El alcalde pedáneo de Arenales del Sol, partida dependiente de Elche, Alejandro García Raduán, ha sido cesado este viernes tras ser denunciado por acoso sexual. El alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, ha cesado al edil con efecto inmediato, que se comunicará al pleno municipal, y ha condenado los hechos.

Una mujer, vecina de la pedanía, ha formalizado una denuncia ante la Policía Nacional contra García Raduán, después de que este profiriera comentarios de carácter vejatorio en la calle. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el alcalde pedáneo, que concurrió a las elecciones con la agrupación local Contigo, le dijo que podría tenerla guardada en el móvil como “putita”, le sugirió “ponerse pechugas” para que él “pudiera fotografiarla” y ganar visibilidad en redes sociales. También que podría concursar en programas como La isla de las tentaciones -“programas de contenido sexualizado”- o “hacerse un Onlyfans para enseñar el culo”.

“Esta situación de superioridad me generó un efecto inhibidor, coartando mi capacidad de respuesta inmediata, sin que mi silencio o cautela puedan interpretarse en modo alguno como consentimiento”, expresa en la denuncia, en la que recalca la condición de superioridad del alcalde pedáneo.

La víctima hace constar que había una testigo que en un momento dado recriminó la conducta al alcalde pedáneo, y añade que las palabras de García Raduán se produjeron en un contexto de “clara asimetría dada la condición de autoridad” que ostentaba así como “su posición social en la comunidad y la notable diferencia de edad”.

elDiario.es ha tratado de contactar con el ya exalcalde, sin éxito. García Raduán, en declaraciones a EFE, ha señalado que hizo comentarios sobre que para ganar seguidores en las redes sociales hay que mostrar partes del cuerpo, entre ellas “el culo y las tetas”, y ha opinado que sus expresiones se han “descontextualizado” porque se profirieron “en un entorno de confianza” ya que la persona que fue testigo es conocida suya. “Esto se ha descontrolado y no entiendo nada”, ha añadido García Raduán, a quien el alcalde de Elche telefoneó para informar de que lo iba a destituir con carácter inmediato.

Un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles (Madrid) ha admitido a trámite la querella que una exconcejala del PP de esa localidad presentó por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y contra el Partido Popular como persona jurídica. En un auto adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Eloísa Márquez de Prado afirma que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos” y acuerda abrir diligencias previas. 

En la resolución, fechada el 15 de abril, la magistrada también acuerda citar a la exedil el próximo 29 de junio para que preste declaración. Asimismo, ordena que la médico forense adscrita al juzgado haga un reconocimiento a la denunciante para “determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados”. Asimismo, dispone que se dé traslado de la querella a los denunciados, el alcalde y el Partido Popular “a través de carta certificada con acuse de recibo”.

La exdil presentó la querella el pasado 16 de febrero. Casi un mes después, el 9 de marzo, la Fiscalía reclamó que se diera “un impulso procesal” dado que hasta la fecha no se había avanzado nada en el asunto. El Ministerio Público reclamó que se dictara una resolución para abrir esa investigación, como finalmente ha ocurrido.

La exconcejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. 

Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

Según informó el diario El País, el letrado de la denunciante solicitó en la querella la declaración como testigos de un total de once personas, entre las que estarían el propio Alfonso Serrano, la dirigente popular Ana Millán o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por el momento, la jueza no ha dado curso a esas peticiones. Como es habitual, ha citado primero a la denunciante para que ratifique la querella.

Antonio Suárez-Valdés, letrado director del caso, afirma que ante la “notoria existencia” de presuntos indicios de criminalidad, la resolución judicial no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial en averiguación de los hechos denunciados.  

La fiscal de la Sección de Violencia contra la Mujer del Área Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado al juez que investigue al alcalde de Móstoles, el 'popular' Manuel Bautista por la querella presentada por una exconcejala de ese municipio en la que denunciaba delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y descubrimiento y revelación de secretos. Pide que, dado que hasta la fecha no se ha avanzado nada en este asunto, se dé “un impulso procesal” y, por tanto, se dicte una resolución para abrir esa investigación y que el Ministerio Fiscal pueda informar al respecto.

En un sucinto escrito con fecha de 9 de marzo, avanzado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía recuerda que la querella iba tanto contra el alcalde como contra el PP. Fue en febrero cuando trascendió que esa exconcejala, que pidió auxilio a la cúpula del partido en la región por el acoso laboral y sexual que supuestamente sufrió en 2024 a manos del alcalde, había presentado una querella en los juzgados. Desde entonces ya han pasado dos meses sin que el juzgado haya movido ficha.

Según relataba Antonio Suárez-Valdés, letrado director del caso, se trata de “un procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima”.

La concejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral, según reveló El País. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. 

Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán, imputada por corrupción, amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

Según informaba el diario El País, el letrado de la víctima ha solicitado la declaración como testigos de un total de once personas, entre las que estarían el propio Alfonso Serrano, la dirigente popular Ana Millán o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

“Nutrido soporte probatorio”

En un comunicado, el despacho Suárez-Valdés, afirma que la querella se sustenta “en un nutrido soporte probatorio”. Con ello se buscará, primero, acreditar la existencia de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la exconcejala por parte del regidor. Y, después, la existencia de “un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad” ante el rechazo a sus pretensiones. 

Según el letrado, “la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular” han obligado a su representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente.

“El silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización. La ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones, según tipifica nuestro código penal”, sostiene el comunicado.

Son tiempos de cambio para la industria de los videojuegos. Las empresas del sector se han percatado de que ya no se puede seguir estirando el chicle ante una realidad inaplazable: los peligros de los videojuegos de ahora no tienen nada que ver con los de antes y los padres están cada vez más preocupados. 

Es por ello que 2026 está trayendo consigo dos grandes anuncios en esta materia. El sistema europeo de clasificación de videojuegos por edad y contenido PEGI implementará en junio la mayor actualización desde su creación y Roblox, una de las plataformas de videojuegos más polémicas de los últimos años, avanza, por fin, hacia un mayor compromiso a la hora de proteger a sus usuarios menores de edad.

Los padres ahora también quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online, si van a gastar dinero…

Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI

“Cuando se creó PEGI, todo el enfoque estaba centrado en el contenido de los juegos. En si había violencia, sexo, drogas o lenguaje soez. Sin embargo, ahora la preocupación se ha desplazado del contenido al contexto”, resumió este jueves Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI S.A, en una jornada de reflexión organizada por la Asociación Española de Videojuegos.

“No es que el contenido no sea importante, pero los padres ahora también quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online, si van a gastar dinero…”, ha continuado. El organismo subirá la edad recomendada de los videojuegos que incluyan ciertas funcionalidades concretas, como algunos tipos de compras dentro del juego, sistemas de azar o comunidades en línea que no estén debidamente moderadas. 

Por su parte, Roblox —una plataforma que ha generado polémica por la existencia de incidentes reportados relacionados con acoso a menores por parte de adultos— a finales de 2025 implementó un sistema de verificación de edad mucho más estricto, que seguirán perfeccionando en 2026. “Si tienes nueve años, no deberías poder hablar con alguien de veinte”, ha explicado Sofia Gkiousou, directora de Asuntos Públicos de la compañía.

“¿Qué es lo que hace este sistema de verificación? Que si quieres usar las funciones de chat en Roblox, tendrás que pasar una estimación de edad facial diseñada para detectar si haces trampas. ¿Estás fingiendo? ¿Subiste una imagen de Al Pacino para hacerte pasar por un adulto...? El sistema verifica todo eso y te clasifica por edades: de 9 a 11 años, de 12 a 15, etc. Al entrar al juego, no puedes chatear con nadie que esté muy fuera de tu rango de edad”, ha profundizado.

Controles parentales cada vez más personalizables

Rosa Gil Bernabé, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Nintendo España, señaló en el encuentro que, además de todas estas medidas que las compañías están implementando, las familias también han de hacer un esfuerzo por acercarse a este mundo: Creo que hay veces que les cuesta más entrar en el mundo de sus hijos cuando se refiere a videojuegos que cuando tiene que ver con películas, dibujos animados, cuentos. Necesitamos también cierta implicación por parte de los padres“.

Puedes establecer una restricción por edad, limitar las compras, o controlar cosas como el tiempo de juego

Rosa Gil Bernabé, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Nintendo España

Además, ha recordado todas las maneras en las que las familias pueden intervenir en la configuración de su consola: “Puedes establecer una restricción por edad, limitar las compras, o acceder a la app Control Parental de Nintendo Switch, desde la que se pueden controlar cosas como el tiempo de juego o incluir un tiempo de descanso nocturno. También se puede recibir información sobre los juegos a los que juegan tus hijos o limitar el juego online”.

Tanto Roblox como Nintendo puntualizan que ninguna de las herramientas de seguridad que tienen son aún perfectas. “Siempre habrá margen de mejora. Perfeccionamos nuestras herramientas de seguridad a diario. El año pasado implementamos 150 mejoras. Es por eso que no solo contamos con una herramienta, sino que son muchas actuando a la vez”, expresaba Gkiousou. 

Desde PEGI, ha afirmado Wacrenier, esperan que los cambios que se van a implementar incentiven a los editores y desarrolladores a seguir aplicando controles estrictos en la fase de creación de los videojuegos. Pese a que 2026 podría actuar como un punto de inflexión, las grietas en cuanto a protección que tiene la industria —al igual que ocurre con las redes sociales— siguen siendo muchas (sobre todo en lo relativo a los juegos en línea) y suponen un verdadero reto.

El exalcalde del municipio sevillano de La Algaba Diego Manuel Agüera ha recuperado su militancia en el PSOE tras el archivo definitivo de la denuncia presentada por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor de la localidad sevillana, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. De hecho, hace unos días pedía su vuelta al conjunto al “haber decaído la medida cautelar de baja de militancia” que fue interpuesta tras darse a conocer los hechos.

Según expresaba Agüera en un comunicado, consultado por esta agencia, su intención es “gozar de todos los derechos como afiliado” en su “querida” organización. No obstante, respecto a su futuro político y en referencia a una posible vuelta a la alcaldía (mantiene el acta de concejal) aseguraba que no tenía “nada decidido”, una posición que, por el momento, parece no haber sufrido cambios. “Ahora mismo, lo único que deseo es descansar junto a mi familia, agradeciendo las muestras de aliento y cariño que he recibido”, apostillaba entonces.

El pasado 17 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ordenaba el archivo provisional de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana al considerar que “de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”.

El 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por el maestro de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba Manuel Carbonell ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía “un paréntesis” en su vida política para dedicarse “plenamente” a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría “malignamente interpretado una conversación”.

La Policía Nacional ha detenido a un groomer (adulto que utiliza internet para ganarse la confianza de menores) por ciberacosar sexualmente a niñas menores de edad. Lo detuvo tras conseguir localizarlo viviendo “como un fantasma” oculto en pésimas condiciones de salubridad en un piso de Madrid, donde fue arrestado una vez localizado en menos de 24 horas, después de la alerta de una víctima menor de edad con ideas suicidas en la red social TikTok.

El detenido, que ya ha ingresado en prisión, es un español de 28 años con antecedentes por delitos similares y una requisitoria de ingreso en prisión por una sentencia de 2024, lo que motivaba que viviera escondido y sin salir de su casa en el barrio de Moratalaz, desde donde logró captar al menos a cinco niñas, todas del mismo grupo de amigas residentes en Toledo.

“Era un fantasma, vivía ocultando su identidad, no tenía nada a su nombre”, han señalado en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid) los investigadores de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la UFAM de Toledo, donde residían las víctimas, niñas de entre 14 y 12 años con trastornos de personalidad.

Los especialistas de la Policía Nacional han alertado del incremento de alertas suicidas tramitadas por la Unidad Central de Ciberdelincuencia, con 126 casos en 2025. Además, han puesto en valor la importancia de que nadie comparta imágenes comprometidas a través de las redes sociales con desconocidos. “En la red casi nadie es quien dice ser”, han recordado.

En concreto, el detenido se ocultaba en un bloque de viviendas en el barrio de Moratalaz con su exnovia y el padre de ésta, y usaba dos teléfonos móviles para hacerse pasar por un menor de edad para captar a través de redes sociales a menores vulnerables para que le enviaran contenido sexual, llegando a ofrecer dinero a cambio. “Estaba 24 horas conectado”, indica la Policía.

La investigación se inició cuando los agentes recibieron a finales de enero una alerta de posible suicidio de una usuaria de 14 años de edad en una publicación en directo en la red social Tik-Tok, iniciándose las diligencias policiales por 'bullying' y 'grooming'. En menos 24 horas, los agentes consiguieron localizar al 'groomer', que es como se conoce a los depredadores sexuales en Internet. Fue detenido el 25 de febrero.

Ofrecía hasta 300 euros a las víctimas

La investigación ha constatado que, una vez que se ganaba la confianza de las víctimas, les solicitaba imágenes íntimas y videollamadas de carácter sexual, llegando a ofrecer a veces entre 100 y 300 euros si accedían a sus pretensiones. También accedía a los contactos de las menores, por lo que podía extender su red de posibles víctimas.

Las imágenes luego las compartía con otros contactos si las niñas no accedían a quedar con él en persona, como sí llegó a ocurrir al menos una vez con una menor en una estación de autobús de Toledo. La menor, al ver que era un adulto, salió corriendo, pero consiguió persuadirla de nuevo asegurando que tenía un aspecto avejentado debido a que padecía cáncer.

Los agentes dieron con su paradero en un domicilio de la capital, en el barrio de Moratalaz, donde vivía escondido en condiciones pésimas de salubridad, con cuatro perros y rodeado de excrementos, y sin salir de casa desde hace años para realizar trámites como renovar el DNI o el carnet de conducir.

En este sentido, los investigadores sospechan que el groomer utilizaba la identidad de su hermano gemelo para poder pasar desapercibido.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha ordenado el archivo de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Agüera, por presunto acoso a un menor. Como consecuencia de estos hechos, el pasado 23 de febrero Agüera renunció a su cargo.

Según el auto, adelantado por Cadena SER y al que ha tenido acceso este periódico, el juez considera que “de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, por lo que ha procedido a acordar el “sobreseimiento provisional de las actuaciones”. Contra la resolución cabe interponer un recurso de reforma, así como un recurso de apelación.

Cabe mencionar que el pasado 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía “un paréntesis” en su vida política para dedicarse “plenamente” a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría “malignamente interpretado una conversación”.

“Como entenderéis, esta denuncia pública ha provocado una indignación más que razonable no solo en íi, también en mi familia, en mis amigos y miles de algabeños que así me lo han hecho saber a través de mensajes y llamadas”, expresó el edil al renunciar. Asimismo, aseguró que había denunciado este hecho “ante la Justicia” por “atentar” contra su “derecho al honor”.

La denuncia fue presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba Manuel Carbonell, que fue derivada a su vez a a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público.

El Comité de Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) ha reprochado al catedrático de Ciencia Política y exvicerrector de la universidad, Jordi Matas, que difundiera en un acto público el nombre y apellido de la estudiante que lo denunció por acoso sexual en 2017.

En un comunicado emitido el miércoles, el Comité recuerda a Matas y a los profesores de su entorno (sin citarlos) que su conducta “vulnera gravemente” el protocolo de la universidad contra el acoso sexual y les recuerda el deber de mantener el anonimato de los denunciantes así como de las personas que las acompañan o apoyan, tanto durante como después del procedimiento.

“Este compromiso es vinculante y su incumplimiento puede derivar en actuaciones disciplinarias”, recuerda el comunicado remitido a toda la plantilla y revisado por elDiario.es.

Una alumna a la que iba a tutorizar el trabajo de final de grado denunció a Matas por acoso sexual ante la UB en marzo de 2017. La estudiante aseguró que el catedrático le mandaba mensajes subidos de tono y que, entre otros aspectos, le había confesado en su despacho que había tenido dos sueños eróticos con ella.

El caso fue archivado por una comisión formada por tres hombres. El rector del momento, Joan Elías, publicó una resolución que le eximía de cualquier responsabilidad y concluía que el comportamiento de Matas “había podido ser contraria a los valores éticos y deontológicos exigibles” al profesorado de la UB.

Una investigación de elDiario.es, publicada en diciembre de 2023, reveló los cientos de mensajes que Matas había intercambiado con esta alumna así como los seguimientos que el docente llevó a cabo a la estudiante cuando ella decidió cortar el contacto con él.

La publicación del reportaje generó una ola de protestas en la universidad que le forzó a renunciar a su puesto de vicerrector y a diversos cargos en otros organismos públicos. Actualmente ejerce de coordinador del Plan de dinamización lingüística de la UB.

Matas demandó pocos meses después tanto a elDiario.es como a la alumna que había relatado su experiencia en el reportaje. El juez, sin embargo, avaló la investigación de este periódico porque transmitía “información contrastada” sustentada en “hechos documentados” y entrevistas “a varios testigos”. El fallo le impuso el pago de las costas del proceso y Matas recurrió la sentencia (todavía no hay fallo de la Audiencia Provincial al respecto).

Desde el pasado verano, tanto Matas como su entorno han difundido de manera reiterada el nombre de esta estudiante en actos de la universidad así como en un evento público celebrado el pasado julio en apoyo al catedrático. Matas y un grupo de docentes que lo apoyan consideran que el profesor fue “víctima de una campaña difamatoria” y llevan meses pidiendo al rector de la UB, Joan Guàrdia, la restitución del politólogo como vicerrector.

Tanto en ese acto como en una entrevista posterior, Matas ha cargado contra elDiario.es y ha acusado al antiguo rector, Joan Elías, de filtrar su caso a los medios para perjudicarle a él y al independentismo. Los ataques del catedrático y algunos profesores afines también se han dirigido contra la estudiante que lo denunció así como contra el profesor de Economía que la atendió en un primer momento y le recomendó presentar una queja formal.

El Comité de Empresa también apoya en su comunicado a este docente, al que Matas ha acusado en diversas ocasiones de simpatizar con la ultraderecha y de haber apoyado a la estudiante solo para perjudicar al catedrático. El texto destaca que este profesor “cumplió con su deber preceptivo” de acompañar a personas que podrían haber sufrido acoso.

Discriminación por razón de sexo, denegación sistemática de medidas de conciliación familiar, acoso, represalias y “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo.

Tres mujeres de la Policía Canaria denunciaron en diciembre ante la Consejería de Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria) “graves vulneraciones” a la ley de igualdad de trato en el seno del cuerpo. Más de dos meses después, una sigue esperando respuesta de la administración y las otras dos han visto cómo las informaciones reservadas que se abrieron para estudiar sus casos se han cerrado sin haber sido citadas a declarar para ofrecer su versión de los hechos, contradecir la de testigos o aportar pruebas. 

Esos tres escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, se presentaron el 19 de diciembre. Todos solicitaban la adopción de medidas cautelares, desde el traslado de unidad hasta la petición de que el actual jefe de la Policía Canaria, Antonio Almenara, se abstuviera de mantener contacto directo u operativo con una de ellas. Ninguna petición ha sido atendida. Las denunciantes solo tuvieron conocimiento de la apertura de esas informaciones reservadas tras su archivo. 

El primer archivo

Ambas resoluciones están firmadas por el director general de Seguridad, David del Pino, un subcomisario en excedencia de la Policía Canaria que, a su vez, está inmerso en un protocolo de acoso laboral (con medidas cautelares activas) tras la denuncia que contra él y la consejera presentó el anterior jefe del cuerpo, el comisario principal Luis Santos Jara. 

La primera resolución del director general, que se basa en un informe de la Unidad de Asuntos Internos, está fechada el 29 de enero y resuelve el escrito presentado por una agente de Santa Cruz de Tenerife que denunció que se le había revocado un ascenso (de policía a oficial) cuando estaba de baja médica. A juicio de esta funcionaria, esa actuación constituye una discriminación por razón de enfermedad, máxime cuando a otros compañeros del cuerpo “se les mantuvo en el puesto” mientras estaban en situación de incapacidad temporal, incluso de larga duración, reza el escrito. 

Esta agente también relató dos episodios de “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo, Almenara. En concreto, dos palmadas en la espalda que le hicieron “perder el equilibrio” de forma momentánea y un agarrón por la espalda para girarla y cambiar su orientación durante unas prácticas de tiro. La agente destaca en su escrito la importancia del contexto en que se produjeron estos hechos: en el marco de una relación jerárquica directa y con un conflicto administrativo previo entre ambos. 

El director de Seguridad desestimó íntegramente sus pretensiones. Por un lado, justificó el contacto físico, señalando que es “costumbre” y un “gesto frecuente” del comisario dar “suaves palmadas” en la espalda al saludar a sus subordinados, por lo que esta conducta “no puede ser considerada acoso hacia una agente en particular”. “(Esas palmadas) nunca son suficientes para desplazar o desequilibrar a una persona ni causarle dolor”, añadía. 

Además, remarca que la denuncia no hace alusión a que “durante el incidente el comisario le hiciese mención a las reclamaciones (en vía administrativa) que ella tuviese pendientes de resolución o, en su caso, denegadas”. Con respecto al episodio en el campo de tiro, el informe de Asuntos Internos alude a tres testigos que negaron los hechos. Uno es el propio jefe. Otro es un subcomisario de la unidad de régimen interior, un órgano que está bajo la dependencia funcional de la jefatura del cuerpo. El tercero es un policía de su unidad.

La agente había solicitado recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad para demostrar la veracidad de lo denunciado. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad contestó que la empresa responsable de su custodia había certificado que era “técnicamente imposible recuperar” esas imágenes en las fechas señaladas.

“Enfermedad o falta de disponibilidad”

En cuanto a la revocación del ascenso, el director general sostiene que esa decisión no se adoptó por la enfermedad de la agente, sino por su “falta de aptitud (disponibilidad)”. 

El artículo 39 de la Ley de la Policía Canaria establece la posibilidad de destinar a un funcionario a un puesto superior (en este caso, de policía a oficial) en casos de urgencia y siempre y cuando esa plaza no se haya podido cubrir a través de los procesos selectivos ordinarios. La denunciante fue ascendida por esta vía y relegada de nuevo (volviendo a su anterior puesto) cuando se encontraba de baja laboral. Durante un tiempo se le siguió pagando como oficial, pero después la administración le reclamó las diferencias salariales. 

La Consejería de Seguridad defiende que esa revocación “no penaliza la enfermedad”, sino que “constata la imposibilidad material” de la agente para desempeñar esa tarea por su “falta de disponibilidad”. La resolución sostiene que se trata de un acto reglado y que estaba “obligada a liberar ese puesto para que otro efectivo pueda cubrir la necesidad real”. 

La denunciante advertía de que a otros funcionarios se les había mantenido el puesto estando de baja. Incluso, en algún caso, de larga duración. A juicio de la Dirección General, este argumento “carece de eficacia jurídica”. “El hecho de que, hipotéticamente, no se haya revocado en tiempo y forma otros nombramientos temporales —por error, omisión o diferencias en la duración de la baja— no genera un derecho subjetivo a la interesada para perpetuarse en una situación irregular”, recoge el escrito.

Y añade: “El principio de igualdad no ampara la reivindicación de mantener un beneficio indebido basándose en que otros pudieron haberlo disfrutado incorrectamente”. Para desmentir ese “trato discriminatorio singularizado”, la Consejería de Seguridad alude a otros dos agentes a quienes también revocó esos ascensos. Se da la circunstancia de que uno de esos casos es el de otra de las denunciantes, a la que aún no han contestado. 

La unidad investigadora de esa información reservada es la de Régimen Interior de la Policía Canaria, que depende jerárquicamente del jefe del cuerpo, señalado en la denuncia. La resolución de archivo incluso llega a acusar a la denunciante de “desviar el foco del procedimiento” (la reclamación por el ascenso revocado y sus consecuencias económicas) “mediante la construcción artificiosa de un escenario de acoso discriminatorio”. 

El archivo de esa información reservada, un procedimiento en el que no ha prestado declaración la denunciante, pone fin a la vía administrativa. 

Conciliación familiar

El segundo archivo es más reciente. Fue dictado por el mismo alto cargo el 28 de febrero, también sobre la base de un informe de Asuntos Internos. En este caso, la denunciante tiene su destino en Tenerife, pero ejerce en Gran Canaria en comisión de servicios por conciliación, para atender a sus dos hijos, ambos menores de edad (es familia monoparental). Entre junio y noviembre de 2025, esta funcionaria solicitó hasta en cuatro ocasiones medidas de conciliación y un cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial) para aprovechar su formación en Criminología y Criminalística Forense. 

En uno de esos escritos argumentaba que la implantación de un turno de nueve horas en esa unidad le obligaba a salir a medianoche en la jornada vespertina, un horario incompatible con el cuidado de sus hijos. La administración rechazó su petición alegando que carecía de documentación acreditativa de sus circunstancias familiares, pese a conocer que esas eran las razones por las que estaba en comisión de servicio en Gran Canaria. Lo único que se le ofreció entonces, según cuenta, fue una reducción de jornada (de nueve a ocho horas), con el consecuente perjuicio económico. Esta opción fue rechazada por la funcionaria.  

Para poder atender a los menores, la agente tuvo que solicitar reiterados cambios de turnos a los compañeros, aunque en ocasiones no fue posible, por lo que hubo noches en que sus hijos tuvieron que quedarse “solos y sin la protección debida”. Cuenta, en concreto, el caso de un fin de semana en que le fue negado el cambio de tarde al de mañana “por razones operativas”. La agente remarcaba en su denuncia que esa misma semana a otros compañeros sí les dieron facilidades, incluso para asistir a eventos sociales. 

La jefatura solo estimó parcialmente su última petición de conciliación (la formulada en noviembre). La administración acordó asignarle turnos fijos en horario de mañana en la misma unidad (Seguridad Ciudadana), denegando su traslado a departamentos más acordes con su formación. A pesar de que ese acuerdo está fechado el 2 de diciembre, no se le notificó a la interesada hasta el 24 de febrero, más de dos meses después. 

La agente sostenía en su denuncia que la “asignación sistemática” a los puntos fijos era una “medida de represalia” por sus constantes peticiones de conciliación. La funcionaria explica en su escrito que esta labor consiste en la “vigilancia estática de instalaciones (Presidencia del Gobierno, juzgados…), sin funciones policiales operativas propias” de la Policía Canaria y que es entendida en el seno del cuerpo como “un destino de castigo”, puesto que supone prestar servicio en solitario, “lo que implica aislamiento del resto de compañeros”. Además, incidía en que ello suponía “un absoluto desperdicio” de su cualificación universitaria. 

Violencia de género y “represalias”

También relataba en su denuncia “un antecedente de represalia” por haber comunicado a un superior jerárquico que había sido testigo de un episodio de violencia de género por parte de otro agente del cuerpo. Según apunta la denunciante, la jefatura le reprochó no haber informado de esos hechos a su superior inmediato, sino a otro alto cargo del cuerpo que era, a su vez, mando de un segundo testigo. 

El agente denunciado por violencia machista admitió los hechos y fue condenado, pero, según la denunciante, sigue prestando servicios en la Policía Canaria, aunque sin arma.  

Segundo archivo

La respuesta a la denunciante llegó el 28 de febrero. Y, al igual que en el primer caso, archiva la información reservada y desestima todas sus alegaciones. El director general de Seguridad sostiene que la jefatura de la Policía Canaria ha facilitado “de forma continua y activa” la conciliación de la vida personal y laboral de esta funcionaria, descartando una discriminación por razón de sexo o por responsabilidades familiares. 

La administración defiende que la agente prestó servicio en turno de mañana en la mayoría de las ocasiones; que el hecho de que entre agosto y noviembre prestara algunos servicios en turno de tarde respondió a que “no adjuntó la documentación acreditativa de sus circunstancias familiares”, o que se le aceptaron numerosos cambios horarios y que cuando se le denegó fue porque “la disponibilidad operativa de la unidad era reducida”. 

Con respecto a la asignación de puntos fijos, señala el director general que es más probable en el turno de mañana, por lo que es “una consecuencia estructural y objetiva de la medida de conciliación adoptada”. También niega “cualquier represalia” por “su participación en un procedimiento administrativo en calidad de testigo”, en relación con su testimonio sobre el caso de violencia de género. “No existen ab initio indicios suficientes para deducir responsabilidad disciplinaria por parte de ningún funcionario policial”, concluye la resolución.

Tampoco aprecia discriminación en la denegación del cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial). La resolución señala que hay un procedimiento “objetivo y general” de aplicación a todos los funcionarios, “con independencia de su situación personal”. De hecho, acusa a la trabajadora de intentar “instrumentalizar” una solicitud de conciliación familiar para “eludir” ese procedimiento. 

Para tratar de acreditar ese presunto trato discriminatorio, la agente había aludido al caso de dos policías que sí fueron trasladados a esa unidad de Policía Judicial mediante una instrucción. El Gobierno responde que esa comparación “carece de idoneidad”, puesto que esos traslados se produjeron “antes de la primera solicitud de la interesada”. 

La agente se encuentra de baja desde principios de diciembre como consecuencia de estos hechos, que califica de acoso laboral. 

La Consejería “no facilita información a terceros”

Este periódico envió el pasado 26 de febrero (dos días antes del segundo archivo) un cuestionario a la Consejería de Seguridad con preguntas sobre la denuncia de las tres agentes y las medidas adoptadas a raíz del caso de violencia machista del que fue testigo una de ellas.

En una contestación remitida el pasado viernes, fuentes oficiales de este departamento se han limitado a señalar que, a raíz de los escritos presentados por dos agentes, “ambas por vulneración al derecho a conciliar y una de ellas también por revocación del artículo 39 (puesto temporal de superior empleo) y supuesto contacto físico del jefe del cuerpo”, se han tramitado dos procedimientos internos. 

“Una vez abierta la información reservada, se iniciaron las actuaciones y Asuntos Internos emitió el informe de conclusiones. En las resoluciones se da respuesta detallada, en tiempo y forma, de aquellos hechos denunciados de los que son parte interesada y que, por lo tanto, pueden tener conocimiento”, explican desde el área que lidera Nieves Lady Barreto. 

“Al ser procedimientos internos, desde el Cuerpo ni desde la Dirección General se va a facilitar información sobre los mismos a terceros y menos aún ampliar por esta vía el contenido de las notificaciones ya emitidas”, añade. 

Un masaje y otro ascenso revocado

A pesar de haber presentado su escrito en la misma fecha que las otras dos, hay una tercera agente de Gran Canaria que aún no ha recibido ninguna respuesta de la administración. Esta funcionaria también denunció la revocación del ascenso y un contacto físico no consentido por parte del jefe del cuerpo. Siempre según su versión, el comisario Almenara acudió al lugar donde la policía estaba trabajando de espaldas, se acercó a sus hombros y “comenzó a realizarle un masaje”. Ella “se asustó y se dio la vuelta”, momento en que el jefe “se apartó”. En ese momento estaba presente en la base un subinspector. 

Días después de ese “tocamiento”, el comisario manifestó a la agente que “sentía mucho” la nota que había obtenido en un proceso selectivo de promoción interna, que “se había puesto muy nerviosa” y que eso “era normal” debido a “su situación familiar”. “Este incidente constituye un claro ejemplo de acoso laboral, en el que un superior jerárquico realizó un contacto físico no consentido e inapropiado, aprovechándose de su posición de autoridad (...) La conducta descrita se enmarca en un patrón más amplio de comportamiento discriminatorio y de abuso de poder”, sostiene la agente, que también está de baja. 

A esta funcionaria se le denegó la prórroga del ascenso a oficial (por la vía del artículo 39) a principios de junio del año pasado. En abril había causado baja debido a un accidente laboral durante una actividad formativa del cuerpo, aunque se había reincorporado a finales de mayo. De hecho, el informe del jefe de la Policía Canaria que sirvió de base para la posterior revocación de destino está fechado un día después de su regreso al puesto. 

“El criterio de la baja médica aplicado resulta absolutamente arbitrario, toda vez que otros efectivos del cuerpo se encuentran en situación de baja médica y se ha procedido a la renovación de sus destinos temporales, lo que evidencia una aplicación discriminatoria y no justificada de los criterios de revocación”, señala el escrito, que incide en que el estado de salud y el accidente laboral constituyen “causas protegidas” para los trabajadores. 

La administración no ha comunicado a esta agente ni la apertura de una información reservada, ni la adopción de las medidas cautelares solicitadas ni la ha citado a declarar. 

El Tribunal Militar Territorial de A Coruña ha condenado a un brigada de la Guardia Civil y destinado en Monforte de Lemos (Lugo) por un delito consumado de abuso de autoridad, en su modalidad de acoso sexual, por enviar menssajes de contenido sexual a una subordinada a través de Whattsapp. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, condena al agente con seis meses de prisión, suspensión militar de empleo durante el tiempo de la condena, entre otras medidas, así como al pago de un indemnización de 4.170,50 euros a la víctima por los “daños psíquicos causados”.

El fallo declara la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para el pago de la referida cantidad por haberse producido los hechos durante el desempeño de sus funciones profesionales. Según consta como hechos probados, en febrero de 2023 víctima y condenado, entre otros agentes, prestaban servicio en la plana mayor de la compañía de la Guardia Civil en Monforte. “En algunas ocasiones el brigada hacía comentarios con doble intencionalidad o distendidos o que pudieran tener una segunda interpretación con alguna connotación de carácter sexual”, apunta.

Mensajes reiterados

Así, concreta que en varias ocasiones envió a su subordinada mensajes de contenido sexual. Entre ellos, “el conocido dibujo 'hombre de Vitrubio de Leonardo Da Vinci y en la parte superior una imagen semejante representando a una persona desnuda sobre otra” que el tribunal califica de “meme” con el objetivo de “hacer un requerimiento sexual”.

Ante el mismo, la mujer le contestó que “no le mandara 'guarradas'”. No obstante, ese mismo día, le remitió un vídeo en el que “tras verse la imagen de un incendio, aparece una mujer gritando mientras es penetrada violentamente por un hombre con su pene”. Con él, a juicio de la Sala “tuvo la aptitud para provocar” en la agente “una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante”.

“Nos encontramos con una proposición o insinuación sexual efectuada por un brigada de la guardia civil respecto a una guardia civil, subordinada directa, conducta que se lleva a cabo en horario laboral, mientras se encuentran desempeñando sus funciones”, recalca. Por ello, lo considera autor de una “conducta claramente atentatoria a la dignidad y libertad sexual de la guardia civil” y lo califica de delito consumado de abuso de autoridad, en su modalidad de acoso sexual.

En horario laboral

Además, recalca que estas conductas “siempre tuvieron lugar durante el desempeño de sus funciones profesionales, en horario laboral y desempeñando sus servicios reglamentariamente designados”. Añade que fueron “durante el horario de trabajo” y “exclusivamente, entre militares, en el transcurso del desempeño de actos de servicio”.

Por ello, procede declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para el pago de la indemnización de 4.170,50 euros impuesta en concepto de responsabilidad civil por “haberse producido los hechos durante el desempeño de sus funciones profesionales”. La sentencia no es firme ya que cabe interponer recurso de casación ante la Sala Militar del Tribunal Supremo.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, acaba de revelar en sus redes sociales que desde hace casi un año sufre acosos continuados en el portal de su casa, con hombres llamando a la puerta o que acuden borrachos al hogar, donde convive con su pareja e hijas. La concejala de la oposición explica que alguien publicó su dirección en un portal de Internet indicando que allí se ofrecen servicios sexuales. Maestre afirma en un vídeo, difundido esta mañana, que el caso lleva tiempo en manos de la Policía y los agentes han confirmado que se trata de anuncios anónimos difundidos en redes.

“Últimamente hay muchas mujeres que están denunciando casos de acoso muy graves. Y bueno, yo llevo guardándome mucho tiempo algo que me está pasando, desde hace más o menos un año, y no me he atrevido a contar hasta ahora”, comienza su relato la representante política en Cibeles. El vídeo está grabado en un espacio interior, desde el que la edil ha explicado que un día empezaron a aparecer hombres llamando a cualquier hora a la puerta de su domicilio, en el que también viven dos menores de edad.

Narra que, en una de esas ocasiones, uno de ellos llegó a subir “desde el portal hasta la puerta de mi casa” y a llamar al timbre o golpear la entrada, exigiéndole que le abriera. “No sabía ni quién es, ni cómo sabe dónde vivo, pero me respondió que ha estado hablando conmigo por un canal de Telegram”, indica. Fue entonces cuando descubrió que un anuncio anónimo ofrecía falsos servicios sexuales que, supuestamente, se ofrecían en esa dirección, que aparecía publicada íntegramente.

“Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo. La última vez fue hace dos semanas”, confesó la portavoz, que no ocultó su miedo ante una situación que se prolonga. “Es muy desagradable pensar que en cualquier momento, mientras estoy bañando a mis hijas, las duermo o les doy de comer, pueden llamar al timbre”, ha lamentado en sus redes.

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha mostrado su “total y absoluta condena y repulsa ante estos hechos que está sufriendo la concejal”. Durante la rueda de prensa después de la Junta de Gobierno le ha trasladado a la portavoz de la oposición su total apoyo por parte del equipo municipal: “Cuenta con toda la ayuda en el ámbito de la protección de la Policía Municipal de Madrid, si fuera necesario incrementarla”, ha añadido.

Es una forma de decir: sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más privado, que es tu casa

Rita Maestre — Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

En el vídeo compartido esta mañana por la portavoz de Más Madrid, habla de la “repugnancia” que siente ante una “sensación de invasión de la intimidad”, que le persigue desde que estos casos comenzaron a encadenarse. “Es una forma de decir: sé dónde vives, y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más privado”, ha considerado, aludiendo también a la percepción de una “impunidad que da el anonimato de las redes sociales”.

“Yo estoy segura de que les acabarán pillando, porque hay una investigación en marcha, pero esto lleva pasando diez meses”, ha reiterado Maestre, que denuncia un caso de “violencia digital” con perfiles no identificados pero “organizados” para acosar a la concejala. “A veces pienso si merece la pena. Esto no me pasaría si yo no fuera mujer, si no fuera de izquierda, si no fuera feminista”, asume.

No obstante, al final del vídeo ha querido apelar “a los acosadores de mujeres, a los matones de extrema derecha” o a quienes les quieren “amedrentar” por hacer política: “A todos vosotros os quiero decir una cosa: no lo vais a conseguir. No nos vamos a callar, sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes. Vamos a dar cada batalla hasta el final”.

En 2015, un hombre violó a la actriz Bàrbara Mestanza durante un masaje. Y a partir de ahí todo cambió. Tras unos años “de disociación”, donde llegó a cuestionarse si lo que había pasado era realmente tan grave o incluso si se lo merecía, llegó una pregunta que le hizo reabrir el episodio. Al contarle a su novio de entonces lo que le había ocurrido años atrás, él le espetó: “¿Y tú por qué no hiciste nada?”. 

Para responder a esa pregunta, Bàrbara comenzó un proceso físico, psicológico, judicial y creativo que ha durado hasta hoy. Una denuncia que ha terminado en condena, mucha terapia, un libro y una obra de teatro después, Mestanza estrena ahora Sucia. ¿Por qué no hiciste nada?, una película documental protagonizada y codirigida por ella, junto con Marc Pujolar. En ella, la actriz narra en primera persona su camino como superviviente, intentando desmontar las ideas sobre la “buena víctima” y asegurando que cualquier vía de reparación es válida, “no solo la judicial”, explica. La película se estrena el próximo 7 de marzo en el Festival de Málaga, y se podrá ver en Filmin a finales de este año.

Responde a esta entrevista con las emociones a flor de piel, “muy removida” –de hecho, paramos para llorar en un par de ocasiones–, y con los nervios propios del estreno.

Desde el principio de la película cuentas que tu objetivo es responder a una pregunta que te hacen personas de tu entorno e incluso tú misma tras la agresión sexual: “¿Por qué no hiciste nada?”. Diez años después, ¿has encontrado la respuesta? 

Sí. Años después de la agresión, cuando una noche mi pareja de entonces me hizo esa pregunta tras contarle lo que había pasado, empecé a analizarlo. Por qué yo, siendo una mujer feminista, politizada, culta, moderna y con carácter me había dejado hacer una cosa así. Sé que es una frase incorrecta pero es como lo sentí. A partir de ahí decidí que tenía que ponerme a escribir, pero lo hice sin tener muy claro cómo responder a esa pregunta. Y ahora sé la respuesta: no hice nada porque no pude. Contar lo que me pasó me ayudó a sanar y a perdonarme.

La película documental Sucia llega después de un libro y una obra de teatro que tú escribiste y protagonizaste. ¿Te ha ayudado a sanar este proceso creativo?

Yo no pretendía sanar a través del arte, sino que sin quererlo el arte me sanó. Gracias a la escritura del guion pude revisar mis recuerdos y contactar con un cuerpo totalmente disociado. A lo largo de mi investigación, fui hablando con las profesionales que me acompañaron y ellas fueron poniendo palabras a lo que me había pasado, así que poco a poco fuimos poniendo todo en su lugar. Fue mi abogada, Carla Vall, quien me explicó que más de un 90% de las víctimas de agresiones sexuales reaccionan así, sin hacer nada, porque es un mecanismo de supervivencia. 

En el documental reflexionas sobre tu propio proceso de sanación, que pasa por lo creativo, pero también dices que cada mujer tiene derecho a vivirlo como considere, que no hace falta escribir un libro o protagonizar una película. ¿Crees que son legítimas todas las estrategias de supervivencia?

Absolutamente sí. Se han empeñado en decirnos desde diferentes lugares a las víctimas que tenemos que denunciar, cuando quizás eso no es lo que quieren todas las mujeres. Yo desde el principio lo que quería como reparación, por ejemplo, no era que mi agresor fuera a la cárcel, eso me daba igual. Yo quería que se supiera lo que hizo para que no volviera a pasarle a nadie más. Y me ha llevado años, terapia, tiempo y esfuerzo saber que quería hacer esto. Si queremos, nuestra herida puede ser útil, pero no es necesario. Cada víctima o superviviente tiene derecho a vivir su proceso como considere. 

Cuentas en el documental que tu proceso judicial te ha costado tiempo, dinero y reabrir heridas una y otra vez. A día de hoy, ¿recomendarías a una mujer que ha sufrido una agresión que denuncie?

No lo sé, es que es un proceso muy complejo y que conlleva muchas cosas, no solo una inversión económica altísima –en mi caso, de casi 10.000 euros–. Para mí el momento del juicio fue muy importante, como un antes y un después en mi vida. Ahora hace un año del juicio y me parece que hubieran pasado diez. Es importante porque me ha permitido volver a contactar con mi sexualidad, sacarme un peso de encima y sentirme orgullosa de mí misma. Pero lo que no te cuentan es que a lo largo del proceso vas a tener que estar respondiendo preguntas ante personas desconocidas que no están ni relacionadas con la agresión, como las notas que sacabas cuando eras pequeña o la relación que tienes con tu padre. Se nos pone el foco a nosotras y parece que tenemos que ser la víctima perfecta.

Justo de eso quería hablarte. En casos como el tuyo, es habitual que el foco se ponga en las víctimas o supervivientes, en lugar de en los agresores. Tú en la película inicias una investigación para buscarlo, y lo encuentras. ¿Cuál era tu objetivo?

Durante 10 años viví obsesionada pensando por qué él me escogió a mí, por qué hizo eso ese día y por qué conmigo. Y necesitaba tenerle delante para que me lo explicase, pero también para que me viera viva. Él me había arrebatado mi cuerpo, mi juventud, casi me muero por su culpa. Con los años comprendí que era como un veneno que entró en mi cuerpo: no solo me metió los dedos en la vagina, sino que logró meterse dentro de mí durante años. Así que para mí era importante que me viese la cara y decirle: “Aunque hayas intentado quitarme lo más vital, yo sigo aquí. Estoy viva”. 

El papel de tu exnovio es central en la película y en la obra de teatro. No solo te hace la pregunta clave, ¿por qué no hiciste nada?, sino que llega a plantearte si tú estás 100% segura de que el agresor no creía que te estaba gustando lo que hacía. ¿Crees que esto forma parte del problema, que probablemente el agresor no se vea como tal y que otros hombres también cuestionen el hecho mismo de la agresión? 

Esta es una de las preguntas que yo más he hecho a mi abogada y a otras expertas con las que he hablado: ¿Puede ser que el agresor no fuera consciente de lo que estaba haciendo? Pero creo que no: si un cuerpo se cierra ante ti, eso se nota perfectamente, lo que pasa es que tú puedes escoger no prestar atención y seguir adelante. 

¿Crees que el mensaje de supervivencia que envías en tu película debería interpelar y remover también a los hombres?

Sí, porque es una cuestión de todos y todas. Seguir pensando que es un tema solo de mujeres nos aleja de que esto deje de pasar. La revolución más eficaz es hablar. Es muy necesario que ellos escuchen este relato universal. Una de las cosas más transformadoras que yo he vivido en este proceso es que se me acerquen hombres que quieren revisarse y que me dicen: “Yo no sé si he podido hacer algo así”. 

Otro de los ejes centrales de tu trabajo es el cuestionamiento permanente de tu papel en todo esto. ¿Te has sentido una mala víctima?

Sin duda, yo soy una mala víctima, soy un grano en el culo del sistema. En algunas ocasiones me he sentido fatal por seguir saliendo de fiesta, por follarme a quien quería… Pero ya no. Porque no existe ese ideal de la buena víctima, igual que no existe el ideal de la buena mujer. Es una idealización, un símbolo que se ha utilizado durante demasiado tiempo para que estuviéramos calladas.

También reconoces que tú misma has ido cambiando de opinión a lo largo de todos estos años: primero creías que no podías denunciar la agresión, que era algo menor, luego asumiste que habías sido penetrada sin consentimiento y por lo tanto violada. ¿Es importante reconocer que esos cambios de postura pueden darse en el proceso de una superviviente? 

Esta es una pregunta vital, superinteresante. Me la he estado haciendo mucho últimamente. Las mujeres tenemos derecho a cambiar de opinión, porque a lo largo de nuestra vida estamos en constante movimiento, en un proceso de evolución y de cambio. En medio de una situación traumática como la que yo viví, en la que estamos luchando por sobrevivir, se nos exige una coherencia total. Y exigirle eso a una mujer es muy violento. 

Muchas mujeres se sienten identificadas como víctimas cuando salen de tu obra de teatro, incluso responden a un cuestionario sobre si han sufrido alguna agresión y muchas contestan que sí. ¿Crees que por eso conecta tanto a las mujeres y remueve a quien te ve? 

Es una realidad absoluta que no necesitas ser violada para sentir los efectos de un abuso. Todas hemos vivido algo parecido, aunque sea una mano en el culo en una discoteca. Yo lo que quería era mostrar la realidad de un cuerpo agredido, lejos de la romantización de una víctima. Y eso conecta mucho con el público y remueve muchas emociones. 

Una década después de tu agresión, ¿te sientes realmente reparada?

Una de las cosas que yo creía en este proceso de reparación era que cuando encontrara una respuesta para mi pregunta automáticamente estaría curada y sería libre. Y esto no ha sido así. Ahora sé que no hice nada porque no pude, pero también sé que nunca en la vida seré la misma de antes. No voy a dar las gracias por lo que me ha pasado, pero sí a mí misma, por haber sabido sobrevivir. 

¿Cuáles han sido para ti los elementos más importantes en tu proceso de sanación?

He dejado de salir con gente que perpetuaba mi herida, he dejado de drogarme y de autodestruirme, he dejado de tener conductas que me ponían en riesgo. Parece muy fácil decirlo, pero me ha costado tiempo, esfuerzo y terapia poder ser la adulta que soy ahora. De hecho, hace poco volví a vivir una agresión en una discoteca, un chico se colocó detrás de mí y empezó a sobarme el culo y susurrarme cosas en el oído. Y fui capaz de salir detrás de él y empujarle fuera de la discoteca. Ahí honré a mi Bàrbara del pasado y del presente. 

¿Y cómo encaras la promoción de la película? ¿Cómo estás ahora? 

Estoy nerviosa y removida, porque al final revisitar este tema es muy duro para mí. Pero voy a permitirme llorar en las entrevistas de promoción y en el estreno, si me hace falta. Porque es la realidad de mi cuerpo y no quiero disociarme más.

La Fiscalía Provincial de Lugo ha decidido interponer una querella contra el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, quien el pasado mes de diciembre dimitió como presidente de la Diputación Lugo, por “un presunto delito de acoso sexual y de abuso en el ejercicio de la función pública”.

El paso de la Fiscalía Provincial se produce tras haber recibido una denuncia particular por hechos “supuestamente delictivos” cometidos contra una mujer en septiembre de 2025.

“Considera la Fiscalía que los hechos están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella, sin ser preciso efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía, de manera que, una vez judicializado el asunto, puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción”, informa el ministerio público.

Dimisión

El pasado mes de diciembre la dirección Federal del PSOE confirmó que había sido presentada una denuncia por presunto acoso sexual contra José Tomé a través del canal interno habilitado por el Partido Socialista para este tipo de casos. Tras ello, José Tomé anunció que presentaría su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo pero mantendría el cargo de diputado provincial y de alcalde de Monforte, ambos como no adscrito.

Tomé, que pidió la suspensión de la militancia del PSOE, continúa como regidor pero con la condición de no adscrito. Para gobernar cuenta con el apoyo de los concejales socialistas en Monforte, que continúan en el gobierno local. Precisamente, la semana pasada se conoció la renuncia al cargo de la concejala de Igualdad de este municipio lucense, que dejó su acta como edil, un cargo que ocupará el siguiente en la candidatura socialista, quien precisamente es el hijo de José Tomé, Miguel Tomé.

Crisis interna en el PSOE

El caso Tomé, además, desató una crisis en el PSdeG, y tras esta denuncia, el canal interno del PSOE recibió otra contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, por presuntamente acosar laboralmente como represalia a una concejala que había denunciado un caso de acoso sexual contra un exedil de la corporación local.

Posteriormente, dos exconcejalas socialista del Ayuntamiento de A Coruña registraron otra denuncia interna, en este caso por acoso laboral, contra la regidora de A Coruña y su número dos, Inés Rey y José Manuel Lage, unas acusaciones que la propia alcaldesa tachó de “ajuste de cuentas” de las dos exediles por no haber repetido en las listas.

En medio de esta situación, además, la que hasta ese momento era secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, presentó su dimisión como responsable del área en el partido crítica con la gestión del caso Tomé, un cargo que hasta día de hoy continúa pendiente, a falta de que la Ejecutiva del PSdeG proponga a la nueva persona que lo ocupe, que tendrá que ser ratificada por el Comité Nacional.

Ante esta crisis el PSdeG, precisamente, convocó a principios de enero a su Comité Nacional, el máximo órgano de decisión entre congresos, una cita en la que el secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, explicó su gestión de los casos de Monforte y Barbadás y en la que la formación acordó la celebración de una conferencia feminista, que aún está fin fecha, pendiente de fijarse una vez se conozca la fecha de la que el PSOE organizará a nivel estatal.

En el Pleno más relevante de la historia reciente de Móstoles hubo ausencias clamorosas. Para empezar, la de la exconcejal, el fichaje estrella del PP local en 2023 que renunció a la política y a su partido, tras ocho meses tratando de denunciar en los canales internos un doble acoso sexual y laboral por parte de su alcalde, Manuel Bautista. Tampoco pudieron entrar muchos vecinos, que se quedaron protestando fuera con pancartas, porque el aforo de 69 personas del salón del consistorio se llenó con cargos de confianza e incluso familiares del regidor. Medios de comunicación como elDiario.es y otros que solicitaron acreditación tampoco pudieron entrar. En ese contexto se celebró la sesión plenaria en la que la oposición al completo solicitó la renuncia del alcalde de la ciudad, a quien una edil denunció, primero en el PP sin éxito y hace unas semanas en los tribunales, por acoso sexual y laboral, durante el año y medio que permaneció en la corporación hasta que renunció a todo y se fue a su casa.

En ese período la edil pidió ayuda a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en ocho correos electrónicos, y vio como sus personas de confianza en el partido, el secretario general, Alfonso Serrano, y la de Organización, Ana Millán, la disuadieron para que no denunciase, se callase y se fuese a su casa con su marido.

Las palabras de Millán y Serrano, que aparecen en grabaciones en poder del juzgado, fueron repetidas hoy por concejales de la oposición. “Él te tiró los tejos, tú le diste calabazas y a partir de ahí todo cambia”, le dijo el número dos del PP en una de esas reuniones. “Todas hemos aguantado muchas cosas en política”, le dijo la número tres.

Cuatro partidos políticos, desde Podemos (en el grupo mixto) a Vox, pasando por Más Madrid y el PSOE exigieron a Bautista que se apartase del cargo y se defendiese en los tribunales. Todas las portavoces insistieron en que lo que se dilucidaba esta mañana en el consistorio no era la responsabilidad penal, que se dirimirá en la Justicia, sino su continuidad al frente de la institución durante el tiempo que dure el proceso.

“Usted está en su derecho a defender su inocencia, no desde ese sillón”, le dijo la portavoz de Más Madrid, Ana Tejero, quien dejó ver algo que ya está demostrado, que el Partido Popular no amparó a una mujer que acudió a denunciar un caso de acoso. “Este caso no empieza con venganza, empieza con la confianza que depositó en su partido. Una mujer que durante ocho meses solo ha pedido que se investigue internamente. Y que confiaba que en 2024 no le pasase lo que le pasó a Nevenka. Es un revival de una de las situaciones más bochornosas de la política española”, lamentó la edil de Más Madrid.

La edil de Ponferrada que hace 20 años tuvo que abandonar la política y el país por el acoso del entonces alcalde Ismael Álvarel, finalmente condenado en los tribunales, apareció citada en varias de las intervenciones. “La sociedad [entonces] tuvo que intervenir y la visibilidad mediática abrió camino a la justicia. Ella tuvo que irse y él se quedó”, trazó el paralelismo la concejala de Podemos Mónica Monterreal, quien se preguntó qué ha hecho el Ayuntamiento con este caso: “Si la concejalía de Igualdad no tiene nada que decir cuándo se investiga un presunto acoso en el ayuntamiento, ¿para qué está?. 

Fue la portavoz de Vox, Nieva Machín, socia de gobierno hasta hace unas semanas cuando la coalición saltó por los aires la que le recordó al alcalde lo que pedía él en ese mismo salón de plenos para los cargos de la izquierda: “Ustedes fueron implacables cuando afectaban a los políticos de la izquierda. Pidieron la dimisión de Errejón y de Monedero en su momento en este pleno. Ante cualquier señalamiento público. Lo hicieron evocando la ejemplaridad. No esperaron sentencias ni condenas. Bastaba la acusación para pedir su dimisión. Ese era el listón ético y moral de su partido. Apliquemos el código ético a usted que el que exigió a los demás. El mismo, ni más alto ni más bajo”.

La portavoz del PSOE, Susana López, apeló directamente a las compañeras de la edil dimitida, concejalas con Bautista que comparecieron a su lado el día que el regidor dio una rueda de prensa para defender su inocencia: “Nines, Cristina, Raquel, María Ángeles, Marta, tenían a su compañera hoy sentada. Hoy no está y sabemos por qué. ¿Se sienten cómodas?

El alcalde citó casi de carrerilla los nombre de los casos que afectan al Partido Socialista y que fueron apartados de sus cargos y suspendidos de militancia, habló de catálogos de prostitutas, y aseguró que todo corresponde a una “bomba de humo” urdida supuestamente desde La Moncloa a través de medios afines al Gobierno. También anunció querellas para defender su honor. Y aseguró que es “rastrero” comparar su caso con el del DAO de la policía que fue apartado de sus funciones al día siguiente de que el Ministerio del Interior conociese una denuncia contra él por violación. “No voy a dimitir, voy a defender mi honor, el de mi familia, mi presunción de inocencia ante todos y contra todos y este ayuntamiento va a salir reforzado de todo ello”. En su intervención plagada de alusiones al derecho constitucional a la presunción de inocencia y en la que anunció querellas contra medios de comunicación y rivales políticos, Bautista acusó directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que nadie había citado en el pleno de ser el “culpable de 46 muertes” en el accidente de tren de Adamuz.

El portavoz de su grupo, Alberto Rodríguez Rivera, hizo una defensa cerrada de su jefe de filas del que llegó a decir que es “la antítesis del machismo”. Justificó ese diagnóstico por los cargos de responsabilidad que tienen las concejalas del PP en Móstoles. Y hasta reprochó a la oposición que hubieran pedido la dimisión en su momento de la denunciante cuando estaba al frente de Nuevas Tecnologías.

Del resto de grupos, solo el concejal no adscrito, que dejó Vox hace unas semanas y ahora vota con el PP, ha defendido la continuidad del regidor frente a la “pena de telediario”.

Durante la hora larga que duró el pleno, toda la oposición censuró la gestión que hizo el PP de la denuncia de acoso, y el mensaje negativo que implica para las víctimas de casos de acoso: desincentivaron las denuncias y se trata de manchar la imagen de su compañera que denunció.

Desde los bancos del público se produjeron algunos aplausos al regidor cuando acabó su alegato en el que dijo ser inocente, y no estar siquiera querellado, puesto que no ha recibido la denuncia presentada en el juzgado.

En próximas sesiones ese mismo Pleno votará la creación de una comisión de investigación sobre el acoso a la que durante año y medio fue su concejal y que hoy está fuera del Ayuntamiento y del Partido Popular peleando para que los tribunales hagan justicia.

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha citado este miércoles a todos los mandos de este cuerpo tras la crisis abierta por la renuncia del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, tras la querella y citación judicial por presunto acoso sexual a una subordinada.

La reunión con la junta de gobierno se celebra en la Dirección General menos de 24 horas después de conocerse esta querella y de la citación judicial del 'número dos' de la Policía, según han detallado a Europa Press fuentes al tanto del encuentro.

Gema Barroso, la subdirectora de Recursos Humanos y Formación del Cuerpo, ocupará el puesto de forma interina hasta que el Ministerio del Interior nombre a un sustituto definitivo. La legislación dispone que, en caso de vacante en la dirección adjunta operativa, corresponde la suplencia a las personas titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico, por ese orden. Barroso fue la última jefa de la denunciante. El 24 de julio, la mujer se incorporó a un nuevo puesto en la Subdirección de Recursos Humanos, ubicada en el mismo edificio en el que trabaja el presunto agresor. Cuando entraba al despacho de su nueva jefa, recibió una llamada del DAO. La denunciante comunicó que no estaba en condiciones de trabajar y su superiora la puso en manos de los especialistas psicosociales. Desde entonces se encuentra de baja laboral.

José Ángel González era DAO desde 2018, tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. El propio director general de la Policía es otro de los cargos que sigue desde la primera legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez. En 2024, el Gobierno aprobó una modificación legal para que el director adjunto operativo de la Policía no tuviera que jubilarse y González siguiera en el puesto hasta ser cesado o dimitir, ya que en diciembre de ese año cumplía 65 años y llegaba el momento de su jubilación.

Marlaska ha reconocido este miércoles que estaba decepcionado con el DAO y ha negado que tapara la denuncia de unos hechos que se remontan a abril de 2025. También ha apuntado que dimitiría si la víctima considera que ha estado desprotegida o que él personalmente “le ha fallado”.

La Fiscalía de Málaga ha remitido al juzgado un escrito de denuncia sobre las diligencias preprocesales iniciadas contra el concejal y exsecretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, que fue denunciado por una militante socialista por un presunto acoso sexual.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han precisado que la denuncia se formuló por los presuntos delitos de acoso sexual, contra la libertad sexual y contra la intimidad y se presentó a principios de enero para que el Juzgado Decano de Málaga procediera a su reparto entre los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Tras la correspondiente investigación y al ver indicios de supuestos delitos, la Fiscalía ha decidido remitir al juzgado las diligencias preprocesales, con presentación de denuncia, que incoaron en diciembre del año pasado a raíz de la denuncia interpuesta por la militante.

El PSOE andaluz, que pilota la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, disolvió en diciembre la ejecutiva en Torremolinos y puso la agrupación al frente de una gestora provisional, tras hacerse pública la denuncia ue una mujer había tramitado a través del canal antiacoso del PSOE. La denunciante elevó esa querella al juzgado, adjuntando una serie de mensajes con insinuaciones y proposiciones sexuales a su teléfono que le había enviado Navarro. 

La denuncia fue derivada a la sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía de Málaga, que abrió una investigación, y empujó al partido a suspender de militancia a su líder en Torremolinos, que ha mantenido el acta de concejal. La mujer señalaba en su escrito que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir “mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas”, lo que generó en ella “un ambiente intimidatorio, degradante y humillante”.

En la denuncia relataba una serie de mensajes enviados en el entorno laboral “pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral” y señalaba que esto generaba “una presión insoportable e incluso miedo”. Un día concreto, según este escrito, le envió más de 50 mensajes consecutivos.

Además, explicaba que el denunciado también realizaba otras acciones que, en su opinión, “atentaban a la intimidad” y que aprovechaba cualquier ocasión para “sobrepasarse también físicamente”. Según considera, estas actuaciones se han producido “en el contexto de un relación de superioridad”.

La denunciante puso los hechos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que hubiera tenido respuesta sobre estas denuncias internas en el momento de la presentación de la denuncia en Fiscalía.

El PSOE acordó abrir expediente disciplinario a Navarro y suspenderlo cautelarmente de militancia. En la Diputación, precisamente en el pleno del miércoles se daría cuenta de su condición de no adscrito y en cuanto al Ayuntamiento de Torremolinos se está en proceso aún, han precisado a Europa Press fuentes socialistas.

Una concejal del PP de Móstoles se ha atrevido a denunciar ante su partido un caso de acoso sexual por parte del alcalde, Manuel Bautista, pero ha sido ella la que ha tenido que dimitir, desaparecer de la política y de su puesto de trabajo. El partido y sus dirigentes, que tanto se escandalizaban por denuncias similares en los partidos de la oposición, se ha puesto de parte del alcalde, sin investigar nada y hasta defendiéndose con frases machistas de épocas que creíamos superadas. 

Con José Precedo, periodista de elDiario.es que cubre la actualidad del Madrid, desgranamos los detalles de este caso, y escuchamos fragmentos de la tensa reunión entre la concejala denunciante y los dirigentes del PP madrileño.

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Desde que la concejala de Móstoles denunciase por acoso sexual y laboral al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, y desde la acusación contra los números dos y tres de Ayuso, Alfonso Serrano y Ana Millán, por tapar el caso y presionarla, el PP ha seguido paso a paso el perfecto manual para desacreditar a la presunta víctima (Seguramente algunos de los puntos expuestos a continuación ya os resulten familiares de casos anteriores). 

Paso 1: Cuando habla, el problema es que ha hablado. Una vez la concejala ha acudido a la prensa, desde el partido dicen que “donde se dirimen este tipo de casos es en el juzgado”, aunque previamente la hubiesen instado a no emprender ninguna denuncia (“Yo te recomendaba, y te sigo recomendando, que una denuncia pública no te beneficiaría. O sea, la denuncia judicial que luego iba a ser pública no te beneficiaría. (…) Te dije, piénsalo, quizá te venga mejor dar un paso atrás, no pasarlo mal, que tu padre no lo pase mal (…) lo digo yo, que vivo por y para el partido, llevo muchos años y todas hemos aguantado muchas cosas”) y aunque el protocolo antiacoso dentro del partido fuese inexistente. 

Paso 2: ¿Y por qué habla ahora? Exponen que la tardanza en denunciar y el momento elegido para hacerlo es muy sospechoso. Si la víctima habla pronto, precipitada; si habla tarde, sospechosa. “Han fabricado esta semana, justo en el día en el que comparecía Salazar en el Senado para hablar de todo lo que ha acontecido a Moncloa y para tapar que él era uno de los valedores de la campaña de Pilar Alegría”, decía Ayuso. 

Paso 3: El denunciado se presenta como víctima. Y lo hace en una rueda de prensa rodeado de mujeres (el equivalente institucional a decir que no eres machista porque tienes madre): “Todo es absolutamente falso. Es una campaña absoluta de desprestigio. Un chantaje”.

Paso 4: “Solo es su palabra”. El mensaje es claro: la experiencia de una mujer, por sí sola, no es suficiente para activar ningún protocolo o para provocar ninguna dimisión, aunque sí lo fuese en los casos que sacudieron al PSOE. 

Paso 5: Cuestionan el acoso o lo matizan. Hablan de un simple caso de acoso laboral —como si fuese algo menor, por cierto—. O incluso hablan de comportamientos comunes asociados al flirteo. El “¿y tú cómo ligas?” de Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, es bastante clarividente en este sentido. Se trivializa para que la denuncia parezca del todo exagerada.

Paso 6: El pasado de ella entra en escena. Revuelven en el pasado de la denunciante para minar su credibilidad. Eso están haciendo ya medios afines como, por ejemplo, Debate, que ha publicado que la concejal quiso compaginar su cargo de directora de un colegio con la concejalía para cobrar 90.000 euros o que ya emprendió una denuncia por acoso sexual en un colegio.

Paso 7: También entra en escena la guerra cultural. Por si la echabais de menos. Desvían el foco amplificando el caso como parte de la omnipresente guerra cultural. En este sentido, Alfonso Serrano decía que “hay quien decide qué es una familia correcta, qué es un hombre, qué es una mujer, qué palabras están permitidas, qué bromas son delitos y cuáles no, qué libros sobran, qué convenciones culturales se pueden hacer y cuáles no, qué historia hay que borrar, qué es acoso y qué no lo es, quién es creíble y quién no lo es. Y eso lo llaman progreso. Pero es autoritarismo con maquillaje”.

Paso 8: Y, como consecuencia del punto anterior, agitan de nuevo el fantasma de las denuncias falsas por parte de las mujeres. Es un fantasma similar al del fraude electoral, la amenaza no necesita ser frecuente para ser útil: basta con repetirla hasta que parezca un problema estructural. No importa que el número de denuncias falsas sea escasísimo; el ruido está diseñado para que todas suenen dudosas. Y esta sí es una batalla real: a quién se le concede el derecho a hablar y, sobre todo, a quién se le concede el derecho a ser creído.

El 23 de enero la Fiscalía de la Audiencia nacional dictó un Decreto de archivo, en el que declara que los tribunales españoles no tienen competencia para juzgar los hechos por los que la organización Women’s Link Worldwide, en representación de varias mujeres, ha acusado recientemente al cantante Julio Iglesias, y a otras dos personas. Los hechos son conocidos y, según recoge el escrito de la propia Fiscalía, podrían ser constitutivos de delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, acoso sexual, agresión sexual, lesiones, y contra los derechos de los trabajadores.

Pues bien, en contra de lo que afirma la Fiscalía, los tribunales españoles sí son competentes para conocer de estas acusaciones, al menos las que van dirigidas contra el Sr. Iglesias (puede que no las que afectan a las otras dos personas acusadas, que al parecer no tienen nacionalidad española), porque así lo establece el principio de personalidad activa regulado en el art. 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto dispone que “conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles […] y concurrieren los siguientes requisitos: a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, […] b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles. […] c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero […].”.

El Sr. Iglesias tiene nacionalidad española, por lo que el primer requisito está cumplido. Por lo que hace al segundo (que los hechos sean punibles tanto en España como en el lugar en el que se han cometido; es lo que se suele denominar “doble incriminación”), no conozco con detalle la legislación de República Dominicana y Bahamas, países en los que tuvieron lugar los hechos, pero cabe pensar que al menos delitos tan básicos como las lesiones y las agresiones sexuales estarán tipificados en cualquier código penal (y respecto del resto, es algo que se puede comprobar una vez iniciada la investigación). Por otro lado, es evidente que el Sr. Iglesias no ha sido aún juzgado, y por tanto no ha sido absuelto, indultado ni penado en el extranjero, de manera que se respeta también la letra c) del art. 23.2 LOPJ. El único requisito que faltaría por cumplir es (letra b) que las agraviadas o el Ministerio Fiscal interpongan querella antes los tribunales españoles.

Las mujeres directamente agraviadas tienen por tanto expedita la vía judicial en España, aunque es comprensible que no quieran asumir en primera persona la responsabilidad exclusiva de llevar adelante un juicio tan complicado, largo y costoso —a todos los niveles— como previsiblemente sería este.

Y también el Ministerio Fiscal puede interponer la querella, si le consta —como es el caso— que las mujeres quieren que se juzguen los hechos. Nótese que el art. 23.2 LOPJ no exige nada más: ni que el acusado se encuentre en territorio español, ni que estén aquí las víctimas, ni que el estado en el que ocurrieron los hechos se haya negado a juzgarlos… Nada más. Solo los cuatro requisitos que acabo de reproducir.

¿Cómo se explica, entonces, que la Fiscalía haya afirmado lo contrario? Pues no es fácil de entender. Como único argumento para no aplicar el principio de personalidad activa previsto del art. 23.2 LOPJ, la Fiscalía cita una sentencia del Tribunal Supremo, la número 974/2016, de 23 de diciembre, que afirmó que el art. 23.2 LOPJ debe aplicarse restrictivamente, “pues no implica que un ciudadano «lleve consigo la ley penal española» más allá de las fronteras del Estado. La sentencia destaca que la extensión de jurisdicción exige estricta concurrencia de requisitos, especialmente el de doble incriminación, y que el legislador no contempla una competencia automática por el solo hecho de ser el investigado español”.

Desde luego, es muy cierto que la ley no contempla una competencia automática de los tribunales penales españoles por el mero hecho de ser el acusado español, al contrario: como acabamos de ver, exige que concurran otros requisitos, especialmente el de doble incriminación. La Sentencia del Tribunal Supremo 974/2016 se refiere a un caso en el que faltaba, precisamente, este requisito: era un supuesto de pesca ilegal en aguas internacionales, y el Tribunal entendió que esas aguas, puesto que ningún Estado tiene soberanía sobre ellas, no eran un territorio en el que pudiera considerarse tipificada como delito la pesca ilegal. Ahora bien, el caso de Julio Iglesias es muy distinto: los hechos se han cometido en el territorio de dos países (República Dominicana y Bahamas) cuyos códigos penales es muy probable que sí regulen como delito, igual que hace España, los comportamientos por los que se le acusa. El precedente de la Sentencia 974/2016 no es, por tanto, aplicable aquí.

El resto de razones que ofrece la Fiscalía para argumentar que España no puede juzgar estos hechos se centran en que no concurrirían en este caso los requisitos del principio de justicia universal, regulado en otros apartados del art. 23 LOPJ. Creo que tampoco aquí tiene razón la Fiscalía: los delitos de violencia contra las mujeres y de trata de seres humanos sí están contemplados en las letras l) y m) del art. 23.4, que confiere competencia a España para juzgarlos en virtud del principio de justicia universal siempre que “el procedimiento se dirija contra un español”, circunstancia que evidentemente se cumple en el caso de Julio Iglesias. El Decreto de archivo de la Fiscalía cita aquí como precedente la Sentencia del Tribunal Supremo nº 387/2022, pero se equivoca otra vez: esa sentencia denegó la competencia de los tribunales españoles (por delitos, además, distintos de los que se ventilan en el caso de Julio Iglesias) en un caso en el que los autores eran colombianos. Siendo Julio Iglesias español, obviamente estamos ante un precedente que no es aplicable a su caso. Es más, en esa Sentencia de 2022 parece que los hechos ya habían sido juzgados y condenados en el país en el que ocurrieron (Colombia), mientras que en el caso de Julio Iglesias no consta que se haya iniciado ninguna investigación judicial ni en República Dominicana ni en Bahamas, por lo que tampoco eso es impedimento para juzgarlos en España (art. 23.5 LOPJ).

Es cierto, efectivamente —y en esto es en lo único en lo que a mi juicio tiene razón la Fiscalía— que, tras la muy discutida reforma del año 2014, el principio de justicia universal quedó configurado (o desfigurado) de una manera tan restrictiva, que es bastante difícil que por esa vía España pueda juzgar hechos cometidos fuera de sus fronteras, aunque uno de los resquicios que aún lo permiten es, precisamente, que la persona acusada sea de nacionalidad española. Y, en todo caso: una cosa es el principio de justicia universal, y otra muy distinta el de personalidad activa. Basta con que se cumplan los requisitos o bien de uno, o bien del otro, para que los tribunales españoles sean competentes. Y en este caso se cumplen sin duda los del principio de personalidad, previsto en el art. 23.2 de la LOPJ.

En definitiva, los tribunales españoles son competentes para conocer los hechos por los que se acusa a Julio Iglesias, probablemente en virtud del principio de justicia universal (art. 23.4 LOPJ), y con toda seguridad en virtud del principio de personalidad activa (art. 23.2 LOPJ), si la Fiscalía o las personas agraviadas interponen una querella ante la Audiencia Nacional. Que las mujeres víctimas no quieran hacerlo directamente, se comprende por muchos motivos. Que no quiera hacerlo el Ministerio Fiscal, es bastante más difícil de entender.

Se dice que los asesinos regresan al lugar del crimen, donde con facilidad se les pilla. Los acosadores sexuales no vuelven a ningún sitio, pero despliegan tácticas discursivas que suenan a confesión de culpa. Su respuesta es la más contundente prueba de cargo. El acoso se da en el contexto de una relación de poder. De ahí que la reacción del acosador y su entorno parta de una premisa: la víctima no ha comprendido su posición de inferioridad en la escala del poder. Merece un escarmiento: entonces la siguen acosando, ahora en la esfera pública. Si un acusado o personas de su entorno de poder incurren en alguna de estas diez actitudes, lo podemos interpretar como una autodelación:

1. Mentir. Dada la sensibilidad de la sociedad con este asunto, es la única salida cuando se ha protegido al acosador. Al conocerse la información sobre el desamparo de la concejala de Móstoles, Feijóo reacciona asegurando que “se investigó y se consideró que no estaba probado”. Después hemos sabido que no se investigó. Ayuso sí que recibió al alcalde, lo que probablemente empeoró el hostigamiento a la denunciante. 

2. Invocar teorías conspiranoicas. También de manual fue la respuesta de la propia Ayuso: “Es un caso fabricado contra el PP”, dijo ese mismo día. Esta reacción nos da pereza.

3. Negarlo todo. La presidenta añadió en la Asamblea otra frase de puro negacionismo: “No he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría”.

4. Deslegitimar a la víctima. Se trata del recurso fundamental cuando no abordaste el fondo del problema: desacreditar a quien te acusa. Ayuso redirigió esa mañana el ataque hacia el PSOE diciendo que “las verdaderas víctimas de acoso” son las de Salazar. Con ello, está diciendo que la concejala de Móstoles de su partido no es “una verdadera víctima”. Por cierto, los acosadores sexuales evolucionan a acosadores laborales cuando reciben negativas reiteradas. Eso también es de manual. 

5. Culpabilizar a la víctima. El 5 de febrero se publican audios en numerosos medios que acreditan reuniones de la concejala con dirigentes del PP regional, para pedir ayuda. Pese a todo, nunca recibió amparo. Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso, la acusa públicamente de “mala fe” y de “prefabricar pruebas para una vendetta personal”. 

6. Coordinar las mentiras. Feijóo vuelve a insistir en que el PP de Madrid investigó y “no había indicios para actuar” y que se trasladó al Comité de garantías que “avaló como veraz la indagación”. Otras declaraciones similares sugieren que los dirigentes populares se coordinaron en la mentira.

7. Destapar la “ambición oculta” de la víctima. Esta reacción casi mueve a la risa, porque no falla nunca. En este caso, el alcalde acusado afirmó: “Esta persona tenía aspiraciones de ser vicealcaldesa y al no conseguirlo comenzaron las desavenencias”. Al día siguiente se publica una grabación en la que él mismo reconoce que “ella nunca le pidió nada”. La operación para desacreditarla queda en evidencia. 

8. Hacer luz de gas orgánica. Pese a que ya hay evidencia documental de que en la primera reunión de la concejala con Ana Millán y Alfonso Serrano le dicen que “se le quite de la cabeza denunciar”, Serrano asegura en público: “Es falso que el PP presionara a nadie para tapar nada”. 

9. Banalizar el acoso. A una pregunta incómoda de un periodista, Alfonso Serrano se revuelve y le pregunta: “¿Cómo ligas tú?”. Equiparar el acoso a un ligue fallido es banalizar un presunto delito. 

10. Abandonar la responsabilidad institucional y orgánica. ¿Dónde está Ayuso? Desde el jueves pasado no ha hecho declaraciones, con lo locuaz que es otras veces. Entretanto la bola de nieve crece: más mentiras, más pruebas, más audios… Su responsabilidad es evidente: su gabinete recibió nueve correos de la concejala, la presidenta nunca se reunió con ella, su círculo estrecho intervino para presionar, la concejala acabó dimitiendo… Su responsabilidad es doble: orgánica e institucional. ¿Dará la cara? 

Le preguntaron a Hemingway en cierta ocasión cuál era el don más esencial de un escritor y contestó: “Un detector de mierda integrado, a prueba de golpes”. Siempre imagino ese detector como un velocímetro, que oscila según lo que una lee o escucha. Esta semana la aguja de mi detector ha reventado.