El gobierno de Granadilla de Abona (CC, Vox y uno de los dos ediles electos del PP tras la censura al PSOE de marzo de 2025) cerró en septiembre de 2025 la investigación interna abierta por un supuesto caso de acoso sexual y laboral del jefe de la Policía Local a una agente del cuerpo, al considerar que no había pruebas contra él. Sin embargo, dos meses después un juzgado de este municipio del sur de Tenerife incoó unas diligencias que aún permanecen abiertas. Esta circunstancia no ha sido obstáculo para que el Ayuntamiento haya decidido contar con este mando policial en una mesa de coordinación contra la violencia de género celebrada este miércoles.

La presencia del jefe de la Policía Local junto al alcalde, Domingo Regalado (Coalición Canaria), ha sorprendido y dolido sobremanera a la denunciante, según remarca su entorno, que agrega que la agente quiere volver al trabajo (permanece de baja), pero los turnos no se organizan de forma que se garantice que no coincidirá con su jefe en una etapa en la que, según denuncia la oposición, faltan agentes por bajas o plazas insuficientes, con los lógicos perjuicios para un servicio adecuado en un municipio de grandes dimensiones. En Granadilla hay unos 65.000 habitantes, el aeropuerto Tenerife Sur, núcleos costeros como El Médano o Los Abrigos, grandes concentraciones urbanas como las de San Isidro y un puerto industrial, aunque con una actividad mucho menor de la prometida en su día.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona resaltó este miércoles en redes como Facebook que había celebrado “la Mesa de Coordinación Policial del Protocolo VioGén, convocada por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife”. En esa reunión participaron “representantes de la Guardia Civil, del IASS, de la Unidad de Violencia sobre la Mujer y del propio Ayuntamiento, junto a la Policía Local, para analizar la situación en el municipio y hacer seguimiento del funcionamiento del Protocolo VioGén 2”. Además, se subrayó que citas como esta “permiten que todas las administraciones trabajen coordinadas con un único objetivo: proteger a las víctimas y seguir mejorando la respuesta ante la violencia de género en Granadilla de Abona”.

El gobierno local ya indicó el pasado mayo a este periódico que espera a que se resuelva el proceso judicial para pronunciarse y, al igual que este jueves, declinó responder sobre el caso o sobre la decisión de que el jefe policial participara en la mesa sobre violencia de género.

Declaraciones y testimonios

El juzgado de esta localidad ya tomó declaración al policía denunciado por presunto abuso sexual y laboral el pasado 26 de marzo, así como a diversos testigos. Lo hizo después de que, en septiembre de 2025, el consistorio cerrase su indagación interna al aplicarse el protocolo tras las primeras quejas de esta policía, que se encuentra en tratamiento psicológico por sintomatología ansioso-depresiva.

Esta agente denunció la situación que dice sufrir poco antes de marzo de 2025, cuando se produjo la censura de CC, un edil del PP (la otra siguió fiel al pacto con el PSOE, por lo que se le mantuvo el expediente) y Vox contra la alcaldesa socialista Jennifer Miranda, que cogobernaba con los conservadores desde junio de 2023. Se activó el protocolo antiacoso, pero, con el cambio de gobierno, el caso ya se abordó en la nueva etapa. Tras las pertinentes declaraciones de testigos, de las distintas partes y la investigación interna abierta, en septiembre pasado se decidió cerrar este proceso dentro del ayuntamiento al no llegarse a conclusiones definitivas ni hallarse pruebas suficientes, siempre según la versión del gobierno local.

Por el contrario, el juzgado sí actuó tras la denuncia de la agente y abrió una causa, que sigue en ese momento procesal. La policía argumenta que los supuestos abusos se cometieron durante años en el marco de una relación marcada por la superioridad jerárquica. La agente lamenta que el proceso abierto por el consistorio se cerrase sin determinar responsabilidades ni adoptarse medidas de protección efectivas orientadas a evitar su contacto profesional con su jefe, algo que continúa produciéndose, si bien confía ahora en la vía judicial abierta.

Supuestos abusos durante “diez años”

Según consta en la documentación médica de su denuncia, el supuesto acoso laboral se ha dado desde hace unos diez años, “con insultos y menosprecio de tipo personal”, con castigos por tratarse de ella. Entre otros efectos, refiere taquicardia, nervios, dolor de abdomen, miedo, insomnio, apatía, abulia e inestabilidad general, por lo que recibe terapia. Por supuesto, la versión dada por el jefe durante la investigación interna y en su declaración es totalmente contraria.

Los presuntos abusos e insinuaciones sexuales que denuncia e investiga la justicia quedaron reflejados también en un parte médico de abril de 2024. Asimismo, consta documentación que demuestra que recibe “atención integral psicológica, jurídica y social” desde noviembre de 2015 de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que ofrece un servicio insular de atención especializada para víctimas de violencia de género, en el municipio tinerfeño de Candelaria, entre el área metropolitana y la comarca sureña.

Según traslada a Canarias Ahora, esa “ausencia de medidas organizativas o preventivas para evitar el contacto profesional con el jefe habría derivado” en su baja médica por ansiedad, por lo que sigue apartada de su puesto de trabajo y afronta “consecuencias personales, profesionales y económicas generadas por esta situación”. Y eso que ha querido reincorporarse, pero sin que le garanticen que no coincidirá en algún turno con el jefe al que ha denunciado.

A su juicio, y como en otros casos similares, lo que está viviendo “pone sobre la mesa el debate acerca de los mecanismos de protección que deben activarse en las administraciones públicas cuando existen denuncias de presunto acoso laboral o sexual y procedimientos judiciales en marcha. A ello se añade la peculiaridad de las relaciones de dependencia profesional propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde la estructura jerárquica puede generar especiales dificultades a la hora de denunciar hechos de esta naturaleza y continuar desempeñando sus funciones con normalidad, de ahí la especial importancia del respaldo y la protección por parte de la administración”.

Gustavo Fuentes, vestido con una guayabera celeste y “aparentemente tranquilo”, declaró este martes ante un juez de violencia de género que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas –delitos por los que está imputado–, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre ”consentido“.

El exCEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) –empresa asociada a RTVA, copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur– compareció durante casi una hora, respondiendo a las preguntas del juez titular, Francisco José de Córdoba, de la fiscal y de su propio abogado. Se negó a contestar las preguntas del letrado de la reportera que lo ha denunciado por tres agresiones sexuales –en 2013, 2022 y 2023–, por acoso sexual continuado y acoso laboral (mobbing) y quedó en libertad sin medidas cautelares.

Media hora antes, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que Fuentes sentía hacia la trabajadora que lo ha denunciado, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio celebrado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos del exCEO en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la estaba follando otro compañero”.

Tanto la exdirectiva como la otra testigo –una amiga a la que confesó las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron– coincidieron también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la periodista con el estado de “miedo” y “ansiedad” que experimentó durante los años que trabajó bajo las órdenes del directivo imputado.

“Contradicciones” en línea de defensa del acusado

La estrategia de defensa de Gustavo Fuentes, según personas presentes en el interrogatorio, pasa por intentar demostrar que siempre hubo “consentimiento” de la denunciante, y para ello buscó desmontar una de las pruebas más sólidas de la acusación: las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del ex director general de la productora a la víctima entre 2018 y la actualidad.

Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa, como recordó ayer el propio magistrado durante el interrogatorio. Sin embargo, el abogado de Fuentes trató de exponer que en esas conversaciones entre su cliente y la reportera hay periodos en blanco, en los que aparecen transcritos los mensajes de él, pero se han borrado las respuestas de ella, en teoría, “porque se habrían activado los mensajes temporales de WhatsApp”.

Se trata de una función de privacidad que hace que los mensajes de un chat desaparezcan automáticamente después de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días, y solo afectan a los mensajes nuevos, no a los enviados antes de activarlos. La representación legal de Gustavo Fuentes intenta probar ante el juez que la denunciante borró las respuestas para ocultar que, en realidad, ella consentía ese tipo de mensajes “de índole sexual” y la relación que mantenía con su superior jerárquico. Con todo, el magistrado le reiteró que los mensajes aportados como prueba por parte de la acusación ya han sido validados judicialmente.

Las mismas fuentes apuntan a que el acusado incurrió en “contradicciones” a lo largo de su declaración. Primero habría señalado que su relación con la denunciante era “estrictamente laboral”, llegando a esgrimir que por su condición de presentadora apenas frecuentaba la sede de la productora. Pero, al final de su declaración habló ya de “un tonteo mutuo, pero no consumado”.

Las testigos salieron de los juzgados a pie, acompañadas por responsables del SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas) que atienden en los casos de violencia de género. El acusado abandonó los juzgados en coche, saliendo del parking del edificio, tras una autorización de la Guardia Civil por “por razones de seguridad”, explican fuentes del TSJA, porque había una concentración convocada a las puertas del edificio por parte del Sindicato de Periodistas para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima.

Una “espinita clavada” con la víctima

En todo momento, el juez Francisco José de Córdoba trató de ceñir el interrogatorio a los hechos concretos que se investigan en la causa, formulando preguntas en torno a fechas y lugares muy específicos. Dado el momento procesal incipiente de la causa, el magistrado perimetró mucho tanto las preguntas de la acusación y la defensa como las respuestas, evitando elucubraciones, juicios de valor, incluso contextualización de los hechos por los que se interrogaba.

Por ejemplo, a la exdirectiva de ADM le preguntó si había escuchado a su jefe decir en una ocasión concreta, en un restaurante específico, que “tenía una espinita clavada” por no haber podido mantener una relación íntima con la víctima. La testigo declaró que si bien no recordaba exactamente si lo había dicho ese día ni en ese sitio, confirmó que la frase se la había escuchado “muchas veces, recurrentemente, y delante de un montón de gente”.

La testigo clave ratificó así el relato de la reportera denunciante. La propia denuncia recoge que, tras sentirse rechazado continuamente en sus insinuaciones a la reportera, este llegó a “jactarse ante otros directivos y compañeros” de que era “la única mujer” que se le “ha resistido” y “la única tía” que le ha “hecho la cobra”, durante una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur.

Las dos testigos también confirmaron ante el juez que tenían conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Preguntada por esta cuestión, la amiga íntima de la denunciante consultó al magistrado si quería que entrara en detalles “desagradables”, tal y como se lo había contado en su momento la víctima y, con el visto bueno del juez, describió de manera explícita el “manoseo y baboseo” que le había trasladado su amiga con respecto al comportamiento de su jefe.

“Le babeaba encima, le chupaba con la lengua”, detalló la testigo durante su declaración, en alusión a dos de los episodios recogidos en la denuncia. Uno sufrido en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y el último en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

Aunque la exdirectiva de ADM no estuvo presente durante la grabación de esos programas, donde habrían ocurrido las agresiones, sí explicó al juez que la reportera le había contado que se había sentido “muy incómoda” ante la presencia del director general cuando se personaba en los rodajes. “Me preguntaba de forma recurrente dónde estaba físicamente” la denunciante, explicó.

En un momento del interrogatorio, el magistrado le preguntó por su poder de influencia y decisión sobre el personal de la empresa, dada su condición de número dos de la productora, pero ella aseguró que sólo era sobre el papel, “la realidad es que él lo controlaba todo y decidía quién entraba y quién se marchaba de la empresa”, advirtió.

El consentimiento

La cuestión del consentimiento de la reportera que trata de demostrar la defensa de Gustavo Fuentes ya aparecía anticipada en la denuncia presentada por ella el pasado enero. En esta explica de forma reiterada por qué no denunció antes a su jefe y por qué mantuvo una comunicación aparentemente cordial con él pese a las agresiones y el acoso que describe. Si respondía a los mensajes de WhatsApp con una “cortesía forzada” hacia su superior jerárquico, sostiene el escrito, no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye el texto. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La defensa del exdirector general de ADM ha tratado de desacreditar esa tesis. Además de sostener ante el juez que la relación fue consentida, la representación legal del acusado solicitó una copia de los informes clínicos de la denunciante, ya obrantes en el procedimiento, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad”, así como una “pérdida de diez kilos” de peso. Su estrategia pasa por vincular ese deterioro físico y psicológico con el fallecimiento repentino de la madre de la víctima, al coincidir temporalmente con parte de los hechos denunciados.

Esa fue una de las cuestiones sobre las que el juez interrogó a las dos testigos. Quiso saber si conocían que la reportera recibía atención psiquiátrica y si el origen de esa terapia guardaba relación con la muerte de su madre. Ambas respondieron que el tratamiento estaba motivado por la situación de acoso sexual que, según les había trasladado la propia denunciante, sufría en su entorno laboral. “Como yo la he visto sufriendo con este hombre no la había visto nunca”, declaró su amiga.

En el mismo sentido se pronunció la que fuera número dos de Gustavo Fuentes. “Cuando la conocí era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, afirmó al describir el progresivo deterioro de la reportera bajo la “presión sexual” que, según dijo, ejercía el entonces CEO y el “miedo absoluto” que ella llegó a sentir hacia quien era su superior jerárquico en la empresa donde trabajaba.

Sobre esta respuesta, el abogado del acusado protestó y el juez consintió en que “no procede”. Tras la declaración de las testigos y el acusado, el magistrado (y el Ministerio Fiscal) decidirán en los próximos días el siguiente paso del procedimiento judicial por delitos sexuales contra Gustavo Fuentes, castigados con penas de hasta siete años de cárcel.

“Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita” bajo la “presión sexual” de él y el “miedo absoluto que le tenía”. Dos testigos han ratificado este martes ante el juez la “obsesión” que el exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, sentía hacia la reportera que lo ha denunciado por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral.

Se trata de una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del entonces CEO de la productora, y de una amiga a la que reveló las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron. Según fuentes presentes en el interrogatorio, las dos han confirmado ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla tener conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Ambas han coincidido también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la reportera con el estado de “miedo” y “ansiedad” que atravesó durante su etapa en ADM.

Tras las dos testigos propuestas por la víctima, ha declarado el propio Fuentes, quien llegó a los juzgados de violencia contra la mujer cuatro horas antes de la hora a la que estaba citado a declarar (12.15) en calidad de imputado por agresión sexual y acoso sexual. El abogado de la denunciante había solicitado al juez que citase a las testigos y al acusado en días distintos, para evitar que se cruzasen en el juzgado, pero el magistrado rechazó la petición. Como Gustavo Fuentes se adelantó tanto a la hora de su citación, ya se encontraba en la sala de espera, contigua al juzgado número 5, cuando las testigos llegaron por separado para declarar antes que él.

Después de responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado, Fuentes abandonó el edificio poco antes de las 14:00. Lo hizo en coche directamente desde el garaje, evitando así enfrentarse a los medios que aguardaban en la puerta principal y a los miembros de la Asociación de la Prensa de Sevilla, del sindicato SPA y del comité intercentros de Canal Sur, que se concentraron frente al juzgado para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima y animar a denunciar situaciones de acoso sexual y laboral como la que hoy pesa sobre el exdirector general de ADM.

Interrogatorio acotado a los hechos investigados

La expectación mediática que ha generado esta citación judicial se debe a que el productor acusado de delitos sexuales no era un ejecutivo al uso, y tampoco la compañía que dirigía. ADM es una empresa semipública, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía (al 48%), asociada a la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y principal proveedora de contenidos de Canal Sur, cuyo buque insignia es uno de sus programas en antena desde hace 26 años (Andalucía Directo).

Según fuentes presentes en la sala, durante las declaraciones de las testigos se ha escuchado reiteradamente la palabra “improcedente” por parte del juez Francisco José de Córdoba, que, siendo garantista, trató de acotar el interrogatorio para ceñirse a los hechos concretos que se investigan. El magistrado interrumpió así en varias ocasiones, tanto las preguntas de la acusación como las repuestas de las testigos, cuando entendía que se alejaban del objeto de la causa para adentrarse en el contexto laboral o en la “posición de poder” del acusado.

Cabe recordar que el magistrado dejó fuera del procedimiento el delito de acoso laboral que también denunciaba la reportera, al considerar que excedía de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

Tres agresiones denunciadas

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

El juez ha sido muy específico en sus interrogantes y ha preguntado a las testigos por fechas exactas. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, la defensa también ha llevado un documento extenso con páginas de WhatsApp impresas.

“Basta de acoso en los medios”

Mientras Gustavo Fuentes declaraba ante el juez, decenas de profesionales del sector audiovisual se concentraron a las puertas de los juzgados, al grito de “No al acoso, sexual o laboral” y “Basta de acoso en los medios”. Con estos lemas trasladaron su respaldo y “solidaridad” a la reportera que denunció al exCEO de ADM, poniendo fin a años de silencio y “sometimiento”.

En el manifiesto leído durante la concentración, el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión ha advertido de que “no podemos permanecer impasibles ante situaciones de abuso y agresión como las descritas por la compañera denunciante, menos aún cuando quien las sufre trabaja en una empresa con participación pública cuyo principal cliente es Canal Sur”, como apunta el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza.

Los convocantes han vinculado ese silencio al temor a las represalias en un sector tan atomizado como el audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”. Ese “miedo a no volver a trabajar en una empresa audiovisual en Andalucía” hace que muchas personas permanezcan “calladas” ante situaciones de acoso sexual o laboral, han señalado durante la lectura del manifiesto.

Precisamente por ello, la concentración —respaldada también por las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión y por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS)— ha querido lanzar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares para que no se sientan solas y se animen a denunciar. “No podemos permitir que el miedo, el silencio, el ninguneo o el abuso de poder se conviertan en la norma en nuestros centros de trabajo”, sostiene el Sindicato de Periodistas de Andalucía, que ha reclamado “erradicar de nuestro sector la precariedad y el machismo estructural”, como “caldo de cultivo que alimenta los abusos”.

La protesta ha contado con el respaldo de formaciones políticas con representación parlamentaria como Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde Adelante avanzan que van a pedir la comparecencia en el Parlamento andaluz del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de estrecha confianza de Fuentes, así como que se aborde la cuestión de la denuncia directamente en la comisión de RTVA. La portavoz de Igualdad de Adelante, Leticia Blanco, considera “horrible” que no exista plan de igualdad en cualquier subcontrata, “pero que no lo haya en una empresa con participación pública es inaceptable”, añade en declaraciones a elDiario.es

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha convocado una concentración el próximo martes 21 de julio frente a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla para respaldar a la reportera que denunció al exCEO de la principal productora de Canal Sur, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual, como desveló elDiario.es.

La movilización, convocada en “apoyo a la compañera denunciante”, coincide con la declaración judicial de Fuentes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla. La comparecencia del exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y de dos testigos había sido aplazada en dos ocasiones, la última el pasado 25 de junio.

Bajo el lema “por nuestra dignidad: fin a los abusos y a la precariedad en los medios de comunicación”, el SPA quiere mostrar su “apoyo absoluto” y “solidaridad” con la periodista “que ha denunciado valientemente haber sufrido abusos” en ADM, productora participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

A la convocatoria se han sumado las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión, el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza. “

Exigimos que los entornos laborales de los medios de comunicación andaluces sean espacios seguros, libres de cualquier tipo de acoso, violencia machista o abuso de poder“, señala la convocatoria, que también denuncia la ”grave situación de precariedad estructural que arrastra“ el sector audiovisual andaluz. Los convocantes apuntan directamente a ”la externalización sistemática de servicios de la RTVA en productoras privadas que, a menudo, imponen condiciones laborales abusivas, salarios de miseria y jornadas interminables, deteriorando la calidad del servicio público y la salud de sus profesionales“.

Un plan de igualdad presuntamente falseado

La convocatoria se produce mientras continúa la investigación judicial en torno a la denuncia presentada por la reportera contra Gustavo Fuentes. Como publicó elDiario.es, ADM carecía de un protocolo de prevención del acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que la periodista decidiera acudir a los tribunales.

Asimismo, este periódico reveló que la empresa habría falseado su Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas un mes antes de que la trabajadora denunciara al entonces CEO por agresión y acoso sexual y de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer abriera diligencias contra él.

La imputación de Fuentes, también adelantada por este periódico, provocó su cese como CEO de la compañía y su salida de la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, entidad impulsada con apoyo de la Junta dentro de la estrategia digital promovida por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

La denuncia de la reportera describe tres presuntas agresiones sexuales ocurridas en distintos momentos entre 2013 y 2023. El escrito aporta fechas, lugares y testimonios de personas a las que la periodista relató los hechos cuando ocurrieron o poco después. También aporta pruebas y testimonios que acreditan el “continuo” acoso sexual que sufrió durante años en la compañía.

La respuesta de la Junta y de la empresa

Desde que trascendió la investigación judicial, el Gobierno de Juanma Moreno —accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública Sandetel— ha insistido en que la trabajadora no utilizó los canales internos de la empresa antes de acudir a los tribunales.

Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, el protocolo quedó bajo la responsabilidad de una directiva considerada la mano derecha del ejecutivo posteriormente denunciado.

La reportera ha explicado que no recurrió a los mecanismos internos por “miedo a represalias”. Por su parte, Gustavo Fuentes ha negado las acusaciones en declaraciones a este periódico, calificándolas de “denuncia falsa” y asegurando que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo interno que permite denunciar de forma anónima.

La periodista presentó la denuncia el 26 de enero. El juzgado abrió diligencias en febrero y tomó declaración a la víctima el 25 de marzo. Posteriormente citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, aunque la comparecencia fue suspendida después de que el acusado modificara la relación de testigos apenas tres días antes.

Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al exCEO de la productora coinciden en que Fuentes le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril.

Pese a ello, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la RTVA apartaron al directivo de la principal productora de Canal Sur hasta que elDiario.es hizo pública la investigación, el pasado 9 de junio.

Exigencia de responsabilidades

El Sindicato de Periodistas de Andalucía reclama ahora “responsabilidades políticas y empresariales”, así como “el cumplimiento estricto de los convenios colectivos” y la implantación de protocolos “eficaces y externos frente al acoso en todas las empresas del sector” audiovisual.

Por su parte, el Comité Intercentros de la RTVA añade la exigencia de que la radiotelevisión pública “asuma y garantice la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas prestadoras de servicios”, además de velar por el respeto a los convenios colectivos y a la legislación en materia de igualdad.

La jueza del juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha imputado al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, del PP, denunciado por una exconcejala por acoso sexual y laboral. Según ha adelantado El País, Bautista tendrá que comparecer ante el juzgado el próximo 9 de octubre, día en el que también tendrán que declarar cinco testigos.

La imputación llega días después de que la jueza rechazara archivar la causa tal y como pedía el regidor del PP. La magistrada entiende que las acusaciones que pesan sobre él son “claramente constitutivos de ilícito penal” a falta de una investigación completa. Además la exconcejala acudió recientemente al juzgado que estudia el caso para ratificar su querella contra Bautista.

La antigua edil del PP en la localidad madrileña de Móstoles abandonó la formación y su puesto en el consistorio en octubre de 2024. Según denunció en los juzgados un año después, fue sometida a acoso laboral por parte del alcalde después de rechazar mantener una relación íntima con él, un acoso sexual que según su relato se convirtió en acoso laboral hasta su salida de la corporación y del partido.

En esos meses también intentó hacer llegar la situación hasta Isabel Díaz Ayuso pero se encontró con que sus colaboradores, tal y como demuestran distintas grabaciones, contestaron con acusaciones de haber filtrado información del caso al PSOE.

Un juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles aceptó investigar el caso y su primera diligencia fue llamar a declarar a la exconcejala y solicitar que ratificara su querella, algo que hizo durante unas tres horas. En paralelo, la defensa de Manuel Bautista presentó un recurso contra la admisión a trámite y la apertura de diligencias penales contra él, algo que se encontró el pasado 1 de julio con la decisión del juzgado de seguir adelante con el caso para “determinar las responsabilidades y perjuicios ocasionados”.

Tras conocer que se mantenía la investigación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió mantener su apoyo cerrado a Bautista. “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”, dijo, ese mismo 1 de julio.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la jueza que confirmó la admisión a trámite de la querella presentada contra él por una exedil del PP por un presunto caso de acoso sexual y laboral al considerar que la resolución carece de la motivación suficiente y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la defensa solicita la nulidad del auto que desestimó el recurso de reforma y pide que se deje sin efecto la admisión de la querella al entender que la resolución no concreta qué hechos pueden atribuirse al regidor ni cuáles son los indicios que justificarían la continuación del procedimiento.

El abogado sostiene que el juzgado se limita a realizar afirmaciones genéricas sobre la posible relevancia penal de los hechos denunciados, sin explicar de qué manera concurren los elementos de los delitos investigados ni el razonamiento jurídico que conduce a mantener abierta la investigación. A su juicio, esto provoca una situación de indefensión y supone una vulneración de los artículos 24 y 120 de la Constitución, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El recurso también cuestiona que el juzgado apreciara la existencia de indicios suficientes para continuar con la instrucción. La defensa afirma que no se especifican los hechos concretos que se imputan a Bautista ni las diligencias practicadas que permitan sostener la existencia de un ilícito penal.

Asimismo, uno de los principales argumentos de la apelación se centra en la validez de la querella. La defensa mantiene que esta fue presentada sin el poder especial exigido por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sostiene que dicho defecto era insubsanable, por lo que el juzgado nunca debió admitirla a trámite.

Según expone, el poder fue otorgado casi dos meses después de la presentación de la querella, cuando el procedimiento ya se había iniciado. En este sentido, el escrito defiende que permitir la aportación posterior del poder especial supone alterar los requisitos legales para el ejercicio de la acción penal, ya que la voluntad expresa del querellante debía constar antes o, como mínimo, de forma simultánea a la presentación de la querella.

También argumenta que la apertura del procedimiento penal produce consecuencias procesales y reputacionales que exigen un especial rigor en el control de los requisitos legales.

Por todo ello, la defensa solicita a la Audiencia Provincial que estime el recurso, declare la nulidad del auto recurrido y acuerde el archivo del procedimiento al considerar que la querella no reunía los requisitos exigidos legalmente y que la resolución judicial impugnada carece de la motivación necesaria para sostener la continuación de la causa.

Un joven de 19 años ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de “child grooming”, ciberacoso sexual a menores, y dos delitos de corrupción de menores, tras hacerse pasar por una chica menor para engañar a un menor y obtener imágenes de índole sexual, y constatar además que había compartido videos de pornografía infantil en 2023.

En un comunicado, la Policía Nacional ha detallado este viernes que la detención del joven de 19 años, vecino de Valladolid, se produjo el pasado 25 de junio, y se ha solicitado a la autoridad judicial el volcado del contenido de su móvil.

El pasado 11 de junio el padre de un joven menor de edad denunció en Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que su hijo había sido engañado por una persona desconocida para enviar un video de índole sexual a través de una aplicación de telefonía móvil.

Según relató en su denuncia, el menor había contactado con una chica, que dijo que era menor, y que a través de una aplicación consiguió que su hijo le mandara fotos semidesnudo y un video masturbándose. El menor posteriormente había bloqueado a la supuesta destinataria de las fotos y el video, que resultó ser en realidad el joven de 19 años.

Se trata de una modalidad delictiva conocida como “child grooming”, en la que los delincuentes se hacen pasar en redes sociales por menores de edad para así convencer a sus víctimas, también menores, de que compartan imágenes de contenido sexual.

Los policías averiguaron que se trataba de un vecino de Valladolid y relacionaron a ese joven con dos reportes recibidos del Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, en los que daban constancia de dos perfiles de usuario en distintas webs que habían compartido videos de pornografía infantil en 2023, siendo estos perfiles del joven investigado, quien en esa fecha era menor de edad.

El teléfono móvil del detenido ha sido intervenido y se ha solicitado a través de la autoridad judicial el volcado y análisis de su contenido, por lo que no se descarta que más adelante se le puedan imputar otros hechos de análoga naturaleza.

La jueza que investiga al alcalde de Móstoles por el acoso sexual y laboral denunciado por una exconcejala ha rechazado investigar la causa tal y como pedía el regidor del PP. La magistrada, tal y como ha adelantado este miércoles El País, entiende que las acusaciones que pesan sobre él son “claramente constitutivos de ilícito penal” a falta de una investigación completa. La exconcejala acudió hace unos días al juzgado que estudia el caso para ratificar su querella contra Manuel Bautista.

La antigua edil del PP en la localidad madrileña de Móstoles abandonó la formación y su puesto en el consistorio en octubre de 2024. Según denunció en los juzgados un año después, fue sometida a acoso laboral por parte del alcalde después de rechazar mantener una relación íntima con él, un acoso sexual que según su relato se convirtió en acoso laboral hasta su salida de la corporación y del partido. En esos meses también intentó hacer llegar la situación hasta Isabel Díaz Ayuso pero se encontró con que sus colaboradores, tal y como demuestran las grabaciones, contestaron con acusaciones de haber filtrado información del caso al PSOE.

Un juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles aceptó investigar el caso y su primera diligencia fue llamar a declarar a la exconcejala y solicitar que ratificara su querella, algo que hizo durante unas tres horas. En paralelo, la defensa de Manuel Bautista presentó un recurso contra la admisión a trámite y la apertura de diligencias penales contra él, algo que se ha encontrado ahora con la decisión del juzgado de seguir adelante con el caso para “determinar las responsabilidades y perjuicios ocasionados”.

En su recurso, el alcalde reducía los incidentes descritos por la exconcejala como “discrepancias personales” sin ningún tipo de relevancia penal. El juzgado contesta que la querella, sin embargo, relata hechos que son “claramente constitutivos de ilícito penal” acompañados, además, de “un extensa prueba documental” e incluso la identificación de testigos. El auto ha sido fechado el 29 de junio, el mismo día en que la denunciante acudió al juzgado a ratificar su querella.

Antonio Suárez-Valdés, abogado de la exconcejala que ha denunciado al alcalde del PP de esta localidad de más de 200.000 habitantes. “La juez ha estimado nuestros alegatos de oposición al recurso del alcalde y ha establecido de manera taxativa que los hechos denunciados son constitutivos de ilícito penal, son hechos con relevancia penal y por ello procede la inoación de las diligencias previas acordadas”.

“Entendemos que es de pleno sentido común, los hechos que viene denunciando la querellante son muy graves y subsumen plenamente en los tipos con carácter indiciario y presunto”, valora el letrado. “No nos cabe duda que la juez acordará el resto de las diligencias solicitadas, entre ellas la declaración como investigado del alcalde de Móstoles y muy probablemente la testifical de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”.

Un debate en el pleno de la Deputación de Lugo ha servido para que José Tomé, el expresidente del ente que tuvo que dimitir y dejar el PSOE tras ser acusado de acoso sexual, confirmase que ha solicitado que la póliza de responsabilidad que cubre a los diputados provinciales cubra sus gastos de defensa. El PP había registrado una iniciativa en la que reclamaba que la institución no pueda asumir los gastos de defensa de Tomé o de cualquier cargo político o personal acusado de delitos sexuales u otros contra los derechos de las mujeres. El PSOE y el BNG la rechazaron asegurando que no existe ningún acuerdo para abonar ese dinero y acusando a los populares de mentir y confundir. Lo que hay, dijo la presidenta, la socialista Carmela López, es esa póliza que incluye a todos los diputados.

El portavoz popular, Antonio Ameijide, aseguró que Tomé, que sigue siendo alcalde de Monforte y retuvo también su asiento en la Deputación como no adscrito, pidió que el ente provincial asuma el coste de su defensa en el caso por acoso sexual, que está judicializado. La previsión de gasto, dijo, sería de 37.000 euros, según recoge Europa Press. Carmela López replicó que “es rotundamente falso” que exista acuerdo alguno para sufragar la defensa de José Tomé con fondos públicos. Explicó que no existe “ni acuerdo de Junta de Gobierno ni resolución” al respecto y que lo único existente es una póliza de seguros de responsabilidad que cubre a todos los diputados provinciales, independientemente de su grupo político. Es la compañía aseguradora, añadió, la que decidirá sobre si cubre o no esos gastos.

Por parte del BNG, el diputado Efrén Castro fue igualmente contundente al negar cualquier posibilidad de que la Deputación financie la asistencia jurídica de Tomé. “No hubo ni va a haber acuerdo para pagar asistencia jurídica para un diputado”, afirmó e insistió en que “no hay ni habrá un solo euro de la Deputación que vaya a pagar esta defensa”. La moción del PP se sostiene sobre informaciones falsas con la intención de “embarrar” el debate político, reprochó.

El propio José Tomé intervino para exponer su postura. Aseguró que no ha solicitado a la Deputación el pago de su defensa y que únicamente comunicó una situación a la que, según ha dicho, “tiene derecho cualquier miembro de la corporación en virtud de la póliza existente”. “No pedí nada a la Deputación, solo comuniqué algo a lo que tengo derecho, igual que usted. La póliza es para todos”, insistió. Además, acusó a Ameijide de actuar “con una mente manipuladora que trata de engañar a sabiendas de que lo está haciendo simplemente para sacar rédito político”.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sancionado al profesor de la facultad de Ciencias Políticas Juan Carlos Monedero con un año de suspensión de funciones por acoso sexista a varias alumnas, un hecho calificado como falta muy grave, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es. El expediente comenzó en febrero de 2025: entonces, una alumna, al amparo del protocolo de actuación contra el acoso sexual y/o sexista con el que cuenta la universidad, denunció al profesor.

El mismo día en el que elDiario.es publicó que dos mujeres avisaron a Podemos en septiembre de 2023 de los comportamientos machistas, incluidos “manoseos”, de Monedero, uno de sus fundadores, con mujeres jóvenes en entornos del partido, la Complutense hizo pública la apertura de la investigación. Juan Carlos Monedero negó entonces todas las acusaciones. La UCM no confirma ahora la sanción “por protección de datos”.

En un post en X, Juan Carlos Monedero admitía este martes por la tarde la sanción de la Complutense, pero rechaza haber realizado algunas de las conductas que le atribuye el expediente. Monedero, a través de un comunicado de su abogada, anuncia que ha recurrido judicialmente el expediente disciplinario, cuya tramitación, asegura, ha estado “plagada de vulneraciones de derechos y garantías fundamentales y procimentales”. En el comunicado, el expolítico sugiere que se trató de una denuncia con fines políticos.

Tras conocer la apertura de la investigación, Monedero pidió una baja laboral, según anunció la facultad de Ciencias Políticas. Sin embargo, en marzo, debido al expediente en curso, la Complutense le impuso como medida cautelar la suspensión de sus funciones durante seis meses, el tiempo máximo permitido mientras se resuelve un proceso de este tipo. Pasado ese periodo, como contó elDiario.es, el expolítico volvió a dar clases.

A la sanción de funciones y sueldo que le impone ahora la Complutense, de un año de duración, se le restan los seis meses impuestos como medida cautelar el año pasado. El protocolo contra el acoso sexual y/o sexista de la UCM remite a las sanciones contempladas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

La actuación de la Fiscalía

En abril de 2025, la Complutense envió el expediente a la Fiscalía, una posibilidad que contempla el protocolo del centro cuando el caso es de gravedad. Sin embargo, a comienzos de junio, la Fiscalía anunciaba que no seguiría investigando los hechos cometidos por Juan Carlos Monedero contra alumnas de la UCM. El Ministerio Público constataba entonces que el profesor utilizó expresiones “inadecuadas” e insultos machistas, pero que los hechos no constituían delito. La decisión de la Fiscalía dejaba todo el peso a la universidad, que aseguró que, una vez el caso judicial se había archivado, continuaba su investigación interna.

Los hechos relatados por la mujer que interpuso la denuncia interna sucedieron durante el curso académico 2021-2022 y afectaron a varias alumnas. Las conductas incluidas en el expediente consistían en expresiones que la Fiscalía calificó como “inadecuadas, improcedentes, fuera de lugar y reprochables moralmente, sobre todo de quien se dedica a enseñar y a quien se le exige una cierta responsabilidad social vinculada a transmitir unos valores éticos”, pero sin llegar a ser, señalaba el Ministerio Público, constitutivas de delito. Para que lo fueran, proseguía, debían de suponer un trato degradante más lesivo, algo que se produce cuando existe reiteración, desvalor, o menoscabo grave de la integridad moral.

Según pudo saber elDiario.es, entre los comportamientos que el expediente atribuía a Monedero había comentarios como “tienes cara de zorra” a una alumna, presumir de haber mantenido relaciones con algunas de ellas o comentar el vestido que llevaba una de las jóvenes en el aula. Aunque la Fiscalía no veía mimbres para que los hechos constituyeran un delito contra la integridad moral, sí señalaba “el perjuicio y daño que pueden causar estos comportamientos entre el alumnado” e instaba a la Complutense a actuar.

“Esta situación de vulnerabilidad y de asimetría debe ser conocida por quien tiene la autoridad para restablecer el equilibrio y evitar que se produzcan estas situaciones, cuanto menos desafortunadas, impropias, inadecuadas y gratuitas, las cuales podrían, en su caso, corregirse en vía disciplinaria mediante la continuación de la tramitación del Expediente Disciplinario incoado”, decía el Ministerio Público.

Las denuncias en Podemos

En febrero de 2025, elDiario.es publicó que el 12 de septiembre de 2023 una mujer alertó por escrito a Podemos de que tenía “conocimiento directo” y era “vox pópuli” que Juan Carlos Monedero “incomoda y manosea a mujeres jóvenes en entornos del partido”. El caso fue remitido a la Comisión de Garantías del partido, pero Podemos aseguró que, al pedirle más datos a la denunciante, nunca contestó. La mujer que interpuso la queja aseguró a elDiario.es no haber recibido ninguna respuesta a su mail por parte del partido. 

Solo dos días después del correo enviado por la simpatizante, el 14 de septiembre, Monedero anunció en redes sociales su dimisión de la dirección de la Fundación República y Democracia, el único cargo ligado al partido que mantenía, aunque su salida, según fuentes oficiales del partido, se había producido en mayo.

Ese mismo día, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, agradecía el “incansable trabajo” de Monedero. Varias fuentes confirmaron a este periódico que, para entonces, la dirección del partido ya tenía conocimiento de que una mujer había enviado una queja por escrito contra Monedero por sus comportamientos inapropiados con mujeres cercanas a ese espacio político.

Por las mismas fechas, una segunda mujer hizo llegar un testimonio todavía más grave a varios miembros de la dirección, aunque no por escrito. Fuentes oficiales de Podemos aseguraron a elDiario.es que cuando tuvieron conocimiento de esas quejas apartaron al dirigente de los actos del partido, aunque no llegaron a comunicarle los motivos. Monedero, por su parte, afirmó que nadie le comunicó nunca esas protestas y que él siguió participando en actos de partido por toda España después de septiembre de 2023.

La Sexta hizo públicas unas capturas de los chats del grupo de Telegram del Consejo Ciudadano Estatal que mostraban que Monedero seguía participando en ese órgano al menos hasta diciembre de 2023, meses después de que tuvieran conocimiento de la denuncia.

La exconcejala del PP que denunció al alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral ha ratificado este lunes ante la jueza sus acusaciones. Según fuentes del caso, la mujer ha comparecido durante unas tres horas en el juzgado de la localidad que investiga a Manuel Bautista. Ha respondido a las preguntas que le han formulado la magistrada, el fiscal y el abogado de la defensa del alcalde.

Ante la jueza, la exedil ha repetido las acusaciones contra el regidor que figuran en la querella que presentó el pasado febrero, en la que le atribuyó delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. 

La exconcejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz y principal cliente de Canal Sur, carecía de un protocolo de prevención de acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que una de sus reporteras denunciase al CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual ante un Juzgado de Violencia de Género de Sevilla.

Desde 2022, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON). El protocolo antiacoso es obligatorio para todas las compañías (independientemente de su volumen) desde la Ley de Igualdad de 2007, aunque en este caso registrarlo no es preceptivo.

La productora ADM registró su II Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas unos días antes de la denuncia de una trabajadora contra el director general de la compañía por delitos sexuales, que derivó en la imputación judicial y el posterior cese de Gustavo Fuentes.

El Consejo de Administración de la compañía, cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, nombró en su lugar (y de manera “provisional”) a su número dos, el director financiero y de Recursos Humanos, Óscar González-Barba, actual CEO de la compañía. González-Barba, según el protocolo antiacoso de ADM que aprobó el propio Fuentes, era (y es) el responsable de “la recepción de las denuncias” internas por acoso sexual. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, establece que las denuncias al canal antiacoso “no podrán ser anónimas”.

“No se han registrado casos de acoso sexual”

El 18 de diciembre de 2025, la productora principal de Canal Sur inscribió en el REGCON su II Plan de Igualdad, que reconoce que “la empresa no dispone actualmente de un Protocolo interno actualizado” para la “prevención del acoso sexual y por razón de sexo”. Aun así, el diagnóstico previo que aparece en ese documento señala que “no se han registrado casos de acoso sexual o por razón de sexo durante el periodo analizado”, que abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, según el documento.

En ese periodo, no sólo tuvieron lugar algunas de las situaciones de acoso laboral que describe la reportera en su denuncia, también otra supuesta agresión sexual de Fuentes -que una extrabajadora relató a CCOO en junio de 2025, aunque no llegó a interponer denuncia en los juzgados- y otros supuestos de acoso laboral denunciados por algunos exempleados.

En los anexos al II Plan de Igualdad de la principal productora de Canal Sur se incluye el nuevo “Protocolo de actuación para la prevención e intervención frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual e identidad de género”. El documento incluye el nombre de las dos personas que formaron parte de la “Comisión Negociadora” -una en nombre de la empresa y otro en nombre de los trabajadores.

Sobre el papel, esas dos personas pactaron, elaboraron y firmaron el Plan, pero el delegado sindical que aparece en el documento, Francisco de Asis Miguélez, llevaba casi cinco años fuera de la empresa, en situación de excedencia, y trabaja desde entonces como técnico especialista para la Universidad de Cádiz (UCA). “Yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga alguna validez. Si me pregunta un juez si estaba ahí, yo le digo: No. Estoy en la UCA, aquí está mi contrato”, le confesó a un excompañero de ADM, un una conversación telefónica revelada por este periódico.

“Por escrito y no podrán ser anónimas”

Según el documento, firmado por el CEO de la compañía Gusavo Fuentes tres meses antes de ser imputado por agresión sexual y acoso, la empresa creó un “comité de asesoría confidencial”, encargado de “la recepción de las denuncias” de las víctimas, y nombró responsable a su número dos, Óscar González-Barba, junto a su mano derecha en Recursos Humanos, Elena Anguita. Elena Anguita es la persona designada por la empresa en la Comisión Negociadora del II Plan de Igualdad, junto a Miguélez, aunque éste nunca participó de la elaboración del documento.

“Las denuncias y quejas se realizarán por escrito y no podrán ser anónimas”, reza el Protocolo Antiacoso de ADM, que debía gestionar personalmente el director de Recursos Humanos y actual CEO de la compañía. El nombre de González-Barba aparece citado por los testimonios de algunas extrabajadoras que han corroborado ante el juez la denuncia de la reportera. Una de ellas habla de una conversación entre el ya ex CEO y su director financiero, persona de su estrecha confianza, al que encargaba la organización de fiestas y eventos: “Con suerte me la follo de una vez, que haya mucho alcohol Osquita, que eso es cosa tuya”, señala su testimonio.

Otros trabajadores de la productora, en cambio, subrayan que González-Barba “jamás” trató a la plantilla como lo hacía Fuentes, y que él mismo fue una “víctima” del trato “vejatorio y humillante” al que sometía a la gente. “Incluso siendo uno de sus pretorianos, como él lo llamaba, cuando entraba en cólera le trataba a patadas delante del resto de los trabajadores”, coinciden varios testigos.

El pasado 9 de junio, tras revelar elDiario.es la imputación de Gustavo Fuentes por delitos sexuales, el Consejo de Administración de ADM se reunió “con carácter extraordinario” y, tras 18 horas, anunció la “suspensión temporal” del CEO de la compañía. En el mismo comunicado delegó en González-Barba algunas de las competencias que hasta entonces gestionaba su jefe, algo que, aun siendo “provisional”, provocó “indignación” en parte de la plantilla, que conoció la decisión a la mañana siguiente.

Una semana después, el Consejo de ADM confirmaba el cese “definitivo” del director general, reculaba en su decisión de dejar la empresa en manos de sus directivos afines y anunciaba un proceso de selección para buscar un nuevo CEO.

“Miedo a represalias”

Desde que estalló la noticia, el Gobierno de Juan Manuel Moreno, accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, ha reaccionado al escándalo por la imputación de Fuentes subrayando que la víctima no había usado los canales internos para denunciar las agresiones y el acoso sexual del que acusó a su jefe ante un juez. Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, la empresa había dejado ese protocolo en manos de la mano derecha del jefe al que iba a denunciar por agresión sexual y acoso.

La reportera aduce “miedo a represalias” para explicar por qué no usó las herramientas internas de la empresa para denunciar a Gustavo Fuentes, y el denunciado, en conversación con este periódico, aseguró que se trata de una “denuncia falsa”, y que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo antiacoso que permite a los trabajadores denunciar “anónimamente”.

La periodista denunció al CEO de la compañía el pasado 26 de enero. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, el 25 de marzo el juez tomó declaración a la víctima y acto seguido citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, una semana antes de las elecciones andaluzas. Pero la declaración no tuvo lugar ese día, porque tres días antes, el 8 de mayo, el acusado cambió de testigo y su citación se aplazó.

Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró en un comunicado que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al ex CEO de la productora coinciden en que éste le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril, “poco después de la Semana Santa”.

En cualquier caso, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) hicieron nada por apartar al directivo de su principal productora audiovisual hasta que este periódico lo hizo público, el pasado 9 de junio.

“La denuncia se produjo el 7 de mayo, si no recuerdo mal. Fue una denuncia directa por parte de la denunciante al directivo, que no había estado anticipada por ningún tipo de procedimiento previo de ámbito interno, a través de esos canales de comunicación interna que tienen hoy día las empresas, y que ADM también tiene”, explicó la semana pasada el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de Sandetel, accionista mayoritario de la productora.

Paradela y Sanz son los responsables políticos de las empresas públicas vinculadas con ADM, el primero por la gestión de Sandetel, y el segundo por la RTVA. El responsable de Industria aseguró, a preguntas de los periodistas en Jaén, que la fecha clave es el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones, que han sido asumidas por el Consejo de Administración, y se ha puesto en marcha un proceso de selección para un nuevo director general”, dijo Paradela. En realidad el cese definitivo se confirmó en un comunicado del Consejo de Administración el 17 de junio.

Los “pretorianos”

Gustavo Fuentes solía llamar a los dos directivos de su estrecha confianza “pretorianos”, uno era González-Barba, y el otro José Ramón García Japón [Joserra], subdirector general de ADM. Tras el cese fulminante del CEO, ambos reunieron a los trabajadores que estaban en la sede de La Cartuja, unas 45 personas, incluidos los miembros de Andalucía Directo– para anunciar “una nueva etapa, con una dirección más amigable”.

También se dirigió a la plantilla José Antonio Jiménez de León, que ejerce la figura del Compliance [director legal y de cumplimiento de la empresa] , para animar a todos a usar el canal antiacoso de la web de ADM para denunciar cualquier situación de acoso que haya sufrido por Fuentes, ahora que ya no está. Uno de los primeros mensajes que anunció la nueva directiva fue admitir que el protocolo antiacoso de la empresa no había funcionado, que la investigación interna e “independiente” que el propio Fuentes había encargado al Compliance sobre su denuncia por acoso sexual se había cerrado en falso, contando con la versión del CEO, pero no de la víctima ni de testigos que corroboran su versión. 

La figura del Compliance aparece también en el Protocolo antiacoso adjunto al II Plan de Igualdad de ADM, registrado un mes antes de que la reportera denunciase a Gustavo Fuentes. Forma parte de la Comisión Instructora y de Seguimiento, segunda pata del llamado Comité de Prevención del acoso en la empresa. Junto a Jiménez de León está también Elena Anguita, número dos de González-Barba. Su función es “estudiar y valorar cada caso, tener derecho de acceso a toda la información y documentación para la resolución de las denuncias”.

La compañía quiere ahora revisar aquel informe sobre la denuncia contra Fuentes, pero ya no podrá contactar con la denunciante porque ésta ha iniciado la vía penal y “la empresa no puede interferir ni perjudicar el procedimiento judicial en curso”. Con todo, en la primera reunión con la plantilla tras la destitución de su director general, se animó a todos los trabajadores a denunciar por unos canales internos y anónimos en la web de ADM.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), una empresa semipública, copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y asociada a la RTVA, maniobró para sortear la Ley de Igualdad un mes antes de que su CEO, Gustavo Fuentes, fuera denunciado por agresión sexual y acoso a una reportera.

Fuentes está imputado por delitos sexuales por un juez de Violencia de Género desde el 25 de marzo y fue cesado de todos sus cargos cuando elDiario.es lo hizo público, el pasado 9 de junio. Pero la Junta de Andalucía no ha aclarado aún desde cuándo lo sabía y por qué, como accionista mayoritaria de la principal productora de Canal Sur, no pidió su destitución antes.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pasado de presentarse junto a Gustavo Fuentes en todos los eventos públicos de la productora -y de asistir a sus fiestas privadas- a eludir cualquier tipo de explicación. Y el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de la empresa pública Sandetel (accionista mayoritario de ADM), ha puesto el acento en que la denuncia penal de la reportera “no estuvo anticipada por ningún procedimiento previo, a través de los canales de comunicación interna de ADM”.

Lo cierto es que la empresa no tenía actualizados ni aprobados esos procedimientos internos contra el acoso sexual un mes antes de que la reportera acudiese a denunciar a su jefe en los tribunales, según consta en el II Plan de Igualdad de la productora, al que ha tenido acceso este periódico.

En el último trimestre de 2025, a ADM le “urgía” renovar su Plan de Igualdad para cumplir con la ley, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a dotarse de un protocolo contra el acoso sexual y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo.

Para que ese documento tenga validez, debe estar pactado y participado por una “Comisión Negociadora” paritaria, formada por una persona que represente a la compañía y otra a los trabajadores. Pero la principal productora de Canal Sur Televisión, una empresa semipública propiedad al 47,8% del Gobierno andaluz y con 258 empleados en plantilla, no tenía ni comité de empresa ni secciones sindicales.

Tiene dos delegados de personal, uno adscrito a la sede central, en Sevilla, pero llevaba casi cinco años de excedencia y actualmente trabaja con un contrato de técnico especialista para la Universidad de Cádiz (Francisco de Asís Miguélez Martínez, que se presentó por UGT). Y otro en la sede de Málaga, que figura como “independiente”, pero también es director técnico de la empresa (David Pérez), y la plantilla le identifica como “un hombre de la dirección”.

El primero fue elegido en las últimas elecciones sindicales que se celebraron en las oficinas centrales de ADM hace 11 años, y el segundo en 2017, en un proceso interno del que la mitad de la plantilla “no se enteró ni acudió a votar”, explican trabajadores de la sede de Málaga.

La productora ADM, una de las grandes del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación, necesitaba validar ante la autoridad laboral su Plan de Igualdad para conservar sus contratos públicos con Canal Sur, que le factura más de cinco millones de euros al año, según fuentes del sector.

El 28 de octubre de 2025, el CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, firmó “un compromiso expreso” de la productora para “impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad “junto a la Comisión Negociadora, que cuenta con la representación legal de los trabajadores”, según consta en una carta, a la que ha tenido acceso este periódico.

Sin embargo, en ese momento ADM aún no tenía la firma del delegado sindical y es entonces cuando la dirección de la empresa decide llamar a Miguélez, que llevaba fuera casi cinco años, para que firme el II Plan de Igualdad de ADM como representante de los trabajadores, “a sabiendas de que su firma podía no tener validez”, explican a este periódico dos ejecutivos que piden anonimato.

El nombre de Miguélez aparece en el documento como miembro de la Comisión Negociadora del Plan y consta que participó en el diagnóstico previo de la compañía [que está fechado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024; con el análisis de muestras entre octubre y noviembre de 2025] y en la elaboración de las propuestas de mejora, aunque en ese periodo trabajaba ya para la Universidad de Cádiz.

elDiario.es Andalucía ha tenido acceso a la grabación de una conversación telefónica, fechada el 15 de diciembre de 2025 [tres días antes de que ADM registrase su II Plan de Igualdad ante el Ministerio de Trabajo], entre el antiguo delegado sindical y un extrabajador de la empresa, al que le confiesa su estupor por lo que acaba de pedirle un directivo de la compañía.

De entrada, Miguélez no sabe si le están pidiendo que firme el Plan de Igualdad anterior, para darle carta de naturaleza a un procedimiento legal en el que él no había participado, y su interlocutor le advierte de que tenga cuidado de no firmar “un papel sin fecha”. “He estado hablando con mi abogado de que te ha llamado José Ramón [García-Japón] para que firmes los papeles esos del comité de Igualdad... me ha dicho que tengas cuidado a la hora de firmar, porque lo mismo te da un papel sin fecha”.

“Ten cuidado al firmar. Lo mismo te dan un papel sin fecha”

La conversación grabada con Miguélez la realiza un antiguo cámara de ADM, David Lobo, que actualmente está en litigio judicial con la empresa, tras ser despedido por la denuncia interna de cuatro compañeras por “acoso laboral”. La productora le despidió en 2024 echando mano precisamente del anterior Protocolo Antiacoso, usando el testimonio de esas cuatro trabajadoras -más un quinto informe de un superior- que acusaban a Lobo de incumplir sus obligaciones laborales y de trato y comentarios “vejatorios y humillantes” a sus compañeras.

El cámara denunció a la empresa por “vulnerar sus derechos de representación sindical”, convencido de que le habían echado a la calle por intentar montar un sindicato en 2023 junto a otros seis compañeros. Este conflicto es el que se cruza con las maniobras de la productora, a finales de 2025, para sortear sus obligaciones con la Ley de Igualdad.

Lobo le había pedido a Miguélez que testificase a su favor en el juicio por despido y éste había accedido. La citación judicial del antiguo delegado sindical (aunque terminaría aplazándose) estaba prevista para noviembre de 2025, justo cuando la dirección de la empresa volvió a contactar con él para que firmase el II Plan de Igualdad.

Lobo sospechó que ADM buscaba llegar a algún tipo de acuerdo con Miguelez para perjudicarle y, muy escamado, decidió llamarle y grabar la conversación.

“Yo esa copia no la voy a firmar, que me manden el original”

La llamada que recibe Miguélez de la dirección de ADM proviene de José Ramón García-Japón (Joserra), subdirector general de la empresa y número dos de Gustavo Fuentes, según explica en la conversación telefónica. En la grabación cuenta que una reportera de ADM de Málaga, Cristina Guil, es quien le había enviado una copia del II Plan de Igualdad dos días antes, el 13 de diciembre. Preguntada por esto, la reportera lo niega y asegura que “no conoce de nada” a Miguélez. “No le pongo ni cara”, dice.

García-Japón sí ha confirmado a este periódico que fue él quien contactó con el antiguo delegado sindical y que, en efecto, era consciente de que se trataba de “una persona en excedencia, que tiene un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo”, pero que “sigue cubriendo la representación de los trabajadores”, aclara. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, explica.

Con todo, García-Japón advierte de que él se limitó a contactar con Miguélez para que firmase el II Plan de Igualdad, pero subraya que él “no es legalista”, que es “al que le toca gestionar los marrones”, y emplaza a hablar con “algún representante jurídico de la empresa”. elDiario.es ha preguntado a ADM si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico coinciden en que “una persona sin relación laboral con la empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato haya designado expresamente a esa persona (que no es el caso). “Esta situación es claramente irregular”, coinciden desde CCOO y UGT.

Los sindicatos con representación en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), asociada a la productora ADM y su principal comprador institucional, han exigido este jueves explicaciones al director general, Juan de Dios Mellado, tras la publicación de elDiario.es.

Desde la dirección de la productora sostienen que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”.

El Ministerio de Trabajo alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte para los planes de igualdad, pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no. La Consejería de Empleo no ha respondido aún si esta situación es irregular ni si ha abierto una investigación al respeto ni cuándo fue la última inspección de trabajo en la productora.

“Dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor”

Cuando recibe la llamada del subdirector de ADM, Miguélez llevaba años desvinculado de la productora y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA), y expresa sus “dudas” de que su firma, “estando en excedencia, tenga algún valor”. “El Plan de Igualdad caduca cada cuatro años, tienen que renovarlo y como no hay elecciones [sindicales] están cogidos por los huevos. No quieren convocarlas ellos y como ningún compañero se moja, habrán dicho: pues que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma estando en excedencia tenga algún valor. Además, ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?...”, le cuenta a su excompañero.

El Ministerio de Trabajo tiene constancia del II Plan de Igualdad de ADM desde el 18 de diciembre de 2025, tres días después de la conversación telefónica entre Miguélez y Lobo. El documento incluye un “diagnóstico de situación” del ambiente laboral en ADM que se realizó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aunque los datos recabados en ese periodo se analizaron entre octubre y noviembre de 2025.

Según el documento registrado ante el Ministerio, Miguélez formó parte de la Comisión Negociadora, participó en la elaboración de ese diagnóstico y en el el desarrollo posterior de las medidas propuestas para mejorar, aunque durante esas fases de análisis y elaboración del Plan él estaba trabajando para la Universidad de Cádiz.

Tres días antes, al teléfono con Lobo, se había mostrado convencido de que la firma que le estaba pidiendo el subdirector general de ADM no se ajusta a la ley, y admite que el Plan de Igualdad anterior de la empresa tampoco recogía “ni mi firma ni el cargo ni yo estuve en ninguna reunión”.

Así, entiende que la empresa no puede esgrimir el Plan de Igualdad ni el Protocolo Antiacoso para despedir a alguien, como hizo en el caso de Lobo, porque el documento no fue negociado ni firmado por él como representante único de los trabajadores. La misma situación, dice, se repite ahora con ese II Plan de Igualdad que le están pidiendo firmar estando en excedencia. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”.

“El juez me va a preguntar: ¿Estabas ahí? Y yo diré: no. Estoy en la UCA”

Según el II Plan de Igualdad de ADM, al que ha tenido acceso este periódico, los responsables de la Comisión Negociadora eran dos: por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (persona muy próxima a Gustavo Fuentes y CEO “provisional” de la empresa), y Miguélez como “representación legal de los trabajadores”.

Junto a ellos intervino en la elaboración del Plan una “consultora especializada en igualdad”, de la empresa BoxTalent, que ejerció de “asesoramiento externo”, Andrea Laura Martínez Díaz. Su nombre aparece en el documento, pero Martínez Díaz no recuerda haber hablado nunca con el representante de los trabajadores ni conserva contacto alguno con Miguélez en su teléfono móvil. “Yo trabajé con Elena [Anguita], que era de Recursos Humanos, pero de esa otra persona no me acuerdo”.

Antes de cortar la llamada, David Lobo quiere cerciorarse de que la persona que pidió a Miguélez firmar el II Plan de Igualdad fue García-Japón, y éste se reafirma. “Sí, sí. Me llamó José Ramón, muy breve, me explicó esto y me dijo: te va a llamar Óscar [González-Barba], el Óscar este no me ha llamado, y la que me ha mandado los papeles es Cristina Guil”.

“Me llamó José Ramón y me dijo: te va a llamar Óscar”

La validez legal de un Plan de Igualdad depende de que haya sido fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, según establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

El incumplimiento del Real Decreto expone a las empresas a sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, a la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y a la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admiten fuentes próximas al Consejo de Administración.

Hola,

¿Cómo se repara a una víctima? Deberíamos dedicar mucho más tiempo a reflexionar sobre la respuesta a esa pregunta. Pensaba en eso estos días, a raíz del homenaje que se ha hecho en Ponferrada a Nevenka Fernández. 25 años después, Nevenka volvía a su ciudad. No era la primera vez, ha estado otras a título personal. Pero esta era una vuelta colectiva, pública. Era dejar de esconderse para salir a la calle y encontrar los aplausos y los abrazos de un montón de personas.

Nevenka Fernández denunció al alcalde Ismael Álvarez y se convirtió en la primera mujer en lograr una sentencia por acoso contra un político. Eso, que parece una noticia positiva, fue en realidad un calvario que cambió su vida y que sacó a la luz el machismo de la España de comienzos de los años 2000. Porque de Nevenka se dudó, porque Ismael Álvarez contó con muchísimo apoyo social y político (destacados miembros de su partido, el PP, le respaldaron), porque el fiscal la interpeló a ella con dureza (le dijo que “no era una cajera de Hipercor” que tuviera que dejarse tocar el culo), porque a pesar de la victoria judicial le era imposible encontrar trabajo, y porque finalmente se marchó de España con su salud mental sumamente deteriorada. Lo cuenta ella misma en el libro que publicó hace unos meses: 'El poder de la verdad'.

El camino judicial no siempre repara o no del todo. Si recuerdas, Icíar Bollaín no consiguió permiso para rodar su película 'Nevenka' en Ponferrada: el ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, ignoró todas las solicitudes. En agosto de 2025, el mural dedicado a Nevenka apareció borrado. Por eso, la reparación puede tener también mucho que ver con volver al lugar donde sucedieron los hechos y sentirte segura. Con que te hagan un homenaje en tu ciudad, con poder pasear por ella acompañada y con la cabeza alta. Con que la gente reconozca el daño que te causaron y lo importante que fue tu determinación o tu valentía.

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Pensamos que lo que ocurre en Internet no es real y no creemos que tenga consecuencias en el mundo real; y por otro lado no nos tomamos en serio los delitos de violencia y acoso contra las mujeres. Así que, cuando ambas cosas se unen, como sociedad nos mostramos muy desdeñosos con el problema. Despreciamos a las víctimas y no vemos que el debate público al respecto sea una emergencia, que lo es

Laura Bates — Periodista, autora de 'La nueva era del machismo'

Unas recomendaciones para acabar

Este viernes y el domingo de la siguiente semana puedes ver en el Teatro del Barrio de Madrid la obra 'Paloma Calle que se calle', un monólogo en el que la creadora escénica entrelaza la historia de la democracia con su historia personal para hablar de la familia, de violencia sexual, de maternidad o de salud mental. En los próximos meses estará también por otras ciudades. 

Conocí a Alice Rivaz con su libro 'La paz de la colmenas', del que he hablado por aquí alguna vez porque me parece imprescindible: una novela de 1947 en la que está el feminismo de las siguientes décadas a través de la historia de una mujer hastiada de su matrimonio. La editorial Errata Naturae ha publicado otra de sus obras: 'Lanza tu pan', con una protagonista atrapada en las elecciones que ha podido o no hacer en su vida. 

Nos 'vemos' pronto.

Ana

Manuel Bautista, alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, ha recurrido la apertura de una investigación contra él por acoso sexual y laboral tras la denuncia de una exconcejala del PP en el municipio. Tal y como ha adelantado El País y ha podido comprobar elDiario.es, la defensa de Bautista reduce todas las acusaciones a “discrepancias personales” y conflictos “en el ámbito de las relaciones políticas” y solicita que, al menos, se suspenda la citación de la querellante del próximo 29 de junio hasta que exista una decisión firme sobre tu petición de archivo. Pide, además, que el PP no pueda ser considerado responsable de los hechos en el procedimiento tal y como pide la exconcejala.

La exconcejala de Móstoles denunció a Bautista de forma interna por un presunto caso de acoso sexual en 2024. Según el relato de la denunciante, este supuesto caso de acoso sexual derivó en otro presunto caso de acoso laboral por la negativa de acceder a las peticiones del alcalde. La exedil se reunió entonces con diferentes dirigentes del PP de Madrid como Alfonso Serrano o Ana Millán, aunque Isabel Díaz Ayuso no acudió a ninguna de estas reuniones y no recibió a la exconcejala. A quien sí recibió la presidenta de la Comunidad de Madrid fue al alcalde solo cinco días después de recibir por escrito la denuncia interna de la exedil. Ni el PP de Madrid ni su Comité de Derechos y Garantías activaron protocolos ni abrieron expediente. De hecho, desde que comenzó la polémica, la posición oficial del partido y de la presidenta ha sido la de respaldar a Bautista.

Finalmente, la exconcejala decidió presentar una querella el pasado 16 de febrero. El 9 de marzo reclamó “un impulso procesal” porque casi un mes después no se había avanzado en la denuncia. La Fiscalía pidió entonces abrir una investigación, como finalmente ha ocurrido y ella ha sido citada el próximo 29 de junio para ratificar sus acusaciones y ser examinada por un forense.

En un escrito de casi 80 páginas, la defensa del alcalde de Móstoles cuestiona que el relato de la exconcejala, incluso siendo asumido de forma literal, pueda implicar la apertura de un proceso penal como ha hecho el juzgado de violencia sobre la mujer de la localidad. Todo son, según su versión, “discrepancias personales, conflictos de funcionamiento interno, decisiones organizativas, percepciones subjetivas, valoraciones personales y actuaciones desarrolladas en el ámbito de las relaciones políticas y partidarias”.

La exedil describió en su querella cómo rechazó las propuestas sexuales de Manuel Bautista y cómo, a partir de entonces, fue sometida al ostracismo hasta su salida de la política y dimisión como concejala. El recurso presentado ahora por el regidor empieza por negar la existencia de acoso sexual ante, dice, “una ausencia absoluta de solicitud de favores de naturaleza sexual”, achacando la querella a “interpretaciones posteriores” de lo que no pasam de ser, según su criterio, “malentendidos relacionales”.

La defensa del alcalde entiende también que “no cualquier conflicto interpersonal en el ámbito laboral resulta penalmente relevante” que en este caso, además, el PP no debería ser responsabilizado. Tampoco encuentra pruebas de las secuelas psicológicas que denuncia su antigua colaboradora: “El relato se apoya exclusivamente en expresiones genéricas de malestar emocional como ”incomodidad“, ”miedo“, ”vergüenza“ o ”sobresalto“. Tampoco hubo, alega, coacciones ni revelación de secretos por la difusión de unos correos electrónicos.

La exconcejala del PP está llamada a declarar en los juzgados de Móstoles el próximo día 29 de junio, momento en que también será evaluada por un forense como es habitual en estos casos. La defensa del alcalde pide suspender esta comparecencia hasta que exista una decisión firme sobre su recurso. Y alerta de los “efectos difícilmente reversibles” que tendría para él seguir adelante con una causa que, añade, “ha adquirido una notable repercusión pública y mediática”. “La continuación de la instrucción en estas circunstancias podría ocasionar perjuicios reputacionales y personales de imposible reparación ulterior en caso de prosperar las pretensiones de esta parte”.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha destituido al portavoz de Vox en el municipio, Víctor Acosta, de su cargo como teniente de alcalde. Las razones de la decisión que ha tomado la alcaldesa del PP serían “la pérdida de confianza política e institucional” que habrían provocado decisiones de Acosta, además de sus manifestaciones públicas, según han informado fuentes municipales a Europa Press. Sin embargo, aunque pierde su cargo como teniente de alcalde, Acosta mantendrá la Presidencia del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, donde ha manifestado su intención de continuar, al igual que con sus gestiones en el Distrito II, que él mismo eligió presidir.

La decisión de la alcaldesa Piquet llega después de conocerse que el portavoz de Vox fuera denunciado el pasado mes de mayo por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos. Esta denuncia fue confirmada por la dirección regional de Vox, desde donde explicaron que abrirían un análisis jurídico del caso, y expresaron su respeto a los procedimientos judiciales en curso. A finales del mes de mayo, Piquet convocó a petición del PSOE una junta de portavoces extraordinaria para debatir si se revocaban cautelarmente las competencias al portavoz de Vox.

Según fuentes municipales, Vox ha mantenido paralizada desde diciembre la negociación del proyecto de Presupuestos municipales, en Alcalá de Henares, entregado para su estudio, “sin que sus representantes hayan querido entrar a negociar su contenido, las inversiones previstas o las prioridades planteadas para la ciudad”.

Desde el Ayuntamiento explican que “la condición reiteradamente formulada por Vox para iniciar esa negociación ha sido disponer de acceso directo a la contabilidad municipal. Se trata de una posibilidad de la que no dispone ningún concejal de la Corporación, incluida la propia alcaldesa, y que tampoco constituye el sistema ordinario de acceso y control de la información existente en la mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid”.

Desde la alcaldía también han insistido en que “la posición mantenida por el Gobierno municipal ha sido respaldada por los servicios técnicos, por los funcionarios con habilitación nacional del Ayuntamiento y por el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que han avalado el procedimiento seguido respecto al acceso a la información solicitada”.

Vox no apoyó la modificación de los presupuestos municipales del PP

El Ayuntamiento de Alcalá presentó una modificación presupuestaria de cerca de 68 millones de euros “ante la imposibilidad de aprobar un nuevo Presupuesto y con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios públicos, atender las obligaciones municipales y ejecutar las inversiones programadas”, según informa Europa Press. Vox habría respaldado en un principio las modificaciones, pero anunciaron de forma unilateral, mediante una nota de prensa, que votarían en contra de los cambios en los presupuestos, y así lo hicieron durante el Pleno, “impidiendo el desarrollo de actuaciones necesarias para la acción de gobierno y de nuevas inversiones programadas en los barrios de Alcalá”.

El PP de Alcalá de Henares ofreció la posibilidad a Vox de rectificar esta decisión y negociar. Sin embargo, “su portavoz difundió una nota pública en la que cuestionaba la honorabilidad del equipo de Gobierno y sugería la posible existencia de irregularidades y delitos, sin identificar hechos concretos, expedientes o responsables ni aportar públicamente pruebas que sostuvieran esas acusaciones”.

Por su parte, el consistorio sostiene que “la discrepancia política es legítima y el sentido del voto de cualquier grupo municipal debe ser respetado”, pero que “la Tenencia de Alcaldía constituye una responsabilidad de especial confianza institucional, al implicar funciones de representación, coordinación y eventual sustitución de la alcaldesa”. Desde el Ayuntamiento insisten en que no les resulta “coherente mantener esa responsabilidad cuando quien la desempeña manifiesta públicamente que no confía en el Gobierno del que forma parte y, como consecuencia de sus decisiones y declaraciones, ha perdido también la confianza de sus compañeros de Gobierno”.

El Ayuntamiento de Alcalá, en manos del Partido Popular, cree que “votar contra modificaciones de crédito y cuestionar honestidad compañeros supone vulnerar de facto las bases del acuerdo entre Vox y PP por parte de Víctor Acosta”, y añaden que “los integrantes de la Junta de Gobierno del PP no quieren romper un acuerdo que ha sido positivo para los alcalaínos. Ha sido, lamentablemente, el portavoz de Vox, quien ha vulnerado ese pacto”.

“Esta decisión, por tanto, es la consecuencia institucional de las decisiones adoptadas unilateralmente por portavoz de VOX y de la pérdida de confianza generada por su actuación”, desarrollan desde la alcaldía de Judith Piquet. Además, mantienen “su voluntad de estabilidad, diálogo y colaboración con los concejales de Vox y continuará trabajando para garantizar los servicios públicos, recuperar las inversiones bloqueadas y cumplir los compromisos adquiridos con los vecinos de Alcalá de Henares”.

Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, se ha pronunciado sobre el asunto: “El pacto se ha roto de forma unilateral por parte del PP que parece que no quiere depurar las presuntas irregularidades del gobierno anterior”.

“Un silencio atronador”, por lo que es necesario que diga cuanto antes “qué sabía” de este caso. Éste es el reproche que este domingo ha lanzado el PSOE andaluz contra el presidente en funciones de la Junta, Juan Manuel Moreno, en relación con el presunto acoso sexual denunciado por una trabajadora de la productora semipública Andalucía Digital Multimedia (ADM), principal proveedora de contenidos de Canal Sur. Por este caso está imputado Gustavo Fuentes, que ha sido cesado como CEO de ADM.

Así lo ha denunciado la secretaria de Igualdad del PSOE andaluz, Olga Manzano, que ha recordado que la afectada es una reportera que, según la denuncia presentada ante la Justicia, estuvo “durante años soportando insinuaciones, presiones, mensajes y comportamientos de carácter sexual por parte de quien ejercía la máxima responsabilidad en dicha empresa”.

La responsable socialista ha lamentado la “desprotección” que sufrió la afectada por parte de la productora, lo que la obligó a dar el paso de acudir a los tribunales enfrentándose a la “exposición pública y a las posibles consecuencias personales y profesionales que conllevan estas situaciones”.

“Estrecha relación” con Sanz y Repullo

“¿Dónde ha estado y dónde está el presidente de la Junta de Andalucía?”, se ha preguntado, apuntando que si Moreno “tiene un compromiso real con la igualdad y contra la violencia machista, y no va a sucumbir ante las presiones de Vox para eliminar lo poco que queda de estas políticas, tiene la obligación de aclarar qué sabía su gobierno, desde cuándo lo sabía y qué hizo al respecto, además de ”ponerse del lado de la víctima y creer en ella“.

Manzano ha calificado de “grave el silencio” de Moreno a debido a que todas las informaciones apuntan a una “estrecha relación” entre el denunciado y miembros destacados del Gobierno andaluz y del PP, “señalando directamente a Antonio Sanz y a Antonio Repullo”.

Por ello, ha exigido a Moreno que abandone esta “actitud de perfil no solo en el caso de la productora ADM, sino también ante otros casos como los que afectan a los alcaldes populares de Algeciras y Estepona”. “Son casos todos ellos muy graves que requieren de actuaciones contundentes por parte de la Junta y nunca ponerse de perfil”, ha señalado Manzano.

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Calvià (Mallorca) ha detingut un home de 41 anys, entrenador d'automobilisme, per presumptament assetjar i agredir sexualment una menor de 15 anys.

Els fets denunciats s'haurien produït a principis d'aquest any, encara que la denúncia no va ser interposada fins a dates recents, segons ha informat Diario de Mallorca i han confirmat fonts de la investigació a elDiario.es.

Els agents de la Policia Judicial van arrestar aquest dimecres l'entrenador, a qui atribueixen la presumpta comissió d'un delicte d'agressió sexual. Les indagacions romanen obertes i l'Institut Armat continua recaptant informació sobre el succeït.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Calvià (Mallorca) ha detenido a un hombre de 41 años, entrenador de automovilismo en Mallorca, por presuntamente acosar y agredir sexualmente a una menor de 15 años.

Los hechos denunciados se habrían producido a principios de este año, aunque la denuncia no fue interpuesta hasta fechas recientes, según ha informado 'Diario de Mallorca' y han confirmado fuentes de la investigación a elDiario.es.

Los agentes de la Policía Judicial arrestaron este miércoles al entrenador, a quien atribuyen la presunta comisión de un delito de agresión sexual. Las pesquisas permanece abiertas y el Instituto Armado continúa recabando información sobre lo sucedido.

La investigación judicial abierta contra el expresidente de la Deputación de Lugo, José Tomé, por un supuesto delito contra la libertad sexual ha entrado en una nueva fase después de que la Fiscalía Provincial de Lugo se oponga al archivo de la causa que reclama el investigado y solicite la práctica de nuevas diligencias para esclarecer los hechos denunciados.

La posición del Ministerio Fiscal, conocida este miércoles y que recoge Europa Press, figura en un escrito con fecha del 22 de mayo, en el que considera que sobreseer la causa sería “prematuro” porque “quedan actuaciones de investigación relevantes por practicar y porque la causa se encuentra en una fase inicial”. Con la información disponible hasta el momento, asegura que resulta complejo encajar los hechos denunciados dentro del delito específico de acoso sexual, pero considera que “todavía no existen elementos suficientes para descartar esa posibilidad de forma definitiva”.

Incluso si finalmente no se apreciase la existencia de un delito de acoso sexual, los hechos investigados podrían ser constitutivos de otros ilícitos penales relacionados con la libertad y la dignidad de las personas, añade y cita figuras delictivas como amenazas, coacciones, trato degradante o conductas de carácter sexual que pudieran generar una situación objetivamente “humillante, hostil o intimidatoria para la denunciante”.

La Fiscalía pide que se hagan nuevas diligencias, entre ellas incorporar al procedimiento las conversaciones mantenidas entre la denunciante y el investigado, documentación que considera relevante para determinar el alcance de los hechos denunciados. También pide la declaración de varias personas identificadas por las testigos que ya han comparecido durante la instrucción y que podrían aportar información relevante sobre los hechos o incluso haber vivido situaciones similares.

El objetivo de estas actuaciones, defiende el escrito fiscal, es obtener una reconstrucción lo más precisa posible de los acontecimientos investigados antes de adoptar cualquier decisión definitiva sobre la continuidad o no del procedimiento.

Coincidiendo con la difusión de la posición de la Fiscalía, el Grupo Provincial del Partido Popular ha elevado el tono de sus críticas contra el expresidente de la Diputación. El portavoz popular, Antonio Ameijide, aseguró que José Tomé ha solicitado que la Deputación de Lugo asuma los gastos derivados de su defensa jurídica en esta causa judicial. La presidenta de la Deputación, la socialista Carmela López, lo negó y acusó al PP de haber difundido información errónea de forma deliberada. No existe una decisión de asumir con fondos públicos los gastos de defensa jurídica del expresidente, dijo. Los populares han interpretado la información de manera incorrecta, agregó.

López expuso que la Deputación dispone desde hace tiempo de una póliza de responsabilidad civil para autoridades que cubre a los 25 diputados provinciales y al personal de la Administración General. Pero tal cobertura está sometida a condiciones estrictas. En concreto, la aseguradora únicamente podría asumir determinados gastos en caso de que el solicitante resultase absuelto o de que la causa fuese archivada. Por el contrario, la póliza no contempla la cobertura de costes derivados de conductas delictivas acreditadas.