Primero fue la Justicia, después el Defensor del Pueblo. Y el órgano liderado por Ángel Gabilondo vuelve a dar la razón a los vecinos de Arganzuela afectados por el Espacio Delicias. La finca, propiedad de ADIF, se utiliza de manera constante para celebrar espectáculos que superan los niveles permitidos de ruido sin que ello sea punible gracias a las licencias del Ayuntamiento de la capital. Según los cálculos de los afectados, hasta 280 días al año tienen que soportar pruebas de sonido, montajes y eventos que no dejan vivir tranquilo a un vecindario que reclama que esa parcela esté destinada para lo que está catalogada: uso dotacional.

Los espectáculos comenzaron en 2021, justo después de la pandemia. Sin embargo, las demandas de los vecinos datan de principios de los años 90 del siglo pasado. “Ya por entonces reivindicábamos que esos terrenos tuvieran el uso que aparece en el plan general de ordenación urbanística, es decir, uso dotacional básico y singular. Ahí podían levantar un centro de salud o un colegio”, ilustra el presidente de la asociación vecinal Delicias para Todos, Manuel Díaz.

El ruido se empezó a colar en sus casas. Sería algo temporal, les aseguraron desde el Consistorio capitolino. “Nos dijeron que sería como un circo, pero lejos de eso ahí pusieron una losa de hormigón de un grosor importante y una carpa permanente. Pronto vimos que acogerían espectáculos musicales”, relata el portavoz vecinal. El Ayuntamiento no realizó una inspección para evaluar los niveles de ruido hasta que Ecologistas en Acción interpuso una denuncia.

Díaz denuncia que “el Ayuntamiento permite una y otra vez que se superen los niveles de ruido al conceder licencias temporales, como si esto fuera un espectáculo que está aquí solo dos meses y no algo establecido”. Desde Delicias para Todos confirman que la ley se puede estar cumpliendo, pero a la par se produce un fraude de ley al utilizar una figura provisional para realizar una excepción permanente de la norma.

Eso es lo que viene a señalar la sentencia del tribunal contencioso-administrativo que hace un año dictaminó la irregularidad de la actividad en el enclave. El Ayuntamiento madrileño recurrió el dictamen judicial, por lo que los espectáculos se siguen celebrando en el Espacio Delicias, con las consiguientes molestias para los vecinos, hasta que haya una nueva sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En paralelo al proceso legal, una vecina se quejó al Defensor del Pueblo. El año pasado emitió su primera resolución y requirió al Consistorio diversa documentación para poder evaluar la cuestión. Ya en aquel momento, el ente dirigido por Ángel Gabilondo recalcó que no se había llevado a cabo el proceso de información pública pertinente al catalogar la actividad como de “interés general”, por lo que no se permitió la personación de vecinos directamente afectados por la actividad. “Llegó a decir que el Ayuntamiento anteponía esta actividad privada a la salud de los vecinos en base a un supuesto interés general que en ningún momento se motiva como tal”, incide el presidente de Delicias para Todos.

Sin justificar el interés general

La asociación ha hecho público el nuevo dictamen con las conclusiones del Defensor del Pueblo, que realizó cinco apuntes y recomendaciones en su primera comunicación, una vez que ha recibido respuesta por parte del Ayuntamiento. “No justifican debidamente el motivo de interés general como condición necesaria para suspender los valores límites de calidad acústica”, viene a decir el Defensor, subrayan desde Delicias para Todos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid tampoco ha aceptado la recomendación de que la duración de la excepción se acote temporalmente a actos concretos. De esta forma, convierte lo excepcional en regla general. Asimismo, el Consistorio tampoco respeta la especial protección de dotaciones como residencias de ancianos y escuelas infantiles a escasos metros del enclave en el que se realizan los espectáculos. El Defensor del Pueblo afirma que no es posible conceder ninguna autorización que permita la superación de los niveles de ruido al existir en un entorno de 150 metros estas dotaciones.

En el caso de las dos recomendaciones que el Ayuntamiento de Madrid cumple, de forma parcial o total, el Defensor del Pueblo también establece algunos comentarios críticos. El Consistorio no cumple adecuadamente los trámites de evaluación previa ni justifica la ausencia de trámite de información pública, tal y como ya señaló el Defensor en su primer pronunciamiento.

La asociación vecinal asegura que seguirán explorando todas las vías a su alcance para “que una actividad nociva para la convivencia y perjudicial para la salud del vecindario desaparezca de este espacio”. Del mismo modo, Díaz recuerda que las carpas que generan esta situación se encuentran ubicadas sobre suelo público dotacional en un distrito, el de Arganzuela, con una carencia alarmante de equipamientos públicos. Es por ello por lo que reclaman la reactivación del protocolo firmado hace ocho años entre el Ayuntamiento, ADIF y el Ministerio de Cultura mediante el que se comprometían a recuperar los terrenos para la ciudadanía y los barrios cercanos.

Más de 280 días de actividad al año

De cumplirse estas exigencias, personas como José Antonio Castro dejarían de vivir en un calvario, tal y como define la situación en la que se encuentra desde que comenzaron los conciertos en el Espacio Delicias. Su vivienda se encuentra a unos 150 metros del recinto y ya ha tenido que poner cuatro cristales en sus ventanas, lo que forman tres cámaras de aire. “Y aun así se siguen escuchando los conciertos”, enfatiza.

Este vecino de la calle Juan de Mariana denuncia que el Ayuntamiento permite la actividad en el Espacio cinco días a la semana durante todo el año. “Estamos por encima de los 280 días de actividad y ya estamos muy cansados de los horarios, la duración y la frecuencia de los ruidos que tenemos que soportar”, añade. Castro considera que “parece que los promotores son impunes, que están por encima de las leyes y por encima de los derechos de las personas”.

Por otro lado, los vecinos afectados muestran su estupefacción al ver cómo se publicitan espectáculos en el Espacio Delicias para dentro de un año. “Si las licencias de actividad las otorga temporalmente el Ayuntamiento cada año y las de superación de los niveles sonoros lo hace mes a mes, ¿esta gente sabe a ciencia cierta que se las van a dar? Me parece absolutamente impresionante”, opina el mismo Castro. “Ya me gustaría a mí ser como los vecinos del Bernabéu, que en cuanto hubo resolución judicial se terminaron los conciertos. Aquí llevamos cinco años con esto y creo que no se va a solucionar pronto”, agrega.

Díaz, el presidente de Delicias para Todos, explica que una cosa es lo que quieren que suceda y otra lo que creen que sucederá. “Solo pedimos que el Ayuntamiento haga caso a la Justicia y al Defensor del Pueblo y que esta instalación desaparezca de ahí para construir las infraestructuras públicas que Arganzuela necesita”, subraya. Sin embargo, no es esto lo que piensan desde la asociación que ocurrirá. “Del Ayuntamiento esperamos entre poco y nada”, apunta el portavoz vecinal.

Por el momento, el Consistorio ha admitido a elDiario.es que, tras recibir las conclusiones del Defensor del Pueblo, pedirán a ADIF que deje de alquilar los terrenos. “ADIF los alquila, pero la instalación nociva para el vecindario la autorizan ellos, que son los responsables de expedir la licencia”, concluye Díaz.

Este fin de semana ha concluido el Ecomapeo Estatal 2026 “Aquí falta un árbol”, un mapeo ciudadano en el que se han contabilizado más de 44.000 alcorques sin árbol, 27.000 tocones o árboles secos, y 76.000 “alcorques asfixiantes” en todo el Estado.

“Una realidad preocupante ante una emergencia climática que hace de nuestras ciudades verdaderos hornos.” Por ello, la necesidad de multiplicar los esfuerzos en todos los municipios para garantizar una elevada cobertura de sombra natural se ha mostrado una vez más. “No es sólo por la necesidad de hacer más habitables las ciudades, sino también porque la ciudadanía lo está demandando” declaran desde Ecologistas en Acción, quienes ven un claro indicio de ello en la buena acogida que ha tenido la actividad. “La urgencia de rebajar las altas temperaturas y el efecto isla de calor de los municipios es notoria, y algunas de las medidas fundamentales a implementar pasan por aumentar la presencia de arbolado, la superficie permeable y la biodiversidad en las ciudades.”

Ecologistas en Acción de Haro no ha querido perder la oportunidad de participar en el evento. “Desde nuestro inicio como colectivo hemos defendido la necesidad urgente atender el arbolado urbano de Haro. Participar en el Ecomapeo nos parecía una buena forma de confirmar con datos lo que llevamos años demandando al Ayuntamiento”. En Haro los participantes han registrado un total de 383 alcorques con deficiencias: 226 alcorques asfixiantes que son aquellos con tierra sellada con hormigón o resinas, o con hueco insuficiente para el diámetro del tronco quedando el árbol “asfixiado”, 67 alcorques con tocón o con árbol muerto, y 90 alcorques vacíos. “Hemos registrado un buen número de alcorques con deficiencias, lo que dice mucho del estado en el que se encuentra el arbolado urbano”.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención a los participantes ha sido la cantidad de calles que carecen de árboles en las aceras. Por otro lado, comentan que en las calles que presentan árboles en sus aceras, estos tienen un tamaño muy reducido y aspecto enfermizo. Por último, creen que “la gran cantidad de alcorques vacíos identificados dan fe de que las plantaciones llevadas a cabo por el equipo de gobierno local han sido en zonas ajardinadas, con mera función ornamental, por donde no pasan personas, y no en las tan necesarias aceras”.

El colectivo informa de que los participantes han rastreado cerca del 90% del municipio, a falta de revisar los polígonos y el Barrio de la Estación, “por lo que es muy posible que el número de alcorques deficientes sea aún mayor”. Además de Haro, también han participado otras localidades riojanas como Logroño, Autol, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Pradejón, sumando en La Rioja casi 1.700 alcorques deficientes (6245 asfixiantes, 493 con tocón y 581 vacíos). En Logroño se han detectado 971 alcorques deficientes, Nájera se han cuantificado 60 alcorques deficientes, 53 en Santo Domingo de la Calzada, 165 en Pradejón y 71 en Autol.

“En esta actividad estamos reivindicando arbolado, pero para mejorar la habitabilidad de nuestros municipios hay que hacer mucho más. Es necesario renaturalizar las ciudades y hacer de los barrios verdaderos refugios climáticos. Las calles deben repensarse como corredores verdes dotando a sus aceras de arbolado con urgencia. Además es imperante aumentar la presencia de vegetación en general, también en el estrato arbustivo, y permitiendo que las hierbas silvestres ocupen su espacio de forma natural, incluyendo alcorques grandes y vivos que ayuden a filtrar y retener el agua en la tierra”, continúan desde la organización.

Con esta iniciativa, promovida por Alianza por el Clima, Barrios por el Clima, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam y Juventud por el Clima, se busca visibilizar el estado del arbolado urbano y proponer mejoras a los gobiernos locales. En total han participado 2.145 personas, de 315 municipios. “Sólo 2.145 personas han marcado más de 148.000 puntos negros en dos días”. Los datos, municipio a municipio, pueden consultarse en la web ecomapa.org.

Desde Ecologistas en Acción de Haro quieren agradecer el trabajo de las personas participantes: “Gracias a cada una de ellas esto ha sido posible. También queremos poner de relieve la importancia de la organización ciudadana. Una vez más la comunidad va por delante de los poderes públicos mostrando un conocimiento y una sensibilidad sobre la importancia de la naturaleza que bien podría llegar a los plenos municipales.” Una vez concluida la actividad, el colectivo hará llegar los resultados al gobierno municipal instándoles a que tomen las medidas necesarias para ampliar la cobertura arbórea de la ciudad para impedir el efecto “isla de calor” típico de los cascos urbanos. “Tras la movilización en la calle, viene el trabajo en los despachos. Esperamos que con estos datos el equipo de gobierno local se empiece a tomar en serio el arbolado, deje de justificar las talas de árboles centenarios plantando ejemplares minúsculos en jardines, y empiecen a renaturalizar la ciudad de una vez por todas”.

Les primeres pluges de la tardor han tornat a deixar a sa Pedruscada una imatge que els veïns coneixen massa bé: problemes amb les clavegueres, abocaments i arena arrossegada cap a les platges. En aquest racó de Capdepera, on des de fa anys es lliura una batalla contra la construcció de 57 habitatges repartits en 15 blocs, 17 piscines i 95 places d'aparcament, el calendari afegeix ara una nova data al conflicte. Les obres de dotació de serveis avancen i el següent pas serà la llicència que permeti aixecar els edificis. Però els tribunals encara s'han de pronunciar sobre la reparcel·lació dels terrenys.

L'associació Salvem sa Pedruscada ha presentat aquesta setmana una nova demanda contra la revisió d'ofici de l'expedient i reclama a l'Ajuntament de Capdepera que no concedeixi noves llicències mentre romanguin oberts els procediments judicials sobre l'actuació. En una carta oberta dirigida a l'alcaldessa, Núria Garcia, el col·lectiu demana “responsabilitat i prudència” abans d'autoritzar la construcció de la urbanització.

La transformació urbanística d'aquesta parcel·la situada devora la mar fa anys que enfronta part del veïnat amb l'Ajuntament i la promotora. El projecte va arribar a plantejar la construcció de 72 habitatges i blocs de fins a quatre altures, cosa que va despertar les protestes de veïns i ecologistes, que denunciaven que l'actuació canviaria per complet la fisonomia de sa Pedruscada i reclamaven una revisió del planejament.

El 2024, l'Ajuntament va suspendre durant un any les llicències per a edificacions de més de dues plantes a la zona, en el marc de la revisió de les condicions urbanístiques. El projecte va acabar reduint les altures fins a planta baixa més un pis. Per als veïns, aquesta mesura no resol el problema de fons: l'associació considera que s'està produint una transformació urbanística de gran intensitat en una zona que, segons denuncia, encara presenta importants mancances de serveis municipals.

Els veïns recriminen, a més, que la parcel·la es troba en una zona identificada com a inundable en el Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Balears i adverteixen que el projecte no hauria tingut prou en compte el seu impacte climàtic: la pèrdua de vegetació autòctona, l'augment de les superfícies construïdes i del trànsit i el denominat efecte d'illa de calor, a més de la transformació del paisatge de sa Pedruscada.

La reparcel·lació, als tribunals

El febrer del 2025, el Consistori va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació 11 (UA-11) de sa Pedruscada, que cinc mesos abans havia presentat la promotora del projecte, Residencial Vista Alegre SA, una empresa constituïda el 1985 i controlada al 100% des del 2011 per Torreblanca del Mediterráneo Sol SL, la societat que articula TM Grupo Inmobiliario. És en aquesta zona on preveu desenvolupar el projecte residencial.

L'expedient reorganitza les finques incloses en l'àmbit i estableix les condicions per executar la urbanització i la dotació de serveis necessàries per al desenvolupament residencial. La finca resultant que correspon a la promotora queda, a més, vinculada a l'execució de les obres de dotació de serveis.

L'acord municipal, tanmateix, va ser recorregut davant els tribunals per Salvem sa Pedruscada i l'entitat ecologista GOB després que el Consistori desestimés les seves al·legacions. Les entitats sostenen que l'actuació suposa en realitat una transformació urbanística que no estaria avalada per l'instrument de planejament que consideren necessari i denuncien l'absència d'una avaluació ambiental, d'una memòria de sostenibilitat econòmica i d'un informe sobre la disponibilitat de recursos hídrics.

El conflicte es va ampliar el juliol del 2025, quan el GOB va fer pública una anàlisi dels expedients municipals en què qüestionava com s'havia posat en marxa l'operació. Segons la seva investigació, l'Ajuntament de Capdepera havia aprovat el 6 de setembre del 2022 la delimitació de la UA-11 basant-se en un projecte redactat el 2013 per l'arquitecte Mateu Carrió, que no havia arribat a executar-se. Tanmateix, una setmana després, Residencial Vista Alegre va presentar un altre projecte, diferent de l'anterior i molt més concret, que és el que posteriorment s'ha tramitat per desenvolupar la urbanització. Aquesta proposta incloïa ja un projecte de reparcel·lació i de dotació de serveis i contemplava inicialment fins a 78 habitatges.

Per als ecologistes, la qüestió rellevant és que la delimitació de la unitat es va aprovar prenent com a referència un projecte que no era el que finalment es pretenia executar. L'organització sosté, a més, que el nou projecte de Vista Alegre no va ser esmentat en els primers acords municipals ni en les comunicacions trameses a altres administracions. Així mateix, qüestiona la competència de l'òrgan municipal que va aprovar inicialment la delimitació i la posterior convalidació de l'acord.

Les excavadores arriben a sa Pedruscada

Malgrat les crítiques i la judicialització del procés, el passat mes de febrer les excavadores van entrar a la parcel·la per iniciar els treballs de dotació de serveis, cosa que va revifar les protestes veïnals. L'Ajuntament va explicar que es tractava de les obres de dotació i que els habitatges no podien començar fins que aquestes estiguessin acabades, llevat que se sol·licitàs una execució simultània. Així mateix, el Consistori va defensar que es guia pel criteri dels seus serveis jurídics i que no pot paralitzar l'actuació mentre aquesta es trobi dins la legalitat administrativa. Una vegada acabada la dotació de serveis, haurà de decidir sobre la llicència d'edificació, segons va informar en el seu moment IB3.

Aquest mateix mes, l'alcaldessa, en una entrevista amb Cap Vermell, va manifestar que l'única via possible per aturar el projecte seria la compra o l'expropiació del terreny, una operació que, va assenyalar, suposaria una despesa mínima d'entre vint i vint-i-cinc milions d'euros.

Ara el conflicte ha entrat en una nova fase. Salvem recorda que està pendent de sentència el procediment que va interposar contra l'expedient de reparcel·lació i anuncia que aquesta setmana ha presentat, a més, una segona demanda contra la revisió d'ofici. El litigi es produeix mentre les actuacions sobre el terreny han continuat endavant.

La falta d'aigua, un dels arguments

En la seva nova carta, la plataforma torna a situar al centre del debat dos documents que considera essencials per a una transformació urbanística d'aquestes característiques: l'informe o memòria de sostenibilitat econòmica i l'informe sobre la disponibilitat de recursos hídrics. L'associació sosté que ambdós documents són imprescindibles i que la seva absència podria determinar la nul·litat de l'actuació. El col·lectiu cita el criteri del seu advocat, especialista en urbanisme, tot i que reconeix que seran els tribunals els que hauran de determinar finalment si les irregularitats denunciades tenen conseqüències sobre la validesa del projecte.

La qüestió dels recursos hídrics ja formava part de les al·legacions presentades contra la reparcel·lació. El GOB va denunciar el 2025 l'absència d'un informe sobre la suficiència de recursos hídrics, a més d'una memòria de viabilitat econòmica i una avaluació ambiental. L'Ajuntament, per la seva banda, ha defensat que la reparcel·lació permetrà executar infraestructures relacionades amb els recursos hídrics que també beneficiaran l'entorn i que l'actuació inclou la cessió d'un 5% del solar municipal.

La por a construir i haver de desfer

La principal preocupació dels veïns rau en què passaria si comencen les obres i posteriorment els tribunals estimen els recursos. L'associació considera que permetre que el projecte avanci mentre estan pendents les resolucions judicials podria generar un problema econòmic per a les arques municipals si posteriorment els tribunals anul·lassin l'actuació. Per això reclama esperar abans d'adoptar una decisió que considera potencialment irreversible.

El col·lectiu arriba a plantejar que, si l'Ajuntament utilitza un informe jurídic extern per concedir la llicència, haurien de quedar clarament delimitades les responsabilitats professionals en cas que posteriorment la promotora reclamàs una indemnització. Salvem sa Pedruscada demana que l'Ajuntament quedi protegit davant una eventual reclamació econòmica.

La qüestió és especialment rellevant per als veïns, ja que la dotació de serveis constitueix el pas previ a la llicència d'edificació. El Consistori ja va explicar, a més, que les obres d'urbanització s'havien de completar abans que poguessin començar els habitatges.

“Capdepera necessita solucions, no més problemes”, recriminen els veïns en la seva carta. Salvem esmenta els problemes de sanejament que tornen a fer-se visibles amb les pluges per reclamar a l'Ajuntament una planificació urbanística que, al seu parer, hauria de resoldre primer les mancances existents abans d'incorporar noves pressions sobre el territori.

L'associació reclama, a més, que Capdepera impulsi una planificació urbanística i una ordenança de patrimoni verd que permetin afrontar el creixement del municipi a llarg termini. “Abans de transformar Capdepera per sempre”, sosté el col·lectiu, l'Ajuntament hauria d'assegurar-se que l'actuació millora la vida dels qui ja hi viuen i protegeix l'interès general.

Mentrestant, el projecte segueix avançant administrativament i la Justícia encara ha de resoldre els recursos plantejats contra la seva tramitació.

Las primeras lluvias del otoño han vuelto a dejar en sa Pedruscada una imagen que los vecinos conocen demasiado bien: problemas con las alcantarillas, vertidos y arena arrastrada hacia las playas. En este rincón de Capdepera, donde desde hace años se libra una batalla contra la construcción de 57 viviendas repartidas en 15 bloques, 17 piscinas y 95 plazas de aparcamiento, el calendario añade ahora una nueva fecha al conflicto. Las obras de dotación de servicios avanzan y el siguiente paso será la licencia que permita levantar los edificios. Pero los tribunales todavía tienen que pronunciarse sobre la reparcelación de los terrenos.

La asociación Salvem Sa Pedruscada ha presentado esta semana una nueva demanda contra la revisión de oficio del expediente y reclama al Ayuntamiento de Capdepera que no conceda nuevas licencias mientras permanecen abiertos los procedimientos judiciales sobre la actuación. En una carta abierta dirigida a la alcaldesa, Núria Garcia, el colectivo pide “responsabilidad y prudencia” antes de autorizar la construcción de la urbanización.

La transformación urbanística de esta parcela situada junto al mar lleva años enfrentando a parte del vecindario con el Ayuntamiento y la promotora. El proyecto llegó a plantear la edificación de 72 viviendas y bloques de hasta cuatro alturas, lo que encendió las protestas de vecinos y ecologistas, preocupados por el impacto que tendría sobre un paisaje que consideran uno de los últimos reductos del litoral tradicional de Capdepera.

Después de que el Ayuntamiento suspendiera durante un año las licencias para edificios de más de dos plantas mientras revisaba las condiciones urbanísticas de la zona, la propuesta acabó reduciendo las alturas a planta baja más un piso. Para Salvem Sa Pedruscada, sin embargo, el cambio no resuelve la cuestión de fondo. La asociación sostiene que se pretende impulsar una transformación urbanística de gran intensidad en un entorno que todavía arrastra importantes carencias de servicios municipales. También alerta del impacto ambiental, paisajístico y social de la actuación y considera que la urbanización puede suponer una alteración irreversible de la imagen y el carácter mediterráneo de sa Pedruscada.

Los vecinos recriminan, además, que la parcela se encuentra en una zona identificada como inundable en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Balears y advierten de que el proyecto no habría tenido suficientemente en cuenta su impacto climático: la pérdida de vegetación autóctona, el aumento de las superficies construidas y del tráfico y el denominado efecto de isla de calor, además de la transformación del paisaje de sa Pedruscada.

Una reparcelación recurrida ante los tribunales

El último capítulo de esta batalla urbanística comenzó en febrero de 2025, cuando el Ayuntamiento aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación 11 (UA-11) de sa Pedruscada. La propuesta había sido presentada cinco meses antes por Residencial Vista Alegre SA, la promotora que prevé desarrollar la actuación. La empresa, constituida en 1985, está controlada por Torreblanca del Mediterráneo Sol SL, sociedad que articula TM Grupo Inmobiliario. Es en esa zona donde prevé desarrollar la construcción. El expediente reorganiza las fincas incluidas en el ámbito y establece las condiciones para ejecutar la urbanización y la dotación de servicios necesarias para el desarrollo residencial. La finca resultante que corresponde a la promotora queda además vinculada a la ejecución de las obras de dotación de servicios.

El acuerdo municipal fue recurrido ante los tribunales por Salvem Sa Pedruscada y la entidad ecologista GOB después de que el Consistorio desestimara sus alegaciones. Las entidades sostienen que la actuación supone en realidad una transformación urbanística que no estaría respaldada por el instrumento de planeamiento que consideran necesario y denuncian la ausencia de evaluación ambiental, de una memoria de sostenibilidad económica y de un informe sobre disponibilidad de recursos hídricos.

El conflicto se amplió en julio de 2025, cuando el GOB hizo público un análisis de los expedientes municipales en el que cuestionaba cómo se había puesto en marcha la operación. Según sus investigaciones, el Ayuntamiento de Capdepera había aprobado el 6 de septiembre de 2022 la delimitación de la UA-11 basándose en un proyecto redactado en 2013 por el arquitecto Mateu Carrió, que no había llegado a ejecutarse. Sin embargo, una semana después, Residencial Vista Alegre presentó otro proyecto, distinto del anterior y mucho más concreto, que es el que posteriormente se ha tramitado para desarrollar la urbanización. Esta propuesta incluía ya un proyecto de reparcelación y de dotación de servicios y contemplaba inicialmente hasta 78 viviendas.

Para los ecologistas, la cuestión relevante es que la delimitación de la unidad se aprobó tomando como referencia un proyecto que no era el que finalmente se pretendía ejecutar. La organización sostiene además que el nuevo proyecto de Vista Alegre no fue mencionado en los primeros acuerdos municipales ni en las comunicaciones remitidas a otras administraciones. Asimismo, cuestiona la competencia del órgano municipal que aprobó inicialmente la delimitación y la posterior convalidación del acuerdo.

Las excavadoras llegan a Sa Pedruscada

Pese a las críticas y a la judicialización del proceso, el pasado mes de febrero las excavadoras entraron en la parcela para iniciar los trabajos de dotación de servicios, reavivando las protestas vecinales. El Ayuntamiento explicó que se trataba de las obras de dotación y que las viviendas no podían comenzar hasta que estas estuvieran terminadas, salvo que se solicitara una ejecución simultánea. Asimismo, el Consistorio defendió que se guía por el criterio de sus servicios jurídicos y que no puede paralizar la actuación mientras esta se encuentre dentro de la legalidad administrativa. Una vez terminada la dotación de servicios, deberá decidir sobre la licencia de edificación, informó en su momento IB3.

Ese mismo mes, la alcaldesa, en una entrevista con Cap Vermell, manifestó que la única vía posible sería la compra o la expropiación del terreno, una operación que, señaló, supondría un gasto mínimo de veinte o veinticinco millones de euros.

Ahora el conflicto ha entrado en una nueva fase. Salvem recuerda que está pendiente de sentencia el procedimiento que interpuso contra el expediente de reparcelación y anuncia que esta semana ha presentado además una segunda demanda contra la revisión de oficio. El litigio se produce mientras las actuaciones sobre el terreno han seguido adelante.

La falta de agua, uno de los argumentos

En su nueva carta, la plataforma vuelve a colocar en el centro del debate dos documentos que considera esenciales para una transformación urbanística de estas características: el informe o memoria de sostenibilidad económica y el informe sobre disponibilidad de recursos hídricos. La asociación sostiene que ambos documentos son imprescindibles y que su ausencia podría determinar la nulidad de la actuación. El colectivo cita el criterio de su abogado, especialista en urbanismo, aunque reconoce que serán los tribunales quienes deberán determinar finalmente si las irregularidades denunciadas tienen consecuencias sobre la validez del proyecto.

La cuestión de los recursos hídricos ya formaba parte de las alegaciones presentadas contra la reparcelación. El GOB denunció en 2025 la ausencia de un informe sobre la suficiencia de recursos hídricos, además de una memoria de viabilidad económica y una evaluación ambiental. El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido que la reparcelación permitirá ejecutar infraestructuras relacionadas con los recursos hídricos que también beneficiarán al entorno y que la actuación incluye la cesión de un 5% del solar municipal.

El temor a construir y tener que deshacer

La principal preocupación de los vecinos reside en qué ocurriría si comienzan las obras y posteriormente los tribunales estiman los recursos. La asociación considera que permitir que el proyecto avance mientras están pendientes las resoluciones judiciales podría generar un problema económico para las arcas municipales si posteriormente los tribunales anulan la actuación. Por eso reclama esperar antes de adoptar una decisión que considera potencialmente irreversible.

El colectivo llega a plantear que, si el Ayuntamiento utiliza un informe jurídico externo para conceder la licencia, deberían quedar claramente delimitadas las responsabilidades profesionales en caso de que posteriormente la promotora reclamara una indemnización. Salvem Sa Pedruscada pide que el Ayuntamiento quede protegido frente a una eventual reclamación económica. La cuestión es especialmente relevante para los vecinos ya que la dotación de servicios constituye el paso previo a la licencia de edificación. El Consistorio ya explicó, además, que las obras de urbanización debían completarse antes de que pudieran comenzar las viviendas.

“Capdepera necesita soluciones, no más problemas”, recriminan los vecinos en su carta. Salvem menciona los problemas de saneamiento que vuelven a hacerse visibles con las lluvias para reclamar al Ayuntamiento una planificación urbanística que, a su juicio, debería resolver primero las carencias existentes antes de incorporar nuevas presiones sobre el territorio. La asociación reclama además que Capdepera impulse una planificación urbanística y una ordenanza de patrimonio verde que permitan afrontar el crecimiento del municipio a largo plazo. “Antes de transformar Capdepera para siempre”, sostiene el colectivo, el Ayuntamiento debería asegurarse de que la actuación mejora la vida de quienes ya viven allí y protege el interés general.

Mientras tanto, el proyecto sigue avanzando administrativamente y la Justicia tiene todavía que resolver los recursos planteados contra su tramitación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al nuevo y polémico reglamento de caza de la comunidad autónoma, enquistado desde hace años, concretamente, desde la polémica modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que el Ejecutivo autonómico realizó hace casi nueve años.

Cuando el Ejecutivo de Emiliano García-Page decidió sacarlo adelante en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma lo tumbó tras un complejo periplo judicial, en febrero de 2025, principalmente por la falta de un informe preceptivo. Es decir, no venía avalado por los órganos consultivos. La demanda la impulsó Ecologistas en Acción al considerar que se “ocultaron” cambios sustanciales en el proceso de participación pública para “favorecer al lobby cinegético”.

Ahora, el Consejo de Gobierno, tras solventar esta situación, ha decidido sacarlo adelante como una de las medidas comprometidas dentro del Pacto Regional por la Caza. Lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha defendido la importancia económica de la actividad cinegética y ha señalado que el nuevo texto busca ofrecer “la seguridad jurídica necesaria” y garantizar al mismo tiempo su compatibilidad con la conservación de la biodiversidad.

Antes de esta aprobación, el nuevo reglamento ya había sido objeto de varias polémicas. La más sonada fue una incorporación de última hora que permite cazar en caminos públicos y vías pecuarias. El Gobierno regional lo hizo a través de la denominada ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos de hace dos años, una normativa ‘ómnibus’ en la que se suelen modificar decenas de leyes. También en ese momento, los ecologistas pusieron el grito en el cielo.

Ahora, entre las novedades figura un procedimiento para incorporar a los cotos parcelas cuyos propietarios sean desconocidos o resulte imposible localizar, una circunstancia que hasta ahora dificultaba la gestión de estos terrenos.

En estos casos, la incorporación podrá realizarse previa publicación en los tablones de anuncios de los ayuntamientos, el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con el objetivo de garantizar los derechos de los propietarios antes de integrar esas parcelas en el coto.

Simplificación de acreditación de derechos de caza

La norma también simplifica la acreditación de determinados derechos cinegéticos y modifica el procedimiento para quienes se incorporen por primera vez a la actividad. Las entidades encargadas de impartir la formación deberán entregar el carné al finalizarla, evitando que el nuevo cazador tenga que esperar durante meses para disponer de la acreditación.

A ello se suman nuevas herramientas de gestión electrónica y trazabilidad para facilitar los procedimientos y el seguimiento de las piezas de caza.

Otro de los apartados regula el control de poblaciones de especies, estableciendo cuándo deben adoptarse medidas ante situaciones de sobreabundancia, las responsabilidades de los gestores cinegéticos y los supuestos en los que se podrá intervenir también en terrenos no cinegéticos.

La portavoz, de hecho, ha destacado el objetivo es que la caza se practique de manera “ordenada y sostenible” y contribuya al futuro del territorio.

Las críticas de los colectivos ecologistas

Muchos de estos cambios los han criticado las asociaciones ecologistas que forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA): Ecologistas en Acción, WWF, Ardeidas y SEO/Birdlife. Hace meses, arremetieron contra en un texto donde la caza está enfocada con un “incremento de la intensificación de la actividad cinegética a través de la promoción de los cotos intensivos”, a los que el nuevo texto denomina ahora “cuarteles de caza comercial”. Y además amplía los ámbitos de la actividad con carácter intensivo “a lo largo y ancho” de Castilla-La Mancha.

Esta ampliación, aducieron entonces las organizaciones ambientales, no se realiza en un único apartado del Reglamento, sino que se desarrolla a lo largo de su articulado. “Con lo que ello implica de impacto en el medio natural y en la conservación de espacios naturales y espacios protegidos. Permite que se esté pegando tiros a lo largo de todo el año en muchos más sitios y en mucho mayor número, lo que tiene un impacto sustancial en el medio natural”.

La situación administrativa del Hotel RIU Palace Tres Islas, situado en el espacio de las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura, experimenta un nuevo episodio tras la comunicación remitida por la Demarcación de Costas de Canarias a Turcón-Ecologistas en Acción.

El escrito oficial, firmado el 21 de septiembre de 2026, comunica que, al haber transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de suspensión de la ejecución sin que el órgano competente haya dictado y notificado una resolución expresa, la ejecución del acto impugnado se entiende suspendida, de acuerdo con el artículo 117.3 de la Ley 39/2015. 

Para Turcón y Ben Magec-Ecologistas en Acción, esta comunicación constituye un nuevo elemento relevante en un procedimiento que afecta a uno de los enclaves litorales de mayor valor ambiental de Fuerteventura.

Costas autoriza la reforma, pero rechaza las nuevas habitaciones

La decisión conocida a principios de septiembre autorizó parte del proyecto de modernización y reforma presentado por el establecimiento hotelero, pero no autorizó la construcción de seis nuevas habitaciones en la sexta planta.

Según la información publicada sobre la resolución, Costas considera que esas nuevas estancias supondrían una modificación de los usos contemplados en la concesión y que dichos usos están expresamente prohibidos por el artículo 32.2 de la Ley de Costas.

La resolución sí contempla la posibilidad de ejecutar diferentes actuaciones de modernización, entre ellas mejoras de accesibilidad, climatización, instalaciones contra incendios, ahorro de agua y gestión de residuos, sustitución de ascensores, renovación eléctrica, reforma de espacios interiores, actuaciones en piscinas y otras intervenciones.

Los ecologistas consideran necesario, no obstante, distinguir entre las actuaciones de mantenimiento o mejora que puedan resultar compatibles con el régimen concesional y aquellas que supongan una transformación o ampliación de los usos autorizados.

Un hotel situado en dominio público marítimo-terrestre

Turcón y Ben Magec recuerdan que el establecimiento se encuentra sobre terrenos afectados por el dominio público marítimo-terrestre, en el ámbito de las Dunas de Corralejo.

La concesión otorgada en 2007 tiene vigencia hasta 2037 y, según la documentación publicada, no permite obras que impliquen un aumento de volumen, sino intervenciones de reparación y mejora sujetas a autorización previa. El espacio donde se ubica el complejo forma además parte de la Zona de Especial Conservación de Corralejo, integrada en la Red Natura 2000 y con presencia de hábitats de interés comunitario, incluido uno prioritario.

Precisamente por ello, los colectivos ecologistas habían presentado alegaciones al procedimiento ambiental de la modernización y reforma, cuestionando la compatibilidad de las actuaciones proyectadas con la protección del dominio público y del entorno natural.

La sexta planta, el origen de la controversia

La propia resolución de Costas sitúa la construcción de las habitaciones de la sexta planta entre los antecedentes que motivaron los procedimientos de caducidad de la concesión.

Según la información publicada, en 2007 se autorizaron obras de mantenimiento sin incremento del volumen construido, pero posteriormente se detectó un exceso de casi 3.000 metros cuadrados, lo que dio lugar a un expediente sancionador y a la exigencia de restitución.

El expediente de caducidad llegó a culminarse en 2023, aunque posteriormente caducó sin ejecutarse, circunstancia que fue denunciada públicamente por Ecologistas en Acción. 

La documentación también recoge que, tras un dictamen del Consejo de Estado, se optó por exigir la restitución de las obras al proyecto original antes que declarar la extinción de la concesión. Según la información publicada, en 2025 se iniciaron las obras de restitución y en febrero de 2026 Costas constató el cumplimiento de las actuaciones requeridas. 

Ante esta nueva situación, Turcón-Ecologistas en Acción considera que la suspensión comunicada por Costas debe servir para garantizar que el procedimiento se desarrolle con todas las garantías y que la protección del dominio público marítimo-terrestre y del espacio natural prevalezca como criterio esencial de actuación administrativa.

Los ecologistas sostienen que la cuestión no puede reducirse únicamente a determinar qué obras de reforma son técnicamente posibles, sino que debe analizarse el conjunto de actuaciones dentro del régimen jurídico de la concesión y de la protección ambiental que afecta al enclave.

En sus alegaciones, Turcón y Ben Magec ya habían reclamado que las administraciones actuasen conforme a la legalidad vigente y en defensa del interés general, incluyendo la culminación de los procedimientos relacionados con las concesiones de los establecimientos hoteleros situados en este ámbito de las Dunas de Corralejo.

Para los colectivos ecologistas, las Dunas de Corralejo no son simplemente el escenario donde se levanta un establecimiento turístico: son un espacio natural protegido cuyo valor ambiental obliga a que cualquier actuación sobre el dominio público marítimo-terrestre sea examinada con el máximo rigor.

Ecologistas en Acción Palencia ha exigido este lunes el cese del director de Caza de la Junta de Castilla y León (Vox), Ignacio de la Fuente Cabria. La semana pasada, el Consejo de Caza acordó apoyar una propuesta de Orden que autoriza el transporte, la tenencia y el empleo de “dispositivos auxiliares”, una iniciativa que, de aprobarse, la asociación estudiará recurrir. La Orden quiere permitir estos visores para la caza mayor (jabalí, ciervo, corzo, etc.) salvo para la cabra montesa (o rebeco), según ha podido confirmar elDiario.es.

El transporte, la tenencia y el uso de estos visores térmicos deberán ser autorizados y el cazador no podrá disparar basándose exclusivamente en la señal térmica o la imagen del dispositivo, cuyo uso prohíbe la Ley de Caza salvo si comprueba “su carácter selectivo y no masivo” y tras haber sido evaluado por la Comisión Científica de la Caza. Según lo previsto, los visores no estarán permitidos para las monterías y la caza menor.

Ecologistas duda de la legalidad de esta Orden —cuyo proyecto no está publicado en el portal de Transparencia— porque la ley autonómica de 2021 prohíbe los visores nocturnos y recuerda que es necesario un informe de la Comisión Científica de Caza. “Esta comprobación no se ha aportado, al igual que tampoco se ha aportado la documentación técnica y jurídica exigida por la normativa para aprobar esta autorización. Tampoco ha quedado acreditado que la propuesta ya acordada sea compatible con la legislación básica estatal”, recuerda Ecologistas en Acción Palencia a través de un comunicado.

La asociación ecologista recuerda que De la Fuente trabajaba con el PP como jefe de Servicio de Caza y Pesca y critica que el actual director general ha “cedido permanentemente a los intereses del sector cinegético” y le ha atribuido buena parte de la actual Ley de Caza, “más permisiva” que la de 1996 y “con múltiples posicionamientos en favor del sector”, con sanciones “más asequibles y laxas”, o la eliminación de la retirada de la licencia de caza en las infracciones graves.

Ecologistas en Acción reprocha que se haya eliminado la obligatoriedad del precinto digital y que ahora proponga la autorización de visores térmicos. “El director general no puede seguir más tiempo en un puesto que debe velar no solo por los intereses de los cazadores, sino también por el de las especies cinegéticas”, remata el comunicado.

Mientras la Xunta sigue reafirmando su apuesta por la minería -esta semana anunció que sacará a concurso otros 153 derechos mineros-, los problemas siguen multiplicándose en varios de los proyectos planteados para territorio gallego. Eurobattery Minerals, la empresa sueca que está detrás de Tungsten San Juan, la promotora de una mina de wolframio en A Gudiña (Ourense), anunció en los últimos días que su director general (el CEO), Roberto García Martínez, ha sido condenado en firme por un fraude relacionado con una operación minera en Sierra Leona en 2011 y que está siendo investigado en Suecia por un posible abuso de información privilegiada. A continuación, confirmó la dimisión del presidente del consejo de administración, Jan-Olof Arnbom, y el fin del acuerdo por el cual Mangold Fondkommission estaba actuando como mentor financiero de la empresa. Además, toda la actividad está parada, dado que no cuenta con el permiso de obras municipal. Ecoloxistas en Acción está exigiendo la paralización de todos los planes de esta compañía en A Gudiña.

La empresa tiene planes para extraer wolframio en un yacimiento en Pentes. Solo unos días antes de que se abriese la crisis a raíz de la condena del CEO, los anuncios eran que estaba confirmada la presencia de wolframio de calidad comercial, que habían dado por finalizada la ingeniería básica y la compra de la maquinaria fundamental y que lo siguiente era la ejecución del proyecto, para el que ellos mismos informaron de que la Xunta les otorgó a finales de 2025 una extensión de la concesión por 30 años, de forma que se prolonga hasta 2055. La idea era entrar en producción industrial en el primer trimestre de 2027.

Pero la matriz sueca confirmó hace unos días que acababa de recibir la información de que el director general ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de prisión, una multa y responsabilidad solidaria por daños y perjuicios por un importe de 3,46 millones de dólares estadounidenses -algo más de 3 millones de euros-. García Martínez no tendrá que ingresar en prisión, ya que la Audiencia Provincial de Bizkaia decidió suspender la ejecución de la pena de cárcel durante cinco años, siempre que cumpla varias condiciones, entre las que están pagos mensuales y el abono del 60% de la responsabilidad civil para cuando termine este periodo.

No es el único problema judicial para el director general de Eurobattery Minerals, dado que la Autoridad Sueca contra los Delitos Económicos (Ekobrottsmyndigheten) confirmó que investiga a García Martínez por tres acusaciones de abuso de información privilegiada en los instrumentos financieros de la empresa. El consejo de administración está estudiando la situación y valorando las medidas correspondientes, sobre las que asegura que informará cuando lo considere pertinente.

Por otra parte, toda la actividad en los terrenos está paralizada actualmente. El alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando (PSOE), confirma, en conversación con elDiario.es que no hay movimientos en la jornada de este jueves en la zona porque la empresa no cuenta con el permiso de obras. Están a la espera de que entregue la documentación necesaria, señala y aclara que el Gobierno local está a favor de la apertura de esta mina, que promete crear 35 puestos de trabajo directos y en torno a un centenar indirectos.

Por su lado, Ecoloxistas en Acción insiste en que la Xunta y el Ayuntamiento deben paralizar los planes para extraer wolframio en estos terrenos. La asociación acusa a la empresa de estar actuando de forma ilegal por la ausencia de permisos municipales y porque denuncia que la declaración de impacto ambiental emitida en 2014 para un proyecto de explotación de 10 años está caducada y el proyecto actual debería someterse de nuevo a este trámite. De hecho, esta organización ecologista ha llevado el asunto ante los tribunales y el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago abrió diligencias previas por la prórroga de la concesión durante 30 años sin nueva evaluación ambiental.

Ecologistas en Acción de Extremadura ha alertado este martes de que si los proyectos de centros de datos anunciados en Badajoz, Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros y Cáceres funcionaran de manera continuada, consumirían en un año una cantidad de electricidad próxima a toda la generada actualmente en la comunidad autónoma.

Esta organización ha presentado alegaciones a la nueva regulación estatal de los centros de datos, ya que, aunque considera positivo que se empiece a ordenar un sector en rápida expansión, entiende que el texto es insuficiente para prevenir sus efectos sobre la electricidad, el agua, el territorio y la población.

En ese sentido, con respecto a los cuatro proyectos anunciados en la región, Ecologistas precisa en un comunicado que podrían necesitar conjuntamente entre 3,5 y 4 GW de potencia eléctrica, incluida la refrigeración y los consumos auxiliares.

La organización pone de relieve que los centros de datos requieren grandes cantidades de electricidad y agua, además de líneas eléctricas de alta capacidad, subestaciones, sistemas de refrigeración, baterías y grandes grupos electrógenos de respaldo, por lo que es necesario reforzar su instalación “con límites claros, planificación pública y garantías sociales y ambientales”.

Precisa, además, que la existencia de vertidos renovables en determinadas horas, la electricidad generada que el sistema no puede aprovechar, no resuelve el problema, ya que estas instalaciones también consumen cuando la producción renovable es escasa.

A su juicio, la cuestión central es, por tanto, “si su hiperconsumo debe tener prioridad sobre las necesidades de los hogares, los servicios públicos, la agricultura y otras industrias, y justificar la construcción de nuevas redes e instalaciones de generación”.

La Junta, alineada con la patronal

Frente a esta disyuntiva, Ecologistas en Acción critica que la Junta de Extremadura haya presentado alegaciones para pedir la retirada de la regulación estatal en una posición que coincide con la de la patronal de los centros de datos, que amenaza con abandonar inversiones y reclamar indemnizaciones si se mantienen las nuevas condiciones.

Para este colectivo, las alegaciones de la Junta no defienden a Extremadura frente a los impactos de estos macroproyectos, sino a las empresas frente a los límites destinados a proteger el territorio.

En su opinión, el Gobierno autonómico vuelve a presentar los recursos extremeños como disponibles para cualquier inversión declarada estratégica, sin explicar cómo afectará este despliegue al agua, al suelo, al sistema energético y al bienestar de la población.

Por otra parte, Ecologistas en Acción indica que la regulación estatal debe reforzarse en reducir y limitar el consumo total y acumulado de agua, electricidad y suelo; y en decidir cuántos centros pueden instalarse, dónde y bajo qué condiciones.

En ese ámbito, considera que se debe exigir que su demanda se cubra con nueva generación 100 % renovable, almacenamiento y flexibilidad, sin recurrir a combustibles fósiles o energía nuclear ni desplazar otras necesidades sociales.

Además, plantea que se tengan en cuenta también unas “garantías democráticas” y para ello pide “aplicar el principio de precaución, asegurar la transparencia y la participación pública”, así como evaluar previamente los efectos de los centros de datos “sobre los derechos humanos, el empleo, los servicios públicos y la soberanía digital”. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado la autorización de la central eléctrica hidroeléctrica de Chira-Soria, promovida por Red Eléctrica en Gran Canaria, desestimando un recurso de Turcón- Ecologistas en Acción contra la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública de dicha central.

La Sala recuerda que el núcleo de la controversia planteada por Turcón era de carácter ambiental y se dirigía, esencialmente, contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y condicionada emitida el 30 de julio de 2021. El tribunal precisa que la DIA no puede recurrirse autónomamente, pues se trata de “un acto esencial, pero de trámite”, que “no es susceptible de recurso autónomo”, de modo que debe cuestionarse junto con la autorización administrativa que incorpora sus determinaciones.

El elemento decisivo para la desestimación del recurso es, según la sentencia, la falta de una prueba técnica suficiente que permitiera desacreditar las conclusiones de la Declaración de Impacto Ambiental. La Sala destaca que la demanda estaba acompañada de 51 documentos, entre escritos, mapas, fichas, informes, actas, estadísticas y noticias, pero considera que faltaba un informe pericial técnico que contradijera con precisión el contenido de la DIA.

El TSJC resalta que buena parte de las alegaciones de Turcón no denunciaban una ausencia completa de evaluación ambiental, sino una insuficiente valoración de los impactos. La sentencia diferencia ambas situaciones y concluye que cuestionar la intensidad o suficiencia de una evaluación ya realizada exige una prueba técnica particularmente sólida.

La Sala destaca que la DIA fue adoptada tras una tramitación ambiental extensa y que examinó las afecciones sobre el medio marino, la atmósfera, el suelo, el subsuelo, la geodiversidad, el agua, la vegetación, la fauna, los hábitats, la Red Natura 2000, el paisaje, los efectos socioeconómicos, el patrimonio cultural, la vulnerabilidad del proyecto y los efectos acumulativos y sinérgicos.

La resolución incide en que la declaración ambiental fue favorable, pero condicionada. Según el tribunal, se trata de un documento “de carácter dinámico”, que puede incorporar nuevos condicionantes a la vista de los resultados del programa de vigilancia ambiental. La DIA estableció catorce condicionantes y ordenó la creación de una comisión técnica de seguimiento, con representación de la Comunidad Autónoma, el Cabildo de Gran Canaria y Red Eléctrica de España.

Se trata de un nuevo varapalo judicial para el colectivo ecologista contrario a la construcción de la central, después de que en 2022 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) denegase otro recurso presentado por este colectivo en el que pedía tomar medidas cautelares contra la ejecución del proyecto de la central.

Mientras, prosigue la tramitación de otro recurso presentado por Turcón ante el Tribunal Supremo contra el Decreto del Gobierno de Canarias que autorizó el proyecto de Bombeo Reversible Soria - Chira, La organización acudió al Alto Tribunal después de otra sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado mes de abril.

Turcón recordó entonces que el Decreto (noviembre de 2025) del Gobierno canario acordó la ejecución del proyecto denominado Central hidroeléctrica de bombeo Chira- Soria; reformado del proyecto de construcción. Modificado II, promovido por Red Eléctrica de España, SAU y que suspendía el planeamiento urbanístico y territorial vigente para dar encaje al proyecto citado. Un procedimiento, remarca Turcón, “totalmente inédito, sin precedentes, utilizando artículos excepcionales, desprotegiendo varios espacios naturales para legitimar la construcción de la obra en beneficio de Red Eléctrica”.

Ecologistas en Acción Ciudad Real ha presentado alegaciones a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y al Estudio de Impacto Ambiental de una ampliación de explotación ganadera de 265.000 gallinas ponedoras en Tomelloso (Ciudad Real).

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación ya existente, cuyo titular es la empresa Becerra Ponce SL, “pasando de 115.000 gallinas a 265.000, requiriendo la construcción de dos naves para ponedoras y una tercera para recría”, explican.

El colectivo ecologista apunta que las naves para ponedoras presentarán una capacidad de 50.000 aves cada una de ellas, y la nave criadero dispondrá de una capacidad de albergue de 50.000 pollitas de recría. Se estima que la cantidad anual de gallinaza -excremento o estiércol de gallinas y pollos-, que será trasladada mediante cintas a un remolque para su aprovechamiento agronómico, “no siendo necesario ningún estercolero o balsa de almacenamiento dentro de la finca, será de 3.975 toneladas, lo que equivale a unas 11 toneladas al día”.

Aparentes incoherencias del proyecto

Desde Ecologistas en Acción Ciudad Real señalan que la documentación presentada “ofrece tres cifras distintas e incompatibles entre sí” sobre la distancia que separa la explotación del núcleo urbano. El Proyecto Básico de Ampliación (PBA) afirma que la distancia al núcleo urbano habitado más próximo es de “aproximadamente 10.000 metros”. El documento de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) puntualizan en cambio que “la distancia al núcleo urbano más cercano es de unos 700 metros”. El mismo EIA en el apartado sobre el impacto a la atmósfera sostiene que se trata de una zona alejada del núcleo de población, a más de 8 kilómetros del casco urbano más cercano.

El PBA afirma que el término municipal de Tomelloso se encuentra incluido “dentro de las zonas catalogadas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario” y añade que de aplicar los estiércoles en esta zona, como abono órganomineral, se respetará siempre la dosis especificada por ley -que no exceda los 170 kilos por hectárea y año-.

Sin embargo, el EIA afirma justo lo contrario, que el término municipal de Tomelloso no está catalogado como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos. “Se trata, por tanto, de una contradicción entre dos documentos del propio promotor, Proyecto Básico y Sistema de Gestión Ambiental o SGA, que coinciden en calificar la Zona como Vulnerable a la Contaminación por Nitratos de Origen Agrario, frente a un tercero, el EIA, que lo niega expresamente”, explican desde el colectivo ecologista. Por otra parte, añaden que “la disparidad no es casual, dado que de la calificación correcta depende directamente el régimen jurídico aplicable a la gestión y aplicación agrícola del estiércol generado por la explotación, así como los límites máximos de nitrógeno aplicable por hectárea y año”.

Ecologistas en Acción apunta que el promotor calcula que se necesitan 748,23 hectáreas de superficie agrícola para aplicar el estiércol generado, “sin acreditar en ningún punto del expediente que dicha superficie exista o esté comprometida, ni que conste un contrato o compromiso de agricultores beneficiarios, garantizando la trazabilidad del residuo”. Añaden que es también perceptible “la ausencia de acreditación cuantitativa del cumplimiento de los valores de emisión de amoniaco asociados a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)”.

Sin estudio de impacto de olores o presencia de fauna esteparia

Otro de los déficits detectados por la colectivo “es la infravaloración del carácter acumulativo de la carga contaminante a medio y largo plazo”. Plantean que aunque se hace una relativa estimación y cuantificación de las emisiones de los gases y sustancias contaminantes (amoníaco, óxido nitroso y metano), “desprecia los efectos sinérgicos o acumulativos que puedan afectar al medio ambiente y a la salud pública, como reclama la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”.

Ecologistas en Acción Ciudad Real señalan que tampoco existen estudios de impacto por olores y de impacto acústico, “sin llegar a aportar mediciones reales efectuadas en el terreno”, además de estudios de campo de la posible presencia de avifauna esteparia protegida.

Además, explican que “el examen de alternativas es insuficiente, no ajustándose a las exigencias legales, dado que no contempla la Alternativa 0 (no realización del proyecto) al apoyarse en una vaga argumentación genérica acerca de la fijación de población y decadencia rural”. Matizan que “no aportan ningún dato cuantificado sobre empleo generado, actual o futuro, ni sobre el impacto económico real de la actividad en el municipio”.

Según el colectivo, en la documentación proporcionada no se cita la obligación de presentar un plan de bienestar animal, requisito contemplado por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. Por esta “notoria falta de rigor documental” los ecologistas consideran “un posible corta y pega de documentación correspondiente a otros proyectos”.

De esta forma, Ecologistas en Acción Ciudad Real pide a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha que se corrijan y actualicen los puntos anteriores o que, en su defecto, se dicte resolución desfavorable a la Declaración de Impacto Ambiental y se deniegue la revisión de la Autorización Ambiental Integrada solicitada.

Ecologistas en Acción-La Rioja ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) la situación generada por el almacenamiento al aire libre de numerosos bidones de material plástico pertenecientes a una empresa de Entrena.

La organización considera que la acumulación de estos materiales en el exterior supone un evidente riesgo de incendio, especialmente por tratarse de recipientes de material plástico almacenados al aire libre, y reclama que los hechos sean investigados y que se adopten las medidas necesarias para eliminar el riesgo. La entidad ecologista explica que ya han trasladado la queja ante el Ayuntamiento de Entrena. Concretamente, presentaron una queja el 20 de abril de este año alertando “expresamente del peligro de incendio” que implica la acumulación de dichos bidones.

Y la respuesta obtenida desde el Consistorio, “se limitó a señalar que el Ayuntamiento ya tenía conocimiento de los hechos y que desde diferentes administraciones públicas, se han llevado a cabo actuaciones para revertir dicha situación”. Sin embargo, en la respuesta, el Ayuntamiento de la localidad “no concretó cuáles habían sido esas actuaciones, qué medidas se habían adoptado ni cuándo se produciría la solución definitiva”.

Meses después, los bidones continúan almacenados al aire libre por lo que Ecologistas en Acción considera que “las actuaciones comunicadas por el Ayuntamiento no han resuelto la situación denunciada”. Y por esta razón, la organización ha trasladado el asunto al SEPRONA para que “investigue los hechos, determine las responsabilidades que correspondan y compruebe el cumplimiento de la normativa aplicable, así como las condiciones en las que se está produciendo el almacenamiento de estos materiales”. La denuncia cuenta con toda la documentación y el objetivo es que “se compruebe sobre el terreno la situación y se adopten las medias necesarias”.

Desde la entidad ecologista consideran “especialmente preocupante que, pese a que el Ayuntamiento reconoce conocer la situación y afirma que distintas administraciones han intervenido, el problema siga sin estar solucionado. No hay que esperar a que se produzca un incendio para actuar porque el riesgo está identificado, la Administración conoce la situación y los materiales continúan al aire libre”.

El Ayuntamiento de Haro y el Gobierno de La Rioja vuelven a estar en el centro de las críticas por su gestión del patrimonio natural urbano y la falta de acceso a la información pública. Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente la tala de siete de los árboles más antiguos y de mayor tamaño de la localidad —seis de ellos en la avenida Bretón de los Herreros y uno en la Estación Enológica— en el marco de las obras de acondicionamiento de la carretera LR-202. La actuación ha desatado el malestar de vecindarios y colectivos que lamentan la pérdida de masa arbórea en pleno contexto de crisis climática y aumento de las olas de calor.

La controversia no se limita al impacto ambiental, sino que salpica directamente a la gestión política de la alcaldesa, Guadalupe Fernández. Según remarca la organización ecologista, el equipo de gobierno negó en un primer momento la existencia del proyecto de remodelación viaria. Sin embargo, un informe del Ejecutivo autonómico con fecha de mayo de 2025 —obtenido por el colectivo tras semanas de retrasos— demuestra que la regidora y el concejal de Urbanismo, Rafael García Vargas, participaron en reuniones de trabajo sobre la actuación antes de desmentir públicamente la eliminación del arbolado.

A la falta de explicaciones oficiales se suma la ausencia de avales técnicos para parte de los ejemplares destruidos. Aunque la alcaldesa defendió en el pleno municipal la tala de cinco árboles por presunto mal estado fitosanitario, la ejecución final ha acabado con seis ejemplares en la avenida Bretón de los Herreros, incluyendo uno ubicado en el acceso al futuro hotel de cuatro estrellas de la zona. Ecologistas en Acción solicitó formalmente los informes de evaluación técnica firmados que justificasen la decisión, pero el consistorio alegó no disponer de dicha documentación.

La opacidad denunciada por la organización ambientalista afecta también a los grupos de la oposición. Concejales de la corporación han confirmado al colectivo que se les ha denegado reiteradamente el acceso al expediente completo, a pesar de haberlo solicitado de forma oficial en comisiones y plenos. Desde el colectivo tachan de “preocupante” esta dinámica de gestión que excluye la participación ciudadana y niega el derecho de la ciudadanía y de la representación política a fiscalizar cómo se administran los recursos y el espacio público.

En el plano estrictamente medioambiental, los informes de la propia administración autonómica señalan que el deterioro del arbolado previo derivaba de podas agresivas y una falta continuada de mantenimiento. Frente a las recomendaciones técnicas de emplear especies autóctonas para las reposiciones, el Ayuntamiento está sustituyendo los grandes plataneros y álamos por fresnos de Raywood —una especie ornamental de origen australiano—. Los ecologistas advierten de que esta variedad presenta peor adaptación, mayor vulnerabilidad a plagas y un desarrollo radicular agresivo que tiende a levantar el pavimento.

Ecologistas en Acción ha exigido tanto al Ayuntamiento de Haro como al Gobierno de La Rioja el cumplimiento riguroso de la Ley de Transparencia y la apertura de vías reales de diálogo con los agentes sociales. El colectivo recuerda que la sustitución de árboles de gran porte por ejemplares jóvenes de poco más de un metro no compensa la pérdida de refugios climáticos ni el servicio ecosistémico a corto plazo, por lo que urge a las instituciones a tratar el arbolado como infraestructura viva indispensable para la habitabilidad de la ciudad y no como simple mobiliario urbano prescindible.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto de repotenciación e hibridación del parque eólico “Raposeras”, situado en los términos municipales de Calahorra y Pradejón, promovido por Plenitude Renewable Spain SLU, cuya solicitud de autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental ordinaria fue sometida a información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de La Rioja nº 144, de 30 de julio de 2026.

La organización señala que el parque eólico Raposeras presenta un “historial especialmente preocupante” de mortalidad de aves rapaces y murciélagos, hasta el punto de que, con el objetivo de reducir las colisiones, se llegó a pintar de negro una de las palas de cada aerogenerador para hacerlas más visibles para las aves. Aunque esta medida parece haber contribuido a una reducción de la mortalidad, las colisiones y la muerte de fauna siguen produciéndose, según asegura Ecologistas en Acción, que considera “insuficientes” las medidas planteadas en el proyecto de repotenciación.

La sustitución de los 26 aerogeneradores actualmente existentes por únicamente 6 permitirá previsiblemente reducir el número global de colisiones. Sin embargo, los nuevos aerogeneradores tendrán mayor tamaño y una velocidad angular de giro superior, factores que, a juicio de Ecologistas, “pueden incrementar la probabilidad de colisión en determinados puntos”.

El proyecto contempla instalar sistemas de detección de aves y parada automática únicamente en los aerogeneradores 3, 5 y 6, al considerar que son los situados en las zonas de mayor utilización por las aves. Para los restantes aerogeneradores se plantea como medida preventiva el pintado de dos bandas de color rojo en una de las palas. Ecologistas en Acción considera insuficiente esta diferenciación entre aerogeneradores, ya que “el análisis de la mortalidad registrada en el parque muestra una distribución bastante uniforme en el conjunto del área ocupada por los aerogeneradores actuales”. Por este motivo, la organización reclama que el sistema de detección de aves y parada automática se instale en los seis aerogeneradores que compondrán el nuevo parque, sin excepción.

Protección de los murciélagos

Respecto a los quirópteros, Ecologistas en Acción considera acertadas las medidas planteadas siguiendo las recomendaciones de SECEMU, especialmente la reducción de la velocidad de arranque de los aerogeneradores a 6 m/s durante los meses de julio a octubre, desde 30 minutos antes del ocaso hasta cuatro horas después. No obstante, la organización considera necesario ampliar esta medida también al periodo de las dos horas anteriores al amanecer, coincidiendo con otro periodo de elevada actividad de los murciélagos.

Asimismo, el proyecto contempla realizar durante la fase de funcionamiento un estudio de un año mediante grabadoras para determinar si esta medida debe aplicarse a todos los aerogeneradores o únicamente a algunos de ellos. Ecologistas en Acción-La Rioja considera que un año de seguimiento resulta insuficiente para evaluar adecuadamente la actividad de los murciélagos y determinar las medidas de protección necesarias, debido a la variabilidad interanual que puede afectar especialmente a las especies migradoras. Por ello, reclama que el estudio acústico y de actividad de quirópteros tenga una duración mínima de dos años, antes de establecer definitivamente las condiciones de funcionamiento de los aerogeneradores.

La organización solicita que estas medidas sean incorporadas al proyecto y a las condiciones de autorización, con el objetivo de que la repotenciación del parque eólico Raposeras suponga una reducción efectiva de la mortalidad de aves y murciélagos y no se limite a trasladar o concentrar el problema en un número menor de aerogeneradores de mayores dimensiones.

Un nuevo proyecto de ganadería intensiva se ha proyectado en el municipio de Alfaro, en el paraje “El Vivar” junto al Área Natural Singular del Carrizal de Cofín, un humedal protegido por el Gobierno de La Rioja y uno de los de mayor interés ambiental de La Rioja. Granja La Cantera S.L. ha solicitado licencia ambiental para ubicar una explotación de cebadero con 583 plazas de bovino de cebo en una edificación existente de 1.708 metros cuadrados (además de otros 704 de corral al aire libre), destinada anteriormente al alojamiento de ganado ovino por otro titular.

El proyecto, cuya solicitud para obtener licencia conjunta ambiental y de obras se encuentra actualmente en período de exposición pública, ha causado una rotunda oposición ambiental. Ecologistas en Acción ya ha presentado alegaciones, pues considera “incompatible” la instalación con la protección de este humedal de Alfaro y advierte del riesgo de afecciones por purines, olores, tráfico, ruido y contaminación.

Ecologistas en Acción reclama al Ayuntamiento de Alfaro y al Gobierno de La Rioja que denieguen la licencia solicitada y que no permitan la puesta en funcionamiento de una explotación ganadera de estas características en un emplazamiento inmediatamente colindante a un área natural. El Carrizal de Cofín, situado en el término municipal de Alfaro, fue declarado Área Natural Singular mediante el Decreto 36/2017 y constituye uno de los humedales de mayor interés ambiental de La Rioja.

La memoria del proyecto apunta a que el área protegida se encuentra a 100 metros de la parcela y puntualiza que “las zonas sensibles del Carrizal con avifauna catalogada se sitúan a más de 1.500 m al NW”. Sin embargo, Ecologistas mantiene que la parcela es colindante al espacio protegido por el Decreto 36/2017, “un espacio que destaca por su importancia para la avifauna acuática y limícola cuya protección no puede quedar reducido a una línea formal sobre un plano”. Dada esta importancia, consideran que la instalación del cebadero “no puede analizarse exclusivamente desde los límites administrativos de la parcela, sino teniendo en cuenta las afecciones que una actividad ganadera intensiva puede generar sobre el espacio natural colindante”.

El promotor posee además otra explotación ganadera activa a tan solo 1.150 metros, también en el término municipal de Alfaro, donde alberga 270 cabezas (110 reproductoras y 160 de cebo/recría). Al sumar el censo de cebo de ambas fincas (743 plazas en total), la empresa se mantiene por debajo del umbral legal de 1.100 plazas, por lo que el trámite no requiere Autorización Ambiental Integrada (AAI) ni Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), limitándose a una solicitud conjunta de Licencia Ambiental y de Obras ante el Ayuntamiento de Alfaro.

Asimismo, la memoria especifica que el suministro de agua se realizará mediante una tubería privada desde la otra parcela del titular, mientras que las deyecciones se gestionarán en cama caliente de paja para su entrega íntegra a una planta de biometano en Navarra (KamBIO Bioenergías), omitiendo la aplicación de estiércol en las tierras agrícolas colindantes. No obstante, la organización ecologista alerta del “riesgo real ”de filtraciones de nitratos y lixiviados hacia el acuífero y las aguas del Carrizal y de que “las emisiones atmosféricas asociadas a las explotaciones ganaderas, incluidos determinados gases y compuestos derivados del almacenamiento y gestión de los estiércoles, pueden contribuir a procesos de contaminación y eutrofización que afectan especialmente a ecosistemas sensibles”. A ello añaden “la degradación del entorno por los ruidos, olores, iluminación nocturna y el intenso tráfico de camiones de gran tonelaje que espantarán a las especies catalogadas durante sus periodos de descanso y nidificación”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que la Administración debe valorar “no solo los impactos directos de la instalación, sino también los posibles efectos acumulativos y las molestias continuadas derivadas de la actividad”. Reclaman que se compruebe “de forma exhaustiva” el cumplimiento de todas las condiciones aplicables a la explotación, incluidas las relativas a ubicación, bioseguridad, gestión de estiércoles, protección ambiental y distancias y subrayan como “especialmente necesario” determinar si la ubicación propuesta resulta compatible con las condiciones de protección ambiental aplicables al entorno del Carrizal de Cofín y con las normas específicas de conservación del espacio natural.

“El Carrizal de Cofín está protegido porque sus valores naturales son excepcionales. Esa protección no puede quedarse en una línea dibujada sobre un plano. Si una actividad situada justo al lado puede comprometer esos valores, la Administración debe actuar antes de que se produzca el daño y denegar la autorización”, concluyen desde Ecologistas en Acción La Rioja.

Més d’una desena d’entitats —socials, ecologistes, veïnals i en defensa de l’aigua— han denunciat aquest divendres els abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Torrent de sa Font, un curs d’aigua que desemboca directament al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

La contaminació supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua, una entitat que advoca per millorar la política hídrica de les Pitiüses. Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

L’Aliança per l’Aigua explica que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Les entitats han anunciat, a més, que remetran l’informe i els resultats de les anàlisis a la Fiscalia de Medi Ambient i al Seprona de la Guàrdia Civil perquè investiguin els presumptes incompliments detectats. Així mateix, reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics i de la Conselleria de Salut per avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del Parc Natural de ses Salines.

Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva Europea sobre el tractament d’aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments són especialment greus”

“Els incompliments detectats són especialment greus”, sostenen les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesos en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent. “La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, explica a elDiario.es Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, argumenta que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, lamenta, i afegeix que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades.

“A això s’hi suma un tercer problema: s’estan fent abocaments d’aigües insuficientment depurades a l’entorn d’un parc natural”, resumeix. Malgrat tot, Tur recorda que AENA preveu destinar 230 milions d’euros a una ampliació de l’aeroport que promou, entre altres qüestions, una sala VIP més gran. “Nosaltres diem que menys sala VIP —que ja ens n’estan afartant— i més complir la normativa i adaptar les infraestructures a les necessitats actuals. Si volen ampliar la capacitat de l’aeroport fins als 11 milions de passatgers, abans haurien de garantir que les instal·lacions bàsiques, com la depuradora, funcionen correctament i compleixen la legislació”, adverteix.

Hazel Morgan, portaveu de l’associació ecologista Amics de la Terra, ha qualificat de “vergonyós” que AENA no sàpiga gestionar els recursos necessaris per a la terminal i ha considerat que el que està fent la gestora aeroportuària és “totalment il·legal”: “Pretenen fer l’ampliació sense fixar-se en aquestes qüestions; si necessiten més espai per als països no Schengen, que eliminin les botigues Duty Free per guanyar-lo”, afegeix Morgan.

Fonts d’AENA responen aelDiario.es que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins dels límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i al consum d’aigua, així com les analítiques i els informes que siguin d’aplicació, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent. “Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “a utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Risc sanitari

Dels mostrejos promoguts per l’Aliança per l’Aigua es desprèn que el pitjor resultat es va registrar el 8 de juliol, quan la contaminació orgànica va assolir un nivell 17 vegades superior al permès i els sòlids en suspensió van arribar a multiplicar per 18 el límit legal. Les anàlisis realitzades el 12 i el 25 de juny i el 22 de juliol també van detectar incompliments, sense que s’hi apreciés cap millora. Les entitats adverteixen que el problema és especialment preocupant perquè l’aigua tractada s’aboca al Torrent de sa Font, que desemboca al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, un espai protegit per la Xarxa Natura 2000.

El Torrent de sa Font neix a la serra Grossa, a uns 160 metres d’altitud, i recorre prop de nou quilòmetres fins a desembocar a la platja des Codolar. En el seu recorregut travessa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, s’uneix a un altre torrent i voreja les instal·lacions de l’aeroport abans d’arribar a la mar. En aquest darrer tram, conegut com a torrent des Rafal, la llera travessa una zona pràcticament plana fins a desembocar a l’entorn del parc natural.

Les anàlisis també posen el focus en el risc sanitari. La normativa permet un màxim de 200 unitats del bacteri E. coli per cada 100 mil·lilitres d’aigua quan aquesta es reutilitza per regar parcs i jardins, un ús que l’aeroport dona a part de l’aigua tractada. Tanmateix, en les mostres recollides les anàlisis van superar les 2.420 unitats per cada 100 mil·lilitres, el màxim que el mètode emprat era capaç de mesurar. Això significa que la concentració real podria ser encara més elevada, lamenten les entitats. En qualsevol cas, insisteixen que els resultats multipliquen per almenys dotze el límit legal.

Descarten que siguin fets aïllats

Les organitzacions adverteixen que l’aigua abocada acaba al Torrent de sa Font i, des d’allí, a la platja des Codolar, per la qual cosa temen que la contaminació fecal pugui arribar a una zona de bany i suposar un risc per a la salut pública. Per això reclamen que se suspengui cautelarment la reutilització d’aquesta aigua per al reg fins que se’n garanteixi la qualitat i que les administracions duguin a terme controls urgents tant als jardins de l’aeroport com a les aigües de bany des Codolar.

Els resultats descarten que es tracti d’un episodi aïllat, apunta l’Aliança per l’Aigua. Els incompliments es van repetir en les quatre campanyes realitzades entre juny i juliol, sense que les anàlisis reflecteixin cap millora, fet que, al seu parer, apunta a “un problema estructural de la depuradora més que no a una avaria puntual”. L’entitat sosté que la instal·lació ja és incapaç de tractar correctament el volum actual d’aigües residuals, una situació que considera especialment preocupant davant l’ampliació de l’aeroport projectada per AENA.

La denúncia arriba, a més, en un moment de creixent contestació social al projecte d’ampliació de la infraestructura aeroportuària. En les darreres setmanes, nombroses organitzacions ecologistes i veïnals han signat un manifest contra els plans d’AENA i el grup ecologista GEN-GOB també ha demanat a la Guàrdia Civil que investigui l’abastiment d’aigua potable de l’aeroport per presumptes extraccions il·legals d’un pou. A parer de l’Aliança per l’Aigua, les noves anàlisis evidencien que les infraestructures ambientals de l’aeroport ja presenten mancances amb la capacitat actual.

Les entitats exigeixen ara a AENA que faci públiques les dades tècniques de la depuradora, com la seva capacitat de tractament, el volum d’aigua que processa i el cabal que aboca, a més d’acreditar que disposa de les autoritzacions necessàries per a l’abocament i la reutilització de l’aigua. També reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics —dependent de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua— i de la Conselleria de Salut per “avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del parc natural”.

Más de una decena de entidades –sociales, ecologistas, vecinales y en defensa del agua– han denunciado este viernes los vertidos de aguas residuales y bacterias fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, un curso de agua que desemboca directamente en el Parc Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera.

La contaminación supera en hasta 17 y 12 veces los límites legales, respectivamente, según cuatro muestreos realizados por la Alianza por el Agua, una entidad que aboga por mejorar la política hídrica de las Pitiüses. Ses Salines de Eivissa y Formentera constituyen un ejemplo paradigmático de riqueza del ecosistema mediterráneo. Su singularidad radica en que es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como un espacio de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales.

La Alianza por el Agua explica que la denuncia se basa en los resultados de cuatro tomas de muestras realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear.

Las entidades han anunciado además que remitirán el informe y los resultados de los análisis a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil para que investiguen los presuntos incumplimientos detectados. Asimismo, reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos y de la Conselleria de Salud para evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de Es Codolar ni para el entorno del Parc Natural de ses Salines.

Los resultados evidencian el incumplimiento del Real Decreto 509/1996 –que transpone la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas– y de los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que el aeropuerto hace de su efluente. En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas.

“Los incumplimientos son especialmente graves”

“Los incumplimientos detectados son especialmente graves”, sostienen las organizaciones denunciantes, ya que los análisis reflejan un problema ambiental grave. La normativa fija unos límites máximos de contaminación permitido en el agua depurada pero la depuradora del aeropuerto los superó en las cuatro muestras recogidas por la Alianza por el Agua y analizadas por un laboratorio independiente. “La situación presenta varios incumplimientos. Por un lado, el acuífero está salinizado y esa salinización está provocando un proceso de desnitrificación y la generación de salmuera sin que sepamos dónde acaba. Todo ello se está haciendo, además, sin la autorización correspondiente”, explica a elDiario.es Rafa Tur, miembro de la Alianza por el Agua.

Tur, que está vinculado también al asociacionismo vecinal y la gestión forestal, argumenta que la depuradora del aeropuerto se diseñó para atender un volumen de unos cinco o seis millones de pasajeros al año, pero ahora el aeropuerto ya gestiona los nueve millones. “La instalación está claramente sobrepasada”, lamenta y añade que parte del agua depurada se reutiliza para regar los jardines del aeropuerto, pero que no cumple los parámetros exigidos por la normativa para la reutilización de aguas regeneradas.

“A eso se suma un tercer problema: se están realizando vertidos de aguas insuficientemente depuradas en el entorno de un parque natural”, resume. Pese a todo, Tur recuerda que AENA prevé destinar 230 millones de euros en una ampliación del aeropuerto que promueve, entre otras cuestiones, una sala VIP más grande. “Nosotros decimos que menos sala VIP –que ya nos están hartando– y más cumplir la normativa y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales. Si quieren ampliar la capacidad del aeropuerto hasta los 11 millones de pasajeros, antes deberían garantizar que las instalaciones básicas, como la depuradora, funcionan correctamente y cumplen la legislación”, advierte.

Fuentes de AENA responden a elDiario.es que, en base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Eivissa se abastece “exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada”. “Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes”, señalan.

Asimismo, indican que todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes, entre ellos la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern; la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que se declara el volumen de agua extraída para la liquidación del correspondiente canon. “Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas”, afirman y añaden que el aeropuerto está autorizado por Recursos Hídricos “para usar el agua saliente de la depuradora en riego de jardines y zonas verdes propias”.

Riesgo sanitario

De los muestreos promovidos por la Alianza por el Agua se desprende que el peor resultado se registró el 8 de julio, cuando la contaminación orgánica alcanzó un nivel 17 veces superior al permitido y los sólidos en suspensión llegaron a multiplicar por 18 el límite legal. Los análisis realizados el 12 y el 25 de junio y el 22 de julio también detectaron incumplimientos, sin que se apreciara ninguna mejora. Las entidades advierten de que el problema es especialmente preocupante porque el agua tratada se vierte al Torrent de sa Font, que desemboca en el Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera, un espacio protegido por la Red Natura 2000.

El Torrent de sa Font nace en la serra Grossa, a unos 160 metros de altitud, y recorre cerca de nueve kilómetros hasta desembocar en la playa de es Codolar. En su camino atraviesa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, se une a otro torrente y bordea las instalaciones del aeropuerto antes de llegar al mar. En ese último tramo, conocido como torrent des Rafal, el cauce atraviesa una zona prácticamente llana hasta desembocar en el entorno del parque natural.

Los análisis también ponen el foco en el riesgo sanitario. La normativa permite un máximo de 200 unidades de la bacteria E. coli por cada 100 mililitros de agua cuando esta se reutiliza para regar parques y jardines, un uso que el aeropuerto da a parte del agua tratada. Sin embargo, en las tomas de muestras recogidas los análisis superaron las 2.420 unidades por cada 100 mililitros, el máximo que el método empleado era capaz de medir. Esto significa que la concentración real podría ser todavía mayor, lamentan las entidades. En cualquier caso, insisten en que los resultados multiplican por al menos doce el límite legal.

Descartan que sean hechos aislados

Las organizaciones advierten de que el agua vertida acaba en el Torrent de sa Font y, desde allí, en la playa de es Codolar, por lo que temen que la contaminación fecal pueda llegar a una zona de baño y suponer un riesgo para la salud pública. Por ello reclaman que se suspenda cautelarmente la reutilización de esta agua para riego hasta que se garantice su calidad y que las administraciones realicen controles urgentes tanto en los jardines del aeropuerto como en las aguas de baño de es Codolar.

Los resultados descartan que se trate de un episodio aislado, apunta la Alianza por el Agua. Los incumplimientos se repitieron en las cuatro campañas realizadas entre junio y julio, sin que los análisis reflejen ninguna mejora, lo que, a su juicio, apunta a “un problema estructural de la depuradora más que a una avería puntual”. La entidad sostiene que la instalación ya es incapaz de tratar correctamente el volumen actual de aguas residuales, una situación que considera especialmente preocupante ante la ampliación del aeropuerto proyectada por AENA.

La denuncia llega, además, en un momento de creciente contestación social al proyecto de ampliación de la infraestructura aeroportuaria. En las últimas semanas, numerosas organizaciones ecologistas y vecinales han firmado un manifiesto contra los planes de AENA y el grupo ecologista GEN-GOB también ha pedido a la Guardia Civil que investigue el abastecimiento de agua potable del aeropuerto por presuntas extracciones ilegales de un pozo. A juicio de la Alianza por el Agua, los nuevos análisis evidencian que las infraestructuras ambientales del aeropuerto ya presentan carencias con la capacidad actual.

Las entidades exigen ahora a AENA que haga públicos los datos técnicos de la depuradora, como su capacidad de tratamiento, el volumen de agua que procesa y el caudal que vierte, además de acreditar que dispone de las autorizaciones necesarias para el vertido y la reutilización del agua. También reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos –dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua– y de la Conselleria de Salud para “evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de es Codolar ni para el entorno del parque natural”.

Artivist Network y Ecologistes en Acció han llevado este martes al barrio del Raval de Barcelona la campaña 'Cities, not saunas' (Ciudades, no saunas), impulsada en varios países europeos para denunciar cómo las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas a causa del cambio climático, están convirtiendo las ciudades en espacios cada vez más hostiles para la vida y afectan especialmente a las comunidades más vulnerables.

La acción ha consistido en una actuación visual en la que varias personas se han reunido en la Rambla del Raval vestidas únicamente con toallas, como si estuvieran en una sauna, para denunciar que muchos barrios europeos se están calentando hasta niveles incompatibles con una vida digna.

La campaña '#CitiesNotSaunas' se desarrolla este verano en diferentes ciudades europeas para recordar que el calor extremo constituye ya una emergencia de salud pública y que la adaptación al cambio climático debe convertirse en una prioridad política. Las organizaciones impulsoras insisten en que las ciudades pueden salvar vidas si actúan con rapidez, reduciendo las temperaturas urbanas y protegiendo a las personas que más sufren sus impactos.

La intervención va acompañada de fotografías térmicas que muestran las diferencias de temperatura entre distintos espacios urbanos y evidencian el efecto de la falta de sombra, vegetación y materiales adecuados en el diseño de la ciudad.

Las olas de calor no afectan a toda la población por igual. La exposición al calor extremo está profundamente condicionada por factores sociales y económicos: vivir en una vivienda mal aislada, no poder permitirse aire acondicionado, trabajar al aire libre o residir en barrios con escasez de árboles y espacios verdes incrementa significativamente el riesgo para la salud. En Barcelona, barrios densamente urbanizados y con índices más elevados de vulnerabilidad socioeconómica, como el Raval, sufren especialmente el efecto isla de calor y concentran una población con menos recursos para protegerse de las altas temperaturas. La emergencia climática, por tanto, es también una cuestión de justicia social.

Diversos estudios advierten, además, que los impactos económicos y sociales del calor extremo seguirán aumentando si no se adoptan medidas ambiciosas. Actualmente, las olas de calor ya representan pérdidas equivalentes a hasta el 0,5% del PIB europeo cada año, una cifra que podría superar el 3% en los países más afectados del sur de Europa antes de 2060. Si las emisiones continúan aumentando y la adaptación sigue siendo insuficiente, la mortalidad asociada al calor podría incrementarse en torno a un 50% de aquí a finales de siglo.

Con esta acción, las organizaciones reclaman que Barcelona y el resto de ciudades adopten planes de adaptación al calor que sitúen la salud pública y la justicia climática en el centro de las políticas urbanas. Entre las medidas prioritarias destacan aumentar el arbolado y las zonas verdes para reducir el efecto isla de calor, sustituir superficies de asfalto y hormigón por soluciones permeables y ajardinadas, ampliar la red de refugios climáticos gratuitos y accesibles, proteger a las personas trabajadoras expuestas al calor y garantizar que el urbanismo incorpore criterios de resiliencia climática en todos los nuevos proyectos.

Desde Ecologistes en Acció exigen al gobierno municipal, y por extensión a toda la clase política, que “deje de emitir mensajes contradictorios ante la emergencia climática y actúe con coherencia. No es aceptable colgarse medallas por el número de refugios climáticos con que cuenta la ciudad mientras se potencian actividades que emiten enormes cantidades de CO2, como el turismo de cruceros o el tráfico aéreo, cuyas emisiones aumentarían un 45% con la ampliación del aeropuerto que se proyecta, y que, además, deterioran las condiciones de vida en la ciudad con el agravamiento de la masificación turística”. “Estas actividades contribuyen fuertemente al calentamiento global y nos acercan todavía más al abismo climático. Es lamentable que los gobiernos sigan sin planificar una movilidad realmente más sostenible o un urbanismo más verde”, añaden.

“No hay que empeñarse en discutir con las personas cabezotas: la contradicción les irrita en lugar de ilustrarles”, decía Voltaire. Intento recordarlo estos días cada vez que, en la aldea alpujarreña a la que he subido en busca de un poco de frescor, topo con gente que me cuenta que no hay modo de contratar a un albañil, un fontanero o un electricista -están todos ocupadísimos-, y, acto seguido, despotrica de que España se haya llenado de inmigrantes. O que proclama que aquí siempre ha hecho calor en verano, para añadir de inmediato que en estas laderas de Sierra Nevada nunca se habían alcanzado las altas temperaturas que nos han impedido dormir algunas noches del mes de julio.

Son buena gente, algunos viejos amigos míos, pero repiten tozudamente lo que oyen en las barras de los bares y las tertulias de la mayoría de las cadenas de televisión, y también lo que ven en los grupos de WhatsApp a los que están suscritos. Aunque tal rotunda afirmación y la siguiente sean evidentemente discordantes, como quejarse de la escasez de mano de obra y desear la expulsión de los inmigrantes. O como negar el cambio climático y reconocer que nunca había hecho tanto calor. Siguiendo el consejo de Voltaire, yo los escucho sin discutir, enviándoles como mucho una mirada irónica.

A veces, sin embargo, no puedo evitar contradecirles. Lo he hecho, por ejemplo, cuando un vecino me ha soltado que la culpa de los incendios forestales de este y los anteriores veranos la tienen los ecologistas que impiden que se limpien los bosques. Resulta que soy socio de un grupo verde de Salobreña, la Asociación Cal y Caña, y jamás he sido convocado para patrullar los montes con el objetivo de acosar a los van a recoger la leña menuda que haya caído al suelo. Si Cal y Caña me ha convocado algún fin de semana, ha sido para retirar latas, plásticos y demás basuras de la costa, le he informado a ese vecino.

Me he ahorrado recordarle al vecino la vigencia de la ley de Montes aprobada en 2003 por la mayoría absoluta del PP que obliga a propietarios privados y administraciones públicas a mantener limpias las zonas forestales. Para qué gastar demasiada saliva. Sé de sobras que una pertinaz campaña ideológica de las derechas ha convertido a los ecologistas en la suprema encarnación del diablo para muchos habitantes de la España rural. Los verdes son para ellos los culpables de todo: de que los jóvenes de los pueblos se vayan a buscar trabajo a las ciudades, de que el gasoil no sea gratis para los agricultores, de que no puedan usarse insecticidas tremebundos, de que no pueda disparársele a placer a cualquier lince, zorro, lobo o ciervo con que te topes. También de que los incendios forestales sean, verano tras verano, cada vez más apocalípticos porque persiguen con saña a los que recogen leña o pastorean cabras y ovejas.

Escucho este tipo de sandeces en el pueblo en que veraneo y me digo que, de todos los cargos de nuestro sistema político, el de presidente o presidenta de comunidad autónoma es el mayor chollazo. Son ovacionados cuando acuden a ferias, bodas, bautizos, comuniones, inauguraciones, romerías, festejos taurinos y demás saraos. Pero nunca son responsables del deterioro de la sanidad pública, de la ineficaz prevención de incendios forestales, de la respuesta pasota a una inundación o del tercermundismo de las aulas públicas. No, de todo esto la culpa la tiene siempre aquel que no tiene competencias directas en ello: el Gobierno central, de preferencia, claro, el socialcomunista de Pedro Sánchez.

Soy federalista y apoyé el paso en la vía de la descentralización que supusieron las comunidades autónomas, pero, para qué voy a negarlo, ahora contemplo el Estado de las autonomías con creciente escepticismo. Todo en él son ventajas para los barones autonómicos: pueden quedar de maravilla bajando impuestos, aunque sea a costa del deterioro de los servicios públicos que gestionan. Ni tan siquiera pagarán un precio electoral: mientras ofrecen imágenes del barón o la baronesa bailando en una fiesta patronal, las televisiones regionales y los diarios de provincias que ellos subvencionan insistirán en que el #Perro es el culpable de ese deterioro. Y, a fuer de repetirlo, mucha peña se lo creerá.

Impunes salieron Ayuso de la mortandad en las residencias de Madrid, Mazón de la larga sobremesa en El Ventorro mientras Valencia se ahogaba, Moreno Bonilla del espanto de los cribados de cáncer de mama. El artículo 171 de la Constitución solo es aplicable a los malvados independentistas catalanes, los demás dirigentes autonómicos tienen bula siempre y cuando se envuelven en la bandera rojigualda. Y así nos va. A este ritmo, tendrán que ser nuestros nietos o bisnietos los que establezcan en nuestra querida piel de toro el principio de que no hay autoridad, ni tan siquiera autonómica, sin su correspondiente responsabilidad.

La asociación Turcón Ecologistas en Acción ha anunciado este viernes que se personará en las cinco causas abiertas en los tribunales por los episodios de contaminación del litoral en Gran Canaria registrados entre octubre y noviembre de 2025, especialmente en Telde.

La organización ha detallado en un comunicado que lo harán en calidad de acción popular, y ha recordado que fue la propia Turcón la primera en denunciar estos hechos nada más tener conocimiento de ellos y en solicitar tanto a la Justicia como a los organismos con competencias “actuaciones esclarecedoras” y medidas cautelares de contención sobre lo que estaba pasando.

El 14 de octubre de 2025 Turcón llevó a la prensa local las primeras denuncias ciudadanas de bañistas de la playa de Salinetas que encontraban manchas aceitosas en la zona de baño.

Desde ese momento se movilizaron para reclamar a las administraciones públicas medidas de transparencia y retirada de las jaulas marinas que hay cerca de la costa.

Esa contaminación alcanzó, según ha señalado Turcón, a 12 playas de siete municipios de la isla, sin que se pusiera en marcha ninguna medida de contención por parte de las administraciones competentes hasta el 6 de noviembre, casi un mes después.

Desde ese momento, han pasado “más de diez meses sin que las administraciones públicas responsables de la conservación de nuestras aguas hayan dado una explicación razonable”, ha denunciado el colectivo ecologista, motivo por el cual ha tomado la decisión de utilizar “todas las herramientas” a su alcance para esclarecer lo ocurrido y descubrir a los responsables.