El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica el cese de Gracia Canales Duque como viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, puesto que ha desempeñado desde la llegada de Julián Martínez Lizán como consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en esta última legislatura.

En su edición de este miércoles, el DOCM publica el decreto en el que se indica que, a propuesta del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de este martes, se ha dispuesto el cese de Canales Duque, agradeciéndole los servicios prestados.

Canales, nacida en Puertollano aunque afincada en Cuenca, es ingeniera agrónoma y funcionaria de carrera de la Consejería de la que ahora cesa, y antes de ser viceconsejera ha desempeñado varios puestos técnicos.

Ademas entre el año 2015 y el 2019 desepeño el cargo de directora del Instituto de la Mujer en Cuenca, y posteriormente fue elegida diputada nacional del PSOE por la provincia conquense.

Será la secretaria general de la consejería, Elena Pérez Payo, la que asuma las competencias de la Viceconsejería de Política Agraria Común y Política Agroambiental, tras la marcha de Gracia Canales, según ha indicado el titular regional de Agricultura, preguntado este miércoles sobre sí va a mantener dicho departamento durante un acto en Toledo.

En Estados Unidos, el otoño no solo trae el aroma a pastel de calabaza y hojas secas. También trae récords. En estados como Colorado, Oregón o California, las calabazas alcanzan dimensiones tan absurdas que parecen salidas de un cuento. Algunas superan los 900 kilos, más que un coche pequeño. Pero detrás de esos monstruos anaranjados no hay magia: hay genética, ingeniería agrícola y una dosis colosal de paciencia.

La fiebre de las calabazas gigantes

Cada octubre, en ciudades como Fort Collins, los agricultores compiten en los llamados Giant Pumpkin Weigh-Offs, auténticos duelos de orgullo rural. Este 2025, la calabaza más grande de Colorado alcanzó 2.190 libras —casi una tonelada— y estableció un nuevo récord histórico. Su cultivador, Brad Bledsoe, bombeó meses de trabajo, agua y fertilizante en una sola planta que, durante su pico de crecimiento, engordaba más de 25 kilos al día.

Sí, has leído bien: una calabaza que gana peso más rápido que un niño en crecimiento.

Pero, ¿cómo se consigue semejante hazaña? La clave está en la variedad Atlantic Giant, una cepa canadiense desarrollada específicamente para competición. Sus semillas se venden entre coleccionistas como si fueran trofeos y, con el manejo adecuado, pueden producir frutos de dimensiones casi grotescas.

El secreto está en el suelo (y en la ciencia)

Cultivar una calabaza gigante no es cuestión de suerte, sino de precisión milimétrica. Todo empieza en abril, con las semillas germinando bajo luz artificial y control de temperatura. Cuando las plántulas alcanzan unos centímetros de altura, se trasladan a terrenos especialmente preparados: tierra suelta, rica en calcio, fósforo y materia orgánica, regada gota a gota con hasta 400 litros de agua diarios.

A medida que crece, cada calabaza descansa sobre una base de arena fina o paja, que evita que el peso deforme su forma o raje la piel. Algunos cultivadores incluso giran el fruto semanalmente para repartir tensiones, y colocan mantas térmicas o ventiladores para mantenerlo a la temperatura perfecta.

En plena montaña de Colorado, donde el clima es extremo, el desafío es mayor. El sol quema, el aire es seco y las noches, frías. Por eso los agricultores protegen las hojas con mallas de sombra, rodean los cultivos con cortavientos y controlan el pH del suelo como si fuera una operación quirúrgica.

Sol, altitud y genética: la combinación ganadora

El clima de montaña tiene algo que, paradójicamente, favorece el crecimiento descomunal de estas calabazas: el sol intenso y las noches frías ayudan a que la planta concentre energía durante el día y reduzca su respiración por la noche, guardando reservas para el fruto. Es como si cada jornada fuera un entrenamiento de alto rendimiento vegetal.

A eso se suma la selección genética. Los agricultores guardan las semillas de las calabazas más grandes, cruzándolas cada año para reforzar su potencial. El resultado es una especie de “linaje de gigantes” que se hereda de generación en generación, casi como una familia real de huerta.

Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, cree que hay futuro para la producción de legumbre en la región. “Producimos 470.000 toneladas, pero es que importamos 400.000”, por lo que el consejero ve una expectativa de crecimiento “importante e interesante”.

Así lo ha afirmado este miércoles en la I Jornada LegumbreViva, un encuentro organizado por elDiario.es Castilla-La Mancha y su sección Agroalimentaria. La localidad toledana de Cabañas de la Sagra ha acogido este foro que pretende reivindicar el valor de las legumbres de calidad que produce Castilla-La Mancha. “Un encuentro importante, bonito y necesario”, en palabras del consejero, que ha agradecido la iniciativa porque “refrenda la apuesta por las legumbres de nuestra tierra”.

Martínez Lizán ha calificado a este cultivo como “necesario y fundamental”, si bien ha reconocido que “hay incertidumbre por parte de los productores” a causa de la baja rentabilidad.

El consejero ha afirmado que, en la PAC 2025, Castilla-La Mancha cuenta con cerca de 170.000 hectáreas declaradas de leguminosas, con dos zonas principales como son la Manchuela conquense y en la Sagra toledana. Esta cifra supone en torno al 30 por ciento del total nacional y un aumento de la superficie declarada en la PAC del 45,5% con respecto a 2022.

“Eso pone de manifiesto que, aun con las dificultades que puede tener en el desarrollo agronómico, por las variaciones que puede tener de precios y las dificultades que pueden encontrar, es un producto interesante que todavía tiene capacidad de crecimiento”, ha asegurado Martínez Lizán.

Además, el consejero ha mostrado su convencimiento de que “próximamente” Castilla-La Mancha contará con una nueva figura de calidad, una Indicación Geográfica Protegida (IGP), para la lenteja de la Manchuela. “Ya tiene la documentación necesaria al respecto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que esperamos que antes de final de año lo traslade a la Unión Europea, a la Comisión, para poder valorarlo”. Sin embargo, ha lamentado que “la dinámica de la Comisión [Europea] es muy tediosa y muy lenta y los periodos son demasiado largos para lo que nos gustaría”, por lo que no se ha atrevido a dar una fecha para poder disponer de esa figura de protección. “Pero esperamos que lo antes posible pueda estar resuelta”, ha concluido.

Cabañas tendrá un centro de formación agroecológica

En la inauguración de la I Jornada LegumbreViva, conducida por la directora de ElDiario.es Castilla-La Mancha, Carmen Bachiller, han participado también el alcalde de Cabañas de la Sagra, Tomás Díaz Yuste y el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín. Al inicio de la misma, los asistentes han guardado un emotivo minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la dana en Letur y Mira, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia.

Díaz Yuste ha anunciado que Cabañas de la Sagra va a habilitar un centro de formación agroecológica en los espacios del antiguo silo, con el objetivo de dar formación agraria. Y es que el alcalde considera clave dar ayudas y formación a las personas jóvenes para que puedan coger el testigo de la agricultura en la zona: “Sin relevo generacional no vamos a ningún sitio”.

En esa misma línea se ha pronunciado el presidente de Eurocaja Rural, afirmando que “hay que seguir apoyando para apostar por cuestiones como el relevo generacional”. López Martín también ha reclamado “hacer sostenible” el mundo del campo.

La I Jornada LegumbreViva ha contado con el patrocinio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (a través de la marca 'Campo y Alma'), Eurocaja Rural y Alcampo, y con la colaboración del Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra.

Manuel Duque, director de Alcampo Toledo, ha clausurado el evento y destacado que las legumbres son “símbolo de tradición y de sabores de nuestra tierra”, destacando que el hipermercado colabora con más de 300 productores castellanomanchegos y cuentan con casi 140 productos de la región. “Están funcionando muy bien los productos asociados a la marca de Castilla-La Mancha Campo y Alma”, ha comentado. Este mismo mes se iniciaba una nueva campaña, la novena ya, en la superficie comercial para promocionar los productos que se elaboran en la comunidad autónoma.

Lydia Benítez, ingeniera agrícola y agroalimentaria natural de la localidad toledana de Quintanar de la Orden, será la nueva directora general de Ordenación Agropecuaria del Gobierno de Castilla-La Mancha, en sustitución de Joaquín Cuadrado, que abandonó hace unas semanas este cargo por razones personales.

Así lo ha avanzado este martes, en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobiern, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

El consejero ha dado la bienvenida a Benítez a la Consejería y le ha deseado “lo mejor” en su trabajo por el beneficio de los agricultores y ganaderos de la región, al tiempo que ha agradecido a Cuadrado el trabajo desarrollado en estos dos últimos años.

Elena Pérez Payo va a sustituir a Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez al frente de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este jueves.

El consejero de Agricultura Julián Martínez Lizán firma hoy los decretos de cese y nombramiento de ambos cargos que tendrán efecto desde este mismo día y que fueron aprobados en Consejo de Gobierno esta semana.

Pérez Payo ya formaba parte de la Secretaría General de la consejería donde ejercía el papel de coordinadora del Organismo Pagador e Igualdad de Género, según consta en la web de la Junta de Castilla-La Mancha. Su trabajo se enmarcaba en la Unidad de Género del departamento, cuyo objetivo pasa por “asesorar y apoyar en la implantación de la perspectiva de género en los procesos de trabajo de la Consejería”, entre otras cuestiones.

El 15 de julio de 2022, el Gobierno murciano de López Miras publicó en el BORM un decreto, el 129/2022, que se antojaba, en apariencia, vital para mantener a raya la contaminación del Mar Menor. El texto regulaba un organismo nuevo, desconocido hasta entonces, aunque ya ligeramente esbozado en la ley de protección de la laguna de 2020: las Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria de la Región de Murcia (ECARM).

Las ECARM serían, para sorpresa de muchos actores del sector, una serie de empresas privadas que, mediante una preceptiva certificación, se dedicarían a hacer valer ante los agricultores del Campo de Cartagena el cumplimiento de la normativa y a proponer sanciones en caso contrario. Estas empresas realizarían, desde aquel 15 de julio en adelante, las inspecciones oficiales de las explotaciones que operan en torno a la laguna salada. Se había creado una suerte de policía agraria en la cuenca vertiente de la albufera. Una policía privada.

“Según la ley del Mar Menor, la comunidad autónoma tiene la responsabilidad de inspeccionar las fincas y de ver que el trabajo se está haciendo bien por parte de los agricultores, que no se contamina, que el nivel de nitratos es el adecuado. Es como un control administrativo oficial. En teoría deberían hacerlo los funcionarios, los propios técnicos de la Consejería de Agricultura. Pero se han inventado el ente de las ECARM con empresas particulares. Es algo que no existe en ninguna otra autonomía de España”, detalla a elDiario.es una fuente experimentada en el ámbito de la inspección agroalimentaria. 

Según ha podido saber este periódico, salvo en la Región de Murcia, en ninguna comunidad del país se externaliza a entidades privadas las tareas de inspección agraria salvo ocasiones puntuales. En todas ellas, dichas labores son desarrolladas por técnicos de las diversas consejerías competentes, sean éstas de Agricultura o de Medio Ambiente. En algunas regiones, como Castilla-La Mancha o el Archipiélago canario, el trabajo de los funcionarios es apoyado puntualmente por empresas públicas. En Catalunya, del control de explotaciones agrícolas se encargan los funcionarios públicos, pero en algunos casos concretos se recurre a empresas acreditadas por la Generalitat.

En Murcia, dos empresas privadas desempeñan en la actualidad su papel de ECARM. En su momento llegaron a ser tres. Una de ellas es Certifood S.L., una certificadora agrícola con décadas de experiencia y con un estrecho vínculo con la Federación de Cooperativas Agrarias, que consta como ECARM desde diciembre de 2023. La otra es SAU Consultoría Estratégica S.L., empresa en la que figura como fundadora y administradora única la exconsejera de Agricultura (2015-2017) y Educación (2017-2019) del Gobierno popular en Murcia, Adela Martínez-Cachá.

“La protección del Mar Menor se ha convertido en un negocio privado”

La empresa de la exdirigente de Agricultura en la Región fue la primera en obtener el certificado de ECARM y en comenzar a facturar por inspeccionar fincas en el Campo de Cartagena. Se registró como tal para realizar “pruebas piloto” el 3 de agosto de 2022, poco más de dos semanas después de la aprobación del decreto. En aquel momento la sociedad tenía apenas dos meses de vida: se había constituido en el Registro Mercantil el 3 de junio de 2022. Ocho semanas después de su nacimiento, SAU Consultoría Estratégica S.L. ya tenía permiso provisional para auditar explotaciones agrarias gracias a la figura administrativa configurada por la misma cartera que Martínez-Cachá presidió durante dos años.

El decreto estipula que los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas “tendrán la obligación de contratar a una ECARM para el adecuado cumplimiento de las medidas” previstas en la ley de protección del ecosistema. Las empresas, a tenor de lo expuesto en el texto de la norma, deben realizar una inspección documental y física de los terrenos ubicados en las dos zonas más vulnerables de la cuenca vertiente: las tipificadas como Zona 2 y como Zona 1, esta última circunscrita en el rango de 1.500 metros de proximidad a la línea de costa. Según datos facilitados por la Consejería de Agricultura, en ambos territorios hay registradas un total de 2.525 explotaciones.

“Las ECARM fueron creadas por el PP al hilo del problema del Mar Menor. Su protección ambiental se ha convertido ahora en un negocio privado”, destaca en este sentido otra fuente solvente del sector, cercana a la administración autonómica.

ECARM tras dos meses de vida

“El Gobierno (de Murcia) sacó adelante el decreto inventándose unos niveles de inspección exagerados en frecuencia. Y obligando al agricultor a pagar a empresas privadas el trabajo que debería hacer la propia Consejería”, insiste la misma fuente cercana a la administración. El Decreto 129/2022, por el que se regula el funcionamiento de las ECARM, divide la “periodicidad de los controles” según la zona del campo cartagenero en que se encuentre la explotación, y en función de si ésta realiza una agricultura de secano, de regadío o una actividad ganadera. La mayor parte de las inspecciones son de carácter anual.

Hay otras bienales, trienales o, las mínimas, cuatrienales. Las dos únicas empresas privadas que tienen el permiso para actuar como ECARM se encargan de detectar fallos en el cumplimiento de la ley del Mar Menor, de elaborar informes al respecto y de proponer, llegado el caso, sanciones económicas si hay infracción.

Todas las fuentes especialistas del sector consultadas por esta redacción coinciden. Tachan de “sospechoso” que, en lugar de que las inspecciones las realicen los funcionarios públicos, éstas se lleven a cabo mediante sociedades privadas. Y consideran “sorprendente” que, a las dos semanas de publicarse el decreto de las ECARM, la empresa de la exconsejera popular, Martínez-Cachá, ya hubiese presentado la documentación necesaria, figurase como inscrita y pudiese comenzar a trabajar.

El texto del reglamento añade un requisito indispensable a las empresas, que no les impide en ningún caso poner en marcha sus labores de inspección: certificarse con la norma ENAC UNE-EN-ISO/IEC17020. SAU obtuvo dicha certificación en enero de 2023. “Adela Martínez-Cachá comenzó a generar un volumen alto de trabajo sin esfuerzo porque la obligación de su contratación viene impuesta por el propio decreto. Al principio, su empresa fue la única registrada como ECARM”, apunta la misma fuente cercana a la administración.

Las 2.525 explotaciones ubicadas en la zona del Mar Menor debían los ocho primeros meses ser inspeccionadas únicamente por SAU. Durante ese intervalo fue la única empresa que figuraba en el listado de entidades colaboradoras. El 3 de agosto de 2022, tal y como figura en el registro de la propia web de la Comunidad murciana, SAU Consultoría Estratégica S.L. recibió el reconocimiento provisional de la Consejería de Agricultura para realizar pruebas piloto mientras se acreditaba con la norma ENAC. Solo habían pasado 18 días desde la aprobación del decreto y dos meses desde la constitución de la empresa. Ya en abril de 2023, llegó el visto bueno para la empresa Sygma Inspección Agroalimentaria S.L. En diciembre de 2023, Certifood S.L. entró en el negocio. Actualmente solo figuran en la base de datos, de forma oficial, SAU y Certifood.

Fuentes consultadas de Sygma y Certifood coinciden al unísono en la exhaustividad del proceso de certificación que es necesario superar para poder trabajar como ECARM. “Es un proceso en que tienes que mandar muchísima documentación, tener un manual de calidad, una plantilla bien acreditada, establecer todos los procesos de inspección pertinentes y conocer muy bien la ley del Mar Menor, que es una norma compleja. Tardamos unos nueve meses en completarlo”, enumera una fuente de Sygma, que cuenta con casi tres décadas de trayectoria en el sector de la auditoría de buenas prácticas agrícolas en cadenas de supermercados.

Desde Certifood, por su parte, detallan que llevan “25 años certificando productos agrícolas y fincas de cultivos”. Inciden en la importancia de contar “con una sólida experiencia para conseguir la certificación”. “Si no llevas muchos años haciendo este trabajo, resulta difícil”, explican.

Las fuentes expertas preguntadas por este periódico ahondan en la cuestión: “Se trata de empresas que deben tener procesos muy avalados, y que tienen que cumplir con normas de calidad bastante precisas. Pero fue SAU la primera ECARM, tan poco tiempo después de que el decreto saliese a la luz. De la noche a la mañana ya tenía las capacidades”, evidencia un operador agroambiental del ámbito del Mar Menor.

Cachá afirma que lo lograron trabajando “mañana, tarde y noche”

La propia Adela Martínez-Cachá, que es ingeniera agrónoma, argumenta a preguntas de este diario que el corto espacio temporal que transcurrió entre la creación de su empresa y la obtención del permiso para realizar inspecciones agrarias en el Campo de Cartagena se debe a que tanto ella como su equipo “estuvieron trabajando mañana, tarde y noche para terminar el proceso de ENAC, que es durísimo”.

La exconsejera asegura que su “objetivo” cuando constituyó la empresa era acreditarse como ECARM “lo antes posible”, sin entrar a valorar que la registró oficialmente solo un mes y medio antes de la publicación del decreto. “Nosotros solo hacíamos este trabajo, no hacíamos ningún otro”, incide. Martínez-Cachá, además, afirma no conocer “el motivo” por el que la misma cartera que ella dirigió durante dos años creó “esta figura” privada de control agrario.

Fuentes de la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia consultadas al respecto confirman que SAU Consultoría Estratégica S.L. se inscribió para realizar pruebas piloto dos semanas después de la publicación de la norma que las regulaba. Según las mismas fuentes, son las empresas las que se inscriben en el registro y las que, sin necesidad de obtener el visto bueno de la Administración regional, comienzan a trabajar en las fincas para obtener la certificación ENAC. Agricultura insiste en que todas las empresas que han entrado en el registro ECARM han seguido el mismo proceso. 

No resulta extraño, además, para la propia Consejería murciana de Agricultura, que la inspección agraria en el Campo de Cartagena la lleven a cabo empresas privadas, entre ellas la de Martínez-Cachá, a pesar de que se trate de una figura única en España en materia agrícola. La Consejería pone como ejemplo el caso de “los coches”. “Quien los revisa e inspecciona son las ITV, que son privadas. Están certificadas y desarrollan esa labor. Hay un elevado número de vehículos y una administración no es capaz de atender a eso”, detallan. 

Martínez-Cachá estuvo durante años imputada por la construcción de una tubería, en plena crisis de la laguna tras la sopa verde de 2016, en el paraje protegido de El Carmolí para derivar aguas cargadas de nitratos desde la rambla del Albujón a la Red Arco Sur Mar Menor. La Fiscalía la acusaba de ejecutar los trabajos sin la obligatoria evaluación ambiental previa y de un delito de prevaricación administrativa. La exconsejera fue finalmente absuelta en febrero de 2024.

Una reforma atascada

La ley de protección del Mar Menor aprobada tras un consenso entre PP, PSOE y Ciudadanos en el Parlamento murciano en julio de 2020 siempre ha estado, desde entonces, salpicada por evidencias que apuntan a la delicada situación ambiental de la laguna salada. Algunos puntos trascendentales de la norma, como los referidos a la ordenación del territorio o al control en el vertido de nitratos, acumulan años y años de retraso en su cumplimiento. Más de tres toneladas de nitratos químicos procedentes del Campo de Cartagena siguen entrando a diario a la albufera por las ramblas. Otros tantos se infiltran directamente desde el campo al acuífero del Cuaternario, que ya acumula, según las estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, más de 300.000 toneladas de químicos.

En este contexto, y en plena campaña de los comicios autonómicos de mayo de 2023, el Mar Menor se convirtió en tema central del debate político y en un arma arrojadiza que esgrimir ante los rivales. El PP se comprometió entonces a revisar una posible modificación de la ley “sin dar un paso atrás” en la protección.

Aquella consigna tan gráfica fue repetida una y otra vez en el seno popular cuando reeditaron su mandato en San Esteban. Tenían a su lado, como socios, a los ultraderechistas de Vox, que abogaban como punto central de su programa por una modificación de la ley a la medida del lobby agrario y negacionista de la Fundación Ingenio, con todas las propuestas volcadas en eximir de responsabilidades al agro. En febrero de 2024, y durante semanas, las organizaciones agrarias salieron a la calle. Se congregaron delante del Parlamento en Cartagena exigiendo un cambio.

Detrás de aquellas protestas estaba, en mayor medida, la propia Fundación Ingenio. Pero también había pequeños agricultores que vieron cómo la norma de protección de la laguna los arrojaba ante un precipicio de burocracia y de gastos económicos extra. Especialmente en el caso de las inspecciones de las ECARM. “Al final, se trata de remover mucha documentación, de estar constantemente con la incertidumbre de no saber si las empresas que hacen los controles te van a sancionar por una cosa u otra. Económicamente, todo lo asume el propio agricultor. Y ese dinero, en las ECARM, ya sabemos a quién va”, relata el mismo operador agroambiental consultado.

Las ECARM, según ha extraído esta redacción tras preguntar a varios agricultores del Campo de Cartagena y a la patronal de mayor peso en la zona, COAG, cobran por sus servicios de inspección y control, de media, unos 500 euros al año por cada explotación. Certifood S.L. ofrece unas tarifas ligeramente más baratas que SAU Consultoría Estratégica S.L. Entre las 2.525 explotaciones del Campo de Cartagena, las hay pequeñas y familiares, que pueden tener un gasto en ECARM de en torno a los 300 euros anuales. Las empresas con terrenos más grandes pueden superar los mil.

A pesar de su compromiso de mejorar la protección a la laguna sin “dar un paso atrás”, el PP no parece tener prisa por modificar la ley. El pasado mes de julio se iniciaron, a instancias de PP y Vox, una serie de comparecencias en la Asamblea de cara a una posible reforma en las que, hasta ahora, han tenido protagonismo los mismos sectores negacionistas de Ingenio y las patronales del agro cartagenero, Asaja, COAG y UPA. Aún quedan más de 60 personas por desfilar por el Hemiciclo murciano, entre científicos, representantes públicos y más actores vinculados al campo. La presumible modificación que se extraiga de dichas comparecencias no suprimirá en ningún caso a las ECARM.

El Mar Menor no mejora pese a las inspecciones

Sin embargo, y a pesar de páginas y páginas de normativas, decretos, burocracia y control de los agricultores, el problema ambiental de la laguna, cuatro años después, persiste. No ha habido signos evidentes de mejoría. Cada verano el ecosistema parece al borde del colapso: los niveles de oxígeno en el agua decaen y se teme que en cualquier momento pueda producirse un nuevo episodio de anoxia. La mancha blanca que apareció de repente en la desembocadura de la rambla del Albujón no se disipa, sino que se extiende, y ya ocupa una parte importante de la superficie del mar, hasta abarcar por completo las islas volcánicas de su extremo este. La luz solar no consigue penetrar la densidad del agua en la mancha y las praderas naturales están en riesgo de sucumbir.

Mientras, el control aparente de los agricultores por parte de las ECARM sigue funcionando. Y solo es efectuado por dos empresas privadas, una de ellas de la exconsejera popular, Martínez-Cachá, que tiene permiso para facturar a los agricultores prácticamente desde que se publicó el decreto en julio de 2022. 

Un ingeniero agrónomo consultado por esta redacción explica que “las ECARM únicamente añaden burocracia, costes adicionales y dan apariencia de que cambia algo”. “Pero en realidad no cambia nada”, asegura. “Lo que contamina, y sigue contaminando, son los nitratos”.

Este ingeniero, que efectúa con cierta periodicidad análisis del estado de la laguna y del acuífero, denuncia que los “niveles de nitratos” siguen siendo “escandalosos”. “Nadie controla que se eche un saco más de nitratos por hectárea”, prosigue. “La única manera de controlarlo de verdad sería prohibir su uso”. “La Comunidad Autónoma”, subraya, “en vez de inspeccionar todo por medio de sus propios técnicos, crea estas entidades de la nada. No es que huela: es que apesta”, concluye.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural contará con un presupuesto de 1.356 millones de euros en 2025, ocupando la tercera posición y casi el 11% de todos los fondos de la Junta de Comunidades para el año que viene. Un importe con el que se quiere seguir impulsando el liderazgo del “sector con medidas y actuaciones y compromiso económico”.

Así lo resaltó el consejero Julián Martínez Lizán, que ha asegurado en su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde también afirmó que las cuentas se orientarán a la “mejora de la renta del sector, el crecimiento sostenible, la aplicación de la PAC, la continuación de la incorporación de jóvenes, la modernización de regadíos y de las explotaciones agropecuarias, el desarrollo rural, la mejora y consolidación del seguro agrario, el apoyo a la ganadería, la promoción de los productos agroalimentarios, la consecución de más figuras de calidad que sumen a las 40 existentes, la consolidación del sistema de Conocimiento e Innovación y la potenciación de la investigación”.

Julián Martínez Lizán también ha destacado la mejora de la ejecución presupuestaria en este último ejercicio en 15 puntos, lo que significa haber ingresado en las cuentas de agricultores y ganaderos 223 millones de euros más que en 2023 en las mismas fechas para garantizar su liquidez y dar respuesta a una demanda que viene haciendo, por encima de otras cuestiones, “un reto para próximos años en el que vamos a trabajar para seguir superándonos”.

Política Agraria Común

En cuanto a la Política Agraria Común, Lizán ha afirmado que se cumple el “compromiso” con el sector, ya que este año vamos a pagar más de 800 millones de euros a nuestros agricultores y ganaderos“. Dentro de esta cantidad, se incluye el anticipo del 70 por ciento de la PAC que asciende a 371 millones, incluyendo este año, los eco-regímenes y las ayudas asociadas a superficie y ganadería. El pago de éstas últimas se ha adelantado seis meses, todo un hito en la historia de la PAC. En cuanto a los saldos, se pagarán en el entorno de la Navidad.

También resaltó que en 2025 se van a transformar de secano a regadío 1.900 hectáreas y a modernizar 40.000 gracias a los 36,6 millones de euros presupuestados. Estos 36,6 millones se van a multiplicar por tres ya que van a tener una repercusión en la economía regional de 90 millones de euros.

El próximo año se seguirá apostando por la creación de empresas agrarias promovidas por jóvenes, para lo cual, se seguirán pagando las ayudas a los que se han incorporado en convocatorias anteriores. A este esfuerzo se suma la nueva convocatoria que “publicaremos en diciembre, que se resolverá en 2025 y que tendrá su reflejo presupuestario en el siguiente ejercicio”. En cuanto a la modernización de explotaciones, “en 2025 se va a producir una inversión sin precedentes gracias a los 110 millones presupuestados”. En desarrollo rural, los Grupos recibirán 39 millones para seguir realizando el “excepcional trabajo que hacen”.

Apalancar la potencia agroalimentaria que somos

Con la finalidad de apalancar “la potencia agroalimentaria que somos”, el consejero ha citado las acciones que se van a realizar entre las que destacan el incremento de presupuesto de asistencia a ferias internacionales, todo ello teniendo en cuenta que las exportaciones agroalimentarias suponen un tercio del total con un valor de más de 3.200 millones; asimismo, “continuaremos facilitando la asistencia a ferias nacionales y regionales”.

También crecerá la promoción de las figuras de calidad, amparadas todos ellas por la marca de garantía Campo y Alma, “que seguirá siendo la columna vertebral de nuestras actuaciones”. En esta línea, recordar que este año la Comisión Europea ha reconocido la calidad de los productos de la región con tres nuevas figuras, en vino la DOP Campo de Calatrava y la DOP Rosalejo, y en productos agroalimentarios la IGP Espárrago Verde de Guadalajara “y vamos a conseguir más en 2025”.

En las ayudas a los proyectos de inversión en la industria seguirán teniendo un trato preferente la creación de empleo, los proyectos promovidos por entidades asociativas, los realizados en zonas despobladas y los ligados a sectores específicos como el del pistacho. “En estos proyectos se priorizan también las inversiones realizadas por mujeres o personas jóvenes, así como las que afectan a productos de calidad diferenciada”. “Y por supuesto continuaremos con programas señeros como los FOCAL Y VINATI que tanto están contribuyendo a la modernización del sector”.

Más seguros y más vigilancia de enfermedades 

“Vamos a seguir apoyando los seguros agrarios como venimos haciendo desde 2015. Desde entonces hemos pasado de 4,5 a los 9 millones de este año y el próximo serán 10,5 millones, una apuesta firme y la mejor manera de apoyar a los agricultores en el caso de sufrir adversidades climáticas como cada vez son más recurrentes”, ha indicado Martínez Lizán.

En cuanto a los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades animales, contarán con 3,9 millones en la anualidad 2025. Asimismo, desde el Gobierno regional se sigue haciendo frente a las enfermedades que afectan a la cabaña ganadera para lo cual, en 2025 se va a publicar una nueva línea de ayuda para productores de ovino y caprino dotada con 2,5 millones. En total “6,4 millones lo que supone un incremento del 150 por ciento respecto al presupuesto anterior, lo que denota la importancia que damos al sector ganadero, sobre todo al extensivo”, ha dicho el consejero.

Conocimiento, innovación y capacitación digital

Otra novedad de cara al próximo ejercicio es el importante volumen de fondos que se va a destinar a los Sistemas de Conocimiento e Innovación a través de las ayudas al Asesoramiento, la Formación y la constitución de los Grupos Operativos para el desarrollo de proyectos piloto. “En total, 7,5 millones de los 15 que vamos a destinar en todo el período 23-27”.

Y también como novedad, citar el Plan de capacitación digital de agricultores y ganaderos que tendrá 1,9 millones, en línea con el Plan Estratégico de Digitalización de la Consejería anunciado por el presidente en el Debate del Estado de la Región.

En cuanto a las infraestructuras de investigación, el incremento en el presupuesto del IRIAF que dispondrá de 10,5 millones, un 4,8 por ciento más que en 2024, se dedicará a mejorar las instalaciones de los centros de investigación a la adquisición de nuevos equipos científicos y maquinaria agrícola. Todo ello incrementando el personal investigador y su estabilidad laboral.

La sanidad animal, la incorporación de jóvenes al campo y la reforma de regadíos serán los apartados que más verán incrementada su partida presupuestaria en las cuentas del próximo ejercicio, según ha desgranado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán.

En una entrevista con Europa Press, ha señalado que si bien la mayoría de los fondos de los que dispone son finalistas y tienen el objetivo marcado de serie, hay partidas en las que se pueden hacer retoques para orientar las políticas que ha de acometer su departamento.

El capítulo 1 de gastos de personal irá al alza para asumir los incrementos salariales establecidos; y en otros apartados se reducirán partidas para poder destinar más cuantía a la ayuda a los agricultores.

El apoyo a la incorporación de jóvenes será una de las facetas que dispondrá de más dinero, tanto para inicio de actividad como para gestión; y se mejorará el presupuesto para la reforma de regadíos, con una “apuesta importante” para conseguir que los sistemas del campo regional consigan “la máxima eficiencia” de cara a “dar ejemplo al resto de comunidades”.

La última convocatoria de ayudas para la renovación de regadíos alcanzó los 15,3 millones de euros, pero ante un volumen de peticiones importante por parte de las comunidades de regantes de toda la región, el esfuerzo tuvo que ir a más, pasando a 34,6 millones de euros que irán para 68 de ellas. Proyectos que ahora tienen que culminarse para apurar al máximo el dinero disponible en consonancia a lo establecido en el Plan de Desarrollo Rural.

La lucha contra las enfermedades ganaderas, tras un 2024 con varios contratiempos, también dispondrá de más dinero en caja. “Vamos a incrementar la partida destinada al apoyo al sector ganadero en el caso de que aparezcan enfermedades”, ha confirmado el consejero.

El capítulo destinado a seguros agrarios dispondrá de más ceros para “facilitar la contratación” en el sector del campo, con la vista puesta en incrementar al menos en 1,5 millones de euros, completando un camino que ha llevado a invertir de cerca de 3 millones en 2015 a más de 10,5 el próximo ejercicio, triplicando el esfuerzo presupuestario.

“Es una apuesta de verdad decidida, de apoyo, más aún cuando las adversidades climáticas no están de forma directa reguladas por ayudas que pudieran ofrecerse por parte de alguna administración”, ha señalado.

Reforma del Estatuto de las Mujeres Rurales

En otro orden de cosas, ha avanzado que el trabajo legislativo de su departamento centrará esfuerzos en el corto plazo en preparar una reforma del Estatuto de las Mujeres Rurales.

En esta línea, ha considerado que toca hacer “una revisión” para conseguir “la participación completa” de la mujer, así como su reconocimiento en un mundo que “ha estado muy masculinizado” en la visualización, no así en la mano de obra.

Según apunta, actualmente la participación de la mujer a la hora de solicitar subvenciones tiene prioridad “por norma”, para así facilitar que se visualice su trabajo. Como dato, ofrece que el 34% de las solicitudes de nueva incorporación al campo ya es de una mujer; tasas similares a lo que ocurre en solicitudes de la PAC o el número de autónomos que trabajan en el campo.

“La tercera parte de todas las personas que gestiona la vida agrícola y ganadera de la región son mujeres, también en las decisiones que se están tomando en las diferentes empresas y cooperativas de Castilla-La Mancha”, defiende Martínez Lizán, quien apunta que “se ha dado un salto importante en la participación de la mujer en los órganos de dirección” hasta el 41%.

Pero, en todo caso, se trata de un trabajo que “todavía hay que reforzar para conseguir que la participación sea real”. “No hay una familia de agricultores en la que solo trabaje uno de los dos. Queremos trabajar más para que las mujeres estén integradas de pleno, con un reconocimiento que se merecen y que históricamente no ha sido así”, ha rematado.

Las previsiones de relevo, superadas

Entrando en el capítulo del relevo generacional y de las ayudas para la incorporación de jóvenes, Martínez Lizán ha exhibido que son casi 4.000 las conseguidas en los últimos dos mandatos, logrando una tasa de más del 90% de mantenimiento,

La intención ahora es conseguir 2.000 en esta legislatura, pero vaticina que las previsiones terminarán por superarse, algo que refleja que “el sector es atractivo” y que ha provocado que el Gobierno autonómico decida hacer “una apuesta importante de incrementar las ayudas”.

Extremadura pone en marcha proyecto de modificación del Decreto para incentivar el autoconsumo y renovables, con una inversión de 40 millones de euros.

La medida también afecta a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, según la resolución de la Secretaría General publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Se acuerda la apertura de la fase de consulta pública previa, sugerencias y del periodo de audiencia e información pública, cuyo plazo es de siete días hábiles desde la publicación de esta resolución.

La modificación del decreto responde a los cambios realizados en la normativa estatal, exigiendo el principio de seguridad jurídica que se transpongan en las bases autonómicas. Debido a la alta demanda y los créditos iniciales asignados a Extremadura, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible solicitó al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una ampliación de la financiación, concedida el pasado mes de diciembre.

Gracias a ello, se dispondrá de 40.395.116,34 euros para estos incentivos, lo que permitirá atender a un mayor número de solicitudes presentadas.

La previsión es de una potencia de generación renovable total (autoconsumo eléctrico y energía térmica) de 56,819 MW y una capacidad de almacenamiento de 12,649 MWh. Este programa se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.

Con más de 450.000 hectáreas cultivadas, la superficie del olivar ya supera a la del viñedo en Castilla-La Mancha. El “oro líquido”, el aceite de oliva, es una de las “mayores riquezas patrimoniales” de la región. 

Así lo resaltó el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizana, en la apertura de la cuarta edición de NaturAceite, evento profesional organizado por elDiario.es Castilla-La Mancha y su sección Agroalimentaria, con el apoyo del Ayuntamiento de Mora, AgroBank y Alfa Laval Iberia.

El evento contó también con la colaboración de las almazaras Familia Corbel, Oleo Quirós de Manzaneque y la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua de Mora, además de Qualery y la marca de alimentos de Castilla-La Mancha, Campo y Alma.

Lizán resaltó que ya se observa una recuperación del sector del olivar, sobre todo si se tienen en cuenta el crecimiento de la producción, tras pasar “diferentes penurias” con eventos como Filomena.

262 son las almazaras que hay en Castilla-La Mancha que junto a las 253 envasadoras hacen un conjunto de 83.000 viticultores. Por tanto, para el Gobierno regional no solo se trata de un sector puntero en superficie cultivada, sino también en valor humano.

El alcalde de Mora, Emilio Bravo, resaltó la localidad toledana como una de referencia en el sector, en especial por organizarse en el inicio de las Fiestas del Olivo de Mora. El edil defendió que junto al Gobierno regional defienden “lo mismo” que es el “futuro de la agricultora” y por ende también del sector olivarero.

Bravo destacó la presencia de los “máximos representantes” de las distintas instituciones necesarias para trabajar en los avances del sector, desde las organizaciones agrarias, hasta las almazaras y los consumidores. 

El edil también ha resaltado que se espera mejora en la producción, especialmente tras dos campañas “malas”. “El aceite de oliva vale lo que los consumidores están dispuestos a pagar”, resaltó Bravo.

En la apertura del evento intervino también Pedro Antonio Martínez, director territorial de AgroBank en Castilla-La Mancha y Extremadura que resaltó la importancia que tiene el debate en un sector “tan candente” como el del aceite.

El consejero también explicó en su intervención durante la apertura del evento que ahora se plantea un momento de recuperación en el sector agroalimentario tras “posiblemente” uno de los “más complicados”, debido a fenómenos como la sequía o afecciones del sector animal. Igualmente, ha resaltado que la realidad geopolítica mundial ha establecido conceptos “completamente diferentes” a la planificación que se había planteado.

“Se han incrementado los costes de producción y en este sentido ha habido que intentar vadear el río demasiadas veces, con demasiadas complicaciones”, señaló. De todos modos, también aseguró que el sector es resiliente y que ha sido el buen hacer de los productores son los que “llevan adelante nuestro concepto de agricultura, algo que es fundamental”.

A la vez, destacó la calidad de los aceites de la región, que ya se enmarcan en cuatro denominaciones de Origen Protegidas: Aceite Montes de Toledo, Aceite Campo de Calatrava, Aceite Campo de Montiel y Aceite de La Alcarria. Todas se encuentran enmarcadas en la marca de garantía 'Campo y Alma'.

Martínez Lizán también quiso resaltar el papel de los medios de comunicación en la difusión y debate alrededor del sector agroalimentario, “trasladando la información, noticias e inquietudes, aclarando conceptos y plasmando la realidad de nuestro mundo agropecuario”. Finalmente, destacó que NaturAceite es una jornada “referente” en materia de olivar, demostrada por su capacidad de convocatoria.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha modificado las competencias de algunos de sus órganos directivos para alcanzar “mayor eficacia, eficiencia y agilidad en su desarrollo”. De este modo se regula la forma de designación del organismo especializado de control de los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que se incluyen en el concepto de condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei).

Esta nueva regulación hace que sea necesaria la derogación del Decreto 15/2007, de 13 de febrero, por el que se designan organismos especializados para velar por el cumplimiento de los requisitos legales de gestión y de las buenas condiciones agrarias y medioambientales, según el decreto firmado por el consejero Julián Martínez Lizán.

Por otro lado, reconoce que las competencias y la gestión de las ayudas del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC) relacionadas con el Sistema de Conocimiento e Innovación Agrícola (SCIA) “no tienen el oportuno reflejo” en la estructura de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

De este modo, es necesaria su redefinición. Así, en la Dirección General de Desarrollo Rural se suprime la competencia de gestión y resolución de las ayudas comunitarias cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), destinadas a la formación y divulgación agraria y rural, puesto que no hay ayudas cofinanciadas con dicho fondo destinadas a la formación y a la divulgación agraria y rural.

Gestiones que se suprimen y otras se añaden

Asimismo, de las competencias de gestión y resolución de las ayudas a favor de la competitividad y sostenibilidad del sector agrario, cofinanciadas por el Feader de la Dirección General de Desarrollo Rural y Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas se suprime el asesoramiento de explotaciones agrarias en la primera y la cooperación para la realización de proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el sector agroalimentario en la segunda.

En la Dirección General de Agricultura y Ganadera se suprime, igualmente, la ayuda cofinanciada por Feader para proyectos piloto en sanidad de la producción primaria.

Por último, en las funciones de la Viceconsejería de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, a la de planificación, diseño de medidas, seguimiento y evaluación del Sistema de Conocimiento e Innovación Agraria (SCIA), las redes de la PAC y las acciones de transición digital en el medio rural relativos al PDR 2014-2022 y al Pepac en Castilla-La Mancha, se añade la gestión y resolución de las ayudas en materia de intercambio de conocimiento y transferencia de información; en materia de asesoramiento y en materia de cooperación de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, AEI.

Los agricultores de Girona han acordado que levantarán el corte de carreteras que, desde el lunes, bloquea la AP-7 una vez hayan recibido por escrito y firmados los acuerdos que los diferentes representantes del movimiento han alcanzado con el Departament de Acción Climática. Aun así, han asegurado que no se moverán de la autopista si no ven ratificados los compromisos. Así lo han decidido los concentrados en una asamblea a las 16 horas de la tarde del jueves.

El portavoz de Revolta Pagesa y del sindicato Unió de Pagesos, Jordi Ginebreda, ha lamentado que no hayan conseguido el cese del director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, pero se trataba de un un punto “innegociable” para la conselleria. Así que los campesinos se han “conformado” con el cese de su número dos, Jordi Molist.

El conseller, David Mascort, ha asegurado que los campesinos han imputado a Reyes quejas que no eran responsabilidad suya, como por ejemplo que no se hayan hecho inversiones desde la sequía de 2008. En cambio, sí que han aceptado que es necesario “reorganizar” el área de abastecimiento del agua de la ACA, liderada por Molist.

“Tenemos que trabajar para que la ACA tenga más sensibilidad hacia la agricultura y la ganadería. La plataforma agricultora se compromete a hacer una propuesta para ampliar la representación del sector primario en el consejo de administración de la ACA”, ha explicado el conseller David Mascort.

En este sentido, destaca que se haya acordado que las cuatro entidades presentes en la reunió (Unió de Pagesos, JARC, FCAC y Revolta Pagesa) participen en el debate de Política Agraria de la semana que viene en el Parlament.

Los concentrados también han celebrado el cambio del nombre de la conselleria, que pasará a llamarse Departament de Acción Climática, Agricultura, Ganadería y Pesca. “El DARP (por sus siglas en catalán) de toda la vida”, han celebrado los campesinos. “El nombre del Departament puede parecer una cuestión fútil, pero para los campesinos y ganaderos es una algo fundamental”, ha asegurado Mascort.

El Govern ja aceptado casi todas las peticiones de los concentrados, tras una reunión que ha durado más de cuatro horas. A la salida, el conseller Mascort ha anunciado que el Govern también adoptará una nueva ayuda “de mínimos” de 200 euros por hectárea en las zonas de regadío en las que no se haya podido regar debido a la sequía.

Un pino en la autopista

Esta cuarta jornada de protestas ha estado marcada por el enfado de los concentrados después de que este martes Mascort no se presentara a una reunión que había pactado con los agricultores. El conseller se disculpó haciendo referencia a asuntos personales, pero los payeses aseguraron que mantendrían el corte “de manera indefinida” hasta que Mascort les “deleitara” con su presencia.

Durante toda la jornada se han llevado a cabo diversas acciones, entre las que destaca un pino de 10 metros que los agricultores han plantado en la AP-7 a la altura de Pontós. Una máquina ha hecho un agujero en el asfalto y ha colocado una rueda a modo de tiesto. Después, otra máquina ha traído el pino y una retroexcavadora ha llenado el agujero de tierra.

Los agricultores navarros irán retirando a lo largo de la tarde de este viernes sus tractores del centro de Pamplona tras haber obtenido el compromiso del Gobierno foral de que se aplicarán mejoras fiscales para el sector primario para que no se encuentren “discriminados con respecto a otras provincias”.

Tras cuatro jornadas de protesta que han terminado colapsando las calles del centro de la capital navarra, que han tenido que ser cerradas al tráfico, los agricultores han acordado con el Ejecutivo de María Chivite “aligerar” Pamplona y continuar sus protestas en otros puntos de la comunidad foral a la espera de mantener otra reunión la próxima semana con los departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente y Hacienda para concretar las medidas pactadas.

Según ha explicado Salvador Moreno, portavoz del colectivo de agricultores movilizados esta semana, en la reunión con el Gobierno navarro en la que también han estado las principales organizaciones agrarias de la comunidad foral, UAGN, UCAN, EHNE y Alinar, se ha acordado aplicar una mejora fiscal, todavía por concretar, que se implementará en la declaración de la renta de 2025 pero que tendrá efecto retroactivo para 2024.

Por otro lado, el portavoz de los agricultores ha señalado que han “intentado pelear por el tema de quienes cobran el IVA al 0% por las medidas de crisis y están pagando IVA del 10%, del 20% y a final de año se les acumulan cantidades positivas hacia ellos”. “Ese tema nos dicen que no es competencia del Gobierno de Navarra. Sin embargo, lo van a trabajar, a ver si desde el Gobierno de Navarra se puede hacer algo para que se agilicen las devoluciones”, ha indicado.

También ha afirmado que el Ejecutivo foral se ha comprometido “a hacer un desarrollo del plan hidrológico y ahí englobamos agua, riegos, segunda fase del Canal de Navarra”. “Además, va a haber una vendimia en verde, tanto para DO Navarra como DO Rioja, de unas 1.100 hectáreas, 600 de DO Rioja y 500 de DO Navarra”, ha señalado.

En el ámbito de competencias que no son del Gobierno de Navarra, Salvador Moreno ha afirmado que el Gobierno “tiene voluntad de defender lo que sería la simplificación de la PAC, lo que sería trabajar con la ley de la cadena alimentaria, ahí sí que están muy sensibilizados, entienden que no podemos trabajar en competencia desleal, y ahí no hemos podido arrancar medidas concretas, pero es que tampoco les compete a ellos”.

En el tema de la gestión de estiércol y purines, según ha explicado el portavoz del colectivo “es competencia de Gobierno central”. No obstante, ha indicado que “ya no es que vayan a empezar a trabajar, sino que ya han hecho solicitudes para ampliar los plazos, eso ya está encima de la mesa y se está trabajando en ello”.

En cuanto al 'cuaderno digital', ha señalado que tampoco es competencia de Navarra, “pero sí que están sensibilizados y la tendencia podría ser a que cada uno elija la forma en la que lo quiere hacer, que también sería una buena idea”. “Hay chavales jóvenes que no le tienen miedo a los ordenadores y una persona mayor lo puede realizar en papel”, ha afirmado.

Algunos de los agricultores concentrados en el lugar han exigido compromisos firmes y por escrito respecto a sus reivindicaciones. En En todo caso, han pedido seguir siendo representados por las personas del colectivo que han acudido a la reunión y no por los sindicatos.

El portavoz de los agricultores en la reunión ha confirmado que irán retirando los tractores de Pamplona a los largo de la tarde de este viernes, pero ha añadido que seguirán protestando “en el resto de la comunidad porque las medidas que necesitamos y que no competen al Gobierno de Navarra tenemos que seguir peleándolas”.

Ha explicado que se reunirán próximamente de nuevo con el consejero y para acordar “cosas más concretas” y que han pedido al Gobierno de Navarra que retire “todas las denuncias” que los distintos cuerpos policiales les han interpuesto estos días por cortar el tráfico en diferentes puntos de la comunidad foral. “Nadie las hemos buscado pero la situación las crea, esto es una bola, con los días va aumentando la tensión, son cosas circunstanciales; tienen que desaparecer”, han expuesto.

Un grupo de agricultores navarros se ha dirigido este jueves, en la tercera jornada de protestas del sector primario en la comunidad foral, hacia la vivienda familiar de la presidenta del Ejecutivo navarro, María Chivite. Ha sido en torno a una decena de tractores la que ha recorrido desde primera hora de la mañana del jueves las calles de Gorraiz en dirección a la vivienda de la presidenta, según ha confirmado la consejera de Interior Amparo López.

La consejera López ha condenado estos hechos y ha aseverado que en las protestas “no cabe la interferencia en las vidas personales, en las familias, en los menores y en la protección de los entornos personales”. “Una cosa es el espectro profesional y otro el personal. Si nosotros desde el Gobierno de Navarra hemos manifestado especial comprensión a parte de las reivindicaciones no puedo más que pedir que se garantice el respeto a las personas”, ha apostillado.

Algunos agricultores mostraron su malestar hacia María Chivite después de que la presidenta de Navarra señalase la relación de algunos puntos de la protesta con las reclamaciones de Vox. “Algunas de las reivindicaciones que plantean, como derogar la Agenda 2030, se las hemos visto a los líderes de Vox”. aseguró Chivite el pasado martes.

Desde Interior han informado que en esta tercera jornada de protestas del sector agrario la tensión se ha intensificado, por lo que se han reforzado los dispositivos policiales, que han evitado que un mayor número de tractores acudiera a la vivienda de María Chivite. Tras protestar en Gorraiz, la columna de tractores ha emprendido la marcha hacia Pamplona, foco de las protestas en Navarra. La Policía Foral ha informado que se han producido quejas debido a que los tractores estaban tocando sus bocinas pero no se han producido incidencias ni denuncias y que los vehículos ya se han retirado del lugar.

Los agricultores también han provocado cortes en los accesos a la autovía sentido Pamplona, en el punto kilométrico 39 de la A-12, a la altura de Villatuerta. Según han informado desde SOS Navarra en sus redes sociales, el corte ha tenido lugar a las 8.10 horas y se ha habilitado una vía alternativa por la NA-1110, Galar-Viana y una incorporación en el punto kilométrico 36.

Además, a las 7:40 horas de la mañana ha tenido lugar una concentración de tractores en el polígono industrial Merkatondoa, en Estella, y a las 07.05 horas ha permanecido cerrada la A-12 desde el punto kilométrico 36 hasta el punto 44, entre Villatuerta y Ayegui.

Por otro lado, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha emplazado a las principales asociaciones del campo, a UAGN, EHNE, UCAN y ALINAR, a mantener una reunión este viernes para estudiar las reivindicaciones del sector y hacer una “lectura conjunta” de la situación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado para 2024 las ayudas para la prestación de servicios de asesoramiento en gestión integrada de plagas por parte de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal de Castilla-La Mancha a las que ha destinado 760.000 euros, según recoge la resolución publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

La finalidad de estas ayudas es apoyar el control integrado de plagas y enfermedades, así como el uso sostenible de fitosanitarios, “un apoyo fundamental para prevenir y evitar la entrada de nuevas plagas o enfermedades de nuestros cultivos que con el cambio climático son cada vez más frecuentes”, en palabras del director general de Ordenación Agropecuaria, Joaquín Cuadrado.

Las ayudas podrán solicitarlas las Agrupaciones de Sanidad Vegetal que serán las encargadas de prestar el servicio de asesoramiento en gestión integrada de plagas a los agricultores y agricultoras titulares de pequeñas y medianas empresas agrícolas que, por tanto, serán las personas beneficiarias de esta ayuda en especie.

Con los 760.000 euros, las Agrupaciones de Sanidad Vegetal podrán financiar el 50 por ciento del salario bruto del personal técnico; también se financiarán hasta un máximo de 2.000 euros los gastos en adquisición de material de control y seguimiento de plagas, gastos en ensayos de laboratorio y la adquisición de aplicaciones informáticas para la captura y procesamiento de información relacionada con el control y monitoreo de plagas; por último, también se financiará hasta con 500 euros la compra de dispositivos electrónicos portátiles para facilitar las labores de captura de datos relativos al seguimiento de plagas y la formación en materias relacionadas con la gestión integrada de plagas.

En cuanto al plazo de presentación de las solicitudes será de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de la comunidad autónoma.

El 97 por ciento de la superficie forestal pública de la comunidad autónoma cuenta con un plan técnico de gestión forestal sostenible, lo que de acuerdo con Gobierno regional coloca a la Región de Murcia a la cabeza de España en cuanto a porcentaje de superficie forestal pública ordenada.  

Además, gracias a las ayudas a montes privados, cofinanciadas por la Comunidad Autónoma y fondos FEADER, se ha redactado un “número notable” de planes técnicos de gestión forestal sostenible en montes privados. De forma que, en los últimos años, se ha hecho “un importante esfuerzo para garantizar la gestión forestal sostenible de los montes de la Región”, según manifestó hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en el acto de entrega de diplomas de adhesión a gestores de montes y empresas forestales de la Región. 

La certificación como garantía de que los productos derivados de los bosques responden a un modelo de gestión forestal responsable es el objetivo del Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal sobre el que viene trabajando la Comunidad Autónoma a través de la Consejería. 

Luengo ha asegurado que la certificación forestal se ha convertido en los últimos años “en la mejor garante de la trazabilidad de los productos derivados de los bosques desde su punto de origen, pasando por transformaciones, fabricaciones y distribuciones, hasta el usuario final”. Subrayó que “no es una cuestión menor en nuestros días, cuando las exigencias en materia de sostenibilidad se convierten en una verdadera necesidad que ha de ser afrontada con plena convicción y verdadero sentido del compromiso y la responsabilidad”. 

De acuerdo con la consejería, la certificación forestal cuenta con unos claros beneficios, tanto ambientales como sociales, como son la prevención de talas ilegales y el control de trazabilidad de los productos forestales; el fomento de la gestión forestal sostenible en los montes que son objeto de aprovechamiento; la contribución a una economía baja en carbono; el acceso a nuevos mercados y un mejor posicionamiento en licitaciones públicas; o el fomento del desarrollo rural y la reducción de la despoblación en zonas rurales. 

Asimismo, la certificación de una gestión forestal sostenible se traduce en una concatenación de certificaciones: montes certificados, de los que empresas certificadas extraen productos que obtendrán, a su vez, su certificación. 

Certificaciones 

En los últimos años, se han certificado 23 montes, de los cuales 16 son públicos y siete privados, de modo que todos los productos obtenidos de los mismos son potencialmente certificables. Para llegar a ese punto, las empresas involucradas en el desarrollo de trabajos de aprovechamiento y comercialización de biomasa también deben estar certificadas. Por ello, el Grupo Operativo Biomasmur estableció entre sus objetivos la certificación en cadena de custodia de 11 empresas forestales de la Región de Murcia. 

Además, el pasado año se creó el Grupo Operativo Biofomento, que aglutina a ocho de las empresas forestales certificadas y que ha trabajado en la creación de un centro logístico en el que se comenzará a producir biomasa certificada bajo el sello del Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal. “Así, las empresas certificadas pueden acceder a nuevos mercados en condiciones de revalorización económica del producto y también se garantiza la sostenibilidad de los mismos, ya que se asegura que proceden de montes certificados, cerrando de este modo un círculo virtuoso”, concluyó Luengo. 

El vicealcalde de Lorca y concejal portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca, Francisco Morales, ha vuelto a exigir que el municipio albergue la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia.

Francisco Morales ha mostrado su satisfacción por la llegada a Lorca de una “sede del gobierno regional” en la antigua Cámara Agraria, “17 años después de su abandono en 2005”, tras exigir a la CARM que dote al municipio de las “infraestructuras administrativas autonómicas que Lorca merece”, pero recuerda el apoyo del Pleno Municipal a su propuesta más beneficiosa para trasladar al municipio toda la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Morales ha reiterado que esta propuesta, que fue aprobada en el pasado Pleno de febrero, “será muy positiva para Lorca, suponiendo una excelente oportunidad para mejorar su economía, sus infraestructuras y su posicionamiento a nivel regional, además de favorecer la cohesión territorial en nuestra comunidad”.

Ciudadanos Lorca logró la aprobación del traslado de esta consejería a Lorca, reconociendo nuestra posición como tercer municipio de la Región de Murcia, la relevancia del sector primario en nuestra economía y su especial vinculación con nuestra comunidad autónoma.

En la moción, Ciudadanos no solicitó un simple traslado nominal, que sería “algo irrelevante”. Se pidió el traslado físico tanto de la consejería como de todos los organismos que la componen, lo que supondría que Lorca fuese receptora de centenares de empleados públicos, percibiendo rápidamente todo el municipio la repercusión económica al incrementarse el consumo en nuestros negocios, la vida en nuestras calles y al dotar de una nueva significancia a Lorca, más que merecida, en el conjunto del engranaje regional.

La Fundación Consejo Regulador Denominación de Origen Protegida Azafrán de La Mancha y la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en colaboración con el Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP), han organizado el curso “La tendencia actual de la producción de azafrán en Castilla-La Mancha” que se celebrará el martes 15 de marzo en el salón de actos de la Diputación de Albacete.

Según ha señalado esta DO, la jornada técnica es una apuesta por el futuro del Azafrán de La Mancha, el único que, a nivel nacional, está reconocido por la UE como alimento de calidad diferenciada, desde el compromiso de mantener, cuidar y mejorar este cultivo tradicional cargado de connotaciones y apostando, a la vez, por soluciones científicas que permitan superar circunstancias coyunturales como la bajada del rendimiento en los últimos dos años.

“Los productores tenemos que ser conscientes de que el azafrán que cultivamos es único en el mundo y además es mucho más que un producto agrícola, es un elemento fundamental para entender la historia de La Mancha. Tenemos la responsabilidad de continuar produciendo y a la vez de salvaguardar sus aspectos históricos, culturales y etnográficos”, ha explicado Carlos Fernández, presidente de la DOP Azafrán de La Mancha.

Por este motivo, en este curso, en el que participarán 50 productores de azafrán, intervendrá un panel de expertos en cuestiones relacionadas con la producción, las técnicas de cultivo, plagas y enfermedades, el clima o el cultivo del azafrán en condiciones controladas con el fin de que los agricultores puedan disponer de herramientas que les permitan mantener la producción y hacer frente a circunstancias adversas.

Programa del curso

La jornada comenzará a las 9 de la mañana con la presentación que correrá a cargo de la presidenta del ITAP, Amparo Torres, y del presidente de la DOP Azafrán de La Mancha, Carlos Fernández. Posteriormente, habrá un primer bloque de intervenciones: a las 9.30, el gerente de la DOP Azafrán de La Mancha, Pedro M. Pérez, hablará sobre el “Comportamiento de la producción en la DOP en los últimos años”; a las 10.00, el físico y meteorólogo de Meteored, José Miguel Viñas, explicará “La tendencia en el cambio del clima en Castilla-La Mancha”, mientras que Rodolfo Encarnación, gerente de Corporación de Operadores de Azafrán Español, CEAE, aportará la perspectiva del productor en una charla titulada “Evolución del rendimiento en la zona de producción de la DOP”.

A las 11.30 comenzará el segundo bloque de ponencias: “Efecto de las técnicas de cultivo sobre el rendimiento”, a cargo de Horacio López Córcoles, jefe de Servicio de I+D del ITAP; “Influencia de la temperatura en la floración del azafrán. Extensión del periodo de cosecha”, que impartirá Rosa Victoria Molina, catedrática del Departamento de Producción Vegetal de la UPV; “Plagas y enfermedades que potencialmente pueden afectar al rendimiento del azafrán”, por Ramona María Muñoz, responsable del Servicio de diagnóstico y asistencia fitosanitaria del ITAP, y finalmente “Cultivo del azafrán en condiciones controladas: un enfoque práctico”, a cargo de Carlos Repiso, consultor.

Tras la comida, se celebrará la última ponencia, “Cultivo del azafrán en condiciones controladas: fundamentos y resultados”, que impartirá Miguel Valero, jefe de obras, explotación y proyectos de SEISASA y habrá una mesa redonda en la que se identificarán las causas más probables de la caída del rendimiento y se hará una propuesta de medidas correctivas y preventivas.

A las 17.30 horas de la tarde está prevista la clausura que realizarán la directora general de Agricultura y Ganadería de la Junta, Cruz Ponce, y el presidente de la DOP.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, exigirá mañana al consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, explicaciones detalladas sobre los efectos de la multiplicación de macrogranjas en la Región y, más concretamente, por lo que considera “una proliferación de balsas de purines sin ningún tipo de control”.

Luengo, que comparece este miércoles en la Asamblea para dar explicaciones sobre la situación del sector ganadero y de la industria cárnica en la Región, deberá dar cuentas de lo que desde Podemos consideran “una clara desidia que es la mayor amenaza, no solo para el medioambiente sino también para el propio sector ganadero, pues favorece a un puñado de empresas piratas frente a la inmensa mayoría del sector, concienciado con su tierra y con hacer las cosas bien”.

Según datos facilitados por la propia Consejería, denuncia Marín, “las inspecciones anuales no llegan ni a una quinta parte de las explotaciones”, algo que en Podemos califican de “inadmisible en zonas que deberían estar permanentemente controladas y cuyos acuíferos han sido declarados oficialmente en riesgo por la alta contaminación por nitratos”. La declaración de alto riesgo afecta ya de hecho no solo a la comarca del Mar Menor, sino también al Bajo Quípar, Bullas, Caravaca y Mula, una eutrofización de los cauces que Marín considera “la mayor amenaza actual para estas comarcas y para el futuro de nuestros pueblos”.

Los controles de las explotaciones agrarias en la zona del Mar Menor también dejan en opinión de la formación morada “mucho que desear”. El Plan de Inspección publicado por la Consejería de Medio Ambiente cifra en 500 las actuaciones previstas para el periodo 2022-2024, “un número ridículo que convierte en papel mojado la ya insuficiente Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor”. Desde Podemos denuncian además que el Plan de Inspección de Luengo contempla “inspecciones con aviso previo, que tienen muy poca utilidad” y contraponen esta estrategia a la llevada a cabo por el Seprona la semana pasada, que detectó el uso de fertilizantes prohibidos y pozos ilegales en más de 140 fincas en una inspección exprés.

En los últimos días, el runrún de fondo sobre la lamentable (RAE, 1. que es digna de ser lamentada y 2. (aspecto, estado) que está muy desmejorada o maltrecha) situación de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aumenta rápidamente en decibelios y velocidad de transmisión.

La falta de personal para prestar los servicios públicos es escandalosa, la dificultad para velar por el interés general sigue su escalada, las denuncias de nepotismo en la asignación mediante comisión de servicios de puestos de trabajo “sensibles” es motivo de charla y crítica diaria, las denuncias de represalias políticas sobre empleados públicos ejemplares trascienden a la prensa, los comentarios sotto voce sobre las presiones para condicionar el trabajo administrativo y sus resultados continuo.

En realidad, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha sido el único departamento del Gobierno Regional donde el inservible Protocolo para la prevención, identificación y actuación frente al acoso laboral en la Administración Regional ha detectado un caso de acoso laboral. Vaya por delante que dicho protocolo parece más diseñado para proteger a los acosadores que a las víctimas y que la revictimización de la persona acosada es harto frecuente. 

En la Administración Regional se padece un grave problema de gestión de recursos humanos, con una normativa que permite la perversión en su asignación eficaz y eficiente. De tal situación podemos responsabilizar al Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo, a la caracterización de los concursos de méritos generales y específicos o a la falta de regulación objetiva en la asignación de comisiones de servicio. En definitiva, a la falta de criterios objetivos, por escrito, públicos y recurribles en vía administrativa y judicial. No obstante, este es un problema global que afecta a la totalidad de la Administración General de la CARM y a sus organismos autónomos, no es específico de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Lo específico de la Consejería de Agua es que padece un problema, acentuado con el tiempo, de credibilidad relacionado con la aplicación de la normativa en la que tiene competencia, de un número insuficiente de personas para ejecutarla y hacerla efectiva, de una protección insuficiente de todos aquellas personas que ostentan potestades públicas de ejecución y sanción. De ahí a la denuncia pública o privada, esta última en voz alta o, con más frecuencia abonico, que se viene produciendo desde hace años, especialmente con el nombramiento como Jefa del Servicio Jurídico de una persona de otra administración pública, aunque la situación se arrastra desde prácticamente siempre, con conatos de “soluciones a las bravas” como fue la invención del ARCA (leer entre otros La épica y el ARCA o La Agencia del Clima y del Medio Ambiente (ARCA) es para el verano) o las actuaciones poco meditadas y con consecuencias en la gestión técnica y administrativa de la primera sopa verde en el Mar Menor. 

En una consejería como la de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente no extraña que las organizaciones sindicales reciban habitualmente quejas, llamadas telefónicas de asesoramiento o directamente la exposición de una situación de actitudes directivas que colisionan directamente con la independencia de las personas funcionarias en la aplicación de las leyes, o que se les recuerde al personal interino cuál es su situación laboral cuando su celo profesional coincide con el espíritu y con el texto de las leyes. 

En el periodo 2015-2019, el Protocolo para la prevención, identificación y actuación frente al acoso laboral en la Administración Regional se ha activado en 15 ocasiones. En 7 de ellas el expediente se cerró por desistimiento de las personas denunciantes, 5 se desestimaron por no cumplir los requisitos para la caracterización de acoso, 1 sigue en estudio y en otra más, se concluyó que “no se puede descartar que los hechos investigados se encuadren (...) como conductas constitutivas de acoso laboral por un abuso de autoridad concretado en una acción de represalia (…) por haber planteado sus opiniones técnicas contrarias a la organización, que ha supuesto presiones hacia ella y han terminado en quejas y demandas frente a la organización”. Hay que aclarar que cuando un servicio de prevención afirma que “no se puede descartar” hay que leer “existe acoso laboral”. Este último es el único caso, lo dijimos al principio del artículo, de acoso laboral detectado por un Protocolo normalmente inservible, y se desarrolló durante al menos un año en la Consejería de Agua. 

Nos encontramos, entonces, ante una situación que trasciende la normativa autonómica en la gestión de recursos humanos. Los problemas laborales existentes no son debidos, no al menos en parte, a un mal clima laboral o a reivindicaciones profesionales. Las denuncias de politización, de represalias políticas, de asignación arbitraria de puestos de trabajo de acuerdo con afinidades o una mayor o menor flexibilidad en la interpretación y aplicación de las leyes, de presiones más o menos veladas de acuerdo con la relación contractual del profesional con la Administración Regional, de desembarco de personal de otras administraciones con criterios más laxos para firmar tal o cual resolución, de burla de la legislación en materia de personal, de asignación diferente de cargas de trabajo, de “prisas” para resolver determinados expedientes, son frecuentes e indican un problema grave en la Consejería de Agua. 

Una organización que es incapaz o que no quiere ver la situación interna poco hará para actuar. Si además se percibe una sintonía indisimulada entre intereses económicos y/o corporativos, que presionan para sustituir el control público de la legislación por otro público privado, y la dirección de la consejería, poco ayuda.