La Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Ciudad Real ha interceptado un vehículo en la A-4, que circulaba sentido Madrid y que llevaba una carga de más de 45 kilos de cocaína.

Durante la realización de este dispositivo a la altura del término municipal de Manzanares (Ciudad Real) este vehículo, una furgoneta pequeña, fue introducida en el control para su inspección por parte del perro del servicio cinológico y su posterior registro por los agentes. Avanzando por el vehículo el guía canino con el perro de servicio, este detectó varios puntos que necesitaban de una revisión más profunda, por lo que el vehículo fue trasladado a el acuartelamiento de Manzanares donde se podría inspeccionar a fondo.

Un perro del servicio cinológico marcó el escondite

Una vez allí, se revisaron todas las zonas que una vez más volvió a marcar el perro especializado en la detección de estupefacientes, levantando los asientos y la moqueta se consiguió vislumbrar a través de una rendija lo que parecían ser unos paquetes de color verdoso, marrón y negro. Una vez que el hueco fue totalmente abierto se localizaron 40 paquetes rectangulares de lo que se presumía era cocaína. Una vez pesados los paquetes, estos arrojaron un peso total de 45.6 kilogramos de cocaína según el narcotest.

La carga será enviada a la Delegación de Sanidad que fijará tanto el peso total exacto como su pureza.

En cuanto al único ocupante y conductor, residente en Madrid, fue detenido por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, siendo remitidas estas diligencias y el detenido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manzanares.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido dos personas por la receptación de más de 131.000 kilos de aceituna robada como resultado de un dispositivo que se puso en marcha con motivo de la época de recolección de la aceituna para la detección de robos y hurtos de este fruto, detectando un aumento en las entregas y transporte en la localidad de Malagón (Ciudad Real).

Se recopilaron indicios de que se podían estar produciendo hurtos en diversos puntos de la provincia para su posterior entrega en almazaras y empresas similares de forma ilegal, es por ello por lo que se decidió comenzar la Investigación Laguna Verde, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante la primera fase de la investigación se consiguió realizar multitud de aprehensiones, detectando cual era el punto de recogida de la aceituna hurtada, una empresa situada en Malagón, que era el punto de receptación de referencia para las entregas ilícitas de la aceituna que se hurtaba en la provincia e incluso fuera de ella.

Se investigó a un total de 21 personas por hurto de aceituna, usurpación de estado civil y falsificación documental, además se aprehendieron 11.642 kilos de aceituna y se detuvo a una persona por un delito contra la seguridad vial, al darse a la fuga cuando quería realizar una entrega ilícita de aceituna.

Para terminar con esta investigación, se inspeccionó esta empresa que receptaba la aceituna hurtada, con el objetivo de recabar información y documentación relativa a la actividad ilícita, derivando en la detención de dos personas a mediados de abril, por un delito continuado de receptación de 131.223 kilogramos de aceituna.

Con la finalización de esta investigación se han esclarecido un total de 46 delitos de receptación, hurto, falsedad documental y usurpación de estado civil, según ha informado la Guardia Civil.

Una tesis ha identificado los tipos delictivos más probables en el sector de los deportes electrónicos (eSports), una industria emergente caracterizada por una regulación dispersa e incompleta, lo que actúa como un elemento criminógeno que favorece la aparición de conductas ilícitas.

Amenazas e injurias vertidas en chats, revelación de secretos estratégicos, estafas y fraudes, organización de torneos sin autorización, entre los tradicionales; y daños informáticos a servidores, blanqueo de capitales mediante criptomonedas o el dopaje electrónico, entre los emergentes; son algunos de estos delitos.

Así se trasluce de la tesis doctoral Riesgos delictivos en el entorno de los deportes electrónicos con la que David García Carmona ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja y que la ha desarrolalado en el Departamento de Derecho –en el marco del programa 282D Doctorado en Derecho y Cambio Social (Real Decreto 99/2011). Ha sido dirigida por por Sergio Pérez González y ha logrado la calificación de sobresaliente ‘cum laude’.

Los deportes electrónicos o eSports constituyen una industria emergente que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsado por la digitalización y la globalización. Este fenómeno ha transformado la forma de concebir la competición, generando un ecosistema profesional complejo en el que confluyen intereses económicos, tecnológicos, mediáticos y sociales.

En España, el sector ha alcanzado una notable relevancia económica y social, con unos ingresos previstos en 2026 de 53 millones de euros –frente a los 27 de 2021– y 19 millones de consumidores; eventos de gran impacto mediático y la creación de numerosos puestos de trabajo vinculados a clubes, ligas, organizadores de competiciones, plataformas de retransmisión y publishers.

Sin embargo, este desarrollo se ha producido sin una regulación específica que ordene de forma coherente la actividad, lo que plantea importantes riesgos jurídicos y criminológicos. La ausencia de un marco normativo propio genera una situación de inseguridad jurídica para los distintos actores que conforman el ecosistema de los eSports.

Jugadores, clubes, organizadores de eventos, ligas y federaciones, tanto oficiales como autodenominadas, operan dentro de un entramado normativo fragmentado, basado en la aplicación de normas generales del derecho penal, deportivo, laboral y mercantil que no siempre resultan adecuadas para una actividad digital, global y multijurisdiccional.

Este vacío regulatorio, unido a factores propios del sector como la elevada competitividad, la presión económica y mediática, la monetización digital y la diversidad cultural de los participantes, actúa como un elemento criminógeno que favorece la aparición de conductas ilícitas.

En su tesis doctoral, David García Carmona analiza, a partir de esta ausencia normativa específica, la potencial comisión de conductas delictivas en el ecosistema de los eSports y su encaje dentro del Código Penal. Así, la tesis identifica las tipologías delictivas más probables en el contexto de los eSports, distinguiendo entre delitos tradicionales adaptados al entorno digital y delitos emergentes propios del uso intensivo de tecnologías de la información.

Entre los primeros se incluyen las amenazas e injurias vertidas a través de chats, redes sociales y retransmisiones en directo; la revelación de secretos estratégicos, contractuales o personales; las estafas y fraudes relacionados con la venta de cuentas virtuales, la organización de torneos sin autorización o determinados mecanismos de monetización digital; y los delitos de corrupción en los negocios, especialmente la manipulación de competiciones vinculada a sistemas de apuestas.

Entre los delitos emergentes destacan los daños informáticos dirigidos a servidores y sistemas que sustentan las competiciones, los delitos contra la propiedad intelectual, el blanqueo de capitales mediante criptomonedas y otros activos digitales, y el dopaje electrónico mediante el consumo de sustancias psicoestimulantes para mejorar el rendimiento competitivo.

Desde este análisis, y sin perjuicio de que las previsiones penales vigentes puedan considerarse, en términos generales, suficientes, el doctor García Carmona valora la necesidad de realizar ajustes legislativos o interpretativos para garantizar una tutela efectiva de los bienes jurídicos afectados, con especial atención al concepto de deporte en el marco del Código Penal.

Finalmente, subraya la importancia de complementar la respuesta penal con medidas preventivas, como la implantación de programas de cumplimiento normativo y la formación específica de jugadores y profesionales del sector, como instrumentos clave para reducir riesgos, fomentar una cultura ética y contribuir a la profesionalización y sostenibilidad de la industria.

La Guardia Civil investiga investiga a doce personas físicas y tres jurídicas por presuntos delitos contra el medio ambiente vinculados a un “vertido ilegal” de 167.000 toneladas de residuos de obras de construcción en Málaga.

Entre los residuos de diversa naturaleza se encontraban materiales “altamente peligrosos” como el amianto, según ha detallado este sábado el instituto armado en una nota en la que ha precisado que los investigados se dedicaban al sector de la construcción y el movimiento de tierras, y habrían eludido los controles legales para la gestión de residuos.

De este modo, habrían utilizado parcelas rústicas ubicadas en la comarca de la Axarquía (Málaga) para convertirlas en vertederos ilegales de residuos, evitando así el coste de su tratamiento en plantas debidamente autorizadas, según relata la Guardia Civil.

Desde la Benemérita advierten de que la falta de gestión profesional de los residuos puede generar un “elevado riesgo de incendios” por la acumulación de materiales inflamables, contaminaciones de acuíferos por la filtración de líquidos tóxicos, así como la emisión de fibras nocivas en caso de manipulación indebida de fibrocemento, entre otros.

A los investigados se les acusa de un presunto delito contra el medio ambiente, y las diligencias instruidas han sido entregadas en la Fiscalía de Medio ambiente de Málaga.

El fraude fiscal por el que se detuvo el miércoles al exalcalde socialista de Trabanca (Salamanca) y expresidente del sindicato penitenciario ACAIP-UGT, José Luis Pascual, alcanza los 3,3 millones, se prolongó durante 15 años y está relacionado con fondos de la Unión Europea para promover el empleo y fijar población en su provincia y en Zamora.

El investigado, que era presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, había solicitado entre 2010 y 2025 las mismas ayudas para las tres asociaciones, según ha informado este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

Pascual creó una red de empresas para desviar los fondos mediante la emisión de facturas falsas con operaciones ficticias, entre ellas una supuestamente dedicada a la promoción de la cooperación trasfonteriza en más de 100 localidades de Portugal y España.

Cuentas de varias sociedades para ocultar sus beneficios

Además, utilizó cuentas bancarias de varias sociedades en Portugal bajo su control para ocultar los beneficios de la actividad delictiva, pero en la investigación se ha podido descubrir que destinó cantidades significativas de dinero a inversiones inmobiliarias y a la puesta en marcha de una bodega en una localidad de la provincia de Zamora.

También se está investigando a la pareja del detenido, ya que las subvenciones las obtuvo con su apoyo, “al utilizar su cargo público de funcionario para facilitar el presunto entramado fraudulento”, ha precisado la Guardia Civil.

En esta operación se han hecho cinco registros en los domicilios y locales de empresas relacionados con los dos sospechosos tanto en la provincia de Zamora como de Salamanca, y se han bloqueado 558.375 euros en 16 cuentas bancarias, 40 propiedades e intervenido más de 7.276 euros en moneda fraccionada.

Asimismo, se han incautado numerosos dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento masivo que todavía están siendo analizados en una operación que es conjunta con personal del Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y la Agencia Tributaria, bajo la coordinación de la Fiscalía Europea.

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre de 36 años acusado de delitos contra la intimidad y corrupción de menores, tras una investigación que ha permitido destapar la grabación sistemática de mujeres —y también menores— en situaciones de especial vulnerabilidad. En total, los agentes han encontrado un total de 94 archivos del interior de los dos teléfonos móviles y han detectado a 146 de víctimas. La inmensa mayoría de las personas que aparecían eran mujeres y también había imágenes de menores de edad. Por el momento, solo se han identificado a dos mujeres, que han denunciado al sujeto

Estas imágenes habían sido obtenidas en entornos de aseos de espacios privados así como en la vía pública. Tres de estos videos fueron grabados momentos antes de que fuera identificado en la Playa de las Moreras.

En esas grabaciones los investigadores apreciaron como en seis ocasiones aparecía el presunto autor y se dirigía hacia donde estaban ocultas las cámaras para manipularlas y así corregir los planos de enfoque de imágenes. Pese a que las cámaras inalámbricas infrarrojas tenían sendas tarjetas de memoria, las herramientas forenses empleadas para su análisis no han obtenido ningún archivo o imagen.

El origen del caso se remonta a la madrugada del 6 de septiembre de 2025, cuando agentes de la Policía Municipal identificaron a un individuo en la zona de la playa de Las Moreras. Según las primeras sospechas, el hombre se encontraba oculto utilizando dispositivos de grabación para captar imágenes de mujeres en momentos íntimos.

En ese momento, los agentes intervinieron dos cámaras inalámbricas con visión infrarroja, dos teléfonos móviles y una batería externa. A partir de ahí, el Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional asumió la investigación.

Investigación

Los agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial, han tenido que emplearse a fondo con el uso de sofisticadas herramientas tecnológicas para evitar las medidas de seguridad, con las que protegía este hombre losarchivos en los terminales intervenidos.

Los investigadores obtuvieron un total de 94 archivos del interior de los dos teléfonos móviles, en concreto 89 archivos de un terminal y cinco de otro. En el posterior análisis y visionado de esos archivos, se consolidaron 146 detecciones de víctimas en lo que parecen ser momentos de intimidad, tanto en ropa interior como desnudas. La inmensa mayoría de las personas que aparecían eran mujeres y también había imágenes de menores de edad.

Estas imágenes habían sido obtenidas en entornos de aseos de espacios privados así como en la vía pública. Tres de estos videos fueron grabados momentos antes de que fuera identificado en la Playa de las Moreras.

En esas grabaciones los investigadores apreciaron como en seis ocasiones aparecía el presunto autor y se dirigía hacia donde estaban ocultas las cámaras para manipularlas y así corregir los planos de enfoque de imágenes. Pese a que las cámaras inalámbricas infrarrojas tenían sendas tarjetas de memoria, las herramientas forenses empleadas para su análisis no han obtenido ningún archivo o imagen.

Antecedentes por hechos similares

En 2022 ya había sido detenido por la Policía Nacional por hechos similares, tras ser sorprendido grabando a una joven en los aseos femeninos durante un evento celebrado en la Feria de Valladolid durante la celebración del Salón del Comic y del Manga. Por esos hechos, fue imputado como presunto autor de otro delito contra la intimidad

En esta ocasión, los agentes tuvieron que emplear herramientas tecnológicas avanzadas para acceder al contenido, ya que los archivos estaban protegidos mediante sistemas de seguridad.

Una vez completado el análisis, el hombre fue detenido el pasado 16 de marzo. Tras prestar declaración en dependencias policiales, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

La investigación sigue abierta para identificar al resto de víctimas. Por el momento, dos de ellas ya han sido localizadas y han manifestado su intención de denunciar los hechos.

La Guardia Civil ha investigado a tres personas por participar en una carrera ilegal de vehículos que se ha celebrado en la noche de este sábado al domingo en el polígono de Villaluenga-Yuncler, en la provincia de Toledo.

La Comandancia de la Guardia Civil de Toledo enmarca la actuación dentro de la operación 'Freno', que el pasado mes de febrero se concretó en la detención de varias personas por carreras ilegales en la zona cercana entre Seseña y Yeles, en comarca de la Sagra toledana, una zona muy próxima a la Comunidad de Madrid.

Además de los tres investigados se ha puesto a disposición judicial dos vehículos y se han interpuesto 15 sanciones administrativas por infracciones a la Ley de Seguridad Vial.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo, cuando varias patrullas recibieron aviso de la posible celebración de una 'lanzada' en dicho polígono.

Al llegar, los agentes localizaron varios vehículos y a un varón que presuntamente actuaba como árbitro, por lo que se estableció un dispositivo de cerco y se identificó a las personas y vehículos presentes.

Al jugador del Real Madrid Daniel Carvajal le gustan los relojes de lujo. “El primero que me compré fue un Rolex Daytona de acero”, explicó el futbolista a la revista Esquire. La adquisición de un reloj de ese mismo modelo en 2021 por 64.800 euros le ha traído una consecuencia inesperada: un juez de Andorra le ha imputado por comprar un producto proveniente presuntamente de contrabando.

No es el único futbolista implicado en la causa que comanda el juez andorrano Joan Carles Moynat. El magistrado ha requerido la ayuda de las autoridades españolas para interrogar “en calidad de investigados” por un delito de contrabando a otros cinco jugadores en activo residentes en España: Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Teye Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla) y Juan Bernat (Eibar). También está imputado David Silva, ya retirado de los terrenos de juego.

El juez quiere preguntar a todos los futbolistas por “la compra, entrega y transporte” de los relojes que adquirieron, según consta en un auto de noviembre del año pasado al que ha tenido acceso elDiario.es. Fuentes cercanas al caso explican que la Guardia Civil ya ha contactado con algunos de los investigados en España.

El magistrado ha pedido la colaboración de España para interrogar a los investigados residentes en nuestro país: los siete futbolistas que compraron los relojes y siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores. La 15ª investigada es una mujer que compró un reloj a la firma, aunque tres días después le devolvieron los 79.000 euros abonados.

Los futbolistas de renombre se han convertido en secundarios de relevancia en una causa que tiene como principal investigado a Diego G.C., a quien el juez envió a prisión provisional en Andorra en octubre de 2025. Se le atribuyen los delitos de contrabando y blanqueo de capitales, castigados en el principado con penas de hasta ocho años de cárcel.

Esta redacción también contactó con las empresas relojeras en España vinculadas a Diego G.C. Una de ellas, que en principio indicó que no se encontraba operativa, se ha desvinculado tras la publicación de esta información de la causa abierta por presunto contrabando y la ha desligado de su actividad en España.

Las compras de los futbolistas

Los futbolistas compraban los relojes a la firma andorrana de Diego G.C en vez de a los fabricantes originales. La mayoría de operaciones son por modelos de las relojeras suizas Rolex y Patek Philippe. Según la resolución judicial, el jugador que más dinero pagó a la empresa del principado fue el actual futbolista del Villarreal Thomas Teye Partey, quien entre 2020 y 2022 (cuando jugaba en el Arsenal), compró tres modelos Patek Philippe por un total de 415.000 euros.

El segundo jugador en gastar más dinero en la empresa andorrana de relojes fue Juan Bernat. Según el juez andorrano, compró cuatro relojes (tres Patek Philippe y un Rolex) por 367.000 euros entre 2023 y 2025, cuando jugaba en distintos equipos de Primera División.

A Bernat, según el auto del magistrado, le sigue el centrocampista David Silva, quien pagó 295.000 euros en 2020 y 2021 por cuatro modelos Patek Philippe. El defensa César Azpilicueta desembolsó 115.000 euros en 2022 por un reloj Audemars y otro Patek Philippe, mientras que Giovanni lo Celso también compró dos relojes en 2020 y 2021 por 83.000.

De lo aflorado en la causa, se desprende que Carvajal compró a la firma investigada únicamente un Rolex Daytona por 64.800 euros en 2021. Respecto a Santi Cazorla, el juez ha constatado que realizó una transferencia de 58.000 euros a la empresa andorrana de relojes, si bien en la contabilidad de la firma del principado no se ha hallado ninguna factura emitida al futbolista. 

Bajadas y subidas a Andorra

El método del contrabando fue clásico, aunque en vez de productos tradicionalmente asociados a esta práctica pirenaica ilegal como el tabaco, se efectuó con relojes de lujo: el juez describe en su auto que el objetivo de Diego G.C. era “eludir sus obligaciones aduaneras”, es decir, el pago del IVA. 

Es decir, en vez de vender los relojes directamente a los jugadores en España, la empresa española vinculada a Diego G.C importaba los relojes a la sociedad andorrana en la que participaba, y luego hacia la operación a desde el principado. El juez destaca que el único “motivo plausible” para esta operativa es la ganancia económica mediante la deducción del IVA por parte de las empresas andorranas y españolas del investigado.

Para llevar a la práctica el plan, agrega el magistrado, el reloj “se separaba” de la factura que se emitía. El juez explica que el reloj “se bajaba físicamente” a España, pero sin realizar su obligatoria declaración de exportación en la aduana. En otro viaje, añade el instructor, “se bajaba” (bajar y subir son verbos habituales en catalán, idioma oficial del principado, para referirse a los trayectos entre Andorra y España) su caja y la documentación, pero sin el producto dentro.

Al principal investigado y a su socio, resalta el instructor, les pillaron los agentes aduaneros de ambos lados de la frontera con sendos relojes en las muñecas por valor total de 104.000 euros el 5 de septiembre de 2025. La venta se había hecho desde la sociedad española vinculada a Diego G.C. a su empresa andorrana, pero sin declararlo como exportación.

El juez trata de corroborar si Diego G.C. cobró parte de la venta de los relojes de contrabando en metálico, pues al investigado se le han descubierto “numerosos y repetitivos” ingresos en su cuenta y 220.490 euros en efectivo en una caja fuerte bancaria. Según el juez, Diego G.C. usaba las ganancias no declaradas con los relojes para adquirir vehículos de lujo.

Al investigado, indica la resolución judicial, se le atribuye haber importado 38 relojes Andorra de los que luego no declaró su exportación por valor de 1,35 millones de euros. Alguno de los relojes superó los 100.000 euros, cantidad que agrava la pena por contrabando, según el Código Penal andorrano.

Silva, pillado por Hacienda

Los agentes aduaneros de ambos lados de la frontera pillaron al principal investigado con la mercancía en la muñeca. Pero no es el único puntal en el que se sustenta la investigación en Andorra: la Hacienda española intervino en una de las compraventas de relojes que hizo el futbolista retirado David Silva, según consta en un documento de la causa.

En diciembre de 2020, cuando jugaba en la Real Sociedad, Silva compró a la empresa andorrana de Diego G.C. un reloj Patek Philippe por 120.000 euros. Un año y tres meses después, el jugador recibió una notificación de la Agencia Tributaria en la que se le requería el pago del IVA no ingresado por el reloj. El importe no satisfecho del impuesto ascendía a 25.200 euros, a los que hubo que sumar 1.079,63 euros en intereses de demora.

Tras mantener negociaciones, el futbolista y el principal investigado del caso acordaron, en marzo de 2022, que la empresa andorrana de Diego G.C. se haría cargo del IVA no pagado en la compra del reloj. El empresario admitió su responsabilidad en no declarar ni ingresar el IVA de la importación en la aduana española.

En su pacto con el futbolista, Diego G.C. también se comprometió a abonar el pago del IVA que Hacienda reclamaba a Silva, así como “el importe equivalente a cualquier sanción de naturaleza tributaria” a la que se pudiera enfrentar el jugador por la compra del reloj.

El acuerdo da un detalle que no ha pasado por alto al juez andorrano: en el documento, ambas partes admiten que el Patek Philippe “fue transportado desde Andorra hasta San Sebastián” por un empleado de la compañía andorrana de Diego G.C. En su declaración ante el juez, sin embargo, el investigado manifestó que no recordaba a quién, dónde y cómo se entregaban los relojes. Ante la falta de respuestas del vendedor, el magistrado quiere preguntar por ello a los futbolistas compradores.

La Policía Nacional ha detenido en la localidad toledana de Seseña a un hombre que en febrero del año pasado se presentó en el lugar de trabajo de su expareja en Madrid y la apuñaló en varias ocasiones con un destornillador mientras gritaba “si no eres para mi, no eres para nadie”.

El dispositivo policial culminó el pasado 20 de marzo con la detención de esta persona cuando salía de su domicilio. Durante la intervención, el sospechoso reaccionó de forma violenta, llegando incluso a agredir a un agente de Policía durante el forcejeo, causándole lesiones en el tórax.

Una vez puesto a disposición judicial acusado de delitos de homicidio en grado de tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado contra agente de la autoridad, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron en febrero del año pasado en Madrid

Aquellos hechos ocurrieron a primera hora del 14 de febrero del año pasado en Madrid, cuando el sospechoso se presentó en el lugar de trabajo de la víctima, quebrantando una medida cautelar. Tras una discusión, sacó varios destornilladores y le clavó uno de ellos en el cuello en repetidas ocasiones.

Gracias a los gritos de auxilio de la mujer, varios vecinos acudieron al lugar y evitaron que el sospechoso huyera del lugar. A su llegada al lugar los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano y los servicios sanitarios lograron estabilizar a la mujer, según recuerda la Policía en un comunicado.

Tras aquél suceso, el agresor se escondió en Seseña adoptando importantes medidas de seguridad, como no usar el teléfono móvil o no renovar los documentos de identidad. Tras varias pesquisas, los investigadores lograron dar con el paradero del sospechoso, que ahora residía con una nueva pareja.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

El maltrato económico o abuso financiero hacia las personas mayores puede manifestarse de formas muy diversas: uso no autorizado de cuentas o tarjetas, presiones para firmar documentos, apropiación de pensiones o ayudas, cambios forzados en poderes o testamentos, o engaños a través de estafas telefónicas o digitales. A menudo no aparece como un robo evidente, sino disfrazado de ayuda, cuidado o gestión “por su bien”, lo que dificulta su identificación y hace aún más importante la prevención. Además del perjuicio económico, este tipo de maltrato puede provocar miedo, vergüenza, aislamiento, deterioro del bienestar y pérdida de autonomía.

Uno de los muchos casos que recientemente ha llegado al Colegio Notarial del País Vasco es el de una mujer con un patrimonio importante y dos hijos que aparentemente llega con una libertad para otorgar un testamento, por lo que llega con un abogado y crean un testamento que favorece solamente a uno de sus hijos. No se trata de una señora con edad muy avanzada, por lo que los notarios no perciben nada que les haga pensar que pueda llegar a haber una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, tiempo después, llega el otro hijo al despacho con un abogado y cuenta que su hermano tiene a su madre en una situación de intimidación. “Se destapó una situación muy delicada porque no podíamos dar por hecho que existiera esa intimidación porque la señora la negaba. Con esto quedó claro que no podemos dar por supuesto que sabemos identificar la vulnerabilidad de una persona mayor”, ha aclarado Carmen Velasco Ramírez, vicedecana del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco y delegada de la Fundación Notarial Aequitas en Euskadi, una de las participantes de la jornada “Maltrato económico y abuso financiero a personas mayores” que ha tenido lugar este viernes en Bilbao.

La jornada, que ha reunido a representantes institucionales y a voces expertas de distintos ámbitos para abordar este fenómeno desde una mirada amplia y coordinada, ha contado con el objetivo de abrir un espacio de reflexión, sensibilización y trabajo compartido en torno a una realidad muchas veces invisible, pero con graves consecuencias para la vida y el bienestar de las personas mayores. “¿Cuántas veces las personas mayores no quieren reconocer que en su familia hay un problema? Sucede también en los casos de discapacidad. Muchas veces hace daño identificar las cosas evidentes. Entonces debemos acompañar a las personas para que puedan verbalizar lo que pasa y, para ello, debemos ponernos a su lado para que vean que somos apoyos. No somos personas ajenas, distantes o difíciles de acceder. Debemos hacernos comprender. Esto puede parecer que no tiene nada que ver con ser notario y, sin embargo, es la base de ser notario”, ha subrayado Velasco Ramírez, sobre la función de los notarios en este tipo de casos.

Según ha explicado, en muchas ocasiones, además de la vulnerabilidad que lleva consigo la edad, también existe una vulnerabilidad que tiene que ver con el contexto y el entorno. “Pensemos en todo lo que supone la digitalización. La brecha digital que se ha abierto para las personas mayores genera un desamparo enorme. Ahora mismo hay muchísimos consentimientos que se prestan por el uso de una app en un teléfono móvil, que para la mayoría de personas mayores es algo absolutamente imposible de comprender”, ha lamentado.

Otro de los puntos de vista aportados durante la jornada ha sido el de Aida Lozano Pascual, fiscal delegada de Civil y coordinadora de la Sección de Discapacidad y Mayores de la Fiscalía Provincial de Álava, quien ha detallado los casos de maltrato que por su gravedad han escalado hasta Fiscalía. “Ninguno de nosotros puede resolver este problema en solitario. Ni la Fiscalía, ni los servicios sociales, ni la autoridad judicial, ni el sistema sanitario, ni los notarios, ni los bancos. Pero juntos sí podemos construir un entorno que haga más difícil que estos abusos puedan llegar a prosperar. La protección de las personas mayores es una responsabilidad compartida. A la Fiscalía llegan sospechas y llegan también abusos consumados. Nosotros somos el último eslabón de una cadena que interviene normalmente cuando los servicios sociales, el ámbito jurídico, el ámbito económico, el ámbito familiar, ha devenido bien insuficiente o bien ineficaz, y se requiere una intervención más intensa, o bien en ocasiones incluso una actuación para poder concretar esa sospecha y decidir si efectivamente hay un abuso o no hay abuso”, ha aclarado.

Sin embargo, Lozano Pascual ha lamentado que “en muchas ocasiones estos procedimientos penales no siguen adelante porque las personas mayores por miedo, vergüenza o por no querer dañar a ningún familiar no quieren continuar con el proceso” dejan a los fiscales “huérfanos de prueba para acreditar que ese abuso económico realmente era constitutivo de delito”.

Para evitar que esto ocurra, desde el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco han presentado este viernes una 'Guía de prevención, detección e intervención ante situaciones de maltrato económico y abuso financiero a personas mayores', que se distribuirá entre asociaciones de personas mayores, servicios sociales y entidades bancarias que así lo deseen, y además estará disponible en la página web del Departamento, para facilitar su consulta y difusión. “Con esta iniciativa, el Departamento refuerza su compromiso con la protección de los derechos de las personas mayores y con la promoción de una cultura de respeto, buen trato y autonomía en todos los ámbitos de la vida”, detallan desde el Ejecutivo.

El contenido de la guía parte de una idea fundamental: necesitar apoyo “no significa perder la capacidad de decidir”. Por eso, subraya la importancia de ofrecer acompañamiento respetando siempre la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona mayor, así como de no normalizar conductas de control o desposesión que pueden quedar ocultas en el entorno familiar, social o relacional. También insiste en la necesidad de actuar de forma temprana, guardar información útil, buscar apoyo profesional y activar, cuando sea necesario, la colaboración de servicios sociales, entidades bancarias, asesoramiento jurídico o fuerzas policiales

Catorce años después de que se destapara la existencia de la banca paralela que el asturiano Manolo Mori García creó, entre los años 1998 y 2012, cuando era director de una sucursal bancaria en Cangas de Onís, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Asturias por su responsabilidad en un delito continuado de apropiación indebida con las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

La sentencia, que aún no es firme y es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), se ha fijado en dos años de prisión, que Manolo Mori no cumplirá al carecer de antecedentes penales y el pago de una multa de 1.500 euros.

Además, tendrá que hacer frente al abono de una indemnización al Banco Santander S.A. cifrada en 636.328,08 euros por el dinero que la entidad abonó a varios de los 33 perjudicados personados en el procedimiento como reparación del daño tras haber adquirido el Banco Popular S.A. que a su vez sucedió al Banco Pastor donde trabajaba el acusado.

Su eficacia como director de la sucursal bancaria del entonces Banco Pastor S.A., ubicada en Cangas de Onís, había logrado que el nombre de Manolo Mori se asociara a la de una figura similar a la de un 'conseguidor' que resolvía rápidamente las gestiones económicas de muchos vecinos y vecinas del concejo con los que tenía relaciones de confianza, bien por vecindad o amistad, y que acudían a su despacho para solicitar préstamos, entregarle en mano sus ahorros para que los ingresara en sus cuentas o pedir su asesoramiento sobre una posible inversión.

Gratificación por lograr 'morosidad cero'

Era habitual que incluso algunos clientes firmasen en blanco los documentos que el director les entregaba y que dejaran en sus manos el dinero, en vez de ingresarlo ellos personalmente en sus cuentas, porque no recelaban de su buen hacer, ni desconfiaban de su diligente actuación.

Su profesionalidad y buen trato con los clientes fueron gratificados con bonos por parte de sus superiores porque había logrado con éxito que en su oficina hubiera “morosidad cero”.

Hasta siete auditorías superadas

Durante 14 años, Manolo Mori fue el directivo perfecto, ya que a su empatía hacia todo aquel que acudía a solicitarle un favor o a pedirle que le hiciera un ingreso o un reintegro unía un carácter muy afable y cercano. Esa fue una etapa dorada, que duró desde febrero de 1998 a mayo de 2012, cuando dirigía el Banco Pastor de la localidad de la zona oriental asturiana.

Las siete auditorías que se llevaron a cabo por parte de la entidad bancaria durante ese período dieron la conformidad a sus cuentas. Y todo parecía ir sobre ruedas.

La fusión bancaria

Sin embargo, la fusión del Banco Pastor con el Banco Popular, que posteriormente fue adquirido por el Banco Santander en el año 2012, dio al traste con toda esa imagen de bonhomía, cercanía y profesionalidad.

Abrumado y superado por la situación, Manolo Mori se adelantó a la auditoría que se iba a realizar con los nuevos gestores y confesó que había creado una banca paralela.

Niega un beneficio personal

Él se ofreció de inmediato a colaborar aportando todos los datos de que disponía de los movimientos bancarios realizados, mientras repetía una y otra vez que no se había apropiado de dinero alguno para su propio beneficio personal ya que, según su versión, todos los movimientos que había realizado de unas cuentas a otras de clientes nunca fueron destinados a su propio enriquecimiento.

En una localidad donde casi todo el mundo se conoce, el director del banco es una de las figuras más relevantes y la noticia de la banca paralela se extendió por la zona en apenas unos minutos.

Colas de clientes ante la sucursal

El nerviosismo y la angustia comenzaron a apoderarse de los clientes que hasta ese momento habían permanecido ajenos a todo lo ocurrido y desconocían el maremágnum de sensaciones que iba a desencadenar esta revelación y el largo procedimiento judicial que se les venía encima.

Las colas delante de la sucursal fueron constantes desde el instante en que Manolo Mori confesó las operaciones irregulares que había llevado a cabo y hasta la oficina comenzaron a acercarse los clientes para reclamar su dinero. Entre tanto, los auditores iniciaban una ardua tarea para tratar de aclarar, una a una, cada partida económica y su destino final.

La confesión

La colaboración de Manolo Mori con los investigadores ha sido clave para que los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, hayan aplicado una circunstancia atenuante de confesión a su condena a dos años de cárcel por su autoría en un delito continuado de apropiación indebida.

Una circunstancia atenuante a la que se ha sumado otra segunda atenuante por dilaciones indebidas debido al enorme retraso en que la causa llegó a ser enjuiciada.

Las dilaciones indebidas

La atenuante de dilaciones indebidas se ha aplicado al haber transcurrido otros 14 años desde que el procedimiento ha derivado en la vista oral del juicio ante la Sala y dos años más hasta hacerse pública la sentencia.

El juicio arrancó ante el tribunal de la Sección Segunda el 5 de marzo de 2024 y la sentencia se ha dictado en marzo de 2026, dos años después.

Un juicio con 14 años de retraso

No obstante, la sentencia viene a reflejar el trabajo meticuloso de la Sala que describe, a través de 106 páginas, de forma pormenorizada, paso a paso, cada una de las actuaciones contables, el dinero que reclamaba cada una de las acusaciones particulares que han ejercitado muchos clientes perjudicados, las peticiones de condena y los posicionamientos de Fiscalía, acusaciones y defensa.

Una sentencia condenatoria dictada en una causa que ha sido de las más complejas que se han visto hasta ahora en esta Audiencia Provincial, dado el elevado número de personas perjudicadas y la falta de documentos de las que muchas de ellas disponían para acreditar el dinero entregado, lo que ha obligado a un esfuerzo mayor para tratar de delimitar cada intervención ilícita.

Hechos probados

Finalmente, el tribunal ha declarado probado que el acusado ostentó el cargo de director de la sucursal de la entidad Banco Pastor S.A., sita en Cangas de Onís, desde el 1 de febrero de 1998 al 22 de mayo de 2012, fecha ésta última en la que la entidad bancaria se refundió con Banco Popular S.A., dando lugar a una sola sede física; siendo posteriormente adquirido el Banco Popular por Banco Santander S.A.

Durante este largo período de tiempo, “aprovechándose de la posibilidad que le otorgaba su puesto y guiado por un ánimo de enriquecimiento (bien en su propio beneficio, bien en el de terceros –que en unas ocasiones eran clientes de la citada sucursal bancaria y en otras, personas ajenas a la misma-), realizó sin conocimiento ni consentimiento de la entidad para la que trabajaba y burlando sus mecanismos de control, una pluralidad de actos dispositivos irregulares en las cuentas de clientes de aquélla, sin contar para ello tampoco con el conocimiento ni autorización de los clientes afectados por tales actos dispositivos”, señala la resolución judicial.

Relación de confianza y amistad

Tales operaciones consistieron tanto en retiradas de sumas de dinero de las cuentas de muchos de los clientes bancarios, como en no materializar el ingreso de cuantías dinerarias que algunos clientes le entregaron al acusado para que éste las integrara en sus cuentas.

El tribunal subraya en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que para que todas estas actuaciones se pudieran llevar a cabo el acusado se sirvió de la relación de confianza, vecindad y/o amistad que le unía con los clientes afectados, así como también, del crédito empresarial de la entidad para la que servía profesionalmente.

Firmas en documentos en blanco

“Así, uno de los modos en los que consiguió formalizar los reintegros en las cuentas de las que detraía fondos, fue presentando a los clientes afectados por tal operativa impresos bancarios –por tanto, con el consiguiente membrete de la entidad- ”en blanco“, solicitándoles que los firmaran bajo el falso pretexto de que tales documentos, una vez firmados, los usaría para gestionarles o lograrles beneficios de diversa naturaleza (nuevos intereses, rentabilidades, productos financieros, prórrogas de productos contratados, etc…), sin que ello ocurriera finalmente, al emplear el acusado dichos documentos, una vez firmados, para extraer dinero de las cuentas de dichos clientes con importes que él consignaba a su entera voluntad”, sostienen los magistrados.

Esta era “una forma irregular de operar”, subraya la sentencia, pero según han declarado acreditado los magistrados no era la única.

Otros métodos

“En otras ocasiones el acusado autorizaba dichas detracciones de las cuentas de clientes estampando su propia firma en el lugar correspondiente al titular de la cuenta; materializando tales extracciones dinerarias en otros supuestos sin firma alguna”, expone la resolución judicial.

Asimismo, el encausado recibió de varios clientes cuantías monetarias para su ingreso en sus cuentas bancarias, que “éste nunca materializó, disponiendo del dinero que se le había entregado conforme al ánimo de enriquecimiento –propio o en favor de terceros- ya aludido”, incide el fallo.

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado

Las indemnizaciones

La pena se ha fijado en dos años de prisión, cinco meses de multa a razón de 10 euros diarios e inhabilitación especial para ejercer actividades bancarias, crediticias y de seguros durante el tiempo de condena; todo ello con imposición de costas procesales, incluidas las devengadas por la actuación de las acusaciones particulares.

El exdirector de la entidad bancaria no ingresará en prisión al carecer de antecedentes penales y no superar la pena de dos años de cárcel.

El cliente peor parado

La sentencia establece un amplio abanico de indemnizaciones para resarcir a los 33 clientes perjudicados, con cuantías que oscilan en una horquilla que va desde los 9.350 euros en los casos de menor cuantía hasta alcanzar un máximo de 645.800 euros para el cliente más perjudicado.

Unas indemnizaciones destinadas a más de una treintena de víctimas que se verán incrementadas con los intereses a contar desde la fecha en la que cada perjudicado hubiera reclamado su pago con señalamiento de cantidades líquidas y hasta la fecha de la sentencia, así como con los intereses legales a contar desde esta resolución judicial hasta el completo pago de las sumas.

El tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño. No obstante, esta entidad ha sido también declarada como responsable civil subsidiaria en la causa

Una doble condición

Además, el tribunal impone al acusado, como responsable civil directo, el pago de una indemnización de 636.328,08 euros a abonar al Banco Santander S.A. como reembolso por los pagos que la entidad ya había adelantado a varias de las víctimas antes del juicio como reparación del daño.

Aunque la Fiscalía había solicitado que el acusado reintegrara al Banco Santander S.A. 1.428.358,64 euros, más intereses, en restitución de las cantidades que también había resarcido a parte de los perjudicados, la Audiencia Provincial solo lo estimó parcialmente.

El tribunal explica en la sentencia que únicamente Manolo Mori debe reintegrar a la entidad bancaria 636.328,08 euros que era la cantidad que abonó a los perjudicados que fueron accionantes en el procedimiento judicial.

No obstante, la entidad Banco Santander S.A. ha sido declarada como responsable civil subsidiario, por lo que debe afrontar el pago de las cantidades a las que ha sido condenado el acusado, incluidos los intereses moratorios y legales, en su condición de adquirente del Banco Popular S.A., que a su vez sucedió a Banco Pastor S.A.

Ocho coacusados, absueltos

Otras ocho personas fueron también juzgadas como responsables civiles directos a título lucrativo. Todas ellas han sido absueltas: Adolfo N.A., Rafael Á.G., Rafael M.M., Julio César M.R., Ramón C.C.L., Federico B.V., Ana Isabel Z.G. y Fernando R.B.

A lo largo del procedimiento judicial se dio el caso de personas que dijeron que también habían sido perjudicadas y de las que el propio acusado aseguró no tener constancia alguna.

Algunas víctimas fallecieron

Inmediatamente antes de la celebración del juicio también se comunicó al tribunal el fallecimiento de varios de los perjudicados entre los que figuraban los hermanos José Ramón y Enriqueta Marina H. de D., y Francisco G.T. La Audiencia Provincial de Asturias ha reflejado en la resolución judicial que las indemnizaciones de las cantidades correspondientes a los perjudicados que hubieran fallecido, una vez se acredite tal extremo fehacientemente, corresponderán a sus respectivos herederos.

La causa también sufrió, a lo largo de su tramitación, diversas paralizaciones “injustificadas, siendo su duración desmesurada en atención a su complejidad, sin que ello pueda achacarse al acusado”, reconocen los magistrados.

La resolución judicial admite recurso

El tribunal deja constancia en la sentencia de que el acusado reconoció “plenamente” los hechos imputados que le atribuía la Fiscalía, al igual que había reconocido antes de la denuncia, ante los auditores de la entidad bancaria, “conductas irregulares, entregándoles textos manuscritos de contenido incriminatorio que se adjuntaron a la denuncia y coadyuvaron a la identificación de los perjudicados y a la cuantificación de los perjuicios. Conductas irregulares que también reconoció, aunque de modo limitado, en fase de instrucción”.

A pesar del tiempo transcurrido, el caso aún puede prolongarse en el caso de que alguna de las partes implicadas decida recurrir la sentencia, ya que la resolución judicial dictada por la Audiencia Provincial de Asturias no es firme y contra la misma aún cabe interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).

Un animal doméstico puede desaparecer sin dejar rastro en cuestión de horas y sin que nadie vea cómo ha pasado. En China, esa incertidumbre se repite en casos donde perros desaparecen y sus dueños no vuelven a saber de ellos, en un contexto donde existe consumo de carne de perro aunque no siempre se mencione de forma abierta. Esa relación no siempre queda probada en cada caso concreto, pero sí aparece de forma recurrente en denuncias locales.

En algunos barrios, los robos se producen en la calle o dentro de viviendas sin vigilancia. A partir de ese momento, el animal entra en un circuito difícil de seguir. Esa situación deja a los propietarios sin pistas claras sobre el destino de sus mascotas.

Siete animales recorrieron más de 17 kilómetros hasta regresar a casa

Ese patrón ayuda a entender un episodio que acabó de forma distinta a lo habitual. Siete perros que habían sido robados lograron salir de un transporte ilegal y caminar más de 17 km durante dos días hasta volver a sus casas, según South China Morning Post. Todo ocurrió en la provincia de Jilin y el regreso se completó entre el 16 y el 18 de marzo. Los animales llegaron con vida y solo presentaban lesiones leves tras ser revisados.

La localización no fue inmediata, sino que se construyó poco a poco a partir de vídeos y avisos compartidos en redes sociales. Varias personas reconocieron a los perros y siguieron su recorrido hasta que voluntarios y vecinos pudieron intervenir.

La organización Bitter Coffee Stray Dog Base explicó a South China Morning Post que todos procedían del mismo pueblo y ya se conocían, algo que explica que no se separaran durante el trayecto. Ese lazo previo hizo posible que avanzaran como grupo hasta el final. El 19 de marzo, cada uno volvió con su propietario.

Las pistas señalaron un traslado con destino a mercados de carne

Antes de ese regreso, las pistas apuntaban a un robo organizado con destino a la venta de carne. Los animales habrían sido recogidos y trasladados en un camión junto a otros ejemplares. No hay testigos que vieran el momento exacto de la huida, pero la secuencia de vídeos permite situarla durante el transporte. Este tipo de capturas suele incluir perros domésticos, animales abandonados o cría destinada a ese fin. El destino habitual son mercados donde se venden vivos.

Un testigo que se identificó como Lu contó a Dahe Daily que observó al grupo avanzar unido y dijo que “se parecen a una banda de hermanos pequeños en apuros, moviéndose al unísono”. Intentó guiarlos hacia un lugar seguro en varias ocasiones, pero no logró cambiar su dirección. También explicó que los perros ignoraron su ayuda y continuaron avanzando. En el grupo había un pastor alemán herido, junto a un corgi, varios golden retriever, labradores y un pequinés.

Las grabaciones que circularon en internet muestran a los siete animales desplazándose por el arcén de una autopista mientras los coches pasaban a gran velocidad. En las imágenes se les ve juntos, atentos al entorno y sin dispersarse. En otros momentos aparecen atravesando campos cercanos, lo que indica que no siguieron un único tipo de terreno.

Los vídeos se difundieron en plataformas como Douyin y también en YouTube, lo que facilitó que distintas personas reconocieran a los perros y aportaran datos sobre su recorrido.

El consumo de carne de perro persiste y convive con cambios legales

Este caso se enmarca en una realidad más amplia en la que el consumo de carne de perro sigue presente en algunas zonas de Asia. Se estima que unos 30 millones de perros son sacrificados cada año, aunque no existe un registro exacto. En países como Vietnam, China o Corea del Sur, donde se ha fijado 2027 para prohibir la cría y venta, esta práctica se asocia a tradiciones o a creencias sobre la salud. En algunos lugares se atribuyen efectos sobre la virilidad o el sistema digestivo.

En China, el marco legal ha empezado a cambiar, aunque no existe una prohibición nacional completa. Desde 2020 los perros dejaron de figurar como ganado en el catálogo oficial y pasaron a ser considerados animales de compañía, lo que dificulta su uso comercial como carne. Esa modificación complica la actividad de mataderos, restaurantes y mercados.

Aun así, el consumo por parte de particulares no está tipificado como delito en todo el país. Algunas ciudades han dado pasos más firmes, como Shenzhen, que prohibió la producción, venta y consumo mediante una ordenanza en vigor desde mayo de 2020. Otras ciudades han seguido esa línea y apuntan hacia posibles cambios más amplios.

A todo eso se suma un problema sanitario que no siempre se tiene en cuenta. La carne puede contener parásitos como Toxoplasma gondii o Trichinella, además de bacterias derivadas de las condiciones de cría y transporte. Eso aumenta el riesgo de infecciones y enfermedades transmisibles a humanos. La falta de controles y de higiene agrava esa situación. En muchos mercados, los animales se mantienen vivos hasta el momento de la venta.

El recorrido de estos siete perros terminó de forma distinta a la mayoría de casos similares. Lograron escapar, mantenerse juntos durante dos días y encontrar el camino de vuelta sin ayuda en el momento de la fuga. Por suerte, sus dueños los recuperaron antes de que entraran en el circuito de venta. Ese desenlace no cambia el contexto general, pero muestra hasta qué punto los animales pueden orientarse y avanzar en grupo cuando la situación lo exige.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha condenado a un cazador por abatir en 2019 un ejemplar de lince ibérico en el término municipal de Menasalbas (Toledo), al que deberá indemnizar con 100.800 euros por los daños causados, según ha informado la Federación de Caza de Castilla-La Mancha .

La sentencia considera probado que el acusado mató a 'Nenúfar', una hembra de lince que había sido liberada en el año 2017 y que portaba un radiotransmisor para su seguimiento, al incurrir en un delito contra la fauna por imprudencia grave.

Los hechos ocurrieron en junio de 2019, cuando el condenado practicaba la caza de zorros sin licencia en vigor y en un periodo sin autorización para ello. Posteriormente se confirmó la muerte de sus cuatro cachorros, uno de ellos se encontró muerto.

La jueza ha impuesto además una pena de multa de 1.440 euros euros durante cuatro meses, a razón de 12 euros diarios, inhabilitación para caza durante tres años y pago de responsabilidad civil (por la reparación del daño) a la Junta de Castilla-La Mancha en la cantidad de 100.800 euros.

Durante el proceso, las acusaciones solicitaban penas más elevadas. La administración autonómica reclamaba una indemnización de hasta 500.000 euros, mientras que la organización conservacionista SEO/BirdLife pedía 180.000 euros. WWF España reclamaba tres años de prisión, cinco años de inhabilitación para la caza y 270 000 euros de indemnización por responsabilidad civil.

Finalmente, la cuantía fijada por el juzgado se ha reducido a 100.800 euros por la muerte del ejemplar y de la cría. La sociedad de cazadores implicada en el caso, para la que algunas acusaciones solicitaban responsabilidad civil subsidiaria, ha sido absuelta.

La hembra de lince ibérico “Nenúfar” fue encontrada el 14 de junio de 2019 en el municipio de Menansalbas (Toledo) por un agente medio ambiental gracias a la geolocalización del dispositivo GPS de su collar. Había sido reintroducida en febrero de 2017 dentro del Proyecto de recuperación de la especie en los Montes de Toledo. En el momento de su muerte estaba criando a cuatro cachorros. Uno fue hallado muerto pocos días después por los agentes medioambientales, y los otros tres, que no se lograron encontrar, se sospecha que tampoco sobrevivieron al no poder valerse por sí mismos.

A raíz del hallazgo de los agentes medioambientales, la Guardia Civil del SEPRONA logró localizar e identificar al acusado. Este reconoció que se encontraba cazando zorros en el coto en el día y lugar de los hechos, sin embargo, sus versiones han ido cambiando. En una primera declaración, reconoció haber disparado a un animal que creyó que era un zorro pero que pudo equivocarse; y posteriormente negó cualquier tipo de error, afirmando que disparó sobre un zorro.

No obstante, en su investigación el SEPRONA no encontró restos de ningún zorro disparado y la munición encontrada en el cuerpo del lince era similar a la que estaba utilizando el acusado, según informa WWF España.

La Federación de Caza pide “extremar la responsabilidad”

Por su parte, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha recordado “la necesidad de extremar la responsabilidad en la práctica cinegética” y ha subrayado su “implicación en la persecución de delitos contra especies protegidas”, participando como acusación en casos de envenenamientos o muertes de fauna especialmente graves.

El caso se produce en un contexto de recuperación del lince ibérico en España. Según los últimos datos, la población ronda los 3.000 ejemplares en 2025, con un crecimiento interanual cercano al 19 %, frente a los 1.365 censados en 2021, lo que refleja una evolución positiva de la especie tras haber estado en peligro crítico de extinción.

En este sentido, la federación regional insiste en el papel de los cazadores, titulares de cotos y sociedades “en la mejora de la especie”, y ha instado a revisar su estatus legal ante la previsión de que la población pueda alcanzar los 3.500 ejemplares en 2026.

WWF España celebra la condena pero la considera “insuficiente”

WWF España que se personó en el caso como acusación popular celebra la condena al acusado de lo que califica de “ grave delito contra la fauna”. Cree que la sentencia supone una condena importante en cuanto a la responsabilidad civil pero la considera “insuficiente” en el ámbito penal, ya que se pedían hasta tres años de cárcel.

La organización conservacionista recuerda que el lince ibérico estaba catalogado como especie “en peligro de extinción” por la Lista Roja de la UICN en el momento de los hechos, es una especie protegida también a nivel estatal - en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial - y autonómico –en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en Castilla La Mancha-.

“Los disparos, las trampas ilegales y el veneno todavía siguen afectando a los linces, y tras los atropellos, suponen la segunda causa de mortalidad no natural para la especie”, explica la organización. La transposición de la Directiva Penal Ambiental, subraya, “es una oportunidad para mejorar en la lucha contra los delitos contra la fauna” que, aseguran, “no son menores: son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas, como es este caso. A pesar de su gravedad, este tipo de casos tardan mucho en llegar a juicio y, por desgracia, existe una gran impunidad para los delincuentes, especialmente en casos de caza ilegal. Además, las sentencias no siempre son lo suficientemente disuasorias”, lamentan.

A pesar del impacto de estas muertes, la mayoría de estos delitos quedan impunes o nunca se llegan a conocer, ya que se estima que se detecta menos de un 10 % de las muertes de lince por estas causas.

WWF propone mejorar la normativa a través de una adecuada transposición de la Directiva Penal Ambiental que consiga luchar de manera más eficaz contra este tipo de delitos para que no queden impunes. La organización ambiental recuerda que España debe incorporar esta Directiva a su legislación nacional antes del 21 de mayo de 2026.

Lo que parecía un control rutinario en el aeropuerto acabó con un hallazgo poco habitual. Un ciudadano chino fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi tras intentar sacar del país más de 2.000 hormigas reina vivas ocultas en su equipaje.

Las autoridades encontraron los insectos repartidos en tubos de ensayo (hasta 1.948 ejemplares) y otros cientos escondidos en rollos de papel higiénico, preparados para el transporte.

Más allá de lo llamativo de la cifra, el caso encaja en una tendencia que ya han señalado organismos como el Kenya Wildlife Service (KWS), que apunta a un aumento de incautaciones relacionadas con especies pequeñas, frente al tradicional tráfico de grandes animales.

Entre los ejemplares incautados había especies como Messor cephalotes, conocidas en el ámbito de la mirmecología y presentes en el mercado internacional de coleccionismo de hormigueros.

En ese contexto, las hormigas reina tienen un papel clave, ya que son necesarias para fundar nuevas colonias, lo que explica su interés en determinados circuitos especializados en Europa y Asia.

Más que una curiosidad: el papel clave de las hormigas en el planeta

Aunque pueda parecer una historia curiosa, el impacto de este tipo de tráfico es importante. Las hormigas desempeñan funciones esenciales en los ecosistemas: airean el suelo, dispersan semillas y contribuyen al equilibrio de los hábitats. Su extracción masiva puede alterar procesos ecológicos clave.

Organismos internacionales como la Convention on International Trade in Endangered Species regulan el comercio de especies para evitar la sobreexplotación, y aunque los insectos suelen pasar desapercibidos, cada vez están más presentes en estas redes ilegales.

El caso de Kenia no es aislado. En los últimos años, las autoridades han interceptado miles de hormigas destinadas a mercados internacionales, lo que confirma la existencia de redes organizadas de tráfico de insectos.

Este fenómeno, conocido como biopiratería, pone de relieve cómo incluso los animales más pequeños pueden convertirse en objeto de comercio global. Y también cómo la fascinación humana por lo exótico (incluso en forma de hormiguero) puede tener consecuencias reales en la naturaleza.

Porque detrás de esta historia sorprendente hay algo más que una maleta llena de insectos: hay un recordatorio de que la biodiversidad también se pierde en silencio, incluso a escala microscópica.

Dos personas procedentes de la provincia de Jaén han sido condenados como autores de un delito contra el patrimonio histórico, después de haber sido localizados realizando excavaciones ilegales en un yacimiento arqueológico de la provincia de Ciudad Real.

La Guardia Civil señala que se desplazaban desde su lugar de residencia hasta una zona aislada de esta provincia con el objetivo de “localizar y extraer objetos de valor histórico”, y que para ello hacían uso de detectores de metales y azadas, “removiendo tierra en un enclave arqueológico protegido e incluido en la Carta Arqueológica de la región”.

Conocimiento de los hechos

Estos hechos se desencadenaron cuando una patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil sorprendió a los dos individuos en el interior de parcelas agrícolas que forman parte del entorno protegido del yacimiento.

Al verse descubiertos, los sospechosos “intentaron ocultar las piezas arqueológicas que ya habían extraído ilegalmente, escondiéndolas bajo el vehículo con el que se habían desplazado hasta esta zona”. Sin embargo, la intervención de los agentes permitió recuperar los objetos y proceder a la identificación de los responsables de este expolio.

Como consecuencia de estos hechos, la Justicia ha impuesto pena de prisión de ocho meses de cárcel e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena para cada uno de los implicados. Así mismo han sido condenados al pago de una indemnización de 26.800 euros a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el perjuicio causado, cifra a la que se sumarán los intereses legales correspondientes y las costas procesales derivadas del proceso judicial.

Un daño irreparable al conocimiento histórico

La sentencia destaca que la gravedad del expolio no reside únicamente en la sustracción de piezas o la remoción de tierras, el daño principal es irreparable y de carácter científico al extraer los objetos de forma descontrolada, lo que destruye el contexto estratigráfico al desconocer en donde se hallaban depositados.

Desde la administración y los peritos arqueológicos se subraya la gravedad de este tipo de hechos de la siguiente forma: “Extraer un objeto arqueológico sin metodología científica es como arrancar las hojas de un libro, se pierde para siempre la información sobre su origen, su posición y su relación con otros elementos, descontextualizando los objetos sustraídos e impidiendo que la sociedad pueda conocer su verdadera historia”.

Esta resolución judicial refuerza la vigilancia y el compromiso de las instituciones en la lucha contra el uso ilícito de detectores de metales y el expolio, protegiendo un legado que pertenece a toda la ciudadanía y que es el pilar fundamental de la identidad de Castilla-La Mancha.

La Guardia Civil ha detenido a dieciocho personas y está  investigando a otras once más como autores de un delito de pertenencia a grupo criminal por la comisión de varios hurtos de aceituna en explotaciones agrícolas en la comarca del Campo de Montiel, siendo detenida también una persona propietaria de una empresa dedicada a comprar aceituna sustraída en la localidad de Malagón, todo en la provincia de Ciudad Real.

Según un comunicado enviado por la Comandancia de Ciudad Real, durante el mes de noviembre del pasado año 2025 se puso en marcha la orden de servicio que regula las actuaciones de la Guardia Civil en el olivar ciudadrealeño, sobre la protección de la sustracción de aceituna y aceite, acentuando sus esfuerzos en la investigación de todo tipo de hechos delictivos en explotaciones agrarias.

De esta forma ante una serie de denuncias de hurto de aceituna en diferentes explotaciones agrícolas de la provincia se inició por parte de los agentes de Valdepeñas esta investigación, para lo que se recabaron todo tipo de datos y se realizaron diferentes gestiones tendentes al esclarecimiento de estos hechos, lo que puso de manifiesto que todos tenían en común su 'modus operandi'.

Una vez identificados los presuntos autores, se pudo verificar que se trataba de un grupo criminal muy numeroso, tanto hombres como mujeres, todos ellos con gran cantidad de antecedentes policiales por hechos delictivos similares, relacionados con la sustracción de aceituna.

Además, gracias a la colaboración ciudadana, los agricultores de la zona que manifestaron como testigos, así como al apoyo de las Policías Locales de las localidades de Villanueva de los Infantes, Montiel y Valdepeñas, se consiguieron datos que sirvieron para reducir el cerco de las personas que estaban relacionadas con los hechos.

Una vez identificada la mayoría de los integrantes del grupo criminal, así como el lugar de residencia de los mismos, se continúo con la práctica de gestiones y vigilancias, para recabar así más pruebas incriminatorias, poder detenerlos y ubicar el lugar exacto donde estas personas vendían la mercancía sustraída.

Dichas gestiones arrojaron un resultado positivo gracias a las continuas vigilancias, pudiendo comprobar que las citadas entregas de aceituna eran llevadas a cabo en una empresa o almazara de la localidad de Malagón, dedicada a la compra de aceituna, y ya investigada en otras ocasiones por los mismos hechos.

Las citadas entregas eran siempre realizadas por la tarde-noche en esta empresa de Malagón, que con total conocimiento de la procedencia ilícita de las aceitunas las compraba a un precio muy inferior al del mercado, omitiendo la mayoría de los datos obligatorios en los libros de registro, dificultando con ello cualquier investigación que llevara a la identificación de dichas personas.

Explotación de la operación

Como resultado de todos los operativos, se llegó a intervenirles más de 3.000 kg de aceituna sustraída en diferentes fases, las cuales les fue interceptada algunas veces infraganti en los vehículos en los que circulaban, y otras veces en la misma almazara donde las vendían, paralizando de este modo dichas ventas y los pagos hasta averiguar el lugar de procedencia de las mismas.

Una vez que se obtuvieron todas las pruebas e indicios sobre la autoría de estos hechos delictivos se procedió a la detención de dieciocho personas y once investigados por delitos de hurto e integración en grupo criminal, y una persona más detenida por un delito continuado de receptación en la localidad de Malagón. Se han esclarecido hasta el momento un total de 17 hurtos en explotaciones agrarias.

Las diligencias instruidas, así como los detenidos han sido puestos a disposición del correspondiente Tribunal de Instancia de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)

El mismo sistema que ayuda a resolver pequeñas dudas domésticas también puede revelar mucho más de quien lo usa. ChatGPT permite preguntar cosas tan normales como si una pared soportará el peso de un cuadro, pero también responde a dudas sobre medicamentos, mezclas peligrosas o riesgos para la vida humana.

Cada consulta deja un rastro que queda almacenado en los registros de uso. Esa información forma una huella digital que investigadores y empresas pueden revisar cuando ocurre un delito. De ese modo, una simple serie de preguntas puede terminar convertida en una prueba dentro de una investigación criminal.

Un caso en Asia oriental sitúa esas consultas en el centro de una investigación

Un caso reciente en Corea del Sur mostró hasta qué punto esas búsquedas pueden resultar determinantes. La policía concluyó que una mujer consultó a ChatGPT antes de dos muertes que ahora se investigan como asesinatos. Según The Korea Herald y la BBC, la sospechosa dio bebidas con sedantes a dos hombres jóvenes y ambos fallecieron después de ingerirlas.

Los investigadores hallaron en su historial preguntas sobre los efectos de tomar pastillas para dormir junto con alcohol y sobre si esa combinación podría causar la muerte. Esas consultas llevaron a los agentes a considerar que existía intención previa.

La investigación también incluyó una evaluación psicológica. Según South China Morning Post, la mujer obtuvo una puntuación alta en la llamada lista revisada de psicopatía. Ese examen mide veinte rasgos relacionados con impulsividad, falta de empatía o conducta irresponsable. El resultado máximo posible es 40 puntos y una puntuación igual o superior a 25 se considera compatible con psicopatía.

Los investigadores del Seoul Gangbuk Police Station informaron de que la evaluación de la sospechosa superó ese umbral y enviaron el resultado a la fiscalía para preparar el caso.

La cronología policial reconstruye varios episodios ocurridos entre diciembre y febrero

Los hechos investigados abarcan varios meses. La policía sitúa el primer intento el 14 de diciembre, cuando la mujer dio a su entonces pareja una bebida con benzodiacepinas en un aparcamiento de cafetería en Namyangju, en la provincia de Gyeonggi. El hombre perdió el conocimiento pero sobrevivió.

El 28 de enero, según los investigadores, la sospechosa entró en un motel del barrio de Suyu en el distrito de Gangbuk con otro hombre de unos veinte años y salió sola dos horas después. Al día siguiente el joven apareció muerto en la cama de la habitación. Un episodio similar ocurrió el 9 de febrero en otro motel del mismo distrito.

Las consultas registradas en el chatbot se volvieron una pieza importante del caso. De acuerdo con Chosun Daily, la mujer preguntó al sistema varias cosas antes de los hechos. Entre ellas figuraban dudas como “qué ocurre si se toman pastillas para dormir con alcohol” y “qué cantidad se considera peligrosa”.

Un investigador citado por The Korea Herald afirmó que “Kim preguntó repetidamente en ChatGPT sobre medicamentos”. El mismo agente añadió que “era plenamente consciente de que beber alcohol junto con fármacos podía causar la muerte”. Tras examinar ese historial, los fiscales cambiaron el cargo inicial de causar lesiones con resultado de muerte por dos acusaciones de asesinato.

La decisión de no revelar públicamente la identidad de la sospechosa generó una fuerte reacción social. Según Korea JoongAng Daily, la familia de una de las víctimas pidió que se hiciera público el nombre. El abogado Nam Eon-ho transmitió su postura: “Los crímenes de la sospechosa han quedado demostrados por pruebas abrumadoras”. También mencionó imágenes de cámaras de seguridad, confesiones y datos forenses.

Mientras tanto, un mensaje en internet difundió supuestos datos personales de la mujer. The Korea Times informó de que una cuenta de redes sociales vinculada a ella pasó de unos 200 seguidores a más de 11.000 en apenas diez días antes de que fuera puesta en modo privado.

Otros episodios recientes reabren el debate sobre supervisar diálogos con inteligencia artificial

El caso se produce en un momento de debate sobre el control de las conversaciones con sistemas de inteligencia artificial. El The Wall Street Journal reveló recientemente que un sistema automático de revisión detectó diálogos inquietantes de un joven de 18 años en la provincia canadiense de Columbia Británica antes de un tiroteo masivo. A

lgunos empleados de OpenAI pidieron avisar a las autoridades, aunque finalmente no se hizo. El ataque terminó con ocho muertos, incluido el propio autor. Estos episodios han intensificado la discusión sobre cómo vigilar el uso de chatbots y qué responsabilidad tienen las empresas cuando aparecen señales de riesgo en las conversaciones registradas.

Antonio Sanz Fuentes desmonta en Diario de un criminólogo incomprendido (Alrevés Editorial) el tópico de que la gente de izquierdas no habla sobre seguridad. Este experto lo hace, pero fuera del marco basado exclusivamente en incrementar las penas de cárcel que propone la extrema derecha. Para empezar, reivindica el buenismo en materia de Justicia ante la ola reaccionaria que lo menosprecia, y recuerda clásicos que los partidos progresistas, en ocasiones, parecen haber olvidado.

¿Qué es el populismo punitivo?

El populismo punitivo consiste en hacernos creer que un mayor castigo implica una mejor prevención de la criminalidad. Es una falsa expectativa de control, porque en realidad el endurecimiento de las normas o el Código Penal no conlleva una alteración ni una prevención efectiva del crimen. No persigue un cambio real, sino que es una medida para mantener el status quo.

¿Nos centramos demasiado en el castigo en vez de la reinserción?

El castigo de por sí no es algo necesariamente malo, lo necesitamos para reconocer que una conducta es rechazable y se debe perseguir como sociedad. Pero es muy populista enfrentarse y relacionarse con el castigo siempre desde la dureza. Deberíamos reflexionar sobre otros aspectos como la certeza del castigo, la rapidez en su aplicación, que no sea arbitrario y que sea proporcional…

En España la izquierda gobierna desde hace ocho años y no ha derogado la prisión permanente revisable, que fue muy criticada cuando la aprobó el PP.

El populismo punitivo rara vez se ha visto cuestionado frontalmente a nivel público en los debates sobre la criminalidad o incluso cuando hace referencia a la seguridad personal. Parece que la seguridad sea un problema que ocupa el centro de nuestras vidas y realmente existen otros muchos problemas sociales a los que quizás deberíamos prestar más atención.

Ha habido algunas propuestas legislativas que eran menos populistas punitivas. Las catedráticas María Acale y Patricia Faraldo, con sus propuestas para la ley de libertad sexual, ponían el foco en la prevención, la creación de centros de prevención de violencias sexuales, la educación, la obligatoriedad de crear actuaciones concretas para proteger la libertad sexual en las empresas… Pero todo el mundo se terminó fijando solo en el tema de las penas, cuando era una ley mucho más compleja.

El populismo punitivo rara vez se ha visto cuestionado frontalmente a nivel público en los debates sobre la criminalidad

¿La izquierda también cae en la tentación del populismo punitivo?

La izquierda también ha caído en el populismo punitivo, y además tiene un problema: se muestra muy firme respecto a las violencias sexuales que sufren las mujeres, y luego resulta que los partidos encubren casos de acoso sexual dentro de sus filas. Algo parecido ocurre con la corrupción.

¿El último ejemplo de populismo punitivo en España es la ley para endurecer las penas por robos, que ha contado con el apoyo de PSOE, PP, Vox y Junts?

Esta ley me preocupa mucho. No hay nadie experto en la materia, ya sea desde la criminología, la sociología o el derecho penal, que no tenga una opinión crítica sobre este tipo de propuestas legislativas. Hay decenas de estudios que nos dicen que este tipo de reformas no tienen ningún tipo de capacidad preventiva, y que además probablemente acentuarán los problemas: si las personas que cometen los robos callejeros ya se encuentran en una situación de exclusión social, su paso por prisión posiblemente la acentuará.

¿Por qué los políticos hacen caso omiso a estos expertos?

Es muy difícil ofrecer un debate ético sobre el populismo punitivo porque parece que cuestionarlo supone estar en contra de la seguridad. ¡A ver quién es el valiente que está en contra! Decir en el debate público que más castigo no es mejor tiene un coste social (se te señalará casi como un hereje) y electoral que ningún partido está dispuesto a asumir, incluso los partidos de izquierdas lo temen.

Cuando tratan la criminalidad, los medios de comunicación lo hacen de manera demasiado rápida, poco reflexiva y contextualizada

¿Qué papel tenemos los medios de comunicación en la creación de este caldo de cultivo?

En el libro encajo a los medios de comunicación en un capítulo que se llama ‘rabia’. Cuando tratan la criminalidad, los medios lo hacen de manera demasiado rápida y poco reflexiva y contextualizada. Nos hacen creer que la delincuencia se comete por parte de sujetos excepcionales, monstruos, personas que son imposibles de reinsertar. Este relato impacta en la percepción de las personas, les hace sentir que son seres que han tomado una decisión racional cuando realmente puede estar fundamentada en un contexto social muy complejo de exclusión social, problemas de consumo, de salud mental…. Son tantos los problemas que realmente pueden motivar que esa elección parezca racional, pero no lo es tanto.

Y si los medios tradicionales ya hacemos esto, no quiero preguntarle por Tik Tok…

El algoritmo termina fomentando la confrontación directa hacia ese tipo de sujetos. Los medios de comunicación tradicionales todavía están sujetos a unas normas deontológicas, aunque hagan ciertas trampas porque tienen que atraer al público, ser los más rápidos… Pero cuando hablamos ya de algunos influencers que parece que no están sujetos a nada, que hablan desde la ignorancia y se sienten capaces de afirmar cualquier cosa… Lo que más me preocupa es que tienen un público bastante más amplio quizás que los medios tradicionales y que es el futuro de la sociedad. Es clave apuntar hacia lo que están haciendo.

En el libro dice que vivimos en un caos ético que se origina cuando el mal ya no se esconde ni se opone, sino que se celebra. ¿Hay alguna manera de revertirlo o ya no podemos escapar de él?

Me encantaría haber propuesto algo más concreto, porque es algo en lo que pienso a menudo. Es difícil no reconocer que existe un malismo que está de moda. Yo no era del todo consciente hasta que leí el libro sobre ello de Mauro Entrialgo. Hay una tendencia a apreciar más al malo y parece que ser bueno es ser un pringado. En política criminal, pasa un poco lo mismo: se nos tilda de buenistas, dicen que la justicia es buenista, por lo que la alternativa es una justicia malista.

Lo primero es no olvidarnos de reivindicar el buenismo. Y no achantarnos ante los malistas. Cuando desde el malismo se señala como buenista una idea progresista (o incluso una conservadora o liberal, como las garantías procesales penales), parece que nos acobardemos y no queremos contestar. Debemos decir que sí, que es una medida buenista y a mucha honra. El hecho de ser buenos nos ha llevado a ser mucho más civilizados. El hecho de abandonar la violencia y la agresividad nos ha llevado a resolver los conflictos de una manera pacífica. Y eso nos ha hecho mejores.

¿Esta reivindicación del buenismo se le ha olvidado a la izquierda? Pienso en el acto del otro día de Emilio Delgado y Gabriel Rufián, donde se asumía que había barrios en los que los niños no podían bajar a la calle.

Parece que la propia izquierda tiene que comprar este discurso sobre seguridad para no perder votantes. El miedo siempre ha sido una estrategia de manipulación y una herramienta muy poderosa para controlar a la población. En los 80 en Estados Unidos se descubrió que vender la idea del incremento del castigo era infalible: el votante tiene la sensación de que mejora su seguridad, y la izquierda quiere apuntarse a ese tanto porque este discurso ha calado.

Pero si analizamos las cosas con algo más de profundidad, observamos que las mejores decisiones de los seres humanos siempre han apuntado hacia un modelo buenista, que se aleja del ideal de venganza y del abuso de poder. Lo que ha hecho mejor a la humanidad siempre han sido ideas que apuntaban hacia un progreso, no hacia un retroceso.

Aquí en Barcelona se da la paradoja de que los datos oficiales no dejan de desmentir los discursos alarmistas sobre seguridad, pero igualmente estos calan en la sensación de los habitantes.

En Barcelona existe una narrativa, muy extendida, en el resto de España, de que la delincuencia está desbordada. Además, existe un cierto esfuerzo por ligarla a la inmigración. Pero basta con venir a Barcelona para constatar que es una ciudad normal y corriente, probablemente con una delincuencia bastante común a cualquier otra gran ciudad.

De hecho, Barcelona fulmina el relato ultra y reduce la mayoría de delitos pese al gran aumento de la inmigración.

El problema no está ahí. Tenemos que hacer un análisis crítico de cómo lo hemos estado haciendo. Creo que hemos sido incapaces de asimilar la inmigración. Hemos apuntado hacia un modelo multicultural en el que el país de acogida parece que tan solo tolera al que viene, y esa sensación de superioridad no fomenta una verdadera convivencia. No se valora suficientemente el desarraigo y el desconocimiento del migrante cuando llega. Apuesto por una interculturalidad en la que nos conozcamos, dialoguemos y mejoremos.

¿La vinculación entre delincuencia y migración ya no es monopolio de la extrema derecha?

Es curioso que determinados discursos, para perseguir sus propios fines políticos y señalar a las personas migrantes, recurren a las mujeres y a las personas LGTBI cuando también son negacionistas de este tipo de violencias. Nos venden la moto, por ejemplo, de que la violencia de género no va a descender porque están viniendo personas migrantes que son menos civilizadas, cuando la realidad no es así: un estudio del catedrático de Psicología Antonio Andrés Pueyo mostró que la prevalencia de la violencia de género había disminuido conforme se incrementaba la inmigración.

Me perturba que existen numerosos estudios científicos, académicos que han dedicado toda su vida a estudiar las potencialidades de la reinserción, las causas de la delincuencia, las limitaciones del derecho penal para prevenir el delito e incluso reflexiones realmente profundas sobre la necesidad del garantismo penal y de que el derecho penal sea mínimo. Y sin embargo, todas estas personas, están siendo silenciadas, apartadas y olvidadas del debate público.

E incluso se les critica por no querer hablar de inmigración o seguridad, cuando a lo mejor lo que pasa es que no quieren hablar en los términos de la extrema derecha.

La izquierda tendría que ser un poco más valiente y reivindicar el buenismo cuando se le ataca por no hablar de seguridad o no hablar de inmigración. Si somos capaces de alejarnos de la idea individualista y asumir que la delincuencia es un problema que tiene una dimensión colectiva, quizás también podamos adoptar decisiones más adecuadas. Y si todo esto es buenista, pues sí, soy buenista. Si apostar por la criminología, por la ciencia y ser progresista supone ser buenista, pues soy irremediablemente buenista.

Si apostar por la criminología, por la ciencia y ser progresista supone ser buenista, pues soy irremediablemente buenista

¿Cómo podemos abordar y cómo podemos luchar contra esta sensación de inseguridad?

La seguridad es un sentimiento mucho más complejo y mucho más amplio. Cuando hablamos con familia o amigos, todo el mundo expone algún problema. El más común es el acceso a la vivienda, pero los que vivimos en ciudades también las reconocemos cada vez menos. Donde estaba nuestro bar de confianza, ahora hay hamburguesería que te pone salsas extrañas y que podría estar lo mismo en Brooklyn que en Cádiz.

A eso hay que sumar los grandes problemas globales, como las guerras o las crisis económicas. En este contexto todo el mundo tiene mucha inseguridad y siente mucha incertidumbre. El trabajo como institución ya es incapaz de resolver muchas necesidades básicas, porque trabajando honestamente se paga el alquiler y se compra en el supermercado, pero poco más. La seguridad personal ofrece ese chivo expiatorio, cuando ese miedo puede estar vinculado a una sensación de inseguridad mucho más amplia y a una incertidumbre que se ha instaurado en nuestras personalidades como una forma de vida.

¿La agenda de la seguridad ha desplazado el foco de la política pública de otros ámbitos como la prevención o la rehabilitación?

La priorización de la seguridad busca un confort rápido, que es lo que abre la puerta a discursos populistas como expulsar a los migrantes o meter en la cárcel de por vida a determinados delincuentes. En este contexto, en el que existe además esa creencia popular tan arraigada sobre el castigo, el político encuentra algo extraordinario: la posibilidad de vender un cambio legislativo o proponer medidas que son una porquería, como poner una cámara de vigilancia, para pretender que resuelve los problemas, cuando seguramente la solución pasa por procesos mucho más complejos.

¿Y más caros a nivel de recursos?

Mucho más caros y mucho más difíciles de vender. Una política social que apunta a largo plazo es muy difícil de vender. Es mucho más fácil proponer una modificación legislativa o una medida simplista pero que permite al político salir en una foto rápida. En cambio, algo que va a empezar a tener efectos dentro de 10 o 20 años, puede resultar poco atractivo porque posiblemente no será el mismo político el que se pueda poner la medalla en el futuro.

Este libro es una apuesta para que la gente reflexione y encuentre herramientas más allá de ese discurso simplista. Creo que todo el mundo es consciente de que la criminalidad no es un problema simple. Es un problema muy complejo y difícilmente lo vamos a resolver apuntando a una única causa.