Los vertidos de las jaulas marinas de La Aldea provocarán “alteraciones ecológicas importantes”, según Medio Ambiente

Las 24 jaulas marinas proyectadas frente a las costas de La Aldea de San Nicolás y Artenara verterán cada año unas 740 toneladas de heces y residuos al fondo marino, con el riesgo de provocar “alteraciones ecológicas importantes”, según un informe de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA) del Gobierno de Canarias. La instalación prevé producir 5.400 toneladas de lubina en una superficie de 47,2 hectáreas. Greenpeace ha convocado este domingo una protesta contra su implantación.

Los técnicos del Ejecutivo regional han advertido de que la futura piscifactoría se instalaría en aguas oligotróficas, pobres en nutrientes y habitadas por especies adaptadas a esas condiciones durante miles de años. Según el informe, la acumulación de hasta 5,5 millones de lubinas al año y el consumo de unos 850.000 kilos de pienso al mes alterarían ese equilibrio ecológico y afectarían tanto a la columna de agua como a los fondos marinos.

El documento repara en que el vertido masivo de residuos, sumado al aumento de la temperatura del agua asociado al cambio climático (con valores superiores a los 24 grados) podría favorecer proliferaciones masivas de la cianobacteria marina ‘Lyngbya majuscala’. Esta cianobacteria produce toxinas que causan irritaciones respiratorias, oculares y cutáneas en humanos. Y puede causar la muerte por hemorragias en aves o la aparición de tumores en tortugas.

La Comisión recuerda que el impacto de una piscifactoría depende en gran medida de su emplazamiento. Según el organismo, las ubicaciones más adecuadas son las alejadas de la costa, con mayor profundidad, fuertes corrientes y fondos marinos sin comunidades sensibles. Y, según los reparos recogidos en el informe, no parece que la proyectada en el litoral norte de la isla de Gran Canaria encaje en ese perfil.

Para empezar, no estaría especialmente alejada de la costa. El vértice más cercano al litoral se situaría a 840 metros. El espacio marino protegido más cercano, una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), quedaría a 3,6 kilómetros de distancia, mientras que la Zona de Especial Conservación (ZEC) ‘Sebadales de GüíGüí’ se encuentra a 7,4 kilómetros al suroeste.

Los propios estudios de la promotora, Gran Canaria Bass Company SL, una filial de una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, reconocen que las corrientes transportarían parte de las partículas generadas por las jaulas hasta la costa, donde podrían reducir la disponibilidad de luz para las comunidades de algas de los fondos rocosos.

Y, por otro lado, ocho de los 24 viveros se ubicarían a menos de 40 metros de profundidad, lo que, según el informe, incumpliría el artículo 39 del Plan Regional de Acuicultura (PROAC). Esta norma establece que las jaulas solo pueden instalarse en puntos donde la profundidad sea, como mínimo, el doble del calado de la red. En este caso, las redes tienen 20 metros de profundidad.

La CAEA ha indicado también que toda la franja marítima donde se proyecta la piscifactoría está catalogada como Zona de Uso Prioritario para la Protección de la Biodiversidad (ZUPPB), según el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) de Canarias. Resulta que esa clasificación se solapa, no obstante, con la Zona de Alto Potencial para la Acuicultura (ZAPAC) establecida por el PROAC.

La macrogranja afectaría “prácticamente la totalidad del área” de los fondos arenosos colonizados por la anguila jardinera, asociados al Hábitat de Interés Comunitario (HIC) ‘Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda’. En la zona también se han identificado múltiples ejemplares del tiburón angelote, una especie en peligro de extinción que tiene en Canarias uno de sus últimos refugios a nivel mundial.

El Servicio de Planeamiento y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria ha alertado asimismo de que la sombra proyectada por los viveros, que ocuparían 86.400 metros cuadrados, y el despliegue de las líneas de fondeo provocarían un “impacto importante” sobre el alga parda, conocida como mujo amarillo, especie catalogada como vulnerable. La Corporación insular concluye que este impacto “no se puede considerar como puntual, temporal y reversible”. Y a ello se le suma la presencia de otras algas vulnerables señaladas por Greenpeace, como la ‘Gelidium canariense’ y la ‘Gelidium arbuscula’.

La Comisión advierte de un riesgo real de “escape supermasivo” de peces de acuicultura, dado que el litoral noreste de Gran Canaria está expuesto a “grandes temporales marinos”. Esos ejemplares de lubina depredarían a otras especies, según el informe, como los juveniles de boga o de vieja, de interés pesquero. Un informe de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas señala que en Canarias se registraron 16 fugas masivas de este tipo entre 1998 y 2009, y que en 2010 llegó a escaparse el 90% de una granja en La Palma.

La CAEA concluyó, tras analizar todos estos impactos, que la iniciativa debe someterse a la evaluación de impacto ambiental ordinaria, la más exhaustiva, al considerar que podría tener “efectos significativos sobre el medio ambiente”. Este procedimiento sigue en curso y puede prolongarse durante años. Como ejemplo, el proyecto de una granja de pulpos en el Puerto de Las Palmas, que fue sometido a esta misma evaluación en 2023, aún no ha concluido.

Greenpeace, la Plataforma por un Mar Limpio y pescadores artesanales han alertado de los planes de Gran Canaria Bass Company SL. La empresa, creada específicamente para impulsar una granja de peces en Gran Canaria, forma parte del grupo SSB Holding, con actividad previa en acuicultura en Centroamérica y busca expandirse en países como Noruega, Escocia y Omán, además de impulsar otros proyectos en Canarias, concretamente en Lanzarote y Tenerife.

El PSOE de La Aldea también ha pedido transparencia y ha reclamado las conclusiones de un estudio encargado por el Ayuntamiento para analizar “el estado actual y las posibilidades de desarrollo pesquero y acuícola” en el municipio que tuvo un coste de 15.000 euros públicos.

“En La Aldea hemos percibido un rechazo muy amplio de la población. La ciudadanía entiende que el proyecto les perjudicaría en la pesca tradicional, en la construcción del muelle para la logística del transporte y por su impacto medioambiental, además de su proximidad a GüíGüí. Sería catastrófico”, señala Vanessa Santana, activista de Greenpeace.

La manifestación convocada para este domingo tendrá lugar en el puerto de La Aldea, a las 10:00 horas.