El pacto de PP y Vox para aprobar una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía que blinde su mayoría en el órgano de control de las cuentas públicas del Gobierno de Juanma Moreno ha desatado una virulenta reacción de todos los partidos de izquierdas en la oposición, que no han ahorrado calificativos para describir lo “gravísimo” del asunto.

“Es antidemocrático”; “Es un atraco a mano armada a la pluralidad política”; “Es un proceso deconstituyente de la autonomía andaluza”; “Es un tema de causa mayor que socava la defensa de la democracia, el blindaje de nuestras instuciones y el autogobierno andaluz”. Por separado, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han coqueteado este miércoles con acudir al Tribunal Constitucional en caso de que la polémica reforma prospere, algo previsible, dada la holgada mayoría de tres quintos que tienen PP y Vox en el Parlamento.

Los socialistas y Adelante Andalucía han elevado sendos escritos a la Mesa del Parlamento y a la propia presidencia de la Cámara de Cuentas, ambas contraladas hoy por los populares, con el objetivo indisimulado de recabar argumentos por escrito para armar un recurso de inconstitucionalidad por “vulneración del derecho fundamental de representación política” de los grupos. Ambos reclaman un informe a los servicios jurídicos del Parlamento que justifique la celeridad de una reforma “ad hoc” de la ley que, de aplicarse, cambiaría la composición del órgano de control externo de la Junta, cediendo la mayoría al bloque progresista.

El escrito del PSOE, de 18 páginas, recoge jurisprudencia del Tribunal de Garantías y es prácticamente un simulacro de recurso de inconstitucional que busca, al menos, evitar que el Parlamento tramite de urgencia la reforma propuesta por PP y Vox. Los tres grupos de izquierdas denuncian, al unísono, que tanto el fondo del cambio en la ley como el procedimiento acelerado para tramitarlo buscan “suprimir la garantía legal de representación de los grupos parlamentarios”.

Un órgano estatutario que supervisa al Ejecutivo de Moreno

El asunto, adelantado por este periódico, ha provocado una bronca este miércoles en la Junta de Portavoces, donde los grupos de izquierdas han exigido a la presidenta del Parlamento, la popular Ana Mestre, explicaciones de por qué esta modificación apresurada de una ley con 38 años de vida se tramita por la vía de urgencia y, por primera vez, fuera del Pleno de la Cámara.

“No estamos ante una reforma institucional neutral, sino ante una modificación normativa cuya oportunidad temporal y cuyos efectos permiten apreciar un riesgo fundado de utilización instrumental de la potestad legislativa. Pretenden cambiar las reglas del juego cuando pueden impedir su mayoría”, reza el escrito que el PSOE ha elevado a la Mesa. Mestre ha alegado que cuenta con el beneplácito del letrado mayor y ha asegurado que se admitió el trámite abreviado porque los grupos proponentes así lo habían pedido.

PP y Vox no han ocultado que la supresión de un párrafo de un solo artículo de la citada ley -así como la solicitud para tramitarla de urgencia- tiene por objeto evitar que la oposición de izquierdas les arrebate el control del órgano de extracción parlamentaria, encargado de supervisar en qué y cómo se gasta el dinero el Ejecutivo de Moreno. “Me sorprende que les sorprenda que un gobierno con mayoría quiera mantener esa mayoría. Es de sentido común”, ha admitido la diputada de Vox Paula Badanelli.

El portavoz popular en la Cámara y firmante de la iniciativa, Toni Martín, ha sido mucho más explícito: “Se ha modificado una línea de la ley, porque se podría dar la circunstancia de que una carambola legislativa pudiera propiciar que grupos que juntos suman una minoría en el Parlamento dirijan la Cámara de Cuentas. Y eso de democracia tiene cero”, ha subrayado, tras admitir que la vía elegida para acelerar esta reforma legal “no se había hecho nunca”. “Pues ésta va a ser la primera”, sentencia.

El planteamiento de los grupos de izquierdas es justo el contrario: defienden que “el espíritu” de ese artículo de la ley que PP y Vox quieren cercenar -vigente durante 13 legislaturas- es garantizar que la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, a propuesta de los partidos, esté desacompasada con la composición del Parlamento surgida de las urnas. Es decir, que la renovación de las dos instituciones tuvieran “ritmos distintos”, permitiendo “mayorías diferentes” en el Gobierno y en el órgano que debe controlar al Gobierno.

En su escrito a la Mesa, el PSOE pone especial énfasis en atacar la decisión de PP y Vox de tramitar la reforma legal por la vía de urgencia porque, “restringe el derecho de enmienda” de los diputados contrarios a la proposición de ley. Y para argumentarlo, echan manos, precisamente, de una sentencia del Constitucional que admitió un recurso del PP andaluz que vio vulnerados los derechos de representación de una de sus diputadas (la hoy consejera de Cultura, Patricia del Pozo) al ser excluída en la composición de la Mesa del Parlamento andaluz.

El Tribunal de Garantías resolvió aquel litigio defendiendo “una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o, atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de su aplicación”.

Recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías

Quien ha ido más allá de los amagos con acudir a los tribunales ha sido Adelante Andalucía, el principal damnificado de la reforma exprés de la Ley, que les dejaría sin representación en la Cámara de Cuentas. Su líder, José Ignacio García, ha anunciado una batería de medidas, unas preventivas para intentar que la reforma legal no cristalice, y otras donde asumen que tienen perdido el pulso, y se verán abocados a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente sale aprobado el nuevo texto.

Antes de acudir al Tribunal de Garantías, García ha amenazado a la presidenta del Parlamento, la popular Ana Mestre, al letrado mayor, Manuel Carrasco, y al presidente de la Cámara de Cuentas, Alejandro Cardenete, con adjuntar en su recurso de inconstitucionalidad “cualquier papel” que firmen en los próximos días y semanas para acelerar o avalar la entrada en vigor de la reforma legal del órgano de extracción parlamentaria que, dicen, “vulnera su derecho de representación política”, blindado en la Constitución Española.

La proposición de ley de PP y Vox incluye la solicitud de una tramitación acelerada sin precedentes, apelando al artículo 134 del reglamento de la Cámara, que nunca se ha usado hasta ahora: primero, para acotar los plazos previstos a la mitad, metiendo la iniciativa por la vía de urgencia y, segundo: que se debata y apruebe en comisión parlamentaria, sin necesidad de pasar por el Pleno. Si se cumplen estos plazos, en menos de dos meses podría entrar en vigor.

Martín ha respondido a las críticas de la izquierda recordando que esta fórmula para acelerar los plazos también la ha usado el PSOE en el Congreso. Los socialistas alegan que el artículo 134 del reglamento no puede aplicarse en este caso, porque la Cámara de Cuentas es un organismo blindado en el Estatuto de Autonomía, y modificarlo exigiría una mayoría cualificada en Pleno.

Los socios de Gobierno no ocultan, ni en el texto de su propuesta, que la modificación de un párrafo de la Ley de la Cámara de Cuentas tiene que “hacerse con celeridad”, para aprobarse antes de febrero de 2027, cuando está prevista la renovación de cuatro de los siete miembros del órgano fiscalizador. Tres de ellos son del PP y, en virtud del artículo de la ley que pretenden eliminar, uno tendría que renunciar a su puesto para dar entrada al consejero propuesto por Adelante Andalucía.

El segundo párrafo del artículo 24.1 de la ley establece que “todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta”. El resultado de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo otorgaron a Adelante Andalucía grupo propio -al pasar de dos a ocho diputados- y, por tanto, le corresponde legalmente un puesto en la Cámara de Cuentas. Actualmente el reparto es éste: tres miembros a propuesta del PP (incluido el presidente de la Cámara), dos del PSOE, uno de Vox y otro de Por Andalucía.

El párrafo eliminado en la proposición de ley aclara que, en caso de que la entrada de un nuevo consejero “no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios”.

En aplicación de esta regla, el PP estaría obligado a ceder a uno de sus consejeros y, en consecuencia, el bloque progresista pasaría a tener mayoría absoluta en un órgano de extracción parlamentaria que fiscaliza el uso del dinero público del Gobierno de Moreno. “Pretenden cambiar las reglas del juego por oportunidad política”, dice el escrito elevado a la Mesa por el PSOE, “no porque hayan demostrado ser inadecuadas para el funcionamiento de la institución, sino porque su cumplimiento puede alterar el reparto de representación que actualmente favorece al PP. Una garantía legal de pluralismo institucional, vigente desde 1996, se pretende suprimir de manera precipitada precisamente cuando puede producir efectos que no convienen a la mayoría parlamentaria.

Una carrera para aprobar o paralizar la reforma antes de dos meses

Adelante Andalucía ha maniobrado este miércoles para torpedear esa tramitación urgente de la ley, solicitando formalmente a la Mesa del Parlamento y a la própia Cámara de Cuentas que active la renovación prevista de los cuatro consejeros dos meses antes de que expire su mandato, en aplicación del artículo 22.C del reglamento del órgano fiscalizador.

Según ese punto, el presidente de dicha institución puede “comunicar” a la presidenta del Parlamento “con dos meses de antelación, la finalización de su mandato y el de los Consejeros, así como las vacantes que por otros motivos se produzcan, a los efectos de iniciar los procesos de designación correspondientes”.

Adelante Andalucía inicia así una carrera contrareloj contra el PP y Vox. Los conservadores quieren acelerar la entrada en vigor de la reforma legal, y el partido soberanista quiere adelantar dos meses el relevo de los miembros de la Cámara de Cuentas, para tratar de meter a su consejero antes de que la modificación legal 'ad hoc' les cierre la puerta en las narices. En ese sentido, García ha pedido un informe al letrado mayor sobre la justificación de tramitar esta reforma por la vía de urgencia y hacerlo en comisión, en vez del Pleno.

El partido fundado por Teresa Rodríguez pretende recabar documentación por escrito sobre este asunto, tanto del letrado mayor como del presidente de la Cámara de Cuentas, para adjuntarlo al recurso que presentarán ante el Constitucional cuando finalmente se apruebe la reforma de la ley, privándoles de representación en dicho órgano.

Este miércoles han registrado sendos escritos solicitando, entre otras medidas para frenar la reforma, “que se remita a la Mesa del Parlamento y a los grupos parlamentarios un informe detallado elaborado por el Letrado Mayor de la Cámara que exponga todo el procedimiento y plazos de renovación de los miembros de la Cámara de Cuentas conforme a la legislación vigente y la composición actual del Parlamento”.

El PSOE también ha abordado este asunto como una “causa mayor”. Ha solicitado una reunión extraordinaria de la Mesa de la Cámara, tras validar la tramitación de urgencia de esta reforma legal, para debatir por qué se ha elegido ese procedimiento, pero Mestre lo ha rechazado. “¿Cuál es la urgencia de esta reforma y por qué se ha hurtado este debate al Parlamento y se delega en comisión?”, ha preguntado la diputada socialista, Ángeles Férriz, durante la Junta de Portavoces.

Los socialistas también han reclamado por escrito a la Mesa que, con carácter previo a la tramitación de la reforma legal, los Servicios Jurídicos de la Cámara elaboren un informe que determine, “de forma expresa y motivada, si la reforma de las reglas de designación de los consejeros de la Cámara de Cuentas constituye una materia estatutariamente delegable o si, por el contrario, su aprobación debe quedar reservada al Pleno del Parlamento conforme al artículo 108 del Estatuto de Autonomía”.

El escrito solicita que la propuesta de ley de PP y Vox se tramite por la vía ordinaria, garantizando así la sustitución de un consejero propuesto por los populares por otro elegido por Adelante Andalucía, de modo que la Cámara de Cuentas pasaría a estar controlada por el bloque progresista.

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, será la número uno al Congreso en lugar de Juan Francisco Serrano “para propiciar la paridad” en las listas andaluzas. Un “pequeño cambio”, con el intercambio de puestos entre ambos con respecto a la propuesta de candidatura hecha por el Comité Provincial del partido, del que ha informado este jueves la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el pleno de la Comisión Ejecutiva Regional, ha explicado que uno de los puntos del día es la la propuesta para la elevación de estas listas al Comité Federal, “el último órgano” que “aprueba el nombre de los compañeros y de las compañeras” que optarn a representarán al partido tras las próximas elecciones del 29 de noviembre.

“Este elemento es extraordinariamente importante para el partido y para las provincias y, por tanto, ha habido unos días previos en donde en todos los órganos provinciales se han ido siguiendo los pasos que se marcan en los estatutos”, ha afirmado.

“Es una obligación”

Con respecto a la propuesta de la dirección del PSOE-A, se plantea “elevar las que provincialmente se han propuesto por parte de las diferentes direcciones provinciales, a excepción de un pequeño cambio en la lista de Jaén”. En concreto, en la candidatura al Congreso, “el número dos (Uceda), pasará al número uno (para el que se había planteado a Serrano) para propiciar la paridad”.

La secretaria general ha destacado que “la paridad en las listas es una obligación” y “una vocación del Partido Socialista”, de manera que “los números uno al Congreso y al Senado cumplen en su globalidad esta paridad”.

“Y esto, a pesar de que en algunas provincias eso no ha sido posible porque tengan algún ministro que, como saben, si el ministro que se decide venir por esa provincia, por el Gobierno de España, el género del ministro lo pone el ministro. Y esto implica que a partir de ahí no se le imputa a la provincia. Ocurre en este caso y ocurre con algún compañero que también ha sido propuesto por la Dirección Federal”, ha comentado.

Junto a la también diputada provincial Isabel Uceda y el diputado y secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal, Juan Francisco Serrano, la lista del PSOE de Jaén al Congreso está formada por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa; la concejala de Cazorla y secretaria de Medio Rural, Ainoa Caravaca, y el alcalde de Navas de San Juan, Joaquín Requena.

De esta forma, y pese lo previsto inicialmente, renueva su cabeza de lista a la Cámara Baja con respecto a las elecciones generales de julio de 2023. Entonces, Serrano fue el número uno y obtuvo representación junto a la exdelegada del Gobierno andaluz Ana Cobo, que fue en segunda posición. En cuanto al Senado, repite José Latorre en el primer puesto de la candidatura del PSOE de Jaén (único que obtuvo representación en 2023), seguido de Carmen Domínguez y Luis Romero.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha destacado este sábado la “valentía” del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha agradecido que inicie en Andalucía “su ”apasionante viaje a la victoria“.

Así lo ha señalado Montero que ha participado en Dos Hermanas (Sevilla) en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N, junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y al alcalde de Dos Hermanas y secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, y al que, según el cálculo de los organizadores, han acudido más de 5.000 asistentes.

“Vamos a por todas”, ha afirmado Montero, al tiempo que ha augurado que “el PSOE, que Pedro Sánchez, va a ganar las próximas elecciones generales”. “La mayoría social de este país va a ganar las próximas elecciones generales”, ha subrayado.

Por su parte, Sánchez ha acusado a la derecha de intentar enfrentar a pequeños propietarios e inquilinos “para que no miremos arriba, a los de los aticazos y a los fondos buitre”. El Presidente y candidato a la reelección ha defendido los decretos de vivienda que, ha asegurado, protegen “a los inquilinos y también a todos los pequeños propietarios frente a la especulación”. También ha avanzado las líneas de su futura política de vivienda si es reelegido: “A nosotros nos corresponde llegar tan lejos como quiera la calle y llegar tan lejos como nos permita la fuerza del voto de la gente” y que su compromiso es que la política de vivienda “no tiene fecha de caducidad”.

Montero ha incidido en que “vivimos tiempos complejos, de incertidumbre, nos preocupa esa ola reaccionaria que está recorriendo el mundo, esa mala política que practica la derecha de este país” y “necesitamos liderazgo sólido, valores, compromiso y valentía”.

“Si en este país hay un líder con valentía se llama Pedro Sánchez”, ha subrayado la secretaria general del PSOE-A, que ha valorado las políticas y la gestión del gobierno.

“Nos quedan unas apasionantes semanas que lo vamos a dar todo para hacer posible que este país siga avanzando, que la mayoría social encuentre que sus derechos tienen reconocimiento y garantía dentro de un gobierno”, ha afirmado.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado este sábado en la localidad sevillana de Dos Hermanas la precampaña electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre con un mensaje centrado en la vivienda y en los servicios públicos, que promete reforzar, frente a una oposición que, ha asegurado, “no ha hecho los deberes” durante la actual legislatura.

“Tratan de meter miedo a la gente”, ha afirmado Sánchez, quien ha criticado los intentos de caras visibles de Partido Popular y Vox de cuestionar el voto por correo o las nacionalizaciones de descendientes de exiliados de la Guerra Civil y ha defendido que, aunque la derecha argumenta que “no podemos enfrentar a los propietarios con el inquilino” para votar contra los decretos de vivienda, “no saben que los pequeños propietarios tienen a su lado a sus hijos que sufren también” este problema.

“Tratan de enfrentar a pequeños propietarios e inquilinos para que no miremos arriba, que es donde está el problema”, ha exclamado el líder socialista, quien ha avanzado que la intención de su partido es “unir a los pequeños propietarios y a los inquilinos y que miremos arriba: a los de los aticazos y a los fondos buitre”, y ha prometido acabar “con la especulación y con sus abusos”.

El presidente del Gobierno ha arrancado su intervención en este acto, en el que ha estado acompañado por el alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, y por la secretaria general de los socialistas andaluces, la exvicepresidenta María Jesús Montero, trasladando su respeto y su cariño a la recientemente fallecida Maricarmen Abascal, a su familia y “a todas las personas que, como ella, están sufriendo a los fondos buitre y sus amenazas”.

Pedro Sánchez ha defendido la aprobación de los decretos de vivienda que, ha asegurado, protegen “a los inquilinos y también a todos los pequeños propietarios frente a la especulación” y ha avanzado que los reforzará. Sobre las políticas que defenderán en el Congreso que salga elegido de las próximas elecciones de noviembre, Sánchez ha argumentado que “a nosotros nos corresponde llegar tan lejos como quiera la calle y llegar tan lejos como nos permita la fuerza del voto de la gente” y que su compromiso es que la política de vivienda “no tiene fecha de caducidad”.

El presidente del Ejecutivo ha afirmado que en las causas sociales, “en las grandes conquistas sociales”, los grandes avances recorren siempre un mismo camino que ha sintetizado en tres pasos: “la movilización social”, “el no de los de siempre” y un “desbordamiento” de la sociedad que “apoya mayorías progresistas que llevan a leyes esas grandes conquistas sociales”.

En ese momento, ha defendido las movilizaciones por las pensiones dignas durante los gobiernos de Mariano Rajoy, las manifestaciones en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres o por los derechos del colectivo LGTBi o contra la precariedad y que ha ligado a medidas aprobadas por sus gobiernos en matería de revalorización de pensiones, de subidas del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la ampliación de los permisos de paternidad para hombres y mujeres.

Tras ello, el líder del PSOE, que ha aprovechado para defender las movilizaciones por la paz y contra el genocidio en Gaza recordando que su gobierno reconoció al Estado de Palestina, ha asegurado que “hoy, la causa social lleva el nombre de una mujer que falleció después de ser desahuciada”, en referencia a Maricarmen. “Honraremos ese ejemplo de vida”, ha dicho Sánchez tras recordar que en uno de sus últimos mensajes Maricarmen pidió “que lo que yo he sufrido no lo sufra nadie más”.

Sánchez se describe como “un perro sin amo”

“Cada generación tiene su lucha y la nuestra también será la vivienda”, ha afirmado el presidente del Gobierno, quien ha pasado a cuestionar “el mensaje del miedo” y del “España se hunde” de los dos principales partidos de la oposición, a la que ha acusado de estar “siempre con la fábula de Pedro y el lobo”.

“En la fábula de Pedro y el lobo, el lobo son ellos. Yo en todo caso soy un perro que no tiene amo. Y si sirvo a alguien es a la gente de a pie”, ha exclamado Sánchez, entre gritos de “¡Presidente, presidente!” de los asistentes. Poco antes, Sánchez había dejado claro que “el miedo no gana elecciones”, sino que lo hace la “esperanza” que dice representar el PSOE.

Después, ha recordado una intervención del portavoz del PP, Borja Sémper, en la que afirmó que, en caso de vencer el PP las elecciones se acabarían los insultos. “Pues yo prefiero que estén en la oposición cuatro años más en la oposición insultando y nosotros gobernando para la gente, para hacer los avances sociales que merece la gente, particularmente en vivienda”, ha dicho, irónico, el secretario general socialista.

Las dudas de la derecha sobre el voto por correo

Tras ello, ha puesto en cuestión las críticas y las dudas sembradas por líderes tanto de PP como de Vox sobre el funcionamiento del voto por correo en España, y ha cuestionado sarcásticamente “empezar una campaña electoral desanimando a la gente a que vote...”

Pedro Sánchez ha defendido que si los partidos de la derecha hacen este tipo de afirmaciones es porque “quien ejerce del derecho a voto por correo en unas elecciones” son fundamentalmente trabajadores de servicios esenciales, personas que viven lejos de su lugar de origen o personas con dificultades de movilidad.

“Estos de 'el que pueda hacer que haga' ahora son los de cuantos menos votos, mejor”, ha ironizado Sánchez, quien ha avisado que “a urnas llenas, gana la gente” mientras que “cuantas más urnas vacías, ganan los que mueven los hilos”. Después, ha hecho un llamamiento a acudir a votar el próximo 29 de noviembre y ha dado por hecha la victoria del Partido Socialista para “gobernar cuatro años más para la gente, que es a quien servimos”.

La vicesecretaria general del PSOE y líder de la federación andaluza, María Jesús Montero, será una de las personas elegidas por Pedro Sánchez para pilotar su campaña en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Montero ha definido los comicios como una suerte de plebiscito entre “dos modelos de país”, el que defienden las derechas, con los poderosos, y el que representa el Gobierno progresista, “que está con la gente que se está manifestando en la calle”.

Sobre esto, Montero ha admitido que el llamamiento a la huelga general del Sindicato de Inquilinas, confirmada por los sindicatos CCOO y UGT, es “algo inédito” porque “habitualmente las huelgas se convocan contra los gobiernos, y en este caso se convoca contra la oposición, porque la oposición ha derribado el decreto de vivienda”.

Es la primera vez que un dirigente socialista de peso, exvicepresidenta y exminitra de Hacienda, aún en el núcleo duro de Sánchez, verbaliza que la huelga general interpela más a la oposición que al Gobierno actual. Preguntada sobre si el Ejecutivo central apoya la huelga general, Montero ha aclarado: “Yo no soy gobierno. Y no digo que apoye la huelga, pero me parece lógico que los sindicatos se hayan visto interpelados, los instrumentos que tienen son los que son y la máxima expresión es la huelga general. Es inédito. Nunca lo habíamos visto. Los trabajadores se ven interpelados para dar una respuesta de rechazo y la negativa a aceptar lo que protagonizó la derecha en el Congreso”.

Montero sostiene que “CCOO y UGT saben que este Gobierno ha hecho lo imposible para mejorar la vida de la mayoría social, el ejemplo es que hoy vuelve a aprobar los decretos ley de vivienda en el Consejo de Ministros. Mientras Pedro Sánchez sea presidente, no va a haber más desahucios. La huelga general tiene que ver con un rechazo a la política de la derecha, protagonizada por PP, Vox y Junts”, ha sentenciado.

La número dos del PSOE federal ha avanzado, también, que está muy pendiente de los movimientos de su partido en Valencia, que está explorando la posibilidad de concurrir en listas conjuntas al Senado con Compromis para concentrar el voto de izquierdas y ganarle al PP nueve de los 12 escaños en liza. “Me parece interesante lo que explora el partido en Valencia, dialogar y debatir para concurrir conjuntamente, estoy atenta para ver si hay capacidad de hacer un mejor rendimiento del voto progresista. En el espacio a nuestra izquierda también animamos para que vayan juntos en esas circunscripciones donde se arriesgan senadores”, ha dicho.

El PSOE andaluz está desplegando una batería de iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con sus “obligaciones y compromisos” con la ciudad autónoma de Ceuta, que sufre una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes desde hace mes y medio.

Una de esas propuestas es la presentación de una queja formal contra la Junta ante el Defensor del Pueblo Andaluz y de la Infancia, anunciada este martes por la secretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, para que “investigue el incumplimiento” del convenio suscrito con el Gobierno ceutí para “agilizar” el traslado de menores migrantes a Andalucía en caso de “contingencia migratoria”, como la que está viviendo la ciudada autónoma.

El convenio bilateral se firmó en 2021, fue renovado en enero de 2024, es un compromiso “estable en el tiempo” y está “vigente” hasta 2028. Ambas administraciones firmaron un marco de colaboración para el acogimiento y la integración de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta, con el objeto de descongestionar los servicios asistenciales de la ciudad autónoma en caso de llegadas masivas, como la que se produjo en 2021 con la entrada irregular de unos 10.000 inmigrantes (1.500 niños).

El Gobierno de Moreno se ha apeado de ese convenio, que es un acuerdo de voluntad política con Ceuta, por varias razones: primero, porque el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, no lo ha invocado para aliviar la presión migratoria que está sufriendo su ciudad (con 2.000 menores filiados y en torno a mil deambulando por las calles, según la estimación del Ministerio de Infancia); segundo, porque Moreno cree que acoger a esos niños en Andalucía, aunque fuera de forma provisional, provocaría un “efecto llamada” que perjudicaría a Ceuta, “que vería llegar a 200.000 menores más”. Y tercero, porque “la Comisión Europea desactivaría el espacio Schengen si los inmigrantes pisasen suelo continental”, un argumento que Moreno dio en sede parlamentaria, pero que no es exacto (no hay ninguna directriz europea que sostenga esta tesis, aunque sí ha habido presiones políticas de Bruselas y otros países miembros que han acusado a España de provocar un “efecto llamada” con su procedimiento de regularización masiva de inmigrantes).

Así las cosas, a Montero le han preguntado este martes en el Parlamento cómo valora que el presidente Vivas, el principal interesado en descongestionar la presión migratoria que sufre su ciudad, no haya invocado el convenio bilateral que tiene suscrito con Andalucía, una región que acoge ahora a 1.800 menores -a 31 de agosto- y con una capacidad ordinaria de acogida de 3.009 plazas.

“Yo conozco muy bien a Vivas, he negociado con él y, ¿quién le ha visto y quién le ve? Vivas está más al servicio de Génova [sede nacional del PP] que de la ciudadanía ceutí. El problema migratorio golpea a Ceuta, el primer impulsor del cambio legal [la reforma de la Ley de Extranjería] fue Vivas, porque sabía que tenía que hacer uso de ese artículo. Hemos visto una mutación en él, de colaboración a confrontación. No salgo de mi asombro, no le pega al Gobierno de Ceuta confrontar con el Gobierno de España por el simple interés partidista, y tarde o temprano lo pagará el gobierno de Ceuta, no se puede alimentar el odio, la confrontación y el racismo”, ha dicho Montero.

Las plazas que tiene Andalucía y las que debería tener

La capacidad ordinaria de acogida es una fórmula que estableció el Gobierno en un Real Decreto para reubicar solidariamente a los niños extranjeros entre las comunidades autónomas en función de su población. Es decir, no son las plazas disponibles que tiene Andalucía, sino las que “debería tener” en función de esa fórmula.

Según ese cálculo, Andalucía aún podría acoger a 1.200 menores más, pero la Junta rechaza esa fórmula de reparto (aunque también se niega a confirmar el número de menores que tiene acogidos y el número de plazas reales de las que dispone).

La consejera de Igualdad, Dolores López, ha reiterado este martes que “Andalucía tiene sus recursos por encima de su capacidad. Hemos sobrepasado la capacidad de los recursos. El Gobierno de Pedro Sánchez nos reventó el sistema”, pero ha eludido dar el número actualizado de menores acogidos y las plazas con las que cuenta su red de acogida.

Juanma Moreno firmó hace tres meses un acuerdo de Gobierno con Vox que recoge explícitamente el rechazo a acoger más niños extranjeros: “No más MENAS”, dice el texto, aunque acto seguido subraya que la Junta siempre cumplirá la “legalidad vigente”. La Ley de Extranjería, tras la reforma del artículo 35 el año pasado, obliga a las comunidades a un acogimiento proporcional de niños inmigrantes. El Ejecutivo andaluz presentó un recurso contra esa reforma, pero ha venido cumpliendo con la ley y Moreno ha asegurado que lo seguirá haciendo, porque su acuerdo de Gobierno con Vox así lo establece.

Sin embargo, los menores no acompañados que están deambulando por Ceuta no entran ahora mismo en ese escenario, porque aún no se han tramitado sus expedientes: para conocer su situación personal, ver si es posible el reagrupamiento familiar en Marruecos o garantizar un traslado con todos sus derechos a la península, en caso de no ser viable el regreso con sus padres.

Estos niños se encuentran en una situación provisional, para la cual, la ministra de Infancia, Sira Rego, ha invocado los convenios bilaterales de Ceuta con otras comunidades, como Andalucía, o con ONGs especializadas en este asunto. Una fórmula para descongestionar los ya muy tensados servicios públicos de la ciudad autónoma, pero que ha encontrado un rechazo en bloque de todas las regiones del PP (Sólo Navarra, gobernada por el PSOE, se ha ofrecido).

En el PSOE andaluz son conscientes que la crisis migratoria de Ceuta, dilatada en el tiempo, está achicharrando al Gobierno de España, más que a otras administraciones. Montero, como en el entorno del presidente Pedro Sánchez, acusan al PP y a sus gobiernos regionales de querer “cronificar” el problema. En las encuestas -la última el CIS- el Ejecutivo central es el gran damnificado político de esta crisis, pero el principal beneficiario no es el PP, sino Vox.

“Han querido convertir esta crisis migratoria tan compleja para hacer populismo, mimetizan el discurso con Vox. No se puede actuar con la situación de esta manera, si fuera por ellos, aquí sin cumplimiento legal, lo que proponen es meter a todos en algún sitio sin ningún derecho internacional, y el Gobierno trabaja para que retornen a su lugar de origen, pero con todas las garantías”, ha zanjado Montero.

La Comisión de Ética del PSOE andaluz ha validado este lunes el nombre de los 48 alcaldables que han presentado su candidatura a las municipales de 2027 sin un rival alternativo dentro del partido (33 hombres y 15 mujeres), entre ellos los aspirantes de Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz. En las otras cuatro capitales (y otros siete municipios de más de 20.000 habitantes) se celebrarán primarias, al haber concurrido más de un aspirante a cabeza de cartel.

Hace cuatro años, el entonces secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, definió las primarias de su partido para elegir a los mejores candidatos a las alcaldías en las elecciones municipales de 2023 como “un revulsivo para ganar”. Se celebraron procesos internos en importantes plazas, como Córdoba, Cádiz, Los Palacios y Écija (estas dos últimas en la provincia de Sevilla).

El pasado julio, tras la debacle electoral de las autonómicas, la actual líder de los socialistas andaluces y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, hizo un llamamiento a sus compañeros para que evitasen a toda costa enfrentamientos internos de cara a las primarias de 2027: “Cuanto menos primarias, mejor”, dijo, durante un Comité Director, máximo órgano de decisión entre congresos.

Los estatutos del PSOE abocan a celebrar procesos internos para elegir candidato a alcalde en siete de las ocho capitales andaluzas, todas excepto Jaén, la única donde ya gobiernan y donde repite el regidor Julio Millán como cabeza de cartel (Millán se hizo con la Alcaldía a mitad de mandato, tras una moción de censura contra el alcalde del PP, Agustín González, apoyada por el partido Jaén Merece Más).

Así lo explicó entonces Montero, sin embargo, la sopresa la ha dado este mismo lunes la capital jiennense, donde se ha registrado in extremis la precandidatura de Carlos Alberca, uno de los miembros del equipo de Gobierno de Millán en el Ayuntamiento, que se presenta para disputar el cartel electoral a su jefe. En teoría, los estatutos del PSOE establecen que las primarias no son obligatorias en las plazas donde ya gobiernan los socialistas, no obstante, fuentes de la dirección regional aclaran que fue el propio Millán quien quiso someterse voluntariamente a unas primarias, y la ejecutiva federal “se lo ha permitido”.

El calendario del PSOE-A para presentar precandidaturas se ha cerrado este lunes a mediodía y los socialistas han escuchado, parcialmente, el llamamiento de su secretaria general. La petición de Montero ha funcionado, significativamente, en Sevilla capital, donde se rumiaban algunos aspirantes alternativos a la candidatura ampliamente anunciada del exalcalde Antonio Muñoz, que perdió el bastón de mando en los comicios de 2023 frente al popular José Luis Sanz.

La exvicepresidenta del Gobierno tenía especial interés EN evitar el enfrentamiento orgánico en la capital andaluza, aún con rescoldos de la última guerra interna entre quienes apoyaron a Susana Díaz y quienes respaldaron a Pedro Sánchez en las primarias convulsas de 2017 a la secretaría general del PSOE. La semana pasada, Montero expresó claramente su apoyo público a Muñoz, desincentivando así la batalla interna por parte de algún otro aspirante de peso.

Muñoz también ha contado siempre con el respaldo explícito de su jefe directo, el secretario provincial del PSOE y presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos. Aún así, hasta el último momento ha habido movimientos bajo radar para disputarle esa candidatura al exaldalde (algunos apostaban por Susana Díaz, aunque ella no ha terminado de dar el paso).

En Sevilla capital, por tanto, no habrá primarias, pero Montero no ha logrado desactivar el proceso interno en otras 11 plazas importantes donde el ruido interno es mayor, como Córdoba capital -que tendrá hasta tres aspirantes-, Almería; Huelva; Jaén; Roquetas de Mar (Almería), Baza y Motril (Granada); Linares (Jaén) y Vélez-Málaga, Benalmádena y Fuengirola (en la provincia malaqueña). En todos estos municipios confrontan dos compañeros.

En la capital malagueña, el secretario provincial del PSOE, Josele Aguilar, decidió el mes pasado no optar a la alcaldía del Ayuntamiento -frente al incombustible regidor popular Francisco de la Torre- y cedió ese puesto al portavoz municipal, Mariano Ruiz. El nombre de Aguilar llevaba meses sonando, tanto en su entorno como en la dirección regional, como la única excepción a la tesis de Montero, que había pedido a sus cargos públicos y orgánicos “dedicación exclusiva” y no solapamiento de puestos. El también diputado malagueño asumió que la dirección del PSOE provincial era incompatible con ejercer la oposición a De la Torre en el Ayuntamiento.

En Cádiz, el único precandidato del PSOE ya proclamado provisionalmente cabeza de lista es Óscar Torres León, portavoz socialista en el Ayuntamiento; y Raquel Ruz Peis, también vocal de su grumo municipal en el Consistorio de Granada. En las otras cuatro capitales, la militancia tendrá que elgir entre dos aspirantes en Almería (Fátima Herrera Amate y Antonio Jesús Ruano); tres en Córdoba (María Victoria Fernández Domínguez, José Antonio Romero Pérez y Ángel Ortiz Rodríguez); dos en Huelva (Enrique Gaviño Pazó y Javier Mendo Rascado) y dos en Jaén (Julio Millán Muñoz y Carlos Alberca Martínez).

La recogida de avales para las primarias será del 9 al 16 de septiembre; la campaña del 17 al 25 y la primera votación será el día 26. La segunda vuelta se votaría el 3 de octubre, según el calendario difundido por el PSOE-A.

El PSOE gobierna en 351 ayuntamientos de 785

En 2023, los socialistas contaban con 450 alcaldías en los 785 municipios de Andalucía. Para las municipales de mayo de 2027, el PSOE andaluz parte con gobiernos en 351 ayuntamientos -aunque no en todos ostenta la Alcaldía- y tiene 3.780 concejales. Es la representación más exigua de poder municipal que ha tenido en su historia, precisamente donde los socialistas siempre habían sido más fuertes. Hoy el PP, aupado en el peso político de Juanma Moreno y su gobierno, tiñe de azul prácticamente todo el territorio: siete de las ocho capitales, toda la Costa del Sol y seis de las ocho diputaciones provinciales (todas excepto Sevilla y Jaén).

Además de las cuatro capitales con candidatos ya validados por el partido, entre los 48 alcaldables proclamados provisionalmente están, en la provincia de Almería, los de Adra (María Teresa Piqueras Valarino); Níjar (Esperanza Pérez Felices) y Vera (Pedro Francisco Gallardo García); en Cádiz los de Jerez de la Frontera (José Antonio Díaz Hernández); Algeciras (Francisco Fernández Marín); El Puerto de Santa María (Ana Saray Sánchez García); Sanlúcar de Barrameda (Víctor Mora Escobar); Arcos de la Frontera (Ana Carrera Armario); Puerto Real (Carlos Salguero Gilabert) y Barbate (Javier Rodríguez Cabeza); Los Barrios (Daniel Perea González); Cónil (Juan Antonio Caballero Nieto) y Chipiona (Luis Manuel Rivera Maestre).

En Córdoba, están confirmados los precandidatos de Lucena (Francisco de Paula Algar Torres); Palma del Río (Carlos Manuel Muñoz Ruiz); Puente Genil (José Antonio Gómez Morales). En Granada, los precandidatos confirmados de Almuñécar (Antonio Josué Díaz Rodríguez); Las Gabias (Fidel Guerrero García) y Loja (Antonio María García Morales). En Huelva, serían en Aljaraque (Jesús González Márquez); Almonte (Macarena Robles Quintana); Ayamonte (Natalia María Santos Mena); Cartaya (Josefa Inmaculada González Bayo) e Isla Cristina (José Alejandro Pérez Boa).

En Jaén, están confirmados en Andújar la exconsejera y expresidenta del PSOE andaluz (Micaela Navarro) y en Úbeda (Francisco Lozano); en Málaga, en Alhaurín de la Torre (David Márquez García), en Alhaurín el Grande (José María Díaz Bravo), en Coín: Salvador Javier Rojas Merino, enRincón de la Victoria: Antonio Sánchez Fernández, en Estepona: Enma María Molina Fernández, en Marbella: Isabel Pérez Ortiz, en Nerja: Patricia Gutiérrez Román, en Ronda: Francisco Jesús Cañestro Aranda, en Torrox: María Nieves Ramírez Moreno, y en Mijas: José González Pérez.

Y en Sevilla provincia, están confirmados el alcaldable de Utrera: Juan Borrego Romero, de Écija: Rosa Isabel Pardal Castilla, de Coria del Río: David Díaz García, de Tomares: Antonio Manuel Morcillo Martínez, de San Juan de Aznalfarache: Inmaculada Muñoz Carvajal, de Mairena del Alcor: Pedro Madroñal Navarro y de Bormujos: Diego Ramos Sánchez

Hace 25 años, una reunión de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía en el inicio del curso político era una muestra visible del músculo institucional de la federación más numerosa del partido en España, con un enorme despliegue de diputados en las cuatro cámaras legislativas: Congreso, Senado, Parlamento andaluz y europeo.

Para la de este martes no se ha reservado el salón de un hotel de Sevilla, como era habitual. El cónclave socialista se ha celebrado, de forma inédita, en el patio interior de la sede del partido en la calle San Vicente, un espacio reducido donde hoy caben todos los diputados y senadores socialistas andaluces, la representación más exigua de su historia.

Esa esclerosis de poder institucional en el PSOE andaluz viene arrastrándose desde 2012 -la primera vez que pierden las andaluzas frente al PP de Javier Arenas- y hoy está estionada por María Jesús Montero, médica de profesión, exvicepresidenta del Gobierno de España y número dos de la dirección federal.

Pero a Montero no le duelen los huesos del partido, porque este martes, ante sus compañeros apretados y muertos de calor en un recinto sin aire acondicionado, ha pedido que muevan el esqueleto para afrontar las elecciones municipales y generales de 2027 -“no sabemos cuál será primero”- y les ha hablado de victorias en las urnas, de la “responsabilidad histórica” del PSOE de ganar los comicios y presentarse para gobernar. No para empatar ni para perder.

La maquinaria electoral echó a andar antes de verano y este viernes cruza el primer Rubicón al abrirse el plazo para quienes aspiren a ser candidatos a alcalde en unas primarias que Montero ni espera ni quiere que se celebren. “Mientras menos haya, mejor”, anunció en un Comité Director, máximo órgano de decisión entre congresos, el pasado julio.

La secretaria general de los socialistas andaluces ha puesto a su formación en modo electoral y ha pedido a sus compañeros que ocupen todos los espacios de la política posibles, sin complejos, que no dejen ningún hueco a sus adversarios, ni los que están más a su izquierda, pero tampoco a su derecha.

En este sentido, es llamativa la reinvindicación que ha hecho del PSOE como un partido “de orden” -un calificativo asociado a los conservadores- en un momento especialmente convulso, ante la crisis que sufre Ceuta desde hace un mes, tras la entrada irregular de 80.000 inmigrantes, de los que miles aún permanecen en la ciudad autónoma.

“Hay una palabra que la izquierda ha regalado a la derecha y que tenemos que recuperar: el orden, la seguridad, la protección”, ha dicho Montero. En un discurso que se ha prolongado casi una hora y en el que ha hablado de casi todo sin mirar un papel, esta parte la llevaba escrita y la ha leído: “El orden es un elemento indisociable del proyecto del PSOE, pero en las últimas décadas la derecha nos lo ha querido arrebatar y lo ha patrimonializado”, ha asegurado.

Luego ha desarrollado la idea, presentando a “los progresistas” como los que mejor representan esa idea de orden, que ha resignificado expandiendo el sentido que le otorgan las derechas -ligado a la seguridad ciudadana- para ligarlo a las políticas del Estado de bienestar. “Orden es que el cirujano te atienda a tiempo, que el autobús llegue a su hora, que el Metro funcione”, ha explicado Montero, resaltando la competitividad de las universidades, la salud de las pensiones, las ayudas a dependientes y “que no haya broncas en nuestras ciudades”. “Que alcalde no se ocupa primero de que haya convivencia en su municipio por encima de otros valores”, ha sentenciado.

La crisis de Ceuta, que se ha cobrado la vida de 145 inmigrantes y mantiene tensionada a la población ceutí desde hace un mes, ha saltado a la península en formato de confrontación política entre el Gobierno de Pedro Sánchez, PP y Vox. Como todo. La Federación de Municipios y Provincias de España y de Andalucía -ambas instituciones en manos de los populares- han convocado concentraciones de apoyo a Ceuta este miércoles, coincidiendo con el día oficial de la ciudad autónoma, pero el PSOE se ha desmarcado porque lo considera un instrumento de la derecha contra Sánchez.

La dirigente socialista ha reprochado al PP y a Vox que “compitan en el terreno del miedo ante la crisis de Ceuta” y ha defendido que la gestión migratoria exige orden, legalidad, respeto a los derechos humanos y amparo prioritario a la infancia, recordando que el Gobierno de Moreno se sustenta en un pacto suscrito con la ultraderecha que subraya un rechazo explícito a los menores migrantes: “No más MENAS”, reza el documento.

Montero ha acusado a los populares de “instrumentalizar” estas manifestaciones por toda España -que también ha defendido el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas-, pero algunos alcaldes socialistas en Andalucía, como el de Moguer, Benamejí o Chiclana se han apartado de las directrices del partido y secundarán la concentración.

La líder socialista no ha hecho mención a esos regidores en su discurso, pero en otra parte de su intervención sí subrayó la necesidad de “escuchar, entender a la gente y de ser empáticos” con personas que están “abocadas a la contaminación mediática” y esa sensació de que “estar indignado da prestigio”.

El informe de la secretaria general ha sido el único punto del orden del día de la Interparlamentaria del PSOE andaluz, que ha abierto su presidenta, Fuensanta Coves, de forma puramente protocolaria. Montero ha recuperado la pedagogía política con sus compañeros, instándoles a ocupar los espacios de la conversación pública de hoy -con especial mención a las redes sociales-, pero admitiendo que “los valores previos” del PSOE obligan a un “esfuerzo de comunicación mayor” que el que hace la derecha, con “mensajes simplistas y a veces infantiles”.

La líder de la oposición en Andalucía ha sido muy dura con el presidente Juanma Moreno, tras sellar un pacto de Gobierno con la extrema derecha que recoge medidas “regresivas”, a jucio de los socialistas. Montero se ha reafirmado en una oposición férrea frente a Moreno, pero este martes ha desplegado una estrategia de ofrecimiento de acuerdos al PP que, probablemente, busca las cosquillas de su acuerdo con Vox y le obliga a retratarse y a elegir en el discurso que mantenía en la pasada legislatura, con mayoría absoluta, y el actual.

El primer paso de esa estrategia ha sido el anuncio de que le ofrecerá un “pacto contra el cambio climático” en Andalucía, para prevenir riadas, sequías e incendios forestales como los que este verano han destrozado parte del territorio autonómico, sobre todo en Almería y Huelva. El PSOE tiende la mano al PP, dando por hecho que Moreno apostará por “la política de negación” que ha suscrito con Vox en un pacto, que recela de la agenda verde y los compromisos medioambientales suscritos por su propio partido en Bruselas.

Tras el discurso de Montero, se ha abierto un turno para las intervenciones de los asistentes, pero ninguno ha pedido la palabra.

La cuenta atrás para las elecciones autonómicas no se detiene. Serán en mayo de 2027 allí donde se celebren. Queda menos de un año y es hora de ponerse las pilas, en especial en aquellas comunidades en que podría producirse un cambio de Gobierno, como la Comunidad Valenciana. ¿Es hora de pisar el acelerador y empezar a pisar la calle como si no hubiera un mañana? No para Diana Morant, que cree que su base de operaciones continúa siendo el despacho principal del Ministerio de Ciencia. De momento, apuesta por la moqueta y no por el asfalto.

Morant no ha dado muestras de tener ninguna urgencia con vistas a abandonar Madrid para centrarse en su puesto de secretaria general del PSOE valenciano y su candidatura a la presidencia de la Generalitat. En una entrevista con el diario Levante, le preguntaron cuándo será completa su dedicación a la región. Aparentemente, ese momento todavía no ha llegado, aunque quizá esté cerca: “No me gustaría que fuera la convocatoria electoral la que decidiera por mí. Habrá un momento en que vendré a dedicarme al cien por cien cuando esté convencida de que ya no es suficiente con ser ministra, que la gente tenga la percepción y el convencimiento de que mi prioridad única y exclusiva es la Comunitat Valenciana”.

Por tanto, hay que deducir que aún no ha llegado ese momento del que habla, en que los comicios autonómicos serán su prioridad exclusiva, lo que puede sonar un tanto desconcertante para los dirigentes de su partido en la comunidad. No son muchos los sitios donde los socialistas pueden provocar la derrota de la derecha, como bien saben tras los fracasos ocurridos en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Cualquiera pensaría que tendrían que lanzarse como lobos ante el menor atisbo de victoria por pequeño que sea.

¿De qué le sirve al partido que Morant siga siendo ministra? Ella asegura que “es bueno para la Comunitat Valenciana tener a la secretaria general del PSPV y candidata sentada en el Consejo de Ministros”. Luego, explica por qué: “Por influencia”. Pero ya se ha llegado a un momento en que lo que importa es cuántos votos puedes arrancar con tus propuestas para el futuro, no lo que hiciste en un cargo muy diferente.

Los beneficios que supone para su imagen personal ya no son muy grandes. Lleva casi cinco años como ministra y la encuesta del CIS indica aún que el 70% de los españoles no la conoce. Ese porcentaje se mantiene inalterable desde abril de 2025. Su nota en una escala de cero a diez —4,67 puntos— no llega al aprobado.

El desgaste general de un Gobierno afecta a todos sus ministros. Lo saben bien María Jesús Montero y Pilar Alegría, que no lograron revertir la tendencia negativa del PSOE en sus territorios. La idea de Pedro Sánchez de exportar ministros no se ha visto confirmada con ningún éxito. Tanto Montero como Alegría esperaron demasiado tiempo para abandonar sus responsabilidades ministeriales y centrarse en sus campañas. Ser líder regional de un partido y su candidato a la presidencia autonómica no es un trabajo que se pueda limitar a los fines de semana.

Con sus declaraciones, Morant se lo puso muy fácil al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, que tuvo la oportunidad de hinchar el pecho y alardear de lo mucho que le importa su comunidad. “Me dedico en exclusiva a trabajar por esta tierra. Otros no pueden decir lo mismo”, dijo un político que no anda muy sobrado de carisma.

Alberto Núñez Feijóo ni siquiera ha confirmado que el PP le vaya a presentar como candidato. En su momento, el partido pasó demasiado tiempo antes de deshacerse del peso muerto en que se había convertido Carlos Mazón por su gestión absentista en la catástrofe de la dana. Ahora vuelve a tener dudas sobre si Pérez Llorca es su mejor cartel electoral. Le beneficia que Morant no esté todos los días pegándole duro en los medios regionales, porque está ocupada con los asuntos del Ministerio.

No hay muchas encuestas recientes sobre el resultado de la Comunitat Valenciana en 2027. Una de Sigma Dos para El Mundo prevé una recuperación del PP tras el hundimiento causado por Mazón con 3,5 puntos más desde la anterior encuesta de hace un año. Concede a la suma de PP y Vox entre 50 y 53 escaños (la mayoría absoluta está en cincuenta). También da opciones a Compromís para que supere al PSOE. Les separan dos puntos. La suma de la izquierda llegaría a entre 45 y 49 diputados, con lo que el resultado final no parece decidido.

La costumbre de enviar ministros a las CCAA reduce las posibilidades de celebrar unas primarias realmente competitivas que puedan movilizar al votante socialista. Y esto último es uno de los mayores problemas que afrontan los socialistas de cara a todas las elecciones que se celebrarán en 2027. Ferraz quiere asegurarse de que sus candidatos saldrán elegidos. Algunos creen que lo mejor para que no haya sorpresas incómodas es que no haya primarias. Otro razonamiento de lógica algo más que discutible.

Resulta que esa es una de las primeras decisiones que ha tomado Montero después de las elecciones andaluzas. Ha pedido al partido que evite las primarias para elegir a sus candidatos en las municipales: “Cuanto menos, mejor”.

Después de verse arrasada por el PP en las elecciones, la exvicepresidenta no está por la labor de tomar medidas ambiciosas para despertar a su partido. La prioridad parece ser no remover las aguas y que todo el mundo se quede donde está. Montero reclamó que se llegue a listas pactadas, con lo que no sería necesario convocar primarias, y que “se imponga el diálogo y el consenso”. Consenso impuesto desde arriba es una forma muy singular de definir un acuerdo.

En el PSOE madrileño, también estaban por no agitar la situación interna y conseguir que la exministra Reyes Maroto repitiera como candidata, cuatro años después de perder ante José Luis Martínez Almeida y quedar tercera. La concejala Enma López rompió esos planes al decidir presentar su nombre en las primarias. Ferraz reaccionó molesto, casi ofendido por su atrevimiento. La acusó de haberse adelantado al calendario fijado por el partido. Si todo el mundo sabe que un ministro va a ser candidato mucho antes de la convocatoria de primarias, no hay problema. Si lo hace alguien que no estaba invitado a la fiesta, solo les falta acusarle de desleal.

Nadie se presentó a las primarias para disputar el puesto a Diana Morant y por ello ya ha sido proclamada candidata. No conviene apremiarla para que compre un billete de tren con destino a la estación de Valencia. Seguro que tiene una gran cantidad de cosas importantes que hacer en el Ministerio de Ciencia de las que solo ella puede ocuparse.

El PSOE andaluz ha celebrado este viernes su primer comité director tras el fracaso electoral del 17 de mayo, que horadó su resultado hasta los 28 diputados, su suelo histórico. Pero también es el primer cónclave socialista que se celebra 24 horas después de la firma del pacto de gobierno entre PP y Vox para reelegir presidente a Juanma Moreno y esto, en palabras de María Jesús Montero, “lo cambia todo”. “Se acabó la marca Juanma. Comienza una nueva etapa”.

Los socialistas han reseteado la política andaluza, y su propio estado anímico, después de que Moreno haya metido a la ultraderecha en su Gobierno y firmado un acuerdo “vergonzante”, dicen, y que consideran “regresivo” para los derechos sociales de los andaluces. El momento crítico para la sociedad, por tanto, se ha convertido en una ventana de oportunidad para un partido que sigue noqueado tras su quinta derrota electoral frente al ciclón político que representa Juanma Moreno.

El máximo órgano de decisión entre congresos, celebrado en el municipio de Dos Hermanas y con unos 500 asistentes, ha servido para tres cosas, por este orden: analizar el pacto PP-Vox, tanto desde el impacto que suponen las medidas para la sociedad, como desde una perspectiva estratégica para los socialistas, que van a pilotar la oposiciónal nuevo Gobierno.

De ahí emana precisamente el segundo tema: aprobar el calendario para nombrar las candidaturas del PSOE en las municipales de mayo de 2027, y aquí Montero ha dejado en el auditorio un mensaje explícito que va más allá del típico llamamiento a la unidad interna del partido: “Cuanto menos primarias, mejor”, ha sentenciado. De las ocho capitales andaluzas, por ejemplo, los socialistas están abocados a celebrar primarias para elegir candidato, según sus estatutos, porque ahora sólo están gobernando en Jaén (Julio Millán).

Montero ha animado a llegar a acuerdos entre las distintas familias o corrientes del partido para lograr candidaturas de consenso mucho antes de que llegue el momento de convocar primarias. Y, si no es posible, “hago un llamamiento para que sean primarias fraternales, no otra cosa. ”No podemos convertir las primarias en un momento de desencuentro entre nosotros que no se pueda arreglar en el minuto uno. Si no es necesario tener que ir a procesos de primarias, animo a que se imponga el diálogo y el consenso“, ha dicho.

La ejecutiva regional del PSOE-A ha aprobado el calendario para la designación de candidatos a las municipales, que arranca en septiembre, y también el nombramiento de los tres senadores socialistas por designación autonómica: repetirán Susana Díaz y Juan Espadas, y el tercero lo ocupará la propia Montero que, como sus predecesores, compagina este puesto en la Cámara Alta con el de parlamentaria y jefa de la oposición a Moreno.

La dirigente socialista ha pronunciado un discurso de una hora, con tono monocorde, priorizando la crítica descarnada al acuerdo de gobierno entre PP y Vox, y presentando al PSOE como el “freno” a los retrocesos que el pacto plantea. Montero se ha detenido en las medidas más “regresivas” del documento, desde la prioridad nacional, que ha llamado “segregación de los seres humanos por razón de raza”, hasta el “negacionismo climático”, la eliminación de impuestos ambientales tan básicos como grabar las bolsas de plástico, o la concepción de la mujer como “un sujeto que da a luz” que necesita una “protección paternalista” para pensarse si quiere tener hijos.

“Comienza una nueva partida en la que el PP está en su sitio natural y le corresponde al PSOE tomar la iniciativa para que esto no se convierta en una realidad. Hay que decirle a la sociedad que cuenta nosotros para que seamos el freno de esos retrocesos que intentan imponer. Nosotros trajimos la democracia y el autogobierno a nuestra tierra y lo vamos a devolver antes que tarde”, ha avanzado.

Para los socialistas, no sólo para Montero, el pacto con la ultraderecha es el “gesto político que va a definir toda la legislatura”. Creen que el paso que ha dado Moreno, sacrificando su imagen de “moderado y centrista”, es un paso consciente hacia el reagrupamiento de las derechas en un solo bloque con el que pretenden llegar a la Moncloa en las generales de 2027.

La exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda también ha puesto las luces largas para implicar a los suyos en las legislativas, con Pedro Sánchez de candidato, pero antes ha hecho un extenso diagnóstico del fracaso de las andaluzas, pensando por qué “los ciudadnaos se han alejado de nosotros” y preguntándose qué hacer “para que vuelvan”.

“Tenemos que aprender de las últimas elecciones andaluzas. Los resultados han sido malos, muy lejos de la ambición del PSOE, todo lo que no sea gobernar es una mala noticia. Pero la autocrítica no puede ser solo un ejercicio para instalarnos en el lamento, será útil si termina en cambios concretos y una organización más fuerte”, ha subrayado. Montero se ha estado reuniendo las últimas semanas con todas las direcciones provinciales y algunas agrupaciones y alcaldes para testar “sentimientos y sensaciones” tras el 17 de mayo.

El mensaje que ha trasladado a las ejecutivas provincialesha sido la necesidad de fortalecer la presencia del partido en la calle, en los municipios y agrupaciones, “no sólo durante una campaña electoral, hay que ser visibles todo el año”. “Los ciudadanos no terminan de confiar en nosotros como la mejor opción de autogobierno. Tenemos que ser más atractivos en los formatos y en los medios”, ha admitido.

Sin embargo, Montero ha pedido no hacer una lectura “simplista” de los resultados, ha asegurado que hay múltiples causas, y reconocido que los “asuntos nacionales de envergadura e impacto” -en referencia a los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno de Sánchez- han lastrado sus opciones.

Con todo, la dirigente socialista se ha felicitado por haber “frenado la caída de votos del periodo electoral previo”, con 60.000 papeletas más que en las últimas andaluzas. “Hemos conseguido elevar un poco más la movilización, incrementando siete puntos la participación”, ha dicho, tras asegurar que “el mérito de esa movilización es del PSOE, pero los frutos no los ha cosechado el PSOE”. En el cierre del discurso, Montero ha pedido conjurarse “desde ya” para que los socialistas sean los clares vencederos en las próximas autonómicas, dentro de cuatro años.

Tras pedir a los medios de comunicación presentes que abandonaran el salón donde estaba reunido el comité director, han pedido la palabra 14 dirigentes, entre ellos los ocho secretarios provinciales, y el militante y excandidato a la secretaría general Luis Ángel Hierro, siempre en el sector crítico, que ha exigido un congreso extraordinario tras el fracaso electoral del 17-M.

La secretaria general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, ha calificado este jueves como “vergonzoso” que el Parlamento andaluz vaya a afrontar la segunda votación para la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta sin “conocer los detalles” del pacto que ha cerrado con Vox y que permite que “por primera vez entre la ultraderecha después de la dictadura en un Gobierno en Andalucía”.

En declaraciones a los periodistas poco antes del inicio del debate en el Pleno del Parlamento, Montero ha asegurado que el pacto de PP y Vox es “doblemente vergonzante porque ha sido llevado con oscuridad, ya no sólo es que no le hayan puesto luz y taquígrafos es que ni un triste candil para que pudiéramos ahora poder analizar las que parece que son más de mil medidas que pueden acompañar este acuerdo y posteriormente porque esta mañana el propio señor Feijóo nos anunció que ya se había producido el acuerdo”.

“Creo que Andalucía merece más, no es de recibo que estemos a estas alturas sin conocer qué es lo que vamos a votar dentro del Parlamento”, ha censurado la líder del PSOE-A, que ha calificado la votación como “un fraude absoluto de investidura” para dar paso a un gobierno “que está en las antípodas de lo que propone el PSOE, porque va a practicar políticas que ya conoceremos la letra pequeña pero que desde luego nada tienen que ver con el proyecto de garantía de oportunidades que queremos impulsar los socialistas”.

Critica que Moreno “no tenga valentía”

Tras dejar claro que el pacto PP-Vox da paso a un gobierno “legítimo emanado de las urnas”, Montero ha centrado sus críticas en que “ni siquiera se nos haya dado la oportunidad de valorar en esta segunda votación por mayoría simple” su contenido porque “el acuerdo que se presenta el primer día y lo que se presenta según las palabras del propio señor Moreno, era un gobierno en solitario y desgranó una serie de medidas en las que desde luego no estarán todos aquellos puntos que la ultraderecha de Vox ha incorporado”.

En este sentido, ha lamentado que Moreno “no tenga valentía para explicar en qué consiste ese acuerdo” ante el pleno del Parlamento, ya que se ha mostrado convencida de que la Mesa de la Cámara no atenderá su petición para que el contenido del pacto PP-Vox se pueda debatir. “Queda media hora y todavía no lo sabemos, es una vergüenza como no ha habido en otras comunidades autónomas que antes de la votación no se haya conocido con tiempo suficiente la letra pequeña”, ha concluido.

El 57,2% de los andaluces tenía muy claro a quién iba a votar mucho antes de las elecciones del pasado 17 de mayo y el 41,6% terminó cogiendo la papeleta del PP de Juanma Moreno, que ganó los comicios al borde de la mayoría absoluta (53 diputados). El 41,9% restante se decidió durante la campaña o incluso el mismo día de las urnas (6,9%).

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este miércoles un primer estudio postelectoral de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, que otorgaron una victoria rotunda al PP, pero le arrebataron la mayoría absoluta por dos diputados (53 escaños).

El informe, basado en 4.000 entrevistas, desmenuza las claves del resultado electoral justo cuando Moreno ultima un pacto de gobernabilidad con Vox y el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, acaba de convocar el Pleno de investidura del presidente los próximos 29 y 30 de junio. Este paso pone en marcha el reloj de la investidura, en la que previsiblemente el líder popular volverá a ser investido por tercera vez, aunque por ahora no tiene amarrado el pacto de gobernabilidad con Vox.

El CIS también proyecta la intención directa de voto de los andaluces para las próximas elecciones generales, que Pedro Sánchez prevé convocar en 2027. Aquí la fortaleza del PP se amortigua y la debilidad de los socialistas cambia drásticamente, acortando la brecha de 18,9 puntos de las autonómicas a apenas tres en unas legislativas.

Según los datos del CIS, los populares volverían a ganar en Andalucía con un 25,6% de votos frente al 22,8% del PSOE. Vox seguiría siendo tercera fuerza en las generales, con un 12,9% de los encuestados, seguido de lejos por Sumar, que cae al 4,7%. Adelante Andalucía, que fue la gran sorpresa de las autonómicas pasando de dos a ocho diputados (la mitad de los 400.000 nuevos votantes fueron para ellos), no prolongaría su éxito en el Congreso, con un 0,8% en intención de voto, por detrás de Se Acabó la Fiesta, el partido del agitador ultra Alvise (2,4%), y por Podemos, con un 1,3%.

Si mañana se celebrasen las generales, el 76,5% de los que apoyaron a Moreno votarían por Alberto Núñez Feijóo, pero un 15,5% se pasaría a Vox. A la ultraderecha le ocurre al contrario, el 66,6% de sus votantes andaluces revalidaría su apoyo en las generales, pero un 10,6% se iría al PP. En cuanto al PSOE, el 64,2% que apoyó a María Jesús Montero volvería a votar a Pedro Sánchez, y un 10,6% lo haría por Sumar, su socio de Gobierno.

El pasado 11 de junio se constituyó el Parlamento andaluz, los 109 diputados electos tomaron posesión de sus escaños y la falta de acuerdo entre PP y Vox dejó la Mesa de la Cámara bajo control de los populares, que se hicieron con cinco de los siete sillones de este órgano de decisión. Los populares ostentan ahora una mayoría absoluta en la segunda institución de Andalucía que no lograron en las urnas.

El portavoz de la formación ultraderechista, Manuel Gavira, explicó que esa foto fija es “provisional”, que su partido no quiso aceptar los puestos que le ofreció el PP en la Mesa de la Cámara, porque aspira a negociar todo el paquete completo con los de Moreno, esto es, las políticas y las cláusulas que Vox ya ha colado en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León (partiendo del lema antiinmigrante “prioridad nacional”); la entrada de su grupo en el futuro Gobierno de Moreno (con especial interés en la cartera de Agricultura) y la presencia de sus diputados en el órgano rector del Parlamento.

Esto último, aunque parezca menor, será clave en el discurrir de la legislatura, si Vox exige tener dos miembros en lugar de uno, para que el PP no tenga mayoría aboluta en el órgano que maneja los tiempos de los debates y las iniciativas parlamentarias en este mandato.

En esa sesión constitutiva fue reelegido presidente de la Cámara el popular Jesús Aguirre, en segunda vuelta y sólo con los votos de su partido. Aguirre ha convocado esta semana, uno a uno, a los cinco candidatos de los partidos con representación, empezando por el presidente en funciones, Juan Manuel Moreno, el único con opciones de ser elegido.

El popular, de hecho, apremió a Aguirre a convocar “cuanto antes” el pleno de investidura, para que empiece a correr la cuenta atrás para formar gobierno o repetir elecciones en caso de no obtener el apoyo mayoritario del Parlamento. Ese mensaje va dirigido a Vox, que tiene la llave de la legislatura, aunque Gavira enfrió las expectativas de Moreno y aseguró que, hoy por hoy, su formación está en el no, y aún queda mucho por negociar.

Los partidos de izquierdas, en cambio, dan por sentado que ambas formaciones conservadoras ya han cerrado un preacuerdo de gobierno, y que Moreno será investido presidente en la primera quincena de julio.

El CIS publicó su estudio preelectoral sobre los comicios andaluces el pasado 24 de abril, realizado a partir de una muestra total de 8.017 entrevistas, y en él vaticinaba que el PP volvería a ganar las elecciones con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados y un 43,6% de los votos.

Al PSOE de María Jesús Montero le situó en un porcentaje de votos del 25,8% y una horquilla de entre 27 y 34 diputados. El estudio preveía que Vox bajaría, hasta el 10,3% de sufragios, y Adelante Andalucía se colocaría como cuarta fuerza, con un 8,5% y entre cinco y siete escaños, adelantando a la coalición Por Andalucía, que sería última con 6,9% de apoyos y entre cuatro y cinco diputados.

Los resultados del 17M confirmaron algunos de estos vaticinios, pero otros no. El PP, en efecto, fue la fueza más votada, pero perdió cinco escaños de los 58 que tenía, y se apeó de la mayoría absoluta, que está en 55. Los socialistas horadaron su suelo electoral, pasando de 30 a 28. Vox se estancó, aunque sumó un diputado más y se colocó en 15. Adelante Andalucía, en efecto, sorpasó a la coalición de Antonio Maíllo, y dio fue la gran sorpresa pasando de dos a ocho parlamentarios.

En dos provincias, Sevilla y Cádiz, incluso logró ponerse por delante de Vox, y su incremento en votos y escaños frustró la mayoría absoluta de Moreno. Por Andalucía fue la única formación que retrocedió en votos, aunque conservó los cinco escaños que le garantizan grupo parlamentario.

La sentencia del Tribunal Supremo que impone más de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos no da por buenas todas las confesiones y acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Los jueces rechazan que Carlos Moreno, alto cargo en Hacienda con María Jesús Montero, cobrara 25.000 euros de la trama a cambio de conseguir el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. El entonces jefe de gabinete de Montero derivó las reclamaciones del comisionista, pero la deuda siguió vigente y él no tenía ningún poder para influir sobre la situación de esa empresa. Además, recuerdan los jueces, no toda reunión en un despacho de un alto cargo implica un posible delito.

El foco judicial se puso sobre Carlos Moreno Medina en septiembre del año pasado cuando el juez Leopoldo Puente, de Tribunal Supremo, decidió partir el caso en dos e investigar aparte los amaños de obra y el papel de Santos Cerdán. Un auto en el que apuntó a Moreno y una reunión que habría mantenido con Víctor de Aldama que “tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas” del comisionista a cambio de 25.000 euros. La sospecha dio el salto a la política y el Partido Popular preguntó directamente por el tema a la entonces ministra de hacienda, María Jesús Montero, que fue contundente: “Jamás hizo nada parecido, nunca jamás. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno”.

Las acusaciones, como tantas otras del caso durante esa fase final de la investigación en el Tribunal Supremo antes del juicio, venían de la confesión de Víctor de Aldama. La comparecencia de varias horas del empresario en la Audiencia Nacional con la que había conseguido su libertad después de mes y medio en prisión por el fraude masivo de IVA en el caso Hidrocarburos. Ese día, entre otras muchas afirmaciones, el empresario aseguró que pagó 25.000 euros a Moreno a través de Koldo García para que, previa consulta a la ministra, aplazara la deuda de una de sus empresas.

La sociedad que tenía la deuda problemática es Pilot Real Estate, que figura en la última versión actualizada de la lista de morosos de Hacienda con un déficit de 1,3 millones de euros. Según relató en fase de instrucción, Moreno accedió a hacer el favor con una salvedad que apuntaba todavía más arriba según Aldama: “Antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que si ella autoriza hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento”. Según esa primera versión, pocos meses después Koldo García le pidió “un detalle” con ese alto cargo, que se concretó en 25.000 euros para Moreno. “Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno”, zanjó entonces Aldama.

La afirmación de Aldama pasó el filtro de la fase de instrucción y llegó al juicio, donde Carlos Moreno compareció para dar su versión de los hechos: se limitó a derivar la petición de Aldama a otra persona y nunca recibió ninguna comisión. Conoció a Aldama a través de Koldo García por asuntos relativos al aeropuerto de Ciudad Real, a la compra de un edificio del Ministerio en Madrid y a la presentación de una aplicación israelí, pero nada relacionado con la deuda.

Víctor de Aldama, que compareció como imputado durante unas ocho horas ante la Sala de lo Penal, mantuvo su versión de los hechos e incluso amplió los detalles. “Yo me siento en tres ocasiones con la jefa de la Agencia Tributaria, con una orden clara de María Jesús Montero, trasladada por Carlos Moreno, en que se me tiene que ayudar con la deuda”. Y después de muchas gestiones, según Aldama, la deuda se aplazó y Koldo le pidió 25.000 euros para el alto cargo de Montero. “Citamos al señor Carlos Moreno en un bar que hay bajando del Ministerio de Hacienda a mano derecha, subiendo la callecita un poquito a mano derecha, un bar pequeño que hay ahí y le hago entrega de un sobre con dinero”, zanjó Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción decidió no acusar por estos hechos, pero las acusaciones populares capitaneadas por el PP sí lo hicieron y el resultado ha sido un pasaje de la sentencia que rechaza las afirmaciones de Víctor de Aldama contra el departamento de María Jesús Montero. Carlos Moreno no tenía capacidad para aplazar esa deuda y no lo hizo: sigue vigente y tampoco hay pruebas de que se llevara un sobre con 25.000 euros a cambio. “No todo acto de aproximación para ser recibido en un despacho puede reputarse delictivo”, añade el Supremo.

Gestiones sin “fruto práctico”

Los jueces no dudan de que la reunión se celebró en junio de 2020 y tampoco de que Aldama pidió el aplazamiento de la deuda para Pilot Real State, una de las múltiples sociedades que administraba. El comisionista no tenía el aval necesario para conseguir la prórroga y estaba fallando en su objetivo de “intentar salvar la compañía”. Moreno, dice la sentencia, se limitó a trasladar la cuestión a otro alto cargo del Ministerio y el aplazamiento “no llegó a producirse”. Él, además, no tenía “competencias directas” sobre la cuestión.

“No ha quedado probado”, dice entonces el Supremo, nada de lo que dijo Aldama. “No tenemos ninguna constatación acreditativa, ni mediante prueba de carácter personal ni documental”, aseguran los jueces, de que Koldo pidiera 25.000 euros para Moreno y que ambos se lo dieran en un sobre en una cafetería. Además, y en contra de lo que dice Aldama, la deuda siguió viva y esa empresa sigue estando en la última versión actualizada de la lista de morosos. “Tales gestiones no tuvieron ningún fruto práctico, pues la citada mercantil figuró como morosa en la lista de diciembre de 2021”.

No todas las afirmaciones de Víctor de Aldama, por tanto, han sido validadas por el Tribunal Supremo, aunque los jueces lo mantengan en el territorio de los hechos sin probar y no acusen al empresario abiertamente de mentir. Las diligencias del Supremo y de la Audiencia Nacional han demostrado la habilidad de Víctor de Aldama para abrirse camino hasta todo tipo de despachos, y los jueces explican que eso no siempre es un delito para los que le recibían. “No es lo mismo conseguir una entrevista personal que una resolución”, dicen.

El Tribunal Supremo tira de archivo para ilustrar su argumento: el de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. En 2008 la Sala de lo Penal, encabezada entonces por un recién llegado Manuel Marchena, recibió un aviso de un juzgado de Valdemoro: habían cazado a Casas hablando por teléfono con una abogada acusada de conspirar para matar a su propio marido. Una conversación en la que no hablaban del posible asesinato, sino del divorcio de la mujer, que años después fue efectivamente condenada. El Supremo rechazó imputar a María Emilia Casas porque esas conversaciones no constituían ningún delito: “No todo consejo emanado de una autoridad puede reputarse delictivo”, dijo el tribunal hace casi dos décadas.

El Supremo, con Marchena entre sus integrantes, recuerda estos argumentos para no considerar delictiva la reunión entre Carlos Moreno y Víctor de Aldama. “No todo acto de aproximación para ser recibido en su despacho por un funcionario público o autoridad puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal”, recuerda el Tribunal Supremo para enterrar esta acusación con la que Víctor de Aldama quiso implicar en el caso a María Jesús Montero como conocedora de las gestiones.

El PP andaluz de Juan Manuel Moreno se ha alzado este miércoles con una mayoría absoluta en la Mesa del Parlamento que no le dieron las urnas el pasado 17 de mayo.

La falta de acuerdos entre partidos para la composición del órgano rector de la Cámara, que tendrá un papel clave en esta legislatura, ha permitido que los populares se hagan con cinco de los siete miembros -uno más que en el mandato anterior, cuando sí tenían mayoría absoluta.

El PSOE se quedará con los otros dos. Vox, que será la llave de gobierno en este mandato y cuyos votos son imprescindibles para investir presidente a Moreno, no ha peleado y aparentemente no ha negociado para tener peso en la Mesa de la Cámara (en 2022 tuvo un representante).

Esta primera foto fija parece indicar que, por ahora, PP y Vox no han avanzado en un acuerdo político de gran envergadura que garantice la reelección de Moreno y la gobernabilidad de Andalucía. Ahora se abre un plazo de 15 días para que el nuevo presidente del Parlamento -repite el popular Jesús Aguirre- reciba a todos los partidos y proponga un candidato a presidente de la Junta, que será previsiblemente Moreno, porque es el que más votos tiene.

Pero no los tiene todos, de modo que la negociación con la ultraderecha puede dilatarse (sin límite legal establecido) hasta que alcancen un pacto de gobernabilidad, que los de Santiago Abascal han amarrado a dos palabras clave: “prioridad nacional”. El axioma de corte xenófobo -discriminar a los inmigrantes en el acceso a las prestaciones públicas- que ya han asumido los presidentes populares de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Moreno parece abocado a digerir esa “prioridad nacional”, que en campaña electoral tildó de “eslogan vacío”, y que puede emborronar su imagen de líder moderado, referente de un PP templado y alejado de los extremos. La negociación para conformar el Ejecutivo andaluz será dura, pero este miércoles Moreno ha dado un paso de gigante para tomar el control del órgano que debe fiscalizar su trabajo en el Palacio de San Telmo.

El portavoz de la ultraderecha en el Parlamento, Manuel Gavira, ha explicado luego que “lo que acaba de pasar en la Mesa es un ejercicio de congruencia de Vox: primero las medidas, luego lo demás”. El partido de Abascal quiere cerrar primero ese pacto político con medidas y, quizá, con consejerías específicas dentro del futuro Ejecutivo, en un formato similar al que se ha cerrado en las otras tres comunidades autónomas donde ya gobiernan juntos. Una vez se alcance ese acuerdo, apunta Gavira, se podrá “revisar” la composición de la Mesa y cambiar a sus integrantes, para que el PP ceda sillones a su nuevo socio.

Esto es algo que ha sucedido en anteriores legislaturas en otras Cámaras autonómicas, pero sería la primera vez que ocurre en el Parlamento andaluz, y sería preciso que alguno de los miembros elegidos hoy dimitiese para dejar entrar a los integrantes de Vox. “Esto ha sido puro teatro”, ha sentenciado la diputada socialista María Márquez.

Aguirre, presidente otra vez

La XIII legislatura andaluza ha arrancado este mediodía con la reelección y jura del cargo de Jesús Aguirre como presidente del Parlamento, gracias a los 53 votos de su partido y la abstención de Vox en segunda vuelta. Moreno ha renovado su confianza en el diputado más longevo, que fue consejero de Salud en su primera legislatura y presidió la Cámara en la segunda.

Aguirre sólo ha contado con los votos de su partido en primera vuelta y no ha salido elegido porque se requería mayoría absoluta. En la segunda votación, Vox ha vuelto a abstenerse, pero entonces ya sólo bastaba una mayoría simple (los 109 diputados sólo podían poner el nombre de Aguirre en su papeleta, o el de la única candidata alternativa, Begoña Iza de Adelante Andalucía, o en blanco). PSOE, Por Andalucía y la ultraderecha no han presentado candidato a la Presidencia.

Moreno ha planificado una especie de 'legislatura bis', con el mismo presidente y vicepresidentes de la Cámara que en el mandato anterior, aprovechando su experiencia de cuatro años en un órgano clave para del discurrir de la legislatura. La Mesa del Parlamento controla los ritmos, los tiempos y la prioridad de las iniciativas y los debates de la institución que debe fiscalizar al futuro Gobierno de Moreno.

Cada partido ha votado a sus propios candidatos para las tres vicepresidencias que, por peso político, dos han recaído en el PP y la tercera en el PSOE. Los populares Ana Mestre y Manuel Andrés González repiten en la Mesa y se incorpora el socialista Fernando López Gil como vicepresidente segundo.

Así arranca la XIII legislatura en el Parlamento andaluz en su sesión constitutiva, cuando los 109 diputados han jurado o prometido el cargo, uno a uno, con la mano sobre la Constitución española. Primero se ha creado la Mesa de Edad, con los dos diputados más jóvenes, ambos de Adelante Andalucía -Javier Montes (enfermero, 26 años) y Jesús Rodríguez (informático, 27 años) y el propio Aguirre, que mantendrá el sillón número uno de la presidencia el resto de la legislatura.

Es la segunda vez en cuatro décadas que el PP ocupa este puesto, después de siete presidentes de la Cámara socialistas, uno de Izquierda U (Diego Valderas) y Marta Bosquet de Ciudadanos.

Han tenido que pasar casi siete años y medio desde que cristalizó la pérdida del Gobierno andaluz por el PSOE para que el partido asuma de una vez por todas que no está en el poder y que, por tanto, tiene que hacer una verdadera oposición. Y para ello se anuncia una política con más colmillo, dispuesta a golpear en las contradicciones que se dan por seguro que aflorarán –sobre todo en la gestión de los servicios públicos– por la dependencia que el PP andaluz tiene de Vox para poder gobernar Andalucía los próximos cuatro años. El objetivo: desgarrar el traje moderado de Juan Manuel Moreno.

Así lo apuntan fuentes de la dirección socialista, que inciden en que ahora se trabaja en una estructura de partido más correosa, preparada para hacer oposición de verdad. Para ello se ha desmontado una formación que seguía construida para gobernar -es lo que hizo durante 37 años ininterrumpidos-, a la espera de unas órdenes desde San Telmo que ya hace tiempo que dejaron de llegar. Es decir, el cerebro del partido estaba en la Junta y por lo que se ve seguía allí, de ahí que lo primero en esta nueva etapa sea aterrizar la organización a la crudeza de la oposición. Para enterarse han sido necesarias tres derrotas autonómicas consecutivas -2018; 2022 y 2026- y cavar el suelo electoral del PSOE andaluz hasta los 28 diputados (llegaron a tener 61 de 109).

De momento, la capitana de la nave va a ser la secretaria general, María Jesús Montero, que este martes ha reaparecido en la escena pública andaluza 16 días después de las elecciones del pasado 17 de mayo, cuando los socialistas cosecharon el peor resultado de su historia. “Aquí estoy”, ha repetido ante la prensa en el Parlamento cuando se le ha preguntado por esta ausencia de dos semanas largas, que ha dedicado a un “trabajo interno” para analizar “qué nos han dicho los ciudadanos en las urnas”. Lo que se busca así es acometer “mejoras” en los órganos del partido y afinar “cuáles son los elementos prioritarios sobre los que tiene que pivotar” su labor de oposición.

Moreno “es el que tiene que mover ficha”

“Yo voy a ser la que ejerza la oposición al señor Moreno Bonilla”, ha subrayado Montero, es decir, que “no hay ninguna novedad respecto a la hora de ruta que teníamos trazada desde el primer día”. Por ello, y ante el cuestionamiento por estos 16 días fuera del primer plano, la líder socialista le ha dado la vuelta a la situación y ha puesto el foco en que el mismo tiempo lleva desaparecido en combate Juan Manuel Moreno, “que es el que tiene que mover ficha” para formar Gobierno y “poner en marcha Andalucía”.

“No sé si es que no ha digerido los resultados electorales o no los acepta”, lo cierto es que hasta Vox le reprocha que no dé el primer paso de contactar con ellos para negociar una investidura para la que no hay fecha. Sí la tiene la constitución de la Cámara, el próximo 11 de junio, dominada con holgura por el bloque conservador gracias a la suma de los parlamentarios de PP (53) y Vox (15), y teniendo en cuenta que la mayoría absoluta está en los 55.

En la dirección socialista están convencidos de que en cuanto se inicien las conversaciones entre ambos partidos empezarán a estallarle a Moreno las costuras de su traje de moderación, un deshilachado que –ya quedó dicho– se quiere agrandar con una oposición más recia, más de combate. Para ello, se considera que se cuenta con un grupo parlamentario más preparado para esta tarea, empezando por una María Jesús Montero curtida en ocho años de tensos pulsos en el Congreso.

¿Los problemas? “Hay muchos motivos”

Las mismas fuentes dan por hecho que, salvo sorpresa, Pedro Sánchez agotará la legislatura, lo que situaría las elecciones generales en el verano de 2027 y, por lo tanto, después de unas municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo. En este sentido, no se considera generalizado el runrún entre los alcaldes para que el orden sea justo al revés, y es que esta lógica –que da por hecho un descalabro en las generales– tampoco sería la mejor tarjeta de presentación para las municipales. De hecho, se recuerda que en 2023 las cosas le fueron mejor a Sánchez que a muchos aspirantes a regidor.

En cuanto a qué es lo que falla en el partido para encadenar ya tres legislaturas en la oposición, se apunta que no es cuestión de apretar un único tornillo, sino que son muchos los que fallan. La propia Montero ha verbalizado una idea parecida al señalar que la explicación de la derrota del 17M “es multicasual, no hay una única causa”. “Hay muchos motivos”, ha incidido, poniendo el acento en que se van a “incorporar ámbitos de mejora que están bajo nuestro control” para “seguir trasladando confianza en los ciudadanos hacia el PSOE”.

La secretaria general, que ha puesto el acento en la preparación de las municipales para volver a gobernar en ciudades como Sevilla, sí ha apuntado que entre estos elementos de mejora están una “coordinación efectiva” en todos los ámbitos del partido –desde el federal al local– y una mayor “presencia en el territorio”. En este punto, desde la dirección se subraya que a ello va a ayudar que, al contrario que en etapas anteriores, los secretarios generales provinciales no van a tener escaño, excepción hecha de un Josele Aguilar por Málaga que no obstante parece apuntar a presentarse como alcalde.

Mejor situación para ejercer la oposición

Fuentes socialistas consideran que, pese al descalabro, el 17M se produjeron tres buenas noticias: por un lado, Moreno perdió la mayoría absoluta, hubo mayor participación y se frenó la “hemorragia de votos”. El PSOE, en efecto, superó los 947.000 apoyos frente a los 888.000 de 2022, casi 60.000 más achacables precisamente a esa mayor participación ya que cayó en porcentaje (del 24,09 al 22,71%) y en escaños, de 30 a 28.

En este contexto, Montero ya ha marcado las prioridades: hacer hincapié en el “deterioro paulatino” de la sanidad y la educación pública, de la la dependencia y la “nula política de vivienda” del Gobierno andaluz. Mientras, toca tomar decisiones que se irán anunciando, como qué socialista estará en la Mesa del Parlamento (para lo que el PP no ha llamado ni al PSOE ni a ningún otro partido de izquierda) o si Susana Díaz y Juan Espadas repiten como senadores.

En estas aguas se mueve la nave socialista, cuando el calendario dice que en mes y medio, el 17 de julio, se estrena La Odisea de Christopher Nolan, que relata las desventuras del héroe homérico para volver a su reino de Ítaca tras la guerra de Troya. Aquel periplo le llevó sus diez años, y una sensación parecida tienen en el PSOE tras el naufragio el 17M que les condena a purgar de nuevo en la oposición, en la que van a encadenar 12 años. Superarán así el tiempo de desventuras de Odiseo, el Ulises de los romanos, que además estuvo lejos de Ítaca otra década de guerra en Troya hasta que se sacó el caballo de la manga. Y todavía hay quien se tienta la ropa para que no cambiar de libro y abrir al relato bíblico de ese Moisés invirtiendo 40 años en atravesar el desierto...

El portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha puesto en duda este jueves que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, vaya a recoger su acta de diputada en la cámara andaluza tras las elecciones del 17 de mayo. “Al margen de los intereses políticos, hay otros intereses que nosotros vamos a decir claramente cuáles son y es si Montero quiere seguir aforada en el Congreso de los Diputados o prefiere seguir aforada por el Parlamento de Andalucía”, ha asegurado en una atención a los medios de comunicación.

En esta línea, Martín ha señalado el papel de Montero como “la número dos del sanchismo” que a su juicio “ha sido sepultado por una montaña de corrupción” en relación a los casos que han aparecido en las últimas semanas, unos casos de los que el portavoz del grupo popular se ha preguntado la posible participación y conocimiento de la exvicepresidenta del Gobierno. “Queremos saber si la vicepresidenta del Gobierno de España con Pedro Sánchez conocía la presuntas actividad ilegales, delictivas e ilícitas de miembros de ese gobierno por los que están siendo investigados y alguno, incluso está en la cárcel”, ha subrayado.

Martín también ha puesto el foco en la posible participación de Montero en el rescate de Plus Ultra, “capitaneado por Zapatero”, en su relación con Leire Díaz o “si sigue poniendo la mano en el fuego” sobre la inocencia del expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán. “Tiene unas obligaciones con los andaluces y con este Parlamento. Y nosotros desde el Partido Popular exigimos respuestas, exigimos que reaparezca”, ha reafirmado a la par que ha lamentado “la desaparición” pública de Montero desde el día de las elecciones.

“Zarrías ha estado en todos los líos del PSOE durante 40 años”

En paralelo, Martín ha valorado la imputación del el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, en el caso que investiga la Audiencia Nacional sobre si se pagó desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas.

“No me sorprende, el señor Zarrías ha estado en todos los líos del PSOE a lo largo de 40 años”, ha destacado en referencia a su condena a nueve años de inhabilitación especial por el caso de los ERE.

Sobre la causa investigada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el portavoz del grupo popular ha calificado de “espeluznante” la posibilidad de que el Gobierno “extorsionara” a miembros del poder judicial. “Se parece demasiado a las prácticas que hacían algunas familias italianas instaladas en Nueva York del siglo pasado”, ha comparado con ironía Martín.

Asimismo, Martín ha lamentado las declaraciones realizadas este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la operación de la UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz. “Me da vergüenza ajena, Sánchez batió claramente su marca personal, tratando, de un modo abierto y sin tapujos, a los 47 millones de españoles como si fueran tontos”, ha aseverado.

Negociación con Vox

Además, Martín ha manifestado que aún “hay tiempo” para llevar a cabo los contactos con Vox de cara a la constitución del Parlamento de la XIII legislatura, que se producirá el 11 de junio, y ha incidido en que las cosas se tienen que hacer “con tranquilidad”.

“No veo que haya tanta urgencia porque hasta el día 11 del mes que viene no se constituye el Parlamento”, ha dicho en el Parlamento, donde un rato antes el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, reprochaba al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que ya hayan pasado “once días” de la celebración de las elecciones autonómicas y aún no haya habido “ningún contacto” entre ambos partidos.

Martín ha querido precisar, ante todo, que su responsabilidad en el PP-A es de ámbito parlamentario, de manera que “desconoce” si se han producido o no conversaciones que tienen que ser “de partido a partido”. Así, se ha remitido a las manifestaciones de Juanma Moreno sobre que “hay tiempo” aún y que en esta semana o la próxima se producirán las “conversaciones” entre PP-A y Vox.

El último medio año de Salvador Illa ha sido especialmente duro. El president de la Generalitat despidió 2025 con optimismo, esperando un inminente acuerdo de financiación autonómica que diera tranquilidad y le permitiera encarar el ecuador de la legislatura con nuevas cuentas. Pero nada de eso ocurrió. Al contrario, desde enero pasado el Ejecutivo catalán ha ido encadenando crisis superpuestas como Rodalies, Educación, Mossos o la propia financiación que han minado su imagen y le han desgastado políticamente.

El acuerdo firmado este martes con Oriol Junqueras es leído en el Govern como un punto de inflexión que permitirá dejar atrás unos meses para olvidar. Los nuevos presupuestos supondrán una inyección muy importante de recursos, que funcionará como bálsamo tanto para dar brío a los servicios públicos como para renegociar con sectores profesionales en huelga, como los educadores.

Pero Illa gana, además de recursos, capital político, una divisa que su Ejecutivo necesita tanto como la pecuniaria. El relato con el que los socialistas llegaron a la Generalitat tras más de una década de procés decía que, a diferencia de la decadencia generada por los independentistas, Illa y los suyos serían capaces de volver a hacer que Catalunya funcionase, con unos servicios públicos en forma y una economía que devolviese a la sociedad catalana al liderazgo perdido.

La gran crisis de Rodalies, que se inició el pasado enero y aún no se ha solucionado por completo, supuso una vía de agua en esas promesas. Pero también el conflicto laboral abierto con los profesores, que estos días están en plena movilización, reflejaba que el manual de gestión despolitizada al que el PSC se había aferrado resultaba insuficiente para gobernar.

Pero el gran problema de Illa ha estado sobre todo en la inestabilidad parlamentaria que no lograba contener. Después de que ERC hubiese advertido de que necesitaba un compromiso del Gobierno central a favor del traspaso del IRPF para apoyar las cuentas, el president optó por un tomar la iniciativa y presentó el proyecto de presupuestos sin contar con los republicanos. Un órdago que salió mal porque ERC no cejó y que le obligó a retirarlos.

Los de Oriol Junqueras venían de pactar un modelo de financiación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en Catalunya prácticamente todo el mundo consideró como un avance importante. La Generalitat dispondría de 5.000 millones de euros anuales más, lo que situaría su financiación per cápita en la parte alta de la tabla por primera vez.

Los republicanos querían redondear ese acuerdo materializando otra cuestión que ya venía pactada con Illa y que era a priori más sencilla: la recaudación del IRPF desde Catalunya. Pero, aunque inicialmente Hacienda se había mostrado abierta a hacerlo, Montero había virado su decisión. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, pronunció la ministra en una llamada desvelada por este diario que acabó de dinamitar la confianza entre Junqueras e Illa.

¿Qué ha ocurrido entre aquel desencuentro y el actual pacto? Interpretaciones las hay para todos los gustos, desde que Junqueras no puede abortar la legislatura porque aún está inhabilitado para presentarse, tal como hacen correr sus críticos, como que en realidad la negociación del IRPF está más madura de lo que ambas partes quieren reconocer, tal como dejan caer fuentes republicanas.

Pero el entendimiento entre republicanos y socialistas es consecuente con la estrategia que ambos siguen desde el inicio del actual ciclo político. Las diferencias son muchas y han quedado de manifiesto en cada embate que ambos han protagonizado. Pero, en las últimas semanas, Illa y Junqueras se han ido acercando al calor de una misma convicción: solo se gobierna con presupuestos. Y ambos, creen, pueden compartir los beneficios de una política que funciona en medio de un mundo donde parece que todo se desmorona.

De desastre en desastre hasta la victoria final. Esa es la consigna en el PSOE tras un ciclo de derrotas autonómicas que tuvo su punto álgido este domingo en Andalucía, donde cosechó el peor resultado de su historia. Lejos de hacer zozobrar los planes respecto a la legislatura estatal, que insiste en apurar hasta 2027, Pedro Sánchez apela una vez más a hacer de la necesidad, virtud. Y a no dedicar demasiado tiempo en lamerse las heridas para apresurarse a utilizar los pactos del PP y Vox como rearme para su propia batalla política personal: la de las próximas elecciones generales.

En la reunión de la Ejecutiva federal de este lunes no se produjo ningún cuestionamiento de la estrategia de Ferraz y Moncloa que ha llevado a coleccionar cuatro derrotas consecutivas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Algunas de ellas, especialmente sangrantes y vinculadas a decisiones que adoptó en primera persona el propio Sánchez, como el envío de ministras a los territorios para liderar candidaturas que han resultado fallidas. En torno a la de María Jesús Montero, que cavó un poco más el suelo histórico socialista en Andalucía, se produjo un absoluto cierre de filas, según los dirigentes consultados que estuvieron presentes en esa Ejecutiva.

Esas mismas fuentes trasladan que la principal reflexión del presidente del Gobierno de puertas hacia adentro tuvo que ver con una lectura muy particular de los resultados que arrojaron las urnas andaluzas este 17 de mayo. Sánchez abrió la puerta al alumbramiento de un supuesto cambio de tendencia que llevaría, según el análisis socialista, a un frenazo en el avance de las derechas. Una reflexión optimista sustentada en el hecho de que el bloque de la izquierda andaluza haya recuperado cuatro parlamentarios en detrimento de las derechas, algo en lo que nada aportó el PSOE, que perdió dos puntos y dos escaños respecto a 2022.

En cualquier caso, el batacazo andaluz y la fallida expedición autonómica de María Jesús Montero contrastan con la sensación de alivio que reina en la cúpula socialista y que tiene que ver con dos razones. La primera, la gestión de las expectativas. Tan bajas, que los 28 escaños alcanzados no son recibidos como una catástrofe. Tanto es así que varios dirigentes aluden a sondeos internos que hasta casi última hora antes del cierre de las urnas rebajaba esa cifra hasta los 25 parlamentarios.

La segunda razón es estratégica y aún más pragmática, porque las derrotas electorales autonómicas de la izquierda han dejado tras de sí un mismo patrón: en todos sitios el PP necesita a la extrema derecha para gobernar. El desgaste de las negociaciones de esos pactos, que ya ha quedado patente en Aragón o Extremadura, así como la asunción de parte de la agenda ultra con medidas racistas y xenófobas como la denominada “prioridad nacional”, supondrán a juicio del PSOE otro torpedo en la línea de flotación de Feijóo en su camino a la Moncloa.

El pronóstico del PSOE es que esa convivencia con Vox que ahora tiene que afrontar hasta Juan Manuel Moreno, paradigma del ala moderada de los populares, facilitará la construcción de un mensaje que ya tuvo réditos para la izquierda en las generales de 2023: que la única alternativa a un Gobierno de Pedro Sánchez pasa, indefectiblemente, por un Ejecutivo con Abascal y los suyos dentro y con una agenda de contrarreformas que laminarán derechos sociales. Una hipótesis plebiscitaria que en la sala de máquinas de la Moncloa están convencidos que tensa y moviliza al electorado progresista.

“El PP ha fracasado. En cada cita electoral se repite un patrón: allá donde dependían de Vox, dependen más. Y donde no los necesitaban, como Andalucía, ahora los necesitan. El Gobierno de España va a estar muy vigilante de los pactos que alcancen”, advirtió, en esa línea, la portavoz socialista Montse Mínguez, que intentó pasar página del fracaso electoral propio para poner el foco en la difícil digestión de la victoria que le espera ahora al PP.

Pero a pesar de los silencios en la Ejecutiva y de que casi nadie se atreva, al menos por el momento y abiertamente, a aventurarse en intrigas orgánicas que enmienden el rumbo del PSOE, la zozobra cunde en muchos cuadros socialistas de Andalucía. Un dirigente andaluz no tiene reparos en calificar de “desastre” la operación política que convirtió a María Jesús Montero en candidata y pide construir, tras ocho años de oposición, un proyecto político de largo alcance verdaderamente pegado al territorio. “Ni el perfil de la candidata, ni el equipo que ha formado, ni la campaña que ha hecho valen para levantar algo nuevo. Hay que empezar de cero. Y cuanto más tardemos, peor”, apunta.

Por ahora, esa catarsis queda bloqueada por los aparatos socialistas de Ferraz y de Andalucía. María Jesús Montero reunió este lunes a su ejecutiva a puerta cerrada en la sede del PSOE andaluz, donde también optaron por relativizar la autocrítica y aferrarse a un incremento de 49.000 votos debidos a la mayor participación.

La foto fija muestra que un partido hegemónico en Andalucía durante 37 años hoy ni siquiera es alternativa lejana al PP de Juanma Moreno. Un análisis que ya pesa sobre los hombros de dirigentes, alcaldes y cuadros medios, pero cuyas consecuencias la cúpula socialista aspira a aplazar al menos un año, hasta después de las municipales de mayo de 2027.

“Hay cierre de filas con María Jesús Montero. ¿Qué mejor candidata que ella? Estamos orgullosos del trabajo que han hecho ella y todos los compañeros del PSOE de Andalucía”, remarcó la portavoz socialista, que descartó que el hundimiento en Andalucía sea extrapolable, bajo ningún concepto, a una convocatoria de elecciones generales.

El PSOE andaluz es un soldado con dos brazos rotos que el domingo por la noche se puso a aplaudir la victoria amarga de Juanma Moreno. Para ellos el “objetivo fundamental” en estas elecciones, explicaron este lunes, era que la participación aumentase significativamente e hiciera perder la mayoría absoluta al PP.

Los socialistas dan por “cumplido” ese objetivo, aunque no sea imputable a su resultado electoral, el más bajo de su historia (caen de 30 a 28 diputados y del 24 al 22,7% del escrutinio). A toro pasado, reconocen que las encuestas les tenían la moral desgastada y que auspiciaban un resultado mucho peor que el que han obtenido.

Doce horas después de la debacle, María Jesús Montero ha reunido a su ejecutiva, a puerta cerrada, en la sede del PSOE andaluz, en la calle San Vicente de Sevilla, adónde han ido llegando, uno a uno, los dirigentes con caras largas. Los socialistas han optado por relativizar la autocrítica y se aferran a un incremento de 49.000 votos, que en parte se debe a la mayor participación, pero es cierto que es el primer repunte en unas autonómicas desde 2018.

También han postergado la catarsis que todos ellos, la primera Montero, mascullan desde el domingo por la noche, conscientes de que un partido con 147 años de historia, que fue hegemónico en Andalucía durante 37 años, no representa hoy una alternativa real al PP de Moreno ni al bloque de las derechas, que copa 68 de los 109 escaños del Parlamento. Ese análisis, aunque haya empezado ya a circular entre dirigentes, alcaldes y cuadros medios, se aplazará un año, hasta después de las municipales, en mayo de 2027.

Ahora lo que toca es un cierre de filas de libro. Ocurrió igual tras la derrota de Juan Espadas en las andaluzas de 2022, cuando Moreno logró una mayoría absoluta rotunda, de 58 escaños, y se impuso 19 puntos por delante del PSOE. Entonces, como ahora, algunas voces internas advirtieron de que el partido arrastraba, desde 2009 o 2010, “un error de diagnóstico” de su crisis interna y “problemas de visión” para interpretar la debilidad del socialismo andaluz.

En 2010, la crisis financiera internacional golpeó de lleno el Estado de Bienestar, obligó a hacer recortes drásticos en el gasto público y las comunidades autónomas, gestoras directas de la sanidad, la educación y las políticas sociales, encajaron el mayor desgaste ante la ciudadanía. El PSOE andaluz, pilotado por José Antonio Griñán, perdió por primera vez las elecciones andaluzas contra el PP de Javier Arenas en 2012, pero pactó con Izquierda Unida para seguir gobernando. Tres años después, en 2015, el PSOE de Susana Díaz volvió a pactar, esta vez con Ciudadanos, para seguir en el poder.

En 2018, los socialistas miraron a su derecha y a su izquierda y ya no tenían con quién pactar. Por primera vez el bloque conservador, fragmentado en tres partidos -PP, Ciudadanos y Vox- sumaban más que el bloque progresista y propiciaron la alternancia política en la Junta de Andalucía. Desde entonces, la federación más numerosa del PSOE ha cambiado tres veces de secretario general y de candidato a las autonómicas, sin lograr recuperar la credibilidad ante los andaluces como alternativa de gobierno.

Montero no ha comparecido este lunes ante los medios, aunque horas antes de reunirse con su ejecutiva ha concedido una entrevista a la Cadena Ser, donde ha confirmado que se tomará posesión de su escaño en el Parlamento andaluz -tras renunciar a su acta en el Congreso- y será la líder de la oposición a Moreno. Le han preguntado si se quedará los cuatro años que dure la legislatura y la líder del PSOE-A no ha querido aventurar tanto tiempo su futuro. “En política eso es mucho tiempo”, dijo.

La exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda lleva 24 años ininterrumpidos gobernando, primero en la Junta de Andalucía, en las administraciones de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, y los últimos ocho años en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ahora tiene 60 años y si la legislatura que ahora echa a andar se agota, tendrá edad de jubilarse cuando termine.

Montero es la menos orgánica de todos los secretarios generales que han ocupado el puesto en el PSOE andaluz, aunque ahora mismo siga ostentando el segundo rango en la dirección federal, después de Sánchez. Tal es así, que no tuvo miedo de nombrar como número dos de su ejecutiva regional a una dirigente joven, que representa un claro salto generacional, como la onubense María Márquez. Muchos intepretaron que estaba allanando el camino a una posible “delfina”, y ella misma fomentó esa idea.

Pero el PSOE andaluz está a años luz de esa encrucijada, porque por delante circula, otra vez, un calendario electoral endiablado: en 2027, si no hay un adelanto de las legislativas, los socialistas andaluces volverán a hacer campaña por Sánchez y por sus alcaldes. El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, es quien ha comparecido este lunes tras la ejecutiva, y ha hecho especial hincapié en centrar todos los esfuerzos de la organización en la próxima campaña de las municipales.

López Gil también ha hecho una lectura algo condescendiente del resultado del PSOE-A en las urnas: “El primer objetivo era quitarle la mayoría absoluta al PP y eso se ha conseguido. Hemos conseguido que la gente vaya a votar. Hemos ido a cada vivienda, a cada buzón, pretendíamos rescatar los servicios públicos, y ese mensaje a calado”, ha dicho, aunque el aumento de casi nueve puntos de participación se debe, sobre todo, al crecimiento espectacular de Adelante Andalucía, que ha duplicado sus votantes y multiplicado por cuatro sus diputados, pasando de dos a ocho.

El diputado electo por Cádiz ha insistido que la pérdida de la mayoría absoluta de Moreno “abre un escenario distinto en Andalucía”, una ventana de oportunidad para lograr lo que ha sido imposible en cuatro años: minar la credibilidad del dirigente popular como un hombre “moderado del PP”. También ha destacado que “el bloque de la derecha es más débil y el de izquierdas es más fuerte”, y ha insistido en que las derechas tienen fidelizado a sus votantes, pero han tocado techo -en torno a 2,3 millones de votos juntos-, mientras que las izquierdas, “especialmente el PSOE”, aún tienen un “déficit” ahí.

Los socialistas han empezado ya la campaña de desmontaje del “personaje Juanma Moreno”, poniendo el foco en la compleja negociación que se abre ahora entre PP y Vox para la investidura y la formación de Gobierno. Por si hubiera alguna duda, López Gil ha descartado de plano la posibilidad de una “abstención técnica” de los 28 diputados del PSOE para hacer presidente a Moreno: “No existe ninguna posibilidad de que el PSOE se abstenga para que gobierne un partido que se ha dedicado a destrozar la sanidad pública y tiene como eje de acción desmantelar las políticas públicas”, ha zanjado.

Los de Montero esperan que ahora uno de los dos protagonistas del nuevo ciclo -o bien Moreno o bien Abascal- “tenga que desmentirse y no cumplir la palabra que dieron en campaña”. “Moreno dijo que iba a gobernar en minoría, sn Vox, y que la prioridad nacional no iba a ser parte de la agenda política del PP. Y Vox dijo que iba a entrar en el gobierno, y que la prioridad nacional iba a ser el eje de la acción del nuevo gobierno”, ha recordado.

El PSOE andaluz, ha subrayado López Gil, inicia ya “la tarea de construir una alternativa de gobierno, primero para las municipales y luego para las generales”. “El futuro no es el que era antes de las elecciones, Moreno sale muy debilitado y desacreditado, se ha dedicado a presumir mucho de ese estilo de política en platós de televisión, y sale muy tocado, pasamos de la 'Vía andaluza a la vía Abascal”, ha concluido.

El PSOE ha convocado su comité federal el próximo 27 de junio y, justo después, los socialistas andaluces se verán en el primer Comité Director, máximo órgano de decisión entre congresos, que será el primer cónclave a gran escala para valorar el resultado de las andaluzas. Como ha ocurrido una y otra vez en el pasado, no se espera que los de Montero entren en catarsis o abran en canal el partido para buscar un diagnóstico y renovar su proyecto y su equipo. La prioridad ahora es “recuperar alcaldías socialistas” y que el próximo Gobierno de España “siga siendo progresista”.

Andalucía ha cerrado este domingo el ciclo electoral que arrancó el pasado diciembre metiéndose de cabeza en el “lío” en el que ya están Extremadura, Aragón y Castilla y León, territorios donde el PP preserva su hegemonía, pero está abocado a pactar con Vox para gobernar.

“El lío” es el sintagma que Juan Manuel Moreno inventó para afrontar sus cuartas elecciones andaluzas, invocando el voto útil para reeditar una mayoría absoluta que diera “estabilidad” a la próxima legislatura. No lo ha logrado por dos escaños.

“Nos hemos quedado muy cerquita”, se lamentó a las puertas de la sede del PP andaluz, en la calle San Fernando de Sevilla, donde docenas de militantes le rodeaban, con caras largas, para celebrar el mejor resultado del partido en toda su historia, y el más agridulce.

El golpe le ha venido del rival más inesperado y el más pequeño. Adelante Andalucía, el partido andalucista, anticapitalista y soberanista que fundó Teresa Rodríguez tras salirse de Podemos, ha pegado una patada al tablero político, logrando movilizar significativamente el espacio de la izquierda por primera vez desde que gobierna el PP (2018).

Un partido que ha pasado de dos diputados a ocho, de tener representación en dos provincias a meterse en seis, que ha conseguido sorpasar a la coalición de siete partidos de Por Andalucía (IU, Sumar, Podemos, etc), pero también a Vox en dos provincias clave, Sevilla y Cádiz.

Los grandes damnificados de la noche son los partidos que conforman el Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha volcado en esta campaña más que en las tres anteriores. El PSOE de María Jesús Montero ha perforado su suelo electoral en una comunidad donde gobernó 37 años consecutivos, pasando de 30 a 28 diputados [de 24 a 22,7%], aunque recupera votantes en unas elecciones andaluzas por primera vez desde 2018 (59.000 más).

Los socialistas imploraron por más participación y más movilización de izquierdas, y las ha tenido, pero le han pasado de largo. A diferencia de 2022, estos comicios constatan que hay un electorado progresista en ebullición, pero en busca de una nueva identidad política, que en este momento ni la representa el PSOE andaluz ni Izquierda Unida, fuerza motriz de la coalición Por Andalucía.

“Nos hemos quedado muy cerquita”

Juanma Moreno se marcó tres objetivos en estas elecciones: consolidar al PP como la fuerza más votada en Andalucía, ganar en las ocho provincias y, por encima de todo, renovar la mayoría absoluta para gobernar otros cuatro años sin las ataduras que la ultraderecha ha impuesto a sus compañeros de partido en las otras tres comunidades. Dos de tres.

Ha perdido cinco diputados [de 58 a 53] y se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta [55], pese a obtener 150.000 votos más que en las elecciones de 2022.

El equipo del presidente andaluz siguió la noche electoral desde la sede del PP-A y, al principio, le costó digerir una victoria incontestable que hace cuatro años habrían celebrado con fuegos artificiales. Al 98% del escrutinio, el silencio se había adueñado de la sede y las caras eran de funeral.

La escena recordaba mucho a aquella victoria amarga de Javier Arenas, en 2012, cuando el PP venció por primera vez en Andalucía al todopoderoso PSOE, pero su coalición con los comunistas le impidió gobernar.

Entonces, los populares andaluces tuvieron que esconder la enorme pancarta de victoria que tenían preparada para desplegar sobre la fachada de su sede: “Mayoría relativa, fracaso absoluto”, tituló en portada el ABC, su diario de referencia. Esta vez el mural sí se ha desplegado: “Gracias Andalucía”.

Tuvo que bajar Moreno las escalinatas de la sede y salir a la calle -donde se montó un atril con un micrófono- para que él mismo le recordase a los simpatizantes del PP andaluz de dónde vienen. “Este resultado era impensable hace sólo siete años, cuando empezamos este proceso de reforma en el PP-A”, les dijo. Sonó la canción que el candidato lleva cantando toda la campaña (Kilómetro Sur) y la militancia se puso a bailar y a gritar “presidente, presidente”.

Los andaluces han refrendado mayoritariamente la gestión de Moreno, sin apenas desgaste tras casi ocho años de gobierno, y con la mayor participación de todas las elecciones a las que se ha presentado (64,79% con el 98% escrutado). Ni el deterioro de la sanidad pública, ni las listas de espera, ni la crisis de los cribados de cáncer, ni la “privatización” de la FP o la universidad que denunciaba la oposición, ni la corrupción que investiga la Justicia en el PP de Almería (donde crecen en 10.000 votos) le han pasado factura.

El PP demuestra una fidelidad de votantes a prueba de balas, de hecho, es el segundo partido -después de Adelante- que más ha movilizado el voto, mejorando su techo electoral, esos 1,5 millones que han conseguido en las últimas cinco elecciones en Andalucía.

La pérdida de cinco diputados, de los 58 que tenía, se debe a que esta vez no se ha repetido la carambola de 2022 que les permitió quedarse con los restos de votos en cinco de las ocho provincias, y ser el gran beneficiado de la Ley d'Hont (“a veces nos beneficia y otras nos perjudica”). Lo que ha frustrado la mayoría absoluta de Moreno ha sido la movilización en el espacio de la izquierda, la participación casi nueve puntos por encima de la de 2022 (56,1%) y el espectacular resultado de Adelante Andalucía, que casi triplica su número de votantes (401.717; hasta el 9,6%) y cuadruplica el número de escaños (de dos a ocho).

El partido que hoy pilota José Ignacio García, alias “El Gafas”, ha encontrado la fórmula para reactivar al voto abstencionista de la izquierda, algo a lo que aspiraba el PSOE y la coalición Por Andalucía.

Con una campaña fresca, un lenguaje muy digerible, mensajes cortos y bien empaquetados, un discurso alegre (dejando atrás la altura moral y las broncas de la izquierda más purista), Adelante Andalucía ha crecido en dos direcciones: Uno, invocando el voto “de cabreo” de los jóvenes que, desde una posición desideologizada, pueden transitar de Vox a una formación de izquierdas en el extremo opuesto del tablero.

Y dos, impugnando tanto a las derechas como a los partidos que conforman el Gobierno de Sánchez por sus “contradicciones” entre lo que dicen y lo que hacen. Este último era un espacio que dejaron vacío los partidos alineados con Sumar, incluso Podemos, tras integrarse a última hora en la coalición que encabeza Antonio Maíllo, coordinador federal de IU.

Teresa Rodríguez, que se apartó de la política para volver a dar clases en su instituto, había roto con IU, había roto con Podemos y rompió con la primera Adelante Andalucía, que en 2022 era una coalición con esas mismas fuerzas fundadoras. El desgaste de los socialistas y los comunistas, muy sacudidos en el Gobierno de España, ha permitido a Adelante erigirse como una alternativa real, como “una izquierda nueva”, como una marca que nace del territorio y no responde a jefaturas en Madrid, aunque sus principios fundacionales son los de Anticapitalistas.

Pero en el éxito de Adelante Andalucía también tiene algo que ver el trato privilegiado que le ha dado Juanma Moreno en esta legislatura. El presidente de la Junta ha reconocido públicamente la “autonomía política” de esta formación, aunque más que un elogio era un dardo indirecto a PSOE y Por Andalucía, a los que siempre ha despreciado como “una sucursal del sanchismo en Andalucía”.

El PP empezó la legislatura dopando política y económicamente al grupo mixto de la Cámara: rehizo el reparto de subvenciones parlamentarias para que tuvieran más recursos y poder funcionar con sólo dos diputados; y les cedió el voto de sus 58 diputados para aprobarles una proposición de ley (la gratuidad de las gafas para los menores de edad) que llegaría al Congreso de los Diputados, condicionando la agenda del Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, Moreno ha terminado la legislatura percatándose de que esa estrategia de alimentar al pequeño para dividir el voto de las izquierdas y recoger el fruto de la Ley d'Hondt se le fue de las manos, terminó contribuyendo a inflar la imagen de Adelante, que llegó disparado en las últimas encuestas de intención de voto y anunciando un sorpaso que nadie se creía. “Adelante nos puede hacer daño en varias provincias”, mascullaba ya el entorno del presidente en los últimos dos días de campaña.

La víctima colateral de ese ascenso de Adelante ha sido la coalición de Maíllo, que aspiraba a diez escaños y se ha quedado con los que tenía. La candidatura de la unidad de izquierdas ha salvado los muebles, pero se ve desplazada por una marca soberanista más en la estela de la coalición que busca el líder de ERC, Gabriel Rufián. El fracaso de Por Andalucía, que recibió el menosprecio de Pablo Iglesias desde el minuto uno, probablemente despertará la placa tectónica de los partidos que orbitan en torno a Sumar en España, aún sin candidato ni referente claro para las generales.

La renovación pendiente del PSOE

El PSOE se ha volcado en agitar la movilización, convencido de que una participación similar a la de las generales de 2023 (66%) les devolvería los 580.000 votantes que perdieron en las andaluzas de 2022. Pero no ha sido así. Quien ha capitalizado la pulsión de cambio en el espacio de la izquierda ha sido un partido que hace siete años no existía.

Montero dibujó estos comicios como un “referéndum por la salud” y ha centrado su campaña en percutir sobre esa idea. La sanidad es el primer problema para los andaluces, según el CIS y el Centra (encuesta financiada por la Junta), pero ese problema no ha cristalizado en una conflictividad social que haga mella en el Gobierno de Moreno. El PSOE, fuerza hegemónica en Andalucía durante 37 años, ha perdido la capacidad de leer e interpretar los cambios en la sociedad andaluza.

Hay factores que jugaron un papel determinante en la mayoría absoluta de Moreno hace cuatro años que no se han repetido en esta campaña y, sin embargo, eso no le ha servido al PSOE para recuperar la confianza y la credibilidad ante los andaluces. Los socialistas no han agitado el miedo a que Vox entrase en el Gobierno andaluz, algo que en 2022 rentabilizó más el PP.

Los socialistas no han entrado en campaña divididos y arrastrando cuitas internas, como ocurrió entonces, y han apostado por una candidata con un nivel de conocimiento altísimo: la exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda.

Pero han vuelto a tropezar en el error de cuestionar a su líder en mitad de legislatura: el mandato anterior lo empezaron con Susana Díaz, la última presidenta socialista de la Junta, y lo terminaron con Juan Espadas, que le ganó unas primarias orquestadas desde la dirección federal. En esta legislatura, Espadas lideró al PSOE andaluz tres años y en el último dio un paso al lado, a petición de Ferraz, para ceder el puesto a Montero.

En ese momento su designación se leyó por todos como un éxito: “Hemos apostado por la mejor que teníamos”. Así se evitó una guerra civil en el socialismo andaluz, cuando la agrupación de Jaén -con ayuda del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, empezó a postular a un candidato alternativo a Espadas, el diputado jiennense Juanfran Serrano, entonces número dos de Cerdán. Fue una transición rápida y pensando en lo orgánico, no en la renovación del discurso y del proyecto del PSOE andaluz.

A los pocos meses se testó desde dentro y desde el PP que “no había efecto Montero”. Al contrario, la candidata estrella puntuaba por debajo de Espadas. Su campaña, en la que apenas ha pisado la calle, con pocos actos y mítines en espacios cerrados y oscuros, demuestra hasta qué punto el PSOE era consciente de la mala imagen que rodeaba a Montero, una dirigente que lleva 24 años gobernando y ahora afronta la difícil tarea de liderar la oposición a Moreno en el Parlamento andaluz, al menos hasta las elecciones generales.

En el seno del PSOE andaluz ha empezado el run run para dibujar la sucesión a María Jesús Montero, pero no ocurrirá hasta que Pedro Sánchez se mida en las legislativas y pasen las municipales de 2027. Los socialistas andaluces no se han aclimitado a su labor de oposición y han visto, impactados, cómo Moreno se adueñaba de todos los símbolos y discursos autonomistas que han identificado las siglas del PSOE durante los primeros 37 años de autonomía, consolidando un perfil “moderado y centrista”. 

Las primeras voces críticas, que ya venían lamentándose en. precampaña, creen que el partido no hizo un diagnóstico acertado en 2012, cuando el PSOE pierde por primera vez las elecciones en Andalucía frente al PP de Javier Arenas. Ese año salvó el gobierno pactando con Izquierda Unida, en las siguientes andaluzas de 2015 volvió a salvarse pactando con Ciudadanos, y en las de 2018, el PSOE miró a su izquierda y a su derecha, y ya no tenía con quién pactar.

La única victoria del PSOE hoy es ver cómo Moreno pierde la mayoría absoluta y puede sacrificar su perfil moderado para conseguir que Vox apoye su investidura. Los de Santiago Abascal se han estancado en Andalucía, donde irrumpieron hace siete años en las instituciones en España y donde lograron el mayor porcentaje de votos del país.

Su campaña, que ha sido un monotema con el lema antiinmigrante de la “prioridad nacional”, sólo le ha dado un diputado más. Han logrado sorpasar al PSOE en Almería, la provincia donde más arraigo tienen y la que cuenta con más población migrante, pero también han visto cómo Adelante Andalucía les quitaba voto joven “cabreado” y les desplazaba en Cádiz -de donde es su candidato, Manuel Gavira- y en Sevilla. Aun así, la gobernabilidad de Andalucía pasa por lo que decida la ultraderecha.

Moreno ya ha estado antes en esta encrucijada, en enero de 2019, cuando obtuvo los votos de los 12 primeros diputados de Vox para ser presidente y gobernó tres años seguidos gracias a que le apoyaron tres presupuestos autonómicos. Mucho del “lío” de aquella primera legislatura quedó opacado por la pandemia del coronavirus, que desvió la atención de las cesiones ideológicas que hizo el PP a Vox en materia de inmigración, igualdad de género, cooperación internacional, memoria histórica, etc...

El Parlamento de Andalucía se constituirá el próximo 11 de junio, será entonces cuando PP y Vox tengan que dar la primera señal de entendimiento para conformar los miembros de la Mesa, órgano rector de la Cámara, que medirá los tiempos y las prioridades políticas de una legislatura ya sin mayorías absolutas.

El bloque conservador acapara 68 de los 109 diputados, frente a los 41 que suman las tres formaciones progresistas. El Parlamento sigue siendo abrumadoramente de derechas, aunque por primera vez retrocede (venía de 71 escaños) gracias al tímido avance de las izquierdas, que ocupaba 37 escaños.