El Procurador del Común ha solicitado a la Diputación Provincial de Salamanca que modifique el protocolo de actuación ante posibles casos de acoso en la Escuela Taurina y que responda de forma expresa a las alegaciones presentadas hace meses por la Fundación Franz Weber.

El Defensor del Pueblo de Castilla y León reclama cambios en los apartados 7.6 y 7.7 del documento para garantizar que una comisión interna no pueda retrasar ni condicionar la comunicación inmediata a las autoridades competentes de los posibles casos de acoso sexual, tal y como se recoge en una nota de prensa remitida este jueves por la institución.

La Fundación Franz Weber sostiene que el protocolo supedita la comunicación de estos hechos a la actuación de una “Comisión de Estudio del Acoso”, una figura que, según esta entidad, no cuenta con un respaldo legal específico en la normativa autonómica o estatal. A su juicio, esta circunstancia podría retrasar la comunicación de los casos a la Fiscalía de Menores.

No contempla medidas concretas

La organización también ha advertido de que el protocolo no contempla medidas concretas cuando las conductas de acoso fueran atribuidas a profesores, tutores o miembros de la dirección, ni establece, según señala, la suspensión de actividad de los presuntos acosadores mientras se investigan los hechos.

Otra de las carencias señaladas por la Fundación Franz Weber es la posibilidad de que se mantengan comunicaciones entre adultos responsables y menores a través de correos corporativos o grupos específicos en aplicaciones móviles. La entidad considera que estas comunicaciones deberían producirse exclusivamente entre adultos.

En el segundo apartado de su resolución, el Procurador del Común pide a la Diputación que ofrezca una respuesta expresa y razonada, si todavía no lo ha hecho, al escrito presentado por la Fundación Franz Weber el 10 de febrero de 2026 sobre el citado protocolo.

La fundación ha considerado preocupante que la institución provincial no haya respondido hasta ahora a sus propuestas de modificación y ha recordado que cuenta con estatus consultivo ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

En este contexto, ha reclamado que la respuesta de la Diputación no se limite a aprobar un protocolo, sino que atienda también las objeciones formuladas por dicho comité sobre la participación de menores en actividades taurinas.

Finlandia figura entre los países del mundo con mayores niveles de seguridad e igualdad de género y, sin embargo, esto no evita que viajar en autobús, metro, tranvía o taxi, especialmente de noche, pueda convertirse en una situación en la que las mujeres estén expuestas a situaciones de acoso o violencia.

Una encuesta realizada en las ciudades de Helsinki y Espoo revelaba que el 43% de las mujeres había experimentado problemas relacionados con su seguridad en el transporte público, frente al 30% de los hombres. Una percepción de inseguridad que, en algunos casos, lleva a las pasajeras a reducir o incluso evitar el uso del transporte público en su día a día, según destacaba el estudio.

Este problema volvió a cobrar protagonismo en el país nórdico después de que la televisión pública Yle informara del caso de un taxista condenado por violar a una pasajera al que se le permitió seguir trabajando durante casi dos años antes de revocar su licencia. Este caso, que ha conmocionado a la opinión pública en las últimas semanas, refleja un problema mayor: desde que el Gobierno desreguló el sector del taxi en el año 2018, solamente en la ciudad de Helsinki se han presentado 100 denuncias penales por delitos sexuales cometidos por taxistas.

Katariina Kainulainen, junto a otras tres amigas, se dieron cuenta de que ellas también habían dejado de utilizar el taxi y, en menor medida, el transporte público por no sentirse seguras, especialmente cuando viajaban solas y de noche. “Ya no me sentía segura viajando sola en taxi por el hecho de estar en un espacio íntimo y tan pequeño con una persona que no conoces”, dice a elDiario.es. De aquí que las cuatro amigas decidieran crear un servicio de taxi exclusivo para mujeres, un modelo pionero en capitales europeas y que está ganando terreno en las principales ciudades de Finlandia.

La empresa se llama Wowo, acrónimo de Women to Women en inglés, y funciona a través de una aplicación móvil. Para reservar un trayecto, las usuarias deben registrarse e indicar su género, que se basa únicamente en su propia declaración. Las mujeres también pueden viajar con sus hijos menores de 14 años, pero no con parejas masculinas. Según Kainulainen, el principal elemento diferenciador de Wowo es que la pasajera y la conductora son siempre mujeres. “No ofrecemos medidas de seguridad diferentes respecto de otros taxis más allá de ser un servicio de mujeres para mujeres”, dice.

Ya no me sentía segura viajando sola en taxi por el hecho de estar en un espacio íntimo y tan pequeño con una persona que no conoces

Katariina Kainulainen — fundadora de WoWo

Con este modelo, Wowo empezó a operar a principios de este año y en pocos meses ha crecido rápidamente, hasta el punto de que le ha surgido otra empresa competidora, Naistaxi, mientras que la compañía Bolt ha incorporado la opción de ofrecer a sus clientas la posibilidad de pedir un taxi conducido por otra mujer.

En un inicio, Kainulainen cuenta que pensaban que el servicio se utilizaría principalmente por mujeres que quisieran volver de noche a casa. “Pero enseguida nos dimos cuenta de que las clientas recurren a la aplicación en su día a día, en trayectos para ir al aeropuerto, en viajes de trabajo o para llegar a la cita con el médico”, admite.

Una ventaja también para las conductoras

Aunque en un inicio las creadoras de Wowo pensaron sobre todo en las necesidades de las clientas, cuando empezaron a contactar con conductoras vieron que también existía una necesidad en el lado de las mujeres que están al volante: “Hablando con las conductoras, vimos que también había la necesidad de escuchar sus experiencias”, dice Kainulainen.

Tara Oinonen es una de las conductoras que trabaja con Wowo (la empresa no las emplea directamente, sino que trabajan por cuenta propia y con otras empresas de taxi). Oinonen cuenta que en ocasiones ha sentido verdadero miedo al volante de su taxi: “Un pasajero me agarró la cabeza y me besó en los labios, mientras que otro me tocó de forma inapropiada estando sentado detrás del asiento del conductor”, explica a Yle. Varios de estos casos fueron denunciados ante el tribunal de distrito.

La fundadora de Wowo, Katariina Kainulainen, admite que al principio fue difícil captar a conductoras para su compañía debido al poco peso de las mujeres en este sector: “Por supuesto que fue un reto, pero todas las conductoras que encontramos corrieron la voz entre otras conductoras”.

Hablando con las conductoras, vimos que también había la necesidad de escuchar sus experiencias

Katariina Kainulainen — fundadora de WoWo

Tras el caso del hombre taxista que violó a una mujer y continuó trabajando durante dos años más, Yle ha investigado a fondo el asunto y descubrió que antes de la liberalización del sector en 2018 los delitos sexuales en taxis eran muy poco frecuentes. En cambio, en los últimos siete años las denuncias por presuntos delitos sexuales cometidos por taxistas han ido en claro incremento, llegando a un máximo de 40 denuncias en el año 2023 solamente en la ciudad de Helsinki. Yle atribuye este cambio al hecho de que la liberalización supuso una importante flexibilización de la normativa, ya que ahora los conductores no tienen que acudir a un curso de formación obligatorio y solamente tienen que superar un examen práctico para obtener una licencia.

En los últimos años, además, varios casos de agresiones sexuales cometidas presuntamente en taxis han llegado a los tribunales, con mujeres jóvenes y personas con discapacidad entre las víctimas. La investigación de la televisión pública señala, no obstante, que muchos de estos incidentes nunca llegan a denunciarse.

Respaldo del Defensor del Pueblo

Desde Wowo señalan que la reacción al nuevo concepto de taxis solamente para mujeres ha sido positiva, aunque también recibieron críticas desde el sector, mayoritariamente dominado por hombres conductores, que acusaban a la compañía de discriminación por género. Como Kainulainen y sus socias ya se esperaban esta reacción, lo primero que hicieron al fundar la empresa fue dirigirse al Defensor del Pueblo para la Igualdad: “Algunos hombres dijeron que estábamos en su contra, pero nosotras simplemente queríamos ofrecer esta opción a las mujeres para que pudieran sentirse más seguras”.

Finalmente, el Defensor del Pueblo consideró que los servicios de taxi exclusivos para mujeres estaban permitidos porque algunas se sienten inseguras en los taxis y otras han sufrido violencia sexual en los vehículos. Por lo tanto, consideró que Wowo y otras empresas similares mejoran la seguridad de los pasajeros y no incurren en discriminación.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decidirá en los próximos días si abre una causa contra Julio Iglesias, tras la querella por agresión sexual y otros delitos presentada contra él por dos extrabajadoras de sus mansiones en el Caribe. El magistrado ya tiene sobre su mesa el informe en el que el fiscal del caso, Vicente González Mota, defiende que ese tribunal, al que corresponde investigar los delitos cometidos por españoles en el extranjero, sí es competente. 

El artículo clave que cita el fiscal es el 23.2 de la ley del Poder Judicial, que hace referencia al llamado principio de personalidad. Ese artículo permite que los tribunales españoles persigan delitos cometidos en el extranjero por españoles si se dan tres requisitos: que haya denuncia en España de la víctima o la Fiscalía, que la conducta sea también delito allí donde se produjeron los hechos y que el caso aún no haya sido juzgado. 

Son requisitos que se cumplen en este caso, de acuerdo al criterio del fiscal. La denuncia en la que las dos extrabajadoras describen situaciones de acoso y agresiones sexuales fue presentada en la Audiencia Nacional en septiembre e incluye supuestos hechos que también se consideran delito en Bahamas y República Dominicana, los países donde supuestamente ocurrieron las agresiones denunciadas. Además, no consta que en esos países se haya abierto ninguna investigación contra el cantante.  

Las fuentes consultadas sostienen que el informe del fiscal también alude al Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). No obstante, determina que, más allá de estos instrumentos legales, la nacionalidad del cantante es el elemento clave que determina que los tribunales españoles puedan intervenir. 

Cambio de criterio en la Fiscalía 

La postura de González Mota se aparta de la fijada hace unos meses por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. Esta fiscal archivó el pasado enero una primera denuncia que estas trabajadoras presentaron ante el Ministerio Público, no en el juzgado como en esta ocasión. La fiscal Durántez consideró que los tribunales españoles carecían de jurisdicción dado que los hechos ocurrieron en el extranjero y no se daban los “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley para que la Justicia española pudiera intervenir.

Sin embargo, González Mota se apoya en su informe en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de mayo de 2026, posterior a la primera decisión de Durántez, para sostener que el criterio de este tribunal especial indica que con la mera nacionalidad española del querellado es suficiente para que el Juzgado Central de Instrucción investigue de los hechos.

Esa resolución de la Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Fraile Coloma, abordaba un recurso en el que un español residente en Estados Unidos sostenía que la Audiencia Nacional no podía investigarle en un caso de estafa. Alegaba que el asunto se debía haber abordado antes en el estado de Nueva York y que la Justicia norteamericana no se había pronunciado sobre los hechos. 

La resolución explicaba, sin embargo, que el artículo 23.2 de la ley del Poder Judicial no contempla que deba existir un pronunciamiento previo de la Justicia del país donde han ocurrido los hechos. “No está en la letra del precepto el condicionamiento de la jurisdicción española a la previa presentación, por la persona agraviada (...) de una denuncia o querella en el lugar de comisión”, recoge ese auto.

Y añade que lo que se exige es que la persona contra la que se pretende dirigir la acción penal en España no haya sido absuelta, indultada o penada en el lugar de comisión y, en caso de que haya sido condenada, que no haya cumplido la pena.

En ese auto de mayo, los magistrados señalan que también hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala que la Justicia española puede investigar de este tipo de casos “ante la mera falta de constancia de incoación del proceso en el país de comisión del delito”. Y recuerda que no se exige “esa previa actuación de la persona perjudicada ante los tribunales de dicho país”. 

Una de las sentencias del Alto Tribunal que se cita destaca que “no es el de la territorialidad –el país donde se comete el delito– el único criterio determinante de la jurisdicción española”. “Junto a este, y entre otros que no son ahora del caso, se erige el criterio de la personalidad”, añade, para resaltar que la norma española recoge que sus tribunales también pueden investigar “los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho”.

Ahora, González Mota explica en su informe que ese auto le hace apartarse del criterio de la teniente fiscal en este caso concreto de las denunciantes de Julio Iglesias y añade que no es necesario otro vínculo si existe el de la nacionalidad.

La primera denuncia presentada ante la Fiscalía por las extrabajadoras señalaba a Julio Iglesias como autor principal de los hechos, pero incluía también como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas. Una de estas mujeres es colombiana y la otra brasileña. Las fuentes consultadas aseguran que ninguna de ellas figura en la querella presentada ante el juzgado, lo que también refuerza la idea de la competencia de los juzgados españoles al haber un único querellado —Julio Iglesias— y tener nacionalidad española.  

Aunque admite que España sí tiene jurisdicción para examinar el caso, el fiscal sí desliza que los hechos se podrían haber denunciado en República Dominicana y Bahamas. Se trata, a su juicio, de países considerados Estados democráticos y de derecho y en los que no consta que no haya garantías jurídicas.

En una entrevista en elDiario.es, las abogadas de las denunciantes mantuvieron que tras sus análisis y experiencia y teniendo en cuenta las voluntades de las mujeres, habían concluido que “en ninguno de los dos países existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”. 

La querella presentada por Women's Link, la organización que representa a ambas trabajadoras, incluye el mismo relato de hechos y la misma calificación de delitos que ya se presentaba en la denuncia ante la Fiscalía, aunque con un añadido: un delito de trato degradante. El texto recoge también una amplia recopilación de jurisprudencia para reforzar la tesis de que la Justicia española sí es competente para indagar estos hechos.

“Según sus testimonios, el querellado habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante. De acuerdo con la querella interpuesta, Rebeca y Laura describieron que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”, dijo entonces la organización en un comunicado. El relato de estas extrabajadoras forma parte de una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision.

Desde hace unas semanas, mujeres de todo el mundo han impulsado un movimiento contra el acoso sexual en el ámbito de la conservación. En Canarias, donde la lucha por la protección del territorio gana cada vez más fuerza, colectivos y organizaciones ecologistas se han sumado a esta ola y han mostrado su apoyo a aquellas mujeres que hayan podido sufrir violencia sexual en el Archipiélago en este sector. “No podemos defender un territorio más justo sin trabajar también para construir espacios seguros, especialmente para las mujeres”, han señalado desde la plataforma Canarias Tiene un Límite.

Una creadora de contenido sobre la conservación marina en el Archipiélago, que prefiere no dar su nombre, ha seguido la estela de otras divulgadoras y buceadoras y ha puesto su cuenta de Instagram a disposición de las mujeres que quieran relatar situaciones de acoso sufridas por hombres del sector en la comunidad autónoma. La idea, cuenta a esta redacción, nació tras conocer la iniciativa Karma is around the korner, que señala y visibiliza casos de acoso hacia mujeres en la industria del buceo en diferentes partes del mundo. Hasta ahora ha recibido más de una docena de relatos, afirma. 

En esta línea, y “ante las situaciones que se están dando a conocer en los últimos días en distintos espacios vinculados al activismo en Canarias”, la plataforma Canarias Tiene Un Límite ha lanzado un comunicado en el que expresa su rechazo “firme y contundente” a cualquier forma de acoso, abuso o violencia machista, así como su apoyo y solidaridad con “las mujeres que han decidido compartir sus experiencias, respetando su autonomía, sus decisiones y sus tiempos.

En el texto, reconocen que “hace ya algún tiempo”, “tras recibir informaciones que nos generaron preocupación por posibles situaciones de violencia machista, activamos nuestros protocolos internos de prevención y cuidado”. ''Como medida preventiva, decidimos apartar a la persona señalada de los espacios de encuentro, socialización, asamblea y toma de decisiones del movimiento, así como interrumpir cualquier colaboración con ella'', reza el comunicado. Además, han expuesto que “por respeto a su privacidad” ven necesario preservar la confidencialidad de las informaciones recibidas.

Erradicar la violencia sexual

La ONG Innoceana, dedicada a la conservación marina y que desarrolla proyectos tanto en las Islas como en Costa Rica, también se ha posicionado en contra del acoso sexual contra las mujeres. “Innoceana se ha construido y sigue creciendo gracias al trabajo duro y la dedicación de muchas mujeres. A la luz de los recientes testimonios que denuncian acoso sexual, abusos y violencia en la conservación marina, expresamos nuestro absoluto rechazo a cualquier forma de violencia”, han señalado.

“Creemos y estamos con las mujeres que han encontrado el coraje de compartir sus experiencias, así como a todas aquellas que las han vivido, pero sienten que aún no están preparadas para contar sus historias. La vergüenza tiene que cambiar de bando”, han añadido desde Innoceana.

“La conservación del océano no puede construirse a costa de la dignidad y la seguridad de las mujeres. Es hora de que la comunidad marina asuma la responsabilidad de erradicar estas formas de violencia”, concluyen. 

Además, Innoceana ha difundido una encuesta impulsada por la red Women in Ocean Science (Mujeres en las Ciencias del Mar), fundada en 2018 por la bióloga marina Madelein St Clair con el objetivo de abordar la desigualdad de género en la ciencia y la conservación marina. Estas encuestas, completamente anónimas, forman parte de una investigación en la que trabaja la organización sobre la prevalencia y la naturaleza del acoso sexual en el ámbito de la vida silvestre y el ecoturismo, incluyendo experiencias de turistas, profesionales de la industria, voluntarias y estudiantes.

 “Si has experimentado o presenciado alguna situación como trabajadora o turista y quieres compartir tu testimonio en un espacio seguro, tu experiencia puede ayudar a poner luz a una realidad que ha permanecido escondida mucho tiempo”, señalan desde Innoceana.

El caso de México

En México, una recogida de firmas por la plataforma change.org cuenta ya con casi mil apoyos. En ella, se denuncia un caso de agresión sexual dentro de una comunidad de buceo mexicana por parte de un instructor y se critica la negativa a retirar la licencia al supuesto agresor. 

“Este caso ha provocado una conversación crucial dentro de nuestra comunidad, revelando que el acoso, el abuso, la mala conducta y los ataques sexuales no son incidentes aislados”, insisten. En la campaña exigen un protocolo claro contra el acoso y la formación de las comunidades para prevenirlo y detectarlo. 

“Hoy muchas mujeres de la comunidad de buceo, apnea y conservación están alzando la voz. Las escuchamos, las respetamos y estamos con ustedes”, ha defendido en esta línea la plataforma Mares de México, dedicada a la conservación marina. “El único depredador que deberíamos encontrar en el mar es la fauna marina. Nunca una persona. El océano debe ser un lugar seguro para todas, dentro y fuera del agua”, concluyen.

El grupo de 12 concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) que este lunes pidió al alcalde, José Ignacio Landaluce, que dimitiera de la alcaldía tras conocerse una nueva denuncia –la segunda en una semana– por presuntos delitos de agresión sexual, ha hecho efectivo su abandono del equipo de gobierno de la ciudad.

Según ha indicado el PP en una nota, “ante la falta de respuesta” a la petición de dimisión de Landaluce como alcalde de Algeciras y “en cumplimiento de lo anunciado por el PP” este lunes, el grupo de concejales del PP ha abandonado el gobierno municipal de Algeciras.

Así, la marcha se ha hecho efectiva y 12 de los 15 concejales que integran el grupo municipal han presentado un escrito en registro del Ayuntamiento informando de su decisión. Por su parte, el PP de Cádiz ha insistido en que, tras este paso, “se tomarán todas las medidas oportunas para garantizar la estabilidad del municipio”.

La decisión se ha anunciado después de que el alcalde de Algeciras desafiara a su partido y manifestara esta mañana que se aferraba a la alcaldía negándose a dimitir, como le había pedido la mayoría de su equipo.

Cabe recordar que el presidente provincial del PP, Bruno García, había dicho en la mañana de este martes que si Landaluce no abandonaba el poder, sería el PP el que abandonase el equipo de gobierno, tal y como han hecho efectivo finalmente los 12 concejales que habían pedido su dimisión.

Landaluce, por su parte, se ha limitado a subir un vídeo en sus redes sociales asegurando que se ha enterado “por la prensa” de las dos denuncias contra él por presuntas agresiones sexuales e insistiendo en que seguirá intentando luchar por los vecinos de la ciudad. “Tengo las pruebas en mi teléfono de que esto es falso y seguiré luchando por demostrar mi inocencia”, ha asegurado el alcalde, quien ha añadido que “no es fácil luchar contra los medios y las noticias y los titulares, pero yo lo voy a hacer”.

Una vez pasada la mañana, los 12 ediles del PP han presentado el escrito en el Ayuntamiento informando de su decisión de abandonar el equipo de gobierno, que actualmente queda en manos del propio Landaluce más los tres concejales que decidieron continuar con él.

El alcalde asume las competencias

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que estos 12 concejales “han renunciado a sus responsabilidades” en el equipo de Gobierno municipal, así como a las tenencias de Alcaldía que algunos de ellos venían ostentando “desde que les fueron conferidas por el alcalde en junio de 2023”.

El escrito de renuncia está firmado por los ya extenientes de alcalde Jacinto Muñoz Madrid, Pilar Pintor, Susana Pérez Custodio, Paula Conesa, Juana Cid Vadillo, Javier de las Montañas Vázquez Hueso, Jorge Juliá Aguilera y María Solanes Mur, así como por los también ya ex delegados Ángel Martínez León, Francisco Javier Arango Mejías, Sabina Quiles Granados y Álvaro Márquez Moreno.

Así, las delegaciones municipales a las que han renunciado son las de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana, Personal, Cultura y Patrimonio Histórico, Comunicación, Turismo, Igualdad y Bienestar Social, Contratación, Feria y Fiestas, Educación, Universidad, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Deportes, Economía y Hacienda, Patrimonio Histórico, Playas, Parques y Jardines, Cementerios, Juventud, Estadística, Pesca, Desarrollo Sostenible, Mercados, Comercio, Salud y Consumo, Emalgesa, Fomento Económico y Empleo, y Formación e Industria.

Todas estas competencias las recupera directamente el alcalde, que “podrá conferirlas a otros concejales”, en concreto se refiere a los tres concejales del PP que no firmaron ayer la petición de renuncia del alcalde, y que tampoco han abandonado el gobierno.

Estos ediles son Vicente Jesús Palomares Godoy, que es delegado de Coordinación y Limpieza; Yéssica Rodríguez Espinosa, octava teniente de alcalde y delegada de Urbanismo, Vías y Obras, Alumbrado, Fondos Europeos e Innovación; y Patricia Bueno Montero, delegada de Atención Ciudadana, Atención al Mayor, Vivienda, Protección Civil y Servicio contra Incendios.

De esta manera, Landaluce mantiene su cargo como alcalde a pesar de las reiteradas peticiones de dimisión, y después de que haya vuelto a proclamar su inocencia sobre las denuncias por agresión sexual en su contra y asegurar que todo esto se produce porque “quieren mi muerte política y social”.

Vox, a favor de la moción de censura

El grupo municipal de Vox ha anunciado que votará a favor de una eventual moción de censura para apartar a Landaluce. Aunque la formación de extrema derecha ha asegurado que no entrará en el Gobierno municipal ni exigirá nada a cambio de su apoyo, según publica la Cadena SER.

“Si los motivos que llevaron al PP a apartar a Landaluce del Grupo Popular en el Senado eran suficientes para tomar aquella decisión, también lo eran para que hubiera dejado antes la Alcaldía de Algeciras”, aseguran. “No puede pretender ahora aparecer como parte de la solución cuando ha dejado pasar demasiado tiempo y ha permitido que esta situación se enquistara”.

Vox tiene cuatro concejales en el Ayuntamiento, suficientes para sumar a los 12 del PP y alcanzar la mayoría de 14.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado que investigue a fondo si alguien eliminó de forma ilegal los correos electrónicos de la exconcejala que denunció por acoso sexual y laboral al alcalde de Móstoles. El tribunal, según ha adelantado este lunes El Mundo y ha podido confirmar elDiario.es, ha instado la reapertura de las diligencias y que el juzgado identifique e interrogue a la persona detrás de la IP señalada como la que accedió al email corporativo de la edil y borró los correos, entre ellos los que había intercambiado con el gabinete de Isabel Díaz Ayuso sobre el asunto.

Un juzgado de la localidad de Móstoles investiga desde hace meses a Manuel Bautista, alcalde del municipio por el Partido Popular, tras las acusaciones de una exconcejala de su equipo de haber sido sometida a acoso sexual y laboral por parte del regidor. Bautista, que en diversos escritos y comparecencias públicas ha reducido el asunto a un desencuentro de carácter laboral con la entonces concejala, está llamado a comparecer en el juzgado en calidad de investigado este próximo viernes.

En paralelo al acoso laboral y sexual –que también puso en conocimiento del equipo de Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol– la concejala denunció ante los tribunales que alguien había entrado en su email y había borrado correos relacionados con el caso. El juzgado, en un primer momento, dio carpetazo al asunto al entender que el acceso se había realizado desde una IP relacionada con la Administración Digital de la Comunidad, y eso apuntaba a que ella misma los podría haber eliminado.

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid obliga al juzgado a poner una investigación en marcha que desemboque en identificar e interrogar como investigada a la persona detrás de la IP que ejecutó el acceso y borrado de los correos. Ese supuesto hackeo que denuncia ocurrió unos pocos días después de que, en noviembre de 2024, la exconcejala se reuniera con personas del entorno de Isabel Díaz Ayuso para poner en su conocimiento el acoso que afirma haber sufrido a manos del alcalde.

Ahora será el grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Judicial la encargada de obtener esa dirección IP y si una persona de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid estaba detrás del borrado o esos accesos. El objetivo, dice la Audiencia de Madrid, es “el esclarecimiento total de los hechos denunciados”.

Dos de las mujeres citadas este martes como testigos en la investigación judicial por acoso sexual del que es acusado el expresidente de la Deputación de Lugo José Tomé Roca han asegurado que comunicaron episodios de acoso a través del canal interno habilitado por el PSOE, aunque ambas han manifestado que no tienen previsto presentar una denuncia judicial para preservar su privacidad y la de sus familias, según ha trascendido de la declaración y recoge Europa Press.

En una jornada maratoniana en el Tribunal de Instancia número 3 de Lugo, encargado de los asuntos de violencia sobre la mujer, se iniciaron sobre las 10.00 las comparecencias dentro de la fase de instrucción abierta a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Provincial por un supuesto caso de acoso sexual denunciado por una joven, hija de una trabajadora del partido. En total estaban citadas nueve personas, cinco a propuesta del Ministerio Público y cuatro de la defensa.

Una de las declaraciones que se prolongó durante más tiempo fue la de Pilar García Porto, diputada provincial, alcaldesa de Antas de Ulla y exsecretaria de Organización del PSdeG en Lugo. Según lo expuesto en sede judicial, sostuvo que había conocido las comunicaciones internas sobre el caso a través de terceras personas y que ninguna de las mujeres afectadas se había puesto directamente en contacto con ella.

La declaración de García Porto pretendía esclarecer qué conocimiento tenía de las comunicaciones remitidas al canal interno del partido y si se había producido algún tipo de actuación posterior. La dirigente socialista no ha realizado declaraciones a los medios ni a su llegada ni a su salida de los juzgados, aunque manifestó su disposición a colaborar con la justicia.

El objetivo de la acusación particular estaba en determinar si los hechos investigados constituyen un episodio aislado o pueden responder a un posible patrón de conducta. Según ha explicado el abogado de la víctima tras la jornada, las declaraciones de este martes aportan elementos sobre el conocimiento que determinadas personas del partido pudieron tener de las quejas de la víctima en el canal interno y de que no se actuó ni se apartó a Tomé de sus funciones.

Entre los testigos también ha declarado una persona que aseguró haber trasladado en coche a una de las mujeres el día en que supuestamente ocurrieron los hechos, aunque afirmó que ella no le comentó entonces nada sobre lo sucedido.

Otros dos testimonios correspondieron a trabajadoras de la Deputación, citadas para aportar información sobre las circunstancias en las que la denunciante y Tomé coincidieron en ese entorno y el día de los hechos.

Quedó pendiente la declaración de una de las personas citadas, que no pudo acudir por motivos de salud. El juzgado deberá fijar una nueva fecha. También está pendiente la declaración del propio José Tomé y el informe médico-forense sobre las consecuencias que los hechos denunciados habrían tenido para la víctima, que se encuentra de baja laboral, según indicó su representación.

Tomé negó el acoso sexual cuando se hizo público el caso en diciembre de 2025. Entonces dimitió como presidente de la Deputación, aunque mantiene el acta de diputado provincial y sigue siendo el alcalde de Monforte de Lemos.

UGT Serveis Públics del País Valencià ha concedido a Nevenka Fernández el premio “Avançant en Igualtat”, un galardón con el que el sindicato reconoce públicamente a aquellas personas o entidades que han destacado por su promoción, defensa o impulso de iniciativas para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La entrega del premio tendrá lugar el próximo viernes, 2 de octubre, a las 11:00 horas, en el salón de actos de la Casa del Pueblo de UGT en València.

La comisión ejecutiva nacional de UGT SP PV ha decidido que la XIX edición del premio recaiga en Nevenka Fernández por su valentía y por haber abierto el camino a otras mujeres al enfrentarse al poder. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Auditoría, Fernández fue nombrada concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada en 1999. Allí, hace más de 25 años, su caso marcó un antes y un después en nuestro país al convertirse en la primera mujer en lograr una condena por acoso sexual a un cargo político, el entonces alcalde Ismael Álvarez. Con su paso al frente, Fernández allanó el camino judicial y social para las denuncias en el ámbito de la política y firmó el principio del fin de la impunidad. Sin embargo, a pesar de lograr la victoria en los tribunales, tuvo que enfrentarse a una injusta reprobación social y a un altísimo coste personal que la obligó a exiliarse. Por ello, con este galardón, UGT Serveis Públics del País Valencià quiere realizar también un necesario acto de reparación pública hacia su figura.

Para UGT Serveis Públics, en el contexto actual de extrema polarización y discursos de odio hacia el feminismo y el avance de derechos conseguidos por las mujeres, resulta oportuno conceder el galardón a una mujer que, en su momento, careció del apoyo colectivo imprescindible y cuya causa sigue vigente.

Además, UGT Serveis Públics entregará en ese mismo acto su reconocimiento interno a la labor en pro de la igualdad a Alicia Herreras, graduada en Arquitectura Técnica y oficial de mantenimiento y logística del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Se trata de una profesional valiente que, con su trabajo diario, ha roto moldes y barreras al abrirse paso en una profesión históricamente masculinizada. El acto, que contará con la presencia de autoridades y representantes del mundo de la política, el sindicalismo, el feminismo y la sociedad civil, incluirá la actuación musical de Soc Esther y un coloquio posterior con las premiadas.

Con Nevenka Fernández, el premio “Avançant en Igualtat” suma ya 19 reconocimientos a mujeres referentes y entidades comprometidas con la igualdad, al tiempo que redobla el compromiso de UGT Serveis Públics con el feminismo. En su primera edición (2008), el premio fue concedido a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, mientras que la entrega de la pasada edición recayó en la cineasta y activista Mabel Lozano. Asimismo, han sido premiadas la asociación de juristas Themis, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, la filósofa Adela Cortina, Unifem y la Comisión de Mujeres por una Paz en Palestina-Israel. De igual modo, la socióloga María Ángeles Durán, la escritora Almudena Grandes, la antropóloga Marcela Lagarde, las exministras Carmen Alborch y Matilde Fernández o las periodistas Àngels Barceló y Pepa Bueno forman parte de esta lista de premiadas.

No es tiempo para la equidistancia. Lo dice la directora de GENERAMMA, Cristina Consuegra, que estrena “con ilusión y responsabilidad” su puesto al frente de este festival dedicado exclusivamente al cine realizado por mujeres. No es tiempo para la equidistancia. Con el machismo. Con la violencia de género. Con la violación de los derechos. Con la violación de los derechos de las mujeres. Y el cine puede y debe contarlo. Así lo creen en GENERAMMA, que con cinco ediciones a sus espaldas, grita a los cuatro vientos que, contra la dignidad de las personas (en general) y contra la dignidad de la mujer (en particular) no caben medias tintas.

Lo hace con el compromiso de sus socias, de sus fieles espectadoras (y espectadores) y, por supuesto, con una programación que viene hablando por sí sola, no solo dando un lugar de honor a las cineastas que ya recorrieron un importante camino profesional –como es el caso de Ángeles González-Sinde, que clausura el festival con Después de Kim– o que comienzan el suyo –como es el caso de Marta Matute y su ópera prima, Yo no moriré de amor–.

Ambas películas dan el tono de una programación que, a lo largo de cinco días, está reafirmando la memoria histórica de Andalucía, homenajea a algunas de sus grandes cineastas y profesionales –como la compositora Isabel Royán, la directora Josefina Molina o la fallecida cineasta Concha Barquero– o que, a través de sus películas, mira cara a cara los grandes retos de la sociedad actual, entre ellos todas las violencias que se siguen ejerciendo de manera sistemática, y en todo los ámbitos y rincones del planeta, sobre las mujeres.

El compromiso de GENERAMMA no es papel mojado. Al fin y al cabo, ostenta la singularidad de ser el único festival organizado por una asociación feminista de cineastas –AAMMA–, para la que la lucha contra el acoso y las violencias sexuales en el sector se traduce en numerosas medidas: un manual de prevención (¡Corten!, un completo manual coordinado por Blanca Rey), la creación de espacios seguros para las víctimas, la generación de protocolos y una investigación que arrojó un dato alarmante: el 80% de las profesionales participantes había presenciado o experimentado situaciones de acoso o violencia sexual.

Es así como la asociación ha establecido mecanismos para luchar contra dichas agresiones en el sector, sin importar que el agresor se siente en el despacho de dirección de un festival, dirija películas o sea el director general de una productora. La red de AAMMA trabaja, día a día, para proteger a las profesionales que han sido víctimas de estas agresiones.

En ese contexto, cobra todo el sentido del mundo que el equipo de GENERAMMA haya programado para este viernes una de las películas más significativas de los últimos años: el documental Silenced. La película australiana, dirigida por Selina Miles, se pregunta qué ocurrió tras el #MeToo y cómo las víctimas (mujeres, recordemos) se tuvieron que enfrentar a nuevas –y sutiles– formas de silenciamiento, como las leyes de difamación. El mensaje del establishment machista era demoledor: si denuncias, te perseguiremos, intimidaremos y arruinaremos tu vida.

Los casos de Amber Heard, Brittany Higgins o Catalina Ruiz-Navarro sirven así de hilo conductor para denunciar las consecuencias personales y profesionales que supone denunciar que un ‘compañero’ del sector te ha violado, agredido o cometido algún otro tipo de abuso contra ti.

GENERAMMA se ha posicionado así como un espacio de encuentro, diálogo y denuncia, que queda maravillosamente representado a través del cartel de este año: una ilustración de la artista Ana Jarén, que en su detallista estilo, nos muestra a cuatro mujeres de diferentes edades y procedencias desayunando y charlando animadamente en la inconfundible Plaza Mayor de Chiclana.

Un tiempo de diálogo y compromiso. Sin equidistancias.

Pulseras para detectar droga en bebidas y que así las jóvenes puedan estar más tranquilas durante la feria del municipio. Esta es la medida que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Coria del Río, en Sevilla, que las repartirá en una celebración que tendrá lugar los próximos días en el municipio para así “contribuir a que los jóvenes puedan disfrutar de estas fiestas de una manera más segura, responsable y libre de situaciones de acoso o de pérdida de control provocada por sustancias introducidas en sus bebidas sin su consentimiento”.

La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Coria, Almudena Bizcocho, ha destacado en declaraciones a Europa Press que la iniciativa responde a una necesidad de “prevención y acompañamiento”. En la misma línea, se ha establecido un Punto Violeta en la feria y en otras zonas de ocio, especialmente en lo referido a la juventud. “Las pulseras se podrán conseguir en el Punto Violeta, aunque también está previsto un horario de reparto en las calles del recinto, en aquellos que registren una mayor afluencia, en concreto”, ha apostillado.

Bizcocho ha indicado que serán unas 2.000 pulseras las que serán entregadas y que, por el momento, las vecinas del municipio han manifestado una “gran aceptación”. “Es cierto que es una medida de prevención. No queremos normalizar que las mujeres vivan el ocio con miedo, pero queremos trabajar para que puedan disfrutar en libertad. Para ello, necesitamos concienciación y recursos”, ha añadido.

Con sensores químicos

Si bien no ha destacado episodios de sumisión química en celebraciones anteriores, lo que pretende la sección de Igualdad es generar un “reclamo para que la gente acuda al Punto Violeta, que la gente sepa que existe esta herramienta”.

Estas pulseras han sido desarrolladas a partir de tecnología surgida en el Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de Valencia e incorporan sensores químicos que reaccionan mediante un cambio de color cuando entran en contacto con determinadas sustancias utilizadas en casos de sumisión química.

Entre ellas se encuentran el GHB y drogas aminadas como la ketamina, la burundanga o la MDMA. Desde el Ayuntamiento se recuerda que estas pulseras constituyen una herramienta complementaria a la prudencia y a las medidas de autoprotección.

“Denuncia” es el mensaje que más escuchan las víctimas de violencia de género y sexual. Ese lema, que busca que las mujeres confíen en la Justicia, obvia, sin embargo, todo lo que sucede después y que quita brillo a ese eslogan fácil. Lo saben Laura y Rebeca, las extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias por trata y varios delitos sexuales y laborales y que acaban de presentar una querella en la Audiencia Nacional.

Días después de esta nueva acción para reclamar que España investigue los hechos, un medio de comunicación ha publicado el vídeo de la declaración que una de ellas hizo ante la Fiscalía, a pesar de que el Ministerio Público les concedió un estatus de especial protección y de que la ley prohíbe difundir datos que permitan reconocer a víctimas de violencia sexual. Mientras la justicia española decide, otra vez, si investiga los graves hechos que denuncian las dos extrabajadoras, estas mujeres soportan una revictimización sin que nadie parezca hacer nada al respecto.

Hagamos una secuencia de hechos. En enero, dos extrabajadoras de las mansiones del cantante en República Dominicana y Bahamas le denuncian ante la Fiscalía por trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores y lesiones. El Ministerio Público les concede el estatus de testigos protegidas y comienza sus indagaciones. Días después, Julio Iglesias, desde su cuenta de Instagram, revela la identidad de dos mujeres que, asegura, corresponde a las denunciantes.

Hasta la fecha, nadie ha investigado esa acción del cantante, a pesar del estatus del que gozaban las mujeres en ese momento. Lo que sí hace la Fiscalía es archivar el caso: no entra al fondo del asunto pero asegura que España no es competente para investigar esos hechos, una decisión discutida por distintos expertos y expertas. El abogado de Iglesias inicia un procedimiento contencioso-administrativo para conseguir acceso a la denuncia y a todo el expediente de la Fiscalía. Lo gana y toda la información, también las indagaciones preprocesales del Ministerio Fiscal, pasa a estar disponible para la representación legal del cantante.

La semana pasada, Laura y Rebeca, representadas por la organización Women's Link, vuelven a buscar justicia: presentan una querella en la Audiencia Nacional por los mismos delitos. Días después de esa presentación, en la que las mujeres también piden protección, este miércoles la página web Okdiario publicaba el vídeo de la declaración que una de ellas hizo ante la Fiscalía en enero, cuando era testigo protegida. Aunque la imagen de la mujer aparece pixelada, en el vídeo puede escucharse su voz. La investigación publicada por elDiario.es y Univision protegió la imagen de las dos mujeres pero también la voz para evitar su identificación: se sustituyó por doblajes literales.

A la espera de lo que haga el juez, Rebeca y Laura atraviesan esa contradicción del sistema de la que nadie se hace cargo: denunciaron, pero, de momento, nadie investiga; denunciaron, pero se han revelado datos personales e información que permite identificarlas, sin que parezca haber consecuencias. Denunciaron, y aunque esa denuncia se archivó y no llegó a abrirse una investigación propiamente dicha, el denunciado ha tenido acceso a todo el expediente, mientras ellas siguen esperando a que la justicia española las escuche.

Pronunciar un lema es fácil, sostenerlo es mucho más complicado. Para hacerlo, la justicia y la protección deben ser efectivas. Si no, instar a las mujeres a que denuncien es pedirles que sostengan una acusación en un mundo que dudará de ellas, que las atacará, las volverá a victimizar y les hará pagar un precio por hablar. Cuando un caso tiene una gran relevancia mediática, como sucede con el de Julio Iglesias, el proceso, para bien o para mal, se convierte en una lección para todas. Asistir a la desprotección de unas mujeres que rompieron su silencio a pesar de tenerlo todo en contra es el mejor estímulo para permanecer en silencio. Y es lo que buscan quienes instigan los ataques.

“Los jueces pueden admitir la querella porque son competentes para conocer de este asunto. En Derecho muchas veces las cosas son discutibles, pero en este caso concreto hay una base clara para que los tribunales españoles sean competentes para iniciar un procedimiento”, asegura la catedrática de Derecho Penal de la Universitat de València Lucía Martínez Garay. La experta subraya que el caso cumple con los requisitos que marca la ley para ser investigado en España: los hechos se atribuyen a un ciudadano español, son considerados delito tanto en los países donde se produjeron como aquí, y no han sido investigados en ningún otro lugar.

Mercedes García Arán, profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Antonio Lascuraín de la Universidad Autónoma de Madrid, o Victoria Rosell, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, también piensan que la Fiscalía se equivocó al archivar el caso y consideran que España es competente.

El juez en el que ha recaído el caso, Antonio Piña, ya ha emitido una resolución en la que pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar los hechos, un procedimiento habitual. Será la misma Fiscalía que archivó en enero la que elabore ese informe, que no es vinculante para el juez, quien tiene la última palabra.

El Juzgado de Menores de Salamanca ha condenado a uno de los menores acusados de agresión sexual (por pedirle fotografías de carácter sexual) a una compañera suya de 12 años, según una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ambos se conocían de la Escuela de Tauromaquia, financiada por la Diputación de Salamanca. El condenado -y sus padres- deberán abonar 1.500 euros a la víctima por estos hechos, que se produjeron en 2025. El tribunal también ha absuelto al otro menor acusado del mismo delito contra dos menores (de 11 y 12 años) porque no se ha considerado probado que fuera él quien utilizara ese perfil de Instagram desde el que se incitó a enviar fotografías de carácter sexual.

El fallo impone al primer menor -ya mayor de edad- cien horas de servicios comunitarios “para que reflexione sobre la gravedad de su actuación” y establece una medida de libertad vigilada durante dos años, en los que recibirá formación de educación sexual y educación en igualdad, además de una orden de alejamiento hacia la menor.

El menor condenado -le faltaba un mes para cumplir los 18 años- contactó con su compañera de la Escuela Taurina, de 12 años. “Empezó a comentarla que sus conversaciones no debía verlas nadie, pidiéndole que las borrara a diario y diciéndole, entre otras cosas, que cuando él tuviera 18 años debían cortar las mismas”, señala la sentencia, que considera probadas sus insinuaciones sexuales y peticiones de fotografías pedófilas. Esta situación se prolongó hasta que los padres de la niña descubrieron la situación y presentaron una denuncia.

“Desprecio a los sentimientos de la víctima”

El condenado defendió que creía que la niña tenía 16 años, algo que no se cree el juzgado porque entonces no tendría sentido que le dijera que borrara las imágenes o que las conversaciones debían terminarse cuando él cumpliera los 18 años. “Si adoptaba estas precauciones era porque conocía que estaba actuando de forma inapropiada”, señala el Juzgado de menores. Además, en el ámbito de la escuela taurina no se puede torear novilladas hasta los 16 años, una actividad que no podía realizar la menor. El juzgado establece que el condenado “embaucó” a la niña, aunque niega que esta fuera coaccionada o amenazada con hacer públicas las conversaciones previas que había tenido con el otro compañero, hoy absuelto.

El Juzgado ha establecido una libertad vigilada durante dos años dado el “absoluto desprecio a los sentimientos de la víctima” y su inconsciencia sobre “la gravedad de los hechos”. Además, esta no es su primera condena, por hechos con “una analogía importante”, aunque no de la misma naturaleza.

Absuelto el otro menor

La Justicia ha absuelto al otro menor encausado porque, ha considerado que no se ha demostrado lo suficiente que fuera él quien utilizaba esa cuenta de Instagram desde la que se pidió vídeos y fotos a otra niña de 11 años, a la que conocía de vista y de su entorno cercano. Fiscalía pedía que se dedujera la titularidad de la cuenta porque la fotografía del perfil era del menor y en las conversaciones con una de las víctimas se mencionaba su proximidad, algo que el Juzgado considera insuficiente porque son “datos fácilmente accesibles para cualquier persona”. También se le absuelve de un delito similar hacia su compañera de la Escuela de Tauromaquia -cuya conversación se borró- y cuyas conversaciones por Whatsapp no acreditan el contenido de las conversaciones previas aunque sí se hace referencia a ellas.

Aun así, defiende que no duda de que una de las víctimas y su madre hayan dicho la verdad en el proceso. “No se quiere manifestar con lo anterior que la menor o su madre falten a la verdad, pero como se han señalado hechos muy graves, sería necesario conocer exactamente el contenido de las conversaciones que fueron borradas y no se conservaron”, señala la sentencia.

La sentencia absuelve a la Diputación de Salamanca de la responsabilidad civil solicitada porque los hechos se produjeron fuera de la escuela taurina, que no podía tener “ningún control” sobre las actividades externas que realizaran los menores. El Juzgado también destaca que, cuando se tuvo conocimiento del problema, se separó a los menores acusados de la víctima “para que no coincidieran en las clases”. La Escuela de Tauromaquia no tenía un protocolo antiacoso para este tipo de situaciones a pesar de las peticiones realizadas por el Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado el despido disciplinario a un trabajador de un establecimiento comercial de una multinacional, con sede en Barakaldo (Bizkaia), por “acoso sexual” a sus compañeros, a los que sometía a “tocamientos indeseados” en partes íntimas y les había hecho “comentarios de índole sexual”. En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJPV desestima el recurso de suplicación interpuesto por el despedido contra la resolución de instancia que ha confirmado. En ella se considera probado que el 21 de febrero de 2025 una empleada denunció ante la dirección un asunto que consideraba “urgente” por el “comportamiento inapropiado” por parte de otro trabajador que, en su opinión, había vulnerado el Código de Conducta establecido por la empresa, al “tocar indebidamente, sin consentimiento y en repetidas ocasiones, a varios compañeros del equipo”. Estos, según su relato, le habían mostrado su “incomodidad” y le habían pedido que dejara de hacerlo.

Tal como explicó, la actitud de este empleado, además de “infringir las normas de convivencia dentro de la empresa”, había generado “un ambiente incómodo y preocupante” para sus compañeros. Según relató uno de ellos al resto del equipo, mientras cargaba mercancía en una máquina de carga, el denunciado se le acercó por detrás y le sometió a “tocamientos que quedaban completamente fuera de lugar y que fueron realmente incómodos” para él. Además, en varias ocasiones, según otros trabajadores, con la excusa de que eran hombres, “intentaba e incluso llegaba a tocarles zonas íntimas”, por lo que le habían pedido que dejara de hacerlo.

La denunciante afirmó ante la empresa que ella se había sentido “incómoda” al compartir espacio de trabajo con el denunciado porque tenía “tendencia a invadir el espacio personal y acercarse en exceso con el torso pegado” a su espalda cuando pasaba por detrás de ella. Esta queja la había trasladado a sus managers, al servicio médico, a responsables de Prevención de Riesgos Laborales y Recursos Humanos de la multinacional, y había solicitado que se adoptasen “las medidas convenientes para resolver esta situación, conforme a las políticas y procedimientos internos establecidos por la empresa”.

La responsable de Vigilancia de Salud de la empresa convocó a una reunión al trabajador demandado, que admitió haber realizado “tocamientos” a compañeros varones, pero aseguró que se trataba de “bromas”. Esta representante de la empresa también habló con los empleados citados en la denuncia y con otros afectados a través de la plataforma 'Teams'.

Por ello, el 17 de marzo de 2025, la comisión instructora de situaciones de acoso emitió informe en el que concluyó que los hechos investigados constituían “acoso sexual”. Ante ello, el denunciado hizo constar su disconformidad y presentó el 1 de abril alegaciones escritas en las que aseguró que no había cometido ningún acto que “pueda dañar física ni moralmente a sus compañeros, y mucho menos ningún delito”. A su vez, acusó al personal de la empresa de someterle a “acoso continuado”.

Por su parte, la empresa remitió al trabajador carta de despido disciplinario fechada el 2 de abril, con efectos al mismo día, en la que les trasladaba que las conclusiones del informe contra él eran “contundentes” y se consideraba que era responsable de “inferir en una situación absolutamente inapropiada e intolerable, con comentarios y acciones sexistas, constitutivos de acoso sexual conforme al protocolo existente en la compañía”.

También le comunicaba que “muchos de sus compañeros” habían confirmado con sus declaraciones que, “en horario laboral y en el centro de trabajo”, había incurrido en “realizar tocamientos indeseados” en las partes íntimas a otros empleados varones “sin su consentimiento”, además de hacer “comentarios de índole sexual”, y “roces y toques” con el cuerpo. Verbalmente dijo a uno de los trabajadores: “no te agaches, nene, que no sabes cómo me pones”, y en otras ocasiones le efectuó tocamientos en los genitales mientras reponía mercancía, llegando en alguna ocasión a actuar “de forma violenta, zarandeándole” para hacerle tocamientos.

A otra empleada le puso “los testículos en la cara cuando se levantaba a recoger un papel”, y otra vez le dio “un abrazo no consentido de contenido sexual”, intentando repetirlo en días posteriores. Cuando iba al baño, le hacía proposiciones preguntándole si “necesitaba ayuda”. Durante una fiesta de empresa en 2024, tal como relató otro compañero de trabajo, “le tocó el culo de manera reiterada y sorpresiva, sin su consentimiento”, por lo que otra trabajadora le tuvo que retirar la mano y exigirle que no volviera a hacerle tocamientos. A ese mismo empleado, le hacía habitualmente preguntas personales de contenido sexual y de manera reiterada. Por ello, la plaza número 9 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao desestimó la demanda contra la empresa planteada por el acusado y declaró procedente el despido impugnado.

El despedido presentó recurso de suplicación en el que alegó que se había producido infracción de normas o garantías del procedimiento que le habían provocado “indefensión”, solicitó la revisión de los hechos probados, y la nulidad de las actuaciones, para retrotraerlas al momento anterior a la infracción, entre otras, la omisión de prueba de reproducción videográfica. Subsidiariamente, reclamaba que se anulara su despido o se declarara su improcedencia.

En concreto, argumentó que se había omitido la reproducción videográfica de uno de los episodios que se consideró “acoso sexual”, prueba a la que la empresa renunció al considerar que no iba a aportar nada a la investigación por la calidad de la grabación y porque la posición de la cámara “no iba a mostrar, por sí sola, el lugar donde se produjeron los tocamientos”. Además, el demandante en su momento no protestó porque no se practicara esta prueba. También impugnó la sentencia de instancia al considerar que la prueba testifical de uno de los afectados fue “dirigida por el juez”, ya que este, al ser migrante, no conocía el idioma y se limitó a contestar afirmativamente cuando el magistrado le preguntó si le había tocado el acusado sus partes íntimas.

El TSJPV rechaza las pretensiones del acusado y asegura que no se ha producido “indefensión”. De hecho, estima que durante el acto de juicio oral se practicaron todas las pruebas propuestas, y la sentencia “no contiene declaraciones fácticas oscuras, incompletas o contradictorias”. Por el contrario, cree que la resolución judicial mantiene un relato histórico de los hechos probados, “con toda precisión y detalle que requiere el reflejo de la realidad” deducible de los medios de prueba aportados. También recuerda que solo es posible modificar el relato de hechos probados a través de la prueba documental o pericial, y en ningún caso testifical, en caso de constatarse “un error claro y evidente” del juzgador. El acusado también pretendía esta revisión de hechos probados porque la empresa no otorgó audiencia previa al delegado sindical antes de acordar el despido disciplinario.

La Audiencia Provincial ha absuelto al acusado del delito de corrupción de menores para el que el Ministerio Fiscal solicitaba tres años y seis meses de prisión, además de diversas penas de alejamiento y libertad vigilada.

Según recoge la sentencia, la acusación sostenía que, en agosto de 2023, una menor de nueve años se encontraba en la habitación de su domicilio cuando una persona que se hallaba en una ventana del edificio contiguo inició una conversación con ella y, tras decirle que era muy guapa, le pidió en repetidas ocasiones que se quitara el pijama y la ropa interior mientras sostenía un teléfono móvil.

La investigación permitió identificar la vivienda desde cuya ventana se habría producido la conversación, correspondiente al domicilio de los padres del acusado. Sin embargo, la Audiencia declara expresamente que no ha quedado probado que fuera él quien realizara esos hechos.

La resolución dedica buena parte de su fundamentación a analizar la declaración de la menor y recuerda la consolidada doctrina del Tribunal Supremo según la cual el testimonio de la víctima puede constituir prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia cuando reúne determinados parámetros de credibilidad, como la ausencia de motivos espurios, la persistencia en la incriminación y la existencia de corroboraciones periféricas.

En este caso, la Sala aprecia que no existen elementos que permitan dudar de la sinceridad de la menor ni de su familia, al no constar conflictos previos con el acusado. Asimismo, el informe de la psicóloga forense concluye que el relato presenta huella de memoria compatible con hechos realmente vividos. No obstante, el tribunal considera que esas circunstancias no bastan para dictar una condena porque la prueba practicada no permite atribuir con la certeza exigible la autoría de los hechos al acusado.

No se practicaron pruebas de las fotografías en el téléfono móvil

La sentencia destaca que la declaración de la menor, aunque válida y creíble, fue muy limitada respecto a la identificación de la persona que habló con ella; que el padre únicamente pudo observar fugazmente a alguien asomarse a una ventana sin llegar a identificarlo; que no se practicó ninguna investigación que acreditara la existencia de las supuestas fotografías tomadas con el teléfono móvil; y que la única conexión objetiva con el acusado era que la ventana pertenecía a la vivienda de sus padres, donde podían encontrarse otras personas. Además, el acusado aportó documentación que situaba su residencia y actividad laboral en Bilbao durante las fechas en que ocurrieron los hechos.

A partir de estos elementos, la Audiencia concluye que persiste una duda razonable tanto sobre la forma en que sucedieron los hechos como sobre la identidad de su autor. Por ello, recuerda que el principio in dubio pro reo obliga a absolver cuando, tras valorar toda la prueba practicada, el tribunal no alcanza la convicción necesaria para destruir la presunción de inocencia del acusado. La resolución cita abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para subrayar que una condena penal solo puede dictarse cuando la culpabilidad queda acreditada más allá de toda duda razonable. La sentencia no es firme.

El pasado 14 de mayo, tres días después de que el CEO de la productora de Canal Sur Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, fuera citado a declarar ante el juez como imputado por agresión y acoso sexual a una reportera, un alto cargo del Gobierno andaluz le llamó para alertarle de que había otra denuncia interpuesta contra él ante la Policía Nacional por “amenazas y coacciones” a la testigo clave de la causa en la que estaba siendo investigado.

Esa testigo “fundamental” para la acusación, que había sido su número dos en la empresa, le acababa de denunciar tras recibir un vídeo de tono “amenazante” desde la cuenta personal de la red social Instagram de Gustavo Fuentes.

El alto cargo de la Junta de Andalucía que le dio el aviso fue Sergio Gómez Rojas, director gerente de la empresa de Telecomunicaciones Sandetel (adscrita a la Consejería de Industria) y, a la sazón, presidente del Consejo de Administración de ADM. El Gobierno andaluz, a través de Sandetel, es el accionista mayoritario de la productora (con un 47,8% de participación), referente en el sector audiovisual andaluz y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

La llamada de este alto cargo de la Consejería de Industria permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa en el caso de delitos sexuales por el que está siendo investigado en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla: el mismo día que recibió el aviso de Gómez Rojas, el ex CEO de ADM acudió a una comisaría de Policía para interponer una 'contradenuncia' para defenderse, asegurando que su móvil había sido “hackeado” y que él no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso.

El 21 de mayo, envió una copia de su denuncia al juez Francisco José de Córdoba, que le investiga por tres supuestas agresiones sexuales y el acoso sexual a una reportera, junto a un escrito contándole que el 14 de mayo había recibido una llamada del presidente de su compañía [Gómez Rojas] para ponerle sobreaviso de una segunda denuncia contra él: la de una antigua directiva de la productora, testigo clave en su procedimiento judicial, acusándole de haberle enviado un “mensaje amenazante”, según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes judiciales.

Este periódico se ha puesto en contacto reiteradamente con el director gerente de Sandetel y presidente de ADM y le ha trasladado una serie de preguntas que ha eludido responder. La primera: desde cuándo estaba al corriente de que el CEO de su productora, una empresa semipública, estaba siendo investigado por un juzgado de violencia de género [Fuentes está imputado desde el 25 de marzo] a raiz de la denuncia de una trabajadora por “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral” [la denuncia es del pasado enero].

Y la segunda: si el pasado 14 de mayo, cuando alertó a Gustavo Fuentes de que la testigo clave del caso acababa de denunciarle a la Policía por supuestas amenazas y coacciones, conocía ya su imputación.

La 'contradenuncia' antes que la denuncia

Es importante el momento en que Gómez Rojas puso en alerta al CEO de la productora sobre la existencia de una segunda denuncia contra él, vinculada al caso por el que está siendo investigado, porque la denuncia de Gustavo Fuentes sobre el supuesto “hackeo” de su móvil llegó al Juzgado de Violencia de Género 5 “antes” que la propia denuncia de la testigo clave contra él por coacción y amenazas.

Es decir, el acusado se anticipó a la acusación de la testigo, dejando constancia por escrito ante el juez de que el presidente de su productora y alto cargo del Gobierno andaluz le había advertido de antemano de que era objeto de una segunda denuncia, esta vez por coacciones a la testigo “fundamental” de la causa contra él por delitos sexuales a una reportera.

En la comunicación que dirige al juez del caso, Gustavo Fuentes aseguró que llevaba mucho tiempo sin ponerse en contacto con la que fuera su número dos en la compañía, y explicó que, al revisar sus redes sociales, se dio cuenta de que a través de su cuenta de Instagram se había remitido, sin su conocimiento, un reel/video a la testigo. Según su versión, ni siquiera abrió el enlace del vídeo, no conocía, por tanto, su contenido, y en ningún caso había sido él quien lo había enviado.

Ante el temor de que pudieran haber “hackeado” su terminal móvil, donde tiene las aplicaciones de redes sociales, el exCEO de la productora de Canal Sur se personó en una comisaría de Policía para interponer una denuncia. Con esa denuncia, Fuentes también se apresura a explicar al juez que las claves de acceso a sus dispositivos y aplicaciones, incluida Instagram, están alojadas en la nube de la empresa, y sugiere que algún trabajador ha podido usar esas contraseñas para enviar el mensaje amenazante.

El investigado ha aportado a la causa un certificado de su empresa, firmado por el director técnico David Pérez, para acreditar que las contraseñas de su móvil estaban en un fichero alojado en un servidor corporativo de la empresa, incluidas las claves de acceso a su portátil, entregadas por él mismo a algunos técnicos para resolver posibles incidencias. El propio Pérez ha confirmado a este periódico que firmó ese certificado, aportando el nombre y apellidos de cinco técnicos de ADM que tuvieron acceso a ese fichero, tres siguen en la productora y otros dos ya no.

David Pérez, el técnico que firma ese certificado para corroborar la 'contradenuncia' de Gustavo Fuentes, tiene el papel más atípico de la compañía: es directivo y, a la vez, representante de los trabajadores en el centro de trabajo de ADM en Málaga. En teoría, su firma avala tanto a la dirección de la empresa como a la plantilla.

Pérez no pertenece a ningún sindicato, se postuló a unas elecciones internas, en 2017, como “independiente”. Ninguno de los más de 20 profesionales de la productora con los que ha hablado este periódico le ha consultado jamás un problema laboral y todos le consideran “el hombre que la dirección de la empresa ha puesto para que figure como representante legal de la plantilla”.

El ex CEO de la compañía, de hecho, se ha apoyado en un certificado firmado por él, en calidad de director técnico de la empresa, para defenderse de sus acusaciones, señalando a otros trabajadores y extrabajadores de la productora como hipotéticos responsables de haber enviado ese vídeo amenazante a la víctima desde su cuenta de Instagram.

Gustavo Fuentes estaba citado a declarar en calidad de imputado por delitos de agresión sexual y acoso sexual continuado a una reportera de su empresa el pasado 11 de mayo, siete días antes de las elecciones andaluzas. El ya ex CEO de la productora ADM, con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía, cambió de abogado tres días antes, logrando aplazar su declaración ante el juez de Violencia de Género número 5 de Sevilla, que instruye el caso, y la de dos testigos citados por el magistrado para corroborar la versión de la denunciante.

Una de esas testigos tiene un papel “fundamental” para la acusación, porque durante dos años fue la número dos de Gustavo Fuentes en la productora, con su despacho adjunto al del director gerente de la empresa. Ese mismo día 11, ya por la tarde, la testigo recibió un mensaje privado de su ex jefe a través de la red social Instagram: un enlace de vídeo en la que se escucha lo siguiente: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”.

La testigo acudió a una comisaría de Policía en Sevilla para interponer una denuncia por “amenazas” y posible “coacción” de Gustavo Fuentes, contra quién debía declarar en un Juzgado de Violencia de Género ese mismo día, antes de que se aplazaran las declaraciones de ambos. Una vez interpuesta la denuncia ante la Policía, la abogada de la testigo se la remitió al juez titular que investiga la denuncia de la reportera contra el ex CEO de la principal productora de Canal Sur por varios delitos sexuales.

Sin embargo, el juez Francisco José de Córdoba recibió las alegaciones de Fuentes a esta denuncia por amenazas antes que la denuncia contra él de la testigo por supuestas coacciones en esta causa. El magistrado decidió no incluir esa denuncia de la testigo como parte de la investigación contra Gustavo Fuentes, aunque ésta podría dirimirse en otro juzgado de instrucción.

Paradela, Sanz y el silencio del Gobierno andaluz

La llamada que hizo el presidente de ADM y alto cargo de la Consejería de Industria a Gustavo Fuentes el pasado 14 de mayo compromete la versión que, hasta hoy, ha dado el Gobierno de Juanma Moreno sobre este asunto. El pasado 10 de junio, tras publicarse la noticia en elDiario.es, la portavoz de la Junta, Carolina España, no supo aclarar desde cuándo sabía que el CEO de la principal productora de Canal Sur estaba siendo investigado judicialmente por delitos sexuales.

España no ofreció una respuesta, pero dejó la pelota sobre el tejado de los dos consejeros que tienen competencia directa en este asunto, el titular de Presidencia, Antonio Sanz (de quien depende la RTVA), y el de Industria, Jorge Paradela (de quien depende Sandetel, la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y, en última instancia, ADM).

A preguntas de los periodistas, durante un acto público en Jaén, Paradela aseguró que la fecha clave es el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, dijo. El cese definitivo de Gustavo Fuentes se confirmó en un comunicado del Consejo de Administración el 17 de junio, una semana después de que elDiario.es revelase que llevaba casi dos meses siendo investigado por la Justicia por agresiones sexuales.

Sanz, en cambio, apenas ha dado explicaciones públicas sobre este tema. El hoy vicepresidente primero de la Junta y consejero de la Presidencia fue el gran padrino político de Gustavo Fuentes. En 2023 allanó su nombramiento como presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el propio consejero de la Presidencia, y del que fue destituido nada más revelarse su imputación.

El número dos del Gobierno andaluz ha estado presente en todos los hitos importantes desde el lanzamiento de LAND, en la presentación de proyectos audiovisuales de ADM y en fiestas privadas que Fuentes organizaba en la terraza de la compañía, según confirmaron una decena de trabajadores de la empresa.

El gobierno de Granadilla de Abona (CC, Vox y uno de los dos ediles electos del PP tras la censura al PSOE de marzo de 2025) cerró en septiembre de 2025 la investigación interna abierta por un supuesto caso de acoso sexual y laboral del jefe de la Policía Local a una agente del cuerpo, al considerar que no había pruebas contra él. Sin embargo, dos meses después un juzgado de este municipio del sur de Tenerife incoó unas diligencias que aún permanecen abiertas. Esta circunstancia no ha sido obstáculo para que el Ayuntamiento haya decidido contar con este mando policial en una mesa de coordinación contra la violencia de género celebrada este miércoles.

La presencia del jefe de la Policía Local junto al alcalde, Domingo Regalado (Coalición Canaria), ha sorprendido y dolido sobremanera a la denunciante, según remarca su entorno, que agrega que la agente quiere volver al trabajo (permanece de baja), pero los turnos no se organizan de forma que se garantice que no coincidirá con su jefe en una etapa en la que, según denuncia la oposición, faltan agentes por bajas o plazas insuficientes, con los lógicos perjuicios para un servicio adecuado en un municipio de grandes dimensiones. En Granadilla hay unos 65.000 habitantes, el aeropuerto Tenerife Sur, núcleos costeros como El Médano o Los Abrigos, grandes concentraciones urbanas como las de San Isidro y un puerto industrial, aunque con una actividad mucho menor de la prometida en su día.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona resaltó este miércoles en redes como Facebook que había celebrado “la Mesa de Coordinación Policial del Protocolo VioGén, convocada por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife”. En esa reunión participaron “representantes de la Guardia Civil, del IASS, de la Unidad de Violencia sobre la Mujer y del propio Ayuntamiento, junto a la Policía Local, para analizar la situación en el municipio y hacer seguimiento del funcionamiento del Protocolo VioGén 2”. Además, se subrayó que citas como esta “permiten que todas las administraciones trabajen coordinadas con un único objetivo: proteger a las víctimas y seguir mejorando la respuesta ante la violencia de género en Granadilla de Abona”.

El gobierno local ya indicó el pasado mayo a este periódico que espera a que se resuelva el proceso judicial para pronunciarse y, al igual que este jueves, declinó responder sobre el caso o sobre la decisión de que el jefe policial participara en la mesa sobre violencia de género.

Declaraciones y testimonios

El juzgado de esta localidad ya tomó declaración al policía denunciado por presunto abuso sexual y laboral el pasado 26 de marzo, así como a diversos testigos. Lo hizo después de que, en septiembre de 2025, el consistorio cerrase su indagación interna al aplicarse el protocolo tras las primeras quejas de esta policía, que se encuentra en tratamiento psicológico por sintomatología ansioso-depresiva.

Esta agente denunció la situación que dice sufrir poco antes de marzo de 2025, cuando se produjo la censura de CC, un edil del PP (la otra siguió fiel al pacto con el PSOE, por lo que se le mantuvo el expediente) y Vox contra la alcaldesa socialista Jennifer Miranda, que cogobernaba con los conservadores desde junio de 2023. Se activó el protocolo antiacoso, pero, con el cambio de gobierno, el caso ya se abordó en la nueva etapa. Tras las pertinentes declaraciones de testigos, de las distintas partes y la investigación interna abierta, en septiembre pasado se decidió cerrar este proceso dentro del ayuntamiento al no llegarse a conclusiones definitivas ni hallarse pruebas suficientes, siempre según la versión del gobierno local.

Por el contrario, el juzgado sí actuó tras la denuncia de la agente y abrió una causa, que sigue en ese momento procesal. La policía argumenta que los supuestos abusos se cometieron durante años en el marco de una relación marcada por la superioridad jerárquica. La agente lamenta que el proceso abierto por el consistorio se cerrase sin determinar responsabilidades ni adoptarse medidas de protección efectivas orientadas a evitar su contacto profesional con su jefe, algo que continúa produciéndose, si bien confía ahora en la vía judicial abierta.

Supuestos abusos durante “diez años”

Según consta en la documentación médica de su denuncia, el supuesto acoso laboral se ha dado desde hace unos diez años, “con insultos y menosprecio de tipo personal”, con castigos por tratarse de ella. Entre otros efectos, refiere taquicardia, nervios, dolor de abdomen, miedo, insomnio, apatía, abulia e inestabilidad general, por lo que recibe terapia. Por supuesto, la versión dada por el jefe durante la investigación interna y en su declaración es totalmente contraria.

Los presuntos abusos e insinuaciones sexuales que denuncia e investiga la justicia quedaron reflejados también en un parte médico de abril de 2024. Asimismo, consta documentación que demuestra que recibe “atención integral psicológica, jurídica y social” desde noviembre de 2015 de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que ofrece un servicio insular de atención especializada para víctimas de violencia de género, en el municipio tinerfeño de Candelaria, entre el área metropolitana y la comarca sureña.

Según traslada a Canarias Ahora, esa “ausencia de medidas organizativas o preventivas para evitar el contacto profesional con el jefe habría derivado” en su baja médica por ansiedad, por lo que sigue apartada de su puesto de trabajo y afronta “consecuencias personales, profesionales y económicas generadas por esta situación”. Y eso que ha querido reincorporarse, pero sin que le garanticen que no coincidirá en algún turno con el jefe al que ha denunciado.

A su juicio, y como en otros casos similares, lo que está viviendo “pone sobre la mesa el debate acerca de los mecanismos de protección que deben activarse en las administraciones públicas cuando existen denuncias de presunto acoso laboral o sexual y procedimientos judiciales en marcha. A ello se añade la peculiaridad de las relaciones de dependencia profesional propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde la estructura jerárquica puede generar especiales dificultades a la hora de denunciar hechos de esta naturaleza y continuar desempeñando sus funciones con normalidad, de ahí la especial importancia del respaldo y la protección por parte de la administración”.

Gustavo Fuentes, vestido con una guayabera celeste y “aparentemente tranquilo”, declaró este martes ante un juez de violencia de género que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas –delitos por los que está imputado–, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre ”consentido“.

El exCEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) –empresa asociada a RTVA, copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur– compareció durante casi una hora, respondiendo a las preguntas del juez titular, Francisco José de Córdoba, de la fiscal y de su propio abogado. Se negó a contestar las preguntas del letrado de la reportera que lo ha denunciado por tres agresiones sexuales –en 2013, 2022 y 2023–, por acoso sexual continuado y acoso laboral (mobbing) y quedó en libertad sin medidas cautelares.

Media hora antes, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que Fuentes sentía hacia la trabajadora que lo ha denunciado, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio celebrado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos del exCEO en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la estaba follando otro compañero”.

Tanto la exdirectiva como la otra testigo –una amiga a la que confesó las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron– coincidieron también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la periodista con el estado de “miedo” y “ansiedad” que experimentó durante los años que trabajó bajo las órdenes del directivo imputado.

“Contradicciones” en línea de defensa del acusado

La estrategia de defensa de Gustavo Fuentes, según personas presentes en el interrogatorio, pasa por intentar demostrar que siempre hubo “consentimiento” de la denunciante, y para ello buscó desmontar una de las pruebas más sólidas de la acusación: las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del ex director general de la productora a la víctima entre 2018 y la actualidad.

Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa, como recordó ayer el propio magistrado durante el interrogatorio. Sin embargo, el abogado de Fuentes trató de exponer que en esas conversaciones entre su cliente y la reportera hay periodos en blanco, en los que aparecen transcritos los mensajes de él, pero se han borrado las respuestas de ella, en teoría, “porque se habrían activado los mensajes temporales de WhatsApp”.

Se trata de una función de privacidad que hace que los mensajes de un chat desaparezcan automáticamente después de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días, y solo afectan a los mensajes nuevos, no a los enviados antes de activarlos. La representación legal de Gustavo Fuentes intenta probar ante el juez que la denunciante borró las respuestas para ocultar que, en realidad, ella consentía ese tipo de mensajes “de índole sexual” y la relación que mantenía con su superior jerárquico. Con todo, el magistrado le reiteró que los mensajes aportados como prueba por parte de la acusación ya han sido validados judicialmente.

Las mismas fuentes apuntan a que el acusado incurrió en “contradicciones” a lo largo de su declaración. Primero habría señalado que su relación con la denunciante era “estrictamente laboral”, llegando a esgrimir que por su condición de presentadora apenas frecuentaba la sede de la productora. Pero, al final de su declaración habló ya de “un tonteo mutuo, pero no consumado”.

Las testigos salieron de los juzgados a pie, acompañadas por responsables del SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas) que atienden en los casos de violencia de género. El acusado abandonó los juzgados en coche, saliendo del parking del edificio, tras una autorización de la Guardia Civil por “por razones de seguridad”, explican fuentes del TSJA, porque había una concentración convocada a las puertas del edificio por parte del Sindicato de Periodistas para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima.

Una “espinita clavada” con la víctima

En todo momento, el juez Francisco José de Córdoba trató de ceñir el interrogatorio a los hechos concretos que se investigan en la causa, formulando preguntas en torno a fechas y lugares muy específicos. Dado el momento procesal incipiente de la causa, el magistrado perimetró mucho tanto las preguntas de la acusación y la defensa como las respuestas, evitando elucubraciones, juicios de valor, incluso contextualización de los hechos por los que se interrogaba.

Por ejemplo, a la exdirectiva de ADM le preguntó si había escuchado a su jefe decir en una ocasión concreta, en un restaurante específico, que “tenía una espinita clavada” por no haber podido mantener una relación íntima con la víctima. La testigo declaró que si bien no recordaba exactamente si lo había dicho ese día ni en ese sitio, confirmó que la frase se la había escuchado “muchas veces, recurrentemente, y delante de un montón de gente”.

La testigo clave ratificó así el relato de la reportera denunciante. La propia denuncia recoge que, tras sentirse rechazado continuamente en sus insinuaciones a la reportera, este llegó a “jactarse ante otros directivos y compañeros” de que era “la única mujer” que se le “ha resistido” y “la única tía” que le ha “hecho la cobra”, durante una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur.

Las dos testigos también confirmaron ante el juez que tenían conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Preguntada por esta cuestión, la amiga íntima de la denunciante consultó al magistrado si quería que entrara en detalles “desagradables”, tal y como se lo había contado en su momento la víctima y, con el visto bueno del juez, describió de manera explícita el “manoseo y baboseo” que le había trasladado su amiga con respecto al comportamiento de su jefe.

“Le babeaba encima, le chupaba con la lengua”, detalló la testigo durante su declaración, en alusión a dos de los episodios recogidos en la denuncia. Uno sufrido en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y el último en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

Aunque la exdirectiva de ADM no estuvo presente durante la grabación de esos programas, donde habrían ocurrido las agresiones, sí explicó al juez que la reportera le había contado que se había sentido “muy incómoda” ante la presencia del director general cuando se personaba en los rodajes. “Me preguntaba de forma recurrente dónde estaba físicamente” la denunciante, explicó.

En un momento del interrogatorio, el magistrado le preguntó por su poder de influencia y decisión sobre el personal de la empresa, dada su condición de número dos de la productora, pero ella aseguró que sólo era sobre el papel, “la realidad es que él lo controlaba todo y decidía quién entraba y quién se marchaba de la empresa”, advirtió.

El consentimiento

La cuestión del consentimiento de la reportera que trata de demostrar la defensa de Gustavo Fuentes ya aparecía anticipada en la denuncia presentada por ella el pasado enero. En esta explica de forma reiterada por qué no denunció antes a su jefe y por qué mantuvo una comunicación aparentemente cordial con él pese a las agresiones y el acoso que describe. Si respondía a los mensajes de WhatsApp con una “cortesía forzada” hacia su superior jerárquico, sostiene el escrito, no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye el texto. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La defensa del exdirector general de ADM ha tratado de desacreditar esa tesis. Además de sostener ante el juez que la relación fue consentida, la representación legal del acusado solicitó una copia de los informes clínicos de la denunciante, ya obrantes en el procedimiento, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad”, así como una “pérdida de diez kilos” de peso. Su estrategia pasa por vincular ese deterioro físico y psicológico con el fallecimiento repentino de la madre de la víctima, al coincidir temporalmente con parte de los hechos denunciados.

Esa fue una de las cuestiones sobre las que el juez interrogó a las dos testigos. Quiso saber si conocían que la reportera recibía atención psiquiátrica y si el origen de esa terapia guardaba relación con la muerte de su madre. Ambas respondieron que el tratamiento estaba motivado por la situación de acoso sexual que, según les había trasladado la propia denunciante, sufría en su entorno laboral. “Como yo la he visto sufriendo con este hombre no la había visto nunca”, declaró su amiga.

En el mismo sentido se pronunció la que fuera número dos de Gustavo Fuentes. “Cuando la conocí era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, afirmó al describir el progresivo deterioro de la reportera bajo la “presión sexual” que, según dijo, ejercía el entonces CEO y el “miedo absoluto” que ella llegó a sentir hacia quien era su superior jerárquico en la empresa donde trabajaba.

Sobre esta respuesta, el abogado del acusado protestó y el juez consintió en que “no procede”. Tras la declaración de las testigos y el acusado, el magistrado (y el Ministerio Fiscal) decidirán en los próximos días el siguiente paso del procedimiento judicial por delitos sexuales contra Gustavo Fuentes, castigados con penas de hasta siete años de cárcel.

“Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita” bajo la “presión sexual” de él y el “miedo absoluto que le tenía”. Dos testigos han ratificado este martes ante el juez la “obsesión” que el exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, sentía hacia la reportera que lo ha denunciado por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral.

Se trata de una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del entonces CEO de la productora, y de una amiga a la que reveló las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron. Según fuentes presentes en el interrogatorio, las dos han confirmado ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla tener conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Ambas han coincidido también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la reportera con el estado de “miedo” y “ansiedad” que atravesó durante su etapa en ADM.

Tras las dos testigos propuestas por la víctima, ha declarado el propio Fuentes, quien llegó a los juzgados de violencia contra la mujer cuatro horas antes de la hora a la que estaba citado a declarar (12.15) en calidad de imputado por agresión sexual y acoso sexual. El abogado de la denunciante había solicitado al juez que citase a las testigos y al acusado en días distintos, para evitar que se cruzasen en el juzgado, pero el magistrado rechazó la petición. Como Gustavo Fuentes se adelantó tanto a la hora de su citación, ya se encontraba en la sala de espera, contigua al juzgado número 5, cuando las testigos llegaron por separado para declarar antes que él.

Después de responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado, Fuentes abandonó el edificio poco antes de las 14:00. Lo hizo en coche directamente desde el garaje, evitando así enfrentarse a los medios que aguardaban en la puerta principal y a los miembros de la Asociación de la Prensa de Sevilla, del sindicato SPA y del comité intercentros de Canal Sur, que se concentraron frente al juzgado para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima y animar a denunciar situaciones de acoso sexual y laboral como la que hoy pesa sobre el exdirector general de ADM.

Interrogatorio acotado a los hechos investigados

La expectación mediática que ha generado esta citación judicial se debe a que el productor acusado de delitos sexuales no era un ejecutivo al uso, y tampoco la compañía que dirigía. ADM es una empresa semipública, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía (al 48%), asociada a la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y principal proveedora de contenidos de Canal Sur, cuyo buque insignia es uno de sus programas en antena desde hace 26 años (Andalucía Directo).

Según fuentes presentes en la sala, durante las declaraciones de las testigos se ha escuchado reiteradamente la palabra “improcedente” por parte del juez Francisco José de Córdoba, que, siendo garantista, trató de acotar el interrogatorio para ceñirse a los hechos concretos que se investigan. El magistrado interrumpió así en varias ocasiones, tanto las preguntas de la acusación como las repuestas de las testigos, cuando entendía que se alejaban del objeto de la causa para adentrarse en el contexto laboral o en la “posición de poder” del acusado.

Cabe recordar que el magistrado dejó fuera del procedimiento el delito de acoso laboral que también denunciaba la reportera, al considerar que excedía de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

Tres agresiones denunciadas

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

El juez ha sido muy específico en sus interrogantes y ha preguntado a las testigos por fechas exactas. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, la defensa también ha llevado un documento extenso con páginas de WhatsApp impresas.

“Basta de acoso en los medios”

Mientras Gustavo Fuentes declaraba ante el juez, decenas de profesionales del sector audiovisual se concentraron a las puertas de los juzgados, al grito de “No al acoso, sexual o laboral” y “Basta de acoso en los medios”. Con estos lemas trasladaron su respaldo y “solidaridad” a la reportera que denunció al exCEO de ADM, poniendo fin a años de silencio y “sometimiento”.

En el manifiesto leído durante la concentración, el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión ha advertido de que “no podemos permanecer impasibles ante situaciones de abuso y agresión como las descritas por la compañera denunciante, menos aún cuando quien las sufre trabaja en una empresa con participación pública cuyo principal cliente es Canal Sur”, como apunta el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza.

Los convocantes han vinculado ese silencio al temor a las represalias en un sector tan atomizado como el audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”. Ese “miedo a no volver a trabajar en una empresa audiovisual en Andalucía” hace que muchas personas permanezcan “calladas” ante situaciones de acoso sexual o laboral, han señalado durante la lectura del manifiesto.

Precisamente por ello, la concentración —respaldada también por las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión y por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS)— ha querido lanzar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares para que no se sientan solas y se animen a denunciar. “No podemos permitir que el miedo, el silencio, el ninguneo o el abuso de poder se conviertan en la norma en nuestros centros de trabajo”, sostiene el Sindicato de Periodistas de Andalucía, que ha reclamado “erradicar de nuestro sector la precariedad y el machismo estructural”, como “caldo de cultivo que alimenta los abusos”.

La protesta ha contado con el respaldo de formaciones políticas con representación parlamentaria como Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde Adelante avanzan que van a pedir la comparecencia en el Parlamento andaluz del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de estrecha confianza de Fuentes, así como que se aborde la cuestión de la denuncia directamente en la comisión de RTVA. La portavoz de Igualdad de Adelante, Leticia Blanco, considera “horrible” que no exista plan de igualdad en cualquier subcontrata, “pero que no lo haya en una empresa con participación pública es inaceptable”, añade en declaraciones a elDiario.es

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha convocado una concentración el próximo martes 21 de julio frente a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla para respaldar a la reportera que denunció al exCEO de la principal productora de Canal Sur, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual, como desveló elDiario.es.

La movilización, convocada en “apoyo a la compañera denunciante”, coincide con la declaración judicial de Fuentes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla. La comparecencia del exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y de dos testigos había sido aplazada en dos ocasiones, la última el pasado 25 de junio.

Bajo el lema “por nuestra dignidad: fin a los abusos y a la precariedad en los medios de comunicación”, el SPA quiere mostrar su “apoyo absoluto” y “solidaridad” con la periodista “que ha denunciado valientemente haber sufrido abusos” en ADM, productora participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

A la convocatoria se han sumado las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión, el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza. “

Exigimos que los entornos laborales de los medios de comunicación andaluces sean espacios seguros, libres de cualquier tipo de acoso, violencia machista o abuso de poder“, señala la convocatoria, que también denuncia la ”grave situación de precariedad estructural que arrastra“ el sector audiovisual andaluz. Los convocantes apuntan directamente a ”la externalización sistemática de servicios de la RTVA en productoras privadas que, a menudo, imponen condiciones laborales abusivas, salarios de miseria y jornadas interminables, deteriorando la calidad del servicio público y la salud de sus profesionales“.

Un plan de igualdad presuntamente falseado

La convocatoria se produce mientras continúa la investigación judicial en torno a la denuncia presentada por la reportera contra Gustavo Fuentes. Como publicó elDiario.es, ADM carecía de un protocolo de prevención del acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que la periodista decidiera acudir a los tribunales.

Asimismo, este periódico reveló que la empresa habría falseado su Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas un mes antes de que la trabajadora denunciara al entonces CEO por agresión y acoso sexual y de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer abriera diligencias contra él.

La imputación de Fuentes, también adelantada por este periódico, provocó su cese como CEO de la compañía y su salida de la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, entidad impulsada con apoyo de la Junta dentro de la estrategia digital promovida por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

La denuncia de la reportera describe tres presuntas agresiones sexuales ocurridas en distintos momentos entre 2013 y 2023. El escrito aporta fechas, lugares y testimonios de personas a las que la periodista relató los hechos cuando ocurrieron o poco después. También aporta pruebas y testimonios que acreditan el “continuo” acoso sexual que sufrió durante años en la compañía.

La respuesta de la Junta y de la empresa

Desde que trascendió la investigación judicial, el Gobierno de Juanma Moreno —accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública Sandetel— ha insistido en que la trabajadora no utilizó los canales internos de la empresa antes de acudir a los tribunales.

Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, el protocolo quedó bajo la responsabilidad de una directiva considerada la mano derecha del ejecutivo posteriormente denunciado.

La reportera ha explicado que no recurrió a los mecanismos internos por “miedo a represalias”. Por su parte, Gustavo Fuentes ha negado las acusaciones en declaraciones a este periódico, calificándolas de “denuncia falsa” y asegurando que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo interno que permite denunciar de forma anónima.

La periodista presentó la denuncia el 26 de enero. El juzgado abrió diligencias en febrero y tomó declaración a la víctima el 25 de marzo. Posteriormente citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, aunque la comparecencia fue suspendida después de que el acusado modificara la relación de testigos apenas tres días antes.

Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al exCEO de la productora coinciden en que Fuentes le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril.

Pese a ello, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la RTVA apartaron al directivo de la principal productora de Canal Sur hasta que elDiario.es hizo pública la investigación, el pasado 9 de junio.

Exigencia de responsabilidades

El Sindicato de Periodistas de Andalucía reclama ahora “responsabilidades políticas y empresariales”, así como “el cumplimiento estricto de los convenios colectivos” y la implantación de protocolos “eficaces y externos frente al acoso en todas las empresas del sector” audiovisual.

Por su parte, el Comité Intercentros de la RTVA añade la exigencia de que la radiotelevisión pública “asuma y garantice la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas prestadoras de servicios”, además de velar por el respeto a los convenios colectivos y a la legislación en materia de igualdad.

La jueza del juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha imputado al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, del PP, denunciado por una exconcejala por acoso sexual y laboral. Según ha adelantado El País, Bautista tendrá que comparecer ante el juzgado el próximo 9 de octubre, día en el que también tendrán que declarar cinco testigos.

La imputación llega días después de que la jueza rechazara archivar la causa tal y como pedía el regidor del PP. La magistrada entiende que las acusaciones que pesan sobre él son “claramente constitutivos de ilícito penal” a falta de una investigación completa. Además la exconcejala acudió recientemente al juzgado que estudia el caso para ratificar su querella contra Bautista.

La antigua edil del PP en la localidad madrileña de Móstoles abandonó la formación y su puesto en el consistorio en octubre de 2024. Según denunció en los juzgados un año después, fue sometida a acoso laboral por parte del alcalde después de rechazar mantener una relación íntima con él, un acoso sexual que según su relato se convirtió en acoso laboral hasta su salida de la corporación y del partido.

En esos meses también intentó hacer llegar la situación hasta Isabel Díaz Ayuso pero se encontró con que sus colaboradores, tal y como demuestran distintas grabaciones, contestaron con acusaciones de haber filtrado información del caso al PSOE.

Un juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles aceptó investigar el caso y su primera diligencia fue llamar a declarar a la exconcejala y solicitar que ratificara su querella, algo que hizo durante unas tres horas. En paralelo, la defensa de Manuel Bautista presentó un recurso contra la admisión a trámite y la apertura de diligencias penales contra él, algo que se encontró el pasado 1 de julio con la decisión del juzgado de seguir adelante con el caso para “determinar las responsabilidades y perjuicios ocasionados”.

Tras conocer que se mantenía la investigación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió mantener su apoyo cerrado a Bautista. “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”, dijo, ese mismo 1 de julio.