El pasado domingo 25 de mayo se declararon activos dos incendios forestales en el paraje Rincón del Membrillo, en el corazón del Parque Nacional de Doñana, en la localidad de Almonte (Huelva). El primero se logró sofocar en el mismo día, mientras que el segundo quedó estabilizado a las 22:15 horas del pasado martes, y ya está controlado.

Actualmente se desconoce exactamente la dimensión de la zona quemada, aunque se estiman que son unas 500 hectáreas de perímetro, según un análisis preliminar de la Estación Biológica, con algunas islas de vegetación que no han sido afectadas. El incremento de la fuerza del viento y las dificultades para moverse en una zona de marismas, ya que hay humedales que dificultan la estabilidad, han hecho que el incendio haya sido más difícil de controlar. Desde un primer momento, Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, señaló “una posible intencionalidad” del mismo. 

La romería a la aldea de El Rocío el pasado fin de semana ha estado en el punto de mira. Algunas hermandades que acuden desde la provincia de Cádiz pasaron por la zona del incendio, si bien, la última de ellas terminó de pasar por Doñana el día anterior por la mañana, pasando más de 24 horas desde que pasaron los peregrinos hasta que se declaró el primero de los incendios. 

Sanz señaló en una entrevista concedida a Canal Sur Radio que “el recorrido de las hermandades se produjo dos días antes y se certifica siempre la limpieza. La zona queda expedita y más limpia que cuando llegaron las hermandades”. Sin embargo, Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, ha indicado a este periódico que “las zonas después del paso de la romería siempre están más sucias, y el hecho de que haya más movimiento de gente, hace que se facilite la entrada de personas a un lugar donde normalmente no hay nadie”. Además, asegura que “los lugares donde se han iniciado los fuegos son lugares de pernocta”.

Actuaciones de prevención y falta de recursos

A la espera de una investigación que esclarezca las causas, Juanjo Carmona, coordinador para WWF de Doñana, cree que una de las claves está en el Plan INFOCA, que considera esta época del año como Peligro Medio. Sin embargo, él cree que “mayo si es una época de incendios”, por lo que habría que situarlo en Peligro Alto, pero que no se hace porque “supone más dinero”. 

“Llevan años quemando a Doñana”, afirma Juan Romero, representante del consejo de participación de Doñana de Ecologistas en Acción. Ante los múltiples conatos de incendios que ha habido en Doñana estos últimos años, Romero señala que “hay que hacer los deberes para que aquellos que por negligencia, imprudencia o intencionalidad no se salgan con la suya y, aquellos que quieran quemar Doñana, lo tengan muy difícil”. 

Por otro lado, indica que hace tres años, en la zona incendiada, había “miles de pinos secos”, algunos de ellos “estaban cortados y otros caídos”, haciendo que haya “un montón de montañas de madera seca”, a lo que recalca que “tanta cantidad de biomasa cortada y abandonada está prohibido”. Asimismo, asegura que “es más barato prevenir que arreglar los desastres de un incendio”.

A esta problemática se suma las protestas de los bomberos forestales hace apenas un par de semanas, donde el CGT, sindicato mayoritario en el INFOCA, exigió al Gobierno andaluz que cumpla con compromisos como la estabilidad del dispositivo. Romero le indica a Sanz que le “preste atención a los bomberos forestales”, dotándolos de unos mejores medios, porque Doñana tiene una orografía complicada y los vehículos se quedan atascados. 

“Una patada hacia adelante”

Tras el incendio que asoló el Parque Natural de Doñana en 2017, donde ardió un perímetro de 10.000 hectáreas, se sacaron conclusiones a través de una comisión científica que evaluó los daños y realizó propuestas de restauración. A la espera de que se conforme una para este incendio, Sanz ha asegurado que “finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado” y que existen existen “islas de vegetación” que no han sufrido daños. 

Ante estas declaraciones, Romero indica que son una “patada hacia adelante” por parte del consejero, y asegura que debería de haber “esperado a una comisión científica”. Por otro lado, señala que “no se trata de recuperar árboles, que es lo que fundamentalmente se ha quemado, sino que hay que recuperar ecosistema, ecosistema original, con asesoramiento científico, participación pública y transparencia”.  

En un primer momento se indicó que el incendio se había producido en la localidad de Almonte, en el paraje de las Marismillas, situado en uno de los extremos del Parque de Doñana. Carmona indica que “en una vertiente técnica, ha actuado dentro de los protocolos”, al nombrar el incendio por la localidad en la que se ha producido, pero “en una vertiente política ha tenido una actuación nefasta, absurda e infantil” al evitar pronunciar Parque de Doñana. 

Conflicto político 

Por su lado, los tres partidos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) han pedido la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento. María Márquez, vicesecretaria general del PSOE-A, denunció un “apagón informativo” en el Gobierno del PP y la necesidad de aclarar de manera “urgente” lo ocurrido, “qué ha pasado” y “cómo se produce” un incendio en el corazón del enclave natural más importante de Andalucía. 

Por otro lado, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, puso el foco en la falta de inversión en el Plan Infoca, donde ha destacado la falta de equipamientos y personal de la plantilla, cifrando en 400 las vacantes “sin cubrir”, así como “cientos de interinidades sin cubrir”. 

“Se están teniendo que unir equipos porque no pueden intervenir. En la primera noche tenían sólo dos autobombas. Tienen vehículos que no son apropiados para andar por el monte y que se quedan atascados en la arena, tienen EPI [equipos de protección individual] incompletos, les están obligando a hacer unas jornadas extenuantes que los sindicatos están diciendo que están poniendo en peligro a los trabajadores. Y hay gente en la bolsa esperando que le llamen”, explicó García. 

Desde Por Andalucía, también se puso en entredicho la inversión en las condiciones laborales y el equipamiento con el que cuenta el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). Además, el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha señalado que lo acontecido “es producto de la negligencia y la falta de cuidado que tiene la Junta con un espacio que se le ha dado para cuidarlo como es Doñana”. 

Por su parte, la Junta de Andalucía todavía no ha confirmado si comparecerá ante el Parlamento, y ha indicado que los efectivos utilizados para controlar el incendio constan de una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales (de los que 130 son bomberos forestales), 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada.

El Gobierno de Castila-La Mancha ha asegurado que sancionará a Puy du Fou si se han producido infracciones referidas al enterramiento de animales en su recinto.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo regional se abre a llevar a cabo una investigación después de que el parque temático ubicado en Toledo reconociera la semana pasada que dentro de sus instalaciones se realizaron enterramientos clandestinos de animales que forman parte de sus espectáculos, hechos por los que la empresa despidió a tres responsables del departamento de animales, y tres semanas después de publicarse la investigación de elDiario.es que destapó el caso. Esta misma semana, Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante un juzgado de Toledo por presuntos delitos de maltrato animal y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

“Nosotros siempre vamos a hacer que se cumpla la legislación y, si se ha producido una infracción, abriremos el expediente correspondiente para condenarlo”, ha asegurado la consejera portavoz, Esther Padilla, a preguntas de los medios en rueda de prensa.

Aunque Padilla ha reconocido que un primer momento desde el Gobierno regional no tuvieron conocimiento de estos hechos, la semana pasada ya si que lo tuvieron y ahora la Consejería de Desarrollo Sostenible “va a iniciar los trabajos de investigación, de inspección” para saber qué ha ocurrido y establecer los trámites que sean necesarios “para hacer que se cumpla la ley y la normativa”.

“Ausencia de actuación” del Gobierno regional

Esta es la primera vez que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se abren a tomar algún tipo de medida contra los enterramientos ilegales realizados por el parque temático. Después de publicarse la investigación de elDiario.es destapando el caso, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla la Mancha declinó hace valoraciones.

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, cuestionó a los extrabajadores que dieron la alarma: “Cabe preguntar la motivación de quienes han hecho la denuncia solo ante los medios de comunicación”, señaló en su momento.

Esta “ausencia de actuación” del Gobierno regional, en especial de las Consejerías de Agricultura, de Desarrollo Sostenible y de Fomento, fue criticada por Ecologistas en Acción, que afeó que estaban “más preocupadas de proteger a la empresa que de prestar atención a las denuncias y a la seguridad de quienes visitan el parque temático”.

Ecologistas en Acción ha alertado de la existencia de “manipulación política” en la evaluación del estado del lobo ibérico y ha presentado alegaciones al informe sexenal en las que denuncia posibles intentos por parte de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de incluir en este informe “graves deficiencias” científicas, metodológicas y jurídicas para permitir que se mantengan las “matanzas” de esta especie.

Según ha advertido la asociación, dichas comunidades autónomas pretenden “subordinar” un informe científico a “intereses políticos” con la alteración y desnaturalización de la información científica disponible.

La organización ecologista ha señalado que los datos aportados por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León carecen de justificación científica “suficiente” y buscan construir “artificialmente” un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del lobo.

Ecologista ha recordado que el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico apunta que muchos de los datos autonómicos contienen “incoherencias, errores y problemas metodológicos” que no permitirían su validación ante la Comisión Europea.

Para la entidad estos hechos son “especialmente graves” a la hora de evaluar el estado de conservación del lobo y su situación en el Estado español, la minimización sistemática de amenazas como el furtivismo, la caza ilegal, la fragmentación del hábitat, los incendios forestales o los problemas de conectividad genética de la especie por destrucción de hábitats o cuellos de botella.

La organización sostiene que, de igual forma, las administraciones mencionadas “invisibilizan de manera sistemática la mortalidad por extracciones letales de lobos” realizada por distintas comunidades autónomas tras la salida del LESPRE, lo que -dice- supone “la omisión relevante de datos empíricos necesarios para una evaluación completa del estado de conservación”.

En relación a Cantabria, Ecologistas ha indicado que el Gobierno regional (PP) “viene sosteniendo que el lobo en Cantabria se encuentra en un estado de conservación favorable, justificando con ello la matanza de 41 lobos”.

Ecologistas sostiene que en la comunidad se ha superado esta cifra ya que son 42 los que han muerto por diferentes causas. También, ha asegurado que la Consejería de Desarrollo Rural “no ha informado de entre 11 y 17 cachorros”. En este sentido, ha indicado que la organización Fondo Lobo ha tenido acceso a las necropsias de varias hembras abatidas por el Gobierno de Cantabria en 2025 y, tras revisar 14 informes, ha constatado que tres de las lobas habían parido recientemente o todavía estaban gestando a sus crías.

“La muerte de estos cachorros, sumado a los lobos ya abatidos o muertos por otras causas, superaría ampliamente” el cupo fijado por el propio Gobierno regional, establecido en 41 ejemplares“, ha censurado Ecologistas. La organización ha subrayado que ”la ciencia de la conservación no puede ponerse al servicio de intereses políticos espurios y cortoplacistas“.

“Manipular artificialmente el estado de conservación del lobo para justificar su persecución supone una desnaturalización grave de los mecanismos científicos previstos en la Directiva Hábitats”, ha afirmado el coordinador del área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber.

Actualizar censo tras incendios

Entre las alegaciones presentadas se encuentra la necesidad de actualizar los censos poblacionales tras los grandes incendios forestales registrados el pasado año en el noroeste, que afectaron a centenares de cuadrículas de presencia de la especie, algo que ya han reclamado a los respectivos gobiernos autonómicos y que “ha caído en saco roto”.

Ecologistas en Acción ha recordado que los incendios forestales de gran intensidad, además de provocar mortalidad directa de individuos, suponen pérdida de refugios, reducción de presas y fragmentación funcional del hábitat, lo que compromete la viabilidad de las poblaciones y reduce aún más su número y el intercambio genético.

Recuperación de la especie “inexsistente”

Según ha concretado, la situación del lobo en España “dista mucho de poder considerarse favorable” y cuestiones como la desaparición de la población de Sierra Morena, la elevada mortalidad por causas humanas y la escasa recolonización de amplias zonas adecuadas evidencian que la recuperación de la especie “sigue siendo inexistente”.

La organización ecologista también ha cuestionado la “presión política y legislativa” por parte de comunidades autónomas y de determinados partidos políticos con “intereses concretos”, ejercida en los últimos años para rebajar la protección legal del lobo y ha recordado que las modificaciones legales que facilitaron la salida de las poblaciones al norte del Duero del Lesrpe han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.

Asimismo, Ecologistas en Acción ha señalado que la elaboración del informe sexenal constituye un ejercicio eminentemente técnico y científico, cuya finalidad es trasladar a la Comisión Europea una evaluación objetiva y rigurosa del estado real de conservación de especies y hábitats. Por este motivo, dichos informes no pueden “quedar subordinados a mecanismos de validación política que permitan alterar o desnaturalizar la información científica disponible”.

Por todo ello, la organización ecologista ha exigido que el informe sexenal mantenga la consideración del “estado de conservación desfavorable” para el lobo ibérico y ha reclamado que cualquier evaluación se base “exclusivamente” en información científica “sólida, transparente y coherente” y “alejada de intereses políticos y de sectores económicos”.

Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha exige el cierre total o parcial de Puy du Fou hasta que se pueda “garantizar el buen estado de salud sanitario” del parque temático ubicado en Toledo, después de que este haya reconocido que se enterraron animales dentro del recinto y haya despedido a tres responsables. Todo ello tras cerrar la investigación interna con la que reaccionaron a la información publicada hace dos semanas en elDiario.es, en la que tres extrabajadores aseguraron que existió un cementerio de animales dentro del perímetro.

Dado que consideran que “es imposible tener la más mínima confianza en la actuación del Gobierno regional y de la empresa”, Ecologistas en Acción avanza que está ultimando una denuncia que trasladará a “los Juzgados de lo penal y a donde sea necesario, a ver si por esa vía es posible llegar al fondo” del caso que describen como “oscuro y lamentable”.

La organización critica la “ausencia de actuación” del Gobierno regional, en especial de las Consejerías de Agricultura, de Desarrollo Sostenible y de Fomento, a quienes tacha de estar “más preocupadas de proteger a la empresa que de prestar atención a las denuncias y a la seguridad de quienes visitan el parque temático”. Además, piden también “las disculpas y el cese” del Consejero de Fomento de Castilla La-Mancha, Nacho Hernando, por “sus descalificaciones a quienes han denunciado las actuaciones ilegales en Puy du Fou”.

En lo que respecta al comunicado emitido este miércoles por el parque temático, la ONG considera que “no supone más que una constatación de algo que ya estaba demostrado”; y afirman que su reacción ha sido una “estrategia de contención de daños clásicas” en este tipo de situaciones: “Trasladar la responsabilidad plena a jefes de equipo a los que no solo se les dejó hacer, sino que se les defendió ante las denuncias internas”.

Más allá de las declaraciones de Puy du Fou sobre el asunto del cementerio de animales y sus registros, sostienen que están tratando de “desviar la atención” sobre temas “más relevantes” como las presuntas acciones de maltrato animal, de daños al medioambiente y riesgo para la salud pública y animal“.

El Ayuntamiento de Maranchón, en Guadalajara, ha aprobado la licencia para la construcción de la macrogranja de gallinas 'Cabezo Grande-El Morenal' en la pedanía de Turmiel, a pesar de la “reiterada oposición de sus vecinos y vecinas”, contrarios a este proyecto y a otras cuatro macrogranjas que se pretenden instalar en este término municipal. 

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha recogido un total de 150 firmas en contra, lo que representa la práctica totalidad de los habitantes de Turmiel.

Asimismo, tanto este colectivo como Ecologistas en Acción y numerosos particulares han presentado alegaciones y recursos contra la macrogranja, que han sido “sistemáticamente ignorados” por las administraciones implicadas y el Ayuntamiento de Maranchón. “También se han realizado concentraciones y reuniones informativas donde ha quedado clara la voluntad popular”, destacan estos colectivos. 

Según indican, esta situación pone de manifiesto una “preocupante falta de atención a la posición expresada de forma prácticamente unánime” por la población local, cuya oposición “no ha tenido reflejo efectivo en las decisiones adoptadas ni en el proceso administrativo seguido hasta el momento”.

“Resulta especialmente grave que se continúe avanzando en la autorización de estos proyectos sin incorporar de forma efectiva la voz de los vecinos en la toma de decisiones”, añaden.

“Malos olores, trasiego de vehículos y contaminación”

La macrogranja 'Cabezo Grande-El Morenal' contará con 64.000 gallinas y “perjudicará la calidad de vida” de los vecinos de Turmiel con “malos olores, trasiego de vehículos pesados y posibles contaminaciones de los acuíferos que pueden llegar a afectar al río Mesa”.

Recuerda la plataforma que el promotor, Aviagen, ha presentado otros cuatro proyectos similares en el término municipal, “sin que se hayan tomado en cuenta el efecto sinérgico y acumulativo” de las cinco macrogranjas. “Se ha recurrido a la clásica práctica de fragmentar el proyecto en cinco para facilitar la aprobación de la evaluación de impacto ambiental”, advierten.

Todo el término municipal forma parte de la Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves ‘Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo’, integrada en la Red Natura 2000. El área constituye un enclave de “gran valor ecológico”, con hábitats esteparios, zonas de reproducción de aves rapaces (águila real, cernícalo primilla o búho real) y ecosistemas asociados a la paramera de la comarca molinera y al corredor biológico del Alto Tajo. 

“La instalación de las macrogranjas vacía de contenido esta zona protegida, ya muy castigada por numerosos parques eólicos, que además ha sido recientemente incluida en el Plan de Recuperación de la Alondra Ricotí, especie en peligro de extinción, que está tramitando la Junta de Castilla-La Mancha”. 

Estos proyectos, concluyen, son “incompatibles” con el modelo de protección de esta área, su entorno natural y el modelo tradicional de desarrollo rural. Por lo tanto, estos colectivos no descartan la adopción de medidas legales contra la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Maranchón.

Desde la polémica modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que el Gobierno regional realizó hace casi nueve años no ha habido manera de que el reglamento para su desarrollo salga adelante. Cuando el Ejecutivo de Emiliano García-Page decidió sacarlo adelante en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma lo tumbó tras un complejo periplo judicial, en febrero de 2025, principalmente por la falta de un informe preceptivo. Es decir, no venía avalado por los órganos consultivos. La demanda la impulsó Ecologistas en Acción al considerar que se “ocultaron” cambios sustanciales en el proceso de participación pública para “favorecer al lobby cinegético”.

Antes de eso, el reglamento ya había sido objeto de varias polémicas. La más sonada fue una incorporación de última hora que permite cazar en caminos públicos y vías pecuarias. El Gobierno regional lo hizo a través de la denominada ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos de hace dos años, una normativa ‘ómnibus’ en la que se suelen modificar decenas de leyes. También en ese momento, los ecologistas pusieron el grito en el cielo.

Desde entonces ha habido otros tres borradores del Reglamento. Pero el que la Junta de Castilla-La Mancha considera definitivo ya está listo. Así lo ha adelantado recientemente el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, precisando que se ha redactado “de la mano” del sector cinegético incorporando modificaciones que vienen determinadas en los cotos cinegéticos, tras la entrada en vigor de la mencionada ‘Ley de Acompañamiento’.

Estas declaraciones las realizó después de una reunión del Consejo Regional de Caza. El viceconsejero afirmó que también se han incorporado aportaciones de diferentes colectivos, federaciones, grupos conservacionistas y técnicos. Teniendo como base este borrador, el objetivo que el Gobierno se ha marcado es aprobarlo antes de verano, de cara a la apertura de la temporada de caza de 2026.

Nuevo rechazo de las organizaciones ecologistas

Efectivamente, el nuevo borrador, al que ha tenido acceso este medio, incorpora modificaciones en lo referente a los cotos, pero vuelve a adolecer de consenso en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). En su última reunión, volvieron a votar en contra las ONG con representación en este organismo: Ecologistas en Acción, WWF, Ardeidas y SEO/Birdlife.

¿Por qué se mantiene ese rechazo? “La línea del Reglamento es continuista”, explica Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha. Y lo es, apunta, porque “todos sus males” derivan de la modificación que se hizo de la Ley de Caza en el 2015.

Estas organizaciones mantienen su ‘no’ al reglamento por dos motivos principales. El primero de ellos es cómo se enfoca la caza, con un “incremento de la intensificación de la actividad cinegética a través de la promoción de los cotos intensivos”, a los que el nuevo texto denomina ahora “cuarteles de caza comercial”. Y además amplía los ámbitos de la actividad con carácter intensivo “a lo largo y ancho” de Castilla-La Mancha.

Esta ampliación, aducen las organizaciones ambientales, no se realiza en un único apartado del Reglamento, sino que se desarrolla a lo largo de su articulado. “Con lo que ello implica de impacto en el medio natural y en la conservación de espacios naturales y espacios protegidos. Permite que se esté pegando tiros a lo largo de todo el año en muchos más sitios y en mucho mayor número, lo que tiene un impacto sustancial en el medio natural”.

El segundo aspecto es el mencionado cambio que permite cazar en vías pecuarias y caminos públicos. Concretamente, en el apartado de cotos de caza, el texto establece que no se considerará interrumpida la “continuidad” de los cotos por la existencia de agua, vías pecuarias o “cualquier otra construcción de características semejantes”.

El Reglamento incorpora que se concederá, mediante solicitud administrativa, a la persona titular del coto, ejercer la actividad cinegética en las vías y caminos de uso público durante las horas que dure la cacería colectiva. Se establece eso sí, que fuera del periodo indicado en la autorización, se garantizará el uso público y común de estos caminos vías.

“Hay alguna pequeña matización, pero en lo esencial, la Administración autonómica sigue abriendo el camino para que se practique la caza en lo que siempre han sido zonas de seguridad y unas infraestructuras verdes esenciales para el desarrollo de muchísimas actividades en el medio rural”, destaca Miguel Ángel Hernández.

Los colectivos ecologistas insisten en que se trata de zonas de dominio público que están amparadas por normativa estatal. “Su funcionalidad no es la caza, y por lo tanto no se puede dar derechos de caza sobre un terreno que ni siquiera les pertenece. Por mucho que regateen con tecnicismos sobre otorgar permisos específicos, la cuestión es que al final se permitirá la caza en esas vías”.

Además, alertan de que esta circunstancia “se extenderá como una mecha”. En Castilla-La Mancha hay cientos de cotos de caza atravesados por caminos públicos o vías pecuarias, y “nos podemos encontrar con que no podemos hacer uso de ellos porque están cazando y lo están haciendo con permiso, con lo que ello supone para las actividades en el medio natural, desde una persona que quiera ir a ver sus colmenas hasta las empresas de turismo rural de naturaleza”.

La única explicación es que quieren ofrecer comodidad a los cazadores. No puede ser otra cosa

“Hemos intentado hacerle ver al Gobierno regional que ni es legal ni es justo que le den tanta prevalencia a la caza sobre el resto de actividades en el medio natural, pero no conseguimos que tomen las medidas oportunas. La única explicación es que quieren ofrecer comodidad a los cazadores. No puede ser otra cosa”, lamenta.

Hay otra cuestión polémica dentro del Reglamento: el uso del plomo. En su disposición transitoria primera, el texto establece que su prohibición en la munición no será completa hasta los tres años de la entrada en vigor del texto. Y además, agrega que en caso de solicitud de prórrogas adicionales por personas interesadas, la Consejería de Desarrollo Sostenible “evaluará las circunstancias existentes y resolverá motivadamente”.

El primer plazo que se otorgó para dejar de usar munición con plomo, derivado de la aplicación de la Ley de Caza, ya expiró en 2025, pero al no haber reglamento de desarrollo, es “una vuelta atrás”.

“Estamos hablando de otros tres años de plomo y demuestra igualmente una falta de sensibilidad con el medio natural e incluso con la salud pública, porque ya hay muchos estudios que demuestran que la carne de caza contiene altas dosis de plomo”.

La cuestión es que el contexto europeo también permite esta nueva prórroga. En marzo de 2025, ya existía una propuesta de la Comisión Europea para prohibir la munición de plomo en cualquier actividad al aire libre, incluida la caza. Ya iba con retraso, porque la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) había recomendado anteriormente vetar este material para ahorrarle al medio ambiente unas 630.000 toneladas de plomo en 20 años.

Pero el pasado mes de abril se hizo público que las últimas modificaciones del proyecto ya han descartado que las restricciones se apliquen a las balas y contempla ampliar los años en los que podrá seguir usándose cartuchos de plomo hasta que el sector se ponga al día: de tres a cinco.

“Si la Unión Europea está reculando, le está dando carta blanca a los países y a los gobiernos autonómicos. Pero que Europa haga mal los deberes no quita para que cada uno asuma sus responsabilidades, sobre todo cuando estamos en la comunidad autónoma, que junto a Andalucía y Extremadura, lidera la actividad cinegética en España y, por tanto, el vertido del plomo al medio natural”,

Ahora las organizaciones ecologistas volverán a presentar alegaciones en el nuevo periodo de información pública. “Insistiremos hasta el último segundo para evitar acudir de nuevo a los tribunales, aunque ya sabemos que la Administración se siente cómoda en ese escenario. Muchas veces prefiere no abordar un conflicto y que vaya a los tribunales porque sabe que el tiempo juega a su favor”, concluye.

Estos argumentos contrastan de forma significativa con los que el Gobierno castellanomanchego defiende en su nuevo Reglamento de Caza. Resalta que, siendo el medio rural el que alberga el patrimonio natural y la biodiversidad de la región, el borrador incide en el “alineamiento de la actividad cinegética con las normas básicas de conservación de la naturaleza”, así como su “puesta en valor como herramienta de gestión en el medio natural”.

Argumenta que la sostenibilidad de la caza depende, en gran medida, no solo del equilibrio de los ecosistemas sino también del “futuro de la propia actividad cinegética”. Y en este contexto, considera que el nuevo texto “refuerza el papel de la caza ligada a la conservación biológica y al uso social y ambientalmente responsable del medio natural”.

El Gobierno regional alega la defensa de la caza sostenible

Repite asimismo un argumento muy recurrente en el Gobierno de Page, firme defensor de la caza, como es la necesidad de consolidar su papel como “una actividad socioeconómica sostenible y como herramienta para la planificación, gestión y puesta en valor del medio natural”.

“La región es visitada anualmente por un importante número de personas para ejercer la práctica de la caza en sus distintas modalidades, haciendo de la misma una de las actividades socioeconómicas más relevantes y frecuentes de todas las que acontecen en el medio rural castellanomanchego”, reitera.

Agrega que las numerosas asociaciones, sociedades y clubes de caza distribuidos por las poblaciones de Castilla-La Mancha están llamadas a desempeñar “una labor trascendental” a favor de la sostenibilidad “facilitando información sobre el estado de las especies de fauna, actuando en la conservación y mejora de los hábitats y especies naturales, algunas en declive, y garantizando el equilibrio poblacional de las especies cinegéticas”.

Se refiere con ello a los “efectos adversos por sobreabundancia”, fundamentalmente daños en cultivos agrícolas, accidentes de tráfico y riesgos sanitarios, y también sobre el conjunto de la biodiversidad.

Habla así de la necesidad de conseguir una “caza ética, excelente y de conservación”, que también busca “resolver el problema del relevo generacional y la propia incorporación de la mujer en su práctica”.

También se revisa el Reglamento de Pesca

Por último, a través de este nuevo Reglamento se acomete la modificación del de pesca: se suprime la adjudicación de permisos de pesca mediante el sorteo de la oferta pública, lo cual se justifica por no existir “una demanda significativa”, habiéndose ya implantado “con éxito” la tecnología necesaria para la adquisición por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de los permisos disponibles.

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Corvera de Toranzo que ordene la inmediata paralización de todos los usos y actividades que desarrolla la empresa Maderas José Sáiz en parcelas del Plan Parcial municipal anulado, por estar según esta asociación en situación de “manifiesta de ilegalidad” y para “poner fin al deterioro de los hábitats y especies” en la Red Natura.

La mercantil “tiene que derribar las instalaciones ilegales y proceder a restaurar el espacio natural”, ha afirmado Ecologistas en un comunicado, en el que da cuenta de sendos escritos remitidos al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria para que se ejecute la sentencia que anuló la modificación puntual de las Normas Subsidiarias (NNSS) aprobada por el Pleno municipal en marzo de 2017.

Dicha modificación obedeció a un acuerdo del Consistorio con la mercantil para ampliar el suelo destinado a usos industriales, tras la construcción de varias instalaciones en suelo rústico que forma parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Río Pas, un espacio protegido de la Red Natura.

Pero en octubre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dio la razón a los ecologistas y anuló el acuerdo plenario que permitió ampliar la empresa maderera, al considerar que para ello se reclasificó suelo rústico en urbanizable de uso industrial en terrenos protegidos para legalizar la ampliación de las instalaciones.

Después, el Tribunal Supremo rechazó los recursos del Consistorio y la mercantil contra la sentencia del TSJC, que adquirió firmeza en enero de 2024. Así, en julio de ese año la Alcaldía dictó una resolución teniendo por anulada la modificación puntual de las NNSS y dejando sin efecto la clasificación del suelo afectado, que retornó a su clasificación previa.

Pese a lo anterior, la empresa “sigue funcionando con normalidad, en todas las instalaciones declaradas ilegales”, según Ecologistas, que ha vuelto a urgir al Ayuntamiento medidas para poner fin a la situación de “ilegalidad” de las actividades e instalaciones de la maderera, con la paralización y derribo de las mismas, y defender la Red Natura, con la restauración del espacio afectado.

Por último, también ha pedido a la Consejería de Desarrollo Rural una inspección urgente en el lugar, para iniciar el correspondiente procedimiento sancionador contra la empresa y adoptar medidas cautelares para parar la actividad y regenerar la zona.

Ecologistas en Acción Castilla La Mancha exige una investigación en profundidad e imparcial de las “graves irregularidades” denunciadas en Puy du Fou, a raíz de la información publicada este martes en elDiario.es, en la que tres extrabajadores aseguran que existió un cementerio de animales dentro del recinto de este parque temático ubicado en Toledo. Los responsables de los departamentos de animales y caballería obligaban a sus equipos a que enterraran especies como ocas, gansos, corderos, cabras, ovejas y conejos; además de restos de partos como placentas.

La ONG se reconoce en un comunicado “horrorizada” por “el número y la gravedad de las presuntas irregularidades cometidas” y por “las represalias adoptadas contra las personas que denunciaron internamente los hechos”.

Desde Ecologistas en Acción indican que van a estudiar en detalle la información publicada para “acometer las actuaciones legales pertinentes”. Consideran que “en los hechos denunciados se observan a primera vista distintos posibles delitos, tanto de maltrato animal como contra el medio ambiente y los recursos naturales”, afirman, además de “innumerables infracciones administrativas”, agravadas por el “intento de ocultamiento de los hechos” y las “coacciones” contra quienes intentaron corregir la situación por los canales internos.

“Las situaciones descritas dibujan un escenario organizado de conocimiento y encubrimiento de malas prácticas, así como un lamentable desinterés, tal vez incluso de connivencia, de quienes debían vigilar y controlar con especial celo las condiciones del parque temático”, añaden. Ecologistas en Acción señalan que, a raíz de la información publicada por elDiario.es, parece “bastante claro” que durante años se eliminó una ingente cantidad de animales muertos creándose un “vertedero ilegal en el que se ha puesto en riesgo tanto el medio ambiente, como la salud de los trabajadores”.

La ONG ofrece también todo su apoyo a quienes sufrieron “una penosa situación personal” mientras trabajaban en Puy du Fou y se han atrevido a denunciarlo. Más allá de asegurar que ya están trabajando con su servicio jurídico, insta a la Junta de Castilla La Mancha y las instancias judiciales que actúen con “rigor y determinación en la depuración de responsabilidades evitando que se puedan destruir o manipular pruebas que se puedan ser esenciales”.

Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) ha solicitado formalmente el cese del responsable de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, tras la tragedia de El Bocal -en la que el 3 de marzo murieron seis jóvenes y otra resultó herida al colapsar una pasarela- y ante “la persistencia de graves deficiencias en la gestión del litoral”.

Según ha explicado la asociación en un comunicado, la petición se fundamenta en “la falta de actuaciones eficaces para resolver problemas estructurales”, así como “decisiones controvertidas en la gestión de infraestructuras costeras que han generado un notable rechazo social y técnico”.

Los ecologistas consideran que la actual dirección “ha demostrado una falta de diligencia, transparencia y capacidad de respuesta ante retos ambientales críticos, comprometiendo la protección del dominio público marítimo-terrestre y la conservación de ecosistemas sensibles”.

Por todo ello, la asociación reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la “adopción urgente de medidas” que permitan una renovación en la dirección, con el objetivo de “garantizar una gestión más rigurosa, sostenible y alineada con el interés general”.

La futura mina de fosfatos que la empresa Alcudia Phosphates quiere abrir en la pequeña localidad de Fontanarejo (Ciudad Real), muy cerca del Parque Nacional de Cabañeros, sigue generando la indignación de la Plataforma No a la Mina que se constituyó contra este proyecto, con el apoyo de Ecologistas en Acción.

Mientras que el proyecto se encuentra en mitad de un proceso judicial contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Albacete debido al inicio de las obras, que sus detractores consideran “ilegal”, ahora una corrección de errores en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha vuelto a exaltar los ánimos.

El cambio en cuestión se produjo a finales del pasado mes de marzo, cuando la Consejería de Desarrollo Sostenible publicó una modificación de la declaración de impacto ambiental (DIA) concedida a este proyecto hace ocho años.

Explica la Administración regional que en 2023 ya hubo una primera corrección de errores para deslindar, una vez que el proyecto hubiera sido autorizado administrativamente por el órgano sustantivo, los conceptos de “ejecución del proyecto” y de “actividad extractiva y productiva asociada al proyecto”, de cara a la presentación de la empresa de diversa documentación exigida en la mencionada declaración de impacto ambiental.

En esa modificación de hace tres años se incluyó dentro del concepto de “actividad extractiva y productiva asociada al proyecto”, la realización de calicatas y perforaciones previas, así como “otras labores preliminares que implicaran el arranque y transporte del material rocoso”.

Un cambio a petición de la empresa promotora

No obstante, explica el documento, el pasado 11 de febrero la empresa promotora presentó un escrito ante el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en el que argumentaba que el hecho de incluir esas actuaciones de calicatas en el concepto de “actividad extractiva”, le supone dos impedimentos desde el punto de vista técnico y administrativo.

Por una parte, alegaba la promotora, le impide de plano elaborar y presentar, ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el estudio hidrogeológico integral para caracterizar cuantitativa y cualitativamente las aguas del entorno de actuación y diseñar el protocolo de control ante posibles episodios de contaminación. Esta es una de las condiciones que pide la declaración de impacto ambiental.

Y en segundo lugar, la empresa alegaba que el proyecto minero tiene asociada una planta para el tratamiento del mineral extraído durante la actividad minera, que también se ha evaluado en la declaración de impacto ambiental. Señala que para poder realizar el diseño definitivo de la planta de tratamiento es necesario “modelizar el proceso productivo en una fase previa experimental” dentro de una planta piloto que el promotor dispone en la provincia de Cáceres.

Para conformar estos ensayos técnicos, que precisan el material procedente de la zona objeto de explotación, resulta “imprescindible”, añade la promotora, realizar una cata de muestreo en seco de carácter no productivo con fines de investigación.

Por todo ello, considera la empresa que el hecho de asemejar trabajos extractivos con fines “exclusivamente experimentales” y de investigación de carácter preliminar (las mencionadas perforaciones y calicatas “de escasa entidad”) con el concepto de “actividad extractiva y productiva”, acarrea un “perjuicio”: eso “imposibilita” a la empresa avanzar en el desarrollo del proyecto desde el punto de vista administrativo y técnico.

Por tanto, el Gobierno regional modifica el apartado en el que se incluye la realización de calicatas y perforaciones previas, para incorporar que esa actividad está excluida como actividad extractiva.

La Plataforma No a la Mina de Fontanarejo interpreta que con ello, la Administración le sigue “facilitando” el proyecto a los promotores mediante este “procedimiento irregular” de la corrección de errores.

“El objetivo de este cambio, según dicen en el argumentario previo, es para poder hacer el estudio hidrogeológico y sacar materiales para afinar el proceso de la planta de tratamiento, que son asuntos previos del proyecto y de la evaluación ambiental y que ya tenían que estar resueltos antes de la declaración de impacto ambiental y no hacerse a posteriori”, argumentan.

De hecho, esta es una de las razones por las que este proyecto se encuentra en los tribunales, en el marco del recurso contencioso-administrativo presentado por la plataforma ciudadana y actualmente en litigio.

"La ley solo autoriza cambios por errores de texto, fechas o números, no del contenido de una resolución como es la declaración de impacto ambiental”

Plataforma No a la Mina de Fontanarejo

Este colectivo añade que la propia empresa alude, para defender la corrección de errores, a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que contempla esa posibilidad. “Pero, según la jurisprudencia, eso solo te autoriza a cambios por errores de texto, fechas o números, no del contenido de una resolución como es la declaración de impacto ambiental”, concluyen.

De cualquier forma, la corrección de errores se produce en mitad del proceso judicial, que arrancó el pasado mes de enero con dos vistas orales y después de que el conflicto se intensificara a mediados del pasado mes de octubre, cuando comenzaron las obras de preparación del terreno para la mina.

Según denunciaba la plataforma ciudadana, el inicio de obras se produjo de forma “ilegal”, ya que la Declaración de Impacto Ambiental tenía una vigencia que expiraba el 5 de febrero de 2024, una fecha anterior tanto a la licencia de obra concedida por el ayuntamiento como al inicio efectivo de los trabajos, que se produjo meses después. Ahora, es intención de la plataforma recoger esta corrección de errores para reflejarlo en las conclusiones del contencioso “para que el juez lo tenga también en cuenta”.

La empresa alega que no hay “repercusión” en el proceso judicial

Consultada por este medio, la promotora Alcudia Phosphates resta importancia a la resolución del Diario Oficial de la comunidad autónoma y asegura que es “una actuación administrativa de carácter no material” destinada a subsanar “una omisión puntual en la documentación”. 

“La corrección permite incorporar una actuación necesaria para completar los estudios requeridos por la Administración y garantizar la correcta ejecución del proyecto. En ningún caso introduce cambios de fondo ni tiene relación o repercusión alguna en el procedimiento judicial en curso”, añade.

Es la misma posición que defiende el Gobierno regional. La Consejería de Desarrollo Sostenible precisa a este medio que las correcciones de errores son “habituales en cualquier proceso de la administración”. “Si se detectan, es la obligación de la administración competente el subsanarlos. Simplemente es eso, una corrección técnica administrativa como se hacen en muchos casos”.

Un recurso judicial por presunto inicio ilegal de las obras

El litigio comenzó cuando el ayuntamiento concedió licencia para el inicio del proyecto después de la mencionada declaración de impacto ambiental. La respuesta de la Plataforma fue demandar a la Administración regional y a la empresa promotora por el inicio “ilegal” de las obras tras la concesión de explotación minera.

En este tiempo y hasta la fecha, la plataforma ciudadana ha recabado más de 100.000 firmas en contra de la mina y ha realizado una consulta popular entre la población de Fontanarejo apoyada por más de la mitad de la población, unas 120 firmas.

El recurso judicial se apoya en seis informes técnicos independientes, elaborados por especialistas del ámbito académico y profesional, que concluyen que la declaración de impacto ambiental se aprobó sin un inventario suficiente del medio ambiente y de la población afectada, lo que “impide evaluar adecuadamente los impactos del proyecto y establecer medidas correctoras o compensatorias eficaces”.

Uno de los aspectos más criticados es que estudios esenciales, como los relativos a la hidrología, las vibraciones y las partículas en suspensión, no fueron sometidos a participación pública, permitiendo a la empresa promotora presentarlos con posterioridad a la concesión de explotación y fuera del procedimiento de evaluación ambiental, una práctica que, según la Plataforma, “contraviene la legislación vigente”.

A estas supuestas deficiencias añaden en su recurso un estudio ornitológico independiente, realizado a lo largo de 2023 por un equipo de siete ornitólogos y coordinado, entre otros, por el profesor titular de Geografía Física de la Universidad de Castilla-La Mancha Rafael Ubaldo Gosálvez Rey.

El estudio documentó la presencia de 14 especies de aves rapaces en el entorno del proyecto, tres de ellas catalogadas como en peligro de extinción en Castilla-La Mancha -águila imperial ibérica, águila perdicera y milano real- y otras seis como vulnerables, entre ellas el buitre negro y el alimoche común.

Por su parte, en el escrito que el abogado del Gobierno regional remitió a la sala en marzo de 2024 con motivo de la demanda, esta administración argumentó que la declaración de impacto ambiental (DIA) presentaba “medidas correctoras de obligado cumplimiento”. “Efectivamente, el presente proyecto, como casi cualquier otro de esta naturaleza, produce un impacto ambiental, y el objeto de la DIA es, precisamente, valorar dicho impacto en relación con el interés público de la actividad, y establecer las medidas correctoras del mismo”.

Ese interés público, añade este documento, viene establecido por la Ley de Fomento de la Minería de 1977 que tiene por objeto promover y desarrollar, dentro y fuera del territorio nacional, la exploración, investigación, explotación y beneficios mineros, con el fin de procurar el abastecimiento de materias primas minerales a la industria española.

El Gobierno regional también apuntaba en su escrito que el procedimiento se ha realizado “conforme a las prescripciones legales”, con exposición pública y consulta a las entidades afectadas, incluida Ecologistas en Acción, consultada “hasta en tres ocasiones, sin hacer alegaciones al proyecto”.

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja por los hechos relacionados con el incendio ocurrido los días 9 y 10 de abril de 2026 en el vertedero ubicado en Nájera, gestionado por la empresa Vertidos Rioja S.L..

Según recoge la denuncia, el incendio generó una intensa nube de humo que obligó a los servicios de emergencia de SOS-Rioja a emitir recomendaciones a la población, como el cierre de puertas y ventanas, la desconexión de sistemas de climatización y el uso de mascarillas, especialmente para personas con problemas respiratorios, población infantil o adultos. El humo, con olor a plástico quemado, llegó incluso a la ciudad de Logroño debido a cambios en la dirección del viento. También a la ciudad de Haro, “que su Ayuntamiento no informo a la población jarrera sobre la emergencia”.

La organización ecologista considera que estos hechos “podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente, tipificado en los artículos 325 y siguientes del Código Penal, al haberse producido emisiones contaminantes a la atmósfera que podrían haber causado daños a la calidad del aire y generado riesgos para la salud pública”.

Ecologistas en Acción subraya además “que no se trata de un hecho aislado. Según informaciones publicadas en los medios de comunicación, en el vertedero de Nájera se han registrado al menos cuatro incendios en los últimos dos años y un total de seis en la última década, lo que evidenciaría una problemática recurrente”.

Asimismo, la denuncia pone de relieve “que diversas inspecciones realizadas por el Gobierno de La Rioja han detectado incumplimientos relevantes en la gestión de la instalación”. En particular, un acta de inspección de diciembre de 2024 ya señalaba deficiencias importantes en materia de contaminación atmosférica, funcionamiento de las instalaciones y gestión de residuos, concluyendo que no se garantizaba el cumplimiento adecuado de la autorización ambiental.

La organización ecologista considera “que estos antecedentes refuerzan la necesidad de investigar si existe una relación entre los incumplimientos detectados y el incendio recientemente producido, así como los posibles daños ambientales acumulados”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio Fiscal la apertura de diligencias de investigación, con el fin de esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y, en su caso, instar la actuación judicial correspondiente.

La organización concluye que este caso “pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control ambiental y de garantizar una gestión adecuada de los residuos para evitar riesgos para el medio ambiente y la salud de la población”.

Pintan una tormenta perfecta que combina escasez de recursos como el petróleo o el gas que están provocando conflictos bélicos en todo el planeta con una crisis ambiental galopante azotada por el calentamiento global.

El bautizado como 'No Normal Tour' llega a Castilla-La Mancha “para analizar las consecuencias y las posibles medidas por la crisis del estrecho de Ormuz” y que es tan solo la última de una larga lista en todo el planeta en los últimos años.

Se trata de una “iniciativa ciudadana” autogestionada que han auspiciado científicos y divulgadores de toda España, y que se están apoyando “personas preocupadas por el momento histórico que estamos atravesando”, para trasladar el mensaje que que algo tiene que cambiar en el planeta. Lo explicaba este miércoles Lorenzo Flores, uno de los dinamizadores del encuentro en Ciudad Real, junto a las activistas Patricia Grande y Carmen Ciudad.

El objetivo es alertar de que la “normalidad”, tal y como se conocía, “ha llegado a su fin” y la sociedad se enfrenta a “un cambio profundo e irreversible”.

Durante la sesión, que ha podido seguirse online y que se repetirá en los próximos días en Albacete y Guadalajara, se han analizado las consecuencias reales de la situación actual: escasean los hidrocarburos -el gas o el petróleo- y otros materiales esenciales que permiten que el mundo se siga moviendo al actual ritmo de vida. Una dependencia que ya está teniendo los primeros efectos en la economía mundial y que, advierten, terminará llegando a España. También a lo más local.

“¿Por qué tenemos que actuar ya?” Porque tenemos una crisis ambiental y de recursos y eso lo sabemos desde hace 50 años“, señalaba Patricia Grande de Ecologistas en Acción. Ahora, con la guerra en Irán iniciada por Donald Trump ”todo se ha precipitado y nos entran las prisas por conseguir energía“, lamentaba.

En su charla se ha remontado a septiembre de 2025 cuando la Agencia Internacional de la Energía advirtió de la crisis de hidrocarburos, tanto del petróleo como del gas, que han experimentado una rápida caída de extracción a nivel mundial. “Esta no es solo una crisis energética sino ambiental: falta agua, hay destrucción de suelos y de la biodiversidad. No lo estamos notando mucho en España todavía, pero cada vez llegan menos recursos”, subrayaba.

Frente a eso, se ha puesto sobre la mesa el hecho de una transición energética fallida. “El sistema de energías renovables planteadas no sirven ni para la industria ni para el sector transporte”, ha opinado, renegando de “tecnologías milagrosas” como el coche eléctrico porque “tampoco sirven para todo el mundo, entre otras cosas por su precio”.

Tampoco convence el hidrógeno verde del que recordaba que “no es energía sino un vector energético, es decir, un producto que se consigue con otro tipo de energía, como la solar” y eso, apostillaba, “también es muy caro porque hay que consumir agua, porque es un elemento que se volatiliza fácilmente y del que se pierde un50% entre el proceso de almacenar y distribuir”.

Patricia Grande cree que tampoco pintan bien los combustibles orgánicos, el biogás o la biomasa. “La mayoría de ellos son contaminantes y no rentables. Lo único que se busca es la subvención”, ha asegurado, para zanjar que “la energía será cada vez más escasa y más cara”. Hay que actuar porque “además ”la crisis ambiental no espera“.

La energía será cada vez más escasa y más cara y además la crisis ambiental no espera

Patricia Grande — Ecologistas en Acción

'No Normal Tour' en Ciudad Real ha puesto el acento en los ejemplos que preocupan en Ciudad Real. “Producimos 4.500 megavatios de energía solar. El 95% son grandes plantas y el autoconsumo solo supone el 5%”. De esos porcentajes, un 60% se lo lleva la industria. “Eso quiere decir que no hay repercusión social”, decía Patricia Grande.

Ciudad Real produce más de lo que consume. “Nos sobran megavatios para exportar pero la red no es estable. Y aún así seguimos creciendo en proyectos fotovoltaicos”, criticaba.

Ha cargado contra los diversos proyectos de renovables que, desde su punto de vista, no resolverán el problema. Como el que se prepara para la localidad de Saceruela, que tendrá una de las mayores plantas de hidrógeno de España, con una inversión de 245 millones de euros por parte del IDAE y que necesitará abastecerse de agua del río Agudo. A esta se sumarán otras plantas similares en Alcázar de San Juan o en Valdepeñas.

“Se proyectan 15 plantas de biogás en Ciudad Real que afectan a 154.000 habitantes para gestionar 2,7 millones de residuos que no tenemos en Ciudad Real. Nos los tienen que traer de fuera, no se sabe de dónde”, añadía en relación a otro tipo de tecnología renovable. “Daimiel tendrá la segunda plana más grande de España, para gestionar 486.000 toneladas anuales de residuos”. En Caracuel, un pueblo de 100 habitantes, la planta gestionará 220.000 toneladas al año.

La “preocupación” por la minería “especulativa” en Ciudad Real

En el análisis coincidía Carmen Ciudad, otra de las participantes en la charla divulgativa. “No es solo la escasez de petróleo sino la elevada demanda de metales. Y para hacerlo más divertido ya estamos en la fase de las guerras por los recursos”, advertía.

Muchos de los conflictos bélicos tienen que ver con esta cuestión, según argumentaba: Ucrania y su gran riqueza en recursos minerales como las tierras raras, Gaza y sus reservas de gas, el petróleo en Irán o en Sudán del Sur o el caso de Níger, que produce el 5% del uranio mundial.

No es solo la escasez de petróleo sino la elevada demanda de metales. Y para hacerlo más divertido ya estamos en la fase de las guerras por los recursos”,

Carmen Ciudad — Ecologistas en Acción

En lo local, mostraba preocupación por el avance de los proyectos relacionados con la minería en Ciudad Real: fosfatos para fabricar fertilizantes, oro, wolframio, plomo, zinc, tierras raras… “Esta es una minería altamente especulativa. Es negocio sin tener en cuenta implicaciones sociales o ambientales”, criticaba. A eso suma en su opinión una legislación española “obsoleta”.

¿Hasta dónde vamos a permitirlo y estar callados?, se preguntaba, porque “el impacto no es solo ambiental sino social y económico. Son pelotazos y , son un viaje hacia el empobrecimiento.

La activista pide un cambio del modelo económico y social, “con una transición pautada y planificada” porque “hemos sobrepasado siete de los nueve límites planetarios”, decía, al señalar los excesos en la producción de plásticos y pesticidas que provocan contaminación química, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos del nitrógeno y el fósforo para producir fertilizantes, el calentamiento global por el exceso de energía acumulada por el planeta, la deforestación, el impacto en el agua dulce o la acidificación de los océanos.

“A eso se suman los eventos extremos. Si estos límites están sobrepasados cada vez serán menos raros. No volveremos a la normalidad, entendida como el equilibrio”. Desde su punto de vista “otra tecnología es posible, más local, más resiliente, más eficiente y no dependiente de materiales escasos”.

Ha reclamado “un cambio en la sociedad, en la forma de producir y de consumir. Se necesita una transición pautada y planificada”.

Nuevas citas en Albacete y en Guadalajara

En Castilla La Mancha se celebrarán tres charlas. Junto a la de este miércoles en Ciudad Real, el jueves 16 de abril tendrá lugar otra en Albacete, a las 19:00 en la Sala de Conferencias Antigua Comisaría. En Guadalajara se celebra el lunes 20, a las 19:00 en El Rincón Lento.

El impulsor de esta iniciativa en toda España es el físico del CSIC Antonio Turiel, y en ella se han implicado otras figuras de la Ciencia y la divulgación científica como Fernando Valladares y Yayo Herrero, entre otras personalidades, que abordarán, durante toda la semana en buena parte de la geografía española, los retos económicos, energéticos, climáticos y sociales que ya están impactando en la ciudadanía.

El mensaje central de la iniciativa es que no se recuperará el statu quo previo y que, incluso en escenarios favorables, el contexto global, marcado por tensiones geopolíticas, fragilidades económicas, largas y complejas cadenas de suministro y límites físicos, “obliga a repensar el modelo actual”.

En opinión de Lorenzo Flores “la senda actual nos lleva al colapso. No podemos violar las leyes de la física. Debemos recuperar saberes antiguos aplicando las nuevas tecnologías. Pero hablamos de un concepto que es de la tecnología bien aplicada”, matizaba, y enfocada a sectores imprescindibles para el ser humano, como la Sanidad. “Debe ser compatible con la vida en el planeta”.

Las sesiones, abiertas al público, buscan informar, generar conciencia y fomentar la participación ciudadana en un momento clave. Las personas interesadas pueden consultar las fechas, ubicaciones y detalles de las charlas más cercanas en la web oficial del tour: www.nonormal.org

En Cantabria, la contaminación del aire en los entornos de los centros escolares está por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ecologistas en Acción ha presentado este miércoles su informe anual con una conclusión contundente: ninguno de los centros educativos analizados por la ONG en Santander y Torrelavega cumple con los estándares de la OMS. Así, los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), medidos en los 32 centros objeto del estudio, se sitúan por encima de los 10 microgramos por metro cúbico que el organismo sanitario pide para proteger la salud respiratoria de la infancia.

El informe se centra únicamente en el NO2 y deja fuera otros contaminantes como el dióxido de azufre, el benceno, el ozono, las partículas PM2.5 y PM10. Según los representantes de Ecologistas en Acción, si se analizaran también esos parámetros, los resultados serían aún peores. En total, el estudio examina 32 centros educativos: 16 en Santander y 16 en Torrelavega.

José Antonio Sánchez Raba y Floren Enríquez, miembros de la junta directiva de Ecologistas en Acción, han comparecido en rueda de prensa para presentar el informe y han señalado directamente a la falta de contundencia política como origen del problema. Según los portavoces de la organización ecologista, la mala calidad del aire en las dos principales ciudades cántabras es el resultado de diversas emisiones que las respectivas administraciones locales no ha logrado mitigar. Entre los principales contaminantes del aire de las ciudades destacan el tráfico rodado, la actividad industrial y el uso de la calefacción.

Los representantes de Ecologistas en Acción también han criticado la zona de bajas emisiones de Santander, al considerar que se ha aplicado en un área con un solo centro educativo, precisamente uno de los que registra mejores niveles de calidad del aire, mientras que otras zonas con más colegios o institutos y peor situación ambiental no han recibido una actuación similar.

Durante su intervención, Raba ha puesto sobre la mesa datos del Instituto de Salud Global (ISGlobal), afirmando que si Santander cumpliera estrictamente con los límites de la OMS, podrían evitarse 165 muertes prematuras al año. Ha añadido también que reducir la contaminación del aire no solo evita fallecimientos, sino que disminuiría drásticamente la incidencia de enfermedades respiratorias y crónicas en la población.

Raba ha lamentado asimismo que, cuando Ecologistas en Acción acudió al Ayuntamiento de Santander para presentar los datos y explicaciones recogidos en el informe, no fueran recibidos. En ese contexto, ha lanzado un mensaje directo a la alcaldesa, Gema Igual (PP): “Más allá del ecopostureo, ¿le interesa realmente la salud de los niños y niñas de Santander?”, ha preguntado retóricamente.

Desde Ecologistas en Acción han calificado los datos que arrojan las mediciones realizadas en los entornos de los centros escolares de Santander y Torrelavega como “muy preocupantes y graves” y han reclamado a los ayuntamientos de ambas ciudades que “se pongan a trabajar” y “adopten medidas”. Entre ellas, la organización plantea la ampliación o rediseño de las zonas de bajas emisiones, incidir en la peatonalización de calles, fomentar la movilidad sostenible, implantar medidas de pacificación del tráfico, plantar más árboles y reducir el asfalto.

Los datos

Para contextualizar los resultados del estudio, primero hay que entender los umbrales de referencia que se utilizan. Por un lado, el límite legal actual fija en 40 microgramos por metro cúbico la cantidad máxima de dióxido de nitrógeno permitida, mientras que el nuevo objetivo marcado por la Unión Europea, que deberá cumplirse antes de 2030, rebaja ese límite a 20.

En el nivel más exigente, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud advierten de que para proteger realmente la salud –especialmente en población vulnerable, como lo son los menores– no se deberían superar los 10 microgramos por metro cúbico.

En Santander, 12 de los 16 centros educativos superan el objetivo europeo de 20 microgramos por metro cúbico: IES Alberto Pico (36,5), CEIP Nueva Montaña (32,7), IES Santa Clara (31,4), IES José María de Pereda (30,8), CEIP Magallanes/Mendoza/Cisneros (30,7), CEIP Ramón Pelayo (30,5), CEIP Dionisio García Barredo (28,6), CEIP José Arce Bodega (27,4), IES Peñacastillo (26,2), CEIP Cisneros (26,2), IES Albericia (23,2) y CEIP María Blanchard (21,5). Los cuatro restantes tampoco bajan del umbral de 10 microgramos por metro cúbico recomendado por la OMS: CEIP Jesús Cancio (19,9), CEIP Gerardo Diego (17,5), CEIP Menéndez Pelayo (16,6) e IES Villajunco (15,9).

Aunque los datos reflejan una ligera mejora respecto al año anterior, cuando sí se superaba el límite legal de 40 microgramos por metro cúbico en algunos centros, la mayoría continúa en niveles elevados y alejados de los objetivos fijados a medio y largo plazo.

En Torrelavega, todos los centros analizados superan el umbral recomendado por la OMS y varios rebasan también el objetivo europeo de 20 microgramos por metro cúbico. Entre ellos figuran el CPC El Salvador (33,9), el IES Miguel Herrero (26,0), el IES Zapatón (22,5), el CEIP José María Pereda (21,9), el IES Marqués de Santillana (21,5), el IES Garcilaso de la Vega (20,9) y el CEIP Matilde de la Torre (20,1).

Aviones, golondrinas y vencejos, las tres aves que constituyen las mejores “mosquiteras” de la naturaleza, llenan los cielos de los pueblos y ciudades de Extremadura con el avance de la primavera, por lo que Ecologistas en Acción pide que sean realmente preservadas.

Se trata de especies protegidas por la ley, no sólo por su belleza o porque llenen de alegría nuestras calles y campos, sino por el beneficio que representan para el ser humano al controlar insectos perjudiciales, y en especial mosquitos comunes o tigres.

Estas tres aves, junto a los murciélagos, representan, según Ecologistas, el mayor arma biológica contra la difusión de enfermedades como el virus del Nilo en las personas o la lengua azul en animales. Por ello, no sólo son necesarias de proteger sino que su presencia se tendría que potenciar dentro de estrategias de lucha integrada contra estas enfermedades, sobre todo en las zonas de vegas y cultivos de regadío en Extremadura o en zonas con prevalencia de la lengua azul en el ganado.

La organización lamenta, sin embargo, que, desgraciadamente y a pesar de sus beneficios, todos los años se eliminan numerosos nidos, lo que impide su reproducción y, por tanto, hace disminuir las poblaciones de aviones, golondrinas y vencejos en la región, a pesar de que estas aves están protegidas por el Convenio de Berna, incluidas en el LESRPE, la ley de Biodiversidad y la legislación autonómica.

El derribo de sus nidos o impedir su anidamiento son acciones también sancionables por el código penal, según Ecologistas en Acción. Por ello, esta organización ve necesario articular fórmulas de convivencia y conservación, así como buscar siempre el asesoramiento por las autoridades ambientales para evitar acciones dañinas contra ellas.

Ecologistas en Acción de Extremadura cree necesaria la redacción y aprobación de un Plan de Manejo conjunto de “las tres mosquiteras” urbanas, que determine las medidas necesarias para mantener las poblaciones de golondrinas, aviones y vencejos.

Todo ello, de acuerdo al artículo 60. d). de la ley 8/1998 de 26 de junio de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura y al DECRETO 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, con el objetivo de mejorar su gestión y evitar acciones administrativas arbitrarias.

Para fomentar estas actuaciones en favor de “las tres mosquiteras”, los ecologistas llevarán a cabo en los próximos meses una campaña que se desarrollará a través de redes sociales, medios de comunicación convencionales, talleres y actividades educativas-informativas.

En ese marco, Ecologistas en Acción llama a la participación, la colaboración y el voluntariado en todas aquellas actividades que se desarrollen en Extremadura en la defensa y educación ambiental por estas aves por diferentes organismos y asociaciones.

Ecologistas en Acción critica al Ayuntamiento de Haro y al Gobierno de La Rioja por no informar a la ciudadanía de la comarca del incendio del vertedero en Nájera y exponerlos a los gases tóxicos. La entidad ecologista recuerda que tras el incendio del pasado jueves en el vertedero de Nájera, “el humo continuó vertiendo gases tóxicos a la atmósfera”. Y aunque el fuego se controló el pasado viernes, “su completa extinción se prolongó debido a las características del material acumulado y a la compleja tarea de extinción”. De hecho el alcalde de Nájera, Javier Salaverría, reconoció que ha sido “mayor incendio que ha sufrido el vertedero en su historia”. Hasta el punto de que autoridades recomendaron a las localidades del entorno y zonas que afectadas por la dirección del viento mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo, no usar aparatos de climatización y que las personas con dificultades respiratorias o patologías previas eviten salir al exterior o lo hagan con mascarilla FFP2.

Sin embargo, cuentan Ecologistas en Acción, “con la presencia de viento suroeste, el viernes por la tarde la zona de Haro se vio afectada por la contaminación atmosférica. Varios ayuntamientos de la comarca de Santo Domingo dieron la voz de alarma para proteger al vecindario de la alta toxicidad. Sin embargo, ningún ayuntamiento de la comarca de Haro emitió ningún comunicado para proteger a su población”. La distancia entre Nájera y Haro es de unos 28 kilómetros.

“El olor preocupó a varios vecinos, pero el Ayuntamiento de Haro no dio ningún aviso ni hizo ninguna recomendación al respecto”. Y tampoco lo hicieron ayer sábado, “a pesar de que el humo seguía activo hasta primera hora de la tarde”. Y aun así, “Haro mantuvo las actividades de la Semana de la Salud organizada por el Gobierno de La Rioja con una performance en la Plaza de la Paz y yoga al aire libre en el parque de Vista Alegre ayer sábado”. Algo que desde la entidad ecologista tildan de “imprudencia, más aún cuando la previsión de AEMET pronosticaba vientos de componente sureste y cuando la recomendación del CECOP de SOS Rioja era precisamente mantener puertas y ventanas cerradas para no exponerse al humo”.

Ecologistas en Acción se pregunta si este modo de actuar del equipo de Gobierno jarrero se debe a la “ignorancia, dejadez o a una intención de preservar la fachada turística en detrimento del bienestar y seguridad de los habitantes del municipio”. “Parece que el hecho de que el equipo de gobierno de Haro no cuente con técnico de medioambiente y de que la contaminación del aire sea aparentemente invisible hace que pueda pasar inadvertido un problema de esta envergadura”. Y por todo ello critican la “pésima gestión” del ayuntamiento de Haro y del Gobierno de La Rioja “ante la exposición de la población de la comarca a humo tóxico”.

En la semana recién concluida, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicaba un anuncio de solicitud de ocupación temporal de terrenos de una vía pecuaria y de varias cañadas reales en la provincia de Ciudad Real pedida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para “interés particular”. Este es solo un ejemplo de las decenas de anuncios oficiales que prácticamente todos los días se publican en la comunidad autónoma sobre ocupación de terrenos.

Las vías pecuarias son rutas, cañadas reales, cordeles, veredas o caminos tradicionales utilizados para el tránsito del ganado trashumante, constituyendo un patrimonio histórico y natural que en España supone más de 125.000 kilómetros.

Solo las vías pecuarias, sin contar otros caminos y senderos, tienen una extensión de casi 15.000 kilómetros en Castilla-La Mancha, por las que practican senderismo 600.000 personas de la región. Cumplen así una función de corredor ecológico, lo que conecta diferentes ecosistemas protegiendo la biodiversidad, y tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante en las poblaciones.

Sobre el papel, son bienes de dominio público, “inalienables e imprescriptibles”, según el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que deben estar habilitados para el pastoreo, la biodiversidad y el uso recreativo, como senderismo o ciclismo. Se rigen por normativas autonómicas y en Castilla-La Mancha, concretamente, por una ley de 2003 que se modificó hace tres años para otorgarles una mayor protección.

Pero la realidad es muy distinta a lo que dice la normativa. El Observatorio de Ocupaciones Temporales de Vías Pecuarias ha publicado un informe elaborado por el experto y ecologista Sebastián Rivera, sobre la ocupación “legal” de este tipo de infraestructuras, donde se refleja la “pérdida de servicios” a la ciudadanía.

De hecho, la denominación de “ocupaciones temporales”, afirma el autor, no deja de ser un “eufemismo”, porque la principal cuestión es que se alargan el tiempo. Suelen incluir infraestructuras que, como los tendidos eléctricos, no tienen un plazo fijo de finalización. También remarca la “laxitud” de los procedimientos a la hora de la renovación de la licencia de ocupación, “que se pueden demorar hasta más de dos años sin sanción ninguna”.

El estudio, que se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad autónoma, arroja luz sobre las ocupaciones más numerosas en el período 2003-2025, que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, con 1.776 (el 52,6%). Le siguen las relacionadas con el agua, un total de 670 (19,8%); las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6%), o las de telefonía, 256 (7,6%).

Conducciones, tuberías o redes de saneamiento

Respecto a las ocupaciones por infraestructuras de agua las más abundantes son las conducciones de agua potable, 320 (47,7%), seguidas de las tuberías de agua para riego, 126 (18,8%), de las tuberías sin especificar, 93 (13,9%), y por las redes de saneamiento, 83 (12,4%), las 48 que restan, (7,2%), se refieren a acometidas urbanas, tuberías a la vez de abastecimiento y saneamiento, depuradoras, pozos y piezómetros.

A lo largo del período estudiado se han detectado a través del Diario Oficial de Castilla la Mancha (DOCM) un total de 3.376 ocupaciones, En muchas resoluciones se contemplan más de una afección, ya sea porque afecta a más de una vía pecuaria, a más de un municipio o bien porque se detallan las coordenadas de cada una de las ocupaciones como postes, distintos cruzamientos aéreos o subterráneos o diferentes infraestructuras, en la mayor parte de los casos se ha distinguido cada afección por separado.

De las 3.376 ocupaciones, 2.499 se refieren a nuevas autorizaciones de ocupaciones temporales en dicho período y 877 a renovaciones de ocupaciones temporales o a ocupaciones anteriores a 2003. Algunas de las ocupaciones han sido renovadas varias veces.

Por provincias destacan Toledo con el mayor número de ocupaciones, el 35 % y Ciudad Real por su elevado número de hectáreas ocupadas, más del 53 %.

El Observatorio hace especial hincapié en la gran cantidad de ocupaciones caducadas, tanto de primera ocupación, un total de 1.320, como renovadas, que ascienden a 457, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2025 no aparecen en el Diario Oficial de la comunidad autónoma resoluciones que autoricen su renovación.

Estas ocupaciones temporales caducadas suponen más de 200 hectáreas, es decir, más del 73% de la superficie ocupada. Por provincias destacan Toledo por su alto número de ocupaciones caducadas, el 40%, y Ciudad Real por su elevado número de superficie, el 63 %.

Llama la atención el hecho de que, cuando caducan las autorizaciones de ocupación, en muchos casos, se tarda mucho tiempo en gestionar las renovaciones, y “lo más sorprendente” es que sea la administración quien tiene que recordar y comunicar al ocupador que ha vencido su plazo, “a veces con bastante demora”.

Los expedientes se demoran más en solicitar la renovación, es decir, durante bastante tiempo “se está ocupando ilegalmente un dominio público sin que merezca una sanción o un recargo por parte de la administración”.

Las cinco regiones naturales o comarcas más afectadas son: la Mancha en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo con 591 afecciones; la Sagra y Talavera en Toledo, con 400 y 254 ocupaciones respectivamente; la Alcarria en Guadalajara y Cuenca, con 253; Torrijos en Toledo, con 225: centro de la provincia de Albacete con 207; y Campo de Calatrava en Ciudad Real, con 202, lo que representa el 63,2% en todo el periodo.

El canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura

El informe también se detiene en el hecho de que los promotores de las ocupaciones temporales deben pagar una fianza, unas tasas y por último un canon. Este último se paga de una sola vez y por todo el periodo de duración de la ocupación que, salvo en unos pocos casos, es de 10 años. Una vez transcurridos deben solicitar la renovación y volver a pagar de nuevo otro canon, además de las tasas y fianzas correspondientes.

Analizadas las superficies ocupadas y el canon pagado por años, el estudio desvela cómo desde 2003 hasta 2016 la media pagada por los ocupadores era de 4,2 céntimos por metro cuadrado al año. Pero a partir de 2017 hasta 2025 se aumenta el canon y se alcanza una media diez veces superior: 43,6 céntimos por metro cuadrado al año.

“A pesar de este incremento de los últimos años, el canon parece lo suficientemente bajo como para comprender que el promotor prefiere ocupar un dominio público a alquilar o comprar una superficie equivalente en los terrenos colindantes para instalar su infraestructura”.

Hay postes en vías pecuarias que podrían estar en otros sitios

El estudio destaca que se entiende que los cruzamientos aéreos o subterráneos son inevitables si la infraestructura tiene que atravesar una vía pecuaria, pero “no se entiende tanto” que haya alineamientos, por ejemplo de postes, a lo largo de una cañada u otra vía cuando se pueden colocar fuera del dominio público.

Por otro lado, el Observatorio destaca que desde hace años son “prácticamente inexistentes” las actuaciones de protección de las vías pecuarias como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos, por falta de recursos, lo que “facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales”.

En el informe se detalla que era de esperar que con la modificación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo de la normativa hace tres años, se subsanaran estas deficiencias, pero los documentos oficiales no lo constatan.

El estudio se ha hecho público en el marco de la celebración el pasado mes de marzo del Día de las Vías Pecuarias, que surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) en 2019, para contribuir a la protección de estas “antiquísimas vías ganaderas y del rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

Este colectivo destaca que el problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la “usurpación” total o parcial, por propietarios colindantes que impide su uso público ante la “dejación de funciones” de las administraciones competentes. También denuncian su “degradación y pérdida progresiva”.

“Estas vías son la base sobre la que se desarrollan múltiples actividades socioeconómicas y deportivo o recreativas, como el senderismo, carreras de montaña ciclismo; y constituyen o son el medio de acceso a la naturaleza o patrimonio histórico cultural”.

La cita anual busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar las vías pecuarias (y caminos públicos), como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclamar a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

El pasado sábado, 21 de marzo, la Casa de Cultura de Daimiel acogía las jornadas sobre 'Daimiel con futuro: Ciencia y participación ciudadana para afrontar la emergencia climática', organizadas por Ecologistas en Acción y otros colectivos ciudadanos.

Durante el encuentro, se presentó una ambiciosa hoja de ruta, construida a partir del análisis entre distintos ámbitos del conocimiento y la experiencia local, orientada a transformar el municipio en un modelo de ciudad adaptada a eventos climáticos extremos, comprometida con la biodiversidad y estrechamente conectada con su entorno natural y su patrimonio cultural.

La jornada comenzó con la presentación por parte de Carmen Pilar Sánchez de los resultados de la 'Termometrada', actividad de ciencia ciudadana en la que personas voluntarias midieron durante el verano la temperatura de distintos puntos del casco urbano. Los datos recogidos evidenciaron diferencias de 6ºC en la temperatura ambiente y 30ºC en superficies, entre zonas con cobertura arbórea y áreas sin sombra, así como la superación generalizada de la denominada 'temperatura de disparo' establecida por el Ministerio de Sanidad para la zona (38,1º) en todos los espacios carentes de arbolado.

Esta primera presentación permitió situar el impacto real del calor en la vida cotidiana del municipio y sirvió de punto de partida para el análisis posterior, en el que Máximo Florín, profesor de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla La Mancha, profundizó en las condiciones térmicas del municipio ampliando datos de temperatura recogidos en viviendas y recorridos urbanos, combinando métodos tradicionales con herramientas digitales basadas en IA.

Las mediciones evidenciaron diferencias de temperatura de hasta 8º C entre el entorno urbano y zonas periféricas, así como la existencia de áreas con menor capacidad de enfriamiento nocturno, dejando de relieve que el aumento del asfalto y la reducción del arbolado han intensificado el calor en la ciudad.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de un corredor de mayor humedad en el eje suroeste-noreste de la ciudad, vinculado a la presencia histórica del arroyo Morillas, hoy soterrado, pero aún influyente en el comportamiento térmico urbano. Como principales líneas de actuación, propone incrementar la infraestructura verde urbana y desarrollar sistemas urbanos de drenaje sostenible en zonas estratégicas, con el fin de reducir el efecto isla de calor y mejorar la gestión del agua.

Por su parte, Fernando Prieto, CEO del Observatorio de Sostenibilidad, contextualizó la crisis climática actual, presentando la realidad de la evolución climática de Daimiel, que registra un incremento de la temperatura media de 2º desde la década de 1960 -según datos de Copernicus-. También puso el foco en la urgente necesidad de recuperar Las Tablas de Daimiel, uno de los humedales más importantes de España, actualmente en una situación crítica debido a la sobreexplotación de acuíferos, la sequía y la contaminación. La iniciativa plantea restaurar el vínculo histórico entre la ciudad, el patrimonio cultural y este ecosistema, desarrollando una red de infraestructuras verdes que mejore la calidad de vida de la ciudadanía.

Estas actuaciones incluyen la creación de corredores ecológicos urbanos que favorezcan la conectividad con el entorno natural, el incremento de zonas verdes, la renaturalización de calles y la recuperación del paisaje del agua mediante fuentes y espacios que sirvan de refugio ante el calor extremo distribuidos en la ciudad.

El plan también contempla actuaciones en el entorno periurbano, como la creación de un anillo verde alrededor de Daimiel, la restauración del río Azuer, lindes, arroyos y caminos, además de reconectar las lagunas estacionales, algunas actualmente cultivadas, y los Ojos del Guadiana con Parque Nacional, superando la fragmentación administrativa del territorio a través de modelos de co-gestión con municipios del mismo entorno.

A continuación, Luis Alberto Díaz-Galiano, Consultor en Arboricultura, Gerente MyTreeRisk y Urban Forestry, puso de relieve el papel fundamental del arbolado urbano como elemento imprescindible para mejorar el bienestar en las ciudades, destacando la necesidad de una gestión técnica adecuada y una planificación integral basada en criterios científicos. Destacó que el riesgo de muerte por caída de ramas o árboles es muchísimo menor que morbimortalidad causada por las olas de calor y subrayó la necesidad de medir la “salud ambiental” de las ciudades mediante indicadores como la calidad del aire, la temperatura, la radiación solar o la presencia de sombra, así como en la importancia de establecer objetivos ambiciosos, como alcanzar niveles elevados de cobertura arbórea, apuntando que algunas ciudades con las mismas condiciones climáticas que Daimiel aspiran a superar el 40%.

Asimismo, introdujo el concepto de “ciudades biofílicas”, que promueven una mayor integración entre los espacios urbanos y la naturaleza. En cuanto al diagnóstico local, señaló diversas problemáticas, como la escasez de árboles, la baja calidad de las plantaciones, las podas inadecuadas o la falta de planificación a largo plazo. Ante esta situación, propuso un marco de referencia basado en el conocimiento técnico, que incluye la elaboración de inventarios detallados, creación de mapas de riesgo, la formación de técnicos y operarios, así como la sensibilización de la ciudadanía.

Las intervenciones pusieron de manifiesto la necesidad de abordar la Agenda Urbana de Daimiel desde una perspectiva integral, basada en la ciencia y el conocimiento local, en estrecha conexión con las propuestas impulsadas por la ciudadanía.

Los colectivos ciudadanos tuvieron un papel destacado, evidenciando su compromiso sostenido con la conservación del patrimonio natural y cultural de Daimiel. Durante la mesa redonda, Alberto Celis, en representación de la Asociación Española de Humanidades Ambientales, subrayó la necesidad de mejorar las infraestructuras urbanas afectadas por el río Azuer ante el riesgo de inundaciones en un contexto de cambio climático, así como la rehabilitación del Molino de Griñón.

Por su parte, Isabel Arauzo, de 'Pacifistas', expuso los resultados de más de 15 años de trabajo en repoblaciones en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, destacando su labor de concienciación e implicación social. Asimismo, Manuel Fernández-Infantes, en representación de Ecologistas Manchegos, presentó propuestas para la restauración de la llanura de inundación del Azuer, recuperando la vegetación de ribera, biodiversidad y elementos históricos.

Finalmente, Jesús Muñoz, de Anea y Ecologistas en Acción, puso el foco en la recuperación de vías pecuarias y caminos públicos como corredores ecológicos que conecten espacios naturales entre Daimiel y Villarrubia de los Ojos, reforzando la infraestructura verde-azul de los municipios vinculados al río Guadiana, Las Tablas de Daimiel y de Calatrava.

Las numerosas propuestas e iniciativas ciudadanas surgidas a lo largo de los años evidencian la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible, en contraste con modelos productivos intensivos o proyectos de alto impacto territorial que ponen en riesgo iniciativas compatibles con la conservación, la restauración y un uso del territorio pensado para el beneficio colectivo presente y futuro.

Estas aportaciones, basadas en la experiencia y el conocimiento local, ofrecen una visión crítica y constructiva, y en este sentido, las jornadas se plantean como un proceso abierto e invita a otros colectivos y asociaciones del municipio a sumarse aportando sus propuestas en futuras convocatorias, al tiempo que se hace un llamamiento a la administración local para que amplíe la participación efectiva en fases deliberativas, de diseño y toma de decisiones, así como el desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas basados en indicadores medibles con la publicación de informes anuales.

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha han formulado un requerimiento ante la Consejería de Desarrollo Sostenible en el que instan a la administración autonómica a adoptar, en el plazo máximo de tres meses, el Plan de Recuperación del lobo ibérico (Canis lupus signatus), una especie que, recuerdan, se encuentra identificada “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas aprobado en 1998.

El requerimiento ya tramitado subraya que la ausencia de este instrumento de planificación incumple lo dispuesto tanto en la Ley estatal de Patrimonio Natural y de Biodiversidad como en la Ley autonómica de 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. Ambas normas obligan a elaborar y ejecutar planes de recuperación para las especies amenazadas declaradas en peligro de extinción.

“El mal estado de conservación del lobo en Castilla-La Mancha exige un plan transparente, dotado de recursos y con medidas claras que aseguren que la especie se recupera. La Junta de Comunidades ha incumplido desde hace casi 30 años la obligación legal de aprobar este instrumento. Con este requerimiento damos el último paso previo a acudir a los tribunales si no se produce una respuesta firme y ejecutiva por parte de la administración autonómica”, advierte Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.

“La presencia del lobo en Guadalajara y los avistamientos en Toledo son buenas noticias desde el punto de vista biológico, pero hay que constatar que esta situación se ha estancado desde hace años y la especie no progresa. Es más, desde que se declaró en peligro de extinción, la especie ha dejado de observarse en Sierra Morena y Montes de Toledo. Por lo tanto, es preciso actuar y hacerlo ya”, señala Ernesto Díaz, del Fondo Lobo.

“La catalogación como especie en peligro de extinción no es un adorno: exige medidas concretas, urgentes y vinculantes. Que el lobo haya vuelto a algunas zonas por sus propios medios no exime a la Junta de elaborar un Plan de Recuperación que garantice su viabilidad a largo plazo y, lo que es más importante, que restaure la presencia de esta pieza fundamental de nuestros ecosistemas en el conjunto de la región. No podemos permitir que la inacción administrativa determine el futuro del lobo en esta tierra”.

Castilla-La Mancha no tiene instrumentos para gestionar la especie

Las organizaciones denuncian que, pese al avance del conocimiento científico que reclama la recuperación de la especie, Castilla-La Mancha continúa sin contar con un instrumento de gestión que consideran “ineludible” para garantizar la supervivencia de una población que se encuentra “en uno de los momentos más delicados de su historia reciente en el territorio regional”.

Sara González, abogada ambientalista que integra el equipo jurídico, señala que el hecho de que el lobo esté presente en algunas zonas de Guadalajara por recolonización natural “es un dato relevante, pero jurídicamente no altera ni un ápice la obligación de la administración” y añade que “el ordenamiento español y castellanomanchego es claro: cuando una especie está catalogada en peligro de extinción, la administración no tiene discrecionalidad para decidir si elabora o no el plan de recuperación”.

En este aspecto subraya que “es una obligación legal directa” y que “la inactividad material de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental”.

Es una obligación legal directa y la inactividad material de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental

Sara González — Abogada ambientalista

Las entidades que impulsan el requerimiento recuerdan la importancia de disponer de “una herramienta sólida de gestión y conservación” que permita implementar y fomentar las medidas preventivas ante eventuales daños al ganado, así como agilizar indemnizaciones e impulsar campañas formativas e informativas que sirvan para tender puentes hacia una coexistencia con la especie como pieza fundamental para el buen funcionamiento de los ecosistemas.

Castilla-La Mancha lleva más de una década habilitando ayudas directas a los ganaderos afectados por ataques de lobo en la comunidad autónoma.

Ecologistas en Acción, con ayuda voluntarios, ha completado la plantación de unos 2.000 árboles en una parcela en La Riberuca, en el municipio de Suances, dentro de un programa para recuperar la cobertura vegetal en el espacio de la ría San Martín.

La actividad se ha venido realizando en los últimos seis años para regenerar la biodiversidad de la zona, compuesta en su mayor parte por masas de encinar cantábrico, de ahí que las plantaciones se hayan centrado en especies como encinas, laureles, acebos, aladiernos y cornejos.

El proyecto de reforestación está patrocinado por el Ayuntamiento de Suances y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de proporcionar un valor ambiental al futuro Área Natural de Especial Interés (ANEI) de la ría San Martín, en tramitación desde 2020.

La ría de San Martín es la única de Cantabria que no tiene ninguna figura de protección, y enlazaría el espacio intermareal con el parque de las Tablas (Torrelavega), a través de las riberas fluviales.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva ha acordado la suspensión cautelar provisionalísima de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector SUS C-2, promovido en El Rompido, término municipal de Cartaya (Huelva), y vinculado al desarrollo de a macrourbanización de lujo Sagitta impulsado por la promotora Loiola. El megacomplejo prevé un mínimo de 800 viviendas, tres hoteles, un campo de golf, un centro comercial y más de 4.000 plazas de aparcamiento, en una zona que los denunciantes (Ecologistas en Acción) consideran turísticamente saturada y que alberga una importante riqueza botánica.

La resolución judicial, dictada el 17 de marzo de 2026 y a la que ha tenido acceso este periódico, estima la solicitud presentada por la federación en Huelva y ordena la paralización de cualquier actuación de “tala, desbroce, arranque de vegetación, movimiento de tierras o alteración del terreno” en el ámbito afectado por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartaya de 8 de mayo de 2025, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización.

La medida ha sido adoptada con carácter urgente y sin oír previamente a las partes demandadas, al apreciar el juzgado la concurrencia de circunstancias de “especial urgencia”. En particular, la jueza considera que la continuidad de los trabajos podría hacer perder la “finalidad legítima” del recurso contencioso-administrativo interpuesto, dado que los daños ambientales denunciados “podrían resultar irreversibles”.

Obras desde febrero

Según recoge el auto, de no suspenderse la ejecución del proyecto “el recurso perdería su finalidad” dado que, “una vez dictada la sentencia, aun resultando estimatoria, la zona habrá desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico, siendo difícil revertir la situación a su estado anterior”.

Ecologistas en Acción señala que el informe pericial aportado al juzgado por el grupo conservacionista “acredita que desde el 24 de febrero se habrían ejecutado actuaciones sobre una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados, incluyendo la tala de más de un centenar de pinos adultos (Pinus pinea), la eliminación de matorral mediterráneo y la alteración física del suelo mediante maquinaria pesada”. La resolución judicial subraya que estos daños “no son fácilmente reversibles y que su continuación resultaría de muy difícil o imposible reparación”.

El juzgado destaca, además, la relevancia constitucional de la protección ambiental, recordando que el artículo 45 de la Constitución impone a los poderes públicos el “deber de velar” por la conservación del Medio Ambiente, y que en la ponderación de intereses realizada “el único riesgo de perjuicio irreparable apreciado es el relativo a los valores ambientales”.

Resolución judicial inminente

La resolución concede ahora un plazo de tres días al Ayuntamiento de Cartaya y a la Junta de Compensación del Sector para formular alegaciones, tras lo cual el juzgado decidirá si mantiene, modifica o levanta la suspensión acordada.

Ecologistas en Acción de Huelva ha valorado “positivamente” la decisión judicial, que considera “un paso importante en la defensa de los valores naturales del ámbito afectado”. La organización destaca que su actuación se ejerce “al amparo de la acción pública en materia ambiental” y “reafirma” su “compromiso” de “velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y ambiental en el desarrollo previsto para Nuevo Rompido Este”.

La medida cautelar adoptada no prejuzga el fondo del asunto, que deberá resolverse en sentencia, pero implica la paralización inmediata de las actuaciones materiales hasta nueva decisión judicial.