea de lo que pide el Parlamento gallego.

Las tres formaciones reivindican su papel en la negociación que ha dado pie a un acuerdo que, en palabras del diputado del BNG, Néstor Rego, constituye “un paso muy importante” porque implica “que se transfiere la titularidad” y “todas las competencias”, según recoge Europa Press. El acuerdo se ha anunciado a las puertas de que este martes se reúna la ponencia llamada a validarlo.

El paso se hará a través de “una enmienda transaccional” que “respeta fundamentalmente”, sostiene Rego, “las propuestas realizadas por el Parlamento de Galicia y que implica la transferencia de la titularidad de la AP-9 y la salvaguarda de que el Estado asume todas las consecuencias, también las económicas, de las decisiones tomadas sobre la vía”. Esto “implica una hipotética finalización de la concesión como consecuencia del expediente abierto por la UE debido a la irregularidad de las prórrogas realizadas”, manifestó.

El PP, aunque no está dentro del acuerdo, ha declarado en anteriores ocasiones que está dispuesto a apoyar un texto que preserve el espíritu de la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia.

El estado social de la lengua gallega, que expertos e instituciones culturales califican de alarmante, ha centrado la sesión de control parlamentario a Alfonso Rueda tres días después del Día das Letras Galegas. Y esta vez no ha servido para que el presidente de la Xunta de Galicia realizase algún anuncio en la materia, estrategia habitual con otros temas. “Hace un año y medio que el Instituto Galego de Estatística publicó un informe dramático sobre la situación del gallego”, inquirió Ana Pontón, con un guiño al título del célebre ensayo del fallecido Xesús Alonso Montero, “y usted no ha movido ni un dedo, al contrario”. Rueda lo tomó por la vía electoral y le preguntó si es que pensaba que los votantes del Partido Popular “eran enemigos del idioma”. Pontón le respondió: “En este país nadie lo ha votado para que ataque a la lengua gallega”.

Los datos objetivos sobre uso y conocimiento de la lengua propia de Galicia -así la define el Estatuto de Autonomía- no dibujan un panorama favorable. Las tendencias, aceleradas desde la llegada de Feijóo al Gobierno gallego en 2009, las recordó en el Parlamento la líder del BNG: uno de cada dos jóvenes no usa nunca el gallego, solo el 7% lo hace siempre -en 2018 era el doble- y un tercio de los menores de entre 5 y 14 años no sabe hablarlo. También recordó la participación del actual presidente en manifestaciones contra el gallego convocadas por una asociación entonces llamada Galicia Bilingüe y ahora Hablemos español. “Vamos camino de un lingüicidio”, sintetizó. También propuso tres medidas: triplicar los fondos destinados a política lingüística, drásticamente recortados por los sucesivos gabinetes de Feijóo y Rueda; derogar el decreto que redujo la enseñanza del gallego por primera vez en democracia; y cumplir el Plan Xeral de Normalización Língüistica, aprobado por unanimidad en 2004 y unilateralmente dinamitado por el Partido Popular.

Alfonso Rueda no resistió la tentación de endilgar al BNG los problemas judiciales de José Luis Rodríguez Zapatero -lo había intenado antes con Besteiro, pese a que este no participaba en el debate, al ser la sesión en que lo hace el único diputado de Democracia Ourensana- con un comentario un tanto rutinario sobre la supuesta “bravura en Galicia” y “mansedumbre en Madrid” de los nacionalistas. Pero enseguida entró en materia. “¿Que no hacemos nada? Ya lo estamos haciendo, pero faltan ustedes”, afeó a los nacionalistas. Se refería a la revisión del mencionado plan de normalización de 2004 que la Consellería de Cultura, Lingua e Deportes puso en marcha poco después de la publicación de las cifras del IGE y cuya presentación comprometió para el pasado noviembre. De momento nada se sabe de él. “Primero dijeron no, después se salieron y ahora intentan reventarlo”, aseguró Rueda, sin entrar en detalle. Fue cuando acusó a Pontón y a su organización de “querer secuestrar el gallego”. “Pero Galicia no es nacionalista ni independentista”, afirmó, “sino orgullosamente libre y orgullosamente bilingüe”. El BNG, principal formación nacionalista, obtuvo el 31% de los votos en las últimas elecciones autonómicas, y ostenta alcaldías como las de Santiago de Compostela, Pontevedra o Carballo.

“Sin igualdad no hay libertad”

“Sin igualdad no hay libertad, y la libertad de vivir en gallego en Galicia es lo que usted está robando a las nuevas generaciones”, replicó la nacionalista, que antes había retado a Rueda a “hablar de corrupción” y que tanto le daba PP como PSOE. “El BNG en 40 años de historia, ni un solo condenado por corrupción”, adujo. El presidente de la Xunta cerró el debate con su argumentario clásico sobre el BNG: que si Pontón lleva “25 años” ahí sentada (son 22, en realidad), que si dice “non a todo”, que si ya basta de crispación, pese a que son algunos diputados y diputadas del PP las que más elevan la tensión y se prodigan en insultos a la oposición. “Intente sumarse a los trabajos para un documento para el Pacto pola Lingua”, añadió. Y cuando parecía que ese mensaje más o menos conciliador era el punto final de su intervención, se corrigió a sí mismo: “Dicen que el gallego está en peligro y los que está en peligro si no los paramos es la libertad”.

El BNG ha presentado este viernes oficialmente la candidatura de Miguel Anxo Fernández Lores para revalidar la Alcaldía de Pontevedra en las elecciones municipales de 2027. El actual regidor, que acumula ya casi tres décadas al frente del Ayuntamiento, ha comparecido acompañado de la responsable local del BNG, Sabela Bará, que ha destacado que su designación ha sido aprobada “por unanimidad y aclamación” por la asamblea local de la formación nacionalista.

Bará ha definido a Fernández Lores como “el orgullo de un proyecto colectivo” y ha reivindicado el modelo de ciudad impulsado por el Bloque en los últimos años. Por su parte, Fernández Lores ha agradecido el respaldo de la militancia y ha confirmado su disposición a continuar liderando el proyecto nacionalista. “Es un compromiso que acojo con toda la responsabilidad”, ha asegurado, recordando que su continuidad dependía de la decisión de las bases del partido. “Siempre decía que me presentaría si la militancia me elegía, y en este caso ha sido así”, ha celebrado.

El alcalde ha avanzado además el lema de la nueva campaña, 'A por todas!, Pontevedra', que ha definido como “una propuesta para recorrer todos juntos un camino hacia el futuro”. Según ha explicado, su decisión de optar de nuevo a la Alcaldía responde a la voluntad de culminar un proyecto político y urbano iniciado hace años. “Ese proyecto sigue en marcha, no está acabado, y por eso sigo”, ha indicado.

“Queda muchísimo por hacer”

Fernández Lores ha hecho balance de la gestión municipal de los últimos años, destacando eventos internacionales celebrados en la ciudad, ha repasado actuaciones urbanas y ambientales en marcha y ha puesto el foco en la apuesta ambiental del gobierno local, reiterando la posición histórica del BNG respecto a la continuidad de ENCE. “Seguiremos luchando para que ENCE se tenga que marchar de la ría”, ha manifestado.

Durante la comparecencia, Lores ha reivindicado el crecimiento y la proyección internacional de la ciudad. “Todo el mundo quiere conocer cómo hemos hecho este proyecto entre todos”, ha presumido, incidiendo en que Pontevedra “no tiene techo” y aún “queda muchísimo por hacer”. En la recta final de su intervención, Fernández Lores ha subrayado la experiencia del equipo que lo ha acompañado durante décadas en el Ayuntamiento y ha expresado su deseo de seguir contando con figuras históricas del gobierno local como César Mosquera y Raimundo González.

El acto oficial de presentación de su candidatura tendrá lugar el próximo día 28, a las 20.30 horas, en el Auditorio de Afundación, en un evento abierto a la ciudadanía con el que el BNG pretende dar el pistoletazo de salida a la carrera electoral.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha embarcado en la defensa a capa y espada de la moción de censura impulsada por su partido en Lugo con el apoyo de una edil tránsfuga. Para ello no ha dudado, durante la sesión de control parlamentario de este martes, en retorcer los hechos y en ignorar los resultados de las últimas elecciones municipales, cuando su partido, el PP, quedó a un escaño de la mayoría absoluta y del gobierno local. Ahora se ha servido de la exsocialista María Reigosa, que accedió al pleno tras la muerte de dos de sus compañeros de lista, para hacer alcaldesa a Elena Candia. La oposición, en concreto el PSOE, le recordó que los propios estatutos de la formación conservadora consideran “una infracción muy grave” utilizar o valerse de “tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”. Exactamente lo que sucederá el 7 de mayo en Lugo.

El reglamento interno del PP reserva además duras sanciones para aquellos que incumplan ese punto: suspensión de afiliación de cuatro a seis años, inhabilitación para cargos internos o de representación durante el mismo periodo o incluso expulsión. No parece que Alfonso Rueda esté pensando en aplicarlas, a juzgar por el olímpico silencio con el que recibió la pregunta al respecto de José Ramón Gómez Besteiro, líder socialista: “¿Va a abrir expediente por estas graves actuaciones en Lugo?”. Sobre la controvertida y escandalosa maniobra de Candia y los populares también opinó en su turno Ana Pontón. “Está claro que usted no le dan las cuentas y por eso esta moción de censura indecente”, arremetió, “es corrupción política. No sé si acabará en Soto del Real, pero desde el punto de vista político es impresentable”.

Rueda no dejó entrever ni el más mínimo atisbo de autocrítica o voluntad de entendimiento. Volvió a mencionar lo sucedido en Noia, donde una moción con un concejal elegido en las listas del PP dio el bastón de mando a un socialista -en este caso no medió el fallecimiento de otros ediles-, para criticar “esa moral progresista” y acusó a la izquierda de “intentar de todo” contra la operación. “Intentan meter miedo con amenazas”, aseguró sin especificar a qué se refería. Lo que sí hubo fueron manifestaciones ciudadanas y una protesta en el pleno municipal del pasado jueves. El presidente gallego alcanzó la cumbre de su propia lógica cuando afeó a Besteiro no haber dado “ni una sola razón por la que no deba haber un cambio de Gobierno en Lugo”. Los últimos resultados electorales, en los que PSdeG y BNG sumaron la mayoría de asientos en el pleno, no le parecieron razón suficiente. “¿Cómo vamos a esperar que cumpla usted la ley si no es capaz de cumplir los estatutos del PP?”, le había espetado el socialista. Los próximos comicios locales serán en mayo de 2027.

El Consello de Contas y el deterioro de la sanidad pública

Aunque Ana Pontó también criticó la moción del PP en Lugo, su pregunta de control era sobre la situación de deterioro de la sanidad pública gallega, una realidad denunciada por usuarios y trabajadores y que constatan numerosos indicadores. La nacionalista utilizó esta vez el último informe del Consello de Contas, órgano fiscalizador del Gobierno gallego, sobre la atención primaria. El documento constata la infrafinanciación de la misma -Galicia es, tras Madrid, la comunidad que menos invierte en medicina de familia-, lo que la coloca por debajo de la media estatal y -dijo Pontón- “en menos de la mitad de las recomendaciones de la OMS”. “No es casualidad, es deliberado tras 17 años de recortes del Partido Popular”, aseguró. Son además los que Alfonso Rueda lleva en la Xunta, como conselleiro, como vicepresidente y desde 2022 como presidente.

Este no se apartó del manual consuetudinario con el que ataca a Pontón: “Usted tergiversa los datos, yo no”, “brava aquí, mansa en Madrid”, “cuando sale fuera habla bien de Galicia”, “triste, visión catastrofista”, “lleva aquí 25 años [en verdad son 22]”, “no sé si es consciente de los disparates que dice”. La argumentación sobre la sanidad pública tampoco varió demasiado de la que ha venido utilizando en el Parlamento cada vez que la oposición saca el tema: espigó afirmaciones del mismo informe de Contas esgrimido por la líder del BNG para señalar que “hay avances” en primaria y explicó que el gasto presupuestario “en sanidad” es del 31,6%. En la cifra incluye los millonarios convenios con empresas privadas del ramo. Y que el grueso de la responsabilidad de lo que sucede es de “sus cómplices [del BNG], los de Soto del Real”. Las competencias en la materia están transferidas a la comunidad desde finales de los años 80.

“Eso sí que es una caverna. Una caverna sanchista”. Así definió la diputada del PP Carmen Pomar a RTVE durante una comisión de control parlamentario a la CSAG –la antigua CRTVG– que, de nuevo, tuvo como protagonista la crisis de audiencias del canal autonómico. La corporación de medios públicos sigue culpando de ese desplome a mínimos históricos a las “desviaciones” de los audímetros, hasta el punto de que su directora xeral, Concepción Pombo, aseguró que “no pueden ser una herramienta principal de gestión”. “Nuestra guía no es Kantar”, insistió frente a un BNG que culpaba de la fuga de espectadores al “sectarismo” y la “falta de pluralidad” de los informativos, combinado con un entretenimiento que ha convertido el prime time en un “repositorio de chatarra televisiva de lo que fue Tele5 en su momento”.

Este jueves, PP y BNG coincidieron en preguntar por las audiencias, aunque desde puntos de vista opuestos. Los populares querían escuchar, una vez más, cómo la CSAG sancionó a Kantar Media –ahora Fifty5Blue– durante 20 de los 24 meses de los años 2024 y 2025, los de menor número de espectadores en las cuatro décadas de vida del canal. Como contraposición, esgrimían los datos de la primera oleada del EGM, que investía a TVG como el canal más visto en la comunidad, con un 20,1% de cuota de pantalla de lunes a viernes, a más de ocho puntos de Antena 3 y TVE, algo que en su opinión “constata el declarado liderazgo social” de la televisión gallega.

Pomar –exconselleira de Educación, decapitada tras la gestión de la COVID– siguió a continuación el manual de su jefe de filas, Alfonso Rueda, cuando se le pregunta por alguna de sus áreas de gestión y desvió el tiro para atacar al Gobierno central. Si, para Rueda, el enemigo es Pedro Sánchez, el rival de la diputada es el presidente de RTVE, José Pablo López, “portavoz del sanchismo”. Con un argumento que no es nuevo, la parlamentaria consideró “sospechoso” que López “arremeta” contra quienes piden explicaciones sobre el sistema de audímetros menos de un lustro después de que la propia corporación estudiase “un nuevo modelo” ya que el actual “estaba perfilado de forma que favorecía a las privadas”.

La popular acusó a la oposición de orquestar “campañas contra los medios públicos gallegos basadas en bulos e infundios” para acusar de falta de neutralidad a su cúpula mientras apoyan el nombramiento de López, responsable de las opiniones que han convertido a RTVE en una “caverna sanchista”. Lo acusó de provocar “el enfrentamiento más grave de la historia” de la corporación tras las denuncias del Consejo de Informativos referidas a la “malas praxis” y los “sesgos ideolóxicos” de determinados programas y de responder a esas críticas con un “ataque furibundo” contra los profesionales. “Eso sí son represalias, eso sí son coacciones, eso sí que es persecución”, afirmó tras recordar que los trabajadores votaron “masivamente” contra esos espacios y decidieron inicar acciones de protesta.

Habrá que ver si, con el tiempo, esas protestas llegan a los 415 venres negros que la plantilla de la CSAG cumplirá este 1 de mayo movilizándose contra la manipulación informativa y a los que Pomar no hizo ninguna mención. También obvió el hecho de que en la TVG no existe la posibilidad de que un consejo de informativos critique una decisión de la dirección general: en la ley aprobada en solitario por el PP el pasado año se aseguraron de eliminar la existencia de un órgano cuya creación habían paralizado antes durante más de una década.

“Acusan de manipulación a la CSAG cuando no hay ningún pronunciamiento de la justicia ni de la Valedora do Pobo que condenase a la corporación por esa supuesta censura” mientras “callan” con sentencias como la que condenó a Mañaneros 360 a corregir un rótulo referido a Isabel Díaz Ayuso por “tendencioso y no ajustado a la verdad”; algo que, según Pomar, “va a traer cola”.

“¿Quién va a ver esto?”

“Condena tiene la CRTVG, en firme, por mentir burdamente sobre el BNG y no le escuché la mínima reflexión al PP sobre esas difamaciones”, arrancó su turno la nacionalista Olalla Rodil. La diputada del Bloque pudo ir más allá y recordar sentencias como la que condenó a la corporación por represaliar a una periodista crítica y que la CSAG ha recurrido en el Tribunal Supremo.

“TVG tiene cada día menos audiencia. Es una realidad y usted es quien mejor lo sabe”, interpeló Rodil a Pombo antes de recordar que, en lo que va de año, sólo en dos días se superó el 10% de share. Tras cerrar marzo con un 7,5% de cuota de pantalla –segundo peor dato de su historia–, a falta sólo del dato del día 30, abril podría quedar todavía ligeramente por debajo. La directora xeral, por cierto, no mencionó ninguna desviación ni sanción a Fifty5Blue en este 2026.

La parlamentaria del BNG rechazó el argumento del EGM utilizando como “fuente” a la propia Xunta ya que, cuando licita contratos marco para campañas televisivas, se basa exclusivamente en los datos de los audímetros. “Seguir intentando tapar el sol con el dedo no nos va a sacar de esta situación”, insistió tras criticar que la CSAG se compare permanentemente con los canales de RTVE que –tanto en la tele como en la radio– sólo ofrecen desconexiones territoriales. En cuanto a la Radio Galega, medio para el que EGM sí es referencia, obtuvo sus peores resultados desde 2008, con menos de 100.000 oyentes, practicamente la cuarta parte de la emisora líder, la Cadena SER. Sin embargo, la corporación lo vende como un logro: “la primera emisora pública en número de oyentes”. “Felicidades, primera de dos, no hay ni para hacer un podium”, ironizaba minutos antes otro diputado nacionalista, Iago Suárez.

“Usted lleva un año en el cargo y tiene el mérito de acumular los peores datos tras 40 años y ocho direcciones generales”, señaló Rodil a Pombo, algo que “no pasa porque sí”. Los nacionalistas consideran que los espectadores “apagan la TVG” por dos grandes motivos. El primero, el “sectarismo” y la “falta de pluralidad” tanto en los informativos donde “cada día se entrevista a un conselleiro” como en los espacios de opinión. “Ni queriendo encuentras en la calle a cuatro personas que se den la razón en todo”, ironizó sobre las tertulias del matinal radiofónico Galicia por Diante. Asuntos como la moción de censura en Lugo, que centra desde hace semanas la actualidad gallega, pasa desapercibida en la parrilla y pese a una concentración de repulsa que reunió a miles de personas, la única voz de los vecinos que se escuchó fue la de una entidad recién creada y próxima al PP.

A esto, Rodil suma la transformación de un entretenimiento que fue “referencia” cuando era liderado por series propias de ficción –Mareas Vivas, Padre Casares...– en refugio de “chatarra televisiva de lo que fue Tele5 en su buen momento”, y que es la baza de TVG para luchar por un prime time con una “competencia voraz”. Rodil enumeró algunos de los invitados del formato A miña gran cidade. Corazón galego: “Bertín Osborne por O Salnés, Esperanza Aguirre con programa doble, Carmen Lomana buscando un collar de lujo, Al Bano –el de Romina– bebiendo vino, María José Campanario –¿quién se acuerda de ella?– buscándole una vaca a Jesulín y el Cordobés negociando la compra de un tractor... ¿Quién va a ver esto?”, se preguntaba antes de enumerar datos que tocaron techo con el 6,8% de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, una emisión acompañada “de todo el bombo” y el contrato de vallas publicitarias. “¿Cuánto le cuesta a los gallegos esto? ¿Cuánto pagamos por traer a esta gente?”, cuestiones que adelantó que presentarán por escrito y a la que todavía sumó otra: “¿Qué más le falta, un reality de curas?”. La pregunta no era inocente. Según ha sabido elDiario.es, ese es uno de los proyectos en los que trabaja el canal autonómico para tratar de remontar la audiencia.

“Divergencias significativas”

En su respuesta –leída, “para no equivocarse improvisando”, como había explicado anteriormente a una diputada socialista–, la directora xeral no dio respuesta a ninguna de esas cuestiones y volvió a poner el foco en las “divergencias significativas”, los resultados “extrañamente distintos” que ofrecen los audímetros y las encuestas, algo que, en su opinión, “requiere una explicación técnica”. Pombo admitió verse condicionada por unos datos que no le ofrecen “certezas”, algo que, dice, les hace ser “extremadamente prudentes en las decisiones de programación”, aunque los cambios en la parrilla no cesan.

“Hoy en día, los datos de Kantar Media no pueden ser una herramienta principal de gestión. Si nuestra guía fuese Kantar, estaríamos tomando decisiones que irían en contra de los intereses del sector audiovisual gallego” al obligarles a “penalizar contenidos estratégicos, cultura e identidad”. Los audímetros no se “entusiasman” con las series de referencia, el cine gallego “multipremiado” o los “derbis deportivos entre ciudades”. Tampoco le gustó la definición de “repositorio de chatarra” tras el premio Circom a Land Rober, “el mejor programa de prime time hecho en Europa”, aunque técnicamente su horario (21:40-22:40 h) se ajuste más a un access previo al horario de máxima audiencia.

Por todo ello, no puede ser “la hoja de ruta de la corporación” lo que definió como una “herramienta más” que “reconoce sus propias limitaciones”. Así lo hizo en 2023, “antes de cambiar de propiedad”, un portavoz de Kantar que “presentó la necesidad de evolucionar a modelos híbridos para mejorar la cobertura y la granularidad del sistema”. Tecnicismos que TVG tendrá que volver a enarbolar cuando se confirmen los malos datos de abril.

La viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, ha asegurado que la plaza de empleo público de Costas en Lugo “está ocupada desde 2025” y ha acusado a la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, de “mentir” tras asegurar que estaba vacante.

“Esa plaza está ocupada desde mayo de 2025 en concurso específico, es decir, un funcionario de la Xunta puesto a dedo. Esa misma persona sigue actualmente ocupando esa plaza en comisión de servicios”, ha afirmado Rodil en una rueda de prensa celebrada este lunes, recogida por Europa Press.

Así, Rodil ha recordado las palabras que la conselleira dijo hace unos días en Pontevedra cuando negó la vinculación de la plaza en Costas con la moción de censura y aseguró que “en el momento en el que una jefatura de servicio queda libre, en el minuto cero, se vuelve a convocar esa plaza porque, si no, el servicio queda estancado”.

A renglón seguido, Rodil ha apuntado que la persona que ocupa dicha plaza “nunca dimitió y nunca fue cesado” por lo que ha instado a la Xunta a responder “por qué mintió” la conselleira de Medio Ambiente.

Para el BNG “es evidente” que dicha plaza, para la que este lunes termina el plazo de admisión de solicitudes, era “el pago por la firma de la tránsfuga” para que el PP pudiese registrar la moción de censura en Lugo. “Una cacicada, no tiene otro nombre”, ha subrayado Rodil.

Con todo, aunque la edil exsocialista del Ayuntamiento de Lugo María Reigosa asegurase que no se presentará a la plaza de empleo público, Rodil ha remarcado que, personalmente, “no sabe lo que va a hacer, pero su palabra no vale nada”.

Por todo ello, el BNG registró diferentes iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones sobre esta cuestión y que “se depuren todas las responsabilidades”.

En este sentido, Rodil ha incidido en que en un sistema democrático “no se pueden admitir ni permitir el uso de recursos públicos para cambiar gobiernos, manipular la voluntad de la ciudadanía expresada en la urnas y saciar las ansias de poder del PP”.

“Clamor social”

Olalla Rodil también ha hecho referencia la concentración que tuvo lugar el pasado viernes ante la casa consistorial de Lugo y ha afirmado que los vecinos “dejaron claro” el rechazo a la moción.

“Es un clamor social, la indignidad absoluta y la indencencia de esta moción”, ha asegurado, al tiempo que ha remarcado que “en muy pocas ocasiones” se concentró “tanta gente” delante del Ayuntamiento.

Así las cosas, el BNG ha ensalzado que la ciudad de Lugo “avanzó mucho” en los últimos años, con un proyecto político que “puso a las personas en el centro”.

“Eso es lo que quiere cargarse el PP promoviendo esta moción de censura. Quiere paralizar una ciudad que avanza”, ha sentenciado Olalla Rodil.

El pleno del Ayuntamiento de Lugo en el que se debatirá la moción de censura presentada por el Partido Popular con el apoyo de la concejala no adscrita María Reigosa se celebrará el 7 de mayo, jueves, a las 12.00 horas. La convocatoria, que ya es oficial, se realiza de forma automática el décimo día hábil siguiente al registro de la iniciativa.

La moción presentada plantea como candidata a la Alcaldía a Elena Candia y ha sido respaldada por 13 de los 25 concejales de la corporación, el mínimo necesario para alcanzar la mayoría absoluta y para presentar este documento, según recoge Europa Press.

Antes de esta sesión extraordinaria, el Ayuntamiento celebrará el pleno ordinario correspondiente al mes de abril, previsto para el día 30. En esta sesión se abordarán previsiblemente asuntos de gestión del actual gobierno municipal, entre ellos la aprobación de créditos para el pago de facturas. También tomará posesión la nueva concejala del PSOE, Eugenia Iglesias, que sustituye a la recientemente fallecida Olga López Racamonde.

El pleno en el que se debatirá la moción estará presidido por una mesa de edad, integrada por el concejal de mayor y el de menor edad de la corporación, excluidos el actual alcalde, Miguel Fernández, y la candidata a sustituirlo, Elena Candia. Durante la sesión, podrán intervenir la candidata, el regidor y los portavoces de los grupos municipales, excepto María Reigosa, por su condición de no adscrita, para fijar su posición.

Para que la moción prospere será necesario que los 13 concejales firmantes estén presentes en la votación y la apoyen, ya que cualquier ausencia o abstención impediría alcanzar la mayoría requerida y la moción no prosperaría.

En cuanto a las posibles consecuencias políticas, la normativa limita los derechos económicos de los concejales no adscritos, lo que impediría a María Reigosa percibir una dedicación exclusiva en el caso de un cambio de gobierno. Existen, no obstante, interpretaciones diferentes sobre su posible integración en el ejecutivo municipal, como adelantó el miércoles Elena Candia, que asegura que la exsocialista estará en el nuevo gobierno “dentro de la legalidad”.

Una vez aprobada la moción, Elena Candia tomará posesión como alcaldesa de Lugo para ser la tercera tras Lara Méndez y Paula Alvarellos, y el cuarto regidor en lo que va de legislatura.

A partir del 7 se abrirá un tiempo para que la nueva alcaldesa presente su organigrama de distribución de tareas y carteras a través del decreto de organización y para formalizar su equipo de confianza en los puestos administrativos. Elena Candia aseguró en su comparecencia del miércoles que presentará ese organigrama una vez que se oficialice su toma de posesión.

Veintisiete años después, el PP volverá a gobernar Lugo y lo hará gracias al voto de una tránsfuga del PSdeG. Elena Candia, presidenta provincial del partido y designada directamente por Feijóo como integrante del comité ejecutivo nacional, empuñará el bastón de mando casi de la misma forma en la que se convirtió en fugaz presidenta de la Deputación: por el descontento de una socialista que aspiraba a más. Su socia, María Reigosa, entró de rebote en un grupo municipal que, en el mismo mandato, vio a la alcaldesa partir rumbo al Parlamento y sufrió el golpe del fallecimiento de su sucesora y de otros dos ediles.

Con Lugo cae, a menos de un año para las próximas elecciones municipales, una de las plazas más codiciadas por los populares de Alfonso Rueda. Estas son algunas de las claves de una maniobra que, con poca originalidad, se justifica por “la debilidad de un gobierno inmovilista y a la deriva”.

La ciudad

Tras superar la barrera de los 100.000 habitantes en 2025, Lugo prácticamente empata con Santiago de Compostela como cuarta ciudad más poblada de Galicia. Desde 1999 no cuenta con un alcalde del PP, un partido al que, pese a su hegemonía en la Xunta –ha gobernado Galicia durante 37 de los 44 años de la autonomía–, se le sigue resistiendo el voto urbano. En las últimas elecciones del grupo de siete grandes urbes gallegas, sólo logró gobernar la más pequeña, Ferrol (64.000 habitantes). En Lugo se quedó a un edil de la mayoría absoluta –12 frente a la suma del bipartito PSdeG (8) y BNG (5)–, pero la ciudad de las murallas será, ahora, el símbolo de su poder local y un bastión desde el que tratar de asaltar la Deputación. En enero, el ente provincial nombró como presidenta a la socialista Carmela López, tras la dimisión de José Tomé, quien continúa como alcalde de Monforte, por las denuncias de acoso sexual en el canal interno del partido.

Las muertes

Paula Alvarellos estaba a punto de cumplir un año como alcaldesa de Lugo cuando falleció, tras asistir al pregón del Entroido de 2025. Había sustituido a Lara Méndez, regidora desde 2015, que ocho meses después de renovar el cargo decidió presentarse al Parlamento como número dos por la provincia –hoy lo es también del PSdeG–. La sucedió Miguel Fernández, quien ya había aspirado a ser el relevo de Méndez. Seis meses después, muere Pablo Permuy, uno de los pilares del gobierno de Alvarellos, que lo había puesto al frente del área de personal. Fernández se ve obligado a reestructurar el gobierno. En lugar de Permuy entra María Reigosa, que cinco meses después ya habrá abandonado un grupo al que todavía le faltaba sumar un nuevo luto, hace apenas dos semanas: el de Olga López Rocamonde. La concejala de Bienestar había llegado a abandonar el hospital para dar su apoyo a los presupuestos municipales.

La tránsfuga

La edil número 13 del futuro gobierno fue la número 11 en la lista del PSdeG. Esta funcionaria de Costas –que ya ha dicho que no se presentará a la plaza de jefa de servicio que socialistas y nacionalistas veían hecha a su medida– llevaba en el partido desde 2019 hasta que se dio de baja en enero. En 2021 formó parte de la ejecutiva de Valentín González Formoso, predecesor del actual líder socialista, el también lucense José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la Deputación y antiguo concejal de Urbanismo de la ciudad. Antes, estuvo cerca de ser presidenta de la Confederación Hidrográfíca Miño-Sil, en una batalla en la que ella se vio como un “arma arrojadiza” pero sus compañeros –especialmente, tras su apoyo a la moción– lo consideran el primer síntoma de su ambición, que también apuntó a la subdelegación del Gobierno. “Yo entré en el ayuntamiento para trabajar y, a pesar de que la persona a la que sustituí tenía una dedicación del 100 %, a mí solo me ofrecieron el 70 % porque el 30 % restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”, se quejó este lunes en la entrevista en La Voz de Galicia que daba el pistoletazo de salida a la censura. Fuesen económicas u organizativas, sus diferencias con el resto del grupo y su proximidad al PP resultaron palpables desde el primer día. Cuando se convirtió en no adscrita, a finales de marzo, aseguraba que su “intención” era que Fernández acabase el mandato como alcalde. Le duró menos de un mes.

La futura alcaldesa

Hasta su comparecencia de este miércoles con María Reigosa, Elena Candia (Mondoñedo, 1978) había guardado un silencio absoluto sobre la moción. La próxima regidora lucense tendrá que dejar su puesto como vicepresidenta del Parlamento de Galicia, que compatibilizaba con el de concejala y, según el sector, también con el de conselleira de Medio Rural en la sombra. Su poder va más allá de la provincia: Feijóo le adjudicó uno de los cinco puestos de libre designación de los que dispone en el comité ejecutivo del PP sin consultarlo siquiera a la dirección gallega. Candia es reincidente en lo de gobernar gracias al resentimiento de un socialista. Lo hizo en 2015, tras alcanzar la alcaldía de su localidad natal, cuando la enésima crisis interna en el PSdeG provincial hizo que el alcalde de Becerreá, que aspiraba al puesto, se votase a sí mismo en lugar de al candidato de su partido. Cuando las aguas volvieron a su cauce, cuatro meses después, una moción de censura la envió a la oposición. En la campaña por la alcaldía de Lugo de 2023, el PP admitió que Candia fue, una década antes, quien envió a la fiscalía los anónimos que acabarían provocando la imputación de Besteiro en dos causas judiciales que lo tuvieron apartado de la vida política durante seis años.

El presidente ausente

El anuncio oficial de la moción que, desde hace días, era un secreto a voces, ha cogido a Alfonso Rueda en un avión rumbo a China. El presidente de la Xunta y del PP gallego –que quiso marcar diferencias con el viaje de Pedro Sánchez al país asiático asegurando que el suyo no tiene “intencionalidad política”– dejó la operación bendecida antes de despegar. El lunes, tras la reunión semanal de su gobierno, defendió que su partido tiene “todo el derecho a intentar gobernar siendo la lista más votada”.

La indignación de la oposición

El viaje del presidente adelantó al martes la sesión de control parlamentario y ahí la moción reclamó ya su parte de protagonismo. “¿Qué ética hay en un político que mira a una familia de luto y piensa 'esta es mi oportunidad'?”, le preguntó Besteiro antes de advertirle de que “quien no tiene límites para acceder al poder no tiene límites para gobernar”. Para la portavoz nacional del BNG, que acudió este mismo miércoles a Lugo, a reunirse con su grupo municipal, la moción es un acto “indecente y sin escrúpulos”.

La respuesta ciudadana

“Lugo está viviendo el capítulo más oscuro de nuestro período democrático”. Así arranca el manifiesto de la plataforma Transfuguismo non, democracia si, que se presentó en la tarde del miércoles, apenas tres horas después de que Candia, Reigosa y el resto de ediles del PP hiciesen público su acuerdo. Un acuerdo que, para el centenar de firmantes del manifiesto, “pretende alterar la voluntad expresada en las urnas” para traer un proyecto de ciudad diferente: “coches que volverían al centro, plantas de biogás en el entorno de la ciudad, el desmantelamiento de la programación cultural...”. La plataforma pretendía expresar su descontento en la calle este viernes pero, tras acelerarse todo el proceso, buscan una fórmula para adelantar su protesta.

El BNG asegura que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “tendrá que rendir cuentas ante la Justicia” si se confirma la creación de una plaza de alto cargo en la administración autonómica para María Reigosa, la tránsfuga del PSdeG que dará la alcaldía de Lugo al PP a través de la moción de censura que se presentará esta tarde. Socialistas y nacionalistas han alertado de que la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, un puesto que puede solicitarse hasta el próximo día 27, parece hecho “a medida” de Reigosa.

Desde la puerta del ayuntamiento, donde se reunió con el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, la líder del BNG, Ana Pontón, definió la moción de censura –que llega tras el fallecimiento de la alcaldesa y otros dos ediles socialistas– como “un escándalo democrático de una envergadura como no se recuerda en esta ciudad”.

Pontón fue más allá y afirmó que la iniciativa “no sólo es algo reprobable desde el punto de vista político”, sino que, si Reigosa acaba accediendo a esa plaza, será “una ilegalidad y los responsables de esa ilegalidad, empezando por el señor Rueda, que es el máximo responsable de la Xunta de Galicia, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia, porque no todo vale en política”.

Alfonso Rueda, de viaje oficial en China, avaló este lunes la moción, al considerar que su partido “tiene todo el derecho a intentar gobernar siendo la lista más votada”. Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez –de quien depende la jefatura de servicio que está en el centro de la polémica–, inscribió la convocatoria de la plaza dentro de la “absoluta normalidad” a la hora de cubrir puestos “que son complicados”, como sucedió con éste que “quedó desierto tres veces consecutivas”.

También esta tarde se presenta la plataforma Transfuguismo non, democracia si, impulsada por el escritor Lois Pérez y la artista Luz Darriba y secundada por más de un centenar de conocidos lucenses. Han convocado una concentración contra la moción para la tarde de este viernes.

PSOE y BNG de Lugo han hecho público un comunicado conjunto en el que exigen a la Xunta aclarar si convoca una nueva plaza de empleo público que iría destinada a María Reigosa, la edila que dejó el grupo socialista y que sería clave para que los populares puedan presentar una moción de censura si estampa en el documento correspondiente la firma número 13. El comunicado se produce en relación a la la reciente publicación de una plaza en comisión de servicios dentro de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y los integrantes del gobierno local lucense insinúan que podría estar reservada para Reigosa, trabajadora en la demarcación de Costas. El puesto, correspondiente a la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el próximo 27 de abril.

Ambas formaciones consideran necesario esclarecer si esta convocatoria guarda “alguna relación” con la actual situación política en el Ayuntamiento y llaman la atención sobre la coincidencia entre el perfil profesional requerido para el puesto y el currículum de la “concejala tránsfuga”, lo que, a su juicio, “incrementa las dudas sobre el contexto en el que se produce esta oferta pública”.

¿Optará a dicha plaza?

PSOE y BNG plantean la pregunta además de forma directa si la edil María Reigosa tiene previsto optar a dicha plaza y que, insisten, debería ser respondida con claridad para evitar especulaciones. En su comunicado, ambas formaciones subrayan la necesidad de “garantizar la máxima transparencia en los procesos de provisión de puestos públicos, especialmente en momentos de especial sensibilidad política, con el fin de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

Asimismo, advierten de que, en caso de confirmarse cualquier vínculo entre esta convocatoria y movimientos políticos en el Consistorio lucense, se trataría de una situación de “extrema gravedad” que podría ser interpretada como “contraria a los principios éticos y democráticos”.

PSOE y BNG reiteran su compromiso con la defensa de la democracia, la ética pública y el respeto a la voluntad ciudadana, al tiempo que apelan a la responsabilidad de las instituciones implicadas para ofrecer explicaciones claras y garantizar que todas las actuaciones se ajusten a los principios de legalidad, transparencia e interés general. Finalmente, ambas formaciones aseguran que permanecerán “vigilantes” ante la evolución de este asunto y no descartan “emprender acciones legales” si se detectan indicios de irregularidades que pudieran tener relevancia penal o suponer un menoscabo de los principios democráticos.

El PP gallego, incluido el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, ya ha mostrado su apoyo a una operación que, según denuncian los socialistas, “aprovecha la muerte de tres concejales del PSOE” (Paula Alvarellos, Pablo Permuy y Olga López Rocamonde) para acceder a la alcadía, dado que la edila tránsfuga solo entró en la corporación tras el fallecimiento de Permuy.

Diputado de UCD entre 1981 y 1982, vicepresidente de la Xunta de Galicia por Alianza Popular entre 1983 y 1984, parlamentario de Coalición Galega y de su escisión (Partido Nacionalista Galego) entre 1986 y 1990, su fulgurante carrera política en las derechas gallegas todavía vivió un inesperado epílogo en 1994: encabezó la lista del BNG, en puridad un frente de organizaciones nacionalistas de izquierdas, al Parlamento europeo. No salió elegido. Carlos Mella, brillante economista con estudios en la Sorbona y escritor irónico y a menudo lúcido, murió este martes en Santiago de Compostela a los 96 años.

Cuando en 2009 publicó su último libro, Memorias dun ninguén [Memorias de un nadie, Editorial Galaxia], Mella había ya completado la evolución ideológica que lo condujo de la derecha españolista al nacionalismo gallego progresista. “Si, los gallegos somos gente sumisa, pero no es sumiso el de abajo, es sumiso el de arriba”, respondía en una entrevista para El País, “quien conquistó Galicia para los otros no fueron los de abajo, fueron los de arriba”. En esa misma conversación exponía su mirada cáustica e implacable sobre las élites económicas gallegas y su clase dirigente: “Renuncian al país porque son cobardes, quieren sobrevivir”.

Aseguraba saberlo de primera mano. Lo comprobó como vicepresidente para Asuntos Económicos de Xerardo Fernández Albor, el primer presidente de la Xunta de Galicia, de AP (formación antecesora del PP), quien había hecho la guerra con el bando franquista y seguido cursos de aviación en la Luftwaffe de Herman Göring. “Me enemisté con las fuerzas vivas por la parte de arriba”, sostenía sobre su paso por el Gobierno gallego, “mi opinión sobre el empresariado gallego era la que era, los bancos, las cajas...”. Tampoco calló ante la Casa Real, a cuenta de problemas de protocolo en la Ofrenda al Apóstol que, a su juicio, menospreciaban a la Xunta. Mella, que en su día había firmado un pronunciamiento público contra el Proceso de Burgos a militantes de ETA, acabó además enfrentado al otro vicepresidente de Albor, Xosé Luís Barreiro Rivas, y dimitió.

En 1986 volvería a la entonces convulsa Cámara autonómica, pero esta vez como diputado de Coalición Galega. Este partido efímero fue lo más aproximado que hubo a una CiU gallega: nacionalismo de derechas con base empresarial y fuertemente enraizado en lo local, especialmente en la provincia de Ourense. Las tensiones internas no tardaron en aparecer y Mella optó por la ruptura: formó parte de otro intento organizativo no muy longevo y un poco más inclinado al centro, el Partido Nacionalista Galego. No fraguó. Mella acabaría su paso por la política activa en 1994, cuando su amistad personal con Xosé Manuel Beiras, entonces líder del BNG, lo llevó al número 1 de la lista de la izquierda nacionalista a Europa. Estuvo cerca de conseguir el acta.

Carlos Mella se alejó entonces de la primera línea. No se prodigó demasiado como escritor, y eso que algunos de sus libros resultan testimonios informados y críticos de los primeros años de la autonomía gallega: Non somos inocentes (1990) o A Galicia posible (1992). Su Luces de Fisterra, subtitulado Esperpento Xacobeo, es un repaso sarcástico a la Galicia de Fraga Iribarne publicado justo en el año en que este perdió las elecciones. Mella, que había nacido en la aldea de O Foxo (A Estrada, Pontevedra) en 1930, también escribió ensayos sobre economía -A falacia do economicismo (1994), El pensamiento salvaje. A vueltas con el economicismo (2012)- y presidió la Fundación Castelao. En 2024 mostró su apoyo a la candidatura de Ana Póntón, del BNG, a la presidencia de la Xunta de Galicia.