Justo tres meses después de que el Ayuntamiento de Castro Urdiales tumbara el último trámite del convenio con Conservas Lolín, este lunes ha tenido lugar la repetición de aquel Pleno, esta vez por orden judicial, con mismo resultado que entonces.

A pesar de que el juez Luis Acayro Sánchez advirtió en su auto de responsabilidades penales para los ediles que no votaran a favor de la modificación puntual del PGOU que permite la recalificación del suelo de la fábrica de anchoas propiedad del secretario general y portavoz municipal del PRC, Jesús Gutiérrez, los concejales de PSOE, Cs y PP se han abstenido volviendo a rechazar así la aprobación de este polémico convenio urbanístico. 

Y es que el cambio de uso del suelo de industrial a comercial donde actualmente se ubica la conservera era el trámite necesario para poder situar un centro comercial en ese emplazamiento tras el traslado de la fábrica del núcleo urbano a las afueras, al polígono de Vallegón, tal y como contempla el acuerdo aprobado la pasada legislatura entre CastroVerde y PRC. 

Así pues, en un marco de estado de alarma por la crisis del coronavirus, Castro ha escrito un nuevo capítulo de este convenio urbanístico que lleva años generando controversia en el municipio, y que ha tenido al empresario y a su vez portavoz regionalista en el Ayuntamiento en el foco de todas las miradas. 

El Pleno, el primero que se lleva a cabo durante la pandemia, se ha celebrado de manera telemática y en él, la alcaldesa socialista, Susana Herrán, ha anunciado que el Ayuntamiento ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra el auto del juzgado que ha obligado a repetir la sesión, y que ha sido admitido a trámite. 

Según ha explicado la regidora, el recurso señala que el juzgado “no tiene competencia material para pronunciarse sobre recursos contra acuerdos sobre el planeamiento urbanístico, sino que es al TSJC” al que le corresponde. “Los tribunales tienen una función revisora controlando la legalidad de los acuerdos de la administración, pero no pueden sustituir al Ayuntamiento en el planeamiento urbanístico, que admite más de una solución válida”, ha subrayado.

De esta manera, Herrán ha iniciado la sesión recalcando que “el acuerdo adoptado quedará subordinado al pronunciamiento del TSJC sobre el recurso de apelación”. 

Las novedades de este Pleno respecto al anterior, más allá del método telemático empleado, han sido, por un lado, la presencia del grupo popular, que hace tres meses no acudió a la sesión, y el voto en contra del edil de Podemos, que mostrándose contrario al convenio, se ha posicionado a favor de la modificación “contra su libre criterio” por mandato del juez. 

Las argumentaciones de PRC y CastroVerde, ambas formaciones impulsoras de la celebración del Pleno de febrero, han estado sostenidas en el auto del juez Acayro. La portavoz regionalista, Carla Urabayen, en sustitución de Jesús Gutiérrez, que ha tenido que volverse a ausentar por ser parte interesada de la causa, ha acusado al equipo de gobierno de PSOE y Cs de poner “excusas torticeras” para no aprobar la modificación, en referencia, entre otras, al riesgo de inundabilidad que advierten la CROTU y los informes de la Confederación Hidrográfica.

Hasta tal punto ha llegado la ofensiva de la edil del PRC que ha insinuado que los ediles “se dejan llevar por un voto impuesto” por la alcaldesa, y que serán ellos, de manera individual, los que “deberán responder con su patrimonio personal”, a lo que Herrán ha intervenido para pedir “respeto” a la hora de dirigirse al resto de compañeros y que no se hagan ese tipo de manifestaciones sobre qué ocurrirá si no se vota a favor del punto del debate, puesto que se trata de “interpretaciones personales”. 

Así todo, la edil regionalista ha subrayado que el equipo de gobierno “cree que está por encima de la ley” y que “ha podido incurrir en un grave delito actuando de mala fe con faltas de respeto al poder judicial y a la democracia”. “La única decisión política ajustada a derecho es el voto favorable”, ha sentenciado. 

En la misma línea se ha mostrado Eduardo Amor, de CastroVerde, quien ha argumentado que no existe “intromisión de la justicia” en este asunto, sino que el juez ha intervenido “contra decisiones arbitrarias”, señalando que el voto del equipo de gobierno se hizo “por capricho” y no dentro “de las responsabilidades legales”. 

“Es insólito”

La respuesta a estas acusaciones ha venido por parte del actual edil de Urbanismo y portavoz del grupo socialista, Alejandro Fernández, quien ha subrayado como “insólito” que la voluntad de los concejales pueda “verse anulada por el auto judicial que interfiere en el derecho de los ediles a participar y decidir en los asuntos públicos”, tal y como recoge la Constitución.

Fernández ha resaltado “la coherencia” de su grupo, cuyo sentido del voto ha sido el de la abstención en todo este proceso y ha expresado que el expediente “se ha tramitado de forma diligente”, pero que “no está preparado para una aprobación definitiva” por las posibles “responsabilidades” que pudiera acarrear hacerlo para el Ayuntamiento.

Asimismo, tras señalar que el gerente de la empresa “no ha cumplido con el convenio, puesto que no ha acreditado que disponga de una parcela ni de los recursos necesarios”, Fernández ha afirmado que se debería haber redactado un Plan especial para todas las empresas de la zona, puesto que así se da “un trato especial y preferente a un empresario respecto a otros en una situación similar”.

Por su parte, la portavoz del PP, Ana Urrestarazu, ha resaltado que con este convenio el Ayuntamiento “está siendo generoso” ya que, en la línea de lo que ha señalado el portavoz socialista, “la empresa ni ha acreditado la compra de la parcela ni que tiene la solvencia económica para construir y poner en marcha la conservera”. “Lo que hay más bien es, por las declaraciones del gerente de la fábrica, una insolvencia”, ha dicho, haciendo énfasis en que el compromiso del Ayuntamiento es el de “tramitar a la mayor diligencia” la modificación del PGOU si la fábrica acredita esa solvencia. 

Al mismo tiempo, Urrestarazu ha ahondado en “las dudas” que todavía tienen los representantes políticos puesto que los técnicos todavía no las han resuelto, en referencia a la inundabilidad mencionada anteriormente. “Los informes siembran dudas y nadie a día de hoy ha sabido despejarlas absolutamente para dar tranquilidad a los que tenemos que emitir el voto”, ha remarcado. Y también se ha mostrado partidaria de una planificación general para “solucionar los problemas individuales y el interés general”.

En lo que respecta a la postura de Ciudadanos, el otro grupo integrante del equipo de gobierno, su portavoz, José Mari Liendo, ha afirmado que Anchoas Lolín “ha tratado de coartar el libre derecho el voto de los ediles y no ha avanzado en solventar las dudas que se suscitaron en el pasado pleno”. Así todo, no se ha mostrado en contra del proyecto, pero sí ha manifestado que en él se deberían haber incluido a otras empresas de la zona.

Llegado a este punto, la sorpresa ha llegado por parte del único edil de Podemos, Alberto Martínez, quien votó en contra en febrero y que ahora ha decidido votar a favor “tapándose la nariz”. “Hoy me tengo que tragar el inmenso y nauseabundo sapo”, ha dicho, refiriéndose a la actuación de PRC y CV, quienes, a su juicio, “priman el interés privado respecto al público”. 

El próximo lunes, 4 de mayo, se celebrará en el Ayuntamiento de Castro Urdiales el primer pleno tras la declaración del estado de alarma hace seis semanas. Quizás esto no sea digno de atención, pero resulta llamativo que este primer pleno telemático de la historia de la ciudad lo sea para resolver la aprobación del Modificado nº 23 del Plan General, es decir, una cuestión de la “máxima urgencia” para la población de Castro Urdiales, y que este pleno sea el segundo en el que se trata el mismo asunto (la aprobación definitiva del Modificado nº 23 del PGOU) que ya había sido rechazada por falta de la mayoría para aprobar el Modificado y con ello la recalificación de la fábrica de anchoas Lolín. En aquel pleno de 4 de febrero de este año el Modificado no había obtenido la mayoría absoluta necesaria (11 concejales) a pesar de los votos afirmativos de sus valedores, CastroVerde y El PRC (3 + 5 concejales), debido a la abstención de los seis concejales del PSOE y de los dos de Ciudadanos, y el voto en contra del único concejal de Podemos. El sexto concejal ausente del PRC, el dueño de la empresa Anchoas Lolín, Jesús Gutiérrez no asistió al pleno al tener interés directo en el asunto en cuestión. Tampoco comparecieron los tres concejales del PP.

El asunto parecía estar resuelto, pero poco tiempo después aparece en escena el juez Acayro Sánchez y dicta un auto que podríamos calificar como “pintoresco” si no fuera por los intereses que hay en juego en este asunto que, ahora, ya trascienden la mera recalificación de la fábrica de Anchoas para cuestionar los acuerdos que toma el órgano representativo de la democracia local. Un caso inaudito en la democracia española.

El dueño de la fábrica de Anchoas Lolín, portavoz del PRC en el Ayuntamiento y líder de la formación en Castro Urdiales, decide impugnar el pleno, pero sorprendentemente no lo hace yendo por la vía contenciosa contra el acuerdo plenario, sino presentando un incidente de ejecución de una sentencia trece meses anterior que resolvió un recurso contencioso contra el Ayuntamiento que presentaron los dueños del supermercado DIA que se encuentra frente a la fábrica de anchoas. Debe aclararse que aquella sentencia, dictada por Acayro, no lo era contra la aprobación del Modificado del PGOU sino contra la aprobación definitiva del convenio urbanístico en el que se decidió que el Ayuntamiento debería a tramitar el Modificado. (Hago un paréntesis para explicar que el famoso convenio Lolín fue ya tramitado con el compromiso por parte del Ayuntamiento de la redacción de la memoria urbanística; la aprobación inicial del modificado nº 2 del PGOU; el trámite de información pública; la aprobación provisional; y cuando se sometió a aprobación definitiva con otro gobierno municipal, tras las elecciones de mayo de 2019, no obtiene la mayoría absoluta necesaria que exige la legislación para aprobar un instrumento urbanístico).

Con la desestimación de aquella sentencia y la ratificación del convenio para seguir el trámite urbanístico ya se dio satisfacción a la parte demandada, por lo tanto es un disparate exigir en un incidente de ejecución de sentencia que se apruebe definitivamente el Plan General cuando ese plan ya ha sido rechazado. ¿Si el convenio ya se ha tramitado cumpliendo con las cláusulas que comprometían al Ayuntamiento, qué razón hay para solicitar una ejecución de sentencia de un procedimiento, el del convenio, distinto al del trámite urbanístico? Hay una razón que lo explica y ella tiene que ver con la irrupción en escena del juez Acayro, llamado a ser el actor principal para sacar adelante este Modificado nº 23.

El juez Acayro alimenta su posición señalando en su auto que el Ayuntamiento debió no solo tramitar el Modificado, sino aprobarlo, independientemente de que tras las últimas elecciones se produjera un cambio en el equipo de gobierno y en la representación política municipal. Si esto es así, la potestad municipal de planificar el urbanismo no sería el resultado de las deliberaciones en el pleno, de los informes técnicos, del trámite de información pública, o del cambio de criterio en cómo planificar la ciudad. La potestad municipal debería quedar sacrificada por la decisión de un juez, que reclama insistentemente con los dueños de la fábrica el cumplimiento de aquel convenio. Un auténtico disparate. El disparate es aún mayor toda vez que el juez afirma que la posición del nuevo Ayuntamiento es arbitraria, y cuestiona el propio informe de la secretaria municipal en el que se señala que el Ayuntamiento no puede aprobar el Modificado porque el dueño de la fábrica no cumplió la parte que le compromete en el convenio, aquella que decía que debía demostrar que el promotor adquiere una propiedad en el polígono industrial de Vallegón para proceder al traslado de la fábrica y con ello salvaguardar los puestos de trabajo. También se señala en este informe de la secretaria que la zona es inundable y por tanto no podría darse licencia urbanística al nuevo centro comercial que suplantaría la vieja fábrica de anchoas. Esta fue la argumentación expuesta por los concejales que decidieron no aprobar definitivamente el Modificado sobre los que el juez advierte en su auto de responsabilidades penales y multas coercitivas si impiden la aprobación del convenio que, según Acayro, debe significar la aprobación del Modificado. (Abro un segundo paréntesis para decir que los grupos políticos y concejales díscolos con este Modificado siempre mantuvieron una posición contraria o abstencionista, ya fuera en fase aprobación del Convenio, ya lo fuera en fase de tramitación del Modificado; es decir, en las cinco veces que han podido posicionarse nunca votaron a favor de esta operación urbanística que solo ha salido adelante con los único votos de PRC y CV).

El pleno se celebrará el lunes 4 de mayo, después de un insistente trasiego de recursos del Ayuntamiento y autos desestimatorios, el último con la amenaza explícita de multar a la alcaldesa con 1.000 euros diarios si no se celebra el pleno. La gran paradoja es que a pesar de la celeridad en resolver por parte del juez Acayro, con varios autos y providencias que reclaman la obligación de convocar y celebrar el pleno a pesar del estado de alarma, el recurso contra el primer auto que debe resolver el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria duerme confinado. ¿Qué pasaría si el TSJC resuelve declarar nulo el auto del juez Acayro mientras el Ayuntamiento acuerda una decisión diferente de la tomada en aquel pleno, es decir, aprobar el Modificado? ¿Por qué tiene que celebrarse un pleno en cumplimiento de un auto de un juez que ha sido recurrido al TSJC?

El lunes, 4 de mayo, a las 12.00 horas, los concejales deberán ratificar telemáticamente el carácter extraordinario del pleno, y seguramente lo harán, impelidos por el mandato del juez. En el segundo punto del orden del día tendrán que aprobar las normas de procedimiento telemático del pleno, condición para que éste sea válido. Y en el tercer punto se somete, por segunda vez, la aprobación definitiva del Modificado nº 23 del PGOU.

Ignoro lo que harán los concejales, pero este es un caso de conciencia y de inteligencia política que les somete al dilema de sus vidas políticas, en el que el asunto urbanístico queda ya en un segundo plano. La cuestión es si su voto, es el resultado de su voluntad y de sus convicciones o bien es el resultado de la coacción impuesta por un juez (1). Puede que a algunos lectores les parezca muy fuerte que hable de “coacción”, pero es que es muy fuerte lo que está aconteciendo, y no puede entenderse el auto del juez sino como una imposición contra la propia voluntad de los concejales, so pena de responsabilidades penales y administrativas. Se ha llegado a augurar que algunos concejales podrían cambiar su voluntad de abstenerse o de votar en contra del Modificado, y voten a favor por “imperativo del juez” lo que nos coloca en una situación tan inédita como estrafalaria. Imagino que los concejales, que siempre mantuvieron su posición contraria o abstencionista, estarán bien asesorados y sepan que su voto es tan legal y coherente como cualquier otro, y debe ser emitido sin otro impedimento que el que les dicta su razón.

Como decía al principio, la recalificación de la fábrica de anchoas ha entrado en un proceso que va más allá de la operación urbanística y sus consecuencias para la ciudad. Esto ya no va de Urbanismo, esto va de Democracia. Se cuestiona el propio funcionamiento democrático de las instituciones municipales en la que los representantes de la soberanía popular ejercen su voluntad política libremente expresada.

1. Acepciones de la palabra COACCIÓN que da la RAE:

Fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad.

Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción.

El polémico convenio entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y Conservas Lolín ha quedado anulado sobre la bocina. El pleno municipal ha tumbado este martes el acuerdo en el último trámite necesario para que se hiciera efectivo, después de más de cuatro años de controversia en los que el portavoz del PRC, y a su vez dueño de la fábrica, ha estado en el ojo del huracán. 

Y es que de nada le ha servido a Jesús Gutiérrez, concejal regionalista y cabeza de lista en las municipales de 2015 y 2019, haber entregado su acta en la pasada legislatura para que saliera adelante la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para cambiar de industrial a comercial el uso del suelo de su conservera. 

La actual Corporación ha rechazado este cambio en el uso de la parcela en un Pleno extraordinario solicitado por PRC y CastroVerde, las dos únicas formaciones que han votado a favor, tras el dictamen desfavorable de la comisión de Urbanismo hace una semana.

PSOE y Ciudadanos se han abstenido, mientras que Podemos ha votado en contra y el PP no ha acudido a una sesión plenaria marcada por el amplio revuelo mediático que suscita el asunto, así como por la presencia de las trabajadoras y trabajadores de la fábrica manifestándose en defensa de sus puestos.

Y es que la tensión de la jornada ha comenzado a crecer una hora antes de la celebración del Pleno con la concentración convocada por CCOO frente al Consistorio en la que las empleadas han trasladado a la prensa su “preocupación e incertidumbre” que les provoca esta situación. “Entendemos la postura de los políticos del Ayuntamiento pero queremos que nos respeten”, ha manifestado una de ellas. 

A las 12.30 horas de la mañana ha arrancado la sesión en un salón de plenos abarrotado de prensa y de los propios trabajadores de la conservera, expectantes por conocer el desenlace de un Pleno que ya tenían asimilado cuál iba a ser. Al mismo también han asistido la consejera de Presidencia y secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, y el jefe de Gabinete de la Consejería de Obras Públicas, Javier Ontañón, así como el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando y la diputada regionalista y exedil municipal Emilia Aguirre.

La portavoz regionalista, Carla Urabayen, ante la ausencia de Jesús Gutiérrez por ser parte interesada de la causa, ha defendido el “interés general del convenio” alegando, junto a Eduardo Amor (CastroVerde), que “todos los informes son favorables” y criticando la falta de “celeridad” del bipartito PSOE-Cs en la tramitación del expediente. 

Frente a ello, la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), ha defendido que el actual equipo de gobierno lo ha tramitado “de forma diligente”. “Si esto se ha extendido en el tiempo ha sido por toda la tramitación que fue necesaria en la pasada legislatura; no se nos puede achacar a nosotros que se haya demorado en exceso”, ha replicado, enumerando las fechas de los recientes informes de la CROTU a lo largo de noviembre, diciembre y enero, una postura compartida por su socio de gobierno.

Asimismo, la regidora ha reconocido que el PSOE “siempre ha tenido dudas sobre la advertencia de la Confederación Hidrográfica”, en referencia a la zona inundable, al pozo que se cedería al Ayuntamiento y al equilibrio económico-financiero de la empresa. Sobre esto último, Herrán ha detallado que “no está acreditado”, apoyándose en los informes de la secretaria municipal. Y es que, tal y como ha subrayado“, la empresa ”incumple el convenio“ porque ”no acredita la adquisición o uso de una parcela en Vallegón y que dispone de financiación para la construcción y puesta en funcionamiento de la actividad en el polígono industrial“. 

La alcaldesa también ha tenido palabras para los trabajadores de la fábrica presentes, asegurando que entiende su preocupación, pero que los puestos no dependen del Ayuntamiento. “No se puede responsabilizar a los concejales de la situación económica, buena o mala de esta empresa privada”, ha subrayado como ya ha hecho en más de una ocasión. 

Por su parte, desde Podemos, única formación que ha votado en contra, el concejal Alberto Martínez ha rechazado la modificación porque no está de acuerdo con el planeamiento urbanístico de la zona de Brazomar, donde su formación apuesta por “crear zonas verdes y no nuevos espacios comerciales”. “Si en el futuro sucede alguna desgracia, la responsabilidad recaerá sobre quien haya aprobado” esta modificación, ha apuntado en referencia a las advertencias sobre inundabilidad.

Y precisamente sobre esto último, la secretaria municipal ha aclarado que un informe del secretario de la CROTU sostiene que este problema se deberá analizar “cuando se presente el proyecto de la obra”. “Eso para el Ayuntamiento es un riesgo porque la modificación del PGOU plantea la construcción de un edificio en la parcela, y cuando venga Mercadona -el centro comercial que se pretende ubicar en el actual emplazamiento de Conservas Lolín- igual con el proyecto sobre la mesa le tenemos que decir que esa zona es inundable y que ahí no puede construir”. 

Antecedentes

PRC Y CastroVerde sacaron adelante el convenio la pasada legislatura que pretendía el traslado de Conservas Lolín del centro urbano a las afueras, concretamente al polígono de Vallegón, ubicando en su lugar un centro comercial, para lo que era necesario el trámite que este martes se ha denegado. 

Para su aprobación en mayo de 2017, el secretario general del PRC tuvo que abandonar la votación por tratarse de un tema que le afecta directamente, una ausencia que ha tenido que repetir en esta ocasión. Sin embargo, en junio de ese mismo año, el líder regionalista decidió dimitir como concejal, puesto que la modificación puntual del PGOU requiere de una mayoría absoluta que sin su voto no se alcanzaba. 

A pesar de que CastroVerde, que gobernaba en solitario, y PRC, dejaron lo más encarrilado posible el convenio en una legislatura en la que fueron de la mano en reiteradas ocasiones, quedó pendiente este trámite que ahora ha decaído con una composición de la Corporación muy distinta a la de entonces: PSOE y Ciudadanos gobiernan en minoría, y CV y PRC no suman mayoría como entonces.

No obstante, desde Conservas Lolín, y desde el propio PRC, se ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de sacar adelante definitivamente el convenio, alegando que los problemas económicos de la fábrica de anchoas ponen en peligro los puestos de trabajo.

Ante ello, el Ayuntamiento recordó que el traslado de la conservera “no es una decisión municipal”, puesto que “va al margen de la modificación del PGOU”, y que “el Ayuntamiento y el pleno municipal no deben usarse para subsanar la falta de acierto de la gestión privada”.

Así todo, el hermano de Jesús Gutiérrez, Fernando Gutiérrez, gerente de la empresa, emitió un escrito a la alcaldesa, concejales y secretaria advirtiendo de la “responsabilidad administrativa, penal, patrimonial e incluso contable en la que podría incurrir quien actuara de forma desviada en este asunto, no convocando el pleno correspondiente; no asistiendo a la sesión o asistir absteniéndose o votando en contra con el fin de impedir el acuerdo”.

Este documento provocó que todos los ediles de PSOE, PP, Cs y Podemos denunciaran por la vía penal tanto a la fábrica como a su gerente por “coacciones”. “Se nos amenaza con consecuencias personales de todo tipo, penales, contables, por optar a adoptar una posición en el voto, incluso amenazando de las consecuencias de no asistir a la sesión o abstenerse, sobre aquello que la ley no prohíbe, coaccionándonos para la aprobación de ese planeamiento”, recogía la denuncia que todavía no se ha admitido a trámite. 

La federación de industria de Comisiones Obreras de Cantabria ha entrado en el escenario del Convenio Urbanístico y Modificación del Plan General de la fábrica de anchoas Lolín “exigiendo a los políticos que pongan toda la carne en el asador y se impliquen para aclarar la situación, desatascar el problema y velar por el futuro de las 50 familias que trabajan en la conservera”. El desatasco según el sindicato implica la “la materialización del convenio”, es decir, su aprobación, y si no se busquen alternativas para conservar los puestos de trabajo.

Hace bien Comisiones Obreras en ocuparse y preocuparse del futuro de los puestos de trabajo de Conservas Lolín. Esa es su función. Ojalá todos los participantes en el affaire para recalificar la fábrica hubieran mostrado su preocupación a su debido tiempo. Pero creo sinceramente que Comisiones Obreras está errando en la dirección a la que tiene que dirigir sus exigencias.

En el asunto de la recalificación de la parcela de la fábrica de Lolín, ha habido objetivos principales, y secundarios. El objetivo principal del convenio urbanístico ha sido siempre la recalificación, a través del modificado del PGOU, para cambiar el uso de la parcela de la fábrica de anchoas de Industrial a Comercial y permitir con ello la construcción de un centro comercial, Mercadona según se dice. En este asunto el objetivo secundario ha sido el futuro de los trabajadores. El propio convenio lo denomina “actuación accesoria a la calificación urbanística”: trasladar sus instalaciones a una nueva fábrica que se construiría en el polígono de Vallegón, aspecto que se concreta en la primera de las cláusulas obligacionales en la que se dice “el Ayuntamiento no vendrá obligado a aprobar definitivamente la modificación del PGOU hasta que por parte de la propiedad y/o la mercantil titular de la industria se acredite la adquisición de la propiedad o usos de una parcela en El Vallegón, para trasladar la industria existente actualmente en la parcela objeto de este convenio; y que dispone de financiación o recursos suficientes para la adquisición de la parcela, construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones industriales de Vallegón”. Sin embargo, más tarde se añade otra cláusula que permite al empresario un plazo máximo de tres años desde la aprobación definitiva de la modificación del PGOU para poner en funcionamiento la nueva fábrica.

Es decir, por una lado se quiere amarrar un compromiso del empresario para sostener la industria, y por otro se desanuda para dar un plazo de tres años para la puesta en marcha de la fábrica en Vallegón ¿Y en ese plazo adónde se supone que deberían ir los trabajadores? No dudo de que el equipo de gobierno anterior hiciera votos para que la recalificación no pusiera en riesgo los puestos de trabajo, y posiblemente llegó a pensar que el convenio urbanístico era la condición para garantizar el sostenimiento de la fábrica y de sus trabajadores. Un error garrafal; el convenio trata de otra cosa, muy alejada del sostenimiento de los puestos de trabajo, porque esa es una condición que nunca puede depender de la política urbana puesto que está sometida a decisiones empresariales y de mercado que un Ayuntamiento no puede controlar: ¿hay alguna manera de qué un Ayuntamiento pueda evitar un ERE y los consiguientes despidos de parte de la plantilla, si se dieran las condiciones para ello?

En este convenio urbanístico no se habla de trabajadores, ni de sostenimiento de los puestos de trabajo, ni de las 50 familias que según se dice dependen de la fábrica. Y esto, que, como digo, fue cuestión secundaria en la parte dispositiva del convenio, ahora, cuando el Modificado del Plan General se cuestiona seriamente y adolece de la mayoría necesaria para ser aprobado, se convierte en la cuestión principal: el futuro de las 50 familias como ultimátum para doblegar la voluntad de la corporación.

Mucho antes de que CCOO saliera a la palestra, CastroVerde y PRC armaron este enorme lío que ahora pesa sobre los puestos de trabajo, y acecha con una inadmisible presión del empresario conservero a los concejales de PSOE, PP, Cs y Podemos del Ayuntamiento de Castro Urdiales amenazando con responsabilidades personales, civiles y penales, si no dan su aprobación, o se abstienen, en la tramitación del PGOU nº 23. Para entender este dilema hay que decir que el convenio urbanístico se prueba en la anterior legislatura con los únicos votos favorables de CastroVerde y PRC, quienes también aprobaron inicial y provisionalmente el modificado nº 23 del PGOU con la recalificación pactada, y esto fue posible porque ambos partidos sumaban mayoría absoluta. Pero las circunstancias políticas ahora son otras; quien tiene el poder municipal es el PSOE, en coalición con Ciudadanos, que junto con el voto negativo de Podemos y posiblemente del PP, impedirían la aprobación del Convenio. Estos partidos nunca votaron a favor del Convenio ni del Modificado del PGOU, y no soportan ninguna obligación política sobre un Modificado del PGOU que presenta serias dudas jurídicas, sobre todo por la ubicación de la parcela en zona inundable.

En estas circunstancias la exigencia de CCOO dirigida a los políticos para que garanticen los 50 puestos de trabajo “independientemente de lo que pase” llega a mi modo de ver muy tarde y está muy mal dirigida, porque si de lo que se trata es de garantizar los puestos de trabajo en modo alguno estos debieran ser los paganos de la aventura especulativa del dueño de la empresa. No son las decisiones del Ayuntamiento las que ponen en riesgo los puestos de trabajo. Es el empresario el responsable garantizar los puestos de trabajo sea cual sea el futuro de la recalificación de la fábrica. Porque si no es así, nos colocamos en una disyuntiva inadmisible: si hay recalificación se sostienen los puestos de trabajo, y si no hay recalificación se pierden los puestos de trabajo; un ejemplo estupendo para que las empresas desmantelen sus industrias y se dediquen a la especulación urbanística. Comisiones Obreras sabe perfectamente de lo que estoy hablando, y en Cantabria se están dando ejemplos que avisan de estos fraudes.

Si finalmente el Modificado del PGOU es rechazado, quiero pensar que el problema de los trabajadores sea la cuestión principal, es decir, que su futuro no dependa de una cláusula urbanística que ellos no han negociado, ni en la que han sido partícipes. Para ello, el empresario y los trabajadores, con la colaboración de la administración competente, deben garantizar que las instalaciones actuales de la fábrica de Lolín sigan siendo operativas para garantizar los puestos de trabajo, durante el tiempo que sea menester hasta que el Ayuntamiento, con la mayoría necesaria, vislumbre un futuro para el conjunto de la zona industrial de Brazomar útil para la ciudad y en la que no se arriesgue la situación laboral de los trabajadores.

La alcaldesa de Castro Urdiales ha salido al paso de las acusaciones vertidas por el PRC, principal partido de la oposición, en las que denunció que la regidora socialista “antepone sus intereses personales a los generales del municipio” por “retrasar”, en palabras de los regionalistas, “de forma maliciosa” la aprobación en Pleno de la modificación del PGOU para convertir el suelo en el que se ubica Conservas Lolín de industrial a comercial.

“Resulta paradójico que el partido cuyo portavoz municipal es el dueño de Conservas Lolín lance acusaciones sobre 'intereses personales' en lo que atañe a la fábrica con el Ayuntamiento”, ha respondido Susana Herrán. Y es que el secretario general y portavoz municipal del PRC, Jesús Gutiérrez, es a su vez propietario de esta empresa, para la que se aprobó un convenio con el Consistorio que permite su traslado del entorno urbano al polígono de Vallegón, en un Pleno en el que Gutiérrez tuvo que ausentarse de la votación porque le “afectaba directamente”.

En este sentido, la regidora socialista sostiene que “el traslado de Conservas Lolín no es una decisión municipal” ya que “va al margen de la modificación del Plan General para cambiar el uso de la parcela de industrial a comercial y poder instalar un centro comercial”. “Si no se traslada es porque no quiere”, ha recalcado.

Además, Herrán ha explicado que “la aprobación de la modificación del PGOU se llevará a cabo siempre y cuando los informes correspondientes aclaren de forma nítida la situación”. Y es que tal y como ha detallado, en los documentos recibidos tanto de la CROTU como de Costas “se hace referencia a la advertencia que hace la Confederación Hidrográfica de que se trata de una zona inundable”. “Hasta que esta situación no esté aclarada por los informes municipales no será posible llevarlo a Pleno a pesar de las presiones y faltas a la verdad del PRC”, ha subrayado la alcaldesa del municipio.

Finalmente, Herrán ha recordado que “el Ayuntamiento y el pleno municipal, aunque como concejal debería saberlo, no deben usarse para subsanar la falta de acierto de la gestión privada”, en referencia a la situación crítica que padece la fábrica. “La alcaldesa y este equipo de gobierno se apoyan en los informes técnicos adjuntos para cumplir estrictamente la legalidad”, ha concluido.

Polémico convenio

El convenio suscrito entre Conservas Lolín y el Ayuntamiento de Castro estuvo cargado de polémica la pasada legislatura en la que gobernaba CastroVerde, hasta el punto de que Gutiérrez, entonces también portavoz municipal del PRC, dimitió como concejal para garantizar su aprobación definitiva, ya que se requería de mayoría absoluta y él tenía que ausentarse de la votación.

CastroVerde y PRC han solventado este miércoles otro trámite para el traslado de Conservas Lolín al polígono de Vallegón. Y lo han hecho en la Comisión de Desarrollo Territorial, de nuevo votando conjuntamente, a favor de la Modificación Puntual número 23 del Plan General de Ordenación Urbana que permitirá el cambio del suelo de uso industrial a comercial, para que se pueda ubicar en la parcela de la fábrica un centro de esta índole.

Tras la aprobación inicial en el Pleno de noviembre, queda pendiente el visto bueno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) antes de su aprobación definitiva. Por su parte, el resto de formaciones de la Corporación Municipal -PSOE, PP y MasCastro- se han abstenido en esta Comisión, en la que se han desestimado la mayoría de las alegaciones y se han recogido algunas advertencias de Costas.

La polémica ha marcado todo el proceso de aprobación de este convenio cuyo protagonista es el secretario general del PRC y candidato a la Alcaldía, Jesús Gutiérrez, y dueño de la conservera, quien dejó su acta de concejal en mayo de 2017 para que saliera adelante un acuerdo entre Ayuntamiento y empresa que le afecta directamente.

No es la primera vez que regionalistas y municipalistas, que gobiernan en solitario desde hace dos años, votan iniciativas conjuntas, hasta el punto de que por parte del resto de partidos de la oposición se han llegado a verter insinuaciones de un “pacto oculto”, extremo que ambas formaciones niegan.

Y es que, además de en los polémicos proyectos de la fábrica de anchoas y del teatro Ágora, PRC y CV también han ido de la mano en la aprobación de los presupuestos municipales. Los regionalistas dieron su apoyo hace un mes al equipo de Gobierno para que pudiera sacar adelante sus primeras cuentas de la legislatura, con el voto en contra del resto de grupos de la Corporación.

Equo Cantabria insta al alcalde de Castro Urdiales a que abra un expediente de investigación con el objetivo de “identificar y recuperar el suelo público presuntamente usurpado por la Fábrica de Lolín”. A través de un escrito de 40 páginas, el partido ecologista presenta “pruebas que indicarían de forma fehaciente” la citada apropiación. 

Equo niega que la parcela actual de la conservera tenga 6.178 metros cuadrados, tal y como figura en el Registro de la Propiedad, ya que, según denuncia esta formación, en esa superficie se habría incluido el suelo peatonal que según el Plan General de Ordenación Urbana debería haberse respetado, y sin embargo, “se metió dentro de los muros de la fábrica tras su construcción en el año 1998”.

Así pues, los cálculos que se exponen en el escrito determinan que al menos 650 metros cuadrados de suelo público “habrían ido a engrosar de forma ilegal la propiedad de la Fábrica de Lolín”. Además, para el partido ecologista la venta del denominado “sobrante de vía pública” llevada a cabo en 1997 por el Ayuntamiento a Notna S.L. -sociedad propietaria de la parcela de la fábrica- “sigue generando dudas sobre su legalidad”.

Es por ello, que exige acceder al expediente para que se aclare por qué dicha empresa “no pagó las 3.731.400 pesetas en las que se valoró ese 'sobrante', y en su lugar esa cantidad fue compensada, tres años después, por una deuda que el Ayuntamiento mantenía con esa sociedad”. 

No es la primera vez que Equo denuncia esta presunta usurpación de suelo público por parte de la Conservera Lolín. Lo hizo cuando impugnó el convenio entre el Ayuntamiento y la fábrica antes de que fuera aprobado en Pleno el pasado mes de mayo con los votos a favor de CastroVerde -formación que gobierna en solitario en el municipio- y del PRC, con el objetivo de trasladar la fábrica de anchoas, situada en el entorno urbano del municipio, al polígono industrial de Vallegón.

El entonces portavoz y concejal de los regionalistas castreños, Jesús Gutiérrez, tuvo que ausentarse de la votación por ser el dueño de la conservera y, por tanto, tratarse de un asunto que le “afecta directamente”. Días más tarde, dimitió de su cargo para garantizar la consecución de citado acuerdo urbanístico, hecho que desencadenó dimisiones en el seno del partido. 

“Pasividad y responsabilidad penal”

Equo Cantabria denuncia la pasividad del equipo de gobierno tras aprobar el convenio urbanístico desoyendo la advertencias de apropiación presentadas por la propia formación ecologista, así como por Podemos, MASCastro y varios particulares. “Sorprende mucho que ni siquiera se haya ordenado hacer un estudio previo para comprobar la certeza de los indicios de usurpación”, sostiene este partido.

A pesar de que estos hechos, por haberse producido en 1998, habrían prescrito, no implica, según Equo, que “los miembros de la corporación estén exentos de responsabilidades penales por acción o inacción”.

En este sentido, el partido ecologista pretende que este escrito “sirva para que se cambie la actitud del equipo de gobierno y el alcalde ordene la apertura de un expediente de investigación” y, además, solicita la suspensión del convenio “para salvaguardar los intereses públicos”.

Dimiten dos integrantes del Comité Local del PRC de Castro Urdiales liderado por el secretario general, Jesús Gutiérrez, quien recientemente renunció a su acta de concejal en el Ayuntamiento de este municipio para garantizar la consecución del convenio entre el propio Consistorio y Conservas Lolín, empresa de la que es copropietario.

Luis Alonso Fernández y María Maciel González detallan en una carta dirigida al secretario de organización de la formación regionalista de Castro, Lucio Miguel Díaz, los motivos de su dimisión. “El compromiso de Jesús Gutiérrez de llevar a cabo un Comité participativo no solo ha sido olvidado sino que ha muerto”, subrayan en la misiva, ya que “desde hace muchos meses no lo reúne para contribuir activamente en las decisiones que afectan al municipio”.

Esto se cumplió, según afirman, durante “los primeros meses, tanto en el periodo electoral como cuando ya teníamos representación en el Ayuntamiento”. Sin embargo, ambos firmantes señalan como punto de inflexión “la primera propuesta del entonces equipo de Gobierno” en relación al transporte urbano conocido como Castrobus.

Recalcan que, en ese momento, Jesús Gutiérrez “votó a favor en la Comisión Municipal y la opinión contraria a dicho contrato en el Comité -fechado a 30 de mayo de 2016- le obligó a votar en contra en el Pleno”. “El ambiente de los sucesivos comités, según expresa él, se fue deteriorando hasta que tomó la decisión personal de no seguir convocando este órgano para decidir la postura del Grupo Municipal en el resto de los Plenos convocados hasta la fecha”, relatan.

Así pues, Alonso y Maciel denuncian que desde entonces “no han tenido oportunidad de opinar, valorar y votar ninguna de las posiciones que ha tomado el Grupo Municipal”. Ponen el foco en “temas tan importantes para la ciudadanía como el contrato definitivo del Castrobus, las lonjas juveniles, la OCA, el edificio Ágora, el depósito de La Loma y, por supuesto, el convenio urbanístico de la Fábrica Lolín que, por cierto, se ha convertido en la sede oficiosa del PRC de Castro”.

En consecuencia, ponen de manifiesto que “la decisión personal” del líder del partido “de romper su compromiso”, les ha parecido “una deslealtad al menos para con los firmantes”, que, tal y como afirman, “confiaron en su palabra y le apoyaron y ayudaron a ser elegido secretario del PRC de Castro”.

La decisión de dimitir, tal y como detallan en la carta, “comenzaron a plantearla al ver que no se convocó ninguna reunión de Comité previa al Pleno del pasado martes 30 de mayo”, -donde se aprobó el convenio- y “la confirmaron al finalizar el Comité del jueves 1 de junio”, fecha en la que este medio adelantó la renuncia al acta de concejal del secretario general.

“Primera y somera explicación”

Durante esta reunión, “de carácter extraordinario y urgente”, Jesús Gutiérrez les ofreció, en palabras de Alonso y Maciel, “su primera y somera explicación hasta la fecha, sobre los beneficios para el municipio del convenio urbanístico de la Fábrica Lolín, acompañada de una prolija y detallada exposición sobre el desarrollo de la negociación durante año y medio con los diferentes partidos políticos, sus líderes tanto a nivel regional como local, los diferentes miembros de la Corporación y los técnicos tanto regionales como locales”.

Expusieron, por tanto, su postura de que “debería haberse informado sobre ese asunto antes del Pleno”, a lo que varios concejales allí presentes, según sostienen, manifestaron que “para qué había que convocarlo, que el sentido del voto en ese punto era evidente y que desde cuándo se llevaban al Comité los puntos que se iban a votar en el Pleno”.

Finalmente, hacen hincapié en la misiva que su decisión de dimitir es “independientemente de su opinión personal” sobre la aprobación del convenio urbanístico -sobre lo cual inciden en que “no se les ha informado convenientemente-, así como de la de renuncia al acta de concejal y portavoz del PRC en Castro.

Gutiérrez “justifica” su dimisión, en sus propias palabras que se recogen en la carta, para “seguir manteniendo nuestra postura de poner por delante los intereses generales de los particulares”. A pesar de ello, los firmantes recalcan que “ha estado negociando el convenio urbanístico durante más de año y medio (casi la totalidad de lo que llevamos de legislatura), como copropietario de la Fábrica Lolín, siendo al mismo tiempo concejal del Ayuntamiento de Castro Urdiales”.

“Lamentamos que la ilusión que compartimos con los demás miembros del Comité al formar este equipo y, que sigue figurando en el logo 'Ilusiónate', haya pasado a ser para nosotros, una inmensa desilusión”, concluyen.

El convenio, firmado entre el Ayuntamiento y la empresa conservera y aprobado en el Pleno del pasado 30 de mayo, tiene como objetivo el traslado de la fábrica de anchoas, situada en el entorno urbano del municipio, al polígono industrial de Vallegón.

Sin embargo, para que se haga efectiva su consecución, debe aprobarse una modificación puntual del PGOU de Castro -que recalifique la parcela donde se emplaza la fábrica de uso industrial a comercial- para la que es necesaria la mayoría absoluta de la Corporación municipal.

A través de la renuncia al acta, Gutiérrez garantiza el apoyo que necesita para obtenerla, puesto que él se tendría que ausentar en la votación por tratarse de un asunto que le “afecta directamente”.

El secretario general del PRC de Castro, Jesús Gutiérrez, atribuye su dimisión como concejal a la ruptura del pacto de gobierno por parte de CastroVerde con el PSOE, su socio al frente del Consistorio desde las elecciones Municipales de 2015 hasta el pasado mes de abril.

Tal y como adelantó eldiario.es, el líder de la formación regionalista en el municipio, ha hecho oficial este viernes en rueda de prensa su renuncia al acta, maniobra a través de la cual garantiza la consecución del convenio entre el Ayuntamiento y la conservera Lolín, de la que es titular.

En su lugar, entrará a formar parte de la Corporación el actual presidente de la Junta Vecinal de Santullán, Julián Revuelta, número 7 en la candidatura regionalista en los citados comicios. Por su parte, Emilia Aguirre asumirá la portavocía que deja vacante el secretario general.

“No me voy, me aparto y me apartan las circunstancias”, ha subrayado Gutiérrez. Ha recalcado que su dimisión “no hubiese pasado si no se hubiese roto el pacto de gobierno” porque los socialistas “han sido uno de los actores principales en el convenio”.

En este sentido, hay que recordar que el pasado martes se aprobó en el Pleno ordinario el citado convenio por mayoría simple con los votos favorables de los siete ediles de CastroVerde y tres de los cuatro del Grupo Regionalista, con la ausencia de Jesús Gutiérrez por tratarse de un asunto que “le afecta directamente”.

Sin embargo, para hacerse efectivo, es necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para convertir el uso del suelo donde se emplaza la conservera de industrial a comercial, que pretende ser trasladada al polígono de Vallegón.

Por tratarse de un instrumento urbanístico, su aprobación requiere de mayoría absoluta, objetivo que el secretario general del PRC y dueño de la fábrica de Lolín consigue con su renuncia al acta y con la presencia de otro concejal regionalista en su lugar.

Así pues, Gutiérrez ha recriminado a los socialistas que se abstuvieran en la votación del Pleno cuando “han estado en toda la tramitación del expediente y estaban encantados de seguir adelante con el proyecto porque entendían que era bueno para Castro”.

“La sorpresa fue que el PSOE se abstuviera y sobre todo que dudaran de lo que se estaba votando, por eso quiero pensar que va a haber momentos convulsos en la vida política castreña”, ha manifestado.

Con ello, se ha referido a la petición de moción de censura por parte del concejal del Grupo MásCastro, Demetrio García, en la pasada sesión plenaria. Ha afirmado que la mencionada iniciativa política no puede hacer al PRC “salirse del debate”. “No vamos a consentir que una cosa que tiene interés público como es el convenio que se convierta en un interés privado, y por eso yo me aparto”, ha argumentado.

En consecuencia, ha mostrado su rechazo a que el apoyo a su convenio dependa de hacer lo propio con una posible moción de censura, de la que hablaba anteriormente. “El debate tiene que ser político, no si Jesús Gutiérrez va a sacar el convenio por cambiar cromos o no”, ha apostillado.

Asimismo, ha hecho hincapié en la “independencia” de su Grupo Municipal que, según ha recalcado, les ha llevado a “ser seguro el partido más creíble de los que hay en Castro” y de la que “hacen gala al apoyar o criticar al equipo de gobierno cuando lo han creído oportuno”.

“Lo que no podemos consentir”, ha expresado Gutiérrez, es que “siendo yo uno de los firmantes del convenio por parte de Conservas Lolín, este grupo al que tanto quiero y admiro pueda perder su independencia, por lo que me aparto, no me voy”.

Finalmente, a preguntas de la prensa ha asegurado que se presentará a la reelección para las Municipales de 2019 si obtiene el respaldo de los militantes. “Si lo tengo me presentaré y si no, ayudaré a la persona que creamos conveniente en el partido para que sea el futuro alcalde de Castro”, ha sentenciado.

En lo referente a las críticas ciudadanas que consideran que está “defendiendo y primando sus intereses personales por encima del bien público” ha señalado que “son las mismas personas que hace una semana decían que tenía que dimitir por coherencia y transparencia, pero van a ver como el PRC va a traer inversiones estando en la oposición”.

Reacciones

Podemos Castro ha criticado en un comunicado “la falta de ética del portavoz del grupo municipal del PRC, Jesús Gutiérrez”. Para la formación morada, es “indignante que deje su cargo una vez que ha conseguido sus objetivos personales”. Asimismo, este partido ha puesto el foco en que el cambio de edil “facilitará la consecución de lo que era su objetivo al entrar a formar parte de la corporación: lograr su beneficio personal, no el beneficio de la comunidad”.

“Desde Podemos entendemos que conseguir un acta de concejal implica tu voluntad de trabajar por el bien de la ciudadanía y esta actitud pone en evidencia una forma de hacer política contra la que Podemos lucha, que no vela por el bien general sino por el personal y que, por desgracia, es muy conocida en Cantabria”, ha concluido.

El portavoz del Grupo Municipal del PRC en Castro Urdiales, Jesús Gutiérrez, renunciará al cargo de concejal que ocupaba desde las pasadas elecciones municipales de 2015, según ha podido saber este medio a través de fuentes cercanas al partido. En su lugar, entrará a formar parte de la Corporación el actual presidente de la Junta Vecinal de Santullán, Julián Revuelta, número 7 en la candidatura regionalista en los citados comicios. 

Este acontecimiento se produce dos días después de que el Pleno aprobara el convenio entre el Ayuntamiento y la conservera Lolín que tiene como objetivo el traslado de la fábrica de anchoas, situada en el entorno urbano del municipio, al polígono industrial de Vallegón. 

El pasado martes se aprobó por mayoría simple con los votos favorables de los siete ediles de CastroVerde y tres de los cuatro del Grupo Regionalista, puesto que Jesús Gutiérrez, concejal y titular de la fábrica, tuvo que ausentarse en ese punto- tal y como él mismo expuso antes de abandonar la sala- por tratarse de un asunto que le “afecta directamente”.

Posteriormente, para hacerse efectivo, es necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para convertir el uso del suelo donde se emplaza la citada conservera de industrial a comercial.

Para su aprobación “se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones”, según el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, por tratarse de un “instrumento urbanístico”. 

Es por ello que, tal y como ha venido contando este medio, CastroVerde y el PRC necesitaban el apoyo de al menos otra formación política para materializar el convenio, puesto que los 10 votos favorables que permitieron su aprobación, no serían suficientes para hacer lo propio con la modificación del PGOU, ya que Jesús Gutiérrez se tendría que ausentar de nuevo por el mismo motivo.

A través de esta maniobra, el secretario general de los regionalistas castreños se garantiza la aprobación por mayoría absoluta de dicha modificación, y con ello, la consecución del convenio entre el Ayuntamiento y su empresa conservera. 

Perfil

Jesús Gutiérrez, empresario y exdiputado autonómico, fue elegido secretario general del PRC en Castro Urdiales en febrero de 2015 en sustitución de Alodia Blanco, tras imponerse en la Asamblea Municipal de Militantes a Demetrio García, el otro candidato y actualmente concejal en el Ayuntamiento por el partido MásCastro. 

En este proceso obtuvo 286 votos frente a los 151 de su rival en las urnas y aseguró entonces que el reto era “ganar las elecciones” que se celebraron en mayo de ese mismo año. “No tengáis ninguna duda, lo vamos a conseguir, seguro”, dijo en su intervención tras ser elegido por los militantes. 

Tres meses después, el resultado no fue el que esperaba. En las elecciones locales, el PRC quedó como tercera fuerza política obteniendo 4 concejales, por detrás de los 7 de CastroVerde, actualmente en el Gobierno, y los 5 del PP. 

Por su parte, Julián Revuelta,  número 7 en la candidatura regionalista en los citados comicios, será quien asuma ahora el acta de concejal que deja libre Gutiérrez. En 2011, como alcalde de la pedanía de Santullán, abandonó las filas del PSOE para presentarse en las municipales de ese año con el PRC, reelección que se dio tanto en aquellas como en las últimas de 2015. 

CastroVerde y el PRC necesitan el apoyo de al menos otra formación política para materializar el convenio entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y la conservera Lolín aprobado esta semana en el Pleno ordinario del mes de mayo con los votos favorables de los propios regionalistas y del equipo de Gobierno (CV).

Se trata, por tanto, del primer paso para la consecución de este acuerdo que tiene como objetivo el traslado de la fábrica de Lolín, situada en el entorno urbano del municipio, al polígono industrial de Vallegón. Para que esto pueda hacerse efectivo es necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que convierta el uso del suelo donde se emplaza la conservera de industrial a comercial.

En la sesión plenaria celebrada el pasado martes se aprobó el convenio por mayoría simple con los votos favorables de los siete ediles de CastroVerde y tres de los cuatro del Grupo Regionalista, puesto que Jesús Gutiérrez, concejal y titular de la fábrica, tuvo que ausentarse en ese punto -tal y como él mismo expuso antes de abandonar la sala- por tratarse de un asunto que le “afecta directamente”.

El Ayuntamiento, tras sacar adelante el convenio, se compromete a llevar a cabo la citada modificación del PGOU que deberá someterse a información pública. Sin embargo, según recoge el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales “se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos que corresponda adoptar en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística”.

Así pues, los 10 votos favorables que permitieron la aprobación del convenio no serían suficientes para hacer lo propio con la modificación del PGOU, lo que se traduce en la necesidad para ambas formaciones de obtener el apoyo de al menos otra formación política de la Corporación que haga posible la mayoría absoluta.

CastroVerde ha manifestado a este medio que “son conscientes de ello” y que “esperan conseguir ese apoyo”. “Sí, ¿por qué no? En el Pleno tampoco hubo una gran oposición, se abstuvieron todos menos MásCastro”, ha subrayado Elena García Lafuente, responsable de Comunicación del equipo de Gobierno. “De aquí a entonces pueden cambiar de opinión, o no”, ha puntualizado.

“En las comisiones nosotros intentamos convencer de que esos puntos son buenos para la ciudad y deben apoyarse, luego depende de cada grupo”, ha señalado la edil, al tiempo que ha recordado que todo ello “lleva un proceso de tramitación larga”.

Polémica

Este convenio ha sido sujeto de polémica desde que se dio a conocer y entre particulares y formaciones como Equo y Podemos Castro presentaron seis escritos de alegaciones que apuntaban una serie de irregularidades en torno al mismo.

Concretamente, denunciaban, entre otras cosas, un “conflicto de interés económico, directo y personal” del concejal y dueño de la conservera, así como que se trata de un acuerdo “contrario a derecho y que falta al interés público”. Finalizado el plazo para la exposición de alegaciones, se resolvieron en menos de una semana y dictaminaron que el acuerdo “no es jurídicamente incompatible”.

Queda pendiente además, una puntualización que presentó el concejal del Grupo MásCastro, Demetrio García,- único voto en contra del convenio- en la que señalaba que no era posible su aprobación puesto que “afecta a terceros” y puede tener “cargas hipotecarias”.

Sobre ello, tuvo que manifestarse la secretaria municipal apuntando que “no es necesario conocer” si presenta cargas dicha parcela hasta que “se apruebe la modificación puntual del PGOU”.

El voto favorable de CastroVerde, formación que gobierna en solitario en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, y del Grupo Municipal Regionalista ha hecho posible la aprobación, en el Pleno ordinario celebrado este martes, del convenio urbanístico entre el propio Consistorio y la conservera Lolín, de la que es propietario el empresario y concejal del PRC Jesús Gutiérrez. 

En una sesión plenaria marcada por la presencia de varios puntos en el orden del día susceptibles de generar tensión entre los diferentes grupos de la Corporación municipal, la aprobación de este convenio se presentaba como uno de los más polémicos. Y así lo ha sido, sobre todo en el cruce de argumentos a favor y en contra entre regionalistas y el Grupo MásCastro a través de su único concejal, Demetrio García.

Con la ausencia del concejal y titular de la fábrica en el citado punto por tratarse de un asunto que le “afecta directamente” -como él mismo ha expuesto antes de abandonar la sala-, el convenio ha salido adelante por mayoría simple, con 10 votos favorables -7 de CV y 3 del PRC-, las abstenciones de los concejales socialistas y populares y el voto en contra de MásCastro. 

Este acuerdo tiene como objetivo el traslado de la fábrica de Lolín, situada en el entorno urbano del municipio, al polígono industrial de Vallegón, para lo que es necesario una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para convertir el uso del suelo donde se emplaza la citada conservera de industrial a comercial. 

A este convenio se presentaron seis escritos de alegaciones de particulares y formaciones como Equo y Podemos Castro que apuntaban una serie de supuestas irregularidades en torno al mismo. Finalizado el plazo para su exposición, se resolvieron en menos de una semana y la Comisión de Urbanismo dio luz verde al convenio para su aprobación en el Pleno. 

En sus respectivas intervenciones, el portavoz de CastroVerde, Eduardo Amor, y Emilia Aguirre, por el PRC, sustituyendo al ausente Jesús Gutiérrez, han defendido las respuestas que se dieron en las alegaciones, que aseguraban que se trata de un convenio que “concilia el interés general con el del empresario” y que “jurídicamente no es incompatible”. Por tratarse de un convenio y no de un contrato “no está inhabilitado”, han apostillado. 

Asimismo, Aguirre ha hecho hincapié en que “el principal interesado en que todo sea transparente es el PRC”, por “afectar directamente” al propio Jesús Gutiérrez, y ha lamentado que, “con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, haya quien quiera posponer por posponer” la aprobación de este convenio. 

El PP, por su parte, ha manifestado que no se opondría pero ha expuesto dos objeciones: que ese proceso no se lleve a cabo solo en esa parcela, es decir, que se haga lo mismo con el resto de empresas que se encuentran en la zona, y que los 950 metros cuadrados que se ceden al Ayuntamiento, recogidos en el acuerdo, sean de otra zona y no bajo cubierta.

Al respecto, el portavoz de la formación política que actualmente dirige el Consistorio ha señalado que “ojalá el resto de las empresas hubiesen venido desde un principio y hubiésemos podido hacer una tramitación integral del Plan General, pero no se lo podemos imponer”. Asimismo, ha subrayado que en la cesión de ese espacio se ha tratado de “encontrar un punto de equilibrio”.  “¿Podría ser mejor? Seguro, pero se ha buscado equilibrio para ambas partes”, ha apuntado para apoyar su argumento. 

“El Ayuntamiento pierde”

El más beligerante con este asunto ha sido el concejal de MásCastro, Demetrio García, quien ha manifestado su rotundo rechazo a este convenio puesto que “el Ayuntamiento pierde con él”. Al mismo tiempo, ha puesto sobre la mesa una cuestión que ha requerido la aclaración de la secretaria municipal. Afirmaba que no era posible su aprobación puesto que “afecta a terceros” y puede tener “cargas hipotecarias”.

La secretaria, por su parte, ha señalado que “no es necesario conocer” si presenta cargas dicha parcela hasta que “se apruebe la modificación puntual del PGOU”. Sobre este asunto, se ha manifestado el Grupo Socialista, quienes tampoco han querido ser “un impedimento” en la votación, pero sí han solicitado que lo que apuntaba el concejal de MásCastro, constase en el acta.

Queda pendiente, por tanto, que se someta a información pública la citada modificación, y que exige, en este caso, por tratarse de un instrumento urbanístico, la mayoría absoluta de la Corporación municipal para su aprobación definitiva en el Pleno del Ayuntamiento, según apuntan distintas fuentes a este medio.