La crisis del Real Zaragoza, que acaba de descender a Primera RFEF, se ha colado este viernes en la sesión de control al Gobierno. El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha respondido a una pregunta de CHA asegurando que le dolía “tremendamente” la situación del equipo blanquillo, ha dicho apoyar a “todos los equipos que representan a esta Comunidad Autónoma” y, pese a sus propios antecedentes, se ha sincerado: “Lo peor que se puede hacer es mezclar la política con el deporte”.

Azcón ha señalado que, como anunció la vicepresidenta Mar Vaquero, se va a poner en marcha un plan de ayudas que tenga por objetivo “que los equipos aragoneses vuelvan a las más altas categorías”. “Hay que establecer prioridades en las ayudas deportivas”, ha considerado el jefe del Ejecutivo, para quien “vamos por buen camino” si un criterio es el arraigo, mostrándose partidario del mismo.

“Aunque los colores de mi equipo son el blanco y el azul, mi responsabilidad es que todos los equipos representan a esta comunidad” y deben hacerlo “en las mejores condiciones”. Para Azcón, los responsables de la situación del Real Zaragoza son “todos los que están al frente del club, desde los jugadores a los directivos”.

En respuesta a una pregunta del portavoz de CHA, Jorge Pueyo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha dicho que le llama la atención que Pueyo pregunte por el Real Zaragoza y no por otros equipos, como el Huesca SD, el Tarazona o el Bada Balonmano. “No sé si usted busca el bien del deporte o está buscando otra cosa”, ha deslizado.

Ha espetado a Pueyo que si quiere que el Gobierno diga a los equipos lo que tienen que hacer “eso era cuando ustedes estaban en el Gobierno y Agapito en el Real Zaragoza”, subrayando que “lo peor que se puede hacer es mezclar la política con el deporte”, pero Pueyo “viene a decirme que mezclemos” ambos ámbitos.

“Dolor profundo”

El portavoz de CHA ha sido tajante: “Los zaragocistas estamos cansados de que nos hayan robado el alma al equipo, la identidad, las esperanzas y Aragón el fútbol profesional”, manifestando su “desazón”. “Es tan grande el dolor, tan profundo, que no entiendo que otros partidos hagan leña del árbol caído”.

Ha comentado que muchos zaragocistas se dirigen a CHA para preguntar “qué se puede hacer ahora” y ha preguntado “con total honestidad” quiénes son los culpables de la situación del Real Zaragoza. También, si la concesión de ayudas se va a condicionar a que la propiedad obtenga resultados o tenga “cierto arraigo” con la ciudad y la Comunidad Autónoma.

El portavoz de CHA ha indicado que, en baloncesto, el Casademont “sí tiene ese arraigo, sí merecería las ayudas”, criticando –en alusión al Real Zaragoza– a quienes “están en Miami y han pisado esta tierra en dos ocasiones para hacerse la foto”. También ha dicho que “el respeto tiene que ser el mismo” para otros equipos, como el Huesca o el Teruel.

Si la sombra de Agapito Iglesias se cernió sobre el PSOE aragonés la década pasada, la figura de Jorge Mas –flanqueado por Joseph Oughourlian, Mariano Aguilar y el sempiterno Juan Forcén– promete hacer lo mismo con el PP aragonés, y en especial con Jorge Azcón y Natalia Chueca. Si hace no mucho alardeaban del proyecto deportivo y trataban de rascar votos dentro de La Romareda –aupados por la anterior propiedad–, ahora la espantada de ambos del palco de autoridades es tan llamativa como histórico el descalabro del club, abocado al descenso al fútbol semiprofesional. Una situación crítica que tendrá unas implicaciones en el pago por el nuevo estadio –más de 150 millones de euros públicos comprometidos hasta el momento– aún difíciles de calibrar.

El aficionado zaragocista guarda ya en la retina varias fotos para el recuerdo (negativo), pero una sobresale al resto: la del 23 de mayo de 2019, apenas a tres días de las elecciones municipales. Ese jueves, el entonces candidato por el PP Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, recorrió el césped de La Romareda junto con el ahora expresidente del club, Christian Lapetra, y el exvicepresidente, Fernando Sáinz de Varanda, para presentar su proyecto de nuevo estadio. Una utilización electoralista del Real Zaragoza, amparada por la propiedad –entonces, con César Alierta como máximo accionista–, que ya despertó fuertes críticas del resto de los partidos. En el colmo del absurdo, la sociedad anónima deportiva se vio obligada a sacar un comunicado de descargo y a recibir al día siguiente al cabeza de lista de Demos Más a la Alcaldía, Raúl Burillo.

Así empezó la historia con el club blanquillo de Jorge Azcón, a quien de manera progresiva se iría uniendo Natalia Chueca. Al menos la historia pública, porque la privada venía de antes, con un nombre destacado: el constructor Juan Forcén, amigo íntimo del dirigente aragonés e hilo conductor del consejo de administración del Real Zaragoza SAD desde el final de los tiempos de Agapito Iglesias. Hijo del histórico del PAR Isabelo Forcén, el empresario fue el principal responsable de traer a la capital aragonesa los inversores que ahora han llevado a un club histórico al borde del precipicio deportivo.

Unos inversores con nulo arraigo en la ciudad y en la sociedad aragonesa, vinculados en exceso al Atlético de Madrid y cuya cabeza visible, el millonario cubanoamericano Jorge Mas, es el presidente más invisible del fútbol profesional. Tanto que vive al otro lado del Atlántico, que apenas ha pisado el club y que está más pendiente de su equipo en Miami, con Messi al frente, y de arbitrar la reconquista de Cuba por parte de Donald Trump desde la Fundación Nacional Cubano Americana.

Junto a Mas aparece el máximo accionista del grupo Prisa, Josep Oughourlian, también principal propietario del club aragonés a través de la sociedad Gloval Tavira.

Ninguno de ellos dio la cara el pasado domingo en el Ibercaja Estadio, donde el Real Zaragoza cosechó una humillante derrota por 1-3 frente a un Sporting de Gijón que llegaba de vacaciones. Tampoco estuvieron el presidente Azcón o la alcaldesa Chueca, quienes han sido habituales cuando el viento soplaba a favor. Curiosamente, el único representante político de peso en el palco fue el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. “El señor Azcón y la señora Chueca son especialistas en aparecer para la foto cuando las cosas van bien, pero cuando llegan las dificultades se esconden y abandonan a la afición zaragocista”, afeó el lunes su número dos en la DPZ, Teresa Ladrero.

'Esta ruina empezó en los despachos', se podía leer en el campo de fútbol el domingo y también en redes sociales. Así, gran parte de la desastrosa mochila que arrastra el Real Zaragoza se atribuye al empresario soriano Agapito Iglesias, propietario en la etapa del socialista Marcelino Iglesias –a quien se ligó desde el primer momento– y que protagonizó una etapa marcada por la polémica, con procesos judiciales por supuesta compra de partidos que quedaron en nada y por un descenso a Segunda División pese a tener el presupuesto más alto de la historia, con una plantilla planificada para luchar por acceder a la Liga de Campeones: la deuda arrastrada por ese descalabro y los desmanes posteriores aún no se ha terminado de enjugar, quince años después.

A Iglesias le sucedió la Fundación 2032, con César Alierta al frente y otros empresarios aragoneses a su lado, Juan Forcén entre ellos. Pese a que consiguieron librar a la sociedad anónima deportiva de la liquidación y redujeron la deuda a través de un concurso de acreedores, los resultados sobre el césped fueron mucho más mediocres y no solo no se logró el ascenso, sino que la deriva fue cada año peor.

Ocho años después, a finales de 2022, llegaron los actuales propietarios, que no se han podido desembarazar de las sospechas de haber desembarcado en Zaragoza con un único fin: sacar rédito de la construcción del nuevo campo. El propio Jorge Mas está haciendo lo mismo en el Atlético Miami. Y como evidencia sólida aparece su cercanía al poder político del PP en Aragón, de nuevo con un enlace conocido: Juan Forcén.

De la mano de Azcón y Chueca, los propietarios del Real Zaragoza SAD han ido dando pasos para levantar la nueva Romareda. Un paso tras otro, todos en apariencia orquestados. Ni un euro iba a costar a las arcas públicas, según dijeron ambos dirigentes populares. Entonces la propiedad del club alegó que 40 años de explotación del campo, como se estableció en un principio, no eran suficientes, y el PP aceptó aumentarlos a 75 a través de la figura del derecho de superficie. Podemos recurrió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) y logró paralizar provisionalmente el proyecto en junio de 2023, pero el Tribunal Superior de Aragón revirtió esta decisión en menos de un mes. Pese al breve lapso temporal, el Real Zaragoza SAD arguyó que la inseguridad jurídica creada le obligaba a renunciar a la construcción: esto sirvió de excusa por un lado para que entrara capital público a través de una sociedad mixta –con un socio privado elegido a dedo–, y por el otro para que Azcón y Chueca hayan atribuido desde entonces esta circunstancia a “la oposición”. El círculo se cierra.

O no, porque los problemas no han dejado de agravarse. El coste para las arcas públicas del nuevo estadio ha ido aumentando al mismo tiempo que se reducía la aportación privada: el Real Zaragoza incumplió con los 6,8 millones de euros que debía desembolsar en 2024, lo que obligó a reprogramar el calendario de pagos, y esperó hasta última hora para aportar los 10 millones comprometidos para el año pasado.

Las consecuencias económicas del descenso

Como recuerda la Cámara de Cuentas de Aragón en un reciente informe, la “viabilidad” de la sociedad La Nueva Romareda “está garantizada en la actualidad por la aportación de los dos socios públicos”, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. Pese a esto, la propiedad del club seguirá pudiendo explotar el nuevo estadio en forma de eventos deportivos y musicales. La entrada de Vox en la sociedad, sin embargo, ha obligado al PP a adoptar una posición más vigilante, y la alcaldesa ya ha recordado más de una vez que el pacto parasocial suscrito a tres bandas fija una penalización en caso de incumplir con los pagos: de aplicarse las cláusulas correspondientes, la sociedad anónima deportiva se quedaría sin los beneficios de la mencionada explotación.

Y ahora llega el escenario del más que posible descenso, lo que también tiene implicaciones directas. En primer lugar, porque el pacto parasocial establece unas aportaciones anuales menores para el club en Primera RFEF: el canon fijo baja de 1,1 millones a 275.000 euros, un 75% menos. A cambio, el Real Zaragoza recibiría menos dinero de Ibercaja en concepto de 'naming': de un millón de euros a 500.000 en la tercera categoría del fútbol español, diferencia que tendría que devolver porque la entidad bancaria ya transfirió el total de 10 millones comprometido. Pero la incógnita más importante es si la drástica reducción en los ingresos televisivos y por entradas puede afectar al compromiso de los máximos accionistas con el nuevo cambio. Porque el cronograma para la sociedad anónima deportiva con La Nueva Romareda, como se ha dicho, se mantiene y es claro: 5 millones este año, 12 millones en 2027 y 7 más en 2028, hasta un total de 24 millones de euros. La consecuencia de no pagar a tiempo: el Real Zaragoza SAD se quedaría sin los ingentes ingresos por la explotación del campo durante los próximos 75 años.

El PSOE de Zaragoza ha reaccionado a la publicación este viernes del informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas sobre los sobrecostes en las obras de la nueva Romareda y ha reclamado una junta de portavoces “urgente y extraordinaria” para que el Gobierno de Natalia Chueca proporcione información “detallada” y explique “dónde va destinado hasta el último euro” de dinero público comprometido en esta obra.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha denunciado “la absoluta falta de transparencia y oscurantismo del PP sobre un proyecto” que, según ha recordado en alusión a unas manifestaciones del ahora presidente Jorge Azcón y de la propia alcaldesa en campaña electoral, iba a costar “cero euros a los zaragozanos”.

Además, ha criticado que el Gobierno del PP en la capital aragonesa vuelva a “burlar el compromiso” aprobado por el pleno del Ayuntamiento de que “cualquier información de interés” relativa a las obras del nuevo campo de fútbol serían informadas en Junta de Portavoces.

“Resulta inaceptable que los grupos de la oposición y la ciudadanía tengamos que conocer un asunto de esta relevancia a través de un medio de comunicación, en lugar de por los cauces institucionales y con la debida rendición de cuentas”, ha lamentado.

Además, ha dicho, “este informe vendría a confirmar lo que ya advertimos desde el principio: que el coste de la construcción del campo de fútbol iba a incrementarse notablemente, muy lejos de aquellas promesas electorales de que no tendría coste para las arcas públicas”.

“Creemos que Zaragoza merece un Gobierno que actúe con rigor, transparencia y respeto a las instituciones, especialmente en proyectos de gran impacto económico para la ciudad”, ha insistido.

“Transparencia y control”

“La Romareda es uno de los proyectos más importantes para la ciudad después de la Expo por lo que la transparencia y el control tienen que ser absolutos. Por eso, desde el PSOE vamos a seguir solicitando, como siempre, máxima información para despejar cualquier sospecha de duda y para que no se dé la sensación de que se está ocultando algo a la ciudad”, ha alertado.

Ranera también ha recordado que “Chueca vetó la presencia del PSOE el Consejo de Administración de la Nueva Romareda para que conociéramos de primera mano cualquier información sobre el proyecto. Nadie se cree a estas alturas que Vox haga esa labor de control en el Consejo”.

La portavoz municipal ha considerado que, en todo caso, todo lo que atañe a La Romareda debe abordarse con máxima responsabilidad, teniendo en cuenta además el momento especialmente sensible de la situación deportiva del Real Zaragoza, que no está respondiendo a las expectativas de su magnífica afición.

El PP: no hay “sobrecoste”

Por su parte, el consejero municipal Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha asegurado negado que haya “sobrecoste” en la construcción del estadio, y vincula el diagnóstico de la Cámara de Cuentas de Aragón con una “disparidad de criterio sobre quien paga ciertos gastos ya previstos”.

El informe de fiscalización refleja que el coste del estadio, según la tesis de Serrano, es de 163 millones de euros y que hay “otros 10 millones de euros”, hasta los 173 millones, “en los que hay un criterio diferente de si son gastos que deben ser asumidos por la sociedad Nueva Romareda o deben ser asumidos por alguno de los socios, en este caso por el Gobierno de Aragón o el Ayuntamiento de Zaragoza”, ha aclarado.

Serrano ha precisado que el informe señala que las obras de la construcción del estadio asciende a 145 millones, otros 15 millones son de la construcción del estadio modular y que ha habido en concepto de gastos generales otros tres millones de euros, lo que suman los 163 millones de euros que “siempre han configurado el presupuesto”.

El consejero ha comentado que considerar que esas obras de urbanización corresponderían pagarlas a la sociedad Nueva Romareda sería “estimar que son obras única y exclusivamente privadas para dar servicio al estadio, pero no es así” ya que no solamente tienen que ver con la adecuación de lo que es estrictamente el estadio de La Nueva Romareda, sino “también con la adecuación del espacio dado que afecta también a sistemas generales de la ciudad”.

Por ello, desde una consideración jurídica y económica, esas obras “en ningún caso se pueden contemplar como obras de urbanización privada”, ha zanjado.

La Cámara de Cuentas de Aragón ha emitido un duro informe de fiscalización sobre la gestión de La Nueva Romareda S.L., la sociedad creada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón —a través de la Corporación Empresarial— y el Real Zaragoza SAD para construir el nuevo estadio. El informe, aprobado el 15 de abril de 2026, detecta incumplimientos en materia contable, contratación pública, transparencia y gestión operativa, hasta el punto de que ninguno de los once contratos revisados por los auditores se libra de irregularidades. Además, la Cámara rechaza todas las alegaciones presentadas por la sociedad y mantiene íntegramente las principales conclusiones del informe.

El órgano fiscalizador concluye que el coste global del proyecto alcanza ya al menos 173,2 millones de euros, una cifra superior a la inicialmente prevista y que ni siquiera incluye todos los gastos asociados a la operación. Y a esa cantidad habrá que sumar, entre otras partidas aún no integradas completamente en las cuentas de la sociedad, los 3,5 millones previstos para la urbanización del entorno del estadio y las tasas urbanísticas de la construción, lo que aproximará el gasto total a los 180 millones de euros, y eso sin contar con nuevos ajustes al alza.

La Cámara sostiene además que la sociedad ha funcionado durante su primer año “anticipándose” a sus propios acuerdos societarios. Las cuentas de 2024 registraron una ampliación de capital que no fue aprobada formalmente por la Junta General hasta junio de 2025. Mientras tanto, los socios públicos adelantaron 10,1 millones de euros y el Real Zaragoza incumplió la aportación de 6,8 millones prevista en el pacto inicial sin que conste reclamación formal alguna por parte de la sociedad. Para la Cámara, la contabilidad no reflejaba correctamente la situación jurídica existente al cierre del ejercicio.

Uno de los apartados más contundentes del informe afecta a la contratación pública. La Cámara revisó una muestra de once contratos y detectó deficiencias en todos ellos. Entre las irregularidades recurrentes figuran la ausencia del acuerdo formal de inicio de expediente exigido por la Ley de Contratos del Sector Público, memorias justificativas insuficientes, falta de designación formal del responsable de contrato y defectos de publicidad y transparencia en los anuncios de adjudicación y formalización.

Las observaciones más graves se concentran en las obras del estadio modular y en el contrato principal de construcción del nuevo campo. En el estadio modular, la sociedad introdujo cambios sustanciales en el proyecto —como la eliminación de cubiertas o modificaciones estructurales— sin tramitar el correspondiente expediente de modificación contractual ni contar con aprobación formal del órgano de contratación. La modificación no fue regularizada hasta cinco meses después de ejecutarse los cambios. Además, IDOM recibió directamente la modificación del proyecto del estadio principal para adaptarlo a una construcción en fase única sin procedimiento ajustado a la legislación contractual y sin que conste el importe de esa adjudicación.

En el contrato principal de obras, adjudicado a la UTE OHL-Altuna-Ohla por 124,5 millones de euros, la Cámara detecta además contradicciones entre el procedimiento aprobado por el Consejo de Administración y el que figuraba realmente en los pliegos de contratación.

Falta de transparencia

La falta de transparencia constituye otro de los grandes reproches del informe. La Cámara concluye que la sociedad incumple diversas obligaciones previstas en la Ley de Transparencia de Aragón. Entre otras cuestiones, no publica la relación de puestos de trabajo, las retribuciones de la plantilla ni las del máximo responsable ejecutivo. Tampoco facilita la información financiera y estadística exigida legalmente ni publicó correctamente la creación de su página web corporativa conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

El informe también cuestiona la ausencia de control sobre el Real Zaragoza SAD. El pacto parasocial vigente desde diciembre de 2023 obligaba al club a pagar un canon por utilizar tanto el estadio actual como el modular provisional, pero a fecha de cierre de la fiscalización no se había fijado ni reclamado cantidad alguna ni por 2024 ni por 2025. La Cámara señala además que ni el Real Zaragoza ni el Ayuntamiento respondieron a las solicitudes de información remitidas durante la auditoría sobre esta cuestión.

En materia de personal, la sociedad tampoco dispone todavía de instrumentos formales de ordenación interna pese a llevar más de un año operativa. La Cámara detecta además que trabajadores de Expo Zaragoza Empresarial prestaron servicios de apoyo a La Nueva Romareda durante 2024 sin convenio formalizado ni contraprestación económica registrada en la contabilidad.

La auditoría operativa advierte de que la viabilidad de la sociedad depende casi exclusivamente de las administraciones públicas. El Real Zaragoza no aportó capital en 2024 ni abonó canon alguno, mientras que el peso financiero de Ayuntamiento y Gobierno de Aragón, incluyendo préstamos participativos previstos, alcanza ya más del 90% de la financiación comprometida.

Sin plan de negocio

La Cámara de Cuentas también cuestiona seriamente la fiabilidad del plan de negocio del proyecto. El informe advierte de que la sociedad no dispone de un plan actualizado desde su constitución y que las previsiones de ingresos manejadas dependen en gran medida de variables imposibles de garantizar, especialmente de la evolución deportiva futura del Real Zaragoza. Los propios informes municipales manejan estimaciones económicas diferentes entre sí, lo que lleva al órgano fiscalizador a poner en duda la solidez de los cálculos utilizados para justificar la sostenibilidad económica del proyecto.

El informe de la Cámara recoge una larga lista de incumplimientos y deficiencias que afectan al control, la contratación, la transparencia y la gestión económica de uno de los mayores proyectos públicos actualmente en marcha en Aragón.

Aragón se enfrenta a un escenario donde la gestión de grandes infraestructuras y el estancamiento deportivo amenazan con colisionar de forma estrepitosa. En una apuesta de riesgo extremo, las instituciones aragonesas han comprometido cerca de 175 millones de euros de dinero público en la construcción de la Nueva Romareda y el rescate patrimonial de El Alcoraz, justo cuando el Real Zaragoza y la SD Huesca se arriesgan a perder la categoría y caer al fútbol semiamateur de la Primera RFEF. Esta sangría económica se extiende al asfalto de Alcañiz, donde el circuito de MotorLand se enfrenta a la fragilidad de un contrato de MotoGP que podría desvanecerse, dejando tras de sí importantes infraestructuras, presupuestos exhaustos que ya alcanzan una inversión acumulada de 260 millones de euros, y un modelo de élite que parece haber olvidado por completo la realidad del deporte base en el territorio.

En Zaragoza, el horizonte urbanístico se transforma hoy bajo el peso de las grúas, pero lo que debería ser un símbolo de progreso amenaza con convertirse, según la oposición, en un monumento a la imprudencia financiera. La construcción de la Nueva Romareda se ha proyectado sobre un cimiento de cristal: la supuesta solvencia de un club que sigue vagando por la Segunda División, alejado de los ingresos astronómicos que solo garantiza la máxima categoría del fútbol profesional.

Mientras el hormigón se asienta, las arcas públicas se vacían en una apuesta donde el ciudadano asume el riesgo y el beneficio deportivo es, por ahora, una simple promesa de futuro. Esta sangría económica resulta especialmente hiriente cuando se observa que la inversión pública total comprometida —unos 175 millones de euros ya entre Ayuntamiento y Gobierno de Aragón— triplica el presupuesto anual de toda la Dirección General de Deporte, dejando al resto de disciplinas en una situación de precariedad institucional.

El despliegue de recursos es relevante. La operación principal del nuevo estadio se ha adjudicado por 124,5 millones de euros para el derribo y edificación (consiguiendo una pequeña rebaja sobre la licitación inicial de 138 millones), pero el coste total del proyecto, sumando tecnología, terrenos de juego y urbanización, escalará por encima de los 170 millones.

A esta cifra hay que añadir el peaje de la provisionalidad: el estadio modular del Parking Norte, una “solución temporal” que le costará a la sociedad mixta 12,7 millones de euros. Este gasto se desglosa en una factura que parece una broma pesada para cualquier otra federación deportiva: 5,6 millones solo por el montaje, 3,5 millones en concepto de alquiler y mantenimiento durante dos años, y casi un millón de euros adicional simplemente para hacerlo desaparecer una vez cumpla su función.

El sobrecoste de la Nueva Romareda ha experimentado variaciones importantes respecto a los primeros anuncios, debido principalmente a la inflación de materiales y a la inclusión de proyectos adicionales como el estadio temporal. Algunos informes externos y de la oposición sitúan el coste final real por encima de los 240 millones de euros si se computan los intereses financieros de los préstamos a 75 años y los gastos operativos a largo plazo.

El Alcoraz

En Aragón, el apoyo a las infraestructuras deportivas ha dado mucho que hablar últimamente, sobre todo por el cambio de modelo, al pasar de simples subvenciones a convertir en socio al Gobierno de Aragón o, incluso, propietario de los estadios. Es el caso de la compra de El Alcoraz de Huesca por 24,4 millones de euros, pagado en 5 anualidades (un 20% cada año). El objetivo, permitir que la SD Huesca cumpla con el control económico de La Liga y compensar pérdidas (que rondaban los 15 millones). El estadio pasa a ser de titularidad pública, aunque el club lo sigue gestionando mediante una licencia o concesión hasta que se licite formalmente.

La Nueva Romareda (Real Zaragoza) es un modelo de sociedad mixta. Aquí no hay una “compra”, sino una sociedad limitada (La Nueva Romareda SL) donde tres socios ponen dinero para construir el nuevo estadio. En Huesca, el dinero va “al club” a cambio de la instalación deportiva; en Zaragoza, el dinero público va “a una caja común” para construir una obra nueva desde cero.

El despliegue de recursos evidencia una desigualdad en el reparto de las cuentas autonómicas. Solo la aportación de 76 millones de euros comprometida por el Gobierno de Aragón para el nuevo estadio de la capital, sumada a los 24,4 millones destinados a la adquisición de El Alcoraz en Huesca, supone un desembolso que bloquea cualquier otra mejora estructural en la región.

Mientras estos cheques millonarios se firman con presteza, la partida de la Dirección General de Deporte destinada a la red de instalaciones y polideportivos de las tres provincias apenas cuenta con fondos testimoniales para pequeñas reformas. Es decir, el Ejecutivo autonómico gasta en un solo estadio modular temporal —el portátil del Parking Norte, que cuesta 12,7 millones de euros entre montaje, alquiler y desmontaje— lo mismo que dedica a fomentar el deporte base, escolar y federado de miles de aragoneses durante varios años de legislatura.

No obstante, la distorsión de prioridades se revela también territorialmente. En Teruel, el Estadio de Pinilla, con más de noventa años de historia, ha tenido que esperar décadas para una reforma integral de 16 millones de euros que, aunque financiada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón (80% el Gobierno de Aragón y 20%, Ayuntamiento de Teruel), se ha concedido a cuentagotas y tras años de reivindicaciones. Mientras se debate cada euro para que los clubes turolenses dispongan de vestuarios dignos o iluminación adecuada, en Zaragoza se asume con naturalidad un gasto de casi un millón de euros solo por “hacer desaparecer” el estadio provisional cuando ya no sea necesario.

Esta política de “ladrillo y fútbol” configura un modelo donde el fútbol profesional es el único comensal en una mesa de escasez, absorbiendo el capital necesario para que el atletismo, la natación o el baloncesto base dispongan de espacios dignos. Este deporte deja tras de sí un “rastro de promesas incumplidas” en el Plan de Instalaciones Deportivas de la comunidad, que debería haber llegado a todos los municipios y no solo a los dos grandes clubes, según han denunciado varios grupos de la oposición parlamentaria como CHA, Podemos, PSOE y Teruel Existe.

Motorland en ascuas

Aunque el fútbol es el astro, en Aragón hay más proyectos que son un sumidero de ayudas pero sin garantías de resultados deportivos.

El complejo de la Ciudad del Motor de Alcañiz (Teruel) y sede del Gran Premio de Motociclismo de Aragón de los mundiales de MotoGP, Moto2 y Moto3, es un caso distinto porque es una sociedad pública casi en su totalidad (Gobierno de Aragón y Diputación de Teruel), con inyecciones recurrentes que ya suman 260 millones de euros: El Gobierno de Aragón suele inyectar entre 6 y 9 millones de euros anuales para equilibrar las pérdidas operativas y pagar el canon de MotoGP. Es un dinero que “desaparece” cada 31 de diciembre sin generar patrimonio nuevo.

Entre las ayudas específicas de 2025-2026, se han destinado 1,3 millones del FITE (Fondo de Inversiones de Teruel) para mejoras en el circuito y formación.

MotorLand depende totalmente de que Dorna (dueña de MotoGP) quiera seguir viniendo a Alcañiz. Sin el Mundial, el circuito es una instalación inmensa con un retorno social mínimo para la zona.

El Gobierno de Aragón reclama al Gobierno de España que aporte 2 millones de euros anuales para MotorLand, igual que hace con Montmeló. Si esa ayuda no llega y los costes de La Romareda siguen subiendo, el GP de Motociclismo podría dejar de estar “asegurado” a partir de 2027 simplemente porque no habría financiación suficiente.

En plena crisis del Real Zaragoza, con el equipo con serias posibilidades de descender a Primera RFEF, el presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, compartió mesa y mantel días atrás en Madrid con el consejero del club Juan Forcén y con el máximo responsable del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín. Lo hizo con motivo de un acto convocado por la empresa cárnica Discarlux con motivo de su 20 aniversario.

La actual propiedad del Real Zaragoza mantiene estrechos lazos con el club rojiblanco, algo que ha levantado suspicacias entre la afición blanquilla. En especial, a tenor de la marcha deportiva del club, que esta temporada lleva meses en situación de descenso y tiene la permanencia a seis puntos.

Fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que el también líder del PP aragonés acudió a título personal. Al evento, que tuvo lugar el jueves de la semana pasada, acudieron más de 150 personalidades del deporte y los medios de comunicación, tal y como ha publicado la propia firma en sus redes sociales, aunque solo un político de relevancia: Azcón. El líder del PP aragonés se sentó en la mesa junto a Forcén –con quien le une una estrecha amistad– y con el hasta ahora accionista mayoritario del Atlético de Madrid, y también con la periodista Susanna Griso, entre otros.

En el evento, que tuvo mucha difusión en redes sociales, participaron decenas de personalidades y famosos, entre ellos Vicente del Bosque, el actual seleccionador Luis de la Fuente, exdeportistas, Albert Ribera, Pablo Carbonell, Marta Hazas, Manuel Jabois o Pipi Estrada.

El restaurante Filandón de Madrid fue el escenario elegido para celebrar los 20 años de Discarlux, que se define como uno de los grandes referentes europeos en la distribución de carne premium. La firma estuvo representada por Carlos Ronda y José Portas, gerentes de Discarlux.

La velada tiene su reflejo en la propia web de la empresa, donde se nombra y se refleja en imágenes a casi todos los asistentes, aunque la presencia de Azcón y Forcén solo se advierte en un vídeo colgado por la compañía en Youtube. Ambos aparecen en un ambiente distendido con Miguel Ángel Gil Marín, que continúa al frente de la gestión del club Atlético de Madrid aunque el club ha formalizado la entrada del fondo estadounidense Apollo como accionista mayoritario.

El consejo de administración de la sociedad La Nueva Romareda ha aprobado el contrato de arrendamiento de industria del estadio Ibercaja Romareda, que permitirá al club del Real Zaragoza la gestión de la actividad como campo de fútbol, tal y como ya se estableció en el pacto parasocial de 2023. Aunque el canon mejora de forma sustancial respecto a lo inicialmente firmado, sigue muy lejos de lo que se prevé ingresar en concepto de explotación del estadio por la propiedad de la sociedad anónima deportiva.

Una vez terminada la construcción del equipamiento, se hará la entrega formal del uso principal como campo de fútbol y sus usos coadyuvantes, como 'hospitality', oficinas, tienda o museo –algunos en bruto y que deberán ser acondicionados por el club– por un plazo de duración máximo de 75 años, que es el tiempo vigente del derecho de superficie que tiene La Nueva Romareda, descontado el tiempo ya transcurrido desde la cesión por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Este contrato privado de naturaleza patrimonial estipula todas las condiciones técnicas y económicas que deberán regir el uso, así como las obligaciones y derechos de las partes. Quedan expresamente excluidos de este contrato la explotación de los equipamientos terciarios. Asimismo, hay unas cláusulas de garantía que recogen los motivos que causan la resolución de dicho contrato en caso de que el Real Zaragoza incumpla tanto sus obligaciones en las aportaciones de capital a la Sociedad como en el abono de las cuantías fijadas por arrendamiento.

La renta anual que deberá satisfacer el Real Zaragoza estará compuesta por cantidades fijas y variables. En este sentido, en lo que respecta a la renta fija, será la contraprestación por usar las instalaciones en su actividad futbolística, derechos de televisión, patrocinios, explotación comercial, abonos, 'ticketing', tienda del club, tour museístico, zona 'hospitality', o restauración, entre otros. Así, el año 0 –fecha de entrega– y las 5 anualidades siguientes, el Real Zaragoza abonará 1.100.000 euros por año. Esta cantidad se irá incrementando en 200.000 euros cada 5 años. Y a partir del año 41 y hasta el final, la cantidad saltará a los 3 millones de euros y quedará invariable.

A esta renta fija se le adicionará el importe del IVA correspondiente y será objeto de revisión anual acumulativa en función del IPC del ejercicio anterior.

14 millones de euros anuales de ingresos estimados

Estas cuotas fijas mejoran lo señalado tanto en los pactos parasociales de 2023, revisados en 2025 –donde se estimaba un canon de entre 150.000 euros y 3 millones de euros–, como en el estudio de mercado encargado en 2025 por La Nueva Romareda y donde se señalaba la horquilla idónea de entre 1 y 3 millones de euros. Siguen, en todo caso, muy lejos de las previsiones de ingresos para el club –una sociedad anónima deportiva, con propietarios privados–, de unos 14 millones de euros anuales.

Asimismo, ante esta convocatoria de una consulta preliminar por parte de la Sociedad, el Real Zaragoza, que fue el único operador que se presentó, ya manifestó expresamente su interés y capacidad para afrontar estas condiciones, incrementando de hecho la cuota inicial marcada. De este modo, se pagará siempre un 25% de la renta fija anual cada trimestre vencido. En caso de jugar en la primera categoría del fútbol profesional, las cantidades antes mencionadas se incrementará un 50%. Mientras que, si se compite en Primera RFEF, se reducirá el correspondiente ejercicio en un 75%. Asimismo, el año 0 solo deberá pagar la parte proporcional al tiempo transcurrido entre la entrega y el final de ese año.

En lo referente a la renta variable, el Real Zaragoza deberá abonar el 5% de los ingresos brutos, sin IVA, obtenidos en la gestión del estadio para actividad no vinculada al uso principal como son macroeventos, conciertos, entretenimiento, congresos, simposios, eventos culturales.

La Nueva Romareda tendrá la facultad de acceder a la información y documentación económica contable del Real Zaragoza que le permita conocer con certeza el importe de los ingresos brutos sobre los que se calculará esta renta variable.

Asimismo, en lo que respecta al contrato ya existente de 'naming rights' suscrito entre la Sociedad e Ibercaja Banco para los aprovechamientos publicitarios por la denominación de los estadios tanto del estadio modular como del nuevo en construcción, el Real Zaragoza acepta y asume las obligaciones y compromisos.

Condiciones especiales para el Mundial 2030

El hecho de que Zaragoza sea sede del Mundial de Fútbol 2030 también se incluye en este contrato. Por ello, el Real Zaragoza deberá ceder a la sociedad La Nueva Romareda el uso de todo el estadio durante el tiempo que se estime necesario para atender a los requerimientos que sean efectuados por la FIFA y la RFEF, lo que incluye también la explotación hostelera interna y publicitaria, con una puesta a disposición total o parcial para dicho evento mundial.

Esta situación no generará ningún derecho a percibir retribución o indemnización alguna, si bien se descontará del precio del arrendamiento la parte de los días en los que el estadio no pueda ser usado por el club, y será La Nueva Romareda la que asuma los gastos fijos de consumo como son el agua, la electricidad, la limpieza, la seguridad.

Estas excepciones se hacen extensibles a los partidos o campeonatos de selecciones nacionales y a cualesquiera otros eventos organizados por la RFEF, la UEFA, la FIFA u otros organismos federativos nacionales o internacionales.

La Nueva Romareda, como propietaria del estadio, será responsable hasta el 31 de diciembre del 2030, año de celebración del Mundial de Fútbol donde Zaragoza será sede, de todas las actividades de mantenimiento correctivo, extraordinario –días de partido– y preventivo, y de la gestión de las garantías que se deriven de los contratos de construcción del nuevo estadio. Se incluyen los paquetes de tecnología, asientos y terreno de juego que se licitarán de forma separada así como de cualquier otra obra o proyecto necesario para adecuación del estadio a requerimientos y normativas FIFA, UEFA o similar de cara al Mundial 2030.

Se trata de los sistemas de control de accesos, seguridad y megafonía UCO, cámaras para el graderío, equipamiento de la sala control UCO, la megafonía espectacular, el sistema de producción televisiva, los videomarcadores, los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.

Alumbrado

También incluye los sistemas de detección, alarma y extinción de incendios, los sistema eléctricos, el alumbrado deportivo, del estadio, de fachada y de emergencia, el sistema de generación de energía renovable solar, así como todo el cableado de tecnología, la ventilación, la climatización, la fontanería, la fachada, las cubiertas y los asientos.

Se dejará fuera de este alcance el mantenimiento correctivo y preventivo del terreno de juego (césped) excepto durante aquellos periodos que se consideren necesarios para la correcta operativa del estadio como sede del Mundial 2030.

A partir del 1 de enero del 2031 será el Real Zaragoza y sus contratistas quienes realizarán el mantenimiento correctivo ordinario, extraordinario y preventivo, mientras que La Nueva Romareda realizará el control y supervisión de todas las actividades necesarias para garantizar el correcto mantenimiento de las infraestructuras, sistemas e instalaciones que conforman el nuevo estadio.

El Real Zaragoza tiene que pagar antes del 31 de diciembre a la sociedad La Nueva Romareda los 10 millones de euros comprometidos para el nuevo campo y el reloj corre. Este jueves, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha sido cuestionado al respecto y su primera respuesta ha sido elocuente: “Es una buena pregunta”.

Sus declaraciones se han producido en la firma de un convenio de colaboración con Aramón destinado a facilitar el acceso del alumnado aragonés a los deportes de invierno, aunque ha pasado la pelota al tejado del club zaragozano: “Se lo tenéis que preguntar a ellos, no estoy en la cabeza de sus dirigentes”.

A continuación, eso sí, ha mostrado su esperanza de que los propietarios del equipo blanquillo “vayan a pagar”: “Es lo que mantienen ellos y yo me lo tengo que creer”.

El Real Zaragoza ya iba a incumplir el año pasado con su compromiso de 6,8 millones de euros y eso obligó a reprogramar todo el calendario de pagos, de manera que en el ejercicio actual debe aumentar el desembolso hasta los 10 millones. Desde el club han mantenido desde el principio que esta vez se iba a cumplir y fuentes blanquillas han confirmado este jueves a elDiario.es que nada ha cambiado al respecto.

Lo que sí parece haber variado esta vez es la voluntad, al menos por parte del Ejecutivo autonómico, de aplicar las penalizaciones que contempla el pacto parasocial en caso de incumplimiento, unos resortes que supondrían dejar fuera de la sociedad La Nueva Romareda al Real Zaragoza si no transfiere el dinero. Lo que, a su vez, conllevaría dejarle fuera de la explotación del estadio, como así está previsto que sea durante 75 años. Un periodo en el que, según las previsiones establecidas, el club irá ingresando anualmente unos 14 millones de euros, frente al canon de entre 1,1 millones –en Segunda– y 1,6 –si sube a Primera– que debe pagar.

“Si no (cumple), en el Gobierno de Aragón defenderemos nuestros intereses. Está todo establecido”, ha dejado claro Bermúdez de Castro este jueves.

También desde el Ayuntamiento de Zaragoza –tercera pata de La Nueva Romareda– han mantenido que ahora no transigirían ante un eventual impago. Y lo mismo ha expresado la concejal de Vox Eva Torres, miembro del consejo de administración como parte de la oposición: “Los acuerdos están para cumplirlos. Y los calendarios de aportaciones para los socios, también. En caso contrario, habrá que ir a ejecutar las consecuencias que recoge el pacto de socios. La postura de Vox es muy firme”, manifestó días atrás a este diario.

En la campaña municipal de 2019, el entonces alcalde Jorge Azcón asoció públicamente su imagen al Real Zaragoza con permiso del entonces presidente blanquillo, Christian Lapetra. La comunión con su sucesor, el ahora máximo responsable blanquillo Jorge Mas, ha sido total. Y en 2023 fue la candidata del PP Natalia Chueca la que se fotografió en los aledaños del estadio de fútbol. Lo hizo con un titular inequívoco: “La Romareda es un 40% del voto este 28-M”.

De ser cierto eso, los populares tienen en la actualidad serios motivos para la preocupación: el equipo se asoma al abismo de la Primera Federación –primer escalón del fútbol semiprofesional–, la afición se revuelve contra una propiedad compuesta por una madeja accionarial en la que nadie se hace responsable y, para colmo, se multiplican las dudas con el nuevo estadio: la infraestructura, que pasó de no costar un euro a las arcas públicas a suponer más de 150 millones de euros, corre riesgo de quedarse sin su casi único usuario y además los plazos para su inauguración apremian.

Este cóctel explosivo le puede salpicar a Azcón y al PP en el primer trimestre de 2026, con el eventual escenario de un adelanto electoral. Como síntoma, la alcaldesa no acudirá este domingo al Ibercaja Estadio para presenciar el derbi frente a la SD Huesca, tal y como han confirmado fuentes municipales.

La ilusión con la que el grupo inversor internacional desembarcó en Zaragoza en mayo de 2022 se ha desvanecido por completo. En estos tres años y medio, el cambio societario ha implicado una reducción de la deuda tras sucesivas ampliaciones de capital, un aumento de la cifra de negocio y más patrimonio neto. Sin embargo, la maraña accionarial y las estrechas vinculaciones con el Atlético de Madrid se unen al catastrófico rendimiento deportivo para generar una contestación entre la afición inédita hasta el momento.

Los evidentes vínculos con el Atlético de Madrid

¿Quién es el principal propietario del Real Zaragoza y hasta qué punto hay un vínculo –necesariamente subalterno– con el club colchonero y con su presidente, Miguel Ángel Gil Marín? Pese a que recientemente el director general, Fernando López, se tuvo que referir expresamente a la cuestión para tratar de desmentirlo, lo cierto es que las dudas vienen reflejadas por los hechos que reflejan la madeja societaria.

La sociedad anónima deportiva pertenece de forma muy mayoritaria (98,8%) a la firma Real Z LCC, radicada en Connecticut (EEUU).

Real Z LCC tiene como principal socio (50,1%) a Gloval Tavira, del abogado Pablo Jiménez de Parga y de Joseph Oughourlian, máximo accionista del grupo Prisa. Jiménez de Parga, que es secretario del consejo de administración de Atlético HoldCo –firma mayoritaria en el club colchonero–, es socio de Écija Abogados: de ahí la presencia de Cristina Llop en el consejo del Real Zaragoza.

Tras Global Tavira aparece como segundo accionista Real Venture (25%), de Jorge Mas pero también vinculada con los rojiblancos a través de Mark Affolter, consejero de Atlético HoldCo.

El tercer lugar figura Zfútbol con un 16,6%, y aquí se repite el patrón: tras la firma están el propio Affolter y Jim Miller. Tanto uno como otro son consejeros de Atlético HoldCo en representación de Ares Management, que protagonizó una ampliación de capital por más de 180 millones de euros para hacerse precisamente con la principal accionista del club rojiblanco.

Ni Affolter ni Miller son consejeros de Real Z LCC, pero sí Mariano Aguilar y Emilio Cruz, cabezas visibles en el club de Gil Marín y del entramado propietario del Atlético. El primero de ellos se ocupa de la parte deportiva, con los resultados conocidos. Y a ellos se suma el director general, Fernando López, también vinculado con la misma madeja empresarial.

Es decir, que más de un 90% de la masa accionarial del Real Zaragoza está relacionada con el Atlético de Madrid.

Finalmente, en el cuarto escalón se sitúa Riverside Management (8,3%), que comparte dirección postal en Westport (Connecticut) con la sociedad Real Z LCC y que es propiedad de Jim Carpenter. Que a su vez está ligado a Juan Forcén, constructor zaragozano que lleva en el consejo del Real Zaragoza desde 2006 y que es amigo personal de Jorge Azcón. Ambos participaron en el impulso de Torre Zaragoza.

Las dudas del estadio

Y al rendimiento deportivo del Real Zaragoza, principal y casi único usuario de La Romareda, se unen las dudas sobre el nuevo estadio, que no iba a costar un euro a los zaragozanos y a los aragoneses y que ya va por 150 millones de euros, según lo proyectado.

El propio consejero de Hacienda autonómico, Roberto Bermúdez de Castro –conocedor de las entrañas del fútbol gracias a su pasado en La Liga–, reconoció en una reciente entrevista que el club blanquillo “no debería estar más de un año” en Primera RFEF en caso de descenso a esta categoría, una posibilidad muy presente: hoy por hoy es colista en LaLiga Hypermotion con seis puntos y a nueve de la salvación.

En caso de continuar más de un año en la primera categoría del fútbol semiprofesional, o incluso antes si la actual propiedad opta por liquidar la sociedad, el Real Zaragoza se enfrenta al riesgo de desaparición, lo que dejaría en el aire la continuidad del grupo inversor y, de forma concatenada, su participación en la construcción del nuevo campo.

Más cercano en el horizonte está el mes de diciembre, cuando finaliza el plazo para que la propiedad del Real Zaragoza desembolse los 10 millones de euros que le corresponden para el estadio en construcción. En 2024 la sociedad anónima ya incumplió con su parte, lo que llevó a reprogramar todo el calendario de pagos. Entonces ya existía la posibilidad de que Gobierno de Aragón y Ayuntamiento, los otros dos integrantes de La Nueva Romareda –la sociedad que promueve el estadio–, propiciaran la salida del club del proyecto, pero no ejecutaron estos resortes. Eso habría supuesto que el Real Zaragoza se quedaría sin la explotación del estadio, lo que dejaría a sus propietarios sin cuantiosos beneficios.

Ahora, sin embargo, la situación puede haber cambiado. Desde hace unos meses forma parte de La Nueva Romareda la concejal de Vox Eva Torres, y su postura no es benevolente ante un nuevo impago. “Los acuerdos están para cumplirlos. Y los calendarios de aportaciones para los socios, también. En caso contrario, habrá que ir a ejecutar las consecuencias que recoge el pacto de socios. La postura de Vox es muy firme”, apunta a este periódico la edil y consejera de la sociedad.

También surgen dudas sobre los plazos de finalización del campo. Está anunciado para junio de 2027, pero en el equipo de gobierno del PP son conscientes de que cualquier tropiezo en una obra de esta magnitud y presupuestada en más de 120 millones de euros supondrá retrasos. La propia Eva Torres asegura no disponer de “información” en relación con posibles demoras, pero admite que un proyecto “tan complejos” puede sufrir algún retraso.

Lo que no peligra salvo catástrofe es el gran objetivo temporal para el futuro Ibercaja Romareda: el Mundial de fútbol de 2030. Ahora la duda radica en el monitor clínico de su principal inquilino.

La muerte de un adolescente de 15 años que forma parte de la plantilla cadete del Real Zaragoza, Jorge Casado, ha teñido de luto el fútbol aragonés. El club blanquillo ha decretado un día de luto oficial y toda la estructura de la Ciudad Deportiva paralizará su actividad.

El fallecimiento del menor ha tenido lugar esta noche y se ha producido por causas naturales, según informa 'Heraldo de Aragón'.

Casado, socio zaragocista desde niño según informa el Real Zaragoza, entró en la cantera como alevín y jugaba este año su sexta temporada en el club. Era “muy querido dentro del vestuario” y “deja un vacío irremplazable en su equipo”, el cadete A, y en el propio club.

La noticia ha causado un 'shock' en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, que ha paralizado por completo su actividad. El primer equipo guardará un minuto de silencio antes de su entrenamiento.

El club ha manifestado estar “consternado por la pérdida” y se une “al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge”. “Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge”, indica el Real Zaragoza.

Hasta tres años de castigo... por saltar en un campo de fútbol de élite. El estadio provisional en el que el Real Zaragoza va a disputar sus partidos mientras se levanta la nueva Romareda, estrenado recientemente, acumula alguna nota positiva y muchas quejas. Financiado en su mayor parte con dinero público, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza aportan información, aunque con cuentagotas, sobre el modelo de gestión impulsado, por el que la sociedad anónima deportiva paga un canon a cambio de quedarse con la explotación del recinto y de su entorno.

En cuanto al uso del campo por parte de los espectadores, hay opiniones variadas, pero no faltan las críticas. Y eso que la ciudad atraviesa la etapa meteorológica más benigna del año: sin cierzo, frío ni lluvia.

La infraestructura, para más de 20.000 espectadores y levantada en seis meses, no estaba prevista en el cronograma inicial para el nuevo estadio, pero las estrecheces en los plazos obligaron a los tres socios –las dos instituciones y el club de fútbol– a optar por esta opción para llegar a tiempo a la temporada 2027-28.

Los tiempos del campo provisional sí que se han cumplido, por lo que el Real Zaragoza puede jugar en el denominado Ibercaja Estadio desde el inicio de la competición. También el presupuesto, aunque en este caso con matices: se ha rebajado algo la previsión de los 15 millones de euros, pero porque al final se ha sacrificado la cubierta de tribuna, que hubiera generado sobrecostes.

De este importe, 2,5 millones de euros provienen en solitario del Ejecutivo autonómico, que ha asumido la urbanización en su condición de propietario del suelo. A cambio, según un acuerdo de concesión demanial a la sociedad La Nueva Romareda aprobado en Consejo de Gobierno, esta entidad aportará 1.291.858 euros al Gobierno de Aragón. Lo hará, según fuentes autonómicas, “en especie o en 'cash'”.

El mencionado acuerdo también comprende el pago de una tasa de 240.611,88 euros anuales con actualización de IPC —o el periodo equivalente— de la sociedad a la DGA por el uso del suelo en estos dos años.

A su vez, el consejo de administración de La Nueva Romareda aprobó en julio el arrendamiento del recinto al Real Zaragoza por 26 meses, “susceptibles de prórroga hasta que el nuevo estadio de La Romareda esté plenamente operativo”. A cambio del pago de 250.000 euros anuales, más IVA —425.000 euros en Primera—, el Real Zaragoza explota el propio campo de fútbol, las barras de la 'fan zone' y las 1.582 plazas de parking, alquiladas a 150 euros cada una para los socios que lo deseen y de las que aún quedan un tercio vacías.

Con estos números, la propiedad de la sociedad anónima deportiva tiene en su mano recuperar todo el canon anual desembolsado por el uso del estadio.

Hace diez días, el PSOE criticó públicamente al equipo de gobierno del PP por su “oscurantismo” y la “falta de transparencia” en la gestión del campo modular. “Si no nos dan la información, nos da la sensación de que están ocultando algo”, señaló su portavoz, Lola Ranera. Los socialistas habían solicitado un mes antes información sobre los “instrumentos jurídicos” que regulan la cesión del suelo; la “relación contractual” entre la Nueva Romareda y el Real Zaragoza; el estado del “cumplimiento de las obligaciones” de los socios respecto a las “aportaciones de capital”, y un informe sobre el estado de las cuentas de la propia sociedad.

En cuanto al estadio en sí y su uso por parte de la afición zaragocista, hay más sombras que luces. Empezando por el mismo hecho de que esté prohibido saltar, algo que también afectaría lógicamente en el hipotético caso de que el equipo ascendiera de categoría y recibiera a clubes de notoriedad internacional como el Real Madrid o el FC Barcelona. Y una circunstancia que transmite cierta inquietud en cuanto a la seguridad de la construcción.

“Tendrá prohibido el acceso a las instalaciones por un periodo comprendido entre un año y tres años y la pérdida de la condición de socio/a o abonado/a durante el mencionado periodo”, advirtió en un comunicado el club a los posibles incumplidores. Por el momento, no han llevado a efecto estas sanciones, pese a que –como es lógico dado el fin del recinto– sí que ha habido espectadores saltando.

La grada de animación ha sido el otro gran foco de polémica. En un principio el Ayuntamiento la anunción, pero posteriormente la propia alcaldesa la descartó por motivos de seguridad. Y más adelante se dio luz verde a este espacio en la parte inferior del Gol Sur, donde el público está de pie todo el partido.

Lo cual, a su vez, ha generado críticas entre los aficionados situados justo detrás, donde no se puede ver los partidos sentados. Y estos no son los únicos problemas de visibilidad que hay en el Ibercaja Estado.

También ha habido malestar entre la afición por las estrecheces entre filas, por la frialdad que desprende el campo y por los precios de las consumiciones en la 'fan zone'.

Respecto a la movilidad, un punto muy delicado, los problemas se concentran a la salida, pero el Ayuntamiento ha actuado para reordenar el tráfico y tratar de agilizar el postpartido. Aun así, las filas son inevitables.

Si fútbol de élite y política han ido tradicionalmente de la mano, en Aragón parece tratarse más bien de un abrazo apasionado. Porque al capítulo vivido con el Real Zaragoza, en cuyo nuevo estadio las instituciones aragonesas van a desembolsar al menos 150 millones de euros, se suma ahora el de la SD Huesca. Primero fue el patrocinio de Aramón, entidad que pertenece en un 50% al Gobierno autonómico, y ahora llega el premio gordo: la compra por parte del Ejecutivo regional del PP del estadio del Alcoraz, con el que se sanean las cuentas del club.

Y todo ello apenas doce meses después de los cambios que registró la propiedad de la sociedad anónima altoaragonesa, y que han traído como cara más visible a una persona muy próxima al propio Jorge Azcón: el empresario Ricardo Mur, expresidente de CEOE Aragón, vinculado al ámbito tecnológico y que recientemente ha entrado también en los medios de comunicación a través del Hoy Aragón. Amigos ya en la Universidad, el presidente autonómico y el ahora principal responsable de la SD Huesca llegaron juntos al PP en los noventa y juntos se enfrentaron en 2007, como concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza, al entonces líder popular en la provincia, Domingo Buesa. El resultado de la batalla dejó a ambos fuera de las listas electorales... y también fuera de la política. En el caso de Azcón, con carácter temporal.

Si hasta el pasado mayo Mur aparecía en el consejo de administración de la SD Huesca a través de su empresa Sintonía Proyecto e Inversiones, desde entonces figura ya como vicepresidente y consejero del club altoaragonés.

La fecha clave en la venta del estadio es el 11 de agosto, cuando el club celebra una junta general extraodinaria que en el orden del día incluye un punto inequívoco: “Autorización, en su caso, de una posible operación sobre El Alcoraz a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital”.

Este miércoles, el Ejecutivo de Jorge Azcón −quien hace apenas cuatro años llegó a afirmar que política y fútbol no forman “un buen maridaje”− ha dado ya un paso importante al aprobar en Consejo de Gobierno un protocolo con el club “para la futura adquisición del estadio”. El acuerdo valora inicialmente el recinto en 24,4 millones, aunque la compraventa estará “condicionada a una tasación pericial consensuada”. El precio acordado se abonará en cinco anualidades y la SD Huesca, según lo trasladado por el Gobierno de Aragón, no puede distribuir el ingreso “entre los accionistas a modo de dividendo”. Tras la venta, “inminente” según la vicepresidenta Mar Vaquero, la gestión del estadio se sacará a concurso.

“Competir en igualdad de condiciones”

La enajenación del campo de fútbol es algo que llevaba tiempo buscando la propiedad de la SD Huesca, y ha habido varias reuniones con ese objetivo. Aunque la cuestión será objeto de una tasación posterior, las partes estimaban que el valor del Alcoraz ronda entre los 20 y los 25 millones de euros.

El club altoaragonés ha lamentado de forma reiterada que le penaliza ser el único equipo de la Segunda División −La Liga Hypermotion− con el campo en propiedad debido a que parte de sus ingresos no van a fichas de jugadores, sino al gasto de mantenimiento de las instalaciones. Anular ese pasivo, argumentan desde la SD Huesca, permitiría utilizar el 100% de los ingresos para elevar el límite salarial. “Queremos competir en igualdad de condiciones con los otros 21 equipos”, argumentó días atrás el consejero Alfonso García Vicente, llegado al club desde Qatar precisamente de la mano de Ricardo Mur, a través del grupo Arqa, donde ambos figuran como consejeros.

Para ello, como sucede con el Real Zaragoza, aspiran a echar mano del dinero público. El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, fue cuestionado recientemente sobre esta operación y la justificó a partir de una proposición no de ley aprobada en abril por las Cortes de Aragón, con el único voto de IU en contra. En ella, los grupos instan a que Gobierno de Aragón, las diputaciones de Teruel y Huesca y los ayuntamientos aporten “una cuantía proporcional a la invertida en la remodelación del estadio de La Romareda en los clubes de estos dos territorios, tanto profesionales como amateurs, de base y tradicionales”.

El más beneficiado de esta medida va a ser la SD Huesca, aunque no el único: el Ejecutivo autonómico ha comprometido también unos 4 millones de euros para reformar el estadio de Pinilla, que utiliza el CD Teruel, a lo que se sumará otro millón del Ayuntamiento. Unos trabajos, en todo caso, que ya eran urgentes antes de la proposición aprobada en las Cortes.

En cuanto al patrocinio de Aramón, las cifras no han trascendido. El acuerdo es un año de duración, aunque con posibilidad de prórroga. El logo de la entidad de la nieve ocupa ya el lugar central de la camiseta azulgrana y sustituye así al de la Diputación Provincial, que pasa a un lateral.

En julio de 2024 el Ayuntamiento de Huesca ya firmó un acuerdo económico con el club altoaragonés para financiarlo a través de otro patrocinio.

Mientras, otro de los factores que hay que destacar en la operación del estadio de la SD Huesca es el proyecto urbanístico destinado a levantar más de 800 viviendas entre el propio Alcoraz y la A-23, en el esteo de la capital altoaragonesa. El denominado proyecto de los Jardines del Alcoraz fue aprobado de forma definitiva en noviembre del año pasado para una superficie de 29 hectáreas.

El Real Zaragoza

En el caso del Real Zaragoza, las suspicacias llegan por la presencia en el Consejo de Administración de otro empresario muy próximo al presidente Azcón, el constructor Juan Forcén.

Y en este caso la polémica no se limita al millonario desembolso con dinero público en la reforma de La Romareda, sino en otras acciones promovidas desde gobierno del PP como el denominado 'kioscogate', por el que Forcén se quedó con la mayoría de terrazas que salieron a concurso, y en el caso del Parque Grande -muy próximo al estadio- con cinco de las seis.

El último capítulo, que casi ha pasado desapercibido, se vivió el martes, con la presentación del último fichaje del Real Zaragoza, el serbio Aleksandar Radovanic... precisamente en uno de los kioscos adjudicados a Forcén, el Roto Zaragoza.

¿Grada de animación sí o no? La presencia o ausencia de este espacio en el campo modular en el que jugará el Real Zaragoza las dos próximas temporadas ha incendiado a buena parte de la afición del club aragonés, algo a lo que ha contribuido la falta de información clara al respecto. Este martes, la alcaldesa Natalia Chueca ha venido a negar lo que afirmaba el grupo Gol Sur el lunes en un comunicado tras supuestamente haber hablado con el propio Real Zaragoza.

“Fondo Norte tendrá dos accesos, Tribuna Este otros tres, Fondo Sur uno, Grada Animación otro, Preferencia dos más, y los jugadores y personal tendrán otro acceso independiente”. Esta frase, que aparece en sendas notas de prensa publicadas por el Ayuntamiento de Zaragoza el 4 de febrero y el 11 de abril sobre la “estructura del estadio modular provisional”, forma parte de la confusión creada en esta polémica.

En principio, esa zona del campo modular sin asientos debería reservarse para la parte de la afición que más anima, pero el problema es que muchos de ellos son socios de menor antigüedad -el parámetro empleado para priorizar los abonos, dado lo limitado del espacio- que los situados en otros puntos de La Romareda, con lo que su alta podría generar un agravio comparativo.

La alcaldesa, la popular Natalia Chueca, negó hace dos semanas que fuera a haber grada de animación, que “nunca se había planteado” pese a que aparece en el anteproyecto del campo modular: “Estos dos años habrá que ver el partido sentado”, afirmó rotunda.

Sin embargo, el lunes el grupo Gol de Pie hizo público un comunicado en el que, tras “un periodo intenso y un gran esfuerzo” por su parte, anunciaba que el club les iba a “agrupar a todo” en la parte baja de la grada del Fondo Sur. Y eso con “un precio unificado” para todos ellos. Un dato importante es que, según este grupo de aficionados, este martes a las 20:00 horas se termina el plazo que quienes quieren formar parte de la grada de animación informen de ello al Real Zaragoza.

A la confusión se ha sumado el propio club, que ha enviado un correo electrónico a los socios que formaban parte del Gol de Pie para trasladarles que no puede haber grada de animación “tal y como la hemos conocido hasta ahora”, pero que habían encontrado “una solución para que, durante esta transición, no se apague” su voz, “sino que se proyecte aún más lejos”.

Para tratar de zanjar la cuestión, este martes la alcaldesa ha intentado ser clara: “Hasta donde yo sé, y si no ahora el Real Zaragoza... (sic), no hay grada de animación. Nunca ha habido en este proyecto, es algo que los tres socios de La Nueva Romareda sabíamos. Se está trabajando para que puedan tener un espacio lo más cómodo posible”. Y ha recordado que incluso si hubiese seguido el fútbol en La Romareda durante las obras tampoco habría sido posible la grada de animación: “Hay pequeñas incomodidades que un campo provisional aborda, todos debemos tener algo de paciencia”. En ese punto se ha girado para obtener la aprobación del Real Zaragoza, representado en ese momento por su director general, Fernando López, quien no ha dicho nada distinto.

Al lío se ha sumado hasta la formación Aragón Existe, que ha querido aprovechar la coyuntura para reclamar a Natalia Chueca que “cumpla” con los comunicados previos del Ayuntamiento de la ciudad en los que indica que habrá una zona para la grada de animación. “Si no hay grada de animación es por la continua improvisación y la mala gestión realizada por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, ya que el club y los aficionados han demostrado estar dispuestos a hacer todo lo posible para que lo haya”, han criticado desde Aragón Existe.

En todo caso, el de la grada de animación es solo uno de los problemas surgidos para reubicar a los socios del Real Zaragoza en un espacio más pequeño como es el del campo modular. Un proceso complejo pero que ha despertado un sinfín de críticas de los aficionados, especialmente ante la falta de información y la poca claridad desde el club.

Balón de oxígeno para la sociedad La Nueva Romareda, de la que forman parte el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. Los impagos de la propiedad del club de fútbol se van a compensar –al menos, en parte– con lo que desembolsará la entidad Ibercaja para dar nombre durante diez años a los dos estadios, el portátil –donde el equipo jugará las dos próximas campañas– y el principal, actualmente en obras: un mínimo de 10 millones de euros que el banco va a aportar de manera anticipada.

Así lo han hecho público este martes las partes en una comparecencia en el estadio provisional, un acto posterior a un consejo de administración de la sociedad y en el que han trasladado los detalles del acuerdo de 'naming rights'. A partir de este, los campos pasarán a denominarse 'Ibercaja Estadio' –el modular– e 'Ibercaja Romareda' –el definitivo–. La aportación de la entidad será de un millón de euros al año durante un decenio mientras el equipo siga en la actual categoría y se duplicará en caso de ascenso a Primera División.

Además de los derechos de nominación, la entidad bancaria aragonesa obtendrá otras contraprestaciones de presencia de marca y uso de los espacios.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha querido agradecer al banco un “apoyo sin fisuras a un proyecto estratégico para Zaragoza y para Aragón”, en relación con el nuevo campo. “Este Ibercaja Estadio y el futuro Ibercaja Romareda se impulsan para que el Real Zaragoza pueda brillar y proyectar la imagen de la comunidad autónoma como se merece”, ha agregado.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha resaltado que este acuerdo “asegura ingresos y contribuye al crecimiento del club y de la ciudad”. “Hoy es un día de celebración, hablamos de un proyecto de transformación, de crecimiento económico y de visibilidad internacional”, ha remarcado la regidora, quien ha puesto en relieve la “unión” de las cuatro instituciones.

En la misma línea, el consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, ha destacado la importancia de este día para la entidad. “Con el impulso a este proyecto vamos a contribuir a reforzar la modernidad, la competitividad y el atractivo de nuestra ciudad. Este documento que acabamos de firmar es mucho más que un contrato de patrocinio, es la constatación fehaciente del respaldo institucional de Ibercaja a este proyecto”.

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha ocultado este lunes en una comparecencia en las Cortes que el pacto suscrito por el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de la capital con la propiedad del Real Zaragoza ya incluía penalizaciones para el “socio privado” –el club de fútbol– si este no aportaba lo comprometido en el cronograma. Y no solo no dio los 6,8 millones que debía, sino que los responsables de ambas instituciones ocultaron durante meses que conocían este incumplimiento: en concreto, desde diciembre del año pasado hasta finales de abril.

Bermúdez de Castro ha comparecido a petición propia en la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública de la Cámara autonómica para “informar sobre las acciones llevadas a cabo en la sociedad Nueva Romareda, S.L”. Y su intervención ha sido reveladora. El titular de Hacienda ha desvelado que fue en diciembre cuando la propiedad del Real Zaragoza trasladó a la DGA y al Consistorio –o, más en concreto, a sus representantes en el consejo de administración, del que no forma parte la oposición– que no iba “a poder asumir la aportación de ese año”.

Sin embargo, no fue hasta el 30 de abril, en un pleno municipal, cuando el equipo de gobierno del PP comunicó esta circunstancia. En la sesión, de hecho, se dio directamente a conocer cuál sería el nuevo calendario de pagos. En él, la aportación del Real Zaragoza de 6,8 millones de euros en 2024 desaparecía, mientras que la de este año se incrementaba hasta los 10 millones.

Esto obligó a suscribir “un nuevo pacto de socios” –pacto parasocial–, que según Bermúdez de Castro “se firmó la semana pasada entre las tres partes”, en el cual figuran las nuevas aportaciones de cada socio hasta 2028.

En ese punto, el consejero de Hacienda ha querido enfatizar que el nuevo texto suscrito incluye el hecho de que, “en el caso de que uno de los tres socios no aporte el dinero, hay cláusulas de penalización” para el incumplidor. Y ha añadido que las decisiones se tomarán “con mayorías reforzadas”.

Lo que Bermúdez de Castro ha eludido es que ambas cuestiones aparecían calcadas en el pacto parasocial previo, el suscrito en diciembre de 2023 y que los propietarios de la sociedad anónima deportiva incumplieron, sin que ni Gobierno de Aragón ni Ayuntamiento de Zaragoza activaran los resortes previstos para penalizar al club.

El primer pacto parasocial era claro: en caso de que “el socio privado” –el Real Zaragoza– incumpliera con la fase 1, “se obliga irrevocablemente a transmitir la totalidad de su participación” a la sociedad. Con un añadido: “A requerimiento de esta”. Pese a que el club no transfirió los 6,8 millones comprometidos el año pasado, las dos instituciones públicas renunciaron a activar esta cláusula.

El precio de las participaciones del Real Zaragoza sería su “valor neto contable” pero “minorado en un 25%”. Teniendo en cuenta que el club ha aportado hasta ahora 6 millones de euros, el precio de recompra se quedaría en 4,5 millones, que deberían ser pagados “al contado”.

En caso de salir de la sociedad, el Real Zaragoza no resultaría beneficiario de la explotación del estadio, como así está previsto que sea durante 75 años. Un periodo en el que, según las previsiones establecidas, el club irá ingresando anualmente unos 14 millones de euros, frente al canon de entre 1,1 millones –en Segunda– y 1,6 –si sube a Primera– que debe pagar.

Unos 5 millones de euros no reclamados al Real Zaragoza

Además, el club estaba obligado a asumir una indemnización a los otros dos socios por los “daños y perjuicios” causados. Una 'multa' que el pacto fijaba en un “mínimo del 50% del valor neto contable” de las aportaciones del Real Zaragoza, más intereses de demora. Es decir, más de 3,4 millones de euros.

En conjunto, la penalización que debería asumir la sociedad anónima deportiva en caso de no pagar lo comprometido rondaría los 5 millones de euros.

Este lunes, en su intervención, el diputado de Izquierda Unida Álvaro Sanz ha insistido en criticar el modelo elegido. “Se nos ocurren infinidad de cuestiones en las que invertir la millonada que nos va a costar una nueva falsa experiencia de colaboración público-privada: la que pone sus recursos a disposición prioritaria del uso y disfrute por parte de una sociedad anónima que no cumple siquiera con sus compromisos”, ha expuesto. “¿Cuánto nos va a costar la juerga? ¿Puede hoy dar una cifra?”, se ha preguntado a continuación.

La misma idea ha expresado el diputado de CHA José Luis Soro, para quien “lo que representa la nueva Romareda es todo lo contrario a la transparencia, es un modelo que garantiza la opacidad y no la equidad ni el retorno social. Fue un artiulgio poítico para descargar todos los riesgos sobre lo público y blindar los beneficios del privado”.

Sobre los cambios en el pacto parasocial, ha valorad que es “un traje a medida, que se cose y se recose a beneficio del socio privado. ¿Si les vuelven a llamar, qué pasará?”, ha cuestionado también.

El pacto parasocial para La Nueva Romareda SL, la entidad creada para gestionar la construcción del nuevo campo de fútbol y de la que forman parte el Real Zaragoza, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, contempla –tanto en el primero suscrito como en el recientemente firmado– una penalización millonaria para el “socio privado” en caso de que este no cumpla con el programa comprometido de financiación. Así sucedió en 2024 con los 6,8 millones de euros que el club debía pagar y que no transfirió, sin que se hayan activado estas cláusulas.

Es más: el Ayuntamiento, gobernado por el PP, evita revelar en qué fecha dio el consejo de administración de la sociedad su visto bueno a la reprogramación de estas aportaciones: en el nuevo pacto parasocial –fechado este 21 de abril– ya no figuran esos 6,8 millones que el Real Zaragoza dejó de aportar en 2024, y a cambio su contribución debe aumentar este año hasta los 10 millones. De haberse aprobado en el pasado ejercicio para no incumplir el acuerdo, el Gobierno municipal y Ejecutivo autonómico habrían ocultado durante meses que la sociedad anónima deportiva no iba a poner ni un euro durante el año.

Fuentes municipales aluden a la “confidencialidad” de lo que sucede en el consejo de administración de La Nueva Romareda, pese a que la mayoría de la participación es pública. Precisamente la falta de transparencia ha sido una de las principales denuncias de la oposición desde que se impulsó la construcción del nuevo campo. Hasta hace dos meses no ha sido posible que un grupo fuera del gobierno municipal –la concejal de Vox Eva Torres– entrara en el consejo de administración.

En un escenario u otro, lo cierto es que a mayo de 2025 las dos instituciones públicas han aportado más de 50 millones de euros al nuevo estadio mientras que el socio privado solo ha transferido 6 millones. Un dinero, además, que no llega de la propiedad del club, sino que se ha canalizado desde los fondos transferidos por CVC al Real Zaragoza.

En caso de incumplimiento

El punto 5.3 del pacto parasocial suscrito entre las tres partes es el que detalla qué sucede en caso de “incumplimiento de la fase 1 del calendario de inversión”, el actual. Los tres socios empiezan reconociendo los “perjuicios de difícil reparación para la sociedad” que puede causar que uno de ellos no pague lo que le corresponde.

En este contexto, el acuerdo es claro: en caso de que “el socio privado” –el Real Zaragoza– incumpla con la fase 1, “se obliga irrevocablemente a transmitir la totalidad de su participación” a la sociedad. Con un añadido: “A requerimiento de esta”. Pese a que el club no transfirió los 6,8 millones comprometidos el año pasado, ni Ayuntamiento ni Gobierno de Aragón activaron este resorte.

A continuación, el pacto explica cómo sería la ejecución de esta “opción de compra”: el precio de las participaciones del Real Zaragoza será su “valor neto contable” pero “minorado en un 25%”. Teniendo en cuenta que el club ha aportado hasta ahora 6 millones de euros, el precio de recompra se quedaría en 4,5 millones, que deberían ser pagados “al contado”. Para llevarlo a efecto, la sociedad debería impulsar una ampliación de capital acordada en junta general, “con la abstención del socio incumplidor”. 

En caso de salir de la sociedad, el Real Zaragoza no resultaría beneficiario de la explotación del estadio, como así está previsto que sea durante 75 años. Un periodo en el que, según las previsiones establecidas, el club irá ingresando anualmente unos 14 millones de euros, frente al canon de entre 1,1 millones –en Segunda– y 1,6 –si sube a Primera– que debe pagar.

“Daños y perjuicios”

Pero hay más. Junto a la obligación de transferir su participación a la sociedad si incumple con el calendario de pagos, el club está obligado a asumir una indemnización a los otros dos socios por los “daños y perjuicios” causados. Una 'multa' que el pacto fija en un “mínimo del 50% del valor neto contable” de las aportaciones del Real Zaragoza, más intereses de demora. Es decir, más de 3,4 millones de euros.

En conjunto, la penalización que debería asumir la sociedad anónima deportiva en caso de no pagar lo comprometido rondaría los 5 millones de euros, más el hecho de perder la explotación del estadio al quedarse sin participación en La Nueva Romareda. Sin embargo, nada de esto va a suceder porque ni Ayuntamiento ni Gobierno de Aragón han dado un paso en ese sentido.

Fuentes de Urbanismo del Consistorio zaragozano señalan que no se han producido “incumplimientos” puesto que se reprogramaron los pagos con el pacto parasocial recientemente aprobado. Un documento, indican estas fuentes, que actuaría a modo de “plan refundido” al incorporar los acuerdos adoptados por el consejo de Administración de la sociedad La Nueva Romareda en este tiempo. Entre los que se incluye el nuevo plan de aportaciones y también cuestiones como el estadio portátil, no contemplado en el primer pacto, de diciembre de 2023.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha protagonizado uno de los momentos del pleno municipal en el que se aprobaban las modificaciones en los pagos del club para la construcción del nuevo estadio. En un momento, ha dicho que el Real Zaragoza es el “único club de fútbol de la ciudad”, lo que ha generado risas en la bancada socialista.

Ha acusado a este partido de ser el causante del descenso a segunda del Real Zaragoza: “Tenemos un club y tenemos que ayudarles a que tengan un estadio. Ustedes lo único que han hecho es bajarlo a segunda, lo sumieron en una crisis y aún estamos sufriéndolo. Y tenemos a la secretaria general del PSOE ministra de Deportes y aún no ha hecho nada por la ciudad. De los Presupuestos no ha llegado a Zaragoza absolutamente nada”.

También ha aprovechado para atacar a la oposición por el tema del parador de Teruel y el apagón: “Decir al PSOE que no admito ninguna acusación de falta de transparencia del partido menos transparente. Un partido que aún tiene que ser transparente con todas las corruptelas que tiene que aclarar y con lo que sucedió en el parador de Teruel, que aún no nos han explicado y que aún tiene que aclarar qué está pasando con el apagón”.

En cuanto a la situación económica, Víctor Serrano ha contestado a Suso Domínguez, de Zaragoza en Común, que el club “ha amortizado ya más de 35 millones de deuda, la que ustedes dejaron en su gestión. Su intervención oportunista hace que su mensaje no sea creíble”. También ha acusado a Horacio Royo, del PSOE, de estar “en contra” de las iniciativas relacionadas con la construcción del nuevo campo: “No ha habido ni un solo hecho en el que ustedes no hayan intentado poner palos en la rueda. Representa a un grupo municipal que tiene una nueva líder en Aragón que se presentó a las elecciones al Ayuntamiento prometiendo que iba a construir un nuevo estadio, cómo pueden tener la osadía de reprocharle a la alcaldesa”.

Apenas un mes después de que el Ayuntamiento de Zaragoza diera el visto bueno a librar de 1,5 millones de euros en impuestos a la sociedad encargada de construir el nuevo campo, llegan nuevas noticias sobre el estadio: el Real Zaragoza incumplió el año pasado su primer pago, de 6,8 millones, y va a obligar a reprogramar todo el calendario de aportaciones. El pleno municipal ha aprobado este miércoles las modificaciones, que contrastan con el aumento de inversión por parte del Consistorio y el Gobierno de Aragón que vio la luz a finales del año pasado.

Así, en los pactos parasociales suscritos en diciembre de 2023 constaba que, en el primer ejercicio, el del año pasado, el club asumiría 6,8 millones, frente a los 3,1 millones del Ayuntamiento y por 4 del Gobierno de Aragón. Sin embargo, el cambio ha destapado el incumplimiento del Real Zaragoza, que no aportó nada el año pasado. Por ese motivo, en 2025 deberá afrontar el desembolso de 10 millones de euros, frente a los 6,8 previstos inicialmente.

De este modo, el único pago que ha hecho hasta el momento el club de fútbol han sido los 6 millones de euros del desembolso inicial. Frente a esto, las dos instituciones públicas que participan en la sociedad La Nueva Romareda, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, han gastado ya en el estadio 91,6 millones de euros.

Este importe se desgrana de la siguiente manera. El Consistorio zaragoza desembolsó inicialmente 24,5 millones de euros de dinero público y el Ejecutivo autonómico, 20 millones (el club, los 6 millones mencionados. Pero a finales de 2024 se aprobó una ampliación de capital en la socidad que afectó únicamente a las dos administraciones, obligadas a aportar 20 millones extras cada una. Y a eso se suman las aportaciones correspondientes a 2024, que en su caso sí llevaron a cabo, de 3,1 millones en el caso del Ayuntamiento y 4 millones de la DGA.

Para 2025 está previsto que el Consistorio desembolse 3,5 millones de euros y que el Gobierno de Aragón destine 3,1 millones de los presupuestos.

Las modificaciones aprobadas este miiércoles atañen asimismo al porcentaje de participación de cada una de las partes, que supone que entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza asuman el 75% y el Real Zaragoza, el otro 25%. Los plazos de ejecución pasan de cuatro a dos fases y se incluye la mencionada ampliación de capital de 40 millones de euros.

Un “pufo”

Los cambios en los pactos parasociales de la Nueva Romareda SL han pasado por la sesión en medio de la bronca política. “La peor mentira de todas es que este pufo que estamos teniendo que cubrir con el dinero de todos los aragoneses se va a tapar con un pelotazo urbanístico en Vía Hispanidad”, ha denunciado el concejal del PSOE Horacio Royo. “¿Hasta cuándo va a seguir mintiendo? Tenga el coraje de decir la verdad de una vez, sea por una vez honesta”, le ha planteado a la alcaldesa.

“Es un traje a medida para el Real Zaragoza”, que “no parece que vaya a tener a corto plazo esta disponibilidad presupuestaria”, ha lamentado Suso Domínguez (Zaragoza en Común), para quien en los cambios de las aportaciones “no se recoge ningún plazo para la devolución de los plazos participativos ni a qué interés, con lo que dependerá más de lo quiera el Real Zaragoza”.

Por su parte, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha achacado al PSOE “falta de transparencia” y ha mencionado para ello “corruptelas que tiene que aclarar” e incluso el supuesto incidente en el parador de Teruel de hace cuatro años. El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha afeado a los socialistas que, respecto al nuevo estadio, “no ha habido ni un solo hecho ante el que no hayan intentado poner palos en la rueda”.

Vox, que acaba entrar en la sociedad La Nueva Romareda, ha dado el visto bueno a la operación. “Pusimos como condición que se conociesen cuáles eran las condiciones del préstamos participativo y que se modificasen las condiciones del contrato que regulaba de la participación del Real Zaragoza. Eso ya se habló y a nosotros nos pareció correcto. Ahora solo se trae al pleno el reflejo, la forma jurídica de los pactos parasociales ya aprobados”, ha señalado la edil Eva Torres.

La sociedad La Nueva Romareda, de la que forman parte el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza SAD, pretende ahorrarse 1,5 millones de euros en el impuesto de construcciones (ICIO) con la justificación de la creación de cinco puestos de trabajo. Es el umbral mínimo para poder solicitar la bonificación, pero entre ellos incluye el del propio director gerente, Martín Fuica.

La Comisión de Hacienda del Consistorio ha aprobado la petición de La Nueva Romareda para que el proyecto del campo de fútbol sea declarado de especial interés o utilidad municipal por fomento del empleo, tal y como explica la entidad en un reciente informe.

En el documento, la sociedad explica que, ante la “ingente tarea” que tiene que acometer, se contrató el año pasado al director gerente como “máximo responsable de la gestión de la empresa” y a una controller financiera, “responsable de la gestión económico-financiera de la sociedad”. A ambos se suman dos ingenieros técnicos que se prevé contratar este mes de marzo “para el seguimiento y control de la ejecución de las obras”. Y como quinta persona figura un auxiliar administrativo con contrato indefinido que aspiran a fichar “en el segundo semestre” de este año.

Teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material de la obra es de 104,6 millones de euros, la rebaja en el impuesto alcanzará en torno a los 1,5 millones de euros, dado que la tasa es del 3,87%.

Esta bonificación está recogida expresamente en la Ley de Haciendas Locales y desarrollada en la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento que regula el ICIO: “Se cumple con el requisito de fomento de empleo para ser declarada actividad económica de especial de interés o utilidad municipal -expone la mencionada ordenanza- cuando se contraten por el sujeto pasivo para un mismo centro de trabajo, con carácter indefinido, un mínimo de cinco trabajadores”.

Pese a que La Nueva Romareda se incluiría en el mínimo -incluyendo al director gerente-, la sociedad solicita la máxima bonificación dentro de ese umbral, el 39%.

Según la normativa, la beneficiaria tiene un plazo máximo de cuatro años, desde la fecha del certificado final de obra, para justificar los contratos indefinidos efectivamente realizados. De lo contrario, tiene que regularizarse el tipo aplicado; es decir, que tiene que devolver el dinero bonificado.

Como Juan Palomo

La declaración de interés público municipal para La Nueva Romareda ha pasado, junto con otras dos en la misma línea -para el hospital privado de QuirónSalud y para el supermercado Costco- este jueves por la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento. En el caso del campo de fútbol, ha recibido el apoyo del PP y Vox y el voto en contra del PSOE y Zaragoza en Común (ZEC).

“Siempre hemos defendido que estamos de acuerdo con los beneficios para los que generen puestos, pero deben estar más enfocados a las pequeñas empresas, que necesitan de verdad esos incentivos fiscales. Ni Amazon ni Microsoft ni las empresas de estos expedientes deciden implantarse en la ciudad en función de si tienen que pagar o no ICIO”, ha comenzado señalando la concejal socialista Marta Aparicio. 

Respecto a la petición de La Nueva Romareda, lo ha vinculado con el dicho de Juan Palomo: “Nosotros ponemos la inversión y encima lo perdonamos el ICIO también al Gobierno de Aragón y al Real Zaragoza”. “Al menos -ha reclamado-, que estos dos pongan su parte”.

Para el concejal de ZEC Suso Domínguez, los tres proyectos “son un claro ejemplo de cómo funciona la política fiscal de este Ayuntamiento: bajan los impuestos a las grandes empresas y suben las tasas al conjunto de los vecinos”.

Desde el equipo de gobierno, la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha apuntado que “está contemplado en la ley, siempre y cuando se cumplan los requisitos”. Y ha recordado: “Hay un equipo de recursos humanos en el Ayuntamiento que comprueban que estos requisitos se cumplen, y esa es la labor de gestión técnica que se promueve desde esta Consejería”. Solans no ha entrado al hecho de que La Nueva Romareda pida el umbral máximo y que entre los cinco empleos cuente encima con el del gerente.

Finalmente, la concejal de Vox Eva Torres ha destacado también que lo recoge la Ley de Haciendas Locales y se ha mostrado a favor de iniciativas que aporten “más servicios” a los zaragozanos.

El PP y Vox han propiciado que en la sociedad La Nueva Romareda, entidad de carácter público-privado impulsada para la construcción del nuevo estadio de fútbol en Zaragoza, no esté ningún grupo de la oposición. Sin embargo, eso no impedirá que la gestión de sus socios sea analizada por la Cámara de Cuentas de Aragón.

Los grupos políticos en las Cortes aprobaron el pasado día 2 la propuesta sobre las prioridades que se van a incorporar al programa de fiscalización del órgano de control autonómico y entre ellas figura la gestión económico-financiera, contable y operativa de la sociedad La Nueva Romareda S.L. También otras cuestiones como los procesos de estabilización de personal en la Comunidad Autónoma o tanto el contrato de transporte sanitario urgente como el no urgente.

Aún no se sabe cuándo ni con qué intensidad, porque la Cámara de Cuentas todavía tiene que establecer su propio calendario de trabajo, en el que se fijarán las fechas y las directrices técnicas. Fuentes de la Cámara de Cuentas apuntan que todas las propuestas aprobadas en las Cortes se incluyen automáticamente en el programa, al que sí que se puede añadir alguna otra iniciativa importante.

Con la fiscalización de La Nueva Romareda se acabarán conociendo las interioridades de la actuación de los tres socios: el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. Hay que recordar que esta entidad es la única sociedad municipal del Consistorio zaragozano sin presencia de los grupos de la oposición, ya que esto no sucede en el Consorcio de Transportes, la Comunidad de Usuarios del Canal Imperial, Mercazaragoza, Los Tranvías, Zaragoza Alta Velocidad o Zaragoza Ciudad del Conocimiento.

A finales de noviembre, el grupo municipal del PSOE presentó una moción que instaba a ello, tras el anuncio de la alcaldesa, Natalia Chueca, de que el coste para las arcas municipales del campo aumentará de 40 millones de euros a un mínimo de 76. Sin embargo, la negativa del PP y la abstención de Vox tumbaron la propuesta. La formación de extrema derecha ya hizo que fracasara el pasado mes de abril una iniciativa en el mismo sentido.

Otras prioridades

Además de esta, la Cámara de Cuentas de Aragón llevará a cabo más de una decena de iniciativas fiscalizadoras, que se concretarán cuando cierre su programa oficial, previsiblemente en enero.

Respecto al ámbito autonómico, el órgano de control analizará los procesos de estabilización del personal, el contrato de transporte sanitario no urgente y su ejecución en el actual ejercicio, lo mismo para el contrato de transporte sanitario urgente. Y evaluará el cumplimiento de los objetivos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en materia de atención a menores en dificultad social, y en concreto los conciertos del servicio de atención a menores de 2023 y 2024, y también las subvenciones nominativas de la Comunidad Autónoma para ambos ejercicios.

En cuanto al ámbito local, estudiará el sector público local en cuanto al personal, los contratos y los convenios de 2023 y 2024, a través de una muestra de entidades con menos de 10.000 habitantes. De la Diputación Provincial de Zaragoza, la Cámara de Cuentas de Aragón fiscalizará el personal y las modificaciones presupuestarias de 2024. Y de la de Teruel, las contrataciones a medios de comunicación y publicidad institucional entre 2019 y 2023, algo que también asumirá respecto al Ayuntamiento de Calamocha.

Finalmente, en relación con el Ayuntamiento de Zaragoza el órgano de control analizará la contratación de emergencia de 2023, la concesión de tres líneas de microcréditos reintegrables para autónomos y pequeñas empresas afectados por el Covid, en primera y segunda convocatorias, y la contratación y la contabilidad de la Sociedad Ecociudad durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023, con especial mención a las siguientes cuestiones: convenios con el Ayuntamiento para las obras de reforma de las calles, el canon por el uso de la red de saneamiento e infraestructuras municipales y la prórroga de la concesión de la EDAR de la Cartuja.