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Vox tensa su pacto de Gobierno con el PP en Murcia e insiste en tramitar una ley del Mar Menor a la medida del lobby agrario

Foto de archivo (10/07/2023).- El Parlamento murciano admite a trámite la reforma de la ley del Mar Menor de Vox que da alas al agronegocio. EFE/Morell

Álvaro García Sánchez

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El mayor punto de fricción en la legislatura entre PP y Vox en la Región de Murcia tras escasos siete meses de andadura conjunta se pondrá en evidencia en un debate que promete ser tenso y no demasiado productivo en la sesión plenaria de la Asamblea regional del próximo miércoles 17 de abril, si así lo avala la Junta de Portavoces. Este lunes, la Mesa de la Cámara murciana ha admitido a trámite la propuesta del partido ultraderechista de reformar, bajo sus particulares criterios, la ley de protección del Mar Menor aprobada en la Comunidad en el año 2020.

Mientras los populares del Ejecutivo han asegurado en los últimos meses, tanto a través de su consejero de presidencia, Marcos Ortuño, como en palabras del propio presidente regional, Fernando López Miras, su intención de no apoyar “ninguna reforma que suponga la más mínima desprotección y retroceso para el Mar Menor”, su aliado en San Esteban sigue cumpliendo pasos legislativos con un proyecto de ley que da manga ancha al sector agrícola y ganadero del Campo de Cartagena y que elimina, además, parte de las consideraciones ambientales del texto original en favor, resalta el nuevo, de garantizar los aprovechamientos “públicos o privados, ya sean urbanísticos, agrícolas, ganaderos, pesqueros, industriales, recreativos o de cualquier otro tipo que se desarrollen en la laguna y en su cuenca vertiente”.

Preguntado por elDiario.es de la Región de Murcia sobre las cuestiones más peliagudas de la reforma aceptada por el Parlamento de la ciudad portuaria, el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Miguel Ángel Esteve afirma de manera contundente que “la propuesta que hace Vox va dirigida a dar un apoyo sustancial a los negacionistas del problema del ecosistema, que piensan, especialmente, que las intensas actividades agrarias y ganaderas no inciden en su deterioro”.

El proyecto planteado por los de José Ángel Antelo es, sin medias tintas, un claro guiño al lobby agrario murciano, a la Fundación Ingenio y a sus premisas en contra de las normativas gubernamentales y comunitarias más vindicadas en las manifestaciones agrícolas de las últimas semanas. 

Para el coordinador regional de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, “algunos de los apartados que se plantean en la reforma son, incluso, de dudosa legalidad”. “Todo lo que suponga incumplir la normativa europea de nitratos”, sostiene el ecologista, “no puede aprobarse en un parlamento regional”.

La tensión entre ambos socios de Gobierno con respecto a la protección o desprotección de la laguna salada es palpable desde hace un tiempo: surgió por vez primera durante las negociaciones de investidura que ambas formaciones protagonizaron a lo largo del verano. En aquel momento, Vox llegó incluso a exigir la derogación de la ley a cambio de su ‘sí’. Los populares en ningún momento contemplaron esa opción. 

La disparidad de opiniones, una vez asentada la legislatura y con Vox ocupando la vicepresidencia y dos consejerías, se acentuó en el Consejo de Gobierno del pasado 29 de febrero, cuando el propio Antelo llevó a sus compañeros un borrador físico del proyecto. Desde entonces, el PP se refirió a sus socios con cierto desapego: “Vox está legitimado para elaborar esta iniciativa parlamentaria en solitario”, pero “nosotros -el PP- también lo estamos para posicionarnos como consideremos oportuno”, explicó Marcos Ortuño tras la reunión. 

Transcurridos un mes y una semana desde aquel desencuentro, el trámite de la reforma ultraderechista sigue su curso en la Asamblea, y se someterá finalmente a debate y votación en el pleno del miércoles de la próxima semana, a falta de la corroboración de la Junta de Portavoces. “Es importante que se hable en la Asamblea de algo tan valioso como el Mar Menor. Es bueno que debatamos sobre esta iniciativa parlamentaria” ha manifestado en un primer momento el portavoz popular Joaquín Segado.

Nada más conocer la noticia de la admisión a trámite de su propuesta, el portavoz de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpáñez, ha dejado claro, en diálogo con este periódico, que la actual ley del Mar Menor “no es compatible con la agricultura, ni con la construcción, ni la promoción inmobiliaria ni, en definitiva, con el desarrollo turístico y económico de toda la zona”.

El nuevo documento modifica el Artículo 1, el del objeto de la ley original de 2020, suprimiendo el apartado en el que aboga por “la protección, la recuperación, desarrollo y revalorización de la riqueza biológica, ambiental, económica, social y cultural del Mar Menor”. La protección y la recuperación dejan de ser una prioridad para Vox, a juzgar por esas líneas redactadas al comienzo. A partir de ahí, las medidas se segmentan en diversos bloques.

En sintonía con la agroindustria

La práctica totalidad del texto de la reforma está dirigida a satisfacer las pretensiones del sector agrícola y ganadero que concentra sus cosechas en torno al litoral de la laguna. La intención primera de los ultraderechistas es rebajar a rango de reglamento varios puntos de la actual ley que regulan ambas actividades. “Determinados aspectos específicos que inciden en el día a día del Mar Menor no tienen que estar regulados por la ley, sino por un reglamento que permita tomar medidas a la mayor brevedad”, ha expresado Martínez Alpáñez. Bajo ese fin, se eliminaría el capítulo V, la sección primera del capítulo VI y el anexo III, espacios todos donde se ubican las restricciones a nuevas explotaciones porcinas o a sus ampliaciones y las obligaciones de impermeabilización de los sistemas de almacenamiento de deyecciones.

“La anterior ley atribuye al sector ganadero la contaminación del acuífero Cuaternario del Mar Menor. A eso hay que ponerle solución. Pero las filtraciones de la ganadería en Fuente Álamo no tienen ninguna relación con ese acuífero. No puede criminalizarse a los ganaderos del municipio de algo que no es su responsabilidad”. La reforma de Vox, tal y como ha señalado su portavoz, propone excluir sin demasiadas justificaciones al municipio de Fuente Álamo, donde se concentran la mayor parte de las granjas de ganado de la Región de Murcia, de los lugares sometidos a restricciones especiales por situarse sobre las aguas subterráneas de la laguna.

“La cuenca vertiente es la que es, y el acuífero está donde está. Eso no puede cambiar. Es una cuestión geográfica. La afección de Fuente Álamo con la agricultura y la ganadería hacia la laguna es clarísima. Se ha permitido que granjas de cerdos se instalen sin controles suficientes, y se pretende sacar ese municipio de la cuenca vertiente para evitar tener que tomar medidas sobre esos incumplimientos”, apunta en este sentido Pedro Luengo.

El propósito de establecer una normativa más laxa en cuestión de agricultura también salta a la vista. El texto de la reforma hace desaparecer de un plumazo la limitación de actividades a los terrenos más próximos a la costa de la albufera, así como la obligación de implantación de estructuras vegetales de conservación, las restricciones en el uso de fertilizantes y la implementación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos en la desalobración. Todas esas medidas, de aprobarse la proposición, pasarían a formar parte de otro reglamento, que sería fácilmente modificable, y sin necesidad alguna de pasar por la Asamblea, por la Consejería de Agricultura. “No estamos recortando ninguna limitación. Solo proponemos que la normativa específica del sector agrario no esté recogida en la ley, tal y como sucede con la pesca o con multitud de normas en la Región”, ha defendido Martínez Alpáñez.

No es casualidad que las organizaciones agrarias regionales se hayan mostrado en todo momento a favor de una menor regulación en las tierras que abarcan los alrededores del Mar Menor. Tampoco que esta reforma cumpla sus deseos. Vox no concibe, y nunca lo ha admitido, que el pobre estado de la laguna esté en gran medida propiciado por una potente actividad agrícola, a pesar de que las ramblas que desembocan sin parar en sus orillas estén vertiendo aproximadamente tres toneladas de nitratos cada día. “Está más que demostrado científicamente que una parte sustancial de los problemas del Mar Menor derivan del aumento de la actividad agraria y de las cabezas de ganado en el Campo de Cartagena. Cualquier medida que suponga rebajar los controles va en contra de su recuperación”, expresa en este sentido Miguel Ángel Esteve.

El texto de la reforma va encaminado, además, a eliminar algunas de las medidas adicionales expuestas en el Artículo 54 de la ley. De ratificarse podría ser mucho más fácil, por ejemplo, que se llegaran a filtrar, de forma continua, contaminantes procedentes de la agricultura a las capas freáticas. Según el proyecto de Vox, la monitorización en tiempo real de nutrientes únicamente se llevaría a cabo “si se generan valores robustos” y si estos han sido “verificados por organismos públicos de investigación”.

El miembro minoritario del Gobierno regional elimina en su propuesta, como complemento, algunas infracciones consideradas como graves en la vigente norma, como que una explotación agrícola no esté inscrita en el registro de la Comunidad Autónoma o que ésta no disponga de operador agroambiental. También se abre de nuevo la puerta a ampliaciones de cultivos y se podría reducir hasta un 50% la cuantía económica de las sanciones agrícolas que sí llegaran a considerarse.

El foco de la contaminación del Mar Menor, para Vox, en las redes urbanas de saneamiento

No es ningún secreto, siguiendo punto por punto el texto de la reforma, que, para Martínez Alpáñez y para su partido, la dureza de las restricciones debe de estar dirigida, en contraposición, hacia las aguas pluviales y urbanas que también recalan en las tranquilas aguas de la laguna. “Todos los partidos políticos han hecho incidencia en la necesidad de modificar las redes de saneamiento. Nuestra ley eleva la responsabilidad de los municipios, porque es inconcebible que, a día de hoy, haya tuberías que lleguen directamente al Mar Menor”, ha afirmado al hilo el portavoz. En la misma tesitura ha bailado siempre el sector agrícola, con Ingenio a la cabeza. Su directora, Natalia Corbalán, acusaba hace dos años a los ayuntamientos de tirar “un montón de mierda” a la albufera. Vox no dudó en comprar el discurso.

Pero Miguel Ángel Esteve es claro, tajante: “Los modelos de simulación dinámica que hacemos en la universidad para calcular la entrada de nutrientes al Mar Menor nos dan que el 85% de ellos procede del campo, y que en torno al 15% lo hace de la actividad urbana”.

La nueva reforma opta por recrudecer los planes de saneamiento y depuración de las aguas de las localidades ribereñas. Vox pretende instar a los consistorios a que acrediten el grado de implantación de sistemas que eviten el vertido de pluviales al Mar Menor, a que separen el cauce de ambas redes, pluviales y saneamiento, a que se reutilicen las aguas procedentes de las primeras y a que se realicen auditorías anuales para medir, refleja el borrador, “el grado de avance” de la separación y extensión de las redes y “el grado de conexión de las viviendas a la red”. 

“Cualquier medida que suponga mejorar ese 15% de efecto es bienvenida, pero situar el foco del problema en los vertidos urbanos”, afirma Esteve, “es obviar las presiones reales que tiene el Mar Menor e intentar exonerar al sector agrario, un sector que, además, todavía no ha asumido los costes del daño ecológico y económico que se ha hecho al ecosistema. Están equivocando totalmente el diagnóstico”.

Impedir el “huerto solar de Europa”

Más líneas en consonancia con el ideario de la agroindustria en la reforma de Vox: a la limitación del despliegue de placas fotovoltaicas en el campo de Cartagena se ha referido en varias ocasiones José Ángel Antelo con un tono de cierta ironía: “No podemos cambiar la huerta de Europa por el huerto solar de Europa”. Esa barrera interpuesta a las instalaciones solares aparece señalada como un punto clave en el texto.

Para Esteve, no obstante, una investigación publicada recientemente por el profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena Antonio Urbina “señala la posibilidad de compatibilizar la actividad fotovoltaica con la agraria”. “Será importante no situar las infraestructuras en terrenos importantes por su valor paisajístico o en aquellos cercanos a poblaciones, pero actividad agraria y fotovoltaica podrían ser compatibles a la perfección, siempre que no se abuse de ninguna de la dos”, explica. “Es una cuestión”, añade el catedrático de Ecología, “de equilibrar las actividades económicas para que sean compatibles con la sostenibilidad de la laguna”.

Sin rastro de la moratoria urbanística

El partido que ostenta la vicepresidencia del Gobierno murciano no hace mención alguna en la reforma a una nueva moratoria urbanística que impida seguir dando luz verde a nuevos proyectos inmobiliarios junto al ecosistema. El crecimiento exacerbado del urbanismo ha colmado de edificios, durante décadas, el entorno más cercano a la albufera. El pasado septiembre, la formación de ultraderecha votó en contra de prorrogar el ya caducado veto al ladrillo que se prolongó durante gran parte de la anterior legislatura. “A partir de la nueva construcción de vivienda y de que vaya más gente a vivir a la zona se podrán crear más comercios, más empresas y se generará más riqueza en el entorno”, ha subrayado al respecto Martínez Alpáñez.

El proyecto elimina, en añadido, el incumplido plazo de tres años dispuesto en la ley de 2020 para redactar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, cuya responsabilidad recae ahora en la Consejería de Fomento, dirigida por Vox. Asimismo, se elimina el precepto de “mitigación y adaptación al cambio climático” como uno de los objetivos principales del plan. Pero se añaden otros que el partido de Santiago Abascal considera más urgentes: “favorecer la creación de equipamientos hoteleros y turísticos y la oferta de servicios para rebajar la estacionalidad de la demanda” y “regular la densidad urbanística de los usos residenciales en el entorno de la laguna”.

Pedro Luengo hace hincapié, ante tales ideas, en la saturación “del entorno del Mar Menor con proyectos especulativos que no corresponden a las necesidades de la población ribereña”, y matiza que “tratar de aumentar esa presión no parece ser lo más recomendable”. Los nuevos desarrollos urbanísticos que se ejecuten bajo el amparo de la reforma deberán llevar consigo, según Vox, una serie de directrices ligadas al drenaje y a las aguas residuales.

La ley de 2020, convertida en “papel mojado”

El pasado 18 de marzo, la Mesa de la Asamblea rechazó esta misma iniciativa porque la formación de Antelo no adjuntó al texto una serie de informes económicos que cuantificaran cómo afectarían a los Presupuestos Regionales cada una de las nuevas normas de la laguna. Ahora, con su admisión a trámite, los ultraderechistas confían en que salga adelante tras la futura votación del próximo pleno. Deberá ser, eso sí, con el apoyo de su pareja de Gobierno. “No tengo ninguna duda de que el Partido Popular aprovechará la tramitación parlamentaria de esta propuesta que Vox pone encima de la mesa para apoyarla. Incorporarán algún detalle o matiz, pero no creo que el PP falle a la Región de Murcia”, ha mostrado, confiado, el portavoz ultraderechista.

Los populares, de momento, despejan el suspense ante la posibilidad de un voto favorable: “Desde el principio hemos dicho que esta modificación legislativa es una propuesta de Vox que no ha sido consultada con nosotros. Aquí no ha cambiado nada. No hemos hablado con ellos”, ha zanjado Segado.

Entre toda la controversia, lo cierto es que la actual ley, aprobada ya hace casi cuatro años, podría ser para el catedrático Esteve “algo más ambiciosa en algunos aspectos”. “Aunque lo fundamental”, relata el experto, “sería que se cumpliera”: “Estamos en un nivel de inactividad de puesta en práctica del conjunto de la norma que es grave. La inactividad es el cáncer que domina siempre las leyes ambientales, que no terminan de cumplirse y se convierten, en realidad, en papel mojado”, concluye.

Otra reforma de la ley propuesta por Podemos

Los partidos de oposición al Gobierno regional no han tardado en expresar su desacuerdo con la proposición de Vox. “Tenemos claro que el Mar Menor no está para juegos. Hay una ley que está aprobada. Lo que pedimos a López Miras es que se cumpla”, ha sostenido el líder y portavoz del PSOE, Pepe Vélez.

En paralelo, el grupo Mixto, cuyos únicos dos escaños corresponden a Podemos, ha presentado otro proyecto de reforma de la ley de protección de la laguna. Igual que el de Vox, su texto fue rechazado el 18 de marzo por la Mesa. Pero este lunes ha sido admitido a trámite. Se espera que su votación y debate también tenga lugar el miércoles de la semana que viene.

“Nuestra medida más importante radica en un fondo de compensación para agricultores y ganaderos que tienen sus explotaciones en la cuenca vertiente del Mar Menor”, ha manifestado a este medio el diputado de Podemos Víctor Egío. “Queremos cambiar el paradigma para no aplicar simplemente restricciones”. “Si pones restricciones sin incentivos, lo único que consigues es que los agricultores vean estas medidas como si estuvieran dirigidas contra ellos. Pero nosotros queremos que sean parte de la solución”.

Otras cuestiones del proyecto, según Egío, se centran en “mejorar los controles al impacto de las multinacionales del agronegocio y las macrogranjas y en reforzar el control de los nitratos”. El diputado ha apuntado que algunos puntos de la actual ley de 2020 son fruto “de un pacto del nitrato -entre PP y PSOE- para seguir permitiendo su uso en la zona más próxima a la costa”.

La idea de Podemos pasa, asimismo, por prorrogar “de forma indefinida” la moratoria urbanística, y porque ésta incluya, en palabras de Egío, “los proyectos inmobiliarios aprobados inicialmente que todavía no han empezado a levantarse”. Con respecto al Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente, la formación morada sugiere establecer un plazo de tres meses a Fomento para redactarlo, presentarlo y aprobarlo.

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