El órgano ejecutivo de la Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido suspender con efecto inmediato al fiscal jefe, Karim Khan, y trasladar a los países miembros la decisión sobre su futuro, en un paso sin precedentes en la institución y tras casi dos años de polémica por acusaciones de conducta sexual inapropiada.

En un comunicado difundido al término de una reunión celebrada en La Haya, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, órgano ejecutivo y de coordinación, explicó que, por mayoría cualificada, acordó remitir el procedimiento disciplinario por acusaciones de relaciones sexuales no consentidas contra Khan al pleno de los 125 países miembros.

No obstante, la suspensión del fiscal jefe, hasta que se adopte una decisión final, “no es una indicación del resultado final” del procedimiento, aseguró la Mesa sobre una medida que supone un duro revés para el fiscal británico, que hasta ahora había defendido que las conclusiones de un panel independiente de expertos judiciales equivalían a una exoneración de las acusaciones.

La evaluación de la Mesa, compuesta por 21 miembros, se basó en un informe elaborado por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS), las pruebas recopiladas durante la investigación, el dictamen de un panel de expertos judiciales y las alegaciones presentadas por escrito por las partes afectadas. Tanto la decisión como la documentación examinada permanecerán confidenciales.

Dos años de crisis institucional

La decisión abre un nuevo capítulo en una crisis institucional que comenzó en abril de 2024, cuando una abogada que trabajaba directamente bajo la supervisión de Khan denunció haber sido víctima de conductas sexuales no consentidas.

Dos compañeros de la denunciante trasladaron inicialmente las acusaciones a la dirección de la Corte, lo que llevó al mecanismo interno de supervisión a abrir una investigación que fue cerrada pocos días después.

Meses más tarde, la OIOS asumió la investigación y elaboró un informe que sigue siendo confidencial, aunque, según filtraciones de los últimos meses, la ONU habría encontrado indicios de que respaldaban las acusaciones, pero el panel independiente consideró que las pruebas disponibles no permiten acreditar una conducta indebida con el estándar legal exigido.

La coexistencia de ambas conclusiones enfrentó durante meses a los países miembros de la Corte: algunos defendían que el caso debía cerrarse, y otros sostenían que los hallazgos de la ONU eran demasiado graves para archivar el asunto sin una respuesta institucional.

La polémica tuvo lugar en un contexto especialmente sensible para la CPI, puesto que las acusaciones contra Khan salieron a la luz poco después de que el fiscal solicitara las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.

Karim Khan denuncia una campaña en su contra

Khan, que se apartó de sus funciones en mayo del año pasado a la espera de las conclusiones de la investigación, ha denunciado en repetidas ocasiones una campaña destinada a apartarlo del cargo debido a sus decisiones judiciales.

Con la decisión de hoy, el expediente entra en una nueva fase, puesto que se convocará una sesión extraordinaria de la Asamblea de los Estados Partes “lo antes posible”, en la que 125 países deberán decidir el futuro de Khan y determinar si las acusaciones suponen una conducta grave incompatible con su cargo.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha abierto una investigación contra Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM) y presidente del Clúster audiovisual de Andalucía, a raíz de la denuncia interpuesta por una reportera de la empresa contra su superior jerárquico por delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

ADM es una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación. También es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, y que está asociada a la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), su principal comprador institucional de contenidos. La productora es, de hecho, responsable del programa buque insignia de Canal Sur Televisión: Andalucía Directo, que lleva 25 años en antena.

[ACTUALIZACIÓN: La oposición pide explicaciones a la Junta y a Canal Sur por la investigación por delitos sexuales al CEO de la productora ADM]

La reportera, que prefiere preservar su anonimato, interpuso la denuncia el pasado 26 de enero. El juez Francisco José de Córdoba -nuevo titular del quinto tribunal de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, de reciente creación- no le tomó declaración como “perjudicada” hasta el 25 de marzo y, tras escucharla, ese mismo día dictó un auto ordenando las primeras diligencias: citó a declarar en calidad de imputado al director general de ADM al apreciar indicios delictivos, según ha confirmado el propio Fuentes a elDiario.es, y pidió aclarar si constaban posibles “antecedentes penales” en su historial.

El magistrado también ha citado el mismo día a dos testigos propuestos por la denunciante, una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Además, el juez ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

Desde 2023, Gustavo Fuentes también es el presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

El número dos del Gobierno andaluz ha estado presente en todos los hitos importantes desde el lanzamiento de LAND, en la presentación de proyectos audiovisuales de ADM y en fiestas privadas que Fuentes organizaba en la terraza de la compañía, según confirman una decena de trabajadores de la empresa.

El director general de esta productora no es un ejecutivo al uso, todas las personas de su entorno con las que ha hablado elDiario.es subrayan su “obsesión” por “aparecer en fotos y actos junto a los consejeros del Gobierno andaluz (en especial con Antonio Sanz), junto a directivos de la RTVA y personalidades del sector audiovisual andaluz y del cine”. “Está bien relacionado y de puertas para adentro usa ese poder para amenazar con destrozar carreras”, dice un miembro de su directiva.

La investigación judicial abierta contra el CEO de la principal productora de Canal Sur por delitos sexuales a una trabajadora salpica de lleno a la dirección de la RTVA, su principal cliente e inversor, y al propio Gobierno de Juanma Moreno, que ostenta la participación mayoritaria del capital de ADM (un 47,81%) a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel.

A preguntas de este periódico, la dirección de la RTVA ha asegurado: “Lo que sabemos es lo que sabe todo el mundo. No conocemos el contenido de la denuncia ni tenemos por qué saberlo. Es una denuncia de una persona contra otra en un procedimiento judicial que no se ha llegado a celebrar”.

Gustavo Fuentes estaba citado a declarar ante el juez en calidad de imputado el lunes 11 de mayo, la semana previa a las elecciones andaluzas, pero logró aplazar su declaración [al 25 de junio] al cambiar de abogado tres días antes.

Esa misma semana anunció por sorpresa a la Junta Directiva de LAND su decisión de abandonar la presidencia del clúster, sin aludir al procedimiento judicial en el que estaba envuelto (el juez le notificó su imputación el 31 de marzo). “Me cuesta escribir estas líneas, porque LAND ha sido y seguirá siendo una parte importante de mi vida profesional y personal. Pero creo que hay momentos en los que uno debe saber dar un paso a un lado”, dice en su carta de despedida.

“Tú me debes una noche loca”: los WhatsApp del jefe

La denuncia contra el CEO de ADM, a la que ha tenido acceso este periódico, adjunta siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) que corroboran la versión de la denunciante y aportan testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

Gustavo Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación. Al margen de la investigación judicial, este periódico ha recabado una docena de testiminos de trabajadores y extrabajadores de ADM que describen situaciones de acoso sexual y laboral coincidentes con esta denuncia, y con las que han interpuesto otros empleados por mobbing.

La denunciante también adjunta 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

La respuesta escrita de la reportera a estos mensajes es seca, “cordial y evasiva”, describe su abogado en la denuncia, que habla de una “estrategia de supervivencia habitual en víctimas de acoso para evitar un conflicto directo con un superior”, dada la “situación de dependencia jerárquica y temiendo represalias laborales”.

Estos WhatsApp, tanto por el contenido como por el número y las horas a las que los enviaba, tratan de ilustrar la situación de “acoso sexual sistémico y explícito” de un superior jerárquico a una subordinada. La denuncia cita testimonios concretos, trabajadores y directivos con nombres y apellidos, que habrían sido testigos de los supuestos delitos: “No sólo la veja sexualmente, sino que lo hace con carácter público, ante compañeros de trabajo y personas con cargos de responsabilidad en la empresa, minando su autoestima y agravando la situación de vulnerabilidad a la que la propia dinámica destructiva del denunciado la venía llevando”. Algunos de esos testigos han confirmado su versión a preguntas de elDiario.es.

Gustavo Fuentes: “Es una denuncia falsa. No tienen pruebas”

Este periódico se ha puesto en contacto con Gustavo Fuentes, que admite su imputación pero niega las acusaciones. “Es una denuncia falsa. No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, dice, tras asegurar que fue él quien “pidió activar” el protocolo antiacoso de la empresa tras conocer la denuncia contra él. “Lo hice para defender a mi Consejo de Administración, que se reunirá en breve y veremos las medidas que tomaremos ante esta situación”.

La productora ADM tiene en su web un “canal ético”, un “espacio seguro” para que los trabajadores denuncien “anónimamente”. El director general de la compañía asegura que “nadie lo ha activado en cinco años”, aunque varios empleados niegan que exista desde hace tanto tiempo.

Fuentes asegura que, a raíz de la denuncia contra él de una de sus trabajadoras, la figura del Compliance [director legal y de cumplimiento] elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de los hechos denunciados. Según su relato, para elaborar dicho informe, ese director legal le tomó declaración a él, pero no a la denunciante “porque ella ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”.

El CEO de la compañía también afirma que ya informó de su imputación al Consejo de Administración de ADM, que preside Sergio Gómez Rojas, director gerente de Sandetel (Junta de Andalucía), y en el que también se sienta el responsable de Telefónica en el sur de España, Joaquín Segovia, el director económico financiero de RTVA, otro directivo de Canal Sur Media y uno más de Axion Infraestructuras de Telcomunicaciones.

Desde la dirección de la RTVA aseguran a elDiario.es que la denuncia por agresión sexual y acoso contra el CEO de su principal proveedor, así como su situación procesal actual, “nunca se ha tratado en el Consejo de Administración” del ente público.

El denunciado también explica que su carta de renuncia a continuar al frente del clúster audiovisual de Andalucía -la misma semana que debía declarar ante el juez- “no tiene nada que ver” con el procedimiento judicial en curso. “Ya estaba cansado de ser el presidente del clúster y así se lo dije por Whatsapp a los demás socios en marzo, cuando aún no conocía la denuncia” [el juez le notificó la citación a declarar como imputado el 31 de marzo].

Tres supuestas agresiones sexuales: 2013, 2021 y 2023

La denuncia de la reportera contra su jefe es profusa en detalles al describir las tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testimonios que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después. Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

La reportera y Fuentes coincidieron por primera vez en 2010 en una cadena de televisión local de Sevilla, donde él ostentaba un cargo directivo. “Desde el inicio de esta relación, el denunciado comenzó a mostrar un interés de naturaleza afectivo-sexual hacia mi mandante, que excedía por completo el hábito profesional”, relata la denuncia, para sentar las bases de “una dinámica de poder y control” que reaparecería años más tarde, cuando volvieron a coincidir en la productora ADM.

La primera agresión sexual habría ocurrido, según la denuncia, a finales de 2013: él la invitó a una cena de trabajo en un restaurante, ellos dos solos, y luego fueron a un bar en el barrio de la Alfalfa (en Sevilla), él “intentó besarla a la fuerza en repetidas ocasiones”, ella “huyó atemorizada” y logró coger un taxi, pero él se introdujo en el vehículo e “intentó besarla a la fuerza de nuevo”. Sobre este suceso, la acusación presenta tres testimonios -personas cercanas a la reportera- que pueden acreditar su versión.

La segunda agresión sexual denunciada está fechada mucho tiempo después, en 2021, cuando ambos vuelven a coincidir profesionalmente en ADM, siendo Fuentes el CEO de la compañía. La periodista explica las razones laborales y personales que la empujaron a aceptar un trabajo en la empresa de su presunto agresor: el peso relevante que tiene ADM en el sector audiovisual andaluz (con “un mercado altamente concentrado”) y, singularmente, el peso de dicha compañía en la producción externa que contrata Canal Sur, su principal cliente.

Durante esos años, además, Fuentes “se había casado y había sido padre de dos niñas”, y la reportera asumió que el denunciado “cesaría su actitud sexualizada hacia ella” y que podría “vincularse, de nuevo, a un espacio de trabajo cercano a él en la creencia de que las cosas serían diferentes”.

“Desafortunadamente, no fue así”, concluye, tras subrayar que la situación de acoso sexual se agravó en un contexto de “dependencia laboral y funcional” que resultó un “caldo de cultivo perfecto para agredir su integridad física y moral hasta llegar al punto de extenuación y deterioro de la salud en la que se encuentra actualmente”. La denuncia adjunta un informe clínico de la mutua y otro informe psicológico privado, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad” y “pérdida de diez kilos”.

En julio de 2022, tras la grabación de un programa en Barbate (Cádiz), hubo una cena de trabajo en un restaurante. Cuando terminan, Fuentes despide al equipo y le pide a la reportera que se quede con él para tratar un tema profesional, pero una vez solos “le propone dormir en un hotel, ella se negó, y él la arrinconó y la besó en la boca contra su voluntad”. La periodista se sintió “bloqueada, presa del temor”, y accedió a que le llevase en coche al hotel donde ella tenía su propia habitación, y dentro del vehículo “volvió a forzarla besándola contra su voluntad violentamente mientras le tocaba los muslos”.

La denuncia alterna la descripción de estos hechos concretos con continuas aclaraciones sobre el estado de “sometimiento progresivo, marcado por el miedo” que padecía la reportera, atrapada en la relación de jerarquía respecto al CEO de la compañía, y sin soporte en otros trabajadores que fueron testigos del supuesto “acoso sexual” y de las “vejaciones y humillaciones” con las que la trataba a ella y a otros miembros de la plantilla. “Hoy me siento horrorizada por haberle dicho, cuando me contó cómo la trataba, que no le hiciera caso, que ya sabía cómo era él con las tías”, dice una exdirectiva de ADM, que declarará en la causa si la llaman.

“La impunidad con la que actúa el señor Fuentes genera en su entorno laboral una sensación de que cualquier rechazo frontal al mismo puede ser el fin de una carrera profesional”, dice la denuncia, y añade: “La ausencia de un ”no“ literal no puede interpretarse en este contexto de asimetría de poder como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”.

La última agresión sexual que denuncia la reportera está fechada en 2023, cuando fue contratada como directora de programas de ADM y la hicieron fija en la compañía. En el verano de ese año, la periodista se encontraba en Zahara de los Atunes (Cádiz) grabando un reportaje, y el CEO de la empresa se presentó allí. Cuando volvieron a quedarse a solas en su coche, él empezó a “manosearla de nuevo”, ella “pudo huir” y “reencontrarse con sus compañeros, que pueden dar testimonio del estado emocional en que se encontraba tras una nueva agresión sexual”.

Entre la primera agresión que consta en la denuncia y la última transcurrieron diez años. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados algunos informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La Policía tiene geolocalizada a la víctima las 24 horas

El juez de Violencia de Género que instruye este caso aprecia indicios delictivos en la denuncia de la reportera de ADM (actualmente en excedencia), que también acusa a su jefe de “un delito continuado de acoso sexual”, que incluiría la “solicitud de favores de naturaleza sexual de forma insistente y explícita a través de mensajes y verbalmente” en el marco de una relación de trabajo continuada, agravada por una situación de “superioridad jerárquica”; y otro delito “contra la integridad moral”, que se traduce en “actos hostiles y humillantes”, el “vaciado de sus funciones” como trabajadora e “invitaciones a abandonar la empresa”.

Según recoge la denuncia, el acoso sexual derivó en acoso laboral, después de que el acusado descubriera -en octubre de 2023- que la denunciante había iniciado una relación sentimental con otro trabajador de la empresa. A partir de ese momento, la actitud de Fuentes experimentó un cambio “radical”, pasando del “interés de naturaleza afectivo-sexual” a mutar en “una voluntad deliberada de destruir profesional y personalmente” a la trabajadora.

“El acoso sexual dio paso a un acoso laboral sistemático, metódico y de una crueldad manifiesta, con el único fin de forzarla a abandonar la empresa, con un vaciado de funciones y el aislamiento” de la trabajadora, que fue despojada por Fuentes de “todas sus responsabilidades como directora”.

La última parte de la denuncia es profusa en detalles, ejemplos y testimonios que ilustran el “mobbing” o acoso laboral contra la denunciante; sin embargo, el juez ha dejado fuera de la causa este delito, al considerar que excede de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

El abogado de la reportera también habia solicitado medidas cautelares de protección para su defendida –prohibir al CEO de la productora aproximarse a menos de 500 metros ni comunicarse con ella por cualquier medio–, pero el juez las rechazó al no percibir riesgo para la integridad de la víctima.

También se opuso la Fiscalía, en su única intervención en el procedimiento judicial desde que arrancó. En conversación con este periódico, Fuentes destaca el rechazo del juez a las medidas cautelares como anticipo de que “todo quedará en nada”.

Sin embargo, cuando la periodista acudió al juzgado a declarar, fue atendida por el personal del SAVA, el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, dependiente de la Junta, que le hizo una valoración psicológica y un análisis de su estado de “vulnerabilidad”.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) sí percibió los riesgos propios de una víctima de violencia de género y empezó a abordar este caso como tal, facilitando a la denunciante el dispositivo ATENPRO, un recurso de teleasistencia que ella lleva consigo en todo momento y que le permite, con sólo apretar un botón, avisar a la Policía, que la tiene geolocalizada en todo momento. El IAM, órgano dependiente de la Consejería andaluza de Igualdad, también ofrece ayudas a las víctimas de violencia de género, no sólo dentro de la pareja.

Desde el 3 de octubre del año pasado, los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer asumieron nuevas competencias para ocuparse de todos los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea mujer, y no sólo los cometidos por la pareja o expareja, como ocurría hasta entonces.

Esta previsión, contenida en la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la Unión Europea en 2023, que busca prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y aboga por la especialización de los órganos judiciales en todo tipo de violencia sobre la mujer.

La investigación judicial abierta contra el alcalde de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por un presunto delito de acoso sexual suma ahora nuevas diligencias acordadas por el juzgado instructor. La magistrada que dirige el procedimiento ha citado a declarar como testigos a cinco mujeres vinculadas al PSdeG después de que sus nombres apareciesen durante las primeras comparecencias practicadas en la causa.

El procedimiento judicial se inició a raíz de la denuncia presentada por la presunta víctima, sobre unos hechos supuestamente ocurridos en septiembre de 2025. La causa está siendo instruida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lugo competente en materia de violencia sobre la mujer.

Según informa Europa Press, dentro de las diligencias solicitadas inicialmente por el Ministerio Público, el juzgado tomó declaración a la denunciante principal y a dos testigos, entre ellas la madre de la joven. Fue precisamente durante esas comparecencias cuando surgieron referencias a otras posibles víctimas que, según el relato trasladado al juzgado, podrían haber vivido situaciones similares relacionadas con el dirigente socialista.

A raíz de esas manifestaciones, la jueza ha acordado ampliar la investigación y citar como testigos a cinco mujeres para esclarecer si existieron conductas reiteradas o patrones similares a los denunciados inicialmente. Estas nuevas diligencias forman parte de la fase preliminar de instrucción y buscan determinar el alcance de los hechos investigados.

Paralelamente, la defensa de José Tomé ha presentado recurso contra el auto de incoación de la causa y solicitado el sobreseimiento libre del procedimiento. Sin embargo, el Tribunal de Instancia ha rechazado esa petición, desestimado el recurso y ratificado la continuación de la investigación, incluidas las nuevas declaraciones acordadas.

Tras esa decisión, la defensa ha vuelto a recurrir ante la Audiencia Provincial de Lugo, órgano que todavía no se ha pronunciado sobre la continuidad o archivo de la causa. Hasta que exista resolución de la Audiencia, el procedimiento sigue abierto y las diligencias continúan su curso.

La estrategia de la acusación pasa por sostener que los hechos denunciados no constituirían un episodio aislado, sino que podrían formar parte de una conducta reiterada. Según el relato presentado ante la Fiscalía, la denunciante asegura que a finales de septiembre de 2025 acudió a José Tomé para interesarse por una convocatoria de oposiciones en el Ayuntamiento de Monforte y que, durante esa conversación, el entonces dirigente socialista le habría insinuado que no lograría aprobar si no mantenía relaciones sexuales con él.

La joven sostiene además que su madre trasladó posteriormente esos hechos a responsables socialistas tanto en Lugo como en la dirección gallega del partido. Mientras desde el PSOE se mantiene que se le recomendó utilizar los cauces internos habilitados para este tipo de situaciones, la denunciante afirma que no encontró apoyo suficiente dentro de la organización.

Finalmente, presentó una comunicación formal a través del canal interno del PSOE en diciembre y posteriormente trasladó el caso ante la Fiscalía a finales del pasado mes de febrero, lo que desembocó en la apertura de diligencias judiciales.

José Tomé ha defendido públicamente su inocencia desde el inicio del caso, antes de la denuncia y que se conoció a través de un programa de televisión. Tras hacerse público, abandonó el PSdeG al día siguiente y presentó su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo, aunque continúa al frente de la Alcaldía de Monforte de Lemos como edil no adscrito.

El acto de conciliación entre el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, y la exvicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que estaba previsto para este jueves 4 de junio ha quedado suspendido al no haberse podido notificar la fecha y el lugar de la citación judicial a la socialista.

Según ha adelantado Europa Sur y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al alcalde, el procedimiento ante el Tribunal de Instancia 56 de Madrid ha quedado suspendido sin que se haya dado una nueva fecha para la celebración de este acto, previo a decidir si Landaluce se querella contra ella por presuntas injurias y calumnias.

José Ignacio Landaluce presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de querella contra Montero tras unas declaraciones realizadas por la socialista el pasado 13 de enero en un acto del PSOE en las que le “imputó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género”, según explicó su abogado.

Su letrado detalló entonces que en la demanda se le exige a la exministra de Hacienda una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

También indicó que son objeto de la demanda declaraciones posteriores en las que Montero “volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de 'Alvise' Pérez”, el eurodiputado, “en las redes sociales y que había sido ya archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año”.

Ni Montero ni Landaluce estaban obligados a acudir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente que estén presentes sus abogados o procuradores.

Investigación y querella archivadas

Landaluce ya interpuso una querella contra Rocío Arrabal, portavoz del PSOE en Algeciras, por presuntas injurias y calumnias cometidas contra él. El origen de todo es la denuncia de Arrabal contra Landaluce por los presuntos delitos de “malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Esa denuncia se fundamentaba en una serie de pantallazos publicados en el canal de Telegram de 'Alvise' Pérez en los que supuestamente se exponían una serie de abusos sexuales atribuidos al alcalde de Algeciras contra dos de sus concejalas, las cuales negaron estos hechos días después.

La denuncia dio lugar a la dimisión de Landaluce de todos sus cargos orgánicos del PP y también como senador. Sin embargo, no cesó como alcalde, ni perdió el apoyo del grupo municipal popular. Juan Manuel Moreno, presidente del PP andaluz, evitó forzar su dimisión como regidor alegando que ya no era “del PP”. Pocos días después, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la investigación. Casi simultáneamente, el Alto Tribunal abrió una investigación contra el diputado Alvise Pérez por presuntas amenazas contra Landaluce.

A raíz del archivo de la denuncia por la Fiscalía, Landaluce se querelló (previo acto de conciliación) no sólo contra Montero por sus declaraciones, sino contra Arrabal, pero el TSJA también dio carpetazo a este asunto razonando que lo que denunció Arrabal “no fueron meras invenciones o traslación temeraria de rumores notoriamente infundados, sino conclusiones basadas en informaciones recibidas de terceras personas”, lo que descarta que actuara con “temerario desprecio a la verdad”.

“Si te preocupaba que te arrastraran por el barro, ¿por qué decidiste demandar a Donald Trump?”, pregunta la abogada Alina Habba.

Tranquila y serena, E. Jean Carroll se quita las gafas y responde con firmeza: “Porque me llamó mentirosa. Me llamó mentirosa. Y no podía dejarlo pasar”.

La declaración privada de Carroll de 2022 se hace pública por primera vez en Ask E. Jean, un documental de Ivy Meeropol sobre una mujer de carácter fuerte, gran resiliencia e ingenio agudo que se niega a que le asignen el papel de víctima o de figurante en el universo cinematográfico de Trump.

Carroll, de 82 años, periodista, autora y columnista, es la única mujer que ha vencido a Trump en los tribunales, una hazaña que logró no una, sino dos veces. En 2019 denunció que él la violó en un probador de unos grandes almacenes de Manhattan a mediados de la década de 1990, lo que dio lugar a dos juicios de gran repercusión mediática.

Ask E. Jean analiza la cuestión de por qué esperó décadas para dar un paso al frente y argumenta de forma convincente que pertenece a la “generación silenciosa”, un grupo de mujeres que fueron condicionadas para soportar el comportamiento depredador de los hombres con un encogimiento de hombros y una sonrisa.

Cuando acusé a Donald Trump de agresión sexual, no tenía ni idea de lo que me esperaba. La avalancha de calumnias ha sido increíble

E Jean Carroll

“Nací en 1943”, explica en la película. “Somos la generación de la cabeza alta, de seguir adelante, de sonreír y aguantar. No nos quejábamos. Nunca se me habría ocurrido. De hecho, nos reíamos y seguíamos adelante. Así es como manejábamos las cosas”.

Carroll fue Miss de la Universidad de Indiana y Miss Cheerleader, se convirtió en la primera mujer editora colaboradora de la revista Playboy y escribió la combativa columna Ask E. Jean para Elle de 1993 a 2019. Presentó su propio programa de televisión por cable, escribió para una temporada de Saturday Night Live y fue autora de una biografía no autorizada de su colega, el periodista gonzo Hunter S. Thompson.

Cuando Trump abusó sexualmente de ella en un probador de Bergdorf Goodman, Carroll hizo lo que hicieron innumerables mujeres de su época: confió en amigas de confianza —la autora Lisa Birnbach y la periodista de televisión Carol Martin— y luego enterró el recuerdo en lo más profundo de su ser. Y su reacción inicial, intentar restarle importancia con una risa, se ha utilizado con frecuencia en su contra.

Meeropol aborda esto con empatía, mostrando cómo la risa le sirvió de escudo desesperado. “No se arrepiente de nada y muchas mujeres se reconocerán en ella”, dice a través de Zoom desde su casa en Cold Spring, Nueva York. “Por supuesto, puedes intentar reírte porque es como: 'un momento, ¿qué está pasando aquí? No quiero que esta persona se enfade'. Tiene mucho sentido, pero se distorsiona mucho por cómo hablamos de estas cosas”.

El camino de Carroll hasta los tribunales no fue premeditado. Inicialmente, escribió una lista de “hombres repugnantes” —entre los que se encontraba Trump— porque el movimiento #MeToo la había afectado profundamente, y sus lectoras le pedían consejo sobre si debían dar a conocer sus propias historias de abuso.

Fue la reacción de Trump la que encendió la mecha. De pie en el jardín de la Casa Blanca, el presidente de EEUU —que ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por unas 27 mujeres, algo que él niega— la tachó de mentirosa y de “chiflada” e insistió en que “no era su tipo”. Para Carroll, que había pasado décadas forjándose una carrera basada en su credibilidad e ingenio, la difamación implacable era intolerable.

Se asoció con Roberta Kaplan, una abogada civil descrita por sus colegas como una “luchadora callejera” y una “fuerza de la naturaleza”. En 2023, un jurado declaró a Trump responsable de abuso sexual y difamación, pero no determinó que la hubiera violado, y concedió a Carroll 5 millones de dólares. Durante su declaración, se le mostró a Trump una fotografía de 1987 en la que aparecía él mismo con su primera esposa, Ivana Trump, Carroll y el entonces marido de esta, John Johnson, en un acto público en Nueva York. Trump confundió a Carroll con su exmujer, Marla Maples, lo que socavó su defensa de “no es mi tipo”.

En 2024, un segundo jurado concedió a Carroll 83,3 millones de dólares por difamación en relación con los continuos ataques de Trump en las redes sociales, como medida punitiva para disuadirlo de seguir difamándola. Pero los abogados de Trump están tratando de revocar las sentencias y Carroll aún no ha recibido ni un céntimo.

Carroll dice en la película: “Cuando acusé a Donald Trump de agresión sexual, no tenía ni idea de lo que me esperaba. La avalancha de calumnias ha sido increíble”.

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal contra la escritora para determinar si cometió perjurio en las demandas civiles presentadas contra Donald Trump. Desde el año pasado, el Departamento de Justicia bajo la administración de Trump ha emprendido una serie de investigaciones contra los adversarios del presidente y, en algunos casos, ha presentado cargos penales.

En ese contexto, conseguir que aceptara participar en un documental requirió el tipo de tenacidad que Meeropol, de 57 años, ha perfeccionado a lo largo de una carrera dedicada a explorar las intersecciones entre la vida personal y las fuerzas políticas. Al principio, Carroll no quería saber nada del asunto.

“Tuve suerte porque, básicamente, se lo dijo a todo el mundo —no voy a usar palabrotas—, pero la frase que transmitió a través de su agente a mi representante fue: 'Prefiero comerme un zapato'. Me parece muy gracioso porque es típico de ella.”

El gran avance se produjo cuando un amigo común convenció a Carroll para que viera el aclamado documental de Meeropol para HBO Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn, sobre el famoso abogado que fue mentor del joven Trump y procesó a los abuelos de Meeropol, Julius y Ethel Rosenberg. A continuación hubo una reunión por Zoom, la conexión fue inmediata y Carroll declaró: “Muy bien, Ivy, hagámoslo”.

Meeropol descubrió a una mujer que sigue siendo enérgica, excéntrica, divertida, generosa en su apoyo y, a pesar de su condición de figura pública perteneciente a la élite mediática de Nueva York, celosa de su soledad. “Necesita su tiempo a solas; es escritora; eso es lo que le encanta hacer. Le gusta estar en su cabaña con sus perros, tomando té y escribiendo o informando. Mucho de lo que tuvo que soportar con los juicios y toda la publicidad le resultó muy duro”.

Conseguir financiación para el proyecto resultó más difícil. Los financiadores y los estudios rechazaron la película una y otra vez, achacándolo al cansancio hacia Trump, al exceso de películas del #MeToo o a que Carroll no era lo suficientemente famosa. “Me sorprendió y me decepcionó”, dice Meeropol. “Pensé: tenemos al personaje más increíble de la historia del documental, posiblemente”.

La película finalmente consiguió una inversión de capital independiente en 2023, con un presupuesto de menos de 2 millones de dólares. Mientras tanto, Meeropol y su equipo habían estado rebuscando en el abarrotado trastero de Carroll y en el sótano de su casa, rescatando cajas de cintas VHS polvorientas.

“Al día siguiente me llamó y me dijo: 'no te lo vas a creer. El sótano se ha inundado'”. Las cintas rescatadas, junto con otros 25 episodios desenterrados por NBCUniversal, proporcionaron material de archivo del programa de televisión de Carroll de la década de 1990, emitido en la cadena de cable America’s Talking, dirigida por Roger Ailes.

Al ver el material, a Meeropol le llamó la atención lo radicalmente progresistas que eran los consejos de Carroll para la época.

“Da consejos increíbles en una época en la que las mujeres no escuchaban eso. Como: ”No tienes que estar casada a los 30. ¿Quién te ha dicho eso? No te castigues por no estar casada a los 30. Si te aburres en casa porque tu marido se va a trabajar y tú llevas a tu hijo al colegio, vete a la universidad.“

“Es muy interesante verlo porque es un momento que parece sacado de una cápsula del tiempo de mediados de los 90. Como dice E Jean, las mujeres por fin hablaban de sus carreras y de lo que querían hacer con sus vidas, algo que ella no había experimentado, salvo por ser una excepción que se había labrado su propio camino cuando llegó a Nueva York y lanzó su carrera en el mundo de las revistas, dominado por los hombres”.

Meeropol estaba decidida a no presentar a Carroll como una víctima. “Ella misma rechaza esos términos, incluso el de superviviente. A veces no sé qué lenguaje usar porque es un tema tan actual, pero ella encarna lo contrario de eso. De eso es de lo que ha estado hablando Gisèle Pelicot [una mujer francesa que renunció a su derecho al anonimato como víctima en un caso de violaciones múltiples] y de lo que hablan las supervivientes de Epstein que están dando un paso al frente: la vergüenza tiene que cambiar de bando”, dice la directora.

“Pensé mucho en eso con E Jean. Ella misma encarna la otra cara de la vergüenza porque se sienta ahí y dice: sí, estaba coqueteando con Donald Trump, intenté restarle importancia y me encantan los hombres. Es rompedor. Lo peor para ella habría sido —lo dice en su programa cuando habla con una joven que cuenta que fue violada— convertirse en la víctima.”

Meeropol espera que el documental vaya más allá de la experiencia de una sola mujer. “No podemos dejar que estas historias queden enterradas”, insiste la directora. “¿La Administración Trump o quienquiera que se esconda en los archivos de Epstein? Estoy harto de ello y E Jean también. Muchas de nosotras, hombres y mujeres, estamos hartas, así que hay que sacar las cosas a la luz y mostrar la verdad”.

La Asociación El llavero muetra su “desacuerdo y malestar” con la actuación prevista para este sábado en Riojaforum de Plácido Domingo dentro de la programación de La Rioja Festival. Tal y como te contó este medio, Plácido Domingo fue acusado públicamente en 2019 por múltiples mujeres —cantantes y trabajadoras del ámbito de la ópera— de conductas de acoso sexual e inapropiadas ocurridas durante varias décadas, especialmente cuando ocupaba cargos de poder en instituciones como la Ópera de Los Ángeles y la Ópera de Washington. Las denuncias fueron publicadas inicialmente por Associated Press y posteriormente ampliadas por otras investigaciones y testimonios. Domingo emitió un comunicado público pidiendo perdón a las mujeres afectdas y afirmó aceptar “toda responsabilidad” de sus acciones.

Desde la asociación recuerdan que La Rioja Festival, liderado por el guitarrista Pablo Sainz Villegas, “cuenta con el patrocinio institucional del Gobierno de La Rioja, que aparece como uno de los principales apoyos económicos y estratégicos del festival para promover la proyección cultural y turística de la comunidad autónoma”. Y además, “cuenta con la colaboración de ayuntamientos e instituciones públicas, especialmente el Ayuntamiento de Logroño, que participa en actividades, cesión de espacios y apoyo logístico”.

Para El Llavero la cultura y la música deben ser espacios seguros, responsables y comprometidos con la igualdad y la dignidad de todas las personas. Y, por esta razón, “las instituciones no pueden mirar hacia otro lado ni contribuir al blanqueamiento de figuras señaladas por conductas de acoso y abuso de poder”. Tachan de “contradictorio” que administraciones que afirman defender políticas de igualdad y prevención de las violencias machistas financien, respalden y promocionen actos protagonizados por personas que han sido acusadas públicamente por múltiples mujeres y que incluso llegaron a pedir disculpas públicas por el daño causado. “No hablamos únicamente de cultura, hablamos también de responsabilidad ética, de memoria colectiva y del mensaje que se transmite a la ciudadanía. No todo vale en nombre del prestigio artístico. El talento nunca puede situarse por encima de los derechos, la seguridad y la dignidad de las mujeres”.

Por todo ello, desde El Llavero reclaman “coherencia institucinal y un compromiso real con la lucha contra las violencias machistas, también en los espacios culturales y públicos. La cultura debe ser un lugar de encuentro libre de impunidad, silencios y privilegios”.

El Puerto de Santander ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que le condena por rebajar la sanción administrativa a la trabajadora que fingió un acoso sexual por parte de otro empleado, desmentido por las grabaciones de una cámara de seguridad. Ambos –la institución y la empleada– tienen que indemnizar con 42.500 euros al trabajador por haber vulnerado su derecho al honor.

La administrativa denunció a un compañero de trabajo, con el que no se llevaba bien, de un falso acoso sexual. El juzgado acabó condenándola a ella por inventarse dos denuncias falsas y, de rebote, a la propia Autoridad Portuaria por reducir la posterior sanción administrativa interna a la empleada de los dos años de suspensión de empleo y sueldo –que proponía la resolución inicial del instructor del expediente externo por falta muy grave– a dos meses. El propio presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, firmó la rebaja argumentando que no fue para tanto porque “no se había producido daño reputacional”. El magistrado consideró que el Puerto había “banalizado” lo sucedido.

Pese al varapalo del juez, ambos recurrieron sin éxito el primer veredicto del Juzgado de lo Social nº 6 de Santander. La Sala de lo Social del TSJC del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) acaba de confirmar la sentencia. Pero el Puerto ha decidido recurrir al Supremo, en contra del interés del trabajador afectado y a favor de la reducción de la polémica sanción a la empleada.

El afectado por las dos denuncias falsas es un veterano trabajador del Puerto de Santander, donde lleva empleado más de 40 años. Ambos compitieron por una plaza en un proceso de promoción interna que finalmente ganó ella.

Fue a raíz de este episodio, en 2023, cuando se produjo la primera denuncia. Presuntamente, la mujer desde hacía quince años padecía “las actitudes invasivas, molestas, insistentes, reiteradas, intimidatorias y manipuladoras de forma continuada en el tiempo” de su compañero. Como episodios concretos declaró haber recibió dos correos electrónicos suyos con la palabra 'Hola' –quedó acreditado que eran pruebas hechas con el ordenador– y que según ella “demostraba mala fe” por intentar presentarse a la promoción interna a la que aspiraba.

El Puerto reaccionó a la denuncia de la empleada y trasladó el puesto de trabajo del denunciado a más de dos kilómetros de distancia, “con una difamación absoluta en el seno de la empresa, sin tan siquiera habérsele comunicado la causa, ni habérsele escuchado”, reprocha la sentencia.

La segunda denuncia se produjo un año más tarde. La empleada declaró que el trabajador había accedido al edificio donde ella trabaja y que se había comportado de forma provocativa. Las cámaras de seguridad desmintieron a la mujer y evidenciaron que nunca llegó a entrar. Ella misma acabó confesando que esas afirmaciones fueron fruto de un estado de confusión, cuando supo que la iban a expedientar.

Las dos denuncias se archivaron pero el denunciado exigió abrir un expediente disciplinario a la denunciante al estar previsto en el Protocolo antiacoso que las denuncias falsas son constitutivas de actuación disciplinaria. El instructor del mismo propuso una sanción de dos años de empleo y sueldo para la trabajadora por lo que se consideró una falta muy grave. Pero lo corrigió el propio presidente César Díaz y se quedó en dos meses. “Puede considerarse como otra ignominia cometida por la Autoridad Portuaria de Santander contra la persona falsamente denunciada”, subraya la sentencia.

Es más, el juez considera que la participación del Puerto de Santander ha sido decisiva “para la gravedad de la intromisión legítima en el derecho al honor del demandante”. Al tiempo que señala la “evidente animadversión del superior jerárquico” hacia el afectado por las denuncias falsas. Añade –textualmente– que no cabe escudarse en que había una denuncia (sin indicios) para poder privar de derechos esenciales al trabajador, como el derecho a la defensa, dado que no se le escuchó antes de trasladarle de puesto de trabajo. “Otro escarnio más”, subraya la sentencia.

Ahora, el proceso se alarga con el recurso ante el Tribunal Supremo del propio Puerto de Santander donde la institución parece tener más interés a la empleada condenada por fingir el acoso que al empleado víctima de la situación.

La mujer que denunció por acoso sexual al expresidente de la Deputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, compareció este miércoles en el tribunal de instancia número 3 de la capital lucense, que es el que lleva las causas de violencia sobre la mujer. En su declaración se ratificó en su relato de que Tomé le hizo ofrecimientos laborales a cambio de sexo y en que la dirección del PSdeG conocía su denuncia, según dijo su abogado, Luis Pena, a la salida y recoge Europa Press.

Este miércoles han empezado las declaraciones ante el juzgado por la denuncia, que la mujer registró primero en el canal interno del partido y que ahora se ha judicializado. El caso está en fase de instrucción. Al terminar, el abogado habló de que la notoriedad del caso ha hecho que tenga información sobre “posibles nuevas víctimas”, aunque no ha aportado más datos.

En la primera sesión declararon, desde las 10.45 horas la denunciante, su madre y una joven amiga de la víctima, testigo de los hechos. Durante las tomas de declaración han estado presentes los abogados de José Tomé, que rechazan hacer declaraciones mientras el caso esté en la fase de instrucción.

Tras esta primera sesión, la jueza tendrá que determinar si ve indicios de delito para abrir un proceso contra el alcalde de Monforte. Del mismo modo, queda por saber si serán llamadas a declarar otras personas, entre ellas el propio Tomé.

El expresidente de la Deputación ha negado hasta ahora los hechos de los que ha sido acusado. El pasado diciembre, cuando saltó la noticia sobre la denuncia, en aquel momento registrada en el canal interno del PSOE, José Tomé dijo que algún día se sabría la verdad “y a qué obedece todo esto”. La denunciante manifestó en televisión la desprotección que asegura haber sufrido tras hacerse público el caso, así como también el odio recibido desde entonces.

Según la explicación que ha trascendido, ella quedó con Tomé y ese encuentro derivó en un diálogo sobre las oposiciones que ella estaba preparando en el que denuncia que hubo una propuesta sexual a cambio de favorecer su acceso al puesto al que optaba, con el aviso de que si no le salía “de los huevos, no iba a aprobar”.

En marzo, la Fiscalía Provincial de Lugo informó de la interposición de una querella contra Tomé tras recibir una denuncia particular por hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025. Considera que los hechos denunciados, con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos bien de un delito de acoso sexual, o bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública.

La acusación de acoso sexual contra Tomé y su baja del PSOE sacudieron al partido en Galicia, que afrontó la dimisión de la que era entonces secretaria de Igualdade, Silvia Fraga. La denuncia provocó que, aunque inicialmente se aferró a sus cargos, Tomé dimitiese como presidente de la Deputación y al frente del PSOE en la provincia de Lugo. Posteriormente, la Deputación eligió como nueva presidenta a otra socialista, Carmela López, alcaldesa de Burela.

El rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, ha confirmado que han recibido denuncias por casos de acoso sexual en la Facultade de Belas Artes, en el campus de Pontevedra. Alumnas y alumnos de esa especialidad han iniciado protestas por el tratamiento dado a estos casos y para reclamar más protección a las víctimas y criticar que los docentes señalados sigan dando clases y tengan tutorías individuales.

Reigosa, que está a punto de abandonar el cargo, dado que este viernes se celebra la segunda vuelta de las elecciones en la UVigo para decidir entre dos candidatas, indicó que hay un caso muy reciente, del mes de abril, del cual dijo que no puede hablar porque se está recogiendo la información pertinente. Otro caso “de hace poco”, añadió, está judicializado y “la Universidad se tiene que inhibir temporalmente”, según informa Europa Press.

El aún rector defendió que cualquier denuncia debe ser tratada con “absoluta confidencialidad, por una parte, y, por otra, con mucho rigor”. “Tenemos protocolos, tenemos sistemas de funcionamiento y no vamos a permitir que la Universidad no sea un espacio seguro para las mujeres”, manifestó.

Alumnado de Belas Artes de Pontevedra ha arrancado un calendario de movilizaciones para denunciar situaciones de acoso sexual en el ámbito académico y reclamar cambios en los protocolos de actuación de la Universidade de Vigo, a la que exigen “tolerancia cero” con este tipo de conductas. El lunes pasado, tras una asamblea, anunciaron un paro el 28 de mayo. Ayer jueves ya protagonizaron una sentada ante el centro.

Las acciones, declararon, responden a la necesidad de actuar frente a episodios de abuso que, aseguran, se producen en el entorno académico y ante los que “no pueden permanecer calladas”. Reclaman tolerancia cero y cuestionan el silencio que rodea a estos casos. La confidencialidad, avisan, “es un arma de doble filo” porque estas agresiones “no son aisladas”.

Uno de los principales puntos de su denuncia es la continuidad en sus puestos de docentes señalados por agresiones, algo que, según dice el colectivo, “agrava las consecuencias de los abusos”. En este sentido, sostienen que quienes estén implicados en este tipo de comportamientos no deberían ejercer la docencia, ni poder hacer tutorías individuales o acceder a información personal de las estudiantes que han denunciado.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, aseguró la semana pasada que las diputadas de la Asamblea tiene “cauces más que habituales” para denunciar situaciones de acoso. Esas fueron sus palabras después de que elDiario.es preguntara por un supuesto caso de acoso sexual que una diputada de Vox habría denunciado ante Ayuso, según recoge el periodista David Fernández en su libro. Tras estas declaraciones, el PSOE de Madrid denuncia ahora que estos “cauces más que habituales” se quedan cortos: “Llevan diez años sin aplicar correctamente el protocolo”.

El protocolo antiacoso de la Asamblea de Madrid lleva diez años sin actualizarse: se publicó en 2016 y, desde entonces, no se ha modificado, a pesar de que en los últimos años han aparecido nuevas formas de acoso, especialmente aquellas enfocadas a las redes sociales o entornos digitales. Pero en caso de acoso sexual o laboral, ¿quién puede acogerse a este protocolo?

Según el propio texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, y según indican desde la propia Asamblea, el protocolo aplica solo para los propios trabajadores y trabajadoras del órgano público. Es decir, tanto las diputadas como las trabajadoras de empresas externas, como el servicio de limpieza o la cafetería, quedan fuera del protocolo. Estas últimas deben ir a su propia empresa si quieren denunciar un caso de acoso.

En cuanto a las diputadas, “no tienen relación laboral con el Parlamento, por lo que los protocolos no resultarían de aplicación directa”, explican. “Una vía alternativa podría ser su resolución en el ámbito del Grupo Parlamentario y, en su caso, ante la Mesa de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado o la Mesa de la Asamblea, si se está ante un supuesto de los recogidos” en el Reglamento.

Sin embargo, el PSOE de Madrid asegura que las diputadas de la Asamblea están “desprotegidas” porque, en caso de acoso sexual o laboral, se ven obligadas a recurrir a vías por las que es probable que su caso acabe viendo la luz, lo que podría llevar a que no quieran denunciar.

“Estas son las consecuencias de tener a una presidenta negacionista de la violencia de género, el desamparo total a las mujeres”, lamentan desde el PSOE madrileño. “Tenemos un protocolo contra el acoso sexual en la Asamblea controlada por el PP, que no se actualiza aunque la ley les obligue a incluir el acoso en el ámbito digital”, critican. “Tomemos nota las madrileñas”.

Y en caso de que una trabajadora quiera denunciar, ¿cómo puede hacerlo?

Según se explica en el protocolo, será la Secretaría General la encargada de recibir y tramitar las denuncias. Esta “deberá disponer de una lista de personas que hayan recibido formación específica en materia de género o que, sin tenerla, esté dispuesta a recibirla”. Este listado se deberá publicar “en el plazo de 5 días hábiles” desde que se publica el protocolo de 2016, entonces esos nombres se harán públicos a través de la Intranet.

Esto es lo que se denomina como “asesores confidenciales”, una figura que puede ser habitual en estos casos y que en la Asamblea debe tramitar “directamente la denuncia de acoso sexual, acoso por razón de sexo”, por lo que serán los encargados de “gestionar y tramitar” las denuncias, así como asistir e informar a la víctima. “Su identidad y la forma en que se podrá contactar con ellas se dará a conocer a todo el personal a través de la intranet”, recoge el documento.

A raíz de la respuesta del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la que aseguraba que las diputadas tenían “cauces más que habituales” para denunciar los supuestos casos de abuso, el PSOE de Madrid investigó en la intranet, a la que solo tienen acceso los trabajadores y trabajadoras del órgano regional. Preguntaron por el listado de asesores confidenciales, pero, según relatan a este diario, no encontraron ningún documento, a pesar de que así lo recoge el protocolo aprobado hace diez años.

Tal y como denuncian y como se aprecia en los metadatos del archivo, el mismo día en que preguntan por qué estas figuras no aparecen en la Intranet, es el día en el que suben el archivo con el listado de nombres.

Este periódico ha preguntado a la Asamblea de Madrid, teniendo en cuenta que los nombres de los asesores confidenciales fueron publicados ese mismo jueves, de qué otra forma podían las trabajadoras denunciar situaciones de acoso. “La denuncia por parte del personal de la Cámara de situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo y discriminatorio nunca se realiza ante los asesores confidenciales, la única vía es a través de la Secretaría General”, explican.

Además, aseguran que “la solicitud de voluntarios para desempeñar” esta figura “fue realizada mediante escrito de la Secretaría” en 2016. Y ese mismo año la “Dirección de Gestión Administrativa remitió listado de las personas que se presentaron voluntariamente”, aunque la Asamblea no se ha referido en sus respuestas a por qué el listado con los nombres de los asesores fue publicado en la intranet hace solo unos días, solo con los nombres y apellidos de los mismos.

Las citadas fuentes del PSOE madrileño critican que si una persona es víctima de este tipo de acoso, no acudirá a la Secretaría General para denunciarlo porque la “Asamblea es un ámbito muy pequeño” y se conocería lo sucedido.

A preguntas remitidas por este medio, la Asamblea de Madrid responde que los protocolos no se han actualizado desde que se publicaron porque “no se ha requerido desde la representación de personal unos nuevos protocolos, ni ha habido ninguna razón de oportunidad o legalidad”. Por ahora, según indican, “no hay casos registrados de acoso sexual y acoso por razón de sexo y discriminatorio en el seno de la Asamblea de Madrid”.

La semana que viene el grupo socialista activará una petición de comparecencia con la consejera sobre acoso sexual, donde tratarán sobre los protocolos antiacoso sexual en la Comunidad de Madrid y la Asamblea. “Si Ayuso no vela por el personal de la Asamblea, ¿qué le importamos las demás? Lo mismo que su compañera de Móstoles y aquella diputada de Vox”, añaden en declaraciones a elDiario.es.

La Junta del Alarde tradicional de Irún, en el que las mujeres quedan relegadas a cantineras, ha informado en un comunicado dirigido “a la ciudadanía” que existen diligencias previas en el ámbito penal “actualmente en tramitación en un juzgado de Irún” por la denuncia de un presunto caso de violencia sexual ocurrido en el San Marcial de 2025. No obstante, la Junta ha indicado que no ostenta la condición de parte en el procedimiento. Según la denuncia, que en un momento se limitó a ser interna de la organización, pero ha saltado a la Justicia, un “jefe de unidad” realizó presuntamente “unos tocamientos” a la cantinera, una joven veinteañera. Desde el Departamento de Seguridad confirman a este periódico que hasta el momento, no tienen constancia de que se haya interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza relacionada con estos hechos, por lo que el caso puede haber llegado al juzgado por otros cauces.

Después de que una de las cantineras del Alarde de Irún denunciara ante la Junta de Mandos (órgano soberano, cuya misión principal es la organización del Alarde de San Marcial, mientras que la Junta del Alarde es el órgano de estudio y asesoramiento del Alarde) un presunto episodio de agresión sexual por parte de uno de los 'mandos' de una de las compañías durante uno de los ensayos de la fiesta celebrada el pasado 30 de junio, el 3 de febrero, se celebró una reunión para comunicar la sanción al presunto agresor, que ha sido expedientado y suspendido de su cargo. Debido a la sanción, el acusado ha solicitado medidas cautelares algo que se analizará el próximo 29 de mayo el Tribunal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 2 de Irún.

A raíz de lo ocurrido, el “general” y el “comandante” del Alarde tradicional de Irún presentaron su dimisión. Asier Etxepare y Rubén Fraile alegaron que no podían liderar un grupo en el que hay un sector que ha cuestionado su forma de gestionar la denuncia interna de la supuesta agresión sexual. En un comunicado hecho público el pasado febrero, expusieron que en verano se abrió un “expediente sancionador” a raíz de una “denuncia interna” por una “conducta inapropiada”. Se refirieron así a unos presuntos tocamientos en una compañía del Alarde por parte de un “jefe de unidad” a la cantinera. Se añadió que tanto la “Junta de Mandos” como la “Junta del Alarde” no podían “mirar hacia otro lado” ante la denuncia de un “símbolo del alarde” y entendían que han de “evaluar” lo ocurrido “dentro del régimen disciplinario”.

A partir de ahí, reconocieron la tensión interna en una reunión celebrada en Palmera Montero, con ocho “capitanes y jefes de unidad” disconformes con las actuaciones y decenas de personas manifestándose en la puerta en contra de sancionar al supuesto agresor. “En los prolegómenos a nuestro gran Día de San Marcial una cantinera se acercó para hacernos llegar varios comportamientos inadecuados de uno de los mandos del Alarde. ¿Qué opciones teníamos? ¿Mirar hacia otro lado o analizar la situación? Yo, como general, pero sobre todo como Asier Etxepare Iza, no puedo hacer otra cosa que respetar y defender la base del Alarde de San Marcial, que es la Ordenanza. Y quiero remarcar que esta debería ser la base de todas las personas que forman la Junta de Mandos y la Junta del Alarde, la de respetar la Ordenanza. Como bien indican nuestros reglamentos, ante este tipo de denuncias internas se abre un proceso para analizar, investigar y resolver las actitudes que han llevado a la persona a tocar nuestra puerta. Y eso hemos hecho: analizar, investigar y resolver”, apuntó en aquel momento uno de los miembros que presentó su dimisión.

Fuentes del entorno del 'mando' sancionado detallan a este periódico que la resolución de la Junta del Alarde, por la que el hombre ha sido sancionado, “no califica, ni tipifica lo sucedido como agresión sexual, ni atribuye connotación sexual a la conducta denunciada”. Además, no niegan ni reconocen los hechos, pero ponen en cuestión que la Junta del Alarde tenga competencia para poder juzgar un hecho de estas características. La resolución del expediente sancionador rebaja lo sucedido a una “falta de respeto” a un “símbolo” del Alarde tradicional, como puede ser en este caso la cantinera, pese a tratarse de una persona. En este sentido, la Ordenanza del Alarde de San Marcial de Irún recoge en su artículo 40 en el que define las faltas graves, “la falta de respeto a la Bandera de Irún, los banderines, los estandartes y cuantos símbolos forman parte del Alarde”. Según confirman las fuentes del 'mando' sancionado, es en este caso en el que contemplan desde la Junta del Alarde para sancionarlo tras el suceso que denuncia la cantinera.

El alcalde pedáneo de Arenales del Sol, partida dependiente de Elche, Alejandro García Raduán, ha sido cesado este viernes tras ser denunciado por acoso sexual. El alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, ha cesado al edil con efecto inmediato, que se comunicará al pleno municipal, y ha condenado los hechos.

Una mujer, vecina de la pedanía, ha formalizado una denuncia ante la Policía Nacional contra García Raduán, después de que este profiriera comentarios de carácter vejatorio en la calle. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el alcalde pedáneo, que concurrió a las elecciones con la agrupación local Contigo, le dijo que podría tenerla guardada en el móvil como “putita”, le sugirió “ponerse pechugas” para que él “pudiera fotografiarla” y ganar visibilidad en redes sociales. También que podría concursar en programas como La isla de las tentaciones -“programas de contenido sexualizado”- o “hacerse un Onlyfans para enseñar el culo”.

“Esta situación de superioridad me generó un efecto inhibidor, coartando mi capacidad de respuesta inmediata, sin que mi silencio o cautela puedan interpretarse en modo alguno como consentimiento”, expresa en la denuncia, en la que recalca la condición de superioridad del alcalde pedáneo.

La víctima hace constar que había una testigo que en un momento dado recriminó la conducta al alcalde pedáneo, y añade que las palabras de García Raduán se produjeron en un contexto de “clara asimetría dada la condición de autoridad” que ostentaba así como “su posición social en la comunidad y la notable diferencia de edad”.

elDiario.es ha tratado de contactar con el ya exalcalde, sin éxito. García Raduán, en declaraciones a EFE, ha señalado que hizo comentarios sobre que para ganar seguidores en las redes sociales hay que mostrar partes del cuerpo, entre ellas “el culo y las tetas”, y ha opinado que sus expresiones se han “descontextualizado” porque se profirieron “en un entorno de confianza” ya que la persona que fue testigo es conocida suya. “Esto se ha descontrolado y no entiendo nada”, ha añadido García Raduán, a quien el alcalde de Elche telefoneó para informar de que lo iba a destituir con carácter inmediato.

Un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles (Madrid) ha admitido a trámite la querella que una exconcejala del PP de esa localidad presentó por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y contra el Partido Popular como persona jurídica. En un auto adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Eloísa Márquez de Prado afirma que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos” y acuerda abrir diligencias previas. 

En la resolución, fechada el 15 de abril, la magistrada también acuerda citar a la exedil el próximo 29 de junio para que preste declaración. Asimismo, ordena que la médico forense adscrita al juzgado haga un reconocimiento a la denunciante para “determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados”. Asimismo, dispone que se dé traslado de la querella a los denunciados, el alcalde y el Partido Popular “a través de carta certificada con acuse de recibo”.

La exdil presentó la querella el pasado 16 de febrero. Casi un mes después, el 9 de marzo, la Fiscalía reclamó que se diera “un impulso procesal” dado que hasta la fecha no se había avanzado nada en el asunto. El Ministerio Público reclamó que se dictara una resolución para abrir esa investigación, como finalmente ha ocurrido.

La exconcejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. 

Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

Según informó el diario El País, el letrado de la denunciante solicitó en la querella la declaración como testigos de un total de once personas, entre las que estarían el propio Alfonso Serrano, la dirigente popular Ana Millán o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por el momento, la jueza no ha dado curso a esas peticiones. Como es habitual, ha citado primero a la denunciante para que ratifique la querella.

Antonio Suárez-Valdés, letrado director del caso, afirma que ante la “notoria existencia” de presuntos indicios de criminalidad, la resolución judicial no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial en averiguación de los hechos denunciados.  

La fiscal de la Sección de Violencia contra la Mujer del Área Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado al juez que investigue al alcalde de Móstoles, el 'popular' Manuel Bautista por la querella presentada por una exconcejala de ese municipio en la que denunciaba delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y descubrimiento y revelación de secretos. Pide que, dado que hasta la fecha no se ha avanzado nada en este asunto, se dé “un impulso procesal” y, por tanto, se dicte una resolución para abrir esa investigación y que el Ministerio Fiscal pueda informar al respecto.

En un sucinto escrito con fecha de 9 de marzo, avanzado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía recuerda que la querella iba tanto contra el alcalde como contra el PP. Fue en febrero cuando trascendió que esa exconcejala, que pidió auxilio a la cúpula del partido en la región por el acoso laboral y sexual que supuestamente sufrió en 2024 a manos del alcalde, había presentado una querella en los juzgados. Desde entonces ya han pasado dos meses sin que el juzgado haya movido ficha.

Según relataba Antonio Suárez-Valdés, letrado director del caso, se trata de “un procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima”.

La concejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral, según reveló El País. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. 

Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán, imputada por corrupción, amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

Según informaba el diario El País, el letrado de la víctima ha solicitado la declaración como testigos de un total de once personas, entre las que estarían el propio Alfonso Serrano, la dirigente popular Ana Millán o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

“Nutrido soporte probatorio”

En un comunicado, el despacho Suárez-Valdés, afirma que la querella se sustenta “en un nutrido soporte probatorio”. Con ello se buscará, primero, acreditar la existencia de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la exconcejala por parte del regidor. Y, después, la existencia de “un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad” ante el rechazo a sus pretensiones. 

Según el letrado, “la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular” han obligado a su representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente.

“El silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización. La ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones, según tipifica nuestro código penal”, sostiene el comunicado.

Son tiempos de cambio para la industria de los videojuegos. Las empresas del sector se han percatado de que ya no se puede seguir estirando el chicle ante una realidad inaplazable: los peligros de los videojuegos de ahora no tienen nada que ver con los de antes y los padres están cada vez más preocupados. 

Es por ello que 2026 está trayendo consigo dos grandes anuncios en esta materia. El sistema europeo de clasificación de videojuegos por edad y contenido PEGI implementará en junio la mayor actualización desde su creación y Roblox, una de las plataformas de videojuegos más polémicas de los últimos años, avanza, por fin, hacia un mayor compromiso a la hora de proteger a sus usuarios menores de edad.

Los padres ahora también quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online, si van a gastar dinero…

Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI

“Cuando se creó PEGI, todo el enfoque estaba centrado en el contenido de los juegos. En si había violencia, sexo, drogas o lenguaje soez. Sin embargo, ahora la preocupación se ha desplazado del contenido al contexto”, resumió este jueves Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI S.A, en una jornada de reflexión organizada por la Asociación Española de Videojuegos.

“No es que el contenido no sea importante, pero los padres ahora también quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online, si van a gastar dinero…”, ha continuado. El organismo subirá la edad recomendada de los videojuegos que incluyan ciertas funcionalidades concretas, como algunos tipos de compras dentro del juego, sistemas de azar o comunidades en línea que no estén debidamente moderadas. 

Por su parte, Roblox —una plataforma que ha generado polémica por la existencia de incidentes reportados relacionados con acoso a menores por parte de adultos— a finales de 2025 implementó un sistema de verificación de edad mucho más estricto, que seguirán perfeccionando en 2026. “Si tienes nueve años, no deberías poder hablar con alguien de veinte”, ha explicado Sofia Gkiousou, directora de Asuntos Públicos de la compañía.

“¿Qué es lo que hace este sistema de verificación? Que si quieres usar las funciones de chat en Roblox, tendrás que pasar una estimación de edad facial diseñada para detectar si haces trampas. ¿Estás fingiendo? ¿Subiste una imagen de Al Pacino para hacerte pasar por un adulto...? El sistema verifica todo eso y te clasifica por edades: de 9 a 11 años, de 12 a 15, etc. Al entrar al juego, no puedes chatear con nadie que esté muy fuera de tu rango de edad”, ha profundizado.

Controles parentales cada vez más personalizables

Rosa Gil Bernabé, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Nintendo España, señaló en el encuentro que, además de todas estas medidas que las compañías están implementando, las familias también han de hacer un esfuerzo por acercarse a este mundo: Creo que hay veces que les cuesta más entrar en el mundo de sus hijos cuando se refiere a videojuegos que cuando tiene que ver con películas, dibujos animados, cuentos. Necesitamos también cierta implicación por parte de los padres“.

Puedes establecer una restricción por edad, limitar las compras, o controlar cosas como el tiempo de juego

Rosa Gil Bernabé, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Nintendo España

Además, ha recordado todas las maneras en las que las familias pueden intervenir en la configuración de su consola: “Puedes establecer una restricción por edad, limitar las compras, o acceder a la app Control Parental de Nintendo Switch, desde la que se pueden controlar cosas como el tiempo de juego o incluir un tiempo de descanso nocturno. También se puede recibir información sobre los juegos a los que juegan tus hijos o limitar el juego online”.

Tanto Roblox como Nintendo puntualizan que ninguna de las herramientas de seguridad que tienen son aún perfectas. “Siempre habrá margen de mejora. Perfeccionamos nuestras herramientas de seguridad a diario. El año pasado implementamos 150 mejoras. Es por eso que no solo contamos con una herramienta, sino que son muchas actuando a la vez”, expresaba Gkiousou. 

Desde PEGI, ha afirmado Wacrenier, esperan que los cambios que se van a implementar incentiven a los editores y desarrolladores a seguir aplicando controles estrictos en la fase de creación de los videojuegos. Pese a que 2026 podría actuar como un punto de inflexión, las grietas en cuanto a protección que tiene la industria —al igual que ocurre con las redes sociales— siguen siendo muchas (sobre todo en lo relativo a los juegos en línea) y suponen un verdadero reto.

El exalcalde del municipio sevillano de La Algaba Diego Manuel Agüera ha recuperado su militancia en el PSOE tras el archivo definitivo de la denuncia presentada por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor de la localidad sevillana, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. De hecho, hace unos días pedía su vuelta al conjunto al “haber decaído la medida cautelar de baja de militancia” que fue interpuesta tras darse a conocer los hechos.

Según expresaba Agüera en un comunicado, consultado por esta agencia, su intención es “gozar de todos los derechos como afiliado” en su “querida” organización. No obstante, respecto a su futuro político y en referencia a una posible vuelta a la alcaldía (mantiene el acta de concejal) aseguraba que no tenía “nada decidido”, una posición que, por el momento, parece no haber sufrido cambios. “Ahora mismo, lo único que deseo es descansar junto a mi familia, agradeciendo las muestras de aliento y cariño que he recibido”, apostillaba entonces.

El pasado 17 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ordenaba el archivo provisional de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana al considerar que “de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”.

El 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por el maestro de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba Manuel Carbonell ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía “un paréntesis” en su vida política para dedicarse “plenamente” a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría “malignamente interpretado una conversación”.

La Policía Nacional ha detenido a un groomer (adulto que utiliza internet para ganarse la confianza de menores) por ciberacosar sexualmente a niñas menores de edad. Lo detuvo tras conseguir localizarlo viviendo “como un fantasma” oculto en pésimas condiciones de salubridad en un piso de Madrid, donde fue arrestado una vez localizado en menos de 24 horas, después de la alerta de una víctima menor de edad con ideas suicidas en la red social TikTok.

El detenido, que ya ha ingresado en prisión, es un español de 28 años con antecedentes por delitos similares y una requisitoria de ingreso en prisión por una sentencia de 2024, lo que motivaba que viviera escondido y sin salir de su casa en el barrio de Moratalaz, desde donde logró captar al menos a cinco niñas, todas del mismo grupo de amigas residentes en Toledo.

“Era un fantasma, vivía ocultando su identidad, no tenía nada a su nombre”, han señalado en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid) los investigadores de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la UFAM de Toledo, donde residían las víctimas, niñas de entre 14 y 12 años con trastornos de personalidad.

Los especialistas de la Policía Nacional han alertado del incremento de alertas suicidas tramitadas por la Unidad Central de Ciberdelincuencia, con 126 casos en 2025. Además, han puesto en valor la importancia de que nadie comparta imágenes comprometidas a través de las redes sociales con desconocidos. “En la red casi nadie es quien dice ser”, han recordado.

En concreto, el detenido se ocultaba en un bloque de viviendas en el barrio de Moratalaz con su exnovia y el padre de ésta, y usaba dos teléfonos móviles para hacerse pasar por un menor de edad para captar a través de redes sociales a menores vulnerables para que le enviaran contenido sexual, llegando a ofrecer dinero a cambio. “Estaba 24 horas conectado”, indica la Policía.

La investigación se inició cuando los agentes recibieron a finales de enero una alerta de posible suicidio de una usuaria de 14 años de edad en una publicación en directo en la red social Tik-Tok, iniciándose las diligencias policiales por 'bullying' y 'grooming'. En menos 24 horas, los agentes consiguieron localizar al 'groomer', que es como se conoce a los depredadores sexuales en Internet. Fue detenido el 25 de febrero.

Ofrecía hasta 300 euros a las víctimas

La investigación ha constatado que, una vez que se ganaba la confianza de las víctimas, les solicitaba imágenes íntimas y videollamadas de carácter sexual, llegando a ofrecer a veces entre 100 y 300 euros si accedían a sus pretensiones. También accedía a los contactos de las menores, por lo que podía extender su red de posibles víctimas.

Las imágenes luego las compartía con otros contactos si las niñas no accedían a quedar con él en persona, como sí llegó a ocurrir al menos una vez con una menor en una estación de autobús de Toledo. La menor, al ver que era un adulto, salió corriendo, pero consiguió persuadirla de nuevo asegurando que tenía un aspecto avejentado debido a que padecía cáncer.

Los agentes dieron con su paradero en un domicilio de la capital, en el barrio de Moratalaz, donde vivía escondido en condiciones pésimas de salubridad, con cuatro perros y rodeado de excrementos, y sin salir de casa desde hace años para realizar trámites como renovar el DNI o el carnet de conducir.

En este sentido, los investigadores sospechan que el groomer utilizaba la identidad de su hermano gemelo para poder pasar desapercibido.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha ordenado el archivo de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Agüera, por presunto acoso a un menor. Como consecuencia de estos hechos, el pasado 23 de febrero Agüera renunció a su cargo.

Según el auto, adelantado por Cadena SER y al que ha tenido acceso este periódico, el juez considera que “de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, por lo que ha procedido a acordar el “sobreseimiento provisional de las actuaciones”. Contra la resolución cabe interponer un recurso de reforma, así como un recurso de apelación.

Cabe mencionar que el pasado 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía “un paréntesis” en su vida política para dedicarse “plenamente” a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría “malignamente interpretado una conversación”.

“Como entenderéis, esta denuncia pública ha provocado una indignación más que razonable no solo en íi, también en mi familia, en mis amigos y miles de algabeños que así me lo han hecho saber a través de mensajes y llamadas”, expresó el edil al renunciar. Asimismo, aseguró que había denunciado este hecho “ante la Justicia” por “atentar” contra su “derecho al honor”.

La denuncia fue presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba Manuel Carbonell, que fue derivada a su vez a a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público.

El Comité de Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) ha reprochado al catedrático de Ciencia Política y exvicerrector de la universidad, Jordi Matas, que difundiera en un acto público el nombre y apellido de la estudiante que lo denunció por acoso sexual en 2017.

En un comunicado emitido el miércoles, el Comité recuerda a Matas y a los profesores de su entorno (sin citarlos) que su conducta “vulnera gravemente” el protocolo de la universidad contra el acoso sexual y les recuerda el deber de mantener el anonimato de los denunciantes así como de las personas que las acompañan o apoyan, tanto durante como después del procedimiento.

“Este compromiso es vinculante y su incumplimiento puede derivar en actuaciones disciplinarias”, recuerda el comunicado remitido a toda la plantilla y revisado por elDiario.es.

Una alumna a la que iba a tutorizar el trabajo de final de grado denunció a Matas por acoso sexual ante la UB en marzo de 2017. La estudiante aseguró que el catedrático le mandaba mensajes subidos de tono y que, entre otros aspectos, le había confesado en su despacho que había tenido dos sueños eróticos con ella.

El caso fue archivado por una comisión formada por tres hombres. El rector del momento, Joan Elías, publicó una resolución que le eximía de cualquier responsabilidad y concluía que el comportamiento de Matas “había podido ser contraria a los valores éticos y deontológicos exigibles” al profesorado de la UB.

Una investigación de elDiario.es, publicada en diciembre de 2023, reveló los cientos de mensajes que Matas había intercambiado con esta alumna así como los seguimientos que el docente llevó a cabo a la estudiante cuando ella decidió cortar el contacto con él.

La publicación del reportaje generó una ola de protestas en la universidad que le forzó a renunciar a su puesto de vicerrector y a diversos cargos en otros organismos públicos. Actualmente ejerce de coordinador del Plan de dinamización lingüística de la UB.

Matas demandó pocos meses después tanto a elDiario.es como a la alumna que había relatado su experiencia en el reportaje. El juez, sin embargo, avaló la investigación de este periódico porque transmitía “información contrastada” sustentada en “hechos documentados” y entrevistas “a varios testigos”. El fallo le impuso el pago de las costas del proceso y Matas recurrió la sentencia (todavía no hay fallo de la Audiencia Provincial al respecto).

Desde el pasado verano, tanto Matas como su entorno han difundido de manera reiterada el nombre de esta estudiante en actos de la universidad así como en un evento público celebrado el pasado julio en apoyo al catedrático. Matas y un grupo de docentes que lo apoyan consideran que el profesor fue “víctima de una campaña difamatoria” y llevan meses pidiendo al rector de la UB, Joan Guàrdia, la restitución del politólogo como vicerrector.

Tanto en ese acto como en una entrevista posterior, Matas ha cargado contra elDiario.es y ha acusado al antiguo rector, Joan Elías, de filtrar su caso a los medios para perjudicarle a él y al independentismo. Los ataques del catedrático y algunos profesores afines también se han dirigido contra la estudiante que lo denunció así como contra el profesor de Economía que la atendió en un primer momento y le recomendó presentar una queja formal.

El Comité de Empresa también apoya en su comunicado a este docente, al que Matas ha acusado en diversas ocasiones de simpatizar con la ultraderecha y de haber apoyado a la estudiante solo para perjudicar al catedrático. El texto destaca que este profesor “cumplió con su deber preceptivo” de acompañar a personas que podrían haber sufrido acoso.

Discriminación por razón de sexo, denegación sistemática de medidas de conciliación familiar, acoso, represalias y “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo.

Tres mujeres de la Policía Canaria denunciaron en diciembre ante la Consejería de Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria) “graves vulneraciones” a la ley de igualdad de trato en el seno del cuerpo. Más de dos meses después, una sigue esperando respuesta de la administración y las otras dos han visto cómo las informaciones reservadas que se abrieron para estudiar sus casos se han cerrado sin haber sido citadas a declarar para ofrecer su versión de los hechos, contradecir la de testigos o aportar pruebas. 

Esos tres escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, se presentaron el 19 de diciembre. Todos solicitaban la adopción de medidas cautelares, desde el traslado de unidad hasta la petición de que el actual jefe de la Policía Canaria, Antonio Almenara, se abstuviera de mantener contacto directo u operativo con una de ellas. Ninguna petición ha sido atendida. Las denunciantes solo tuvieron conocimiento de la apertura de esas informaciones reservadas tras su archivo. 

El primer archivo

Ambas resoluciones están firmadas por el director general de Seguridad, David del Pino, un subcomisario en excedencia de la Policía Canaria que, a su vez, está inmerso en un protocolo de acoso laboral (con medidas cautelares activas) tras la denuncia que contra él y la consejera presentó el anterior jefe del cuerpo, el comisario principal Luis Santos Jara. 

La primera resolución del director general, que se basa en un informe de la Unidad de Asuntos Internos, está fechada el 29 de enero y resuelve el escrito presentado por una agente de Santa Cruz de Tenerife que denunció que se le había revocado un ascenso (de policía a oficial) cuando estaba de baja médica. A juicio de esta funcionaria, esa actuación constituye una discriminación por razón de enfermedad, máxime cuando a otros compañeros del cuerpo “se les mantuvo en el puesto” mientras estaban en situación de incapacidad temporal, incluso de larga duración, reza el escrito. 

Esta agente también relató dos episodios de “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo, Almenara. En concreto, dos palmadas en la espalda que le hicieron “perder el equilibrio” de forma momentánea y un agarrón por la espalda para girarla y cambiar su orientación durante unas prácticas de tiro. La agente destaca en su escrito la importancia del contexto en que se produjeron estos hechos: en el marco de una relación jerárquica directa y con un conflicto administrativo previo entre ambos. 

El director de Seguridad desestimó íntegramente sus pretensiones. Por un lado, justificó el contacto físico, señalando que es “costumbre” y un “gesto frecuente” del comisario dar “suaves palmadas” en la espalda al saludar a sus subordinados, por lo que esta conducta “no puede ser considerada acoso hacia una agente en particular”. “(Esas palmadas) nunca son suficientes para desplazar o desequilibrar a una persona ni causarle dolor”, añadía. 

Además, remarca que la denuncia no hace alusión a que “durante el incidente el comisario le hiciese mención a las reclamaciones (en vía administrativa) que ella tuviese pendientes de resolución o, en su caso, denegadas”. Con respecto al episodio en el campo de tiro, el informe de Asuntos Internos alude a tres testigos que negaron los hechos. Uno es el propio jefe. Otro es un subcomisario de la unidad de régimen interior, un órgano que está bajo la dependencia funcional de la jefatura del cuerpo. El tercero es un policía de su unidad.

La agente había solicitado recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad para demostrar la veracidad de lo denunciado. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad contestó que la empresa responsable de su custodia había certificado que era “técnicamente imposible recuperar” esas imágenes en las fechas señaladas.

“Enfermedad o falta de disponibilidad”

En cuanto a la revocación del ascenso, el director general sostiene que esa decisión no se adoptó por la enfermedad de la agente, sino por su “falta de aptitud (disponibilidad)”. 

El artículo 39 de la Ley de la Policía Canaria establece la posibilidad de destinar a un funcionario a un puesto superior (en este caso, de policía a oficial) en casos de urgencia y siempre y cuando esa plaza no se haya podido cubrir a través de los procesos selectivos ordinarios. La denunciante fue ascendida por esta vía y relegada de nuevo (volviendo a su anterior puesto) cuando se encontraba de baja laboral. Durante un tiempo se le siguió pagando como oficial, pero después la administración le reclamó las diferencias salariales. 

La Consejería de Seguridad defiende que esa revocación “no penaliza la enfermedad”, sino que “constata la imposibilidad material” de la agente para desempeñar esa tarea por su “falta de disponibilidad”. La resolución sostiene que se trata de un acto reglado y que estaba “obligada a liberar ese puesto para que otro efectivo pueda cubrir la necesidad real”. 

La denunciante advertía de que a otros funcionarios se les había mantenido el puesto estando de baja. Incluso, en algún caso, de larga duración. A juicio de la Dirección General, este argumento “carece de eficacia jurídica”. “El hecho de que, hipotéticamente, no se haya revocado en tiempo y forma otros nombramientos temporales —por error, omisión o diferencias en la duración de la baja— no genera un derecho subjetivo a la interesada para perpetuarse en una situación irregular”, recoge el escrito.

Y añade: “El principio de igualdad no ampara la reivindicación de mantener un beneficio indebido basándose en que otros pudieron haberlo disfrutado incorrectamente”. Para desmentir ese “trato discriminatorio singularizado”, la Consejería de Seguridad alude a otros dos agentes a quienes también revocó esos ascensos. Se da la circunstancia de que uno de esos casos es el de otra de las denunciantes, a la que aún no han contestado. 

La unidad investigadora de esa información reservada es la de Régimen Interior de la Policía Canaria, que depende jerárquicamente del jefe del cuerpo, señalado en la denuncia. La resolución de archivo incluso llega a acusar a la denunciante de “desviar el foco del procedimiento” (la reclamación por el ascenso revocado y sus consecuencias económicas) “mediante la construcción artificiosa de un escenario de acoso discriminatorio”. 

El archivo de esa información reservada, un procedimiento en el que no ha prestado declaración la denunciante, pone fin a la vía administrativa. 

Conciliación familiar

El segundo archivo es más reciente. Fue dictado por el mismo alto cargo el 28 de febrero, también sobre la base de un informe de Asuntos Internos. En este caso, la denunciante tiene su destino en Tenerife, pero ejerce en Gran Canaria en comisión de servicios por conciliación, para atender a sus dos hijos, ambos menores de edad (es familia monoparental). Entre junio y noviembre de 2025, esta funcionaria solicitó hasta en cuatro ocasiones medidas de conciliación y un cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial) para aprovechar su formación en Criminología y Criminalística Forense. 

En uno de esos escritos argumentaba que la implantación de un turno de nueve horas en esa unidad le obligaba a salir a medianoche en la jornada vespertina, un horario incompatible con el cuidado de sus hijos. La administración rechazó su petición alegando que carecía de documentación acreditativa de sus circunstancias familiares, pese a conocer que esas eran las razones por las que estaba en comisión de servicio en Gran Canaria. Lo único que se le ofreció entonces, según cuenta, fue una reducción de jornada (de nueve a ocho horas), con el consecuente perjuicio económico. Esta opción fue rechazada por la funcionaria.  

Para poder atender a los menores, la agente tuvo que solicitar reiterados cambios de turnos a los compañeros, aunque en ocasiones no fue posible, por lo que hubo noches en que sus hijos tuvieron que quedarse “solos y sin la protección debida”. Cuenta, en concreto, el caso de un fin de semana en que le fue negado el cambio de tarde al de mañana “por razones operativas”. La agente remarcaba en su denuncia que esa misma semana a otros compañeros sí les dieron facilidades, incluso para asistir a eventos sociales. 

La jefatura solo estimó parcialmente su última petición de conciliación (la formulada en noviembre). La administración acordó asignarle turnos fijos en horario de mañana en la misma unidad (Seguridad Ciudadana), denegando su traslado a departamentos más acordes con su formación. A pesar de que ese acuerdo está fechado el 2 de diciembre, no se le notificó a la interesada hasta el 24 de febrero, más de dos meses después. 

La agente sostenía en su denuncia que la “asignación sistemática” a los puntos fijos era una “medida de represalia” por sus constantes peticiones de conciliación. La funcionaria explica en su escrito que esta labor consiste en la “vigilancia estática de instalaciones (Presidencia del Gobierno, juzgados…), sin funciones policiales operativas propias” de la Policía Canaria y que es entendida en el seno del cuerpo como “un destino de castigo”, puesto que supone prestar servicio en solitario, “lo que implica aislamiento del resto de compañeros”. Además, incidía en que ello suponía “un absoluto desperdicio” de su cualificación universitaria. 

Violencia de género y “represalias”

También relataba en su denuncia “un antecedente de represalia” por haber comunicado a un superior jerárquico que había sido testigo de un episodio de violencia de género por parte de otro agente del cuerpo. Según apunta la denunciante, la jefatura le reprochó no haber informado de esos hechos a su superior inmediato, sino a otro alto cargo del cuerpo que era, a su vez, mando de un segundo testigo. 

El agente denunciado por violencia machista admitió los hechos y fue condenado, pero, según la denunciante, sigue prestando servicios en la Policía Canaria, aunque sin arma.  

Segundo archivo

La respuesta a la denunciante llegó el 28 de febrero. Y, al igual que en el primer caso, archiva la información reservada y desestima todas sus alegaciones. El director general de Seguridad sostiene que la jefatura de la Policía Canaria ha facilitado “de forma continua y activa” la conciliación de la vida personal y laboral de esta funcionaria, descartando una discriminación por razón de sexo o por responsabilidades familiares. 

La administración defiende que la agente prestó servicio en turno de mañana en la mayoría de las ocasiones; que el hecho de que entre agosto y noviembre prestara algunos servicios en turno de tarde respondió a que “no adjuntó la documentación acreditativa de sus circunstancias familiares”, o que se le aceptaron numerosos cambios horarios y que cuando se le denegó fue porque “la disponibilidad operativa de la unidad era reducida”. 

Con respecto a la asignación de puntos fijos, señala el director general que es más probable en el turno de mañana, por lo que es “una consecuencia estructural y objetiva de la medida de conciliación adoptada”. También niega “cualquier represalia” por “su participación en un procedimiento administrativo en calidad de testigo”, en relación con su testimonio sobre el caso de violencia de género. “No existen ab initio indicios suficientes para deducir responsabilidad disciplinaria por parte de ningún funcionario policial”, concluye la resolución.

Tampoco aprecia discriminación en la denegación del cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial). La resolución señala que hay un procedimiento “objetivo y general” de aplicación a todos los funcionarios, “con independencia de su situación personal”. De hecho, acusa a la trabajadora de intentar “instrumentalizar” una solicitud de conciliación familiar para “eludir” ese procedimiento. 

Para tratar de acreditar ese presunto trato discriminatorio, la agente había aludido al caso de dos policías que sí fueron trasladados a esa unidad de Policía Judicial mediante una instrucción. El Gobierno responde que esa comparación “carece de idoneidad”, puesto que esos traslados se produjeron “antes de la primera solicitud de la interesada”. 

La agente se encuentra de baja desde principios de diciembre como consecuencia de estos hechos, que califica de acoso laboral. 

La Consejería “no facilita información a terceros”

Este periódico envió el pasado 26 de febrero (dos días antes del segundo archivo) un cuestionario a la Consejería de Seguridad con preguntas sobre la denuncia de las tres agentes y las medidas adoptadas a raíz del caso de violencia machista del que fue testigo una de ellas.

En una contestación remitida el pasado viernes, fuentes oficiales de este departamento se han limitado a señalar que, a raíz de los escritos presentados por dos agentes, “ambas por vulneración al derecho a conciliar y una de ellas también por revocación del artículo 39 (puesto temporal de superior empleo) y supuesto contacto físico del jefe del cuerpo”, se han tramitado dos procedimientos internos. 

“Una vez abierta la información reservada, se iniciaron las actuaciones y Asuntos Internos emitió el informe de conclusiones. En las resoluciones se da respuesta detallada, en tiempo y forma, de aquellos hechos denunciados de los que son parte interesada y que, por lo tanto, pueden tener conocimiento”, explican desde el área que lidera Nieves Lady Barreto. 

“Al ser procedimientos internos, desde el Cuerpo ni desde la Dirección General se va a facilitar información sobre los mismos a terceros y menos aún ampliar por esta vía el contenido de las notificaciones ya emitidas”, añade. 

Un masaje y otro ascenso revocado

A pesar de haber presentado su escrito en la misma fecha que las otras dos, hay una tercera agente de Gran Canaria que aún no ha recibido ninguna respuesta de la administración. Esta funcionaria también denunció la revocación del ascenso y un contacto físico no consentido por parte del jefe del cuerpo. Siempre según su versión, el comisario Almenara acudió al lugar donde la policía estaba trabajando de espaldas, se acercó a sus hombros y “comenzó a realizarle un masaje”. Ella “se asustó y se dio la vuelta”, momento en que el jefe “se apartó”. En ese momento estaba presente en la base un subinspector. 

Días después de ese “tocamiento”, el comisario manifestó a la agente que “sentía mucho” la nota que había obtenido en un proceso selectivo de promoción interna, que “se había puesto muy nerviosa” y que eso “era normal” debido a “su situación familiar”. “Este incidente constituye un claro ejemplo de acoso laboral, en el que un superior jerárquico realizó un contacto físico no consentido e inapropiado, aprovechándose de su posición de autoridad (...) La conducta descrita se enmarca en un patrón más amplio de comportamiento discriminatorio y de abuso de poder”, sostiene la agente, que también está de baja. 

A esta funcionaria se le denegó la prórroga del ascenso a oficial (por la vía del artículo 39) a principios de junio del año pasado. En abril había causado baja debido a un accidente laboral durante una actividad formativa del cuerpo, aunque se había reincorporado a finales de mayo. De hecho, el informe del jefe de la Policía Canaria que sirvió de base para la posterior revocación de destino está fechado un día después de su regreso al puesto. 

“El criterio de la baja médica aplicado resulta absolutamente arbitrario, toda vez que otros efectivos del cuerpo se encuentran en situación de baja médica y se ha procedido a la renovación de sus destinos temporales, lo que evidencia una aplicación discriminatoria y no justificada de los criterios de revocación”, señala el escrito, que incide en que el estado de salud y el accidente laboral constituyen “causas protegidas” para los trabajadores. 

La administración no ha comunicado a esta agente ni la apertura de una información reservada, ni la adopción de las medidas cautelares solicitadas ni la ha citado a declarar.