El presidente Juanma Moreno revalidaría su mandato en las próximas elecciones andaluzas gracias a la victoria del PP con un 43,6% de la estimación de voto, aunque se quedaría al borde de la mayoría absoluta, ya que el reparto de escaños se movería en una horquilla de entre 51 y 59 escaños. Así, los populares sobrepasan al PSOE de María Jesús Montero por 17,8 puntos, según la encuesta preelectoral del CIS sobre el próximo 17 de mayo.

El avance de los resultados del estudio Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Andalucía coloca a los partidos en la casilla de salida a menos de un mes de los comicios, dejando al PP con las mayores probabilidades para ganar (43,6%), seguido por el PSOE (25,8%) y, en tercer lugar, Vox (10,3%). Cerrando filas, quedarían las confluencias de izquierda, donde Adelante Andalucía (8,5%) le saca ventaja a la plataforma liderada por Antonio Maíllo, ya que Por Andalucía (6,9%) quedaría en el último lugar de intencionalidad de voto.

A partir de las 8.017 entrevistas realizadas desde el 10 hasta el 18 de abril, el CIS estima que el reparto de escaños quedaría de la siguiente manera: el PP rondaría entre los 51 y 59 años [hacen falta 55 escaños para la mayoría absoluta]; mientras que el PSOE conseguiría entre 27 y 34; Vox oscila entre los 8 y 17 escaños; seguido por Adelante Andalucía, que aspira a conseguir entre 5 y 7 escaños; y Por Andalucía se quedaría entre los 4 y 5 escaños.

Adelante Andalucía, por delante de Maíllo

La publicación de este viernes se convierte es el segundo sondeo sobre las elecciones andaluzas del instituto democoscópico del Gobierno de Pedro Sánchez, después de que a principios de abril situara a Moreno como el líder más valorado y enfriara las expectativas de la candidata socialista María Jesús Montero, situándola 23 puntos por debajo de su contrincante. Una cuestión llamativa es cómo la consecución de la plataforma entre Izquierda Unida, Sumar y Podemos quedaría finalmente por detrás del candidato a la presidencia José Ignacio García. El maremoto político que supuso el acuerdo entre las partes, in extremis, rebajaría sus expectativas.

Con este panorama, ganarían escaños tanto PP, PSOE y Vox. En las pasadas elecciones autonómicas de 2022; el PP consiguió la mayoría absoluta con 58 escaños (ahora se sitúa entre 51-59); el PSOE sufrió para llegar a los 30 escaños (aunque este vaticinio lo sitúa entre los 27-34) y Vox alcanzó los 14 escaños (pudiendo sumar hasta los 17). Así, Adelante Andalucía, que durante esta legislatura ha contado con dos diputados, saltaría a los 5 o 7; en cambio, Por Andalucía mantendría sus números, con 5 escaños.

¿A quién verían como presidente? En este caso, se reafirman los primeros sondeos de principios de mes, ya que Juanma Moreno es el favorito para el 43,8% de los encuestados. En este caso, Montero se queda con un 20,7% del apoyo y, en tercer lugar, saldría José Ignacio García, con un 6,9%. Además, el candidato del PP es el único que aprueba con un 5,78, poniéndose por delante de Adelante Andalucía (4,74) y Maíllo (4,62). A casi un punto de distancia, estaría la candidata socialista (3,84) y Manuel Gavira, de Vox (3,34).

Sanidad, el principal problema

Cabe destacar que el CIS menciona que el 42,2% de las personas encuestadas piensa que la sanidad es el principal problema de la comunidad, muy por delante de la vivienda, que la sitúan con un 12%, y dejando el paro en la tercera posición con un 10,4%.

Las manifestaciones en contra del modelo de privatización y por una sanidad pública arrastraron a 21.000 personas a las calles de las ocho provincias andaluzas el pasado 12 de abril. La movilización, promovida por Mareas Blancas y con la participación de asociaciones, sindicatos y partidos políticos de izquierda, contó con una extensa marcha en donde la crisis de cribados de cáncer de mama aún resuena como uno de los más importantes trances políticos del gobierno de Juanma Moreno.

Es más, la defensa de la sanidad pública es la principal razón que influye a la hora de votar en estas elecciones, según se desprende de la encuesta, dado que así lo estima el 67,1% de los andaluces. En segundo lugar, quedaría dar “solución al problema de la vivienda”, con un 47,2%, y, por último, un 19,8% votará para que “se frene la inmigración”, dando cuenta de cómo el discurso sesgado y contrario de la ultraderecha ha calado entre los votantes.

En este punto, un 41,9% de los participantes dieron su aprobado a la gestión del Partido Popular, ya que calificaron la acción de gobierno como “buena o muy buena”. Al otro lado, un 28,1% la definieron como “regular” y otro 29,5% como “mala o muy mala”. Es decir, un 57,6% se alejan de dar su conformidad al ejecutivo autonómico.

Por otra parte, el 53,3% de los andaluces encuestados señala que la situación actual de la región es “muy buena o buena”; en cambio, un 35,1% asegura que es “mala o muy mala” y un 10,9% la califica como “regular”. Además, y en comparación con hace cuatro años, un 23,8% define el contexto actual como “igual”, pasando a un 35,8% que asegura que es “peor o mucho peor” y un 39,5% que la ve como “mucho mejor o mejor”.

En cuanto al despliegue de los partidos por contar con apoyos nacionales o situar en la precampaña las agendas de sus direcciones, los votantes tienen algo que decir. El 70,4% afirma que a la hora de votar en los comicios del 17M lo más importante serán los temas propios de Andalucía, véase como la sanidad, la vivienda o el paro. Solo un 21,2% asegura que le importa más los temas generales de España y desciende hasta el 7,5% los que concluyen que les preocupa ambas cuestiones por igual. Asimismo, el 61,4% de los encuestados manifiesta que sigue la cobertura mediática con “mucho o bastante interés”, en tanto que un 36,4% le despierta “poco o nada de interés”.

Este Miércoles de Feria en Sevilla, el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección se ha paseado por el Real para testar “el ambiente de la calle”, que es la demoscopia de la que más se fía. Ha tardado años en llegar desde la caseta de UGT-A, junto a la portada de la Feria, hasta la caseta del PP de Sevilla. Por el camino le han parado flamencas y jóvenes trajeados pidiéndole selfies, y Moreno se ha sentido en volandas hacia la mayoría absoluta (perdón, mayoría de estabilidad).

Los camareros de la caseta de UGT han salido a hacerse fotos con él. “Los verdes [Vox] no pueden entrar, presidente”. Moreno ha pensado que “los verdes”, en un ambiente de izquierdas, eran “los ecologistas”, pero no, es la ultraderecha.

Mientras los medios de comunicación cuentan en Madrid que el pacto de Gobierno PP-Vox en Extremadura “pone en riesgo la campaña andaluza”, aquí el PP está pletórico con ese marco mental: “Muy de acuerdo con tu periódico”, bromea una consejera, junto al presidente, en la caseta del PP. “ Si no quieres Vox y prioridad nacional, vota a Juanma”.  Trago de rebujito. En 2022 funcionó. Moreno escarba más en el centroizquierda, votante noqueado y temeroso del PSOE, que en el flanco derecha.

Moreno enfila la calle Pascual Márquez, a mediodía, aún sin bulla. De lejos, alguno le ha gritado “¡sanidad pública!”.  El dirigente popular usa la calle como demoscopia más fiable, aunque las calles amarillas de la Feria son “engañosas”  La gente, contenta, te grita para bien o te grita para mal, pero se hace notar. En la Sevilla feriante la gente se hace notar.

María Jesús Montero, con traje de flamenca anaranjado, se acerca a un periodista en la caseta de la Asociación de la Prensa de Sevilla, y le echa la mano al cuello: “Gitano, tú sí que sabes de protocolo: a la Feria nunca se ha llevado corbata”.

El aludido hace ver que ese tema genera tanta controversia como la tortilla de patata -con cebolla o sin cebolla- y tanta polarización como el modelo de financiación autonómica: “Cuidado con ese charco, que estamos en campaña electoral y hay un 40% de indecisos”.

Tres millones de personas desfilando por el albero

La Feria de Abril es una dimensión paralela, lejos de los bombardeos en Oriente Próximo, del bloqueo del estrecho de Ormuz y de la investidura de la presidenta María Guardiola en Extremadura. Casi nada de lo que pasa aquí, dentro del Real, tiene una traducción lógica fuera de él. Extremadura, que lleva seis meses sin formar gobierno, tiene un millón de habitantes, y el Martes de Feria había tres millones de personas desfilando por el albero (según datos del Ayuntamiento), entre coches de caballos, trajes con vuelo y farolillos.

Entre el martes y el miércoles, cosa nada rara, también se han movido por el Real los candidatos a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. No todos son tan feriantes como Montero, la única sevillana de los cinco aspirantes con más opciones de entrar en el Palacio de San Telmo, pero todos están en campaña y tienen que pagar el peaje del Real.

La política en Feria no va de discursos, sino de la gestión de imágenes. Montero iba rodeada de un cortejo de dirigentes ostentoso del PSOE, que no oculta que hace un año perdió su caseta en el Real al olvidarse renovar su plaza. En estas lindes, perder una caseta en la Feria de Abril es el equivalente al cierre del estrecho de Ormuz. O peor.

Adelante y Por Andalucía

El martes coincidieron en el albero los tres candidatos de izquierdas: el coordinador federal de IU y aspirante de Por Andalucía, Antonio Maíllo; el de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Montero. Todos pasaron a saludar por las casetas de CCOO y UGT, donde los anfitriones les preguntan qué perspectivas tienen para el 17-M, y los candidatos responden con preguntas: “¿Tú cómo nos ves?”.

También se han desplegado por todo el Real todos los consejeros del Gobierno de Juanma Moreno, tratando de cubrir el mayor espacio posible y asistir a todas las recepciones. “José Ignacio está muy fuerte en Málaga, nos preocupa”, le comenta el consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, a la líder de CCOO Andalucía, Nuria López. Esto lo repetirán mucho luego.

A los de Maíllo les escama que el PP dé tanto bombo a Adelante Andalucía, ahora con dos diputados en el Parlamento, y creen que su intención es engordarles en las encuestas para dividir el voto a la izquierda del PSOE de modo que se neutralicen entre sí y ninguno de los dos logre escaño.

Maíllo ha coincidido con García en alguna caseta, pero cada uno se ha puesto en una punta. La distancia de las izquierdas -letal en tres de las ocho provincias- se mide aquí en pasos de sevillanas. El candidato de Por Andalucía no se relaja. Este miércoles, a punto de cruzarse de cara en la calle con Moreno, se ha salido de la acera para no tener que saludarle. No quiere “ blanquear” al presidente que está “desmantelando la sanidad pública”, dice su equipo, aunque una foto juntos, una pulla, una gracia, le habría venido bien a su candidato.

Quien baile con más gente gana

La mayoría absoluta de Moreno se juega en los restos de votos, que marcan la diferencia entre 50 y 58 diputados (la absoluta está en 55). “El PSOE está más fuerte de lo que parece y sus campañas son muy buenas, puede crecer y darnos un disgusto”, dice una consejera, rebujito en mano. Estas cosas no se escuchan todos los días.

Moreno ha llegado finalmente el Miércoles de Feria, a pleno sol. El presidente no sabe bailar muy bien sevillanas -confesión pública- pero lo importante es que baila. La marca personal de Juanma Moreno es la clave del éxito del PP. El PP no podía ganar las elecciones en Andalucía, pero Juanma sí. Es su perfil personal lo que ha roto la barrera ideológica entre izquierdas y derechas. “Los camareros de UGT me votan”, dice.

Se dice que Moreno es hoy lo que Susana Díaz era en 2015, una estrella de la política. La expresidenta de la Junta también anda por aquí, pero fuera de los focos. Quien no ha vuelto es Pedro Sánchez, desde que en 2016, siendo secretario general del PSOE, se vio caminando solo entre la multitud de la Feria, mientras Díaz y los suyos le hacían el vacío. El embrión del sanchismo más antisusanista se gestó aquí, entre sevillanas y puñaladas.

Hace calor en la Feria, circula un millón de litros de cerveza en casi 3.000 tiradores, 600.000 botellas de Barbadillo y 3,3 millones de refresco, mayormente mezclado en el rebujito.

Las sevillanas se encadenan una tras otra, no se oyen caer las bombas de Gaza, ni de Irán ni de Ucrania. El mundo se derrumba y nosotros nos ponemos finos, podría decirle Ilsa a Rick en la Casablanca delLa Feria de Sevilla. Quien baile más tiempo y con más gente, gana las elecciones. Mayoría absoluta. Perdón, de estabilidad.

RTVE celebrará el lunes 4 de mayo un debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía cuyas formaciones tienen representación parlamentaria, PP-A (Juanma Moreno), PSOE-A (María Jesús Montero), Vox (Manuel Gavira), Por Andalucía (Antonio Maíllo) y Adelante Andalucía (José Ignacio García), según han informado a Europa Press fuentes de la negociación.

No existirá, por tanto, un debate 'cara a cara' entre Moreno y Montero. La propuesta inicial de RTVE incluía precisamente el lunes 4 de mayo ese duelo dialéctico directo entre los candidatos de las dos fuerzas políticas mayoritarias en la actual composición parlamentaria y celebrar el debate 'a cinco' tres días después, el jueves 7 de mayo.

Este martes, Montero retó a Moreno a mantener un debate 'cara a cara' durante la campaña electoral del 17M. “La información la ciudadanía la tiene cuando se confrontan los modelos y esto no se hace en el Senado, sino en los debates. Tenga valentía, señor Moreno Bonilla, y comprométase a lo mismo. La ciudadanía merece saber qué piensa hacer con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestro modelo público. ¡Diga día y hora!”, publicó la líder socialista en sus redes sociales.

Según han trasladado a Europa Press fuentes 'populares', Moreno estaba dispuesto si no existía rechazo del resto de partidos con representación parlamentaria, pero tanto Vox como Por Andalucía y Adelante Andalucía manifestaron públicamente su oposición tras conocerse la propuesta de RTVE y llegaron a anunciar que plantearían recurso ante la Junta Electoral.

La propuesta de RTVE plantea que el debate a cinco se emitiría en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. La corporación se compromete a ofrecer de manera gratuita la señal a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

Plan de Canal Sur

Por su parte, RTVA propone celebrar un debate 'a cinco' con los candidatos de los cinco partidos que cuentan actualmente con representación parlamentaria el lunes 11 de mayo, y ocho debates de ámbito provincial cuatro días antes, el jueves 7.

Así figura en el plan de cobertura aprobado este miércoles por el consejo de administración de la RTVA con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE-A, según ha informado la propia RTVA en un comunicado.

Además del debate 'a cinco' del lunes 11 de mayo --justo una semana después del programado por RTVE-- y los ocho debates provinciales, el plan de cobertura incluye además un ciclo de entrevistas con los candidatos a la Presidencia de la Junta de los cinco partidos considerados “representativos” que actualmente cuentan con representación en el Parlamento andaluz.

La RTVA asegura que Canal Sur realizará un amplio despliegue técnico y humano para ofrecer a los andaluces toda la información que genere el proceso electoral, desde el inicio de campaña hasta el mismo día de los comicios, para lo que el plan de cobertura se desarrolla en tres vertientes: bloques de información electoral, entrevistas y debates.

Los principales espacios informativos diarios de Canal Sur, tanto en radio como en televisión y en medios digitales, ofrecerán diariamente bloques de información electoral, tanto en cadena como en desconexiones provinciales.

El interrogatorio de tres horas al que los senadores del PP y Vox sometieron este pasado lunes a María Jesús Montero en el Senado ha resultado un desastre mediático contrario a lo que le hubiera gustado al equipo de la precampaña electoral del candidato y presidente de la Junta Juan Manuel Moreno.

El objetivo era exponer en la Cámara alta a la candidata del PSOE a un trasfondo de corrupción para debilitarla ante la opinión pública. Un objetivo fallido no solo por la metedura de pata de un senador al admitir que la citación era, en contra de lo defendido por el PP, erosionar a Montero cara a las elecciones andaluzas: “¿Qué prefieren ustedes, que los ciudadanos vayan a votar sin conocer la información?”, dijo el senador del partido conservador Salvador de Foronda dejando a sus compañeros acharados y al descubierto.

Digo no solo, porque ese mismo lunes, el foco mediático estuvo en la citación en el juicio sobre el caso 'Kitchen' de Luis Bárcenas. Las declaraciones del extesorero del PP señalando que M. Rajoy es, como ya todos sospechaban, Mariano Rajoy, y que el expresidente del Gobierno era conocedor de la doble contabilidad en su partido, opacaron cualquier declaración que la exministra de Hacienda pudiera hacer sobre su subordinado al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, investigado por corrupción.

Lo de utilizar el Senado como tribunal inquisitorial contra adversarios políticos es una fórmula ya utilizada por el PP con otros candidatos de su oposición aprovechando su mayoría absoluta en el parlamento territorial. Incluso con otros candidatos andaluces.

La misma estrategia utilizó el PP para auxiliar a Juan Manuel Moreno en las elecciones de 2018 cuando en la precampaña citó a Susana Díaz para interrogarla sobre los ERE, en pleno escándalo. Un caso en el que el PP andaluz ha sido acusación popular (primero con Javier Arenas, luego con Juan Ignacio Zoido y después con Moreno al frente) hasta lograr que los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueran condenados. Y más allá, hasta conseguir que la Audiencia de Sevilla retrase aplicar la exoneración del Tribunal Constitucional a los expresidentes y otros cargos socialistas condenados hasta ver qué opina el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) al respecto. 

Algo de justicia poética ha sido que el mismo día del paseíllo de Montero al Senado, Bruselas diera un varapalo a la Audiencia de Sevilla que condenó a los expresidentes al desestimar que el TJUE revise el fallo del Constitucional anulando las sentencias del caso ERE

Tantas coincidencias: María Jesús Montero fue consejera de los gobiernos de Chaves y Griñán, mientras que Juan Manuel Moreno fue secretario de Estado del Gobierno de Mariano Rajoy, quien le envió a hacerse cargo del PP andaluz. Como algo de justicia poética ha sido que el mismo día del paseíllo de Montero al Senado, Bruselas diera un varapalo a la Audiencia de Sevilla que condenó a los expresidentes al desestimar que el TJUE revise el fallo del Constitucional anulando las sentencias del caso ERE.

El mismo día que en el juicio por espionaje a Bárcenas se escucharan los nombres de Rajoy y también de Javier Arenas como a los que pudo beneficiar que pudieran desaparecer documentos que podían haberles incriminado en el caso de la doble contabilidad del PP por la que este partido fue condenado, aunque ellos nunca fueron investigados.

Aún más coincidencias: mientras que Juan Manuel Moreno no quiere a Rajoy en su campaña electoral, pese al aprecio que le tiene, el PSOE de María Jesús Montero había previsto un acto con todos los expresidentes socialistas desde Rafael Escuredo a Susana Díaz, y también Chaves y Griñán, como manera de reivindicarles y devolver a la militancia socialista el orgullo perdido por la gestión en la Junta. El mitin, a celebrar el sábado 18 de abril, fue suspendido por la muerte de la mujer de José Rodríguez de la Borbolla, Gracia Sánchez. 

El espaldarazo de Bruselas en plena precampaña dará aún más motivos y aliciente a la convocatoria de expresidentes en otro momento antes del 17M

El espaldarazo de Bruselas en plena precampaña dará aún más motivos y aliciente a la convocatoria de expresidentes en otro momento antes del 17M. La decisión de los técnicos europeos ha levantado los ánimos a un PSOE decaído por las encuestas y también por las malas noticias de los tribunales, como el juicio Mascarillas o la intención del instructor Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez. 

Unos ánimos también indignados en un PSOE amilanado durante años por el proceso de los ERE. Tanto que el expresidente Rafael Escuredo se ha exaltado en su cuenta en X: “Los jueces sevillanos, los que se manifestaron a las puertas de los juzgados, deberían ser sancionados por el Consejo General del Poder judicial por inventarse un recurso inexistente de la Unión Europea. ¡Canallas!”.

Así está el patio andaluz a dos semanas del comienzo de la campaña: el ruido de los tribunales es más poderoso que el de la feria de Sevilla. Un ruido que impide a Moreno centrarse en su estrategia de encapsular su campaña, alejarla del barullo de sinsabores de la corrupción pasada de su partido. Y de los líos de las negociaciones de Génova con Vox para los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla-León.

Un ruido de tribunales que también distorsiona los mensajes de María Jesús Montero, centrados en defender lo público, sobre todo la sanidad pública. O quizás Montero (también Antonio Maíllo) ha conseguido algo, que Moreno entre al trapo de lo que de verdad importa en las elecciones andaluzas al admitir en una entrevista en televisión que su gestión al frente de la sanidad andaluza no ha sido buena y prometer cambiarla. 

Un juzgado de Madrid ha citado a la exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a un acto de conciliación el próximo 4 de junio que reclamó el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, previo a decidir si se querella contra ella por presuntas injurias y calumnias. Así lo ha acordado la Plaza Número 56 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Landaluce presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de querella contra Montero tras unas declaraciones realizadas el pasado 13 de enero en un acto del PSOE en las que le “imputó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género”, según explicó su abogado.

Su letrado detalló que en la demanda se le exige a la también exministra de Hacienda una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

A la vez, indicó que son objeto de la demanda declaraciones posteriores en las que Montero “volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de Alvise Pérez”, el eurodiputado, “en las redes sociales y que había sido ya archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año”.

Para ese acto de conciliación, ni Montero ni Landaluce están obligados a acudir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente que estén presentes sus abogados o procuradores.

A un mes para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, la última macroencuesta de la Junta sobre intención de voto, publicada este martes, afianza al PP de Juan Manuel Moreno como el claro ganador de los comicios, con un 42,8% del escrutinio, el doble que el PSOE de María Jesús Montero (21%). Los populares rondan la mayoría absoluta [55 escaños], manteniéndose en la horquilla de 54 a 57; mientras los socialistas perforan su actual suelo electoral (30 diputados), bajando hasta 26 o 27 escaños.

El primer barómetro trimestral del año (marzo 2026) de la Fundación de Estudios Andaluces (Centra), y el último antes de las elecciones autonómicas, remata el histórico de sondeos publicados a la largo de esta legislatura: el bloque conservador se mantiene firme o crece gracias al impulso de la ultraderecha; mientras que el bloque progresista permanece estancado.

Según el llamado 'CIS andaluz', el PP convence a más electores que hace tres meses, cuando se publicó el anterior sondeo (la horquilla quedaba por debajo de la mayoría absoluta: de 53 a 55 escaños), mientras el PSOE se recupera levemente, pero sigue muy rezagado (en diciembre estaba entre 25 y 28 diputados). El barómetro de diciembre de 2025 era el primero tras el escándalo de los cribados de cáncer de mama, y recogía por primera vez un desgaste abrupto de Moreno en intención de voto.

La encuesta de este lunes vuelve a mostrar a Vox muy consolidado como tercera fuerza del Parlamento, con el 15% de los sufragios, y aumentaría de los 14 escaños actuales hasta los 17 o 20. Es la primera encuesta desde que el partido ultra ha confirmado como candidato a las andaluzas a su portavoz, Manuel Gavira, y sus expectativas experimentan por primera vez un retroceso de 2,5 puntos desde el sondeo de diciembre, cuando llegaron a rozar los 22 diputados.

El partido de Santiago Abascal crece, pero experimenta una desaceleración que ya dio la cara en anteriores sondeos. Esta posición resta fuerza a la idea del sorpasso al PSOE como segundo partido en algunas provincias andaluzas y también brinda a Moreno la posibilidad de revalidar la mayoría absoluta, su gran objetivo. La encuesta se realizó tras las elecciones de Extremadura (diciembre 2025) y Aragón (febrero 2026), donde el PP obtuvo mayorías insuficientes y Vox condiciona la gobernabilidad de estos territorios, donde aún no se ha investido presidente.

El cuarto lugar lo ocuparía la coalición Por Andalucía que encabeza el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, con el 7,8% de los votos, que lograría entre cinco y seis representantes en el Parlamento (los mismos o uno más de los que tiene ahora).

Adelante Andalucía, en quinto lugar, alcanzaría el 6,3% de los apoyos, que le serviría para atornillar a sus dos diputados o sumar uno más. La coalición que lidera Maíllo, una vez ha integrado a sus socios de Podemos, avanza levemente en intención de votos, pero esto no se traduce en muchos más escaños. El CIS oficial publicado hace unos días analizaba el peso del partido morado, si se presentaba en solitario, y no llegaba al 1% del escrutinio en intención de voto directa.

Por bloques, las dos derechas acaparan el 57,8% del escrutinio, frente al 35,1% que suman las tres formaciones de izquierdas con opciones a lograr representación en el Parlamento.

Sin impacto del 'No a la guerra'

La macroencuesta, con 3.600 entrevistas, se realizó entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, con un error muestral para el total de la muestra del ±1,63% para el 95%, aunque los márgenes de error superan el 5% en algunas provincias, como Almería y Huelva.

Si en el anterior sondeo, de diciembre, la intención de voto castigaba a Moreno por la gestión de la crisis de los cribados (que le forzó a cesar a la consejera de Salud y toda su cúpula), en ésta ocurre justo lo contrario: el presidente y candidato popular recupera fuelle en un sondeo realizado poco después del 28 de febrero (Día de Andalucía), tras el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 muertos y docenas de heridos, y del tren de borrascas que golpeó la comunidad. En ambos sucesos, la gestión de Moreno fue aplaudida.

La encuesta también coincide con un contexto geopolítico bélico, con los ataques de Estados Unidos a Irán, las amenzas de Donald Trump, el temor de la Unión Europea, el cierre del estrecho de Ormuz, el encarecimiento del precio del petróleo y la subida de la cesta de la compra. La bandera del 'No a la guerra', a la que se aferra el PSOE para movilizar al electorado de izquierdas, no parece ser una pulsión entre el votante progresista en las próximas andaluzas.

La sanidad, principal problema de los andaluces

En términos generales, la gestión de Moreno como presidente de la Junta se califica como buena o muy buena por el 45,7% de los andaluces, siendo el líder político andaluz más conocido en un 94,9%, el segundo más valorado con 5,46 puntos, y el preferido para gobernar para cuatro de cada diez encuestados (39,9%). María Jesús Montero, que en el momento de la encuesta aún era vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, también tiene un índice de popularidad muy alto (88,9%), pero es la peor valorada de todos los candidatos (3,74).

Por detrás del popular y la socialista están Antonio Maíllo, conocido por el 56% de encuestados, y con 4,83 puntos de valoración; Manuel Gavira (21,7% / 4,08 puntos), José Ignacio García de Adelante Andalucía es el que mejor valorado, con 5,56 puntos, pero su índice de conocimiento entre los andaluces es muy bajo: 15,4%. El Centra también pregunta por José Antonio Delgado, el candidato de Podemos a las andaluzas antes de integrarse en Por Andalucía, que obtiene un porcentaje de conocimiento del 10,6% y 4,68 puntos de valoración.

Tampoco ha variado la tendencia respecto al sondeo del Centra del pasado diciembre, donde la sanidad aparece como el principal problema de los andaluzas. El 21,8% de los encuestados lo sitúa por encima del paro (21,5%), el primer déficit de Andalucía desde hace décadas, y las dificultades para acceder a una vivienda (21,6%). El 18,7% identifica el deterioro de la sanidad pública como lo que más le afecta en su vida personal, y el 14,2% la vivienda.

Los encuestados insisten en que el PSOE, pese a puntuar bajo en intención de voto, es el partido que más simpatía les despierta, pero creen que el PP es el más capacitado para solucionar los problemas de Andallucía (18,5%), casi empatados con los socialistas (18%).

El CIS oficial

Ésta es la segunda macroencuesta de intención de voto que se publica desde que Moreno disolvió el Parlamento y convocó las elecciones, el pasado 23 de marzo. Hace poco más de una semana, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lanzó otro sondeo, con 6.000 entrevistas, que vislumbraba una victoria aún más rotunda de los populares: en intención directa de voto, el 32,1% elegía la papeleta del PP, diez puntos por delante del PSOE, con un 22%; Vox con un 8,8%; Adelante Andalucía se imponía a la coalición de Maíllo, con un 7,7%; seguida de Por Andalucía, con un 5,8%; Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez, con un 1,3%; y Podemos, con un 0,5% (en ese momento el partido morado aún no se había reintegrado con sus socios de izquierdas).

La exvicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero comparecerá en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado el próximo lunes 20 de abril, según informan fuentes del PP de la Cámara Alta.

El partido ha recordado que hace más de dos meses, antes de la convocatoria electoral en Andalucía, presentó el plan de trabajo de la comisión anunciando que María Jesús Montero sería de las primeras en comparecer antes de la convocatoria de las elecciones andaluzas y que, en ese momento, “Montero dijo no habría ningún problema y que iría las veces que hiciera falta”.

“No somos como el PSOE”, ha subrayado el PP, que ha recordado que los socialistas llamaron en la última semana de la campaña aragonesa al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a declarar en la comisión de la dana pese a no tener ninguna competencia en la gestión de la misma.

“Nosotros no lo haremos con Montero pese a las recientes novedades que ha habido en el caso SEPI”, han expresado desde el PP. Desde el PP aseguran que a ellos no les mueve el electoralismo: “Nos mueve la verdad y que los españoles sepan qué ha hecho el Gobierno con sus impuestos”.

En octubre de 2019, Chaves, Griñán, Díaz y Montero comparecieron por el uso de fondos públicos en prostíbulos al filo de la jornada de reflexión.

“Centro de operaciones de la corrupción sanchista”

El PP ha insistido en que Montero tendrá que explicar en el Senado “cómo se convirtió la SEPI en el centro de operaciones de la corrupción sanchista”.

En la comisión del Senado comparecerán este lunes 13 la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; el vicepresidente, Bartolomé Lora, el miércoles 15; y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, que lo hará el jueves 16.

“No sé si nunca antes una mujer había tenido tanto poder como ella; pero lo que sí sé es que nunca antes una vicepresidenta había estado tan rodeada de corruptos y de corrupción como Montero”, han expresado fuentes del PP, que ha asegurado que Montero “salió del Gobierno de los ERES y ahora sale del Gobierno de las mordidas” pero insiste en que “su responsabilidad en todos estos escándalos le persiguen”.

El PP ha señalado además que “pasó a ser la vicepresidenta de las mordidas” y que fue la “máxima dirigente” de un organismo “que ha llevado a empresas que eran punteras como Correos a números rojos, rescató a Air Europa de manera sospechosa, rescató a Plus Ultra de manera sorprendente, cobijó a la fontanera Leire Díez, contrató con Servinabar y que tiene a muchas de sus empresas investigadas por malversación y contratos amañados”.

Si hay una federación del PSOE que conoce bien las consecuencias del 'canibalismo' entre familias es la andaluza. Lo de la antropofagia –en sentido figurado, se entiende– viene a cuento de la elaboración de las candidaturas para las elecciones del próximo 17 de mayo que María Jesús Montero ha cerrado esta misma semana. Pero también al hilo de la reflexión de un veterano dirigente que sabe cómo se libran los procesos internos en su partido cuando la nave nodriza atraviesa turbulencias: “En sus pantallas, una nueva adaptación de ¡Viven!”. 

Quien así habla se refiere a la historia del avión uruguayo que en 1972 se estrelló en los Andes, entre Argentina y Chile, con 45 personas a bordo y que, tras agotar provisiones, 16 de ellas sobrevivieron en condiciones extremas ingiriendo los cuerpos de los fallecidos. “Un avión averiado, poco espacio para moverse en la nave y decenas de cargos que tratan de subsistir a la tormenta mientras unos se devoran a otros para ocupar un cargo que garantice el sustento los próximos cuatro años”.

La crudeza con la que los socialistas andaluces libran sus batallas orgánicas ha sido una constante desde que Susana Díaz heredó los cargos de secretaria general y presidenta de la Junta de Andalucía de José Antonio Griñán y se propuso sin éxito disputar el liderato nacional a Pedro Sánchez. De aquellos polvos, muchos de los lodos por los que han naufragado los socialistas desde que perdieron en 2018 el gobierno regional que presidieron durante más de 40 años.

Metáforas y evocaciones aparte, tras la confección de las planchas, la federación se divide hoy entre quienes hablan de obligado cierre de filas y quienes describen una federación abierta en canal, salvo en algunas provincias donde la componenda ha acallado la crítica. Al menos hasta después del 17 de mayo. Los reproches a María Jesús Montero, que se ha propuesto movilizar a 500.000 votantes que votaron PSOE en las generales de 2023 y se quedaron en casa en las autonómicas de junio de 2022, no tienen que ver ni con su potencial político ni con su entrega. Su dirigencia le imputa “no haberse dejado ayudar por quienes conocen el territorio y la organización” y haber actuado en el PSOE de Andalucía “demasiado tarde y como si esto fuera un ministerio en lugar de un partido”, asegura un dirigente gaditano.

Una consultora para los mensajes políticos

Montero, que nunca participó de batallas orgánicas, ha elegido como director de campaña al que fuera su jefe de gabinete en Hacienda, Carlos Moreno, quien se reunió con el empresario Víctor Aldama, para gestionar presuntamente el aplazamiento de una deuda tributaria del empresario corrupto vinculado al caso Ábalos/Koldo que hoy juzga el Supremo. “Una persona trabajadora, de confianza de la candidata, pero que poco o nada sabe de política y menos de la vida orgánica”, lamenta un miembro de la dirección regional. 

Al frente de la Secretaría de Organización, la aspirante a la Junta tiene al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, un veterano al que se le afea desde diferentes provincias “no haber hecho el trabajo previo a la confección de las listas en los territorios”, según entienden desde diferentes provincias. Y para fijar los mensajes políticos de su campaña ha contratado al periodista Antonio Hernández Rodicio, de la empresa de Comunicación estratégica, consultoría política y asuntos públicos Thinking Heads.

Sin embargo, una de las quejas que más se escucha entre los cuadros medios de la federación es “la visibilidad que la dirección regional ha dado a los acuerdos” tejidos con quien fuera presidenta de la Junta, Susana Díaz, para incluir a varios de sus fieles en las listas. Díaz fue la mayor crítica de Sánchez después de que el hoy presidente del Gobierno le ganará las primarias de 2017 por goleada y fue también una de las pocas voces del PSOE que pidió elecciones anticipadas tras la detención de Santos Cerdán en el verano de 2025. 

Desde Almería no dudan de que “el daño que la exdirigente ha hecho al partido, el papel que juega hoy en su papel de tertuliana televisiva y su más que probada deslealtad es algo que la militancia no puede ni quiere olvidar”. Pero la dirección regional prefiere hablar de “tregua” para que Díaz “se sienta cómoda y no dé problemas”. La opinión mayoritaria, tomado el pulso de las ocho provincias, es que en las filas del partido habrá una paz orgánica simulada que llegará hasta el 17 de mayo, sea cual sea el resultado y que, a tenor de los sondeos, no parece que vaya a suponer un vuelco en favor del PSOE. 

Cinco escaños que dependen de 15.000 votos

De entrada, la marca que lidera María Jesús Montero, que parte de 30 de 109 escaños –el peor resultado de su historia– reconoce que no sale a conquistar la primera posición, sino a aumentar el número de parlamentarios –sin concretar cuántos– y a que el PP de Juan Manuel Moreno pierda la mayoría absoluta. “Si Moreno gobernó la Junta con el peor resultado de la historia del PP en Andalucía, nada dice que Montero no pueda hacerlo”, se escucha en el equipo de la candidata, desde donde defienden que la movilización de toda la izquierda será decisiva, al igual que el reparto de los restos donde los últimos escaños se juegan en un puñado de votos en hasta cinco provincias. Este análisis coincide con el que maneja también el actual presidente autonómico. “Cinco escaños dependen de 15.000 votos”, ha afirmado Moreno, a quien beneficia en todo caso el estancamiento que las encuestas pronostican para Vox en la región, como ya ocurrió en Castilla y León.

La movilización en el caso del PSOE pasa por sacar de la apatía a los casi 400 alcaldes de la región, que además de no sentirse interpelados por esta convocatoria tampoco han visto con buenos ojos la confección de las listas electorales, especialmente en la provincia de Cádiz. Montero tuvo este viernes que modificar lo dispuesto por el comité provincial gaditano, que había reservado el primer puesto para Juan Cornejo, hijo del que fuera secretario de Organización de Susana Díaz, con Rocío Arrabal como número dos y Fernando López Gil en el tres. El Comité de Listas invirtió el orden para que López Gil encabezara la candidatura con escaño garantizado por la mañana y, por la tarde, los gaditanos doblaron el pulso al regional y se volvió a aceptar su propuesta inicial. Lo nunca visto en la historia del socialismo y que, según fuentes de la federación andaluza, es “un claro síntoma de debilidad de la dirección regional de Montero”.

El 17M tendrá también una indiscutible lectura nacional sobre la fortaleza o debilidad del PSOE, conceptos que históricamente fueron indisociables del latido electoral del sur. No en vano, Pedro Sánchez ha ordenado ya un desembarco de ministros, especialmente los de mayor perfil político, en la campaña de la que fue su vicepresidenta primera y hoy sigue al frente de la vicesecretaría general del PSOE. Tendrán así una presencia notable por el territorio Félix Bolaños, Óscar Puente, Óscar López, pero también acudirán a arropar a Montero Elma Sáiz, Diana Morant, Isabel Rodríguez, Luis Planas y Ana Redondo. 

Presencia de Borrell, Almunia, Solana y Zapatero

Hasta siete ministros está previsto que participen de la agenda de campaña, además del presidente del Gobierno, que se prevé tenga presencia en las ocho provincias, si bien de momento están cerrados solo seis actos. Por otra parte, el equipo de campaña no piensa desaprovechar el “no a la guerra” que secunda una aplastante mayoría social y con esa intención trabaja en el diseño de un acto conjunto de la candidata y algunos referentes socialistas de la esfera internacional como Josep Borrell, Joaquín Almunia o Javier Solana, al que se sumará también José Luis Rodríguez Zapatero. En el diseño se ha incluido también un acto con todos los expresidentes de la Junta de Andalucía, desde Rafael Escuredo a Susana Díaz, si bien tanto el primer presidente autonómico que tuvo Andalucía como José Antonio Griñán atraviesan problemas de salud que, a día de hoy, les impiden confirmar su asistencia.

Todo con intención, explica el secretario de Organización del PSOE andaluz, Francisco Rodríguez, de “reivindicar el orgullo de una historia socialista que hizo posible los mayores niveles de progreso de esta comunidad y que el gobierno del PP está destruyendo de forma subliminal”. El avance de la ultraderecha en el mundo y sus consecuencias será uno de los ejes de la campaña, pero los socialistas andaluces quieren situar el foco, sobre todo, en el debilitamiento de la sanidad pública y la desviación de fondos públicos a la privada. 

Moreno presume, por su parte, de no haber tenido en siete años de mandato una protesta de sanitarios como la que afectó a la izquierda en tiempos de los gobiernos socialistas con las mareas blancas. Aun así, la contratación de seguros médicos privados en la región ha crecido un 130% en los últimos seis años y un 23,7% de los andaluces cuenta con una póliza privada. Y estos son datos incontestablemente ligados a la percepción negativa de la sanidad y a las listas de espera. 

Aunque el presidente de la Junta se sobrepuso de la crisis de los cribados del cáncer de mama, con una gestión acertada del accidente de Adamuz, ha visto esta semana cómo las asociaciones de víctimas le han reclamado que se investiguen las deficiencias en las emergencias el día de la tragedia. El asunto podría colarse en esta campaña, después de que los familiares de los fallecidos hayan desvelado un “caos técnico” que obligó a los gestores a usar sus teléfonos particulares y que la información sobre los heridos del Alvia no se incorpora al sistema hasta 43 minutos después del accidente. 

Con todo, no hay señales que inviten a pensar en un cambio de signo político en la Junta y sí en que si el PSOE sale muy mal parado de las urnas el 17M, la derecha de Feijóo retomará su recurrente discurso sobre un anticipo electoral en España. Algo que, en La Moncloa, no contemplan. Lo lógico, coinciden varios ministros, es que si hubiera un sonoro batacazo, Sánchez intentase alejar lo más posible esa fecha de las generales. En la cabeza del presidente, de momento, no hay otra fecha que la de 2027. “Por encima de cualquier otra circunstancia [explican desde su círculo de confianza], Sánchez está convencido de que será el Gobierno de coalición quien reciba la última entrega de los Fondos Europeos, en diciembre de 2026”. 

Y a partir de ahí, con el nuevo año, se verá. Eso sí, la presión de los alcaldes socialistas de toda España para que las generales se celebren antes que las municipales y autonómicas de 2027 no es algo baladí en el PSOE. De hecho, a tenor de lo que se escucha en los despachos ministeriales, empieza a ser una opción a tener en cuenta, y, en absoluto descartable para que Sánchez asuma –o no– antes que nadie el resultado y no ocurra lo que en 2023, cuando presidentes autonómicos y alcaldes recibieron el castigo por el desgaste del Gobierno de coalición con Podemos.

Si se abriera paso esa hipótesis y la convocatoria fuera en marzo, el anticipo sería mínimo y el presidente podría decir que llegó a 2027. Claro que eso sería en el caso de que el Gobierno tampoco encontrase apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del próximo año. Hasta entonces, advierten en Moncloa, Montero sale a competir con el mismo espíritu que Sánchez en 2023: con todos los pronósticos en contra y su militancia desganada, pero dispuesta a darle la vuelta al marcador con “una campaña rompedora” y arropada por todo el Gobierno. Algo que en el territorio no terminan de ver y demandan “una estrategia de cirugía quirúrgica” donde se pelee por hasta el último votante de cada provincia que históricamente en elecciones autonómicas se queda en casa, pero en generales sí acude a las urnas.

Bajo el lema “Plan Montero. La nueva sanidad pública andaluza”, la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, ha presentado en Cádiz el proyecto más ambicioso de su campaña para las elecciones del 17 de mayo, que ella interpreta como “un referéndum por la salud”.

El programa socialista para darle la vuelta como un calcetín al sistema sanitario de Andalucía sale a la luz, estratégicamente medido, 24 horas antes de las movilizaciones convocadas por las Mareas Blancas este domingo en las ocho capitales de provincia, para protestar contra el deterioro de la sanidad pública, las listas de espera de pacientes, la falta de recursos y personal y, en medio de todo, la crisis de los cribados de cáncer de mama.

Montero ha desmenuzado su “plan de rescate para salvar el Servicio Andaluz de Salud (SAS)” con un calendario ambicioso -las propuestas entrarían en vigor antes del primer año de su gobierno-, con una memoria económica e inversión finalista. La gran apuesta es la “eliminación de las listas de espera” por ley. “Me comprometo a eliminar la demora de pacientes en Atención Primaria en un plazo de seis meses”, ha dicho la candidata.

Los plazos que propone son radicales: garantizar por ley que los andaluces serán atendidos por su médico de familia en 48 horas como máximo. La fórmula que tiene en mente es similar a la que puso en práctica el Gobierno de Salvador Illa en Cataluña el año pasado, como experiencia piloto en algunos centros de salud, para agilizar las derivaciones de pacientes de la Atención Primaria al hospital y mejorar la asistencia de enfermos crónicos.

Antes de lanzar esta medida, Montero hizo un experimento con los socialistas que asistían al acto en un salón del Parador de Cádiz: les pidió que cogieran sus móviles, abrieran la aplicación de Salud Responde y buscaran la cita más pronta con su médico. “Que levante la mano quien ha conseguido cita antes de tres días”, dijo. “Nadie”, se respondió.

Las abultadas listas de espera en Andalucía para ser atendido por un especialista, para lograr un diagnóstico y para operarse han alcanzado en los últimos años, tras el golpe mortal de la pandemia al sistema asistencial, cotas inusuales. En torno a dos millones de andaluces aguarda en una lista de espera sanitaria, según datos del Ministerio de Sanidad, en torno al 10% de la población andaluza.

La presión asistencial ha hecho que la Junta incumpla su propio decreto de plazos máximos de atención a pacientes para operarse, una norma que entró en vigor en Andalucía hace más de 20 años, cuando Montero era consejera de Salud. Ahora, como candidata, ha prometido otra ley para acotar más esos plazos, no sólo en listas quirúrgicas: 30 días para pruebas diagnósticas; 120 días para las operaciones en patologías más frecuentes; y 180 días para las menos frecuentes.

Para cumplir esos objetivos, la secretaria general del PSOE-A echará mano de su gran apuesta política como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda: el nuevo modelo de financiación autonómica, que reserva para Andalucía 5.700 millones de euros extras al año.

Montero, que no se ha achantado por las duras críticas que el Gobierno de Juan Manuel Moreno le ha lanzado por “un sistema de financiación pactado con el independentismo catalán”, promete usar 3.000 millones de esa partida extraordinaria anual a la sanidad pública, para así “elevar la inversión del gasto sanitario por habitante”.

“Diez minutos máximo para cada paciente”

El plan de la candidata va muy dirigido a los pacientes, cuyo hartazgo ha colocado la sanidad pública en el vértice de los problemas principales de los andaluces, según el último CIS y en las encuestas de opinión que elabora la propia Junta (el barómetro del Centra).

También hay una apuesta por atraer al colectivo sanitario, proponiendo “blindar por ley que ningún salario del SAS esté por debajo de la media nacional, con convergencia progresiva”. Montero promete incentivos económicos a los profesionales de hospitales comarcales y de dificil cobertura.

Pero la parte más ambiciosa de su programa, junto a la reducción del plazo de atención médica para pacientes, es la limitación a un máximo de diez minutos por paciente en las agendas de los médicos de Atención Primaria.

Antes de su intervención, la exdiputada y número dos por Jaén, Ángeles Férriz, moderó un coloquio entre profesionales y pacientes que retrataron las grietas del sistema sanitario. Un médico especialista, Javier Benítez, hizo una crítica brutal en este sentido: “La Atención Primaria hoy es un ambulatorio de los antiguos, porque el médico no tiene capacidad de diagnosticar. Y el tope de 35 citas diarias por médico es una falacia, porque tenemos el doble. Disponemos de tres minutos por paciente para darle un diagnóstico y un tratamiento, y si nos equivocamos vamos al banquillo”.

Montero promete devolver la capacidad diagnóstica en la Atención Primaria de forma “urgente”, para no saturar las consultas de los especialistas. En su programa aparecen 18.000 profesionales sanitarios más para toda Andalucía, de los que 5.000 serían médicos y 5.900 enfermeras. También prevé un “plan de retorno” que recupere a los profesionales emigrados, y reflotar la “Alta Resolución”, para que ningún andaluz viva a menos de 30 minutos de un hospital. “Pero de un hospital con médicos, no como ahora”, ha dicho.

Antes de un año de Gobierno, la aspirante socialista a suceder a Moreno quiere aprobar una “gran alianza por la sanidad”, una especie de órgano de trabajo interno con sindicatos, mareas, colegios profesionales, representantes de pacientes y plataformas ciudadanas para “revitalizar el nuevo sistema sanitario”. “Va a ser el centro del Gobierno”, ha asegurado, tras anunciar que restaurará la Consejería de Salud con competencias exclusivas -ahora está fusionada con Presidencia y Emergencias, desde la crisis de los cribados- y elevará su rango en el organigrama del Gobierno hasta una vicepresidencia.

También ha insistido en la idea de “limitar los conciertos sanitarios” con la privada para que “no sustituyan a los de titularidad pública”, una de las críticas más recurrentes al modelo de gestión del Gobierno del PP. Por último, ha prometido incorporar a la cartera de servicios gratuitos que ofrece el SAS la atención bucodental y el tratamiento específico para enfermedades mentales, “la gran cenicienta del sistema”.

El PSOE en Cádiz, del ruido al entusiasmo en 24 horas

El viraje del relato socialista en Cádiz, este fin de semana, ha sido de 180 grados. La importancia capital que otorga el PSOE al acto de este sábado contrasta con el ruido de sables que protagonizaron el día anterior, en la previa del Comité Director, máximo órgano de decisión entre congresos.

Allí la otrora mujer más poderosa del Gobierno de Pedro Sánchez se vio superada por las intrigas palaciegas inherentes al socialismo gaditano, con navajazos orgánicos en plaza pública, bajo los focos de la atención mediática que había sido convocada, en teoría, para presenciar el lanzamiento electoral del PSOE con sus ocho candidaturas en las provincias.

El pulso entre la dirección regional y el secretario general de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, arrojó la imagen de un partido enfurruñado, dividido y temeroso de sus expectativas electorales en esta provincia, donde se juegan 15 escaños, y ahora sólo tienen tres.

En el acto de este sábado, las caras de los socialistas presentes habían cambiado por completo. Montero ha entrado en el salón del Parador de Cádiz escoltada por dos mujeres, la coportavoz en el Parlamento, Ángeles Férriz, y la responsable de Salud en el PSOE, María Ángeles Prieto, seguido del líder del PSOE gaditano, esta vez, con un rostro más relajado que el día anterior.

La Comisión de Listas del PSOE andaluz, tras muchas horas de tensa reunión este viernes en Cádiz, no ha logrado desencallar la candidatura de esta provincia sin que aflore el durísimo cisma entre la ejecutiva de María Jesús Montero, candidata a la Presidencia de la Junta, y el secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix.

Un terremoto político interno que la exvicepresidenta del Gobierno -cero entusiasta de estos líos orgánicos- se había propuesto evitar a toda costa, para que las habituales luchas intestinas de un partido no torpedeasen el objetivo principal de su campaña en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, a saber: “mostrar unidad en las filas, movilizar a la militancia socialista y tensionar al electorado de izquierdas”.

La ejecutiva del PSOE andaluz ha llegado al límite de la celebración de un Comité Director, máximo órgano de decisión entre congresos, con las candidaturas cerradas en todas las agrupaciones provinciales, excepto en Cádiz, precisamente donde ha tenido lugar el cónclave este viernes.

La propia Montero había anunciado un día antes su intención de modificar la lista propuesta por los de Ruiz Boix, para blindar en el número uno por Cádiz a su jefe de campaña y persona de confianza, Fernando López Gil, actual secretario de Comunicación Institucional del partido. Esto implicaba desplazar al tercer puesto al hombre fuerte del secretario provincial del PSOE de Cádiz, su secretario de Organización, Juan Cornejo.

Y ese simple movimiento de fichas ha bloqueado la reunión de la ejecutiva regional durante horas y retrasado el Comité Director hora y media, un lapso de tiempo en el que han trascendido todas las fobias internas de esta agrupación. Quizá nadie advirtió a la nueva líder del PSOE andaluz de que ese simple movimiento iba a desbordar un tanque de tormentas en el socialismo gaditano, el más shakesperiano de todos. “Cádiz-Herzegovina” lo bautizó el expresidente Griñán, que ya transitó por aquí antes que ella.

Este primer pulso orgánico que protagoniza Montero con una de sus agrupaciones más convulsas lo ha ganado el dirigente de Cádiz. Aunque el enfrentamiento tenga claves muy locales -en el PSOE gaditano conviven familias políticas mal avenidas-, la autoridad de la secretaria general y de su lugarteniente salen muy magulladas.

Finalmente, la Comisión de Listas ha validado la propuesta inicial del PSOE de Cádiz, manteniendo a Cornejo como cabeza de cartel, seguido de la concejal de Algeciras y parlamentaria Rocío Arrabal, como número dos. Ambos son afines a Ruiz Boix. Los dos puestos siguientes, más tambaleantes según las encuestas, los ha puesto Montero: López Gil y la exsecretaria provincial, expresidenta de la Diputación y exdiputada, Irene García.

Son dirigentes de su confianza y enemigos íntimos de Ruiz Boix. El nombre de García, de hecho, estaba fuera de la terna del regional, hasta que en el último pulso han cedido el número uno, para situarla en el puesto cuatro (en las autonómicas de 2022, el PSOE se quedó a mil votos de lograr el cuarto escaño).

“Más difícil que negociar con Puigdemont”

La alteración de la plancha no ha sido pacífica. De hecho, a lo largo de la tarde ha oscilado varias veces, primero parecía prosperar con el orden corregido que había impuesto Montero, algo que ha desatado una bronca monumental entre los dirigentes locales y amenazas de no ir a votar el 17-M si López Gil encabezaba la candidatura. La imagen de un partido roto y parcialmente desmovilizado, con el 50% de la militancia de brazos caídos en campaña, ha sido el as en la manga del PSOE de Cádiz.

Cornejo, hijo del secretario de Organización de Susana Díaz, rechazó ir en la candidatura de número tres, y acusó a la ejecutiva regional de “no respetar la decisión de la militancia ni de los órganos” locales y provincial, que le habían situado como cabeza de cartel.

Los múltiples intentos por convencerle de quedarse en una lista encabezada por López Gil no sirvieron de nada. “Negociar con el PSOE de Cádiz es más difícil que negociar con Puigdemont”, bromeaba un dirigente local, recordando que la exministra de Hacienda, en sus ocho años en el Gobierno de Pedro Sánchez, no se ha enfrentado a una situación tan hostil ni lidiando con el expresident de la Generalitat, ni con ninguno de sus socios parlamentarios en esta legislatura.

La alteración del orden de la lista en Cádiz que pretendía Montero no era baladí, porque el PSOE cuenta ahora con tres diputados en esta provincia y las encuestas ponen en riesgo al tercero. El lío de las listas ha acaparado parte del discurso de la candidata ante sus compañeros del Comité Director, trasluciendo el resquemor de las horas previas de negociación a cara de perro: “Mi gratitud a las personas que han dado un paso al lado para dejar hueco en los primeros puestos de las listas y así facilitar el consenso”, ha dicho.

La secretaria general del PSOE andaluz -con poco más de un año en el cargo- ha librado su primer pulso interno con la agrupación históricamente más convulsa de todas, una suerte de montoyas y tarantos del partido.

Estos desencuentros, siempre latentes, reaparecieron en el último congreso provincial, en marzo de 2025, en el que Ruiz Boix se impuso por la mínima al candidato rival en las primarias, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, respaldado precisamente por López Gil y por Irene García. Ganó con el 51,1%, apenas 82 votos de diferencia.

Los perdedores de aquel congreso son quienes contaban hoy con el respaldo de la ejecutiva de Montero para ocupar los puestos de salida en la lista por Cádiz, algo que enfureció mucho a la dirección provincial. “Ganamos por poco, pero ganamos”, subrayan fuentes de la ejecutiva del PSOE gaditano, para defender su “legitimidad” para elegir a sus representantes en el Parlamento, “como el resto de agrupaciones”, avalada por “nuestra militancia y nuestros órganos de dirección”.

Tras ganar el congreso provincial, el también alcalde de San Roque orilló de su ejecutiva a todos los críticos de la candidatura alternativa. Lo mismo hizo a principios de esta semana en la confección de la candidatura de Cádiz para las andaluzas, donde todos los nombres, incluido los suplentes, eran de su cuerda.

Ruiz Boix, de hecho, ha llegado a hablar de “los míos”, para distinguirlos de otros compañeros de partido. La excepción en su plancha era precisamente el nombre de López Gil, tras ser advertido de que Montero lo quería dentro. Pero lo relegó al tercer puesto, plantando cara a la ejecutiva regional.

El PSOE andaluz anunció el miércoles listas “consensuadas” en siete de las ocho provincias, pero no pudo “vender” un pleno, porque la situación en Cádiz se había enquistado. El pulso se ha resuelto con dos candidatos afines a Ruiz Boix, en puestos de salida, y otros dos críticos con él y próximos a Montero, que tendrán que volcarse en la campaña para sacar sus escaños.

Tras el forcejeo con Cádiz, el Comité Director ha aprobado “por unanimidad” las candidaturas de las ocho provincias, pero la última palabra la tendrá el sábado la Comisión Federal de listas del PSOE, donde también tiene influencia Montero, como vicesecretaria general.

El secretario de Organización del PSOE-A y alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, había empezado a negociar con los ocho líderes provinciales en Semana Santa, con el objetivo de alcanzar acuerdos en las listas que evitasen visibilizar sus cismas internos, para no perjudicar la imagen de unidad del partido y la movilización de la militancia. Finalmente hubo forcejeos en varios territorios, pero la ejecutiva regional logró vender acuerdos en todas ellas, excepto en Cádiz.

El lío gaditano tiene más que ver con las fricciones entre familias y dirigentes del PSOE provincial -con nombres y apellidos concretos-, que con desencuentros con la ejecutiva de Montero. La secretaria general confirmó el jueves que se alteraría el orden de la plancha de Cádiz, pero trató de restarle importancia (“habrá algún tipo de ajuste”), señalando que los nombres serían los mismos que los elegidos por Ruiz Boix.

Pero el cisma era ya total. Esa misma noche, en una tertulia de 7 Televisión, el exsecretario general del PSOE gaditano, Francisco González Cabaña, lo dejó claro: “Esto es lo de siempre, para animar a los votantes socialistas debe ser esto... un martirio. Si López Gil encabeza la lista, lo siento mucho, pero me voy a quedar en mi casa”.

López Gil fue delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz durante el gobierno de Susana Díaz, de cuyo núcleo duro formó parte en su etapa final. Ahora es lugarteniente de Patricia Cavada, la alcaldesa de San Fernando, donde ha sido concejal compaginándolo con su acta de parlamentario desde el pasado julio, cuando entró en la Cámara para sustituir a Rafael Márquez, hasta entonces mano derecha del ex secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

El discurso de Montero ante los más de 400 participantes en el Comité Director ha girado en torno a la idea fuerza de su campaña: la movilización del electorado de izquierdas. La agitación de ese medio millón de votos que faltó en las andaluzas de 2022, y reaparecieron en las generales de 2023. La candidata socialista ha pedido a los suyos que se muevan más allá de las casas del pueblo, en las calles y en los bares, y ha convocado a participar en la movilización prevista por las Mareas Blancas, este domingo, en todas las capitales andaluzas en defensa de la sanidad pública.

El PSOE andaluz de María Jesús Montero ha diseñado una profunda renovación del equipo que encabezará las candidaturas en las ocho provincias para las elecciones del 17 de mayo, con los hombres y mujeres que formarán parte del grupo parlamentario.

Los comités provinciales han aprobado este miércoles su propuesta de listas, con no pocos forcejeos internos y con la dirección regional, logrando candidaturas “de consenso” en siete de las ocho provincias. Todas excepto Cádiz, donde el secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido el pulso hasta el final con una propuesta de candidatos que, previsiblemente, será “alterada” por la Comisión de Listas el próximo viernes, antes de que se reúna el Comité Director para ratificar las candidaturas definitivas.

El máximo órgano de decisión entre congresos se va a celebrar precisamente en Cádiz, donde el PSOE tiene previsto celebrar un acto en defensa de la sanidad andaluza, en una provincia que lleva 30 años esperando un nuevo hospital público.

Ésta era la primera vez que María Jesús Montero, secretaria general y candidata a la Presidencia de la Junta del PSOE-A, pilotaba el proceso interno más traumático y complejo del partido, más aún en un contexto político desfavorable, donde todas las encuestas apuntan a un retroceso de los socialistas, que ahora están en su suelo electoral, con 30 de los 109 diputados de la Cámara.

Lo ha hecho de la mano de otro neófito en este trámite autonómico, su secretario de Organización, el alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, que ha negociado con los ocho secretarios provinciales con un absoluto secretismo desde hace dos semanas, logrando que los cismas internos, fililas, fobias y filtraciones interesadas, habituales en este proceso, apenas trasciendan hasta el último minuto. A Rodríguez le han pitado los oídos más de lo normal en algunas provincias, donde le reprochan “falta de dirección”, y en otras “exceso de autoridad”.

Uno de los lances de este proceso de elaboración de listas era la pretensión de algunos líderes provinciales del PSOE-A de postularse en las listas de sus territorios para entrar en el Parlamento, algo que en la ejecutiva regional interpretaban como un intento de “tomar posiciones” para un posible relevo de Montero al frente del partido, en caso de que el resultado sea muy desfavorable.

Esto, finalmente, no ha ocurrido ni en Granada ni en Córdoba ni en Almería. Las fuentes consultadas hablan de un “trabajo previo” de negociación y consenso y una llamada a la responsabilidad por parte de Montero y Rodríguez para evitar proyectar una imagen de división y enfrentamientos internos que dañe las posibilidades del partido en campaña y dificulte aún más la movilización del electorado progresista, el gran reto del PSOE en estos comicios.

A las ocho de la tarde, el partido tenía cerradas las actas con las candidaturas de siete de las ocho provincias, todas a excepción de Cádiz, donde ha sido imposible sellar las grietas que separan históricamente al socialismo gaditano (que el expresidente Griñán bautizó como Cádiz-Herzegovina). Ruiz Boix ganó el último congreso provincial por un estrecho margen y, acto seguido, diseñó una ejecutiva orillando a los que se habían enfrentado a él en el proceso interno.

Su resistencia a aceptar la inclusión en puestos de salida del diputado y concejal de San Fernando, Fernando López Gil, hoy hombre fuerte de Montero en la ejecutiva, ha retrasado mucho la publicación de la lista. La propuesta que ha salido adelante está encabezada por Juan Cornejo, el número dos de Ruiz Boix e hijo del exsecretario de Organización de Susana Díaz. Le sigue la diputada y concejal de Algeciras, Rocío Arrabal; López Gil aparece en el número tres; la concejal de Jerez Laura Álvarez en el cuarto puesto y el exalcalde de Tarifa, Paco Ruiz, en el quinto puesto.

Fuentes de la dirección regional confirman que la Comisión de Listas estudiará el viernes la modificación “del orden” de esta propuesta en Cádiz, lo cual implica mover la posición de los candidatos, pero no sus nombres, previsiblemente para garantizar el puesto de salida a López Gil, que podría correr riesgo de no salir de mantenerse en la tercera plaza. El PSOE logró en esta provincia tres diputados en las autonómicas de 2022, frente a ocho del PP.

Montero, por Sevilla; María Márquez, por Huelva

Montero encabezará la lista por Sevilla, seguida del secretario de Organización del PSOE en esta provincia, Rafael Recio, que repetirá como diputado. Les sigue Marta Alonso, Alejandro Moyano, Verónica Pérez (que también repetiría) y José María Villalobos. Los socialistas lograron en 2022 cinco diputados en esta provincia, frente a los nueve del PP.

En Córdoba se había postulado la líder provincial, Rafi Crespín, y la exalcaldesa y diputada en esta legislatura, Isabel Ambrosio, ambas enfrentadas. Finalmente ninguna de las dos entra en la lista, que va a liderar la joven regidora de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, amadrinada por Esther Ruiz, que forma parte de la dirección de Montero.

Le sigue Esteban Morales, exalcalde de Puente Genil, un municipio donde ganó las elecciones el PP, pero PSOE e IU suman más. Los comunistas ofrecieron su apoyo a un alcalde socialista con la única condición de que no fuera Morales. Enviándolo al Parlamento logran desbloquear este gobierno local y se abre la puerta a una moción de censura tras las andaluzas.

Después de Esteban, está Victoria Fernández (exconcejala en Córdoba durante la etapa de Rosa Aguilar y jefa de gabinete del ministro Luis Planas), Mariano Poyato y Ana Isabel Torralbo. El PSOE logró en 2022 tres de los 12 escaños que se disputan en Córdoba, frente a los siete del PP.

En Huelva, la lista está encabezada por la vicesecretaria general del PSOE-A y exportavoz en la Cámara el último tramo de legislatura, María Márquez, otro de los puntales de Montero. Le sigue el veteranísimo parlamentario Mario Jiménez, cuya plaza está más asegurada hoy que hace cuatro años. Jiménez encadena muchas legislaturas en el Parlamento, ha sido azote de Moreno y de su número dos, el consejero Antonio Sanz, más que ningún otro diputado socialista, y siempre empujó al anterior secretario general, Juan Espadas, a endurecer su estrategia de oposición contra el presidente de la Junta.

Tres él están Macarena Robles, Fran Baluffo y Susana Rivas, que tiene pocos visos de repetir como diputada. El PSOE logró en Huelva cuatro diputados, frente a los seis del PP.

La lista de Granada la encabeza la diputada Olga Manzano, que repetirá en el Parlamento, seguido del portavoz del PSOE-A y exconcejal de la capital nazarí, Paco Cuenca; y de la también diputada María Ángeles Prieto, que ha tenido mucho protagonismo en esta legislatura por su trabajo de oposición en temas de sanidad. El puesto cuatro y cinco es para Paco Sánchez-Cantalejo y para Mari Carmen López. En Granada los socialistas tienen cuatro escaños.

En Jaén, la lista está encabezada por el secretario general del partido hasta hace un año e histórico presidente de la Diputación, Paco Reyes, que tendrá que abandonar su cargo por ser incompatible con el escaño de la Cámara. Le sigue la diputada y coportavoz en esta legislatura, Ángeles Férriz, que libró un pulso interno contra Reyes en el último congreso provincial, del que salió victorioso su delfín, Juan Latorre. Latorre será también su sucesor al frente de la Diputación. Por detrás de Férriz repetirá el también diputado Víctor Torres, Nines Díaz y Francisco Mendoza. El PSOE tiene en Jaén cuatro parlamentarios.

Málaga es la única excepción, donde el cabeza de lista es el secretario provincial, Josele Aguilar, que repetirá como diputado, seguido de Ana Villarejo, Daniel Pérez (portavoz en el Ayuntamiento y exlíder provincial), Patricia Alba y José Luis Ruiz Expejo. En esta provincia, donde hay 17 escaños en juego, los socialista lograron cuatro en 2022, frente a los diez del PP.

Por último, la lista de Almería está encabezada por José Nicolás Ayala, el secretario de Organización provincial, seguido de Fátima Herrera, el exconsejero de Agricultura de Susana Díaz, Rodrigo Sánchez Haro, Victoria Cruz, Juanfran Colomina y María Belén Ruiz. Almería es la provincia donde el PP está más fuerte y donde Vox aspira a crecer más. Los socialistas lograron aquí tres diputados de los 12 que están en liza.

“Al PSOE de Andalucía siempre se le ha dado mal la gestión de las expectativas. De las malas expectativas”, dice, con sorna seca, un veteranísimo del socialismo andaluz, ya en la retaguardia “militante”.

El PSOE andaluz es conocido por todos como un partido “ciclotímico”, propenso a los altibajos emocionales, sobre todo desde que discurre por la angosta senda de la oposición, tras ostentar el poder casi 37 años consecutivos.

Un día surfean en éxtasis la ola del “efecto Montero”, cuando el partido se encomendó a la mujer con más poder institucional de España como secretaria general y candidata en Andalucía (“Hemos elegido lo mejor que tenemos porque vamos a por todas”); y al día siguiente, vuelven a caer en depresión, cuando las primeras encuestas post Montero no arrojan el resultado esperado.

Ese socialismo andaluz, hogar de unos 40.000 militantes, se ha topado de bruces, este martes, con un inesperado fuego amigo: un sondeo de intención de voto del CIS para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, que su líder y candidata, María Jesús Montero, conocía, pero muchos de sus acólitos no.

El instituto demoscópico del Gobierno de Pedro Sánchez -el más potente del país- ha enfriado las expectativas de la candidata socialista, situándola diez puntos por debajo en intención de voto del claro favorito, el popular Juan Manuel Moreno, a un mes y medio para las urnas. Es el primer sondeo de peso que se publica desde que se convocaron las elecciones, el 23 de marzo.

De los datos del estudio, además, se desprende que Moreno tira de la marca PP hacia arriba, mientras Montero arrastra la marca PSOE hacia abajo (el partido del puño y la rosa aún despierta entre los andaluces más “simpatía” que el PP, único parámetro en el que les ganan). Casi el 53% de los encuestados responde “Juanma Moreno” cuando se les pregunta quién prefiere que les gobierne, frente al 22,6% que elige a Montero.

El 45,7% de los encuestados ve al popular “más preparado para gobernar”, más “honesto” (39,5%), más “sincero”(40,2%), más “fiable” (42,3%) y más “dialogante” (47%), atributos que la socialista -exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda durante ocho años- sólo inspira al 21,3% (preparada), al 18,3% (dialogante) y al 16,5% (fiable).

El CIS propone también una serie de méritos de un dirigente y pide a los encuestados que identifiquen esos valores con los candidatos: quién tiene más proyecto e ideas claras; más pragmatismo, iniciativa y capacidad de gestión para resolver problemas; quién tiene más sensibilidad, más conocimiento de los problemas de Andalucía y más visión de futuro. Moreno puntúa en todas por encima del 43%, mientras la cota más alta de Montero es el 23% en “capacidad de gestión”.

La exvicepresidentea del Gobierno fue consejera de la Junta de Andalucía, primero de Sanidad, luego de Hacienda, durante 14 años, con los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Los últimos ocho años ha sido un pilar del Ejecutivo de Sánchez, desde donde ha impulsado la quita de deuda autonómica y una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, ambas beneficiosas en términos absolutos para Andalucía.

A tenor del resultado de esta macroencuesta, incluso sus dotes como gestora de lo público tras más de dos décadas en gobiernos está muy desgastada entre los andaluces.

Fidelidad y trasvase de votos

Moreno mantiene la fidelidad del voto al PP en un 80,7% respecto a quienes le apoyaron hace cuatro años, en las autonómicas de 2022, sin embargo, Montero retiene al 66,3% y pierde casi un 20% de los votantes que logró su predecesor, Juan Espadas, en beneficio de otras opciones políticas -el PP (8,7%), Por Andalucía (5,9%) y Adelante (5,3%)- pero sobre todo de electores que se van a la abstención (15,6%).

Esta foto fija, avalada por más de 6.000 entrevistas, ha pillado a los socialistas en mitad de su particular “Semana de Gloria”, como ha bautizado una dirigente de la ejecutiva regional del PSOE-A al tortuoso proceso de elaboración de las listas electorales en las ocho provincias andaluzas.

Entre el lunes y el martes, las asambleas locales del partido han debatido los mejores candidatos para enviar al Parlamento andaluz. Este miércoles cada comité provincial del PSOE elevará una propuesta de lista a la dirección regional, que podrá ratificarla o modificarla para su aprobación definitiva, el próximo viernes, en el Comité Director, máximo órgano de decisión entre congresos.

El forcejeo entre las familias, corrientes, oficialistas y críticos del PSOE en cada una de las ocho provincias de Andalucía se ha intensificado tras el varapalo del CIS, que deja poco espacio para el optimismo. Los socialistas están hoy en su suelo electoral, tienen 30 de los 109 diputados en el Parlamento. Con la llegada de Montero, aspiraban a alcanzar 38, uno más por cada provincia, disputando los restos al PP de Moreno, que en 2022 se hizo con el último escaño en prácticamente todas las circunscripciones.

Hoy esas expectativas están congeladas. Hay tensiones por acaparar los principales puestos de salida prácticamente en todas las provincias, a pesar de que Montero y su secretario de Organización, el alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, ya habían tanteado a los ocho secretarios provinciales durante la Semana Santa, tratando de consensuar las candidaturas y evitar “el espectáculo público de un partido abierto en canal”.

Las fricciones perduran en los ocho territorios con más o menos intensidad. La dirección regional pidió a los secretarios provinciales que ostentan algún cargo institucional incompatible con ocupar un escaño en el Parlamento andaluz [Granada, Almería y Córdoba] que no entraran en las listas del 17M para evitar la lectura de que “toman posiciones” para sustituir a Montero tras las elecciones, en caso de que el resultado sea muy malo.

El CIS ha revelado que las expectativas del PSOE en las autonómicas es peor que en unas generales, con Sánchez de candidato. Cuando se pregunta a los 6.000 encuestados andaluces a quién votará en las generales, el PSOE vuelve a imponerse al PP como la primera opción con el 27,7% frente al 25,4%, un vuelco que no logran los socialistas en las autonómicas. En el recuerdo de voto, el 35,3% lo hizo por el PSOE en las generales de 2023, frente al 26,4% que apoyó al PP (pese a que los populares ganaron las legislativas en Andalucía).

En principio, el planteamiento de la dirección regional a los ocho secretarios provinciales fue “bien recibido”, pero ha añadido una nueva variable a un puzle ya de por sí difícil, con fuertes discordias internas en Cádiz, Córdoba y Jaén (en esta última concurrirá el presidente de la Diputación Provincial, Paco Reyes, que dejará su cargo al líder provincial, Juan Latorre), y de menor intensidad en Almería, Granada y Huelva.

Más preparado, dialogante y fiable

Hace apenas tres semanas, el PSOE celebraba el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo, que proyectó una victoria de los socialistas en las elecciones generales, a 8,5 puntos del PP, y un significativo estancamiento de Vox. El instituto que dirige José Félix Tezanos usó en aquel sondeo 4.016 entrevistas, con un nivel de confianza del 95,5%.

Este martes, el CIS ha publicado el estudio ‘Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones’, que va mucho más allá del título y radiografía las debilidades y fortalezas de los partidos y los candidatos que concurren a las elecciones andaluzas. La macroencuesta se realizó entre el 12 y el 26 de marzo (Moreno disolvió el Parlamento el 23 de marzo).

Tezanos utiliza aquí más entrevistas de las que suele usar en los barómetros mensuales del CIS (6.016 encuestados), con un margen de error inferior. La encuesta empieza preguntando a los andaluces cómo se han visto afectados por el tren de borrascas del pasado enero, pero termina indagando por su opción de voto para las autonómicas, la valoración de los candidatos y su capacidad de gestión.

A la pregunta “¿a qué partido votaría usted?”, el 32,1% responde al PP en intención directa, diez puntos por delante del PSOE, con un 22%; Vox con un 8,8%; Adelante Andalucía, con un 7,7%; la coalición Por Andalucía, con un 5,8%; Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez, con un 1,3%; y Podemos, con un 0,5%.

El resultado sitúa a Moreno 23,4 puntos por delante de su principal competidora, María Jesús Montero, como opción de gobierno preferida para los andaluces. El 40,9% de los encuestados prefiere que el dirigente popular siga como presidente de la Junta, tras casi ocho años en el poder, frente al 17,5% que se decanta por la socialista.

La pregunta por la preferencia de gobierno de los encuestados también arroja respuestas significativas cuando se observa qué votaron en las andaluzas de 2022: un 24% de los que apoyaron al PSOE-A hace cuatro años, siendo candidato Espadas, ahora mudaría su voto a otras opciones políticas: la mayoría al PP de Moreno (13%), y otros se pasarían a la coalición Por Andalucía, que encabeza Antonio Maíllo (5,7%) o a Adelante Andalucía (5,4%).

La mayor fidelidad de voto la retiene Moreno, con un 86,6% de convencidos entre los votantes del PP. Además, el presidente de la Junta y candidato a la reelección también convence a un 27,8% de quienes votaron a Vox en 2022, un dato significativo para los de Moreno, que salen a revalidar una mayoría absoluta amenazada (en la mayoría de encuestas) por el crecimiento constante de la ultraderecha (el viaje a la inversa sólo lo hace el 4,9%).

Moreno y Montero son los candidatos con un índice de popularidad más alta, más del 95% de los anda4luces conoce a ambos. Pero el popular es el mejor valorado, con un 5,86, mientras que la socialista está en cuarta posición, con un 3,93, por detrás de otros candidatos menos conocidos, como el cabeza de lista de la coalición Por Andalucía y líder federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo (4,73), o el de Adelante Andalucía, José Ignacio García (4,82).

Cuatro de cada diez andaluces encuestados valora como “buena o muy buena” la gestión del Gobierno de Moreno en los últimos cuatro años, sin embargo, el 49,6% califica de “mala o muy mala” la política del Gobierno de Sánchez, con quien identifican directamente a Montero.

En el sondeo, también es llamativo que el partido anticapitalista y andalucista de Teresa Rodríguez, que hoy encabeza José Ignacio García, aventaje a la coalición que de IU, Sumar, Podemos y otros cinco partidos de izquierdas, pilotada por Maíllo. Adelante Andalucía tiene hoy dos diputados en el Parlamento y Por Andalucía cinco. Cuando el CIS realiza la encuesta, Podemos aún no se había integrado en esta última coalición.

Los “15.000 votos” que necesita Moreno y “el millón” que busca Montero

La encuesta del CIS se ha publicado con todos los candidatos haciendo campaña. Moreno, en una entrevista en el programa de Ana Rosa, en Antena 3, ha asegurado que la diferencia entre lograr los 55 diputados de la mayoría absoluta o quedarse en 52 y verse obligado a pactar con Vox es de “apenas 15.000 votos”. El popular ha puesto un listón factible a los suyos, pero les ha pedido que “no se confíen”, que “no se vayan a la playa”.

Montero estaba en un desayuno informativo, en Sevilla, presentado por la exdiputada por Cádiz en el Congreso y exeurodiputada, Carmen Romero, que le ha puesto el listón mucho más alto: “Nos hacen falta un millón de votos más, unos 250.000 más por provincia, ¿cómo tendrán que trabajar esas casas del pueblo?”, ha conminado a la candidata. En las últimas cuatro elecciones celebradas en Andalucía (autonómicas, generales, municipales y europeas), el PP prácticamente ha clavado su resultado (en torno a 1,5 millones de votantes), mientras que el PSOE ha fluctuado desde los 880.000 de las autonómicas al 1,2 millones de las generales.

El CIS sobre intención de voto en Andalucía ha pillado a todos los partidos ultimando sus listas electorales en las ocho provincias pero, de todos ellos, es el PSOE quien afronta esta semana con más dificultad para encajar a sus candidatos en unas papeletas menguantes, a juzgar por el sondeo.

La elaboración de candidaturas es una prueba de estrés para los partidos, que ven cómo sus dirigentes se disputan los puestos de salida con más o menos ansiedad, según las expectativas electorales en cada provincia. El CIS deja poco margen para el entusiasmo socialista y, al hacerse público 24 horas antes de que los comités provinciales aprueben sus propuestas de candidatos, suponen una tensión añadida para la ejecutiva de Montero. “Esto es lo que nos faltaba”, se queja un secretario provincial.

El estado anímico de los socialistas y la unidad o las discrepancias que aireen a final de semana, tras la confección definitiva de las listas electorales, será un buen termómetro de las expectativas reales que tiene el partido de cara al 17M. Pero también del futuro del PSOE andaluz tras los comicios. “Un partido roto no funciona igual que un partido unido. Eso sirve para una campaña electoral , pero también para trabajar la legislatura que viene”, dice un veterano socialista, fuera de las quinielas de candidatos.

El dato del CIS más positivo para el PSOE es el que ratifica su estrategia de campaña: los socialistas no acuden a las urnas focalizando su marca de partido ni siquiera la de su candidata, sino dando prioridad a los problemas de los andaluces, singularmente la sanidad.

El deterioro de la atención sanitaria escaló al primer problema en la encuesta del Centra, que financia la propia Junta de Andalucía, y también lo es en este sondeo del CIS. Cuatro de cada diez andaluces señala la gestión de la sanidad pública como el primer o segundo problema que más les afecta personalmente, seguido de la vivienda (17,2%) y la falta de infraestructuras, como trenes, carreteras (16,4%).

Montero ha planteado estos comicios como “un referéndum por la salud” y ha reiterado que el 17 de mayo “nos jugamos la vida”. Respecto a estos problemas identificados como los más graves por los encuestados, la mayoría ve más “cercana” la gestión del PP (25,1%), pero seguida de cerca por el PSOE (21,4%), y a más distancia Vox (8,8%), Adelante Andalucía (5,3%) y Por Andalucía (4,2%).

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juan Manuel Moreno, es el líder andaluz mejor valorado (5,87 puntos) según un estudio del CIS, que sitúa a la socialista María Jesús Montero en cuarto lugar (3,32 puntos), a mes y medio para las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Son datos que se desprenden del estudio 'Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones', realizado del 12 al 26 de marzo con 6.016 entrevistas, según ha informado en nota de prensa el Ministerio de la Presidencia. Moreno disolvió el Parlamento andaluz y convocó las elecciones el pasado 23 de marzo, cuando aún se estaban realizando las entrevistas para esta encuesta.

Al preguntar quién prefiere que sea el presidente del Gobierno andaluz, el 40,9% afirma que se decanta por Moreno; el 17,5% por la vicesecretaria general del PSOE; el 5,6% por el aspirante de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el 5,5% por el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Cuando se realiza el sondeo, Vox aún no había confirmado a su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, como cabeza de cartel electoral en las andaluzas.

Moreno y Montero son, con diferencia, los candidatos con un nivel de conocimiento más alto. El aspirante de la formación anticapitalista Adelante Andalucía es el segundo líder andaluz mejor valorado, con un 4,82 (aunque con un nivel de popularidad mucho más bajo); y Maíllo el tercero, con un 4,73, en una clasificación encabezada por el presidente de la Junta, con un 5,87, y en la que la candidata del PSOE-A obtiene un 3,93, mientras que el representante de Vox logra un 3,32.

Sobre las cualidades que debe tener un presidente de Andalucía para gobernar, el 46,4% cree que Moreno, cuya gestión recibe una puntuación media de 5,79, cuenta con “capacidad de gestión y competencia para ello” y un 23,7% dice que María Jesús Montero cuenta con esa misma capacidad.

De cara a los comicios autonómicos, el 65% asegura que, a la hora de votar, lo hará pensando en los temas propios de Andalucía, frente a un 27,5% que lo hará pensando en las temáticas generales de España. El 44,2% reconoce que la principal razón por la que elige un partido es “porque es el que mejor representa sus ideas”, el 32,8% dice que el motivo para su elección es porque “es el partido que está más capacitado para gestionar en la comunidad autónoma”, y el 30,9% asegura que es por “la situación económica y social”.

El CIS pregunta a los andaluces cuál es el principal problema que sufren y, como ocurrió con el último barómetro del Centra (financiado por la propia Junta), en primer lugar destaca el deterioro de la sanidad pública, asunto clave en la campaña de Montero contra Moreno. Un 24,8% responde que el primer problema es la sanidad; un 13,7%, el paro; un 11,7%, la vivienda; un 5,3%, las infraestructuras y un 5,2%, la inmigración.

La mayoría de los encuestados confía en el PP para solucionar estos problemas: el 25,1% elige al partido de Moreno, pero seguido muy de cerca por el PSOE de Montero (21,4%) y, a mucha más distancia Vox (8,8%). Adelante Andalucía logra sorpasar en nivel de confianza a la coalición Por Andalucía (un 5,3% frente al 4,2%) y frente a Podemos (1,5%), que aún no se había integrado en la confluencia que encabeza Maíllo.

Valoración de la gestión de los gobiernos andaluz y central

El 40,2% considera que la gestión en su conjunto que ha realizado en los últimos cuatro años el Gobierno andaluz ha sido “muy buena o buena”; el 32,9% dice que “regular”, y un 25,8% cree que la gestión ha sido “mala o muy mala”, según el estudio del CIS.

En cuanto a la labor del Ejecutivo central, un 23,3% afirma que ha sido “muy buena o buena”; un 26,1% dice que “regular” y un 49,6 % que “mala o muy mala”.

María Jesús Montero, despojada ya del enorme poder institucional que ha acaparado en el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha metido de lleno en la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. La candidata socialista teme que su rival, el presidente de la Junta y candidato del PP, Juan Manuel Moreno, logre su objetivo de implantar una campaña “sin pulso, hipotensa, donde no se hable de los servicios públicos y de gestión”.

“Moreno va de fiesta en fiesta, de evento en evento, intentando tocar la fibra sensible y aparentar una moderación que nada tiene que ver con la realidad de Andalucía. Su política bebe de esa radicalidad en la que está instalado a nivel nacional. En su equipo juegan el doble papel de poli bueno y poli malo. Si empieza a hablar de gestión, la cosa se le va a complicar en las próximas semanas”, ha asegurado.

Durante un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía, Montero ha defendido que las buenas cifras de crecimiento económico en Andalucía son imputables a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha acusado a Moreno de atribuirse los resultados de esas políticas en su territorio. La candidata socialista ha afeado al presidente de la Junta que ayer hiciera gala de la bajada histórica del paro en Andalucía, mientras, en paralelo, la dirección nacional de su partido negaba los mismos datos para el conjunto del país -22 millones de ocupados- tildándolos de “maquillaje”.

“Andalucía ha crecido a remolque, sin impulso propio, gracias al aumento del empleo, el buen comportamiento del consumo privado y de las empresas, y estos factores han crecido gracias a las políticas del Gobierno de España”, ha dicho Montero, tras denunciar que la Junta de Andalucía “no está aprovechando el crecimiento europeo para mejorar la convergencia con otras regiones”. “Somos los últimos en renta per capita, el paro está por encima del resto y crecemos por el aumento de la población, no por el dinamismo económico propio”, ha dicho.

Al desayuno informativo, en el hotel Alfonso XIII de Sevilla, han acudido dirigentes del PSOE de todas las provincias, justo en una semana clave para la elaboración de las listas electorales, que se resolverán el próximo viernes. También han asistido los líderes de CCOO y UGT en Andalucía y el presidente de la patronal, el expresidente de la Junta, Manuel Chaves (ni José Antonio Griñán ni Susana Díaz estaban presentes), o el Defensor del Pueblo Andaluz.

Montero ha defendido su papel en el Ministerio de Hacienda al impulsar la quita de deuda autonómica, que beneficia a Andalucía más que al resto en términos absolutos, así como su propuesta para la reforma del modelo de financiación. Sobre esto último, uno de los frentes por los que le atacará Moreno en campaña, la socialista ha defendido la presencia en su campaña de Salvador Illa, president de la Generalitat, así como la del ministro de Fomento, Óscar Puente, que en las últimas semanas ha protagonizado un pulso directo con la Junta a cuenta de la parálisis de la línea de AVE entre Madrid y Málaga.

La dirigente socialista ha rechazado rotundamente “el marco mental” de que el PP tiene ganadas las elecciones en Andalucía y se ha negado a responder si Sánchez adelantará las generales en caso de que su resultado en las urnas el 17 de mayo sea muy malo. “Vamos a ganar las elecciones”, ha dicho. La exministra ha augurado que su partido votará a favor del decreto de vivienda, impulsado por los ministros de Sumar, para prorrogar el precio de los alquileres.

También ha subrayado que desde el Ministerio de Hacienda siempre se opuso a la cesión del IRPF a Cataluña y asegura que “no está contemplada” la cesión de ese impuesto “tras las elecciones andaluzas”

Montero ha elegido para su presentación en este acto en Sevilla a una histórica dirigente socialista, cargada de simbolismo: Carmen Romero, diputada por Cádiz en el Congreso durante 14 años, eurodiputada y 20 años en la ejecutiva de UGT. Romero también es la exmujer de Felipe González, expresidente del Gobierno y referente del PSOE más ortodoxo, hoy abiertamente enfrentado a Pedro Sánchez.

González acompañó hace unos días, aquí en Sevilla, al presidente de la Junta y rival de Montero en las elecciones, el popular Juan Manuel Moreno, algo que a la exministra de Hacienda no le sentó nada bien. Romero ha brindado un apoyo cerrado a la sevillana, pero también le ha puesto el listón altísimo: “Nos hacen falta un millón de votos más, unos 250.000 más por provincia, ¿cómo tendrán que trabajar esas casas del pueblo?”, ha subrayado.

España cerró 2025 con un déficit (diferencia entre ingresos y gastos públicos) del 2,2% del producto interior bruto (PIB), la menor tasa desde el estallido de la crisis financiera, y por debajo del objetivo fijado por el Gobierno para el ejercicio, que era del 2,5%. La mejora de este saldo se debe al buen ritmo de la recaudación, que se disparó más de un 10% hasta superar los 325.000 millones de euros.

El Gobierno ha publicado este martes los datos de la Ejecución presupuestaria del año 2025, que arrojan una mejora del saldo público de 8.811 millones y siete décimas menos en comparación con la cifra del 2024, que fue del 2,9%, una vez descontados los efectos en las cuentas públicas de la DANA. En total, esto supone que el Estado registró un déficit de 36.780 millones de euros.

Este 2,2% del déficit supone los menores números rojos en 18 años. El Estado acabó el 2007 con un superávit (es decir, más ingresos que gastos) del 1,9%. Pero la crisis financiera golpeó de lleno a las cuentas públicas en 2008, hundiendo el saldo hasta el -4,9% en solo un año.

El déficit tocó suelo en 2012, cuando registró un 11,5%, y de nuevo en 2020, por los efectos de la pandemia, cuando se hundió hasta el 9,9%. Desde entonces, ha mejorado en 7,7 puntos porcentuales, como subrayan desde el Ejecutivo.

Aun contando con los efectos fiscales de la DANA en las cuentas públicas de 2025, el déficit se sitúa en el 2,4%. Igualmente, la menor cifra desde 2007.

A solo 0,1 puntos del objetivo para 2026

Según destaca el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, esta es la sexta ocasión en la que el saldo presupuestario mejora el objetivo fijado por el Ejecutivo y, también, todas las previsiones de los organismos nacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF.

De hecho, la rebaja del déficit es tan acusada que casi cumple con el objetivo para 2026 (2,1%), lo que da un amplio margen fiscal para financiar las medidas de apoyo en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

La ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero ya avanzó hace unas semanas que el Gobierno había cumplido con el objetivo del 2,5%. Sin embargo, el adelanto electoral en Andaulcía, donde concurre como candidata, impidió que presentara los datos publicados este martes.

Su sustituto, el ministro Arcadi España, ha subrayado que “España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable”. “No solo es importante reducir nuestro déficit, sino también la forma en que lo hemos logrado. España está mejorando su saldo fiscal sin aplicar recortes sociales”, ha defendido.

Las cuentas públicas registraron un superávit primario (es decir, antes de incorporar el gasto en intereses de la deuda) del 0,21% del PIB, algo que tampoco sucedía desde 2007.

La recaudación del IVA roza los 100.000 millones

Los ingresos tributarios se dispararon un 10,4% el año pasado, lo que en el Ministerio de Hacienda vinculan con el buen ritmo de la economía y la creación de empleo el año pasado, con un mercado laboral que, por primera vez en más de una década, dejó la tasa de paro por debajo del 10%. En total fueron 325.356 millones de euros.

El IRPF fue, de nuevo, el gran impuesto recaudador, con 142.466 millones de euros, un 10,1% más que en el ejercicio 2024.

El IVA, después de recuperar la normalidad tras todas las rebajas fiscales que se aprobaron en respuesta a la crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania, también despuntó un 9,9%, hasta rozar los 100.000 millones de recaudación (99.532 millones de euros).

El Impuesto de Sociedades superó en 2025 los 40.000 millones por primera vez desde 2007 y segunda ocasión en la historia de este tributo. Avanzó un 8,1%, hasta los 42.266 millones de euros, todavía por debajo del récord que fijó en 2007, antes de la crisis financiera.

Pero desde el Ministerio de Hacienda defienden que la inflación apenas jugó un papel determinante: apenas 1,3 puntos del 10,4% que avanzó la recaudación se explican por ese motivo.

El Gobierno central asumió todo el ajuste

Por subsectores, fue el Gobierno central quien asumió todo el ajuste de las cuentas públicas, al pasar de un déficit del 2,61% en 2024 al 1,86% en 2025. Los Fondos de la Seguridad Social también mejoraron sus números rojos, del 0,51% del PIB al 0,33% a cierre del año pasado.

Pero las comunidades autónomas empeoraron sus cifras, pasando de un déficit del 0,18% al 0,3%. En total, un desfase de 5.099 millones de euros.

Ocho comunidades autónomas registraron superávit (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco) por nueve que incurrieron en déficit (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunitat Valenciana).

En el caso de las corporaciones locales, que están obligadas a registrar superávit fiscal, este también se moderó ligeramente del 0,45% del PIB en 2024 al 0,31% en 2025.

La deuda pública se recorta al 100,7% del PIB

El Banco de España ha publicado este martes los datos de cierre de año y mejoran en una décima, hasta el 100,7% del PIB, su estimación inicial de hace unos meses.

En concreto, las Administraciones Públicas acabaron 2025 con una deuda pública de 1,698 billones de euros. En términos nominales, esto supone un 4,8% más que a cierre de 2024. Pero medido en ratio de PIB, supone su menor registro desde el primer trimestre de 2020, antes del estallido de la pandemia de COVID-19.

La deuda pública alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2021, con un 124,2% del PIB. Desde entonces ha caído más de 23 puntos.

Las elecciones del 17 de mayo en Andalucía van a escudriñar un intenso debate sobre la sanidad pública, la política con más presupuesto de todas las que gestiona el Gobierno de Juan Manuel Moreno (16.266 millones de euros) y, sin embargo, el principal motivo de preocupación de los andaluces después del paro, según el último barómetro del Centra, financiado por la propia Junta.

En el histórico de encuestas de opinión pública e intención de voto que sufraga la Consejería de Presidencia desde hace 20 años, primero bajo gobiernos del PSOE y ahora del PP, nunca hasta hoy había destacado la sanidad por encima del paro como el principal problema de Andalucía.

En el último estudio de opinión publicado con un gobierno socialista en Andalucía (el Egopa de diciembre de 2018, poco antes de las elecciones en las que Moreno arrebató la presidencia a Susana Díaz), la principal preocupación personal de los encuestados era la falta de empleo, señalada en primer lugar por el 43,8% de los andaluces, seguida de la sanidad (21,1%).

En la derrota de los socialistas, después de 37 años en el poder, pesó mucho el descontento ciudadano por la gestión sanitaria -otrora “joya de la corona de la Junta”-, que cristalizó en multitudinarias manifestaciones en las calles de Granada, Málaga, Sevilla y Huelva.

El polémico proyecto de fusión hospitalaria en Granada prendió la mecha de un malestar acumulado entre la gente, que terminó estallando por la “escasez” de medios y por la “falta de personal” que dejaron los recortes en el gasto público durante la crisis financiera de 2008. El médico Jesús Candel, alias Spiriman, personalizó aquel cabreo visceral con el último Gobierno socialista, que fue duramente castigado en las urnas. Aun así, la encuesta que publicó la Junta en diciembre de aquel año, poco antes de las elecciones, volvió a identificar el paro como el principal problema de los andaluces, por delante de la sanidad.

Siete años después, la foto fija del llamado CIS andaluz (la última edición fue el pasado diciembre) sitúa la gestión sanitaria como el primer problema para el 22,3% de los andaluces, seguido del desempleo para el 15,3%. Este periodo han sido años de gobiernos del PP, que heredó déficits estructurales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) comunes al resto de autonomías -como la falta endémica de médicos- pero también se enfrentó a la pandemia del Covid-19, que desbordó la atención asistencial y disparó las listas de espera de pacientes.

Moreno, que ha gobernado todos estos años y que llegó a la Junta prometiendo “otro modelo de gestión sanitaria”, ha visto cómo la percepción de los andaluces sobre la atención clínica y hospitalaria iba empeorando año tras año, mientras un ciclo de economía en auge achicaba la tasa de paro a mínimos históricos: el 14,6% de la población activa, unos 622.800 desempleados.

La paradoja para el presidente Moreno es que hoy la sanidad pública disfruta -y la Junta no para de repetirlo- del “presupuesto más abultado de su historia y de una plantilla de sanitarios récord”, que el PP contabiliza en 30.000 más que en 2018. Estas macrocifras, sin embargo, contrastan con la percepción que los ciudadanos tienen hoy de la sanidad pública, y con un dato relevante: en los últimos ocho años, el porcentaje de andaluces con un seguro médico privado ha crecido del 15 al 40% de la población, y en ciudades como Sevilla supera el 50%.

Las listas de espera sanitarias, la bestia negra de la Junta

El malestar ciudadano por los retrasos en la atención primaria, por las listas de espera para un diagnóstico y para operarse será un leit motiv en la campaña de todos los partidos políticos en Andalucía, aunque es la candidata socialista, María Jesús Montero, quien lo ha apostado todo a esta carta, planteando los comicios como “un referéndum sobre la salud”.

“Nos jugamos la vida en estas elecciones”, ha asegurado esta semana. El presidente y candidato del PP a la reelección le ha reprochado su “tendencia a la hipérbole”: “Decirle a la gente: se va a morir si vota a Juanma no es creíble”.

Moreno y Montero son dos candidatos que pueden confrontar sus modelos de gestión sanitaria, porque ambos han gobernado muchos años esta tierra. Sin embargo, la comparativa entre la gestión socialista y la gestión popular del SAS va a estar trufada de lecturas interesadas y datos retorcidos, porque se trata de dos momentos políticos y económicos muy distintos, con muchos matices.

La socialista acusa al popular de tener “planificada” la “privatización paulatina de la sanidad pública”, y pone como ejemplo el incremento del gasto en derivaciones de pacientes a clínicas y hospitales privadas, tanto por la vía de los conciertos como por el aumento de los contratos de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, que el SAS prorrogó hasta dos años después de la pandemia, y que están siendo investigados por dos juzgados.

Montero ha llegado a acusar a Moreno, sin datos, que prepara el “copago sanitario”, que ha pedido un informe para cambiar drásticamente el modelo de sanidad, que dejaría de ser “universal y gratuita”, y recuerda las palabras del propio presidente de la Junta durante una entrevista el verano pasado: “La sanidad pública, tal como va envejeciendo la población, llegará un momento que será inviable”.

La Junta ha salido a desmentir tajantemente esta acusación. El PP, además, ha sacado a relucir el presupuesto en conciertos sanitarios en la época de Montero como consejera de Salud, así como los contratos de emergencia que firmó a clínicas privadas. Moreno se ha hecho un buen puñado de fotos ante infraestructuras hospitalarias nuevas que estaban prometidas, y sin ejecutar, de la época socialista, siendo la más significativa el Hospital Militar de Sevilla, abandonado durante 20 años.

Es un choque frontal entre candidatos, aunque ambos coinciden en que “la memoria de los ciudadanos” juega a su favor. Montero no teme que su adversario desempolve datos y cifras de su etapa, y saca pecho por algunos “hitos” clínicos de aquellos años, como la investigación con células embrionarias, el primer diagnóstico genético preimplantatorio para que los niños nacieran sin la enfermedad de sus padres; el primer trasplantete de cara, o la desconexión de Inmaculada Echevarría como precursora de la muerte digna... “La sanidad es mi especialidad profesional, yo tengo mi plaza en el Virgen del Rocío. Cuando quiera Moreno hablamos del orgullo de la sanidad pública”, le ha retado esta semana, poco antes de abandonar el Gobierno de Sánchez para volcarse de lleno en la campaña.

Montero y los “7.000 médicos menos”

La vicepresidenta del Gobierno fue consejera de Salud en la Junta durante nueve años, entre 2004 y 2013 (y antes viceconsejera de esta misma cartera entre 2002 y 2004). En ese periodo, el PSOE de Manuel Chaves gobernó con mayoría absoluta y el PSOE de José Antonio Griñán lo hizo en coalición con Izquierda Unida (IU). En esos 11 años hay ejemplos de todo, bueno y malo.

También la etapa de Moreno es muy desigual. El dirigente del PP es presidente desde hace más de siete años, los tres primeros gobernó en coalición con Ciudadanos, sustentado desde fuera por Vox; y los cuatro últimos en solitario, gracias a una sólida mayoría absoluta. La “estabilidad” de esta última legislatura, el gran aval de Moreno en campaña, no ha impedido, sin embargo, que haya cambiado tres veces de consejero de Salud en cuatro años.

Ambos candidatos han afrontado periodos particularmente difíciles para la sanidad pública. El de Montero, que abarca más de una década, termina estrellándose contra la gran recesión que puso patas arriba la economía mundial. A partir de 2008, una contracción internacional del crédito interbancario obligó a todos los países a aplicar duros recortes en el gasto público, con especial virulencia en la sanidad, la educación y los servicios sociales, competencia directa de las comunidades autónomas.

El PP está desempolvando documentación de esos años de recortes para contraatacar a la candidata socialista, acusándola de “prescindir de 7.000 médicos”, y de dejar los hospitales “saturados, con camillas de enfermos en los pasillos”. Los de Moreno se han llevado al Parlamento fotografías que retratan aquel momento, y han repetido hasta la saciedad esta cifra de “médicos despedidos”, en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento andaluz, los tres frentes en los que ha jugado Montero.

El dato de médicos que abandonaron el SAS como consecuencia de la crisis financiera aparece por primera vez en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 2013, donde se lee que “el número de efectivos sanitarios disminuyó en 7.773,44 empleados netos” entre 2011 y 2013, siendo Montero consejera de Salud. El mismo documento aclara que esa cifra incluye “médicos, enfermeros, celadores y administrativos”, pero el número concreto de facultativos afectados es muy inferior al que denuncia el PP: 1.286 menos en tres años.

Moreno y las mujeres con cáncer de mama

En el caso de Moreno, el episodio que más tensionó el sistema sanitario andaluz bajo su mandato fue la pandemia de Covid-19, que dejó cerca de 16.000 fallecidos en la comunidad. La presión asistencial desbordó las costuras del SAS, que ya arrastraba serios problemas estructurales, como la falta de médicos, sobre todo en especialidades clave, como anestaesistas, pediatras o radiólogos.

La falta “crónica” de personal daría la cara años después, de la forma más dramática, con el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la crisis política más dura que ha sufrido Moreno en sus siete años de gobierno, y que se saldó con la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y toda su cúpula. El presidente andaluz se vio de repente con cientos de mujeres manifestándose a pocos metros de su despacho, mostrando sus pechos cortados, y gritando “¡Moreno dimisión!”.

El dirigente popular pidió disculpas, cesó a una decena de altos cargos (incluida la consejera) y precipitó un “plan de choque”, prometiendo más dinero y más personal, antes incluso de poder explicar qué había ocurrido. La versión oficial, a día de hoy, es que 2.317 mujeres con un diagnóstico dudoso de cáncer de mama -el 90% atendidas en la unidad de Radiodiagnóstico del hospital Virgen del Rocío de Sevilla- no fueron alertadas por el SAS de que debían hacerse una segunda prueba de contraste. Algunas se enteraron dos años después de que una mamografía suya había arrojado un resultado “no concluyente”.

El escándalo se hace público por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que revela la Cadena Ser, y pone a la Junta contra las cuerdas. Se inicia una investigación judicial y el SAS recibe docenas de denuncias de mujeres por daño patrimonial que, a día de hoy, aún no ha respondido.

El Defensor y las listas de espera: “Es la puerta de la desigualdad”

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido explicaciones a la Consejería de Salud por la vía “urgente y preferente”, pero aún no ha obtenido datos que expliquen qué falló, cuántas de las mujeres afectadas desarrollaron un cáncer por no haber sido avisadas a tiempo, cuántas han fallecido. Moreno llegó a cifrar en 23 las mujeres muertas como consecuencia de la crisis de los cribados, calculando que el 1% de los casos dudosos termina confirmándose como un tumor maligno. Pero el nuevo consejero de Salud y mano derecha del presidente, Antonio Sanz, salió rápidamente a desmentir ese 1%.

Esta semana, ya con el Parlamento disuelto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado su informe anual, correspondiente a 2025, que recoge un incremento de quejas ciudadanas por las abultadas listas de espera del SAS. Hay más de un millón de andaluces aguardando para operarse. “La lista de espera en sanidad no es un mero recurso administrativo, es la puerta de la desigualdad, es un síntoma de desprotección”, ha asegurado.

Maeztu también ha expresado su frustración por no haber podido responder a las víctimas de la crisis de los cribados que elevaron sus quejas a su oficina. “El derecho de información de estas muejeres no se ha cumplido, la Junta no me ha respondido a lo que yo he preguntado y la información suministrada es claramente insuficiente. Esto es grave”, ha denunciado, quejándose de no poder ejercer su labor de contrapeso al Gobierno andaluz, por falta de colaboración.

El malestar de los pacientes vs los incentivos de los médicos

La sanidad será la gran batalla electoral del próximo 17 de mayo. Moreno es tan consciente de ello que, en las semanas previas a la convocatoria electoral, se ha movido por toda Andalucía inaugurando instalaciones sanitarias, primeras piedras, ampliaciones y reciclando promesas que llevan en el programa electoral del PP desde 2018, antes de ser presidente. El sábado previo al anuncio electoral presentó el “nuevo hospital de Cádiz” que, en realidad, ni está licitado ni está programado aún. El lunes, horas antes de disolver el Parlamento, anunció “la ampliación del hospital de la Axarquía” en Granada.

Un Consejo de Gobierno, convocado de forma extraordinaria y sin previo anuncio, disolvió el Parlamento el lunes y desde ese instante la Ley Electoral y la de Publicidad Institucional prohíben las campañas de propaganda institucional. Dos días después, el Gobierno de Moreno anunció un acuerdo “histórico” con todos los sindicatos sanitarios que mejora las condiciones laborales y salariales de 44.600 profesionales del sector.

La decisión del PSOE de apostarlo todo a la sanidad en estas elecciones tiene sus riesgos. Fuentes del grupo parlamentario socialista admiten que en esta legislatura de cuatro años les ha costado mucho recuperar la confianza del sector sanitario, que seguía culpabilizándoles por sus años de gobierno y los recortes durante los años de la crisis.

Además, mientras Moreno acaba de firmar mejoras laborales y salariales para el colectivo, algunas de las apuestas políticas del PSOE y el resto de fuerzas de izquierdas chocan de frente con los intereses de muchos médicos. Por ejemplo, al llegar al Gobierno el PP eliminó la subasta de medicamentos -un sistema ideado por Montero para abaratar la compra de fármacos en el SAS- que benefició mucho a las grandes farmacéuticas.

Moreno también eliminó el plus de exclusividad de los médicos del SAS, una promesa electoral del PP, permitiendo que compaginasen su plaza pública con un trabajo en la privada por las tardes. Además lo hizo extensivo a los jefes de servicio, que son los responsables de decidir cuántos pacientes deriva a la sanidad privada y a qué clínicas u hospitales.

Montero, y también el líder federal de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, plantean prohibir esa compatibilidad, porque genera un “conflicto de intereses” que va “en detrimento de la sanidad pública y de la ciudadanía”. “No se puede denunciar por la mañana que faltan médicos en el sistema, que no hay dónde contratarlos, y luego permitir que los médicos del SAS hagan caja por las tardes en sus clínicas con los pacientes que ellos mismos envían desde la sanidad pública”, advierten fuentes socialistas.

El riesgo de este planteamiento es calibrar bien hasta dónde llega el hartazgo de los pacientes por el deterioro de la sanidad pública que reciben y hasta dónde llega la indignación de los médicos que no están dispuestos a perder los incentivos que les concedió el Gobierno de Moreno.

La exclusividad de los jefes de servicio de la sanidad pública es algo que también recoge el polémico Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad –que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios– y que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos sanitarios.

La receta electoral que usen Moreno y Montero para afrontar este debate trasciende a Andalucía y va a ser clave en las próximas elecciones generales. Esta comunidad, con 8,5 millones de personas y 6,5 millones de votantes potenciales, representa casi el 20% del escrutinio nacional y aporta 61 diputados al Congreso. El resultado de este pulso en Andalucía proyectará el devenir del futuro político de España, con más exactitud que lo hicieron las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Habréis leído o, peor, oído en vivo, esas palabras impresentables del presidente aragonés, Jorge Azcón, del PP, haciendo chanzas con que si María Jesús Montero es menos guapa que Pilar Alegría. Todo para vaticinar que a la aludida se le va a “quedar peor cara cuando pierda en Andalucía”. Machirulada aparte, ¿qué carita se les quedaría al tándem PP-Vox, Juanma Moreno-Santi Abascal, colegas de juventud aunque poco se diga, si las y los andaluces les damos la sorpresita de decidir algo distinto a lo que ellos tienen previsto? ¿Y a Feijóo, ya tan desmejorado?

Que sí, que sí, ya lo sé. La turra de que todo está perdido para las izquierdas en Andalucía (como lo ha estado en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León) también me cae a mí. Y sé lo que dicen las encuestas. Y me envuelve ese tono de “no hay remedio” prácticamente unánime en los medios. Hasta yo casi sucumbo a la impotencia. Solo que, de pronto, sin poder evitarlo, me paro en medio de la corriente y pienso.

Nadie daba un duro por Juanma Moreno como candidato a presidir la Junta en 2018. Y nadie es nadie, ni en su propio partido, donde se cruzaban apuestas por la piña que se daría ese que era un completo desconocido, como probó El Intermedio al pasearlo por Córdoba. Alguien cuya sonrisa, hoy tan celebrada, se veía de pardillo.

Menos aún se tomaban en serio las alertas que algunos escribíamos sobre ese Vox, aun sin diputados en ningún parlamento, cuyo vídeo de campaña mostraba a Abascal y sus adeptos a caballo para evocar la reconquista de Al-Ándalus.

Andalucía no es un rebaño

Y mira tú por dónde, ¡sorpresa! Bonilla sacó el peor resultado del PP-A en su historia, pero al fin, tras 37 años de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, logró gobernar. ¿Y eso? ¡Sorpresa! Gracias a su coalición con Ciudadanos ¡y al apoyo de ese Vox al que tantos minusvaloraron, pero que logró 12 diputados y su primera entrada en un parlamento.

No son sorpresillas para enorgullecerse, pero ahí están. Y había razones para verlas venir, que algunos ya en su día apuntamos. Entre ellas el desastre de candidata socialista que era Susana Díaz y la deriva que ella representaba. Una Susana Díaz que se había querido encumbrar como líder estatal del PSOE y no lo consiguió porque la propia militancia socialista, ¡sorpresa! le dio menos apoyo, al votar en secreto, que avales les había sacado ella para enfrentarse en las primarias a Pedro Sánchez.

Igual que nadie previó que un desconocido Moreno Bonilla en quien ni el PP creía llegara, en 2018, a presidir Andalucía; igual que Vox, de la nada, entró al Parlamento andaluz con 12 diputados; igual que el 4D de 1977 Andalucía sorprendió a toda España exigiendo ser autonomía en pie de igualdad con las llamadas “históricas”, este 17M las y los andaluces podemos contradecir los mantras y elegir, con nuestros votos, a las izquierdas, para proteger nuestros intereses.

Aquí somos así, con un punto imprevisible. Ese que ¡oh, sorpresa! dejó boquiabierto al poder estatal que diseñaba la democracia aquel 4 de diciembre de 1977, en que Andalucía, abarrotando las calles, proclamó que no admitía ser considerada una autonomía de segunda, con menos competencias que las llamadas “históricas”, negándonos a nosotros el peso de nuestra historia. Los próceres de la patria no se esperaban la sorpresa andaluza. Pero la hubo. Y fue clave, no solo para Andalucía, sino para que el sistema autonómico se haya construido desde la justicia e igualdad.

No digo yo que la remontada esté cantada. En absoluto. Urge y ya vamos tarde para que las opciones a la izquierda del PSOE se unifiquen, entre Por Andalucía y Podemos (que se decidirá el 3 de abril), ya que Adelante Andalucía lo descarta. También ha tardado demasiado, en mi opinión, María Jesús Montero en dejar sus responsabilidades estatales para centrarse en Andalucía y dudo que sea buena estrategia la de su primera comparecencia subrayando tanto el poder estatal que ha tenido y el valor de renunciar a él.

La decisión es nuestra

Pero una cosa es cierta, que muchas y muchos pensamos -yo así lo defendí, en privado, en público y por escrito- que quien mejor podía liderar ahora la alternativa a las derechas en Andalucía, por parte del PSOE, era ella y ella ha dado el paso. En el mismo plano, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, es la elección de más fuste para liderar, de cara al 17 de mayo, el espacio a la izquierda del PSOE. Los partidos ponen en juego a sus primeros espadas, andaluces con trayectoria estatal, valía y visión para impulsar una Andalucía que no fíe toda su economía al turismo sino de productividad diversa y sostenible.

Ahora la cuestión es, ¿qué modelo de sociedad elige Andalucía? Porque si al PSOE lo quitamos en su día por la deriva neoliberal que fue tomando, que Susana Díaz llevó a tan gran desafección, ¿vamos a dejar que el PP de Moreno Bonilla siga cargándose la sanidad pública, al precio de la enfermedad, sufrimiento y muerte de tantas amigas nuestras, vecinas, compañeras, hermanas, madres, hijas, de todas las ideologías y clases… o a retomar las riendas?

¿Permitiremos las y los andaluces que el PP de guante de seda escondiendo el puño fascista de un Vox, con el candidato de perfil bajo designado por Abascal, siga quitando fondos a los colegios, institutos, FP, universidades públicos para que sus amigotes, socios y contactos, dueños de centros privados, se sigan enriqueciendo con los impuestos de todas y todos? ¿Votamos igualdad o privilegios?

Claro que las derechas quieren convencernos de que la única opción son ellos. Y claro que las izquierdas no son perfectas y nos enervan. Pero tenemos dos meses para sopesar pros y contras y hacerlo sin dejar que nadie nos robe la convicción de que, en democracia, a la hora de votar (presencialmente, el domingo 17 de mayo, o solicitando, desde ya, el voto por correo), las y los electores siempre podemos dar la sorpresa. Nosotros y nadie más, que no nos confundan, somos quienes dibujamos, con nuestra decisión, las caras decepcionadas y las sonrisas de esperanza.

Pedro Sánchez volvió a demostrar esta semana que el ruido de sus socios e incluso algunos recelos en sus propias filas están muy lejos de poder influir en su toma de decisiones. El presidente resolvió la salida de María Jesús Montero con dos movimientos quirúrgicos y no con una crisis de Gobierno en profundidad. El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ostentará desde ahora la responsabilidad de vicepresidente primero. Y la cartera de Hacienda recae en manos del valenciano Arcadi España, una persona con experiencia en la gestión de la política fiscal y de la confianza de su predecesora. Aunque España no estaba en las quinielas, es mayor el impacto político del ascenso de Cuerpo, una elección que genera suspicacia en algunos en el PSOE y que llega justo después de que Sumar lo elija como foco de conflicto en su estrategia por marcar algo de perfil propio en el Ejecutivo.

“Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera”, publicó en sus redes sociales la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tras el anuncio del presidente. 48 horas antes, la también ministra de Trabajo había acusado directamente al titular de Economía de ponerse “del lado de las patronales que incumplen las horas extras de nuestro país”. Hace unos meses, en plena negociación interna de la reducción de jornada, Díaz llegó a calificar como “de mala persona” oponerse a que la gente trabaje menos, en referencia clara a su compañero en el Gobierno.

Y es que, aunque ese choque se haya recrudecido en los últimos días, viene de lejos. Desde la pasada legislatura, Díaz ha tenido a los diferentes ministros de Economía como sus némesis: primero, a Nadia Calviño y, desde que esta salió del Gobierno para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a su sucesor, Carlos Cuerpo. Y ese choque se ha dejado notar en diferentes asuntos: desde la negociación de la reforma laboral, en cuya recta final Calviño trató de interferir para descafeinar la ley, hasta la mencionada y fallida reducción de la jornada de trabajo, donde Díaz y Cuerpo tuvieron sus más y sus menos públicamente por el intento del ahora vicepresidente de retrasar la tramitación de la propuesta.

Tras unos meses de calma, la última crisis entre ambos dirigentes ha tenido lugar esta semana a raíz de lo que, para Sumar, son maniobras de Cuerpo para “torpedear” el reglamento para reforzar el control horario de los trabajadores y evitar las horas extra impagadas, un texto que Trabajo lleva meses preparando. Fuentes del Ministerio afirman que el nuevo vicepresidente ha intentado boicotear, vía Consejo de Estado, la puesta en marcha de ese reglamento. Pero también aseguran que van a mantener el pulso y que tienen intención de hacer únicamente cambios mínimos para sortear las dudas jurídicas que pueda generar su propuesta: en ningún caso, prometen, incluirán las modificaciones que exige Cuerpo, como un plazo mayor para que las pymes apliquen la norma.

Ese conflicto se suma a la decisión de Sumar de endurecer el tono con el PSOE en relación a la vivienda después de que el pulso que echaron la semana pasada a los socialistas les saliera relativamente bien. Los de Díaz consiguieron que Sánchez aceptase aprobar la prórroga de los contratos de alquiler tras negarse a entrar en el Consejo de Ministros y retrasar su comienzo, aunque esa medida se desgajó del resto y tanto el PSOE como Sumar saben que tiene muy pocas opciones de que sea convalidada en el Congreso. Pese a ello, durante esta semana Díaz y los suyos han presumido de haber torcido el brazo a Sánchez y le han presionado públicamente para tomar más medidas en materia de vivienda.

No obstante, y a pesar de los roces de las últimas semanas, fuentes de diferentes familias de la coalición Sumar quitan hierro al enfrentamiento entre Cuerpo y Díaz. Y algunos dirigentes, incluso, deslizan que la propia vicepresidenta ha cargado las tintas públicamente contra el titular de Economía con el objetivo de marcar territorio ante él y, asimismo, para reforzar su propio perfil confrontando con el representante de la doctrina económica más “ortodoxa” dentro del Gobierno, en palabras de la propia Díaz.

De hecho, la mayor parte de las fuentes consultadas de los diferentes partidos que conforman Sumar están de acuerdo en que el nombramiento de Cuerpo no va a complicar el entendimiento entre las dos alas del Gobierno, aunque tampoco facilite asuntos que ya eran muy complicados de gestionar para la coalición, como la vivienda. Y varios de los dirigentes del espacio que comanda Yolanda Díaz coinciden en señalar que al titular de Presidencia, Félix Bolaños, como el ministro que verdaderamente seguirá moviendo los hilos de las relaciones entre las dos almas del Ejecutivo y que retendrá un enorme mando en plaza, aunque nominalmente estará por debajo del nuevo vicepresidente.

Es más: varias de las fuentes de Sumar consultadas coinciden en que el ascenso de Cuerpo y la sustitución de María Jesús Montero por Arcadi España en el Ministerio de Hacienda, aunque reordene las piezas, no va a suponer un giro brusco en materia económica, ni en una dirección ni en otra. Y eso es así porque, aunque los ministros tienen mucho poder y capacidad de negociación, al final la dirección de la política económica corresponde a Sánchez, y es con él con quien Díaz ha tenido que negociar, en última instancia, el desbloqueo de algunas de las crisis entre PSOE y Sumar de los últimos años. Incluida, por ejemplo, la del Consejo de Ministros que aprobó los decretos de medidas por la guerra de Irán.

El ascenso de Cuerpo

Desde la Moncloa trasladan que la elección de Cuerpo responde una lógica del presidente del Gobierno por poner el foco en la gestión y por reivindicar el estado de salud de la economía española, un tema tabú en el discurso de la oposición desde que se vinieron abajo los vaticinios de recesión lanzados por Feijóo tras su aterrizaje en la política nacional. “Carlos Cuerpo es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Está haciendo un trabajo excepcional al frente del ministerio de economía y será también un fantástico vicepresidente”, dijo Sánchez durante su comparecencia del jueves.

Funcionario de carrera, economista de prestigio en lo académico, con dilatada experiencia internacional y con una interacción fluida con la élite empresarial del país, Carlos Cuerpo ha hecho gala desde su incorporación al Consejo de Ministros en diciembre de 2023 de un discurso y un talante de moderación y templanza al que la propia oposición admite que cuesta hincarle el diente. Por eso, y por el balance de gestión económica del Ejecutivo, interpretan en el Gobierno que su ascenso es precisamente una dificultad añadida para la estrategia de confrontación permanente que despliega la derecha, con quien incluso Cuerpo mantiene abiertas habituales vías de diálogo.

La percepción entre algunas voces de referencia en el PSOE, no obstante, es que la salida de una persona como María Jesús Montero del Consejo de Ministros requería la elección de un perfil más político para un puesto de tanta responsabilidad y exposición como es la vicepresidencia primera del Gobierno y en un momento de inicio del ciclo electoral. Esa corriente de opinión entre los socialistas asiste ahora con cierta inquietud al ascenso fulgurante de un hombre al que algunos de sus críticos señalan como “más liberal que progresista” y como “más técnico que político”. Opiniones, reacciones o análisis múltiples y variados sin permeabilidad alguna en las decisiones del presidente.

En puertas de un nuevo encuentro entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los Gobiernos vasco y central han celebrado este miércoles una comisión mixta del Concierto Económico y pactado prorrogar el actual techo de déficit y deuda hasta 2028, el último año de la legislatura actual de Pradales. Eso “garantiza una mayor estabilidad y seguridad para la elaboración de las cuentas públicas en los próximos ejercicios”, según han señalado desde el Gobierno vasco.

En concreto se mantiene un déficit del 0,3% y una deuda pública del 13% para el Gobierno vasco, y un déficit del 0,1% para las Diputaciones forales. Son los mismos parámetros que se pactaron entre ambas administraciones en 2024. Desde el Gobierno vasco han valorado que el acuerdo recoge igualmente las reglas de flexibilización del umbral de endeudamiento acordadas con carácter de permanencia en la anterior comisión, celebrada el 10 de abril de 2025, “consolidando definitivamente un notable avance para el fortalecimiento de la autonomía financiera y la capacidad de inversión de las instituciones vascas”.

El encuentro de este miércoles ha sido telemático, y ha sido también el último de María Jesús Montero como vicepresidenta y ministra de Hacienda, ya que en breve dejará su cargo para ser candidata a las elecciones andaluzas. En cualquier caso, Montero no ha estado físicamente en la reunión, en la que ha estado representada Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, junto a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial; Miryam Álvarez, secretaria general de Coordinación Territorial; y Mónica García Sáenz, directora general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial. Por el Gobierno vasco han participado Noël d'Anjou, consejero de Hacienda y Finanzas; María Ubarretxena, consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno; y el diputado general de Álava, Ramiro González, y las diputadas generales de Bizkaia y Gipuzkoa, Elixabete Etxanobe y Eider Mendoza; además del viceconsejero de Hacienda, Iñaki Alonso.

Además del techo de déficit en la reunión se han aprobado el Cupo líquido y la valoración de políticas activas de empleo definitivas para 2024 y las provisionales para 2025, poniendo al día el marco de relaciones y flujos financieros entre Euskadi y el Estado, conforme establece el sistema de Concierto Económico. Por otra parte, se ha acordado la participación de Euskadi en diversas dotaciones extraordinarias en materia de salud, por un importe total de más de siete millones de euros entre 2025 y 2026. En concreto, se ha determinado un Cupo líquido definitivo en 2024 de 1.735.618.830 euros y un Cupo líquido provisional en 2025 de 1.464.741.000. Ademas, se ha ratificado la actualización del protocolo de relevo en la secretaría de la Junta Arbitral del Concierto Económico, incorporando algunas modificaciones para mejorar su funcionamiento y operatividad.

Por otra parte, se ha acordado la participación de Euskadi en tres dotaciones extraordinarias en materia de salud: el Plan de Acción de Salud Mental, el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio y el Programa de Desarrollo de Medidas para Mejorar la Eficiencia y la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En total, supone una financiación de más de siete millones de euros para Euskadi sumando los ejercicios 2025 y 2026. Queda pendiente para otra Comisión Mixta, a celebrar antes del 30 de septiembre de 2026, para aprobar la metodología definitiva para la determinación de la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, tal y como se acordó en la reunión de abril de 2025.

Esta comisión mixta es la quinta que celebran las instituciones vascas con la Administración del Estado desde la que se celebró el pasado 13 de noviembre de 2024 y, en total, se han alcanzado 45 acuerdos en materias de diversa índole que el Gobierno vasco califica que “claves para la defensa y actualización permanente del autogobierno económico, fiscal y financiero de las instituciones vascas”. “Esta relación de acuerdos escenifica la capacidad de acuerdo y diálogo entre distintos gobiernos, poniendo en valor el potencial del Concierto Económico como instrumento útil y plenamente actual para regular el modelo de relaciones entre Euskadi y el Estado, basado en la bilateralidad, el consenso y el respeto mutuo”, han señalado desde el Ejecutivo vasco.

A partir de ahora ambas administraciones tendrán que abordar la renovación de la metodología de fijación del Cupo correspondiente al quinquenio 2027‑2031. La metodología actualmente vigente, aplicable al periodo 2022‑2026, debe ser objeto de actualización, y para lo que desde el Gobierno vasco aseguran que ya se han iniciado los contactos con el Ministerio de Hacienda.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha reconocido este jueves que fueron “un error” sus declaraciones, en las que comparaba la apariencia física de la ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, con la exministra y líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría: “Que todo el mundo sepa que sí, me equivoqué y pido disculpas sinceras”.

Azcón afirmó este miércoles, en un acto en Zaragoza por el 25 aniversario del diario 'El Confidencial', que Pilar Alegría es “físicamente más atractiva” que María Jesús Montero y que a esta última se le va a poner “mucha peor cara” que a la aragonesa tras las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Estas declaraciones causaron un gran malestar en las filas socialistas y el propio presidente y candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, las calificó como “desafortunadas”: “Creo que el señor Azcón ha pedido disculpas, que es lo correcto, lo que debe de hacer, porque esas palabras eran desafortunadas. Y por tanto lo que uno tiene que hacer cuando uno comete un error es corregirlo pidiendo disculpas”.

Horas después de las declaraciones, Azcón publicó un mensaje en redes sociales con una disculpa por sus palabras, aunque a medias. La mayor parte de su mensaje estuvo dirigido a criticar el “doble rasero” del PSOE: “Recientemente la Ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie. Yo hoy he cometido el error de hablar de su apariencia física sin darme cuenta que puede resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas”. Sin embargo, Montero sí que se disculpó: No tenía ninguna intención de ofenderle ni de humillar a nadie por su aspecto y si fue así, le pido disculpas“, dijo en una entrevista en Telecinco. 

Hoy, se ha centrado en las disculpas y ha dicho que no era su intención “trasladar esa idea”, ha recalcado el presidente aragonés, motivo por lo que ha pedido disculpas, algo que “no es muy habitual en la actualidad y muchas veces en política”.

“Sí, de verdad, ha sido un error, ha sido desafortunado y, por lo tanto, lo que debo hacer es pedir disculpas. Ayer lo hice en las redes sociales y hoy lo hago ante las cámaras”, ha reiterado Azcón, quien ha dicho que no ha hablado con Moreno Bonilla sobre este asunto y ha avisado de que no va a estar “mucho más hablando de esa cuestión”.