Aviones, golondrinas y vencejos, las tres aves que constituyen las mejores “mosquiteras” de la naturaleza, llenan los cielos de los pueblos y ciudades de Extremadura con el avance de la primavera, por lo que Ecologistas en Acción pide que sean realmente preservadas.

Se trata de especies protegidas por la ley, no sólo por su belleza o porque llenen de alegría nuestras calles y campos, sino por el beneficio que representan para el ser humano al controlar insectos perjudiciales, y en especial mosquitos comunes o tigres.

Estas tres aves, junto a los murciélagos, representan, según Ecologistas, el mayor arma biológica contra la difusión de enfermedades como el virus del Nilo en las personas o la lengua azul en animales. Por ello, no sólo son necesarias de proteger sino que su presencia se tendría que potenciar dentro de estrategias de lucha integrada contra estas enfermedades, sobre todo en las zonas de vegas y cultivos de regadío en Extremadura o en zonas con prevalencia de la lengua azul en el ganado.

La organización lamenta, sin embargo, que, desgraciadamente y a pesar de sus beneficios, todos los años se eliminan numerosos nidos, lo que impide su reproducción y, por tanto, hace disminuir las poblaciones de aviones, golondrinas y vencejos en la región, a pesar de que estas aves están protegidas por el Convenio de Berna, incluidas en el LESRPE, la ley de Biodiversidad y la legislación autonómica.

El derribo de sus nidos o impedir su anidamiento son acciones también sancionables por el código penal, según Ecologistas en Acción. Por ello, esta organización ve necesario articular fórmulas de convivencia y conservación, así como buscar siempre el asesoramiento por las autoridades ambientales para evitar acciones dañinas contra ellas.

Ecologistas en Acción de Extremadura cree necesaria la redacción y aprobación de un Plan de Manejo conjunto de “las tres mosquiteras” urbanas, que determine las medidas necesarias para mantener las poblaciones de golondrinas, aviones y vencejos.

Todo ello, de acuerdo al artículo 60. d). de la ley 8/1998 de 26 de junio de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura y al DECRETO 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, con el objetivo de mejorar su gestión y evitar acciones administrativas arbitrarias.

Para fomentar estas actuaciones en favor de “las tres mosquiteras”, los ecologistas llevarán a cabo en los próximos meses una campaña que se desarrollará a través de redes sociales, medios de comunicación convencionales, talleres y actividades educativas-informativas.

En ese marco, Ecologistas en Acción llama a la participación, la colaboración y el voluntariado en todas aquellas actividades que se desarrollen en Extremadura en la defensa y educación ambiental por estas aves por diferentes organismos y asociaciones.

Ecologistas en Acción critica al Ayuntamiento de Haro y al Gobierno de La Rioja por no informar a la ciudadanía de la comarca del incendio del vertedero en Nájera y exponerlos a los gases tóxicos. La entidad ecologista recuerda que tras el incendio del pasado jueves en el vertedero de Nájera, “el humo continuó vertiendo gases tóxicos a la atmósfera”. Y aunque el fuego se controló el pasado viernes, “su completa extinción se prolongó debido a las características del material acumulado y a la compleja tarea de extinción”. De hecho el alcalde de Nájera, Javier Salaverría, reconoció que ha sido “mayor incendio que ha sufrido el vertedero en su historia”. Hasta el punto de que autoridades recomendaron a las localidades del entorno y zonas que afectadas por la dirección del viento mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo, no usar aparatos de climatización y que las personas con dificultades respiratorias o patologías previas eviten salir al exterior o lo hagan con mascarilla FFP2.

Sin embargo, cuentan Ecologistas en Acción, “con la presencia de viento suroeste, el viernes por la tarde la zona de Haro se vio afectada por la contaminación atmosférica. Varios ayuntamientos de la comarca de Santo Domingo dieron la voz de alarma para proteger al vecindario de la alta toxicidad. Sin embargo, ningún ayuntamiento de la comarca de Haro emitió ningún comunicado para proteger a su población”. La distancia entre Nájera y Haro es de unos 28 kilómetros.

“El olor preocupó a varios vecinos, pero el Ayuntamiento de Haro no dio ningún aviso ni hizo ninguna recomendación al respecto”. Y tampoco lo hicieron ayer sábado, “a pesar de que el humo seguía activo hasta primera hora de la tarde”. Y aun así, “Haro mantuvo las actividades de la Semana de la Salud organizada por el Gobierno de La Rioja con una performance en la Plaza de la Paz y yoga al aire libre en el parque de Vista Alegre ayer sábado”. Algo que desde la entidad ecologista tildan de “imprudencia, más aún cuando la previsión de AEMET pronosticaba vientos de componente sureste y cuando la recomendación del CECOP de SOS Rioja era precisamente mantener puertas y ventanas cerradas para no exponerse al humo”.

Ecologistas en Acción se pregunta si este modo de actuar del equipo de Gobierno jarrero se debe a la “ignorancia, dejadez o a una intención de preservar la fachada turística en detrimento del bienestar y seguridad de los habitantes del municipio”. “Parece que el hecho de que el equipo de gobierno de Haro no cuente con técnico de medioambiente y de que la contaminación del aire sea aparentemente invisible hace que pueda pasar inadvertido un problema de esta envergadura”. Y por todo ello critican la “pésima gestión” del ayuntamiento de Haro y del Gobierno de La Rioja “ante la exposición de la población de la comarca a humo tóxico”.

En la semana recién concluida, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba un anuncio de solicitud de ocupación temporal de terrenos de una vía pecuaria y de varias cañadas reales en la provincia de Ciudad Real pedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para “interés particular”. Este es solo un ejemplo de las decenas de anuncios oficiales que prácticamente todos los días se publican en la comunidad autónoma sobre ocupación de terrenos.

Las vías pecuarias son rutas, cañadas reales, cordeles, veredas o caminos tradicionales utilizados para el tránsito del ganado trashumante, constituyendo un patrimonio histórico y natural que en España supone más de 125.000 kilómetros.

Solo las vías pecuarias, sin contar otros caminos y senderos, tienen una extensión de casi 15.000 kilómetros en Castilla-La Mancha, por las que practican senderismo 600.000 personas de la región. Cumplen así una función de corredor ecológico, lo que conecta diferentes ecosistemas protegiendo la biodiversidad, y tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante en las poblaciones.

Sobre el papel, son bienes de dominio público, “inalienables e imprescriptibles”, según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que deben estar habilitados para el pastoreo, la biodiversidad y el uso recreativo, como senderismo o ciclismo. Se rigen por normativas autonómicas y en Castilla-La Mancha, concretamente, por una ley de 2003 que se modificó hace tres años para otorgarles una mayor protección.

Pero la realidad es muy distinta a lo que dice la normativa. El Observatorio de Ocupaciones Temporales de Vías Pecuarias ha publicado un informe elaborado por el experto y ecologista Sebastián Rivera, sobre la ocupación “legal” de este tipo de infraestructuras, donde se refleja la “pérdida de servicios” a la ciudadanía.

De hecho, la denominación de “ocupaciones temporales”, afirma el autor, no deja de ser un “eufemismo”, porque la principal cuestión es que se alargan el tiempo. Suelen incluir infraestructuras que, como los tendidos eléctricos, no tienen un plazo fijo de finalización. También remarca la “laxitud” de los procedimientos a la hora de la renovación de la licencia de ocupación, “que se pueden demorar hasta más de dos años sin sanción ninguna”.

El estudio, que se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad autónoma, arroja luz sobre las ocupaciones más numerosas en el período 2003-2025, que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, con 1.776 (el 52,6%). Le siguen las relacionadas con el agua, un total de 670 (19,8%); las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6%), o las de telefonía, 256 (7,6%).

Conducciones, tuberías o redes de saneamiento

Respecto a las ocupaciones por infraestructuras de agua las más abundantes son las conducciones de agua potable, 320 (47,7%), seguidas de las tuberías de agua para riego, 126 (18,8%), de las tuberías sin especificar, 93 (13,9%), y por las redes de saneamiento, 83 (12,4%), las 48 que restan, (7,2%), se refieren a acometidas urbanas, tuberías a la vez de abastecimiento y saneamiento, depuradoras, pozos y piezómetros.

A lo largo del período estudiado se han detectado a través del Diario Oficial de Castilla la Mancha (DOCM) un total de 3.376 ocupaciones, En muchas resoluciones se contemplan más de una afección, ya sea porque afecta a más de una vía pecuaria, a más de un municipio o bien porque se detallan las coordenadas de cada una de las ocupaciones como postes, distintos cruzamientos aéreos o subterráneos o diferentes infraestructuras, en la mayor parte de los casos se ha distinguido cada afección por separado.

De las 3.376 ocupaciones, 2.499 se refieren a nuevas autorizaciones de ocupaciones temporales en dicho período y 877 a renovaciones de ocupaciones temporales o a ocupaciones anteriores a 2003. Algunas de las ocupaciones han sido renovadas varias veces.

Por provincias destacan Toledo con el mayor número de ocupaciones, el 35 % y Ciudad Real por su elevado número de hectáreas ocupadas, más del 53 %.

El Observatorio hace especial hincapié en la gran cantidad de ocupaciones caducadas, tanto de primera ocupación, un total de 1.320, como renovadas, que ascienden a 457, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2025 no aparecen en el Diario Oficial de la comunidad autónoma resoluciones que autoricen su renovación.

Estas ocupaciones temporales caducadas suponen más de 200 hectáreas, es decir, más del 73% de la superficie ocupada. Por provincias destacan Toledo por su alto número de ocupaciones caducadas, el 40%, y Ciudad Real por su elevado número de superficie, el 63 %.

Llama la atención el hecho de que, cuando caducan las autorizaciones de ocupación, en muchos casos, se tarda mucho tiempo en gestionar las renovaciones, y “lo más sorprendente” es que sea la administración quien tiene que recordar y comunicar al ocupador que ha vencido su plazo, “a veces con bastante demora”.

Los expedientes se demoran más en solicitar la renovación, es decir, durante bastante tiempo “se está ocupando ilegalmente un dominio público sin que merezca una sanción o un recargo por parte de la administración”.

Las cinco regiones naturales o comarcas más afectadas son: la Mancha en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo con 591 afecciones; la Sagra y Talavera en Toledo, con 400 y 254 ocupaciones respectivamente; la Alcarria en Guadalajara y Cuenca, con 253; Torrijos en Toledo, con 225: centro de la provincia de Albacete con 207; y Campo de Calatrava en Ciudad Real, con 202, lo que representa el 63,2% en todo el periodo.

El canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura

El informe también se detiene en el hecho de que los promotores de las ocupaciones temporales deben pagar una fianza, unas tasas y por último un canon. Este último se paga de una sola vez y por todo el periodo de duración de la ocupación que, salvo en unos pocos casos, es de 10 años. Una vez transcurridos deben solicitar la renovación y volver a pagar de nuevo otro canon, además de las tasas y fianzas correspondientes.

Analizadas las superficies ocupadas y el canon pagado por años, el estudio desvela cómo desde 2003 hasta 2016 la media pagada por los ocupadores era de 4,2 céntimos por metro cuadrado al año. Pero a partir de 2017 hasta 2025 se aumenta el canon y se alcanza una media diez veces superior: 43,6 céntimos por metro cuadrado al año.

“A pesar de este incremento de los últimos años, el canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura”.

Hay postes en vías pecuarias que podrían estar en otros sitios

El estudio destaca que se entiende que los cruzamientos aéreos o subterráneos son inevitables si la infraestructura tiene que atravesar una vía pecuaria, pero “no se entiende tanto” que haya alineamientos, por ejemplo de postes, a lo largo de una cañada u otra vía cuando se pueden colocar fuera del dominio público.

Por otro lado, el Observatorio destaca que desde hace años son “prácticamente inexistentes” las actuaciones de protección de las vías pecuarias como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos, por falta de recursos, lo que “facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales”.

En el informe se detalla que era de esperar que con la modificación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo de la normativa hace tres años, se subsanaran estas deficiencias, pero los documentos oficiales no lo constatan.

El estudio se ha hecho público en el marco de la celebración el pasado mes de marzo del Día de las Vías Pecuarias, que surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) en 2019, para contribuir a la protección de estas “antiquísimas vías ganaderas y del rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

Este colectivo destaca que el problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la “usurpación” total o parcial, por propietarios colindantes que impide su uso público ante la “dejación de funciones” de las administraciones competentes. También denuncian su “degradación y pérdida progresiva”.

“Estas vías son la base sobre la que se desarrollan múltiples actividades socioeconómicas y deportivo o recreativas, como el senderismo, carreras de montaña ciclismo; y constituyen o son el medio de acceso a la naturaleza o patrimonio histórico cultural”.

La cita anual busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar las vías pecuarias (y caminos públicos), como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclamar a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

El pasado sábado, 21 de marzo, la Casa de Cultura de Daimiel acogía las jornadas sobre 'Daimiel con futuro: Ciencia y participación ciudadana para afrontar la emergencia climática', organizadas por Ecologistas en Acción y otros colectivos ciudadanos.

Durante el encuentro, se presentó una ambiciosa hoja de ruta, construida a partir del análisis entre distintos ámbitos del conocimiento y la experiencia local, orientada a transformar el municipio en un modelo de ciudad adaptada a eventos climáticos extremos, comprometida con la biodiversidad y estrechamente conectada con su entorno natural y su patrimonio cultural.

La jornada comenzó con la presentación por parte de Carmen Pilar Sánchez de los resultados de la 'Termometrada', actividad de ciencia ciudadana en la que personas voluntarias midieron durante el verano la temperatura de distintos puntos del casco urbano. Los datos recogidos evidenciaron diferencias de 6ºC en la temperatura ambiente y 30ºC en superficies, entre zonas con cobertura arbórea y áreas sin sombra, así como la superación generalizada de la denominada 'temperatura de disparo' establecida por el Ministerio de Sanidad para la zona (38,1º) en todos los espacios carentes de arbolado.

Esta primera presentación permitió situar el impacto real del calor en la vida cotidiana del municipio y sirvió de punto de partida para el análisis posterior, en el que Máximo Florín, profesor de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla La Mancha, profundizó en las condiciones térmicas del municipio ampliando datos de temperatura recogidos en viviendas y recorridos urbanos, combinando métodos tradicionales con herramientas digitales basadas en IA.

Las mediciones evidenciaron diferencias de temperatura de hasta 8º C entre el entorno urbano y zonas periféricas, así como la existencia de áreas con menor capacidad de enfriamiento nocturno, dejando de relieve que el aumento del asfalto y la reducción del arbolado han intensificado el calor en la ciudad.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de un corredor de mayor humedad en el eje suroeste-noreste de la ciudad, vinculado a la presencia histórica del arroyo Morillas, hoy soterrado, pero aún influyente en el comportamiento térmico urbano. Como principales líneas de actuación, propone incrementar la infraestructura verde urbana y desarrollar sistemas urbanos de drenaje sostenible en zonas estratégicas, con el fin de reducir el efecto isla de calor y mejorar la gestión del agua.

Por su parte, Fernando Prieto, CEO del Observatorio de Sostenibilidad, contextualizó la crisis climática actual, presentando la realidad de la evolución climática de Daimiel, que registra un incremento de la temperatura media de 2º desde la década de 1960 -según datos de Copernicus-. También puso el foco en la urgente necesidad de recuperar Las Tablas de Daimiel, uno de los humedales más importantes de España, actualmente en una situación crítica debido a la sobreexplotación de acuíferos, la sequía y la contaminación. La iniciativa plantea restaurar el vínculo histórico entre la ciudad, el patrimonio cultural y este ecosistema, desarrollando una red de infraestructuras verdes que mejore la calidad de vida de la ciudadanía.

Estas actuaciones incluyen la creación de corredores ecológicos urbanos que favorezcan la conectividad con el entorno natural, el incremento de zonas verdes, la renaturalización de calles y la recuperación del paisaje del agua mediante fuentes y espacios que sirvan de refugio ante el calor extremo distribuidos en la ciudad.

El plan también contempla actuaciones en el entorno periurbano, como la creación de un anillo verde alrededor de Daimiel, la restauración del río Azuer, lindes, arroyos y caminos, además de reconectar las lagunas estacionales, algunas actualmente cultivadas, y los Ojos del Guadiana con Parque Nacional, superando la fragmentación administrativa del territorio a través de modelos de co-gestión con municipios del mismo entorno.

A continuación, Luis Alberto Díaz-Galiano, Consultor en Arboricultura, Gerente MyTreeRisk y Urban Forestry, puso de relieve el papel fundamental del arbolado urbano como elemento imprescindible para mejorar el bienestar en las ciudades, destacando la necesidad de una gestión técnica adecuada y una planificación integral basada en criterios científicos. Destacó que el riesgo de muerte por caída de ramas o árboles es muchísimo menor que morbimortalidad causada por las olas de calor y subrayó la necesidad de medir la “salud ambiental” de las ciudades mediante indicadores como la calidad del aire, la temperatura, la radiación solar o la presencia de sombra, así como en la importancia de establecer objetivos ambiciosos, como alcanzar niveles elevados de cobertura arbórea, apuntando que algunas ciudades con las mismas condiciones climáticas que Daimiel aspiran a superar el 40%.

Asimismo, introdujo el concepto de “ciudades biofílicas”, que promueven una mayor integración entre los espacios urbanos y la naturaleza. En cuanto al diagnóstico local, señaló diversas problemáticas, como la escasez de árboles, la baja calidad de las plantaciones, las podas inadecuadas o la falta de planificación a largo plazo. Ante esta situación, propuso un marco de referencia basado en el conocimiento técnico, que incluye la elaboración de inventarios detallados, creación de mapas de riesgo, la formación de técnicos y operarios, así como la sensibilización de la ciudadanía.

Las intervenciones pusieron de manifiesto la necesidad de abordar la Agenda Urbana de Daimiel desde una perspectiva integral, basada en la ciencia y el conocimiento local, en estrecha conexión con las propuestas impulsadas por la ciudadanía.

Los colectivos ciudadanos tuvieron un papel destacado, evidenciando su compromiso sostenido con la conservación del patrimonio natural y cultural de Daimiel. Durante la mesa redonda, Alberto Celis, en representación de la Asociación Española de Humanidades Ambientales, subrayó la necesidad de mejorar las infraestructuras urbanas afectadas por el río Azuer ante el riesgo de inundaciones en un contexto de cambio climático, así como la rehabilitación del Molino de Griñón.

Por su parte, Isabel Arauzo, de 'Pacifistas', expuso los resultados de más de 15 años de trabajo en repoblaciones en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, destacando su labor de concienciación e implicación social. Asimismo, Manuel Fernández-Infantes, en representación de Ecologistas Manchegos, presentó propuestas para la restauración de la llanura de inundación del Azuer, recuperando la vegetación de ribera, biodiversidad y elementos históricos.

Finalmente, Jesús Muñoz, de Anea y Ecologistas en Acción, puso el foco en la recuperación de vías pecuarias y caminos públicos como corredores ecológicos que conecten espacios naturales entre Daimiel y Villarrubia de los Ojos, reforzando la infraestructura verde-azul de los municipios vinculados al río Guadiana, Las Tablas de Daimiel y de Calatrava.

Las numerosas propuestas e iniciativas ciudadanas surgidas a lo largo de los años evidencian la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible, en contraste con modelos productivos intensivos o proyectos de alto impacto territorial que ponen en riesgo iniciativas compatibles con la conservación, la restauración y un uso del territorio pensado para el beneficio colectivo presente y futuro.

Estas aportaciones, basadas en la experiencia y el conocimiento local, ofrecen una visión crítica y constructiva, y en este sentido, las jornadas se plantean como un proceso abierto e invita a otros colectivos y asociaciones del municipio a sumarse aportando sus propuestas en futuras convocatorias, al tiempo que se hace un llamamiento a la administración local para que amplíe la participación efectiva en fases deliberativas, de diseño y toma de decisiones, así como el desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas basados en indicadores medibles con la publicación de informes anuales.

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha han formulado un requerimiento ante la Consejería de Desarrollo Sostenible en el que instan a la administración autonómica a adoptar, en el plazo máximo de tres meses, el Plan de Recuperación del lobo ibérico (Canis lupus signatus), una especie que, recuerdan, se encuentra identificada “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas aprobado en 1998.

El requerimiento ya tramitado subraya que la ausencia de este instrumento de planificación incumple lo dispuesto tanto en la Ley estatal de Patrimonio Natural y de Biodiversidad como en la Ley autonómica de 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. Ambas normas obligan a elaborar y ejecutar planes de recuperación para las especies amenazadas declaradas en peligro de extinción.

“El mal estado de conservación del lobo en Castilla-La Mancha exige un plan transparente, dotado de recursos y con medidas claras que aseguren que la especie se recupera. La Junta de Comunidades ha incumplido desde hace casi 30 años la obligación legal de aprobar este instrumento. Con este requerimiento damos el último paso previo a acudir a los tribunales si no se produce una respuesta firme y ejecutiva por parte de la administración autonómica”, advierte Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.

“La presencia del lobo en Guadalajara y los avistamientos en Toledo son buenas noticias desde el punto de vista biológico, pero hay que constatar que esta situación se ha estancado desde hace años y la especie no progresa. Es más, desde que se declaró en peligro de extinción, la especie ha dejado de observarse en Sierra Morena y Montes de Toledo. Por lo tanto, es preciso actuar y hacerlo ya”, señala Ernesto Díaz, del Fondo Lobo.

“La catalogación como especie en peligro de extinción no es un adorno: exige medidas concretas, urgentes y vinculantes. Que el lobo haya vuelto a algunas zonas por sus propios medios no exime a la Junta de elaborar un Plan de Recuperación que garantice su viabilidad a largo plazo y, lo que es más importante, que restaure la presencia de esta pieza fundamental de nuestros ecosistemas en el conjunto de la región. No podemos permitir que la inacción administrativa determine el futuro del lobo en esta tierra”.

Castilla-La Mancha no tiene instrumentos para gestionar la especie

Las organizaciones denuncian que, pese al avance del conocimiento científico que reclama la recuperación de la especie, Castilla-La Mancha continúa sin contar con un instrumento de gestión que consideran “ineludible” para garantizar la supervivencia de una población que se encuentra “en uno de los momentos más delicados de su historia reciente en el territorio regional”.

Sara González, abogada ambientalista que integra el equipo jurídico, señala que el hecho de que el lobo esté presente en algunas zonas de Guadalajara por recolonización natural “es un dato relevante, pero jurídicamente no altera ni un ápice la obligación de la administración” y añade que “el ordenamiento español y castellanomanchego es claro: cuando una especie está catalogada en peligro de extinción, la administración no tiene discrecionalidad para decidir si elabora o no el plan de recuperación”.

En este aspecto subraya que “es una obligación legal directa” y que “la inactividad material de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental”.

Es una obligación legal directa y la inactividad material de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental

Sara González — Abogada ambientalista

Las entidades que impulsan el requerimiento recuerdan la importancia de disponer de “una herramienta sólida de gestión y conservación” que permita implementar y fomentar las medidas preventivas ante eventuales daños al ganado, así como agilizar indemnizaciones e impulsar campañas formativas e informativas que sirvan para tender puentes hacia una coexistencia con la especie como pieza fundamental para el buen funcionamiento de los ecosistemas.

Castilla-La Mancha lleva más de una década habilitando ayudas directas a los ganaderos afectados por ataques de lobo en la comunidad autónoma.

Ecologistas en Acción, con ayuda voluntarios, ha completado la plantación de unos 2.000 árboles en una parcela en La Riberuca, en el municipio de Suances, dentro de un programa para recuperar la cobertura vegetal en el espacio de la ría San Martín.

La actividad se ha venido realizando en los últimos seis años para regenerar la biodiversidad de la zona, compuesta en su mayor parte por masas de encinar cantábrico, de ahí que las plantaciones se hayan centrado en especies como encinas, laureles, acebos, aladiernos y cornejos.

El proyecto de reforestación está patrocinado por el Ayuntamiento de Suances y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de proporcionar un valor ambiental al futuro Área Natural de Especial Interés (ANEI) de la ría San Martín, en tramitación desde 2020.

La ría de San Martín es la única de Cantabria que no tiene ninguna figura de protección, y enlazaría el espacio intermareal con el parque de las Tablas (Torrelavega), a través de las riberas fluviales.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva ha acordado la suspensión cautelar provisionalísima de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector SUS C-2, promovido en El Rompido, término municipal de Cartaya (Huelva), y vinculado al desarrollo de a macrourbanización de lujo Sagitta impulsado por la promotora Loiola. El megacomplejo prevé un mínimo de 800 viviendas, tres hoteles, un campo de golf, un centro comercial y más de 4.000 plazas de aparcamiento, en una zona que los denunciantes (Ecologistas en Acción) consideran turísticamente saturada y que alberga una importante riqueza botánica.

La resolución judicial, dictada el 17 de marzo de 2026 y a la que ha tenido acceso este periódico, estima la solicitud presentada por la federación en Huelva y ordena la paralización de cualquier actuación de “tala, desbroce, arranque de vegetación, movimiento de tierras o alteración del terreno” en el ámbito afectado por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartaya de 8 de mayo de 2025, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización.

La medida ha sido adoptada con carácter urgente y sin oír previamente a las partes demandadas, al apreciar el juzgado la concurrencia de circunstancias de “especial urgencia”. En particular, la jueza considera que la continuidad de los trabajos podría hacer perder la “finalidad legítima” del recurso contencioso-administrativo interpuesto, dado que los daños ambientales denunciados “podrían resultar irreversibles”.

Obras desde febrero

Según recoge el auto, de no suspenderse la ejecución del proyecto “el recurso perdería su finalidad” dado que, “una vez dictada la sentencia, aun resultando estimatoria, la zona habrá desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico, siendo difícil revertir la situación a su estado anterior”.

Ecologistas en Acción señala que el informe pericial aportado al juzgado por el grupo conservacionista “acredita que desde el 24 de febrero se habrían ejecutado actuaciones sobre una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados, incluyendo la tala de más de un centenar de pinos adultos (Pinus pinea), la eliminación de matorral mediterráneo y la alteración física del suelo mediante maquinaria pesada”. La resolución judicial subraya que estos daños “no son fácilmente reversibles y que su continuación resultaría de muy difícil o imposible reparación”.

El juzgado destaca, además, la relevancia constitucional de la protección ambiental, recordando que el artículo 45 de la Constitución impone a los poderes públicos el “deber de velar” por la conservación del Medio Ambiente, y que en la ponderación de intereses realizada “el único riesgo de perjuicio irreparable apreciado es el relativo a los valores ambientales”.

Resolución judicial inminente

La resolución concede ahora un plazo de tres días al Ayuntamiento de Cartaya y a la Junta de Compensación del Sector para formular alegaciones, tras lo cual el juzgado decidirá si mantiene, modifica o levanta la suspensión acordada.

Ecologistas en Acción de Huelva ha valorado “positivamente” la decisión judicial, que considera “un paso importante en la defensa de los valores naturales del ámbito afectado”. La organización destaca que su actuación se ejerce “al amparo de la acción pública en materia ambiental” y “reafirma” su “compromiso” de “velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y ambiental en el desarrollo previsto para Nuevo Rompido Este”.

La medida cautelar adoptada no prejuzga el fondo del asunto, que deberá resolverse en sentencia, pero implica la paralización inmediata de las actuaciones materiales hasta nueva decisión judicial.

Alfanar Energía, empresa promotora de la planta fotovoltaica ‘Haza del Sol’, ha dado un plazo de quince días a un grupo de propietarios de Fuentelencina, un pequeño pueblo de Guadalajara, que no quiere arrendarles sus terrenos para este proyecto.

Les ha remitido una carta, a la que ha tenido acceso este medio, en la que afirma que en el caso de no recibir respuesta en dicho plazo para un “acuerdo amistoso”, considerará que no desean alcanzar un acuerdo y procederá a incluir los terrenos “dentro de la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública”, paso previo a una posible expropiación.

Ecologistas en Acción, que denuncia estos hechos, detalla que el proyecto de parque solar ‘Haza del Sol’ tiene una extensión de 275 hectáreas, pero hay 94 hectáreas que no han sido cedidas por los vecinos.

Su tramitación comenzó en 2021, pero los titulares de los terrenos se quejan de que no fueron informados adecuadamente, según apuntan los ecologistas. Afirman que el ultimátum les deja “indefensos bajo una gran presión y que se limita su capacidad de negociación”.

Este colectivo dice tener “dudas” sobre la viabilidad real de la planta fotovoltaica, puesto que, según señala, está “pendiente un conflicto” entre Alfanar y Red Eléctrica sobre los plazos para habilitar las infraestructuras necesarias para la evacuación de la electricidad generada.

Tierras cultivadas por agricultores locales

La línea prevista tiene una longitud de 48 kilómetros y conectaría Fuentelencina con la subestación de Alcalá de Henares, atravesando regadíos, monte bajo y áreas arboladas.

Buena parte de las 94 hectáreas que no han sido arrendadas están siendo cultivadas por agricultores locales, por lo que su cesión implica “pérdida de actividad agraria y de puestos de trabajo en un contexto en el que se pretende frenar el éxodo rural”.

Subrayan los ecologistas que estos vecinos no se oponen al desarrollo de energías renovables, pero que el proceso tiene que desarrollarse “con transparencia, garantías y equilibrio con la protección del medio”. Solicitan asimismo la intervención de las administraciones competentes para revisar el procedimiento y “garantizar la salvaguarda de los derechos de los propietarios, el empleo agrario y el futuro del municipio”. No descartan emprender acciones legales.

Este medio se ha puesto en contacto por escrito con la empresa promotora del proyecto para recoger su valoración, sin que por el momento haya habido respuesta.

Fuentelencina forma parte de un área de Guadalajara en el que, junto con la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo, están proliferando las plantas fotovoltaicas. Desde hace dos años varias entidades de la zona se han movilizado para mostrar su oposición bajo los lemas ‘No queremos campos de cristal’ y ‘Fotovoltaicas así no’.

En abril de 2024, Ecologistas en Acción presentó una demanda contra la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de declarar, un año antes, el futuro Parque Científico ‘Los Palancares’ de Cuenca como Proyecto de Singular Interés (PSI), cuya promotora es la Diputación Provincial y que sigue su proceso de tramitación. Esta fórmula permite agilizar trámites administrativos para iniciativas que se consideran relevantes en el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma.

Dos años después, el contencioso por esa demanda de los ecologistas ha arrancado en la sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, con la toma de declaración de los primeros cinco peritos.  

Concretamente, han declarado científicos y técnicos de alto nivel, expertos en ecología, biología y ordenación del territorio, procedentes de Cuenca, Madrid y València, quienes han incidido en los dos principales argumentos de Ecologistas de Acción contra la ubicación de ‘Los Palancares’: su proximidad a la microrreserva ‘Complejo Lagunar del río Moscas’ y a la futura base de los bomberos de las brigadas forestales (BRIF).

Desde que este proyecto se dio a conocer hace casi cinco años, Ecologistas en Acción ha mostrado su respeto por los objetivos de economía circular que se marcó el futuro parque científico, pero se opone a su ubicación: está “muy lejos”, a 15 kilómetros de la ciudad de Cuenca, pero a tan solo medio kilómetro y aguas arriba de unas lagunas protegidas con la figura de la mencionada microrreserva. Como ya adelantó este medio, allí habita la loina (o luina), un pez en peligro de extinción. Además, este colectivo también denuncia que ‘Los Palancares’ se ubicará a 277 metros de la zona de especial protección para las aves y de especial conservación ‘ZEC-ZEPA Serranía de Cuenca’.

Con motivo de la declaración de los primeros peritos, hoy han vuelto a hacer hincapié en que el equipo redactor del plan (la empresa pública TRAGSATEC), a pesar de plantear cuatro alternativas, eligió la opción junto a la laguna, “prejuzgando y saltándose el procedimiento establecido en la Ley de Evaluación Ambiental”.

En el estudio ambiental estratégico se contemplaban otras tres opciones, una de ellas junto al polígono SEPES ‘Carretera de Motilla’, sin espacios protegidos cercanos, con acceso por carretera, más cerca de la ciudad de Cuenca y todos los suministros: agua, luz, alcantarillado, teléfono fibra óptica o gas. “Pero a pesar de ello, el Gobierno castellanomanchego emitió en mayo de 2023 la declaración ambiental estratégica dando por buena la ubicación más impactante”.

Con motivo del inicio del contencioso, los ecologistas también han querido poner el acento en la posible afección que la ubicación elegida tendrá sobre la futura base BRIF de Cuenca. Está prevista para junio su traslado desde 'Prado de los Esquiladores' hasta una parcela adyacente al futuro parque científico.

"Puede dar lugar a un ambiente insalubre para los trabajadores y para su actividad habitual en su centro de trabajo”

Carlos Martín — Bombero forestal y representante de CCOO en la BRIF de Cuenca

Carlos Martín, bombero forestal y representante de CCOO de los trabajadores de la BRIF de Cuenca, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha mostrado su preocupación por la posible afección a la calidad del aire que tengan las emisiones de gases y humos de las cinco plantas de gas e hidrocarburos proyectadas en el parque científico.

“Los bomberos forestales debemos realizar prácticas y entrenamientos de alta exigencia física. Esto, sumado a las frecuentes inversiones térmicas que muy a menudo se producen en la zona y las emisiones que ya cargan el ambiente desde la fábrica de maderas del Ayuntamiento de Cuenca y las chimeneas de PINASA, puede dar lugar a un ambiente insalubre para los trabajadores y para su actividad habitual en su centro de trabajo”, alerta.

Este medio ya desgranó las características de estas cinco plantas. La primera de ellas será para electrólisis alcalina: utiliza un electrolizador para dividir las moléculas de agua en hidrógeno gaseoso (H2) y oxígeno gaseoso (O2) utilizando electricidad. Consumirá 550 litros de agua al mes.

La segunda de las instalaciones sería una planta piloto de gasificación de biomasa, obtenida de residuos forestales (podas y limpieza de montes) y agrícolas de la zona y de la empresa Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A., mediante el uso de oxígeno como agente gasificante procedente de la planta de electrolisis alcalina. La previsión es que obtenga 2.850 kilogramos al mes de este producto, que se almacenará en botellas hasta su retirada por un gestor autorizado. Contempla su quema en antorcha de seguridad si fuera necesario.

La tercera planta piloto será para digestión anaerobia (microorganismos que metabolizan sin oxígeno) y upgrading (obtención y mejora) de biogás. Esto quiere decir que se producirá la transformación biológica de los residuos orgánicos procedentes de distintas fuentes (alperujo de almazara, residuos vitivinícolas, lactosuero, aguas azucaradas, entre otras). El biogás se almacenará en botellas en la zona de almacenaje. También prevé su posible quema en una antorcha de seguridad.

Por otro lado, el proyecto contempla una cuarta planta piloto, en este caso de metanol, que se realiza mediante la hidrogenación del CO2. Previo a la reacción se mezclan el CO2, el H2 (o gas de síntesis procedente de la planta piloto de electrolisis alcalina).

Finalmente, la quinta planta piloto sería para la producción de hidrocarburos. Para ello, se someterá CO2, N2 y H2 a la reacción de Fischer-Tropsch: polimerización donde se unen CO y H2 para formar cadenas carbonadas. Posteriormente, se realizará una separación de fracciones. Los gases y las fracciones ligeras se quemarán y las pesadas se recircularán. Solo las fracciones intermedias se almacenarán. No se menciona el destino de los hidrocarburos obtenidos.

Este futuro parque científico ha estado marcado por la polémica desde que en octubre de 2022, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, afirmó en un pleno de esta institución que se pretendía construir también una planta de biogás que procesaría purines. En febrero de 2023 se presentó un proyecto consistente en una planta de biogás y otra de hidrógeno “de las que no se ha vuelto a hablar”, afirma Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción, también presente en las declaraciones de hoy en el Tribunal Superior de Justicia.

Afirma que, por el contrario, los ecologistas recibieron, hace poco menos de un mes, información del proyecto de cinco plantas de gas de las que la Diputación de Cuenca “no ha facilitado información alguna”.

Ni contestación ni reuniones

“Nos cuesta entender el empecinamiento del presidente en ubicar todo esto junto a una microrreserva, a pesar de que ya en 2021 se presentaron numerosas sugerencias de particulares y conservacionistas en contra de la nefasta ubicación y en marzo de 2023 numerosas alegaciones que fueron rechazadas en su totalidad”, añade Villeta.

Y dice que tampoco entiende por qué Martínez Chana “no ha querido reunirse” con las asociaciones que así lo solicitaron, “ni valorare la salud y el bienestar de los bomberos forestales de la BRIF”. Ahora, confían en que la justicia “prime la protección del patrimonio natural y la salud de las personas y obligue a la Diputación de Cuenca a cambiar la ubicación de este plan”, concluye.

Es muy fácil el judicializar todos y cada uno de los aspectos que se dan en nuestra tierra

Álvaro Martínez Chana — Presidente de la Diputación de Cuenca

A este respecto se ha pronunciado el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, quien ha invitado a los que se “amparan bajo asociaciones” a que se presenten a las elecciones y propongan proyectos la provincia. “Es muy fácil el judicializar todos y cada uno de los aspectos que se dan en nuestra tierra”, ha dicho, al tiempo que ha defendido que lo único que busca 'Los Palancares' es la implantación de empresas “sostenibles” y que “generen empleo en nuestra ciudad”.

“Espero es que el sentido común se imponga y que este proyecto salga adelante sin las trabas y sin los palos en la rueda a los que nos tienen acostumbrados. Nosotros siempre vamos a respetar cualquier decisión judicial o, en su caso, veríamos si no es acorde a los intereses de la Diputación los posibles recursos que se pudieran presentar”, ha concluido.

Para el próximo 24 de marzo, están citados el resto de peritos y testigos propuestos por las partes demandada y codemandada. Se trata de siete personas, todas vinculadas a la Consejería de Desarrollo Sostenible y el equipo redactor del plan y los proyectos de urbanización.

Con 800.000 metros cuadrados de suelo industrial, el futuro parque se tramita como Plan de Singular Interés (PSI) mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, puesto que supone la modificación del planeamiento municipal de la ciudad Cuenca. Incluye en total nueve proyectos urbanizadores por un importe de entre 24 y 30 millones de euros, según estima la Diputación Provincial.

Varapalo judicial para ecologistas y vecinos de Madrid Río. La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza n.º 8, ha rechazado el recurso presentado por Ecologistas en Acción y la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial contra la iluminación ornamental instalada por el Ayuntamiento de Madrid en el río Manzanares por no intentar agotar la vía administrativa. En el documento, la magistrada titular desestima el recurso por “prematuro y por falta de agotamiento de la vía administrativa previa” y acuerda el archivo de las actuaciones.

La iluminación se instaló a finales de 2025 en el entorno de la presa 6, entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra, con 61 proyectores led que alcanza un tramo de 560 metros de luz del río. Una actuación por la que las entidades ecologistas y vecinales habían llevado a la Justicia al Consistorio al entender que vulnera la normativa de protección de la biodiversidad.

En el auto, el tribunal no entra a estudiar el fondo del asunto porque el recurso no cumple los requisitos procesales. La jueza esgrime que “no cabe aceptar que, con el conocimiento de los recurrentes reconocen tener desde el 4 de julio de 2024 interpusieran el día 2 de octubre de 2024 el recurso contra una supuesta actuación material en vía de hecho que ni siquiera existía”.

“Es decir, no consta una solicitud previa de la parte recurrente, que haya dado a la Administración municipal la oportunidad de pronunciarse, en fase administrativa, sobre la procedencia de la misma, ni que se haya efectuado, ningún requerimiento previo a una eventual vía de hecho por más que sea facultativo”, indica la magistrada en el texto. En este sentido, el auto se refiere a que el Ayuntamiento no implantó la iluminación a la espera de que se resolvieran las medidas cautelares.

La jueza insiste que “no han intentado siquiera agotar la vía administrativa previa” y que “lo que pudieron y debieron hacer” los denunciantes fue recurrir el proyecto y la resolución por la que se aprobaba la iluminación del Manzanares “en vía administrativa y no, en cambio, interponer un recurso contencioso-administrativo contra una supuesta 'actuación material'” que “sabían que no era tal, es decir, que no era una vía de hecho”. El auto, contra el que todavía cabe recurso de apelación, recoge además la imposición del pago de costas a la parte recurrente, en este caso, vecinos y ecologistas.

La polémica por la iluminación del Manzanares continúa

El Ayuntamiento de la capital defendió la instalación de la iluminación del Manzanares por tratarse de una actuación “sostenible y respetuosa con el medio ambiente” que perseguía el objetivo de embellecer el entorno y dotarlo de mayor seguridad. Su instalación se llevó a cabo mediante soluciones que, según apuntaba el Consistorio, minimizaban la contaminación lumínica, con focos situados en un cajetero del río hecho de piedra natural.

Las luces cuentan con un sistema de telegestión y control que permite regular los niveles de iluminación y variedad cromática, compartir información sobre su estado y funcionamiento, o controlar cada proyector punto a punto, incluso el encendido y apagado. Son proyectores específicamente diseñados para iluminación monumental exterior, según trasladó el Consistorio, capaces de resaltar estructuras a más de 30 metros de distancia y mezclar distintas tonalidades de color.

Esta iluminación fue rechazada por los colectivos ecologistas, al entender que la actuación se habría llevado a cabo “sin una evaluación ambiental” previa pese a la presencia de numerosas especies protegidas. Según los denunciantes, el encendido de la iluminación se produjo a finales de noviembre, coincidiendo con el periodo de invernada de numerosas especies protegidas.

Esta misma semana, la polémica por la iluminación del entorno de Madrid Río ha vuelto. La Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial y Ecologistas en Acción Madrid han rechazado el uso del Manzanares como escenario para eventos como el Festival Internacional de la Luz del Ayuntamiento de Madrid, LuzMadrid, que comienza este jueves, y han exigido protección ante un auge del fenómeno de la “turistificación” en la zona del río.

En concreto, los colectivos han rechazado la instalación Nadar la noche en la presa 8 del río, en el marco de LuzMadrid, al considerar que vulnera “los compromisos de sostenibilidad del propio festival y supone un paso más en la desprotección” del mismo. Según el comunicado difundido por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), las entidades no aprueban la instalación de esculturas luminosas, “una nueva e innecesaria agresión de contaminación lumínica” sobre el río.

Comienza la polémica en torno al futuro parque de ecoturismo y aventuras ToroVerde, que ocupará un amplio espacio entre los municipios de Cuenca, Mariana y Sotorribas, en la sierra de Bascuñana, una prolongación de la Serranía conquense. Ecologistas en Acción ya ha trasladado su oposición al proyecto mediante una batería de alegaciones centradas en la ocupación de un monte de utilidad pública, la tala de árboles y el “derroche de agua”.

Los ecologistas apuntan en primer lugar que su posición es la “opción cero”, es decir, no llevar a cabo el proyecto, pero ante la posibilidad de que se lleve a cabo, puesto que se tramita como Proyecto de Singular Interés (PSI) y con el respaldo total del Gobierno de Castilla-La Mancha, seguirán “trabajando para minimizar en lo posible las fuertes afecciones” del proyecto.

Dicho esto, el primer bloque de alegaciones se centra en la “ausencia” de información sobre las características constructivas, dimensiones, materiales, cimentaciones o apoyos del trazado de las tirolinas que incluye el proyecto. Además, han apuntado que en la documentación no aparece el expediente de compatibilidad ni la 'Memoria del ingeniero jefe' tal y como se recoge en el artículo 169 del Reglamento de Montes.

También indican que el proyecto va a suponer la tala de “un número indeterminado de especímenes forestales”, en una sierra plagada de hábitats de interés comunitario: sabinares de sabina negral, enebrales o guillomares, así como de especies incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas como la planta Euphorbia nevadensis.

Aunque en el estudio ambiental del proyecto se menciona una serie de medidas preventivas y compensatorias, los ambientalistas sostienen que la única manera de reducir el impacto es no realizar “tan desproporcionada actuación”.

Piscinas privadas y un canal de 480 metros

En este punto ponen el foco en otro de los grandes impactos del proyecto: el consumo de agua. Según sus alegaciones la concesión solicitada a la Confederación Hidrográfica del Júcar es de 179.000 metros cúbicos, pero el consumo previsto a pleno rendimiento es de 182.000. Esto se corresponde con un 5,3% del consumo anual de agua de la ciudad de Cuenca.

Dicho consumo se justifica en la presencia de 240 piscinas privadas al aire libre, parte de las 240 habitaciones de lujo que se contemplan, o en la existencia de un canal de 480 metros de longitud, cinco de ancho y un metro de profundidad que supone un consumo entre llenado, evaporación y reposiciones de 7.200 metros cúbicos de agua anuales.

“La finalidad de dicho canal no está lo suficientemente explicada, ya que existe además una piscina de 50 X 40 metros”, han afirmado desde Ecologistas. “También existe un amplio sistema de regadío, cuando se supone que las plantas con que se tiene que repoblar serán plantas adaptadas a la sequía estival”, han añadido.

El presidente de Ecologistas en Acción de la Manchuela, Toni Jorge, ha reafirmado la oposición al proyecto, asegurando que el impulso de un “parque temático basado en el turismo masivo que llega en avión, AVE y transporte privado (hasta un millón de personas) no es la vía para afrontar la crisis ambiental y climática”.

“Se trata de privatizar el medio natural y de convertirlo en moneda de cambio, monetizar en suma la naturaleza, construir un resort de lujo y situarlo caprichosamente a mil doscientos cincuenta metros de altura, elevando el agua quinientos metros para que unas pocas personas (las que lo puedan pagar) puedan darse un baño con vistas al valle y para que los adictos a la adrenalina puedan satisfacer su deseo”, ha concluido.

ToroVerde destaca el apoyo de empresas y Universidad

La situación contrasta con la información que a principios de marzo hizo pública ToroVerde, donde celebraba el respaldo de organizaciones empresariales, civiles y de la Universidad de Castilla-La Mancha durante el periodo de información pública.

Según resaltó, la Agrupación Provincial de Hostelería de Cuenca ha subrayado que el parque supondrá una oportunidad para reforzar el posicionamiento de la provincia como “destino turístico de calidad, con capacidad para atraer visitantes durante todo el año y generar flujos complementarios a la oferta cultural, natural y patrimonial existente”.

Por su parte, afirma ToroVerde que la Comunidad General de Regantes del Alto Júcar, que agrupa a 50 municipios de la provincia, ha expresado su “posicionamiento favorable” al considerar que el proyecto puede coexistir de manera compatible “con los usos tradicionales del agua”.

La entidad destaca que el Plan Hidrológico del Alto Júcar contempla “dotaciones específicas para iniciativas turísticas y recreativas”, y comparte que “un ecoturismo bien planificado puede generar nuevas oportunidades económicas sin comprometer el equilibrio del sistema hidrológico”.

Ecologistas en Acción ha alertado de la “grave afección” que, a juicio de la organización conservacionista, supondrá para la sierra del Dobra la creación de la ruta del Cuaternario, que instala el Ayuntamiento de Torrelavega en la ladera norte del pico de La Capía.

El colectivo entiende que el proyecto es “incompatible” con un acuerdo del Ayuntamiento de Torrelavega de 31 de marzo de 2016, impulsado por todos los grupos políticos, que reconoce los valores “naturales, paisajísticos y culturales” de la sierra del Dobra y promueve su protección.

En un comunicado, Ecologistas en Acción ha anunciado que va a presentar un procedimiento contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 26 de marzo de 2025, que autoriza el proyecto para esa ruta.

Según Ecologistas en Acción, el proyecto incluye desmontes, desbroces, introducción de maquinaria pesada e instalación de infraestructuras, lo que, señala, “choca con la voluntad mayoritaria, política y social de protección de la sierra del Dobra que se plasmó en el modificado 53 del Plan General de Torrelavega”.

Además, opina que el proyecto va a dañar los valores paisajísticos, geológicos, espeleológicos, arqueológicos y etnográficos de la sierra del Dobra, una zona protegida de casi 300 hectáreas. 

Juan Clavero recuerda la noche que pasó en el calabozo de Ubrique. Recuerda que las luces no se apagaban, que no sabía si era de día o de noche, y que temía de verdad no poder demostrar que esa droga que le habían encontrado en su coche no era suya. Cuando la detención de este reconocido ecologista, con décadas de lucha y compromiso, se difundió fueron muchos los que entendieron que le habían tendido una trampa. Así lo consideró el juez que archivó una causa contra él y que abrió otra para intentar encontrar a los culpables de “intentar arruinarle la vida”. La sección octava de la Audiencia Provincial condenó a dos personas, Manuel Alcaide y José Miguel Herrera, pero a una pena mínima por denuncia falsa, y evitó penas para otros dos investigados y la Sociedad Breña del Agua Investment S.L., a la que Clavero acusaba de usurpar caminos públicos de la sierra gaditana. Protesta que se intentó silenciar colocándole una bolsa con cocaína dentro de su vehículo. El ecologista recurrió esa pena y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de ordenar repetir el juicio. Ocho años y medio después todo vuelve a empezar. 

¿Qué supone para usted la repetición de este juicio?

Es un sentimiento ambivalente. Por un lado me alegro, porque el juicio fue impresentable. El tribunal impidió que se les juzgara por los delitos que se habían planteado desde el principio, como detención ilegal o conspiración, y las penas fueron muy suaves en relación con la gravedad de los hechos. A mí me intentaron meter cuatro años en la cárcel por tráfico de drogas. Si me hubieran procesado por eso, habría entrado. Y, sin embargo, a ellos les cayó lo mínimo. Por ese lado es positivo que se repita. Pero llevo ocho años y medio con esto. En agosto serán nueve. Y la lentitud de la justicia genera sensación de impunidad.

¿Dónde cree que estuvo el error del anterior juicio?

No se puede iniciar un juicio desestimando parte de las acusaciones cuando había indicios suficientes en el auto de procesamiento. Eso lo dice ahora el TSJA. La decisión es fuerte porque supone desautorizar absolutamente al tribunal. La presidenta tuvo una actitud bastante hostil contra mí y bastante risueña a los abogados de los acusados. Además, la dilación indebida rebaja penas. Todo acaba beneficiando a los condenados. Ahora vuelven a ser presuntos porque hay que juzgar otra vez a los cuatro implicados y también a la empresa.

En una democracia no se puede intentar silenciar a quien defiende caminos públicos metiéndole droga en el coche

¿Qué espera del nuevo juicio?

Que cambie el tribunal, por apariencia de imparcialidad. Un tribunal que ni siquiera quiso juzgar determinados delitos difícilmente va a apreciarlos ahora. Y espero condenas proporcionales. Esto puede tener consecuencias muy importantes. O hay una sentencia ejemplar o se estará legitimando la impunidad de prácticas mafiosas. Si las penas son pequeñas y las empresas salen de rositas, el mensaje es peligrosísimo: que con conflictos sociales puedes intentar hundir a alguien y no pasa nada. Pero si hay una sentencia ejemplar, dentro de la ley, puede disuadir a otros. En una democracia no se puede intentar silenciar a quien defiende caminos públicos metiéndole droga en el coche.

¿Llegó a temer que pudieran llegar tan lejos?

Jamás se me habría ocurrido. Llevo décadas luchando por caminos públicos y espacios naturales y he tenido conflictos duros, pero esto no. Cuando la Guardia Civil me registró la furgoneta y me mandó a 100 metros mientras encontraban la bolsa, pensé que era una pesadilla. Luego vino el calabozo. Una noche entera con dos focos encendidos, sin reloj, sin gafas, sin saber qué hora era. Dándole vueltas a cómo podían haberme metido aquello.

¿Tuvo miedo?

Claro. Por mi familia, por mi reputación. El primer día aparecí en medios nacionales como detenido por tráfico de drogas. Eso fue durísimo. Recuerdo los grilletes, te inmovilizan. Mi mujer y mi hija me vieron llegar esposado con ocho guardias civiles sin saber nada. Es una imagen que no se borra.

¿Quién le ayudó?

Ahora lo puedo contar. A mí ayudaron dos cartas anónimas que me llegaron con datos internos para que pudiera defenderme. Ahora sé que eran de un guardia civil. Y me ayudaron vecinos, testigos... Y hubo pruebas claves, como las cámaras de un bar donde se reunió el cabo con uno de los implicados horas antes del dispositivo. Sin esa colaboración habría sido muy difícil demostrar nada. Porque, ¿cómo pruebas quién y cómo te meten una bolsa debajo del asiento? También recibí muchos apoyos. Menos algún medio nacional y algún político como Germán Beardo (alcalde de El Puerto), me sentí muy respaldado.

¿Cree que hubo algo más que una actuación individual?

Yo no tengo pruebas de que la empresa organizara todo, pero la responsabilidad civil subsidiaria es evidente. Directivos de la empresa participaron usando recursos de la empresa. Y la empresa fue absuelta. Eso debe revisarse. Además, hablamos de una finca de miles de hectáreas, con conflictos por la usurpación de caminos públicos, con un modelo de gestión muy vinculado al viejo caciquismo. Aquí no estamos hablando de un malentendido.

Si me hubiera encerrado o retirado, habrían ganado. Esto puede sentar un precedente. O se consolida la idea de que al que levanta la cabeza se le pega un porrazo, o demostramos que por la vía legal se puede defender el patrimonio público

A pesar de todo lo que le ha pasado, sigue en la misma reivindicación: recuperar los caminos públicos de los montes de la provincia de Cádiz.

Al revés, lo que me ha pasado me ha hecho llevarlo con más fuerza. Si me hubiera encerrado o retirado, habrían ganado. Esto puede sentar un precedente. O se consolida la idea de que al que levanta la cabeza se le pega un porrazo, o demostramos que por la vía legal se puede defender el patrimonio público.

El conflicto de fondo sigue siendo la defensa de los caminos públicos.

Exacto. Los caminos son calles del campo. Son de titularidad municipal. Y muchos ayuntamientos los han dejado perder física y jurídicamente. No estaban inventariados ni inscritos en el registro. Ahora hemos conseguido que algunos municipios avancen. Ubrique lo tiene aprobado, Zahara está a punto. Grazalema hizo el inventario en 2019 y lo tiene en un cajón. El camino sigue cerrado. Eso es lo que no puede ser.

¿Y cómo va esta lucha?

Vamos a iniciar una vía nueva que permite la ley: que vecinos del municipio pidan amparo judicial para obligar al Ayuntamiento a abrir el camino. No es una denuncia, es un requerimiento. Si el juez nos da la razón, ordenará la apertura. Es un paso importante. Ya he conseguido el sí de algunos vecinos de Grazalema.

Estos días ha vivido en persona también las lluvias extremas en la Sierra de Grazalema porque usted tiene casa en Benamahoma. ¿Cómo lo ha llevado?

También de forma ambivalente. El espectáculo natural ha sido impresionante. El agua en Grazalema es algo grandioso. Pero hemos estado aislados en Benamahoma varios días, sin poder entrar ni salir, sin poder ir a comprar el pan, con horarios restringidos. Ha habido ansiedad. Y daños económicos importantes en restaurantes y negocios.

¿Ve en estos episodios una confirmación del cambio climático?

Sin duda. Los científicos llevan décadas advirtiendo de un aumento de fenómenos extremos en el Mediterráneo: sequías más fuertes y temporales más intensos. El Mediterráneo se está calentando a niveles del Caribe. Lo que estamos viendo son sistemas casi huracanados entrando por el este. Y, sin embargo, crecen los discursos negacionistas. Es muy preocupante.

¿Cree que no estamos aprendiendo?

No estamos tomando conciencia suficiente. Igual que con la pandemia: si hubieran ganado los negacionistas, el desastre habría sido mayor. Aquí pasa lo mismo. O tomamos medidas urgentes o nuestros pueblos no van a aguantar lo que viene. No es un problema de nuestros nietos. Es de nosotros.

Ecologistas en Acción advierte de que el Cañón del Río Leza y las Fuentes del Restauro están en peligro. Advertencia que justifican en el proyecto que prevé ejeucutar el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje que proyecta la creación de un sendero colgante en el Cañón del Río Leza en una zona de alto valor ecológico como es la Reserva de la Biosfera y el epsacio Red Natura 2000 en la penas del Iregua y Jubera y que tiene el nombre de 'Sendero colgante de Leza de Río Leza en la Reserva de la Biosfera en La Rioja“.

El proyecto cuenta con un presupuesto de algo más de 47.500 euros con los que se pretende potenciar el atractivo del Cañón del Río Leza a través de una ruta circular que incluye puentes y estructuras colgantes, tal y como recoge el pliego de prescripciones técnicas al que ha tenido acceso Rioja2 que además señala que el diseño debe contemplar la accesibilidad universal y garantizar que las estructuras estén por encima de los niveles de crecidas del río. El objetivo final es que los senderos sean reconocidos como senderos locales (SLR) o de pequeño recorrido (PRR) por la Federación Riojana de Montañismo (FERIMON).

Una actuación que desde Ecologistas en Acción califican de “traumática y peligrosa”. Y es que explican que en la actualidad ya existe un sencero circular muy conocido por los senderistas, que partiendo de la cantera de Leza de río Leza se adentra por el cañón de estse riío y vuelve al lugar de partida por una pista y un sendero. “Es un recorrido bonito, integrado en el entorno y por el que se entra en contacto con la naturaleza sin alterarla”. Sin embargo, el proyecto previsto “ofrece una ruta no existente en la actualdiad que es necesario construir usuando pasarelas y puentes colgantes en una zona de cortados rocosos y caídas verticales lo que provocará una modificación del paisaje rupícola del lugar y delas aves que allí viven”.

En cuanto a las Fuentes del Restauro, desde Ecologistas en Acción advierten de que “se va a llenar de vías ferratas e intervenciones en el río para permitir un fácil accceso y con ello una afluencia masiva de visitantes que van a comprometer la conservación del lugar”. Y todo ello, añaden, “en una zona declarada protegida por la normativa comunitaria que forma parte de la Red Natura 2000 y que exigiría la elaboración de un estudio de repercusiones ambientales”.

Dos actuaciones que a juicio de la entidad ecologista “no tiene ningún sentido llevar a cabo. Nos parece oportuno que se acondicione, mejore y señalice el sendero que ya existe, como refleja el pliego de condicoines, pero no esta barbaridad”. Una “barbaridad” que recriminan “ejecuta el órgano del Gobierno de La Rioja que debería velar por la integridad de los paisajes y por la conservación de la biodiversidad y que, en aras de fomentar un turismo mal entendido asociado a la Reserva de la Biosfera, pone en peligro los valores de un enclave natural incónico”.

De hecho se preguntan “qué está pasando con la política del Gobierno de La Rioja relacionada con el disfrute de la naturaleza a través de senderos y rutas verdes, que está alterando la naturaleza, ni lo que pretende mostrar”. Y señalan otras actuaciones como “la alteración del único cortado rocoso del valle del Oja donde crían aves rupícolas por la vía ferrata de la peña de San Torcuato en Ezcaray, o el destrozo de la vegetación de ribera realizado en Herce por modificar el trazado de la vía verde del Cidacos”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción piden al Gobierno de La Rioja la no ejecución de este proyecto y a la Federación Riojana de Montañismo que “no homologue este sendero colgante y la variante hasta las fuentes del Restauro, por el peligro que entraña y la responsabilidad que conlleva”. Porque además, “habría que tener en cuenta el mantenimiento que se va a realizar”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Juan Clavero y Ecologistas en Acción, y que fue apoyado por la Fiscalía, contra la sentencia dictada el día 14 de octubre de 2024 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, según informa en una nota de prensa Ecologistas en Acción.

La sentencia condenó a Manuel Alcaide Parra y a José Miguel Herrera Díaz como autores criminalmente responsables de un delito de denuncia falsa, a las penas de un año de prisión y multa de 15 meses, a razón de 6 euros de cuota diaria. Asimismo se les condenó a indemnizar, conjunta y solidariamente, a Juan Clavero en la suma de 20.000 euros, en concepto de responsabilidad civil. La sentencia absolvió a los otros dos procesados, Juan Luis Pérez Ramírez y Óscar González, y a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L.

La sentencia incluía como hechos probados que José Miguel Herrera Díaz, gerente en 2017 de las fincas propiedad de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., acordó con Manuel Alcaide que “participase en dicha ruta haciéndose pasar por simpatizante del grupo ecologista y que, disimuladamente, introdujera cierta cantidad de drogas en el vehículo de alguno de dichos miembros para, a continuación, avisar a la Guardia Civil y propiciar la apertura de las correspondientes diligencias penales”. Estos hechos son constitutivos de un delito de denuncia falsa, con penas de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, que terminaron siendo reducidas por dilación indebida, recuerda la asociación.

El tribunal “impidió que se abordaran los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal”, que plantearon tanto la acusación particular ejercida por Juan Clavero, como la popular ejercida por Ecologistas en Acción, destaca la nota. Ambas acusaciones solicitaban penas más elevadas e indemnizaciones más cuantiosas, dada la gravedad del daño que se pretendió causar a Juan Clavero, que podría haber terminado en prisión como traficante de drogas.

Ecologistas en Acción consideró “muy sorprendente” la absolución como responsable civil subsidiaria de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., pues quedó demostrado que su administrador, José Miguel Herrera, fue quien organizó la trampa para imputar a Juan Clavero como narcotraficante, y que admitió en el juicio que contrató a Manuel Alcaide como espía y, según reconoce la sentencia, para introducir cocaína en el vehículo de Juan Clavero.

Tanto Juan Clavero como Ecologistas en Acción anunciaron que recurrirían la sentencia ante el TSJA, como así hicieron, y ahora dicho tribunal les ha dado la razón, anulando la sentencia y obligando a repetir el juicio.

Juan Clavero y Ecologistas en Acción muestran públicamente su satisfacción por esta resolución, que permitirá enjuiciar a los acusados de urdir esta trama, no solo por el delito de denuncia ilegal sino también por los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal. Los acusados se podrían enfrentar a una pena de siete años de cárcel y multa de 21.600 euros, además de a una cuantiosa indemnización. Asimismo, se volverá a plantear que se condene a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L. como responsable civil subsidiaria.

Ecologistas en Acción espera que en el nuevo juicio se haga justicia y no quede impune ninguno de los implicados en esta trama.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra el decreto por el que la Junta de Extremadura ajusta los límites de 11 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y deja fuera de estas a la urbanización de lujo Isla de Valdecañas.

La organización ecologista ha denunciado que el decreto excluye “deliberadamente” la isla de Valdecañas de la ZEPA bajo la justificación de adecuar los límites a la cota máxima de llenado del embalse, con el objetivo de eliminar el principal obstáculo ambiental para la legalización del complejo. Pero Ecologistas en Acción ha recordado que el proyecto fue declarado ilegal y que su demolición total ha sido ratificada en diversas ocasiones por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Según la organización, han transcurrido 19 años desde el inicio del procedimiento judicial contra el Proyecto de Interés Regional 'Marina de Valdecañas', 15 años desde que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx anulara el PIR y once años y medio desde el inicio de la ejecución de las sentencias. “A pesar de ello, el complejo -que incluye hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones anexas- continúa plenamente operativo”, ha criticado.

De igual forma, ha señalado que el Tribunal Supremo estableció que las construcciones “deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones”, mientras que el Tribunal Constitucional inadmitió o rechazó los recursos de amparo presentados por la Junta, los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo y las comunidades de propietarios.

El coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura, Julio César Pintos, ha denunciado que, 19 años después, “la legalidad sigue sin restaurarse” y ha acusado a las administraciones implicadas y a la promotora de no haber iniciado la restauración ambiental.

Por su parte, el abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la Universidad Autónoma de Madrid, Jaime Doreste, que representa a la organización en este recurso, ha calificado el decreto como “un fraude de ley” y ha asegurado que la redelimitación pretende “vaciar de contenido sentencias firmes” que exigen la demolición.

Ecologistas en Acción ha defendido que el decreto carece de justificación técnica objetiva y que ha sido diseñado para excluir de la protección ambiental la superficie donde se asienta el complejo, lo que, a su juicio, facilitaría una eventual regularización.

La organización ha solicitado que se paralice la aplicación del decreto y ha exigido a la Junta de Extremadura el cese de cualquier actuación encaminada a eludir el cumplimiento de las sentencias, así como el inicio efectivo de los trabajos de demolición y restauración ambiental de la isla de Valdecañas.

Ecologistas en Acción de La Rioja ha manifestado su firme oposición a la aprobación provisional de la segunda fase de la fábrica de yeso de la empresa Formatt Building en el polígono de El Recuenco en Calahorra. Denuncian concretamente la “ocultación” de una chimenea de calcinación de 50 metros de altura que, según la organización ecologísta, contraviene el espíritu y la letra de la propia Ley de Protección del Paisaje impulsada por el Gobierno regional.

La organización señala que esta estructura será visible desde municipios vecinos como Azagra, Aldea Nueva y Rincón de Soto, afectando gravemente a la percepción de los paisajes agrícolas del Valle del Ebro. Según Ecologistas en Acción, el proyecto ignora el Artículo 13 de la Ley 4/2025 del Paisaje de La Rioja, que clasifica automáticamente como de “elevado impacto” cualquier construcción que supere los 25 metros.

“Se ha pasado de un proyecto de I+D para la Ciudad del Envase, que integraba con el entorno, a una industria pesada con una chimenea que duplica el límite legal de impacto paisajístico”, denuncian desde el colectivo, criticando que el proyecto se haya beneficiado de una evaluación ambiental “descafeinada” bajo la etiqueta de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).

Riesgos para la salud y el medio ambiente

Más allá del impacto visual, la plataforma advierte sobre las consecuencias de las emisiones a tan solo 3 kilómetros del casco urbano de Calahorra. La actividad de la planta conllevaría “la dispersión de partículas de yeso calcinado altamente irritantes para las vías respiratorias, a lo que se suma la liberación de emisiones de CO2, NOX y SO2 derivadas del uso de gas natural que agravan el calentamiento global, todo ello en un marco de alto consumo de agua y energía que genera, además, riesgos térmicos y vibraciones perjudiciales tanto para el personal como para el entorno”.

Ecologistas en Acción insta a las Direcciones Generales de Calidad Ambiental y de Paisaje a que revalúen el impacto real de esta instalación. Consideran “contradictorio” que el mismo partido que aprobó la Ley del Paisaje autorice ahora una infraestructura que rompe de forma tan drástica con la protección de los paisajes agropecuarios tradicionales.

“No se puede vender como 'residuo cero' una factoría que requiere una chimenea de estas dimensiones y que supone un riesgo potencial para la salud de miles de riojanos”, concluye el comunicado.

El desahucio de la histórica activista ecologista y anticapitalista Paca Blanco previsto para la mañana del lunes 23 de febrero en una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) ha sido anulado por los tribunales. En una resolución a la que ha tenido acceso Somos Madrid, el procedimiento de lanzamiento previsto para las 10.30 horas del citado día se deja “sin efecto”.

La diligencia parte de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 90 de Madrid y está fechada el pasado martes, 17 de febrero. El motivo de la anulación es la imposibilidad de haber emplazado la notificación del lanzamiento al demandado oficialmente, el hijo de Paca Blanco.

La activista protagonizó este miércoles un conato de encierro en la sede de EMVS, donde ha participado la propia activista, además de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinas, Anticapitalistas y otros colectivos que se han volcado en el apoyo a Paca. Hasta 150 organizaciones han mostrado su apoyo público a la también autora de la biografía Paca Blanco La Brava (Editorial Libros en Acción), donde relata la represión franquista contra las mujeres a través de su propia experiencia.

La acción tuvo lugar en torno a las 11.00, con sus protagonistas abandonado el lugar alrededor de una hora después debido a la intervención de decenas de agentes policiales. Desde Anticapitalistas trasladan a Somos Madrid que el encierro en el edificio del número 13 de la calle Palos de Frontera buscaba concertar una reunión con el gerente de EMVS para aclarar la situación respecto del inmueble, un hecho que no se ha producido.

“Una de las razones de la acción de hoy era que nos dijeran si es verdad o no que se va a producir un aplazamiento, porque en el juzgado nos dicen que a ellos no les ha llegado ninguna petición de paralización. Es un caso de maltrato por parte de EMVS”, trasladan desde Anticapitalistas.

Hasta el momento, las organizaciones sociales implicadas en este caso no han recibido notificación ninguna de los juzgados. Por ello, animan a mantener la movilización de apoyo a Paca en el portal de su domicilio el próximo lunes desde las 8.30. La activista de 77 años reside en el número 12 de la calle Játiva, en el barrio de Adelfas del distrito de Retiro. Allí vive desde hace once años en una casa que EMVS adjudicó a su hijo.

Sobre una posible irregularidad en la subrrogación, desde EMVS apostillan que “en términos generales, esta solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”. Recuerdan que “la empresa municipal solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales, por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales, subarriendos o impagos reiterados durante muchos años, sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros”.

La versión de Paca y sus allegados es muy distinta. Cuentan que cuando su hijo se marchó, intentó subrogarse en el contrato de alquiler, pero la entidad dependiente del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no le ha permitido pagar el alquiler social correspondiente y regularizar la situación. “El Ayuntamiento de Madrid se lo ha negado durante años, y el último año, cuando ha podido pagarlo, lo ha hecho, pero no la han reconocido como inquilina de la vivienda pública por la que envía una renta cada mes”, lamentan fuentes cercanas a la afectada.

Militante de Anticapitalistas y muy activa integrante de Ecologistas en Acción, Paca Blanco es una de las grandes figuras del movimiento antinuclear en el país. Natural de Extremadura, hace unos años se vio obligada a abandonar la localidad de El Gordo debido a la presión política y de sectores reaccionarios por su oposición al resort de lujo Marina de Valdecañas, cuya construcción acabó paralizada en los tribunales por irregularidades normativas y por su impacto natural. En Madrid encontró su refugio, así que ahora lucha por no quedarse de nuevo a la intemperie.

Más de 150 organizaciones y colectivos de todo el país han firmado el manifiesto de apoyo a la histórica activista ecologista y anticapitalista Paca Blanco. Denuncian la orden de desahucio que ha recibido a sus 77 años por parte del Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), al tiempo que piden que se reconozca su derecho a permanecer en su hogar.

El manifiesto, suscrito por sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales, subraya que el caso de Paca Blanco no es un hecho aislado, sino la expresión de una dinámica estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios. “Paca Blanco es la cara visible de esta práctica descarnada que despoja a muchas personas de un derecho esencial: una vivienda digna”, destacan las organizaciones firmantes. Recuerdan la trayectoria de Paca como referente en las luchas sociales, ecologistas, feministas y por el derecho a la vivienda, así como su compromiso sostenido durante décadas en defensa del territorio, el medio ambiente y la dignidad de las personas. “El intento de desahucio supone una injusticia especialmente grave contra una persona que ha dedicado su vida a la defensa del bien común”, aseguran en un comunicado.

El amplio respaldo recibido refleja el reconocimiento social hacia Paca Blanco y la creciente preocupación por la crisis de vivienda. Desde las organizaciones firmantes se insiste en que la solución es clara y está al alcance de las instituciones: “Paralizar el desahucio, reconocer su derecho a la subrogación en el contrato y garantizar un alquiler social adecuado a sus ingresos, tal como ella misma ha solicitado durante años”. Las firmantes concluyen que la defensa de Paca es también la defensa de un derecho fundamental. Según señala el manifiesto, reconocer su derecho a permanecer en su hogar implica defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora y garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas.

Paca Blanco se fue a vivir junto a su hijo al piso de la EMVS que le habían adjudicado en el barrio de Adelfas, del distrito de Retiro. Su hijo se marchó y desde ese momento ella intentó subrogarse en el contrato. Ha intentado que el Ayuntamiento de Madrid le permita regularizar su situación, algo que se le ha negado, a pesar de haber pagado el alquiler durante el último año. “En términos generales, solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”, precisan desde EMVS acerca de la subrogación. Y añaden: “La empresa municipal solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales, por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales, subarriendos o impagos reiterados durante muchos años”.

La trayectoria de Paca ha estado marcada por el compromiso social desde el ecologismo, la lucha antinuclear y el movimiento de vivienda. Su vida ha estado también atravesada por la precariedad y la persecución política. De joven sufrió el internamiento forzado en instituciones del franquista Patronato de Protección a la Mujer, experiencia que recogió en un libro. Años después fue expulsada de su vivienda, en la localidad extremeña de El Gordo, cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y lideraba la campaña contra el resort de lujo Marina de Valdecañas.

A sus 77 años y con un estado de salud delicado, Paca se enfrenta ahora a una orden de desahucio, prevista para el próximo lunes 23 de febrero después de la orden emitida por un juzgado de primera instancia. De hacerse efectivo, la empujarían a la calle o a un nuevo internamiento en una institución para mayores. Las organizaciones y personas firmantes advierten de que el desahucio de Paca Blanco tendría una enorme gravedad social y simbólica. De acuerdo al manifiesto, “Paca lleva toda su vida defendiendo lo que es de todas. […] Exigimos que se reconozca su derecho, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos, y a una vida decente para todas las personas”.

El Tribunal Supremo ha dictado en lo que va de mes de febrero tres resoluciones en las que inadmite a trámite otros tantos recursos del Gobierno vasco para tratar de salvar la autorización ambiental concedida en su día por la ahora consejera Amaia Barredo, del PNV, al proyecto Valogreene Paper de Bergara, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Se suman a una cuarta providencia, adelantada por este periódico en diciembre, y que va en la misma dirección.

¿Cuáles son las implicaciones jurídicas? Queda anulada de forma firme y definitiva la rúbrica estampada en su momento por Barredo, cuando era viceconsejera de Medio Ambiente con Arantxa Tapia, al controvertido proyecto de valorización de residuos en la localidad guipuzcoana. Además, el cuádruple intento fallido de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico implicará un coste adicional de unos 10.000 euros para las arcas públicas, ya que cada uno de los pronunciamientos del Supremo incorpora la condena en costas a la Administración vasca, de 2.000 euros más IVA por recurso.

En su día, la empresa Greene Waste to Energy planteó un proyecto en el polígono Larramendi de Bergara. La controversia surgió porque, inicialmente, recibió el visto bueno del Ayuntamiento, en manos de EH Bildu. Pero al entender que la naturaleza del plan había sido cambiada de forma sustancial, de un proyecto aparentemente industrial a otro de gestión de residuos, la institución municipal que dirige Gorka Artola emitió un dictamen negativo 'a posteriori'. Pese a ello, Medio Ambiente del Gobierno vasco, en manos del PNV, concedió igualmente la autorización ambiental con la firma de Barredo.

Así las cosas, se lanzaron cuatro recursos contencioso-administrativos ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los recurrentes fueron Ekologistak Martxan, el Ayuntamiento de Bergara, una funcionaria municipal a título individual y un particular. Todos ellos ganaron en primera instancia, pero el Ejecutivo decidió mantener la batalla judicial. Y fue al Supremo. Pero no ha tenido éxito.

Ha perdido los cuatro intentos. Los últimos días se han ido notificando tres de las resoluciones, dos meses después de la primera. Y todas, machaconamente, inadmiten la pretensión del Gobierno vasco de que se revisara la sentencia del Superior. Ni siquiera entran al fondo. Aprecian una “inobservancia” de los requisitos para elevar el asunto al alto tribunal, es decir, no hay “interés casacional” y simplemente se buscaba en otra instancia enmendar la plana a un tribunal que ya ha valorado todos los hechos.

Las providencias son de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, compuesta por los magistrados Pablo Lucas como presidente -hermano de Enrique Lucas, en su momento vocal del CGPJ a propuesta del PNV y ahora presidente de la Comisión de Control de la Policía vasca-, Ángeles Huet como ponente, José Luis Requero, Sandra María González de Lara y Pilar Cancer.

En paralelo, la Fiscalía vio indicios de que esta autorización de Valogreene Paper pudo constituir un delito de prevaricación. Sin embargo, el caso quedó totalmente archivado después de una suerte de partido de tenis de mesa entre el juzgado de Vitoria que inició las actuaciones y la sala para asuntos civiles y penales del Superior, a la que en 2024 le cayó el asunto al convertirse Barredo en miembro del Gobierno y, por lo tanto, en aforada. No consta que en esta instancia se practicara ninguna diligencia.

Sí sigue vivo formalmente otro proceso. En este caso parte de un recurso de la empresa promotora, también por la vía de lo contencioso-administrativo, contra el Ayuntamiento de Bergara. Un juzgado de Donostia le dio la razón y anuló el cambio de parecer municipal. El PNV lo presentó como un triunfo. En su día, la ahora presidenta del partido en Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, llegó a plasmar por escrito que la prevaricación la habría cometido Artola, el alcalde, al echarse para atrás. Sin embargo, será el Superior el que revise en segunda instancia esa resolución del Tribunal de Instancia donostiarra y, salvo giro copernicano en su jurisprudencia, sustentada en cuatro fallos anteriores, mantendrá el veto a Valogreene Paper, indican fuentes conocedoras del caso.