La Guardia Civil ha detenido a un varón de la localidad de Manzanares por la comisión de los supuestos delitos de simulación de delito de robo de vehículo, delito de daños y delito de estafa en grado de tentativa.

Durante este mes, agentes del Puesto Principal de Manzanares de la Guardia Civil han detenido al presunto autor de varios delitos cometidos durante los últimos meses.

La actuación policial comenzó a raíz de la interposición de una denuncia por parte de un vecino de la localidad de Manzanares, al haber sufrido un delito de robo de vehículo a finales del mes de agosto.

Según informa el instituto armado, seguidamente agentes de investigación tras unas laboriosas gestiones y diferentes actuaciones obtuvieron la conclusión que el supuesto perjudicado quien, por motivos económicos, simuló el delito de robo de su propio vehículo.

Con posterioridad, procedió a la quema del mismo en una finca agrícola con objeto de eliminar todo indicio sobre la comisión del delito y dificultar la investigación policial.

Esta acción provocó en la citada finca unos daños que han sido valorados en 1.600 euros, para finalmente, solicitar una indemnización a la compañía aseguradora por el robo y quema del automóvil.

Tanto las diligencias policiales como el detenido han sido remitidas al Decanato de los Tribunales de Instancia de Manzanares, plaza Número 2.

La Policía Autonómica ha localizado un vertedero ilegal en una finca de Tenerife en el que se habían acumulado aproximadamente 8.000 metros cúbicos de residuos, entre ellos neumáticos, enseres, amianto y otros materiales que podrían contener sustancias contaminantes.

La investigación ha sido realizada por el Grupo de Protección Medioambiental y Patrimonio Cultural a través de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa, que ha instruido las primeras diligencias contra el propietario de la parcela por presuntos delitos continuados contra los recursos naturales y la ordenación del territorio.

El vertedero se encuentra en una parcela de unos 4.000 metros cuadrados clasificada como suelo rústico de protección agrícola, según ha informado este martes en la Consejería autonómica de Presidencia.

Los agentes comprobaron que en el terreno se habían realizado vertidos durante un periodo prolongado de tiempo y sin autorización administrativa, ya que este tipo de actividad no está permitida por su clasificación como suelo rústico de protección agrícola.

Durante las inspecciones, la Policía Autonómica encontró grandes cantidades de residuos sólidos urbanos y de construcción y demolición, además de neumáticos, enseres, cableado eléctrico, envases y botes de pintura, y también se hallaron señales de quemas de residuos realizadas directamente sobre el terreno y al aire libre.

Entre los residuos acumulados se localizaron además restos dispersos de amianto, también conocido como asbesto, que estaban soterrados entre otros materiales, y que se trata de un residuo especialmente peligroso por los riesgos que puede generar la liberación de sus fibras, por lo que su presencia agrava el impacto ambiental y sanitario detectado en la finca.

La acumulación de miles de metros cúbicos de residuos, junto con la presencia de materiales potencialmente contaminantes y las evidencias de quemas, ha provocado una alteración importante de las condiciones del terreno, añade la Consejería.

El hombre que fue detenido el pasado jueves, apenas unas horas después de darse a la fuga tras apuñalar con un arma blanca a su pareja en Oviedo/Uviéu, ha ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias acusado de su presunta autoría en sendos delitos de tentativa de homicidio y malos tratos habituales a la víctima, algunos de ellos en presencia de su hijo de 13 años.

Así lo ha acordado el magistrado titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo/Uviéu en funciones de guardia que ha dictado un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza siguiendo el criterio de la Fiscalía que había solicitado esta medida cautelar.

Reiteración delictiva

La Fiscalía pedía su ingreso en prisión para proteger a la víctima, dado lo elevado de la pena que podría imponerse al detenido en caso de condena, y al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga.

El juzgado de guardia se inhibirá ahora a favor de la plaza de Violencia sobre la Mujer, que asumirá la instrucción de la causa, según ha confirmado a eldiario.es Asturias un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La víctima recibió dos puñaladas

La agresión tuvo lugar el pasado jueves a la altura del edificio 43 de la Tenderina Baja. Hacia las 12:15 horas se recibieron los primeros avisos solicitando una ambulancia para atender a una mujer que estaba herida en un portal y pedía auxilio. La mujer había recibido dos puñaladas: una en la espalda y otra en un brazo.

La víctima fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para ser atendida de las lesiones infligidas.

Del juzgado a la cárcel

La Policía montó un operativo especial para tratar de dar con el paradero del agresor, ya que se había dado a la fuga nada más apuñalar a su pareja. Pocas horas después era detenido gracias a las imágenes de las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones que permitieron seguir su pista durante la huida.

El hombre pasó ayer, domingo, a disposición judicial y, tras su comparecencia ante el magistrado, fue trasladado al Centro Penitenciario de Oviedo/Uviéu acusado de la tentativa de homicidio sobre su pareja y malos tratos habituales hacia ella.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla ha procesado a un ultraderechista por un delito continuado de amenazas a través de WhatsApp dirigidas a Rubén Sánchez, secretario general de Facua. La magistrada ha dado un plazo de diez a la representación procesal del denunciante para presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral.

La jueza destaca en el auto que las amenazas se produjeron “con motivo de la ideología política del denunciante” y “esta conducta generó en el denunciante una situación de temor y desasosiego”, fechado el pasado 14 de septiembre y comunicado este martes a las partes, ha trasladado Facua a través de un comunicado.

Entre los hasta 46 mensajes que envió el ultra al secretario general de Facua, destacan frases como “tienes una buena dentadura, quedaría muy bien en un collar”; “¿cómo se siente tener miedo constantemente?”; “disfruta de lo que te queda de vida”. Una serie de hostigaciones que se dieron entre noviembre y principios de diciembre del año pasado.

“A ver si te mueres junto con el resto de traidores”

Si los hechos son finalmente considerados como un delito continuado de amenazas graves no condicionales, el querellado podría enfrentarse a un año y tres meses o dos años y seis meses de prisión. Además, el agravante de discriminación por motivos ideológicos haría que el ingreso en un centro penitenciario se elevase a, entre dos años, un mes y quince días, y dos años y seis meses.

En este sentido, hay afirmaciones recogidas en los mensajes como “eres un puto calayo de Perro Sánchez”, “estos sociatas te pagan”, “a ver si te mueres junto con el resto de traidores que quieren la ruina absoluta de este país” o “eres un progre woke y lameculos del PSOE”.

El abogado de Sánchez en esta causa, Francisco Tejado, ya está trabajando en el escrito de acusación, donde junto al delito continuado de amenazas tipificado en los artículos 169 y 74 del Código Penal, planteará el agravante de odio ideológico del artículo 22.4.

El secretario general de Facua denunció las amenazas en los juzgados de Sevilla a mediados del pasado noviembre. La Plaza número 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla abrió diligencias previas y requirió la actuación del Equipo de Extremismo Violento y Odio (EVO) de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental.

Los investigadores obtuvieron la identidad del ultra mediante un requerimiento a su compañía de telecomunicaciones, tras lo que averiguaron su paradero. Se trata de Christian F.J., un hombre de 35 años con domicilio en la localidad barcelonesa de Vallirana.

Caso Vito Quiles

El pasado 15 de enero fue detenido por la Policía Nacional en las inmediaciones de su vivienda. El investigado se acogió a su derecho a no declarar en dependencias policiales y fue puesto en libertad ese mismo día, tras ser informado de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuese requerido.

Anteriormente, la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, procesó en abril de este año al agitador ultraderechista Vito Quiles por presuntas injurias y calumnias, de nuevo, contra Rubén Sánchez. La acusación particular pedía nueve años por tres delitos continuados de calumnias con el agravante de odio ideológico.

Agentes del Equipo de Instrucción de Siniestros Viales del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja, con la colaboración de efectivos de los Destacamentos de Tráfico de Calahorra y Logroño, han investigado en dos ocasiones, durante la misma tarde, a un varón de 39 años, residente en Tarragona, como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

La actuación se enmarca en los dispositivos permanentes de vigilancia y control que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desarrolla en las carreteras riojanas para prevenir las conductas de mayor riesgo al volante.

La primera intervención tuvo lugar sobre las 15:00 horas en el punto kilométrico 370,500 de la carretera N-232, término municipal de El Villar de Arnedo. Los agentes, tras establecer un control, sometieron al conductor a las pruebas de detección alcohólica, que arrojaron un resultado positivo de 0,79 y 0,71 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Al superar la tasa establecida penalmente, fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y el vehículo quedó inmovilizado en el lugar.

Sin embargo, y pese a la medida adoptada, el varón de 39 años volvió a ponerse al volante. Y es que el investigado quebrantó la inmovilización y volvió a ponerse al volante del mismo vehículo. La Guardia Civil lo localizó e interceptó cuando circulaba por la autopista AP-68 a su paso por Logroño. Tras ello, fue sometido de nuevo a las pruebas de detección alcohólica, que arrojaron un resultado positivo de 0,73 y 0,77 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Ante la reiteración de la conducta en apenas unas horas y el quebrantamiento de la inmovilización, los agentes instruyeron las correspondientes diligencias, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.

Más de 0,60 mg/l constituye delito

El artículo 379.2 del Código Penal establece que será castigado quien conduzca un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y, en todo caso, quien lo haga con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro.

Este delito está castigado con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en todo caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

El consumo de alcohol y drogas constituye uno de los principales factores de riesgo para la seguridad vial, al afectar a la capacidad de percepción, los reflejos, el tiempo de reacción y el control del vehículo.

La Guardia Civil recuerda que los dispositivos de vigilancia y control se desarrollan de forma permanente en las carreteras de La Rioja, con especial atención a los tramos y horarios en los que se concentra una mayor siniestralidad o se detectan conductas de riesgo. El objetivo de estos controles es prevenir accidentes y proteger a todos los usuarios de las vías, evitando que conductores que no se encuentran en condiciones adecuadas se pongan al volante.

Consejos y recomendaciones

En plena Sierra de las Nieves, un singular macizo montañoso de caliza y peridotita en la provincia de Málaga donde crece el mayor pinsapar del mundo, alguien se construyó una vivienda de lujo entre 2013 y 2016. Transformó lo que había en una villa de lujo con su amplia vivienda principal, piscina, pista deportiva, casa de invitados, parking y sala de reuniones. Todo ello, en 114.000 metros cuadrados de suelo rústico especialmente protegido y enclavado en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, que, ya en 2021, se convirtió en el último Parque Nacional en España. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al propietario y al constructor encargado de la obra de un delito contra la ordenación del territorio y pide para ellos penas de cárcel y que derriben lo que construyeron.

El propietario, Luis Navarro Riu, es el ideólogo y responsable de El Cobrador del Frac, la marca que durante décadas provocó sudores fríos a todos los deudores de España, y que se convirtió en un reconocible icono de la época disfrazando a sus trabajadores con inconfundible indumentaria y convirtiéndolos en sombra de morosos, a veces bordeando el acoso.

La acusación de Fiscalía contra Navarro, sostenida fundamentalmente en un informe del Seprona, es que a través de una empresa instrumental el dueño del Cobrador del Frac logró sucesivas licencias para hacer una “transformación sustancial en cuanto a ocupación y probablemente de uso” de la casa y sus edificaciones secundarias. Decía que eran obras necesarias para un vivero de palmeras y una cabaña bovina, pero en realidad nunca hubo ninguna explotación. Según la acusación, eran una coartada que coló ante un Ayuntamiento que en aquel momento hacía sistemáticamente la vista gorda, hasta el punto de que su alcalde pasó varios años en prisión por ello.

El método no es nuevo, pero aquí se usó para levantar un casoplón en terreno protegido. “El estado actual del conjunto atiende más a una residencia de lujo que a una vivienda vinculada a una explotación agrícola o ganadera”, concluye el Seprona en un informe de 2018.

Será un juzgado de lo penal de Málaga el que juzgue ahora a Navarro, después de que la sección de instrucción 3 del Tribunal de Instancia de Coín dictara a finales de junio el auto de apertura de juicio oral, dando por zanjada una investigación que comenzó en 2017.

Piscina, casa de invitados y pista deportiva

Según el fiscal, Navarro ordenó construir en distintos puntos de su parcela del paraje Hornillo, en el municipio de Tolox una vivienda de 230 metros cuadrados “rodeada de pavimento”, una piscina de 60 metros cuadrados, una cascada y una pista deportiva de 600; dos inmuebles de 120 metros cuadrados cada uno; y otras dos edificaciones de unos 50 metros cuadrados.

Se trata, subraya el escrito de acusación, de edificaciones en terreno “especialmente protegido” y “preservado por la Ordenación Territorial y Urbanística”, y que no se pueden legalizar ni aunque tuvieran un uso de interés público o social, que no es el caso. Por eso, pide que se condene a Navarro y al constructor a dos años de prisión y 8.100 euros de multa e inhabilitación para el oficio durante tres años. El fiscal también exige la demolición de la construcción a costa del propietario, y que reponga el lugar a como estaba antes.

Hay, además, una acusación popular que aumenta la petición de pena para Navarro a los tres años y seis meses de prisión. La ejerce un antiguo trabajador de Navarro, quien interpuso la denuncia que dio origen a la investigación del Seprona dirigida por la Fiscalía.  

Navarro, que a través de su abogado ha declinado participar en esta información, ha defendido ante el juzgado que allí ya había una vivienda, y que para rehabilitarla obtuvo hasta 17 licencias del Ayuntamiento de Tolox con informes favorables de la Consejería de Medio Ambiente. En sus escritos alega que todo es una gigantesca manipulación teledirigida por su antiguo colaborador, a quien guiaría un ánimo de venganza. Entre ambos existió una estrecha relación de confianza durante más de quince años, pero desde que separaron sus caminos se han cruzado denuncias y acusaciones.

Licencias de obra menor para transformarlo todo

Hace 25 años, en El Hornillo sólo había una vivienda modesta de poco más de cien metros cuadrados de planta levantada a mediados del siglo pasado y unas naves agrícolas de unos 200 metros dedicadas a cochera, almacén de aperos y maquinaria, cobertizos y corrales. Todo lo necesario para una explotación.

Había tenido ese uso décadas atrás, pero con el paso de los años quedó abandonado. Navarro, que ya había comprado varias fincas rústicas con fines cinegéticos en la zona, vio en El Hornillo una oportunidad: se hizo con el terreno a través de su empresa Ideas y Marcas, S.L. en 2001, y en 2008 pidió licencia de obra mayor para mejorar la explotación que, decía, había en la finca. Comunicó a la administración que lo dedicaría a cultivar y comercializar palmeras de Washingtonia robusta y explotar una pequeña cabaña vacuna.

La ley permite sólo permite viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas en un terreno como ese, declarado rústico de especial protección por la ley anterior a la LISTA y con una protección específica por estar dentro del Parque Natural de la Sierra de las Nieves (declarado así en 1989).

Primero no coló: la Consejería de Medio Ambiente le respondió que lo que quería hacer “supera con mucho” lo que supuestamente se necesitaba. A la segunda tampoco, hasta el punto de que el informe de la Consejería advertía el ardid: las edificaciones que proyectaba Navarro se planteaban para “transformar” lo que había en un “conjunto residencial”.

Ante los dos portazos, Navarro decidió trocear su proyecto, según el relato de la acusación. Y a partir de 2011, fue logrando del Ayuntamiento las licencias de obra menor que le sirvieron para dar la vuelta a las edificaciones como un calcetín. Primero el tejado, luego unos pilares por supuestos motivos de seguridad, después un proyecto de reforma interior, más tarde una modificación para adosar otra edificación…

Navarro, supuestamente valiéndose de engaños, consiguió levantar una nueva vivienda que no tenía nada de lo que había antes ni servía de morada al titular de ninguna explotación o sus empleados. Se trataba de una “vivienda de lujo”, con su piscina, su pérgola, su barra de bar y su casa de invitados, tal y como reseñaron en su atestado los agentes del Seprona que fueron a inspeccionar el lugar, ya en 2018. En uno de sus informes, los agentes dejan constancia de que tras dos años de reformas, hay cambios en “prácticamente todo lo existente”, y que es difícil discernir qué está autorizado y qué no.

Ni vivero ni cabaña bovina

La Guardia Civil cree que el vivero y la cabaña vacuna siempre fueron un subterfugio: de allí nunca salieron palmeras ni se llevó vaca alguna al matadero. Sí hay 3.000 ejemplares de Washingtonia, que según el denunciante son para ornato de la finca y que Navarro dice que aún no ha podido vender; las cuatro cabezas de ganado eran para consumo propio; y la finca nunca constó en el registro de actividades agrícolas ni la empresa en el de productores. No hay facturas, albaranes, documentos o subvenciones que demuestren actividad económica, según el informe de la Delegación Territorial de Agricultura que esgrime el Seprona, que resalta que todas las licencias de obra que se concedieron se basaban en estas dos supuestas explotaciones que, en realidad, jamás existieron.

No consta intervención alguna del (en aquel tiempo) Parque Natural, hoy Parque Nacional, cuyo director alegó que sólo le informaron de obras menores, no de lo que de verdad se estaba haciendo. Tampoco intervino el Ayuntamiento. Por entonces era alcalde de Tolox el andalucista Juan Vera (2003-2014), quien fue acumulando condenas por hechos muy similares a lo que ahora se juzgarán, al menos nueve, hasta acabar ingresando en prisión en 2015. Vera no está acusado por este caso.

Según ha podido constatar documentalmente este medio, el Seprona presentó al menos dos denuncias en estos años: una en 2011 por las obras en la vivienda principal y otra en 2015 por las de la casa de invitados. La primera caducó en la Consejería de Medio Ambiente y de la segunda no consta que se le diera seguimiento tras la sanción de redimensionar la obra y desestimarse el recurso de alzada de Navarro. “No consta en el expediente resolución en algún sentido o el pago de sanción alguna por el denunciado”. Se perdieron en el limbo. Muchos años después, un juez deberá determinar si aquellas obras en plena Sierra de las Nieves son delito.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas mayores de edad e investiga a un menor por su presunta participación en dos delitos de robo con fuerza y una tentativa de robo, cometidos en las localidades de Iniesta y Ledaña (Cuenca).

La investigación se inició el pasado mes de agosto tras la denuncia de un vecino de Iniesta por la sustracción de unos 2.000 kilos de almendra ecológica, que se encontraban en una parcela vallada para su secado. Posteriormente se tuvo conocimiento de otros dos hechos delictivos en la localidad de Ledaña, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Las inspecciones realizadas en ambos lugares permitieron obtener diversos indicios que hicieron sospechar que los hechos podían estar relacionados. Fruto del refuerzo de la vigilancia en la zona y de la colaboración ciudadana se lograba interceptar dos furgonetas sospechosas que habían accedido nuevamente a la explotación a través del vallado. En su interior eran localizados diversos objetos e indicios que relacionaban a sus ocupantes con los hechos investigados.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha procedido a la detención de dos adultos y a la investigación de un menor como presuntos autores de dos robos con fuerza en las cosas y otro más en grado de tentativa.

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de tres años de prisión a una cajera de un supermercado por apropiarse de 333.800 euros a lo largo de dos los años, así como multa de 4.500 euros y que indemnice en la cantidad sustraída a la empresa, que reclama diez años de cárcel.

El próximo jueves, 1 de octubre, se celebrará a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria la vista del procedimiento para que las partes lleguen a un acuerdo o señalar si no fecha de juicio oral, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

El establecimiento tenía dos líneas de caja: una en la que se generaba un albarán con los productos adquiridos y otra en la que se procedía al pago, según indica ministerio público, que explica en su escrito que la acusada, “con ánimo de lucrarse de lo ajeno”, cuando se encontraba en la segunda línea de cajas a la que acudían clientes que pagaban en efectivo importes de menos de 400 euros desenchufaba de la corriente el terminal de punto de venta.

Esa operación impedía que el tique se guardara en el sistema y permitía la apropiación del dinero. A lo largo de dos años, actuó de ese modo en 1.160 ocasiones, y su proceder fue detectado por la responsable de aplicaciones informáticas al revisar incidencias. Descubrió que varios tiques se habían quedado abiertos y al mirar un periodo más amplio comprobó que existía un patrón que se repetía: a primera y a última hora, y siempre utilizando las credenciales de la procesada, que identificaban cada operación.

La empresa realizó un seguimiento a la empleada durante dos días y se comprobó su actuación a través de las cámaras. Fue despedida una jornada después, cuando portaba en un bolsillo 845 euros.

De tres a diez años de cárcel

Los hechos constituyen, a juicio del ministerio fiscal, un delito continuado de apropiación indebida agravada, merecedor de tres años de prisión y 4.500 euros de multa. En concepto de responsabilidad civil, pide que la acusada indemnice a la empresa en 333.800 euros, la cantidad de la que presuntamente se apropió.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce la empresa, eleva la petición de pena de prisión a diez años, así como la multa, a 288.000 euros. Como responsabilidad civil, pide una indemnización de 331.750 euros, ya que 2.000 fueron devueltos por la acusada a los pocos días de su despido.

Los agentes de tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara han investigado a dos motoristas por un presunto delito contra la seguridad vial, después de haber detectado que conducían en la carretera CM-2028, a la altura del término municipal de Armuña de Tajuña, a 197 y 185 kilómetros por hora, respectivamente, en un tramo limitado a 90 kilómetros hora (km/h).

Tras detectar las infracciones, los agentes procedieron a dar el alto a las motocicletas e identificaron a sus conductores, dos varones de 36 y 33 años, que fueron investigados por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor superando los límites de velocidad establecidos.

Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Tribunal de Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Guadalajara.

La Guardia Civil señala que la circulación a una velocidad superior a la permitida reglamentariamente, cuando se supera en 60 km/h el límite establecido en vía urbana o en 80 km/h en vía interurbana, puede ser constitutiva de un delito contra la seguridad vial.

En caso de condena, el Código Penal contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En cualquier caso, puede conllevar también la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La Fiscalía asturiana descarta la vía penal para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y vecino de Cangas de Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 años y vecino de Villablino, cuando se encontraban trabajando en la mina de antracita que gestiona la empresa TYC Narcea, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, el pasado mes de noviembre.

El fiscal superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal, ha avanzado este jueves la postura de la Fiscalía durante su intervención en el solemne acto de apertura del año judicial que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en Oviedo/Uviéu.

La petición de sobreseimiento

Gabriel Bernal ha anunciado que la Fiscalía ha solicitado ya al tribunal de instancia el sobreseimiento provisional de la causa.

Entre las principales razones que sustentan su petición de sobreseimiento destaca el hecho de que a raíz de la investigación abierta ha concluido que se trató de un “trágico accidente” que se produjo “de forma inesperada e impredecible y no se debió a una infracción de normas de prevención de riesgos laborales ni a una actividad imprudente”.

“El riesgo cero no existe”

El fiscal superior advierte, no obstante, que las familias de las dos víctimas tienen abierta la vía civil para reclamar ante la jurisdicción social.

“Por desgracia, el riesgo cero no existe en el ámbito laboral y mucho menos en un entorno de la peligrosidad de las explotaciones mineras”, ha asegurado Gabriel Bernal.

El objetivo: “Llegar a la verdad”

Gabriel Bernal ha reiterado que la prevención es el pilar innegociable para atajar los accidentes laborales. El año pasado fue especialmente duro en Asturias, donde se contabilizaron hasta un total de 22 personas fallecidas en siniestros mientras realizaban su actividad laboral.

“Se trata de un dato muy elevado, fruto, entre otras, de las víctimas mortales que nos dejaron dos accidentes mineros, en Cerredo y Cangas del Narcea, respectivamente, y el derrumbe de una nave en construcción en Coaña. Continuamos trabajando para llegar a la verdad”, ha manifestado.

Ocho muertos en Cerredo y Coaña

En Cerredo fallecieron cinco mineros: Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez. Residían en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo y tenían entre 32 y 54 años.

Otras tres personas fallecieron al caer la techumbre de la nave de la ganadería Cancello, ubicada en el concejo asturiano de Coaña, donde realizaban unas obras y quedar atrapados .Las víctimas mortales fueron tres vecinos de 60, 52 y 46 años que residían en los municipios asturianos de Tineo, Tapia de Casariego y Gijón. 

Los procedimientos penales por los accidentes en Cerredo y Coaña continúan en fase de instrucción, por lo que ha evitado ahondar en ellos, mientras que ha avanzado que en el de Cangas del Narcea ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa.

Lograr una justicia “eficaz”

El fiscal superior ha hecho un prolífico balance de la actividad desarrollada en 2025, así como de los retos que deben afrontar en los próximos meses y ha resaltado el “compromiso inquebrantable” de la institución con el principio de legalidad, actuando como defensor de los derechos de la ciudadanía y “sobre todo, la autonomía e imparcialidad del trabajo diario de los y las fiscales de Asturias”, ha apuntado.

Asimismo ha dejado constancia del “profundo respeto a la judicatura”, que le consta que es bidireccional y que considera que es “algo indispensable para lograr una Justicia eficaz y que no podemos permitir que quede enturbiada por estos tiempos de intereses alienados y posverdad”.

Los procedimientos

En su intervención ha hecho un repaso general y se ha detenido en las distintas especialidades. Así, ha explicado que durante 2025, Asturias registró el mayor número de procedimientos incoados por delitos graves o menos graves de los últimos diez años, 44.288, a excepción de 2024 al haberse visto afectado por las consecuencias derivadas de las diferentes huelgas que hubo en la Administración de Justicia durante 2023.

Los incendios acapararon, una vez más, el mayor número de diligencias de investigación, con 108 incoadas durante el año, frente a las 102 de 2024.

Asesinatos de Karilenia, Dolores y Laura

Ha lamentado especialmente los casos de violencia sobre la mujer registrados en Asturias y, entre ellos, ha recordado el fallecimiento de dos mujeres víctimas de la violencia machista, Karilenia y Dolores. Ha adelantado que el asesinato de Karilenia se juzgará el próximo mes de diciembre en Oviedo/Uviéu, mientras que el caso de Dolores continúa bajo investigación judicial.

Aunque su intervención se centraba en la Memoria de 2025, ha tenido un recuerdo especial hacia la guardia civil asesinada en el cuartel de Llanes de su expareja: “En el recuerdo de todos continúa la terrible muerte de Laura Cruz, este mes de agosto, en Llanes”, ha asegurado.

Violencia sobre la mujer

El máximo responsable de la Fiscalía no ha dudado en calificar como “intolerable” la situación de violencia sobre la mujer y ha reconocido que “lamentablemente, no tiene visos de mejorar a corto plazo”.

Una afirmación que tiene su explicación en el hecho de que el año pasado la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias recibió más de una causa cada mes por casos de violencia en el seno de la pareja y hubo 15 menores agredidas sexualmente por adolescentes que aúnno habían cumplido los 18 años.

“Es momento de mirar hacia dentro, buscar el origen, analizar por qué nuestros jóvenes –sin generalizar, evidentemente- tienen este tipo de comportamientos, por qué permitimos la sexualización de las niñas desde muy temprana edad, por qué normalizamos que si me controla el teléfono móvil es que me quiere mucho... y otros tantos ejemplos”, ha recalcado.

Ataques contra la libertad sexual

Los atentados contra la libertad sexual también aumentaron. Durante 2025 se incrementaron en Asturias un 28,3 %, con una media de más de 60 delitos sexuales al mes, dos al día.

“Esta es una preocupación constante de la Fiscalía, que tristemente constata cada año la juventud de víctimas y agresores y el alto número de asuntos en los que se halla presente la ingesta de bebidas alcohólicas y/o drogas, o en los que la víctima, por esta u otra causa, se encuentra inconsciente”, ha recalcado.

Violencia a progenitores y en el deporte

El fiscal superior también ha resaltado el incremento experimentado en el número de progenitores víctimas de maltrato por parte de sus hijos mayores de edad.

La violencia en los terrenos de juego también han merecido su atención y, en este capítulo, ha mostrado su preocupación por la violencia, física o verbal, en los campos de fútbol. Ha dicho que 2025 fue un año especialmente conflictivo que llevó a la Fiscalía a formular varias acusaciones, de las que una de ellas ya ha finalizado en condena, por proferir insultos racistas contra jugadores, por peleas entre aficionados y enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones de los estadios, o agresiones a árbitros, incluso de categorías inferiores.

“Cuando la pasión se convierte en odio y se utiliza para justificar la violencia o cometer actos vandálicos, el deporte desaparece y se torna en delito. Pero ojo: el anonimato que pueda facilitar la multitud de la grada no es obstáculo -ha añadido- para que, gracias al trabajo policial, podamos individualizar a cada responsable”.

La agresión en San Mateo

Seguidamente, Gabriel Bernal ha profundizado un poco más en el apartado de los delitos de odio. Y, aunque tampoco forma parte de la Memoria de 2025, no ha esquivado episodios violentos como el registrado en las pasadas fiestas de San Mateo, en Oviedo/Uviéu, donde resultaron agredidos los médicos Rubén Rosón y Jorge Fernández, a los que no ha citado expresamente.

“Lamentablemente, en fechas recientes Asturias ha sido noticia a nivel nacional por la agresión aparentemente homófoba sufrida en Oviedo por dos personas durante la primera noche de las fiestas de San Mateo. Este tipo de conductas no atenta solo contra una única persona. Pretende sembrar el miedo o la inseguridad en un determinado colectivo. Y esto no puede tolerarse”, ha manifestado.

La importancia de perseguir este tipo de delitos se evidencia en el hecho de que Asturias cuenta con un Fiscal Delegado de esta especialidad, que coordina las actuaciones encaminadas a perseguir este tipo de infracciones penales motivadas por la intolerancia, discriminación o rechazo a las personas por el hecho de ser diferentes.

Ataques “directos a la dignidad humana”

“Nuestra labor como fiscales está clara: se trata de ataques directos a la dignidad humana y, como tales, hay que combatirlos. Lo dijimos el año pasado y lo repetimos este: es obligación de todos los poderes públicos ser intolerantes frente a los discursos de odio. Debemos, con nuestras manifestaciones y actitudes, evitar que proliferen y adquieran carta de naturaleza”, ha ratificado el fiscal superior.

El año pasado la Fiscalía asturiana incoó 108 diligencias de investigación por otros tantos fuegos, la inmensa mayoría causados intencionalmente y este apartado ha merecido una atención especial. En esta materia, el fiscal superior ha incidido en que el mayor enemigo en esta lucha es la clandestinidad en la que se produce este tipo de delitos, que “gozan de la complicidad de la soledad del monte y, en ocasiones, quiero creer que en no muchas, del silencio o el miedo de sus víctimas”, ha añadido.

Incendios amparados en la clandestinidad

Un total de 20 escritos de acusación fueron presentados por la Fiscalía en causas de incendios forestales, lo que supuso casi el doble que en 2024, lo cual, en su opinión, es “una excelente noticia porque significa que las investigaciones, principalmente de las BRIPA y la Guardia Civil, aunque difíciles, dan sus frutos”, ha especificado.

En los juicios celebrados, 15 personas fueron condenadas por prender fuegos en distintos puntos de la geografía asturiana, frente a las 11 que se contabilizaron en el año 2024.

Patrimonio y seguridad vial

Entre los delitos que continúan al alza en Asturias ha situado los que atentan contra el patrimonio y el orden socioeconómico, de forma que desde 2021 se han incrementado más de un 94%, y se ha referido además al repunte experimentado de las estafas bancarias cometidas a través de internet y que tienen como principales víctimas a personas de la tercera edad.

Por otro lado, el fiscal superior ha ensalzado los buenos datos obtenidos en otro tipo de delitos como los referidos a los de conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. En este capítulo, se ha mostrado satisfecho porque han disminuido, por primera vez en varios años, en más de un 20%, aunque continúa siendo el más numeroso de los delitos contra la seguridad vial.

El abogado Juan Antonio Frago Armada, que integró la acusación popular contra el ex fiscal general del Estado, es investigado en un juzgado de Madrid por revelación de secretos, el mismo delito que él atribuyó a Álvaro García Ortiz en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo. Frago acompañó su participación en la vista de exabruptos en la red social X contra otras partes y testigos. Ahora, Frago debe responder por publicar en X un mensaje denigratorio con datos sobre la salud de la parte contraria en un procedimiento de la Audiencia Nacional.

Por estos hechos, Frago Armada es investigado en el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, que en un primer momento no apreció delito en la conducta el abogado. El denunciante recurrió y ahora la Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que hay motivos para investigar a Juan Antonio Frago y ha obligado al magistrado instructor a reabrir la causa. Ese mismo mensaje ofensivo, junto a otros, ya le valieron a Frago una sanción de inhabilitación de 30 días por parte del Colegio de Abogados que 10 meses después aún no ha cumplido.

Un auto de la Sección 30, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que Frago habría faltado al “deber de sigilo y reserva al que están sometidos los abogados” respecto de los datos que conocen como parte personada en un caso, más aún cuando esa información afecta a la salud de terceros. “La ética profesional obliga al letrado a preservar la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de su función y a abstenerse de utilizarla como instrumento de exposición pública o descrédito profesional”, escriben los magistrados.

Frago es el abogado de la mujer que denunció al agregado de Interior en la Embajada española en India por acoso y agresión sexual. El comisario fue suspendido cuando se conoció su imputación en una causa que sigue instruyéndose en la actualidad. En aquel momento, el comisario pidió la suspensión de su declaración como investigado aportando un informe sobre “un trastorno depresivo ansioso”.

El letrado Frago publicó en X: “Ver que un comisaurio [sic] pide la suspensión de una declaración de investigado por 'aparente depresión' es para que le entre la risa a uno. El que te tendría que defender con su vida que no se atreve a hablar ante un juez. Hora de pasar al patíbulo”. El tuit incluía la foto de una guillotina y fue borrado por Frago después de la denuncia ante el ICAM.

Los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid censuran que el juez no haya tomado declaración siquiera al denunciante antes de archivar las actuaciones. El instructor adoptó tal decisión al considerar que Frago solo aludió en X a “incidencias procesales” que no afectaban al contenido de la investigación judicial y que, por tanto, los hechos no tenían encaje en el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El auto de la Sección 30, del que ha sido ponente Pilar Llop, afirma que el sobreseimiento provisional acordado por el juez instructor “únicamente resulta procedente cuando de manera clara y terminante pueda afirmarse que los hechos denunciados carecen manifiestamente de relevancia penal o cuando resulte imposible obtener base indiciaria alguna sobre su comisión”.

Recuerda la Sala que el artículo 199.2 del Código Penal sanciona al profesional que, “con un incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue secretos de otra persona conocidos precisamente por razón de su actividad profesional”. “No cabe duda –añade– que tiene la condición de secreto el dato íntimo relativo a la salud de una persona y que no es públicamente conocido, pues por secreto ha de entenderse lo concerniente a la esfera de la intimidad, que es solo conocido por su titular o por quien él determine”.

“A efectos penológicos, el deber de sigilo y reserva al que están sometidos los abogados comprende los secretos, datos e informaciones conocidos en el ejercicio de la profesión tanto respecto de su propio cliente como respecto de terceros afectados por la actuación procesal”, añaden los magistrados de la Sección 30.

“Un mal ejercicio de la profesión”

El citado mensaje en Twitter y otros contra el comisario investigado ya le valió a Frago una sanción de inhabilitación de 30 días por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). La sanción responde a “un mal ejercicio de la profesión”, o conducta “antideontológica”, en relación con los comentarios “insultantes” que Frago lanzó desde su cuenta de X, según informó en su momento elDiario.es.

Cuando elDiario.es recabó su versión, antes de publicar la sanción, el letrado aseguró que desconocía siquiera la denuncia en el ICAM. Sin embargo, había recurrido la misma para que se suspendiera la inhabilitación y poder participar en el juicio al fiscal general. Frago representó a APIF, la asociación de fiscales que pedía seis años de cárcel para García Ortiz, la pena más alta solicitada por las acusaciones. Frago sigue sin cumplir la sanción. El ICAM compartía estrados con él, ya que también actuaba de acusación popular en el procedimiento contra el ex fiscal general.

Mientras se celebraba el juicio, Frago recurrió en numerosas ocasiones a su cuenta de X. En ella publicó que los abogados del Estado llevaban “muy mal preparado el asunto” o que un periodista de elDiario.es merecía “el despido fulminante” por el contenido de su declaración. Sobre el testigo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, califico de “domadas” sus intervenciones en la vista y pronosticó que “se haría rico” si se decidiera a ejercer de abogado.

En su intervención final, Juan Antonio Frago llegó a afirmar que en la Fiscalía General del Estado “estaban preparando la jugada de la imputación si no detención del señor Alberto González Amador” cuando El Mundo publicó una información tergiversada sobre el acuerdo de conformidad que estaba negociando con el Ministerio Público. El abogado llegó a comparar el caso del fiscal general del Estado con el de José Bretón, condenado por asesinar a sus dos hijos, y comparó la filtración por la que finalmente fue condenado García Ortiz a una pena de suspensión con una agresión sexual múltiple.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de recuperar terreno frente a otros partidos con un discurso centrado en los impuestos y en la criminalidad en un acto del PP catalán en el parque Turó Caritg de Badalona. Allí, ha cargado de nuevo contra los “excesivos” impuestos y les ha culpado del incremento de la inflación, que en su último dato de agosto alcanzaba el 4,3%, según los datos del INE.

“Entre cotizaciones sociales y el incremento de impuestos hemos pagado en el año 25 180.000 millones más. Y los precios no han dejado de subir”, cuestionaba el líder de la oposición después de asegurar que “la gente sabe que las cosas no funcionan” y de pedir una Catalunya “líder en la reconstrucción de España”.

Feijóo, quien ha dicho no querer “una Cataluña en el bucle permanente sentado (sic.) en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es”, ha defendido que los catalanes no pueden ser “los que más impuestos pagan en España” y los que reciben “peores servicios”. “No podéis tener un Rodalies que a veces da miedo y otras vergüenza. No podéis tener la peor educación de España junto con Ceuta y Melilla”, ha arengado el gallego, tras las intervenciones del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y del líder del PP catalán, Alejandro Fernández.

Tras comprometerse a “mantener la industria catalana por encima de todo”, en referencia a Seat y a las centrales nucleares, Feijóo ha cuestionado el discurso optimista del Gobierno en lo económico y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “salga a la calle sin filtros”. “Venga conmigo a la calle. A ver si encontramos una familia normal que soporte todo esto”, le ha retado.

El líder 'popular' ha aprovechado el incremento de precios provocado por el recrudecimiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán en el golfo pérsico para cargar contra los impuestos: “Lo que en verano fue la gasolina, ahora en otoño es la compra. En diciembre será la calefacción. Si le sumamos la hipoteca, la vuelta al cole y el alquiler a ver a quién le salen los números. Aquí no hay quien viva y tenemos que hacer algo y para eso estamos aquí. Para trabajar y disminuir realmente los precios que nos ahogan y los impuestos que nos asfixian”.

Núñez Feijóo ha descrito el problema inflacionario como “estructural” y ha afirmado que se soluciona “con reformas estructurales para disminuir los costes de producción”. Tras ello, ha cuestionado que el Ejecutivo gobierne sin presupuestos porque, ha dicho, sin ellos “no hay política económica”. “No se puede vivir permanentemente en la improvisación”, ha añadido.

Y, una vez más, el presidente del PP ha cargado contra los impuestos: “Necesitamos contener esta escalada permanente de impuestos”. Feijóo ha asegurado que llevamos “cien subidas de impuestos con Sánchez y una inflación superior a los países de la eurozona”. Sin embargo, aunque en el último mes la inflación sí ha sido superior a las grandes economías (Alemania, 2,9%; Francia, 2,6%; e Italia, 3,2%), hay varios países europeos como Rumanía, Lituania, Chipre o Bulgaria que han alcanzado tasas de inflación superiores a España en el último mes.

El aumento de los precios en la eurozona ha venido provocado principalmente por el encarecimiento de la energía a causa de la guerra en Irán, cuyos precios se dispararon un 14,3% en comparación con agosto del pasado año, mientras que el precio los servicios aumentó un 3%, el de los alimentos frescos un 2,7%, el de los bienes industriales no energéticos un 1,2% y el de los alimentos procesados un 0,5%.

Feijóo se acuerda de Zapatero

Tras asegurar que esta mañana ha hecho “un ejercicio de demoscopia” en una cafetería y que, gracias a él, ha visto que Albiol “volverá a conseguir la mayoría absoluta”, Feijóo ha remarcado que “no estaba invitado Zapatero” a la fiesta del PP catalán y que eso “le quita mucho morbo”.

“Me soplan que, contra pronóstico, tampoco ha ido a la fiesta del PSC”, ha añadido Feijóo, que ha dicho que el expresidente del Gobierno “está buscando el origen de sus joyas y aún no lo ha alcanzado”. Y ha añadido: “Vamos a tener que ayudarle a encontrarlo”.

Acto seguido, el líder del PP ha descrito un país en el que “todo está orientado a servir un proyecto de poder personalísimo”, en el que “las decisiones se toman para salvar a un solo hombre”, las instituciones “se ocupan para ponerlas a su servicio” y en el que el dinero público se utiliza “para sus intereses perosnales”. “Eso es lo que hay que cambiar. Porque mientras tanto para la gente normal la vida se ha puesto imposible”, ha zanjado el líder de la oposición.

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres, de entre 18 y 20 años, vinculados con 'grupos ultra', por una agresión discriminatoria a una mujer transexual el pasado mes de enero en la localidad de Piedras Blancas, en el municipio de Castrillón.

Según ha informado este domingo el Instituto Armado, los varones han sido arrestados una agresión física y verbal contra la mujer por su identidad de género.

Las mismas fuentes han señalado que la víctima denunció que un grupo de personas, presuntamente vinculadas a entornos extremistas de ultra derecha, se organizaron y coordinaron a través de aplicaciones de mensajería instantánea para llevar a cabo la agresión contra ella.

Durante la agresión física, los autores profirieron amenazas de muerte e insultos tránsfobos, “muestra de una motivación de odio por discriminación en relación a su identidad de género”. A consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas, la víctima tuvo que recibir asistencia hospitalaria.

Como resultado de las investigaciones, los especialistas del equipo de respuesta a delitos de odio de la Guardia Civil han identificado plenamente a los cinco agresores. Dos fueron detenidos el mes de abril; otros dos, en junio y el último, hace unos días.

A todos ellos se les atribuye un delito de odio en su modalidad de lesión a la dignidad, lesiones, amenazas y daños, con agravante de motivación discriminatoria. Tres de ellos ya habían sido investigados y detenidos en 2025 por la comisión de otros delitos de odio y discriminación.

Las actuaciones han sido coordinadas por el fiscal delegado de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Asturias. Las diligencias instruidas han sido puestas en conocimiento del Tribunal de Instancia de Avilés.

Una disputa laboral entre dos funcionarias ha terminado con una sentencia firme tras estallar con amenazas y agresiones en plena fiesta de Nochevieja. La Audiencia Provincial de Cáceres ha ratificado la sanción económica de 3.000 euros impuesta a una funcionaria como autora de un delito leve de amenazas y otro de maltrato de obra.

La relación entre ambas mujeres, que mantenían un trato cercano extendido a sus respectivas familias, se rompió por completo cuando la procesada solicitó de forma reiterada a la denunciante, que ejercía responsabilidades de gestión de personal en una administración pública, un traslado de puesto que nunca se le concedió. A partir de ese momento, los encuentros fortuitos derivaron en descalificaciones continuas en las que la acusada vertía graves reproches profesionales sobre la víctima.

Altercado en Fin de Año

El episodio definitivo ocurrió durante la madrugada del 1 de enero de 2025 en un espacio de ocio de la capital cacereña. La agresora se aproximó con actitud provocadora hacia la víctima y, mientras esta consumía una bebida, le espetó de forma intimidatoria: “sí, bebe, bebe, que vas a morir envenenada, de eso ya me encargo yo”.

Poco después, en la zona de salida del local, la mujer arremetió contra el cónyuge de la denunciante, a quien agarró por la solapa y empujó con violencia contra una mesa alta hasta que varios testigos presenciales lograron interponerse para frenar la agresión.

La Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso de la procesada al considerar que la valoración de la prueba en primera instancia fue totalmente imparcial y lógica.

El tribunal concluye que la advertencia lanzada constituye una amenaza leve y que el acometimiento físico vulnera la dignidad del agredido, ratificando la sanción e imponiendo las costas a la recurrente.

La Policía Nacional ha desmantelado en Talavera de la Reina (Toledo) un cultivo intensivo de cannabis oculto en una vivienda del barrio del Patrocinio que albergaba 585 plantas de marihuana. Fruto de esta operación, se ha detenido a dos personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Los agentes de la Policía Nacional especializados en la investigación de los delitos contra el tráfico de drogas en Talavera de la Reina y su comarca, recabaron una serie de indicios que apuntaban a la existencia de un cultivo ilegal de cannabis ubicado en el barrio del Patrocinio, por lo que a mediados del mes de julio iniciaron una operación que permitió localizar el inmueble exacto en el que se podría estar albergando dicha plantación.

Tras identificar a los dos presuntos responsables de dicho cultivo, el pasado 3 de septiembre se procedió a su detención y se realizó un registro en la vivienda en la que se incautaron 585 plantas de cannabis, así como diferentes instrumentos para su cultivo, según ha informado la Policía en nota de prensa.

A ambos se les imputa también la comisión de un delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda en la que habían establecido la plantación, también realizaron una acometida ilegal para recibir suministro de la red de fluido eléctrico con la que habrían defraudado unos 16.500 euros.

La Guardia Civil a través de la denominada operación ‘OLEICIA’ ha detenido a cinco personas y tres más están siendo investigadas por un delito continuado de hurto de aceituna y un delito de receptación, cometidos en distintos municipios de las provincias de Ciudad Real y Toledo. Se han esclarecido un total de trece delitos.

Según un comunicado de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, en el pasado mes de enero, mediante las denuncias interpuestas por los perjudicados, se tuvo conocimiento de un notable incremento de hurtos de aceituna en la provincia de Ciudad Real, principalmente en el término municipal de la localidad de Herencia y otras limítrofes, extendiéndose también a varios municipios de la provincia de Toledo.

De forma que estos hechos causaron una enorme alarma social en el sector agrícola, donde los autores perfectamente organizados, aprovechaban para sustraer la aceituna, en ocasiones ya cosechada y dispuesta para su entrega, para posteriormente dividirla y entregarla en pequeñas cantidades en varias almazaras de la provincia de Ciudad Real y Toledo.

Los agentes, pertenecientes al grupo de investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan, comenzaron a practicar numerosas gestiones, con el objetivo de esclarecer los hechos delictivos, realizando varias inspecciones oculares en el lugar de los hechos, entrevistas con los testigos y visionado de cámaras de vigilancia, logrando obtener el modus operandi utilizado por los autores.

Los presuntos autores utilizaban vehículos 4x4 de gran cilindrada modificados en su interior para poder cargar gran cantidad de fruto a granel para posteriormente abandonar el lugar a gran velocidad, todo ello con el claro fin de reducir al mínimo el tiempo utilizado para consumar el hecho delictivo y además utilizaban escrituras de fincas de olivar, para intentar justificar la procedencia ilícita de los frutos sustraídos.

Explotación de la operación

Se consiguió la plena identificación de los autores de los hechos, los agentes investigadores con el apoyo de las distintas patrullas pertenecientes a distintos puestos de la Guardia Civil de Ciudad Real y Toledo, se les logró aprehender unos 2.500 kilos de fruto de procedencia ilícita, de los más de 15.000 kilos sustraídos.

La cosecha sustraída era transportada hasta una almazara de la provincia de Ciudad Real, donde eran recogidas y compradas por su propietario, a sabiendas de su ilícita procedencia, lucrándose así ambas partes.

Después de cometer los hechos delictivos, los presuntos autores tras la presión policial ejercida, se dividieron y abandonaron la provincia de Ciudad Real, lugar donde residían, marchándose a otras provincias de la geografía española con clara intención de dificultar su localización y eludir la acción de la justicia.

Según la Guardia Civil, pasado unos meses y mediante una laboriosa investigación se consiguió ubicar a este grupo de personas, en otra localidad de residencia distinta, nuevamente en la provincia de Ciudad Real, donde se pudo observar que ya no tenían los vehículos utilizados para perpetrar los hechos investigados, de manera que habían adquirido nuevos vehículos para su uso, para intentar dificultar la investigación sobre ellos.

Las investigaciones e indagaciones han finalizado con la detención de cinco personas y la investigación de otras tres, como presuntos autores de un delito continuado de hurto de aceituna, así como un delito de receptación, esclareciendo un total de trece hechos delictivos.

Se han instruido diligencias policiales, las cuales han sido remitidas al Decanato del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan.

La Sección de Instrucción 3 del Tribunal de Instancia de Ávila ha incoado diligencias previas para investigar el incendio forestal que se inició en el término municipal de Burgohondo, el mayor de la historia reciente de España que arrasó 37.800 hectáreas, por los indicios de que se hayan cometido los delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente.

Según ha informado este miércoles el TSJ de Castilla y León en un comunicado, el tribunal abulense ha decidido abrir esta investigación tras examinar el atestado inicial elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil del fuego.

Asimismo, el órgano judicial ha recibido hasta el momento alrededor de medio centenar de denuncias presentadas por personas perjudicadas por el incendio, explica EFE.

La Guardia Civil detuvo a finales de julio a una persona e investigó a otra como presuntas autoras del incendio forestal de Burgohondo, que obligó activar por primera vez la emergencia nacional por su capacidad destructiva. El Seprona determinó que el origen habría sido una chispa provocada por maquinaria pesada utilizada en una zona donde estaba prohibido, después de localizar indicios de esta actividad durante una inspección técnica. A ambas personas se les atribuían de forma inicial presuntos delitos de incendio forestal y contra los recursos naturales y el medio ambiente, con agravantes por la proximidad del fuego a zonas habitadas y los graves daños a los sistemas naturales.

El incendio de Burgohondo se declaró el pasado 22 de julio y calcinó un total de 37.818 hectáreas, afectó a una veintena de municipios de los valles abulenses del Alberche y de Tierra de Pinares y del Alto Tiétar, obligó al desalojo de cerca de 40.000 personas y al confinamiento de otras 10.000. También arrasó la Reserva Natural del Valle de Iruelas, una de las poblaciones de buitre negro más importante de Europa.

Durante la fase de instrucción, el Tribunal llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el origen del incendio, determinar las circunstancias en las que se produjo y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

Un año después de la primera fase de la operación en la que se detuvo al administrador concursal de Grupo Vera, la Policía ha asestado el segundo gran mazazo a la presunta trama que durante años saqueó, presuntamente, las cuentas de uno de los grandes grupos inmobiliarios de la Costa del Sol de la burbuja inmobiliaria, luego caído en desgracia.

La Policía ha desarticulado ahora la “matriz” de esa estructura presuntamente delictiva, a la que se atribuye el expolio millonario de la masa concursal (el conjunto de activos de una empresa declarada en concurso, como propiedades inmobiliarias, saldos a favor o créditos con otras empresas) del que fuera un potentísimo conglomerado empresarial del sector de la construcción en Málaga, responsable de proyectos tan emblemáticos como algunos tramos del Metro, el Cementerio y la urbanización del Parque Tecnológico en Málaga capital, o los puertos de La Duquesa y Cabopino en Marbella, entre otros muchos.

La segunda fase de la operación 'Drave' ha supuesto la detención de una decena de personas, entre los que hay allegados a los fundadores de las concursadas. Además, con las nuevas pesquisas, el saqueo de las cuentas de la constructora en perjuicio de sus acreedores ascendería ya a 160 millones de euros.

La Policía cree que a través de una red de testaferros y sociedades interpuestas, promovieron un “expolio” del patrimonio que conservaba el grupo, valorado en 314 millones de euros al comienzo de la liquidación, gracias al despliegue de anterior y paralelo al concurso de un “cúmulo de operaciones fraudulentas de vaciado patrimonial y desvío de fondos”. Con estas operaciones se vaciaba el patrimonio del grupo destinado a satisfacer las deudas para canalizarlo hacia empresas creadas ex profeso bajo la tutela del ex director financiero de Grupo Vera y el propio administrador concursal, designado por el juzgado con el fin de velar por la conservación de la masa concursal y de darle el destino previsto por la ley.

Embargo de 135 inmuebles

El despojo de Grupo Vera ha provocado “un grave quebranto económico de las compañías acreedoras, incluida la Hacienda Pública, que han visto frustradas sus legítimas expectativas de cobro”, resaltan desde la Comisaría provincial de la Policía Nacional, que comenzó a investigar el caso a partir de una denuncia en septiembre de 2023. Era un secreto a voces en círculos empresariales y jurídicos de la capital. El Grupo II de Blanqueo de Capitales ha desarrollado la operación bajo la dirección de la Fiscalía y el juzgado de instrucción 3 de Málaga, y ha contado con el auxilio de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda .

La primera fase de la investigación se saldó con la intervención de 462.000 euros en efectivo, el bloqueo de 2,5 millones de euros en cuentas y el embargo de 173 inmuebles por valor de 140 millones, y fueron detenidas siete personas: el ex director financiero del grupo empresarial, varios familiares, un proveedor y su pareja y, el más singular de todos, el propio administrador concursal designado por el Juzgado de lo Mercantil para liquidar la masa concursal conforme a la prelación de acreedores prevista por la ley. Además, resultaron investigadas otras cuatro por su vinculación en los hechos. La Policía los acusaba de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La lista se amplía ahora con otros diez arrestos por los presuntos delitos de frustración de la ejecución --acción ilegal en la que un deudor oculta, vende o gasta sus bienes a propósito para evitar pagar una deuda o cumplir una sentencia judicial--, insolvencia punible y apropiación indebida. Además hay otras dos personas investigadas en esta segunda fase, incluido nuevamente el administrador concursal.

En el marco de la macrooperación se han efectuado dos nuevos registros en la provincia a finales del pasado mes de julio, incautándose joyas valoradas en más de 200.000 euros. Además, se han bloqueado nuevos activos financieros en nueve entidades bancarias por valor de un millón de euros y se ha decretado el embargo preventivo de 135 inmuebles valorados en más de 300 millones de euros, incluidos terrenos de muy alto valor económico, locales comerciales, garajes y viviendas.

En el cómputo global del entramado criminal desarticulado, sumando las dos fases, el expolio asciende a los 160 millones de euros. Un saqueo mayor a la deuda impagada a los acreedores, que está estipulada en torno a los 150 millones.

30 millones defraudados durante la liquidación

Las nuevas actuaciones de la operación Drave II han permitido deslindar un entramado delictivo “distinto y autónomo” que operó de forma paralela. Aprovechando la “alianza estratégica” con la administración concursal, obtuvo activos de gran valor del patrimonio de las mercantiles concursadas en beneficio de los sospechosos, unidos por lazos familiares con los fundadores del grupo empresarial, según la Policía.

De esta forma, en una fase previa al concurso se sacaron bienes por valor superior a 28 millones de euros simulando contratos de prestación de servicios (eludiendo así embargos de Hacienda que eran inminentes); transfiriendo capitales a empresas de los investigados; y vendiendo fraudulentamente activos inmobiliarios en fechas inmediatamente anteriores a la solicitud concursal en beneficio de los sospechosos.

Pero el vaciamiento no terminó ahí. La Policía cree que la trama descapitalizó el grupo en más de 30 millones de euros adicionales cuando el concurso ya había entrado en fase de liquidación; es decir, cuando la concursada estaba vendiendo sus activos para ir saldando sus deudas. Para ello, los investigados habrían articulado un procedimiento para adquirir inmuebles y carteras de créditos en subastas públicas adulteradas y en ventas directas carentes de los preceptivos requisitos de publicidad y formalizadas con cláusulas de reversión manipuladas en favor de allegados de los fundadores.

Estos métodos supusieron que bienes de gran valor de las concursadas pasaran al patrimonio privado de los mismos deudores, a precios ínfimos y libres de cargas, lo que privó a la masa del concurso de los ingresos que se habrían obtenido en un proceso de liquidación transparente y que tendrían que haberse destinado al pago priorizado de los acreedores y la Hacienda Pública, concluyen los investigadores. Para lograr su propósito, los investigados habrían contado con la ayuda de las administraciones concursales y de una red de testaferros y sociedades interpuestas.

La caída en desgracia de Grupo Vera

La operación en dos tiempos contra los responsables financieros de Grupo Vera es un triste final para una de las firmas abanderadas del ladrillo en los años de la gran burbuja inmobiliaria en la Costa del Sol. Por entonces, a comienzos de siglo, Grupo Vera se codeaba con los principales grupos inmobiliarios de Andalucía con un modelo de marcado corte familiar (allí trabajaban sobrinos, nietos y familia política por decenas) inaugurado a mediados de los años 50 por Juan Vera, y continuado por su hijo Francisco hasta su fallecimiento en 2017.

Hasta la crisis del ladrillo la empresa tenía un sólido negocio basado en gran parte en la adjudicación de obra pública, que intentó ampliar con una división inmobiliaria, concesiones de aparcamientos, una empresa de cementos y otra de gestión hotelera y de campos de golf. Pero no funcionó. En parte, porque todo se vino abajo con el estallido de la burbuja y la crisis inmobiliaria que arrastró a tantos gigantes con pies de barro, como Grupo Aifos.

Grupo Vera también entró en concurso de acreedores en 2013. El clavo definitivo fue el parón de la obra del Metro por las dificultades financieras de la Junta de Andalucía. También contribuyó el fiasco de dos proyectos faraónicos propios de aquella época: el aeropuerto (que impulsó como promotor) y el centro de ensayos ferroviarios, ambos en Antequera. Propuso entonces a sus acreedores una quita del 45% y un plan de pagos a siete años de una cantidad que parecía asumible, y por un tiempo pareció que seguiría a flote.

Pero no ocurrió. La muerte de Francisco Vera, hijo del fundador, máximo responsable y alma máter de la constructora, conocido por su capacidad persuasiva y sus contactos políticos, fue el golpe definitivo. Nadie tomó las riendas tras su fallecimiento, al menos para reflotar la empresa, que quedó ya a expensas del concurso. Entre muchos otros inmuebles y derechos de cobro, Vera todavía conservaba entonces una oficina en el Parque Tecnológico valorada en 37 millones, el campo de Baviera Golf (en Caleta de Vélez), valorado en 16,8 o la gestión de dos aparcamientos públicos en Vélez-Málaga y Torre del Mar, valorada en 5,1 millones. El pasivo (las deudas del grupo) era de 227 millones, lo que suponía un margen teórico de más de 80 millones de margen para saldarlas. Sin embargo, no fue suficiente.

Primero vino el ERE para sus 77 trabajadores, luego la liquidación del patrimonio y entre tanto, un escándalo financiero que protagonizan su máximo responsable financiero, familiares y el administrador concursal, que habrían urdido una presunta trama con el fin de sacar todo el dinero posible de los restos del gigante caído. Los afectados por la trama han constituido una plataforma de perjudicados en el juzgado.

La Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional por razones médicas a Inocente Orlando Montano Morales, exmilitar y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, condenado por el asesinato del ideólogo de la Teoría de la Liberación, Ignacio Ellacuría, y otros cuatro jesuitas españoles en 1989 en El Salvador. Montano, de 84 años, cumplía una condena de 133 años y tres meses en la prisión de Madrid VII de Estremera.

Fue la propia prisión la que, en marzo de este año, propuso la concesión de la libertad condicional a Montano, que fue condenado en 2020 por cinco delitos de asesinato con límite de cumplimiento de 30 años de privación de libertad.

El magistrado de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha justificado la decisión de libertad condicional por el deterioro de salud del ex militar. Según el auto, Montana presenta “un declive cognitivo elevado con presencia de delirios que afectan a la capacidad de adaptarse al centro”, lo que, según el documento, genera al condenado “una enorme vulnerabilidad con alto grado de dependencia”.

La libertad queda condicionada a que “siga tratamiento en el centro de salud que corresponda” debido a “la existencia de una enfermedad muy grave e incurable, a lo que se une una avanzada edad”.

Enfermedad irreversible

“Desde la perspectiva médico-jurídica atendiendo al estado de salud, la enfermedad irreversible que padece con constantes salidas al hospital hace necesario acceder a la libertad condicional en aras a la existencia de una enfermedad muy grave e incurable, a lo que se une una avanzada edad”, señala el auto.

Castro alude a “numerosas resoluciones” judiciales para argumentar que, en estos casos, la excarcelación “responde a principios de humanidad y dignidad de las personas como derecho inviolable”.

Asimismo, considera que “el enfermo grave e incurable no debe asimilarse a un estado preagónico”. “Lo importante es constatar que el medio penitenciario no es el adecuado para el seguimiento y control de la enfermedad”, resume.

Condenado por dar la orden de asesinar a cinco jesuitas

En 2020, la Audiencia Nacional condenó a Montano por cinco delitos de asesinato de carácter terroristas y le atribuyó a los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, la cocinera de una universidad y su hija de 15 años, aunque no se le pudo condenar por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.

El Tribunal estableció un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena, un periodo al que habría que restarle el tiempo que llevaba en prisión provisional desde 2017.

La Audiencia Nacional consideró que los asesinatos “fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando como viceministro de la Seguridad Pública”, quien participó en la decisión por la cual se “transmitió la orden de realizar las ejecuciones”.

No obstante, la Sala fue más allá al considerar que en la masacre participó un grupo violento compuesto por el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani; miembros de la Tandona, la promoción de oficiales que ocupaban las más altas estructuras del poder en El Salvador, así como otros altos cargos.

De acuerdo a la sentencia, los miembros de Tandona “cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes pertenecían al liderazgo intelectual del Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí, generando la falsa afirmación de la existencia de un enemigo infiltrado en las estructuras de las sociedades, que actuaban como agentes de una confabulación socialista-comunista”.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por captar a ciudadanos extranjeros y facilitarles la documentación necesaria para obtener el empadronamiento de forma fraudulenta, en las localidades toledanas de Sonseca y Ajofrín, y poder posteriormente regularizar su situación en territorio nacional.

La investigación se inició tras una comunicación de la Policía Local de Sonseca, que alertó de un elevado número de personas empadronadas en una misma vivienda de la localidad toledana.

A partir de esta información, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sonseca, en colaboración con Policía Local del municipio, realizaron diversas gestiones para verificar los hechos, constatando que en un mismo domicilio figuraban empadronados más de 50 ciudadanos de origen extranjero.

Modus operandi

Según el Instituto armado, los detenidos contactaban con ciudadanos extranjeros y les proporcionaban la documentación necesaria para obtener el empadronamiento, que posteriormente podía ser utilizado para iniciar los trámites de regularización de su situación administrativa en España.

Estas personas, principalmente ciudadanos de Marruecos y Argelia, presentaban contratos de alquiler facilitados por los detenidos, en los que se establecía el pago de 200 euros por el supuesto alquiler de una habitación. Tras analizar las solicitudes presentadas, los agentes pudieron comprobar que en todas ellas se repetían los mismos datos, lo que evidenciaba claros indicios de falsedad documental.

Durante las comprobaciones se constató que algunos de los ciudadanos extranjeros empadronados tenían prohibida la entrada en el espacio Schengen.

Asimismo, se verificó que el inmueble no disponía de los suministros de luz y agua, circunstancias que hacían inviable su utilización como vivienda.

Sin suministros básicos

Con el apoyo del Puesto de la Guardia Civil de Ajofrín, los investigadores detectaron la misma actividad en un domicilio de esta localidad toledana, en la que se estaba siguiendo el mismo modus operandi.

En esta segunda vivienda figuraban empadronados otros doce ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Una vez detectados los hechos en ambas localidades, y tras contactar con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de Toledo, así como con la oficina de extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, se comprobó que casi la mitad de las personas empadronadas habían iniciado ya trámites de regularización en base a los empadronamientos obtenidos en estas localidades.

Como resultado de la operación 'Meteora', la Guardia Civil procedió a la detención de dos varones como responsables de los hechos, a los que se les imputan un delito continuado de favorecimiento de la inmigración ilegal, delitos de falsedad documental y estafa a la administración pública.