Canarias registró en 2025 una tasa de 3,82 delitos e incidentes de odio por cada 100.000 habitantes, frente a los 4,92 de media nacional, una cifra idéntica a la de Cataluña y solo superior a la registrada en Andalucía (3,40), según el último informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España.

El documento, basado en datos oficiales del Sistema Estadístico de Criminalidad, señala que el racismo y la xenofobia constituyeron el principal motivo de victimización en el archipiélago, con el 38,4% de los casos, seguidos de los delitos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género (26,7%).

Las comunidades autónomas con mayor tasa de delitos e incidentes de odio fueron Melilla (21,89), Navarra (15,65), Ceuta (10,77), País Vasco (8,65) y Asturias (7,01), mientras que las que registraron las tasas más bajas fueron Andalucía (3,40), Cataluña y Canarias (3,82), Aragón (4,05) y La Rioja (4,28).

En términos absolutos, en 2025 se registraron en Canarias 86 hechos conocidos relacionados con delitos e incidentes de odio, de los cuales 37 estuvieron vinculados al racismo o la xenofobia y 21 a la orientación sexual y la identidad de género.

Por estos delitos se practicaron 33 detenciones en el archipiélago: 15 por racismo o xenofobia, seis por orientación sexual e identidad de género, seis por creencias o prácticas religiosas, cinco por discriminación por sexo o género y una por disfobia.

Además, se esclarecieron 51 de los 86 hechos conocidos, 30 en la provincia de Las Palmas y 21 en la de Santa Cruz de Tenerife, la mayoría relacionados con racismo o xenofobia (24) y orientación sexual o identidad de género (17).

A nivel nacional, los hechos conocidos ascendieron a 2.416, de los que 1.585 fueron esclarecidos, con 1.018 detenciones o personas investigadas.

Por tipología, en el conjunto de España predominaron las amenazas, seguidas de las lesiones y los delitos de promoción o incitación al odio y la mayoría de las víctimas fueron hombres (62,34%), de entre 26 y 40 años (33,22%) y de nacionalidad española (60,46%).

Entre las víctimas extranjeras, que representaron el 39,54%, la mayoría procedían de África (16,16%), representando un 9,98% los marroquíes (9,98%) y un 1,14% los argelinos, y de América (15,65%), siendo principalmente los afectados colombianos (4,32%) y venezolanos (2,22%).

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revocado la condena por estafa impuesta en primera instancia a una mediadora inmobiliaria que operaba en Fuerteventura y ha acordado su absolución al entender que no ha quedado probado con la solidez exigible el “engaño bastante” propio del delito. La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia de Las Palmas el 13 de octubre de 2025, le imponía un año de prisión y el pago de 15.000 euros de indemnización a los compradores.

Los hechos se remontan a la primavera de 2016. Según la resolución, el 22 de abril de 2016 unos clientes de la investigada le hicieron una transferencia de 14.000 euros para la reserva de un apartamento en Fuerteventura y, el 24 de mayo de 2016, realizaron otras tres transferencias por 11.000 euros, 1.275 euros y 15.000 euros, esta última bajo el concepto de “reforma apartamento”.

El 27 de mayo de 2016 se firmó un contrato privado de arrendamiento con opción a compra sobre la vivienda, que después no llegó a elevarse a público por la calificación del inmueble como VPO, circunstancia que la Sala de lo Penal del TSJC recoge como parte del contexto del conflicto. La Audiencia había considerado probado que la acusada actuó “aprovechándose del desconocimiento del idioma” de los compradores y que les hizo creer que la operación no tendría coste de intermediación, cuando en realidad habría cobrado una comisión de 15.000 euros “absolutamente desproporcionada”.

El TSJ, sin embargo, concluye que esa versión no queda acreditada con la firmeza necesaria y que el razonamiento condenatorio presenta debilidades“. La Sala afirma que la cuestión podía suscitar dudas sobre el destino final del dinero y sobre la corrección de la intermediación, pero que eso no basta para afirmar penalmente una estafa, porque ”no concurren los hechos típicos del delito de estafa“.

La resolución añade que el hecho de que los 15.000 euros se ingresaran en la cuenta de la inmobiliaria “resulta irrelevante” por sí solo para excluir o afirmar el ánimo de lucro, y recuerda que la actividad del mediador inmobiliario es “típicamente onerosa”. En este contexto, apunta la sentencia, adquiere relevancia la doctrina del llamado “deber de autotutela o autoprotección de la víctima” en el delito de estafa.

La jurisprudencia penal, recuerda el tribunal, perfila este deber como un criterio auxiliar para valorar la suficiencia del engaño: se protege a la persona media que actúa con la diligencia ordinaria, “pero no se extiende la cobertura penal a supuestos en que el propio comportamiento de la víctima, por su pasividad o falta de mínima comprobación, contribuye decisivamente a la producción del daño”, subraya.

Aunque la jurisprudencia más reciente limita una interpretación extensiva del deber de autoprotección, recordando que el engaño no tiene que quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima, es lo cierto, enfatiza el TSJC, que en este caso “los compradores-denunciantes (que, por cierto, llevan ocupando legítimamente la vivienda que iban a comprar casi diez años y que se negaron a aceptar un acuerdo más que razonable para dar solución al conflicto) no podían ignorar cuál era el destino de los 15.000 euros, dada la sustancial equivalencia de las expresiones en español e italiano”.

El tribunal revoca íntegramente la sentencia de instancia, absuelve a la acusada y declara de oficio las costas del recurso.

Agentes de la Paprona de Illescas han puesto a disposición judicial a dos personas investigadas por un delito de falsificación de documento público y suplantación de identidad.

Como consecuencia de las inspecciones realizadas durante el pasado mes de diciembre se detectó la existencia de un albergue en esta localidad toledana en el que se custodiaban a 14 perros, varios ejemplares de cerdo vietnamita y una gran cantidad de gatos de distintas razas.

Fruto de la investigación se comprobó que dicho establecimiento operaba de manera clandestina, que carecía de la documentación obligatoria y que estaba al margen de las inspecciones de los veterinarios de la administración pública, según el instituto armado.

Presunta colaboración en fraude de una veterinaria

Al solicitar a la titular del albergue la documentación obligatoria para la identificación de los animales y comprobación de las vacunas y tratamientos sanitarios, una veterinaria habría cumplimentado fraudulentamente con su número de colegiada, los sellos oficiales antirrábicos.

De las gestiones de averiguación por parte de la Paprona de Illescas, se constató que la clínica donde supuestamente trabajaba la veterinaria que había certificado los tratamientos bajo sospecha, no dispensaba asistencia a perros o gatos, trabajando únicamente con animales exóticos y confirmando sus responsables que los animales localizados en Illescas en ningún momento habían sido tratados por ellos.

Desde la dirección de la clínica denunciaron el uso fraudulento del sello de su empresa, constándose cuatro firmas manifiestamente distintas de la supuesta veterinaria y modificaciones en las fechas de administración de las vacunas para que parecieran inyectadas previamente a la inspección del Seprona con la finalidad de evadir posibles responsabilidades administrativas.

El PSOE ha exigido la comparecencia del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (Coalición Canaria), tras conocer que un Juzgado de Arrecife investiga al consejero del Área de Residuos, Domingo Cejas, por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente relacionado con el incendio de mayo de 2024 en el Complejo Ambiental de Zonzamas, ha anunciado este martes

Los socialistas señalan que la Plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife mantiene abiertas diligencias penales por aquel incendio, después de que la Fiscalía apreciara indicios de posibles delitos medioambientales.

El consejero socialista en el Cabildo de Lanzarote, Benjamín Perdomo, denuncia que “lo más grave no es solo que exista una investigación penal por un incendio en una instalación pública esencial, sino que el gobierno de Oswaldo Betancort haya decidido ocultarlo durante meses a la ciudadanía”.

Para el PSOE, estos hechos obligan al presidente del Cabildo a comparecer y explicar “desde cuándo conocía esta situación, por qué no informó públicamente, qué medidas se han adoptado desde entonces y qué evaluación interna se ha realizado sobre las condiciones de seguridad, vigilancia y control del Complejo Ambiental”.

“Esperamos que esta vez el gobierno no repita el guion de siempre: parapetarse detrás de los técnicos para no asumir ninguna responsabilidad política. Aquí hay una investigación judicial por un incendio grave en Zonzamas y quien tiene que dar explicaciones es quien gobierna”, ha señalado Perdomo.

El consejero asegura que “la investigación judicial no se refiere a un episodio menor ni aislado, sino a un incendio de enormes proporciones en una infraestructura pública esencial para Lanzarote” que obligó a activar el Plan de Emergencias Insular.

Subraya que el fuego afectó a la celda de vertido y generó una intensa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la isla, “lo que evidencia la gravedad de unos hechos sobre los que el Cabildo no puede limitarse a guardar silencio”, apunta.

“Cuando una investigación judicial alcanza esta dimensión, cuando afecta a un servicio público esencial y cuando puede tener consecuencias administrativas, penales y reputacionales para la institución, el Cabildo tiene la obligación democrática de dar la cara, explicar lo ocurrido y asumir responsabilidades políticas”, concluye el consejero Perdomo. 

El Juzgado de Instancia de Logroño ha condenado a un vecino autor de un delito leve de amenazas tras intimidar a un concejal del Ayuntamiento de Nájera por el sentido de su voto en un pleno municipal. Los hechos ocurrieron en el contexto de la polémica y la tensión local generada en torno a la aprobación de los presupuestos que incluían un la construcción de un nuevo campo de fútbol junto a la Plaza de Toros. Los presupuestos, tal y como se preveía, no salieron adelante por el voto en contra de la oposición al completo, PSOE, PR+ e IU.

Delito leve de amenazas

La sentencia, a la que ha tenido acceso Rioja2, condena al acusado, autor criminalmente responsable de un delito leve de amenazas, a la pena de tres meses de multa con una cuota diaria de ocho euros (lo que suma un total de 720 euros), además del pago de las costas procesales. Por el contrario, el fallo desestima la petición de la acusación de imponer una orden de alejamiento de 100 metros durante seis meses, al considerarla “desproporcionada” por tratarse de un hecho puntual.

Los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 2025 sobre las 18:00 horas en la calle Nueva de Nájera. El concejal se encontraba en un cajero automático de la zona. Su mujer e hijo menor (nueve años) le esperaban en el interior del coche. Tal y como declaró el concejal y recoge la sentencia, “había acudido a hacer alguna gestión a un cajero del municipio. Estaba pendiente de la celebración de un pleno en el que había una partida destinada al campo de fútbol”. Un pleno que generó “tensión en Nájera porque era público que la oposición, entre los que se encuentra el concejal denunciante, iba a votar en contra”.

De esta forma, y mientras el edil continuaba en el cajero, oyó gritos y al salir vio al denunciado con el coche parado y la ventanilla bajada a unos cuatro metros de distancia. “Tenéis que votar sí o sí... cago en dios”, gritaba el acusado a lo que el concejal respondió que votaría lo que entendiera mejor. En ese momento, “el denunciado, pasándose el dedo índice extendido por debajo de su cuello y mirándole, le dijo, como no votéis que sí, te corto el cuello”. Todo ello en presencia de su familia y “de hijo que entonces tenía nueve años que se asustó mucho por el incidente” hasta tal punto de “no dormir bien y no querer quedarse solo en casa”.

Durante la vista oral, el acusado admitió haber increpado al concejal en tono “alto” para pedirle el voto a favor, pero negó rotundamente haber realizado gestos amenazantes o haber pronunciado dicha frase. Sin embargo, el magistrado ha otorgado total credibilidad a la versión del edil que la califica de “clara, coherente y mantenida en el tiempo”.

En el juicio también declaró la mujer del concejal. Y aunque “dada la relación matrimonial entre denunciante y testigo la prueba testifical ha de valorarse con especial cautela, la declaración testifical no deja lugar a dudas”. Y es que, prosigue la sentencia, la testigo describe pormenorizadamente lo sucedido desde su punto de vista y cómo se da cuenta de que algo anormal está sucediendo“. En su declaración, la mujer relata que se bajó del coche al oír los gritos y presenció, a escasos tres metros, el gesto amenazante del acusado. También reiteró las secuelas para su hijo que sufrió problemas de sueño y temor a quedarse solo tras el altercado.

Asimismo, en los fundamentos de derecho, la sentencia señala igualmente el contexto en el que se produjo la amenaza “te voy a cortar el cuello” y justifica la pena argumentando que se profirió contra un concejal del Ayuntamiento por motivos relativos a la postura política de su grupo político ante una cuestión concreta y de posición política no compartida con el denunciado.

Contra esta resolución cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de La Rioja en un plazo de cinco días. La sentencia es del 18 de mayo.

El órdago del Gobierno de La Rioja

Finalmente, el Gobierno de La Rioja salió al paso y horas después de que los presupuestos no salieran adelante, y tampoco el campo de fútbol, el ejecutivo de Capellán se comprometió con el Ayuntamiento de Nájera a actualizar el convenio en vigor entre ambas administraciones y aumentar su inversión para financiar así íntegramente el coste del nuevo campo de fútbol de la localidad, cuyo presupuesto ronda el millón de euros, siguiendo el proyecto propuesto por el PP.

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca han detenido a un hombre de 41 años de edad, nacido en Rumanía y con residencia en España, al constarle una orden europea de detención y entrega dictada por autoridades judiciales de aquel país.

La actuación se inició cuando, a través de los servicios de Cooperación Internacional, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona de origen rumano, con residencia en la localidad de Carboneras de Guadazaón tenía asociado un señalamiento internacional de detención y entrega procedente de las autoridades rumanas por delitos relacionados con la seguridad del tráfico.

Con esta información, agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, establecieron un operativo de localización y seguimiento del objetivo que dio como resultado su detención en la capital conquense.

La Audiencia Nacional ha decretado su entrada en prisión

Para continuar con la práctica de las gestiones, se procedió a trasladar al detenido a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, tal y como ha informado en un comunicado.

Así se dio cumplimiento a lo ordenado en la correspondiente Orden dimanante de la Oficina Sirene (División de Cooperación Internacional), poniendo al detenido a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5 de la Audiencia Nacional; el cual ha decretado su ingreso en prisión.

Si otros antiguos altos cargos públicos trabajan en empresas privadas dedicadas a representar a clientes ante las administraciones para influir en decisiones políticas, como Pepe Blanco, Soraya Saénz de Santamaría o el propio Aznar. ¿Por qué Rodríguez Zapatero no hizo lo mismo si quería dedicarse a eso? ¿Por qué iba a esconderse detrás de empresas instrumentales de un amigo, cobrando una comisión encubierta con facturas falsas?  

Con Alfonso López, fundador y presidente de la consultora de relaciones institucionales, o lobby, Rud Pedersen en España, y con Javier Lillo, periodista de Tribunales de elDiario.es, nos centramos en una clave de toda esta historia: ¿Cuál es la diferencia entre el lobby que hacen otros y el delito de tráfico de influencias por el que un juez de la Audiencia Nacional investiga a Zapatero?

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El Hotel Eurostars de Toledo, en el barrio de Buenavista, uno de los más ‘exclusivos’ al norte de la ciudad, acoge los días 20 y 21 de mayo, la 53ª Conferencia Regional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con medio millar de asistentes procedentes de más de 50 países.

El evento ha provocado un despliegue policial en toda regla, con casi 200 agentes en esta zona del norte de la capital castellanomanchega, extramuros del Casco Histórico, y con estrictos controles de seguridad que no han pasado desapercibidos para los vecinos y vecinas de la zona, ni tampoco para los taxistas que iban y venían y que han visto cómo los furgones de la Policía Nacional se apostaban en las inmediaciones del hotel.

Entre las unidades participantes en el dispositivo se han desplegado medios aéreos, unidades especializadas de guías caninos o unidades de subsuelo para “garantizar que el dispositivo se desarrolle con total normalidad”.

Los agentes pertenecen en gran medida a la Comisaría Provincial y la Jefatura de la Policía en Toledo, así como de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo y Albacete y de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) tanto de la Comisaría Provincial como de Talavera de la Reina. El despliegue se ha preparado desde hace dos meses a través de reuniones operativas con un incremento efectivo de los agentes en las calles de la ciudad.

“Pensábamos que pasaba algo cuando hemos visto tanta policía por aquí y nos hemos asustado un poco, pero nada, que viene mucha gente importante o algo así”, comentaba a este medio Paula, una vecina de las urbanizaciones cercanas. Pablo, un estudiante de la zona que esperaba el autobús urbano, también ha mostrado su sorpresa. Y  su impaciencia: el transporte público se retrasaba. “Lo que nos faltaba”, ha lamentado.

También los taxistas han notado algo de jaleo durante la mañana, con la llegada de muchos de los asistentes desde Madrid, en autobuses desde el aeropuerto facilitados por la organización. “La Policía Local ya nos había avisado, y estamos activos algunos más de los que solemos circular a estas horas, pero no hemos notado nada especial, solo los atascos habituales de entrada a la ciudad. Y como siempre los hay, ahora encima estas cosas... Yo es que estoy flipando”, se quejaba uno de ellos.  

“Aceleración” de obras en la ciudad 

Este mismo conductor también ha destacado el hecho de que justo en los últimos días, ha visto cómo se “aceleraban” algunas obras de la ciudad, principalmente una de las que más atascos está produciendo: el Paseo de la Vega que da acceso a la Puerta de Bisagra, una de las principales vías de entrada al Casco Histórico.

En este paseo ayer mismo se colocaron las estatuas que ya flanquean el nuevo tránsito - un proyecto del gobierno de PP y Vox para visibilizar en la zona a los reyes visigodos y cristianos-, se eliminaron las placas metálicas que impedían ver el desarrollo de las obras y se terminó el nuevo pavimento. La zona sigue vallada pero ya pueden observarse sus avances.  

En el resto de la ciudad no se han percibido especiales incidencias, según la Policía Local, pero sí se prevé que este jueves, día 21 de mayo, y segunda jornada de la reunión de la Interpol, pueda ampliarse el dispositivo debido a la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La elección de la ciudad no es casual y así lo han comentado a este medio desde el departamento de comunicación de la Interpol: “Es un sitio ideal”.

Toledo se ha convertido en los últimos años en un atractivo para la celebración de grandes eventos de este tipo, debido a su cercanía con Madrid y a que se trata de una ciudad pequeña, fácil de ‘controlar’ por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con espacios muy amplios para albergar este tipo eventos de gran asistencia, como el elegido, el Hotel Eurostars, pero también el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ubicado en la antigua Fábrica de Armas, o el Palacio de Congresos ‘El Greco’.

El espacio escogido para este evento internacional de la Interpol es uno de los dos únicos hoteles de cinco estrellas de Toledo. Está ubicado en la orilla este del río Tajo, en el Palacio de Buenavista, un antiguo cigarral histórico construido a finales del siglo XVI por orden del cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, tras recibir los terrenos del rey Felipe II.

Según la tradición local y algunos historiadores, el diseño original fue obra del pintor ‘El Greco’, en la que pudiera ser su única incursión conocida en el mundo de la arquitectura, pero este extremo no esta documentado de forma oficial. Lo que sí es público es que, en su época dorada, sus jardines y estancias sirvieron de punto de encuentro para intelectuales y artistas.  

De los intelectuales a los turistas... y ahora la Interpol

En el siglo XX, la finca fue restaurada y después ampliada a principios del siglo XXI, respetando la estructura original. Como complejo hotelero, primero lo adquirió la cadena Hilton, que en 2014 lo traspasó a Eurostars manteniendo su calificación de cinco estrellas.

El complejo no ha sido reservado en su totalidad para los asistentes al evento, puesto que mientras que se desarrollaba el acto de inauguración, había turistas entrando y saliendo con sus maletas. Esta situación de libre circulación contrastaba en los accesos al hotel con los estrictos controles para los medios de comunicación.

En la programación oficial facilitada por la Interpol, hay una cena de gala programada para este miércoles, en el Cigarral del Ángel, otro entorno de lujo en la orilla oeste del río Tajo, y muy conocido por tener como chef al toledano Iván Cerdeño.

No hay constancia de que los participantes vayan a realizar alguna visita oficial al Casco Histórico de la ciudad, pero la organización no descarta que algunos “vayan por libre” y realicen alguna excursión privada o algún paseo particular.

Lo que sí han recibido todos lo participantes es un kit de regalos. Entre ellos, cuadernos, bolígrafos, una medalla con el sello de la Interpol y una caja con delicias de mazapán, una de las joyas de la repostería toledana. Algunos asistentes ya las degustaban incluso antes del acto de inauguración, al recoger sus regalos en la entrada de la gran sala de conferencias.

Este amplio espacio para el evento ha sido también el lugar idóneo para un solemne acto de apertura en el que ha destacado la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, que ha interpretado el himno de este cuerpo y posteriormente el nacional al inicio de la entrada de las autoridades. Posteriormente, todos los asistentes han guardado un minuto de silencio por los agentes policiales fallecidos en acto de servicio.

Después, la ciudad de Toledo ha estado en boca de todos los intervinientes en la inauguración. La han elogiado durante sus intervenciones el presidente de Interpol, Lucas Philippe; su secretario general, Valcecy Urquiza; y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Esta última ha hablado de un “entorno privilegiado” y un “símbolo de coexistencia entre culturas”.  

“Esta ciudad es la prueba viva de que el entendimiento no es una utopía si sabemos construirlo paso a paso, y de que en los tiempos más difíciles, es posible convivir en paz. y debemos aspirar a convivir en paz”, ha remarcado.

El encuentro de la Interpol aborda en estos dos días, entre otros asuntos, la lucha contra las redes de delincuencia organizada, el abuso sexual infantil en la Red, la ciberdelincuencia, la lucha contra los centros de estafas, las amenazas emergentes de drogas en Europa y la trata de personas.

Todas las intervenciones y ponencias son privadas, sin acceso de los medios de comunicación, pero la Interpol hará pública la información analizada en su página web.

La Interpol es la mayor organización de policía internacional del mundo, integrada por 196 países miembros. Su función principal es conectar a las fuerzas de seguridad a nivel global para prevenir, investigar y combatir la delincuencia transnacional.

Entre sus labores se encuentra el intercambio de información mediante bases de datos globales con información sobre delincuentes (huellas dactilares, ADN, pasaportes robados, vehículos) accesibles en tiempo real para las policías de todo el mundo; la búsqueda de fugitivos para su localización, detención y extradición según los casos; la emisión de alertas; y el apoyo operativo, es decir, la asistencia a las autoridades locales en investigaciones sobre terrorismo, cibercrimen, trata de personas, narcotráfico y delitos financieros.

La Fiscalía de Asturias no se conforma con la condena a dos años y diez meses de cárcel que la Audiencia Provincial ha impuesto al matrimonio que durante cuatro años mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen nueve años y su hermano de once, en la vivienda familiar, bautizada policialmente como 'la casa de los horrores', ubicada en la zona rural de Oviedo/Uviéu por miedo a que se contagiaran del covid.

El Ministerio Fiscal considera que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias debería haber reflejado en la sentencia que con su comportamiento los padres habrían incurrido en tres delitos de detención ilegal, uno por cada uno de los menores, lo que habría elevado considerablemente la condena.

La Fiscalía solicitaba sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel para los acusados, por lo que la diferencia entre su petición y el fallo es abismal.

Una pena más elevada

Por ello, la Fiscalía del Principado de Asturias ha decidido interponer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

En este recurso, la acusación pública solicita a la Sala que revoque el fallo y condene a la pareja también por los tres delitos de detención ilegal de los que fueron absueltos.

En su resolución, la Audiencia Provincial entendió únicamente que en su caso concurrían la existencia de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de un delito de abandono de familia.

El Principado también recurre

De la misma opinión es la administración del Principado, que ejerce actualmente la tutela de los tres hermanos que siguen evolucionando bien en el centro de menores donde están acogidos desde la detención de sus padres.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, ya había anunciado el pasado día 15 de este mes que el Gobierno asturiano interpondría un recurso por la misma razón alegada ahora por la Fiscalía.

La detención ilegal

En aquella ocasión, la consejera se pronunció a favor de recurrir la sentencia para que el TSJA contemplara los delitos de detención ilegal.

La administración autonómica, que se personó en el procedimiento como acusación particular y solicitó para los padres al igual que la Fiscalía una pena de 25 años y cuatro meses de cárcel, advirtió de que la sentencia debería haber recogido la figura de la detención ilegal, al haber sido retenidos los menores, aislándolos de todo contacto.

La buena evolución de los niños

Marta del Arco reconoció que los tres hermanos siguen “una evolución lenta” por “todo lo vivido” y se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven “perfectamente con otros niños”.

Los magistrados de la Sección Segunda impusieron al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Inhabilitados para la patria potestad

A estas dos penas se sumó igualmente su inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y se les prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

Asimismo, ambos fueron condenados a otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Cuatro años aislados

Durante los cuatro años que ha durado el aislamiento de la familia, en el período comprendido entre los meses de diciembre y abril de 2025, los menores no salieron de la vivienda, estaban sin escolarizar, continuaban con pañales, pese a su edad, y se movían por la casa con tres mascarillas cubriendo la boca para no contagiarse.

Los padres tenían secuelas de covid persistente y, según explicaron sus abogados defensores, ese “miedo insuperable” a que contrajeran la enfermedad les llevó a autoconfinarse y a mantener a los menores dentro de casa, sin dejarlos siquiera que pudieran salir al jardín.

La alerta de la vecina

Una vecina que vivía en los alrededores de la vivienda familiar se puso en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ante su sospecha de que dentro del chalé convivían más personas que el padre, que era el único que estaba empadronado, y tras unas vigilancias discretas por parte de la Policía Local ovetense, se decidió intervenir.

Los agentes acudieron a la vivienda el 28 de abril de 2025 con autorización judicial y, tras liberar a los menores, los padres fueron detenidos.

Tras comparecer en el juzgado, ambos fueron trasladados a la prisión de Asturias, donde han permanecido ingresados como presos preventivos durante un año.

De la cárcel al juicio

Desde la prisión, el matrimonio fue trasladado a la sede judicial donde el pasado mes de marzo fue juzgado a lo largo de varias sesiones.

Finalmente, el tribunal les impuso una sentencia condenatoria que los padres de los menores conocieron a través de sus abogados en la cárcel.

Desde el centro penitenciario, la pareja mostró su satisfacción por no haber sido condenada por los delitos de detención ilegal, alegando que su comportamiento se debía exclusivamente a ese “miedo insuperable” al covid y sin que detrás de su actitud hubiera una intención real de aislar a los menores para quienes, según dijeron, “solo querían lo mejor para ellos”.

Con el anuncio de los recursos del Principado y la Fiscalía, la decisión del futuro de la pareja queda ahora en manos de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado. Un juez quiere investigarle como presunto líder de una organización “estable y jerarquizada” para el tráfico de influencias. En concreto, para conseguir el rescate por parte del Gobierno de España de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Zapatero es el primer ex presidente de la democracia española que ha sido imputado en nuestra historia reciente. Esto sucede, además, en un momento en el que había cobrado relevancia política.

¿Pero quién es quién en esta trama? ¿Quién es Julio Martínez? ¿A qué se dedica Zapatero desde que no es presidente? ¿Dónde está la línea entre un delito y ejercer influencia? Lo analizamos con el director adjunto de elDiario.es, Jose Manuel Romero. 

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Los datos analizados este martes en la Junta Local de Seguridad de Haro han confirmado la tendencia al alza del esclarecimiento de infracciones penales, situándose la tasa del año 2025 en 47,98 por cada mil habitantes. Se trata de una mejora de 4,11 puntos respecto al año 2024 y de 10 puntos sobre el 2023 (37,68). Por otro lado, en cuanto a la tasa de criminalidad en el municipio de Haro, el año 2025 se cerró con una tasa de 37,06 infracciones por cada mil habitantes, lo que supone un ligero incremento respecto al 2024 (36,81).

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández Prado, han presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

Asimismo, de acuerdo a los indicadores aportados por la Guardia Civil, en 2025 se conocieron 444 infracciones penales -11 más que en el año 2024-, y se detuvieron a 119 personas -3 menos que el año anterior-.

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el año pasado de 5 frente a los 10 del año 2024 (descenso del 50%).

Datos VioGén

Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGén, en la localidad de Haro hay en la actualidad 20 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 20 víctimas. De ellos, hay 18 con un riesgo bajo, 2 medio y no se registra ningún caso de riesgo alto. Además, se contabilizan dos mujeres en situación de especial de vulnerabilidad con menores a su cargo.

La Policía Nacional ha detenido a un agente de este cuerpo, que está suspendido de empleo y sueldo desde hace casi un año, por intentar drogar a una mujer en un bar de Granada, con la que mantenía una cita y que no se tomó una copa de vino adulterado por la alerta de otro cliente del bar.

Según han informado a EFE fuentes de la Policía, los hechos sucedieron el pasado 1 de mayo pero el agente, que permanece suspendido de empleo y sueldo y sin arma ni placa desde junio de 2025, fue arrestado este jueves.

El hombre estaba manteniendo una cita en un bar con una mujer y habría aprovechado que ella fue al baño para echar una sustancia en su copa, lo que vio otro cliente del establecimiento, que alertó a la Policía.

Los agentes se personaron en el local y requisaron el vaso para analizar su contenido mientras la víctima formalizó una denuncia contra el hombre.

Tenían amigos en común y su profesión de policía le generó confianza

Según ha adelantado este viernes el periódico ‘Ideal’, la mujer conoció al arrestado en una aplicación de citas, tenían además amigos en común y su profesión de policía le generó confianza.

Las cámaras de seguridad del local habrían captado cómo el hombre sacaba de su bolsillo un frasco que vertió en la copa de su acompañante cuando creía que nadie lo veía removió el contenido con un cuchillo y lo colocó todo en su sitio.

Un cliente que vio los hechos advirtió a la víctima, que entregó la copa a un camarero para su custodia.

Según han informado a EFE fuentes del caso, el agente suspendido de empleo y sueldo ha pasado este viernes a disposición de un juzgado en funciones de guardia que ha decretado su puesta en libertad provisional y la prohibición de acercarse a la denunciante.

 La Policía Nacional ha detenido en Telde (Gran Canaria) a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito de simulación de delito al realizar numerosas denuncias y llamadas de emergencia al 091 y el 1-1-2 desde comienzos de 2026, en las que manifestaba ser víctima de diversos delitos.

En sus denuncias, el investigado aseguraba haber sufrido amenazas graves, ataques homófobos, daños en su vehículo, incendios en los accesos de su domicilio e intentos de agresión con armas blancas, y llegó a aportar informes médicos relacionados con supuestas lesiones derivadas de estos hechos, lo que generó actuaciones en distintos juzgados de Telde, ha informado este martes en un comunicado el cuerpo policial.

La detención tuvo lugar el pasado 4 de mayo, tras una investigación que se inició a comienzos de año ante “la gravedad y reiteración de los hechos denunciados”, en la que los agentes llevaron a cabo diversos dispositivos de vigilancia, tomaron declaración a testigos y analizaron imágenes, mensajes y llamadas telefónicas.

Los agentes comprobaron que ninguno de los hechos denunciados se había producido realmente, por lo que se procedió a la detención del hombre.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional recuerda que formular denuncias falsas o simular haber sido víctima de un delito constituye un ilícito penal recogido en el Código Penal, además de suponer un grave perjuicio para la labor policial y judicial, al destinar recursos públicos a la investigación de hechos inexistentes. 

Suecia no es, en principio, un país que se asocia con violencia, y mucho menos, con menores reclutados para matar. Sin embargo, en los últimos años, una serie de casos obliga a matizar esa imagen. Durante 2024 las autoridades suecas identificaron alrededor de 1.700 adolescentes de menos de 18 años vinculados a redes criminales y al menos 52 casos con participación de menores de 15 años en homicidios o intentos de homicidio.

Ese mismo año, en la ciudad de Karlskoga, se registraron por lo menos dos casos en los que bandas locales reclutaron a adolescentes de entre 13 y 15 años como sicarios aprovechando su condición de inimputables, según informes policiales recogidos por medios suecos como SVT Nyheter. En uno de estos episodios, uno de los menores expresó en redes sociales su deseo de cometer su “primer asesinato” en un intercambio directo con su 'empleador'.

Estos ejemplos permiten observar con nitidez el papel de las plataformas digitales en los procesos de reclutamiento. Otros casos alcanzan edades aún más bajas. Un niño de 12 años fue detenido por su presunta participación en un asesinato por encargo valorado en unos 20.000 euros, en el que además acabó disparando contra el objetivo equivocado. En otro caso, a un niño de 11 años le ofrecieron más de 13.000 euros a través de Snapchat para cometer un asesinato. Más allá del carácter extremo de estos sucesos, emerge un rasgo persistente: la disponibilidad de menores de 18 años como ejecutores de asesinatos por encargo.

Según la agencia Reuters, en 2024 el número de sospechosos de menos de 15 años en homicidios o intentos de homicidio se multiplicó en Suecia respecto al año anterior, en un contexto en el que las autoridades advierten sobre el uso creciente de adolescentes como asesinos a sueldo. El fenómeno ha llevado a que algunos medios y actores políticos hablen de barnsoldater, niños soldados. Más allá de la retórica del término, su uso da cuenta de una mutación en las pautas delictivas en la Suecia del bienestar.

Lejos de ser un fenómeno difuso, esta dinámica encuentra en ciertas ciudades una concentración particularmente visible. Gävle, al norte de Estocolmo, es una de ellas. Allí la violencia se ha intensificado de forma notable. En esa ciudad de poco más de 100.000 habitantes se han producido varios tiroteos, asesinatos y ataques con explosivos, incluido el uso de granadas de mano. En octubre de 2025, un tiroteo en una zona de bares y restaurantes dejó seis personas heridas; fue detenido un menor de 14 años. En febrero de ese mismo año se registraron dos homicidios en menos de una semana ambos vinculados a disputas entre bandas. Meses antes, en julio de 2024, un joven de 15 años fue procesado por el asesinato de un hombre de 23 años frente a un club nocturno, identificado como figura relevante dentro de la trama criminal local. En estos episodios se presenta el mismo patrón: las organizaciones reclutan de forma sistemática a menores de entre 10 y 14 años canalizando los encargos a través de redes sociales y mensajería cifrada, como han advertido organismos como la ONG Humanium y medios internacionales como Al Jazeera.

En este contexto, el trasfondo económico adquiere relevancia. ¿Según el informe Hur mycket narkotika finns det i Gävles avloppsvatten? (¿Cuánta droga hay en las aguas residuales de Gävle?, 2025), elaborado por Johnny Gustavsson y Sven Persson para el área de bienestar del municipio de la ciudad, el análisis de aguas residuales permitió estimar no solo el consumo de drogas, sino también el valor económico del mercado a escala local. En esta ciudad, el mercado anual de cannabis, cocaína y anfetaminas se sitúa en torno a los 46 millones de coronas suecas, aproximadamente 4 millones de euros. Lejos de ser un dato accesorio, esta escala de ingresos permite entender la dinámica de la violencia: en contextos donde la circulación de drogas genera rentas elevadas y se desarrolla en condiciones de ilegalidad, la competencia por el control de ese valor se resuelve mediante la fuerza. Incluso en esta pequeña ciudad, la combinación entre rentabilidad y competencia por mercados clandestinos configura un escenario en el que los conflictos se traducen en enfrentamientos armados. 

El mercado sueco de las drogas podría situarse entre los 300 y 600 millones de euros anuales, lo que refuerza la idea de que la violencia observada no responde a episodios aislados, sino a la disputa por circuitos económicos de considerable volumen.

Exportación de niños sicario

La violencia no solo organiza los mercados a nivel local, sino que tiende a desplazarse allí donde ese valor se produce, circula o se disputa. El reclutamiento de adolescentes como sicarios forma parte de esa lógica: no es solo una dinámica circunscrita a Suecia, sino un fenómeno que empieza a proyectarse fuera de sus fronteras, en el marco de circuitos criminales transnacionales.

En noviembre de 2024 la policía española desarticuló una red en Alicante que reclutaba adolescentes suecos para asesinar por encargo. La organización incluía a un matrimonio sueco y a su hijo de 15 años, que era el encargado de captar a otros jóvenes a través de Telegram, gestionar los pagos y coordinar la logística de los ataques. En el contexto de este caso, un menor fue enviado a la costa andaluza con un fusil de asalto y un plan de fuga previamente diseñado.

No se trata de un episodio aislado. Al mismo tiempo, en Benalmádena, otro joven sueco de 17 años fue detenido mientras planeaba un asesinato por encargo. Las autoridades españolas, así como otros organismos europeos, han documentado de forma reiterada la presencia de ciudadanos suecos implicados en tiroteos, atentados y ajustes de cuentas en la Costa del Sol, un destino que pasó de asociarse con la llegada de turistas escandinavas en bikini en los años 60 del siglo pasado, a estar hoy marcado por la presencia de jóvenes de ese mismo origen vinculados al asesinato por encargo. En esa lógica se inscribe el asesinato del famoso rapero sueco Hamza Karimi, conocido como “Hamko”, ejecutado a plena luz del día en Marbella por otro ciudadano sueco.

Reclutados en la red

El carácter transnacional de estos episodios ha llevado a Europol a describir el fenómeno como violence as a service (VaaS), una modalidad en la que las redes criminales externalizan la violencia mediante la contratación de terceros. El VaaS representa una mutación relevante en la organización del delito: la violencia deja de ser un recurso interno de las estructuras criminales para convertirse en un servicio subcontratado. Aplicaciones de mensajería cifrada como Telegram o Signal, junto con redes sociales como TikTok, Snapchat o Instagram, funcionan como espacios de intermediación donde circulan ofertas concretas para contratar asesinos a través de canales y grupos donde se publicitan, configurando un mercado descentralizado en el que los ejecutores no necesariamente forman parte de la organización que ordena el ataque. La lógica es simple: sustituir miembros propios por ejecutores externos permite reducir costos, acelerar los tiempos de acción y, sobre todo, desplazar el riesgo penal hacia actores periféricos.

El aumento reciente de la violencia en Suecia presenta un rasgo paradójico: la delincuencia juvenil en términos generales ha tendido a disminuir, sin embargo, la violencia con armas de fuego ha seguido una trayectoria divergente, concentrada en redes criminales y protagonizada principalmente por jóvenes varones

Felipe Estrada — profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo

Dentro de este dispositivo los jóvenes ocupan el lugar central. De acuerdo con autoridades policiales suecas, la captación de adolescentes en plataformas digitales se ha intensificado en los últimos años, en parte debido a su menor exposición judicial, pero también por la facilidad de contacto en estos entornos. Las fuentes describen a estos actores como ejecutores intercambiables, incorporados bajo una lógica de uso intensivo y reemplazo rápido. La violencia se organiza así como una cadena fragmentada donde quien ordena, quien financia y quien ejecuta rara vez coinciden.

Este modelo responde además a una racionalidad económica precisa. El instigador, frecuentemente situado en otro país, tal como señala el especialista José Luis Gil, conserva la dirección estratégica, mientras que el ejecutor asume la totalidad del riesgo operativo. Su captura o neutralización no interrumpe necesariamente la actividad, lo que otorga a estas redes una elevada capacidad de resiliencia.

Un rasgo distintivo de esta nueva modalidad criminal es su articulación con códigos propios del entorno digital. Las tareas violentas son presentadas como “misiones” o “desafíos”, en una lógica que remite al lenguaje de los videojuegos. Distintos informes policiales y coberturas mediáticas han advertido sobre este proceso de gamificación, que contribuye a desensibilizar a los reclutas y facilita su incorporación en plazos extremadamente breves, en algunos casos de apenas 48 horas entre el primer contacto y la ejecución del hecho.

Las redes sociales no solo operan como canales de captación, sino también como dispositivos de legitimación simbólica: la exhibición de dinero, armas y estilos de vida asociados al delito funciona como mecanismo de atracción, mientras que la circulación de actos violentos, pensados también para ser vistos, contribuye a su normalización y amplificación, en una lógica donde la violencia no solo se ejecuta, sino que se muestra, se consume y se reproduce.

Finalmente, el vínculo entre reclutadores y ejecutores incorpora formas de manipulación digital que recuerdan a otros esquemas de captación coercitiva. Autoridades europeas han advertido sobre el uso combinado de seducción y amenaza, donde un contacto inicial en tono amistoso puede derivar en presiones explícitas una vez que el joven ha aceptado participar, reduciendo significativamente su capacidad de desvinculación.

La fábrica de reclutas asesinos

El reclutamiento de menores no es un fenómeno marginal. Distintos organismos e investigaciones en Suecia coinciden en que forma parte del funcionamiento estructural de las redes criminales. El Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito (Brå) señala que estas organizaciones operan a partir de jerarquías por edades, en las que adolescentes mayores incorporan a los más pequeños en las tareas de mayor riesgo, todo, en una lógica que permite segmentar funciones y desplazar el riesgo penal.

Varios estudios advierten sobre la necesidad de evitar explicaciones simplistas. Como sostiene Felipe Estrada, profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo, en conversación con elDiario.es, “el aumento reciente de la violencia en Suecia presenta un rasgo paradójico: la delincuencia juvenil en términos generales ha tendido a disminuir, sin embargo, la violencia con armas de fuego ha seguido una trayectoria divergente, concentrada en redes criminales y protagonizada principalmente por jóvenes varones”. “Esto no se trata de la punta de un iceberg, sino de un fenómeno específico que exige explicaciones situadas”, señala.

Entre los factores que identifica el profesor Estrada se encuentran la baja capacidad de detección de delitos graves en las fases iniciales de la ola de violencia entre 2016 y 2023, lo que facilitó dinámicas de venganza, la disponibilidad de armas y la competencia por mercados de drogas altamente rentables. Al mismo tiempo, advierte Estrada, “el reclutamiento de menores sigue siendo difícil de contener y la respuesta política ha tendido a privilegiar herramientas punitivas sobre estrategias de prevención”.

Más allá de su dimensión económica, este fenómeno responde a trayectorias educativas débiles, falta de expectativas y entornos socialmente deteriorados combinados con la capacidad de estas organizaciones para ofrecer estatus, pertenencia, protección y recompensas inmediatas en una lógica capitalista de enriquecimiento a corto plazo. 

En este paisaje de violencia desatada la dimensión urbana resulta clave. El llamado Programa del Millón, impulsado en Suecia entre los años 60 y 70 para garantizar la vivienda, dibujó en la periferia de las grandes ciudades una serie de barrios que, con el tiempo, fueron cambiando de signo. Lo que nació como emblema del Estado de bienestar hoy aparece, en muchos casos, como territorio deteriorado: zonas donde se concentra vulnerabilidad social, economías informales y presencia estatal más tenue. No es casual que la policía las identifique como utsatta områden, “áreas vulnerables”.

Es allí donde la violencia vinculada a redes criminales encuentra su mayor intensidad. No se trata de una simple causalidad, sino de una trama reconocible. Como advierte la investigadora Isabelle Magnusson, el diseño y la localización de estos barrios han contribuido a reforzar dinámicas de aislamiento, estigmatización y cohesión interna que, con los años, facilitaron la consolidación de redes delictivas. En ese cruce entre espacio, desigualdad y economías ilegales, la violencia deja de ser un hecho excepcional y pasa a formar parte cotidiana del paisaje.

La disputa política por la violencia

Como era de esperar, el fenómeno también se ha metido de lleno en la política sueca. Sectores de la derecha han vinculado el aumento de la violencia con problemas de integración e inmigración, impulsando una agenda de endurecimiento penal con foco en los jóvenes. Hoy la edad de imputación se mantiene en los 15 años, pero en los últimos años han ganado fuerza propuestas para bajarla incluso hasta los 13 en casos graves. Aunque todavía no se han aplicado, estas iniciativas están en el centro del debate.

El paquete incluye medidas como el aumento de penas para delitos vinculados a bandas, la reducción o eliminación de beneficios penales para jóvenes, la creación de centros de detención específicos para menores y la ampliación de poderes policiales, con permiso para hacer allanamientos sin sospecha previa (visitationszoner). También se ha planteado endurecer las políticas migratorias y ampliar el sistema penitenciario, con previsiones de duplicar, o incluso triplicar, su capacidad en la próxima década.

El reclutamiento de menores sigue siendo difícil de contener y la respuesta política ha tendido a privilegiar herramientas punitivas sobre estrategias de prevención

Felipe Estrada — profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo

Pero este enfoque genera críticas. Expertos y organismos de derechos humanos advierten sobre sus posibles efectos contraproducentes. Felipe Estrada sostiene que el endurecimiento de las penas no reduce la reincidencia. En contextos donde muchos jóvenes operan con alta exposición a la violencia y una expectativa de vida corta, la disuasión pierde peso. A ello se suma un problema de calado: en mercados ilegales de alta rentabilidad como el de las drogas, la cárcel no desarma las redes. Al contrario, abre espacios que otros jóvenes y niños ocupan rápidamente.

En esa línea, organizaciones como BRIS (una ONG sueca dedicada a la defensa de los derechos de niños y adolescentes) advierten que el endurecimiento penal puede empujar a las redes a reclutar menores aún más jóvenes. A la vez, especialistas señalan que la entrada temprana al sistema penal tiende a reforzar trayectorias delictivas, al romper vínculos educativos y aumentar la exposición a entornos criminales. También hay cuestionamientos por el sesgo de las medidas. Entidades como Amnistía Internacional y Civil Rights Defenders advierten que las zonas de registro afectan de forma desproporcionada a jóvenes de origen inmigrante, profundizando la desconfianza en barrios ya marcados por la segregación. El debate queda así abierto entre quienes apuestan por el control y quienes ven en la violencia el resultado de problemas estructurales más profundos.

Niños que matan en un país que funciona

El cuadro que emerge de estos casos resulta especialmente significativo si se pone en relación con la posición que ocupa Suecia en los indicadores internacionales. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el país se ubica de manera sostenida entre los más altos del mundo en el Índice de Desarrollo Humano. A ello se suma una fuerte capacidad estatal, bajos niveles de corrupción y sistemas de bienestar ampliamente consolidados, rasgos que suelen asociarse a contextos de baja criminalidad estructural. Sin embargo, la evidencia muestra que estos atributos no funcionan como blindaje frente a determinadas dinámicas del crimen organizado. En particular, la expansión de mercados ilícitos de alto valor, como el de la cocaína y otros estupefacientes, introduce lógicas que no se dejan absorber fácilmente por las instituciones. Allí donde la regulación es imposible, la competencia no desaparece: se reorganiza.

En ese terreno, la disputa por el control del mercado se traduce en violencia. Y esa violencia, lejos de concentrarse en estructuras cerradas, tiende a externalizarse. En un país con altos niveles de desarrollo, fuerte presencia estatal y amplias capacidades institucionales, la combinación entre mercados ilícitos de alto valor y prohibición genera un tipo específico de criminalidad: fragmentada, adaptable y con capacidad para reclutar a los actores más vulnerables y rentables.

En ese escenario, los menores no son el origen del problema, sino uno de sus efectos más visibles. Son quienes absorben el riesgo en el último eslabón de una cadena que se organiza a escala transnacional. Y es ahí donde la imagen inicial termina de quebrarse: en uno de los países más ricos y estables del mundo, hay chicos que a los 10, 11 o 12 años aceptan un encargo de asesinato a través del teléfono móvil. No como excepción, sino como parte de una lógica que convierte la violencia en un servicio y la ejecuta, muchas veces, como si de un videojuego se tratara.

Agentes de la Policía Nacional han detenido, en la mañana de hoy, a un fugitivo en la provincia de Cuenca al que le constaba una reclamación judicial de ingreso en prisión por delitos de agresión sexual, tras haberse fugado antes de la vista judicial y previo abandono del dispositivo de localización que portaba por condena judicial para protección de las víctimas.

El hombre ya ha pasado a disposición judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón, plaza número 1, en funciones de guardia. La jueza de guardia se ha limitado a dar cumplimiento al auto de prisión preventiva dictado por la Audiencia Provincial de Castellón, según informa Europa Press.

El prófugo había sido denunciado en más de 40 ocasiones por coacciones y amenazas a sus víctimas, además de contar con antecedentes por violencia de género y otros delitos relacionados. Había cambiado de género recientemente para intentar eludir la condenas por los delitos contra la libertad sexual cometidos.

Se hacía pasar por agente de la autoridad

La investigación se inició en abril tras tener los agentes conocimiento de la reclamación en vigor. Se comprobó que el fugitivo era una persona altamente peligrosa y con un perfil psicopático, manifestando ser agente de la autoridad para acosar a sus víctimas y tomando represalias como parte de su actitud de dominación tales como incendiar vehículos o viviendas o utilizando material íntimo captado sin el consentimiento de los afectados.

Además, en numerosas ocasiones manipulaba a las víctimas hasta el punto de cometer delitos en su favor contra terceros con los que tenía enemistad manifiesta.

Avanzadas las tareas de averiguación, pudieron dar con su paradero en Montalbo (Cuenca) donde permanecía escondido y ayudado por su actual pareja sentimental, quien adoptaba multitud de medidas de seguridad para evitar su seguimiento hasta el chalet del prófugo, al que le proporcionaba útiles diversos, entre ellos material deportivo para mantenerse activo mientras permanecía oculto.

Finalmente, se estableció un dispositivo policial en la mañana de este viernes, logrando la detención del fugitivo en el domicilio donde se escondía.

El Partido Popular de Albacete ha procedido a la expulsión de quien ha sido alcalde de Villaverde de Guadalimar, Ángel Fiteni, hasta octubre de 2025, por presunta malversación de fondos públicos.

Además, el partido le ha instado “a dar cuenta del dinero recaudado por la venta de entradas en la piscina municipal durante los últimos años, y a dar explicaciones del paradero de unos 15.000 euros”.

Así lo ha manifestado el secretario provincial del PP de Albacete, Bernardo Ortega, quien, en un comunicado, ha explicado que este tipo de comportamientos “no tienen justificación alguna y, por lo tanto, ante la falta de transparencia de su gestión municipal, y al margen del proceso judicial que pudiera abrirse contra Fiteni, éste ya no forma parte del Partido Popular”.

“Ha defraudado nuestra confianza”

Ortega ha reiterado que el PP es el primer interesado en que se aclare este asunto y ha lamentado que Ángel Fiteni “haya defraudado la confianza depositada en él por el Partido Popular y los vecinos que le respaldaron con su voto en las últimas elecciones municipales”.

De la misma forma, el PP ha instado al resto de grupos políticos a actuar “de manera firme y decidida” cuando se producen casos de gestión irregular en los municipios de la provincia.

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca detectaron en el kilómetro 126 de la autopista AP-36, término municipal de San Clemente (Cuenca), al conductor de un turismo que circulaba a 235 kilómetros por hora estando limitada la vía a 120, durante el trascurso de la campaña especial de vigilancia y control de la velocidad de la DGT, que se llevó a cabo desde el 13 al 19 de abril.

Según informa el instituto armado, el vehículo fue detenido en el kilómetro 121 de la referida autopista, procediéndose a la investigación del conductor, un varón de 42 años de edad, por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir a una velocidad superior a la permitida, al superarla en 115 km/hora.

El conductor podría ser condenado a prisión

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de San Clemente (Cuenca).

Dicho conductor se enfrenta a penas de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, la privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha denunciado al conductor de un automóvil que realizaba transporte escolar por circular con dicho vehículo teniendo presencia de drogas en el organismo, cuestión que fue confirmada en el informe de ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por el laboratorio de referencia.

La infracción fue detectada a finales del pasado mes de febrero cuando componentes del Subsector de Tráfico de Ciudad Real realizaban un punto de verificación de transporte escolar y de menores en las inmediaciones de un centro de educación especial, de una localidad de la provincia de Ciudad Real, del que no se ha dado detalle, y procedieron a la parada aleatoria del turismo con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las condiciones del vehículo y sus autorizaciones administrativas.

Dio positivo en cocaína

Realizada la prueba de detección de drogas en el ámbito de la seguridad vial al conductor del vehículo de transporte escolar arrojó un resultado positivo a cocaína en el test indiciario salival al que fue sometido, por lo que hubo de hacerse cargo de la conducción del automóvil otro conductor debidamente habilitado.

Con motivo de los hechos relatados se confeccionó el preceptivo boletín de denuncia por infracción de la Ley de Seguridad Vial, por 'Circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo', el cual ha sido remitido al ayuntamiento correspondiente por tener las competencias atribuidas.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Ciudad Real ha interceptado un vehículo en la A-4, que circulaba sentido Madrid y que llevaba una carga de más de 45 kilos de cocaína.

Durante la realización de este dispositivo a la altura del término municipal de Manzanares (Ciudad Real) este vehículo, una furgoneta pequeña, fue introducida en el control para su inspección por parte del perro del servicio cinológico y su posterior registro por los agentes. Avanzando por el vehículo el guía canino con el perro de servicio, este detectó varios puntos que necesitaban de una revisión más profunda, por lo que el vehículo fue trasladado a el acuartelamiento de Manzanares donde se podría inspeccionar a fondo.

Un perro del servicio cinológico marcó el escondite

Una vez allí, se revisaron todas las zonas que una vez más volvió a marcar el perro especializado en la detección de estupefacientes, levantando los asientos y la moqueta se consiguió vislumbrar a través de una rendija lo que parecían ser unos paquetes de color verdoso, marrón y negro. Una vez que el hueco fue totalmente abierto se localizaron 40 paquetes rectangulares de lo que se presumía era cocaína. Una vez pesados los paquetes, estos arrojaron un peso total de 45.6 kilogramos de cocaína según el narcotest.

La carga será enviada a la Delegación de Sanidad que fijará tanto el peso total exacto como su pureza.

En cuanto al único ocupante y conductor, residente en Madrid, fue detenido por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, siendo remitidas estas diligencias y el detenido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manzanares.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido dos personas por la receptación de más de 131.000 kilos de aceituna robada como resultado de un dispositivo que se puso en marcha con motivo de la época de recolección de la aceituna para la detección de robos y hurtos de este fruto, detectando un aumento en las entregas y transporte en la localidad de Malagón (Ciudad Real).

Se recopilaron indicios de que se podían estar produciendo hurtos en diversos puntos de la provincia para su posterior entrega en almazaras y empresas similares de forma ilegal, es por ello por lo que se decidió comenzar la Investigación Laguna Verde, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante la primera fase de la investigación se consiguió realizar multitud de aprehensiones, detectando cual era el punto de recogida de la aceituna hurtada, una empresa situada en Malagón, que era el punto de receptación de referencia para las entregas ilícitas de la aceituna que se hurtaba en la provincia e incluso fuera de ella.

Se investigó a un total de 21 personas por hurto de aceituna, usurpación de estado civil y falsificación documental, además se aprehendieron 11.642 kilos de aceituna y se detuvo a una persona por un delito contra la seguridad vial, al darse a la fuga cuando quería realizar una entrega ilícita de aceituna.

Para terminar con esta investigación, se inspeccionó esta empresa que receptaba la aceituna hurtada, con el objetivo de recabar información y documentación relativa a la actividad ilícita, derivando en la detención de dos personas a mediados de abril, por un delito continuado de receptación de 131.223 kilogramos de aceituna.

Con la finalización de esta investigación se han esclarecido un total de 46 delitos de receptación, hurto, falsedad documental y usurpación de estado civil, según ha informado la Guardia Civil.