El hasta ahora secretario general de Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rafael Perezagua, ha cesado en su cargo a petición propia.

Este cese ha sido aprobado este martes en Consejo de Gobierno, tal y como confirman a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

Asimismo, se ha aprobado el nombramiento de Javier Úbeda como secretario general de Presidencia, hasta ahora coordinador general de la Delegación de la Junta en Toledo, y que fue alcalde de Quintanar de la Orden entre 2003 y 2011.

Trayectoria de Perezagua

Rafael Perezagua ha ejercido como secretario general de la Presidencia de Castilla-La Mancha desde 2015 hasta la fecha, como responsable de la coordinación general de la Presidencia, relaciones institucionales y comunicación del Ejecutivo regional.

Fue designado presidente de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha (2016-2026), impulsando proyectos de promoción cultural, turística y patrimonial, ejerciendo como patrono de la Fundación Colección Roberto Polo y miembro de la Real Fundación de Toledo.

Entre 2022 y 2023 fue jefe de Gabinete de la Presidencia de Castilla-La Mancha, desempeñando la coordinación política y técnica de la Presidencia; planificación de agenda institucional y supervisión de actos institucionales.

Además, fue concejal y teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Toledo, desde 2003 a 2015, como responsable de las áreas de Movilidad y Seguridad Ciudadana; secretario de la Junta de Gobierno Local y portavoz del Gobierno Municipal.

Fue jefe de gabinete en las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente e Industria entre 1995-2003, y asesor del delegado del Gobierno y Gobernador Civil de Toledo entre 1991 y 1995, y secretario de la Comisión Provincial de Extranjería.

Miembro activo del PSOE y la UGT desde 1981, ha ocupado cargos orgánicos en la Agrupación Socialista de Toledo y en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha. Su participación ha sido constante en asociaciones vinculadas a la inclusión social, la psicomotricidad y la promoción cultural. Además, ha sido defensor del trabajo en red y la colaboración público-privada.

Aunque celebró dos plenos extraordinarios para aprobar iniciativas pendientes, el Congreso de los Diputados se encuentra desde el pasado 1 de julio fuera del periodo de sesiones. La actividad ordinaria volverá a la Cámara Baja el 1 de septiembre, después del parón veraniego, en el que será el último curso político de la legislatura. Y el legislativo encara esta recta final con decenas de iniciativas bloqueadas, y no solo de la oposición, sino también del propio Gobierno y sus aliados, que tendrán que acelerar si quieren aprobar antes del fin del mandato ocho normas clave, entre las que se cuentan la ley del cine, la de familias, la nueva ley de secretos oficiales o la largamente retrasada reforma de la ley mordaza.

Esta última, la nueva ley de seguridad ciudadana que debería sustituir a la norma aprobada en 2015 por el PP —y vigente 11 años después pese al rechazo unánime de la izquierda—, es una de las iniciativas cuya tramitación se encuentra más avanzada. No obstante, pese a que el Gobierno pactó con EH Bildu y ERC reactivar su reforma a finales de 2024 y a que, en un principio, se fueron superando etapas parlamentarias a buen ritmo, el texto lleva más de un año varado. El verano pasado se produjo una reunión informal entre el PSOE y varios de sus aliados (en concreto, Sumar, EH Bildu, PNV y ERC) para intentar desbloquear la tramitación, pero no se logró ningún avance. Y desde entonces apenas se ha producido algún intercambio de documentos que no ha servido para resolver los desacuerdos.

Tal es el estancamiento de la negociación que la ponencia —el órgano reducido del Congreso con representación de todos los grupos donde se da forma al texto final que posteriormente se somete a votación— ni siquiera se ha reunido en 2026. Los motivos de esta parálisis son varios. Podemos, por ejemplo, apuesta porque se establezca en la ley un plazo concreto para prohibir el uso de pelotas de goma como material antidisturbios, así como que la norma prohíba el rechazo en frontera de inmigrantes que entren de manera irregular en España. Por su parte, PNV y EH Bildu han chocado en relación a asuntos como el principio de autoridad de las fuerzas policiales, en la que los de Aitor Esteban tienen una posición mucho más firme que los abertzales. Y, en el cada vez más competido tablero del nacionalismo vasco, mantienen un pulso por no permitir al otro que se apunte la medalla de haber tumbado una ley tan impopular como la mordaza.

En el capítulo de normas cuya aprobación lleva prometiendo años el Gobierno, pero que terminan en un cajón también destaca la ley de familias. El texto ya se quedó sin aprobar la pasada legislatura. Y, aunque desde entonces han entrado en vigor algunas de sus medidas estrella —por ejemplo, los permisos de cuidados, aprobados por decreto a finales del anterior mandato—, el grueso del texto, que supondría más apoyo para las familias monomarentales o ampliaría el alcance de la ayuda por hijo a cargo, sigue congelado en el Congreso. El proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo a la Cámara Baja nada más comenzar la legislatura, en marzo de 2024, pero desde entonces PSOE y Sumar —con discrepancias sobre el alcance que debe tener la norma— han evitado darle prioridad: ya suma nada menos que 83 extensiones del plazo que tienen los grupos para presentar enmiendas, lo que, en la práctica, supone que la tramitación está paralizada.

En la misma situación se encuentra el proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud, un texto a través del cual el Gobierno pretendía recuperar la cartera común de servicios única, cerrar la puerta a la posibilidad de establecer nuevos copagos, ampliar el círculo de titulares del derecho a la sanidad pública y prohibir expresamente cualquier forma de pago a cambio del trasplante de órganos. El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en la primera mitad de 2024 y llegó al Congreso en mayo, pero desde entonces no ha avanzado ni un centímetro: la Mesa, en la que tienen mayoría PSOE y Sumar, ha prorrogado 71 veces el plazo de enmiendas al texto. El pasado marzo, eso sí, el Gobierno aprobó por decreto reforzar el acceso a la sanidad pública para extranjeros que residen en España de manera irregular.

Asimismo, duerme el sueño de los justos desde que fue enviada a la Cámara Baja en julio del año pasado otra de las leyes cuya reforma lleva años prometiéndose, pero nunca llega: la de Información Clasificada, conocida popularmente como la ley de secretos oficiales. Hasta cinco veces ha dado el Congreso luz verde en las últimas legislaturas a iniciar los trabajos para esta reforma, siempre a iniciativa del PNV, por lo cual el Gobierno tomó el toro por los cuernos y presentó su propio proyecto de ley en 2025. La norma establecería plazos de desclasificación automática de los documentos confidenciales, que podrían permanecer bajo secreto un máximo de 60 años y no indefinidamente, como hasta ahora. Pero el propio Ejecutivo ha dejado languidecer su proyecto: son ya 31 las ampliaciones del plazo de enmiendas que PSOE y Sumar han aprobado para congelar su tramitación.

Dos leyes más a mitad de su tramitación

Algo más avanzados en su tramitación se encuentran otros dos proyectos de ley que, sin embargo, el Gobierno también tiene pendientes de rematar en la recta final de la legislatura: la largamente esperada ley del cine y la ley orgánica de protección de menores en entornos digitales. Estas iniciativas legislativas han superado la fase de enmiendas en el Congreso y se encuentran siendo negociadas por los grupos parlamentarios en fase de ponencia, aunque los avances que han registrado unos y otros son dispares.

Las conversaciones que se encuentran más avanzadas son las de la ley del cine, especialmente después de que el pasado junio se desbloqueara su tramitación tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno con Junts para que la norma establezca que se dedique a las lenguas cooficiales un porcentaje de recursos del fondo de fomento del cine y el audiovisual, así como que se otorguen incentivos a las salas que proyecten más películas en catalán, euskera o gallego. La intención del Ministerio de Cultura es aprobar definitivamente la ley antes de fin de año, aunque el Ejecutivo ha retrasado sus plazos en varias ocasiones desde que enviara el texto al Congreso en 2024.

Menos avanzado se encuentra el debate sobre la ley de protección de menores en entornos digitales. La ponencia de la norma, el órgano en el que los grupos parlamentarios tienen que dar forma al texto, se constituyó el pasado abril, pero antes del parón veraniego no había terminado sus trabajos. Con el texto, el Gobierno pretende regular el acceso de los niños y adolescentes a las redes sociales, prohibir a los menores la adquisición de las conocidas como loot boxes en videojuegos por su potencial adictivo y establecer la obligatoriedad de que las webs con contenido pornográfico o violento establezcan sistemas de verificación de edad para sus usuarios.

También se encontraba varada la norma que regulará la actividad de los lobbies, así que el Gobierno decidió aprobarla vía decreto ley en el Consejo de Ministros. El texto, que ordena la creación de un registro “estatal, público y obligatorio” de los grupos de interés, deber ser convalidado en el plazo de un mes en el Congreso.

Dos proposiciones de Sumar

Más allá de los proyectos de ley del Gobierno, también se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso varias normas propuestas por Sumar en diferentes puntos de su tramitación parlamentaria. De ellas destacan dos. La primera es la ley orgánica que reformaría el Código Penal para eliminar del mismo varios delitos que restringen la libertad de expresión; al igual que la ley de secretos oficiales, la propuesta es un clásico de las últimas legislaturas que nunca ha llegado a aprobarse. El segundo, la reforma de la ley de comercio exterior de material de defensa para establecer de manera automática —sin que el Gobierno deba hacerlo discrecionalmente— embargos de armas “a aquellos Estados que hayan sido demandados ante un tribunal internacional” por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, como es el caso de Israel.

La primera de estas dos normas llevaba varada en el Congreso desde que Sumar la presentó en 2024. No obstante, el pasado junio, la formación anunció un acuerdo con el PSOE para desbloquear la tramitación de la propuesta, que contempla acabar con cinco delitos recogidos en el Código Penal: injurias a la Corona, ultraje a los símbolos nacionales, ofensa a los sentimientos religiosos, calumnias a las altas instituciones del Estado e injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. En principio, en la Cámara Baja existe mayoría para que la iniciativa sea aprobada con los votos de los partidos que sustentan el Gobierno junto a los de sus habituales aliados, incluido, en esta ocasión, Junts. No obstante, esa mayoría ya existía la pasada legislatura y la norma —que entonces planteó Unidas Podemos— languideció hasta la disolución del parlamento.

Por el contrario, la segunda de las proposiciones de ley tiene bastante peor pronóstico. En junio de 2025, PSOE y Sumar acordaron impulsar la iniciativa que permitiría establecer un embargo total al comercio de armamento y material de doble uso con cualquier país denunciado ante instancias internacionales por crímenes de guerra o contra la humanidad, así como prohibir que otros países utilicen España como país de tránsito para exportar este tipo de productos. No obstante, esa proposición de ley quedó olvidada dado que, tres meses después, en septiembre de 2025, el Gobierno aprobó un decreto para dar sustento jurídico al embargo de armas a Israel. Esta prohibición de importar y exportar material de defensa, sin embargo, únicamente afecta al Estado hebreo: a diferencia de lo que proponía Sumar, la ley no establece un embargo automático para las naciones acusadas ante cortes internacionales.

Ya es oficial: Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, los ediles que apoyaron a Javier Ortega Smith en su cruzada contra la cúpula de Vox, han pasado a ser concejales no adscritos del Ayuntamiento de Madrid. Después de que Ortega Smith, uno de los fundadores del partido junto a Santiago Abascal, fuera expulsado como miembro (y portavoz) del Grupo Municipal, sus principales aliados en Cibeles han seguido esa misma senda: se había anunciado que ambos reanudarían el curso político en septiembre como no adscritos, al igual de Ortega Smith. Pero no fue hasta el pasado 7 de agosto, en el ecuador del verano y con la actividad parlamentaria paralizada, cuando una resolución del presidente del Pleno ha formalizado su expulsión.

En ella, Borja Fanjul acredita las formalidades del expediente disciplinario interno de expulsión una vez revisada la documentación remitida por la Secretaría General de Vox, con Ignacio Garriga a la cabeza. Los dos ediles que ahora pasan a no adscritos habían remitido al Juzgado número 51 de Madrid antes del parón estival un escrito de desestimación de las medidas cauterales que presentaron contra su expulsión de Vox. Ansaldo sí presentó el pasado 7 de agosto alegaciones ante la Secretaría del Pleno, órgano que las desestima, de modo que sigue adelante el procedimiento administrativo vinculado al expediente de expulsión de Vox y su paso a no adscritos.

De este modo, el curso político arrancará en Cibeles con tres ediles no adscritos (Ortega Smith, Ansaldo y Toscano), definidos por el artículo 33 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el ROP, como aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia.

El mismo Reglamento aclara que “cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos”. Esto es, el Grupo Municipal Vox queda compuesto por Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal.

Una iniciativa por cada dos plenos

La resolución firmada por Fanjul ante la situación de Ortega determinó que estos ediles podrán presentar una iniciativa cada dos plenos ordinarios y una cada cuatro comisiones de área de Gobierno. En el actual mandato 2023-2027 son cuatro los grupos políticos municipales (PP, Más Madrid, PSOE y Vox) que pueden presentar entre todos un máximo de 24 iniciativas, esto es, seis por grupo, de las que solo cuatro pueden ser comparecencias, a razón de una por grupo.

Aplicando el criterio proporcionalidad, y dado que la Corporación la integran 57 concejales, resulta que cada edil no adscrito podrá presentar una iniciativa cada dos sesiones ordinarias del Pleno, indica la resolución. Conforme a lo previsto en el ROP, además de proposiciones y mociones de urgencia, los concejales no adscritos pueden presentar, en las sesiones ordinarias del Pleno tanto preguntas como interpelaciones pero no comparecencias ya que el ROP las reserva a la iniciativa de un grupo político o de la quinta parte de los concejales.

Los turnos y tiempos de intervención de los concejales no adscritos, en la deliberación de los asuntos que se sustancien en el Pleno y respecto de los cuales la Junta de Portavoces haya decidido que habrá intervenciones se determinarán por este órgano. En ningún caso podrán superar el tiempo asignado a cada grupo ni ser inferiores a un minuto.

En la sustanciación de las iniciativas presentadas por el propio concejal no adscrito se mantendrán los tiempos establecidos en el ROP o acordados en su caso en Junta de Portavoces, salvo decisión expresa de Ortega para reducirlos. En el caso de la sustanciación de las iniciativas que no sean presentadas por el propio concejal no adscrito, el tiempo de intervención del concejal se establecerá por acuerdo de Junta de Portavoces. La cuestión del voto en el Pleno no presenta ninguna especialidad computando de igual forma que si el concejal no adscrito estuviera integrado en un grupo municipal.

A petición de Ortega, en su caso, se nombrará al concejal no adscrito como miembro titular de la comisión o comisiones del Pleno en las que solicite integrarse, sin que pueda ser suplido en caso de ausencia al no estar integrado en un grupo municipal.

En el actual mandato 2023-2027, entre los cuatro grupos políticos municipales pueden presentar un máximo de doce iniciativas, esto es, tres por grupo, de las que solo cuatro pueden ser comparecencias, también una por grupo. Teniendo en cuenta que la Corporación la integran 57 concejales, cada concejal no adscrito podrá presentar una iniciativa cada cuatro sesiones ordinarias de la respectiva comisión en la que figure como miembro y solo podrá ser comparecencia una de las iniciativas cada doce sesiones ordinarias.

Los concejales no ascritos pueden presentar preguntas

Conforme a lo previsto en el ROP, los concejales no adscritos pueden presentar en las sesiones de las comisiones permanentes preguntas y ruegos. Los turnos y tiempos de intervención de los concejales no adscritos en la deliberación de los asuntos que se sustancien en las comisiones y respecto de los cuales la Junta de Portavoces o la Presidencia de la comisión haya decidido que habrá intervenciones, se determinarán por los citados órganos de la comisión y no podrán superar el tiempo asignado a cada grupo ni ser inferiores a un minuto.

En la sustanciación de las iniciativas presentadas por el propio concejal no adscrito se mantendrán los tiempos establecidos en el ROP o acordados en su caso en Junta de Portavoces, salvo decisión expresa del edil para reducirlos. En las comparecencias que no sean presentadas por el no adscrito, el tiempo de intervención del concejal se establecerá por acuerdo de Junta de Portavoces.

Con el fin de garantizar que el sistema de mayorías respete la representatividad existente en el Pleno, las comisiones del Pleno en las que se integre algún concejal no adscrito y mientras se mantenga en ellas, funcionarán mediante voto ponderado, tal y como recoge la Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid. En relación con el voto ponderado, éste respetará la misma representatividad contemplada actualmente en el Pleno en sus votaciones, de forma ponderada entre los distintos miembros que forman parte de la comisión.

Imputaciones, investigaciones judiciales, comisiones parlamentarias, filtraciones y acusaciones cruzadas forman parte de la actualidad política española. Mientras unos denuncian campañas de persecución política y otros exigen responsabilidades, la ciudadanía asiste a un escenario que vuelve a situar la confianza en los representantes públicos en el centro del debate.

Más allá de nombres propios, partidos y campañas de comunicación, estos episodios actúan como un recordatorio de una realidad que muestran las encuestas desde hace años: la profunda desconfianza que una parte importante de la ciudadanía siente hacia la clase política. Lejos de ser acontecimientos aislados, contribuyen a reforzar la percepción de que representantes y representados habitan mundos cada vez más distantes.

Con independencia de la fuente consultada, ya provenga de instituciones públicas o de empresas privadas de investigación, los estudios coinciden en reflejar una percepción persistentemente negativa de la ciudadanía hacia la política en general y hacia los políticos en particular.

Según la IV Encuesta sobre la Calidad de la Democracia en España, publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas el 6 de julio de 2026, el 75,3% de las personas encuestadas está “muy o bastante de acuerdo” con la afirmación de que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente. Asimismo, solo un 20,5% se declara “muy o bastante” satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España, frente a un 56,9% que afirma estar “poco o nada” satisfecho.

Ante este diagnóstico, ya no bastan campañas de comunicación en Instagram y TikTok o estrategias orientadas a mejorar la imagen pública. La cuestión de fondo es otra: ¿está la clase política dispuesta a asumir que recuperar la confianza ciudadana exige mucho más que gestionar su reputación?

Como muestra el Gráfico 1, la desconfianza hacia los partidos políticos no constituye un fenómeno coyuntural, sino una tendencia consolidada a lo largo del tiempo. Desde 1996 a 2024, una amplia mayoría de la ciudadanía manifiesta tener “poca o ninguna confianza” en los partidos políticos, alcanzando valores superiores al 70% durante buena parte del periodo analizado. Aunque en 2024 se aprecia una ligera recuperación de la confianza respecto a los años anteriores, el predominio de la desconfianza continúa siendo muy acusado. Más que una fluctuación puntual de la opinión pública, estos datos reflejan un desafío estructural para la calidad de la democracia y para la relación entre representantes y representados.

Ante esta situación, es habitual escuchar diagnósticos rápidos. Se habla de apatía ciudadana, de desinterés por la política o de desencanto democrático. Sin embargo, quizá la pregunta más interesante no sea por qué la gente desconfía de los políticos, sino qué nos está diciendo esa desconfianza sobre la sociedad en la que vivimos.

La desconfianza no siempre es apatía

El malestar ciudadano no debe interpretarse únicamente como un problema. También puede entenderse como una señal de alerta. Cuando una parte importante de la población expresa desconfianza, cansancio, frustración o irritación hacia quienes la representan, está enviando un mensaje. Está diciendo que espera más de la política. Que no acepta determinados comportamientos. Y que no está dispuesta a dar por buenas ciertas explicaciones.

El libro Una mirada sociológica a la vida cotidiana, recientemente publicado por la editorial Síntesis, menciona que este hartazgo tiene una doble lectura. Por un lado, es preocupante porque erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Pero, por otro, revela que la ciudadanía sigue siendo crítica, exigente y capaz de cuestionar a quienes ejercen el poder.

Que la gente esté harta de la política no es necesariamente una mala noticia. Significa que sigue prestando atención. Que no traga con cualquier discurso. Que mantiene expectativas sobre quienes gobiernan y legislan. El verdadero problema aparece cuando esa frustración se cronifica y acaba convirtiéndose en resignación, cinismo o indiferencia.

La política que vemos y la política que existe

Cuando encendemos la televisión, abrimos una red social o leemos determinados titulares, la sensación es que la política española vive instalada en una confrontación permanente. Broncas parlamentarias, acusaciones cruzadas, declaraciones altisonantes y enfrentamientos que parecen no tener fin.

El libro La teatralización de la política en España (2024), propone una idea sugerente: gran parte del conflicto político que percibe la ciudadanía es, en realidad, una escenificación. La teatralización adopta formas muy diversas: insultos, descalificaciones, zascas, gestos exagerados, acusaciones personales o intervenciones diseñadas para convertirse en titulares y viralizarse en redes sociales. Todo ello forma parte de una lógica comunicativa que premia la visibilidad y la confrontación.

La paradoja es que, mientras la ciudadanía observa ese espectáculo, una parte importante de la actividad política transcurre por caminos mucho menos llamativos. Negociaciones, acuerdos, transacciones y votaciones compartidas que rara vez ocupan las portadas o los informativos.

Cuando el ruido ocupa todo el espacio, los acuerdos dejan de verse. Cuando el conflicto se convierte en espectáculo permanente, la ciudadanía acaba percibiendo que sus representantes están más preocupados por derrotar al adversario que por resolver problemas.

Por ello, la desafección política se alimenta de una combinación de factores: la percepción de que las instituciones no responden adecuadamente a determinadas demandas sociales, la creciente distancia entre ciudadanía y representantes, y la forma en que la política se comunica, se representa y se consume en la vida cotidiana.

Un malestar que va más allá de las urnas

Cuando esta percepción de distancia se prolonga en el tiempo, la desconfianza deja de afectar únicamente a la valoración de los representantes políticos. Poco a poco, comienza a condicionar la forma en que las personas se relacionan con la política, con las instituciones e incluso entre sí. Sus efectos trascienden el ámbito electoral y terminan proyectándose sobre la convivencia cotidiana.

No es casual que el informe Atlas de la Polarización 2025 mostrara que una parte importante de la población evita hablar de política para no discutir, abandona grupos de WhatsApp por cuestiones ideológicas o incluso rompe relaciones personales debido a diferencias políticas. Uno de cada cinco españoles vivió una discusión fuerte en las cenas de Nochebuena o Nochevieja del año anterior a la realización del informe.

La frustración colectiva puede convertirse entonces en un terreno fértil para propuestas que encuentran en el enfado una oportunidad política. Pero conviene no confundir las consecuencias con las causas. El problema principal no es que existan actores dispuestos a capitalizar el malestar. El problema es que existe un malestar previo que lleva años acumulándose.

Si la desconfianza responde a causas profundas y termina afectando al funcionamiento de la propia democracia, parece difícil pensar que pueda resolverse únicamente mediante campañas de comunicación o estrategias destinadas a mejorar la imagen pública de los representantes. La cuestión de fondo no es cómo parecer más cercanos, sino cómo volver a construir una relación de confianza entre la ciudadanía y sus instituciones.

La credibilidad se construye lentamente. Requiere coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, transparencia, rendición de cuentas y una capacidad real para responder a los problemas que preocupan a la población. También exige una forma de hacer política en la que el acuerdo no quede eclipsado ni por el espectáculo ni por la confrontación permanente sustituya al debate público.

Quizá expresiones como “los políticos van a lo suyo” nunca desaparezcan por completo. Pero una democracia de calidad no puede resignarse a que formen parte del lenguaje cotidiano. La política necesita comunicar mejor, sí. Pero, sobre todo, necesita volver a hacerse de una manera que merezca la confianza de la ciudadanía.

Cuando hablamos de élites solemos pensar en grandes fortunas, consejos de administración o reuniones discretas entre personas poderosas. Andrés Villena (Elche, 1980) invita a mirar más allá. Este profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid sostiene que no funcionan como una conspiración, sino a través de redes estables de confianza e influencia tejidas durante décadas entre grandes empresas, Administración, judicatura, universidades, fundaciones y medios de comunicación que sobreviven a gobiernos, crisis y cambios políticos. En el libro Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939 (Libros del KO), dibuja cómo se construyen esas relaciones y, en esta conversación, analiza por qué esas estructuras han cambiado mucho menos de lo que parece desde el franquismo, cómo condicionan la política y la economía, y hasta qué punto la meritocracia y el ascensor social son más una excepción que la norma. Villena escribe en la sección de opinión de elDiario.es.

¿Por qué las élites tienen hoy una connotación tan negativa?

Elites viene de “elegidos”, para dirigir el mundo o, por ejemplo, para dirigir un país. En este contexto, en el que tenemos crisis financieras recurrentes, pandemias y un escenario de incremento de las desigualdades absolutamente disfuncional, buscamos culpables.

Hay economistas que defienden que son necesarias para que una sociedad prospere. Argumentan que, en un determinado momento, crean valor. Figuras como Rockefeller, Stanford o Carnegie industrializaron Estados Unidos con el petróleo, el ferrocarril o el acero. O, más recientemente, todo el ecosistema que ha creado Tesla es muy interesante, más allá del personaje de Elon Musk. ¿Cree que las élites crean valor también para la sociedad o que son puramente extractivas?

Habría que hacer esa diferencia entre lo extractivo y lo funcional. Todos necesitamos liderazgo e imágenes que imitar. Cuando surge un presidente negro como Barack Obama está dando un mensaje importante, o cuando surge un tenista en España como Rafael Nadal o un tipo como Miguel Induráin. Son personas extraordinarias que sobresalen, bien por genética, bien por el contexto en el que se han formado. El problema es cuando ese liderazgo se estanca y, por ejemplo, en el caso español, nuestra economía financiera dedica más tiempo a ganar dinero que a producir valor. A partir de ese momento, las élites se convierten en extractivas y en un freno para el progreso. Pero es imposible vivir sin élites. En el propio 15-M se formaron liderazgos. No podemos aspirar a una sociedad sin diferencias, pero tenemos que cuidar la igualdad de oportunidades.

En nuestro país seguimos siendo diferentes y hablamos de unas élites absolutamente irresponsables. Siempre hemos tenido élites, pero ¿hasta qué punto son élites patrióticas? Durante el franquismo, en el año 56, apareció un tipo como Falciani. El caso Falciani ya se dio en el año 56 o 57 con otro suizo que se llamaba Laurent Rivara, un agente de la actual UBS, que vino a España con una carpeta con centenares de familias defraudadoras que ya en el franquismo mantenían el dinero fuera. Y, bueno, los apellidos son los de siempre. Los de Neguri, Botín-Sanz de Sautuola, los Entrecanales… Gente que eran los capitanes de la industria del momento y el dinero lo tenían fuera, o bien lo habían sacado durante la guerra y no lo habían metido. Las propias élites económicas no se creían el país y tenían ese carácter claramente extractivo. Es curioso porque años después, con el caso Falciani, salían otra vez las mismas familias. Eso indica que, además, la cosa no cambia demasiado.

En nuestro país las élites son absolutamente irresponsables. Ya en el franquismo mantenían el dinero fuera. Los apellidos son los de siempre: los de Neguri, Botín-Sanz de Sautuola, los Entrecanales… Gente que eran los capitanes de la industria del momento y el dinero lo tenían fuera. (...) Años después, con el caso Falciani, salían otra vez las mismas familias

Quizá el problema no es que existan, sino su falta de renovación. Volviendo al caso de Estados Unidos, esos tres apellidos que decía antes son muy importantes, pero ahora, por ejemplo, los apellidos de las élites son otros: Elon Musk, Bezos, Bill Gates, Zuckerberg... En España, en cambio, son los mismos desde hace décadas. ¿Por qué desde 1939 las instituciones que sostienen el poder económico han cambiado mucho menos de lo que parece? ¿A qué atribuyes este gatopardismo?

En España las familias y los apellidos siguen siendo muy importantes. Puede ser un carácter particular del capitalismo español, a diferencia del norteamericano, que es un capitalismo que nace y progresa sin aristocracia. Por eso los J. P. Morgan se llamaban Morgan I, Morgan II, porque no eran apellidos nobles. La nobleza tira a través de redes educativas, de pactos, de matrimonios, y eso les permite mantenerse. Fíjate, por ejemplo, en el matrimonio del alcalde de Madrid. ¡Qué casualidad! Un abogado del Estado, de una familia que está entrecruzada con la monarquía, se casa con una Urquijo veinte años menor. Nadie puede decir que eso sea un matrimonio planificado, pero socialmente sí está mediado. Este tipo de cruces o de parejas ocurren en todos los puntos de la élite, porque todos se conocen en clubes y en lugares exclusivos. Y eso contribuye a mantener el poder político y el poder económico. A lo mejor en Estados Unidos hay una capilaridad más fuerte y una cultura de la inmigración diferente. Pero, bueno, aquí entra Blackstone, que es un fondo de inversión que compra muchos pisos, y el delegado en España es Claudio Boada, hijo del que fue presidente del Instituto Nacional de Industria con Franco.

¿Qué es lo que cohesiona a las élites en España? ¿No funciona entonces el ascensor social ni la meritocracia?

Las redes se mantienen por los lugares educativos a los que van y por todos estos clubes en los que la gente que se tiene que conocer se conoce. Y tú acabas conociendo, enamorándote y relacionándote con las personas a las que conoces. Luego hay otros elementos de cohesión sobre los que a veces se pasa por encima, como son las fundaciones y las patronales empresariales. Son lugares para coordinar estrategias o para ayudar de forma caritativa, pero también para conocerse. Y cuando te vas al patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción te encuentras a Isidro Fainé, a Florentino Pérez... Ese tipo de articulaciones de la élite no es casual.

Entonces, ¿funciona el ascensor social y la meritocracia en España? Difícilmente. No sé si esto se debe al carácter relativamente atrasado del capitalismo español en relación con otros países, a los cuarenta años de autoritarismo, a la influencia de la Iglesia... Es verdad que en otros países también hay familias que están donde tienen que estar, como en Inglaterra o en Francia; hay dinámicas parecidas. Pero en España parece que se mantienen en mayor medida porque aquí no tuvieron que convertirse a las democracias occidentales en 1945. Al final, allí también esas élites tuvieron que aceptar una cierta redistribución de la riqueza. Eso, sumado, por ejemplo, al comportamiento que tiene ahora mismo el aparato judicial, que responde a unas políticas con las que no está de acuerdo —territoriales o sociales—, sí que nos hace pensar que estas élites tienen una cierta continuidad.

Las redes se mantienen por los lugares educativos a los que van y por todos estos clubes en los que la gente que se tiene que conocer se conoce. Y tú acabas conociendo, enamorándote y relacionándote con las personas a las que conoces

¿Crees que hay lawfare?

No sé si podría contestar como un experto. No me parece igual el caso de Ábalos, por ejemplo, que el caso de Begoña o el de David Sánchez, que es un músico de San Petersburgo. Me parecen casos marcadamente distintos. Pero sí que, si te vas a cuando Aznar dijo aquello de “el que pueda hacer, que haga”, unos días después hubo una nota de prensa, una declaración de los altos funcionarios del Estado, a través de una federación que se llama FEDECA, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, en la que decían que el Estado de derecho, tal y como se entendía, estaba en peligro. La política, el alto funcionariado, incluyendo no solo jueces, sino también directores de la Policía, altos mandos de la Guardia Civil, abogados del Estado, técnicos comerciales..., se movilizaron en julio de 2023, cuando supieron que Sánchez pactaba con Junts. Y en esa nota de prensa, cuando ves los pronunciamientos de los líderes de las asociaciones funcionariales, ves a una líder de los inspectores de Hacienda que se apellida Piñar; ves a un líder de los interventores de ayuntamientos que se apellida Queipo de Llano.

Entonces, eso de “el que pueda hacer, que haga” es más inteligente de lo que parece, porque el Estado, que es milenario, tiene capacidad de respuesta y lo que tiene que hacer es defender el statu quo. Sí que hay una respuesta por parte de unos profesionales ante un intento de cambio en el modelo de Estado o de un Gobierno que no les gusta, por las distintas razones que sean.

El que pueda hacer, que haga” [de Aznar] es más inteligente de lo que parece, porque el Estado, que es milenario, tiene capacidad de respuesta y lo que tiene que hacer es defender el statu quo. Sí que hay una respuesta por parte de unos profesionales ante un intento de cambio en el modelo de Estado o de un Gobierno que no les gusta, por las distintas razones que sean

¿Qué papel juegan los casos de corrupción, tanto de corruptos como de corruptores, que han salpicado históricamente a los dos grandes partidos del poder en España en este mapa que tú dibujas? Desde el caso Filesa, el caso Gürtel, la Kitchen o Ábalos...

El caso Filesa, de la etapa de Felipe González, que ahora parece que defiende absolutamente la limpieza democrática, es un caso curioso porque González llega al poder con siete bancos muy potentes y pacta con ellos. Intercambia personal, de los bancos al Estado y del Estado a los bancos; renuncia a las nacionalizaciones e intercambia consejeros. Era una forma de matrimonio con el poder financiero, el verdadero poder de entonces. Y Filesa no era más que una trama de financiación irregular del partido en la que participaban buena parte de los bancos: el Central Hispano, el Santander, el Bilbao, el Vizcaya..., que ahora forman el oligopolio.

El poder político se organiza siempre pensando en el económico. Buena parte de las tramas que se le están echando encima al Partido Socialista ahora mismo tienen detrás a la SEPI. La SEPI es la palanca financiera estatal en las empresas públicas. Sánchez ha sido mucho más agresivo que Zapatero a la hora de penetrar en las empresas públicas. En Telefónica ha entrado con un 10%; estaba intentando una fusión entre Indra y otra empresa... No es raro que haya una relación entre esos intentos de controlar el aparato público y este tipo de tramas. Aznar metió la mano mucho más rápido en las empresas públicas porque vendió los últimos paquetes y nombró a los presidentes. No hay poder que se organice al margen de la élite corporativa y, mientras puedan, van a intentarlo. La presidencia de la mayoría de las grandes empresas públicas en España está en manos de directivos del PSC, que es uno de los poderes territoriales que más influyen en la política de Pedro Sánchez. Ahí tenemos territorio, capital y Gobierno. Aunque organizarte no quiere decir que te vayas a corromper. En la etapa de González, durante catorce años, ese tipo de articulaciones les llevó a hacer auténticas barbaridades, que dejan a las actuales como una broma. Filesa fue solo una más. También está el caso Ibercorp. El Banco de España era la élite intelectual de González, que se había puesto a especular con información privilegiada. Es uno de los casos más notorios.

La tentación de pensar que controlas todo el poder puede estar muy relacionada con la comisión de delitos. Lo que sorprende es el caso Ábalos, que parecía una cosa montada casi desde el principio, y sorprende.

La presidencia de la mayoría de las grandes empresas públicas en España está en manos de directivos del PSC, que es uno de los poderes territoriales que más influyen en la política de Pedro Sánchez

Dices en tu libro: “La narrativa dominante oculta la irracionalidad de las principales operaciones económicas y medidas políticas en España, provocando un expolio de recursos y una especialización productiva perjudicial”. También hablas de déficit democrático. ¿Puedes poner algún ejemplo?

En el momento en que se produce la crisis financiera, en 2008, cuando ya se les pasa a los gobernantes la idea de que el sistema financiero español es el más fuerte del mundo y el más saneado, se empieza a pensar que las cajas de ahorro ya no se sostienen, que hay que darles una serie de avales. Los niveles de deuda pública son excesivos, hay que poner en marcha planes de austeridad, pero, detrás de todo eso, la banca y las cajas, o la banca al final, de manera indirecta, recibieron mucho dinero barato. Buena parte del cual no han devuelto. A eso me refiero con el expolio. Se pueden comprobar casos continuos en los que la narrativa sirve para que no nos rebelemos, para que haya cosas que veamos como naturales, pero, cuando las estudias profundamente, no lo son. La explotación de gas de Castor, por ejemplo, de Florentino Pérez, fue una forma de ganar dinero de manera subvencionada. Se le podía dar una narrativa: convenía la innovación, pero al final son formas de expolio discretas, bien hechas.

En 1977, que era un momento en el que la lucha capital-trabajo se estaba decantando por el factor trabajo, con sindicatos cada vez más fuertes y con niveles que todavía rozaban el pleno empleo, había que llegar a unos pactos de moderación salarial porque, si no, la inflación se nos iba. Siempre hay algún problema racional: la inflación no se puede disparar, no se puede subir a determinados niveles porque, si no, España se convierte en Argentina... Lo que había detrás era un propósito de moderación salarial que pudo salir bien, pero al final es una cesión que obedece a una narrativa de que no queremos entrar en hiperinflación.

En la etapa de la crisis de la deuda pública no queríamos quebrar. En la etapa en la que surge la nueva política con Podemos, en la mayoría de los ayuntamientos, no podemos precipitarnos a otra guerra civil, a romper con los pactos constitucionales... Siempre hay detrás unos intereses que no se pueden trascender, que no se pueden tocar. No sé qué intereses ha tocado el Gobierno actual para que esté la cosa tan mal, que se le acusa hasta de ser un dictador venezolano.

Ahora, por ejemplo, identificas una tendencia creciente hacia la privatización de ámbitos como la sanidad, la educación o las pensiones. ¿Existe una estrategia deliberada y un trabajo activo de estas élites para avanzar en este sentido?

Le quiero dedicar el próximo libro a eso. Educación universitaria, FP, sanidad y vivienda son una aceleración de ese proceso privatizador. Determinado capital encuentra rentabilidad en unos sectores y yo creo que sí hay una estrategia. Sobre todo, en la Comunidad de Madrid, en la medida en que tú favoreces la entrada de un público que es diferente... Se están construyendo hospitales exclusivamente privados para ese tipo de personas, pero es que, además, como dice el profesor Arenas, el Estado es un cofre de dinero para estos sectores, que ganan dinero sin riesgo. El caso de Quirón, por ejemplo. Al final te vas al número dos de la Fundación Quirón y te das cuenta de que es Mauricio Casals. No hay una conspiración en ningún caso, pero hay una conformación que los lleva a estar de acuerdo en muchas de las cosas que pasan. Entonces, sí que hay un dinero seguro, a través de la Administración, para las élites privadas y yo creo que en España sí que se han acostumbrado mucho al subsidio, a lo que ellos llaman “la paguita”.

En Estados Unidos, el rescate de los grandes bancos que estaban a punto de quebrar en 2008 se hizo a cuenta de unos préstamos que ya se han devuelto. El capitalismo allí, a lo mejor, funciona y aquí está visto como muy ligado al concepto de subvención. En la Comunidad de Madrid, el capitalismo clientelar de favores juega con un nuevo modelo de vivienda, de educación y de sanidad que marcha con el cambio de preferencias en el electorado.

Educación universitaria, FP, sanidad y vivienda son una aceleración del proceso privatizador. Determinado capital encuentra rentabilidad en unos sectores y yo creo que sí hay una estrategia, sobre todo, en la Comunidad de Madrid

Has citado a Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia y La Razón, del Grupo Planeta. En todo este entramado que describes, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? ¿Actúan como un actor independiente o como una herramienta de agenda para proteger determinados intereses?

En todos los medios de comunicación hay redacciones de periodistas que creen en su profesión y prefieren ser sancionados o despedidos antes que dejar de contar una historia que consideran cierta. Los medios de comunicación no están habitados por zombis que obedecen a la propiedad al cien por cien. Pero es verdad que, si esos medios reciben unos niveles de publicidad institucional elevados y la retirada de esa publicidad institucional puede suponer la desaparición de puestos de trabajo, se ven muy presionados. La precariedad actual de los contratos de muchos periodistas lesiona y reduce su independencia. Cuanto más precario es tu contrato, más dependencia tienes de lo que te pidan, porque más miedo tienes. Prisa tiene una deuda muy grande y esa deuda la tiene que amortizar, por ejemplo. O el caso de Planeta y los acuerdos implícitos que parece tener con el Partido Popular por la universidad que tiene en la Comunidad de Madrid [UNIE Universidad], con los que habrá también una cierta convergencia ideológica, más allá de lo económico.

Desde hace mucho tiempo, los presentadores de los principales medios tienen a Pedro Sánchez casi como un líder autoritario. Ahí puede haber también convencimiento por parte de los creadores de opinión. Y luego está toda esa red de publicidad institucional, que es muy difícil de demostrar, porque no es que la Comunidad de Madrid te meta dinero a ti. Eso sí se puede ver. Otra cosa es cómo la Comunidad de Madrid habla con una gran empresa para que esa empresa te meta dinero a ti. Eso es incomprobable. Ahí está esa red de medios de comunicación que favorecen a determinados gobiernos conservadores, otra vez con esa cultura del subsidio y de la ayuda.

La precariedad actual de los contratos de muchos periodistas lesiona y reduce su independencia. (...) Ahí está esa red de medios de comunicación que favorecen a determinados gobiernos conservadores, otra vez con la cultura del subsidio y de la ayuda

¿Tu caso forma parte de esto? Tu libro estaba programado para salir con el Grupo Planeta, pero al final no fue así. ¿Se debe a que cruzaste alguna línea roja?

Yo no tuve problemas con la gente que trabajaba conmigo. El problema creo que trascendía a la Editorial Ariel y que debió de ser alguien del Grupo Planeta, efectivamente. Pero, como no quisieron dar ninguna explicación, la imaginación es libre. Es un grupo tan posicionado ahora mismo que este tipo de mensajes, a lo mejor, no les interesaba, pero trabajamos quince meses juntos. Ya podían haber dicho algo.

Me ha llamado la atención tu tesis de que la tecnocracia económica se reproduce de forma idéntica, incluso en los gobiernos de izquierdas. Y trazas una línea sobre Carlos Cuerpo. Dices que emana de Nadia Calviño, que viene de Pedro Solbes, discípulo de Alberto Ullastres, tecnócrata del Opus Dei en el franquismo. ¿De verdad no hay diferencias? ¿Están los ministerios de Economía y de Hacienda blindados en este sentido para que no haya diferencias en la aplicación de políticas distintas?

Sí, hay diferencias. Ullastres, por cierto, era discípulo de un catedrático de Economía que había sido nazi, se había salido del partido, había emigrado a España y le habían dado una cátedra en la facultad. Carlos Cuerpo y Nadia Calviño responden a las demandas de un electorado diferente, a un Gobierno diferente, porque ahí hay unos ministros de Podemos y Sumar que están presionando, unas circunstancias como la pandemia y la inflación, en las que la Unión Europea ha dicho que la pandemia no es la crisis anterior y que hay que hacer política fiscal y monetaria expansiva. Eso, durante buena parte de la crisis financiera, no pasó. Y al Gobierno de Sánchez se le permite porque, además, es como la oveja negra europea que se mete con Trump y compañía. Ha tenido muchos grados de libertad.

Entonces, Cuerpo, y Calviño también, seguramente por presiones electorales, han hecho una política que no ha sido puramente de austeridad. Pero no dejan de ser técnicos comerciales, no dejan de ser un tipo de funcionario que ha estudiado un tipo de economía, un enfoque económico que los lleva a ser austeros, como austeros eran Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes. Si el tecnócrata es inteligente, se va a saber adaptar. Y tiene que responder a los intereses electorales del Gobierno en el que está. No puede ser tan sumamente rígido. Las cosas cambian, y a ese cambio lo llamamos democracia, que consiste en gobernar para grupos de gente cambiantes. Creo que Cuerpo tiene una cosa buena. Nadia Calviño es hija de un antiguo presidente de Radiotelevisión Española, un hombre con mucha influencia en el PSOE. Pero Cuerpo es nieto de un minero. Eso indica que hay cambios en esa élite burocrática y que empieza a entrar gente normal. Pero no deja de ser gente que está sometida o ligada a un cuerpo burocrático que tiene una lógica interna, que quiere hacer carrera europea. Yo no me imagino a Cuerpo como vicepresidente de Endesa. Me lo imagino con el sueño de ser consejero del Banco Central Europeo. O sea, un tipo con un compromiso con el sector público bastante fuerte. Igual que Calviño.

Cuerpo, y Calviño también han hecho una política que no ha sido puramente de austeridad. Pero no dejan de ser técnicos comerciales, un tipo de funcionario que ha estudiado un tipo de economía que les lleva a ser austeros como lo eran Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes

El fracaso de movimientos que surgieron hace más de una década, algunos al calor del 15M, como Podemos, o en su momento Ciudadanos, que salieron para alterar el statu quo, ¿es un éxito de las élites?

No sé si se podría llamar fracaso. Si es verdad que el objetivo era asaltar los cielos, desde luego han fracasado. Iglesias acabó siendo vicepresidente de las ayudas sociales de un sistema que quería asaltar. Creo que toda élite o toda estructura de poder tiene que absorber al rival. Hay un libro en México que estudia que el PRI gobernó durante setenta y cinco años seguidos porque iba absorbiendo a los movimientos indígenas, les iba dando una secretaría de Estado. Y Sánchez, cuando pacta con Podemos, el partido ya estaba muy mermado porque le habían caído ochenta mil bombas estatales, mediáticas, etcétera. Pero le dio una serie de ministerios de carácter social, con poco presupuesto. Darle el Ministerio de Consumo a un comunista parece una ironía. En cierto modo, pudieron quedar bastante neutralizados. No obstante, le echaron valor para hacer política por primera vez. Iglesias es un empresario de la comunicación política, que solo dejó de ser empresario durante dos años. Pero el Estado es muy pesado; las reuniones y las jornadas son muy largas... Intentaron hacer algo, pero quedaron absorbidos. Y, claro, cuando te pagan un puesto de trabajo, la profesionalización cambia tu política; al revolucionario lo modera. Y además crea unas situaciones de asesores, de diputados que están a sueldo... El sistema es sabio y te absorbe. No quiero decir que ellos traicionen, pero es un aparato burocrático muy complejo. ¿Cómo hacen para vencerlo? A través de asambleas o, peor, vídeos cortos o tuits. Se lo han echado en cara a Rufián recientemente. Y es verdad que Rufián es muy brillante para algunas cosas, pero habría que verlo dentro de la Administración. Esto es muy complicado.

¿A dónde encasillas a Vox?

Es un regreso del viejo Estado. Cuando tú ves el apellido de Espinosa de los Monteros, estos iban a las monterías con el rey para protegerle, para que no le pasara nada. Son familias muy apegadas a esa vieja idea de la monarquía, del viejo Estado. El tío bisabuelo de Espinosa de los Monteros era el asesor de Franco en el encuentro con la Alemania nazi en Hendaya, aunque luego lo defenestraron porque se enfrentó a Serrano Suñer. Yo creo que, ante la amenaza territorial, que les preocupa mucho, ha surgido una nueva fuerza que, de alguna manera, se ha hecho con el espacio que ocupaba temporalmente Ciudadanos. Y que busca una recentralización de España, una especie de “hacer grande España otra vez”, sin saber muy bien cuál era ese pasado, en realidad. Pero, paradójicamente, conecta con sectores muy precarios de la población que están enfadados y que, temporalmente, simpatizan con un partido que creen que es antisistema. No deja de ser el conservadurismo católico de toda la vida, donde hay altos funcionarios, jueces, abogados del Estado...

También están viviendo un proceso de purga, como en Podemos. El desgaste ha hecho que Abascal se vaya cargando distintas facciones del movimiento, como la de Espinosa de los Monteros, por ejemplo. Un grupo de leales está viviendo ese desgaste de otra manera, pero lo están viviendo también.

Vox es un regreso del viejo Estado, familias muy apegadas a esa vieja idea de la monarquía (...) que busca una recentralización de España, una especie de “hacer grande España otra vez”. Paradójicamente, conecta con sectores muy precarios de la población que están enfadados y que, temporalmente, simpatizan con un partido que creen que es antisistema

A pesar de todo lo que relatas en el libro, concluyes con una nota de optimismo, recordando que la Transición no fue solo cosa de despachos, sino también de la presión vecinal, feminista y sindical. ¿Tienes alguna receta o sugerencia para cambiar ahora estas estructuras reales de poder que has dibujado?

Si llegamos a tener en el pasado un ministro como Ernest Lluch, que universalizó la sanidad, eso quiere decir que había una serie de fuerzas y de personajes que se atrevieron, en etapas como los setenta, pero también en los cuarenta y los cincuenta, cuando salir a protestar podía suponer tu muerte o torturas recurrentes, una ficha policial que te arruinara la carrera... Esa organización y esa energía las seguimos teniendo. Que el 15M no lograra una subversión total del sistema no quiere decir que no se pueda. Pero yo creo que, si prestamos atención no solo a quien domina, sino también a las personas que jugaron su papel en la Transición y en etapas previas, que eran incluso más difíciles para cambiar las cosas, encontraríamos grandes inspiraciones. Un ejemplo es el movimiento feminista, o las políticas públicas del PSOE en los noventa para concienciar a la gente. Recuerdo un anuncio en el que había un hombre que ayudaba a una mujer con las bolsas. Eso ahora mismo es casi una coña: el movimiento feminista ha llegado a tal punto que ha provocado una reacción violenta del sistema, pero es porque, cuando la gente se organiza y toma conciencia, lo personal pasa a ser político.

De hecho, buena parte de esta reacción autoritaria responde al miedo que tienen al cambio. Y, si hay algo que tienen las élites, es miedo a perder lo que tienen. Yo creo que esa esperanza está ahí. Lo que pasa es que quizá estamos en una etapa en la que es difícil verla, porque casi todas las noticias son muy negativas.

El médico Isidoro Gómez Cavero, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cuenca durante las dos últimas legislaturas tras presentar batalla electoral con la agrupación de electores Cuenca nos Une, ha fallecido este miércoles a los 63 años.

Conquense de nacimiento, Gómez Cavero ejerció de médico en Medicina General durante 30 años y fue el fundador del hospital La Alameda (actual Hospital Recoletas). Junto a la sanidad, su mayor desempeño en la vida pública conquense se desarrolló en el mundo del balonmano, como presidente del Ciudad Encantada en dos etapas.

En la segunda, desde el año 2011, el club obtuvo los mayores éxitos deportivos de su historia, incluyendo un subcampeonato de liga en el año 2023 y un subcampeonato de Copa del Rey en 2019, además de las primeras clasificaciones a competición europea del conjunto conquense.

En política, fue cortejado con frecuencia por los dos grandes partidos, pero terminó dando el salto con Cuenca nos Une en 2019, agrupación de electores que dio la campanada en las elecciones al obtener seis concejales y ser la segunda fuerza más votada, por delante del Partido Popular.

Este éxito le dio la llave de gobierno y le convirtió, aunque esta figura no apareciera en el organigrama del equipo de Gobierno, en un 'vicealcalde' que compartía responsabilidades con el alcalde de la ciudad, Darío Dolz.

La formación liderada por Gómez Cavero perdió fuerza en los comicios de 2023, pero conservó el peso suficiente como para poder gobernar en coalición con el PSOE. Durante estas dos legislaturas la agrupación de electores ha respaldado el gobierno socialista, ya que el médico consideraba que, respaldando a la formación que estaba en el Gobierno regional, sería más fácil conseguir fondos para Cuenca.

Su papel durante estos años ha sido el de tirar de los “grandes proyectos” como el inicio de la construcción de los remontes mecánicos al Casco Antiguo y la remodelación de Carretería.

En el año 2024, le fue diagnosticado un tumor cerebral que le obligó a pasar por la mesa de operaciones en dos ocasiones. A pesar de sus problemas de salud, intentó mantenerse en activo mientras le duraron las fuerzas. Presidió el Balonmano Ciudad Encantada hasta el año 2025 y el pasado mes de junio tuvo que renunciar finalmente a su acta como concejal en el Ayuntamiento de Cuenca.

En 2026, Isidoro Gómez Cavero recibió el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha, durante el acto institucional del Día de la Región, celebrado en Cuenca, por su compromiso con el deporte a través de su papel como presidente del Ciudad Encantada.

Su labor al frente del club conquense también ha sido merecedora de la Medalla e Insignia de Plata de la Federación Española de Balonmano.

Su funeral se celebrará el 23 de julio

Los restos de Isidoro Gómez Cavero reposarán en el Tanatorio de La Paz, celebrándose su funeral el jueves 23 de julio a las 11:00 horas en la Parroquia de San Esteban.

El Ayuntamiento de Cuenca mantendrá las banderas a media asta durante los próximos tres días en señal de luto por su concejal y teniente alcalde fallecido, así como suspenderá la agenda pública del alcalde durante la jornada de mañana jueves.

Se realizará la propuesta por parte del equipo de Gobierno de renombrar el Polideportivo 'El Sargal' con el nombre de 'Isidoro Gómez Cavero'.

Despedida de compañeros en la política

El alcalde Darío Dolz se ha mostrado consternado ante el fallecimiento de quien considera “más que un compañero y amigo, ha sido como un hermano”, y ha trasladado su pésame familia, amigos y allegados en nombre de todos los grupos políticos con representación en el Consistorio conquense. “Querido Isidoro, qué pena más grande. Te has ido demasiado pronto, con las ganas que tú tenías de seguir dando guerra y luchando por esa Cuenca mejor que tenías en mente. Ni te imaginas lo que te voy a echar de menos, lo que te vamos a echar de menos, lo que Cuenca te va a echar de menos”, ha señalado Dolz en redes sociales.

También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado a través de las redes sociales a Gómez-Cavero, con quien negoció algunos de los proyectos para la ciudad de Cuenca. “Ha fallecido alguien que trabajó mucho por Cuenca y puedo decir con orgullo que, desde que nos conocimos, fuimos amigos. Descansa en paz, Isidoro”, ha escrito el jefe del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado el fallecimiento del médico conquense, “una persona que siempre peleó por una Cuenca mejor” y ha traslado sus condolencias a toda su familia y amigos.

Casi 200 representantes municipales de PNV y EH Bildu se han unido este domingo en un acto en Bergara (Gipuzkoa) para reclamar plena soberanía y el derecho de los ciudadanos vascos a decidir libremente su futuro y han reivindicado, con motivo del aniversario de la abolición de los fueros y del Movimiento de Alcaldes, como una “necesidad” el reconocimiento de la nación vasca. Bergara ha acogido este sábado un acto con motivo del 50 aniversario del Movimiento de Alcaldes y del 150 aniversario de la abolición de los Fueros de 1876, con la intervención del alcalde del municipio, Gorka Artola, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, como instituciones organizadoras de esta jornada.

Representantes de las instituciones públicas vascas y alcaldes, y ediles de 180 municipios se han sumado a este acto político-institucional, en el que, a través de la bandera y los símbolos locales, la palabra, la danza y la música, han reivindicado los derechos históricos de los territorios vascos y se han comprometido a “seguir proyectando los ámbitos de soberanía al presente y al futuro”. Con motivo de este acto, ambos partidos hicieron pública esta misma semana la 'Declaración de Bergara', en la que reivindican “la nación vasca” y su derecho a decidir “libre y democráticamente su futuro”, sin “ser sometida, una y otra vez, a límites jurídicos, interpretaciones políticas o razones de Estado”.

El acto, con el que han renovado la memoria de la abolición de los fueros y del Movimiento de Alcaldes, se ha celebrado en el parque de Usondo, a donde han ido llegando cargos de PNV y EH Bildu, entre ellos, por parte de la formación jeltzale, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, el de San Sebastián, Jon Insausti, la presidenta del GBB, Maria Eugenia Arrizabalaga, el presidente del NBB Unai Hualde; el parlamentario Markel Olano, la consejera de Gobernanza, Administración digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, así como las diputadas de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y de Gipuzkoa, Eider Mendoza. Por parte de EH Bildu, han asistido, entre otros, el secretario general, Arnaldo Otegi o el portavoz en el Parlamento, Pello Otxandiano.

Los representantes municipales y de otras instituciones se han dado cita en la plaza San Martín y han llevado a cabo un desfile hasta confluir en el Parque Usondo, donde también estaban cinco exalcaldes que formaron parte del Movimiento de Alcaldes, que han recibido un homenaje. En el transcurso del acto, ha intervenido la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, que ha recordado que se cumplen 150 años desde la “injusta” abolición de los fueros. “La memoria de los fueros nos confirma que somos ramas surgidas del mismo tronco. Que somos una nación. Que compartimos un mismo corazón jurídico y político para garantizar las libertades ciudadanas y organizar la vida comunitaria”, ha añadido.

Mendoza ha indicado que esa pérdida de los fueros y el Movimiento de Alcaldes surgido al final de la dictadura franquista supone reafirmar el compromiso de “seguir construyendo y defendiendo la casa común de la ciudadanía vasca”. La diputada ha reconocido la contribución de ese movimiento de los alcaldes que, “sumando sus voces”, construyeron “un sólido eslabón” en favor de los derechos del pueblo.

En ese sentido, ha expresado su determinación de seguir trabajando “con ahínco, para sacar adelante al pueblo vasco”. “Coincidiendo con el recuerdo de la injusticia que sufrió nuestro pueblo con la abolición de los fueros, queremos reivindicar que nos corresponde a los territorios vascos el derecho a gobernarnos, así como el derecho a renovar y desarrollar permanentemente ese autogobierno”, ha indicado.

Mendoza ha querido recordar las palabras del exlehendakari Juan José Ibarretxe en las que decía “el futuro nos pertenece y lo escribiremos nosotros y nosotras, pactando con los demás, pero lo escribiremos de nuestro propio puño y letra”, así como las del exlehendakari José Antonio Aguirre, cuando al amparo del Árbol de Gernika, dijo: “Nuestros padres al defender lo que era suyo defendían los fueros del derecho, la integridad de la justicia y su honor como pueblo”.

Eider Mendoza ha defendido ampliar el autogobierno ante los desafíos del futuro y la necesidad de seguir “actualizando estos derechos históricos”. “Un compromiso compartido para seguir proyectando los espacios de soberanía al presente y al futuro”, ha indicado. La diputada general de Gipuzkoa, que ha reivindicado el euskera como lengua propia, también ha manifestado que la ciudadanía vasca que “forma parte de la nación vasca tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro político”. En este sentido, ha defendido la necesidad de dar “nuevos pasos” hacia la “plena soberanía” y, para ello, ha asegurado que “deben actualizarse” los derechos históricos y el autogobierno, adecuándolos a las necesidades democráticas, sociales e institucionales actuales“. Mendoza ha manifestado que las instituciones vascas y su autogobierno está construido sobre los derechos históricos, que son fruto de ”una historia común, de la determinación del pueblo vasco de gobernarse a sí mismo“.

Posteriormente, ha tomado la palabra el alcalde de Bergara, Gorka Artola, de EH Bildu, que ha señalado que, aunque los representantes presentes en Bergara vienen de “diferentes colores políticos”, comparten su deseo de que sus pueblos “avancen y se preparen para el futuro”. “Los que hoy nos hemos reunido aquí tenemos el compromiso de seguir trabajando para que en el futuro se siga siendo un pueblo libre de ciudadanos libres”, ha dicho Artola, que también ha citado a José Antonio Agirre como “referente histórico” del autogobierno vasco y de las libertades democráticas. Tras destacar que la cultura democrática arraigada en los ayuntamientos y en las Juntas era la de los fueros, la que “daba forma a la identidad política de los territorios”, ha asegurado que “el autogobierno no es un fin en sí mismo, es un instrumento al servicio del bienestar y la libertad de los ciudadanos”.

Según ha subrayado, tanto la abolición foral como el Movimiento de Alcaldes se refieren al autogobierno, al valor de las instituciones propias y al derecho de una comunidad “a organizar su futuro” y ha recordado que los alcaldes que se reunieron hace medio siglo en Bergara “también dijeron claramente que ”Euskal Herria tenía derecho a decidir su identidad, su historia y su futuro. Como entonces, hoy también, nos enfrentamos a nuevos retos. Para ello, la voz de la ciudadanía vasca debe tener su lugar, debemos ser dueños de la palabra y la decisión. Euskal Herria necesita un mayor autogobierno y soberanía para organizar su futuro de acuerdo con la voluntad democrática de la ciudadanía“, ha añadido.

Artola ha manifestado que, a pesar de la abolición foral, los estados español y francés “no disolvieron Euskal Herria” y todavía se habla “en euskera y se vive en euskera”. “Porque nuestra lengua y nuestro pueblo siguen vivos. Las palabras de los alcaldes de 1976 han superado el paso del tiempo. Porque el reconocimiento de nuestra nación no es un asunto del pasado; es una necesidad democrática de hoy y una llave para el futuro”, ha remarcado.

El alcalde de Bergara ha recordado el compromiso con la “memoria de Euskal Herria” con el desarrollo de autogobierno y con que la condición de nación “sea reconocida”. “Nuestro compromiso es a favor de Euskal Herria, donde la ciudadanía vasca pueda decidir libremente sobre el futuro. Queremos llevar al futuro el deseo de libertad que viene del pasado y que el espíritu de autogobierno que expresaron los fueros se adapte a los tiempos actuales y se refleje en los instrumentos políticos que necesitamos como nación”, ha concluido.

Tres jóvenes toledanos formarán parte de la nueva dirección estatal de Movimiento Sumar tras la Asamblea Estatal celebrada este sábado, en la que la formación renovó su estrategia política, sus órganos de dirección y eligió a Verónica Barbero y Rosa Martínez como nuevas coordinadoras estatales.

Las personas elegidas para integrar la nueva dirección son Lucía Siles, coordinadora autonómica de Movimiento Sumar en Castilla-La Mancha; José Luis Resuela, portavoz de la organización en Toledo; y Juanjo Alcalá, responsable regional de Educación. A ellos se suma Jesús Plaza Senabre, coordinador autonómico de la formación, que continuará formando parte de la dirección estatal tras haber integrado también el anterior órgano de dirección.

La Asamblea reunió a cerca de 300 delegados y delegadas territoriales y sectoriales de toda España para definir la nueva etapa organizativa y política del partido, integrado en el Gobierno de coalición.

Desde Movimiento Sumar Castilla-La Mancha han valorado estos nombramientos como un reconocimiento al trabajo desarrollado en la región durante los últimos años.

El portavoz de Movimiento Sumar en Toledo, José Luis Resuela, destacó que las nuevas coordinadoras estatales son “dos mujeres de una enorme solvencia política e intelectual, preparadas para liderar esta nueva etapa del proyecto”. Asimismo, señaló que “la renovación de la dirección refleja una apuesta por ampliar liderazgos, fortalecer la participación y construir una organización cada vez más conectada con la realidad de los territorios”.

Resuela subrayó también que la incorporación de tres representantes de Toledo a la dirección estatal supone “una oportunidad para trasladar con más fuerza la voz de Castilla-La Mancha y de nuestra ciudad a los debates políticos que marcarán los próximos años”.

La portavoz de la coalición Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, fueron elegidas nuevas líderes de Movimiento Sumar —el más pequeño de los partidos de la alianza— en la asamblea extraordinaria celebrada este sábado, la tercera en apenas tres años de vida de la organización. Martínez y Martínez fueron apoyadas por el 95,92% de los delegados enviados por los territorios a un congreso sin fuste y que se desarrolló sin que la formación permitiera la presencia de la prensa durante el día.

Martínez y Martínez sustituyen en el liderazgo del menguado partido a Lara Hernández, que el pasado 1 de julio abandonó la formación denunciando ser víctima de una “campaña de desprestigio” tras el archivo de las denuncias internas por acoso contra ella. La candidatura de las nuevas co-coordinadoras de Movimiento Sumar es la única que se presentó para liderar la formación fundada en 2023 por Yolanda Díaz, que se desentendió de las labores orgánicas en 2024 y que este sábado se limitó a acudir como público al mitin de cierre que ofrecieron Martínez y Martínez. Sus intervenciones fueron precedidas por las del líder de UGT, Pepe Álvarez, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, o la eurodiputada Estrella Galán.

Tras la dimisión de Hernández, y ante la falta de debate interno en relación a una hoja de ruta política que se actualizó hace poco más de un año, todos los debates llegaban ya cocinados al congreso. Y, como se esperaba, la reunión de este sábado fue de trámite y evidenció la debilidad de la organización, que ni tan siquiera llenó las en torno a 400 plazas del salón de actos del Colegio Oficial de Odontólogos (COEM), donde se celebró la asamblea. La principal novedad que salió de ella fue la creación de un colectivo juvenil de Movimiento Sumar y la puesta en marcha de un nuevo órgano, llamado “Consejo Territorial”, para representar a las diferentes federaciones autonómicas del partido, que se reunirán al menos una vez cada tres meses.

Con su elección como nuevas líderes, Martínez y Martínez tratarán de dar carpetazo a la crisis más grave de la corta vida de Movimiento Sumar, abierta conocerse las acusaciones de acoso laboral contra Lara Hernández. No obstante, el futuro del partido, una vez Yolanda Díaz ha anunciado que dejará la política al final de la legislatura, está sumido en un mar de dudas. La formación debe encontrar un encaje dentro de la coalición con Más Madrid, Comuns e IU, y es una incógnita, incluso, si hay lugar para esta organización en un espacio —el de las izquierdas de ámbito estatal— copado por IU y Podemos.

En su discurso tras ser formalmente nombrada nueva co-coordinadora, Verónica Martínez se refirió precisamente a este asunto para reivindicar que Movimiento Sumar, pese a que apenas tiene estructuras y militantes, sigue siendo necesario. “Si hay algo que hemos ido comprobando y demostrando mientras gobernamos es que la España que queremos solo la puede construir la izquierda, pero también que no lo hará una sola organización, ni tampoco una sola tradición política”, sostuvo Martínez, que afirmó que “las izquierdas nunca hemos necesitado pensar exactamente igual para cambiar la vida de la gente”.

“Lo que necesitamos es compartir un propósito y entender que la riqueza de un proyecto no está en que desaparezcan las diferencias, sino en ser capaces de ponerlas al servicio de un objetivo común”, planteó. Y “esa”, dijo, “es la idea de frente común en la que creemos: no una suma de siglas ni un reparto de espacios, sino un proyecto compartido entre organizaciones que saben que hay momentos en los que defender la propia identidad consiste, precisamente, en ser capaces de construir con quien no piensa idéntico”.

En la misma línea se expresó Rosa Martínez, que se mostró partidaria de “explorar todas las posibilidades que nos permitan construir un frente amplio a partir del trabajo conjunto que llevamos tiempo realizando con Comuns, Más Madrid e IU”. “Un frente amplio que dé respuesta a la exigencia de la gente de izquierdas, la gente progresista, la gente trabajadora que no desea un gobierno de PP y Vox”, planteó.

¿Los discursos antidemocráticos de Marine Le Pen o de Isabel Díaz Ayuso calan menos en la sociedad que los pronunciados por Donald Trump o Elon Musk? ¿Son las mujeres quienes frenan a la ultraderecha en las elecciones? ¿Son efectivas las cuotas en las listas electorales de partidos políticos? Sobre estas cuestiones y más ha debatido la profesora e investigadora en Ciencia Política de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) Ainhoa Novo-Arbona durante el Curso de Verano de la EHU 'El derecho ante la crisis democrática' y, en concreto, en su ponencia 'Mujeres en política en un contexto de crisis democrática'.

Durante su conferencia 'Mujeres en política en un contexto de crisis democrática' ha explicado que “el desarrollo de las carreras de las mujeres es mucho mayor en el sector público que en privado. ¿A qué se debe?

Ocurre porque en los sistemas que son reglados, basados en reglas claras, con una trayectoria, es más fácil el desarrollo de una carrera individual. El sector público es muy atractivo para las mujeres porque permite mucho más la conciliación. Mientras, en el sector privado funcionan otros elementos como las redes, la confianza, etc. Y esto sigue siendo todavía también un elemento de dificultad para ellas, dados los datos de esa distancia entre los puestos directivos o los puestos de relevancia de mujeres en un sector u otro.

Las listas electorales en España deben ser estrictamente paritarias y ordenarse mediante un sistema de “lista cremallera”, alternando candidatos de distinto sexo en todas las posiciones. Esto garantiza que a partir del cuarto elegido, al igual que en cualquier otro tramo de la lista, la proporción sea equilibrada y no supere el 60% para ninguno de los sexos. Al hablar sobre este tema, considera que las cuotas “no tienen ningún efecto en la elegibilidad”. ¿Cómo se explica esto?

Las cuotas no tiene ningún efecto en los tres primeros candidatos, tú puedes elegir a quien quieras, siempre que hagas equilibrios de género en las posiciones siguientes. Las cuotas solo afectan a partir del cuarto candidato, pero hay muy pocas circunscripciones en las que un partido político obtenga hasta cuatro escaños. Aunque es cierto que las cuotas tienen algún efecto, como que este tema salte a la agenda pública, que se abra debate y empodere a las mujeres que se dedican o quieren dedicarse a la política. Incluso algunos partidos políticos utilizaron esa nueva regulación para renovar sus propias listas.

¿La sociedad se toma menos en serio a las mujeres líderes?

No hemos profundizado en esa investigación, pero tengo la impresión de que líderes como Marine Le Pen en Francia o la líder de extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weid, se viven como líderes menos amenazantes y tienen menos visibilidad y me preocupa internamente el caso de Isabel Díaz Ayuso porque tiene un peso político indudable y, algunos de sus mensajes, son de cuestionamiento del sistema democrático, pero me da la sensación de que no tienen el mismo calado o no terminan de tomarse con el mismo peso político que si fueran pronunciados por hombres.

¿Cuando las mujeres llegan al poder tienden a masculinizarse para ser más visibles o tener mayor influencia?

No. Una de las cuestiones que me gustaría destacar es que las mujeres son plurales y sus liderazgos, al igual que los liderazgos de los hombres, son muy variados. Aunque ellas son más observadas. Se pone el acento en observar si son muy masculinas, si son demasiado comunicativas o si son demasiado cuidadoras. Y eso me parece que ahonda en el cuestionamiento de su autoridad.

Durante su conferencia hizo referencia a los “partidos de hombres” y a cómo las votantes mujeres son capaces de frenar la ultraderecha. ¿Eso es así?

Eta idea surge en los primeros estudios en torno a análisis postelectorales basados en declaraciones de votantes de partidos políticos de Países Bajos, Alemania y Austria. En estas declaraciones descubren la existencia de una distancia de género en el soporte de estos partidos políticos y empieza una línea muy relevante en el análisis. Estamos hablando del año 2004. En el año 2007, Cas Mudde, un politólogo neerlandés y uno de los mayores expertos mundiales en el estudio de la ultraderecha y el populismo, toma una conceptualización que vino de esos estudios que fue lo de “partidos de hombres”, que son partidos que tienen una diferencia drástica de género entre sus votantes. Aunque la realidad es que esos partidos han girado su estrategia en los últimos años para dirigirse a las mujeres. Estos análisis, según hemos constatado, son diferentes al compararlos en distintas comunidades autónomas.

¿Y cuál es la diferencia en ese sentido entre las comunidades autónomas?

Hay algunas comunidades autónomas en las que la distancia es clara y hay otras comunidades autónomas en las que la distancia en el voto no se da. El sostenimiento de Vox entre hombres y mujeres, en concreto en el caso de España, no es tan claro. Por ejemplo, en Madrid no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres a la hora de votar a la extrema derecha. Aunque considero que debería hacerse un estudio específico sobre esta cuestión.

¿Las mujeres en la política actúan de forma diferente en los casos de corrupción que los hombres?

Desde luego están menos envueltas, pero no tenemos estudios específicos al respecto. Yo lo vinculo con ese cuestionamiento del liderazgo de las mujeres o esa creencia de que ellas son buenas, aunque yo creo que se debe a que no están realmente en los núcleos de poder de los partidos.

¿Tal vez porque la corrupción comienza en los entornos informales y en ese 'colegueo' entre hombres?

Quizás un factor puede ser ese.

La Agrupación de Electores Cuenca Nos Une ha comunicado este jueves que el segundo teniente de alcalde, Isidoro Gómez Cavero, ha presentado su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Cuenca por razones médicas.

Lucha durante los últimos años contra un tumor cerebral que le ha llevado hasta dos veces al quirófano.“No es una decisión fácil ni para él ni para quienes formamos parte de Cuenca Nos Une. Isidoro ha sido, es y seguirá siendo el alma de este proyecto”, señala el Grupo Municipal que gobierna en coalición con el PSOE, en un comunicado.

Le definen como “la persona que, desde el primer día, tuvo claro que Cuenca necesitaba una voz propia, libre, útil y centrada únicamente en la defensa de los intereses de la ciudad”.

Recuerdan que, “durante todos estos años, Isidoro ha trabajado incansablemente por Cuenca” y que lo ha hecho “con valentía, con generosidad, con sentido común y con una enorme capacidad de diálogo”.

Además, sostienen que “gracias a su impulso, a su constancia y a su forma de entender la política desde la cercanía y el compromiso, Cuenca Nos Une ha sido decisiva para sacar adelante proyectos fundamentales para la ciudad”.

Unidad frente a confrontación

Del edil, que el pasado 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, fue reconocido como Hijo Predilecto de la región, también señalan que “ha defendido siempre una idea muy sencilla, pero muy poderosa: Cuenca necesita unidad, no confrontación”.

O que “las administraciones remen en la misma dirección y que los intereses de la ciudad estén por encima de las siglas, de los partidos y de las estrategias políticas. Ese fue el motivo por el que nació Cuenca nos Une y ese seguirá siendo nuestro camino”, señala la formación política.

También aclaran que su renuncia al acta no significa, “en ningún caso”, una despedida de Cuenca Nos Une. “Isidoro seguirá siendo una referencia imprescindible para esta agrupación, una voz escuchada y respetada, y una persona profundamente vinculada a nuestra ciudad”.

A través del comunicado, Cuenca Nos Une traslada públicamente su cariño, agradecimiento y reconocimiento a su compañero de filas. “Por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha peleado y por todo lo que ha entregado a Cuenca, incluso en los momentos más difíciles”.

Ahora creen que lo importante es su recuperación, su tranquilidad y su salud.“Desde esta agrupación vamos a seguir trabajando con el mismo espíritu que él nos ha enseñado: con serenidad, con firmeza, con diálogo y con una lealtad absoluta a Cuenca”, zanjan.

El siguiente en la lista de la agrupación de electores en los últimos comicios es Jesús Alberto Pontones, que ya fue concejal durante la anterior legislatura.

Dolz: “Lo considero como mi hermano”

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha mandado un mensaje de agradecimiento al que hasta la fecha era su segundo teniente de alcalde, tras conocerse su renuncia. “Para mí no es un concejal más del equipo de Gobierno, es que lo considero como mi hermano”, ha manifestado.

Le ha agradecido “todos sus desvelos y todas sus actuaciones” en los últimos siete años y medio “para mejorar, sobre todo, la vida de los conquenses de esta ciudad”.

“Isidoro ha sido y será siempre una pieza clave en la gobernanza de la ciudad de Cuenca”, ha insistido el alcalde, que ha mandado un “fortísimo abrazo” al que ha sido su socio de Gobierno durante dos legislaturas.

Concejales del Grupo Municipal Socialista de Toledo y del de Vox -a excepción de la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares- abandonaron este miércoles la inauguración de la carrera procesional del Corpus Chisti de la capital castellanomanchega durante el recorrido al considerar que el PP estaba haciendo un uso “electoralista” de la misma con la presencia de varios cargos nacionales del partido. Entre ellos se encontraba el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como el líder de los 'populares' en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

“Lo han convertido en un acto político”, denunciaba uno de los ediles de Vox -Daniel Morcillo, concejal de Educación-, que gobierna en coaliación con el PP en la ciudad, reprochando “el lamentable espectáculo” por el que dice haberse visto “obligado” a abandonar la comitiva.

Por su parte, el PSOE local ha cargado contra el alcalde, Carlos Velázquez, a quien reprochan haber “usado” una de las “mayores tradiciones de Toledo para su propaganda, trayendo a cargos nacionales del PP”. “Ante este uso de las instituciones, hemos decidido abandonar la inauguración de la carrera procesional. El Corpus es de toda la ciudad, no un acto electoralista.”, ha trasladado en un mensaje en sus redes sociales.

“Esto ya ocurrió hace dos años y, por desgracia, esta noche se ha repetido la misma circunstancia. Nuestro Corpus es reflejo de la fe de un pueblo y es la Fiesta Grande de Toledo. Y ninguna circunstancia debe empañar el esplendor de esta celebración. ¡Feliz Corpus, toledanos!”, ha añadido Daniel Morcillo en sus redes sociales.

En el año 2024, los concejales de Vox -socios de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Toledo- abandonaron también este acto religioso por los mismos motivos, tal y como recogió encastillalamancha.es.

En esta ocasión, trasladaron su disconformidad por el uso del protocolo que hizo el alcalde, que realizó la carrera procesional en primera línea acompañado por varios cargos del PP nacional y regional. Los ediles de Vox se salieron en distintos puntos -a excepción de la vicealcaldes, Inés Cañizares- al verse relegados hasta la séptima fila.

Tolón también reprocha “relegar al tercer plano” a concejales y Velázquez defiende que se respetó el protocolo

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha cargado contra la visita del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Toledo para participar en la carrera profesional del Corpus, al quedar relegados los concejales “al tercer o cuarto plano”.

Ante las preguntas de los medios este jueves antes de asistir a la misa del Corpus Christi toledano, Tolón ha insistido en que el de este miércoles era “el día de la ciudad”, que “está representada por la Corporación municipal, por los concejales de todos los grupos políticos”, según recoge Europa Press.

De su lado, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado que se respetó “estrictamente” el protocolo. “Especialmente ayer, quizá seguramente mejor que ninguno de los últimos años”, ha aseverado el primer edil, insistiendo en que se respetó “como se respeta hoy en la Catedral, como se respetan los actos militares también de la Academia de Infantería, como se debe respetar el desfile que tendremos”. “Y es nuestra obligación”, ha apostillado.

Feijóo, en la previa al Corpus Christi de Toledo, antes de hacer la carrera procesional: “El impacto es imborrable”

Antes de la carrera inaugural, el presidente nacional del PP ha valorado en declaraciones a los medios cómo está la ciudad en la noche previa a la celebración del Corpus Christi, asegurando que cualquier persona que venga y no haya venido con anterioridad, “el impacto que se lleva es un impacto imborrable”.

Feijóo ha destacado que esta festividad es “tradición, es cultura, es religión, es marca España”. “La Catedral está preciosa, este Ayuntamiento está engalanado, las calles son hermosas y toda la gente que está aquí optimista, positiva e intentando pasarlo bien”, ha comentado, asegurando que está “muy contento de poder estar aquí” y confiando en que “si los españoles quieren, pueda venir aquí alguna vez como presidente”.

Feijóo, que ha admitido que aunque había sido invitado en otras ocasiones, es la primera vez que acude al Corpus Christi de Toledo, ha incidido en que “esto sobrepasa cualquier previsión”.

Este jueves, 28 de mayo, a una semana de la celebración del Corpus Christi de Toledo, Día Grande de la ciudad de Toledo, Europa Press vuelve a organizar su ya tradicional torneo de fútbol benéfico Precorpus, que este año alcanza su tercera edición.

Tras el éxito de convocatoria en los años 2024 y 2025, donde El Socorro de los Pobres y Ademto fueron las entidades beneficiarias respectivamente, en esta ocasión será el Club Deportivo Escaleno de la capital toledana quien recibirá la recaudación de esta cita deportiva, ya consolidada en el calendario de actividades previas al Corpus Christi.

El evento cuenta con el patrocinio principal de Eurocaja Rural y contará con la participación de cuatro equipos en un torneo solidario donde lo importante será la causa benéfica por encima de los resultados deportivos.

Periodistas, tanto de gabinetes como de medios de comunicación, se mezclarán con destacados políticos de la provincia de Toledo en dos de las escuadras que se enfrentarán a partir de las 20.00 horas en el Carlos III. El personal de Eurocaja Rural formará otro equipo; y agentes de Policía Nacional y Policía Local de la ciudad serán los componentes del cuarto contendiente.

El partido se llevará a cabo en las instalaciones del renovado Carlos III de Toledo, que se preparará para la ocasión tras casi dos décadas en desuso. Además, habrá patrocinio en forma de género por parte de Cervezas LA SAGRA; Mazapán San Telesforo aportará el postre en forma de helados de mazapán; D'VORAR Toledo preparará sus célebres pinchos de tortilla para los asistentes; y el grupo Restoledo, que gestiona locales hosteleros como La Esencial, La Azotea o La Fábrica de Harinas en la capital toledana, llevará por su parte tapas diversas, agua y refrescos.

Todo ello a un precio simbólico de un euro para jugadores y público, con una recaudación final que se sumará a las aportaciones institucionales para conformar el cheque final que recibirá el Club Deportivo Escaleno.

El evento cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo y la Diputación Provincial, quienes aportarán un cheque solidario de 500 euros cada uno. Eurocaja Rural duplicará la suma de la recaudación de cervezas, helados y tortilla, contribuyendo a la entrega.

Cuatro partidos, solo un campeón

El formato del torneo repetirá al de la pasada edición. Así, el primero de los combinados de periodistas y políticos, unidos en el Equipo Amarillo, se enfrentará a partir de las 20.00 horas en un encuentro de 35 minutos al Equipo Blanco, formado por agentes de los cuerpos de Policía Local y Nacional de la ciudad de Toledo.

A la misma hora, de forma simultánea y en el campo contiguo, el Equipo Fucsia, también con políticos y periodistas, tendrá en frente al equipo Verde, conformado por personal de la entidad bancaria.

Previamente, a las 19.30 horas, tendrá lugar la comparecencia ante los medios de comunicación por parte de las autoridades que apoyan al evento.

Los ganadores de las dos semifinales se enfrentarán a partir de las 21.00 horas en una gran final; mientras que los otros dos equipos jugarán la final de consolación a la misma hora y también durante 35 minutos.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, del Partido Popular, ha mandado una carta al presidente de su propio partido, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con navajas albaceteñas, para que este sector, seña de identidad de la ciudad, no se incluya en la modificación del Reglamento de Armas.

Esta iniciativa se enmarca en la polémica que se ha desatado después de que el Congreso haya aprobado con el respaldo del PP y del PNV una proposición no de ley (PNL) que afecta al sector de la cuchillería en Albacete, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Concretamente, esta iniciativa pide endurecer el control de armas blancas ante el aumento de agresiones y sanciones en toda España.

Dicha iniciativa, que salió adelante en una votación separada por puntos a la que se opusieron PSOE y Sumar, plantea diseñar urgentemente “un plan integral de actuación que frene la tendencia al alza del uso de armas blancas para la comisión de delitos de extrema violencia”.

Las reacciones desde Albacete, capital de la fabricación cuchillera en España, fueron inmediatas. Tanto el Ayuntamiento como los grupos municipales de la oposición, y después la Diputación provincial y el Gobierno de Castilla-La Mancha han rechazado esta medida y han defendido el sector de la fabricación artesanal de navajas.

Ahora, en las cartas enviadas, el alcalde de Albacete expresa “la profunda preocupación” del sector cuchillero de Albacete, y por tanto, de toda la ciudad, ante las peticiones del PP y PNV para endurecer la normativa de armas, que “criminalizaría un sector clave para la economía de la ciudad, como es la cuchillería”.

Navajas también para la presidenta del Congreso

Serrano, que ha remitido en el mismo sentido una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol y a los portavoces de los grupos en el Congreso, ha acompañado cada misiva de una navaja, “como muestra de la calidad, tradición y seña de identidad de la industria cuchillera albaceteña”.

Estas cartas se enmarcan en la respuesta institucional y política del alcalde contra “cualquier cambio normativo que pueda perjudicar a la cuchillería de Albacete”. Remarca que no solo es una “actividad económica fundamental”, sino que representa “más de seis siglos de tradición artesanal e industrial y forma parte de la identidad histórica de nuestra ciudad y de toda España”.

Con esta iniciativa ha querido trasladar “personal y directamente” a los grandes líderes políticos “una postura transversal y compartida” por todos los albaceteños, porque Albacete “concentra casi el 90% de la producción cuchillera nacional y constituye uno de los principales polos cuchilleros del mundo, reconocido internacionalmente por la calidad, innovación y prestigio de sus productos”.

En ese sentido, el alcalde de Albacete pide formalmente un encuentro de los representantes de cada grupo político o institución con el sector, representado por la Asociación de Empresarios de la Cuchillería y Afines (Aprecu), y también con representantes de la ciudad a través del Ayuntamiento, “para que puedan conocer el profundo arraigo que tiene la industria cuchillera en Albacete”.

El enfoque adecuado no debe ser la criminalización de un sector histórico y generador de riqueza

En su carta, Manuel Serrano destaca los más de 1.000 empleos y las exportaciones por valor de 35 millones de euros anuales que llevan el nombre de España y de Albacete a “mercados de todo el mundo” y que “demuestran que es un sector estratégico para la economía de la provincia”.

También incide en que este sector ha forjado “un hueco en el corazón de los albaceteños” a lo largo de los siglos, “templando el acero en nuestros talleres artesanales repartidos por toda la ciudad”. “Nuestra profunda tradición cuchillera hace que tengamos uno de los pocos museos de la cuchillería de toda Europa, además de una Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería y una Escuela de Cuchillería por la que han pasado cientos de jóvenes albaceteños para formarse en el noble arte cuchillero”, destaca.

El enfoque adecuado, según apunta el alcalde, no debe ser “la criminalización de un sector histórico y generador de riqueza”, sino el “endurecimiento de las penas y medidas contra quienes cometen actos delictivos, dotando de más medios a quienes combaten contra ella, Policía Nacional y Guardia Civil”.

Desde el escándalo de Matesa en la dictadura hasta el reciente caso Koldo, la corrupción en España ha demostrado ser un problema estructural capaz de sobrevivir a cualquier régimen o ideología. Así lo refleja el libro La corrupción en España: un problema enquistado (Tirant Lo Blanch) que acaban de publicar el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez. 

El ensayo analiza las raíces de una lacra que nuestro sistema democrático no ha logrado erradicar al nivel de los países europeos más avanzados. Y detalla sus consecuencias en la economía, la eficiencia de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático. En esta entrevista telemática con elDiario.es, los autores proponen crear infraestructuras éticas, proteger a quienes denuncian y alcanzar un modelo donde la gestión pública equilibre la independencia de los técnicos con la visión de los políticos. 

Uno de los capítulos del libro se abre con el ‘caso Matesa’, el gran escándalo de corrupción del franquismo, y concluye con el ‘caso Koldo’. ¿La corrupción sobrevive a cualquier sistema político e ideología?

Fernando Jiménez: Pese a distintos regímenes políticos con distintos partidos en el poder, la corrupción pervive. Uno de los motivos para hacer este libro es ver la continuidad de los escándalos. Hay problemas estructurales que nunca se han tomado suficientemente en serio, pero tampoco pensamos que sean irresolubles. Países que hoy día son un ejemplo en el control de la corrupción, como los nórdicos, han pasado épocas de su historia donde la corrupción estaba muy presente y fueron capaces de construir instituciones que la desincentivan. Esa es la clave. 

Afirman que las prácticas corruptas enriquecieron a buena parte de los dirigentes franquistas y a los empresarios cercanos al régimen. Viéndolo así, parece que no hemos avanzado demasiado. 

Joaquim Bosch: En la última etapa del franquismo, España evolucionó hacia un Estado moderno, con servicios públicos, con presupuestos de cierta entidad, pero no lo hizo a través de un sistema democrático. Y por eso muchas de estas dinámicas arrancan en la dictadura. La manipulación de las decisiones urbanísticas o de la contratación pública, la construcción incontrolada del ámbito turístico que generó tantísimos beneficios, los tratos de favor… La pregunta es por qué nuestro sistema democrático, al menos hasta ahora, no ha sido capaz de cortar esto al nivel de las democracias europeas más avanzadas. 

Ustedes apuntan a que en la Transición no existió una voluntad política para romper con las redes clientelares y la contratación fraudulenta heredada del régimen. 

Fernando Jiménez: En la Transición, los partidos no tenían suficientes anclajes sociales debido a la despolitización del franquismo. En los primeros años, nombraron a mucha gente en la Administración. No se vio mal porque veníamos de una administración franquista donde se había hecho una fortísima depuración después de la guerra. El problema es que la capacidad de los partidos de atraer buenos profesionales cada vez ha sido menor debido al clientelismo y a que sus organizaciones juveniles se han convertido en una escuela de arribismo. Los partidos tendrían que haber apostado por la profesionalización de la Administración, pero no lo hicieron para salvaguardar sus equilibrios internos. 

Joaquim Bosch: En la Transición, los partidos no rompieron con la corrupción del franquismo porque, por un lado, sirvió para financiarse y para que sus dirigentes controlaran más esos espacios de poder. Y, por otro lado, hubo sectores empresariales que se enriquecieron gracias a esa corrupción y que luego pudieron seguir haciendo lo mismo en democracia, porque los partidos seguían necesitando corruptores. Cuando la corrupción impregna a las principales fuerzas políticas y genera unas dependencias de todo tipo, rectificarlo es muy complicado. 

De hecho, las leyes que han tratado de rectificar parcialmente todo esto se aprueban muy tarde. El delito de financiación irregular de partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015. La Ley de Contratos del Sector Público no se reformó de manera sustancial hasta 2017. 

Fernando Jiménez: Se hace tarde y mal. La reforma de 2015 de la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones de empresas a los partidos, pero no a sus fundaciones, que se permiten sin límite de cantidad. La ley de contratos es complejísima y muy fácil de sortear. El problema es que las reformas se han hecho porque estábamos entre la espada y la pared, sin mucha convicción, debido a los incentivos que han tenido los partidos para seguir teniendo acceso a unos recursos a los que, de otra manera, no podrían acceder y, así, mantener la paz interna y el control por parte de sus dirigentes. 

Joaquim Bosch: Las redes clientelares de los partidos vienen de lejos, incluso antes del franquismo. Hay decenas de miles de cargos de partido en el Gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas y fundaciones institucionales. Son espacios que tienen grandes efectos en los equilibrios internos de los partidos. El problema es que están ocupando espacios donde debería haber profesionales especializados y técnicos independientes e imparciales que alertaran de dinámicas de corrupción. Hay multitud de casos de corrupción en los que están implicados cargos de fontanería de partido. 

¿Qué soluciones proponen? 

Joaquim Bosch: Hay que reforzar la objetividad en la contratación pública, reforzar los controles internos para que puedan saltar alarmas, dificultar amistades peligrosas en materia de puertas giratorias u otro tipo de complicidades en el espacio público privado. También poner el foco en el ámbito empresarial para que haya sanciones reales y efectivas a las empresas que aparecen continuamente en los hechos probados de los casos de corrupción. Hay mecanismos legales que no harían tan fácil corromperse. Si solo lo dejamos en función de la loable honradez de los políticos, tenemos un grave problema. Las democracias europeas más avanzadas han generado infraestructuras éticas, han mejorado los mecanismos de transparencia y también han generado espacios de control y de vigilancia que aquí en España, en algunos ámbitos, brillan por su ausencia. 

Fernando Jiménez: Los partidos no pueden determinar los nombramientos de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. En Portugal, cuando estuvieron bajo el control de la Unión Europea en la Gran Recesión, crearon una comisión donde estaban universidades y empresas cazatalentos que hacían un filtro previo y seleccionaban solo tres perfiles para cada cargo y ya luego el político nombraba entre esos tres. Ese tipo de inventos cambiaría de la noche a la mañana este sistema tan perverso. 

¿Parte de la alternativa entonces es la tecnocracia? ¿No supone eso un déficit democrático?

Joaquim Bosch: Es evidente que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. Aquí lo problemático sería dar a determinados cargos no elegidos democráticamente capacidad para marcar líneas de gestión. Los técnicos no pueden tomar decisiones de gestión de carácter político o de desarrollo de un programa, pero otra cosa es que espacios que tendrían que ser independientes e imparciales estén colonizados por los partidos.

Fernando Jiménez: Estamos en el punto absolutamente contrario, en la colonización política máxima, nos faltaría mucho por recorrer para llegar a la tecnocracia. Una Administración pública funciona bien cuando está dirigida por un técnico profesional y un político que está representando ahí el viento fresco de las opiniones ciudadanas en un determinado momento. Si tú dejas la Administración solo en manos de técnicos profesionales, aquello acaba asfixiándose. Es decir, acaba teniendo en cuenta los intereses particulares de los funcionarios. Hay que conseguir el equilibrio entre el interés del técnico y el interés del político. No es ir a la tecnocracia como solución, sino equilibrar las dos almas. 

Si los partidos hubieran hecho bien su papel y hubieran nombrado buenos profesionales próximos a ellos ideológicamente no estaríamos haciendo esta entrevista. El eslogan sería “menos Koldo y más Maurici Lucena”, presidente de Aena, quien rechazó borrar los vídeos de las cámaras del aeropuerto de Barajas de la visita de Delcy Rodríguez cuando se lo pidió [el entonces ministro] José Luis Ábalos. Alguien que sea próximo pero que tenga muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer y que sea un buen profesional. Si hubiéramos seguido teniendo los técnicos por los que apostaron en los años de la Transición seguro que no habría los niveles de corrupción que tenemos ahora. 

¿Por qué apenas han saltado alarmas internas en las administraciones ante grandes casos de corrupción? 

Joaquim Bosch: No podemos exigir tampoco heroicidades. Los pocos denunciantes de corrupción que han dado la cara han sufrido represalias que les han llevado a enormes perjuicios profesionales, económicos y familiares. Además, en las últimas décadas, los técnicos independientes e imparciales han sido arrinconados para colocar asesores que dicen a los políticos lo que quieren escuchar. 

Fernando Jiménez: Tenemos una directiva europea de protección de los informantes de corrupción y una ley española, pero que tiene muchos agujeros. Los funcionarios tienen mecanismos legales para denunciar, pero junto a ellos hay instituciones informales que desincentivan la denuncia temprana y esto es lo que hay que cambiar. Hay que proteger realmente a la gente que es conocedora del caso porque está dentro de la organización y que avisa a tiempo. 

Afirman que sin protección real, muy pocos se arriesgan a romper el silencio. Pero recientemente hemos visto al fiscal jefe Anticorrupción defendiendo que es “posible” aplicar una atenuante muy cualificada a un empresario —Víctor de Aldama— que ha emprendido una “colaboración con la Justicia” salpicada de bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas. ¿Es esa la vía? 

Joaquim Bosch: No habría corruptos sin corruptores y necesitamos enfoques contra la corrupción desde la perspectiva empresarial. En el caso de Aldama, la colaboración con la Justicia y la aplicación de una atenuante de confesión pueden llevar a que se practiquen atenuantes. La discusión es el alcance y si pueden llevar hasta una reducción de la pena que supondría que ni siquiera ingresara en prisión, lo que podría generar una percepción de impunidad. 

El tribunal va a tener que valorar esa posibilidad desde algunas dificultades porque la jurisprudencia indica que no basta con que haya una colaboración con la Justicia, sino que tiene que ser decisiva y esencial para perseguir el delito o desmantelar la actividad delictiva. Cuando Aldama empezó a colaborar con la Justicia ya había muchas pruebas, no es él el que desmantela todo. Además, la UCO lo sitúa en la cúspide de la organización. En todo caso, la aplicación de la atenuante es una competencia del tribunal. 

En cualquier estrategia anticorrupción son fundamentales los controles y contrapesos. Entre ellos, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías... ¿La corrupción y las corruptelas permean también a esos órganos llamados a combatirla? 

Fernando Jiménez: Hemos tenido muchísimos ejemplos de corrupción policial y algunos casos de corrupción judicial. Evidentemente, eso exige que las organizaciones policiales, los jueces… tengan sus sistemas de integridad propios y adecuados al tipo de trabajo que hacen. Cuando tienes unos niveles de colonización política de la Administración tan grandes, esto se extiende incluso a aquellos cuerpos que son especialmente claves a la hora de perseguir la corrupción, como es la policía, la judicatura, la Fiscalía. Antes de aspectos técnicos de la lucha contra la corrupción, necesitamos acabar con el exceso de politización que tenemos en nuestras administraciones y, especialmente, en los órganos de control, en los contrapesos de la Administración. Eso es absolutamente clave.

Joaquim Bosch: Me preocupa la parte judicial de esos contrapesos. Nuestros altos tribunales generan problemas de falta de apariencia de imparcialidad porque hay demasiadas posibilidades de injerencia de las principales fuerzas políticas en la configuración de estos tribunales que, según dicen los organismos europeos, no están diseñados con criterios lo suficientemente objetivos de mérito y capacidad. Esto lleva a posibles presiones o situaciones que puedan generar dudas a la ciudadanía. 

¿Mejora la lucha contra la corrupción que se eliminen de los procesos a las acusaciones populares, como pretende imponer la reforma legislativa del Gobierno? 

Joaquim Bosch: En un país con la configuración institucional que tiene España, en el que la Fiscalía está muy vinculada al poder político, es peligroso dejar solo en manos del Ministerio Público la posible apertura de una causa. La acusación popular ha demostrado en muchos procedimientos que sigue siendo necesaria. También se han evidenciado disfunciones y actuaciones abusivas. Pero es posible regularla con sanciones en caso de actuaciones fraudulentas. Perderíamos bastante en la lucha contra la corrupción si la dejáramos fuera. A veces se piensa en determinadas acusaciones populares, pero hay que ver el conjunto. Han conseguido llevar adelante muchas investigaciones por corrupción y en conjunto su labor ha sido positiva.

En último lugar, les quería preguntar sobre el lawfare. ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Joaquim Bosch: El lawfare no es la regla general de actuación del Poder Judicial en nuestro país cuando hay causas de carácter político. Ha habido supuestos que han tenido condena, el más conocido es el de Salvador Alba. Y sí que hay casos en los que puede haber dudas razonables sobre una actuación judicial incorrecta. A los jueces de base solo nos pueden juzgar los altos tribunales, que son también los que juzgan a la gran mayoría de los políticos. Si queremos evitar la tentación del lawfare, cuanto más reforzados estén los altos tribunales en su apariencia de imparcialidad y en evitar que existan injerencias partidistas, será más difícil que se generen dinámicas de lawfare. Si un juez cree que puede actuar de manera indebida y no le va a ocurrir nada, estamos favoreciendo las dinámicas irregulares. 

La campaña del 17M, como todas, se hace puerta a puerta, forrando ciudades con carteles y banderolas, o con sonoros debates en televisión. Pero si hay un espacio en el que la confrontación electoral es decisiva ese es el de las redes sociales, como demostraron con una tarea invisible para muchos, primero Podemos, y después Vox. Y ahí es donde el talento puede valer más que el volumen y favorecer a candidaturas más modestas, como la liderada por José Ignacio García (Adelante Andalucía). Si consigue el doble de diputados tras estos comicios, como le auguran muchas encuestas, tendrá bastante que ver la capacidad de penetración de su mensaje a través de las redes sociales.

De este modo, mirando los números de los cinco principales candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno casi roza cifras de influencer, aunque todavía está muy lejos de las que maneja su homóloga Isabel Díaz Ayuso. De todas maneras, si se suman todos sus perfiles, está muy por encima del resto de aspirantes del 17M y de sus propias siglas en Andalucía. María Jesús Montero, segunda en el ranking, y más modestamente Antonio Maíllo, ambos viejos conocidos de la política, también superan a sus propias siglas. No es el caso de Manuel Gavira: la marca Vox pesa mucho más. Y otro tanto ocurre a José Ignacio García, aunque con menos diferencia en su caso entre candidato y partido, debido sobre todo a la tradición en estas plataformas de Podemos Andalucía, de la que es heredero. Es, en todo caso, el tercero en seguidores, tras Juan Manuel Moreno y María Jesús Montero, todo un logro para quien parte en esta carrera con menos diputados que ninguno.

Sin embargo, no todos saben sacar el mismo partido a estos números. Ana Salazar, presidenta de la Asociación de Comunicación Política, apunta que, en un momento en que cualquier campaña no puede entenderse ya sin redes sociales, su mayor ventaja es “la capacidad de penetración, segmentación y alcance”. Poco a poco se ha ido entendiendo por parte de los distintos partidos “que X forma parte del ecosistema político y mediático, pero que tenían que entrar en otras redes sociales”. En 2022 no estaban en Instagram ni en Tiktok, pero en 2026 la mayoría lo ha hecho. Destaca, no obstante, “la falta de apuesta por Linkedin, donde Juanma Moreno lleva una muy buena campaña, y es una red interesante para dirigirte a colectivos profesionales, como ganaderos, médicos, docentes…”. También “Manuel Gavira la trabaja bien”, opina.

De la habilidad de Adelante Andalucía al vídeo de María Márquez

En esta línea, la politóloga considera que “la mejor campaña sin duda” es la de José Ignacio García. “Es milenial y sabe. Se dirige a su público y además viene de una tradición de partido en este terreno. Basta recordar que Teresa Rodríguez [quien, por cierto, cierra simbólicamente la lista por Cádiz de Adelante Andalucía] ya lo hacía. Cierto que es una campaña pequeña y más controlable. En el caso del PP y el PSOE, manejan muchas más cuentas: las del candidato a la Presidencia, las cabezas de lista de cada provincia… Se les desborda y no tienen una única estrategia, sino varias”, analiza.

Es precisamente en Instagram y Tiktok donde está el gran caladero de voto joven. En la primera, Juan Manuel Moreno duplica los números de sus rivales (el lunes felicitó a los fans de Star Wars, con un mano a mano con Chewbacca) pero en Tiktok José Ignacio García le pisa los talones con casi el mismo número de seguidores y creciendo en impactos. El líder de Adelante Andalucía ha encontrado en estas plataformas “un formato donde se siente cómodo y usa con acierto”. En Instagram, incluso, apuesta por “directos cada semana” para acercarse a sus votantes, con vídeos de campaña que acumulan miles de reproducciones.

Pero ni siquiera son siempre los candidatos a la Presidencia los que tiran en redes sociales. Basta con mirar a Ángeles Ferriz, número 2 por Jaén, con una presencia en Tiktok que no tiene María Jesús Montero (ausente) y que supera incluso a la de Juan Manuel Moreno en seguidores y en impactos.

Estas cuestiones marcan la diferencia. “Hay partidos y candidatos que saben explotar cada red social, adaptando el formato, como hace sin duda Adelante Andalucía, pero otros no, como por ejemplo María Jesús Montero, que se limita a colgar cortes de entrevistas o de intervenciones. No tiene nada que ver con lo que hace Ángeles Férriz, o el vídeo que, por ejemplo, ha hecho María Márquez, de manera sencilla, grabado y guionizado por ella, con su móvil, en el patio de su abuela, su vestido rojo... Es un vídeo de campaña maravilloso”, resume Ana Salazar.

“Muy potente”, coincide David Hijón, de Dialoga Consultores, para quien la cuestión clave es adaptar los mensajes a cada red social y a cada audiencia. “No son los mismos códigos ni los mismos formatos los que tienen éxito en X que en Tiktok o en Instagram. Cada red social tiene una idiosincrasia propia y el éxito de la comunicación en las mismas es saber adaptarse a cada espacio digital”. Por ello, este consultor subraya: “Lo fundamental es entender los códigos y tener claros los objetivos y las audiencias a las que diriges el mensaje. No puedes llegar normalmente a un público joven con vídeos de 2 o 3 minutos, y a la inversa. De hecho, a los partidos tradicionales les cuesta más trabajo entender los cambios de paradigma, pero poco a poco, lo van consiguiendo. Un ejemplo evidente es la campaña del Perro Sanxe en 2023”, explica.

En este sentido, “los errores derivan fundamentalmente de no haber realizado una buena investigación y análisis de datos, lo que lleva a confundir los canales, los formatos y las audiencias objetivo”, recalca. La investigación es la base de cualquier campaña de marketing. En el caso de las electorales, “las buenas campañas conjugan un buen análisis de datos, una buena definición de audiencias electorales, una buena elección de los canales de comunicación y, por supuesto, unos buenos contenidos, que son la guinda del pastel”.

Entiende que las campañas siempre van adaptándose a los comportamientos sociales. “Por ejemplo, muchas campañas españolas están explorando con publicidad los videojuegos online; el espacio de los gamers. La primera vez que lo vimos fue con Barack Obama hace ya más de una década. En alguna campaña latinoamericana, por ejemplo, un candidato se abrió incluso una cuenta de Tinder. Sin excesivo éxito electoral, pero con gran repercusión mediática”.

Cada vez se puede hacer más con menos. “Mira, por ejemplo, las campañas que hace Adelante Andalucía”, resalta David Hijón. Cree incluso que “la habilidad de Adelante Andalucía y de José Ignacio García en redes sociales está opacando en exceso” a Antonio Maíllo, cabeza de lista de Por Andalucía, una campaña que le parece “plana”. Como también ve la del PSOE: “Necesita romper. Sigue siendo demasiado clásica para un partido que está muy por detrás en las encuestas. Pero empiezan a verse cositas interesantes, como la recuperación del color verde Andalucía”.

En cambio, cree que la campaña del PP está muy bien pensada: “Se centra en la figura de Juanma Moreno, sin pisar callos ni a izquierda ni a derecha. Es la campaña típica de un partido catch all [atrápalo todo], que aspira a la mayoría absoluta. No cometer errores, movilizar a su amplia base electoral y repetir sin cesar el mantra de ‘o nosotros o lío’”.

Finalmente, señala que las campañas autonómicas de Vox suelen parecerse: “Centradas en la figura de Santiago Abascal y con un mensaje que se repite, da igual dónde. Poco apegadas al territorio, pero intentando imponer la agenda. No parece de momento que esté teniendo mucho éxito en la precampaña andaluza”, concluye.

Hay fenómenos naturales que la ciencia aún no explica del todo: los agujeros negros, la materia oscura y el misterioso encogimiento del currículum de muchos políticos. Uno abre sus biografías oficiales y descubre que, por arte de magia, la experiencia profesional cabe en un post‑it. Y sin letra pequeña.

La escena es conocida: personas que han hecho de la política su único oficio, o que vienen de profesiones cuya exigencia académica no desvela a nadie, acaban gestionando presupuestos que harían sudar frío a un director financiero. Y ahí están, tan tranquilos, tomando decisiones que afectan a millones de ciudadanos, mientras uno se pregunta si han manejado alguna vez algo más complejo que un grupo de WhatsApp.

La preparación empresarial brilla por su ausencia. La económica, también. La organizativa, mejor no mencionarla. Y el dominio de idiomas… bueno, digamos que muchos se sienten muy cómodos en su monolingüismo militante. Leer, leen poco; escribir, lo justo; y cuando oyen la palabra intelectual, algunos reaccionan como si les hubieran insultado en arameo. Para ellos, alguien que sabe redactar un párrafo con subordinadas o hilar un discurso con argumentos, es sospechoso de elitismo, pedantería o, peor aún, pensamiento propio ¡gran pecado!

Aun así, pontifican. Y pontifican con una seguridad que ya quisiera un catedrático en su discurso inaugural. Se suben al atril, inflan el pecho, sacan un papel doblado del bolsillo, que no leen, y proclaman verdades universales con la firmeza de quien jamás ha dudado de nada, quizá porque dudar exige leer, contrastar y pensar. Su superioridad es tan rotunda que termina revelando lo que pretende ocultar: una inanidad y una inferioridad que se nota a kilómetros.

Mientras tanto, la ciudadanía sueña con perfiles solventes, gente que sabe dónde pisa, que entiende un balance, que distingue un dato de una ocurrencia. Personas con trayectoria real, de esas que no se evaporan al primer vistazo. Nombres preparados, de cualquier signo político, capaces de aportar algo más que frases huecas y promesas con fecha de caducidad inmediata.

Sin embargo, la realidad insiste en ofrecernos representantes del club del currículum menguante. Y claro, de ahí salen políticas que duran lo que un yogur abierto, iniciativas sin visión que se improvisan de un día para otro y ocurrencias que se presentan como soluciones estratégicas. Todo muy dinámico, muy fresco, muy efímero.

El resultado es un paisaje político lleno de gestos, titulares y postureo, donde la gestión seria parece un lujo escandinavo. Y mientras tanto, los ciudadanos observan, suspiran y continúan esperando que, algún día, la competencia profesional en el desempeño político deje de ser una rareza y pase a ser un requisito.

El Partido Popular de Guadalajara, a través de su presidente, Lucas Castillo, ha lamentado hoy el fallecimiento de Mario González Somoano, histórico político de la formación, quien ha muerto de forma repentina en Romillo-Parres (Asturias).

González Somoano fue miembro del Partido Popular de Guadalajara ocupando importantes responsabilidades tanto políticas como de asesoría, “comprometido con los pueblos de la provincia”. De hecho, una vez jubilado, seguía activo como vicepresidente de la Asociación 'Pueblos con Futuro' ayudando a asentar familias en las zonas rurales de la provincia.

Funcionario de la Diputación Provincial de Guadalajara, también fue portavoz del Grupo Popular, diputado provincial y jefe de Gabinete de Presidencia en el mandato 2019 y 2023. Previamente también fue jefe de gabinete de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y concejal en varios pueblos de la provincia.

Pésame del partido

Desde el Partido Popular trasladan su “más sincero pésame” a su mujer, a su hijo y al resto de su familia y amigos, “lamentando profundamente esta pérdida que recibimos con mucha tristeza”. “Nos unimos al dolor de sus seres queridos, acompañándoles con todo nuestro afecto y poniendo en valor la huella imborrable que deja entre nosotros”.

“En estos momentos de profundo dolor, queremos también reconocer no solo su trayectoria pública, sino su calidad humana, su cercanía y su firme compromiso con quienes más lo necesitaban. Su legado permanecerá vivo en cada proyecto impulsado, en cada pueblo al que dedicó su esfuerzo y en el recuerdo de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de trabajar y compartir camino con él”.

El entierro tendrá lugar este sábado, día 25 de abril a las 11.00 horas en la iglesia parroquial de Arriondas.

El Gobierno de España ha nombrado a Inés Sandoval Tormo nueva directora general de Vivienda y Suelo y a María Isabel Vergara Sánchez directora general de Planificación y Evaluación, según se desprende de las referencias del Consejo de Ministros celebrado este martes.

Sandoval Tormo es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con formación en Trabajo Social (UNED) y másteres en Asesoría Jurídico-Laboral (UDIMA) y Formación del Profesorado (UNIR). Ha desarrollado su trayectoria en la gestión pública y de vivienda en la Administración estatal, autonómica y local.

En la actualidad, es directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Previamente, fue directora de Promoción y Colaboración en Casa47 impulsando proyectos de colaboración público-privada de vivienda.

Además, fue directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha y presidenta de Gicaman, donde gestionó el patrimonio público de vivienda y suelo. Entre 2015 y 2019 fue concejala en el Ayuntamiento de Toledo, con responsabilidades en empleo e igualdad, y cuenta con experiencia jurídica.

María Isabel Vergara Sánchez

Respecto a Vergara Sánchez, es ingeniera de Materiales y arquitecta técnica por la Universidad de Extremadura y funcionaria de carrera del grupo A1 y A2 de la Diputación de Badajoz.

Asimismo, cuenta con un máster universitario en Dirección Pública y Liderazgo Institucional por el Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Vigo, y un máster en Prevención de Riesgos Laborables y un máster en Diseño Asistido por Ordenador.

Cuenta también con formación complementaria en evaluación de políticas públicas, contratación administrativa, gestión de proyectos, accesibilidad, urbanismo, rehabilitación, código técnico de la edificación y seguridad y salud.

Hasta su nombramiento ha ejercido de directora de la Oficina Técnica del PERTE de la Industrialización de la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Ha desempeñado los puestos de jefa de Sección de Obras del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz, directora general de Vivienda de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, donde coordinó la política pública de vivienda (2019-2023).

En el año 2017 el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) puso en marcha una iniciativa dirigida a los hombres que ocupan cargos políticos con el fin de fomentar que promuevan la igualdad en su ámbito de influencia y, en particular, fomenten el compromiso personal y colectivo de otros hombres con dicha causa. Para ello, se crearon dos grupos de hombres en política, uno dentro del Gobierno vasco y otro a nivel municipal, en colaboración con EUDEL. Se trataba de espacios de formación, reflexión e intercambio, cuyo objetivo era reforzar la participación e implicación en la igualdad de los hombres que trabajan en la política, en la medida en que son referentes y participan en espacios de toma de decisión.

Ahora, casi una década después, y tras la participación de cerca de 500 hombres en las actividades diseñadas en el programa bautizado como 'Hombres políticos por la iguladad', llevado a cabo por Gizonduz, se ha querido dar un paso más allá con la creación de la 'Red de políticos por la igualdad', una iniciativa para promover la sensibilización, formación y acción a favor de la igualdad.

“Los roles y actitudes que adoptamos los hombres en nuestro día a día, dentro y fuera de casa tienen mucho que ver con la desigualdad. Tenemos los hombres una gran responsabilidad porque tenemos unos privilegios como colectividades y tenemos responsabilidades además añadidas quienes tenemos un cargo político, una responsabilidad pública. Los hombres que tenemos responsabilidades políticas debemos ser especialmente conscientes de todo esto porque tenemos la capacidad de incidir en los espacios de decisión, de crear referentes positivos, referentes de liderazgos igualitarios, compartidos y justos”, ha señalado el lehendakari Imanol Pradales este lunes en la jornada 'Hombres políticos por la igualdad. Experiencias y propuestas en un contexto global de involución antiigualitaria’ organizada por Emakunde en Vitoria y en la que se ha anunciado la creación de la red.

Para la ocasión, Pradales ha rescatado unas palabras del lehendakari Juan José Ibarretxe. “Quiero compartir plenamente unas palabras de hace muchos años de quien fuera lehendakari de Euskadi, el lehendakari Ibarretxe, cuando dijo que 'la igualdad real y efectiva debe ser el proyecto político por excelencia'. El contexto global lo exige. Los valores cívicos y la democracia hoy están en riesgo. Cobran cada vez más fuerza modelos de liderazgos autoritarios basados en una masculinidad tóxica. Creo que se entiende perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y para avanzar en una sociedad igualitaria es muy importante contar con representantes políticos concienciados, formados, comprometidos. Solo así plasmaremos este objetivo de país en cada decisión, en cada plan, en cada norma, en cada ley y en cada acción. A partir de hoy damos un paso más. Hoy creamos la red de hombres políticos a favor de la igualdad. Hoy, con esta jornada y con esta iniciativa, ponemos un grano de arena más en la construcción desde la política de una sociedad más justa y más igualitaria”, ha insistido Pradales.

Según han detallado desde Emakunde, la red se plantea como un “espacio discreto y seguro” para el intercambio y la acción a favor de igualdad de mujeres y hombres y en contra de la violencia machista, adaptado a las necesidades de los hombres en política y considerando su diversidad. “Es una de las líneas previstas en la Estrategia Gizonduz 2030, una iniciativa en la que ha habido que trabajar mucho para implicar a los hombres en acciones relacionadas con la igualdad, pero que ha conseguido grandes avances y hoy hay más demanda por parte de los hombres, que hace 19 años, para recibir formación en igualdad”, ha asegurado la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Respecto a la formación de la red, cualquier hombre que ocupe un cargo político en una institución pública de la Comunidad Autónoma Vasca podrá adherirse a ella, siempre que muestre su compromiso de impulsar o desarrollar actuaciones a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. Se prevé, al menos, una reunión plenaria al año coordinada por Emakunde, además de actividades de sensibilización, intercambio de experiencias y formación. “Trabajar con hombres en política es fundamental porque son referentes en sus ámbitos y participan en espacios de toma de decisiones. Y más aún en un contexto global de reacción antifeminista y antidemocrática protagonizada por liderazgos masculinos autocráticos”, ha concluido Elgarresta.