Rebaja de sanciones y guiños al lobby agrario: Vox busca reformar la Ley del Mar Menor y reabre el pulso al PP murciano

Hay temas que con solo mencionarlos amenazan toda una relación. Ahora que Vox vuelve a tocar la cuestión del Mar Menor, los cinco meses de unión entre PP y Vox en la Región de Murcia comienzan a agriarse. Tras un tenso pacto que se selló in extremis, el partido de Abascal ha decidido retomar uno de los mayores puntos de fricción que mantiene con los populares: la ley de protección de la laguna salada de 2020. Ha propuesto de nuevo la modificación de la norma, para, entre otros, debilitar las regulaciones al sector agrícola y ganadero. Mientras, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha vuelto a insistir ante las preguntas de la prensa este lunes que el PP “no va a aprobar ninguna reforma que suponga la más mínima desprotección y retroceso para el Mar Menor”. “No tiene (el PP) conocimiento de ninguna modificación de la Ley de Protección del Mar Menor”, ha añadido.

El líder de Vox en la Comunidad, José Ángel Antelo, ha desvelado en la televisión autonómica La7TV Región de Murcia que llevará el borrador de la Ley de la laguna salada elaborado por su formación al Consejo de Gobierno de este jueves.

Según el borrador de la modificación de la norma, adelantado por el diario local La Opinión, la intención del líder de Vox en la Comunidad, José Ángel Antelo, es rebajar a rango de reglamento los apartados de la ley que regulan el sector agrícola y ganadero. Por el camino, se tendría que eliminar el capítulo V y la sección primera del capítulo VI, así como el anexo III, que regulan asuntos como la restricción de nuevas explotaciones porcinas y sus ampliaciones o las obligaciones de impermeabilización de los sistemas de almacenamiento de deyecciones en las explotaciones ganaderas.

En agricultura, desaparecería la limitación de la actividad agrícola en terrenos próximos al dominio público marítimo-terrestre, la necesidad de contar con derecho de aprovechamiento de aguas, las limitaciones en el uso de fertilizantes minerales o la implementación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos en la desalobración. Estas medidas se pasarían a un reglamento, más susceptible de ser modificado en la Consejería sin pasar por la Asamblea Regional.

Las propuestas de Vox para modificar la Ley del Mar Menor están en sintonía con las propuestas de parte del sector agrícola, que en sus protestas han cargado duramente contra el Gobierno Regional. Durante las movilizaciones, el Parlamento Murciano fue asediado, y el coche del presidente de la Región, Fernando López Miras, zarandeado con él dentro.

Mientras busca relajar la normativa agrícola y ganadera, el borrador pretende endurecer los planes de saneamiento y depuración de sus aguas. En el documento, los de Abascal quieren que los ayuntamientos ribereños acrediten el grado de implantación de sistemas que eviten el vertido de aguas pluviales al Mar Menor. También quieren obligar a los consistorios a realizar una auditoría independiente anual de las redes municipales para “medir el grado de avance” de la separación y extensión de las redes de saneamiento y “grado de conexión de las viviendas a la red, así como la implantación de sistemas terciarios en las EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) y reutilización del agua tratada por las mismas”.

Tanto desde el mayor lobby agrario de la Región de Murcia, la Fundación Ingenio, como desde Vox insisten en el mismo argumento: los males de la depuración de las aguas urbanas, dejando de lado las tres toneladas y media de nitratos que entran al día al Mar Menor a través de la Rambla del Albujón procedente de explotaciones agrícolas.

La directora de Ingenio, Natalia Corbalán, culpaba en octubre de 2022 a los vertidos de los ayuntamientos del estado de la albufera: “Los ayuntamientos están tirando un montón de mierda”, declaró en una asamblea ante más de 1.500 agricultores. Dos semanas después, Antelo invitó a los alcaldes ribereños a beber del agua del Mar Menor, asegurando que los agricultores están “injustamente criminalizados”. 

Vox ha visto en el campo una debilidad para Miras que piensa reclamar, y de paso quiere rescatar otra: la del Mar Menor. No son ningún secreto las simpatías entre la ultraderecha y la Fundación Ingenio, que dice aglutinar al 85% de los agricultores del Campo de Cartagena, aunque en realidad “representa a las grandes corporaciones y las élites agroindustriales que han implantado el modelo agroextractivista en el entorno del Mar Menor”, matiza David Avilés, antropólogo e investigador de Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Murcia (CEEUM).

Con el apoyo de la Fundación Ingenio y el motor de las protestas de los agricultores estos últimos días, surgió hace unas semanas SOS Rural. Además de dirigir Ingenio, Corbalán también es portavoz de la plataforma agrícola. Ambas organizaciones han hecho pública su intención de presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo para representar al agro murciano y español. Ambos movimientos se alinean con Vox en su propuesta de reformar la ley de la laguna salada. “Estamos siguiendo el ejemplo de países como Alemania, Francia y Holanda, que ya tienen un partido político (campesino) para jugar con las mismas reglas”, dijo Corbalán en una concentración en Madrid el año pasado.

Otras líneas paralelas entre el ideario de Ingenio y el borrador de la Ley del Mar Menor presentado por Vox pasa por la limitación en la instalación de placas fotovoltaicas con la modificación del artículo 15, que hace referencia al Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente. 

Los cien días que terminaron con Vox dentro del Gobierno

En último encontronazo entre ambos socios de Gobierno está la línea de las tensiones que hubo entre PP y Vox mientras negociaban un acuerdo de gobierno para esta legislatura. Los de Abascal pidieron sillones en el Consejo de Gobierno autonómico y reformar la Ley del Mar Menor. Lo primero lo consiguieron a pesar de las reiteradas negativas del PP en los tres meses que se alargaron las negociaciones entre ambas formaciones.

Sobre la segunda demanda, los populares han reiterado hasta ahora que no habrá reforma de la Ley de la laguna salada: “El Ejecutivo no tiene prevista ninguna modificación de la ley”, sostuvo el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, cuando Vox anunció en diciembre del pasado año que estaban trabajando en el borrador para modificar la Ley del Mar Menor.

Las amenazas de Vox de una repetición electoral hicieron que el PP fuese haciendo concesiones gota a gota. Primero fue el control de la comisión de Medio Ambiente, que recayó en manos del diputado del Grupo Parlamentario Vox, Antonio Martínez y a lo largo de las semanas -y tras una primera sesión de investidura fallida- tuvo que abandonar su intención de gobernar en solitario con pactos que dejasen fuera de las consejerías a Vox.

Tras cien días de bloqueos, el líder de la ultraderecha murciana, José Ángel Antelo, fue nombrado vicepresidente y consejero de Seguridad, Interior y Emergencias de la Región. El partido de extrema derecha también se hizo con la Consejería de Fomento: “Escribimos el primer capítulo de una legislatura encabezada por el acuerdo”, adelantó López Miras en la sesión de investidura. También recayó en Vox parte de las competencias para la ordenación del territorio de la cuenca de la laguna.