La empresa promotora del proyecto minero 'El Moto' para la extracción de wolframio en Abenójar (Ciudad Real) tendrá un depósito de explosivos con una capacidad máxima de almacenamiento de casi diez toneladas netas y hasta 15.000 detonadores. Así al menos lo ha solicitado la empresa promotora de esta explotación, Abenójar Tungsten, al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública esta petición. La finalidad del depósito es almacenar estos explosivos en uno de los polvorines de la mina y hasta 15.000 detonadores en una pistonera. Apunta que en ambos casos, estarían “semienterrados”.

En el documento se detalla que para la explotación subterránea se empleará el método de minado de barrenos largos por subniveles para la extracción de masas largas de wolframio. Considerando la calidad del macizo del proyecto de 'El Moto', añade que las cámaras “exponen relativamente grandes excavaciones, ejecutadas mediante perforación y voladura con explosivos”. Por ello, apunta como necesario “disponer de explosivos de forma continua a pie de mina”.

Los promotores consideran que las necesidades de explosivo durante las 24 horas del día requieren disponer un depósito de explosivos que agilicen los trabajos de carga y disparo de las voladuras y “facilite su puesta en obra de una manera fácil y segura”.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Explosivos se pretende la instalación de medios de alarma adecuados, conectados a una central receptora de alarmas y a la Guardia Civil, y que sustituirán a los vigilantes de seguridad de explosivos. Así, la vigilancia del depósito, durante el tiempo en que no esté abierto para labores de carga y descarga, será desarrollada por un sistema electrónico de protección.

Un metal “estratégico”

El wolframio o tungsteno es considerado uno de los metales considerados “estratégicos” por la Unión Europea para hacer frente a la dependencia en el suministro, casi al 100%, de terceros países como China. De hecho, más del 80% del suministro mundial de wolframio proviene de aquel país, unas 70.000 toneladas al año.

Los principales productores en la Unión Europea son Austria (unas 900 toneladas/año), España (650 toneladas/año) y Portugal (550 toneladas/año). En el caso de España, las provincias que más wolframio producen actualmente son Salamanca, Cáceres y A Coruña.

Desde el año pasado, en la ecuación ha entrado también la provincia de Ciudad Real. La Comisión Europea dio su bendición -financiación incluida- a este proyecto de extracción del wolframio entre Abenójar y también en Almodóvar del Campo, en Castilla-La Mancha. El compromiso de financiación que llegó desde la Unión Europea coincidió con la luz verde otorgada por el Gobierno de Castilla-La Mancha al proyecto.

“Esta mina va a suponer al menos el 20% del wolframio de toda Europa. Se estima que cada año se extraerá una tonelada”, aseguró entonces la consejera de Desarrollo Sostenible de la comunidad autónoma, Mercedes Gómez. La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, natural de Abenójar, lo calificaba de “buena noticia” porque “da un espaldarazo definitivo a un proyecto que supone la creación de 300 puestos de trabajo directos y hasta 700 indirectos”.

Abenójar Tungsten es la promotora, bajo el paraguas de la compañía Mining Hill’s, que había pedido financiación a Europa. En teoría, dicen los especialistas y la propia compañía promotora, en el subsuelo hay 91 millones de toneladas de mineral de wolframio y 1,2 millones de onzas de oro.

Será una mina subterránea con una profundidad máxima de 350 metros y unas 600 cámaras diseñadas para trabajar en las vetas de wolframio que está mezclado con oro. Allí hay minerales de wolframio como la ferberita y scheelita.

La empresa también explica que el “wolframio es el principal metal de interés económico”, además del oro como “subproducto”, pero que también hay metales asociados, entre ellos bismuto, galio y “elementos de tierras raras”. La inversión global ronda los 150 millones de euros.

Según informó la compañía que impulsa el proyecto en Abenójar cuenta con otros proyectos similares en ejecución en España. Entre ellos destaca la mina de magnesitas de Rubián, en Lugo, que comparte muchas características con 'El Moto' y lleva en operación más de 50 años. Es, asegura, “un modelo de explotación sostenible y exitoso”.

La contraprestación para Castilla-La Mancha es la creación de empleo. “Un porcentaje elevado de los trabajadores que se incorporarán al proyecto viven en Abenójar y alrededores. Lleva asociado un polígono industrial, con empresas cuyos servicios necesitará la mina a lo largo del tiempo”, afirmó. En todo caso, avanzó que la compañía no prevé extraer mineral útil para comercializar al menos hasta 2027.

Más allá de eso, sostiene que se trata de un proyecto de largo recorrido en el tiempo porque la concesión minera es de 90 años y en su programación creen que la vida útil de la mina será de 26 años.

Los ecologistas, contra la “opacidad” del proyecto

Pero no son todo parabienes. Ecologistas en Acción ha recurrido ante la Comisión Europea su inclusión como proyecto estratégico y será el paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea junto a otros colectivos.

Frente a la “transparencia” que esgrime el Gobierno castellanomanchego, la organización ecologista habla de “opacidad” en el proceso y en el acceso a la documentación, con la excusa del “secreto empresarial”. También critica que la designación como proyecto estratégico suponga en su opinión “eximir a la empresa de respetar ciertas normas medioambientales, dando carta blanca para usar cantidades ingentes de agua”, además de “contaminar”.

La organización ya alertó en 2018 sobre lo que considera un proyecto de elevado impacto ambiental. La que fuera coordinadora del área de minería nacional de Ecologistas en Acción, Elena Solís, mantiene hoy que hay “vicios” en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y cita “la falta de un estudio hidrogeológico completo que analice de dónde se captarán las escasas aguas subterráneas en la zona para el procesamiento del oro y el wolframio, o si las balsas de ácidos son seguras y cuál es el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por los elementos tóxicos necesarios”.

Un artefacto explosivo de la Guerra Civil ha sido encontrado y desactivado por efectivos de la Policía Nacional en una zona de campo cerca de la urbanización El Clavín, en el poblado de Villaflores (Guadalajara).

El hallazgo se ha producido a las 16:04 horas y ha sido notificado por la propia Policía Nacional, según informa el Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado agentes técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos del Cuerpo Nacional de Policía (Tedax), el cual ha procedido a su desactivación.

Junto a los especialistas y los agentes de la Policía Nacional, también han estado agentes de la Policía Local así como una UVI móvil desplegada en preventivo.

El Grupo Especial de Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil ha desactivado una granada de mano hallada por un agricultor en una finca de la localidad pacense de Valencia del Mombuey.

El hallazgo del artefacto explosivo se produzco cuando el agricultor realizada labores agrícolas en una parcela de su propiedad, tras lo que dio aviso al instituto armado. Los agentes activaron el protocolo de actuación en estos casos, acordonando la zona de seguridad y pasando el aviso al GEDEX de la Guardia Civil con sede en Cáceres.

Una vez analizado el artefacto en el lugar de los hechos, averiguaron que se trataba de una granada de mano antigua, de la que no han podido determinar su marca y modelo, posiblemente de primeros del siglo XX, mucho anterior a la Guerra Civil.

El proyectil fue desactivado de una forma controlada con todas las medidas de seguridad.

La Guardia Civil ha recordado que, pese al tiempo transcurrido, este tipo de artefactos pueden conservar su carga explosiva y resultar peligrosos, por lo que recomienda no manipularlos ni trasladarlos, avisar de inmediato a la Guardia Civil a través del 062 o del 112, y señalizar la zona para evitar el acceso de otras personas hasta la llegada de los agentes.

El Oktoberfest de Múnich, la fiesta de la cerveza más multitudinaria del mundo, que se celebra desde el pasado día 20, quedó este miércoles cerrado por “una alerta de explosivos verificada”, según informó el alcalde de la ciudad, en el sur de Alemania, Dieter Reiter, tras unos importantes incidentes en los que se escucharon explosiones en otras partes de la ciudad.

Reiter declaró que no se podía “correr el riesgo de abrir el Oktoberfest”, según la edición digital del diario Münchner Merkur, por el hallazgo de una carta que había que tomarse en serio y que llevó a cerrar el recinto de la Theresienwiese, que acoge cada año esta gran fiesta que visitan a diario decenas de miles de alemanes y turistas hasta al menos las 17.00 hora local (15.00 GMT).

Un portavoz de la Policía declaró a medios germanos que 25 perros adiestrados en la detección de explosivos de toda Baviera rastrean desde las 10.00 hora local (08.00 GMT) cada rincón del recinto y se han activado a los 600 agentes que normalmente trabajan en el Oktoberfest, además de policías federales y 150 policías bávaros adicionales.

El representante policial se mostró optimista acerca de la posibilidad de que la búsqueda finalice en las próximas horas y dejo claro que si bien el operativo continúa, “hasta el momento no se ha encontrado nada sospechoso relacionado con el escenario de amenaza”.

En un comunicado, la Policía de Múnich explicó que sobre las 04.40 hora local (02.40 GMT) el cuerpo de bomberos fue alertado sobre un incendio en un edificio residencial en el distrito de Lerchenau, en el norte de la capital bávara.

Poco después, también se recibieron informes sobre ruidos de explosiones en el número de emergencia de la Policía, que acudió al lugar y acordonó la zona.

Las primeras investigaciones apuntan a que un hombre de 57 años y de nacionalidad alemana inició un “incendio en el marco de una disputa familiar”.

El hombre no contaba con permisos de armas ni de explosivos, pero el sospechoso, que se suicidó a continuación cerca de un lago, llevaba consigo una mochila que contenía un dispositivo explosivo que debe ser desactivado aún, según el comunicado policial.

Según la información actual, durante el incidente otras dos personas resultaron heridas y fueron llevadas a un hospital: la madre, de 81 años, y la hija del sospechoso, de 21 años, de nacionalidad germano-brasileña, ambas residentes en Múnich.

De acuerdo con el comunicado policial, también se encontró cerca del lugar de los hechos un escrito redactado por el sospechoso, que contenía una amenaza de explosivos no específica relacionada con el Oktoberfest, por lo que se cerró el recinto.

La Policía recalcó que, en este momento, no hay indicios de peligro en otros lugares de Múnich.

En este episodio nos fijamos en sucesos que tienen mucho menos eco mediático, generan muchas menos horas de televisión, de radio, de consumo de Internet, que otros: ataques a las sedes de partidos políticos. Por ejemplo: El 25 de abril de este año la sede del PSOE en Santander sufrió un ataque que pudo haber tenido consecuencias muy graves. Nos lo cuenta el director de elDiario.es en Cantabria, Laro García. 

Hay decenas de ejemplos solo en los últimos cinco años. La sede del PSOE en Llanera, en Asturias. También la de Rivas y Leganés, en Madrid. O en León, o en Valencia… que es una provincia donde la izquierda ha sufrido más ataques en los últimos meses. Nos lo cuenta el periodista de elDiario.es en la Comunitat Valenciana Toni Cuquerella. Recordamos, con la periodista de elDiario.es Elisa Almagro, el ataque que sufrió la sede de Podemos en Cartagena en 2021.

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La Guardia Civil ha detenido a una persona en la localidad almeriense de Puebla de Vícar por fabricación ilegal de explosivos y ha intervenido más de 150 kilos de precursores de explosivos y productos químicos para su elaboración, 100 metros de mecha, 200 cerillas eléctricas (detonadores) y 28 artificios artesanales almacenados en el garaje de su domicilio sin medidas de seguridad.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, las sustancias químicas y precursoras de explosivos intervenidas en la denominada operación 'Pebels' iban destinadas a la elaboración ilegal de mezclas explosivas, pirotécnicas o incendiarias que posteriormente eran empleadas para fabricar artefactos y artificios explosivos o pirotécnicos caseros.

La Guardia Civil destaca que se trata de una de las mayores incautaciones de precursores de explosivos hasta el momento en España junto con la realizada en marzo de 2023 en Montmajor (Barcelona), donde se desarticuló un taller clandestino de fabricación de explosivos, en el que se intervinieron casi 500 kilogramos de sustancias químicas y precursoras de explosivos.

La investigación se inició a raíz de una operación previa en la provincia de Sevilla en la que se detuvo a otra persona por hechos similares. Fruto de esa operación, los agentes pudieron constatar que el ahora detenido había realizado compras en países del Este de Europa de sustancias precursoras como clorato potásico y perclorato potásico, cuya adquisición está prohibida a particulares en la Unión Europea.

El registro realizado en su vivienda permitió localizar en el garaje 82 kilos de precursores de explosivos, 69 kilos de otras sustancias químicas también empleadas para su fabricación ilegal, 100 metros de mecha y 200 cerillas eléctricas (detonadores), así como 28 artificios pirotécnicos de grandes dimensiones fabricados artesanalmente a base de las mezclas explosivas elaboradas con dichos precursores.

Según la Guardia Civil, con estas sustancias y productos se podían elaborar distintos tipos de mezclas explosivas como cloratita o pólvora e incendiarias como la denominada “termita”. Los precursores de explosivos son sustancias químicas que, a partir de determinadas concentraciones y mezcladas entre sí o con otros productos son susceptibles de utilizarse para la fabricación casera e ilícita de explosivos, por lo que su comercio, adquisición, tenencia y uso están rigurosamente controlados para evitar su desvío a fines ilícitos, violentos o terroristas.

Su adquisición legal en España exige contar previamente con una licencia que otorga el Ministerio del Interior a través del CITCO, Punto de Contacto Nacional en materia de precursores y con el que la Guardia Civil trabaja estrechamente en esta materia. Este exhaustivo control hace que personas como el ahora detenido traten de adquirir estos precursores en otros países fuera de la Unión Europea.

Al detenido se le imputan los supuestos delitos de fabricación ilegal y depósito de explosivos, así como de riesgo provocado por explosivos u otros agentes.

La fábrica de armamento que la multinacional alemana Rheinmetall Expal Munitions dirige en la pedanía murciana de Javalí Viejo se encuentra en el centro de una pormenorizada investigación policial. El pasado 30 de enero una deflagración en sus instalaciones provocó la muerte de un trabajador y dejó varios heridos, en un contexto marcado, se sabe ahora que las pesquisas avanzan, por una elevada carga de trabajo y por una serie de “irregularidades” en materia de seguridad laboral. 

Asimismo, a nivel político, desde Podemos se ha denunciado que la “alta producción” de la planta está relacionada con la fabricación de armamento para Israel, al ser la compañía alemana una fuente confirmada de suministro a las tropas israelíes en su ofensiva sobre Gaza, tal y como destacó en octubre de 2024 un informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz. Los datos públicos de Comercio del Gobierno de España revelan que la Región de Murcia ha recibido desde comienzos del 2024 una gran cantidad de explosivos. Se trata de una situación inusual hasta la fecha en esta comunidad autónoma.

Según confirman fuentes consultadas de UGT muy próximas a los delegados sindicales de la fábrica, ésta operaba con “una elevada carga de trabajo” y “a un ritmo fuerte”. “El volumen de actividad y producción que llevaban”, detallan las fuentes sindicales, “era alto desde hace mucho tiempo, y se había convertido en algo normal”.

Pero ese intenso ritmo de trabajo va un poco más allá. Un trabajador de la fábrica explica a este periódico que, desde finales de 2023, la producción en la planta de Rheinmetall murciana ha aumentado “al menos un 70%” de lo que era habitual. “Cuando pasó el accidente, ese taller que deflagró, y también el resto del complejo, se encontraba fabricando armamento al límite, a todo lo que podía dar”, señala.

En el marco de la investigación policial del suceso, la Policía Nacional ha detectado, sostienen fuentes del cuerpo armado, “irregularidades” en seguridad y salud laboral que motivaron la detención, el 27 de mayo, de dos responsables de Rheinmetall Expal Munitions, que ahora afrontan presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos de homicidio imprudente y también de lesiones por imprudencia. Asimismo, prosiguen las fuentes policiales, otros tres empleados de la fábrica están siendo investigados por su posible implicación en la deflagración, cuya llamarada tuvo la furia suficiente como para calcinar una extensión de tres kilómetros cuadrados de matorral hacia las afueras de la pedanía.

Tal y como informó El Español, el trabajador fallecido, de 42 años, acabó con el 70% de su cuerpo quemado y pasó doce días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, sin que se pudiera finalmente salvar su vida.

“La empresa era consciente de que había peligro y no lo solucionó”

“Las condiciones de seguridad eran inadecuadas y totalmente obsoletas. Las instalaciones, además, son muy antiguas”, trasladan desde UGT a través de los delegados sindicales de la fábrica.

El trabajador de Rheinmetall consultado por este diario afirma que el taller que ardió “necesitaba una remodelación urgente” para “reducir el peligro”, pero que la compañía no acometió dicha remodelación de seguridad en ningún momento. “La empresa era consciente de que había peligro y no lo solucionó. Querían fabricar a tope, y eso están haciendo, pero en esas instalaciones no se puede fabricar a tope”.

Por su parte, UGT manifiesta también que Rheinmetall Expal Munitions obligó a los trabajadores del turno inmediatamente posterior al de la deflagración, que se produjo el 30 de enero sobre las 16.30 horas, a acudir a su puesto de trabajo. “Pero no hubo producción durante aquel turno”, matizan. Los empleados, sostienen las fuentes sindicalistas, tuvieron que pasar las ocho horas de rigor en su puesto cuando la llamarada se había producido tan solo unos momentos antes, hiriendo de gravedad a varios de sus compañeros.

En Javalí Viejo los vecinos miran de reojo y con recelo a la fábrica tras los dos accidentes acaecidos en los últimos doce meses -hubo otro el 25 de enero de 2024 que causó dos heridos-. El complejo es grandísimo, y la pedanía, tan pequeña, está construida en gran parte junto a las tapias, que abarcan varios kilómetros en línea recta. Hay casas separadas de las instalaciones por apenas un par de metros. En cualquier momento temen que sobrevenga otra deflagración y ésta les pille cerca. La última se produjo más lejos, en el límite último de la planta, en la falda de la sierra. 

Podemos vincula la producción de la fábrica con Israel

A medida que avanzan las pesquisas sobre las causas y las responsabilidades de la llamarada vuelve a salir a la palestra la vinculación de Rheinmetall con la exportación de armamento y municiones con destino Israel desde que comenzó su asedio sobre Gaza. En septiembre de 2024, una denuncia pública del diputado murciano en el Congreso, Javier Sánchez Serna, de Podemos, ponía el foco directamente en la fábrica de Javalí Viejo y en la llegada de material explosivo al puerto de Cartagena con rumbo a dicha planta. La empresa ha sido señalada reiteradamente en Alemania por su implicación en la exportación de armamento al ejército israelí, aunque también produce equipo militar para Ucrania, España y varios países de la OTAN.

Ya en enero de 2024, el diario Der Spiegel informó que Alemania accedió a la solicitud de Israel de entregar 10.000 cartuchos para tanques de 120 mm producidos por Rheinmetall. La firma alemana también aparece en un informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz publicado por este diario en octubre de 2024, en el que se reportan datos de ataques a civiles y a edificios en Gaza con armas y munición de artillería proporcionadas por la compañía, cuya sede central está ubicada en Düsseldorf.

En su página web, la multinacional asegura que Rheinmetall Expall Munitions, que es el nombre que poseen las fábricas de la empresa en España, incluida la de Murcia, “es la responsable de la fabricación y entrega de cohetes que tienen un alcance máximo de 300 km”. La compañía cuelga en su página notas de prensa sobre pedidos por valor de decenas de millones de euros para suministrar munición de lanzacohetes del calibre 155mm a “clientes internacionales”, sin entrar en detalles sobre cuáles son esos destinatarios.

El trabajador de la fábrica murciana cuenta a elDiario.es que allí se produce armamento “para la OTAN, y para lo que recomienda la OTAN”. “Fabricamos para Ucrania, para España, para Alemania, Holanda o Eslovenia, entre otros. A Israel directamente no va lo que se hace aquí, aunque puede ser que una parte acabe allí de forma indirecta, con terceros países”, reconoce.

Sin ir más lejos, Rheinmetall arrastra acusaciones de exportar armas a Israel saltándose las restricciones alemanas y comunitarias por medio de intermediarios ubicados en otros países con políticas comerciales menos estrictas.

Cuando la Policía Nacional hizo pública el 27 de mayo la detención de los dos responsables de la planta de Javalí Viejo, el diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Víctor Egío, reiteró el posible uso de la fábrica por parte de Rheinmetall “con el objetivo de abastecer de pólvora a las tropas israelíes”. La multinacional adquirió la planta en agosto de 2023 a la empresa Expal (Explosivos Alaveses). En octubre de ese mismo año comenzó la ofensiva de Israel sobre Gaza. Desde esa fecha, Egío sostiene que aumentó “significativamente la circulación de explosivos en el puerto de Cartagena”. 

Flujo al alza de explosivos que recalan en Cartagena

El creciente tránsito de armamento en las terminales portuarias de Cartagena ha sido, asimismo, denunciado en varias ocasiones por la Campaña Fin al Comercio de Armas, integrada por más de 500 organizaciones. Los datos públicos revelan que ese incremento es un hecho constatable. Según la información accesible en la base de datos de Comercio del Gobierno de España, la Región de Murcia importó en 2024 explosivos preparados por valor de 1,2 millones de euros. En los años anteriores, en concreto 2021, 2022 y 2023, el volumen total de importaciones de dicho material había sido de 0 euros.

Desde el 1 de enero de 2024, según las cifras recopiladas por la Campaña a través de la información disponible en la web de la Autoridad Portuaria de Cartagena, al menos 23 barcos han descargado explosivos en el puerto de Cartagena. Muchos de ellos han estado vinculados a la venta de armas a Israel. La cantidad total de explosivos que han recalado en la ciudad portuaria en el último año y medio, coincidiendo con ese aumento en la producción de la fábrica, es de 258 toneladas. 

Como sucedió, por ejemplo, con el buque Danica Sunrise en febrero, los contenedores con explosivos se descargan en la terminal cartagenera, y éstos salen a continuación del puerto en camiones que los transportan por carretera hasta la planta murciana. El buque Danica Violet, cuyo desembarco fue paralizado el pasado 23 de mayo después de que la Campaña lo asociara al comercio con Israel -el barco procedía directamente del puerto israelí de Haifa-, pretendía descargar una tonelada de explosivos en Cartagena.

La Campaña ha apuntado, asimismo, desde 2024, a la India como uno de los grandes exportadores de munición al puerto de Cartagena. Varios barcos, como el Borkum, que también fue denunciado por su relación con Israel, o como el Marianne Danica, al que el Gobierno le impidió la escala en la ciudad por el mismo motivo, descargaron explosivos en Cartagena procedentes del país asiático. Una investigación de Progressive International sacó a la luz que en diciembre de 2024 el propio Danica Violet entregó más de 18 toneladas de explosivos desde la India hasta Israel.

El portal de datos comerciales global Panjiva posee registros que enlazan directamente la importación de explosivos en Cartagena procedentes de la India con destino la fábrica de Rheinmetall en Javalí Viejo. En lo que llevamos de 2025 se han contabilizado un total de nueve referencias de exportación de explosivo de India a Cartagena para la planta de armamento murciana. En 2024, la cifra computada fue de 32 referencias de exportación.

Para la Campaña Fin al Comercio de Armas, los datos dejan claro que en la Región de Murcia se está produciendo munición en las instalaciones de Rhienmetall con destino y procedencia dudosos. Víctor Egío solicita desde Podemos “saber si en Javalí Viejo ese armamento se está fabricando para Israel”. “Si se quiere ser coherente”, añade, “el Gobierno debería negar a la multinacional alemana operar en España. No podemos permitirnos en Murcia una fábrica que comercia armas con un estado genocida”, señala el diputado.

Este periódico se ha puesto en contacto con Rheinmetall Expal Munitions y con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sin obtener respuesta.

La Policía Nacional ha detectado “irregularidades en las medidas de seguridad” de la fábrica de pólvora Rheinmetall Expal Munitions, de Javalí Viejo, donde murió en enero un empleado tras una deflagración, varios trabajadores resultaron heridos y se calcinaron unos 2.000 metros de matorral de los alrededores. Al parecer, segúnel atestado de la Policía Nacional, no se estaban aplicando todas las medidas de seguridad necesarias en esta empresa, cuya actividad es fabricar explosivos y municiones.

Los dos responsables de la empresa que han sido detenidos están acusados de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y de homicidio y lesiones por imprudencia. La investigación se centra también en otros tres empleados de la empresa por su presunta implicación en el accidente.

Creo que es la primera vez que se alarga el título de esta columna para describir lo que ha ocurrido en la Delegación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo. Y es que el asunto es tentador, por cuanto aúna elementos la excavación arqueológica, el misterio que rodea al explosivo y la secuenciación temporal que abarca el periodo de la Guerra Civil, el momento de la excavación y la visita de los TEDAX al recinto administrativo.

Es lo que ocurre en este país: cuando ocurre algo fuera de lo normal -en este caso, afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales ni materiales-, inmediatamente, se recurre a la consabida conjunción de distintas causas que, como en otros muchos casos, se podría haber evitado si se hubieran tenido en cuenta medidas preventivas o correctoras.

Son muchos los explosivos que, en Toledo, por ser zona de enfrentamientos armados en la última guerra, se descubren al hacer obras, como ha ocurrido varias veces en el edificio del Hospital de Tavera, o se hallan almacenados, desde la inmediata postguerra en sótanos y almacenes, como también acaba de acaecer en el Convento de Santa Clara. Indudablemente tienen un potencial de peligro inmediato en su manipulación, como saben muchos agricultores de nuestra provincia que los han descubierto al introducir los arados en los campos, y son los expertos en desactivación los que deben actuar tras su descubrimiento.

Evidentemente, un arqueólogo o arqueóloga no tiene por que ser especialista en explosivos o armamentos, aunque los especializados en la Guerra Civil si tienen cierto olfato “adiestrado” para la ocasión, y advertir así el potencial peligro del resto hallado.

En segundo lugar, el destino del material arqueológico, según la norma actual, debe ir a los depósitos del museo provincial correspondiente. El párrafo 2 del art. 50 de la Ley del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 4/2013, de 16 de mayo, es muy clara en cuanto se da la autorización de excavación arqueológica: “… obliga a los beneficiarios a entregar los objetos muebles obtenidos, debidamente conservados, siglados, inventariados, catalogados y acompañados del informe final correspondiente. El depósito se realizará en el plazo y lugar que la Consejería competente determine, teniendo en cuenta su proximidad al sitio de la actuación realizada y las circunstancias que la han hecho posible, además de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica”.

Por ello, no nos explicamos cómo pudo estar años y años depositado en un armario de una dependencia administrativa. Evidentemente el arqueólogo o arqueóloga entregó en tiempo y forma el material, y el funcionario o funcionaria de turno firmaría el acta de entrega, aunque el destino final fuese una segunda entrega en las dependencias de, en este caso, el Museo de Santa Cruz de Toledo.

Un último tema, tan importante como los demás, es la publicación de la memoria de excavación, o en su defecto, puesta a disposición de los investigadores e investigadoras. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte debería publicar una normativa que desarrolle la ley del Patrimonio de Castilla-La Mancha en esta materia, ya que de otra forma no se cumple el objetivo de la norma: “la mejor función cultural y científica” del material depositado.

El Plan Estratégico de Cultura sólo ha desarrollado en la materia un “Plan de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha”. No sabemos si la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural ha realizado algún informe al respecto para que no vuelva a repetirse o, si el Consejo Regional del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha tomará cartas en el asunto.

El día 15 de abril efectivos del Grupo de Desactivación de artefactos explosivos (GEDEX) con base en Zaragoza y al Equipo de Búsqueda y Localización (EBYL) de la Comandancia de Teruel, retiraron diez artefactos explosivos procedentes de la Guerra Civil en la localidad de Sarrión.

Tras un aviso de un ciudadano en el que informaba del hallazgo de varios objetos con características compatibles con artefactos explosivos en el interior de una cavidad de la localidad turolense, se activó al GEDEX y al EBYL.

Durante la inspección inicial, los agentes observaron que dicha cavidad no presentaba origen natural y que su acceso resultaba muy difícil si no se realizaban trabajos previos de remoción; todo ello, debido a la acumulación de escombros, objetos punzantes, tóxicos y lesivos en la entrada. Ante la inestabilidad estructural y el riesgo de desprendimiento, se solicitó el apoyo del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Mora de Rubielos para asistencia técnica en los trabajos de habilitación del acceso.

En un primer momento, los Guardias Civiles realizaron la apertura mediante herramientas manuales para así poder confirmar visualmente la presencia de elementos explosivos; posteriormente, se requirió la presencia de maquinaria pesada con el fin de asegurar un paso de entrada operativo.

Una vez habilitado, los operadores TEDAX accedieron al interior del enclave y procedieron a la recuperación y traslado del material hasta una zona controlada, donde fue destruido de forma segura.

De los diez artefactos explosivos, tres eran granadas de mortero y siete granadas de mano.

En lo que va de año 2025, por el equipo EBYL de la Comandancia de Teruel y GEDEX de la Comandancia de Zaragoza se han atendido 14 incidencias en la provincia, que han supuesto la destrucción de 22 artefactos.

El hallazgo de una espoleta --granada-- de aviación en el patio de la Delegación Provincial de Educación con sede en la avenida de Europa de Toledo ha provocado el desalojo de las más de 350 personas que trabajan en sus oficinas sobre las 11 horas de este lunes.

El delegado provincial José Gutierrez Muñoz ha explicado, en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que el proyectil se encontraba, desde hace algún tiempo, entre los restos arqueológicos que estaban siendo catalogados por el equipo de Arqueología de la propia institución provincial para ser enviados al Museo de Santa Cruz de Toledo, donde se custodia este tipo de patrimonio. Según ha confirmado, la espoleta procede de un yacimiento de Toledo capital. “Pensaban que era un casco, pero todo apunta a que puede tratarse de un proyectil de aviación”.

Tras enviarse una imagen al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil se ha procedido a la activación del protoloco para desalojar las instalaciones. “De forma inmediata se ha personado tanto Policía Nacional como Policía local y en menos de una hora se ha personado el Equipo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Guardia Civil”.

Se trata de una granada de aviación con carga explosiva que requería la intervención de técnicos expertos en la materia para ser detonada, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112. “Se ha llevado a la Academua de Infantería para ser detonada”, comentaba José Gutiérrez. “Ha sido un susto, pero todo se ha resuelto de manera satisfactoria, sin ningún incidentes. Lo importante es que haya quedado en una anécdota”.

El delegado ha agradecido la labor policial y de la Guardia Civil. “Estamos cerca del IES Universidad Laboral, con el que compartimos recinto y se ha tenido que avisar a los autobuses que recogen a los chicos a las 14.30 horas para que quedasen en una zona alejada, por si la llegada de los Tedax se retrasaba, pero no hemos tenido que desalojar el instituto”.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por robar en cajeros automáticos mediante el uso de explosivos. Los detenidos fueron pillados in fragante tras intentar robar en un cajero de una entidad bancaria de La Rioja, en la localidad de Autol. Lograron sustraer cerca de 20.000 euros y causaron daños por valor de más de 130.0000 euros.

Esta detención se ha producido en el marco de la operación Oceans, las personas de 40 y 45 años y son vecinas de La Rioja han sido detenidas como presuntos autores de un delito consumado de robo con fuerza en las cosas y de otros ocho, en grado de tentativa.

La operación se inició en septiembre del pasado año, cuando en la localidad de Marcilla (Navarra), se produjo un intento de robo con fuerza en un cajero automático mediante el uso de gas, para provocar una deflagración que les permitiera abrir el dispensador de dinero. 

Una vez realizada la inspección del lugar, los agentes pudieron determinar que la técnica utilizada para llevar a cabo este tipo de robos, no solo derivaba en la sustracción de grandes sumas de dinero, sino que además producía grandes daños a consecuencia de la explosión, pudiendo provocar daños estructurales en los edificios y afectar a viviendas y personas. 

Días después del primer intento de robo, se produjo un robo con fuerza en la misma sucursal con la misma forma de actuación, donde sustrajeron 19.650 euros del cajero automático tras provocar una explosión en el mismo. A este robo le sucedieron seis intentos de robo más en localidades de La Rioja y una más en Navarra. Los daños provocados por estas deflagraciones ascendieron a 134.172 euros. Asimismo, fue necesaria la intervención de bomberos para controlar los efectos causados por las explosiones.

Continuando con las investigaciones, se pudo constatar que todos los hechos se habían cometido por los mismos autores. Estos operaban de manera muy activa, coordinada y con fuertes medidas de seguridad para tratar de eludir la acción policial.  

Fruto de la investigación, los agentes localizaron en La Rioja a los autores de los robos. Tras realizar un seguimiento, se observó cómo estas personas estaban preparando un robo en una sucursal de la localidad de Autol (La Rioja), donde fueron sorprendidos infraganti por los agentes procediendo a la detención.

La operación ha sido llevada a cabo por los agentes del Área de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, en colaboración con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Rioja, Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Calahorra y agentes locales. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Calahorra (La Rioja).

Los servicios de emergencia del 112 han atendido en la tarde de este jueves a seis personas heridas, una de ellas de gravedad, tras la deflagración de un depósito en una fábrica de explosivos en la pedanía de Javalí Viejo, en la capital murciana. El accidente ha tenido lugar sobre las 16.30 horas por causas todavía desconocidas.

Una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias ha alertado sobre el incidente en la fábrica, donde aparentemente un depósito había estallado, provocando un incendio que ha afectado a una masa forestal y ha dejado seis heridos de diversa consideración.

Al lugar se han desplazado inmediatamente los bomberos de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y Agente Medioambiental, quienes han trabajado en la extinción de dos incendios, uno de aproximadamente 1.000 m² y otro de unos 2.000 m² de masa forestal.

Los heridos han sido trasladados al Hospital Virgen de la Arrixaca y al Morales Messeguer para ser atendidos por quemaduras e inhalación de humo.

No es la primera vez que tiene lugar un incendio en estas instalaciones, en enero del año pasado se produjo otra accidente que provocó heridas graves con quemaduras en dos personas.

Un arqueólogo ha alertado del hallazgo de un artefacto explosivo del año 1936 en el Hospital Tavera en Toledo. Ha sido el propio trabajador el que ha dado aviso al Servicio 112 de Castilla-La Mancha, según publica Europa Press y ha confirmado Toledodiario.es

Se daba aviso a las 13.37 horas mientras se estaban practicando excavaciones arqueológicas. Sobre las 15.23 horas se ha notificado este hallazgo a la Policía Nacional, que se ha desplazado hasta el lugar.

Padres de alumnos del colegio concertado 'San Juan Bautista' con sede en este lugar, han confirmado que han recibido un correo electrónico avisando de que fueran a recoger a los escolares lo antes posible. Como medida de prevención han desalojado el centro.

No es la primera vez que ocurre, en el año 2016 un equipo de especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) de la Policía Nacional tuvo que retirar otro artefacto explosivo encontrado por los arqueólogos que trabajaban entonces en las excavaciones del antiguo e histórico hospital debido a unas obras de rehabilitación, según informó la agencia EFE.

Se actuó de acuerdo a los protocolos habituales y se suspendieron las clases hasta que el artefacto pudo ser retirado.

La Guardia Civil ha desactivado un proyectil de artillería originario de la Guerra Civil localizado por un ciudadano cuando realizaba labores agrícolas en una parcela ubicada en el término municipal de Bujalaro, en la provincia de Guadalajara. Dos patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar para custodiar el artefacto.

Los agentes recabaron además información “precisa” sobre el estado de conservación y de sus características, así como sobre su ubicación exacta, determinada mediante las coordenadas geográficas.

Tras realizar estas actuaciones, el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil 062 daba aviso al Servicio de Desactivación de Explosivos (Sedex), con base en Valdemoro (Madrid), para que se hiciese cargo del artefacto.

Una dotación del servicio se trasladó al lugar de los hechos, para hacerse cargo del explosivo y proceder a su desactivación. Se encontraba intacto, con toda su carga explosiva.

Desde la Guardia Civil se recuerda que, ante la aparición de este u otro tipo de munición o artefacto, debido a su peligrosidad, como en este caso en el que el artefacto se encontraba con su carga intacta, la actuación del ciudadano debe limitarse a comunicar dicha incidencia al teléfono de urgencias de la Guardia Civil 062 o al teléfono de emergencias 112 y señalizar la zona para evitar accidentes.

La Policía Nacional ha requisado un artefacto militar explosivo que había sido extraído del rió Arga de Pamplona, cerca del puente de Trinitarios, mediante la utilización de la técnica de arrastre de imanes de neodimio. Se cree que podría tratarse de un obús de la Guerra Civil que ha sido desactivado.

Según ha informado la Policía Nacional, el artefacto se encontraba, según el primer análisis, cargado con explosivo militar y con daños en sus elementos de iniciación, “lo que aumenta su peligrosidad”, han detallado. Dado su mal estado de conservación y la peligrosidad que entrañaba,  el Grupo de Desactivación de Explosivos y Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico de la Brigada Provincial de Información de Navarra procedió a su requisa y fue traslado a dependencias policiales para estudio y posterior destrucción. 

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que este tipo de prácticas pueden entrañar peligro. “Un artefacto explosivo, incluso con apariencia antigua, puede conservar intacto el sistema de iniciación y estar cargado de explosivo de alto poder rompedor y tener gran estabilidad en el tiempo manteniendo intactas sus propiedades de fabricación suponiendo una grave amenaza para las personas”, han alertado. 

Desde el cuerpo policial también han recordado que si alguien se encuentra con un artefacto de estas características, no lo toque ni lo coja y se ponga inmediatamente en contacto con los servicios policiales.

Muy pocos guionistas serían capaces de imaginar algo como lo que acaba de ocurrir en Líbano (y en Siria): unos ataques que han herido a miles de combatientes de la milicia chií libanesa de Hizbulá, además de una docena de muertos, como efecto de la explosión este martes de los buscas que les servían para recibir órdenes e instrucciones y de los walkie talkies este miércoles. No es una película, sino una nueva demostración de la impresionante capacidad tecnológica de Israel para batir a sus enemigos dónde quiera y cuándo quiera.

En este caso, y cuando aún quedan muchas claves por desentrañar, todo parece indicar que Tel Aviv no solo ha sido capaz de conocer los planes de adquisición de esos artilugios por parte de Hizbulá, sino también de manipularlos físicamente en algún punto de la cadena de suministro, introduciendo un explosivo en su interior, y de hacerlos detonar simultáneamente. Todo eso, visto desde la perspectiva de las filas comandadas por Hasan Nasrallah, supone una vulnerabilidad extrema que afecta tanto a su moral como a su capacidad operativa. Si la milicia libanesa ha recurrido a los menos sofisticados buscas o a tender líneas telefónicas propias es, precisamente, para intentar que Israel no pudiera rastrear sus conversaciones a través de los móviles. Pero, como ahora ha quedado dramáticamente claro, ni así ha logrado escapar a los ojos y a los oídos israelíes.

En el terreno militar eso obliga a Hizbulá a replantearse sus protocolos de acción y a modificar sus redes y sistemas de comunicación interna. Una tarea que no solo les va a generar considerables problemas operativos durante el proceso, precisamente en mitad de una confrontación violenta contra las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), sino que le ofrece a su enemigo la oportunidad de aprovechar aún más ese momento de debilidad para redoblar su embestida.

En el contexto de una confrontación a ambos lados de la frontera común que ya apuntaba a una escalada en toda regla, cabe imaginar incluso que estos ataques se hayan adelantado a los planes originales por temor a que la manipulación fuera descubierta. En términos militares, el golpe habría tenido más trascendencia como complemento al lanzamiento de una invasión terrestre, buscando la inutilización de miles de combatientes del Partido de Dios justo en el momento en el que tendrían que estar activándose para responder a dicha invasión.

En todo caso, lo que resulta más inquietante es lo que pueda venir a continuación. Por parte de Hizbulá cabe dar por seguro que habrá una respuesta. Así se viene constatando en cada nuevo capitulo de una confrontación que se remonta al verano de 2006, cuando las FDI no lograron la eliminación de la milicia a pesar de empeñarse en una guerra total. Desde entonces se viene fraguando un nuevo choque que, al hilo de lo que ocurre en Gaza desde octubre pasado, ha ido elevando la tensión con un diario intercambio de lanzamientos de cohetes y misiles por parte de la milicia libanesa –obligando a unos 80.000 israelíes a abandonar sus hogares en la zona cercana a la frontera común– y de ataques aéreos y artilleros de las FDI que han provocado la evacuación de unos 110.000 libaneses del sur del país.

Lo visto estos últimos meses da a entender de manera muy clara que Hizbulá no desea un choque frontal a gran escala, consciente de su inferioridad neta frente a un enemigo que tiene garantizado el dominio del espacio aéreo y que posee una superioridad de fuerzas imposibles de eliminar con sus limitados medios. Por un lado, y como uno más de los peones que Irán emplea en la región en defensa de sus intereses, se ve implicada en el apoyo a la causa que defiende Hamás; pero, por otro, procura calibrar sus golpes para no verse obligada a un enfrentamiento total que podría suponerle un castigo insoportable.

Por el contrario, el Gobierno liderado por Benjamin Netanyahu lleva tiempo impulsando una dinámica de fuerza bruta que le sirve a personajes como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich el intento de materializar su sueño de un Estado judío del Jordán al Mediterráneo; y al propio Netanyahu como estrategia para mantenerse en el cargo y evitar así la acción de la justicia por las tres causas judiciales que pueden acabar con él en la cárcel.

Netanyahu, en su afán por prolongar y ampliar el conflicto con sus vecinos, acaba de añadir a sus objetivos en la guerra la vuelta a sus hogares de los israelíes evacuados del norte del país. Un objetivo que implica “limpiar” el sur del Líbano de la presencia de combatientes y simpatizantes de Hizbulá. Un objetivo que no puede lograr sin una entrada a la fuerza en ese país, empleando ya no solo unidades de operaciones especiales, sino unidades acorazadas y mecanizadas en línea.

Un objetivo, en definitiva, que bien puede arrastrar a la región a una escalada de la que, en el fondo, ninguno podrá salir victorioso.

Un artefacto explosivo ha sido hallado este lunes en una vivienda de Cervera del Río Alhama. Según ha podido saber Rioja2, los TEDAX se han desplazado hasta la localidad riojana para realizar las intervenciones necesarias para desactivar el artefacto antiguo, del que hasta el momento se desconoce la tipología y época de la que procedía.

A pesar de que la llegada de los GEDEX de la Guardia Civil ha causado mucha expectación, pocos detalles se conocen de la intervención en esta vivienda de Cervera y tampoco si el artefacto encontraba contenía todavía explosivo en su interior.

Todavía se siguen encontrando restos explosivos de la Guerra Civil en La Rioja. Hace unos cinco meses, unos niños encontraron una granada de mano cuando jugaban en un descampado en Villamediana, por lo que se activó el protocolo, se tomaron las medidas de precaución y seguridad correspondientes, y procedieron a la retirada del artefacto para su desmonte y desactivación, aunque finalmente la granada de retardo defensiva-ofensiva, modelo R41, se encontraba inerte y no contenía carga explosiva. 

La Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza (UDE) ha desactivado este viernes un obús de la época de la Guerra Civil encontrado en la playa de Laga, enclavada en la localidad vizcaína de Ibarrangelu. Se trataba de un proyectil de mortero de 4 kilogramos de peso y 38 centímetros de longitud.

Según ha informado el Departamento de Seguridad y recoge Europa Press, sobre las 13.30 horas, el Servicio de Coordinación de Urgencias Sos Deiak 112 ha sido alertado por un particular sobre la aparición de lo que parecía ser un obús, semienterrado en la arena y localizado en la zona oeste de la playa de Laga.

En un primer momento, miembros de la Cruz Roja y socorristas de la citada playa han acordonado la zona hasta la llegada de las primeras patrullas adscritas a la comisaría de la Ertzaintza de Gernika. Los agentes han comprobado que se trataba de un proyectil de artillería sin explosionar y que se encontraba semienterrado en la arena. Desde ese momento se ha activado el dispositivo de seguridad acordonando la zona.

A continuación, un equipo de especialista de la Unidad de Explosivos de la Ertzaintza (UDE) ha acudido al lugar y, tras trasladar el proyectil a una zona más segura, ha procedido a su desactivación mediante una explosión controlada.

Según los especialistas de la UDE, se trataba de un proyectil de Mortero de 81 mm de calibre, con una longitud de 38 centímetros y cuatro kilos de peso. El proyectil contenía una carga explosiva y contaba con espoleta.

En el dispositivo han participado la UDE de la Ertzaintza, con el apoyo de las patrullas de la comisaría de Gernika. Minutos antes de las 15.30 horas se ha levantado todo el dispositivo y se ha recuperado la normalidad en la zona.

La concejala delegada de Deportes, Turismo y Bienestar Social del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, Rosario Andújar (PSOE), ha presentado su dimisión este viernes justo después del Pleno municipal en el que el Ayuntamiento ha aprobado la ampliación de un almacén y una fábrica de explosivos situado junto al casco urbano del municipio.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento, Andújar presentó su dimisión en el registro electrónico del Ayuntamiento poco después de terminar el Pleno, en el que fue aprobada la ampliación de la capacidad de almacenaje de la fábrica de nitrato amónico de los 86.000 kilos actuales a los 2.500.000 de kilos, para lo que necesitaba el visto bueno del Consistorio.

El proyecto de un antiguo alcalde socialista

Se trata de un proyecto impulsado por el exalcalde socialista de la localidad entre 1991 y 2003, José Párraga, ahora empresario, que fue inhabilitado por un delito contra la ordenación del territorio después de condenarle el Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla a siete años de inhabilitación para ejercer cargo público.

El objeto del Pleno era rechazar las alegaciones, seis en total, que habían presentado empresas, particulares y asociaciones del municipio, para lo que el PSOE, que gobierna con mayoría simple (nueve concejales de 21) necesitaba, al menos, la abstención de los cinco concejales del PP, toda vez que AMA Morón (5) y Por Andalucía (2), ya habían adelantado su voto contrario.

Finalmente, el PP se abstuvo. En el grupo socialista se ausentó un concejal, que es trabajador de una de las empresas que ha presentado alegaciones contra el proyecto de la ampliación, por lo que la ampliación salió adelante por ocho votos contra siete. Rosario Andújar, número 4 en la lista del PSOE en las últimas elecciones municipales, dimitió al terminar la sesión.

Sin tener en cuenta las alegaciones de los vecinos

El asunto llegó a la sesión plenaria con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hábitat Urbano, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento, y ahora se trataba de estudiar las alegaciones presentadas.

En las alegaciones presentadas contra el proyecto se justificaba la peligrosidad de unas instalaciones similares a las que explosionaron el 4 de agosto de 2020 en Beirut, en un accidente que provocó la muerte de 217 personas y dejó unos 7.000 heridos, por un suceso que se originó en las 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas.