Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 22 de junio que declaró “favorable” el estado de conservación del lobo ibérico en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea. Las organizaciones consideran que esa decisión, respaldada por Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria, abre la puerta a intensificar el control de la especie pese a que, aseguran, no existe respaldo científico suficiente para ello.

El recurso se dirige contra el acuerdo aprobado el pasado 22 de junio, que salió adelante con el voto en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según las organizaciones ecologistas, el propio informe técnico elaborado por el ministerio advertía de que la ficha utilizada para justificar el cambio “adolece de justificación científica”, por lo que sostienen que la decisión respondió a una mayoría política y no a criterios técnicos.

Las entidades recurrentes relacionan esta decisión con la recuperación de los programas autonómicos de control del lobo tras la salida de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en el 2025 y las puntualizaciones sobre los permisos de su caza contenidos en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de este año.

En su recurso, Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico señalan que la población de la especie, estimada en 333 manadas, continúa por debajo de las alrededor de 500 unidades reproductoras que consideran necesarias para garantizar su viabilidad genética a largo plazo. También recuerdan que amplias zonas de distribución histórica aún no se han recuperado y que la población de Sierra Morena desapareció hace aproximadamente una década.

Las dos organizaciones argumentan además que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han establecido que no pueden autorizarse extracciones de ejemplares cuando el estado de conservación de la especie sea desfavorable. A su juicio, si el informe sexenal recurrido se remite finalmente a la Comisión Europea, desaparecería uno de los principales obstáculos legales para ampliar los controles poblacionales del lobo en España.

“No estamos ante un desacuerdo técnico legítimo, sino ante la imposición de una mayoría política sobre la evidencia científica. Que una especie deje de estar protegida no puede decidirse a golpe de votos autonómicos, sino con datos”, ha señalado Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción. “Detrás de este posicionamiento de las comunidades autónomas subyace el propósito de matar lobos con cobertura legal. Ya entre 2025 y principios de 2026, Cantabria mató más lobos de los que marcó su propio plan, y Asturias abatió decenas de ejemplares, entre ellos hembras gestantes y cachorros”, cuestiona Ernesto Díaz, portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.

En los dos últimos años el lobo ha vivido una compleja situación administrativa y legal. En marzo del 2025 el lobo ibérico quedó fuera del Lespre (listado de especies protegidas) por al aprobación de una enmienda del PP en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que desprotegió la especie. El Defensor del Pueblo ha recurrido esta norma al Constitucional, pero está pendiente de resolución.

En febrero de este año una sentencia del Tribunal Supremo señaló que la autorización de la caza del lobo solo sería posible “cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado”. En ella se especifica que la muerte de ejemplares del lobo “deben someterse a unas rigurosas condiciones” después de que se hayan analizado “medidas alternativas” que “razonablemente” puedan adoptar los ganaderos para impedir los ataques del lobo. Según las comunidades autonómas esta situación ya se da y han ido aprobando programas de control del lobo para volver a permitir su caza.

El recurso llega el mismo día en que el Boletín Oficial del Principado publica la modificación del II Plan de Gestión del Lobo de Asturias, con la que el Gobierno autonómico recupera la cobertura jurídica para aprobar nuevos programas anuales de control de la especie tras los cambios legislativos y la sentencia del Tribunal Supremo.

“Vamos a seguir en los tribunales las veces que haga falta. Es lo que le debemos a una especie perseguida durante siglos y que, por fin, empezaba a recuperar, muy tímidamente, solo una parte de lo que arrebatamos”, inciden las organizaciones recurrentes ante los nuevos planes de matar lobos en España.

El Mar Menor y la Bahía de Portmán vuelven a ser este año los dos grandes puntos señalados en la Región de Murcia por el informe Banderas negras 2026, elaborado por Ecologistas en Acción, que denuncia los principales casos de contaminación y mala gestión del litoral español. Ambos espacios repiten con su inclusión en este documento anual; lo que refleja, según la organización ecologista, “la persistencia de problemas ambientales sin resolver desde hace décadas.”

El informe analiza todo el litoral español y otorga un total de 48 banderas negras, dos por provincia o ciudad autónoma. Cada territorio recibe una distinción por contaminación y otra por mala gestión. Su elección se basa en criterios como la gravedad del daño, su continuidad en el tiempo, la falta de soluciones efectivas y el impacto sobre los ecosistemas y la población.

Mar Menor: una crisis ecológica sin resolver

El Mar Menor vuelve a aparecer en el informe de Ecologistas en Acción, señala la organización, por la mala gestión de su cuenca vertiente. Ecologistas insiste en que la laguna continúa sufriendo una “crisis de eutrofización”, que define como fruto de la “negligente” gestión del territorio y la falta de control en toda la cuenca vertiente. Según el informe, el principal factor desencadenante de esta situación “es la entrada excesiva de nutrientes de origen agrícola y ganadero”, a lo que se suman también -añade- otras presiones como el urbanismo, el turismo o la navegación, que contribuyen al deterioro del ecosistema.

Pese a las medidas impulsadas en los últimos años, la organización considera que la recuperación del ecosistema sigue lejos y que persisten carencias importantes en la gestión del territorio y en el control de los aportes contaminantes.

Portmán y Sierra Minera: una contaminación heredada de la minería

Por su parte, la Bahía de Portmán y la Sierra Minera también han recibido una bandera negra por contaminación en el informe de Ecologistas en Acción. En este caso, apuntan desde la organización, el problema tiene un origen histórico ligado a la actividad minera desarrollada durante el siglo XX, “que dejó tras de sí una importante acumulación de residuos con metales pesados”.

El informe subraya que esta herencia industrial sigue condicionando el estado ambiental de la zona décadas después del cierre de las explotaciones. En concreto, señala que la actividad minera “dejó una importante acumulación de residuos con metales pesados”, un impacto que todavía no ha sido completamente revertido.

El documento pone sobre la mesa, además, que siguen abiertos los debates sobre el modelo de regeneración de la Bahía de Portmán y la ejecución de los planes de recuperación en la Sierra Minera, lo que mantiene el conflicto ambiental y social sin resolver.

Restauración ecológica como alternativa

Más allá de la denuncia, el informe de Ecologistas en Acción pone el foco en la restauración ecológica como vía para revertir parte del deterioro. En el caso del Mar Menor, apuntan, esto pasa por reducir de forma efectiva la entrada de nutrientes en toda la cuenca y recuperar ecosistemas que ayuden a filtrar y retener contaminantes.

En Portmán, las propuestas se orientan a la recuperación de suelos contaminados y la restauración del entorno costero, combinando actuaciones de descontaminación y renaturalización.

La organización enmarca estas medidas en un contexto más amplio, marcado por la nueva normativa europea de restauración de la naturaleza, que obliga a los Estados a planificar la recuperación de ecosistemas degradados en las próximas décadas.

Ecologistas en Acción ha repartido sus habituales 'banderas negras', que cada año señalan aquellos puntos “más paradigmáticos del deterioro de la costa” en España, y a Canarias le han correspondido cuatro: Cuna del Alma, Las Teresitas, las jaulas marinas de Telde y los cruceros de Arrecife.

La organización ecologista ha repartido este año 48 'banderas negras' y a Canarias le han tocado cuatro, dos por provincia, una por “contaminación” y otra por “la mala gestión” para así visibilizar “los puntos más urgentes sobre los que intervenir para revertir la situación de deterioro”, indica en un comunicado.

Ben Magec-Ecologistas en Acción otorga la 'bandera de contaminación' en la provincia de Santa Cruz de Tenerife a Las Teresitas por “abandono severo planificado desde hace décadas, siendo los vecinos y vecinas del pueblo de San Andrés y la población residente en Santa Cruz las que padecen las consecuencias”.

En este contexto, apunta la organización, “se observa un escenario marcado por vertidos incontrolados de residuos urbanos, la privatización y la invasión de espacios públicos, la carencia de infraestructuras esenciales y problemas de accesibilidad y seguridad, además del deterioro del patrimonio natural, cultural y etnográfico”.

La 'bandera negra por mala gestión' de esta misma provincia recae por tercer año consecutivo en el macroproyecto Cuna del Alma en el Puertito de Adeje, “el último pueblo costero del suroeste de Tenerife que queda libre de construcciones turísticas y, además, su entorno posee un valor ambiental e histórico/cultural muy elevado”.

Recuerda que las obras se reanudaron en noviembre de 2024, a pesar de que hoy por hoy no cuenta con evaluación de impacto ambiental y ha tenido hasta cinco paralizaciones cautelares.

También señala que durante el desarrollo de las obras se están produciendo “numerosos incumplimientos de la legislación ambiental y de ordenación del territorio vigente”, con “numerosas causas judiciales abiertas” en las que espera que los responsables de este “ecocidio” sean condenados.

En cuanto a la provincia de Las Palmas, Ecologistas en Acción asigna a los vertidos crónicos y episodios agudos de contaminación por acuicultura industrial de la costa de Telde la 'bandera negra por contaminación'.

Todo ello, “dada la gravedad no atendida de la situación que llevó en 2025 a la mortandad masiva de lubinas y su putrefacción que obligó al cierre de playas como la de Melenara y Salinetas, contaminación que acabó extendiéndose prácticamente por todo el litoral de la isla”.

La asociación indica que “estos eventos no son nuevos ni aislados”, pues las primeras denuncias de episodios de contaminación de estas jaulas de acuicultura empezaron en 1999.

La masificación turística y contaminación que genera la industria de cruceros en Lanzarote se lleva la 'bandera de mala gestión' de la provincia de Las Palmas, ya que aportan “un balance desequilibrado entre beneficios económicos y los costes socio-ambientales que generan”.

Advierte de que para 2026 se prevén 700.000 cruceristas en esta isla, lo que “contribuye de una manera inasumible y desorbitada a la masificación no sólo de Arrecife, que vería multiplicada por 10 su población, sino también a la presión del Parque Nacional de Timanfaya, generando aglomeración y saturación de los espacios y servicios públicos en general”.

La federación canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción recuerda que “son muchos los retos que afronta los más de 7.000 kilómetros de litoral canario y nuestro informe pretende visibilizar sólo los cuatro puntos más representativos del deterioro y aportarlos al mapeo estatal”.

“Debemos seguir reclamando que se aplique la legislación en materia de vertidos tierra mar, de protección efectiva de la franja marítimo terrestre y las Zonas de Especial Conservación, así como solicitar la creación de nuevas Reservas Marinas”, añade.

Con respecto a las 'banderas negras' otorgadas años pasados, celebra “la renuncia definitiva” al proyecto de parque temático “pintado de renaturalización” 'Underwater Gardens', y apunta que si bien el año pasado se reabrió Playa Jardín en Puerto de la Cruz, la Plataforma Stop Vertidos denuncia que “aún queda mucho por hacer”.

Los gobiernos de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso trabajan a contrarreloj para que una vía pecuaria no llegue a echar por tierra la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid. El problema lo detectaron hace un año PSOE y organizaciones ecologistas, que se dieron cuenta de que la Vereda de los Leñeros tenía que ser desviada para sacar adelante el plan especial con el que el Ayuntamiento intentaba adecuar las instalaciones de Ifema al circuito de carreras.

Nadie había prestado demasiada atención a esta vereda desde que hace décadas las instalaciones de Ifema ocuparan completamente su trazado hasta hacerlo inservible. La Comunidad de Madrid lleva advirtiendo desde al menos 2005 que la tenía que desviar, pero es el citado plan especial de la F1 el que ha alertado sobre la necesidad de recuperar este antiguo paso de ganado. Por ello, el área de Urbanismo aceleró los trámites para llegar a tiempo y que la justicia no pudiera tumbar el proyecto sobre el que se asienta un circuito, el Madring, ya casi construido.

El pasado 5 de junio los técnicos verificaron sobre el terreno que había espacio para desviar esta vía pecuaria y hace solo unos días la Comunidad de Madrid sacó a información pública toda la tramitación, que ha sido revisada por este periódico. En ella ha incluido la necesidad de construir una pasarela sobre la autopista M-11 para unir la Vereda de los Leñeros con la de Valdecarros, caminos que quedaron separados por la construcción de la carretera.

El Ayuntamiento de Madrid ha echado mano de un anteproyecto para ecopuentes previstos dentro del proyecto del Bosque Metropolitano con el objetivo de solucionar esta conexión entre veredas. Este incluía una gran pasarela sobre la M-11 con ancho suficiente para el paso de peatones, ciclistas y —ahora— ganado. Su tamaño será considerable, ya que deberá pasar por encima de doce carriles de tráfico.

El nuevo trazado incluye dos descansaderos, uno antes y otro después del paso por la M-11, y una amplia curva después de pasar por la autopista para luego discurrir en paralelo a la calle Ribera del Sena, hasta finalizar en la glorieta Juan de Borbón. Dice la propuesta que esta solución “adquiere especial relevancia por cuanto recupera la conexión con la red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, al tiempo que actúa como conector de zonas verdes, evitándose en todo momento el cruce a nivel con el tráfico rodado. Estas circunstancias favorecen el uso por parte de la población y justifican el interés público”.

“Con este trazado se promueven y fomentan las actividades medioambientales, sociales y culturales compatibles en torno a las vías pecuarias y se favorece el contacto entre los ámbitos urbano y rural, contribuyendo a la creación y mantenimiento de una conciencia social conservacionista”, añade la propuesta de modificación tramitada.

La superficie del nuevo trazado llegará a los 25.970 m², cifra superior a los 21.330 m² del camino ganadero al que sustituye. La mayoría de terrenos los aporta el Ayuntamiento de Madrid, ya que el desvío se plantea sobre todo por superficies municipales. Un aspecto nuclear en toda esta operación y con la que no están de acuerdo los ecologistas.

Está por definir cómo y quién pagará el coste de todos estos cambios. Asegura el proyecto que “los costes derivados del traslado y de la ejecución de la nueva Vía Pecuaria serán soportados por el Consorcio Institución Ferial de Madrid (IFEMA)”, aunque los detalles se están ahora negociando, ya que la documentación a la que ha tenido acceso Somos Madrid indica que se está tramitando un convenio entre el Ayuntamiento e Ifema para repartir el coste de construcción de la pasarela y adecuar los nuevos terrenos del camino pecuario. Fuentes consultadas por este periódico apuntan a que será Ifema la que costee la pasarela.

Ecologistas aseguran que el cambio sigue siendo ilegal

La recuperación de la ahora desaparecida Vereda de los Leñeros ha sido saludada por la Plataforma Ecologista Madrileña, que ve necesaria su recuperación. Pero critican la forma en la que quieren tramitarlo desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid: superponiendo la vía pecuaria sobre las zonas verdes ya existentes.

“Las vías pecuarias son bienes de dominio público propiedad de la Comunidad de Madrid, no pueden superponerse a otro dominio público como es una zona verde”, apunta María Ángeles Nieto, representante de la organización ecologista que estuvo acompañando a los técnicos en la revisión de los terrenos a principios de junio.

Nieto apunta que debería ser Ifema, como promotora del circuito, la que aporte los nuevos terrenos y no hacerlo el Ayuntamiento de Madrid, para evitar la superposición de la vereda sobre zonas verdes, lo que va en perjuicio del patrimonio público, incluso económico, al unir dos tipos de suelo que deberían ir por separado. “La superposición de una vía pecuaria sobre una zona verde no es legal. La calificación no es legal. El plan general lo establece claramente”, advierte.

La Plataforma Ecologista ve otro problema si finalmente se legaliza este cambio: “Puede ser un precedente muy negativo, porque lo siguiente que harían otros ayuntamientos sería superponer más vías pecuarias sobre zonas verdes”. Por eso la organización Liberum Natura, entidad que forma parte de la plataforma Ecologista, alegará contra este intento.

El intento de legalización llega después de que el pasado mes de enero la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras sometiera a trámite de información pública el anteproyecto de ley de medidas urgentes para el incremento de oferta de vivienda con protección pública, en la que incluyó un cambio que podía afectar a la Vereda de los Leñeros. La reforma eliminaba la obligación expresa de “calificar” urbanísticamente las vías pecuarias como suelo no urbanizable.

Las organizaciones ecologistas denunciaron que detrás de esta modificación podía esconderse una triquiñuela para legalizar Madring, el nombre comercial que Ifema ha dado al circuito de Fórmula 1. Hicieron alegaciones al respecto y la Comunidad de Madrid reculó en sus intenciones. La plataforma reprochó, no obstante, que se mantuviera el silencio positivo en caso de que la administración responsable de la gestión de las vías pecuarias, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, no emitiera el informe preceptivo en el plazo de tres meses.

Ecologistas en Acción, a través de una nota difundida este viernes, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) la decisión de la administración autonómica de ampliar la capacidad del Centro de Tratamiento de Residuos en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

La organización naturalista considera que la modificación de la autorización ambiental del vertedero por parte de la Junta de Castilla y León, contraviene la normativa que considera preceptivo un informe urbanístico favorable por parte del municipio afectado, en este caso el Ayuntamiento de Santovenia, que ha sido negativo.

Ecologistas en Acción recuerda que el consistorio ya emitió en junio de 2024 un informe urbanístico desfavorable (“La ampliación proyectada y al modificación sustancial derivada no son autorizables”), con arreglo al artículo 145 del PGOU que prohíbe expresamente la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos.

Esta planta comenzó a funcionar en junio de 1993, y en la actualidad almacena más de un millón de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos en una superficie de un millón de metros cúbicos que la empresa propietaria, Cetransa, quiere ampliar en 125.000 más.

Esta ampliación, según Ecologistas en Acción, no está amparada por la declaración de impacto ambiental de 2014, tampoco por la autorización ambiental vigente de la planta y, por tanto, tampoco por la declaración de Proyecto Regional que la Junta de Castilla y León firmó en 2015.

Por todo ello, la organización naturalista ha pedido a los dos nuevos consejeros con competencias en la materia: Joaquín Antonio Pino (Política Ambiental) y María González (Medio Ambiente y Energía) que no firmen la orden que autoriza la ampliación solicitada.

En caso contrario, han anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para solicitar la suspensión cautelar, y en su caso, exigir responsabilidades penales “por obviar el informe urbanístico negativo del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga”, lo que a su juicio constituiría en un presunto delito de prevaricación. 

La nueva Ley de control ambiental de Cantabria establece una nueva categoría de evaluación ambiental simplificada para proyectos e instalaciones “de escasa relevancia” que ha levantado polémica. Quiere decir que bastará una declaración responsable del promotor en la que se compromete a que cumple con los requisitos. El control, en todo caso, se hará a posteriori.

Ecologistas en Acción ya advirtió en las comparecencias parlamentarias previas a la Ley que “se hace un uso excesivo de la declaración ambiental responsable” y que se hacen caer demasiadas competencias de vigilancia y control en los ayuntamientos “sabiendo que en su mayoría carecen de recursos humanos para realizar tareas de control e inspección de forma eficaz”. También llamó la atención, entre otras cuestiones, sobre las antenas de telefonía móvil, que son competencia municipal y están desplegadas por todo el territorio, y no se incluían “ni siquiera como declaración ambiental responsable”.

“Cuando un acuífero está contaminado o un paisaje ha sido alterado de forma irreversible, la inspección llega tarde”, alerta el diputado socialista Pablo Zuloaga. En ese sentido, denunció que la tendencia del Gobierno de Buruaga ha sido clara desde el principio de la legislatura: menos órganos colegiados, menos controles previos, más declaraciones responsables. “Más confianza en mecanismo de control posteriores”, resume.

Durante el debate parlamentario de la ley, el PSOE acusó al consejero de Medio Ambiente Roberto Media de querer una Comisión de Comprobación Ambiental “debilitada y eliminada”. “Nosotros creemos exactamente lo contrario: que cuando una institución pública necesita mejorar, la solución no es eliminarla, es mejorarla”, explicó.

La Comisión representa algo más que un trámite administrativo -defendió el diputado socialista- “representa la deliberación técnica, la participación de distintas áreas de la administración, la presencia de ayuntamientos y la posibilidad de constrastar criterios antes de adoptar decisiones con impacto sobre el territorio y el medio ambiente”.

En este sentido, advirtió que con la declaración ambiental simplificada se sustituye un órgano colegiado por una simple actuación administrativa, “lo que supone una perdida de garantías”. “La protección medioambiental necesita más protección, más control público y más espacios de deliberación técnica” -ha insistido- “ninguna simplificación administrativa puede justificar la desaparición de mecanismos de control que fortalezcan la protección ambiental”.

Un desarrollo eólico afecta simultáneamente a la biodiversidad, al paisaje, al patrimonio cultural, al territorio, a la actividad económica y a la vida de los municipios y de los pueblos. “¿De verdad alguien en este Parlamento cree que la mejor respuesta sea reducir los espacios donde todas esas visiones puedan encontrarse y debatirse?, inquirió el diputado socialista.

Qué es la 'escasa relevancia'

Una de las polémicas más relevantes es que la ley permite eliminar el trámite previo de la evaluación de impacto ambiental en asuntos calificados como “de escasa relevancia”. En el anexo de la nueva norma se especifica qué es esa nueva categoría de proyectos de 'simplificación ambiental'.

En primer lugar, la categoría de 'escasa relevancia' que elimina el requisito previo del impacto ambiental, alude a las modificaciones puntuales del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), del Plan de Ordenación del Litoral (POL), los planes generales de ordenación urbana y los planes singulares de interés general (PSIR). Se exceptúa todo lo que tenga que ver con turismo, minas, energía, transporte, gestión de recursos hídricos, costas o uso del suelo seguirá necesitando un informe previo de impacto ambiental.

También bastará con una declaración responsable en las modificaciones de Planes Parciales y Especiales contenidos en Planes Generales de Ordenación Urbana que previamente hayan sido sometidos a evaluación ambiental.

La simplificación también libra de permisos medioambientales a los Estudios de Detalle Especiales y sus modificaciones, las Áreas de Desarrollo Rural y sus modificaciones o las Delimitaciones Gráficas de Suelo Urbano y sus modificaciones.

Dentro de estas categorías, el PSOE consiguió aprobar una enmienda que garantiza que las actividades e instalaciones que generen emisiones industriales seguirán necesitando evaluación ambiental previa.

Ecologistas en Acción de Ciudad y Toledo han solicitado la ampliación del plazo de información pública sobre el proyecto de construcción de un aeródromo de lujo destinado a jets privados que permita trasladar cazadores de alto nivel adquisitivo hasta la finca Dehesa de El Molinillo, en Retuerta de Bullaque (Ciudad Real).

Hoy terminaba el plazo para la presentación de alegaciones, y hoy mismo la Consejería de Fomento les ha comunicado que se amplía hasta el 26 de junio.

Ecologistas en Acción había detectado fallos en el tablón de anuncios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en cuanto a la disposición de la documentación. De hecho es imposible acceder a más información, a través de un enlace que no está operativo, y que ha difundido la Dirección General de Transportes y Movilidad. “Eso provoca indefensión de quienes puedan estar interesados en alegar”, subraya la organización que ya ha presentado sus propias alegaciones.

Reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha una declaración de impacto ambiental negativa, aduciendo numerosas razones que determinan, en su opinión, lo “incompatible” del proyecto.

“El estudio de impacto ambiental (EsIA en adelante) carece de la información mínima requerida en el procedimiento de evaluación ambiental para determinar adecuadamente y con fundamento los impactos ambientales que la ejecución del proyecto supondría”, señalan.

Nortia Agricultural, S.A, propiedad del empresario Manuel Lao, es la promotora de un proyecto que prevé instalar una pista asfaltada de 1.900 metros de longitud y 30 metros de anchura, acompañada de una franja de seguridad de 2.020 metros de largo y 150 de ancho, además de zonas de seguridad en cabecera (RESA), según recoge Europa Press.

El diseño incluye igualmente una calle de rodaje, una plataforma de estacionamiento para aeronaves y un hangar de grandes dimensiones, así como un edificio de recepción para pasajeros y distintas instalaciones auxiliares necesarias para la operativa del aeródromo.

El aeródromo está dimensionado para acoger aeronaves de categoría media-alta, como el modelo Gulfstream G650, pequeños pero potentes, con precios que pueden llegar a los 75 millones de dólares. Se prevén unas 100 operaciones anuales, con una media de dos vuelos por semana, y un funcionamiento en horario diurno durante todo el año.

En la descripción del proyecto por parte de la Consejería de Fomento se explica que “se utilizará para el acceso de clientes interesados en los productos de la finca Dehesa de El Molinillo, y puntualmente, para emergencias, en horario diurno”.

Afección a la Red Natura 2000

Ecologistas en Acción dice que uno de los aspectos más “preocupantes” es que afectará a la Red Natura 2000. Sostiene que aunque la pista de aterrizaje se encuentra fuera de esa zona, estará en otra colindante y cree que las trayectorias de vuelo de aterrizaje y despegue de los jets privados se producirá en amplios recorridos en zonas estrictamente protegidas, según lo estipulado en el Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA 'Montes de Toledo'.

“Por la gravedad de las afecciones ambientales que producirían, determina la incompatibilidad de este tipo de usos privados relacionados con la aeronavegación con la designación del espacio natural protegido”, denuncia la organización conservacionista.

Después cita daños directos a la flora, al dominio público hidráulico y a diferentes hábitats de interés comunitario en unas 112 hectáreas, derivados del movimiento de tierras, de la tala de árboles centenarios de la dehesa y la implantación de los diferentes elementos de origen antrópico asociados a este tipo de infraestructuras.

En un área crítica para la reproducción de aves

Alegan que el aeródromo se ubica en la proximidad, a menos de 10 kilómetros, del límite nordeste del Parque Nacional de Cabañeros. Esta circunstancia, advierten, “perturbaría gravemente, por emisiones de ruido y afección a la fauna ornítica, las condiciones de naturalidad y la posibilidad de conservación de los valores ambientales que se pretenden conservar en tan singular espacio natural”.

También señalan su proximidad al embalse de la Torre de Abrahám. Tanto esta infraestructura como el propio parque nacional acogen grandes cantidades de aves de todo tipo y en todas las épocas del año --rapaces, acuáticas, zancudas como las grullas-- que, por sus características y comportamientos, apuntan, “supondrían un inasumible riesgo de colisión con las aeronaves en menoscabo de la seguridad de la navegación aérea”.

Por otra parte, creen que el aeródromo afecta por solapamiento áreas críticas y zonas sensibles declaradas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la conservación de especies de aves amenazadas, algunas de ellas declaradas bien “en peligro de extinción” como el buitre negro, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el águila perdicera o el sisón, o bien con otros grados de amenaza como el milano real, el águila real, o diferentes especies de aves esteparias o de hábitos nocturnos.

En el entorno inmediato al aeródromo, a distancias inferiores a los cinco kilómetros, se establecen territorios de reproducción, invernada, paso migratorio o concentración postnupcial de todas estas especies.

Critican el cambio de modelo de explotación en la finca

La organización también se muestra muy crítica con el cambio de modelo de explotación cinegética, turística y patrimonial asociado al proyecto. “El aeródromo justifica su uso basándose en una estrategia de desarrollo de actividades cinegéticas de carácter exclusivo, dirigidas a usuarios de alto poder adquisitivo, que pretende un cambio en el modelo del negocio turístico-cinegético de la finca”, detalla Ecologistas en Acción.

En su opinión, dicho proyecto “tiene en consideración las consecuencias que este nuevo modelo de explotación puede generar sobre los recursos naturales del territorio” porque lo que se propone es un uso continuado de los recursos cinegéticos a lo largo de amplios periodos del año. “Plantea importantes dudas sobre la sostenibilidad ecológica de dicho modelo”, advierten. La caza en este aspecto requerirá de densidades excepcionalmente elevadas de especies cinegéticas, la aplicación de medidas intensivas de manejo cinegético --vallados, o alimentación suplementaria-- y el incremento de repoblaciones o aportes artificiales de fauna.

“De hecho, este modelo pondría en serio compromiso el modelo ya en funcionamiento de turismo sostenible promovido en el entorno y área de influencia del Parque Nacional a través de la firma y adhesión de Cabañeros a la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), instrumento que promueve un modelo de desarrollo basado en la conservación del patrimonio natural y cultural, la sostenibilidad y la minimización de impactos ambientales”, sugieren.

Es “incompatible” con la Carta Europea de Turismo Sostenible

Cuestionan de igual modo que el proyecto sometido a evaluación introduce una infraestructura que favorece un modelo de utilización intensiva del territorio “incompatible” con los principios inspiradores de la Carta Europea de Turismo Sostenible, especialmente en lo relativo a la conservación de la tranquilidad ambiental, la calidad paisajística y la protección de los recursos naturales.

Para la organización, otro de los aspectos más preocupantes del proyecto es la ausencia de una evaluación rigurosa y específica del riesgo de colisión entre aeronaves y aves (bird strike), algo que afecta simultáneamente a la conservación de la fauna y a la seguridad de las operaciones aéreas, por cuanto la presencia de avifauna de gran porte es constante en el entorno.

“A pesar de tratarse de una de las variables ambientales más relevantes para este tipo de infraestructuras, el EsIA no dedica un apartado específico al análisis detallado de este riesgo, limitándose a referencias puntuales y valoraciones genéricas que carecen del nivel de profundidad exigible”.

Se remontan a los años 80 del siglo pasado al recordar cómo hubo “una inmensa movilización ciudadana en contra” y a la postre supuso la desestimación del entorno de Cabañeros para el establecimiento en su raña de un polígono de tiro de aviones de combate. Algo que “desembocó en la declaración del espacio natural de Cabañeros como Parque Natural y, por último, como Parque Nacional”, recuerdan.

Medio centenar de vecinos de El Provencio y Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca, se han reunido convocados por Ecologistas en Acción para mostrar su “preocupación” por la ampliación de la capacidad del basurero de residuos peligrosos ubicado en la primera localidad.

Este vertedero está ubicado sobre el Acuífero de la Mancha Occidental y a escasos 200 metros de la Tubería Manchega que abastece de agua potable a numerosas poblaciones. Propiedad de la empresa Gestión de Residuos El Provencio SL, es el único almacén de residuos peligrosos en activo de toda Castilla-La Mancha.

Carlos Villeta, representante de la organización ecologista, informó a los vecinos y vecinas de que, desde que esta instalación se abrió hace más de diez años, ha pasado de gestionar dos a 41 tipos de residuos peligrosos, y de tener cinco a nueve celdas de vertido, sin que la Junta de Castilla-La Mancha, afirma, haya sometido esta ampliación a una nueva evaluación ambiental por considerarse cambios “no sustanciales”.

“A pesar de que la instalación para la gestión y vertido de residuos industriales peligrosos lleva operando más de 11 años, la mayoría de los vecinos desconocía sus características y funcionamiento”, explica Villeta.

Una superficie de 12 hectáreas

Según precisa, con una superficie cercana a las 12 hectáreas, el vertedero puede admitir hasta 18.650 toneladas al año de residuos peligrosos (en torno a 1.200 camiones), de los que puede verter en sus celdas hasta 11.050 toneladas.

Asimismo, explica que en una visita al vertedero el 13 de junio, se pudo identificar desde el exterior, grandes volúmenes de residuos con amianto, así como postes y traviesas de ferrocarril tratados con creosota que estaban siendo astillados. “También se reciben (entre otros residuos peligrosos) lodos y tierra contaminada con hidrocarburos pero no se pudieron identificar”, añade.

En el acto informativo, alertó de que, España en general y Castilla-La Mancha en particular, con una “fiscalidad mínima”, está impulsando “la importación de residuos de otras zonas y países, promoviendo un peligroso negocio”.

Petición a la Consejería de Desarrollo Sostenible

También intervino en el acto público Ariosto de Haro, Geólogo, experto en control calidad de recubrimientos de vertederos, alertando sobre el riesgo de avenidas, desbordamientos y contaminación de acuífero.

Ecologistas en Acción ya ha dado los primeros pasos en el conocimiento pormenorizado del vertedero de El Provencio y ha solicitado por escrito a la Consejería de Desarrollo Sostenible información ambiental de sus actividades en los dos últimos años.

Según Villeta, el grupo de asistentes acordó constituirse en Plataforma y conformar un grupo de trabajo. También se animó a los vecinos y vecinas a “trabajar unidos para luchar contra un proyecto que hipoteca el futuro su tierra, evitando conflictos de siglas y electoralistas”.

Este periódico se ha puesto en contacto tanto con la empresa gestora del basurero como con la Consejería de Desarrollo Sostenible para recoger su valoración sobre esta denuncia y sobre la petición del colectivo ecologista, sin que por el momento haya habido respuesta.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón a Ecologistas en Acción y ha paralizado el decreto de la Junta que pretendía evitar la demolición de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, ubicada en la provincia de Cáceres.

La norma suspendida, que fue aprobada el pasado 16 de diciembre, ajustaba los límites de 11 espacios declarados Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la región, entre ellos el de Valdecañas. Sin embargo, los magistrados de la Sala han sido tajantes en su resolución: “La exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas”, en clara referencia al intento de eludir la demolición del complejo turístico ordenada por el Tribunal Supremo y, posteriormente, avalada por el Constitucional, que desestimó los recursos de amparo que pretendían mantener en pie el complejo.

La Junta de Extremadura sostiene que el decreto solo pretende corregir imprecisiones cartográficas derivadas de mapas en papel obsoletos, pero el TSJEx ha concluido lo contrario al no apreciar “una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el decreto, que va más allá de una corrección de errores con apariencia […] Resulta evidente que el nuevo decreto puede hacer extremadamente difícil ejecutar las sentencias firmes”.

Dada la naturaleza del caso, el alto tribunal extremeño ha adoptado la medida cautelar sin exigir caución o fianza alguna a la organización ecologista. El tribunal fundamenta esta decisión en que la medida tiene “como finalidad la protección de un bien colectivo como es el medio ambiente” y que la organización recurrente actúa en ejercicio de una acción popular.

“Un fraude de ley en toda regla”

El abogado de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha subrayado que la decisión del TSJEx “ha desnudado por completo la maniobra de la Junta”. A su juicio, no se trata de una corrección técnica, “sino de un fraude de ley en toda regla” para “intentar rescatar urbanísticamente la Marina de Valdecañas a costa de violar el Estado de Derecho”. Aunque no es la sentencia final, supone “un golpe casi definitivo a las pretensiones de la Junta”, ha valorado.

Por su parte, la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias ha anunciado formalmente que recurrirá el auto del TSJEx. A través de un comunicado, el Gobierno de María Guardiola ha manifestado su respeto a las decisiones judiciales, pero ha asegurado que “seguirá peleando para que la realidad jurídica concuerde con la realidad material”.

La Junta defiende que el decreto recurrido emplea cartografía digital y tecnología más precisa para enmendar delimitaciones antiguas y sostiene que, precisamente, la situación de la Marina Isla de Valdecañas deriva de “errores cartográficos que llevaron a proteger como valores ambientales lo que verdaderamente no lo eran”.

En este sentido, el Ejecutivo ha argumentado que esta consideración “debe prevalecer por encima de cualquier otra, habida cuenta de que las sentencias lo son en base a datos que los avances tecnológicos han demostrado erróneos”. Además, ha destacado que la resolución judicial actual se limita a acordar una suspensión cautelar “sin pronunciarse sobre la validez del decreto”.

Una polémica de casi 20 años

Este nuevo varapalo del TSJEx a la estrategia de la Junta de Extremadura se suma a una larga lista de reveses judiciales que arrastra el complejo turístico, conocido como 'el Algarrobico extremeño', objeto de polémica desde que en 2007 obtuvo el visto bueno del Ejecutivo autonómico para levantarse en medio del pantano de Valdecañas y en una ZEPA, después de que la Junta lo declarase Proyecto de Interés Regional para permitir la recalificación de los terrenos para su construcción.

El recorrido en los tribunales quedó firmemente sellado cuando el Tribunal Supremo ordenó en 2022 la demolición total del resort de lujo de la Isla de Valdecañas, estimando el recurso de Ecologistas en Acción contra una resolución previa del TSJEx, que pretendía salvar los chalets y el campo de golf que ya estaban construidos. De esta forma, la orden es echar abajo las 185 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf, además de todo lo que está en pie, pero se quedó sin concluir.

Los propietarios, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, en cuyos términos municipales se encuentra el resort, y la Junta de Extremadura acudieron al Tribunal Constitucional, que a finales del año pasado desestimó uno por uno los recursos de amparo planteados contra la sentencia del Supremo.

El colectivo ecologista Turcón Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el Decreto del Gobierno de Canarias que autorizó el proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira.

La organización ha explicado que acude al Alto Tribunal después de la sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado mes de abril.

Turcón recuerda recordar que el Decreto (noviembre de 2025) del Gobierno canario acordó la ejecución del proyecto denominado Central hidroeléctrica de bombeo Chira- Soria; reformado del proyecto de construcción. Modificado II, promovido por Red Eléctrica de España, SAU y que suspendía el planeamiento urbanístico y territorial vigente para dar encaje al proyecto citado. Un procedimiento, remarca Turcón, “totalmente inédito, sin precedentes, utilizando artículos excepcionales, desprotegiendo varios espacios naturales para legitimar la construcción de la obra en beneficio de Red Eléctrica”.

La Central de Bombeo Reversible de Soria – Chira afecta directamente a tres espacios de la Red Natura 2000, indirectamente a otros dos y, en especial, al Barranco de Arguineguín. “El proyecto mancilla nuestra rica biodiversidad y desprotege el territorio de las zonas afectadas”, denuncia el colectivo ecologista.

Después del análisis de la sentencia del TSJC, Turcón-EeA presenta los recursos de casación, distinguiendo el recurso de casación estatal, que será conocido por el Tribunal Supremo, y el recurso de casación autonómico, que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ambos recursos se presentan siguiendo una arquitectura jurídica coherente y una adecuada separación entre las cuestiones de Derecho estatal y europeo, por un lado, y las de Derecho autonómico canario, por otro, explica la organización.

Respecto al recurso estatal, una de las claves planteadas son las infracciones del Derecho ambiental europeo y estatal, “inoponibles” al Decreto canario. La argumentación jurídica considera especialmente sólida la fundamentación basada en la Directiva Hábitats, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el principio de no regresión ambiental.

Asimismo, se subraya la importancia general de la cuestión debatida, al afectar a la compatibilidad entre los regímenes excepcionales de implantación de infraestructuras energéticas y las obligaciones de conservación de los espacios integrados en la Red Natura 2000.

En cuanto al recurso autonómico, Turcón-EeA cuestiona la argumentación que hace el Gobierno de Canarias apoyándose en el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias y los límites de las facultades que atribuye a la administración.

En resumen, los ecologistas, consideran que el litigio trasciende el caso concreto de Gran Canaria, al abordar uno de los principales desafíos jurídicos de la transición energética: garantizar el desarrollo de las infraestructuras energéticas sin menoscabar las obligaciones de protección ambiental derivadas del Derecho europeo y de la normativa de conservación de la biodiversidad.

Turcón considera que estos recursos de casación siguen una clara estrategia de maximizar las opciones de que los tribunales superiores se pronuncien sobre cuestiones de gran relevancia para la protección de los espacios naturales y para el futuro de la planificación energética en el país.

Insiste Turcón-EeA que este proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira es “un síntoma de un modelo de transición energética errado. Queremos la transición energética, pero no de esta manera. Frente a los oligopolios y monopolios en el sector eléctrico de las islas, apostamos por un nuevo modelo energético sostenible, público, justo, descentralizado y que no afecte a los espacios naturales protegidos ni al suelo rústico de protección agrícola”, concluye.

Ecologistas En Acción de La Rioja denuncia la retirada de dos niños de cigüeña blanca en Alfaro. Una especie que recuerdan que está protegida por la Ley. La retirada, explican, “se llevó a cabo en pleno periodo de reproducción y con la existencia, de al menos dos pollos, en un de los nidos”. Asimismo, y además de la retirada, la entidad ecologista critica “la operación de eliminación masiva de arbolado urbano en el centro de la ciudad”. Retirada que consideran “desproporcionada e innecesaria y que ha acabado con multitud de árboles talados con varias décadas de edad que daban sombra junto al Paseo de la Florida que ahora ha quedado expuesto al sol y a las altas temperaturas”.

Ecologistas en Acción recuerda además que durante el periodo reproductor no se puede retirar ningún nido de una especie protegida. “Siempre hay que buscar alternativas factibles antes de llegar al extremo de retirar el nido de una especie, aún más si este tiene polluelos y se encuentra en pleno periodo de reproducción”.

Y todo ello, añaden, se realizó en menos de 24 horas. “El Ayuntamiento de Alfaro envió una solicitud a la Dirección General de Medio Natural y ese mismo día se retiró el nido con los polluelos. No se estudiaron más alternativas, pese a que era perfectamente posible haber retirado las ramas que tenían riesgo de caer o incluso podar el árbol y permitir que los polluelos pudieran seguir en el nido junto a sus padres”.

Por su parte, y preguntado por esta cuestión, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente han relatado que a consecuencia de un vendaval ocurrido la semana pasada, la rama de uno de los árboles se cayó, “con el consiguiente peligro para la seguridad de las personas”. Por esta razón, “el pasado viernes 29 de mayo, el Consistorio solicitó a la Consejería la retirada de dos nidos, uno de ellos estaba vacío y el otro ocupado con dos pollos. Los nidos estaban ubicados en los pinos del parque de la Florida que ahora están talando (porque había riesgo para la seguridad)”. Así, y con el visto bueno del agente forestal, “se decidió, por la posible afección a los dos pollos (ruidos, molestias y desprendimientos durante los trabajos de la tala), bajarlos del nido y trasladarlos a La Fombera para su cuidado”. Todo este operativo aseguran desde la Consejería que estuvo supervisado por dos agentes forestales de la zona y el traslado de los pollos se realizó a través del Grupo de Intervención en Altura (GIAR) del Gobierno de La Rioja, formado por Agentes Forestales especializados en acceder a lugares de difícil acceso.

Sin embargo, desde la entidad ecologista rechazan esta actuación. “Jamás por parte del Gobierno de La Rioja se ha autorizado tirar un nido con pollos y mucho menos hacerlo en el tiempo récord de 24 horas”. Y concluyen, “desde que Manzanos ha llegado a la Consejería, el respecto por la normativa ambiental, por la biodiversidad, y las especies protegidas, es nulo en La Rioja. Exigimos al Gobierno de La Rioja máximo respeto por las leyes, por la biodiversidad y que dejen de atacar a las especies protegidas de la fauna riojana”.

El Colectivo Turcón Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía y la Demarcación de Costas los movimientos de tierra que se están efectuando con maquinaria pesada en la playa y en el barranco de Veneguera. La organización ecologista pide la intervención de estos organismos, a los que ha avisado de que las obras se están ejecutando dentro de los límites de la servidumbre y de la protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) de la Demarcación de Costas de Canarias.

Según explica el colectivo, la empresa que ejecuta las obras “se ha excedido en su actuación de cara a corregir los perfiles de playa y barranco”. Esto, añade, “nos produce más preocupación, toda vez que interpretamos unas actuaciones improvisadas, sin los correspondientes permisos habilitantes y fruto de un exceso de confianza, diligencia desmedida y desproporcionada frente a los efectos de una borrasca (fenómeno natural) en una zona natural y poco antropizada”.

Las imágenes y testimonios recogidos por numerosos ciudadanos muestran, según el colectivo, cómo maquinaria pesada eliminaba el talud natural característico de las playas del oeste de Gran Canaria, arrastrando grandes cantidades de cantos rodados y áridos desde la propia playa hacia la zona del antiguo aparcamiento, donde ese material fue acumulado para la sepultación del mismo.

Ante esta situación, “la ciudadanía”, prosige Turcón, “se pregunta en qué consiste exactamente el supuesto proyecto de renaturalización de Lopesan en Veneguera, qué actuaciones contempla además de las ya ejecutadas y bajo qué criterios técnicos, ambientales y administrativos se están llevando a cabo estos movimientos de áridos y cantos rodados dentro de un espacio protegido perteneciente al Parque Rural del Nublo”.

Preocupación social

Los ecologistas exigen conocer qué administraciones han autorizado estas actuaciones, si existen informes ambientales públicos que las avalen y cuáles son los verdaderos objetivos de intervención sobre la playa y su entorno, especialmente ante el temor creciente de que este tipo de actuaciones puedan terminar derivando, de manera progresiva, en una limitación del acceso libre y público a uno de los últimos espacios semivírgenes que quedan en Gran Canaria.

La preocupación social aumenta, añade Turcón, “especialmente por los antecedentes ambientales de Lopesan en el propio barranco de Veneguera”.

“Resulta una contradicción absoluta que se intente presentar como renaturalización un proyecto promovido por una empresa señalada desde hace años por actuaciones altamente agresivas sobre el propio barranco de Veneguera. En concreto, Lopesan ha destruido importantes zonas de tarajales en el cauce, eliminado valiosos hábitats de tabaibal cardonal centenarios en la ladera conocida como Tabaibales -también para la plantación de nuevos cultivos-, han modificado el cauce en multitud de ocasiones, han destruido un yacimiento arqueológico de enorme valor patrimonial en 2023, hechos que actualmente continúan bajo investigación judicial, y han cortado accesos y caminos, entre muchas otras cosas”, denuncia el colectivo.

Por ello, “muchas personas sentimos que no estamos ante un verdadero proyecto ecológico, sino ante un nuevo episodio de intervención progresiva sobre un espacio emblemático de los que quedan en nuestra isla”.

Y añade: “Nos preocupa profundamente que estas actuaciones puedan formar parte de una estrategia paulatina de control territorial y limitación del acceso ciudadano a un espacio natural que pertenece emocional, cultural y socialmente al conjunto del pueblo canario”.

“Si realmente existe una voluntad de renaturalizar, la ciudadanía se pregunta si Lopesan piensa también aplicar ese mismo criterio sobre las extensas zonas del litoral del sur de Gran Canaria destruidas durante décadas por el modelo turístico y urbanístico que precisamente enriqueció a su grupo empresarial”, cuestiona el grupo ecologista.

Por último, Turcón solicita como medida cautelar para contener los efectos de esta intervención el precinto de las obras que se están ejecutando, requiriendo a los investigados a que se abstengan de continuar con las obras iniciadas bajo apercibimiento de poder incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.

Lopesan defiende su actuación

El Grupo Lopesan ha explicado que se trata de un proyecto de recuperación de la finca agrícola de Veneguera, un enclave del suroeste de Gran Canaria de gran relevancia por su patrimonio agrícola, paisajístico y etnográfico. La planificación trazada se orienta a reactivar los cultivos tradicionales, restaurar las infraestructuras rurales de la zona y optimizar el entorno costero, evaluando con rigor técnico el alcance de cada actuación ejecutada.

La empresa asegura que todas las intervenciones se desarrollan bajo la dirección facultativa correspondiente, dentro del marco administrativo y en total conformidad con la normativa vigente.

El pasado domingo 25 de mayo se declararon activos dos incendios forestales en el paraje Rincón del Membrillo, en el corazón del Parque Nacional de Doñana, en la localidad de Almonte (Huelva). El primero se logró sofocar en el mismo día, mientras que el segundo quedó estabilizado a las 22:15 horas del pasado martes, y ya está controlado.

Actualmente se desconoce exactamente la dimensión de la zona quemada, aunque se estiman que son unas 500 hectáreas de perímetro, según un análisis preliminar de la Estación Biológica, con algunas islas de vegetación que no han sido afectadas. El incremento de la fuerza del viento y las dificultades para moverse en una zona de marismas, ya que hay humedales que dificultan la estabilidad, han hecho que el incendio haya sido más difícil de controlar. Desde un primer momento, Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, señaló “una posible intencionalidad” del mismo. 

La romería a la aldea de El Rocío el pasado fin de semana ha estado en el punto de mira. Algunas hermandades que acuden desde la provincia de Cádiz pasaron por la zona del incendio, si bien, la última de ellas terminó de pasar por Doñana el día anterior por la mañana, pasando más de 24 horas desde que pasaron los peregrinos hasta que se declaró el primero de los incendios. 

Sanz señaló en una entrevista concedida a Canal Sur Radio que “el recorrido de las hermandades se produjo dos días antes y se certifica siempre la limpieza. La zona queda expedita y más limpia que cuando llegaron las hermandades”. Sin embargo, Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, ha indicado a este periódico que “las zonas después del paso de la romería siempre están más sucias, y el hecho de que haya más movimiento de gente, hace que se facilite la entrada de personas a un lugar donde normalmente no hay nadie”. Además, asegura que “los lugares donde se han iniciado los fuegos son lugares de pernocta”.

Actuaciones de prevención y falta de recursos

A la espera de una investigación que esclarezca las causas, Juanjo Carmona, coordinador para WWF de Doñana, cree que una de las claves está en el Plan INFOCA, que considera esta época del año como Peligro Medio. Sin embargo, él cree que “mayo si es una época de incendios”, por lo que habría que situarlo en Peligro Alto, pero que no se hace porque “supone más dinero”. 

“Llevan años quemando a Doñana”, afirma Juan Romero, representante del consejo de participación de Doñana de Ecologistas en Acción. Ante los múltiples conatos de incendios que ha habido en Doñana estos últimos años, Romero señala que “hay que hacer los deberes para que aquellos que por negligencia, imprudencia o intencionalidad no se salgan con la suya y, aquellos que quieran quemar Doñana, lo tengan muy difícil”. 

Por otro lado, indica que hace tres años, en la zona incendiada, había “miles de pinos secos”, algunos de ellos “estaban cortados y otros caídos”, haciendo que haya “un montón de montañas de madera seca”, a lo que recalca que “tanta cantidad de biomasa cortada y abandonada está prohibido”. Asimismo, asegura que “es más barato prevenir que arreglar los desastres de un incendio”.

A esta problemática se suma las protestas de los bomberos forestales hace apenas un par de semanas, donde el CGT, sindicato mayoritario en el INFOCA, exigió al Gobierno andaluz que cumpla con compromisos como la estabilidad del dispositivo. Romero le indica a Sanz que le “preste atención a los bomberos forestales”, dotándolos de unos mejores medios, porque Doñana tiene una orografía complicada y los vehículos se quedan atascados. 

“Una patada hacia adelante”

Tras el incendio que asoló el Parque Natural de Doñana en 2017, donde ardió un perímetro de 10.000 hectáreas, se sacaron conclusiones a través de una comisión científica que evaluó los daños y realizó propuestas de restauración. A la espera de que se conforme una para este incendio, Sanz ha asegurado que “finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado” y que existen existen “islas de vegetación” que no han sufrido daños. 

Ante estas declaraciones, Romero indica que son una “patada hacia adelante” por parte del consejero, y asegura que debería de haber “esperado a una comisión científica”. Por otro lado, señala que “no se trata de recuperar árboles, que es lo que fundamentalmente se ha quemado, sino que hay que recuperar ecosistema, ecosistema original, con asesoramiento científico, participación pública y transparencia”.  

En un primer momento se indicó que el incendio se había producido en la localidad de Almonte, en el paraje de las Marismillas, situado en uno de los extremos del Parque de Doñana. Carmona indica que “en una vertiente técnica, ha actuado dentro de los protocolos”, al nombrar el incendio por la localidad en la que se ha producido, pero “en una vertiente política ha tenido una actuación nefasta, absurda e infantil” al evitar pronunciar Parque de Doñana. 

Conflicto político 

Por su lado, los tres partidos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) han pedido la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento. María Márquez, vicesecretaria general del PSOE-A, denunció un “apagón informativo” en el Gobierno del PP y la necesidad de aclarar de manera “urgente” lo ocurrido, “qué ha pasado” y “cómo se produce” un incendio en el corazón del enclave natural más importante de Andalucía. 

Por otro lado, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, puso el foco en la falta de inversión en el Plan Infoca, donde ha destacado la falta de equipamientos y personal de la plantilla, cifrando en 400 las vacantes “sin cubrir”, así como “cientos de interinidades sin cubrir”. 

“Se están teniendo que unir equipos porque no pueden intervenir. En la primera noche tenían sólo dos autobombas. Tienen vehículos que no son apropiados para andar por el monte y que se quedan atascados en la arena, tienen EPI [equipos de protección individual] incompletos, les están obligando a hacer unas jornadas extenuantes que los sindicatos están diciendo que están poniendo en peligro a los trabajadores. Y hay gente en la bolsa esperando que le llamen”, explicó García. 

Desde Por Andalucía, también se puso en entredicho la inversión en las condiciones laborales y el equipamiento con el que cuenta el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). Además, el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha señalado que lo acontecido “es producto de la negligencia y la falta de cuidado que tiene la Junta con un espacio que se le ha dado para cuidarlo como es Doñana”. 

Por su parte, la Junta de Andalucía todavía no ha confirmado si comparecerá ante el Parlamento, y ha indicado que los efectivos utilizados para controlar el incendio constan de una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales (de los que 130 son bomberos forestales), 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada.

El Gobierno de Castila-La Mancha ha asegurado que sancionará a Puy du Fou si se han producido infracciones referidas al enterramiento de animales en su recinto.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo regional se abre a llevar a cabo una investigación después de que el parque temático ubicado en Toledo reconociera la semana pasada que dentro de sus instalaciones se realizaron enterramientos clandestinos de animales que forman parte de sus espectáculos, hechos por los que la empresa despidió a tres responsables del departamento de animales, y tres semanas después de publicarse la investigación de elDiario.es que destapó el caso. Esta misma semana, Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante un juzgado de Toledo por presuntos delitos de maltrato animal y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

“Nosotros siempre vamos a hacer que se cumpla la legislación y, si se ha producido una infracción, abriremos el expediente correspondiente para condenarlo”, ha asegurado la consejera portavoz, Esther Padilla, a preguntas de los medios en rueda de prensa.

Aunque Padilla ha reconocido que un primer momento desde el Gobierno regional no tuvieron conocimiento de estos hechos, la semana pasada ya si que lo tuvieron y ahora la Consejería de Desarrollo Sostenible “va a iniciar los trabajos de investigación, de inspección” para saber qué ha ocurrido y establecer los trámites que sean necesarios “para hacer que se cumpla la ley y la normativa”.

“Ausencia de actuación” del Gobierno regional

Esta es la primera vez que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se abren a tomar algún tipo de medida contra los enterramientos ilegales realizados por el parque temático. Después de publicarse la investigación de elDiario.es destapando el caso, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla la Mancha declinó hace valoraciones.

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, cuestionó a los extrabajadores que dieron la alarma: “Cabe preguntar la motivación de quienes han hecho la denuncia solo ante los medios de comunicación”, señaló en su momento.

Esta “ausencia de actuación” del Gobierno regional, en especial de las Consejerías de Agricultura, de Desarrollo Sostenible y de Fomento, fue criticada por Ecologistas en Acción, que afeó que estaban “más preocupadas de proteger a la empresa que de prestar atención a las denuncias y a la seguridad de quienes visitan el parque temático”.

Ecologistas en Acción ha alertado de la existencia de “manipulación política” en la evaluación del estado del lobo ibérico y ha presentado alegaciones al informe sexenal en las que denuncia posibles intentos por parte de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de incluir en este informe “graves deficiencias” científicas, metodológicas y jurídicas para permitir que se mantengan las “matanzas” de esta especie.

Según ha advertido la asociación, dichas comunidades autónomas pretenden “subordinar” un informe científico a “intereses políticos” con la alteración y desnaturalización de la información científica disponible.

La organización ecologista ha señalado que los datos aportados por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León carecen de justificación científica “suficiente” y buscan construir “artificialmente” un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del lobo.

Ecologista ha recordado que el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico apunta que muchos de los datos autonómicos contienen “incoherencias, errores y problemas metodológicos” que no permitirían su validación ante la Comisión Europea.

Para la entidad estos hechos son “especialmente graves” a la hora de evaluar el estado de conservación del lobo y su situación en el Estado español, la minimización sistemática de amenazas como el furtivismo, la caza ilegal, la fragmentación del hábitat, los incendios forestales o los problemas de conectividad genética de la especie por destrucción de hábitats o cuellos de botella.

La organización sostiene que, de igual forma, las administraciones mencionadas “invisibilizan de manera sistemática la mortalidad por extracciones letales de lobos” realizada por distintas comunidades autónomas tras la salida del LESPRE, lo que -dice- supone “la omisión relevante de datos empíricos necesarios para una evaluación completa del estado de conservación”.

En relación a Cantabria, Ecologistas ha indicado que el Gobierno regional (PP) “viene sosteniendo que el lobo en Cantabria se encuentra en un estado de conservación favorable, justificando con ello la matanza de 41 lobos”.

Ecologistas sostiene que en la comunidad se ha superado esta cifra ya que son 42 los que han muerto por diferentes causas. También, ha asegurado que la Consejería de Desarrollo Rural “no ha informado de entre 11 y 17 cachorros”. En este sentido, ha indicado que la organización Fondo Lobo ha tenido acceso a las necropsias de varias hembras abatidas por el Gobierno de Cantabria en 2025 y, tras revisar 14 informes, ha constatado que tres de las lobas habían parido recientemente o todavía estaban gestando a sus crías.

“La muerte de estos cachorros, sumado a los lobos ya abatidos o muertos por otras causas, superaría ampliamente” el cupo fijado por el propio Gobierno regional, establecido en 41 ejemplares“, ha censurado Ecologistas. La organización ha subrayado que ”la ciencia de la conservación no puede ponerse al servicio de intereses políticos espurios y cortoplacistas“.

“Manipular artificialmente el estado de conservación del lobo para justificar su persecución supone una desnaturalización grave de los mecanismos científicos previstos en la Directiva Hábitats”, ha afirmado el coordinador del área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber.

Actualizar censo tras incendios

Entre las alegaciones presentadas se encuentra la necesidad de actualizar los censos poblacionales tras los grandes incendios forestales registrados el pasado año en el noroeste, que afectaron a centenares de cuadrículas de presencia de la especie, algo que ya han reclamado a los respectivos gobiernos autonómicos y que “ha caído en saco roto”.

Ecologistas en Acción ha recordado que los incendios forestales de gran intensidad, además de provocar mortalidad directa de individuos, suponen pérdida de refugios, reducción de presas y fragmentación funcional del hábitat, lo que compromete la viabilidad de las poblaciones y reduce aún más su número y el intercambio genético.

Recuperación de la especie “inexsistente”

Según ha concretado, la situación del lobo en España “dista mucho de poder considerarse favorable” y cuestiones como la desaparición de la población de Sierra Morena, la elevada mortalidad por causas humanas y la escasa recolonización de amplias zonas adecuadas evidencian que la recuperación de la especie “sigue siendo inexistente”.

La organización ecologista también ha cuestionado la “presión política y legislativa” por parte de comunidades autónomas y de determinados partidos políticos con “intereses concretos”, ejercida en los últimos años para rebajar la protección legal del lobo y ha recordado que las modificaciones legales que facilitaron la salida de las poblaciones al norte del Duero del Lesrpe han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.

Asimismo, Ecologistas en Acción ha señalado que la elaboración del informe sexenal constituye un ejercicio eminentemente técnico y científico, cuya finalidad es trasladar a la Comisión Europea una evaluación objetiva y rigurosa del estado real de conservación de especies y hábitats. Por este motivo, dichos informes no pueden “quedar subordinados a mecanismos de validación política que permitan alterar o desnaturalizar la información científica disponible”.

Por todo ello, la organización ecologista ha exigido que el informe sexenal mantenga la consideración del “estado de conservación desfavorable” para el lobo ibérico y ha reclamado que cualquier evaluación se base “exclusivamente” en información científica “sólida, transparente y coherente” y “alejada de intereses políticos y de sectores económicos”.

Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha exige el cierre total o parcial de Puy du Fou hasta que se pueda “garantizar el buen estado de salud sanitario” del parque temático ubicado en Toledo, después de que este haya reconocido que se enterraron animales dentro del recinto y haya despedido a tres responsables. Todo ello tras cerrar la investigación interna con la que reaccionaron a la información publicada hace dos semanas en elDiario.es, en la que tres extrabajadores aseguraron que existió un cementerio de animales dentro del perímetro.

Dado que consideran que “es imposible tener la más mínima confianza en la actuación del Gobierno regional y de la empresa”, Ecologistas en Acción avanza que está ultimando una denuncia que trasladará a “los Juzgados de lo penal y a donde sea necesario, a ver si por esa vía es posible llegar al fondo” del caso que describen como “oscuro y lamentable”.

La organización critica la “ausencia de actuación” del Gobierno regional, en especial de las Consejerías de Agricultura, de Desarrollo Sostenible y de Fomento, a quienes tacha de estar “más preocupadas de proteger a la empresa que de prestar atención a las denuncias y a la seguridad de quienes visitan el parque temático”. Además, piden también “las disculpas y el cese” del Consejero de Fomento de Castilla La-Mancha, Nacho Hernando, por “sus descalificaciones a quienes han denunciado las actuaciones ilegales en Puy du Fou”.

En lo que respecta al comunicado emitido este miércoles por el parque temático, la ONG considera que “no supone más que una constatación de algo que ya estaba demostrado”; y afirman que su reacción ha sido una “estrategia de contención de daños clásicas” en este tipo de situaciones: “Trasladar la responsabilidad plena a jefes de equipo a los que no solo se les dejó hacer, sino que se les defendió ante las denuncias internas”.

Más allá de las declaraciones de Puy du Fou sobre el asunto del cementerio de animales y sus registros, sostienen que están tratando de “desviar la atención” sobre temas “más relevantes” como las presuntas acciones de maltrato animal, de daños al medioambiente y riesgo para la salud pública y animal“.

El Ayuntamiento de Maranchón, en Guadalajara, ha aprobado la licencia para la construcción de la macrogranja de gallinas 'Cabezo Grande-El Morenal' en la pedanía de Turmiel, a pesar de la “reiterada oposición de sus vecinos y vecinas”, contrarios a este proyecto y a otras cuatro macrogranjas que se pretenden instalar en este término municipal. 

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha recogido un total de 150 firmas en contra, lo que representa la práctica totalidad de los habitantes de Turmiel.

Asimismo, tanto este colectivo como Ecologistas en Acción y numerosos particulares han presentado alegaciones y recursos contra la macrogranja, que han sido “sistemáticamente ignorados” por las administraciones implicadas y el Ayuntamiento de Maranchón. “También se han realizado concentraciones y reuniones informativas donde ha quedado clara la voluntad popular”, destacan estos colectivos. 

Según indican, esta situación pone de manifiesto una “preocupante falta de atención a la posición expresada de forma prácticamente unánime” por la población local, cuya oposición “no ha tenido reflejo efectivo en las decisiones adoptadas ni en el proceso administrativo seguido hasta el momento”.

“Resulta especialmente grave que se continúe avanzando en la autorización de estos proyectos sin incorporar de forma efectiva la voz de los vecinos en la toma de decisiones”, añaden.

“Malos olores, trasiego de vehículos y contaminación”

La macrogranja 'Cabezo Grande-El Morenal' contará con 64.000 gallinas y “perjudicará la calidad de vida” de los vecinos de Turmiel con “malos olores, trasiego de vehículos pesados y posibles contaminaciones de los acuíferos que pueden llegar a afectar al río Mesa”.

Recuerda la plataforma que el promotor, Aviagen, ha presentado otros cuatro proyectos similares en el término municipal, “sin que se hayan tomado en cuenta el efecto sinérgico y acumulativo” de las cinco macrogranjas. “Se ha recurrido a la clásica práctica de fragmentar el proyecto en cinco para facilitar la aprobación de la evaluación de impacto ambiental”, advierten.

Todo el término municipal forma parte de la Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves ‘Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo’, integrada en la Red Natura 2000. El área constituye un enclave de “gran valor ecológico”, con hábitats esteparios, zonas de reproducción de aves rapaces (águila real, cernícalo primilla o búho real) y ecosistemas asociados a la paramera de la comarca molinera y al corredor biológico del Alto Tajo. 

“La instalación de las macrogranjas vacía de contenido esta zona protegida, ya muy castigada por numerosos parques eólicos, que además ha sido recientemente incluida en el Plan de Recuperación de la Alondra Ricotí, especie en peligro de extinción, que está tramitando la Junta de Castilla-La Mancha”. 

Estos proyectos, concluyen, son “incompatibles” con el modelo de protección de esta área, su entorno natural y el modelo tradicional de desarrollo rural. Por lo tanto, estos colectivos no descartan la adopción de medidas legales contra la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Maranchón.

Desde la polémica modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que el Gobierno regional realizó hace casi nueve años no ha habido manera de que el reglamento para su desarrollo salga adelante. Cuando el Ejecutivo de Emiliano García-Page decidió sacarlo adelante en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma lo tumbó tras un complejo periplo judicial, en febrero de 2025, principalmente por la falta de un informe preceptivo. Es decir, no venía avalado por los órganos consultivos. La demanda la impulsó Ecologistas en Acción al considerar que se “ocultaron” cambios sustanciales en el proceso de participación pública para “favorecer al lobby cinegético”.

Antes de eso, el reglamento ya había sido objeto de varias polémicas. La más sonada fue una incorporación de última hora que permite cazar en caminos públicos y vías pecuarias. El Gobierno regional lo hizo a través de la denominada ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos de hace dos años, una normativa ‘ómnibus’ en la que se suelen modificar decenas de leyes. También en ese momento, los ecologistas pusieron el grito en el cielo.

Desde entonces ha habido otros tres borradores del Reglamento. Pero el que la Junta de Castilla-La Mancha considera definitivo ya está listo. Así lo ha adelantado recientemente el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, precisando que se ha redactado “de la mano” del sector cinegético incorporando modificaciones que vienen determinadas en los cotos cinegéticos, tras la entrada en vigor de la mencionada ‘Ley de Acompañamiento’.

Estas declaraciones las realizó después de una reunión del Consejo Regional de Caza. El viceconsejero afirmó que también se han incorporado aportaciones de diferentes colectivos, federaciones, grupos conservacionistas y técnicos. Teniendo como base este borrador, el objetivo que el Gobierno se ha marcado es aprobarlo antes de verano, de cara a la apertura de la temporada de caza de 2026.

Nuevo rechazo de las organizaciones ecologistas

Efectivamente, el nuevo borrador, al que ha tenido acceso este medio, incorpora modificaciones en lo referente a los cotos, pero vuelve a adolecer de consenso en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). En su última reunión, volvieron a votar en contra las ONG con representación en este organismo: Ecologistas en Acción, WWF, Ardeidas y SEO/Birdlife.

¿Por qué se mantiene ese rechazo? “La línea del Reglamento es continuista”, explica Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha. Y lo es, apunta, porque “todos sus males” derivan de la modificación que se hizo de la Ley de Caza en el 2015.

Estas organizaciones mantienen su ‘no’ al reglamento por dos motivos principales. El primero de ellos es cómo se enfoca la caza, con un “incremento de la intensificación de la actividad cinegética a través de la promoción de los cotos intensivos”, a los que el nuevo texto denomina ahora “cuarteles de caza comercial”. Y además amplía los ámbitos de la actividad con carácter intensivo “a lo largo y ancho” de Castilla-La Mancha.

Esta ampliación, aducen las organizaciones ambientales, no se realiza en un único apartado del Reglamento, sino que se desarrolla a lo largo de su articulado. “Con lo que ello implica de impacto en el medio natural y en la conservación de espacios naturales y espacios protegidos. Permite que se esté pegando tiros a lo largo de todo el año en muchos más sitios y en mucho mayor número, lo que tiene un impacto sustancial en el medio natural”.

El segundo aspecto es el mencionado cambio que permite cazar en vías pecuarias y caminos públicos. Concretamente, en el apartado de cotos de caza, el texto establece que no se considerará interrumpida la “continuidad” de los cotos por la existencia de agua, vías pecuarias o “cualquier otra construcción de características semejantes”.

El Reglamento incorpora que se concederá, mediante solicitud administrativa, a la persona titular del coto, ejercer la actividad cinegética en las vías y caminos de uso público durante las horas que dure la cacería colectiva. Se establece eso sí, que fuera del periodo indicado en la autorización, se garantizará el uso público y común de estos caminos vías.

“Hay alguna pequeña matización, pero en lo esencial, la Administración autonómica sigue abriendo el camino para que se practique la caza en lo que siempre han sido zonas de seguridad y unas infraestructuras verdes esenciales para el desarrollo de muchísimas actividades en el medio rural”, destaca Miguel Ángel Hernández.

Los colectivos ecologistas insisten en que se trata de zonas de dominio público que están amparadas por normativa estatal. “Su funcionalidad no es la caza, y por lo tanto no se puede dar derechos de caza sobre un terreno que ni siquiera les pertenece. Por mucho que regateen con tecnicismos sobre otorgar permisos específicos, la cuestión es que al final se permitirá la caza en esas vías”.

Además, alertan de que esta circunstancia “se extenderá como una mecha”. En Castilla-La Mancha hay cientos de cotos de caza atravesados por caminos públicos o vías pecuarias, y “nos podemos encontrar con que no podemos hacer uso de ellos porque están cazando y lo están haciendo con permiso, con lo que ello supone para las actividades en el medio natural, desde una persona que quiera ir a ver sus colmenas hasta las empresas de turismo rural de naturaleza”.

La única explicación es que quieren ofrecer comodidad a los cazadores. No puede ser otra cosa

“Hemos intentado hacerle ver al Gobierno regional que ni es legal ni es justo que le den tanta prevalencia a la caza sobre el resto de actividades en el medio natural, pero no conseguimos que tomen las medidas oportunas. La única explicación es que quieren ofrecer comodidad a los cazadores. No puede ser otra cosa”, lamenta.

Hay otra cuestión polémica dentro del Reglamento: el uso del plomo. En su disposición transitoria primera, el texto establece que su prohibición en la munición no será completa hasta los tres años de la entrada en vigor del texto. Y además, agrega que en caso de solicitud de prórrogas adicionales por personas interesadas, la Consejería de Desarrollo Sostenible “evaluará las circunstancias existentes y resolverá motivadamente”.

El primer plazo que se otorgó para dejar de usar munición con plomo, derivado de la aplicación de la Ley de Caza, ya expiró en 2025, pero al no haber reglamento de desarrollo, es “una vuelta atrás”.

“Estamos hablando de otros tres años de plomo y demuestra igualmente una falta de sensibilidad con el medio natural e incluso con la salud pública, porque ya hay muchos estudios que demuestran que la carne de caza contiene altas dosis de plomo”.

La cuestión es que el contexto europeo también permite esta nueva prórroga. En marzo de 2025, ya existía una propuesta de la Comisión Europea para prohibir la munición de plomo en cualquier actividad al aire libre, incluida la caza. Ya iba con retraso, porque la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) había recomendado anteriormente vetar este material para ahorrarle al medio ambiente unas 630.000 toneladas de plomo en 20 años.

Pero el pasado mes de abril se hizo público que las últimas modificaciones del proyecto ya han descartado que las restricciones se apliquen a las balas y contempla ampliar los años en los que podrá seguir usándose cartuchos de plomo hasta que el sector se ponga al día: de tres a cinco.

“Si la Unión Europea está reculando, le está dando carta blanca a los países y a los gobiernos autonómicos. Pero que Europa haga mal los deberes no quita para que cada uno asuma sus responsabilidades, sobre todo cuando estamos en la comunidad autónoma, que junto a Andalucía y Extremadura, lidera la actividad cinegética en España y, por tanto, el vertido del plomo al medio natural”,

Ahora las organizaciones ecologistas volverán a presentar alegaciones en el nuevo periodo de información pública. “Insistiremos hasta el último segundo para evitar acudir de nuevo a los tribunales, aunque ya sabemos que la Administración se siente cómoda en ese escenario. Muchas veces prefiere no abordar un conflicto y que vaya a los tribunales porque sabe que el tiempo juega a su favor”, concluye.

Estos argumentos contrastan de forma significativa con los que el Gobierno castellanomanchego defiende en su nuevo Reglamento de Caza. Resalta que, siendo el medio rural el que alberga el patrimonio natural y la biodiversidad de la región, el borrador incide en el “alineamiento de la actividad cinegética con las normas básicas de conservación de la naturaleza”, así como su “puesta en valor como herramienta de gestión en el medio natural”.

Argumenta que la sostenibilidad de la caza depende, en gran medida, no solo del equilibrio de los ecosistemas sino también del “futuro de la propia actividad cinegética”. Y en este contexto, considera que el nuevo texto “refuerza el papel de la caza ligada a la conservación biológica y al uso social y ambientalmente responsable del medio natural”.

El Gobierno regional alega la defensa de la caza sostenible

Repite asimismo un argumento muy recurrente en el Gobierno de Page, firme defensor de la caza, como es la necesidad de consolidar su papel como “una actividad socioeconómica sostenible y como herramienta para la planificación, gestión y puesta en valor del medio natural”.

“La región es visitada anualmente por un importante número de personas para ejercer la práctica de la caza en sus distintas modalidades, haciendo de la misma una de las actividades socioeconómicas más relevantes y frecuentes de todas las que acontecen en el medio rural castellanomanchego”, reitera.

Agrega que las numerosas asociaciones, sociedades y clubes de caza distribuidos por las poblaciones de Castilla-La Mancha están llamadas a desempeñar “una labor trascendental” a favor de la sostenibilidad “facilitando información sobre el estado de las especies de fauna, actuando en la conservación y mejora de los hábitats y especies naturales, algunas en declive, y garantizando el equilibrio poblacional de las especies cinegéticas”.

Se refiere con ello a los “efectos adversos por sobreabundancia”, fundamentalmente daños en cultivos agrícolas, accidentes de tráfico y riesgos sanitarios, y también sobre el conjunto de la biodiversidad.

Habla así de la necesidad de conseguir una “caza ética, excelente y de conservación”, que también busca “resolver el problema del relevo generacional y la propia incorporación de la mujer en su práctica”.

También se revisa el Reglamento de Pesca

Por último, a través de este nuevo Reglamento se acomete la modificación del de pesca: se suprime la adjudicación de permisos de pesca mediante el sorteo de la oferta pública, lo cual se justifica por no existir “una demanda significativa”, habiéndose ya implantado “con éxito” la tecnología necesaria para la adquisición por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de los permisos disponibles.

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Corvera de Toranzo que ordene la inmediata paralización de todos los usos y actividades que desarrolla la empresa Maderas José Sáiz en parcelas del Plan Parcial municipal anulado, por estar según esta asociación en situación de “manifiesta de ilegalidad” y para “poner fin al deterioro de los hábitats y especies” en la Red Natura.

La mercantil “tiene que derribar las instalaciones ilegales y proceder a restaurar el espacio natural”, ha afirmado Ecologistas en un comunicado, en el que da cuenta de sendos escritos remitidos al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria para que se ejecute la sentencia que anuló la modificación puntual de las Normas Subsidiarias (NNSS) aprobada por el Pleno municipal en marzo de 2017.

Dicha modificación obedeció a un acuerdo del Consistorio con la mercantil para ampliar el suelo destinado a usos industriales, tras la construcción de varias instalaciones en suelo rústico que forma parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Río Pas, un espacio protegido de la Red Natura.

Pero en octubre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dio la razón a los ecologistas y anuló el acuerdo plenario que permitió ampliar la empresa maderera, al considerar que para ello se reclasificó suelo rústico en urbanizable de uso industrial en terrenos protegidos para legalizar la ampliación de las instalaciones.

Después, el Tribunal Supremo rechazó los recursos del Consistorio y la mercantil contra la sentencia del TSJC, que adquirió firmeza en enero de 2024. Así, en julio de ese año la Alcaldía dictó una resolución teniendo por anulada la modificación puntual de las NNSS y dejando sin efecto la clasificación del suelo afectado, que retornó a su clasificación previa.

Pese a lo anterior, la empresa “sigue funcionando con normalidad, en todas las instalaciones declaradas ilegales”, según Ecologistas, que ha vuelto a urgir al Ayuntamiento medidas para poner fin a la situación de “ilegalidad” de las actividades e instalaciones de la maderera, con la paralización y derribo de las mismas, y defender la Red Natura, con la restauración del espacio afectado.

Por último, también ha pedido a la Consejería de Desarrollo Rural una inspección urgente en el lugar, para iniciar el correspondiente procedimiento sancionador contra la empresa y adoptar medidas cautelares para parar la actividad y regenerar la zona.

Ecologistas en Acción Castilla La Mancha exige una investigación en profundidad e imparcial de las “graves irregularidades” denunciadas en Puy du Fou, a raíz de la información publicada este martes en elDiario.es, en la que tres extrabajadores aseguran que existió un cementerio de animales dentro del recinto de este parque temático ubicado en Toledo. Los responsables de los departamentos de animales y caballería obligaban a sus equipos a que enterraran especies como ocas, gansos, corderos, cabras, ovejas y conejos; además de restos de partos como placentas.

La ONG se reconoce en un comunicado “horrorizada” por “el número y la gravedad de las presuntas irregularidades cometidas” y por “las represalias adoptadas contra las personas que denunciaron internamente los hechos”.

Desde Ecologistas en Acción indican que van a estudiar en detalle la información publicada para “acometer las actuaciones legales pertinentes”. Consideran que “en los hechos denunciados se observan a primera vista distintos posibles delitos, tanto de maltrato animal como contra el medio ambiente y los recursos naturales”, afirman, además de “innumerables infracciones administrativas”, agravadas por el “intento de ocultamiento de los hechos” y las “coacciones” contra quienes intentaron corregir la situación por los canales internos.

“Las situaciones descritas dibujan un escenario organizado de conocimiento y encubrimiento de malas prácticas, así como un lamentable desinterés, tal vez incluso de connivencia, de quienes debían vigilar y controlar con especial celo las condiciones del parque temático”, añaden. Ecologistas en Acción señalan que, a raíz de la información publicada por elDiario.es, parece “bastante claro” que durante años se eliminó una ingente cantidad de animales muertos creándose un “vertedero ilegal en el que se ha puesto en riesgo tanto el medio ambiente, como la salud de los trabajadores”.

La ONG ofrece también todo su apoyo a quienes sufrieron “una penosa situación personal” mientras trabajaban en Puy du Fou y se han atrevido a denunciarlo. Más allá de asegurar que ya están trabajando con su servicio jurídico, insta a la Junta de Castilla La Mancha y las instancias judiciales que actúen con “rigor y determinación en la depuración de responsabilidades evitando que se puedan destruir o manipular pruebas que se puedan ser esenciales”.