El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Illescas ha detenido a un varón de 28 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado contra agente de la autoridad, tras arrollar con su vehículo a una guardia civil durante un dispositivo operativo establecido en la carretera CM-4004, en el término municipal de Pantoja (Toledo).

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio, cuando seis agentes de la Guardia Civil realizaban un control preventivo en dicha vía. Una vez establecido, los agentes detectaron a lo lejos un vehículo que se aproximaba al punto de control a gran velocidad.

El agente encargado de la selección de vehículos procedió a dar el alto al conductor, quien hizo caso omiso de las señales de detención, emprendiendo la huida.

Durante su fuga, el conductor desvió intencionadamente la trayectoria del vehículo, dirigiéndose hacia los agentes que se encontraban en la vía, llegando a arrollar a una de ellos, que fue desplazada varios metros del lugar, sufriendo diversas lesiones.

Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar a gran velocidad en dirección a la localidad de Pantoja, no pudiendo ser interceptado por ninguna de las patrullas. Como consecuencia del impacto, en el lugar de los hechos se halló el espejo retrovisor del vehículo, el cual se había fracturado y desprendido. Horas más tarde, el vehículo implicado fue localizado en la localidad de Añover de Tajo (Toledo).

Debido a la gravedad de los hechos, el equipo de Policía Judicial de Illescas se hizo cargo de la investigación, cuyas gestiones permitieron determinar que el presunto autor de los hechos se trataba de un varón vecino de la localidad de Añover de Tajo (Toledo), con numerosos antecedentes policiales, principalmente por delitos contra el patrimonio.

Detenido en Fuenlabrada, se le imputan varios delitos

Una vez identificado, se establecieron distintos dispositivos operativos, siendo finalmente localizado y detenido en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Al detenido se le imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa, atentado contra agente de la autoridad, abandono del lugar del accidente, desobediencia grave, conducción temeraria y conducción de un vehículo careciendo de autorización administrativa, al haber perdido la vigencia de su permiso de conducir. Asimismo, las investigaciones desarrolladas por otras unidades de la Guardia Civil, permitieron determinar que esta persona estaría implicada en, al menos, diez delitos de robos con fuerza cometidos en la provincia de Toledo.

Tras ser puesto a disposición judicial en el Tribunal de Instancia Plaza número 6 de los de Fuenlabrada (Madrid), la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

La Guardia Civil ha investigado en la localidad pacense de Aceuchal a tres hombres como presuntos autores de un delito de hurto de 1.860 kilogramos de ajos de la variedad morada en una explotación de la provincia de Albacete, así como a pertenencia a grupo criminal.

Los hechos tuvieron lugar a finales de la pasada semana, cuando patrullas operativas de la Guardia Civil y Policía Local identificaron a los ocupantes de una furgoneta en el término municipal de Aceuchal, en la que hallaron una cantidad masiva de ajos morados, que arrojaron un peso total de 1.860 kilogramos.

Al solicitar la documentación legal pertinente, que acredita la lícita procedencia del producto, los sospechosos no pudieron aportar ninguna certificación que justificase su posesión.

Las posteriores gestiones e investigaciones permitieron averiguar que la mercancía procedía de una explotación agrícola ubicada en el municipio de Tarazona de la Mancha (Albacete), en la que se había producido el robo de los ajos, cuyo valor de mercado asciende a los 9.300 euros, según señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Por este motivo se procedió a la instrucción de diligencias penales, investigando a los tres varones por un presunto delito de hurto, así como pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado la “falta de reconocimiento” y el “continuo cuestionamiento” del trabajo que desempeñan sus profesionales, poniendo el foco especialmente en las dificultades que, según aseguran, están encontrando para desarrollar su labor en la investigación de incendios forestales.

Una denuncia que llega coincidiendo con la grave incendio forestal en La Mierla (Guadalajara) que este domingo había quemado ya 13.000 hectáreas y que mantiene a 20 pueblos desalojados en la Sierra Norte de la provincia.

Por un lado, los agentes medioambientales han mostrado su “profundo malestar” ante el “escaso respaldo institucional” que, a su juicio, reciben por parte de la Junta de Comunidades. Critican las recientes declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez Rodríguez, en CMM Radio, en las que afirmó que la investigación del incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) está siendo llevada a cabo por la Guardia Civil y que esa labor “le corresponde” a ese cuerpo. Según la asociación, esas manifestaciones “contribuyen a cuestionar el papel que la legislación atribuye a los agentes medioambientales en la investigación de los delitos contra el medio natural”.

“Desde APAM-CLM creemos firmemente en la colaboración entre todas las policías judiciales y todos los cuerpos que trabajan en la protección del medio natural. La investigación de los delitos medioambientales no entiende de protagonismos; requiere sumar capacidades, experiencia y recursos”, afirman.

Por otro, denuncia el colectivo “problemas de coordinación” con otros cuerpos que participan en las labores de extinción. En concreto pone el foco en la Guardia Civil, asegurando que “los problemas de coordinación con determinadas unidades de la Guardia Civil no son nuevos” y afirma que se vienen repitiendo desde hace años, especialmente en el ámbito de la investigación de incendios.

En este sentido, lamenta que se esté intentando apartar a los agentes medioambientales de una fase que consideran “crucial”, como es la práctica de la prueba personal, pese al trabajo técnico y de investigación que desarrollan sobre el terreno.

Un “incidente” con la Guardia Civil

Como ejemplo de esta situación, APAM-CLM cita un reciente incidente ocurrido durante la intervención por el incendio de un vehículo junto a una carretera. Según relatan en un comunicado, ocurrió cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico requirió a los agentes “apagar los rotativos de emergencia” cuando se encontraban en la citada emergencia, con propagación del fuego hacia la vegetación colindante y, por tanto, “con un evidente riesgo de incendio forestal”.

Los agentes piden el respaldo “firme” de la Junta de Comunidades, ya que los hechos -que no son aislados- se produjeron mientras realizaban su intervención y señalizaban la emergencia mediante los dispositivos luminosos prioritarios de su vehículo oficial. El argumento de la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico fue que no se trataba de un incendio forestal, sino de un incidente de tráfico, y que los agentes medioambientales no podían hacer uso de dichos dispositivos en esas circunstancias.

Desde APAM-CLM aseguran “desconocer” el fundamento jurídico de semejante interpretación, ya que, recuerdan, los vehículos oficiales de los agentes medioambientales están destinados a intervenir en las emergencias propias de su ámbito competencial, haciendo uso de la señalización prioritaria cuando ello resulta necesario para garantizar la seguridad de la intervención y de los usuarios de la vía.

En este caso concreto, dicen, “resulta todavía más incomprensible, puesto que el origen de la emergencia era precisamente un vehículo ardiendo, cuyo fuego ya se estaba propagando fuera de la calzada, hacia el medio natural”.

APAM-CLM reivindica un modelo de colaboración entre cuerpos como el que, aseguran, existió durante años en la provincia de Cuenca, donde agentes medioambientales y Guardia Civil elaboraban investigaciones y atestados conjuntos que fueron reconocidos por su eficacia.

A su juicio, ese sistema ha ido desapareciendo con el relevo de determinados responsables, lo que ha provocado que el trabajo de los agentes medioambientales quede “prácticamente invisibilizado” en la comunicación pública de los resultados de las investigaciones.

La asociación añade que esta situación no afecta únicamente a los incendios forestales, sino también a investigaciones relacionadas con el uso ilegal de venenos, delitos contra la fauna y otras infracciones medioambientales, en las que consideran que su aportación resulta determinante.

La consejera de Desarrollo Sostenible: “No me consta”

En declaraciones a los medios de comunicación este mediodía la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado: “A mí no me consta absolutamente nada de eso. La colaboración entre el Cuerpo de Agentes Medioambientales y la Guardia Civil es siempre ejemplar. En todos los incendios, el papel fundamental del Cuerpo de Agentes Medioambientales es analizar las causas”.

Gómez ha continuado diciendo que “son especialistas en extinción de incendios y, por lo tanto, hacen sus tomas de muestras, que ya se hicieron in situ cuando se originó el incendio, para saber exactamente qué es lo que había sucedido. Ya hemos dicho que todas las causas apuntan a una cosechadora. Además, la Guardia Civil no solo realiza su propia investigación in situ, sino además también realiza la labor de investigación de los posibles causantes del incendio”.

La consejera recalca que la Guardia Civil “ha tomado declaración” para poder esclarecer los hechos “y elevar la denuncia que corresponda ante el órgano judicial”, apuntando que no le consta “que haya habido ninguna situación de ningún tipo, ni de entorpecimiento, sino de total y absoluta colaboración”.

Una decena de expertos y alumnos de Criminología de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) se han adentrado, dirigidas por la doctora investigadora del Instituto Vasco de Criminología, Gema Varona a la cárcel de Zubieta para conversar con una veintena de internos y tratar de entender qué les ha llevado a cometer los delitos por los cuales han sido condenados. La actividad, que desde hace cuatro años aborda temas distintos con personas internas en cárceles vascas, se ha realizado este viernes dentro del Curso de Verano de la EHU 'Criminología dentro y fuera de prisión: Cruce de caminos'.

Por motivos de confidencialidad y para asegurarse de que la conversación con los internos fuera honesta y sin miedos, este periódico no ha podido acceder al encuentro, no obstante, tras él, Varona ha explicado en qué se ha basado, los objetivos del mismo y las conclusiones a las que han llegado tras reunirse durante más de tres horas con 17 presos y 3 presas de la cárcel de Zubieta de entre 24 y 60 años. “Hemos realizado una dinámica de diálogo, un círculo en el que cada uno contaba por qué estaba ahí y su historia de vida. Lo han hecho con un objeto de palabra que se iban pasando unos a otros. Después, hemos hecho una dinámica creativa con plastilina para plasmar qué les había parecido y qué se llevaban de la actividad”, ha detallado.

“En un círculo de diálogo de estas características no es necesario hablar si uno no quiere. Todo se lleva a cabo desde el respeto y la confidencialidad. Es una conversación en la que sobre todo lo que queremos es que se escuche lo que el otro dice, no para justificarlo ni para compartirlo, sino simplemente para entender. No queríamos que detallasen nada sobre el delito cometido, sino que hablaran sobre las causas que les llevaron a cometerlo. Traumas en la infancia, en la adolescencia, la falta de recursos a lo largo de la vida, una gestión errónea de las emociones, malas compañías, querer obtener dinero fácil o discriminación han sido algunas de las razones aportadas”, ha confesado Varona.

No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas

Entre los asistentes también ha participado una persona que ha sido víctima de un delito que ha subrayado la “importancia de responsabilizarse a pesar de las estructuras injustas” que ha podido llegar a vivir la persona que comete el delito y cómo se puede prevenir que ocurra. “Los internos han dado mucha importancia a la conexión con las demás personas, a tener vínculos que les hagan que pertenecen a algo, que se les valora. Ha habido diferentes opiniones porque en realidad lo que nos interesaban eran sus propias percepciones sin tener que personalizar, aunque alguno lo haya hecho”, ha indicado la experta.

Según ha destacado, estudiar e investigar la comisión de un delito es complejo dependiendo de qué es lo que se haya hecho. “No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas y, en mi caso, llevar a los estudiantes para que rompan los estereotipos que se tienen respecto a las personas que han podido cometer un homicidio o tráfico de drogas. Nosotros estudiamos comportamientos delictivos de personas de carne y hueso, son humanos como nosotros y pueden haber cometido algo horrible, pero no debemos deshumanizarlos porque si lo hacemos no vamos a entender cuáles han sido las razones que les han llevado a cometer los delitos. Y repito que entender no es compartir ni justificar”, ha recalcado.

Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado

Durante el encuentro han tratado de que la conversación fuera cómoda y participativa, pero también han encontrado puntos de desencuentro o cuestiones que han sido más complicadas de abordar con los internos, sobre todo las relacionadas con la violencia machista. “Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado. La normativa internacional interna obliga a tener programas específicos de violencia de género con personas que la han ejercido, pero muchas veces es complicado por lo que llamamos en Criminología como técnicas de neutralización de la culpa o la desvinculación moral selectiva. Estas cuestiones hacen pensar que incluso quienes cometen este tipo de delitos son más víctimas que autores. Por eso es importante que en prisión haya recursos y preparación suficiente y también apoyo a las personas funcionarias porque realizan un trabajo muy complejo para poder ayudar al cambio de estas personas. El cambio no es fácil, la sociedad piensa que porque se les haya privado de libertad y se les haya metido en prisión van a reflexionar y cambiar y muchas veces es al revés, porque de manera más o menos irracional los internos pueden llegar a sentirse víctimas del sistema”, ha lamentado Varona.

Para la experta lo importante es que “la sociedad entienda que el objetivo de la prisión debe ser que no se vuelva a cometer ningún delito y que las personas internas aprendan algo estando dentro de prisión”. “Se trata de que cuando salgan respeten, por eso hay que entender cuáles son los problemas que tienen y responder de la manera menos dañina posible porque el coste de estar en prisión no es solamente una privación de libertad, también tiene una afectación en familias y en la propia sociedad”, ha concluido Varona quien no descarta volver a repetir un encuentro similar el año que viene.

La Guardia Civil en La Rioja mantiene una vigilancia activa y permanente para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas que privan a determinados conductores del derecho a conducir. Con motivo del periodo estival y de la celebración de numerosas fiestas patronales en los distintos municipios riojanos, la Guardia Civil ha reforzado los controles destinados a verificar el cumplimiento de estas medidas.

Para ello, además de los controles realizados por las patrullas uniformadas del Sector de Tráfico y del Servicio de Seguridad Ciudadana, se llevan a cabo dispositivos específicos de vigilancia mediante vehículos camuflados y agentes de paisano pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT).

Desde el inicio del año hasta finales de mayo, un total de 133 conductores han sido interceptados circulando sin la autorización correspondiente:

El objetivo de estas actuaciones es garantizar la seguridad vial y proteger al conjunto de los usuarios de la vía, evitando conductas que ponen en grave riesgo la circulación. Asimismo, se busca eliminar cualquier falsa sensación de impunidad de quienes creen que, una vez sancionados o privados del permiso de conducción, no existe supervisión efectiva sobre su comportamiento.

Entre los delitos contra la seguridad vial que pueden llevar aparejada la privación del derecho a conducir se encuentran la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, los excesos de velocidad constitutivos de delito, la conducción temeraria, la negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas, el abandono del lugar de un accidente y determinadas conductas imprudentes con resultado de lesiones o fallecimiento.

La conducción durante el periodo de privación judicial del permiso o tras la pérdida de vigencia por agotamiento de los puntos constituye un delito recogido en el artículo 384 del Código Penal, castigado con penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Desde el Instituto Armado se recuerda que la pérdida de vigencia del permiso por agotamiento de los puntos obliga al conductor a abstenerse de conducir durante el periodo legalmente establecido y a superar posteriormente los correspondientes cursos de sensibilización y reeducación vial, así como las pruebas exigidas para la recuperación de la autorización administrativa.

Las infracciones que con mayor frecuencia provocan la pérdida de puntos son los excesos de velocidad, el uso del teléfono móvil durante la conducción, la no utilización del cinturón de seguridad y el consumo de alcohol o drogas.

Agentes de la patrulla de Protección de la Naturaleza de Illescas (PACPRONA) han detenido a un varón como presunto autor de tres delitos de maltrato animal y un delito de amenazas, tras abatir con una escopeta de caza a cinco perros.

Las investigaciones se iniciaron tras la desaparición de varios perros cuyos propietarios habían denunciado los hechos dos años antes. Como resultado, los agentes realizaron una inspección en una finca rústica situada en la zona norte de la comarca de la Sagra (Toledo), donde localizaron restos óseos de cuatro perros enterrados en distintos puntos bajo toneladas de estiércol.

Asimismo, se localizó y recuperó un cráneo parcial de perro que presentaba varios perdigones incrustados y una lesión compatible con la trayectoria de los proyectiles. Entre los restos hallados se localizaron los dispositivos deidentificación (microchips) de dos de los animales, lo que permitió confirmar su identidad.

Abatidos dos años antes: solo se han recuperado restos de cuatro

Las gestiones practicadas determinaron que los cinco perros habrían sido abatidos con disparos de escopeta aproximadamente dos años antes de su hallazgo, aunque únicamente fue posible recuperar los restos de cuatro de llos. Los animales correspondían a dos perros de raza pastor alemán, dos huskies siberianos, y un perro mestizo.

Cuatro de ellos figurabano ficialmente como desaparecidos tras las denuncias presentadas por sus propietarios.

En el marco de la investigación los agentes procedieron a la intervención de tres escopetas, un rifle, una carabina y una pistola propiedad del presunto autor, quien disponía de toda la documentación y licencias en vigor.

Para el esclarecimiento de los hechos se contó con la colaboración de una taxidermia de la provincia de Toledo y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

El artículo 340 bis del Código Penal establece penas de prisión de hasta dos años, además de la inhabilitación especial para la tenencia de animales y para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio relacionado con ellos, así como a la posible privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de hasta cinco años.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

La Audiencia Provincial ha absuelto a un hombre que inicialmente fue condenado por un delito de desobediencia tras negarse a identificarse legalmente en un hotel de Almería durante la pasada temporada veraniega alegando ser nacional de la ficticia 'República Errante Menda Lerenda'.

La sentencia, consultada por Europa Press, revoca el fallo dictado por la titular de la Plaza 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería al considerar que los hechos no revisten la gravedad suficiente para ser considerados delito, aunque deja la puerta abierta a que la Policía Nacional pueda abrir un expendiente por infracción administrativa.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de agosto del pasado año, cuando el acusado se encontraba en uno de los hoteles de la zona de El Toyo, en la capital almeriense, donde intentaba identificarse en la recepción como nacional de la 'República Errante Menda Lerenda' mediante un “burdo” pasaporte.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento hotelero comisionados al respecto y se entrevistaron con el hombre, quien comenzó a mostrar una “actitud desafiante a los agentes”, a quienes negó su identificación.

El hombre comenzó a vociferar y a realizar aspavientos sin hacer caso los agentes, quienes le pedían que depusiera su actitud porque estaba molestando a otras personas en el hotel. Finalmente, tuvieron que sacarlo a la fuerza del edificio ya que “no obedecía a los agentes” ni mostraba “colaboración alguna”.

La mera negativa a identificarse ya no es delito

Aunque la Audiencia considera probados estos hechos, estima el recurso de apelación impulsado por la defensa y considera que lo ocurrido, pese a ser un acto de “rebeldía”, no fue lo suficientemente grave para ser considerado delito conforme al artículo 556.1 del Código Penal.

En esta línea, la Sección Segunda incide en que tras las reformas legislativas recientes, la mera negativa a identificarse a requerimiento de los agentes del orden ha sido expulsada de la órbita penal.

De este modo, recalca que conductas basadas en la mera negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad policial están contempladas como una infracción administrativa en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Con ello, revoca el fallo original que le imponía seis meses de multa a razón de seis euros diarios así como las costas.

Cinco personas han resultado detenidas en la localidad albaceteña de Aguas Nuevas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial, por vulnerar el derecho de marca, donde se han intervenido 1.730 prendas deportivas falsificadas.

Los componentes del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete localizaron varios envíos postales dirigidos al nombre de estas personas con edades comprendidas entre los 32 y los 50 años, que contenían un total de 1.345 camisetas de fútbol de selecciones nacionales del presente mundial y 385 equipaciones deportivas, todas ellas falsificadas y con los logotipos de una marca de reconocido prestigio.

Dentro de las funciones que tienen encomendadas los integrantes del Destacamento de Fiscal y de Fronteras de Benemérita albaceteña se encuentra la inspección y control de las mercancías que transitan a través de las empresas de paquetería. Fue en una de estas inspecciones cuando los agentes del Cuerpo localizaron varios paquetes que, por sus características, infundieron sospechas de contener mercancía textil ilegal o falsificada que podría vulnerar los derechos de propiedad industrial de las mercantiles que fabrican los productos originales.

Tras la inspección de los paquetes se pudo comprobar que contenían 1.345 camisetas y 385 equipaciones completas de equipos de fútbol, todas ellas imitando ilícitamente una conocida marca deportiva y careciendo de cualquier tipo de documentación que acreditase su legítima procedencia.

La falsificación de estos artículos deportivos imitaba al detalle los elementos y logotipos de la reconocida marca comercial, pero carecían de diversos elementos autenticadores, propios de la marca. En total, la comercialización de estas prendas falsificadas pudiera haber supuesto un fraude cercano a los 172.000 euros.

Modus operandi

La mercancía intervenida era adquirida por las personas investigadas, través de internet, procedente del mercado asiático, a un coste muy por debajo del valor original del mercado. Una vez que las prendas llegan a distintos puntos de la geografía española a través del reparto de paquetería, estaban destinadas a ser distribuidas a otras personas acabarían poniéndolas a disposición del público general a través del mercado ilícito conocido popularmente como 'top manta'.

Diligencias instruidas

Las diligencias instruidas por efectivos del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Benemérita albaceteña fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Nº UNO de Albacete, en funciones de guardia, quedando la mercancía a disposición judicial.

La mercancía aprehendida tenía como destino la venta ilícita en los diferentes mercadillos que suelen instalarse en las ferias y fiestas que, con la llegada del verano, se celebran en numerosas localidades de la provincia de Albacete.

La Guardia Civil detiene a una persona por estafar a un ciudadano de la provincia de Guadalajara por la falsa oferta de reformas a domicilio.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el perjudicado, quien había contactado a través de una plataforma de compraventa con una persona que ofrecía servicios de instalación y reformas para viviendas.

Tras varias conversaciones y la recepción de un presupuesto para la ejecución de los trabajos, la víctima realizó un pago anticipado destinado, en teoría, a la adquisición de los materiales necesarios para la obra. Posteriormente, el supuesto profesional fue demorando la entrega comprometida con distintos pretextos hasta que, finalmente, cesó toda comunicación, sin entregar los materiales ni ejecutar los trabajos acordados.

Ante esta situación, el perjudicado interpuso la correspondiente denuncia en la sede electrónica de la Guardia Civil.

El modus operandi

El investigado se servía de plataformas digitales de compraventa y de anuncios para localizar a potenciales clientes interesados en realizar obras o mejoras en sus viviendas. Con el fin de generar confianza, ofrecía presupuestos detallados, exhibía imágenes de supuestos trabajos anteriores y aportaba documentación relativa a los productos o servicios ofertados.

Una vez consolidada la relación con la víctima, reclamaba pagos anticipados alegando la necesidad de adquirir materiales o de reservar pedidos con los proveedores. Tras recibir el dinero, recurría a continuos retrasos y excusas para justificar el incumplimiento de los plazos pactados, prolongando la situación hasta interrumpir todo contacto con el cliente.

La investigación

Tras la denuncia interpuesta, el Equipo @ de la CiberComandancia activó los protocolos de investigación orientados al esclarecimiento de los hechos, analizando las conversaciones mantenidas entre las partes y la trazabilidad del movimiento económico.

Como resultado de las gestiones realizadas, se logró identificar plenamente al presunto autor de la estafa, con domicilio en Madrid, a quien se tomó manifestación a través del Puesto de Mejorada del Campo. Por la CiberComandancia se instruyeron las correspondientes diligencias, que fueron remitidas a la Autoridad Judicial de Guadalajara.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Toledo, en el marco de la operación Alkharuf, han detenido a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública por comercializar carne de cordero procedente de una explotación ovina en la que, supuestamente, se sacrificaban animales sin ningún tipo de control sanitario ni la trazabilidad exigida por la normativa vigente.

Los agentes junto con veterinarios de la Dirección General de Salud Pública de Toledo, realizaron una inspección en la carnicería regentada por el detenido, donde encontraron varios canales de cordero expuestos para su venta, careciendo de marca sanitaria ni documentación que acreditara su procedencia, según señala la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado. Estas condiciones suponen un grave riesgo para la salud alimentaria y la salud pública, por lo que las carnes fueron inmovilizadas y posteriormente destruidas.

De forma simultánea, otros agentes y veterinarios de la Delegación Provincial de Ganadería de Toledo, realizaron una inspección en una explotación ganadera situada en el término municipal de Mazarambroz (Toledo), de la que presuntamente procedían las citadas canales de cordero.

En el lugar se halló una sala destinada al sacrificio de animales, así como un total de 228 cabezas de ganado, 211 ovinos y 17 caprinos, que carecían de identificación y trazabilidad necesaria para determinar su origen.

Tras estas irregularidades y mediante los correspondientes informes veterinarios, se determinó que los animales no eran aptos para el consumo humano, procediéndose a su inmovilización y posterior sacrificio.

Asimismo, dos trabajadores de la explotación ganadera han sido investigados por su presunta implicación en estos delitos contra la salud pública.

La investigación, iniciada a finales del pasado mes de marzo, ha permitido evitar la comercialización de carnes sin las debidas garantías sanitarias, valoradas en aproximadamente 45.500 euros. Los animales carecían de los controles obligatorios de zoonosis y prevención de enfermedades infecciosas, circunstancia que habría supuesto un grave riesgo para los consumidores y para la salud pública.

La Guardia Civil ha informado de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En Motilla del Palancar dan por concluido un episodio de numerosos robos acumulados en los últimos meses y que había causado un importante malestar entre los vecinos y vecinas de esta localidad conquense.

Los delitos eran presuntamente realizados por dos grupos diferentes que coincidieron en tiempo y en lugar en esta localidad y su comarca.

Por una parte, han sido detenidas dos personas como presuntos autores de 20 delitos graves cometidos en las provincias de Cuenca y Toledo, aunque principalmente actuaban en Motilla del Palancar y su comarca. Ambos contaban con un importante historial delictivo y presuntamente cometían robos con fuerza en casas habitadas, robos con fuerza en establecimientos hosteleros, sustracción de vehículos, daños, delitos contra la administración de justicia y delitos contra la seguridad vial. En esta operación también fueron arrestadas dos mujeres por intentar favorecer la huida de los detenidos.

De forma paralela a los delitos de este grupo, el Ayuntamiento de Motilla del Palancar informa a elDiario.es Castilla-La Mancha de la existencia de otro hombre que era el presunto autor de varios robos en bares y restaurantes. Esta persona falleció la semana pasada cuando trataba de forzar de madrugada el cierre de un establecimiento.

Con las detenciones, el pueblo “recuperará la tranquilidad”

El alcalde, Pedro Javier Tendero, no tiene cifras exactas del número de delitos que se han producido en esta oleada que ha afectado a su municipio. “Se lleva produciendo unos meses. Había madrugadas en las que sufrían robos varios locales y también viviendas, donde el objetivo era hacerse con las llaves de los vehículos para llevárselos y utilizarlos en la comisión de nuevos delitos. En algunos casos, con los vecinos dentro de la casa. Eso ha generado malestar y miedo”, afirma Tendero.

No obstante, asegura que, gracias a las detenciones realizadas este martes, estos hechos van a bajar “de manera sobresaliente” y espera que el pueblo “recupere la tranquilidad”.

Estas circunstancias han provocado que más de mil vecinos y vecinas de Motilla del Palancar salieran a la calle este miércoles para decir basta a la oleada de robos, bajo el lema “Menos robos, más seguridad”.

Un hombre fue asesinado de un tiro en la cabeza este miércoles, en la céntrica calle Balmes de Barcelona y a plena luz del día. Otros dos en la Zona Franca con el mismo procedimiento y en menos de un mes. Y otro tiroteo, en abril, en el Poblenou, contra un hombre serbio y su hija. Cuatro crímenes prácticamente iguales en dos meses, que han puesto esta cuestión bajo el foco social y mediático y que los Mossos vinculan directamente con el narcotráfico.

A la espera de la investigación que debe esclarecer los hechos y cuando el autor del disparo mortal continúa huido, la policía catalana sigue la hipótesis de que la última ejecución forma parte de la misma guerra de bandas que está detrás de los anteriores tiroteos. Un conflicto entre clanes con origen balcánico pero relacionados con Catalunya por la proliferación, sobe todo, de grandes plantaciones de marihuana que suministran a buena parte de Europa.

Ante esta situación, el departamento de Interior del Govern reclama un aumento de las penas vinculadas al narcotráfico, concretamente a la marihuana, y también que la tenencia ilegal de armas conlleve entrar en prisión. Según ha asegurado el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, eso evitaría que una persona que ya ha sido localizada con un arma de fuego quedase en libertad y pudiera cometer un delito inminente.

En concreto, según ha explicado la consellera de Interior, Núria Parlon, su propuesta sería que la pena de prisión por tenencia de armas de fuego aumente de los 2 años actuales a los 5, lo que evitar que se pudiera eludir la cárcel. En el caso del cannabis, Interior plantea que el tráfico y los grandes cultivos dejen de estar en la franja baja de la pena (de 1 a 3 años) por considerarse drogas blandas, y pasen a la franja alta (de 6 a 9 años).

Según los datos ofrecidos por la policía, en 2025 se produjeron 28 heridos por disparos y ocho muertos por esta misma causa. En lo que va de 2026, los heridos son 18 y los muertos son ya seis. Unas cifras que permiten pronosticar que los muertos por armas de fuego podrían aumentar respecto al año pasado.

Interior destaca que, pese a lo anterior, los incidentes con arma de fuego han disminuido en los primeros meses de 2026 respecto al año pasado. Entonces se registraron 93 tiroteos en 2025, mientras que durante el último medio año han sido 24. Además, ha crecido el número de armas cortas.

Todos estos datos llevan a la policía catalana a inferir que Barcelona está siendo escenario de una guerra de bandas, marco en el que se producen estos asesinatos. La policía investiga tanto la posible participación de profesionales o sicarios, así como si los autores de los crímenes contaban con bases en la ciudad. Los Mossos consideran que, de ser así, el objetivo prioritario es desmantelar estas estructuras.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona al productor de cine Xavier Atance, de 66 años y jefe de Benecé Produccions, acusado de agredir sexualmente a tres trabajadoras.

La detención se produjo este miércoles por la tarde en Barcelona tras las denuncias presentadas por las tres mujeres, según ha avanzado El Periódico y han confirmado a la agencia EFE fuentes del entorno de la productora.

Las tres denunciantes tienen 24, 26 y 30 años. Fuentes cercanas al caso han explicado que la investigación sigue abierta, ya que no se descarta que pueda haber más víctimas o que se presenten nuevas denuncias.

El productor de cine detenido pasará este jueves a disposición judicial en el juzgado de Violencia sobre la Mujer. La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Les Corts se ha hecho cargo del caso, que sigue abierto.

Dos personas han sido detenidas en Pozuelo de Calatrava por 16 delitos contra el patrimonio en explotaciones agrícolas y transformadores eléctricos de la provincia.

Desde enero hasta abril de este año se cometieron una serie de delitos contra el patrimonio en las localidades de Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Daimiel, Almagro, Pozuelo de Calatrava y Aldea del Rey.

Por su modus operandi y el tipo de mercancía robada, hizo suponer a los agentes del equipo Roca de la Guardia Civil que se trataba del mismo autor, iniciándose la operación Montevecchio para la identificación y detención de los presuntos autores de estos robos y hurtos.

Se llevaron a cabo diferentes labores de investigación y colaboración con los propios agricultores, lo que dio lugar a la investigación de un vehículo concreto que merodeaba cerca de diferentes trasformadores y fincas a horas intempestivas, pudiendo comprobar como los autores en primer lugar vigilaban los posibles objetivos para más tarde volver y cometer el hecho delictivo, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los robos y hurtos casi siempre eran llevados a cabo en transformadores eléctricos aislados o bien casetas de riego o de aperos, así como vallados de fácil acceso, llevándose cableado de cobre, postes de emparrado, baterías de plomo, gasóleo agrícola y algún otro material.

Estos se llevaban a cabo por la tarde noche, cuando las fincas se encontraban vacías y había menos tránsito de personas y trabajadores.

A la vista de todos los indicios se detuvieron a dos personas y se investigó a una más por dieciséis delitos contra el patrimonio, por el robo con fuerza y hurto de diferentes explotaciones agrícolas y transformadores eléctricos.

Los presuntos autores habían obtenido unos beneficios de alrededor de unos 4.500 euros, aunque el perjuicio económico causado superaba los 50.000 euros.

Las diligencias policiales y los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal Único de Instancia de Almagro (Ciudad Real).

La broma le puede haber salido muy cara a un joven de 19 años en Huesca a quien agentes de Policía Nacional han detenido por haber simulado numerosas situaciones de peligro para movilizar los servicios de emergencia.

La investigación se inició a raíz de detectar una patrulla de Seguridad Ciudadana que habían sido comisionados para un servicio al parecer inventado, puesto que el testigo afirmaba estar observando como un varón estaba sustrayendo una bicicleta. Cuando la patrulla llegó al lugar tan solo observó al testigo, cuya apariencia física coincidía plenamente con las características que él mismo había descrito del autor de los hechos, pero que negaba haber realizado la llamada. Resultando además que tan solo unos días antes ese mismo testigo había activado los servicios de emergencia para otra situación similar, comisionándose a esa misma patrulla.

La Brigada de Información de la Comisaría Provincial de Huesca inició una investigación, que ha permitido determinar que esta persona en tan solo dos semanas simuló hasta en ocho ocasiones situaciones de peligro, activando los servicios de emergencia tanto a través del CIMACC 091 como a través de la aplicación ALERTCOPS. Estas situaciones de peligro ficticias constituían desde alertas por robos de patinetes y bicis, peleas entre jóvenes, agresiones a indigentes, tráfico de drogas o tentativas de suicidio de amigos.

Por tales hechos, se procedió a su detención como autor de delito de desórdenes públicos, puesto que estas falsas alarmas movilizan servicios esenciales policiales, detrayendo recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de otras funciones. A ello hay que sumar que para dar respuesta a estas llamadas en las que hay víctimas, los funcionarios de los vehículos de emergencias acuden al lugar con los acústicos y luminosos activados, ya que la velocidad de respuesta suele ser vital en las emergencias, por lo que ponen en riesgo su integridad.

La policía recuerda que afirmar falsamente o simular una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, constituye un delito de desórdenes públicos del artículo 561 del Código Penal.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Lutasanol', ha desarticulado una red criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos a cambio del cobro de entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso. Se habrían tramitado ilegalmente más de un centenar de casos.

La operación se ha saldado con la detención del principal captador de la trama y la investigación de otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral que colaboraba con la trama.

La organización extendía su actividad en la provincia de Almería, pero también captaba ciudadanos en Murcia y diversos puntos de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.

Asimismo, se ha llevado a cabo un registro en el establecimiento que servía como centro de operaciones de la trama donde se intervino abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo procedente presuntamente de los cobros realizados a las víctimas.

Fraude superior a 100.000 euros

Según la investigación que comenzó el pasado año, los miembros de la organización captaban a personas extranjeras que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España.

Para ello, les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el objetivo de presentar documentación aparentemente legal ante la Administración, pidiendo a cambio cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros.

Los agentes han podido constatar que la organización realizaba altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a los 100.000 euros y con el que se les podía incluso facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.

Según la Guardia Civil, la estructura contaba con funciones “perfectamente repartidas entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a toda la operativa”.

Red criminal interprovincial

“Se trataba de una activa red criminal interprovincial que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo beneficio económico mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España”, ha precisado el Instituto Armado.

Por tal motivo se procedió a la detención de una persona que ejercía las funciones de captador, así como a la investigación de los administradores de la mercantil localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, y del gestor laboral/contable con despacho profesional en Almería.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido y dirigida por el Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza nº 5 de El Ejido (Almería).

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han investigado a un varón propietario de una explotación hortícola intensiva, ubicada en el término municipal de Burujón en Toledo, como presunto autor de un delito contra la salud pública y el medio ambiente, al utilizar productos fitosanitarios prohibidos, “con presencia de principios activos de extrema peligrosidad” en el cultivo de hortalizas que posteriormente eran distribuidas a diferentes supermercados.

Según un comunicado de la Guardia Civil, la operación denominada ‘Sangou' se desarrolló en colaboración con inspectores adscritos a la Dirección General de Ordenación Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y un Agente Medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en una explotación agrícola compuesta por varios invernaderos destinados al cultivo intensivo de verduras y hortalizas.

En el lugar, los agentes localizaron un almacén clandestino que albergaba más de 600 envases de productos fitosanitarios de procedencia asiática. Se sospecha que estos productos se habrían introducido en España eludiendo los cauces regulares para su importación legal, incumpliendo las diferentes normativas nacionales y europeas, al carecer del etiquetado reglamentario o número de registro del fabricante, informa el instituto armado.

Asimismo, los envases, que han sido intervenidos, omitían cualquier información crítica sobre toxicidad, pictogramas de seguridad y dosis de aplicación.

Según la Guardia Civil, el análisis preliminar de las sustancias reveló la “presencia de principios activos de extrema peligrosidad, muchos de los cuales han sido expresamente prohibidos o no renovados por la normativa de la Unión Europea debido a sus efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente”.

En la explotación agrícola se recogieron muestras, tanto de tierra, como de hojas de las verduras y hortalizas que se estaban cultivando, para su posterior análisis. Los resultados confirmaron la presencia en los alimentos de sustancias químicas prohibidas, con el consiguiente riesgo de que llegaran al consumidor final con trazas de alta toxicidad.

Los agentes constataron una absoluta falta de condiciones higiénico sanitarias y una gestión negligente de residuos peligrosos, destacando el hallazgo de una fosa utilizada para la eliminación mediante quema de los envases de productos fitosanitarios junto con otros residuos de diferente naturaleza.

Además, se detectó una estación de repostaje artesanal e improvisada que habría provocado el vertido directo de hidrocarburos sobre un terreno que se encontraba a escasos metros del arroyo de Alcubillete, cauce fluvial que divide la explotación, existiendo un riesgo real de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

Canarias registró en 2025 una tasa de 3,82 delitos e incidentes de odio por cada 100.000 habitantes, frente a los 4,92 de media nacional, una cifra idéntica a la de Cataluña y solo superior a la registrada en Andalucía (3,40), según el último informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España.

El documento, basado en datos oficiales del Sistema Estadístico de Criminalidad, señala que el racismo y la xenofobia constituyeron el principal motivo de victimización en el archipiélago, con el 38,4% de los casos, seguidos de los delitos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género (26,7%).

Las comunidades autónomas con mayor tasa de delitos e incidentes de odio fueron Melilla (21,89), Navarra (15,65), Ceuta (10,77), País Vasco (8,65) y Asturias (7,01), mientras que las que registraron las tasas más bajas fueron Andalucía (3,40), Cataluña y Canarias (3,82), Aragón (4,05) y La Rioja (4,28).

En términos absolutos, en 2025 se registraron en Canarias 86 hechos conocidos relacionados con delitos e incidentes de odio, de los cuales 37 estuvieron vinculados al racismo o la xenofobia y 21 a la orientación sexual y la identidad de género.

Por estos delitos se practicaron 33 detenciones en el archipiélago: 15 por racismo o xenofobia, seis por orientación sexual e identidad de género, seis por creencias o prácticas religiosas, cinco por discriminación por sexo o género y una por disfobia.

Además, se esclarecieron 51 de los 86 hechos conocidos, 30 en la provincia de Las Palmas y 21 en la de Santa Cruz de Tenerife, la mayoría relacionados con racismo o xenofobia (24) y orientación sexual o identidad de género (17).

A nivel nacional, los hechos conocidos ascendieron a 2.416, de los que 1.585 fueron esclarecidos, con 1.018 detenciones o personas investigadas.

Por tipología, en el conjunto de España predominaron las amenazas, seguidas de las lesiones y los delitos de promoción o incitación al odio y la mayoría de las víctimas fueron hombres (62,34%), de entre 26 y 40 años (33,22%) y de nacionalidad española (60,46%).

Entre las víctimas extranjeras, que representaron el 39,54%, la mayoría procedían de África (16,16%), representando un 9,98% los marroquíes (9,98%) y un 1,14% los argelinos, y de América (15,65%), siendo principalmente los afectados colombianos (4,32%) y venezolanos (2,22%).

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revocado la condena por estafa impuesta en primera instancia a una mediadora inmobiliaria que operaba en Fuerteventura y ha acordado su absolución al entender que no ha quedado probado con la solidez exigible el “engaño bastante” propio del delito. La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia de Las Palmas el 13 de octubre de 2025, le imponía un año de prisión y el pago de 15.000 euros de indemnización a los compradores.

Los hechos se remontan a la primavera de 2016. Según la resolución, el 22 de abril de 2016 unos clientes de la investigada le hicieron una transferencia de 14.000 euros para la reserva de un apartamento en Fuerteventura y, el 24 de mayo de 2016, realizaron otras tres transferencias por 11.000 euros, 1.275 euros y 15.000 euros, esta última bajo el concepto de “reforma apartamento”.

El 27 de mayo de 2016 se firmó un contrato privado de arrendamiento con opción a compra sobre la vivienda, que después no llegó a elevarse a público por la calificación del inmueble como VPO, circunstancia que la Sala de lo Penal del TSJC recoge como parte del contexto del conflicto. La Audiencia había considerado probado que la acusada actuó “aprovechándose del desconocimiento del idioma” de los compradores y que les hizo creer que la operación no tendría coste de intermediación, cuando en realidad habría cobrado una comisión de 15.000 euros “absolutamente desproporcionada”.

El TSJ, sin embargo, concluye que esa versión no queda acreditada con la firmeza necesaria y que el razonamiento condenatorio presenta debilidades“. La Sala afirma que la cuestión podía suscitar dudas sobre el destino final del dinero y sobre la corrección de la intermediación, pero que eso no basta para afirmar penalmente una estafa, porque ”no concurren los hechos típicos del delito de estafa“.

La resolución añade que el hecho de que los 15.000 euros se ingresaran en la cuenta de la inmobiliaria “resulta irrelevante” por sí solo para excluir o afirmar el ánimo de lucro, y recuerda que la actividad del mediador inmobiliario es “típicamente onerosa”. En este contexto, apunta la sentencia, adquiere relevancia la doctrina del llamado “deber de autotutela o autoprotección de la víctima” en el delito de estafa.

La jurisprudencia penal, recuerda el tribunal, perfila este deber como un criterio auxiliar para valorar la suficiencia del engaño: se protege a la persona media que actúa con la diligencia ordinaria, “pero no se extiende la cobertura penal a supuestos en que el propio comportamiento de la víctima, por su pasividad o falta de mínima comprobación, contribuye decisivamente a la producción del daño”, subraya.

Aunque la jurisprudencia más reciente limita una interpretación extensiva del deber de autoprotección, recordando que el engaño no tiene que quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima, es lo cierto, enfatiza el TSJC, que en este caso “los compradores-denunciantes (que, por cierto, llevan ocupando legítimamente la vivienda que iban a comprar casi diez años y que se negaron a aceptar un acuerdo más que razonable para dar solución al conflicto) no podían ignorar cuál era el destino de los 15.000 euros, dada la sustancial equivalencia de las expresiones en español e italiano”.

El tribunal revoca íntegramente la sentencia de instancia, absuelve a la acusada y declara de oficio las costas del recurso.

Agentes de la Paprona de Illescas han puesto a disposición judicial a dos personas investigadas por un delito de falsificación de documento público y suplantación de identidad.

Como consecuencia de las inspecciones realizadas durante el pasado mes de diciembre se detectó la existencia de un albergue en esta localidad toledana en el que se custodiaban a 14 perros, varios ejemplares de cerdo vietnamita y una gran cantidad de gatos de distintas razas.

Fruto de la investigación se comprobó que dicho establecimiento operaba de manera clandestina, que carecía de la documentación obligatoria y que estaba al margen de las inspecciones de los veterinarios de la administración pública, según el instituto armado.

Presunta colaboración en fraude de una veterinaria

Al solicitar a la titular del albergue la documentación obligatoria para la identificación de los animales y comprobación de las vacunas y tratamientos sanitarios, una veterinaria habría cumplimentado fraudulentamente con su número de colegiada, los sellos oficiales antirrábicos.

De las gestiones de averiguación por parte de la Paprona de Illescas, se constató que la clínica donde supuestamente trabajaba la veterinaria que había certificado los tratamientos bajo sospecha, no dispensaba asistencia a perros o gatos, trabajando únicamente con animales exóticos y confirmando sus responsables que los animales localizados en Illescas en ningún momento habían sido tratados por ellos.

Desde la dirección de la clínica denunciaron el uso fraudulento del sello de su empresa, constándose cuatro firmas manifiestamente distintas de la supuesta veterinaria y modificaciones en las fechas de administración de las vacunas para que parecieran inyectadas previamente a la inspección del Seprona con la finalidad de evadir posibles responsabilidades administrativas.