La Sección de Instrucción 3 del Tribunal de Instancia de Ávila ha incoado diligencias previas para investigar el incendio forestal que se inició en el término municipal de Burgohondo, el mayor de la historia reciente de España que arrasó 37.800 hectáreas, por los indicios de que se hayan cometido los delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente.

Según ha informado este miércoles el TSJ de Castilla y León en un comunicado, el tribunal abulense ha decidido abrir esta investigación tras examinar el atestado inicial elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil del fuego.

Asimismo, el órgano judicial ha recibido hasta el momento alrededor de medio centenar de denuncias presentadas por personas perjudicadas por el incendio, explica EFE.

La Guardia Civil detuvo a finales de julio a una persona e investigó a otra como presuntas autoras del incendio forestal de Burgohondo, que obligó activar por primera vez la emergencia nacional por su capacidad destructiva. El Seprona determinó que el origen habría sido una chispa provocada por maquinaria pesada utilizada en una zona donde estaba prohibido, después de localizar indicios de esta actividad durante una inspección técnica. A ambas personas se les atribuían de forma inicial presuntos delitos de incendio forestal y contra los recursos naturales y el medio ambiente, con agravantes por la proximidad del fuego a zonas habitadas y los graves daños a los sistemas naturales.

El incendio de Burgohondo se declaró el pasado 22 de julio y calcinó un total de 37.818 hectáreas, afectó a una veintena de municipios de los valles abulenses del Alberche y de Tierra de Pinares y del Alto Tiétar, obligó al desalojo de cerca de 40.000 personas y al confinamiento de otras 10.000. También arrasó la Reserva Natural del Valle de Iruelas, una de las poblaciones de buitre negro más importante de Europa.

Durante la fase de instrucción, el Tribunal llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el origen del incendio, determinar las circunstancias en las que se produjo y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

Un año después de la primera fase de la operación en la que se detuvo al administrador concursal de Grupo Vera, la Policía ha asestado el segundo gran mazazo a la presunta trama que durante años saqueó, presuntamente, las cuentas de uno de los grandes grupos inmobiliarios de la Costa del Sol de la burbuja inmobiliaria, luego caído en desgracia.

La Policía ha desarticulado ahora la “matriz” de esa estructura presuntamente delictiva, a la que se atribuye el expolio millonario de la masa concursal (el conjunto de activos de una empresa declarada en concurso, como propiedades inmobiliarias, saldos a favor o créditos con otras empresas) del que fuera un potentísimo conglomerado empresarial del sector de la construcción en Málaga, responsable de proyectos tan emblemáticos como algunos tramos del Metro, el Cementerio y la urbanización del Parque Tecnológico en Málaga capital, o los puertos de La Duquesa y Cabopino en Marbella, entre otros muchos.

La segunda fase de la operación 'Drave' ha supuesto la detención de una decena de personas, entre los que hay allegados a los fundadores de las concursadas. Además, con las nuevas pesquisas, el saqueo de las cuentas de la constructora en perjuicio de sus acreedores ascendería ya a 160 millones de euros.

La Policía cree que a través de una red de testaferros y sociedades interpuestas, promovieron un “expolio” del patrimonio que conservaba el grupo, valorado en 314 millones de euros al comienzo de la liquidación, gracias al despliegue de anterior y paralelo al concurso de un “cúmulo de operaciones fraudulentas de vaciado patrimonial y desvío de fondos”. Con estas operaciones se vaciaba el patrimonio del grupo destinado a satisfacer las deudas para canalizarlo hacia empresas creadas ex profeso bajo la tutela del ex director financiero de Grupo Vera y el propio administrador concursal, designado por el juzgado con el fin de velar por la conservación de la masa concursal y de darle el destino previsto por la ley.

Embargo de 135 inmuebles

El despojo de Grupo Vera ha provocado “un grave quebranto económico de las compañías acreedoras, incluida la Hacienda Pública, que han visto frustradas sus legítimas expectativas de cobro”, resaltan desde la Comisaría provincial de la Policía Nacional, que comenzó a investigar el caso a partir de una denuncia en septiembre de 2023. Era un secreto a voces en círculos empresariales y jurídicos de la capital. El Grupo II de Blanqueo de Capitales ha desarrollado la operación bajo la dirección de la Fiscalía y el juzgado de instrucción 3 de Málaga, y ha contado con el auxilio de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda .

La primera fase de la investigación se saldó con la intervención de 462.000 euros en efectivo, el bloqueo de 2,5 millones de euros en cuentas y el embargo de 173 inmuebles por valor de 140 millones, y fueron detenidas siete personas: el ex director financiero del grupo empresarial, varios familiares, un proveedor y su pareja y, el más singular de todos, el propio administrador concursal designado por el Juzgado de lo Mercantil para liquidar la masa concursal conforme a la prelación de acreedores prevista por la ley. Además, resultaron investigadas otras cuatro por su vinculación en los hechos. La Policía los acusaba de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La lista se amplía ahora con otros diez arrestos por los presuntos delitos de frustración de la ejecución --acción ilegal en la que un deudor oculta, vende o gasta sus bienes a propósito para evitar pagar una deuda o cumplir una sentencia judicial--, insolvencia punible y apropiación indebida. Además hay otras dos personas investigadas en esta segunda fase, incluido nuevamente el administrador concursal.

En el marco de la macrooperación se han efectuado dos nuevos registros en la provincia a finales del pasado mes de julio, incautándose joyas valoradas en más de 200.000 euros. Además, se han bloqueado nuevos activos financieros en nueve entidades bancarias por valor de un millón de euros y se ha decretado el embargo preventivo de 135 inmuebles valorados en más de 300 millones de euros, incluidos terrenos de muy alto valor económico, locales comerciales, garajes y viviendas.

En el cómputo global del entramado criminal desarticulado, sumando las dos fases, el expolio asciende a los 160 millones de euros. Un saqueo mayor a la deuda impagada a los acreedores, que está estipulada en torno a los 150 millones.

30 millones defraudados durante la liquidación

Las nuevas actuaciones de la operación Drave II han permitido deslindar un entramado delictivo “distinto y autónomo” que operó de forma paralela. Aprovechando la “alianza estratégica” con la administración concursal, obtuvo activos de gran valor del patrimonio de las mercantiles concursadas en beneficio de los sospechosos, unidos por lazos familiares con los fundadores del grupo empresarial, según la Policía.

De esta forma, en una fase previa al concurso se sacaron bienes por valor superior a 28 millones de euros simulando contratos de prestación de servicios (eludiendo así embargos de Hacienda que eran inminentes); transfiriendo capitales a empresas de los investigados; y vendiendo fraudulentamente activos inmobiliarios en fechas inmediatamente anteriores a la solicitud concursal en beneficio de los sospechosos.

Pero el vaciamiento no terminó ahí. La Policía cree que la trama descapitalizó el grupo en más de 30 millones de euros adicionales cuando el concurso ya había entrado en fase de liquidación; es decir, cuando la concursada estaba vendiendo sus activos para ir saldando sus deudas. Para ello, los investigados habrían articulado un procedimiento para adquirir inmuebles y carteras de créditos en subastas públicas adulteradas y en ventas directas carentes de los preceptivos requisitos de publicidad y formalizadas con cláusulas de reversión manipuladas en favor de allegados de los fundadores.

Estos métodos supusieron que bienes de gran valor de las concursadas pasaran al patrimonio privado de los mismos deudores, a precios ínfimos y libres de cargas, lo que privó a la masa del concurso de los ingresos que se habrían obtenido en un proceso de liquidación transparente y que tendrían que haberse destinado al pago priorizado de los acreedores y la Hacienda Pública, concluyen los investigadores. Para lograr su propósito, los investigados habrían contado con la ayuda de las administraciones concursales y de una red de testaferros y sociedades interpuestas.

La caída en desgracia de Grupo Vera

La operación en dos tiempos contra los responsables financieros de Grupo Vera es un triste final para una de las firmas abanderadas del ladrillo en los años de la gran burbuja inmobiliaria en la Costa del Sol. Por entonces, a comienzos de siglo, Grupo Vera se codeaba con los principales grupos inmobiliarios de Andalucía con un modelo de marcado corte familiar (allí trabajaban sobrinos, nietos y familia política por decenas) inaugurado a mediados de los años 50 por Juan Vera, y continuado por su hijo Francisco hasta su fallecimiento en 2017.

Hasta la crisis del ladrillo la empresa tenía un sólido negocio basado en gran parte en la adjudicación de obra pública, que intentó ampliar con una división inmobiliaria, concesiones de aparcamientos, una empresa de cementos y otra de gestión hotelera y de campos de golf. Pero no funcionó. En parte, porque todo se vino abajo con el estallido de la burbuja y la crisis inmobiliaria que arrastró a tantos gigantes con pies de barro, como Grupo Aifos.

Grupo Vera también entró en concurso de acreedores en 2013. El clavo definitivo fue el parón de la obra del Metro por las dificultades financieras de la Junta de Andalucía. También contribuyó el fiasco de dos proyectos faraónicos propios de aquella época: el aeropuerto (que impulsó como promotor) y el centro de ensayos ferroviarios, ambos en Antequera. Propuso entonces a sus acreedores una quita del 45% y un plan de pagos a siete años de una cantidad que parecía asumible, y por un tiempo pareció que seguiría a flote.

Pero no ocurrió. La muerte de Francisco Vera, hijo del fundador, máximo responsable y alma máter de la constructora, conocido por su capacidad persuasiva y sus contactos políticos, fue el golpe definitivo. Nadie tomó las riendas tras su fallecimiento, al menos para reflotar la empresa, que quedó ya a expensas del concurso. Entre muchos otros inmuebles y derechos de cobro, Vera todavía conservaba entonces una oficina en el Parque Tecnológico valorada en 37 millones, el campo de Baviera Golf (en Caleta de Vélez), valorado en 16,8 o la gestión de dos aparcamientos públicos en Vélez-Málaga y Torre del Mar, valorada en 5,1 millones. El pasivo (las deudas del grupo) era de 227 millones, lo que suponía un margen teórico de más de 80 millones de margen para saldarlas. Sin embargo, no fue suficiente.

Primero vino el ERE para sus 77 trabajadores, luego la liquidación del patrimonio y entre tanto, un escándalo financiero que protagonizan su máximo responsable financiero, familiares y el administrador concursal, que habrían urdido una presunta trama con el fin de sacar todo el dinero posible de los restos del gigante caído. Los afectados por la trama han constituido una plataforma de perjudicados en el juzgado.

La Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional por razones médicas a Inocente Orlando Montano Morales, exmilitar y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, condenado por el asesinato del ideólogo de la Teoría de la Liberación, Ignacio Ellacuría, y otros cuatro jesuitas españoles en 1989 en El Salvador. Montano, de 84 años, cumplía una condena de 133 años y tres meses en la prisión de Madrid VII de Estremera.

Fue la propia prisión la que, en marzo de este año, propuso la concesión de la libertad condicional a Montano, que fue condenado en 2020 por cinco delitos de asesinato con límite de cumplimiento de 30 años de privación de libertad.

El magistrado de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha justificado la decisión de libertad condicional por el deterioro de salud del ex militar. Según el auto, Montana presenta “un declive cognitivo elevado con presencia de delirios que afectan a la capacidad de adaptarse al centro”, lo que, según el documento, genera al condenado “una enorme vulnerabilidad con alto grado de dependencia”.

La libertad queda condicionada a que “siga tratamiento en el centro de salud que corresponda” debido a “la existencia de una enfermedad muy grave e incurable, a lo que se une una avanzada edad”.

Enfermedad irreversible

“Desde la perspectiva médico-jurídica atendiendo al estado de salud, la enfermedad irreversible que padece con constantes salidas al hospital hace necesario acceder a la libertad condicional en aras a la existencia de una enfermedad muy grave e incurable, a lo que se une una avanzada edad”, señala el auto.

Castro alude a “numerosas resoluciones” judiciales para argumentar que, en estos casos, la excarcelación “responde a principios de humanidad y dignidad de las personas como derecho inviolable”.

Asimismo, considera que “el enfermo grave e incurable no debe asimilarse a un estado preagónico”. “Lo importante es constatar que el medio penitenciario no es el adecuado para el seguimiento y control de la enfermedad”, resume.

Condenado por dar la orden de asesinar a cinco jesuitas

En 2020, la Audiencia Nacional condenó a Montano por cinco delitos de asesinato de carácter terroristas y le atribuyó a los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, la cocinera de una universidad y su hija de 15 años, aunque no se le pudo condenar por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.

El Tribunal estableció un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena, un periodo al que habría que restarle el tiempo que llevaba en prisión provisional desde 2017.

La Audiencia Nacional consideró que los asesinatos “fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando como viceministro de la Seguridad Pública”, quien participó en la decisión por la cual se “transmitió la orden de realizar las ejecuciones”.

No obstante, la Sala fue más allá al considerar que en la masacre participó un grupo violento compuesto por el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani; miembros de la Tandona, la promoción de oficiales que ocupaban las más altas estructuras del poder en El Salvador, así como otros altos cargos.

De acuerdo a la sentencia, los miembros de Tandona “cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes pertenecían al liderazgo intelectual del Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí, generando la falsa afirmación de la existencia de un enemigo infiltrado en las estructuras de las sociedades, que actuaban como agentes de una confabulación socialista-comunista”.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por captar a ciudadanos extranjeros y facilitarles la documentación necesaria para obtener el empadronamiento de forma fraudulenta, en las localidades toledanas de Sonseca y Ajofrín, y poder posteriormente regularizar su situación en territorio nacional.

La investigación se inició tras una comunicación de la Policía Local de Sonseca, que alertó de un elevado número de personas empadronadas en una misma vivienda de la localidad toledana.

A partir de esta información, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sonseca, en colaboración con Policía Local del municipio, realizaron diversas gestiones para verificar los hechos, constatando que en un mismo domicilio figuraban empadronados más de 50 ciudadanos de origen extranjero.

Modus operandi

Según el Instituto armado, los detenidos contactaban con ciudadanos extranjeros y les proporcionaban la documentación necesaria para obtener el empadronamiento, que posteriormente podía ser utilizado para iniciar los trámites de regularización de su situación administrativa en España.

Estas personas, principalmente ciudadanos de Marruecos y Argelia, presentaban contratos de alquiler facilitados por los detenidos, en los que se establecía el pago de 200 euros por el supuesto alquiler de una habitación. Tras analizar las solicitudes presentadas, los agentes pudieron comprobar que en todas ellas se repetían los mismos datos, lo que evidenciaba claros indicios de falsedad documental.

Durante las comprobaciones se constató que algunos de los ciudadanos extranjeros empadronados tenían prohibida la entrada en el espacio Schengen.

Asimismo, se verificó que el inmueble no disponía de los suministros de luz y agua, circunstancias que hacían inviable su utilización como vivienda.

Sin suministros básicos

Con el apoyo del Puesto de la Guardia Civil de Ajofrín, los investigadores detectaron la misma actividad en un domicilio de esta localidad toledana, en la que se estaba siguiendo el mismo modus operandi.

En esta segunda vivienda figuraban empadronados otros doce ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Una vez detectados los hechos en ambas localidades, y tras contactar con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de Toledo, así como con la oficina de extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, se comprobó que casi la mitad de las personas empadronadas habían iniciado ya trámites de regularización en base a los empadronamientos obtenidos en estas localidades.

Como resultado de la operación 'Meteora', la Guardia Civil procedió a la detención de dos varones como responsables de los hechos, a los que se les imputan un delito continuado de favorecimiento de la inmigración ilegal, delitos de falsedad documental y estafa a la administración pública.

La Policía Local de Puertollano ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión después de que supuestamente amenazara a su pareja con un cuchillo de cocina en el interior de una vivienda de la localidad.

Los hechos se produjeron durante la tarde del pasado 5 de agosto, según ha informado el cuerpo municipal a través de sus redes sociales.

Fueron los propios vecinos quienes dieron la voz de alarma después de escuchar cómo una persona pedía auxilio desde el interior del domicilio. Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar.

La situación obligó a los agentes a emplear una escalera para acceder hasta un segundo piso, desde donde pudieron intervenir y llegar hasta las personas que se encontraban en la vivienda.

Finalmente, los agentes pudieron detener al presunto agresor y auxiliar a la víctima.

La Policía Local ha difundido además una fotografía correspondiente a la intervención en la que aparece un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.

En abril de 2026, se localizó el cadáver de un lince ibérico. Se encontraba en el interior de un pozo dentro de un coto de caza de la provincia de Cuenca, entre Huelves y Barajas de Melo.

“Lo encontraron los titulares del terreno cinegético y comunicaron la situación a los agentes medioambientales”, explica Alfonso Sánchez, coordinador adjunto del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. Habitualmente son estos agentes quienes se encargan del seguimiento de esta especie protegida en la comunidad autónoma, a través de la geolocalización que permiten los radiotransmisores que llevan estos animales.

“Nos presentamos en el lugar junto a una patrulla del SEPRONA. Sacamos el cuerpo y observamos que tenía un posible disparo”, relata. Una necropsia realizada en el Centro de Recuperación de Fauna de Albaladejito lo confirmó. El lince ibérico había sido abatido a tiros.

“Tras conocer la situación, comenzamos la investigación acotando los posibles sospechosos a un numero reducido ya que conocemos perfectamente la comarca y los perfiles que se ajustan a posibles cometedores de tales actos”, relata el agente medioambiental.

Fue el inicio de la Operación 'Lincu', en una investigación conjunta de los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Ambos cuerpos tomaron declaración a distintas personas en la zona para incorporarlo al correspondiente atestado.

Las primeras gestiones permitieron localizar en un coto de caza numerosos medios prohibidos y no selectivos --cepos, lazos, jaulas trampa, sustancias venenosas y mallas-- así como cadáveres de especie protegidas. Además del lince, se hallaron después restos de gatos monteses y meloncillos, según explica la Guardia Civil.

Eliminar depredadores para favorecer la caza en el coto

Los agentes del SEPRONA encontraron similitudes en los casos de los distintos animales localizados muertos y las pesquisas les llevaron a constatar que los hechos no eran aislados, sino que formaban parte de una actividad continuada durante más de un año, cuyo objetivo sería “eliminar depredadores para favorecer las poblaciones de caza menor y obtener un mayor rendimiento económico del coto”, según el instituto armado.

La Guardia Civil detuvo después a tres personas con edades entre los 50 y 59 años por presuntos delitos de caza con medios prohibidos, además de practicar caza de especies protegidas o caza no autorizada y por un presunto delito de pertenencia a organización criminal.

Además hay otra persona de 33 años que está siendo investigada y dos personas jurídicas más investigadas vinculadas a la gestión y explotación de una finca de caza en Cuenca.

Efectivos del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca han logrado así desarticular una organización criminal dedicada presuntamente a la eliminación sistemática de depredadores silvestres.

Durante la investigación se realizaron entradas y registros en dos viviendas situadas en la finca. Allí intervinieron cinco armas de fuego, munición y documentación relacionada con los hechos.

Penas de prisión de uno a dos años

La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Cuenca y dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 1 de Tarancón (Cuenca).

Según datos ofrecidos por la Guardia Civil los investigados se enfrentan a penas de prisión de 1 a 2 años. Se aplicaría, en su caso la mitad superior del rango legal, de acuerdo al artículo 334.2 del Código Penal cuando se trata de especies en peligro de extinción. Además, se podría imponer una multa de ocho a 24 meses e inhabilitación para cazar de 2 a 4 años. A eso se sumaría la privación del derecho a portar armas de 2 a 4 años al haber utilizado un arma de fuego para matar a los animales.

Efectivos del Área de Delitos contra el Patrimonio, pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete han detenido a cinco personas, de entre 39 y 52 años de edad, de nacionalidades serbia y española, como presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza, sustracción de vehículos, hurto de placas de matrícula, falsedad documental, daños y pertenencia a organización criminal. Las detenciones se han producido en el marco de la operación 'Otello'.

La Guardia Civil inició las investigaciones en el mes de marzo de 2026, tras la comisión del robo cometido en una sucursal bancaria de la localidad albacetense de Ontur (Albacete), donde sus autores, tras fracturar la puerta de acceso a la oficina bancaria, accedieron a su interior y, tras arrancar la caja fuerte de sus anclajes, la introdujeron en un vehículo de alta gama con placas de matrícula falsificadas, apoderándose de más de 66.000 euros.

Las primeras pesquisas permitieron centrar la investigación en un grupo criminal asentado en la región de Murcia, cuyos integrantes presentaban una elevada movilidad geográfica y una clara especialización en este tipo de delitos.

A partir de ese momento se diseñó un operativo dirigido a la identificación y detención de todos sus miembros, la localización de los inmuebles utilizados por la organización, así como la recuperación del dinero y de los efectos procedentes de los robos.

La investigación permitió constatar que la organización actuaba con una estructura perfectamente definida y un claro reparto de funciones entre sus integrantes. Su actividad delictiva se centraba principalmente en el robo de cajas fuertes de entidades bancarias y de máquinas de cambio de salones de juego.

Para cometer los robos, fracturaban previamente los accesos a los establecimientos y, una vez en el interior, utilizaban herramientas hidráulicas para abrir o arrancar las cajas fuertes de sus anclajes. Cuando las dimensiones o el peso lo permitían, las trasladaban completas hasta lugares apartados donde procedían a su apertura con mayor tranquilidad.

Con el fin de dificultar su identificación, los integrantes de la organización extremaban las medidas de seguridad. Actuaban completamente encapuchados, utilizaban guantes para evitar dejar vestigios y vestían prendas oscuras. Además, empleaban vehículos de alta gama previamente sustraídos, a los que colocaban placas de matrícula falsificadas o sustraídas de otros vehículos de similares características.

'Nidos' o inmuebles para ocultar lo sustraído y repartirse el botín

La organización también disponía de inmuebles utilizados como 'nidos', donde ocultaban los vehículos sustraídos, las herramientas y el resto del material empleado en los robos. Desde estos lugares planificaban los desplazamientos hasta los objetivos seleccionados y, tras cometer los hechos, regresaban para ocultar nuevamente los vehículos, repartirse el botín y eliminar cualquier vestigio que pudiera comprometer su identificación.

Durante toda la investigación quedó patente el elevado grado de planificación de la organización y las importantes medidas de seguridad adoptadas por sus integrantes para dificultar la acción policial, tanto en sus desplazamientos como en sus comunicaciones y reuniones.

Durante los seis registros, realizados durante la fase de explotación de la operación policial, la Guardia Civil logró recuperar más de 34.000 euros, procedentes del último robo realizado por los detenidos, interviniéndose además dos vehículos de alta gama utilizados para la comisión de los ilícitos penales, tres permisos de conducción falsificados, en los cuales figuraban fotografías de varios de los detenidos, equipos de transmisiones como walkie-talkies e inhibidores de frecuencia, material de protección y ocultación personal como guantes, pasamontañas, gorras, camisetas de color oscuro y linternas para fijar en la cabeza y herramientas diversas como una pinza hidráulica, una radial, cizallas, destornilladores, llaves inglesas, patas de cabra, mazas, hachas o cortafríos.

52 hechos delictivos esclarecidos y nueve provincias afectadas

A la organización desarticulada se le atribuyen 52 ilícitos penales, entre ellos 11 robos con fuerza en sucursales bancarias (7 consumados y 4 intentados), 15 robos con fuerza en salones de juego (9 consumados y 6 intentados), 2 robos con fuerza en concesionarios de vehículos, 2 delitos de sustracciones de vehículo a motor, 6 hurtos de placas de matrícula, 15 delitos de falsificación de documentos y otro de pertenencia a organización criminal.

Todos estos delitos esclarecidos por la Guardia Civil tuvieron lugar, 12 de ellos en la provincia de Albacete, 6 en la de Alicante, 11 en la de Almería, 2 en la de Ciudad Real, 5 en la de Cuenca, 7 en la de Granada, 3 en la de Jaén, 3 en la de Murcia y 2 en la de Valencia.

En las distintas fases de la operación 'Otello' han intervenido efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, que contaron con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la misma Comandancia.

Las diligencias, instruidas por el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil albaceteña, han sido coordinadas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad albaceteña de Hellín, decretando el ingreso en prisión de la totalidad de detenidos de la organización desmantelada.

Durante el primer semestre de 2026, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ciudad Real investigó y detuvo a 22 personas por un total de 26 delitos relacionados con el medio ambiente. Algunas de las personas se vieron involucradas en varios de los citados delitos.

Casi un 31% de estos delitos (30,77%) tienen relación con el furtivismo o caza ilegal. Un total de ocho son delitos contra la fauna.

Después, los más frecuentes fueron los delitos por falsificación documental y los delitos contra los animales (abandono) con un total de cuatro delitos cada una de estas modalidades lo que se traduce en un 15,40% respectivamente.

Dos delitos por incendio forestal

Los delitos por incendio forestal y los delitos de robo tienen cifras similares con un total de dos delitos cada modalidad, lo que se traduce en un 7,69%.

Para finalizar se produjeron seis delitos más, relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente, un delito de daños, otro de usurpación de estado civil, un delito de conducción temeraria, de resistencia a agente de la autoridad y de conducción de vehículo a motor teniendo retirado el carnet, todos ellos representan individualmente un 3,84%.

Consejos para realizar buenas practicas

El SEPRONA pide evitar arrojar al suelo basuras o residuos y depositarlos en los contenedores correspondientes.

Se pide también avisar a la Guardia Civil llamando al teléfono 062 o en su caso al 112, si se advierte la presencia de vertidos ilegales. En este aspecto se recalca que hay que tener especial precaución si se trata de residuos clínicos o que requieran un tratamiento singular. “Ciertas pilas, baterías y acumuladores son productos peligrosos que necesitan especial tratamiento y reciclaje”, advierten.

Además, hay que evitar malgastar agua. “Es necesaria no sólo para el consumo humano sino también para la industria, la agricultura, la ganadería y el equilibrio de los ecosistemas. Su abundancia puntual no justifica un consumo excesivo”.

Por otro lado se pide no emitir gases contaminantes. “Las quemas innecesarias de basuras u otros productos y el excesivo uso de los automóviles y otros vehículos contribuyen a aumentar el contenido de dióxido de carbono (CO2) y otros gases contaminantes en la atmósfera, provocando el conocido 'efecto invernadero' causante del calentamiento global”. Además, abundan, “por sí mismos son nocivos para la salud”.

También se recomienda no abusar de los productos de limpieza. “Los jabones, detergentes y demás productos químicos contaminan las aguas de los ríos y los mares. Su depuración para el consumo es difícil y costosa”.

Otra de las recomendaciones pasan por evitar ruidos excesivos. Los ruidos de maquinarias, vehículos, motocicletas, música..., además de producir molestias, pueden ser causa de desequilibrios y enfermedades graves para las personas.

Se recomienda no mantener animales salvajes en cautividad, ya que, salvo que se disponga de la correspondiente autorización, la tenencia de la mayoría de estas especies está prohibida. Además, su utilización como mascotas contribuye a la extinción de numerosas especies y favorece la desaparición de la fauna autóctona, debido a los desequilibrios ecológicos que puede provocar la liberación de estos animales en el medio natural, recuerdan desde la Guardia Civil.

La protección de la fauna y la flora silvestres resulta fundamental para la conservación de la biodiversidad. Por este motivo, la caza o pesca indiscriminadas, las cortas, talas o arranque de árboles y vegetación, la captura ilegal de especies protegidas o cualquier acción que les cause molestias están prohibidas. “Estas conductas pueden dar lugar a sanciones y, en todo caso, ocasionan un grave perjuicio al patrimonio natural al contribuir a la pérdida de biodiversidad y a la extinción de especies”, advierte el instituto armado.

Prevenir los incendios forestales

También han recomendaciones para la prevención de los incendios forestales. Es algo que, dicen, exige evitar la realización de fuego fuera de los lugares habilitados y de las épocas autorizadas, especialmente durante los días de fuerte viento.

Asimismo, es imprescindible comprobar que cualquier fuego autorizado quede completamente extinguido. En caso de detectar un incendio descontrolado o encontrarse en una situación de peligro, debe avisarse de inmediato a la Guardia Civil (062), al cuerpo de seguridad competente en la zona o al servicio de emergencias 112. Si una persona se ve sorprendida por un incendio forestal, especialmente en condiciones de viento, la opción más segura consiste en refugiarse en las zonas que ya hayan sido quemadas.

El abandono de desperdicios, restos de comida, vidrios u otros residuos en el medio natural debe evitarse, ya que estos deterioran el paisaje, representan un peligro para la fauna y pueden provocar o agravar los incendios forestales.

Por otro lado, las actividades al aire libre deben desarrollarse con respeto por la naturaleza. En determinados espacios naturales, la circulación de motocicletas todoterreno, quads, bicicletas de montaña u otros vehículos, así como la práctica de deportes de riesgo, como el rafting, el parapente o el ala delta, puede estar restringida o prohibida. En cualquier caso, las actividades recreativas deben realizarse de forma que no ocasionen daños a la flora, la fauna ni al resto de los recursos naturales.

Finalmente, el uso de lugares de baño debe realizarse de forma cívica y respetuosa con el entorno. En estos espacios públicos está prohibido arrojar basura, restos de comida, latas, botellas u otros residuos, así como encender hogueras, circular con vehículos o acceder con animales cuando la normativa aplicable así lo establezca.

Un juez de Gijón/Xixón ha prohibido a un vecino de 68 años aproximarse a un policía local al que ha estado a punto de matar, tras manipular el sistema de frenados de su moto.

Ademas de las cámaras de videovigilancia de tráfico que grabaron la escena, varios testigos lo situaron en la zona. La Policía Nacional logró detenerlo el pasado miércoles.

Tras pasar a disposición judicial, el presunto agresor abandonó las dependencias judiciales en libertad con cargos y con una orden de alejamiento.

Los hechos han sido confirmados este viernes por la Policía Nacional de Gijón/Xixón. Según su relato, el agresor conocía que su víctima era policía local por intervenciones policiales anteriores.

Una manipulación “deliberada”

Agresor y víctima habían coincidido en el barrio de La Arena. El agente, que se encontraba en ese momento fuera de servicio, aparcó su moto y se fue. Poco después, regresó a la zona y cuando ya se marchaba “comenzó a notar un funcionamiento anómalo en el freno delantero de su motocicleta, teniendo que hacer uso de su pericia ya que habitualmente realiza su trabajo en moto, para evitar tener un accidente, por lo que decidió llevar el vehículo al taller para comprobar el origen de la avería”, explican desde la Comisaría de la Policía Nacional.

Tras la revisión, los mecánicos confirmaron que el circuito hidráulico del freno delantero había sido manipulado de forma deliberada mediante el vaciado del líquido de frenos y descartaron que la pérdida pudiera obedecer a una avería fortuita.

La investigación

Los mecánicos certificaron que únicamente una manipulación intencionada podía provocar ese tipo de fallo, que comprometía no solo su seguridad sino que incluso conllevó un riesgo elevado de sufrir un accidente con consecuencias “potencialmente muy graves”.

Agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón/Xixón se hicieron cargo de las investigaciones.

Las imágenes

Las manifestaciones de testigos, el análisis de las imágenes captadas por distintos sistemas de videovigilancia y el resto de diligencias practicadas permitieron reunir suficientes indicios para situar al investigado en el lugar de los hechos y atribuirle la manipulación del sistema de frenado.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, cuyo titular decretó su libertad con cargos y dictó una orden de alejamiento a la víctima.

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento comercial de Fontanar.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de junio cuando el presunto autor accedió al interior del establecimiento con el rostro cubierto con un pañuelo y una gorra, portando un cuchillo de grandes dimensiones, con el que presuntamente intimidó a la empleada para apoderarse del dinero de la caja registradora.

Tras conocer los hechos, el Equipo Roca de la Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar al presunto autor gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia y a la colaboración ciudadana.

El cese del concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón Oliver Suárez al frente de la presidencia de Divertia, la empresa municipal de festejos, por formalizar los contratos de los artistas Alejandro Sanz y Lola Índigo, “de forma unilateral” y sin comunicarlos previamente al Consejo de Administración para su aprobación ordinaria, no se ha limitado a un relevo en el cargo.

El presidente cesado se defendía públicamente horas después de oficializarse su destitución, asegurando que ambos conciertos habían resultado “un éxito”.

Ahora, seis días después de que trascendiera públicamente la situación interna en la empresa, los portavoces municipales de Izquierda Unida (IU) y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, han cuestionado hasta 15 contratos vinculados a los conciertos de los últimos tres años y piden que la Fiscalía del Principado abra una investigación para dirimir si el procedimiento seguido por Oliver Suárez puede ser constitutivo de delito.

Los contratos cuestionados

De estos 15 contratos que ambas formaciones ponen en entredicho, siete forman parte de la programación estival de este año, tres corresponden a 2025 y otros cinco se remontan al verano de 2024.

Su recelo parte de la premisa de que estos contratos superan las cuantías mínimas que legalmente requieren la autorización y la formalización por parte del consejo de administración de Divertia.

“De acuerdo con los poderes otorgados por este órgano, la presidencia solo puede suscribir contratos por valor inferior a 15.000 euros o, si se firman de manera mancomunada con el gerente, por valor inferior a 60.000 euros”, explican ambos portavoces.

El acceso a los expedientes

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez solicitaron ayer acceder a los expedientes de contratación de los 15 conciertos y, una vez examinados, darán traslado a la Fiscalía para conocer si la actuación de Oliver Suárez en los contratos de Alejandro Sanz y Lola Índigo fue un caso aislado o, por el contrario, “fue una práctica continuada durante sus tres años de presidencia y si constituye un delito de prevaricación”.

El portavoz de IU ha reconocido que tanto él como la portavoz de Podemos han asumido una labor de fiscalización que debería haber realizado la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, de Foro Asturias, quien fue la que cesó al presidente de Divertia.

La fiscalización de IU y Podemos

“Estamos haciendo como concejales de la oposición lo que debería de hacer la alcaldesa, que no solo es la responsable política de la gestión del concejal tránsfuga Oliver Suárez al frente de Divertia, sino quien lo ha cesado por la contratación irregular de al menos dos conciertos”, expone Javier Suárez Llana.

El edil ha insistido en que “si la máxima autoridad política del Ayuntamiento tiene la más mínima sospecha de que en su gobierno se ha cometido un delito, su obligación es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. No hacerlo responde única y exclusivamente a los cálculos políticos que caracterizan la forma de gobernar de Carmen Moriyón”.

Por su parte, Olaya Suárez ha denunciado “la extrema gravedad de que se hayan estado usurpando sistemáticamente las competencias del consejo de administración en un aspecto tan sensible como es la contratación pública”.

El dinero en juego

La portavoz municipal de Podemos sostiene que las cuantías económicas que se barajan son importantes: “Estamos hablando de cientos de miles de euros en tres años en contratos que podrían haber sido irregulares, y nos preguntamos por qué han fallado los controles de la contratación pública tanto de Divertia como del propio Ayuntamiento”, inquiere.

Además, ha recordado que, en el caso de los conciertos de este verano “la insistencia de Divertia en asumir su producción también sirvió para que se pagasen cerca de 300.000 euros de dinero público por el escenario y el suministro eléctrico del recinto, de los que se benefician las empresas privadas que organizan allí sus eventos”.

Apuntan hacia la alcaldesa

Al igual que su compañero en la corporación municipal, Olaya Suárez también ha apuntado hacia la responsabilidad de la alcaldesa, tanto por su cargo en el ayuntamiento como “por haber colocado al concejal tránsfuga en esta posición, contra todo sentido de la lógica y del buen gobierno, por lo que ahora no basta con cesarlo y correr un tupido velo”, ha incidido.

La edil considera que es “imprescindible que todos los implicados ofrezcan explicaciones, incluido el gerente como encargado de la gestión de Divertia, porque la ciudadanía merece saber qué y por qué pasó, quién tuvo la responsabilidad y si alguien se ha podido beneficiar de estas irregularidades”.

La Guardia Civil ha detenido en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en la pedanía de Corvera, a un hombre que pretendía embarcar hacia Manchester con cerca de 15 kilos de marihuana y hachís ocultos en su maleta. El detenido, investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública, había logrado escapar de las instalaciones cinco días antes, al percibir que los agentes le buscaban.

El operativo se enmarca en el dispositivo 'Operación Verano Seguro' y arrancó durante un control rutinario de equipaje facturado, cuando los especialistas en Fiscal y Fronteras localizaron una maleta sospechosa en la zona de bodegas. Al iniciar el protocolo para identificar a su propietario, este advirtió el movimiento policial desde la terminal y huyó corriendo del aeropuerto, evitando así su detención inmediata.

Una vez abierta la maleta abandonada, los agentes encontraron cuatro kilogramos de cogollos de marihuana repartidos en seis bolsas envasadas al vacío, y más de diez kilogramos de hachís en forma de bellotas, distribuidos en otras cinco bolsas.

Cinco días de búsqueda

Tras la fuga, la Sección de Fiscal y Fronteras del aeropuerto abrió una investigación que permitió reunir información sobre el sospechoso y cursar una orden de busca y captura. Cinco días más tarde, el hombre regresó a Corvera intentando pasar desapercibido con un gorro y utilizando a un tercero para comprarle un billete de última hora también con destino a Manchester.

Cuando trataba de cruzar el control de seguridad para salir del país, los guardias civiles lo reconocieron y lo detuvieron como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Fuentes del operativo señalan que la localización fue especialmente complicada por las medidas de contravigilancia que el investigado adoptó durante su huida.

Tras su etapa como consellera de Justicia, Gemma Ubasart (Castellar del Vallès, 1978) ha vuelto a la academia, pero no se ha encerrado en el despacho. Muestra de ello es el libro Contra el castigo (Bellaterra Edicions), un ensayo en el que Ubasart impugna y plantea alternativas a la ola de punitivismo que recorre platós de televisión y parlamentos y que ha impactado hasta en partidos progresistas.

En su libro hay números que llaman la atención: España tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de la UE pese a que sus cifras de criminalidad son bajas. ¿Por qué?

El problema es la duración efectiva de las penas de prisión, que en el Estado llega a cuadruplicar la de los países nórdicos. Esto hace que haya 117,2 presos por cada 100.000 habitantes con una de las tasas de criminalidad, en especial de delitos graves, más baja de la Europa de los 15. Pasar más tiempo en la cárcel es más fácil en España que en países del entorno, y se debe a que el Código Penal está inflado.

Las propuestas políticas avanzan en la dirección contraria: crear más delitos y endurecer los ya existentes.

El Código Penal del 1995 ha crecido casi solo en una dirección: ha tipificado cada vez más delitos y ha endurecido las penas. En una obra de 2013, el catedrático José Luíz Díez Ripollés repasaba 25 reformas inflacionarias del Código Penal. El otro día, la magistrada Carme Guil me dijo que a día de hoy ya son 50. Además, la ejecución de las penas cada vez es más dura y dirigida hacia el internamiento.

Las subastas punitivas de los platós de televisión se trasladan al Parlamento y se endurece el Código Penal contra la evidencia científica

¿A qué se debe esta inflación del Código Penal? ¿Los políticos han querido resolver problemas sociales endureciendo penas?

Hay una mezcla de factores. Están los factores políticos, pero también económicos. Tanto de empresas de seguridad que necesitan crear un clima de miedo al robo y a la okupación para vender alarmas como medios de comunicación que priorizan los sucesos porque generan mucha audiencia.

Todo esto crea un caldo de cultivo favorable a la inflación del Código Penal, y hay que reducirlo. Las subastas punitivas de los platós de televisión se trasladan al Parlamento y se endurece el Código Penal contra la evidencia científica y todo el conocimiento empírico que nos dice que el aumento de penas no conlleva un desistimiento del delito.

¿De qué manera se puede revertir esta situación?

Desde que muere el dictador Francisco Franco hasta 2010 hay un crecimiento anual de las personas presas. En 2010, debido a la crisis económica, los gobiernos quieren ahorrar costes, también los carcelarios. Se produce entonces una pequeña reforma del Código Penal, centrada en los delitos contra la salud pública, que hace que la población penitenciaria se reduzca. No aumentó el delito ni hubo un rechazo ciudadano. De hecho, pasó casi desapercibido.

¿Solo la necesidad de ahorrar puede llevar a una deriva antipunitivista?

No. En realidad es un desafío para los actuales gobernantes. ¿Si en 2010 fue posible reducir la población penitenciaria para ahorrar, por qué no hoy, con una mayoría progresista y plurinacional y la evidencia empírica a favor? Con pequeñas reformas se podría reducir el impacto del encarcelamiento. Además, países como Francia, Reino Unido o Portugal también han llevado a cabo medidas para vaciar las cárceles.

No me sirve que la izquierda diga que no hay que dejar las políticas de orden solo a la derecha para terminar haciendo lo mismo que la derecha

Mencionaba la mayoría progresista, pero son el PSC en Barcelona y en Catalunya y el PSOE en Madrid quienes más apuestan por endurecer las penas. Lo hacen, según dicen, para no dejar el orden y la seguridad en manos de la extrema derecha.

No me sirve que la izquierda diga que no hay que dejar las políticas de orden solo a la derecha para terminar haciendo la misma política que la derecha. En la izquierda nos debemos plantear las cuestiones de seguridad y convivencia, pero con nuestra mirada, valores y perspectiva. A diferencia de la derecha, nos debemos basar en la evidencia empírica, que nos dice que un aumento de penas no nos lleva a una reducción de los delitos.

Si aumentando las penas se solucionaran los problemas sociales que llevan al delito, los estados de EE.UU. con pena de muerte no tendrían problemas. Y esto no ocurre, más bien ocurre lo contrario, pues en EE.UU. hay más delitos violentos que en España.

¿Cómo se tendría que concretar este Código Penal desinflado?

Hay un trabajo de política criminal a hacer, pero hay distintas vías: la de la tipificación, pero también la rebaja en la duración de las penas. Pero hay otra importante que es un terreno con campo para explorar: la ejecución de las penas. Hay muchas alternativas al internamiento en prisión que se pueden abordar, como el medio abierto, que tendría que ser una prioridad para la política penitenciaria del siglo XXI.

¿Qué efectos tiene en una persona pasar muchos años en prisión?

Afecta en muchas dimensiones: empeora la salud física y la mental, pero también dificulta la dimensión social. El encarcelamiento rompe lazos familiares, comunitarios y laborales, por lo que cuanto más tiempo se pasa en prisión más difícil es la reinserción. El internamiento prolongado dificulta los objetivos de reinserción y rehabilitación. La ejecución penal debe buscar alternativas al internamiento, como el medio abierto.

En el libro denuncia que la cárcel es la institución estatal que más personas con problemas de salud mental trata.

Esto es así y tiene un doble componente de injusticia. Por un lado, se usa una institución como la cárcel para tratar una enfermedad mental. Además, no es universal: las personas con problemas de salud mental que tienen una red o una familia pueden estar acompañadas, pero las que no la tienen son las perfectas candidatas para acabar en la cárcel. El número de internos con problemas de salud mental es muy importante.

Otro capítulo del libro está dedicado a los jueces. Además del término de moda, el ‘lawfare’, define el fenómeno de los ‘jueces combatientes’. ¿Tenemos muchos en España?

El juez combatiente es el juez que se erige en activista en lo que cree que es una defensa del Estado de Derecho, pero no lo es. A diferencia del ‘lawfare’, son jueces que actúan de forma autónoma, sin ser correa de transmisión de nadie. El ‘lawfare’ tiene que ver más con una disputa partidista que se traslada al juzgado, y se parece más a lo que ha ocurrido en América Latina.

Son dos fenómenos distintos y minoritarios dentro del poder judicial, pero que lastran todo el buen trabajo de la mayoría de la carrera. No somos tan distintos de otros países: Luigi Ferrajoli ya dibujó en los 70 el concepto de juez combatiente en Italia. Era el juez, ya fuera conservador o progresista, que se erigía como garante del Estado de Derecho y abría la puerta a la arbitrariedad en la lucha contra las organizaciones armadas de los años del plomo. En España este fenómeno se ha dado en los casos del denominado ‘entorno de ETA’, en el que se perseguía a entidades o medios de comunicación que habían actuado siempre de forma pública y legal, y se repite con la crisis independentista, con la idea de que había que salvar a España de romperse.

Sean jueces combatientes o ‘lawfare’, ¿España tiene un problema con algunos jueces?

Hay un problema con la selección y formación de jueces. Tenemos un proceso de selección de jueces basado en lo que se hacía en el siglo XIX y el mundo ha cambiado. Necesitamos perfiles de jueces adecuados a la actualidad. El magistrado emérito del Supremo Perfecto Andrés escribe que un juez tiene que ser un intelectual porque debe entender la complejidad social para poder dirimir los conflictos. La formación de los jueces tendría que ir en esta línea. La oposición memorística actual está pensada para un Estado del siglo XIX, pequeño, contenido, con pocos ministerios… La democratización en la selección y formación de jueces es uno de los retos del Poder Judicial.

Los jueces no serían el colectivo con menos resistencias a los cambios.

El Ministerio de Justicia ha impulsado propuestas modestas pero que mueven el barco hacia un rumbo de democratización, como las becas para nuevos jueces y fiscales, y parte del colectivo se lo ha tomado casi como una afrenta. Creo que las reformas para democratizar el acceso a la carrera no se tendrían que dejar para otra legislatura y que la mayoría progresista y plurinacional las tendría que apoyar.

España tiene un problema con la selección y formación de jueces

Otra de las tesis que desarrolla en el libro es que la izquierda no puede dejar la idea de libertad a la derecha. ¿Cómo se consigue?

La izquierda debe disputar la batalla por la libertad, la igualdad y la fraternidad y no puede renunciar a ninguna de las tres. Son necesarias y hay que leerlas en clave de siglo XXI: una igualdad que reconozca las diferencias y las interdependencias; una fraternidad que permita construir proyectos autónomos y colectivos y una libertad real, que no se puede dejar en manos de la derecha, y que sea sinónimo de no dominación y tenga en cuenta la complejidad de la vida en sociedad. La libertad como origen y bandera es algo que creo que debería estar en el centro.

¿Qué peso ha tenido su paso por la Generalitat como consellera de Justicia en lo que escribe en el libro?

Antes de ser consellera ya había trabajado en el análisis de políticas públicas y la criminología crítica, pero la experiencia como consellera me ha ayudado a poner varias piezas en su sitio y entender bien el funcionamiento de un gran departamento, además de adquirir nuevos conocimientos, como en el ámbito penitenciario.

En el libro escribe que el objetivo final tiene que ser “la abolición de la cárcel”. ¿Esto ya lo pensaba antes de ser consellera?

Sí. Tenemos que ser garantistas siempre y aspirar a una reducción del sistema penal. Esto quiere decir apostar por otra forma de resolver los conflictos, y no destinar tantos recursos a la policía, el internamiento o la judicialización constante de los problemas. Pero pensar en el abolicionismo como objetivo sin pensar en el mientras tanto no tiene sentido. Queremos un futuro sin cárceles, pero en el presente tienen que ser un espacio de dignidad, y hay que sumar todas las visiones humanistas para que así sea.

Queremos un futuro sin cárceles, pero en el presente tienen que ser un espacio de dignidad

¿Qué límites institucionales y políticos encontró durante su etapa como consellera para llevar a cabo alguna de sus propuestas?

Las instituciones tienen mucha dependencia del pasado, de las formas de hacer y un marco presupuestario y legislativo que condiciona, pero no quiere decir que no se pueda cambiar el rumbo. Reivindico la política, porque no es cierto que desde las instituciones no se puedan cambiar las cosas. Detrás de las instituciones tiene que haber un proyecto político que oriente a resolver los problemas y las situaciones injustas, y dentro de la institución hay que gestionar con excelencia. Tenemos que aprovechar cada pequeña brecha para hacerlo. Solo estuve dos años en la conselleria, pero creo que actué así.

Una de sus competencias era la Memoria Democrática. ¿Por qué al PSOE le cuesta tanto sacar a la Policía de la comisaría de Via Laietana donde torturaron a los opositores de la dictadura?

Creo que la Policía acabará saliendo de Via Laietana. Al PSOE le ha costado moverse en algunos temas de Memoria, y creo que hay una disputa con el Ministerio del Interior y resistencias corporativas, pero llega un momento que hay que poder vencerlas. No tiene demasiado sentido que se conmemoren los 50 años de la muerte de Franco, se apueste por las políticas de memoria y se mantenga a la Policía en Via Laietana.

Le tocó gestionar una huelga encubierta de funcionarios de prisiones en protesta por el asesinato de una trabajadora, pero que comportó vulneraciones de derechos de los presos. ¿Qué balance hace de lo ocurrido desde fuera de la política?

A ninguno ni ninguna de mis antecesores le tocó gestionar un suceso tan grave como el asesinato de Núria. Trabajamos para minimizar el riesgo de los trabajadores penitenciarios, sabiendo que el riesgo cero no existe. La restricción de derechos que sufrieron las personas internas agravó su vulnerabilidad, y creo que hicimos bien hablando claro y diciendo que se estaban vulnerando sus derechos.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Illescas ha detenido a un varón de 28 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado contra agente de la autoridad, tras arrollar con su vehículo a una guardia civil durante un dispositivo operativo establecido en la carretera CM-4004, en el término municipal de Pantoja (Toledo).

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio, cuando seis agentes de la Guardia Civil realizaban un control preventivo en dicha vía. Una vez establecido, los agentes detectaron a lo lejos un vehículo que se aproximaba al punto de control a gran velocidad.

El agente encargado de la selección de vehículos procedió a dar el alto al conductor, quien hizo caso omiso de las señales de detención, emprendiendo la huida.

Durante su fuga, el conductor desvió intencionadamente la trayectoria del vehículo, dirigiéndose hacia los agentes que se encontraban en la vía, llegando a arrollar a una de ellos, que fue desplazada varios metros del lugar, sufriendo diversas lesiones.

Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar a gran velocidad en dirección a la localidad de Pantoja, no pudiendo ser interceptado por ninguna de las patrullas. Como consecuencia del impacto, en el lugar de los hechos se halló el espejo retrovisor del vehículo, el cual se había fracturado y desprendido. Horas más tarde, el vehículo implicado fue localizado en la localidad de Añover de Tajo (Toledo).

Debido a la gravedad de los hechos, el equipo de Policía Judicial de Illescas se hizo cargo de la investigación, cuyas gestiones permitieron determinar que el presunto autor de los hechos se trataba de un varón vecino de la localidad de Añover de Tajo (Toledo), con numerosos antecedentes policiales, principalmente por delitos contra el patrimonio.

Detenido en Fuenlabrada, se le imputan varios delitos

Una vez identificado, se establecieron distintos dispositivos operativos, siendo finalmente localizado y detenido en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Al detenido se le imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa, atentado contra agente de la autoridad, abandono del lugar del accidente, desobediencia grave, conducción temeraria y conducción de un vehículo careciendo de autorización administrativa, al haber perdido la vigencia de su permiso de conducir. Asimismo, las investigaciones desarrolladas por otras unidades de la Guardia Civil, permitieron determinar que esta persona estaría implicada en, al menos, diez delitos de robos con fuerza cometidos en la provincia de Toledo.

Tras ser puesto a disposición judicial en el Tribunal de Instancia Plaza número 6 de los de Fuenlabrada (Madrid), la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

La Guardia Civil ha investigado en la localidad pacense de Aceuchal a tres hombres como presuntos autores de un delito de hurto de 1.860 kilogramos de ajos de la variedad morada en una explotación de la provincia de Albacete, así como a pertenencia a grupo criminal.

Los hechos tuvieron lugar a finales de la pasada semana, cuando patrullas operativas de la Guardia Civil y Policía Local identificaron a los ocupantes de una furgoneta en el término municipal de Aceuchal, en la que hallaron una cantidad masiva de ajos morados, que arrojaron un peso total de 1.860 kilogramos.

Al solicitar la documentación legal pertinente, que acredita la lícita procedencia del producto, los sospechosos no pudieron aportar ninguna certificación que justificase su posesión.

Las posteriores gestiones e investigaciones permitieron averiguar que la mercancía procedía de una explotación agrícola ubicada en el municipio de Tarazona de la Mancha (Albacete), en la que se había producido el robo de los ajos, cuyo valor de mercado asciende a los 9.300 euros, según señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Por este motivo se procedió a la instrucción de diligencias penales, investigando a los tres varones por un presunto delito de hurto, así como pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado la “falta de reconocimiento” y el “continuo cuestionamiento” del trabajo que desempeñan sus profesionales, poniendo el foco especialmente en las dificultades que, según aseguran, están encontrando para desarrollar su labor en la investigación de incendios forestales.

Una denuncia que llega coincidiendo con la grave incendio forestal en La Mierla (Guadalajara) que este domingo había quemado ya 13.000 hectáreas y que mantiene a 20 pueblos desalojados en la Sierra Norte de la provincia.

Por un lado, los agentes medioambientales han mostrado su “profundo malestar” ante el “escaso respaldo institucional” que, a su juicio, reciben por parte de la Junta de Comunidades. Critican las recientes declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez Rodríguez, en CMM Radio, en las que afirmó que la investigación del incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) está siendo llevada a cabo por la Guardia Civil y que esa labor “le corresponde” a ese cuerpo. Según la asociación, esas manifestaciones “contribuyen a cuestionar el papel que la legislación atribuye a los agentes medioambientales en la investigación de los delitos contra el medio natural”.

“Desde APAM-CLM creemos firmemente en la colaboración entre todas las policías judiciales y todos los cuerpos que trabajan en la protección del medio natural. La investigación de los delitos medioambientales no entiende de protagonismos; requiere sumar capacidades, experiencia y recursos”, afirman.

Por otro, denuncia el colectivo “problemas de coordinación” con otros cuerpos que participan en las labores de extinción. En concreto pone el foco en la Guardia Civil, asegurando que “los problemas de coordinación con determinadas unidades de la Guardia Civil no son nuevos” y afirma que se vienen repitiendo desde hace años, especialmente en el ámbito de la investigación de incendios.

En este sentido, lamenta que se esté intentando apartar a los agentes medioambientales de una fase que consideran “crucial”, como es la práctica de la prueba personal, pese al trabajo técnico y de investigación que desarrollan sobre el terreno.

Un “incidente” con la Guardia Civil

Como ejemplo de esta situación, APAM-CLM cita un reciente incidente ocurrido durante la intervención por el incendio de un vehículo junto a una carretera. Según relatan en un comunicado, ocurrió cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico requirió a los agentes “apagar los rotativos de emergencia” cuando se encontraban en la citada emergencia, con propagación del fuego hacia la vegetación colindante y, por tanto, “con un evidente riesgo de incendio forestal”.

Los agentes piden el respaldo “firme” de la Junta de Comunidades, ya que los hechos -que no son aislados- se produjeron mientras realizaban su intervención y señalizaban la emergencia mediante los dispositivos luminosos prioritarios de su vehículo oficial. El argumento de la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico fue que no se trataba de un incendio forestal, sino de un incidente de tráfico, y que los agentes medioambientales no podían hacer uso de dichos dispositivos en esas circunstancias.

Desde APAM-CLM aseguran “desconocer” el fundamento jurídico de semejante interpretación, ya que, recuerdan, los vehículos oficiales de los agentes medioambientales están destinados a intervenir en las emergencias propias de su ámbito competencial, haciendo uso de la señalización prioritaria cuando ello resulta necesario para garantizar la seguridad de la intervención y de los usuarios de la vía.

En este caso concreto, dicen, “resulta todavía más incomprensible, puesto que el origen de la emergencia era precisamente un vehículo ardiendo, cuyo fuego ya se estaba propagando fuera de la calzada, hacia el medio natural”.

APAM-CLM reivindica un modelo de colaboración entre cuerpos como el que, aseguran, existió durante años en la provincia de Cuenca, donde agentes medioambientales y Guardia Civil elaboraban investigaciones y atestados conjuntos que fueron reconocidos por su eficacia.

A su juicio, ese sistema ha ido desapareciendo con el relevo de determinados responsables, lo que ha provocado que el trabajo de los agentes medioambientales quede “prácticamente invisibilizado” en la comunicación pública de los resultados de las investigaciones.

La asociación añade que esta situación no afecta únicamente a los incendios forestales, sino también a investigaciones relacionadas con el uso ilegal de venenos, delitos contra la fauna y otras infracciones medioambientales, en las que consideran que su aportación resulta determinante.

La consejera de Desarrollo Sostenible: “No me consta”

En declaraciones a los medios de comunicación este mediodía la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado: “A mí no me consta absolutamente nada de eso. La colaboración entre el Cuerpo de Agentes Medioambientales y la Guardia Civil es siempre ejemplar. En todos los incendios, el papel fundamental del Cuerpo de Agentes Medioambientales es analizar las causas”.

Gómez ha continuado diciendo que “son especialistas en extinción de incendios y, por lo tanto, hacen sus tomas de muestras, que ya se hicieron in situ cuando se originó el incendio, para saber exactamente qué es lo que había sucedido. Ya hemos dicho que todas las causas apuntan a una cosechadora. Además, la Guardia Civil no solo realiza su propia investigación in situ, sino además también realiza la labor de investigación de los posibles causantes del incendio”.

La consejera recalca que la Guardia Civil “ha tomado declaración” para poder esclarecer los hechos “y elevar la denuncia que corresponda ante el órgano judicial”, apuntando que no le consta “que haya habido ninguna situación de ningún tipo, ni de entorpecimiento, sino de total y absoluta colaboración”.

Una decena de expertos y alumnos de Criminología de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) se han adentrado, dirigidas por la doctora investigadora del Instituto Vasco de Criminología, Gema Varona a la cárcel de Zubieta para conversar con una veintena de internos y tratar de entender qué les ha llevado a cometer los delitos por los cuales han sido condenados. La actividad, que desde hace cuatro años aborda temas distintos con personas internas en cárceles vascas, se ha realizado este viernes dentro del Curso de Verano de la EHU 'Criminología dentro y fuera de prisión: Cruce de caminos'.

Por motivos de confidencialidad y para asegurarse de que la conversación con los internos fuera honesta y sin miedos, este periódico no ha podido acceder al encuentro, no obstante, tras él, Varona ha explicado en qué se ha basado, los objetivos del mismo y las conclusiones a las que han llegado tras reunirse durante más de tres horas con 17 presos y 3 presas de la cárcel de Zubieta de entre 24 y 60 años. “Hemos realizado una dinámica de diálogo, un círculo en el que cada uno contaba por qué estaba ahí y su historia de vida. Lo han hecho con un objeto de palabra que se iban pasando unos a otros. Después, hemos hecho una dinámica creativa con plastilina para plasmar qué les había parecido y qué se llevaban de la actividad”, ha detallado.

“En un círculo de diálogo de estas características no es necesario hablar si uno no quiere. Todo se lleva a cabo desde el respeto y la confidencialidad. Es una conversación en la que sobre todo lo que queremos es que se escuche lo que el otro dice, no para justificarlo ni para compartirlo, sino simplemente para entender. No queríamos que detallasen nada sobre el delito cometido, sino que hablaran sobre las causas que les llevaron a cometerlo. Traumas en la infancia, en la adolescencia, la falta de recursos a lo largo de la vida, una gestión errónea de las emociones, malas compañías, querer obtener dinero fácil o discriminación han sido algunas de las razones aportadas”, ha confesado Varona.

No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas

Entre los asistentes también ha participado una persona que ha sido víctima de un delito que ha subrayado la “importancia de responsabilizarse a pesar de las estructuras injustas” que ha podido llegar a vivir la persona que comete el delito y cómo se puede prevenir que ocurra. “Los internos han dado mucha importancia a la conexión con las demás personas, a tener vínculos que les hagan que pertenecen a algo, que se les valora. Ha habido diferentes opiniones porque en realidad lo que nos interesaban eran sus propias percepciones sin tener que personalizar, aunque alguno lo haya hecho”, ha indicado la experta.

Según ha destacado, estudiar e investigar la comisión de un delito es complejo dependiendo de qué es lo que se haya hecho. “No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas y, en mi caso, llevar a los estudiantes para que rompan los estereotipos que se tienen respecto a las personas que han podido cometer un homicidio o tráfico de drogas. Nosotros estudiamos comportamientos delictivos de personas de carne y hueso, son humanos como nosotros y pueden haber cometido algo horrible, pero no debemos deshumanizarlos porque si lo hacemos no vamos a entender cuáles han sido las razones que les han llevado a cometer los delitos. Y repito que entender no es compartir ni justificar”, ha recalcado.

Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado

Durante el encuentro han tratado de que la conversación fuera cómoda y participativa, pero también han encontrado puntos de desencuentro o cuestiones que han sido más complicadas de abordar con los internos, sobre todo las relacionadas con la violencia machista. “Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado. La normativa internacional interna obliga a tener programas específicos de violencia de género con personas que la han ejercido, pero muchas veces es complicado por lo que llamamos en Criminología como técnicas de neutralización de la culpa o la desvinculación moral selectiva. Estas cuestiones hacen pensar que incluso quienes cometen este tipo de delitos son más víctimas que autores. Por eso es importante que en prisión haya recursos y preparación suficiente y también apoyo a las personas funcionarias porque realizan un trabajo muy complejo para poder ayudar al cambio de estas personas. El cambio no es fácil, la sociedad piensa que porque se les haya privado de libertad y se les haya metido en prisión van a reflexionar y cambiar y muchas veces es al revés, porque de manera más o menos irracional los internos pueden llegar a sentirse víctimas del sistema”, ha lamentado Varona.

Para la experta lo importante es que “la sociedad entienda que el objetivo de la prisión debe ser que no se vuelva a cometer ningún delito y que las personas internas aprendan algo estando dentro de prisión”. “Se trata de que cuando salgan respeten, por eso hay que entender cuáles son los problemas que tienen y responder de la manera menos dañina posible porque el coste de estar en prisión no es solamente una privación de libertad, también tiene una afectación en familias y en la propia sociedad”, ha concluido Varona quien no descarta volver a repetir un encuentro similar el año que viene.

La Guardia Civil en La Rioja mantiene una vigilancia activa y permanente para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas que privan a determinados conductores del derecho a conducir. Con motivo del periodo estival y de la celebración de numerosas fiestas patronales en los distintos municipios riojanos, la Guardia Civil ha reforzado los controles destinados a verificar el cumplimiento de estas medidas.

Para ello, además de los controles realizados por las patrullas uniformadas del Sector de Tráfico y del Servicio de Seguridad Ciudadana, se llevan a cabo dispositivos específicos de vigilancia mediante vehículos camuflados y agentes de paisano pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT).

Desde el inicio del año hasta finales de mayo, un total de 133 conductores han sido interceptados circulando sin la autorización correspondiente:

El objetivo de estas actuaciones es garantizar la seguridad vial y proteger al conjunto de los usuarios de la vía, evitando conductas que ponen en grave riesgo la circulación. Asimismo, se busca eliminar cualquier falsa sensación de impunidad de quienes creen que, una vez sancionados o privados del permiso de conducción, no existe supervisión efectiva sobre su comportamiento.

Entre los delitos contra la seguridad vial que pueden llevar aparejada la privación del derecho a conducir se encuentran la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas, los excesos de velocidad constitutivos de delito, la conducción temeraria, la negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas, el abandono del lugar de un accidente y determinadas conductas imprudentes con resultado de lesiones o fallecimiento.

La conducción durante el periodo de privación judicial del permiso o tras la pérdida de vigencia por agotamiento de los puntos constituye un delito recogido en el artículo 384 del Código Penal, castigado con penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Desde el Instituto Armado se recuerda que la pérdida de vigencia del permiso por agotamiento de los puntos obliga al conductor a abstenerse de conducir durante el periodo legalmente establecido y a superar posteriormente los correspondientes cursos de sensibilización y reeducación vial, así como las pruebas exigidas para la recuperación de la autorización administrativa.

Las infracciones que con mayor frecuencia provocan la pérdida de puntos son los excesos de velocidad, el uso del teléfono móvil durante la conducción, la no utilización del cinturón de seguridad y el consumo de alcohol o drogas.

Agentes de la patrulla de Protección de la Naturaleza de Illescas (PACPRONA) han detenido a un varón como presunto autor de tres delitos de maltrato animal y un delito de amenazas, tras abatir con una escopeta de caza a cinco perros.

Las investigaciones se iniciaron tras la desaparición de varios perros cuyos propietarios habían denunciado los hechos dos años antes. Como resultado, los agentes realizaron una inspección en una finca rústica situada en la zona norte de la comarca de la Sagra (Toledo), donde localizaron restos óseos de cuatro perros enterrados en distintos puntos bajo toneladas de estiércol.

Asimismo, se localizó y recuperó un cráneo parcial de perro que presentaba varios perdigones incrustados y una lesión compatible con la trayectoria de los proyectiles. Entre los restos hallados se localizaron los dispositivos deidentificación (microchips) de dos de los animales, lo que permitió confirmar su identidad.

Abatidos dos años antes: solo se han recuperado restos de cuatro

Las gestiones practicadas determinaron que los cinco perros habrían sido abatidos con disparos de escopeta aproximadamente dos años antes de su hallazgo, aunque únicamente fue posible recuperar los restos de cuatro de llos. Los animales correspondían a dos perros de raza pastor alemán, dos huskies siberianos, y un perro mestizo.

Cuatro de ellos figurabano ficialmente como desaparecidos tras las denuncias presentadas por sus propietarios.

En el marco de la investigación los agentes procedieron a la intervención de tres escopetas, un rifle, una carabina y una pistola propiedad del presunto autor, quien disponía de toda la documentación y licencias en vigor.

Para el esclarecimiento de los hechos se contó con la colaboración de una taxidermia de la provincia de Toledo y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

El artículo 340 bis del Código Penal establece penas de prisión de hasta dos años, además de la inhabilitación especial para la tenencia de animales y para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio relacionado con ellos, así como a la posible privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de hasta cinco años.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

La Audiencia Provincial ha absuelto a un hombre que inicialmente fue condenado por un delito de desobediencia tras negarse a identificarse legalmente en un hotel de Almería durante la pasada temporada veraniega alegando ser nacional de la ficticia 'República Errante Menda Lerenda'.

La sentencia, consultada por Europa Press, revoca el fallo dictado por la titular de la Plaza 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería al considerar que los hechos no revisten la gravedad suficiente para ser considerados delito, aunque deja la puerta abierta a que la Policía Nacional pueda abrir un expendiente por infracción administrativa.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de agosto del pasado año, cuando el acusado se encontraba en uno de los hoteles de la zona de El Toyo, en la capital almeriense, donde intentaba identificarse en la recepción como nacional de la 'República Errante Menda Lerenda' mediante un “burdo” pasaporte.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento hotelero comisionados al respecto y se entrevistaron con el hombre, quien comenzó a mostrar una “actitud desafiante a los agentes”, a quienes negó su identificación.

El hombre comenzó a vociferar y a realizar aspavientos sin hacer caso los agentes, quienes le pedían que depusiera su actitud porque estaba molestando a otras personas en el hotel. Finalmente, tuvieron que sacarlo a la fuerza del edificio ya que “no obedecía a los agentes” ni mostraba “colaboración alguna”.

La mera negativa a identificarse ya no es delito

Aunque la Audiencia considera probados estos hechos, estima el recurso de apelación impulsado por la defensa y considera que lo ocurrido, pese a ser un acto de “rebeldía”, no fue lo suficientemente grave para ser considerado delito conforme al artículo 556.1 del Código Penal.

En esta línea, la Sección Segunda incide en que tras las reformas legislativas recientes, la mera negativa a identificarse a requerimiento de los agentes del orden ha sido expulsada de la órbita penal.

De este modo, recalca que conductas basadas en la mera negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad policial están contempladas como una infracción administrativa en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Con ello, revoca el fallo original que le imponía seis meses de multa a razón de seis euros diarios así como las costas.