Ecologistas en Acción Ciudad Real ha presentado alegaciones a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y al Estudio de Impacto Ambiental de una ampliación de explotación ganadera de 265.000 gallinas ponedoras en Tomelloso (Ciudad Real).

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación ya existente, cuyo titular es la empresa Becerra Ponce SL, “pasando de 115.000 gallinas a 265.000, requiriendo la construcción de dos naves para ponedoras y una tercera para recría”, explican.

El colectivo ecologista apunta que las naves para ponedoras presentarán una capacidad de 50.000 aves cada una de ellas, y la nave criadero dispondrá de una capacidad de albergue de 50.000 pollitas de recría. Se estima que la cantidad anual de gallinaza -excremento o estiércol de gallinas y pollos-, que será trasladada mediante cintas a un remolque para su aprovechamiento agronómico, “no siendo necesario ningún estercolero o balsa de almacenamiento dentro de la finca, será de 3.975 toneladas, lo que equivale a unas 11 toneladas al día”.

Aparentes incoherencias del proyecto

Desde Ecologistas en Acción Ciudad Real señalan que la documentación presentada “ofrece tres cifras distintas e incompatibles entre sí” sobre la distancia que separa la explotación del núcleo urbano. El Proyecto Básico de Ampliación (PBA) afirma que la distancia al núcleo urbano habitado más próximo es de “aproximadamente 10.000 metros”. El documento de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) puntualizan en cambio que “la distancia al núcleo urbano más cercano es de unos 700 metros”. El mismo EIA en el apartado sobre el impacto a la atmósfera sostiene que se trata de una zona alejada del núcleo de población, a más de 8 kilómetros del casco urbano más cercano.

El PBA afirma que el término municipal de Tomelloso se encuentra incluido “dentro de las zonas catalogadas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario” y añade que de aplicar los estiércoles en esta zona, como abono órganomineral, se respetará siempre la dosis especificada por ley -que no exceda los 170 kilos por hectárea y año-.

Sin embargo, el EIA afirma justo lo contrario, que el término municipal de Tomelloso no está catalogado como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos. “Se trata, por tanto, de una contradicción entre dos documentos del propio promotor, Proyecto Básico y Sistema de Gestión Ambiental o SGA, que coinciden en calificar la Zona como Vulnerable a la Contaminación por Nitratos de Origen Agrario, frente a un tercero, el EIA, que lo niega expresamente”, explican desde el colectivo ecologista. Por otra parte, añaden que “la disparidad no es casual, dado que de la calificación correcta depende directamente el régimen jurídico aplicable a la gestión y aplicación agrícola del estiércol generado por la explotación, así como los límites máximos de nitrógeno aplicable por hectárea y año”.

Ecologistas en Acción apunta que el promotor calcula que se necesitan 748,23 hectáreas de superficie agrícola para aplicar el estiércol generado, “sin acreditar en ningún punto del expediente que dicha superficie exista o esté comprometida, ni que conste un contrato o compromiso de agricultores beneficiarios, garantizando la trazabilidad del residuo”. Añaden que es también perceptible “la ausencia de acreditación cuantitativa del cumplimiento de los valores de emisión de amoniaco asociados a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)”.

Sin estudio de impacto de olores o presencia de fauna esteparia

Otro de los déficits detectados por la colectivo “es la infravaloración del carácter acumulativo de la carga contaminante a medio y largo plazo”. Plantean que aunque se hace una relativa estimación y cuantificación de las emisiones de los gases y sustancias contaminantes (amoníaco, óxido nitroso y metano), “desprecia los efectos sinérgicos o acumulativos que puedan afectar al medio ambiente y a la salud pública, como reclama la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”.

Ecologistas en Acción Ciudad Real señalan que tampoco existen estudios de impacto por olores y de impacto acústico, “sin llegar a aportar mediciones reales efectuadas en el terreno”, además de estudios de campo de la posible presencia de avifauna esteparia protegida.

Además, explican que “el examen de alternativas es insuficiente, no ajustándose a las exigencias legales, dado que no contempla la Alternativa 0 (no realización del proyecto) al apoyarse en una vaga argumentación genérica acerca de la fijación de población y decadencia rural”. Matizan que “no aportan ningún dato cuantificado sobre empleo generado, actual o futuro, ni sobre el impacto económico real de la actividad en el municipio”.

Según el colectivo, en la documentación proporcionada no se cita la obligación de presentar un plan de bienestar animal, requisito contemplado por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas. Por esta “notoria falta de rigor documental” los ecologistas consideran “un posible corta y pega de documentación correspondiente a otros proyectos”.

De esta forma, Ecologistas en Acción Ciudad Real pide a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha que se corrijan y actualicen los puntos anteriores o que, en su defecto, se dicte resolución desfavorable a la Declaración de Impacto Ambiental y se deniegue la revisión de la Autorización Ambiental Integrada solicitada.

La Policía Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) investiga un presunto delito ambiental tras localizar un vehículo abandonado en el cauce de un barranco ubicado entre la playa del Puertito de Los Molinos y la playa de Jarugo produciendo vertidos de aceite y productos contaminantes para el medio ambiente, según ha difundido este lunes en sus redes sociales.

El cuerpo policial fue alertado por la aparición de una camioneta accidentada en un paraje natural de la costa oeste del municipio de Puerto del Rosario y tras la inspección ocular se ha constatado que dicho vehículo fue abandonado de forma deliberada en el lugar.

La Policía asegura que como consecuencia de ello, se han producido vertidos de aceite y productos contaminantes para el medio ambiente en el cauce de un barranco, afectando al subsuelo y con riesgo evidente de afección a aguas subterráneas y marítimas, además del abandono de la propia carrocería del vehículo con otros elementos contaminantes del mismo.

Todo ello, “podría acarrear graves daños para la calidad del suelo, las aguas, así como para plantas y animales endémicos de zonas áridas de la isla”, sostiene el cuerpo.

Por eso, se investiga la comisión de un presunto delito contra el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal.

En estos momentos se están llevando a cabo las pesquisas oportunas para identificar y localizar al titular del vehículo y para el esclarecimiento de los hechos, así como los trámites para la retirada, a la mayor brevedad, del vehículo del lugar.

Los apoyos políticos, sociales y legales al macrovertedero de Zarra van cayendo según pasan las semanas y hacen cada vez más inviable su construcción. Además, la contestación ciudadana es cada vez mayor, como quedó patente en la última concentración de la plataforma opositora al proyecto, que reunió a cientos de personas en el municipio del Valle de Ayora.

El exalcalde Juan José Rubio —del partido local AEPZ— impulsó la obra junto a la empresa privada Treco Gestión de Residuos en 2017, pero la actual corporación, liderada por el socialista Raúl Martínez, rechaza su construcción y deja el proyecto herido de muerte. Juan José Rubio argumentó en su día, según el acta del Ayuntamiento a la que ha tenido acceso elDiario.es, que los terrenos sobre los que se construiría la planta de residuos estaban “echados a perder” y que podría “reportar beneficios importantes al municipio”. “Se prevé la creación de unos treinta puestos de trabajo. Salvo el personal técnico, se va a procurar que se contrate a personal de Zarra. Se prevé la revisión del Convenio cada cinco años”, refleja el acta del pleno que aprobó el convenio.

El actual alcalde explica que, en el pleno extraordinario celebrado el pasado 9 de julio de 2026, el equipo de gobierno fijó claramente su posición respecto al proyecto: “Zarra rechaza la implantación del vertedero en los términos planteados, un posicionamiento que ya ha sido trasladado por los cauces institucionales correspondientes”, en referencia a la Conselleria de Medio Ambiente, que es la que está elaborando el informe de impacto ambiental. Fuentes de la conselleria explicaron a este periódico que, con la oposición del consistorio, era muy difícil que prosperara el proyecto. De hecho, el PP de la Comunitat Valenciana, que sostiene al Gobierno de Pérez Llorca, se pronunció esta misma semana contra el macrovertedero.

Raúl Martínez recuerda que el actual concejal Juan Carlos Escudero formaba parte de aquel ejecutivo local en 2017, como representante de AEPZ (Agrupación de Electores por Zarra), formación que actualmente corresponde a JPZ (Juntos por Zarra), de la que hoy es portavoz en la oposición. “Cabe destacar que en 2017 ninguno de los miembros del equipo de gobierno que hoy gestiona el municipio formaba parte de aquella corporación municipal que rubricó la aprobación de dicho convenio. Por tanto, mientras el gobierno municipal se ha encontrado con un procedimiento iniciado años atrás, quien hoy ejerce la oposición sí estuvo presente en la decisión que dio origen al expediente”, denuncia el alcalde.

Para el socialista Raúl Martínez, resulta “llamativo” que quien en 2017 participó en la aprobación de un convenio favorable a la instalación de este vertedero “pretenda ahora trasladar la responsabilidad al gobierno municipal, cuando los hechos demuestran que esta corporación ha tenido que afrontar un procedimiento iniciado con anterioridad y ha actuado defendiendo los intereses de Zarra, rechazando el proyecto en los términos planteados”. “El equipo de gobierno ha asumido la responsabilidad de gestionar esta situación heredada, actuando desde el primer momento con transparencia y trasladando su oposición al proyecto al considerar que no responde al modelo de municipio que se quiere construir para Zarra”, añade.

Según ha podido saber elDiario.es de fuentes conocedoras del procedimiento, si el Ayuntamiento de Zarra no concede una nueva licencia de obras, porque la actual no estaría en vigor, la empresa no podría impulsar el macrovertedero. Esa licencia estaría desactualizada, según las mismas fuentes, y necesitaría ser refrendada una vez más por el pleno del Ayuntamiento de Zarra, que ahora está en contra del proyecto. Esto dejaría a la promotora sin una de las autorizaciones necesarias incluso en el improbable caso de que la Conselleria de Medio Ambiente aprobara la declaración de impacto ambiental.

Els suports polítics, socials i legals al macroabocador de Zarra van caient a mesura que passen les setmanes i fan cada vegada més inviable la seua construcció. A més, la contestació ciutadana és cada vegada més gran, com va quedar patent en l’última concentració de la plataforma opositora al projecte, que va reunir centenars de persones al municipi de la Vall d’Ayora.

L’exalcalde Juan José Rubio —del partit local AEPZ— va impulsar l’obra juntament amb l’empresa privada Treco Gestión de Residuos el 2017, però l’actual corporació, liderada pel socialista Raúl Martínez, rebutja la seua construcció i deixa el projecte ferit de mort. Juan José Rubio va argumentar en el seu dia, segons l’acta de l’Ajuntament a la qual ha tingut accés elDiario.es, que els terrenys sobre els quals es construiria la planta de residus estaven “llançats a perdre” i que podria reportar beneficis importants al municipi. “Es preveu la creació d’uns trenta llocs de treball. Tret del personal tècnic, es procurarà que es contracte personal de Zarra. Es preveu la revisió del conveni cada cinc anys”, reflecteix l’acta del ple que va aprovar el conveni.

L’actual alcalde explica que, en el ple extraordinari celebrat el passat 9 de juliol del 2026, l’equip de govern va fixar clarament la seua posició respecte del projecte: “Zarra rebutja la implantació de l’abocador en els termes plantejats, un posicionament que ja ha sigut traslladat pels canals institucionals corresponents”, en referència a la Conselleria de Medi Ambient, que és la que està elaborant l’informe d’impacte ambiental. Fonts de la Conselleria van explicar a aquest diari que, amb l’oposició del consistori, era molt difícil que prosperara el projecte. De fet, el PP de la Comunitat Valenciana, que sosté el Govern de Pérez Llorca, es va pronunciar aquesta mateixa setmana contra el macroabocador.

Raúl Martínez recorda que l’actual regidor Juan Carlos Escudero formava part d’aquell executiu local el 2017, com a representant d’AEPZ (Agrupació d’Electors per Zarra), formació que actualment correspon a JPZ (Junts per Zarra), de la qual hui és portaveu en l’oposició. “Cal destacar que el 2017 cap dels membres de l’equip de govern que hui gestiona el municipi formava part d’aquella corporació municipal que va rubricar l’aprovació d’aquest conveni. Per tant, mentre el govern municipal s’ha trobat amb un procediment iniciat anys arrere, qui hui exerceix l’oposició sí que va estar present en la decisió que va donar origen a l’expedient”, denuncia l’alcalde.

Per al socialista Raúl Martínez, resulta “cridaner” que qui el 2017 va participar en l’aprovació d’un conveni favorable a la instal·lació d’aquest abocador “pretenga ara traslladar la responsabilitat al govern municipal, quan els fets demostren que aquesta corporació ha hagut d’afrontar un procediment iniciat amb anterioritat i ha actuat defensant els interessos de Zarra, rebutjant el projecte en els termes plantejats”. “L’equip de govern ha assumit la responsabilitat de gestionar aquesta situació heretada, actuant des del primer moment amb transparència i traslladant la seua oposició al projecte en considerar que no respon al model de municipi que es vol construir per a Zarra”, afig.

Segons ha pogut saber elDiario.es de fonts coneixedores del procediment, si l’Ajuntament de Zarra no concedeix una nova llicència d’obres, perquè l’actual no estaria en vigor, l’empresa no podria impulsar el macroabocador. Aquesta llicència estaria desactualitzada, segons les mateixes fonts, i necessitaria ser referendada una vegada més pel ple de l’Ajuntament de Zarra, que ara està en contra del projecte. Això deixaria la promotora sense una de les autoritzacions necessàries fins i tot en l’improbable cas que la Conselleria de Medi Ambient aprove la declaració d’impacte ambiental.

Desde la mañana de este lunes, Gipuzkoa abrió la llave para que un gas renovable entre a unos pocos miles sus hogares merced a la gestión de sus residuos orgánicos. El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha puesto en marcha la planta de 'Upgrading' en el denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa. La maquinaria, la segunda de su tipo en España, es considerada por el presidente de GHK y diputado foral, el socialista José Ignacio Asensio, como una “vanguardia de la innovación ambiental”, consolidando al territorio como referente en “economía circular y transición energética”.

El proceso comienza en cada hogar con la separación de residuos en el contenedor marrón. Tras ser recogidos, se procesan anualmente cerca de 55.000 toneladas de materia orgánica. De este total, 15.000 toneladas se transforman en compost para uso agrícola; las 40.000 restantes se someten a un proceso de “digestión anaeróbica” donde millones de microorganismos transforman la materia en biogás. Anteriormente, se destinaba únicamente a generar electricidad mediante motores de cogeneración.

Ahora, con la nueva instalación, el complejo guipuzcoano puede decidir el destino más eficiente del recurso según las necesidades del sistema. A través del 'Upgrading', el biogás se purifica gracias a su paso por membranas que separan el dióxido de carbono del biometano, un gas renovable y de calidad. Finalmente, este se inyecta directamente a la red, aportando el equivalente al consumo medio anual de 9.000 hogares.

Juan Villar, consejero delegado de Nortegás, ha destacado durante el acto que “la tecnología se compra” pero “el compromiso ciudadano no”, agradeciendo la implicación de la sociedad guipuzcoana. Por su parte, Asensio ha señalado que este compromiso ha logrado duplicar la recogida selectiva de materia orgánica en una década, pasando del 29% al 60%. En este sentido, ha subrayado cómo “un gesto tan cotidiano” como separar la basura se traduce en “energía limpia, empleo y riqueza para el territorio”.

Se ha publicitado que la nueva infraestructura sitúa a Gipuzkoa entre las regiones europeas más avanzadas en gestión de residuos, un tema que ha suscitado controversias en el territorio durante años. Javier Rivas, directivo de FCC Medio Ambiente, una de las adjudicatarias del Complejo, ha calificado de “honor” formar parte de este avance, realizado “medianamente en plazo” gracias a la colaboración entre entidades. Aunque en 2022 se instaló la primera planta de este tipo en Valdemingómez, en Madrid, los responsables destacan que el 'Upgrading' de Gipuzkoa incorpora mejoras tecnológicas más punteras.

En la presentación se ha insistido en que el proyecto se alinea con las estrategias de la Unión Europea y el Gobierno de España para disminuir el consumo de combustibles fósiles. Actualmente, el Ejecutivo trabaja en una regulación para establecer una cuota obligatoria de biometano en el sistema gasista del 6% para 2035. Para superar este reto, Villar ha estimado que Euskadi necesita entre 25 y 35 plantas similares. En Europa, cerca de 2.000 plantas de biometano ya están en funcionamiento, consolidando este gas renovable como una herramienta clave para la descarbonización.

Suma y sigue. El cambio en la composición del Parlamento Europeo ha significado un giro antiambiental en la Comisión Europea que supone el desmantelamiento de las políticas ambientales y el descarte de una aplicación más ambiciosa del Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Hay una creciente ofensiva desreguladora que amenaza algunas de las principales conquistas ambientales de la Unión Europea.

La revisión de la Directiva Aves, la Directiva Hábitats y la Directiva Marco del Agua, junto con los retrasos e incertidumbres en torno a la aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, forman parte de una tendencia que cuestiona el compromiso de las instituciones europeas con la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Detrás de la propaganda de la simplificación y competitividad, la Comisión Europea está impulsando una agenda de desregulación que amenaza con desmontar décadas de avances ambientales. Lo que se quiere difundir como una reducción de cargas administrativas se está convirtiendo en una auténtica trituradora ambiental.

Las evaluaciones realizadas por las propias instituciones europeas han concluido reiteradamente que la legislación ambiental vigente es adecuada para cumplir sus objetivos. Los problemas no se encuentran en las normas, sino en la insuficiente financiación, la falta de medios para su aplicación efectiva y su incumplimiento.

La Comisión Europea tiene que descartar cualquier debilitamiento de las Directivas de Naturaleza y de la Directiva Marco del Agua, garantizar la plena aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación y reforzar los mecanismos de participación pública, transparencia y rendición de cuentas en todos los procesos relacionados con el medio ambiente.

Es preocupante el creciente cuestionamiento de la financiación ambiental europea en un momento en que la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas exigen precisamente más inversión pública. Es necesario que el Marco Financiero Plurianual refuerce las políticas ambientales europeas y garantice la continuidad y fortalecimiento de instrumentos esenciales como el programa LIFE, elemento clave para la conservación de la biodiversidad, la restauración ecológica y la adaptación al cambio climático.

La elaboración del Plan Nacional de Restauración en España, impulsado hasta la fecha, no está garantizando niveles suficientes de participación pública, transparencia ni ambición para responder a la magnitud de la crisis ecológica. La generación que tendrá que convivir durante más tiempo con los impactos de la crisis climática y ecológica observa cómo se cuestionan leyes cuya necesidad es hoy más evidente que nunca. Mientras tanto, los ecosistemas se degradan, las sequías se intensifican y la biodiversidad continúa desapareciendo, No se necesita menos protección ambiental sino más protección, más financiación y más democracia. Desmantelar las herramientas que protegen la naturaleza no es simplificar, es renunciar a un futuro sostenible.

En nuestra región tenemos síntomas paradigmáticos de desregulación y anti ambientalismo. El Decreto-ley 1/2025, de Simplificación Administrativa ha acelerado, con el pretexto de la simplificación de los procedimientos, la aprobación de las autorizaciones ambientales de proyectos disminuyendo las garantías de protección ambiental.

La Asamblea Regional de Murcia ha impulsado una reforma de la protección del Mar Menor en el marco de los acuerdos presupuestarios del PP y Vox. Se pretende realizarla a través de un proyecto de Ley de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. Esta modificación busca flexibilizar algunas sanciones al sector agropecuario, disminuir la cuantía de las multas y permitir mayores subvenciones a empresas. Sin embargo, desde diversas instancias jurídicas, se denuncia que la iniciativa tramitada en la Asamblea Regional provocaría una regresión ambiental.

El PP defiende los cambios en los que se adaptará el régimen sancionador y se aclararán las restricciones agrícolas, asegurando que no se reducirá la protección del ecosistema. Vox va más allá, reclama una reforma más profunda de la normativa, para eliminar entidades de control (ECARM) y prohibir la instalación de macrofotovoltaicas en la cuenca. Ha reclamado la derogación de la ley, argumentando que criminaliza al sector agroexportador.

La respuesta social frente al antiambientalismo y desregulación del Mar Menor no ha tardado en producirse. Plataformas ecologistas y sociales, como Pacto por el Mar Menor, han manifestado su rechazo al proyecto, definiéndolo como una involución y denunciando que las modificaciones buscan relajar los controles medioambientales para beneficiar a la agroindustria. La sociedad civil murciana no debe permanecer pasiva ante este atentado ambiental y reclamar una mayor protección de nuestro patrimonio natural.

Enrique Francés (1952, Santander) es biólogo y doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo. Exprofesor titular de la Universidad de Cantabria, hoy este especialista en ordenación territorial y en cartografía de vegetación, está jubilado. Ha centrado su trabajo en la ecología aplicada al territorio de Cantabria, coordinando proyectos como la Red Natura 2000 y el Plan Forestal de Cantabria, para el gobierno autonómico. También ha participado en múltiples proyectos relacionados con la gestión forestal, que es la forma de manejar los bosques y los matorrales de Cantabria. Francés ejerce hoy como miembro asesor del Comité Científico del Geoparque Costa Quebrada, pulmón natural de unos 20 kilómetros de extensión. Pero también es uno de los más de cien científicos de 26 universidades públicas y nueve centros del CSIC que se han posicionado en contra de una polémica resolución del Gobierno de Cantabria (PP) en la que el ejecutivo ha interpretado de forma “insensata”, según Francés, un reglamento europeo que busca frenar la deforestación, evitar la comercialización en el mercado europeo de productos vinculados a la deforestación y proteger los bosques primarios o vírgenes, e incentivar los procesos de regeneración natural de los bosques.

La resolución del Gobierno de Cantabria de 2026 rechaza la existencia de bosques primarios en la comunidad e incluye “un nuevo” concepto, advierte Francés: el bosque secundario o seminatural. Este tipo de ecosistema, según el gobierno, es el que caracteriza los robledales, hayedos y encinares de Cantabria. Y, como consecuencia, siempre según la resolución del PP, no implicaría incorporar las directrices europeas al pie de la letra: las zonas sin árboles “no son resultado de procesos de deforestación asociados a cambios de uso del suelo hacia la agricultura u otros fines productivos, sino consecuencia de procesos naturales, abandono rural o dinámica ecológica espontánea”, dice el documento. Por lo tanto, el texto defiende que la recuperación con nuevas plantaciones en las zonas que hayan sufrido pérdidas de masa forestal “no supone una degradación”.

El fin de la resolución, reza el texto autonómico, es proporcionar “certeza jurídica” y “evitar interpretaciones erróneas o restrictivas que pudieran derivar en obstáculos comerciales o administrativos injustificados” a las empresas del sector forestal. Los científicos firmantes del manifiesto, como Francés, se llevan las manos a la cabeza y animan a la gente a firmar el manifiesto.

Recientemente, firmó junto con otros 100 científicos un manifiesto, ¿por qué?

La comunidad de Cantabria han firmado un documento en el que interpreta una resolución de la Unión Europea y dice que en Cantabria no hay bosques primarios. Firmé el manifiesto porque la resolución escrita por el Gobierno de Cantabria es una insensatez; quienes afirman lo que dice ese documento son terraplanistas forestales; Han redactado un texto que interpreta una resolución de la Unión Europea de forma malintencionada, asegurando que en Cantabria no existen bosques primarios para favorecer intereses particulares.

¿Qué es un bosque primario?, ¿hay en Cantabria?

El bosque primario es aquel no tocado ni alterado por la acción humana. En toda Europa occidental no existe ni un solo bosque primario; los que quedan son ecuatoriales y tropicales, del sureste asiático, de Latinoamérica, y sobre todo las grandes extensiones de bosques del norte de Europa, Siberia, etcétera. Puede que ahí haya reductos de bosques primarios donde no ha entrado el hombre, pero el hombre ha entrado ya en todos los bosques del planeta, otra cosa es que no los hayan alterado. En Europa occidental, entre España y Cantabria, los bosques están muy transformados. En Cantabria lo que tenemos son bosques autóctonos de gran valor ecológico que están perfectamente cartografiados.

¿Cuánta superficie de bosques autóctonos calcula que quedan en Cantabria?

En Cantabria hay un 41% de superficie de arbolado autóctono. Además, contamos con un 16% de repoblaciones forestales y un 31% de matorral y brezal. En su momento, hicimos para el gobierno regional, está público, está a disposición de todo el mundo, una cartografía de los bosques autóctonos de Cantabria. Esos bosques autóctonos provienen de una época climática concreta, después de las glaciaciones. Originalmente, toda Cantabria era un antiguo bosque hasta los 2000 metros de altitud, pero actualmente el paisaje es un mosaico de prados de siega, matorrales, bosques, autopistas y polígonos industriales.

¿Qué caracteriza los bosques de Cantabria?, ¿qué los hace singulares?

Los bosques de Cantabria son similares a los del arco atlántico europeo; son bosques de hoja plana caducifolios. Lo que los hace singulares es su 'cortejo florístico', es decir, el sotobosque y las plantas herbáceas. Debido a que la península ibérica se libró de las últimas glaciaciones que cubrieron Europa, conserva cerca del 90% de la biodiversidad del continente. Tenemos especies raras, escasas y algunas únicas, como los brezales de Erica macayana, que son endémicos de un sector de la cordillera cantábrica y de conservación. Curiosamente, lo más valioso para la Red Natura 2000 es el matorral brezal.

El manifiesto se llama 'Nuestros bosques se defienden', ¿de qué y por qué hay que defenderlos?

Porque son una joya biológica, natural, florística y faunística de enorme valor. Quedan muy pocos en comparación con los bosques primitivos y hay que protegerlos de su transformación y de que cualquiera que decida, en dos semanas, tirar 70 robles con una pala y una motosierra para hacer tablones. Tú pones en el centro de una circunferencia en La Cavada, que es donde estuvo la fábrica de cañones, haces un círculo y ves cómo, en toda la zona oriental de Cantabria, han desaparecido los robledales. Y, sin embargo, en la zona occidental de Cantabria (Liébana, Saja, Nansa) se han conservado mejor.

¿Habría que proteger alguna especie de árbol en concreto?

Los únicos bosques de Cantabria que están incluidos en la Red Natura 2000 son los hayedos calizos situados, sobre todo, en la zona oriental de Cantabria. Pero, en Cantabria concretamente, y estaba de acuerdo la dirección general de Montes, la especie más explotada, golpeada y que hay que cuidar es el robledal. Europa no quiere proteger robledales en España, algunos de ellos, sí, claro, pero no es su mayor preocupación. Aunque a Europa no le interese -porque Europa está llena de robles, Quercus Robur, -La Cajiga de aquí-, a Cantabria sí le interesa, porque esas masas de roble están muy degradadas, tienen una gran calidad, tienen una fauna específica, tienen una flora específica, mientras que los hayedos, son más abundantes, están menos afectados. Ha sido con la madera de robles con la que se han construido todas las casas de las zonas rurales de Cantabria, de los pueblos, y las cuadras gigantescas que te puedes encontrar en el valle del Nansa. Y, luego, hay otro tipo de bosques que son las alisedas: los bosques lineales que van por las orillas de los ríos, que protegen las orillas de la erosión; esos bosques que -mientras todo el paisaje está transformado en prado-, se mantienen porque se han mantenido de siempre. Las alisedas son lo que denominan los zoólogos autopistas para la fauna: toda la fauna cruza los territorios de montaña con las zonas bajas a través de los ríos. Los bosques de Alisos son de conservación prioritaria.

¿Qué objetivos tiene el reglamento de la Unión Europea?

La Unión Europea busca que no entren maderas procedentes del sureste asiático, de la Amazonía, etcétera. Entonces llega el reglamento de la Unión Europea y el Gobierno autonómico lo aplica a Cantabria. Pero la Unión Europea está hablando de los bosques primarios que quedan en el planeta: el gobierno tiene que hacer una legislación adaptada a la situación de Cantabria.

El reglamento europeo dice también que la degradación forestal es “la conversión de bosques primarios o de regeneración natural en plantaciones forestales”, ¿qué son los bosques de regeneración natural?

Es dejar que los montes se recuperen ellos solos, porque ellos mismos, como ecosistemas vivos que son, seleccionan mejor que nosotros qué árbol se va a morir y qué árbol va a seguir viviendo, contando con los rebrotes de las semillas que caen, de los robles, por ejemplo, que están creciendo bien y se están recuperando bien. Es un concepto muy nuevo y yo estoy muy de acuerdo: es no intervenir, no quemar, no incendiar, pero no intervenir.

¿Cómo interpreta Cantabria esta directiva europea en su resolución autonómica?

El Gobierno ha tergiversado los términos del reglamento para potenciar la producción forestal. Han hecho una interpretación retorcida. Básicamente, buscan potenciar la industria maderera porque hay empresas potentes muy ligadas a los políticos. Es un tema: claro que Cantabria tiene un enorme potencial forestal de especies cultivadas forestales. Claro que la dirección general de Montes tiene, desde el año 2000, hace 26 años, una cartografía precisa de dónde se deben de realizar las repoblaciones con fines de explotación y dónde están las masas forestales que hay que proteger. Esa cartografía la tiene (la dirección general de) Montes guardada en un cajón.

En su opinión, ¿qué busca el Gobierno de Cantabria con esta resolución?

Lo que pensamos todos (los científicos) es que lo que quieren es apoyar a las empresas madereras, ya que Cantabria tiene empresas madereras potentísimas, para potenciar la producción forestal y relanzar la explotación forestal de los montes; cosa que me parece muy bien, Cantabria debería tener unas empresas que se dediquen a explotar los recursos y a plantar y a plantar árboles por muchas zonas de Cantabria. Claro que tienen que plantar árboles, pero insisto, los árboles adecuados, en el sitio adecuado. En el fondo de todo, no están pensando en la conservación, sino en la producción y en el dinero. Yo recomendaría, si alguien quiere hacer una explotación forestal en Cantabria, que empleasen el roble americano, Quercus rubra. En Ucieda, en el valle del Saja, hay una campa enorme, donde se hacen festejos y, a la izquierda, tienen una masa enorme del roble americano que no se distingue del roble autóctono de aquí. Si quieren hacer repoblaciones con especies de crecimiento rápido, el roble americano para mí es la especie. Buscan hacer lo que ellos piensan que hay que hacer, como ya hicieron con los lobos.

Hablaba de que el Gobierno autonómico busca potenciar la producción forestal ¿Cuál es el problema con esa intención?

El problema es que no se cumplen las reglas básicas de las repoblaciones. Yo lo aprendí de los ingenieros de Montes, empecé con ellos a trabajar en 1976, aprendí mucho. El problema es que aquí los ingenieros forestales de Cantabria, y lo digo así claramente, no cumplen con las tres reglas básicas que deben regir las repoblaciones forestales. Primero, nunca repoblaciones grandes superficies con la misma especie, lo que se llaman repoblaciones monoespecíficas, como plantaciones enormes de eucalipto o pino. Segundo, nunca hay que repoblar en pendientes superiores a 45 grados, pero se plantan enormes superficies monoespecíficas de eucalipto o pino, a veces en pendientes de más de 45 grados donde no se debería plantar porque al cortar se erosiona todo el suelo Y tercera norma, no se debe cortar, y esto es muy importante, toda la masa forestal al mismo tiempo. Aquí en lugar de hacer entresaca con mulas, meten la pala excavadora y destrozan laderas enteras creando pistas horribles -se lo dije yo al director general de Montes-; todo el monte cruzado de pistas que favorecen la destrucción del suelo, la erosión. Esto se ve bien bajando, a la derecha, por el puerto de El Escudo.

En la resolución, Cantabria defiende que la pérdida de masa forestal se debe a “procesos naturales” o “abandono rural” y no a una “conversión deliberada” hacia usos agrícolas o ganaderos. ¿Qué opina?

Es mentira. Históricamente, ha habido una conversión deliberada del bosque para usos ganaderos y pastoreo. Además, las “pérdidas naturales” de bosques no existen; los bosques se pierden por incendios y mala gestión, no por causas naturales espontáneas. Es un lenguaje utilizado para evitar responsabilidades. Los primeros ganadores ganaderos entraron por el sur de Cantabria, lo cuenta un estudio de un compañero, venían de abajo, del Mediterráneo y claro que talaban bosques para favorecer los pastos para el ganado. Para el ganado. En Cantabria no hay agricultura, hay ganadería. Y claro que se talaron los bosques, no solamente para los pastos, para hacerse los pueblos, para alejar a las fieras. Era cuando había lobos.

El texto del Gobierno autonómico también dice que las masas forestales cántabras deberían clasificarse como bosques secundarios o seminaturales. ¿Qué son los bosques secundarios?

He trabajado más de 40 años en esto y nunca en mi vida he leído ni escuchado el concepto de “bosque secundario” en un texto técnico. Es una terminología confusa y un error de concepto básico que se han inventado para esta resolución.

Si la industria maderera es tan potente, ¿por qué hay que apoyarla más?

Yo pienso que es muy importante el sector primario, es un pilar económico fundamental en cualquier economía, pero, en Cantabria, el sector primario está abandonado.

Insisto: ¿cuál es el contexto de esa industria?

Business is business (los negocios son los negocios).

¿Cómo ha sido la gestión forestal en Cantabria hasta ahora?

¿Sabes que tenemos más eucaliptos en Cantabria que en toda Europa? Tenemos más superficie en Cantabria que todo el resto de Europa junto. ¿Por qué? Pues porque (la dirección general de) Montes les daba todas las facilidades a los vecinos para hacerlo para que plantasen donde quisieran. Veías pequeños pueblos rodeados enteros de eucalipto. El eucalipto no solamente te degrada el suelo, te lo transforma en arena. En los años del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), -creado en 1971 y desaparecido en los noventa-, la política aquí fue plantaciones de crecimiento rápido, sobre todo el pino. La bronca que teníamos (los científicos) con plantar todo con pinos; hay sitios que desde luego que había que plantar pinos, pero primero que respetasen las especies autóctonas. Estamos en el bosque de hoja plana, caducifolia, robles, abedulares, encinares. Claro, una cosa es repoblar para proteger y otra para proteger la erosión, la fauna, la biodiversidad, todo eso. Eso es un tipo de repoblaciones, repoblaciones de conservación, y otra cosa son las repoblaciones de producción. Ahí, en las de producción, es donde hay que andar con cuidado, con la pendiente, los suelos, las especies: el modus operandi. En el sur de Cantabria, y estaban de acuerdo los de (la dirección general de Montes), lo mejor son repoblaciones mixtas de coníferas con especies autóctonas: pinos silvestres, o cualquier especie de pino, que hay muchas especies, mezclados con rebollares, quercus pirenaica, bosque autóctono del sur de Cantabria

El colectivo Ecologistas en Acción Lanzarote ha denunciado públicamente que el proyecto de regadío agrícola para los municipios de Teguise y Tinajo “ha eludido los controles ambientales preceptivos para una obra de tal envergadura”. Según advierte la organización en un comunicado, “la única motivación detrás de esta grave omisión ha sido la prisa administrativa”, para poder finalizar los trabajos antes de la fecha límite para poder cobrar la subvención concedida por la Unión Europea.

El colectivo ecologista señala directamente al acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero de 2025 (BOE-A-2025-2959), mediante el cual se resolvió “excluir el proyecto de evaluación de impacto ambiental”, asegura la organización.

Según comentan, “esta decisión se tomó a sabiendas de que existían dos estudios de impacto ambiental previos”, que fueron redactados en 2022 y 2024, y que, aseguran, “exigían de manera taxativa la paralización total de las obras entre los meses de marzo y julio para proteger el periodo de cría de avifauna especialmente vulnerable y amenazada, como la avutarda, el guirre, la engaña (corredor sahariano), el alcaraván o el camachuelo trompetero”.

El colectivo explica que las obras implican movimientos masivos de tierra para la instalación de kilómetros de tuberías y la excavación de dos grandes balsas.

En este sentido, critica que los trabajos no se detuvieron durante la época de reproducción, “a pesar de las advertencias técnicas, que fueron invalidadas por el Consejo de Ministros”.

El colectivo denuncia que los trabajos continuaron activamente en la zona de El Cuchillo, un área situada dentro y junto a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Archipiélago Chinijo y en las inmediaciones de la ZEC Malpaís del Cuchillo, violando flagrantemente las recomendaciones de protección.

Incertidumbre sobre el aerogenerador y el pozo de salmuera

Asimismo, Ecologistas en Acción califica de “extrema gravedad” la instalación del aerogenerador del proyecto sin contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Al carecer de este “riguroso” control, el colectivo advierte que se desconoce si el aerogenerador está ubicado en el emplazamiento idóneo y si dispone de la tecnología necesaria para evitar colisiones de aves, así como para mitigar la contaminación acústica que afectará directamente a la vecindad de La Santa.

Otro de los puntos críticos que suscita una “honda preocupación” es la total ausencia de valoración sobre los impactos ambientales que generará el pozo de filtración de salmuera procedente de la planta desaladora.

La organización alerta sobre la alta porosidad del suelo en la zona y recuerda el nefasto precedente de la desaladora de Telde, en Gran Canaria, “cuyo pozo filtrante tuvo que ser clausurado de urgencia debido a la grave contaminación del subsuelo provocada por los constantes desbordamientos de salmuera, una negligencia que obligó finalmente a realizar una costosa inversión para construir un emisario submarino”, subraya.

Para Ecologistas en Acción Lanzarote, la decisión política de eximir de evaluación ambiental a un proyecto de esta magnitud, con el único objetivo de acortar los plazos para no perder una partida de dinero público, sienta un precedente administrativo “sumamente peligroso”.

La organización alerta de que esta maniobra quiebra la seguridad jurídica y ambiental, “lanzando el mensaje de que los promotores y responsables políticos pueden saltarse las leyes que protegen el medio natural y la salud de las personas siempre que consideren que la justificación económica o temporal de una subvención está por encima de la ley”, concluye.

El portavoz de Ben Magec – Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, hizo este viernes un balance del último año ambiental en Canarias, que califica como un periodo “especialmente traumático” por la gravedad de los impactos sufridos en el archipiélago, especialmente los relacionados con el vertido en la costa de Telde, “que provocó la muerte de toneladas de peces y generó importantes daños en el medio marino”.

El portavoz de la organización lo describió como probablemente “el atentado ambiental más importante en medio marino del planeta” durante este periodo.

Siguiendo con el repaso por las diferentes islas, Reyes denunció que en Lanzarote continúa la presión para ampliar instalaciones térmicas. Criticó especialmente la aprobación de una medida que calificó como una “amnistía” para seguir con la instalación de nuevas centrales térmicas, “contradiciendo el plan de eficiencia energética”.

Añadió que está prevista la instalación de cerca de 10 megavatios de nueva potencia térmica repartida entre varias islas del archipiélago.

“Atentando” en Cuna del Alma

Reyes recordó que como “atentado ambiental” sigue vigente en Tenerife Cuna del Alma.

Y es que, el portavoz denunció que el Gobierno canario, durante el proceso de digitalización de la cartografía, se habría producido una “merma” del 20% del territorio protegido reflejado en los mapas oficiales.

En La Gomera, el colectivo alertó de problemas relacionados con los límites de espacios protegidos y su deterioro.

Ausencia de una estrategia de biodiversidad y pérdida de suelo agrícola

Ben Magec denunció que Canarias continúa siendo “el único territorio español con una alta concentración de biodiversidad que carece de una estrategia específica de biodiversidad”, mientras que la mayoría de las comunidades autónomas ya disponen de este instrumento de planificación.

Eugenio Reyes alertó también sobre la pérdida acumulada de cerca de 30.000 hectáreas de suelo agrícola estratégico para Canarias. Según indicó, solo durante este año se han perdido seis hectáreas adicionales, destinadas a otros usos, entre ellos proyectos energéticos, infraestructuras y actuaciones de carácter especulativo.

Últimas lluvias: lo “único positivo”

Reyes manifestó que lo “único que nos salva de positivo” son las lluvias de la última primavera, pero aseguró que el punto de vista desde la responsabilidad de las administraciones públicas ha sido “nefasto”.

Cambio de modelo turístico y señales de saturación

El portavoz destacó que, por primera vez, los datos oficiales reflejan que las plazas turísticas urbanas ya son mayores que los hoteles.

El portavoz aseguró que incluso los establecimientos hoteleros “comienzan a colapsar” y están reclamando ayudas y subvenciones.

Convocatoria de movilizaciones sociales y ambientales

Ante este escenario, Ben Magec anunció una agenda de movilizaciones para los próximos meses.

Eugenio Reyes informó de que el próximo domingo se celebrará una convocatoria a las 9:00 horas en el municipio de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, para mostrar el rechazo a la instalación de jaulas de piscifactorías.

Asimismo, Ben Magec respaldará la movilización convocada el día 20 de junio por colectivos sociales vinculados a la defensa del derecho a la vivienda y a las personas sin hogar. La concentración tendrá lugar a las 11:00 horas en el barrio de Schamann, concretamente en el entorno del Canódromo.

El portavoz recordó que fue precisamente en este espacio donde la Federación Ben Magec obtuvo una sentencia favorable que permitió la demolición de una torre considerada “ilegal”, cuya construcción, según la organización, “mermaba la calidad de vida” de los vecinos y vecinas del barrio.

El Tribunal Supremo ha sepultado definitivamente el proyecto estrella del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno para construir en la Vega de Mestanza la gran depuradora del área metropolitana de Málaga, valorada en más de 106 millones de euros.

Los magistrados han inadmitido el recurso de casación presentado por la Junta contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado paralizar las obras de la llamada “EDAR Norte de Málaga” al poco de empezar los trabajos, argumentando que nunca se estudiaron si las posibles alternativas a ubicar la depuradora en este enclave eran menos lesivas desde el punto de vista ambiental.

La decisión del Supremo pone fin a la vía judicial y convierte en firme el fallo (junio de 2025) que paralizó una de las mayores infraestructuras hidráulicas previstas en la provincia, dando la razón a la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas en el recurso que interpusieron a finales de 2022 contra el anteproyecto de la depuradora.

El Gobierno andaluz deberá abonar 2.000 euros por las costas del proceso, pero el cálculo político y económico de este varapalo judicial es mucho más alto. El Ejecutivo de Moreno se había empeñado en ubicar una depuradora para tratar 75.000 metros cúbicos de aguas residuales de unos 250.000 habitantes -de cinco munipios, incluido parte de Málaga capital- en una zona inundable, ocupando unas 13 hectáreas.

El veto definitivo del Tribunal Supremo deja en el aire la adjudicación millonaria del proyecto -las obras ya habían comenzado- y abre nuevas incógnitas respecto a las expropiaciones a unos 150 propietarios de los terrenos donde se estaba construyendo la infraestructura hidráulica, que ya han cobrado el justiprecio de esas parcelas.

Desde hace casi dos décadas, los alcaldes de los cinco municipios malagueños afectados -Torremolinos, Cártama, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y Málaga capital- y la Junta de Andalucía conocían de la necesidad de disponer de una nueva depuradora de aguas para esta zona, que vierte al río Guadalhorce las aguas residuales de sus vecinos sin depurar.

El proyecto permaneció mucho tiempo latente, sin que el Gobierno andaluz (por entonces en manos del PSOE) lo abordara. El Ejecutivo de Moreno reactivó el proyecto durante su primer mandato, a finales de 2020, echando mano de los ingresos del canon del agua (una tasa que primero suprimió y luego volvió a activar).

La EDAR Norte de Málaga era la infraestructura de depuración más relevante de cuantas tenía asignadas la administración andaluza. El auto del Supremo, al que ha tenido acceso este periódico, supone un golpe a uno de los proyectos más emblemáticos del Gobierno andaluz del PP en esta provincia, que hace apenas dos semanas también vio cómo el Alto Tribunal Andaluz anulaba las expropiaciones de terreno que ejecutaron para construir la depuradora en este enclave, por entender que allanaban un proyecto que ya había sido censurado por los tribunales.

Los jueces argumentan en su auto, fechado este jueves, que “no se fundamenta suficientemente (...) que concurran alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo”, y concluye que “el pronunciamiento de la sentencia impugnada presenta una virtualidad expansiva que implicará su proyección o influencia sobre numerosas situaciones similares; circunstancia que en este caso no aparece debidamente cumplimentada”.

El Supremo fulmina así el último intento del Gobierno andaluz por reactivar las obras de su proyecto estrella y da por válidos los argumentos del TSJA que paralizó la depuradora. En aquella sentencia ya se afeaba a los técnicos de la Junta que sólo hubieran tenido en cuenta criterios “exclusivamente económicos” para elegir Vega de Mestanza, obviando un contraste ambiental con las alternativas que existían en otros lugares de la ciudad de Málaga.

El fallo puso énfasis en subrayar que Vega de Mestanza es un “punto estratégico” del Corredor Biológico Mundial al tratarse del Kilómetro Cero del Sur de Europa del Corredor Biológico Mundial, algo que los técnicos debieron valorar y comparar con otras opciones. Además, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, la cataloga como zona inundable de “alta probabilidad” de inundaciones, es decir, con una frecuencia previsible inferior a diez años, como se pudo comprobar en las últimas lluvias torrenciales del otoño.

El auto del Supremo, previsiblemente, obligará a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a buscar una ubicación alternativa. Su titular, el consejero Ramón Fernández-Pacheco, ya había advertido de que no depurar las aguas residuales de la zona norte metropolitana de Málaga obligaba a la Junta a pagar cada año casi 1,3 millones de euros a la Comisión Europea en concepto de multa.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto de centro de procesamiento de datos promovido por Merlin Edged en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

El proyecto, que se ubicará en la parcela I-64 del Parque Industrial Norte de Extremadura -Expacio Navalmoral- podrá ser consultado durante un plazo de 30 días hábiles en las dependencias de la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal de la Junta de Extremadura y en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.

Según recoge el anuncio, la iniciativa contempla la implantación de un centro de procesamiento de datos formado por dos edificios destinados a proporcionar soporte físico y alojamiento a equipos informáticos de terceros mediante régimen de alquiler. La instalación ocupará una parcela de 206.753 metros cuadrados y prevé una demanda energética total de 288 megavatios, con funcionamiento anual ininterrumpido.

Entre las principales infraestructuras proyectadas figuran 16 salas técnicas, 104 generadores diésel de emergencia, 48 depósitos de gasóleo y 144 equipos de refrigeración en cubierta.

El proyecto está sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria al estar incluido en la categoría de instalaciones energéticas de gran potencia, según la normativa estatal y autonómica en materia ambiental. La autorización ambiental integrada deberá obtenerse antes de otras autorizaciones sectoriales o licencias necesarias para la ejecución del proyecto.

Las personas físicas o jurídicas interesadas podrán presentar alegaciones y observaciones durante el periodo de exposición pública a través de los registros habilitados por la Administración autonómica.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó recientemente la declaración de Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) para esta iniciativa industrial. Según informó entonces el Ejecutivo regional, el proyecto contempla una inversión superior a 1.600 millones de euros y la creación de 250 empleos.

La calificación como PREMIA permite que la tramitación autonómica del proyecto tenga carácter prioritario y urgente, reduciendo a la mitad los plazos ordinarios administrativos.

El pacto de gobierno entre PP y Vox para la próxima legislatura en Aragón incorpora el compromiso de reactivar el proyecto del embalse de Biscarrués, pese a que fue anulado por la Audiencia Nacional en 2017. El acuerdo, dentro del apartado de Sector Primario, plantea iniciar estudios técnicos para justificar el “interés público superior” de la infraestructura. La alcaldesa de la localidad y portavoz de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, Lola Giménez, ha criticado la medida y la ha calificado de “sinsentido”, al entender que se recupera un proyecto ya descartado por los tribunales.

Según consta en el documento del acuerdo del gobierno entre PP y Vox, que se sellará definitivamente con la investidura de Azcón este miércoles, se plantea iniciar estudios técnicos para avalar la construcción del embalse “que permita aumentar la regulación del río Gállego para garantizar la culminación de la superficie regable en Riegos del Alto Aragón (20.000 hectáreas)”. La inclusión de este proyecto choca con las resoluciones judiciales que dejaron sin efecto su tramitación. En concreto, la Audiencia Nacional analizó la aprobación del anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del embalse, que preveía su construcción en el río Gállego, en el término municipal de Biscarrués, con afecciones a varios municipios del entorno.

Giménez ha insistido en que la inclusión del embalse en el pacto es un “despropósito”, al tratarse de una obra que “la Audiencia Nacional ya sentenció hace años que era ilegal”. En su opinión, “no tiene mucho sentido” recuperar iniciativas que “ya no dan respuesta a ninguna necesidad” y que, además, no parten de un análisis real del territorio. Así, ha criticado que “no hay un análisis de las necesidades de la zona de la Galliguera, de las necesidades de la zona de los Monegros” y que, en cambio, se vuelva a plantear una infraestructura descartada por los tribunales. “Resucitamos un pantano declarado ilegal por la Audiencia Nacional”, ha lamentado. Giménez ha recordado además que el territorio lleva “40 años con esta amenaza”, un proyecto que “nunca se ha cumplido”, y ha asegurado que la oposición social se mantiene.

La sentencia de la Audiencia Nacional, emitida en 2017, recoge que el recurso se dirigía contra la resolución estatal que “aprueba el expediente de información pública y el Anteproyecto (…) del embalse de Biscarrués en el río Gállego”, así como contra la declaración de impacto ambiental del proyecto. Entre los argumentos esgrimidos por los recurrentes —y recogidos en el fallo— se señalaba que la infraestructura “no encuentra justificación desde la perspectiva de la planificación hidrológica y de regadíos” y que “incumplía normativa ambiental y comunitaria”.

Además, el tribunal subrayó que el embalse afectaría a espacios protegidos y especies de especial valor, dentro de áreas incluidas en la Red Natura 2000, lo que obligaba a una evaluación rigurosa de sus impactos. La resolución también pone de relieve la necesidad de que este tipo de proyectos se ajusten a la Directiva Marco del Agua y a la planificación hidrológica vigente, aspectos que fueron cuestionados en el procedimiento. En otra de las sentencias dictadas el mismo día, la Audiencia Nacional insiste en que el anteproyecto no podía considerarse un mero trámite, ya que fijaba elementos esenciales de la obra, como su presupuesto, características técnicas y ejecución, lo que permitía su impugnación judicial.

En 2020 el Tribunal Supremo confirmó la anulación del anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del embalse de Biscarrués (Huesca). Esta sentencia tuvo lugar tras más de 33 años de reivindicaciones en los que las poblaciones afectadas y los grupos ecologistas presentaron sus recursos. Estableció que hubo una vulneración de la Directiva Europea de Aguas, ya que el proyecto debería haber aparecido antes en el Plan Hidrológico de Cuenca, y no se justificaba el interés general.

El apartado del sector primario en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox para la legislatura 2026-2030 se centra en el “blindaje” del campo frente a las normativas de la Agenda 2030 y el Pacto Verde europeo. Entre sus medidas estrella destaca el impulso a las infraestructuras hidráulicas, como la modernización de regadíos y la reactivación de estudios técnicos para el embalse de Biscarrués. También se comprometen a exigir al Estado la finalización de obras del Pacto del Agua como Yesa o Mularroya, a reformar la Ley de agricultura familiar y a aumentar hasta los 15 millones de euros la partida para seguros agrarios. A pesar de las numerosas declaraciones de Vox sobre el asunto, el documento no hace ninguna mención al trasvase del Ebro.

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha insistido en reclamar la paralización urgente del clúster eólico del Maestrazgo para evitar que se repitan situaciones como la de Pozondón, donde la justicia “ha llegado tarde”. La petición se produce tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que anula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del parque eólico Santos de la Piedra, una resolución que la organización celebra, aunque subraya que llega cuando la instalación ya está construida “y el daño ya está hecho”.

En la misma línea, organizaciones ambientales como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y WWF España —junto a ANSAR, ECODES y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos— han expresado su “profunda indignación” por las irregularidades detectadas en la tramitación del clúster del Maestrazgo, actualmente bajo investigación, y han reclamado la anulación definitiva del proyecto.

El portavoz del grupo de energía y medio ambiente de Teruel Existe, Jesús Villamón, ha advertido de que el caso de Pozondón “no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo de implantación de renovables que ha priorizado la rapidez frente a la protección del territorio”. Una idea que comparten las organizaciones ecologistas, que consideran que estas prácticas evidencian “posibles incumplimientos de los estándares ambientales” y malas praxis en la planificación energética.

“Durante años se nos vendió una transición energética modélica que, en la práctica, ha estado plagada de irregularidades y falta de control”, ha señalado Villamón, en referencia a investigaciones judiciales en curso. A su juicio, lo ocurrido es “la punta del iceberg de un modelo que ha fallado”.

Las entidades ambientales apuntan en la misma dirección y detallan que las DIA concedidas al clúster han permitido tramitar hasta 25 parques eólicos en un corredor de alto valor ecológico, con afecciones a la Red Natura 2000 y a especies protegidas como el quebrantahuesos. Además, denuncian que algunos proyectos se fragmentaron para eludir evaluaciones estatales o se aprobaron sin estudios acumulativos suficientes.

Villamón ha insistido en que el sistema de evaluación ambiental “no estaba funcionando con las garantías necesarias” y ha recordado que “más del 96% de las declaraciones de impacto ambiental resultaban favorables”, un dato que, a su juicio, evidencia un problema estructural. En este sentido, ha llegado a afirmar que el Inaga “era un coladero” y que “el sistema de evaluación ambiental estaba siendo pervertido”.

Las organizaciones coinciden en que estas prácticas no solo afectan al medio ambiente, sino que también “ponen en jaque la credibilidad de la transición energética” y alimentan el rechazo social hacia las renovables, perjudicando a los proyectos que sí cumplen la legalidad.

Ante este escenario, Teruel Existe reclama medidas cautelares para frenar proyectos en curso: “No podemos permitir que se repita lo ocurrido en Pozondón y que la justicia dé la razón cuando ya no hay solución posible”, ha advertido Villamón, quien ha añadido que “no queremos que Aragón se convierta en una suma continua de ‘Santos de la Piedra’”.

Mejor planificación

Por su parte, las entidades ecologistas subrayan que, en un contexto de inseguridad energética y dependencia de combustibles fósiles, el despliegue de renovables es “más necesario que nunca”, pero debe hacerse “de forma ágil, justa y al servicio de la ciudadanía”, con garantías suficientes para evitar prácticas irregulares o especulativas.

Ambas partes coinciden en la necesidad de una mejor planificación. Mientras Teruel Existe reclama “parar para proteger, investigar y garantizar que la transición energética se haga con rigor”, las organizaciones ambientales exigen una ordenación territorial que excluya de forma vinculante las zonas de mayor valor ambiental y priorice suelos ya degradados o artificiales.

Asimismo, valoran positivamente el compromiso del Gobierno de definir antes del 20 de junio las Zonas de Aceleración para Renovables (ZAR), aunque piden que su diseño incluya una amplia participación ciudadana y criterios claros de protección ambiental.

Las organizaciones también reclaman mecanismos que refuercen la participación pública desde fases tempranas en los grandes proyectos, más allá de los requisitos actuales, y recuerdan que muchas de estas medidas “no son nuevas”, sino demandas históricas que, de haberse aplicado, “habrían impedido casos como el del Maestrazgo”.

“Cuando se permite que proyectos basados en procedimientos cuestionables sigan adelante, no solo se pone en riesgo el territorio, sino que se genera una burbuja económica cuyas consecuencias acabarán pagando todos”, ha advertido Villamón, que ha apelado a actuar con “responsabilidad y anticipación”.

En este contexto, tanto el movimiento ciudadano como las organizaciones ambientales coinciden en que lo ocurrido con el parque eólico Santos de la Piedra debe marcar “un antes y un después”. “Es hora de parar. Parar para proteger, para investigar y para que se haga verdadera justicia”, ha concluido el portavoz de Teruel Existe, mientras las entidades insisten en que “las malas praxis deben ser prohibidas y perseguidas” para garantizar una transición energética compatible con el territorio y la biodiversidad.

La primera ampliación prevista del parque temático Puy du Fou de Toledo, que se realiza para la instalación de varios hoteles y parkings, no afectará, en principio, a los corredores de conexión del territorio del lince ibérico. Así lo establece el Gobierno de Castilla-La Mancha en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la primera ampliación de la instalación declarada como Proyecto de Singular Interés (PSI) y publicada en el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM).

La Administración regional le dedica un amplio espacio a la posible afectación que pueda tener la extensión del parque temático sobre esta especie en peligro de extinción, mediante un “estudio de conectividad”.

Y es que sus ejemplares tienen una presencia consolidada y en rápido aumento en la provincia, destacando la zona de los Montes de Toledo, a unos 30 kilómetros del Puy du Fou, como una de las poblaciones más importantes de la península.

Además de esta área, la expansión del lince también ha llegado a la zona de la Jara, estableciéndose posibles corredores de conexión de su territorio, que llegan a las inmediaciones del parque temático, en términos municipales como Argés, Gálvez o Navahermosa, a tan solo cinco kilómetros de los límites del parque.

Cómo se ha hecho el estudio de conectividad del lince

Concretamente, en el documento del DOCM consultado por este medio, el Gobierno regional explica que ese “estudio de conectividad” se ha basado en el análisis bibliográfico, en la realización de transectos y en la utilización de estaciones de fototrampeo, analizando los corredores ecológicos a una escala local y regional.

A escala local, el estudio concluye que elementos fluviales como los arroyos Guajaraz y de la Cierva, y las pistas del entorno del parque presentan un “relevante papel conector”. Allí se han identificado hasta once especies de mamíferos diferentes, sobre todo de conejos, la principal presa y fuente de alimentaión del lince.

No obstante, se ha detectado un único posible indicio de presencia de lince ibérico: la observación, fuera del muestreo, de un excremento localizado en las proximidades del arroyo de la Cierva, muy cercano al límite suroccidental del ámbito del proyecto.

A escala regional, afirma que los corredores modelizados para el lince ibérico “no atraviesan el ámbito de estudio”, al igual que los caminos de coste mínimo del estudio 'Autopistas Salvajes' de WWF, que analiza una docena de corredores ecológicos para conectar y facilitar la movilidad de la fauna. Estos corredores discurren precisamente al norte de la autovía CM-40 de Toledo, pero el estudio indica que “no hay interferencia” con el ámbito del PSI.

Sí admite que el hábitat del valle del arroyo de Guajaraz, aún con su condición de monte abierto de matorral (vegetación mermada tras un reciente incendio) y la presencia de conejo, pueden permitir “la presencia temporal de individuos de lince dispersantes”. Pero después añade que las características del hábitat “hace que su ocupación por individuos territoriales de lince sea muy poco probable”.

Por todo ello, el estudio concluye que la ampliación del parque temático no causará “impactos negativos significativos” para la conectividad de las poblaciones de lince ibérico a escala regional ni a escala local, ya que “podrán seguir empleando los cauces fluviales señalados para sus movimientos y dispersiones”.

El lince ibérico está considerado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como uno de los felinos más amenazados del mundo. Los Montes de Toledo son una de sus áreas de reproducción más importantes del país, con reintroducciones de la especie desde el año 2014.

Según la Estrategia para la Conservación del Lince en España, del Ministerio para la Transición Ecológica, actualmente hay esta zona más de 300 ejemplares.

Podemos Cantabria ha solicitado formalmente a la Consejería de Desarrollo Rural el acceso a las evaluaciones de impacto ambiental y a los estudios de afección a la Red Natura 2000 de varias obras adjudicadas a los medios propios públicos TRAGSA y TRAGSATEC.

La petición se ha registrado después de comprobar que, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, no figura publicada documentación ambiental pese a tratarse de actuaciones en zonas de alta sensibilidad ecológica, ha indicado la formación.

Las obras objeto de la solicitud incluyen intervenciones en el Parque Nacional de los Picos de Europa, actuaciones en el Parque Natural de Oyambre, trabajos en arroyos y cauces, reforestaciones en montes públicos y proyectos dentro de espacios declarados Red Natura 2000.

Podemos considera que este tipo de proyectos requieren obligatoriamente una evaluación ambiental o un estudio de repercusiones conforme a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

En este sentido, ha advertido que la normativa estatal y europea “es muy clara: cualquier obra con posible afección a ecosistemas protegidos debe pasar controles ambientales estrictos antes de ejecutarse”.

“No es comprensible que actuaciones en parques nacionales, montes de utilidad pública o zonas protegidas no tengan publicada su evaluación ambiental. La ciudadanía tiene derecho a saber si estos proyectos cumplen las garantías legales y de protección del patrimonio natural”, ha subrayado.

“Atajo legal para acelerar proyectos”

Podemos ha recordado que es favorable a la contratación con medios propios, pero ha insistido en que la transparencia en materia ambiental “no es opcional”, sino una obligación marcada por la Ley y por los tratados europeos. Además, ha subrayado que la ausencia de estas evaluaciones “no solo vulnera el acceso a la información ambiental, sino que puede poner en riesgo la conservación de espacios protegidos”.

La formación también ha alertado de un “posible patrón” por parte del Gobierno autonómico, que “podría estar utilizando atajos legales para acelerar proyectos a costa de eludir trámites ambientales, como ya denunciamos en el caso de Yera. Y no es el único: tenemos más proyectos en estudio donde detectamos la misma anomalía”, ha afirmado.

Finalmente, Podemos Cantabria ha advertido que continuará revisando todos los encargos realizados a medios propios y exigirá responsabilidades si se confirma que se han ejecutado obras sin los procedimientos ambientales preceptivos.

La Asociación 25 de marzo ha convocado para este domingo una marcha-protesta en el entorno de la planta fotovoltaica 'Francisco Pizarro' (Cáceres), considerada la más extensa de Europa, como denuncia al proceso de “colonización energética” de Extremadura por parte de grandes compañías eléctricas.

La movilización pretende denunciar el impacto territorial y social de los grandes proyectos energéticos en la región. Partirá a las 10:00 horas desde la rotonda de acceso a la planta, situada entre los municipios cacereños de Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera, des de la carretera CC-419 y recorrerá varios kilómetros hasta las inmediaciones de la instalación, propiedad de Iberdrola, que ocupa unas 1.300 hectáreas de superficie.

Desde la asociación señalan que esta planta constituye uno de los ejemplos “más representativos del modelo energético que critican”, basado en macroinstalaciones que, a su juicio, “inutilizan amplias extensiones de suelo para usos agrarios y tradicionales”.

En este sentido, recuerdan que Extremadura “exporta alrededor del 80% de la electricidad que produce” y que las plantas fotovoltaicas ya instaladas generan “más del doble de la energía que consume la región a lo largo de un año”. Asimismo, subrayan que las centrales hidroeléctricas del Tajo y el Guadiana producen aproximadamente la mitad de la electricidad que consume Extremadura, “pese a lo cual continúan tramitándose nuevos proyectos de grandes plantas solares”.

La Asociación 25 de marzo critica que este modelo “prioriza la rentabilidad de las multinacionales energéticas frente al desarrollo local y el autoconsumo”, y lo compara con comunidades autónomas con déficit energético como Madrid, Cataluña y el País Vasco.

A juicio de la organización, Extremadura “podría autoabastecerse con una parte de las instalaciones actuales, sin necesidad de seguir ocupando grandes superficies de terreno”, y reclaman una planificación diferente de la transición energética.

La jornada concluirá con la proyección del documental 'Vidas irrenovables. Naturaleza o miseria', a las 12:00 horas en la Casa de la Cultura de Madroñera, con la presencia de su director, Francisco J. Vaquero, según han informado los propios convocantes. 

El digestato es un subproducto derivado la generación de biogás y biometano. Se trata de un material sólido-líquido residual rico en nutrientes resultante de la digestión anaeróbica de materia orgánica: desechos agrícolas, ganaderos o urbanos.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, una planta de biogás produce digestato en una cantidad que equivale en torno al 90% de la materia orgánica introducida en el biodigestor, ya que solo una pequeña parte se convierte en biogás. Generalmente, se obtiene aproximadamente una tonelada de digestato por cada tonelada de residuo fresco procesado, variando según la humedad del sustrato.

Así, en los últimos años, este residuo se ha convertido en un quebradero de cabeza para las nuevas instalaciones de biogás o biometano que proliferan en toda España. Porque su tratamiento final se está realizando a base de su conversión en compostaje, una actividad que principalmente se realiza al aire libre, tiene impacto ambiental y produce malos olores, lo que ha desatado numerosas denuncias de los colectivos ecologistas.

Estas asociaciones consideran que la extensión de este residuo en los campos circundantes a las plantas de biogás es “inviable”, ya no solo ambientalmente, sino que puede provocar impactos en los acuíferos y en la contaminación por nitratos.

Por eso es una de las trabas que están encontrando en Castilla-La Mancha los más de 70 proyectos de producción de biogás que están intentando instalarse en la región o que ya operan en ella. La mayoría cuenta con la oposición vecinal y en algunos casos de los propios ayuntamientos, lo que ha llevado incluso a ordenanzas municipales para prohibir su instalación.

Este es el contexto que una start-up española lleva años estudiando para ofrecer una solución a la gestión de este residuo. La empresa es Biotecnología Bioeconómica y opera en todo el país, pero está especialmente interesada en el territorio castellanomanchego, al ver la contestación social derivada de los problemas que genera el digestato.

Del estudio de valoración a la patente

Su apoderado, Javier Martínez, explica que la compañía, fundada en 2023, tiene como objetivo la gestión de residuos orgánicos (principalmente digestato y lodos de depuradoras de aguas residuales) para convertirlos en productos de alto valor como grasas, aceites y fertilizantes para la agricultura. Es decir, trabaja en la valorización de residuos y además genera créditos de carbono (permiten a las empresas obtener compensaciones económicas por no generar contaminación).

Pese a su reciente fundación, esta empresa lleva estudiando la gestión de residuos desde hace ocho años. Ha patentado el biodigestor ‘Aerobio’ para residuos orgánicos. Comenzó ofreciendo esta solución al sector ganadero para el tratamiento de purines y estiércol, pero ahora quiere fomentar su actividad en el área del biogás y el biometano, como “líderes del mercado en captación de residuos”.

“Actualmente, ninguna planta de biogás en España ha encontrado solución ambiental al problema del digestato. Todo el mundo sabe que es un problema, lo reconocen en privado, pero pasan por encima de la solución”, afirma Martínez.

Como ejemplo pone a la planta de biometano de Noez, en los Montes de Toledo, cuya puesta en marcha provocó las protestas del pueblo vecino de Casasbuenas, a cuya vecindad afectan los malos olores derivados del tratamiento de residuos. Es una instalación que esta empresa ha estado analizando.

Pero, ¿en qué consiste su solución? La start up ha detectado que los técnicos de las administraciones públicas “retardan” las concesiones medioambientales porque las soluciones de los promotores de biogás se encuentran, al generar digestato, con el mismo problema que el de los purines y los estiércoles de las macrogranjas. “Porque el compost es una palabra mágica, pero no es un buen fertilizante y su elaboración se hace al aire y tiene impacto ambiental. Además, supone un gasto para los promotores de biometano”.

Estudiaron así las cualidades del digestato y comprobaron que en la mayoría de los casos pierde valor nutritivo, pero si se le añaden algunos “correctores”, existe una solución. “Se basa, fundamentalmente en ponerlo a dieta, en complementarlo”.

El proceso se inicia con un análisis nutricional del residuo. “Vemos qué le falta para que sea más completo, generalmente proteínas o carbohidratos”. Posteriormente, se mezcla, se tritura y con eso se pone “a dieta”. Posteriormente, en el biodigestor, se mezcla ese producto con las larvas de la mosca 'soldado negra', que se crían en la misma nave y la utiliza como elemento de crecimiento y de aprovechamiento.

“En 15 días hace desaparecer la dieta, se desarrolla y, cuando eso ocurre, extraemos de la larva todos sus componentes, como se extrae el aceite de una aceituna. Los procesamos allí mismo y los convertimos en productos finales para uso agrícola”, detalla el apoderado de la compañía.

Según afirma, en ese momento “ya no hay residuo, desaparece”. Lo que se obtiene cada dos semanas son “productos de valor”, que se ofrecen en 'biopacks' y que son “incluso más rentables que el propio gas” en cuanto al retorno de la inversión.

Una de las ventajas que esta empresa destaca es que el proceso se realiza en naves que ellos mismos se encargan de instalar en los terrenos de las plantas de biogás, a la medida de su nivel de producción. Estas naves, destaca, no tienen impacto ambiental, son herméticas y están climáticamente controladas. “Da igual la climatología exterior, porque dentro se mantienen las mismas condiciones de temperatura, humedad y calidad del aire”.

“Si la instalamos en el mismo terreno en el que está la planta de biogás y nos dan acceso al tubo por el que sale el digestato, este residuo ni siquiera tocaría el aire de la calle y desaparecería en nuestra planta. Sale ya convertido en grasas, aminoácidos, fertilizantes. Ahí ya no existe el problema”.

Una vez puesta en marcha, a los dos meses, ya funciona siempre igual, con el mismo proceso, al tratarse de un circuito cerrado. “También genera empleo local porque contratamos a gente de la zona y nos encargamos de la formación”. Asimismo, los productos finales, los bioestimulantes, se intentan vender a los agricultores del pueblo y de la comarca.

¿Y el impacto ambiental y la financiación?

Otra ventaja que ensalzan: es la propia empresa la que tramita con la Administración autonómica su expediente de impacto ambiental. “Lo hacemos nosotros como empresa independiente. La promotora de la planta de biogás no tiene que hacer nada, e incluso puede solicitar un expediente informativo de mejora, lo que optimizaría su posición” en cuanto al impacto ambiental.

Una planta pequeña de tratamiento de digestato puede costarle a Biotecnología Bioeconómica entre 9 y 12 millones de euros, para su uso durante 20 años. Sin embargo, las ofrecen de manera gratuita. “Nos ocupamos de todas las inversiones y de vender el producto final. En cada planta, constituimos una ‘Sociedad Proyecto’ (SPV en sus siglas en inglés) y buscamos fondos de inversión o de capital riesgo para financiarlo”. Actualmente, la empresa tiene un acuerdo con una de las cuatro grandes consultoras, las denominadas Big Four, para que se encargue de buscar los fondos de inversión.

La empresa dice haber constatado que “se retribuye muy bien al inversionista” y que esta mecánica les permite “ser autónomos” y no cobrar a la planta de biogás. “Eso le supone un ahorro de dinero, pero también otro más importante, que es el ahorro medioambiental”.

Es como si a la industria del gas le costase reconocer que hay una solución fantástica que no les cuesta dinero

No obstante, en esta empresa lamentan que a los promotores “les cuesta trabajo” contratar esta solución, cuando “deberían entender que la autorización ambiental será más ágil, porque somos muy eficientes medioambientalmente”. “Nos cuesta mucho trabajo porque hay muchos intereses cruzados”, lamentan.

 “Creemos que tenemos el mejor sistema de gestión del digestato y de los lodos de depuradora. Hacemos desaparecer in situ el problema del residuo y las plantas ganan una calificación mayor. Debería estar la gente llamándonos a la puerta, pero no hay manera. Es como si a la industria del gas le costase reconocer que hay una solución fantástica que no les cuesta dinero”, concluye Javier Martínez.

Esta empresa ya tiene una nave “pendiente de permisos” en una planta de biogás de Lleida, donde se procesan hasta 30.000 toneladas de digestato en un terreno de dos hectáreas. También está en trámite otro proyecto en una planta de depuración de agua en Canarias y actualmente está en negociación con unos 30 proyectos de biogás y depuradoras en Galicia, Aragón y Andalucía.

El futuro Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular 'Los Palancares' de Cuenca sigue sumando polémicas. Este proyecto, cuya promotora es la Diputación Provincial y que ya tiene luz verde ambiental para su urbanización interior y para las conexiones exteriores, sigue en el punto de mira de los colectivos ecologistas, quienes ahora denuncian que se han incorporado tres nuevas plantas de gas e hidrocarburos, con “alto impacto ambiental y opacidad” por parte de la institución provincial.

Con 800.000 metros cuadrados de suelo industrial, el futuro parque se tramita como Plan de Singular Interés (PSI) mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, puesto que supone la modificación del planeamiento municipal de la ciudad Cuenca. Incluye en total nueve proyectos urbanizadores por un importe de entre 24 y 30 millones de euros, según estima la Diputación provincial.

Ahora, Ecologistas en Acción de la Manchuela denuncia que uno de los proyectos, el denominado 'Nueva Planta I+D del Centro Nacional del Hidrógeno' (NPIDi) incluye cinco plantas piloto más pequeñas que las del anterior proyecto, exclusivamente para uso en investigación. De ellas, dos ya se presentaron, y tres son nuevas y hasta ahora no se habían hecho públicas.

Según el informe que ha realizado este colectivo y al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, estas plantas no generarán energía neta. Al contrario, “la consumirán en su funcionamiento” puesto que se requiere un total de 740 kilovatios de potencia eléctrica.

“También se requerirá energía en el transporte de las materias primas y personal. Los productos obtenidos (gases, combustibles líquidos, subproductos) serán recogidos por gestores autorizados o bien se quemarán en antorchas”, agrega. Sin embargo, en el documento ambiental, aunque la promotora admite afección “sobre los factores climáticos de carácter significativo en el ámbito local, permanente y sinérgico”, el proyecto se considera “compatible” al disponer de “medidas preventivas y correctoras”.

En este documento, Ecologistas en Acción considera “sorprendente” que no se haya evaluado la afección de las columnas de humo generadas por las chimeneas y antorchas de las plantas, ni sobre el aterrizaje y despegue de los helicópteros de la base de las brigadas aerotransportadas (BRIF), que se ha construido en la parcela colindante.

"El proyecto conlleva el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos"

Carlos Villeta — Ecologistas en Acción de la Manchuela

Reitera además la frecuencia de situaciones de “inversión térmica” en el valle del río Moscas (uno de los 'puntos calientes' del impacto ambiental del proyecto) que “conllevan el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos”.

“El destino único de estas plantas es la investigación científica, pero solo hay grupos de investigación en hidrógeno en la región en Puertollano, concretamente en el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2). Cada vez que los investigadores visiten la planta deberán recorrer 612 kilómetros por carretera”, precisa Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha presentado este informe ante la Consejería de Desarrollo Sostenible en calidad de interesado, solicitando que el proyecto se someta a evaluación ambiental ordinaria por su “elevado impacto” y sus afecciones a la mencionada microrreserva.

Agregan asimismo que la Diputación tampoco ha explicado por qué se presentó “a bombo y platillo” una planta de biogás y otra de hidrógeno en febrero 2023, “comprometiéndose a facilitar el proyecto” para después, comunicar al Consejo de Transparencia el 11 de febrero de 2024 que no había ningún proyecto de planta de biogás. Para Carlos Villeta, el presidente de la Diputación, el socialista Álvaro Martínez Chana “tiene que dar muchas explicaciones”.

Este medio se ha puesto en contacto con la institución provincial, como promotora del proyecto, para recabar información y valoración sobre las nuevas plantas que denuncian los ecologistas. Por el momento no ha habido respuesta.

Las cinco plantas de I+D de 'Los Palancares'

Según la información recabada, en total serán cinco plantas de este tipo las que se instalarán en el futuro parque de 'Los Palancares'. La primera de ellas será para electrólisis alcalina: utiliza un electrolizador para dividir las moléculas de agua en hidrógeno gaseoso (H2) y oxígeno gaseoso (O2) utilizando electricidad. Consumirá 550 litros de agua al mes.

La segunda de las instalaciones sería una planta piloto de gasificación de biomasa, obtenida de residuos forestales (podas y limpieza de montes) y agrícolas de la zona y de la empresa Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A., mediante el uso de oxígeno como agente gasificante procedente de la planta de electrolisis alcalina. La previsión es que obtenga 2.850 kilogramos al mes de este producto, que se almacenará en botellas hasta su retirada por un gestor autorizado. Contempla su quema en antorcha de seguridad si fuera necesario.

La tercera planta piloto será para digestión anaerobia (microorganismos que metabolizan sin oxígeno) y upgrading (obtención y mejora) de biogás. Esto quiere decir que se producirá la transformación biológica de los residuos orgánicos procedentes de distintas fuentes (alperujo de almazara, residuos vitivinícolas, lactosuero, aguas azucaradas, entre otras). El biogás se almacenará en botellas en la zona de almacenaje. También prevé su posible quema en una antorcha de seguridad.

Por otro lado, el proyecto contempla una cuarta planta piloto, en este caso de metanol, que se realiza mediante la hidrogenación del CO2. Previo a la reacción se mezclan el CO2, el H2 (o gas de síntesis procedente de la planta piloto de electrolisis alcalina).

Finalmente, la quinta planta piloto sería para la producción de hidrocarburos. Para ello, se someterá CO2, N2 y H2 a la reacción de Fischer-Tropsch: polimerización donde se unen CO y H2 para formar cadenas carbonadas. Posteriormente, se realizará una separación de fracciones. Los gases y las fracciones ligeras se quemarán y las pesadas se recircularán. Solo las fracciones intermedias se almacenarán. No se menciona el destino de los hidrocarburos obtenidos.

Otro proyecto “histórico” de la Diputación de Cuenca

Este no es el único proyecto en el que la Diputación de Cuenca actúa como promotora. El pasado mes de febrero, la institución provincial firmó con el Gobierno de Castilla-La Mancha un convenio de colaboración para la construcción de una nueva planta de gestión de residuos cuya inversión total asciende a 46 millones de euros. Este convenio se enmarca entre las actuaciones y objetivos del Plan regional de Prevención y Gestión de Residuos 2030.

El nuevo centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Cuenca ha llegado a calificarse como “la obra más importante de la historia” de la Diputación de Cuenca. Estará ubicado a 20 kilómetros de la capital en la pedanía de Villanueva de los Escuderos, en el término municipal de Cuenca, en una parcela de 14 hectáreas y con capacidad para 70.000 toneladas de residuos. Estará compuesta por una planta de tratamientos urbanos y biorresiduos, área de compostaje, edificios auxiliares, urbanización y un vertedero de rechazos.

El proyecto contempla, además, líneas para la obtención de compost de calidad y combustible sólido recuperado y tiene prevista una función divulgadora con un aula de educación ambiental que permita convertir al centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos en un lugar de formación e información. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2028.

Las asociaciones ANSER y FONDENEX han presentado sendos recursos ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura por la aprobación de una línea eléctrica de trazado aéreo que atravesará espacios protegidos de los términos municipales pacenses de Campanario y Castuera.

En concreto, irá por la Zona Especial de Conservación (ZEC) 'La Serena', la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'La Serena y Sierras Periféricas' y a unos 250 metros al este de la ZEPA “Embalse del Zújar', según han informado en un comunicado.

Han explicado que el recurso se basa en la “arbitrariedad” a la hora de comunicar el contenido de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a las asociaciones conservacionistas de Extremadura, pues la documentación se ha enviado exclusivamente “a aquellas que no responden nunca o que reciben subvenciones de la Junta de Exremadura o tienen convenios firmados con Iberdrola, marginando al resto, entre ellas ANSER y FONDENEX”.

A su juicio, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en su conjunto es “un documento incompleto, chapucero y tendencioso, en el que se proponen medidas cautelares carentes de sentido, como enfundar cables, cuando esa acción entre vanos carece por completo de sentido y sólo sirve para aparentar un cierto interés por la conservación, del que carece en el resto de medidas, pues con cables enfundados o no, las aves siguen colisionando”.

“Quizá lo más escandaloso sean los casos del sisón, una especie en peligro de extinción, que la DIA reconoce su existencia en el paraje que cruzará el tendido, y del águila perdicera (Aquila fasciata), especie catalogada como Sensible a la Alteración de su Hábitat, y que la misma DIA reconoce la existencia de una pareja nidificante a menos de 200 metros del trazado de la línea”, han alertado.

En este caso, han señalado, la medida de protección se limita a marcar con GPS a un adulto y un pollo durante los primeros cinco años. “Esa medida prolongada ocasionará unas molestias durante un periodo reproductor que pudieran ocasionar el abandono del nido”, ha apuntado.

Tampoco se especifican, según estas organizaciones, las medidas correctoras que se tienen que llevar a cabo para evitar las molestias a la avifauna durante la fase de obras, como consecuencia de desbroces y movimientos de tierras.

Además, han desvelado que, según información aportada por algunos propietarios, la empresa promotora de la línea -Iberdrola/i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU- está contactando en los últimos días con los dueños de las fincas por las que atraviesa el trazado para indicarles que una vez que esté construida, si ellos lo desean, pondrá a su disposición un ramal para cada finca -más de diez- que les permitirá disponer de electricidad en sus instalaciones. En su opinión, esto “constituye una irregularidad, pues no se puede llevar a cabo esos trabajos sin contar con las autorizaciones pertinentes y con una nuevas DIA”.

Dado que se vulnera la legislación de extremeña, nacional y de la Unión Europea, ANSER y FONDENEX han solicitado su anulación y denunciarán el proyecto ante los tribunales ordinarios y la Comisión Europea.

Para estas organizaciones había una alternativa clara, que ni siquiera se ha tenido en cuenta: el soterramiento de la línea. Técnicamente viable, aunque algo más cara para Iberdrola. 

Diversas asociaciones ecologistas, colectivos vecinales y particulares han presentado alegaciones al expediente de concesión de licencia ambiental para la instalación de un espacio abierto destinado a espectáculos al aire libre en la estación invernal de La Pinilla, en el término segoviano de Cerezo de Arriba.

Según han expuesto los firmantes, el nuevo expediente sometido a información pública es, en lo esencial, una reproducción del presentado a finales de 2024, que ya fue objeto de alegaciones y terminó siendo paralizado. A su juicio, las modificaciones introducidas son meramente formales y no alteran los aspectos sustanciales del proyecto ni corrigen las deficiencias detectadas entonces.

Durante el periodo navideño de 2024 se tramitó la licencia de obra y actividad para un espacio abierto destinado a espectáculos al aire libre en una finca de La Pinilla, promovido por la misma empresa. Tras las alegaciones presentadas, el expediente quedó paralizado, si bien, según dicen los colectivos, las obras llegaron a ejecutarse de forma parcial sin contar con las autorizaciones legales necesarias.

Por este motivo, se solicitó la reposición del terreno a su estado original, sin que, según señalan, el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba haya adoptado actuación alguna al respecto.

Este año, en fechas similares, se ha iniciado un nuevo trámite de exposición pública de un expediente prácticamente idéntico, con ligeros retoques, con el objetivo de obtener la licencia ambiental para la celebración de macroconciertos en la parcela 1 de la estación invernal. Las alegaciones advierten de importantes lagunas en el resumen-memoria de la licencia ambiental aportado por la empresa promotora.

Entre ellas, destacan que el aforo previsto, de hasta 12.000 personas, resulta incompatible con el emplazamiento y podría incumplir lo establecido en el Real Decreto 2816/1982, que regula aspectos como la densidad de público, las vías de evacuación, las salidas de emergencia y la dotación mínima de servicios higiénicos.

También señalan la ausencia de una planificación adecuada de accesos y aparcamientos, al no definirse claramente zonas destinadas al estacionamiento.

Los aparcamientos existentes en La Pinilla, dos de ellos propiedad de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, se consideran insuficientes para absorber la llegada estimada de entre 3.000 y 6.000 vehículos, lo que podría provocar ocupaciones desordenadas de caminos, arcenes y cunetas, con impacto ambiental y problemas de circulación y evacuación.

Asimismo, critican que los riesgos ambientales estén insuficientemente evaluados, al abordarse de forma genérica los impactos de eventos multitudinarios en un entorno natural de alta sensibilidad.

Entre los principales riesgos citan el elevado peligro de incendios forestales, la contaminación acústica severa, con niveles superiores a los 100 decibelios, y la afección a espacios incluidos en la Red Natura 2000 de la Sierra de Ayllón, además de la generación masiva de residuos y las molestias sobre la fauna silvestre y el ganado en régimen extensivo.

Por todo ello, los firmantes consideran que La Pinilla no reúne las condiciones necesarias para la celebración de macroconciertos, ni desde el punto de vista de la seguridad de las personas ni desde la protección del medio natural, y reiteran su solicitud de avanzar en la ampliación de la Red Natura 2000 para incorporar este enclave y sus circos glaciares como medida de conservación.