El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha insistido en reclamar la paralización urgente del clúster eólico del Maestrazgo para evitar que se repitan situaciones como la de Pozondón, donde la justicia “ha llegado tarde”. La petición se produce tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que anula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del parque eólico Santos de la Piedra, una resolución que la organización celebra, aunque subraya que llega cuando la instalación ya está construida “y el daño ya está hecho”.

En la misma línea, organizaciones ambientales como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y WWF España —junto a ANSAR, ECODES y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos— han expresado su “profunda indignación” por las irregularidades detectadas en la tramitación del clúster del Maestrazgo, actualmente bajo investigación, y han reclamado la anulación definitiva del proyecto.

El portavoz del grupo de energía y medio ambiente de Teruel Existe, Jesús Villamón, ha advertido de que el caso de Pozondón “no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo de implantación de renovables que ha priorizado la rapidez frente a la protección del territorio”. Una idea que comparten las organizaciones ecologistas, que consideran que estas prácticas evidencian “posibles incumplimientos de los estándares ambientales” y malas praxis en la planificación energética.

“Durante años se nos vendió una transición energética modélica que, en la práctica, ha estado plagada de irregularidades y falta de control”, ha señalado Villamón, en referencia a investigaciones judiciales en curso. A su juicio, lo ocurrido es “la punta del iceberg de un modelo que ha fallado”.

Las entidades ambientales apuntan en la misma dirección y detallan que las DIA concedidas al clúster han permitido tramitar hasta 25 parques eólicos en un corredor de alto valor ecológico, con afecciones a la Red Natura 2000 y a especies protegidas como el quebrantahuesos. Además, denuncian que algunos proyectos se fragmentaron para eludir evaluaciones estatales o se aprobaron sin estudios acumulativos suficientes.

Villamón ha insistido en que el sistema de evaluación ambiental “no estaba funcionando con las garantías necesarias” y ha recordado que “más del 96% de las declaraciones de impacto ambiental resultaban favorables”, un dato que, a su juicio, evidencia un problema estructural. En este sentido, ha llegado a afirmar que el Inaga “era un coladero” y que “el sistema de evaluación ambiental estaba siendo pervertido”.

Las organizaciones coinciden en que estas prácticas no solo afectan al medio ambiente, sino que también “ponen en jaque la credibilidad de la transición energética” y alimentan el rechazo social hacia las renovables, perjudicando a los proyectos que sí cumplen la legalidad.

Ante este escenario, Teruel Existe reclama medidas cautelares para frenar proyectos en curso: “No podemos permitir que se repita lo ocurrido en Pozondón y que la justicia dé la razón cuando ya no hay solución posible”, ha advertido Villamón, quien ha añadido que “no queremos que Aragón se convierta en una suma continua de ‘Santos de la Piedra’”.

Mejor planificación

Por su parte, las entidades ecologistas subrayan que, en un contexto de inseguridad energética y dependencia de combustibles fósiles, el despliegue de renovables es “más necesario que nunca”, pero debe hacerse “de forma ágil, justa y al servicio de la ciudadanía”, con garantías suficientes para evitar prácticas irregulares o especulativas.

Ambas partes coinciden en la necesidad de una mejor planificación. Mientras Teruel Existe reclama “parar para proteger, investigar y garantizar que la transición energética se haga con rigor”, las organizaciones ambientales exigen una ordenación territorial que excluya de forma vinculante las zonas de mayor valor ambiental y priorice suelos ya degradados o artificiales.

Asimismo, valoran positivamente el compromiso del Gobierno de definir antes del 20 de junio las Zonas de Aceleración para Renovables (ZAR), aunque piden que su diseño incluya una amplia participación ciudadana y criterios claros de protección ambiental.

Las organizaciones también reclaman mecanismos que refuercen la participación pública desde fases tempranas en los grandes proyectos, más allá de los requisitos actuales, y recuerdan que muchas de estas medidas “no son nuevas”, sino demandas históricas que, de haberse aplicado, “habrían impedido casos como el del Maestrazgo”.

“Cuando se permite que proyectos basados en procedimientos cuestionables sigan adelante, no solo se pone en riesgo el territorio, sino que se genera una burbuja económica cuyas consecuencias acabarán pagando todos”, ha advertido Villamón, que ha apelado a actuar con “responsabilidad y anticipación”.

En este contexto, tanto el movimiento ciudadano como las organizaciones ambientales coinciden en que lo ocurrido con el parque eólico Santos de la Piedra debe marcar “un antes y un después”. “Es hora de parar. Parar para proteger, para investigar y para que se haga verdadera justicia”, ha concluido el portavoz de Teruel Existe, mientras las entidades insisten en que “las malas praxis deben ser prohibidas y perseguidas” para garantizar una transición energética compatible con el territorio y la biodiversidad.

La primera ampliación prevista del parque temático Puy du Fou de Toledo, que se realiza para la instalación de varios hoteles y parkings, no afectará, en principio, a los corredores de conexión del territorio del lince ibérico. Así lo establece el Gobierno de Castilla-La Mancha en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la primera ampliación de la instalación declarada como Proyecto de Singular Interés (PSI) y publicada en el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM).

La Administración regional le dedica un amplio espacio a la posible afectación que pueda tener la extensión del parque temático sobre esta especie en peligro de extinción, mediante un “estudio de conectividad”.

Y es que sus ejemplares tienen una presencia consolidada y en rápido aumento en la provincia, destacando la zona de los Montes de Toledo, a unos 30 kilómetros del Puy du Fou, como una de las poblaciones más importantes de la península.

Además de esta área, la expansión del lince también ha llegado a la zona de la Jara, estableciéndose posibles corredores de conexión de su territorio, que llegan a las inmediaciones del parque temático, en términos municipales como Argés, Gálvez o Navahermosa, a tan solo cinco kilómetros de los límites del parque.

Cómo se ha hecho el estudio de conectividad del lince

Concretamente, en el documento del DOCM consultado por este medio, el Gobierno regional explica que ese “estudio de conectividad” se ha basado en el análisis bibliográfico, en la realización de transectos y en la utilización de estaciones de fototrampeo, analizando los corredores ecológicos a una escala local y regional.

A escala local, el estudio concluye que elementos fluviales como los arroyos Guajaraz y de la Cierva, y las pistas del entorno del parque presentan un “relevante papel conector”. Allí se han identificado hasta once especies de mamíferos diferentes, sobre todo de conejos, la principal presa y fuente de alimentaión del lince.

No obstante, se ha detectado un único posible indicio de presencia de lince ibérico: la observación, fuera del muestreo, de un excremento localizado en las proximidades del arroyo de la Cierva, muy cercano al límite suroccidental del ámbito del proyecto.

A escala regional, afirma que los corredores modelizados para el lince ibérico “no atraviesan el ámbito de estudio”, al igual que los caminos de coste mínimo del estudio 'Autopistas Salvajes' de WWF, que analiza una docena de corredores ecológicos para conectar y facilitar la movilidad de la fauna. Estos corredores discurren precisamente al norte de la autovía CM-40 de Toledo, pero el estudio indica que “no hay interferencia” con el ámbito del PSI.

Sí admite que el hábitat del valle del arroyo de Guajaraz, aún con su condición de monte abierto de matorral (vegetación mermada tras un reciente incendio) y la presencia de conejo, pueden permitir “la presencia temporal de individuos de lince dispersantes”. Pero después añade que las características del hábitat “hace que su ocupación por individuos territoriales de lince sea muy poco probable”.

Por todo ello, el estudio concluye que la ampliación del parque temático no causará “impactos negativos significativos” para la conectividad de las poblaciones de lince ibérico a escala regional ni a escala local, ya que “podrán seguir empleando los cauces fluviales señalados para sus movimientos y dispersiones”.

El lince ibérico está considerado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como uno de los felinos más amenazados del mundo. Los Montes de Toledo son una de sus áreas de reproducción más importantes del país, con reintroducciones de la especie desde el año 2014.

Según la Estrategia para la Conservación del Lince en España, del Ministerio para la Transición Ecológica, actualmente hay esta zona más de 300 ejemplares.

Podemos Cantabria ha solicitado formalmente a la Consejería de Desarrollo Rural el acceso a las evaluaciones de impacto ambiental y a los estudios de afección a la Red Natura 2000 de varias obras adjudicadas a los medios propios públicos TRAGSA y TRAGSATEC.

La petición se ha registrado después de comprobar que, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, no figura publicada documentación ambiental pese a tratarse de actuaciones en zonas de alta sensibilidad ecológica, ha indicado la formación.

Las obras objeto de la solicitud incluyen intervenciones en el Parque Nacional de los Picos de Europa, actuaciones en el Parque Natural de Oyambre, trabajos en arroyos y cauces, reforestaciones en montes públicos y proyectos dentro de espacios declarados Red Natura 2000.

Podemos considera que este tipo de proyectos requieren obligatoriamente una evaluación ambiental o un estudio de repercusiones conforme a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

En este sentido, ha advertido que la normativa estatal y europea “es muy clara: cualquier obra con posible afección a ecosistemas protegidos debe pasar controles ambientales estrictos antes de ejecutarse”.

“No es comprensible que actuaciones en parques nacionales, montes de utilidad pública o zonas protegidas no tengan publicada su evaluación ambiental. La ciudadanía tiene derecho a saber si estos proyectos cumplen las garantías legales y de protección del patrimonio natural”, ha subrayado.

“Atajo legal para acelerar proyectos”

Podemos ha recordado que es favorable a la contratación con medios propios, pero ha insistido en que la transparencia en materia ambiental “no es opcional”, sino una obligación marcada por la Ley y por los tratados europeos. Además, ha subrayado que la ausencia de estas evaluaciones “no solo vulnera el acceso a la información ambiental, sino que puede poner en riesgo la conservación de espacios protegidos”.

La formación también ha alertado de un “posible patrón” por parte del Gobierno autonómico, que “podría estar utilizando atajos legales para acelerar proyectos a costa de eludir trámites ambientales, como ya denunciamos en el caso de Yera. Y no es el único: tenemos más proyectos en estudio donde detectamos la misma anomalía”, ha afirmado.

Finalmente, Podemos Cantabria ha advertido que continuará revisando todos los encargos realizados a medios propios y exigirá responsabilidades si se confirma que se han ejecutado obras sin los procedimientos ambientales preceptivos.

La Asociación 25 de marzo ha convocado para este domingo una marcha-protesta en el entorno de la planta fotovoltaica 'Francisco Pizarro' (Cáceres), considerada la más extensa de Europa, como denuncia al proceso de “colonización energética” de Extremadura por parte de grandes compañías eléctricas.

La movilización pretende denunciar el impacto territorial y social de los grandes proyectos energéticos en la región. Partirá a las 10:00 horas desde la rotonda de acceso a la planta, situada entre los municipios cacereños de Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera, des de la carretera CC-419 y recorrerá varios kilómetros hasta las inmediaciones de la instalación, propiedad de Iberdrola, que ocupa unas 1.300 hectáreas de superficie.

Desde la asociación señalan que esta planta constituye uno de los ejemplos “más representativos del modelo energético que critican”, basado en macroinstalaciones que, a su juicio, “inutilizan amplias extensiones de suelo para usos agrarios y tradicionales”.

En este sentido, recuerdan que Extremadura “exporta alrededor del 80% de la electricidad que produce” y que las plantas fotovoltaicas ya instaladas generan “más del doble de la energía que consume la región a lo largo de un año”. Asimismo, subrayan que las centrales hidroeléctricas del Tajo y el Guadiana producen aproximadamente la mitad de la electricidad que consume Extremadura, “pese a lo cual continúan tramitándose nuevos proyectos de grandes plantas solares”.

La Asociación 25 de marzo critica que este modelo “prioriza la rentabilidad de las multinacionales energéticas frente al desarrollo local y el autoconsumo”, y lo compara con comunidades autónomas con déficit energético como Madrid, Cataluña y el País Vasco.

A juicio de la organización, Extremadura “podría autoabastecerse con una parte de las instalaciones actuales, sin necesidad de seguir ocupando grandes superficies de terreno”, y reclaman una planificación diferente de la transición energética.

La jornada concluirá con la proyección del documental 'Vidas irrenovables. Naturaleza o miseria', a las 12:00 horas en la Casa de la Cultura de Madroñera, con la presencia de su director, Francisco J. Vaquero, según han informado los propios convocantes. 

El digestato es un subproducto derivado la generación de biogás y biometano. Se trata de un material sólido-líquido residual rico en nutrientes resultante de la digestión anaeróbica de materia orgánica: desechos agrícolas, ganaderos o urbanos.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, una planta de biogás produce digestato en una cantidad que equivale en torno al 90% de la materia orgánica introducida en el biodigestor, ya que solo una pequeña parte se convierte en biogás. Generalmente, se obtiene aproximadamente una tonelada de digestato por cada tonelada de residuo fresco procesado, variando según la humedad del sustrato.

Así, en los últimos años, este residuo se ha convertido en un quebradero de cabeza para las nuevas instalaciones de biogás o biometano que proliferan en toda España. Porque su tratamiento final se está realizando a base de su conversión en compostaje, una actividad que principalmente se realiza al aire libre, tiene impacto ambiental y produce malos olores, lo que ha desatado numerosas denuncias de los colectivos ecologistas.

Estas asociaciones consideran que la extensión de este residuo en los campos circundantes a las plantas de biogás es “inviable”, ya no solo ambientalmente, sino que puede provocar impactos en los acuíferos y en la contaminación por nitratos.

Por eso es una de las trabas que están encontrando en Castilla-La Mancha los más de 70 proyectos de producción de biogás que están intentando instalarse en la región o que ya operan en ella. La mayoría cuenta con la oposición vecinal y en algunos casos de los propios ayuntamientos, lo que ha llevado incluso a ordenanzas municipales para prohibir su instalación.

Este es el contexto que una start-up española lleva años estudiando para ofrecer una solución a la gestión de este residuo. La empresa es Biotecnología Bioeconómica y opera en todo el país, pero está especialmente interesada en el territorio castellanomanchego, al ver la contestación social derivada de los problemas que genera el digestato.

Del estudio de valoración a la patente

Su apoderado, Javier Martínez, explica que la compañía, fundada en 2023, tiene como objetivo la gestión de residuos orgánicos (principalmente digestato y lodos de depuradoras de aguas residuales) para convertirlos en productos de alto valor como grasas, aceites y fertilizantes para la agricultura. Es decir, trabaja en la valorización de residuos y además genera créditos de carbono (permiten a las empresas obtener compensaciones económicas por no generar contaminación).

Pese a su reciente fundación, esta empresa lleva estudiando la gestión de residuos desde hace ocho años. Ha patentado el biodigestor ‘Aerobio’ para residuos orgánicos. Comenzó ofreciendo esta solución al sector ganadero para el tratamiento de purines y estiércol, pero ahora quiere fomentar su actividad en el área del biogás y el biometano, como “líderes del mercado en captación de residuos”.

“Actualmente, ninguna planta de biogás en España ha encontrado solución ambiental al problema del digestato. Todo el mundo sabe que es un problema, lo reconocen en privado, pero pasan por encima de la solución”, afirma Martínez.

Como ejemplo pone a la planta de biometano de Noez, en los Montes de Toledo, cuya puesta en marcha provocó las protestas del pueblo vecino de Casasbuenas, a cuya vecindad afectan los malos olores derivados del tratamiento de residuos. Es una instalación que esta empresa ha estado analizando.

Pero, ¿en qué consiste su solución? La start up ha detectado que los técnicos de las administraciones públicas “retardan” las concesiones medioambientales porque las soluciones de los promotores de biogás se encuentran, al generar digestato, con el mismo problema que el de los purines y los estiércoles de las macrogranjas. “Porque el compost es una palabra mágica, pero no es un buen fertilizante y su elaboración se hace al aire y tiene impacto ambiental. Además, supone un gasto para los promotores de biometano”.

Estudiaron así las cualidades del digestato y comprobaron que en la mayoría de los casos pierde valor nutritivo, pero si se le añaden algunos “correctores”, existe una solución. “Se basa, fundamentalmente en ponerlo a dieta, en complementarlo”.

El proceso se inicia con un análisis nutricional del residuo. “Vemos qué le falta para que sea más completo, generalmente proteínas o carbohidratos”. Posteriormente, se mezcla, se tritura y con eso se pone “a dieta”. Posteriormente, en el biodigestor, se mezcla ese producto con las larvas de la mosca 'soldado negra', que se crían en la misma nave y la utiliza como elemento de crecimiento y de aprovechamiento.

“En 15 días hace desaparecer la dieta, se desarrolla y, cuando eso ocurre, extraemos de la larva todos sus componentes, como se extrae el aceite de una aceituna. Los procesamos allí mismo y los convertimos en productos finales para uso agrícola”, detalla el apoderado de la compañía.

Según afirma, en ese momento “ya no hay residuo, desaparece”. Lo que se obtiene cada dos semanas son “productos de valor”, que se ofrecen en 'biopacks' y que son “incluso más rentables que el propio gas” en cuanto al retorno de la inversión.

Una de las ventajas que esta empresa destaca es que el proceso se realiza en naves que ellos mismos se encargan de instalar en los terrenos de las plantas de biogás, a la medida de su nivel de producción. Estas naves, destaca, no tienen impacto ambiental, son herméticas y están climáticamente controladas. “Da igual la climatología exterior, porque dentro se mantienen las mismas condiciones de temperatura, humedad y calidad del aire”.

“Si la instalamos en el mismo terreno en el que está la planta de biogás y nos dan acceso al tubo por el que sale el digestato, este residuo ni siquiera tocaría el aire de la calle y desaparecería en nuestra planta. Sale ya convertido en grasas, aminoácidos, fertilizantes. Ahí ya no existe el problema”.

Una vez puesta en marcha, a los dos meses, ya funciona siempre igual, con el mismo proceso, al tratarse de un circuito cerrado. “También genera empleo local porque contratamos a gente de la zona y nos encargamos de la formación”. Asimismo, los productos finales, los bioestimulantes, se intentan vender a los agricultores del pueblo y de la comarca.

¿Y el impacto ambiental y la financiación?

Otra ventaja que ensalzan: es la propia empresa la que tramita con la Administración autonómica su expediente de impacto ambiental. “Lo hacemos nosotros como empresa independiente. La promotora de la planta de biogás no tiene que hacer nada, e incluso puede solicitar un expediente informativo de mejora, lo que optimizaría su posición” en cuanto al impacto ambiental.

Una planta pequeña de tratamiento de digestato puede costarle a Biotecnología Bioeconómica entre 9 y 12 millones de euros, para su uso durante 20 años. Sin embargo, las ofrecen de manera gratuita. “Nos ocupamos de todas las inversiones y de vender el producto final. En cada planta, constituimos una ‘Sociedad Proyecto’ (SPV en sus siglas en inglés) y buscamos fondos de inversión o de capital riesgo para financiarlo”. Actualmente, la empresa tiene un acuerdo con una de las cuatro grandes consultoras, las denominadas Big Four, para que se encargue de buscar los fondos de inversión.

La empresa dice haber constatado que “se retribuye muy bien al inversionista” y que esta mecánica les permite “ser autónomos” y no cobrar a la planta de biogás. “Eso le supone un ahorro de dinero, pero también otro más importante, que es el ahorro medioambiental”.

Es como si a la industria del gas le costase reconocer que hay una solución fantástica que no les cuesta dinero

No obstante, en esta empresa lamentan que a los promotores “les cuesta trabajo” contratar esta solución, cuando “deberían entender que la autorización ambiental será más ágil, porque somos muy eficientes medioambientalmente”. “Nos cuesta mucho trabajo porque hay muchos intereses cruzados”, lamentan.

 “Creemos que tenemos el mejor sistema de gestión del digestato y de los lodos de depuradora. Hacemos desaparecer in situ el problema del residuo y las plantas ganan una calificación mayor. Debería estar la gente llamándonos a la puerta, pero no hay manera. Es como si a la industria del gas le costase reconocer que hay una solución fantástica que no les cuesta dinero”, concluye Javier Martínez.

Esta empresa ya tiene una nave “pendiente de permisos” en una planta de biogás de Lleida, donde se procesan hasta 30.000 toneladas de digestato en un terreno de dos hectáreas. También está en trámite otro proyecto en una planta de depuración de agua en Canarias y actualmente está en negociación con unos 30 proyectos de biogás y depuradoras en Galicia, Aragón y Andalucía.

El futuro Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular 'Los Palancares' de Cuenca sigue sumando polémicas. Este proyecto, cuya promotora es la Diputación Provincial y que ya tiene luz verde ambiental para su urbanización interior y para las conexiones exteriores, sigue en el punto de mira de los colectivos ecologistas, quienes ahora denuncian que se han incorporado tres nuevas plantas de gas e hidrocarburos, con “alto impacto ambiental y opacidad” por parte de la institución provincial.

Con 800.000 metros cuadrados de suelo industrial, el futuro parque se tramita como Plan de Singular Interés (PSI) mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, puesto que supone la modificación del planeamiento municipal de la ciudad Cuenca. Incluye en total nueve proyectos urbanizadores por un importe de entre 24 y 30 millones de euros, según estima la Diputación provincial.

Ahora, Ecologistas en Acción de la Manchuela denuncia que uno de los proyectos, el denominado 'Nueva Planta I+D del Centro Nacional del Hidrógeno' (NPIDi) incluye cinco plantas piloto más pequeñas que las del anterior proyecto, exclusivamente para uso en investigación. De ellas, dos ya se presentaron, y tres son nuevas y hasta ahora no se habían hecho públicas.

Según el informe que ha realizado este colectivo y al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, estas plantas no generarán energía neta. Al contrario, “la consumirán en su funcionamiento” puesto que se requiere un total de 740 kilovatios de potencia eléctrica.

“También se requerirá energía en el transporte de las materias primas y personal. Los productos obtenidos (gases, combustibles líquidos, subproductos) serán recogidos por gestores autorizados o bien se quemarán en antorchas”, agrega. Sin embargo, en el documento ambiental, aunque la promotora admite afección “sobre los factores climáticos de carácter significativo en el ámbito local, permanente y sinérgico”, el proyecto se considera “compatible” al disponer de “medidas preventivas y correctoras”.

En este documento, Ecologistas en Acción considera “sorprendente” que no se haya evaluado la afección de las columnas de humo generadas por las chimeneas y antorchas de las plantas, ni sobre el aterrizaje y despegue de los helicópteros de la base de las brigadas aerotransportadas (BRIF), que se ha construido en la parcela colindante.

"El proyecto conlleva el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos"

Carlos Villeta — Ecologistas en Acción de la Manchuela

Reitera además la frecuencia de situaciones de “inversión térmica” en el valle del río Moscas (uno de los 'puntos calientes' del impacto ambiental del proyecto) que “conllevan el estancamiento de masas de aire frío cerca de la superficie y con ello los gases y humos”.

“El destino único de estas plantas es la investigación científica, pero solo hay grupos de investigación en hidrógeno en la región en Puertollano, concretamente en el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2). Cada vez que los investigadores visiten la planta deberán recorrer 612 kilómetros por carretera”, precisa Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha presentado este informe ante la Consejería de Desarrollo Sostenible en calidad de interesado, solicitando que el proyecto se someta a evaluación ambiental ordinaria por su “elevado impacto” y sus afecciones a la mencionada microrreserva.

Agregan asimismo que la Diputación tampoco ha explicado por qué se presentó “a bombo y platillo” una planta de biogás y otra de hidrógeno en febrero 2023, “comprometiéndose a facilitar el proyecto” para después, comunicar al Consejo de Transparencia el 11 de febrero de 2024 que no había ningún proyecto de planta de biogás. Para Carlos Villeta, el presidente de la Diputación, el socialista Álvaro Martínez Chana “tiene que dar muchas explicaciones”.

Este medio se ha puesto en contacto con la institución provincial, como promotora del proyecto, para recabar información y valoración sobre las nuevas plantas que denuncian los ecologistas. Por el momento no ha habido respuesta.

Las cinco plantas de I+D de 'Los Palancares'

Según la información recabada, en total serán cinco plantas de este tipo las que se instalarán en el futuro parque de 'Los Palancares'. La primera de ellas será para electrólisis alcalina: utiliza un electrolizador para dividir las moléculas de agua en hidrógeno gaseoso (H2) y oxígeno gaseoso (O2) utilizando electricidad. Consumirá 550 litros de agua al mes.

La segunda de las instalaciones sería una planta piloto de gasificación de biomasa, obtenida de residuos forestales (podas y limpieza de montes) y agrícolas de la zona y de la empresa Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A., mediante el uso de oxígeno como agente gasificante procedente de la planta de electrolisis alcalina. La previsión es que obtenga 2.850 kilogramos al mes de este producto, que se almacenará en botellas hasta su retirada por un gestor autorizado. Contempla su quema en antorcha de seguridad si fuera necesario.

La tercera planta piloto será para digestión anaerobia (microorganismos que metabolizan sin oxígeno) y upgrading (obtención y mejora) de biogás. Esto quiere decir que se producirá la transformación biológica de los residuos orgánicos procedentes de distintas fuentes (alperujo de almazara, residuos vitivinícolas, lactosuero, aguas azucaradas, entre otras). El biogás se almacenará en botellas en la zona de almacenaje. También prevé su posible quema en una antorcha de seguridad.

Por otro lado, el proyecto contempla una cuarta planta piloto, en este caso de metanol, que se realiza mediante la hidrogenación del CO2. Previo a la reacción se mezclan el CO2, el H2 (o gas de síntesis procedente de la planta piloto de electrolisis alcalina).

Finalmente, la quinta planta piloto sería para la producción de hidrocarburos. Para ello, se someterá CO2, N2 y H2 a la reacción de Fischer-Tropsch: polimerización donde se unen CO y H2 para formar cadenas carbonadas. Posteriormente, se realizará una separación de fracciones. Los gases y las fracciones ligeras se quemarán y las pesadas se recircularán. Solo las fracciones intermedias se almacenarán. No se menciona el destino de los hidrocarburos obtenidos.

Otro proyecto “histórico” de la Diputación de Cuenca

Este no es el único proyecto en el que la Diputación de Cuenca actúa como promotora. El pasado mes de febrero, la institución provincial firmó con el Gobierno de Castilla-La Mancha un convenio de colaboración para la construcción de una nueva planta de gestión de residuos cuya inversión total asciende a 46 millones de euros. Este convenio se enmarca entre las actuaciones y objetivos del Plan regional de Prevención y Gestión de Residuos 2030.

El nuevo centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Cuenca ha llegado a calificarse como “la obra más importante de la historia” de la Diputación de Cuenca. Estará ubicado a 20 kilómetros de la capital en la pedanía de Villanueva de los Escuderos, en el término municipal de Cuenca, en una parcela de 14 hectáreas y con capacidad para 70.000 toneladas de residuos. Estará compuesta por una planta de tratamientos urbanos y biorresiduos, área de compostaje, edificios auxiliares, urbanización y un vertedero de rechazos.

El proyecto contempla, además, líneas para la obtención de compost de calidad y combustible sólido recuperado y tiene prevista una función divulgadora con un aula de educación ambiental que permita convertir al centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos en un lugar de formación e información. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2028.

Las asociaciones ANSER y FONDENEX han presentado sendos recursos ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura por la aprobación de una línea eléctrica de trazado aéreo que atravesará espacios protegidos de los términos municipales pacenses de Campanario y Castuera.

En concreto, irá por la Zona Especial de Conservación (ZEC) 'La Serena', la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'La Serena y Sierras Periféricas' y a unos 250 metros al este de la ZEPA “Embalse del Zújar', según han informado en un comunicado.

Han explicado que el recurso se basa en la “arbitrariedad” a la hora de comunicar el contenido de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a las asociaciones conservacionistas de Extremadura, pues la documentación se ha enviado exclusivamente “a aquellas que no responden nunca o que reciben subvenciones de la Junta de Exremadura o tienen convenios firmados con Iberdrola, marginando al resto, entre ellas ANSER y FONDENEX”.

A su juicio, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en su conjunto es “un documento incompleto, chapucero y tendencioso, en el que se proponen medidas cautelares carentes de sentido, como enfundar cables, cuando esa acción entre vanos carece por completo de sentido y sólo sirve para aparentar un cierto interés por la conservación, del que carece en el resto de medidas, pues con cables enfundados o no, las aves siguen colisionando”.

“Quizá lo más escandaloso sean los casos del sisón, una especie en peligro de extinción, que la DIA reconoce su existencia en el paraje que cruzará el tendido, y del águila perdicera (Aquila fasciata), especie catalogada como Sensible a la Alteración de su Hábitat, y que la misma DIA reconoce la existencia de una pareja nidificante a menos de 200 metros del trazado de la línea”, han alertado.

En este caso, han señalado, la medida de protección se limita a marcar con GPS a un adulto y un pollo durante los primeros cinco años. “Esa medida prolongada ocasionará unas molestias durante un periodo reproductor que pudieran ocasionar el abandono del nido”, ha apuntado.

Tampoco se especifican, según estas organizaciones, las medidas correctoras que se tienen que llevar a cabo para evitar las molestias a la avifauna durante la fase de obras, como consecuencia de desbroces y movimientos de tierras.

Además, han desvelado que, según información aportada por algunos propietarios, la empresa promotora de la línea -Iberdrola/i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU- está contactando en los últimos días con los dueños de las fincas por las que atraviesa el trazado para indicarles que una vez que esté construida, si ellos lo desean, pondrá a su disposición un ramal para cada finca -más de diez- que les permitirá disponer de electricidad en sus instalaciones. En su opinión, esto “constituye una irregularidad, pues no se puede llevar a cabo esos trabajos sin contar con las autorizaciones pertinentes y con una nuevas DIA”.

Dado que se vulnera la legislación de extremeña, nacional y de la Unión Europea, ANSER y FONDENEX han solicitado su anulación y denunciarán el proyecto ante los tribunales ordinarios y la Comisión Europea.

Para estas organizaciones había una alternativa clara, que ni siquiera se ha tenido en cuenta: el soterramiento de la línea. Técnicamente viable, aunque algo más cara para Iberdrola. 

Diversas asociaciones ecologistas, colectivos vecinales y particulares han presentado alegaciones al expediente de concesión de licencia ambiental para la instalación de un espacio abierto destinado a espectáculos al aire libre en la estación invernal de La Pinilla, en el término segoviano de Cerezo de Arriba.

Según han expuesto los firmantes, el nuevo expediente sometido a información pública es, en lo esencial, una reproducción del presentado a finales de 2024, que ya fue objeto de alegaciones y terminó siendo paralizado. A su juicio, las modificaciones introducidas son meramente formales y no alteran los aspectos sustanciales del proyecto ni corrigen las deficiencias detectadas entonces.

Durante el periodo navideño de 2024 se tramitó la licencia de obra y actividad para un espacio abierto destinado a espectáculos al aire libre en una finca de La Pinilla, promovido por la misma empresa. Tras las alegaciones presentadas, el expediente quedó paralizado, si bien, según dicen los colectivos, las obras llegaron a ejecutarse de forma parcial sin contar con las autorizaciones legales necesarias.

Por este motivo, se solicitó la reposición del terreno a su estado original, sin que, según señalan, el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba haya adoptado actuación alguna al respecto.

Este año, en fechas similares, se ha iniciado un nuevo trámite de exposición pública de un expediente prácticamente idéntico, con ligeros retoques, con el objetivo de obtener la licencia ambiental para la celebración de macroconciertos en la parcela 1 de la estación invernal. Las alegaciones advierten de importantes lagunas en el resumen-memoria de la licencia ambiental aportado por la empresa promotora.

Entre ellas, destacan que el aforo previsto, de hasta 12.000 personas, resulta incompatible con el emplazamiento y podría incumplir lo establecido en el Real Decreto 2816/1982, que regula aspectos como la densidad de público, las vías de evacuación, las salidas de emergencia y la dotación mínima de servicios higiénicos.

También señalan la ausencia de una planificación adecuada de accesos y aparcamientos, al no definirse claramente zonas destinadas al estacionamiento.

Los aparcamientos existentes en La Pinilla, dos de ellos propiedad de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, se consideran insuficientes para absorber la llegada estimada de entre 3.000 y 6.000 vehículos, lo que podría provocar ocupaciones desordenadas de caminos, arcenes y cunetas, con impacto ambiental y problemas de circulación y evacuación.

Asimismo, critican que los riesgos ambientales estén insuficientemente evaluados, al abordarse de forma genérica los impactos de eventos multitudinarios en un entorno natural de alta sensibilidad.

Entre los principales riesgos citan el elevado peligro de incendios forestales, la contaminación acústica severa, con niveles superiores a los 100 decibelios, y la afección a espacios incluidos en la Red Natura 2000 de la Sierra de Ayllón, además de la generación masiva de residuos y las molestias sobre la fauna silvestre y el ganado en régimen extensivo.

Por todo ello, los firmantes consideran que La Pinilla no reúne las condiciones necesarias para la celebración de macroconciertos, ni desde el punto de vista de la seguridad de las personas ni desde la protección del medio natural, y reiteran su solicitud de avanzar en la ampliación de la Red Natura 2000 para incorporar este enclave y sus circos glaciares como medida de conservación.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura ha formulado declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de construcción y puesta en funcionamiento de una planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías en el término municipal de Mérida (Badajoz).

Promovido por la empresa Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, el proyecto contempla la implantación de una planta industrial destinada a la producción de fosfato de hierro y litio, con una capacidad prevista de 50.000 toneladas anuales. Se ubicará en la parcela I-103 del Parque Empresarial Expacio Mérida, sobre una superficie de 467.261 metros cuadrados.

La resolución, que ha publicado este lunes el Diario Oficial de Extremadura (DOE), concluye que, con la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y de control recogidas en el estudio de impacto ambiental y en los informes sectoriales incorporados al expediente, la actuación no es susceptible de producir afecciones ambientales significativas, incluidas las relativas a la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Durante la tramitación del expediente se sometió el proyecto a información pública y se recabaron informes de distintas administraciones y organismos, entre ellos el Ayuntamiento de Mérida, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Demarcación de Carreteras del Estado y la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil.

El análisis ambiental incluye condicionantes relacionados con la gestión de aguas, la protección del dominio público hidráulico, la seguridad frente a accidentes graves, la integración urbanística, la protección del patrimonio arqueológico y la ejecución de medidas específicas para minimizar riesgos y garantizar la compatibilidad del proyecto con el entorno.

La declaración de impacto ambiental se formula con carácter previo a la autorización administrativa del proyecto y queda supeditada al cumplimiento de todos los condicionantes y medidas recogidas en la resolución. 

La Asociación Pueblos Vivos Cuenca denuncia que la Junta de Castilla-La Mancha ha iniciado la tramitación de una macrogranja avícola en el municipio de El Herrumblar (Cuenca). “La instalación está proyectada inicialmente para albergar 41.000 pollos de engorde por ciclo. Sin embargo, el propio documento descriptivo del proyecto que se ha presentado señala que el proyecto está diseñado para ampliarse a tres naves, cada una con capacidad para unas 41.000 aves, lo que supondría una explotación con capacidad total de 123.000 pollos de engorde por ciclo de producción”, explican desde la asociación.

Aseguran que ese tamaño “supera con creces el umbral de 55.000 pollos que la legislación marca para que una instalación ganadera intensiva de pollos deba ser evaluada mediante Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, un procedimiento más riguroso y exigente que el simplificado”.

Podrían llegar hasta “738.000 pollos por año”

Desde Pueblos Vivos Cuenca exponen que la producción anual de la explotación podría llegar “hasta 738.000 pollos”. “El estudio presentado reconoce que el consumo total de agua, cuando se construyan las tres naves previstas, ascenderá a los 7 millones de litros anuales, suministrados mediante un pozo de captación propio, también en estado de solicitud a la Confederación Hidrográfica del Júcar”. De igual forma, desde la asociación señalan que el proyecto calcula “una generación de residuos sólidos equivalente a más de 5.300 toneladas de estiércol anuales en régimen completo, que requerirán una gestión altamente controlada para evitar contaminación de suelos y aguas subterráneas”. Por otro lado, en el proyecto se refleja “la existencia de un almacén de estiércol del que no se aportan dimensiones ni capacidad de almacenamiento, y tampoco frecuencia de retirada”.

La Asociación Pueblos Vivos Cuenca denuncia que otros efectos contaminantes “tal y como se describen en el proyecto serían emisiones de amoníaco, metano, dióxido de carbono, polvo y partículas; que se emitirán al exterior mediante ventilación forzada; tráfico de vehículos pesados y un impacto visual notable en una zona rural abierta”. Apuntan que en la documentación no se han estimado las emisiones totales de gases tóxicos “como el amoniaco, ni se analiza su dispersión hacia las zonas habitadas a pesar de que la instalación se situará relativamente cerca de la población, a algo más de 600 metros del casco urbano”.

Denuncian posibles “afecciones a la salud por exposición al amoniaco”

A pesar de que la producción anual de la explotación “rondaría los 738.000 pollos por año”, no se concretan las medidas de mitigación de la contaminación generada en el proyecto presentado a la Consejería de Desarrollo Sostenible. “El documento ambiental solo dice que se controlarán las emisiones de amoniaco, pero no aporta cifras pues no se evalúa cuánto amoniaco se emitirá, hacia dónde se dispersará, qué niveles llegarán a la población ni el impacto acumulado anual”, explican.

Desde la Asociación Pueblos Vivos Cuenca observan “poco rigor en el documento ambiental, que no cuantifica el amoníaco que se va a generar, cuando este es el principal contaminante de una granja avícola para la población y el medio ambiente. La exposición al amoniaco provoca irritación en vías respiratorias y ojos, e incluso a concentraciones relativamente bajas (5–25 ppm), puede causar tos, bronquitis, irritación ocular, inflamación de la vía aérea”.

Este colectivo vecinal denuncia que “no puede aceptarse que se tramite como Evaluación Ambiental simplificada y sin Autorización Ambiental Integrada una instalación que, su propio proyecto reconoce que triplicará su tamaño, multiplicando también sus impactos ambientales y en la salud”.

La Asociación Pueblos Vivos Cuenca está formada por movimientos vecinales de Almendros, Arandilla del Arroyo, Barajas de Melo, Barchín del Hoyo, Campillo de Altobuey, Cañete, Cardenete, Casas de Haro, Gabaldón, Gascueña, Huete, Ledaña, Mariana, Moncalvillo, Mota del Cuervo, Portalrubio de Guadamejud, Portilla, Pozorrubielos de la Mancha, Priego, Quintanar del Rey, Reíllo, San Clemente, Tarancón, Tinajas, Torrejoncillo del Rey, Valdemoro del Rey, Villalba de la Sierra, Villalba del Rey, Villanueva de la Jara, Villar de Domingo García, Villar del Humo, Víllora y Zarzuela, junto a Ecologistas en Acción Cuenca y Ecologistas de la Manchuela.

Colectivos vecinales afectados por el Polígono Eólico Cotío han denunciado “graves errores” en el estudio ambiental y la “falta de rigor” en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático de Cantabria.

Según han denunciado este jueves en un comunicado, el documento presenta “errores significativos”, como la mención de municipios ajenos al proyecto (Campoo de Yuso, Molledo y Aguayo) que se encuentran a 20 kilómetros del emplazamiento real en Campoo de Enmedio y Valdeolea (donde se ubicaría la subestación“.

Los colectivos consideran que estos fallos evidencian un “corta y pega” de contenidos procedentes de otros expedientes, particularmente del Polígono Eólico El Escudo, sin la debida adaptación al territorio analizado.

Además, han criticado el funcionamiento interno del órgano ambiental y han advertido que “una evaluación deficiente compromete la credibilidad del procedimiento administrativo y puede derivar en decisiones basadas en información incorrecta que afecten al medio ambiente y a las comunidades locales”.

Por ello han exigido una revisión completa del expediente con estudios “reales” sobre el terreno, datos propios y criterios técnicos “verificables”, al tiempo que han reclamdo al Gobierno de Cantabria explicaciones “claras” sobre el proceso seguido y “garantías de rigor2 en futuras resoluciones.

La Dirección General de Calidad Ambiental, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha iniciado formalmente el período de información pública para el proyecto de una planta de producción de hidrógeno renovable denominada 'H2FV Toledo'.

El proyecto, cuya promotora es la empresa Cyopsa Renovables 2, SLU -con domicilio social en Madrid-, prevé que la instalación -que contará con una planta solar- ocupe una superficie total de 101,6 hectáreas, al este del Polígono industrial de Toledo, en parcelas cercana al aeródromo de Algodor.

El acceso a la planta solar está previsto a través de la carretera CM-4006 utilizando caminos existentes, mientras que a la planta de producción de hidrógeno se accederá desde la solar a través de nuevos caminos internos dentro de los propios terrenos.

El objetivo principal es producir hidrógeno renovable, almacenarlo de forma presurizada y distribuirlo, “contribuyendo a la descarbonización y a los objetivos de cambio climático”. Así lo recoge la documentación del proyecto que se puede consultar y al que se pueden presentar alegaciones durante un plazo de 30 días -a contar desde el pasado viernes, 14 de noviembre-.

El proceso de producción partirá de la generación de energía fotovoltaica y su posterior conversión en hidrógeno verde a partir de la electrólisis de agua, para su almacenamiento posterior.

Producción e inversión

La planta de electrólisis, con una potencia total de 49,90 MW, será alimentada al 100% por la energía solar generada (138.016 MWh/año) y contará con un sistema de almacenamiento en baterías de 7.200 kWh para garantizar la seguridad operativa.

El proyecto incluye un cálculo de la inversión que cifra en 25,5 millones de euros lo que se destinaría a la planta solar y en 68,9 millones el montante que supondría la planta de producción de hidrógeno, de la que se estima un excedente energético anual de solo 3.17 MWh/año (0,002%).

Impacto ambiental

El estudio de impacto ambiental concluye que, globalmente, los impactos del proyecto son “compatibles” con el medio ambiente. En concreto el proyecto no se ubica sobre espacios de la Red Natura 2000, pero colinda con el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 'Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid' y se sitúa a 70 metros de la ZEPA/IBA 'Carrizales y Soto de Aranjuez'.

Los principales impactos negativos identificados son de carácter temporal durante la fase de construcción (emisión de polvo, ruido, alteración del suelo y vegetación) y permanentes pero “recuperables” durante la explotación (ocupación del suelo y alteración visual del paisaje).

No obstante, durante la explotación, la ocupación del territorio provocará “una ligera disminución de hábitats esteparios en el entorno inmediato de las zonas de la Red Natura 2000”. Para minimizar los efectos adversos, se ha diseñado un conjunto de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, junto con un programa de vigilancia ambiental.

Entre ellas, plantean un programa de seguimiento de avifauna (datan 84 especies), la creación de refugios de especies presa, la mejora de hábitat para avifauna, la instalación de un punto de alimentación para carroñeros como el Milano real, la creación de diez chacas o bebedores para aves esteparias y la creación de un núcleo de cría semiextensiva de reproducción de conejo.

Respecto al suministro de agua bruta, indica que se realizará mediante camiones cisterna. El consumo total anual será de 37.889 m3, con el que se producirán 20.207 m3 de agua desmineralizada para la electrólisis. El proceso generará 17.681 m3 de agua de rechazo, que será retirada por gestores autorizados. Esto implica un tráfico de 947 camiones/año para el suministro y 442 para la retirada del rechazo.

La agrupación naturalista Esparvel ha presentado formalmente una denuncia ante la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ante la Confederación Hidrográfica del Tajo por la “instalación irregular” de una vía ferrata y varias tirolinas en el cauce del río Pusa, entre los términos municipales de San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa (Toledo), en las inmediaciones del puente viejo.

La organización señala que ha tenido conocimiento de estos trabajos a través de vecinos de Santa Ana de Pusa. “Según la información recabada, las obras podrían haber sido promovidas por alguno de los ayuntamientos de la zona, muy probablemente el de Santa Ana de Pusa, sin contar con las autorizaciones administrativas necesarias por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible”, explican desde Esparvel.

El entorno afectado forma parte de la Red Natura 2000, concretamente del espacio ZEC (Zona de Especial Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) 'Ríos de la Margen Izquierda y Berrocales del Tajo' (ES4250013), donde este tipo de instalaciones están “taxativamente prohibidas” en las zonas especialmente protegidas, debido a su alta sensibilidad ambiental.

Un enclave de alto valor ecológico “amenazado”

Esparvel recalca que la zona es “hábitat habitual de especies emblemáticas y en peligro de extinción como la cigüeña negra, el águila imperial ibérica, el águila real, el búho real, la nutria o el lince ibérico”. La instalación y uso de infraestructuras como vías ferratas y tirolinas —con cableados, escalas metálicas, cadenas y otros elementos— “supone una grave alteración de la naturalidad del entorno, aumentando el riesgo de colisión o enganches, el impacto por presencia humana intensiva y la acumulación de residuos en un paraje hasta ahora bien conservado”.

Especialmente durante la primavera, coincidiendo con el periodo reproductor de estas especies, “la presencia masiva de visitantes podría comprometer la tranquilidad necesaria para su cría y éxito reproductor”.

Denuncia formal y solicitud de restitución

Esparvel ha decidido interponer una denuncia formal ante la Consejería de Desarrollo Sostenible y ante la Confederación Hidrográfica del Tajo.

La asociación ha solicitado: primeramente la paralización inmediata de las obras, la retirada de todos los elementos instalados en el barranco del Pusa y la restitución del paraje a su estado original. Además, piden la apertura de un expediente sancionador contra los responsables de la actuación ilegal.

Asimismo, Esparvel alerta sobre la “intención de los promotores de vallar perimetralmente la instalación, lo que afectaría a la servidumbre de paso y a la zona de policía del río Pusa. De hecho, ya se ha interceptado el vial que cruza el puente viejo mediante la colocación de grandes rocas, dificultando el libre tránsito”.

Exigencia de legalidad y protección del patrimonio natural

Esparvel explica que para cualquier intervención en un espacio incluido en la Red Natura 2000 “es obligatoria una evaluación de impacto ambiental y la obtención de informes favorables de la administración competente. En este caso, no existe constancia de que se haya realizado ningún procedimiento de este tipo”.

La agrupación naturalista confía en que las autoridades competentes actúen con diligencia para “restaurar el daño causado y evitar la consolidación de hechos consumados que pongan en riesgo el patrimonio natural de la zona”.

Consenso ciudadano: el que contamina debe pagar. Es lo que revela una encuesta internacional realizada por Greenpeace y Oxfam Internacional en 13 países diferentes según la cual el 89% de la población en España respalda la creación de impuestos para que las empresas de gas, petróleo y carbón paguen por los daños derivados del cambio climático, como tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales.

Los datos españoles, además, superan la media global (81%) y la europea (77%), según el estudio demoscópico lo que refleja un acuerdo social poco habitual en cuestiones fiscales y ambientales.

El estudio, realizado entre mayo y junio de 2025 en 13 países entre los que, además de España, están incluidos Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Kenia, Italia, India, México, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, con unas 1200 personas encuestadas en cada uno, muestra que la demanda de responsabilidad climática hacia las grandes empresas energéticas trasciende edades, niveles de ingresos y afiliaciones políticas. Incluso entre votantes de partidos tradicionalmente contrarios a subir impuestos, la mayoría se muestra a favor de estas medidas. De acuerdo con el informe, estos resultados son coherentes con otras encuestas que señalan que más del 80% de la población española demanda más políticas climáticas por parte de sus Gobiernos, también con un amplio consenso social.

Críticas a la influencia de las grandes empresas

La encuesta también pone de manifiesto la desconfianza ciudadana hacia el poder de las grandes empresas contaminantes y las grandes fortunas en la política. Un 67% de los encuestados en España considera que estas compañías y multimillonarios ejercen una influencia negativa en la política nacional, mientras que un 72% opina que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para limitar su poder.

Para Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, estos datos lanzan un mensaje claro: “La gente ya no se cree las mentiras de la industria de los combustibles fósiles. Ven la culpa de las grandes petroleras detrás de las tormentas, inundaciones, sequías e incendios que destruyen sus vidas, como la trágica DANA de Valencia, y quieren que estas empresas asuman su responsabilidad”, ha subrayado durante la presentación del estudio realizado por Dynata.

Otro de los resultados más destacados de la encuesta es que el 88% apoya que los ingresos generados por estos nuevos impuestos se destinen a compensar a las comunidades más afectadas por la crisis climática.

Por su parte, Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional, ha acusado a estas corporaciones de lucrarse con la devastación climática. “Saben desde hace décadas el daño que sus productos contaminantes causan a la humanidad y su afán de lucro está destruyendo las vidas y medios de vida de millones de mujeres, hombres y niños, sobre todo en el Sur Global, que son quienes menos han contribuido a la crisis climática”. Asimismo, remarcaba la importancia de incorporar un nuevo impuesto a las, industrias contaminantes ya que podría proporcionar “apoyo inmediato y significativo a los países vulnerables al clima, e impulsar la inversión en energías renovables y una transición justa”.

Los resultados de este estudio han sido presentados durante las negociaciones de Bonn sobre Cambio Climático (SB62).

Llamamiento global

Junto a la encuesta, se ha presentado el Polluters Pay Pact, una alianza global de comunidades afectadas por desastres climáticos que exige a los gobiernos que las empresas de petróleo, gas y carbón paguen por los daños que causan mediante nuevos impuestos y sanciones. El pacto cuenta con el respaldo de más de 60 ONG y colectivos de todo el mundo, incluidos trabajadores de servicios de emergencia, sindicatos, alcaldes y demandantes judiciales en casos climáticos emblemáticos.

La campaña busca conseguir apoyo popular y llevar la demanda de “que los contaminadores paguen” a foros internacionales clave durante 2025, como la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla y la COP30 sobre cambio climático.

Una macrogranja de gallinas, explotada por una empresa llamada Avícola Ballester, se presenta como “una de las empresas más competitivas de un sector de gran demanda”. La macrogranja tiene seis naves y un gran espacio abierto con capacidad para 135.000 gallinas. Eso sí, es una macrogranja que presume de ética: cuenta con el certificado de bienestar animal Welfair, que dice tener en cuenta la alimentación, el alojamiento, la salud y el comportamiento de los animales. Los huevos de esta granja terminaban en las estanterías de nuestros grandes supermercados. Siendo todo esto así ha sido descubierta con gallinas que conviven con cadáveres o incluso esqueletos entre el polvo, condiciones de suciedad extrema.

Hablamos con los periodistas que han destapado en elDiario.es esta historia: Lourdes Barragán y Nicolás Ribas. Además, escuchamos a Xisco, uno de los afectados, que vive cerca de la granja. Nos describe los olores y las moscas que llegan hasta su casa.

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El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto de Biofibras de Galicia —empresa dependiente de Ence— para implantar en los terrenos de la antigua central térmica de As Pontes (A Coruña) una fábrica de pasta de papel reciclada. La Xunta subraya que la iniciativa, que quedó fuera del PERTE de descarbonización al igual que la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo), está condicionada al cumplimiento de las exigencias de los informes sectoriales y de la propia DIA para “compensar y minimizar” los posibles efectos en el entorno.

El proyecto incluye la construcción de la para producir pasta blanqueada a partir de papel y cartón recuperado o de sus residuos. Se ubicará en el antiguo parque de carbones de la central de Endesa. Allí se realizarán dos procesos —el reciclaje de papel y cartón y la fabricación de pasta de celulosa— con el objetivo de obtener una producción de unas 100.000 toneladas al año.

En un comunicado, la Consellería de Medio Ambiente señala que la DIA es resultado de 18 informes —favorables o favorables condicionados— con los que se busca “garantizar la preservación de los valores ambientales, culturales, patrimoniales y socioeconómicos” e incluyen “pautas” que su desarrollo sea viable. Según afirma, el departamento de Ángeles Vázquez trabaja ahora en la autorización ambiental integrada (AAI) para completar el trámite ambiental.

Será la Consellería de Economía e Industria la que asumirá ahora de nuevo el expediente. A ella le tocará “velar por el cumplimiento de las exigencias ambientales” marcadas por la DIA. Los informes incluyen condicionantes específicos del proyecto para que Biofibras de Galicia vele por la protección de los espacios naturales existentes en el tentor, la flora y la faua, la calidad de las aguas del río Eume, la salud pública o la preservación del patrimonio cultural y el paisaje.

Lo que empezó como proyectos individuales de macrogranjas en varias localidades de Teruel ha resultado ser un gran plan de la empresa italiana Pini para instalar 25 macrogranjas de cerdos en Teruel y Zaragoza. El proyecto completo es equiparable en su impacto ambiental a 180.000 cerdos de cebo y supone de golpe un aumento del 2% de la cabaña de Aragón, actualmente de 9.903.577 cabezas según el Ministerio de Agricultura.

Desde Ecologistas en Acción y Stop Ganadería Industrial han presentado alegaciones ante el INAGA contra este proyecto, que consideran un peligro para el territorio: “El Gobierno de Aragón tiene que ser consciente que una cosa es favorecer al sector primario de la gente ganadera que se ha quedado en su pueblo y otra cosa es animar a una empresa multinacional muy controvertida a traer 25 proyectos a esta zona, esperamos pararlo”, expone Nacho Escartín, portavoz de las plataformas. Han presentado alegaciones al conjunto y a cada una de las instalaciones: “Pedimos al INAGA que no evalúen separadamente cada uno de los proyectos, aunque también hemos presentado alegaciones de forma individual porque están mal hechos. No estamos en contra del sector primario, pero hay otras formas de producir carne que son beneficiosas”.

Se estima que de esas 25 instalaciones salgan anualmente 1.729.200 lechones para ser cebados en macrogranjas de engorde. Las 25 macrogranjas estarán ubicadas en siete municipios de Teruel (Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alloza, Andorra, Calanda, Castelnou e Híjar) y dos de Zaragoza (Almochuel y Sástago). Cada una tendría una capacidad para 2.620 cerdas madres con sus lechones hasta 20 kg, 540 reposición y 6 verracos. Individualmente, cada macrogranja supone una carga ganadera de 863 UGM (unidades ganaderas mayores), que equivalen a una macrogranja de 7.200 cerdos de cebo, el máximo permitido.

Actualmente, se están tramitando dos proyectos del total de los 25, en Valmuel, pedanía de Alcañiz, a kilómetro y medio del núcleo urbano. La organización Stop Ganadería Industrial ha presentado alegaciones ante el Gobierno de Aragón a estos dos proyectos “con base en un presunto fraude de ley por el fraccionamiento de lo que en realidad es un único proyecto con el objetivo de eludir los límites máximos permitidos. También se alegan riesgos para la salud y el medio ambiente, discrepancias entre los solicitantes y los promotores de los proyectos y posibles errores o falsedades en los datos aportados por el promotor”, explican las organizaciones en una nota de prensa.

Según los datos de la propia empresa, estas macrogranjas supondrían consumir 797 millones de litros de agua, 434.610 metros cúbicos de purín o 412.149 kilogramos al año de metano. Las organizaciones ecologistas denuncian que 24 de las 25 macrogranjas previstas se quieren asentar sobre zona de protección de aves, y dos directamente sobre zona ZEPA (zona de especial protección de aves) argumentando que tanto las explotaciones como el abonado de purines no son inconvenientes para las aves protegidas como el cernícalo común. Una también en el área del río Regallo y a 47 metros de Dominio Público Hidráulico.

El tema se trató en el pleno del Ayuntamiento de Alcañiz del pasado 5 de mayo, cuando la concejal de IU, María Milián, pregunto al alcalde al respecto. Milián explicó que, cuando hace meses se les informó del plan de instalar dos granjas en el término municipal de Alcañiz, no sabían que pertenecían a este gran proyecto. “Supondría un impacto ambiental, social y económico sin precedentes en nuestra zona, hablamos de un modelo de ganadería industrial altamente intensivo que compromete nuestros recursos hídricos, calidad del aire, biodiversidad, atractivo turístico, la calidad de vida de nuestros habitantes”.

Ante la pregunta de Milián, el alcalde Miguel Ángel Estevan, negó que supiese cuando informó del tema que el plan consistía en 25 macrogranjas. Aseguró que se preocupa de su término municipal y remite a lo que consideren los técnicos del INAGA, el organismo que tiene que autorizar la viabilidad. “No voy a entrar en detalles, me fio de los técnicos y tengo que decirle que bienvenida sean todas las empresas que cumplen los requisitos que marca la ley. Cuando vinieron a verme comentaron de otras granjas en el territorio, no indague mucho más”, expresó.

Una empresa “controvertida”

La promotora de estos proyectos es Litera Meat SLU, que gestiona el mayor matadero de España (Binéfar), con ocho millones de cerdos sacrificados al año. Dicha empresa forma parte del grupo italiano PINI. Tal y como recogen desde Stop Ganadería Industrial, su máximo responsable, Piero Pini, “ha estado acusado en numerosos escándalos de diversa índole: financieros por defraudar a la Hacienda pública de Polonia por más de 8 millones de euros, por agresión sexual, por sobornar a un abogado, o por vulnerar sistemáticamente los derechos de los trabajadores”.

El proyecto anuncia la construcción de plantas de biometano asociadas. Stop Ganadería Industrial considera estas plantas “de muy dudosa efectividad dado que los purines de cerdos contienen una cantidad de metano muy limitada, no así de nitratos, que son los principales contaminantes y amenazas para el agua potable de la zona”. Desde 2016 48 municipios de Teruel y Zaragoza han superado el nivel de nitratos a partir del cual no es potable el agua de consumo, 50 miligramos por litro, según las analíticas del SINAC-Ministerio de Sanidad.

Desde Stop Ganadería Industrial denuncian “que mientras otros países europeos dan ayudas al desmantelamiento de macrogranjas debido a la contaminación de nitratos que supone, las zonas rurales de España se siguen convirtiendo en territorios de sacrificios donde se implantan empresas que no crean apenas empleo y tienen un alto impacto en los recursos naturales y en el bienestar de la población”.

Ahora sí. La planta de biometano proyectada en Autol ha recibido un informe de impacto ambiental desfavorable que impide su instalación. Esta resolución se ha publicado este 23 de abril en el Boletín de La Rioja y, aunque todavía cabe recurso de alzada por parte de la Consejería de Agricultura, en principio cierra la puerta a una planta que causó una importante polémica en el municipio.

Las causas que justifican este informe negativo de impacto ambiental son los efectos que puede provocar la planta en el medio ambiente, concretamente, se refieren en la resolución al informe emitido por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, que valoró que “este proyecto provocaría una alteración relevante del paisaje próximo a un núcleo urbano, de impacto severo y permanente”.

El proyecto contemplaba una superficie de algo más de 230.000 metros cuadrados en parcelas rústicas. La actividad, en líneas generales, se basaría en el aprovechamiento de recursos agrarios y ganaderos -purines, estiércol vacuno y gallinaza-, restos agrícola procedentes de laboreo y recolección (pajas y restos vegetales), y otros residuos como alperujos para mediante un proceso de digestión anaerobia producir biogás. Entre los pros destacaba la inyección económica para el municipio y los empleos directos e indirectos que generaría, mientras que entre los contras destacaban la generación de olores y el alto volumen de tráfico pesado que iba a soportar.

El conocimiento de este proyecto el pasado verano pilló al vecindario de Autol por sorpresa, provocando un importante revuelto y preocupación. En una reunión con el Ayuntamiento, se constató que “no había consenso ni unanimidad” por el proyecto y la alcaldesa Catalina Bastida dijo que renunciaba al él. Sin embargo, ocho meses después de aquello y tal y como publicó Rioja2, el pasado 2 de abril la tramitación de la planta de biogás de Autol continuaba en marcha. No ha sido hasta este 23 de abril cuando se ha resuelto la declaración de impacto ambiental del proyecto que ha resultado ser negativa.

Con ella, se han conocido también las alegaciones y las informaciones recibidas para la resolución. En concreto, se recibieron alegaciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, de la Asociación Ecologistas en Acción La Rioja, del Grupo Vox del Ayuntamiento de Autol y del PSOE La Rioja. Alegaron riesgo de accidente grave, solicitaban mayor seguridad y control, alegaban contaminación por olores, tránsito de camiones y horarios, el dimensionamiento y ubicación del proyecto, la afección a la calidad de vida de los ciudadanos, la afectación a la flora y fauna, el impacto en las industrias vinculadas a la alimentación, la generación de residuos y el rechazo de la población.

El Ayuntamiento de Autol respondió con un informe cuando se le consultó, después del plazo de información pública, junto a otros organismos competentes, entre los que hay varias direcciones generales, asociaciones ecologistas y empresas. En este informe, el Ayuntamiento transmitió su posición contraria justificando “el rechazo social mayoritario por la proximidad a la bodega cooperativa y a una industria agroalimentaria”, que “no hay vertidos suficientes como para tener la necesidad de ello” y que la travesía del centro del pueblo “no admite más tráfico de vehículos pesados y que afectaría a la convivencia porque es en esta travesía donde está el mayor número de locales de hostelería y ocio donde se reúne la gente”.

Sin embargo, no han sido ni las pocas granjas de la zona, ni la cercanía a empresas y tampoco la afección a la zona de bares con lo que justificó su 'no' el Ayuntamiento de Autol. La planta de biometano de Autol no saldrá adelante por motivos medioambientales, en concreto porque provocaría “una alteración relevante del paisaje próximo a un núcleo urbano, de impacto severo y permanente”, según alertó un informe de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja.

Navardún, un pueblo zaragozano de 39 habitantes, ha conseguido frenar la instalación de tres macrogranjas en su localidad. Las tres explotaciones sumaban 16.400 cabezas de ganado y la oposición vecinal ha sido clara desde que se conoció la noticia. Leire Mendive, la alcaldesa de la localidad, explica que cuando tuvieron constancia del primer proyecto, de 2.000 cabezas, se organizaron y ella fue la que lideró el movimiento vecinal: “Nos pusimos a trabajar y conseguimos que declararan la nulidad de la concesión de esa licencia, el promotor nos interpuso un recurso contencioso-administrativo y estamos a la espera de que se dicte sentencia”.

Poco después, supieron que el mismo promotor, aunque con una razón social diferente, había iniciado la tramitación para construir dos granjas independientes de 7.200 cabezas cada una, “nos quedamos estupefactos”. Según ha adelantado El Periódico de Aragón, el INAGA ha desestimado la solicitud de la autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental de los dos proyectos y, por el momento, ha dado la razón a los vecinos: “El procedimiento no se ha llevado a cabo como correspondía, y por eso nos están dando la razón. Tres de tres, algo de razón tenemos que tener”.

La alcaldesa explica que están “contentos pero con mucha prudencia” porque no descartan que la empresa promotora acuda a los juzgados, aunque en primer lugar han interpuesto un recurso de alzada contra la resolución del INAGA. Reivindica la lucha vecinal que ha permitido lograr estas resoluciones, “que seamos pequeños no significa que nos vayan a ganar, estamos muy capacitados y seguros”.

Explica que presentaron ante el INAGA un informe de incompatibilidad urbanística porque “no se respetan las distancias”. El argumento de la empresa promotora es que las instalaciones se encuentran a 298 metros de Gordués, un pueblo deshabitado que pertenece al municipio de Navardún. Exponen que “no tiene la consideración de núcleo urbano por estar deshabitado y carecer de servicios”. Sin embargo, el INAGA concluye su resolución exponiendo que “Gordués es un núcleo de población”. Añade que la distancia a la que se proyecta la instalación ganadera es “muy inferior a 1 km que se regula en el Anexo V del Real Decreto 306/2020 sobre normas básicas de explotaciones porcinas intensivas. Este incumplimiento de distancias de la normativa sectorial aplicable es la cuestión primordial para determinar el sentido desfavorable a la instalación para esta ubicación, además del informe de no compatibilidad urbanística, que en aplicación del artículo 53.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y protección ambiental de Aragón”.

El INAGA resuelve desestimar la solicitud de autorización ambiental integrada y declaración de impacto ambiental para la instalación de una explotación porcina de cebo con una capacidad de 7.200 plazas promovida por Aldamola Gordués S.L, “por incumplimiento de distancias al núcleo de Gordués inferior a un 1 km” y “tener en consideración el informe de no compatibilidad urbanística del proyecto, emitido en fecha 4 de septiembre de 2023, por la arquitecta de la Mancomunidad de las Altas Cinco Villas (Zaragoza), a petición del Ayuntamiento de Navardún”.

Mendive añade que es un entorno que sufre de una “gran sequía y es una zona protegida de muchas especies animales”. Denuncia también la contaminación ambiental que habría supuesto este proyecto, “no cuentan con terreno para verter los purines. Habían llegado a acuerdos con agricultores, pero eso provocaría la contaminación de los acuíferos y del río Sella'”.

La alcaldesa sostiene que no están “en contra de la ganadería extensiva, pero en este caso es intensiva y se debe cumplir con la legalidad para poder establecerse”. Añade que para Navardún “esto supondría un nido de insectos, de moscas, más todo el olor que ello supone, habría condenado a los pueblos a la desaparición; la gente no vendría. Eso genera que los pueblos se mueran, somos una zona muy desfavorecida y estamos intentando hacer que la gente venga a visitarnos y a vivir aquí, esto haría el efecto contrario”.

“La decisión de la Xunta con respecto a Altri es extremadamente decepcionante y es difícil de justificar como la mejor para los intereses de Galicia”. Así de claro se mostraba este domingo, dos días después de que el Diario Oficial de Galicia publicase la luz verde de la Xunta al proyecto de macrocelulosa, el arquitecto David Chipperfield, ganador del Pritzker —“el nobel de la arquitectura”— en 2023 y alma mater de la Fundación RIA, una organización sin ánimo de lucro que trabaja “por la sostenibilidad a largo plazo del entorno construido y natural” de la comunidad. La creación de esta entidad, en 2017, contó con el respaldo personal de quien entonces era presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El sucesor de Feijóo, Alfonso Rueda, ha reaccionado a las palabras del arquitecto. “No sé si tiene toda la información”, ha dicho el presidente gallego.

A Sir David Chipperfield (Londres, 1953) hoy se lo rifan Ana Patricia Botín o Marta Ortega. Es el autor de la Ciudad de la Justicia de Barcelona o del emblemático Veles e Vents de València, pero también de la restauración de la National Gallery o del Neues Museum de Berlín, por el que recibió el premio Mies Van der Rohe. En Londres y Berlín tiene dos de las oficinas de su estudio, que llegan también a Milán, Shanghái y Santiago de Compostela. La sostenibilidad ha sido la marca de toda su laureada trayectoria.

Enamorado de la aldea marinera de Corrubedo (Ribeira, A Coruña) desde hace tres décadas, Chipperfield —en palabras de Feijóo— “ha hecho de Galicia su casa” y por eso ha convertido a la comunidad en el banco de pruebas de su filosofía, empezando por la propia ría de Arousa, a la que su fundación lleva en el nombre. Allí desemboca el Ulla, el río del que —cien kilómetros arriba, en Palas de Rei (Lugo)— Altri pretende beber hasta un máximo de 46.000 metros cúbicos de agua cada día, el equivalente a toda la provincia, y devolver a su curso, convenientemente “tratadas”, dos terceras partes.

Este domingo, el día en el que tradicionalmente más se lee la prensa, Chipperfield publicó un artículo en La Voz de Galicia —medio de referencia de la Xunta, en el que se filtró el expediente de Augas de Galicia favorable al proyecto— titulado "Proteger el capital de Galicia". En él, bajo una foto de la manifestación contra la celulosa que desbordó la Praza do Obradoiro de Santiago en diciembre, el arquitecto considera que esa movilización “debería haber sido entendida como lo que fue: la expresión de una ciudadanía preocupada, que asume con responsabilidad el debate, más allá de la habitual —y algo manida— contradicción entre desarrollo económico y sostenibilidad medioambiental”.

Para Chipperfield, esa “confrontación” “ya no puede entenderse como una balanza, no se puede simplemente justificar cualquier inversión o restarle importancia a los potenciales peligros: debe demostrarse una contribución positiva hacia un futuro sostenible”.

Los “estragos” de la eucaliptización

El presidente de la Fundación RIA no se queda en las consecuencias ambientales que pueda tener la macrocelulosa, sino que —en línea con su método de trabajo— muestra su preocupación por el modelo productivo que traerá aparejado la infraestructura: “Más allá de la preocupante cuestión de la contaminación y el aumento de temperatura de las aguas —sin duda un tema con el que no deberíamos correr el menor riesgo—, el proyecto trae consigo el inevitable impulso al cultivo del eucalipto. Que la Administración contemple el fomento sustancial de un modelo forestal que ha causado estragos ambientales en Galicia es difícil de aceptar”.

“El futuro de Galicia no es Altri. La riqueza y el futuro de Galicia están en su capital natural. El medio ambiente es su tesoro”, argumenta. Por eso, cree que “impulsar Galicia como una tierra productora de alimentos es garantía no sólo de la sostenibilidad medioambiental, sino también de la calidad de vida que el territorio ofrece”.

Por el contrario, no ve “justificable” fomentar “un cultivo forestal que, además de degradar la biodiversidad, ejerce una enorme presión económica sobre la producción de alimentos”; una presión que, “inevitablemente” reemplazará “una gestión activa de la tierra productiva por otra pasiva, consolidando una economía vaga, que no genera actividades complementarias”.

Como conclusión, Chipperfield afirma que sólo hay una forma de interpretar la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto industrial de Altri: “como un descrédito a las economías rurales y una renuncia al capital natural de la comunidad autónoma de Galicia y su futura calidad de vida”.

Tras las concentraciones en una docena de localidades de la cuenca del Ulla de este domingo —convocadas y respondidas con la misma urgencia que la escritura del artículo de Chipperfield—, la siguiente gran movilización contra Altri será el próximo sábado, 22 de marzo en A Pobra, a 13 kilómetros de Corrubedo, el lugar donde el arquitecto inició su relación con Galicia hace más de treinta años. Seguro que, tras su artículo, muchos lo buscarán entre los manifestantes.

Rueda: “No sé si tiene toda la información”

El presidente de la Xunta ha reaccionado a al artículo del arquitecto. Alfonso Rueda dijo, en respuesta a preguntas de los periodistas, que desconoce si Chipperfield opina teniendo todos los datos: “No sé si dispone de toda la información”. Consideró que esta es “una opinión más que se ha vertido”. “Chipperfield, que, además, trabajamos juntos con la Xunta de Galicia, hasta donde yo sé, no solicitó información sobre este proyecto”, agregó.

Ante los medios aseguró que la Xunta descarta reservar financiación específica para el proyecto de Altri. La empresa portuguesa ha manifestado públicamente que aspira a captar 250 millones de euros de los fondos Next Generation para levantar su fábrica. Rueda insistió en pedir al Gobierno central que agilice la gestión de ese dinero procedente de la Unión Europea.