La derecha sigue de fiesta en Bolivia. A dos días de la toma de posesión del nuevo presidente, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, la expresidenta Jeanine Áñez Chávez (2019-2020), de la derecha conservadora, ha salido este jueves de prisión por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al cabo de casi cinco años recluida por su participación en el golpe que derivó en su llegada al cargo tras la caída del izquierdista Evo Morales.

La absolución de Áñez deriva de una revisión extraordinaria de la sentencia condenatoria, según la cual la exmandataria no debió ser juzgada por la vía ordinaria, sino mediante un juicio parlamentario de responsabilidades. La decisión ha vuelto a dividir las aguas de la política boliviana entre los que celebran la resolución judicial, por considerarla una forma de reparación del castigo infligido a la exmandataria, y quienes creen que su libertad consolida la impunidad de su gobierno transitorio, implicado en al menos 37 muertes extrajudiciales durante sus primeros días de mandato.

El gobierno saliente de Luis Arce, de la formación Movimiento al Socialismo (MAS), detuvo a la también exsenadora por Beni, en el noreste del país, en marzo de 2021. Áñez estaba presa desde entonces, primero de forma preventiva y luego con sentencia. Su condena no se debió a las muertes violentas registradas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, ejecutadas por fuerzas militares bajo su mando, sino por un proceso que observó su actuación “contraria a la ley” al asumir la primera magistratura boliviana el 12 de noviembre de 2019.

La orden de libertad también ha vuelto a poner en debate el supuesto oportunismo político de los actores del sistema judicial boliviano, a los que distintos sectores acusan de dictaminar la excarcelación de la expresidenta para estar a tono con los gobernantes electos y las principales fuerzas políticas emergentes de las elecciones de agosto y octubre de 2025, de derecha y centroderecha.

A través de su cuenta de Facebook, la expresidenta, encerrada en el penal paceño de Miraflores, expresó su gratitud al TSJ: “Por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos”, escribió. Horas antes, a través de la misma red social, había escrito: “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó. Lo hice con conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio”.

Antes que a Áñez, a finales de agosto, el mismo TSJ resolvió liberar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, quienes también habían sido apresados por su supuesta implicación en las protestas que desencadenaron en la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Mientras la exoneración de los dos primeros se produjo unos días después de la primera vuelta electoral, en la que la izquierda fue prácticamente barrida del mapa político boliviano, la de Áñez se ha ejecutado a dos días de que asuma el cargo el nuevo presidente, Rodrigo Paz, y con la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de mayoría derechista ya en funcionamiento. La exmandataria ha sido invitada al acto.

Después de la estrepitosa derrota de la izquierda boliviana en las elecciones generales, la derecha ha ido imponiendo su agenda en la vida institucional del país. Además de las señaladas resoluciones judiciales, el presidente electo Paz se ha acercado al gobierno de Estados Unidos y se ha reunido con su secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante los gobiernos del MAS liderados por Morales y Arce, Bolivia y EEUU redujeron sus relaciones a la mínima expresión. En cambio, Paz ha expresado su voluntad de restablecer plenamente la colaboración entre ambas naciones. Al mismo tiempo, el ganador de las elecciones, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ha polemizado públicamente con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, otrora aliado incondicional de las administraciones izquierdistas bolivianas.

Otra muestra de la derechización de la política boliviana ha sido la reciente reposición de la Biblia y el crucifijo cristiano como símbolos para presidir los actos de juramento en la Cámara de Diputados, una disposición que contradice a la propia Constitución vigente, en la que Bolivia se asume un país laico. Fue Áñez la última gobernante boliviana que asumió el poder blandiendo la Biblia, y en su trayectoria en redes acumula un historial de exacerbadas afirmaciones ultracatólicas.

Justicia politizada

Jeanine Áñez, había sido sentenciada a 10 años de prisión en 2022 por asumir “inconstitucionalmente” la presidencia de Bolivia en 2019, un caso conocido como “Golpe 2”. La nueva resolución, tras un recurso extraordinario de revisión de sentencia, señala que no debió ser sometida a un juicio ordinario, sino a un procedimiento parlamentario. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, exclamó en X tras anunciar la decisión: “¡Por una justicia independiente!”.

Al margen de los criterios técnicos, persiste la sospecha de que los altos magistrados bolivianos operan movidos por impulsos más políticos que jurídicos. La socióloga Luciana Jáuregui interpreta que las resoluciones para liberar a Camacho y Áñez están directamente influenciadas por los cambios recientes en la política boliviana. “La justicia, lejos de resarcir sus déficits, lo que hace es poner de manifiesto la falta de independencia del Órgano Judicial”, dice la académica, formada en la Universidad Mayor San Simón de Bolivia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador.

La investigadora duda de la cualidad reparadora del proceder del TSJ y cree, por el contrario, que “erosiona más la legitimidad del órgano judicial y refuerza la percepción de parcialidad y descomposición estructural del sistema, dado que los tribunales actúan como instrumentos de presión y legitimación política”. Es más, la investigadora apunta que, con sus decisiones políticas, la justicia boliviana está contraviniendo “las recomendaciones internacionales”.

Masacres e impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la violencia que, ya con Áñez en el Gobierno boliviano, se saldó con muertes, heridos y torturas principalmente perpetrados por tropas militares. En su “Primer informe - Seguimiento a las recomendaciones del GIEI”, publicado en 2023, la CIDH precisó que el grupo “identificó que al menos 37 personas habrían perdido la vida en distintos lugares del país y que centenares de personas habrían resultado heridas, tanto física como psicológicamente”.

Más de 20 de las 37 bajas perecieron en las masacres de Sacaba (Cochabamba), del 15 de noviembre de 2019, y de Senkata (El Alto-La Paz), del 19 de noviembre del mismo año, donde afines al expresidente Evo Morales y contrarios al gobierno transitorio fueron reprimidos con armamento letal.

Áñez siempre defendió su derecho a un juicio parlamentario de responsabilidades por tratarse de delitos presuntamente cometidos durante el ejercicio de altas funciones. El gobierno de Arce no disponía de mayoría para activar el procedimiento, por lo que promovió juicios ordinarios como el que acabó sentenciándola a 10 años de cárcel en 2022.

Mientras la expresidenta, la derecha y sus acólitos celebran el dictamen de la justicia boliviana, las víctimas, familias y la izquierda denuncian el agravamiento del clima de impunidad en el país. Rodrigo Pacheco, experto en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, considera que la conducta judicial está lejos de resolver las tensiones políticas reinantes. “La sensación de que la impunidad se ha impuesto sobre la justicia por los hechos de violencia del 2019 va a adherirse a la memoria histórica de los sectores populares que apoyaron los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari, y va a generar una reacción de descontento hacia el Estado y sus nuevos operadores”, advierte.

Las fotografías del atuendo se reprodujeron en los principales medios de comunicación del mundo. La chompa, como se le llama al suéter de lana en Bolivia, con rayas de varios colores acompañó a Evo Morales mientras daba la mano a presidentes de diferentes extremos del mundo durante la gira que realizó en 2006, poco antes de su posesión como jefe de Estado. La prenda fue el epítome del proceso de cambio que significó la llegada al poder del primer presidente indígena en el país sudamericano. Ya se deducía entonces el antes y después que marcaría en la historia de la nación, pero no se anticipaba que, casi 20 años después de mandato, terminaría destronado de su partido político y con una orden de detención por presunto abuso a una menor –el caso fue investigado sin resultados hace cinco años, y ha sido reabierto hace tres meses por la Fiscalía en pleno enfrentamiento entre Morales y el actual presidente Luis Arce–.

La fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, formalizó el pasado lunes 16 una imputación contra Morales por el presunto delito de trata de personas. Sobre el líder cocalero pesa una orden de aprehensión desde el 16 de octubre por no haberse presentado a declarar durante las investigaciones. Desde el Ministerio Público se adelantó que se pedirá en el juicio seis meses de detención preventiva. Las autoridades alegan que en 2016, cuando Morales era presidente de Bolivia, habría tenido una hija con una adolescente de 15 años, a cambio de favores políticos y económicos para los padres, también acusados. El caso se abrió en 2019, tras el golpe contra el Gobierno de Morales después de las elecciones de octubre en las que iba en cabeza el candidato del MAS, y que contó con el apoyo de la Policía y el Ejército y culminó con la investidura de la opositora Jeanine Añez.

Aquella investigación no obtuvo resultados entonces, y ha sido reabierta hace tres meses. 

Es el último de los embates que sufre Evo desde que se distanció del actual presidente y su exministro de Economía, Luis Arce, quien llegó al gobierno en 2020 apoyado por Morales. Desde que ocurrió esta división a finales de 2021, Arce ha utilizado todos los recursos que le permite el Estado para cercar a su contrincante. 

Primero, a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, lo inhabilitó como candidato presidencial para las próximas elecciones de agosto de 2025. Después, fue despojado de su liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobierna el país desde 2006 (con la interrupción del golpe de 2019) y que ahora lidera la familia política de Arce.

“Milagro boliviano” y ‘postevismo’

“El campo político está en modo ‘postevismo’. Con la crisis económica y política actual, la mayoría de los bolivianos ve a Morales como parte del problema y no como la solución. Y como él mismo no ha mostrado ningún cambio en sus ideas ni en sus formas, creo que le será muy difícil encontrar un camino para reponer ese liderazgo que tuvo mientras fue presidente”, comenta la politóloga Cecilia Chacón, exministra de Defensa con Evo Morales y ahora alejada del ex presidente. A pesar de logros como la nacionalización de los hidrocarburos y la reinserción indígena en una sociedad con más de la mitad de sus habitantes con origen nativo, los críticos de Morales le acusan de autoritarismo y señalan como punto de inflexión el año 2017, cuando Morales logró aspirar a un cuarto mandato, a pesar de la limitación de mandatos de la Constitución, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional.

Morales se ha defendido en sus redes sociales de las acusaciones de abuso, denunciando que es víctima de lawfare y que “no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso”. 

“El Gobierno de Luis Arce se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU”, escribió el exmandatario en su cuenta de X. La Casa Blanca es un objetivo constante de sus diatribas, desde que expulsó al Departamento de Antidrogas de Estados Unidos (DEA), pero principalmente por haber puesto fin, con su presidencia, a la fase neoliberal del país, regida por el Consenso de Washington de 1989. 

Morales se convirtió entonces en una de las caras más visibles de la llamada marea rosa del socialismo en la primera década del siglo XXI en América Latina, junto con Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela, entre otros referentes.

“El modelo de desarrollo dejó de basarse en la apertura económica y privada para pasar a un empoderamiento del Estado y al control de algunas empresas estratégicas como del gas y la minería, a partir de la subida de precios internacionales de las materias primas, principalmente del gas y del petróleo”, explica el magíster en filosofía política Óscar Gracia. Asegura que la década y media de gobierno de Morales —dividida en tres mandatos: 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019— fue un punto de inflexión en la historia boliviana. No solo por la estabilidad económica, el llamado “milagro boliviano”, sino por crear una clase media indígena, tradicionalmente marginada, e introducirla en el espacio público.

Crisis e inflación

“Se hicieron una serie de transformaciones importantes que tienen que ver con la nueva Constitución y un cambio de imaginario en el país. Comienza a transformarse el discurso que imperaba desde la segunda mitad del siglo XX de que Bolivia es un país mestizo y empezamos a asumir esta condición de plurinacionalidad que ahora se debate en muchos países”, detalla el docente investigador de la Universidad Privada Boliviana, Andrés Laguna. Aquella calma social y económica es ahora una añoranza. Bolivia alcanzó una tasa anual de inflación en noviembre pasado de 9,5% a causa de la caída de los precios del gas, el principal rubro de exportación, y el agotamiento de los pozos existentes por falta de inversión en exploración.

La falta de circulación de dólares en el país ha llevado a la creación de un mercado informal de cambio, en el que la moneda estadounidense puede llegar a costar el doble de su precio oficial. Los bancos han limitado la retirada de dinero en cantidades mensuales, y el banco internacional JP Morgan ubicó a Bolivia, en su informe anual, como el segundo país de la región con más riesgo para la inversión privada, solo detrás de Venezuela. La incertidumbre es tanta que ha fragmentado el apoyo indígena originario campesino, antes siempre unificado a favor del MAS, entre el ala arcista y la evista. Cómo se distribuirá en los comicios de 2025 es todavía una incógnita.

Morales ha tenido un apoyo incondicional de los sectores rurales del valle boliviano, especialmente de los cocaleros, representados en la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, organización que impulsó su carrera sindicalista a comienzos de los años noventa. Es más, el senador evista Leonardo Loza afirmó que su líder se encuentra protegido a día de hoy “por una barrera de comunarios” en el Chapare, una de las provincias de esta región productora de la hoja de coca. Sin embargo, queda por saber la postura que tomarán movimientos decisivos, como la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa y, sobre todo, el electorado de El Alto, ciudad aymara, epicentro de revueltas sociales y con un galopante crecimiento económico y demográfico.

Elecciones decisivas en el horizonte

“Lo más probable es que ese voto [indígena originario campesino] que en 2009 le dio el 63% de los votos al MAS se vaya fragmentando, lo cual es por demás sano para la estructura democrática. Nunca ha sido muy democráticamente saludable un dominio tan importante. Es importante que se puedan hacer negociaciones políticas”, asegura Gracia. Para Chacón, esa usual estrategia de Evo de introducir a los dirigentes de los movimientos sociales en la estructura estatal es lo que lo está perjudicando en la actualidad. “Los representantes de los movimientos sociales se acostumbraron a las ventajas que les da el Estado y decidieron respaldar al presidente Luis Arce y no a Evo (…). Las organizaciones sociales desde 2005, más que masistas, se hicieron oficialistas”, dice la politóloga.

Por otro lado, la oposición derechista consolida alianzas para presentarse como bloque único en las próximas elecciones. El miércoles 18, los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa firmaron un acuerdo de unidad con el exgobernador de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Luis Fernando Camacho (en prisión por su supuesta participación en el golpe contra Morales de 2019), y el empresario Samuel Doria Medina. “No me extrañaría que candidatos como Quiroga o Doria Medina adopten el discurso de Milei o Bolsonaro: libertario, radical y populista de derechas”, opina Laguna.

Lo cierto es que el próximo 17 de agosto de 2025, en el mes del bicentenario del país, se llevarán a cabo unas elecciones con una importancia que no se conocía en la historia reciente del país. También es cierto que, por primera vez en 20 años, podría no estar en la papeleta la fotografía de Evo Morales.

La visión de soldados y blindados en la plaza Murillo de La Paz, intentando forzar la entrada de la Casa Grande del pueblo, sede del poder ejecutivo boliviano, trajo de nuevo a la mente de muchos el recuerdo de tristes episodios pasados, en Bolivia y en otros países latinoamericanos, de golpes de Estado que condujeron a dictaduras prolongadas y sangrientas. Pero por poco tiempo, porque –sorprendentemente– bastó que el ministro de Defensa nombrara un nuevo jefe del Ejército y este diera la orden de volver a los cuarteles para que la reducida fracción armada protagonista de la asonada, dirigida por el general Juan José Zúñiga –destituido como comandante del ejército 24 horas antes–, cesara inmediatamente en su actitud y todo volviera a la normalidad.

En Bolivia ha habido 36 golpes de Estado desde que obtuvo su independencia en 1825, que podrían llegar al centenar si contáramos todos los pronunciamientos o presiones –internas y externas– que han provocado cambios políticos no democráticos. El último de ellos fue de carácter civil-militar y obligó a dimitir y a exiliarse del país al presidente Evo Morales, que acababa de ganar por quinta vez las elecciones (octubre 2019). La excusa fue un presunto fraude electoral avalado por la Organización de Estados Americanos, sin pruebas, ya que posteriormente varias investigaciones académicas independientes demostraron que el fraude no había existido. La senadora Jeanine Áñez fue investida presidenta interina de la mano de los militares, por un procedimiento irregular, y convocó un año después elecciones –a las que se presentó–, que fueron ganadas por Luis Arce, antiguo ministro de Economía y Hacienda de Morales y miembro como él del Movimiento al Socialismo (MAS).

Desde su regreso al país, en noviembre de 2020, Evo –que está muy próximo a los movimientos indigenistas– ha mostrado públicamente diferencias de criterio con Arce, llegando en algunos casos al enfrentamiento dialéctico, y no ha descartado ser el candidato del MAS en la próxima elección presidencial –que tendrá lugar en 2025–, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano dictaminó en 2023 que no podría presentarse de nuevo por haber gobernado tres períodos consecutivos. La oposición en Bolivia está muy debilitada y desprestigiada, con la mayoría de sus dirigentes –incluida Jeanine Áñez– en prisión o amenazados de imputación. Actualmente la oposición está dentro del propio MAS y la lidera el antiguo presidente.

Morales tiene muchos enemigos en Bolivia, especialmente entre las clases acomodadas –en su mayoría blancas– y algunos altos mandos del ejército, que toleran mejor a Arce, tal vez por el origen indígena del primero. Esas fuerzas no quieren que él vuelva al poder en ningún caso, y harán todo lo posible para que no suceda. El general Zúñiga fue destituido precisamente por unas declaraciones en las que afirmó que se opondría a una posible candidatura de Morales en las próximas elecciones, amenazando incluso con detenerlo. En contraste, durante las horas que duró el golpe, afirmó que no tenía ninguna intención de destituir al presidente Arce. Por esto no se puede descartar que el golpe haya sido un capítulo más del enfrentamiento entre ambos dirigentes.

Antes de que las tropas salieran a la calle, el presidente Arce se encontraba en una situación política muy delicada. La economía boliviana –que precisamente con él como ministro responsable había alcanzado sus mejores cifras– se encuentra en una situación lamentable, tal vez por la acusada pérdida de ingresos derivados del gas natural, cuya producción ha decaído hasta el punto de impedir las exportaciones. La inflación es muy alta, faltan combustibles y, sobre todo, faltan dólares para comprar todo lo que Bolivia tiene que importar, que es mucho. En consecuencia, su popularidad se había hundido y los sindicatos y movimientos indígenas habían comenzado a movilizarse en su contra.

Muchos analistas bolivianos, dentro y fuera del país, han considerado verosímil que este débil intento de golpe hubiera sido consensuado con el actual presidente para reforzarle en su pulso con Morales y –sobre todo– para provocar una reacción de adhesión que neutralizara el descontento generalizado en el país por la situación económica. El propio líder de la asonada, Zúñiga, acusó en el momento de su detención al presidente Arce de haber acordado con él el intento de golpe para levantar su popularidad y de haberle dado luz verde para sacar los blindados a la calle.

Lo cierto es que, farsa o autogolpe, Arce sale reforzado de este episodio político, enarbolando la bandera de la defensa de la democracia. Los movimientos sociales le muestran su apoyo, el MAS se cohesiona en su favor, la oposición le respalda, y la comunidad internacional es unánime en la condena del golpe y la defensa de su legitimidad. Incluso el peligro de involución le puede permitir tomar medidas de excepción que contengan el descontento popular.

No obstante, el actual presidente puede haber ganado un cierto respiro político y social momentáneo, pero este incidente no va a arreglar la economía boliviana, ni menos aún los problemas sociales y medioambientales. La tensión política aumenta con vistas a las elecciones de 2025, para las que no se puede descartar que se produzca un enfrentamiento fratricida entre Arce y Morales, lo que aumentaría la división interna en el MAS y en los movimientos que lo apoyan, y produciría una mayor inestabilidad, lo que podría conducir al país a un nuevo episodio antidemocrático. 

Hay además otro elemento importante a tener en cuenta. Bolivia posee las mayores reservas del mundo de litio –23 millones de toneladas–, un mineral estratégico que ha sido considerado el petróleo del siglo XXI por su amplia utilización en la industria actual, principalmente en baterías de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos, o como combustible para láseres y cohetes. El litio boliviano ha sido sin embargo apenas explotado hasta ahora, el único acuerdo del Gobierno en relación con este mineral ha sido con la empresa estatal rusa Uranium One Group, perteneciente a Euratom, para la construcción de una planta piloto de explotación que empezaría a producir este año, a la que seguirían otras en 2025. Es fácil comprender que en EEUU y Europa este estado de cosas no es precisamente el más deseado y que verían con buenos ojos un Gobierno más afín a los occidentales.

Es difícil vincular este asunto del litio con el reciente intento de golpe de Estado, sobre todo porque ha sido una chapuza y los golpes preparados desde países poderosos suelen ser muy eficaces y cumplir sus objetivos (véase Chile 1973). No obstante, favorecer a Arce por delante de Morales puede tener ciertos resultados en la dirección deseada por Washington. Aunque ambos pertenecen al mismo partido, es notorio que Evo –que fue quien nacionalizó el litio en 2008– tiene una posición más radical, mientras que un tecnócrata como Arce podría abrirse a la participación de empresas occidentales que aporten la tecnología necesaria para la explotación del codiciado mineral. 

En los próximos meses y en la elección presidencial de 2025 veremos –si no pasa nada antes– en qué desemboca la rivalidad entre Arce y Morales, quién de los dos es el candidato del MAS y, en el caso improbable de que se presentaran los dos, quién gana. Esperemos que Bolivia consiga mantener una democracia social –duramente alcanzada– y aprovechar los enormes recursos que tiene en beneficio de su población y con respeto al medio ambiente, a pesar de las presiones exteriores que sin duda va a recibir, porque ese sería el único camino de progreso para uno de los países más pobres de América Latina.

Varios tanques y militares fuertemente armados ocuparon este miércoles la plaza Murillo frente a la sede del Ejecutivo boliviano, después de que el Comandante General del Ejército Juan José Zúñiga amenazara con tomar el edificio. El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció minutos antes “movilizaciones irregulares” de militares en la ciudad de La Paz.

Según ha constatado EFE, los militares en la Plaza Murillo están armados, encapuchados y con cajas de municiones de gases lacrimógenos y se reportan varias personas heridas.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este miércoles desde Paraguay que el organismo no tolerará “ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia”, tras el despliegue de militares frente a la sede de Gobierno en La Paz.

El Gobierno de Bolivia ha terminado con el intento de golpe de Estado militar acaudillado por el ya depuesto comandante general Juan José Zúñiga contra el Ejecutivo de Luis Arce. El propio presidente Arce había denunciado este miércoles “movimientos irregulares” de soldados frente a la sede del Gobierno en la ciudad de La Paz.

Horas después, desde un palacio gubernamental cercado por los golpistas y por una de cuyas puertas irrumpió una tanqueta, el presidente Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, anunciaban a la ciudadanía que habían expulsado a los militares.

Zúñiga, el destituido comandante general que ha liderado a los militares, ha sido detenido y trasladado a una celda en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La detención se ha producido cuando este salía de la sede del Estado Mayor de Bolivia, sobre las 19.00 hora local, y después de que comandase a los militares que han irrumpido con tanques en la sede del Ejecutivo en la ciudad de La Paz. Se le acusa de “intento de golpe de Estado” contra el Gobierno de Arce.

La Fiscalía General había decretado antes de la detención una “alerta migratoria” para evitar que Zúñiga abandonase el país. La Fiscalía boliviana también ha anunciado que se abrirá una “investigación penal” contra él y contra todos los militares que han participado en la movilización “irregular”.

Tras su detención, el comandante general se ha justificado acusando al presidente Arce de ordenarle sacar los “blindados” a la calle para “levantar” su popularidad. “Me reuní con el presidente y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, que esta semana sería crítica y es necesario algo para levantar mi popularidad”.

Según las acusaciones de Zúñiga, el presidente boliviano habría pedido que se produjese un movimiento militar. “Yo le pregunté: ¿sacamos los blindados? y él (Arce)” respondió “sacá”.

Antes de relevar a toda la Cúpula de las Fuerzas Armadas, el presidente se había encarado con Zuñiga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, derribada por un tanque militar, y le ordenó “replegar” a los militares que lo acompañaban.

Durante el intento de golpe de Estado, el Gobierno se ha mantenido en la Casa Grande “para enfrentar todo intento golpista” y ha pedido a la pueblo bolivariano que “se movilice y organice en contra del golpe”. Rodeado de su todo su gabinete, Arce ha asegurado que Bolivia “no puede permitir que, una vez más, intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas [recordando el golpe de  Jeanine Áñez contra Evo Morales en 2019]”. “Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia. Y aquí estamos, firmes en Casa Grande, con todo el gabinete. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano”.

Y así ha sido. Minutos después de que el propio Arce nombrara en la sede del Ejecutivo a los nuevos comandantes del Ejército, los militares han abandonado el centro de La Paz. El personal militar que se había unido al ataque contra el Gobierno de Arce ha empezado a replegarse a los cuarteles cuando el comandante José Wilson Sanchez, el sustituto del golpista Zúñiga, ha llamado a restablecer el orden y ha ordenado a los militares que se replegaran.

Tras la retirada de los tanques y de los golpistas, la ciudadanía ha entonado el himno nacional en las inmediaciones de Plaza Murillo. “Estamos en la calle para defender el proceso de cambio, para defender a la democracia y decirle al presidente Luis Arce que no está solo”, ha asegurado uno de los manifestantes en declaraciones a la prensa. “Lucho, no está solo”, ha coreado la multitud.

El presidente Arce ha agradecido al pueblo de Bolivia y a la comunidad internacional por su rechazo a la “intentona golpista”. “Saludamos y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestras organizaciones sociales y a todo el pueblo boliviano, que salieron a las calles y se expresaron a través de distintos medios de comunicación, manifestando su rechazo a la intentona golpista, que lo único que hace es dañar la imagen de la democracia boliviana a nivel internacional y generar incertidumbre innecesaria en momentos en los que las y los bolivianos necesitamos trabajar para sacar adelante al país”.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha expresado la condena de la UE al “intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia”.

En efecto, varios tanques y militares fuertemente armados ocuparon este miércoles la plaza frente a la sede del Ejecutivo boliviano, después de que el depuesto comandante general del Ejército amenazara con tomar el edificio.

Los militares en la plaza Murillo estaban armados, encapuchados y con cajas de municiones de gases lacrimógenos y se informó de varias personas heridas. Las imágenes han mostrado cómo una tanqueta ha tirado las puertas de la sede del Ejecutivo de Bolivia y ha entrado al interior, después de que el depuesto Zúñiga amenazara con tomar el Gobierno y cambiar el gabinete“.

“Seguramente pronto va a ver un nuevo Gabinete”, había anunciado Zúñiga a la prensa, según recoge Los Tiempos, desde el centro del poder político en La Paz, la plaza Murillo, horas antes de salir corriendo de allí al fracasar su asonada: “Va a haber un nuevo Gabinete. Se va a cambiar ministros, pero no puede seguir así nuestro Estado, haciendo lo que le da la gana. Estamos mostrando nuestra molestia, es deber, obligación que sus Fuerzas Armadas otra vez recuperen esta patria, basta de empobrecer la patria y humillar al Ejército. Están los tres comandantes de las fuerzas. Hemos venido a manifestar nuestra molestia”, dijo. “Vamos a tomar” la Casa Grande afirmó: “No puede ser que la lealtad de los comandante se pague con deslealtad, nunca con el pueblo, no nos vamos a enfrentar”. Y añadió que coordinaron la toma con unidades policiales. Preguntado por si reconoce la autoridad del presidente Luis Arce, respondió: “Por el momento”.

Zuñiga también anunció que “liberará a todos los presos políticos” como la expresidenta golpista de 2019 Jeanine Añez, y “restablecerá la democracia” en el país. “Liberaremos a Añez [al gobernador golpista de Santa Cruz, Luis Fernando] Camacho, militares presos”, indicó a los medios Zuñiga frente a la sede del Gobierno a la par de un tanque.

La propia Áñez censuró el pronunciamiento militar: “Repudio total a movilización de Militares en plaza Murillo pretendiendo destruir el orden constitucional, el MAS con Arce y Evo deben irse a través del voto el año 2025. Los bolivianos defenderemos la democracia”. 

El depuesto comandante Zúñiga es quien amenazó este miércoles con tomar la sede del Ejecutivo boliviano mientras transitaba en un tanque, según se observó en la transmisión de medios locales de televisión, mientras el presidente del país denunció movilizaciones irregulares de tropas en la capital.

Arce se encaró a Zúñiga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, y le ordenó “replegar” a los militares que lo acompañaban. “Repliegue todas estás fuerzas es una orden”, le gritó Luis Arce a Zuñiga. Horas después, los tanques y el grupo de las Fuerzas Armadas se retiraron.

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), así mismo, había avisado este miércoles de que se estaba gestando un “golpe de Estado” en el país después de que se conociera un despliegue de tanques y militares fuertemente armados frente a la sede de Gobierno en la ciudad de La Paz. 

Morales también convocó a una “movilización nacional para defender la democracia” y acusó a Zúñiga de estar a la cabeza de la operación militar.

Respaldo internacional a Arce

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó desde Paraguay que el organismo no tolerará “ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia”, tras el despliegue de militares frente a la sede de Gobierno en La Paz.  “La Secretaría General de la OEA condena de la forma mas enérgica estas acciones del Ejército boliviano, el mismo deberá someterse a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana”, afirmó Almagro. 

Del mismo modo, expresó su “solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora”. “La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA, no toleraran ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar”, agregó.

Estados Unidos, a su vez, dijo estar “siguiendo de cerca” la situación en Bolivia e insta a la “calma y moderación”, afirmó este miércoles a EFE una portavoz de la Casa Blanca en una breve declaración escrita. La portavoz se refirió a la “situación en Bolivia” pero no utilizó la designación de “golpe de Estado” para describir el hecho de que un sector del Ejército boliviano se alzara contra el Gobierno democrático de Arce y una tanqueta entrara a la fuerza a la sede del Ejecutivo en La Paz. “Estados Unidos está siguiendo de cerca la situación en Bolivia e insta a la calma y moderación”, dijo la representante de la Casa Blanca.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó el miércoles por la noche que España condena “rotundamente” los movimientos militares en Bolivia. “España condena rotundamente los movimientos militares en Bolivia. Enviamos al Gobierno de Bolivia y a su pueblo nuestro apoyo y solidaridad y hacemos un llamamiento a respetar la democracia y el estado de derecho”, ha afirmado Pedro Sánchez en un mensaje en X.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado: “Todo el apoyo y solidaridad con el pueblo boliviano, víctima de un nuevo intento de golpe. La democracia y la Constitución deben prevalecer. La comunidad internacional debe emitir la más rotunda condena”.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, líder de la oposición al gobierno de Luis Arce, permanece detenido este miércoles en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz. La Fiscalía de Bolivia confirmó que el arresto del gobernador responde al caso “golpe de Estado I”, un proceso judicial que investiga la responsabilidad de los dirigentes políticos y sociales bolivianos en las masacres de 2019, que tuvieron lugar después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia forzado por presiones de militares y policías.

“Informamos al pueblo boliviano que la Policía Boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho”, escribió en sus redes sociales el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Camacho enfrenta además de esta causa numerosas denuncias hechas por el Gobierno en su contra. En principio, por liderar las huelga de 36 días en Santa Cruz en octubre pasado, para exigirle al Gobierno que concrete el censo de población para 2024.

La gobernación de Santa Cruz emitió un comunicado donde denunció que Camacho “ha sido secuestrado en un operativo policial absolutamente irregular”. “El operativo del secuestro del gobernador se realizó en las calles aledañas a su domicilio cuando él regresaba luego de cumplir actividades de gestión”, dice la nota. Por su parte, la Fiscalía explicó que la detención de Camacho “no se trata de un secuestro o una persecución política” sino que responde a una “orden de aprehensión” que se emitió en octubre de este año por parte de un juez en La Paz.

“La Policía detuvo a Camacho sin leerle sus derechos, no se identificaron porque iban de civil, no le comunicaron la causa judicial pero sí la orden en virtud de la cual lo estaban deteniendo y lo llevaron en helicóptero hasta La Paz, sin pasar antes, como debían, por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz”, dice a este medio el periodista argentino de elDiarioAR, Alfredo Grieco y Bavio, editor en 2012 en el periódico boliviano La Razón.

Hasta la noche del miércoles, el presidente no había hecho declaraciones sobre el tema, pero sí lo hizo Evo Morales. “Finalmente después de tres años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto. Confiamos en que esta decisión se sostendrá con la firmeza que demanda el clamor de justicia del pueblo”, dijo el expresidente en sus redes.

Quién es Luis Fernando Camacho

Luis Fernando Camacho lleva marcada en la piel su aversión por Evo Morales. El año previo a la llegada a la gobernación de Santa Cruz, el “macho Camacho” decidió tatuarse en su brazo derecho una cruz con la carta de renuncia que le escribió a Evo Morales en 2019 y la fecha de renuncia del exmandatario. “Decidí tatuarme, si bien no tenía tatuajes, la cruz con la carta dice ya somos libres y la fecha de renuncia de Evo Morales, quería que de alguna manera que me acompañe”, dijo en 2020 el empresario en una entrevista con No Mentiras.

Camacho, un empresario del oriente boliviano, acérrimo rival del expresidente Evo Morales, ganó visibilidad en 2019, año en que lideró las protestas por las denuncias del supuesto fraude electoral desde la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz. En ese momento, la tensión social escaló tan rápido que Evo, cercado por la oposición, acorralado por la resolución de la OEA, las Fuerzas Armadas y sectores de la Policía, renunció a su cargo y dejó Bolivia para parar a vivir en Argentina. “Luis Fernando Camacho es uno de los máximos responsables de la ruptura del orden constitucional en 2019”, escribió en sus redes sociales el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, cercano Evo Morales.

Camacho quedó detenido por haberse negado a prestar testimonio en dos oportunidades en la causa que investiga su responsabilidad en el golpe de Estado de 2019. Mismo proceso por el cual sigue arrestada la presidenta interina Jeanine Áñez. Además de ese proceso, también al gobernador le pesan numerosas denuncias del oficialismo por la huelga de 36 días cumplida en Santa Cruz, entre octubre y noviembre de este año, para exigir la pronta realización del censo de población.

“Acaban de resucitar a un muerto, porque era uno de los peores gobernadores de Bolivia. Si cae en un juzgado al que no convenzan ni los objetivos y mucho menos las formas, lo va a soltar. Con más ferocidad y felicidad, si la línea política personal del magistrado es evitista, para perjudicar al Arce”, dice Grieco y Bavio.

Hace menos de dos años, Camacho ganó la gobernación de Santa Cruz con más del 55% de los votos. Si bien su popularidad cayó en estos años, sigue siendo un actor de peso en la política regional del oriente del país. Rómulo Calvo, líder político cruceño aliado al gobernador, anunció en la noche del miércoles que responderán con una lucha “pacífica” por la liberación del gobernador. En declaraciones a los medios, Calvo le exigió a Luis Arce “la inmediata liberación” de Camacho, para “evitar la innecesaria confrontación que su Gobierno pretende instalar” en Santa Cruz.

Toma de aeropuertos e incendios

Los seguidores del gobernador, incluidos varios congresistas, tomaron los dos aeropuertos del departamento. El objetivo era evitar el traslado del líder opositor a La Paz. Las personas llegaron al aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz e ingresaron hasta la pista para evitar el despegue de aviones. Las personas movilizadas se subieron a los aviones para verificar que Camacho no estuviera en ningún vuelo, incluso obligaron a bajar a los pasajeros, asegurando que no permitirán el despegue de ningún vuelo desde esa terminal, según EFE.

Los vuelos en Viru Viru quedaron suspendidos temporalmente. La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) anunció la interrupción de sus vuelos. “Debido al cierre del aeropuerto de Viru Viru por el ingreso irregular de personas ajenas a la operación, nuestras operaciones aéreas hacia y desde este aeropuerto han sido suspendidas temporalmente de acuerdo a NOTAM (restricción aeroportuaria); a fin de resguardar la seguridad de nuestros usuarios”, informó BoA.

Lo mismo ocurrió en el aeropuerto El Trompillo. La televisión local mostró cómo los manifestantes ingresaron con violencia hasta la pista y obligaron a desalojar a los militares que se encontraban en esa terminal aérea, que actualmente se emplea para operaciones militares, de instrucción y privadas. En ese mismo momento, grupos radicalizados se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. En la puerta del edificio se dieron retrasos y quemaron parte de las oficinas. “El escenario ideal para Camacho es que las movilizaciones crezcan, así apelar a un discurso regional”, dice Bejarano.

“Es importante para la democracia boliviana que no se tolere la impunidad contra quienes promueven el fascismo, golpes de Estado y violación de los derechos humanos”, escribió este miércoles en sus redes sociales el presidente de Senado, Andrónico Rodriguez, del ala del Movimiento al Socialismo (MAS) más cercana al expresiones Evo Morales.

Camacho en la pelea de Evo con Arce

El arresto del principal líder opositor deja en evidencia las internas en el Gobierno. “Es una apuesta grande la que hace Luis Arce. Si le sale bien, podrá convertirse en el líder más importante del país”, dice a elDiario.es la periodista boliviana Susana Bejarano. “Por un lado, Arce podría descabezar a la oposición de la élite cruceña. Por el otro, dentro de la interna del MAS, todos aquellos discursos críticos a Arce, que pierden toda potencia con la aprehensión de Camacho. Todo esto, solo si le sale bien las cosas”.

Si las críticas del expresidente Morales apuntan a Arce, porque supuestamente el actual presidente “no ha actuado con suficiente dureza” para esclarecer las masacres de Senkata y Sacaba de 2019, la detención del gobernador de Santa Cruz llegaría para cerrar la distancia. La detención de Camacho se suma a la del expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, aliado político del gobernador de Santa Cruz, y a la de la expresidenta interina, Jeanine Añez. Esto podría ser leído por las filas de su propio espacio político como una manera de cerrar una deuda abierta hace tres años atrás. “Eso dejaría muy fortalecido a Arce dentro del MAS”, analiza Bejarano. 

Jeanine Áñez comparó este miércoles la detención del gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, con su aprehensión y dijo que el operativo policial fue un “secuestro”. Áñez responsabilizó al presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales de preparar “un megaoperativo policial/militar para secuestrar al gobernador Luis Fernando Camacho”.

“Por primera vez en la historia del MAS, una división interna ha enfrentado a una parte del movimiento, cuya cabeza es la más alta del gobierno, el exministro de Economía y actual presidente Luis Arce contra un MAS cismático, escindido tras acusar de traición al oficialismo gobernante por fuera de la administración del actual gobierno, porque su cabeza es el ex presidente Evo Morales”, dice Grieco y Bavio. “Para el MAS ahora opositor, el MAS gobernante resultó ser un traidor”.

La “traición” responde a un supuesto “pacto” entre el Gobierno y Santa Cruz para que el Comité Cívico local levante el paro y llegue a un entendimiento sobre la fecha de celebración del Censo nacional, postergada por la pandemia.

“Cuán convincente le resulte al electorado boliviano, hasta dónde llegará la resistencia que opondrá la Media Luna oriental ante una decisión que encuentra arbitraria, excesiva, inoportuna, en contra de un líder que sin embargo había dejado de encender entusiasmo, resulta difícil decirlo”, dice el periodista argentino.

Con información de EFE

La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada este viernes a 10 años de cárcel por los sucesos de 2019 que ocurrieron entre el 10 de noviembre, día en el que Evo Morales renunció a la Presidencia del país, y el 12, cuando la entonces senadora asumió el poder de forma transitoria.

A las 21.30 hora local (01.00 GMT) el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz anunció de manera virtual la condena contra Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y señaló que el texto completo de la resolución se dará a conocer en una audiencia el 15 de junio.

El juicio por el caso “golpe de Estado II” se debatió sobre las acciones de Áñez cuando era segunda vicepresidenta del Senado y asumió en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el Gobierno de Luis Arce y el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), tras las renuncias de Evo Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.

Carolina Ribera, hija de Áñez, dijo a Efe que este “juicio ha sido grosero” y que al momento del anuncio de la sentencia la expresidenta interina se encontraba sin ninguno de los abogados, que al igual que todas las partes escucharon la determinación por vía virtual. Alain de Canedo, uno de los abogados de Áñez, también señaló a Efe que como el anuncio del juez fue en la noche, a “esa hora está restringida la entrada en la cárcel”.

En su última declaración este viernes en la mañana, Áñez manifestó que “el poder político a mí lo que está haciendo es vengarse”. “Me han negado el derecho a estar presente hasta en mi propio juicio, si es que así puede llamársele a este simulacro. Me han negado todo y tratado peor que a nadie pero fui, soy y seré la Presidenta Constitucional que asumió su deber tras la huida del cobarde”, denunció.

Dijo, además, que no tenía la “ambición” de asumir la Presidencia y que solo cumplió su deber y que, a su juicio, el “único ambicioso” fue el expresidente Evo Morales “que no respetó la Constitución” desde 2016 cuando hizo caso omiso a los resultados de un referéndum que le negaban un cuarto mandato consecutivo.

Áñez tuvo que enfrentar todo el juicio de manera virtual desde la cárcel, pues según las autoridades era una medida preventiva por la pandemia y luego argumentó que existía un “riesgo de fuga”, pese a las insistentes peticiones de su defensa para que pudiera asistir personalmente a las audiencias.

La expresidenta transitoria deberá cumplir la condena en la cárcel de Miraflores, donde está detenida de manera preventiva desde hace más de un año.

Apelaciones al fallo

La defensa de la exmandataria así como la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría del Estado ya han confirmado que apelarán el fallo. La Fiscalía pedía 15 años de reclusión para la expresidenta interina argumentando que de forma “ilegal” asumió la Presidencia “vulnerando el reglamento del Senado” e “instalando” sesiones en el Parlamento sin la mayoría oficialista del Movimiento al Socialismo (MAS). Mientras que el abogado defensor De Canedo confirmó a Efe que “apelarán” la determinación después de que se conozca el texto completo de la sentencia.

El Tribunal también anunció una sentencia de 10 años de cárcel contra el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, y el excomandante de la Policía Yuri Calderon, de quienes se desconoce su paradero, y, además, otros cuatro exmiembros de las fuerzas fueron condenados a penas de entre cuatro y dos años.

En la mañana de este viernes los jueces del tribunal se trasladaron hasta la cárcel para tomar la última declaración de Áñez y luego hicieron lo propio en la prisión donde se encuentran dos exjefes militares, para posteriormente retirarse a deliberar.

Mientras que los jueces deliberaban, varias personas se apostaron a las afueras del tribunal gritando consignas como “cárcel para Áñez” y portando carteles con mensajes de “Áñez asesina” y “30 años de cárcel para Áñez”.

En principio la Justicia le abrió una causa por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que para el oficialismo fue un “golpe de Estado”. De ese caso se derivó el proceso “golpe de estado II”, por el que hoy fue condenada.

En Bolivia, a pesar de que la gran mayoría del país tiene rasgos indígenas, hasta hace poco era impensable ver a una persona no blanca en el cine o la televisión. Poco a poco, gracias al trabajo de las comunidades esa realidad ha ido cambiando. Iván Sanjinés dirige desde 1989 el Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC) de Bolivia, una asociación dedicada a promover cine y medios de comunicación formados por y para comunidades indígenas. Trabajan con distintas organizaciones indígenas y se trata de la única alianza en América Latina en el ámbito de la comunicación. En los últimos 25 años han apoyado la realización de más de 400 producciones como largometrajes, documentales o vídeos educativos, además de 600 programas de televisión en los que los participantes han sido personas de pueblos indígenas. Su objetivo, abordar a través de distintos espacios de la comunicación temáticas relacionadas con las tradiciones, aspectos políticos, históricos y de la vida cotidiana de estas comunidades.

“Hemos acompañado el proceso político de Bolivia, el crecimiento del movimiento indígena, la llegada al poder de Evo Morales y durante el golpe de Estado de 2019, hemos sido el único espacio alternativo que quedó en Bolivia, porque todo quedó interrumpido”, señala Sanjinés, a este periódico durante su visita a Euskadi como protagonista de una serie de conferencias sobre medios de comunicación alternativos que han tenido lugar en la Universidad de Mondragón, en Bilbao.

¿Qué tipo de dificultades conlleva el hecho de informar de una forma independiente sobre este tipo de temáticas?

Hemos tenido problemas desde un principio. Comenzamos realizando una labor interna de preparación y formación y a partir del 2006 cuando hubo la Asamblea Constituyente donde el papel de la comunicación indígena fue fundamental para el empoderamiento de la propuesta indígena de Constitución, que es la base de la nueva Constitución política, fuimos expandiendo nuestras producciones. No ha sido fácil, sobre todo en la época anterior a Evo Morales hubo muchas dificultades. Trabajar en la comunicación es un hecho político. Más allá del contenido, el solo hecho de que los pueblos indígenas estén haciendo comunicación o estén presentes en los medios o estén incluso en la televisión, ya es política. Desde 2001 empezamos con programas indígenas en la televisión nacional. No había imágenes de indígenas en la televisión y eso que en Bolivia la mayor parte de la población es indígena. Ha habido muchos problemas y presiones para que eso no continúe y fracasemos. Los pueblos indígenas han sufrido masacres y muchas faltas de respeto a su comunidad y a su bandera.

Más allá del contenido, el solo hecho de que los pueblos indígenas estén haciendo comunicación o estén presentes en los medios o estén incluso en la televisión, ya es política

¿Cómo logran financiar sus proyectos?

Gracias en parte a las alianzas estratégicas que se han conseguido desarrollar. En el País Vasco la alianza con la ONG Mugarik Gabe ha sido fundamental en todos estos años. Llevamos mucho tiempo en esa alianza que no es solo financiera. La comunicación te oprime o te libera y avanzamos en eso desde distintas posibilidades y con creatividad. Hay parte de la sociedad y sobre todo las nuevas generaciones que no han sido formadas desde la visión de la integración de distintas culturas y su respeto. Por eso hacemos este trabajo de insistir en las visiones que existen y que todas son válidas. Ninguna está o debe estar encima de otra, pero hay mucha gente a la que no le interesa y quieren continuar que Bolivia es un feudo que ellos hacen y deshacen.

En la parte financiera está Mugarik Gabe, están las alianzas, pero también está la decisión interna de organizaciones, de apostar por aquello, de poner de su parte, de realizar coproducciones solidarias. A la hora de hacer una película, sería imposible pensar en hacerla como los cineastas. En Bolivia no hay directores, se trabaja parecido en cuanto a la técnica, pero son guiones colectivos, son películas que representan el pensamiento y la voz de comunidades y de culturas. Tú no puedes creer que es tu película, es de la comunidad. No hay directores, hay equipos responsables. Se ganan festivales, pero no es nuestra finalidad. Nuestro objetivo es servir para que esa historia que fue negada y perseguida sea contada.

Han logrado que comunidades indígenas participen en medios de comunicación y en el cine, pero a la vez comenta que las nuevas generaciones no entienden bien el respeto hacia estas comunidades. ¿Cómo es posible?

Son siglos de una visión, de una forma de pensamiento que está también en las instituciones. Hay una estructura colonial que se mantiene. El Estado se llama estado plurinacional, pero esa transformación es muy difícil porque son siglos en los cuales se ha perpetuado una sola manera de hacer en la que lo que vale es la cultura occidental y europea. Entonces, no se admiten ni se respetan otras culturas aunque pertenezca a ellas la mayoría de la población. Es un contrasentido porque son culturas que han sido amenazadas, exterminadas, perseguidas y en algunos casos incluso no existen ya porque han sufrido genocidios, pero que han aportado a la humanidad principios fundamentales que la mayoría del resto de la sociedad desconoce.

Nuestro objetivo es servir para que esa historia que fue negada y perseguida sea contada

¿Cómo se pueden trasladar esas ideas desde los medios de comunicación y el cine?

De muchas formas. Hemos trabajado con películas, largometrajes, series de televisión, que por ejemplo hablan sobre el derecho al agua, a la naturaleza, la madre tierra y lo contamos a través de historias. No tiene por qué ser algo aburrido, a veces se confunde y se piensa que la comunicación popular es algo pesado y no. Puede ser creativo, pueden contarse historias a través de distintos medios. También hay medios informativos, portales que incluyen visiones distintas porque hay comunidades muy diferentes como son los pueblos indígenas de la Amazonía, las comunidades campesinas interculturales, las afrobolivianas, las tradicionales de las zonas altas, etc. Es un país muy variado y a través de la comunicación se puede llegar a crear un diálogo interno y proyectarlo hacia la sociedad. Los indígenas también tenemos derecho a estar en todas partes. Tenemos programas de televisión que siguen en vivo desde distintos puntos del país la agenda indígena, también ofrecemos información cultural y eso no había antes. No había presencia de este tipo de información en los medios y es un empoderamiento muy fuerte que ha ido creciendo.

¿Se están dando muchos pasos hacia adelante, pero todavía queda mucho camino por recorrer para lograr una inclusión total de los pueblos indígenas?

Claro. Llevamos más de 25 años, pero en Bolivia el contexto de los medios de comunicación es muy difícil. Hubo muchas transformaciones y ha habido muchos logros en varios campos, pero es muy difícil descolonizar, cambiar esa estructura que viene desde la creación de la República que ya viene con el cambio de la Constitución, pero que es muy compleja. La institucionalidad es muy difícil de cambiar, la sociedad también tiene un comportamiento demasiado impermeado por los medios. Tenemos una sociedad llena de medios que fomentan el machismo, la discriminación, el patriarcado, el individualismo, el consumismo, la violencia. Es mucho lo que hay que hacer y no ha habido un apoyo estatal por lo que ha costado mucho a los pueblos indígenas desarrollar eso.

Tenemos una sociedad llena de medios que fomentan el machismo, la discriminación, el patriarcado, el individualismo, el consumismo, la violencia

¿Cómo acepta el resto de la sociedad el empoderamiento de las comunidades indígenas?

Hay un conflicto que se ha dado con el golpe de Estado. Su origen tiene que ver con las castas de poder, que es un tema económico y de clase, pero también es un tema histórico de discriminación y racismo. El hecho de que Evo Morales llegue al poder, que la economía boliviana sea un ejemplo de avance para todo el continente e incluso en el plano internacional mucho más que países como Argentina, que son mayoritariamente blancos, no importa. Bolivia teniendo un Gobierno indígena creció de una manera importante en el ámbito económico y con una mejora social general, pero la discriminación es tan fuerte que no importa que avance el país, lo que importa es que es un indio, un indígena el que está al mando y eso no lo pueden soportar. Eso lleva a una confrontación entre lo urbano y lo rural y eso crea un revanchismo y un odio racial. Es un tema pendiente porque hay sectores que quieren mantener sus privilegios y no quieren cambios y arrastran a sectores de clase media hacia su racismo.

Bolivia vivió desde noviembre de 2019 una verdadera montaña rusa política. Los que estaban arriba pasaron a estar abajo y, más tarde arriba de nuevo, casi sin transición. 

La última imagen de esta saga es la de la expresidenta interina Jeanine Áñez aprehendida en su residencia en Beni, en el oriente del país, y trasladada a La Paz, donde quedó detenida de forma preventiva. Una foto publicada en la prensa la muestra detrás de unas rejas hablando presumiblemente con sus abogados.

Sin duda, hay muchos delitos que podrían ser imputados a la exsenadora, que saltó de manera sorpresiva a la presidencia del Estado después del derrocamiento de Evo Morales y la renuncia de los presidentes de ambas cámaras en medio de un clima social extremadamente violento hacia los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS). La asunción de Áñez no se ajustaba a la letra de la Constitución y fue justificada, entonces, con una jurisprudencia derivada de una Carta Magna anterior, con el argumento de que el centro del poder no podía quedar vacío.

La expresidenta fue detenida tras una denuncia de la diputada del MAS Lidia Patty, que involucra a varios exfuncionarios y otras figuras políticas en la megacausa llamada “golpe de Estado”. También fueron detenidos algunos de sus exministros, mientras que otros de sus colaboradores, como el otrora símbolo del ala dura de su gobierno, Arturo Murillo, se encontraban ya fuera de Bolivia. Para unos “finalmente se va a hacer justicia”. Para otros, incluida la propia Áñez, se trata solo de una venganza política.

Más allá del análisis fino de los juristas, es posible enmarcar la causa en un contexto más amplio: la falta de independencia del poder judicial boliviano, que no disimula su seguidismo al poder político de turno, lo que, sumado a la corrupción, lo ubica como el poder del Estado con menos prestigio en el país. En este marco, estas “megacausas atrapatodo”, con imputaciones sobre “sedición”, “terrorismo” y “conspiración”, son particularmente funcionales, ya que se arma un cúmulo de acusaciones, siempre imprecisas, de delitos ya de por sí problemáticos. Por eso no fue casual que cuando cayó Evo Morales lo llenaran también de este tipo de procesos. Y fue menos casual aún que cuando el MAS retornó al poder, estos se esfumaran como por arte de magia. Los “antecedentes” escritos en la orden de aprehensión contra Áñez son una lectura política de los eventos de noviembre de 2019, no el fundamento de un arresto.

Por otro lado, la causa “golpe de estado” corre el riesgo de mezclar la incitación al golpe (si es que eso puede probarse de ese modo) con el gobierno que lo sucedió. En lo primero, Áñez y varios de sus ministros no tuvieron ningún papel. Y en lo segundo no lo tuvo el cruceño Luis Fernando Camacho, que sí fue una figura clave de los acontecimientos de noviembre. 

Sin duda, hay razones para juzgar a Áñez y otros miembros de su gobierno, pero mejor sería especificar delitos concretos –por ejemplo respecto de las represiones en Senkata y Sacaba– y no mezclar todo, lo que, al margen de los problemas propiamente judiciales que ello implica, tiene consecuencias políticas: mostrar a un gobierno revanchista, después de haber recuperado el poder de manera incuestionable por la vía electoral.

Como señaló el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, “En el gobierno de Áñez hubo graves violaciones de derechos humanos, incluyendo dos aberrantes masacres. Deben ser investigadas seriamente con pleno respeto al debido proceso. La orden de detención contra Áñez no se refiere a esas masacres sino que la acusa de ‘terrorismo’ sin aportar pruebas”.

En segundo lugar: ¿se va a detener a Luis Fernando Camacho –acusado también en el caso– y que acaba de ganar la gobernación de Santa Cruz con más del 50% de los votos? ¿Y a Iván Arias, ministro de Áñez, que ganó las elecciones para la Alcaldía de La Paz el 7 de marzo? ¿O solo a Áñez, que sacó 15% en Beni y selló su fin político, y a exministros sin peso político?

El argumento para la detención, en un país que hace uso y abuso de las detenciones preventivas, es el riesgo de fuga. En efecto, al no haber certezas de juicios justos, en Bolivia el riesgo de fuga es una constante. El costo de escaparse al exterior es siempre menor al de enfrentar procesos donde la defensa jurídica tiene un papel secundario. Eso es así más allá de quien gobierne, especialmente en el clima polarizado de las ultimas dos décadas. Por eso, Evo hizo bien en exiliarse.

No obstante, bajo el gobierno del MAS se violentó el derecho al refugio en varias ocasiones: dos de ellas fueron con personajes de signo opuesto. Uno fue el senador Roger Pinto, refugiado en la embajada de Brasil durante más de un año, al que nunca se le permitió salir y finalmente fue sacado ilegalmente del país con escándalo incluido en la Cancillería brasileña. Otro es el del exguerrillero italiano Cesare Battisti, entregado en unas pocas horas en medio de una oscura operación entre la policía boliviana y las de Brasil e Italia, seguida de cerca por Jair Bolsonaro y el entonces hombre fuerte italiano Matteo Salvini. Los derechos humanos, lamentablemente, no forman parte del discurso del MAS, aunque durante su gobierno se avanzó mucho en saldar viejas deudas en términos de igualdad. Estos se siguen viendo con sospecha, como si los hubiera inventado la CIA.

El gobierno de Áñez fue revanchista en toda la línea y un gran retroceso para el país. El ministro de Gobierno Arturo Murillo no disimuló su control de la Policía y de la Fiscalía para llenar de procesos al expresidente y perseguir personalmente y con un estilo de matón a cualquier persona vinculada al gobierno anterior. El ministro de Defensa Luis Fernando López hacía gala de un violento discurso anticomunista propio de los años 60 y 70. Y grupos de extrema derecha civiles amenazaban incluso a embajadas. Sin olvidar a columnistas de diarios y analistas que hacían de comparsa y convencían a todos de que “el MAS tenía un rechazo del 70%”. En ese marco, las masacres de Sacaba y Senkata son delitos mucho más concretos ante los cuales las antiguas autoridades deberían responder ante la justicia. Pero precisamente porque la izquierda denuncia lawfare por todos lados, debería ser cuidadosa con eso cuando está en el poder. 

La crisis boliviana de 2019 tuvo muchas dimensiones: el no reconocimiento de un referéndum en 2016, movilizaciones callejeras masivas, respuestas oficiales confusas frente a denuncias de “fraude” sobreactuadas, amotinamiento policial (la policía se suele sumar cada vez que hay conflicto), conspiraciones políticas varias y crisis interna del bloque de poder articulado por el MAS (por eso no hubo movilizaciones en su apoyo).

Todo eso derivó en lo que con Fernando Molina llamamos una “contrarrevolución” (con unos militares que al “sugerir” la renuncia del presidente transformaban todo ese paquete en “golpe”). Por diversas razones –torpezas propias, divisiones en el bloque anti-MAS, COVID-19– ese proceso no pudo consolidarse. Y la dinámica posterior mostró que estaba lejos de constituir un régimen pinochetista, como algunos creían en el exterior. Muchos de ellos me apostaron que Áñez y su gente nunca jamás dejarían que el MAS volviera al poder, incluso ganando. Era obvio que no podrían impedirlo si el MAS ganaba. Lo cierto es que las elites tradicionales del occidente boliviano están debilitadas sin retorno y las de oriente (Santa Cruz) carecen de vocación y prestigio nacional. Por eso el bloque indígena-plebeyo-popular del MAS pudo volver a ganar las elecciones, por paliza, un año después. Y por eso el Congreso no fue disuelto tras la caída de Evo.

El propio papel de la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, es interesante de destacar y muestra que la lectura de lo ocurrido en 2019/2020 es resistente a las simplificaciones excesivas: como otros diputados, fue más pragmática que Evo y los exiliados frente al nuevo gobierno, al que reconoció. Hubo en ello una mezcla de realismo político, la voluntad de varios parlamentarios de seguir cobrando sus dietas, y el reconocimiento de que entonces el clima no favorecía una rebelión popular para reponer al MAS en el poder. Considerada “funcional” a Áñez, Copa no fue elegida como candidata a alcaldesa de El Alto. Por eso compitió hace dos semanas por fuera y, en esta ciudad que resistió con fuerza a Áñez, obtuvo más del 65% y 40 puntos de diferencia sobre el candidato del MAS. 

Salvo que el lawfare sea siempre “del otro”, un gobierno con una buena imagen dentro y fuera del país como el de Luis Arce Catacora quizás no gane mucho victimizando a quienes perdieron. Y el país tampoco gane nada repitiendo las peores dinámicas de una justicia que en la imagen popular aparece muy cerca de la extorsión y a años luz de cualquier imagen de la balanza.

Como dijo un analista cercano al oficialismo, con este juicio desprolijo el gobierno responde a una demanda de sectores de base del MAS, que lo acusaban de “blando”, pero le da la espalda a gran parte del electorado, que no quiere más polarización. Sin duda, se podía haberse impulsado un juicio a Añez que fuera más legítimo.

PS

Se describe a sí mismo como “el más común de los secretarios generales” que han existido en la historia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero en realidad el diplomático uruguayo Luis Almagro (Cerro Chato, 1963) supera con creces esa modesta definición. Se trata de una de las figuras que más controversia ha despertado en el continente americano: su gestión al frente de ese organismo internacional ha sido muy cuestionada desde que asumió el cargo en 2015, debido principalmente a su postura sobre los gobiernos de Venezuela y Cuba, a los que considera dictaduras, y a su posición en las polémicas elecciones de Bolivia de 2019 en las que Evo Morales, acusado de fraude, se vio obligado a renunciar tras un golpe de Estado.

De esa montaña rusa que es la vida de este diplomático poco diplomático habla el libro Luis Almagro no pide perdón (editorial Planeta), de los periodistas uruguayos Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira, publicado este mes de noviembre. Ambos realizaron durante un año y medio más de 100 entrevistas y conversaron durante más de 20 horas por videoconferencia con el propio Almagro que, entre otras declaraciones reveladoras de la publicación, cuenta su estrategia que acabó desbancando a Evo Morales.

En la caída de Morales, después de casi 14 años al frente del gobierno de Bolivia (2006-2019), “hubo una responsabilidad mayúscula de Luis Almagro, que lo admite sin ruborizarse y hasta se enorgullece de haber podido contribuir a cortar con un proceso de reelección que sobrepasaba el marco legal (…) Según Almagro, lo hizo para defender la democracia. Según sus detractores, para contribuir a un golpe orquestado por los conservadores”, señala uno de los capítulos del libro dedicados al país andino.

“Hubo un cálculo político”

En una conversación con elDiario.es, Martín Natalevich asegura que les sorprendió la “sinceridad” con la que les habló sobre el tema. Almagro consideró, según explican ambos periodistas en el libro, que la Misión de Observación Electoral de la OEA –un gran activo del organismo en la región al ser independientes de intereses nacionales o políticos específicos– debía estar presente “sí o sí” en Bolivia cuando se celebraran las elecciones generales en octubre de 2019, ya que el diplomático tenía una idea preconcebida de que Morales solo podría lograr la victoria a través de un fraude.

“Había que estar y la manera de estar era asumir determinadas responsabilidades y retos políticos. Y lo hice”, asegura Almagro en la publicación.

Para que la OEA pudiera vigilar ese proceso electoral el uruguayo debía ganarse primero la confianza de Morales y para ello puso en marcha una estrategia. Aunque en 2018, Almagro cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia de autorizar a Morales a buscar un cuarto mandato tras haber perdido el referéndum por la reelección, en 2019 avaló sin problema la candidatura del líder indígena tras visitarlo en La Paz.

“Sorprende que, según confiesa Almagro, hizo eso no porque creyera que Evo Morales tenía el legítimo derecho de presentarse a la reelección, sino como forma de poder estar en Bolivia con la misión de la OEA en las elecciones. Y quería estar ahí porque había manejado escenarios hipotéticos de lo que podía ocurrir y ahí revela que no había oportunidad de que Morales fuera reelecto si no era a través de un fraude electoral”, explica Natalevich en conversación telefónica con este medio. “Hubo un cálculo político”, añade.

Después una polémica auditoría de la OEA, que fue cuestionada tanto por instituciones como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) como por investigadores independientes, constató graves irregularidades en ese proceso electoral, y fue entonces cuando Morales se vio obligado a renunciar tras un golpe de Estado.

“Su mérito ha sido sacudir a la OEA”

Almagro asegura en el libro que la única manera de actuar que concibe es jugar limpio, de acuerdo con las reglas, por eso nunca pide disculpas. “Si siempre actúas de buena fe y procuras generar las mejores soluciones para la gente, no te tenés por qué disculpar”, asegura. Y al igual que no pide perdón, es también poco probable que el jefe de la OEA se arrepienta de haber operado de esa forma en Bolivia pese a que finalmente el pasado mes de octubre el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, ganó las elecciones con un 55% de los votos con el economista Luis Arce como líder.

Almagro llegó a la OEA en 2015 y este año fue reelegido en el cargo hasta 2025. Se esté o no de acuerdo con sus métodos y estilo confrontativo, a lo largo de estos últimos años “logró posicionar en un primer plano a la organización internacional”, asegura Natalevich, obligando tanto a los países como a sus diplomáticos a debatir temas y salir de su zona de confort. “Su mérito fue sacudir a la OEA y hacer que se expresara y para ello trabajó desde la institución y con una estrategia muy mediática y notoria. También puso a Venezuela en el foco mundial al denunciar que había un grave problema en el país”, subraya.

Como parte de esa estrategia mediática, Twitter ha sido una pieza clave para Almagro, cuya cuenta suma 1,4 millones de seguidores. En esta red social ha lanzado algunos de sus mensajes más polémicos al denunciar por ejemplo torturas en Venezuela, opresión en Cuba o la existencia de presos políticos en Nicaragua. Sin embargo, también ha recibido numerosas críticas por no haber aplicado el mismo criterio con otros países latinoamericanos donde también se ha agravado la violencia, la impunidad y la discriminación de las minorías en este último tiempo, como es el caso de toda Centroamérica, México, Colombia o Brasil.

Otro de los temas que trata el libro es cómo Almagro ofreció ayuda a Dilma Rousseff en el juicio político que impulsó contra ella la oposición brasileña en 2016 y cómo la entonces mandataria declinó hacer uso de la Carta Democrática del organismo. También queda reflejada la buena relación que el secretario de la OEA mantiene con el actual gobierno de Jair Bolsonaro, uno de los grandes promotores de su reelección el pasado marzo.

“Quienes lo conocen lo describen como un trabajador incansable. Es un hombre que ha sabido reconvertirse y encontrar los lugares para poder tener éxito”, señala Natalevich.

La relación con EEUU

La OEA, organización que nació en 1948 con el objetivo de promover el diálogo multilateral y la integración de América, siempre fue un organismo polémico dominado por la influencia de Estados Unidos y eso le ha costado perder credibilidad en América Latina. En estos últimos años Almagro ha sido muy criticado por la izquierda latinoamericana por su alianza con el Gobierno estadounidense de Donald Trump, especialmente en su postura contra Venezuela y Cuba.

Sin embargo, para sorpresa de sus autores, varias fuentes desde Washington aseguran en el libro que en realidad ha ocurrido lo contrario: es Almagro quien ha empujado a la Administración Trump para aliarse en su postura contra esos dos países.

La victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de EEUU podría obligar al diplomático uruguayo a un nuevo cambio para conectar con ese nuevo Ejecutivo, pero dado su carácter camaleónico, todo hace pensar que no tendrá problemas para entablar una buena relación. “No dudo de que encontrará el camino para tener un buen vínculo con el equipo de Biden, a pesar de que puedan tener discrepancias en algunos temas”, indica el periodista.

Se ve haciendo política en Uruguay

Almagro comenzó su trayectoria política militando en el Partido Nacional (derecha) y después, siendo ya funcionario diplomático, se sumó al Movimiento de Participación Popular (MPP) del izquierdista Frente Amplio, donde fue ministro de Relaciones Exteriores del expresidente José Mujica (2010-2015). El Frente Amplio, que gobernó Uruguay durante 15 años –hasta marzo de 2020– terminó expulsando a Almagro del partido en diciembre de 2018.

Ahora, tal y como revela en el libro, piensa regresar a Uruguay y se ve incluso haciendo política desde el Partido Colorado, otra de las formaciones tradicionales de la derecha política del país. “Algunos lo ven como un oportunista que busca un espacio, mientras que otros le han abierto la puerta porque puede lograr votos del centro-izquierda”, explica Natalevich.

De momento el segundo período de Almagro al frente de la OEA termina en 2025 y, si decidiera ser candidato a las próximas elecciones presidenciales de Uruguay en 2024 o presentarse a algún cargo electivo, debería renunciar a la secretaría general del organismo antes. Lo que está claro es que, independientemente de lo que haga, “el hombre que jamás se cansa” seguirá dando mucho de qué hablar.

Los resultados oficiales de las elecciones en Bolivia han sido contundentes. Luis Arce, del partido de izquierdas Movimiento Al Socialismo (MAS), será el presidente que gobernará los próximos cinco años al superar a su rival Carlos Mesa con un 55% de los votos en el recuento, el margen necesario para evitar una segunda vuelta.

“Recuperamos la democracia y retomaremos la estabilidad y la paz social. Unidos, con dignidad y soberanía”, dijo en su primer mensaje en Twitter tras conocer los resultados de los sondeos que le daban como ganador.

De La Paz a Reino Unido

Arce, de 57 años y a quien sus allegados llaman 'Lucho', nació en La Paz en una familia de profesores. Tras estudiar Economía en su país y cursar después un máster en Reino Unido, comenzó su carrera profesional como funcionario público en el Banco Central de Bolivia e impartió cursos como docente en varias universidades.

Fue militante del Partido Socialista-1, cuyo fundador, Marcelo Quiroga Santa Cruz, inició en 1979 una denuncia para llevar a juicio al dictador Hugo Banzer Suárez (1971-1978) acusándole de graves violaciones a los derechos humanos. Entró a formar parte del MAS en 2005, el año en que Evo Morales ganó sus primeras elecciones, convirtiéndose en el primer presidente indígena del país.

Arce fue ministro de Economía y Finanzas durante casi todo el gobierno de Morales (2006-2019) y logró blindar la economía boliviana frente a los embates de la crisis internacional. Si bien los altos precios internacionales de las materias primas influyeron en el crecimiento económico del país hasta el 2014 –uno de los mejores de América Latina–, también funcionó el “modelo económico social comunitario productivo” centrado en el Estado, que fue obra de Arce y su equipo.

Este proyecto estatal, que se basó en la nacionalización de los recursos naturales, una elevada inversión pública y una redistribución de los ingresos, permitió a Bolivia aumentar su PIB (hasta un 6,8% en 2013) y los salarios, además de reducir la pobreza de un 60% a un 35%, según datos del Banco Mundial, en uno de los países más empobrecidos de la región. De esta forma, se crearon numerosas empresas estatales en sectores estratégicos como hidrocarburos, energía y telecomunicaciones.

Sin embargo la nación andina se encuentra ahora en una situación totalmente diferente a la de aquellos años de bonanza económica. Bolivia está sumida en una crisis política, económica y social, la más grave del último medio siglo y que está agravada por la pandemia del coronavirus.

Esa crisis multifactorial estalló tras los comicios de octubre de 2019, cuando el Tribunal Supremo electoral dio como ganador en primera vuelta a Evo Morales –que buscaba un controvertido cuarto mandato– entre acusaciones de fraude por parte de la oposición. En medio de unas violentas protestas y tras una cuestionada investigación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que se concluyó que hubo irregularidades en dichas elecciones, Morales se vio obligado a renunciar al cargo tras un golpe de Estado en noviembre y abandonó Bolivia.

Pocos días después de la marcha de Morales, la senadora ultraconservadora Jeanine Áñez se proclamaba presidenta. Su gobierno transitorio, muy criticado por su gestión frente a la pandemia, terminará en enero con el traspaso del mando a Arce.

La gestión económica, baza y desafío para Arce

El MAS nombró candidato a Arce –que también se marchó tras la renuncia de Morales, pero poco tiempo después retornó a Bolivia– el pasado enero, antes de la crisis del coronavirus. Ahora, heredará un país muy distinto.

El Banco Mundial ha advertido de que la recesión económica mundial, agravada por la fuerte caída de los precios del petróleo y las medidas de cierre, podría resultar en una contracción económica y un aumento de la pobreza en el país andino. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional apuntan a una caída del PIB del 7,9% para Bolivia.

Una de sus promesas en campaña electoral ha sido la defensa de los recursos naturales y las empresas estatales. Si bien tiene a su favor sus años como ministro, ahora Arce deberá demostrar que es capaz de mantener esas empresas públicas en medio de esta nueva coyuntura.

El exsenador del MAS y sociólogo Adolfo Mendoza Leigue defiende que el presidente electo está en condiciones de poder lograrlo, porque aunque sea en menor medida, la demanda y la exportación de energía eléctrica y de hidrocarburos “van a continuar”, dice a elDiario.es. “Desde el golpe hasta ahora se ha frenado la inversión estatal en las empresas estratégicas y esto las ha debilitado. Y precisamente se han debilitado pensando en que se iba a incorporar un nuevo modelo basado en la lógica de la privatización. Arce tiene la responsabilidad de recuperar estas empresas estratégicas y de generar la inversión suficiente para que sigan brindando beneficios al país en un momento muy complicado en que se va a reducir sensiblemente la capacidad de inversión estatal”.

En términos económicos Arce también deberá afrontar el desafío de reducir el déficit fiscal, que se sitúa en torno al 7%, y bajar su deuda externa, pues el país cerró 2019 con la más alta de su historia: un 27% del PIB.

Durante su campaña electoral, Arce prometió recuperar la estabilidad económica y social para Bolivia. Pero el liderazgo ante la actual crisis requiere más allá de la experticia económica. “La conflictividad social o la problemática de las autonomías no forman parte del trabajo que hizo Arce y por tanto el equipo que lo acompañe debe ser integral y tendrá suplir las deficiencias que tuvo su propio equipo económico en su momento para vincularse con estos sectores de actividad”, apunta Mendoza Leigue. 

Al ser el heredero de Morales, quien fue muy criticado por su afán de perpetuarse en el poder y por los casos de corrupción que hubo durante su mandato, Arce también tendrá que buscar su propia impronta. El economista es conocido por mantener un perfil bajo y hay analistas que destacan que no es “un tipo de 'hombre fuerte”, sino una persona que viene de la academia, lo que, a juicio de algunos expertos, puede ayudarle a curar las fuertes divisiones en el país.

Tras su elección, en una entrevista con El País, Arce dice que Morales no tendrá “ninguna participación” en su administración más allá de su influencia como líder del partido.

Al ser preguntado si ocupará algún cargo en el nuevo Gobierno, Morales ha recalcado que lo que quiere es ser “agricultor y pequeño productor” en la zona del Trópico de Cochambamba, donde pretenderse asentarse una vez vuelva a Bolivia. El cuándo es una de las actuales incógnitas de ese regreso. “Es cuestión de tiempo. Mi gran deseo es volver”, expresó el exmandatario en Buenos Aires.

Hace 13 años, tras toda una vida dedicada a la docencia en España, el profesor Alberto González Casado, originario de Plasencia pero residente en Toledo desde 1994, decidió poner su experiencia educativa al servicio de los programas de cooperación internacional en educación para adultos del Gobierno de España en Latinoamérica. En 2007 llegó a Bolivia y allí primero trabajó en este proyecto, pero a partir de 2011 decidió apostar por el Gobierno de Evo Morales y pasó a ser asesor del viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre Ledezma. Ese gabinete se encargó, entre otros objetivos, de convertir la educación popular (paradigma de una enseñanza “descolonizada”) en su principal bandera, mediante el impulso a la alfabetización, a la educación primaria y al reconocimiento de las competencias de trabajo de la gente sin estudios pero con mucha experiencia en diferentes oficios. En 2019 se certificó a 75.000 personas.

Fue un trabajo enmarcado en el ODS4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elogiado en su momento por la UNESCO y otros colectivos internacionales. El profesor permaneció en Bolivia hasta unos días antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019, cuando tuvo que regresar a España por la muerte de un familiar. Tres semanas después de los comicios se produjo el golpe de Estado en Bolivia y ya no regresó. Pero todos los años que ha pasado en este país le han servido para tener un conocimiento muy preciso de los mecanismos y contextos que llevaron a Bolivia a su situación actual.

Dentro del Gobierno de Evo Morales, explica que el golpe cogió a todos sus miembros “muy de sorpresa”. Relata que todos ellos sabían que volverían a ganar porque se había hecho “una gestión muy buena” y había mucha confianza dentro del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido del Ejecutivo), pero también reconoce que la sensación era que el apoyo sería menor que cinco años atrás. El resultado negativo del referéndum de 2017 en el que se consultó a la población sobre si se debía cambiar o no la Constitución para renovar el mandato de Evo Morales (hasta entonces restringido) les restó votos e hizo “coger fuerza a la oposición oligárquica, racista, culturalmente acostumbrada a mandar y a tener el poder” y que “hasta entonces había estado más o menos agazapada”.

Una suma de factores

Pero son muchos otros los factores que señala el profesor español. “Sabíamos que había mucho dinero moviéndose, mucha organización desde la Embajada de Estados Unidos. Las oligarquías habían estado contenidas sobre todo por la gran movilización que se desarrollaba cada vez que había algún intento de golpe de Estado”. No se analizó bien, subraya, la fuerza que tenía toda esa oposición, sobre todo porque los días anteriores a las elecciones, él mismo pudo comprobar cómo las marchas del MAS seguían siendo muy masivas, “como toda la movilización indígena y popular”.

“Confiábamos en las Fuerzas Armadas y en la Policía, donde había una relativa calma, pero no sabíamos la marea que había por dentro”. ¿Qué pasó entonces? González Casado considera que lo fundamental es que “las oligarquías nunca perdonaron a Evo que hubiera un gobierno de un indígena” y así lo manifestaron desde su primer triunfo en 2006. “Siempre dijeron que un indio no podría a gobernar y desde ese mismo momento empezaron a conspirar”.

En el trasfondo de toda la situación también señala el decreto de mayo de 2006 por el que se nacionalizaron el gas y los pozos de hicrocarburos de Bolivia. En ningún país las compañías petrolíferas o de gas habían consentido, primero, que un gobierno les dijera que “lo que hay debajo de la tierra es nuestro” y, segundo, que el 16% que pagaban por la explotación pasara al 50%. “Lo que no sabe la gente es que de ese dinero salieron las políticas sociales, de educación, de salud, de carreteras… Las compañías acabaron firmando todas, no hubo una reclamación internacional, pero está claro que eso no les gustó nada y a partir de ahí comenzó un trabajo contra el Gobierno”.

Recuerda así el “golpe efectivo y frustrado” de 2008, cuando tras una matanza de campesinos en las cercanías de Cobija, una parte del ejército se negó durante una semana a obedecer al Gobierno. “La trama consistió entonces en ir provocando actos terroristas, con fascistas croatas procedentes de Santa Cruz. Hubo un plan organizado y financiado” que terminó en la expulsión del embajador William Goldberg, número dos en la escisión de Kosovo cuando la división de la antigua Yugoslavia. “Pretendían dividir Bolivia en dos ('collas' y 'cambas') pero el golpe fracasó y todos los fascistas que lo respaldaron empezaron a huir porque no recibieron cobertura de Estados Unidos”. A diferencia del pasado mes de noviembre, entonces Evo Morales reunió a los que entonces eran presidentes de Venezuela (Hugo Chávez), de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) y de Ecuador (Rafel Correa), entre otros, y consiguieron una declaración global de respaldo al Gobierno.

“Este caldo de cultivo se mantuvo ahí durante años y se unió a la posición de las oligarquías blancas que nunca pudieron aceptar el puesto que estaban ocupando los indios”. Cuenta el profesor y educador que él mismo fue testigo de insultos racistas por las calles de La Paz: “Les estaba saliendo toda la rabia acumulada durante los últimos años y utilizaron las acusaciones de fraude electoral para sembrar el terror”.

La prueba del origen del golpe la basa en el hecho de que el liderazgo lo llevaron a cabo los denominados Comités Cívicos de Santa Cruz (con el empresario y abogado Luis Fernando Camacho al frente) y de Potosí, “coordinados por grupos fascistas, pagados por las oligarquías, con ideología supremacista”. “Manejaron mucho dinero, reclutaban a la gente en las plazas, les preparaban en estrategias terroristas”.

La escalada de violencia

Hasta entonces esos grupos habían sido controlados por la policía, pero una vez que este cuerpo de seguridad y el ejército se alinearon en su mayoría con los golpistas tras las elecciones del 20 de octubre –“muchos de ellos engañados”- comenzó la quema de casas, el ataque a medios de comunicación y la violencia. “Buscaban que hubiera muertos y una escalada de violencia que lo justificara todo”. Lo consiguieron, lamenta, cuando la policía desertó y los militares le pidieron a Evo Morales que abandonara el país. “Está claro que fue planificado con tiempo”.

Hubo otras reacciones que ayudaron al triunfo del golpe de noviembre, como la respuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionando el resultado electoral. “Fue como deslegitimar al Gobierno boliviano a nivel internacional. Además, en ello se emplearon ya estrategias modernas, con el uso masivo de las redes sociales para crear de forma ficticia una corriente de apoyos con mensajes enviados por robots. Influyó igualmente que todos los golpistas se disfrazaran de demócratas y defendieran el fin de una violencia que ellos mismos habían provocado”.

Después de esta concatenación de hechos, Alberto González Casado remarca que no hubo fraude en las elecciones, que el Consejo Electoral trabajaba muy bien y que en Bolivia los comicios fueron muy transparentes. “Al igual que aquí en España, hay interventores y pasa por decenas de firmas. Es un proceso lento pero muy claro y sin posibilidad de hacer trampa. De hecho, así se demostró en el referéndum anterior, pese a que los resultados fueron negativos para el Gobierno”. ¿Y las acusaciones de sedición y terrorismo? “No se entiende. No se entiende nada. Si soñar o trabajar en hacer un país digno, equitativo, sin desigualdad, es sedición… Sediciosos son ellos que están saqueando y vendiendo el país”.

Que no hubo fraude electoral lo han corroborado investigadores del MIT Election Data And Science Lab, pero el profesor español no es muy optimista al respecto, sobre todo después de que la Unión Europea “reconociera a los golpistas como gobierno legítimo mientras estaban asesinando a mucha gente en las grandes movilizaciones que salieron a las calles”. “Fue terrible que se reconociera ese gobierno con unas acciones tan antidemocráticas”. Por eso dice no saber si ahora ya tiene remedio, incluso cuando “ellos mismos ya están reconociendo muchas cosas”.

“Han llegado para privatizar, para vender las riquezas naturales, para desindustrializar, para saquear… Ya tienen el poder y no lo van a soltar. Ahora mucha gente fía el futuro de Bolivia a las elecciones del 3 de mayo, pero harán todo lo posible para inhabilitar candidatos del MAS, pondrán obstáculos de todo tipo. Es posible que si hay un equilibrio mayor de fuerzas de alguna manera se pueda parar la represión, pero nada es seguro”.

Él mismo está esperando a esta fecha para poder regresar. Allí dejó buena parte de sus amigos y de su vida. Ahora el antiguo Viceministerio de Educación Alternativa y Especial está precintado. Ocupa el cargo Yola Mamani, amiga del alcalde de La Paz, “en reconocimiento a su apoyo al golpe”. “Desde el primer momento han estado vendiendo los cargos y pidiendo dinero a cambio de las certificaciones profesionales. Echaron a todo el personal, todo se ha desmantelado, el trabajo de años y parte de la vida que allí construí”, concluye.

La primera vez que Evo Morales vino a Argentina tenía menos de cinco años. Lo hizo acompañando a su padre, que como miles de bolivianos se trasladaba a trabajar en la cosecha de cañas de azúcar en las provincias del norte. Aún recuerda que caminó un día y medio desde su casa hasta la estación de tren en Oruro (Bolivia), luego pasó tres días a cada lado de la frontera y finalmente tomó un bus hasta el campamento donde viviría. Él solo hablaba entonces en su lengua indígena aymara. “Recuerdo que la profesora me decía 'Evito, Evito', mientras me acariciaba la cabeza, pero no entendía nada”, cuenta Morales a eldiario.es en una sala de la sede del sindicato docente de Buenos Aires, donde ha instalado su refugio político en el exilio.

El recorrido que de niño tomó a 'Evito' una semana, hoy se puede hacer en menos de un día en auto aprovechando parte de los 7.000 kilómetros de ruta que se construyeron durante los 13 años de gestión de Morales. En ese período, entre 2006 y 2019, la pobreza se redujo de 38,2% a 17,1%, según cifras oficiales. Y el PIB del país pasó de 9.000 a 40 mil millones de dólares.

De pequeño no hubiera podido imaginar ese futuro político en la casa de gobierno. De adulto tampoco pudo prever que a pesar de los logros de gestión y su reconocimiento internacional fuera a ser desplazado por un golpe de Estado. Mucho menos que volvería a la Argentina como refugiado.

Desde Bolivia le llegan noticias de que él y varios de los colegas que lo acompañan en este viaje forzado forman parte de los 592 funcionarios que serán investigados por el gobierno de Jeanine Áñez, presidenta tras un golpe de Estado que en teoría debe convocar elecciones inmediatamente. “Como es un gobierno que no gestiona, solo puede hacer acusaciones. Son expertos en montar problemas, como los que han montado con España”, dice durante la entrevista sobre el reciente conflicto diplomático. “Pero con esos problemas nos ayudan a nosotros. Ahora en Europa se dan cuenta de la clase de dictadura que tenemos en Bolivia”.

¿Cómo vive este refugio en Buenos Aires tras su primer paso por México?

En México estaba bien, pero lejos de Bolivia. Ahora estoy mejor porque estoy más cerca. No tengo mucho más que comentar porque es parte de las normas de un refugiado. Pero la relación con el hermano Alberto Fernández [nuevo presidente argentino] es excelente. En cuanto fue elegido y antes incluso de su investidura dedicó un día entero a ver cómo me salvaban la vida junto a Nicolás Maduro, al presidente de México y el de Paraguay. Ellos y sus cancilleres se pasaron todo el 11 de noviembre viendo cómo me sacaban de Bolivia hacia México. Nosotros ahora le comunicamos al gobierno todas las actividades que hacemos y ellos nos autorizan. Pero hasta ahora no me han rechazado absolutamente nada.

¿Cómo evalúa la respuesta de Europa y España ante el golpe de Estado en Bolivia?

Ha habido mensajes de solidaridad de algunos países de Europa, pero aunque la UE se da a conocer como la madre de las democracias, de manera institucional han sido cómplices de esta dictadura. Deben reconocer que están detrás de Trump en esto. Yo creo que todas las regiones o continentes tenemos derecho a liberarnos.

¿Qué le parece la crisis diplomática entre España y el actual gobierno de Bolivia, que llegó a expulsar a diplomáticos españoles?

Como es una dictadura y no tienen experiencia, lo que hacen es seguir todo lo que dice Estados Unidos. Ellos dicen que son un gobierno de transición, aunque un gobierno de transición no cambia políticas ni programas. Pero como se supone que es un gobierno que no gestiona, solo puede hacer acusaciones. Solo son expertos en montar problemas, como la crisis diplomática que han montado con España. No entienden que las embajadas se visitan y que hay seguridad que las acompaña. ¿O creen que los españoles iban a ir de día a sacar a alguien de la embajada de México? ¿Quién se lo va a creer? Expulsan diplomáticos y con eso nos ayudan a nosotros, en realidad. Ahora en Europa se dan cuenta de la clase de dictadura que tenemos. Están destrozando sus relaciones diplomáticas.

¿Cómo valora la llegada del nuevo gobierno progresista de coalición en España?

Cada país tiene su particularidad. Lo más importante es que haya estabilidad política y con gobierno. Escuché que hubo una elección en España sin ganador, otra elección y después otra elección. Escuché también a movimientos sociales y políticos planteando un Estado plurinacional en España, como el que tenemos en Bolivia. Eso es histórico. Antes importábamos programas políticos de Europa y ahora se exportan. Un candidato a presidente de Inglaterra también planteó nacionalizar la energía y el ferrocarril. Y nosotros lo hicimos. Hasta eso cambiamos.

Esta semana también se ha sabido que la fiscalía boliviana quiere que se cite a declarar al expresidente Rodriguez Zapatero y a integrantes de Podemos.

Como no tienen nada que vender, ni tienen ninguna obra que mostrar... La mejor gestión de la dictadura es acusar a cualquiera, sea nacional o internacional.

España tiene ahora una relación más fluida con usted, que ha nacionalizado tantas empresas con capital español, que con la dictadura que presuntamente viene a reabrir las privatizaciones.

He tenido más reuniones con Repsol que con Pablo Iglesias de Podemos. Las nacionalizaciones tensan la relación política y lo entiendo perfectamente. En la campaña de 2005 dije que las empresas extranjeras no pueden ser dueños y patrones. Si quieren ser socios, bienvenidos. Y la mayoría prestan servicio, ni siquiera son socios. Porque con costos recuperables se devuelve toda la inversión cuando encuentran gas o petróleo. Antonio Brufau [presidente de Repsol] me planteó que quería hacer un acuerdo para 50 años. Y me pareció bien. Estuvimos en esas tratativas. Yo quisiera tener un satélite de prospección para saber qué tengo ahí adentro, porque todos saben lo que tenemos pero no nos informan. ¿Una trasnacional como Repsol diciéndonos que quiere un acuerdo a 50 años? Nunca van a invertir para perder. Hay que hacer buenos negocios para los países, pero las empresas tienen derecho a tener rentabilidad. Las inversiones privadas, sean nacionales o extranjeras, tienen que tener eso garantizado.

¿Qué recuerda de los días que pasó de acariciar un nuevo mandato a dormir en el suelo protegido por cocaleros en El Chapare?

Hemos derrotado varios golpes de Estado. El primer golpe lo derrotamos con UNASUR. Hubo una reunión de emergencia en La Moneda [sede del presidente de la República], en Santiago de Chile, y lo logramos. Hubo otro con la marcha de TIPNIS, también lo derrotamos. Superamos dos paros de la policía boliviana. Entonces cuando ya venía este golpe también pensamos que lo íbamos a derrotar. Que a lo sumo íbamos a tener que soportar dos o tres semanas de golpismo, no más, pero hubo un contragolpe como en el fútbol y se sumó la policía.

Pero ya habían tenido paros de la policía y otros golpes. ¿Por qué este prosperó?

Primero creo que fue porque nos confiamos. No teníamos un plan B. Y lo peor fue la combinación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la policía y las Fuerzas Armadas. Nunca habíamos tenido una confabulación así.

¿Y le sorprendió el rol que jugó la Central Obrera Boliviana (COB)?

[Suspira] Primero impulsaron mi candidatura y después me pidieron la renuncia. Creo que es un debate interno entre el movimiento indígena y la clase trabajadora obrera. El 10 de noviembre me llamó la Confederación de Empresarios Privados (CEPB) para darme todo su apoyo. Mientras tanto la COB pedía mi renuncia junto a las Fuerzas Armadas. Eso fue fatal, por supuesto. El frente campesino hizo bloqueo nacional de caminos; desde El Alto [ciudad cercana a La Paz de gran resistencia al golpe] salían marchas permanentes de las juventudes; si la COB declaraba huelga general indefinida se hubiera derrotado al golpismo y por tanto al fascismo y racismo.

¿Qué le pareció la respuesta de la población boliviana?

Fuerte. Fueron como dos semanas de lucha permanente. La juventud de toda Bolivia salió, el frente campesino indígena originario. Y por eso tantos muertos. ¿Quiénes son? En El Alto eran aymaras; en Sacaba, quechuas. Ellos combaten permanentemente por la democracia y por la vida.

Un asunto de crítica recurrente es la dificultad de los líderes populares latinoamericanos para efectuar su sucesión.

Es un debate pendiente para la clase política de izquierda. Pero en toda la historia del mundo es así y no es sencillo tener líderes que puedan comandar. Analistas e historiadores dicen que en estos tiempos Evo fue el pueblo. Yo no llegué a la presidencia por plata, sino por la patria. Se sabe que no tengo formación académica. He llegado aquí por la verdad y la honestidad. Y por eso me he podido mantener tantos años. Bolivia hasta 2005 tuvo un presidente cada dos años. Entre 2001 y 2005 tuvimos uno por año. Y de 2006 en adelante estuve yo. Batimos todos los récords: económicos, de obras, de democracia. Y me pregunto, ¿qué está pasando? La gente dice que soy el mejor presidente de la historia de Bolivia. Yo me siento el presidente de la mejor Bolivia de la historia. Pero viene un grupo de los que se sintieron afectados por sus intereses y hace un golpe con violencia que expresa el neo-racismo y neo-fascismo. Ahora nos toca recuperar y revertir el golpe con elecciones.

Usted ha dicho que no se presentará a las elecciones en estas circunstancias. ¿Qué características debe tener la persona para sucederle?

Vamos a debatirlo. Vamos a escuchar a los departamentos correspondientes y vamos a ver las encuestas. Andrónico Rodríguez [líder cocalero], pobre, ya ha sido presentado como 'Evito' en México, en Cuba, en Argentina. No es 'Evito' por si acaso, sino porque está claro cuál es su sector social. Pero también está el canciller David Choquehuanca y Diego Pary. Y está teniendo expectativa el ministro de Economía Luis Arce. Vamos a ver.

Hay dirigentes de su partido, el MAS, que no están participando de las discusiones en Buenos Aires para elegir su sucesor. El caso más conocido es el de la senadora Eva Copa, actual presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia.

[Hace una pausa] Siempre hay diferencias. Respeto. Si estuviera en Bolivia estarían firmes. No tengo esa posibilidad pero con los compañeros que vienen acá evaluamos y definimos juntos. Te aseguro que cuando haya posibilidad de reunirnos vamos a alinearnos.

Hace un tiempo dijo que si ganaba la última elección, al dejar el gobierno en 2025 iba a renunciar a la política y ponerse un restaurante. ¿Qué piensa hoy?

Eso ha cambiado. En mi última gestión ganamos en primera vuelta. Iba a recibir el bicentenario e irme a mi Chaco. Pero como han provocado, ahora seguiré haciendo política al servicio y, sobre todo, para los más humildes.

La travesía para salir de Bolivia

“Yo no quería salir de la Casa Grande del Pueblo, sede del Poder Ejecutivo en La Paz. Unos ministros casi llorosos me sacaron de ahí el 10 de noviembre. Me dijeron que salvar el proceso, nuestra revolución democrática-cultural, era salvarme la vida. Yo aún no lo creía, pero me obligaron a abandonar El Alto”, cuenta Evo Morales al recordar los últimos días de su gobierno.

De ahí se fue para Cochabamba, pero al llegar la cosa empeoró. “Llego al aeropuerto de Chimoré y un oficial me lleva a un lado y me muestra su celular con mensajes y llamadas. Leí el mensaje que decía: 'Entreguen al Evo. Nosotros nos hacemos cargo de la parte operativa'. Y me dijo que por teléfono le habían ofrecido 50 palos grandes. Le pregunté que era eso y me dijo que eran 50 mil dólares por entregarme. Volví a la Paz y el domingo todo se agudizó. Por eso hice una conferencia de prensa. Para evitar sangre dije que renunciaba a pesar de haber ganado las elecciones. Que haya nuevas elecciones con nuevos actores. Incluso nuevos miembros del Tribunal Supremo electoral”.

Pero hasta ahí pensaba quedarse en Bolivia.

Por supuesto, renunciaba solo para evitar conflictos. Mi idea era pacificar. Pero la derecha golpista rechazó todo. Para el 11 ya toda nuestra gente se movilizaba en Bolivia rumbo a La Paz para recuperar el Palacio Quemado --casa de gobierno-- y yo tenía mucho miedo a los enfrentamientos. Llegando al Trópico incluso había pensado en irme monte adentro y gobernar desde ahí. Pero con la policía amotinada en contra del gobierno hubieran masacrado a la gente que se movilizaba en torno a la casa de gobierno y yo hubiera sido el responsable. Para mi el derecho a la vida está por arriba de cualquier derecho. Así que pensé: si me meto selva adentro sin renunciar, al otro día masacre y Evo iba a ser el genocida, el masacrador. Por culpa de Evo. Me dolió mucho pero renuncié y convoqué para cuidar la vida y pacificar Bolivia. Renuncié a la presidencia, al triunfo electoral y a mi candidatura. Además sugerí nuevo órgano electoral y nuevos actores. Pero nada. Hoy tenemos 38 muertos a bala.

Y el viaje a México tuvo sus vericuetos ¿Cómo lo vivió?

Primero ofreció asilo Paraguay. Luego México ofreció también la logística. Pero los militares bolivianos no querían dejar entrar el avión mexicano. Ese día nuestro embajador ante la OEA nos comunica que un avión de EEUU también se había ofrecido para recogernos y llevarnos donde nosotros decidamos. Pero eso era una propuesta del Departamento de Estado de EEUU y yo pensaba que nos llevarían directamente a Guantánamo. De hecho luego supe que EEUU estaba investigando como se llamaban los pilotos del avión mexicano. Así que estoy casi convencido de que ese día estuvimos bajo control de EEUU todo el día. Aún más, cuando el avión que venía de México para recogerme paró en Lima a cargar combustible no lo dejaron pagar con tarjeta. Así que el embajador en Perú tuvo que juntar plata en una mochila para pagar. Luego, cuando el avión estaba en camino le dijeron que no le daban permiso para aterrizar en Chimoré, el aeropuerto donde estaba. Pero allí teníamos unos 10 mil campesinos que se habían concentrado para garantizar nuestra partida. Entonces Alvaro García Linera, vicepresidente de Morales durante todos sus mandatos, llamó al comandante de la fuerza aérea y le dijo: 'comandante no hay problema si no nos deja salir. Pero Chimoré va a arder. Hay más de 10 mil compañeros acá dispuestos a todo. Tu responsabilidad es esa'. Y entonces el comandante da la orden para hacer el vuelo. Pero ya no podíamos sobrevolar Perú ni Ecuador. No puedo entender todavía como podían estar tan sometidos a EEUU. Entonces fuimos a Paraguay, cargamos combustible y Brasil nos dio sobrevuelo. Una semana después, desde México, me cuentan que las altas autoridades no sabían que éramos nosotros los que pasábamos por ahí. Con un territorio tan vasto y tantos aviones sobrevolando, si lo hubieran sabido probablemente no nos hubieran dejado y no se qué hubiera sido de nosotros.

El expresidente boliviano Evo Morales ha dicho este domingo que se ha reunido en Argentina con integrantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) para empezar a preparar la campaña de cara a las nuevas elecciones que se celebrarán en Bolivia.

Tras “un mes del golpe de Estado en Bolivia, sostuvimos nuestra primera reunión en Buenos Aires con algunos dirigentes departamentales y nacionales de movimientos sociales, alcaldes, dirigentes del MAS y asambleístas para hacer una evaluación política y planificar para la campaña”, aseguró Morales en su cuenta en la red social Twitter.

Morales, que llegó a Argentina el pasado jueves y solicitó el refugio al nuevo Gobierno del peronista Alberto Fernández, fue designado por el MAS como jefe de campaña de las elecciones que ha convocado el Ejecutivo interino boliviano de Jeanine Áñez, aún sin fecha definida.

Bolivia celebró elecciones presidenciales el pasado 20 de octubre, unos comicios en los que Morales salió electo por cuarta vez como mandatario al imponerse en primera vuelta por un margen superior a los diez puntos -según el recuento oficial- sobre su principal rival, el expresidente Carlos Mesa. El resultado fue cuestionado por la oposición, que denunció fraude electoral. La Organización de Estados Americanos (OEA) asegura que en los comicios hubo “graves irregularidades”.

Morales abandonó Bolivia el pasado 11 de noviembre, un día después de su renuncia a la Presidencia tras un golpe de Estado y viajó a México en condición de asilado. El pasado jueves decidió trasladarse a Buenos Aires, donde pidió refugio al Gobierno de Alberto Fernández, que asumió la Presidencia argentina el martes pasado.

Junto a Morales, también se encuentran en Argentina y han solicitado refugio el exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera, la exministra de Salud Gabriela Montaño, el excanciller Diego Pary y el exembajador de Bolivia en las Naciones Unidas Sacha Llorenti.

Desde su llegada a Buenos Aires, el expresidente ha cuestionado al Ejecutivo de Áñez y el papel desempeñado por la OEA en la crisis que vive su país. Este domingo, en Twitter, negó ser dueño de un conglomerado de empresas, en respuesta a una denuncia formulada por el senador Óscar Ortiz. “Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de Añez, (Luis Fernando) Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso”, aseveró.

El canciller argentino, Felipe Solá, había dicho días atrás que el Gobierno le había pedido a Morales no hacer declaraciones políticas en Argentina, pero este domingo el jefe de Gabinete argentino, Santiago Cafiero, aclaró que esa es solo una condición para quienes piden asilo y no para los que solicitan refugio.

“El refugiado tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino, con lo cual tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera. Nosotros no le vamos a restringir sus libertades”, ha manifestado Cafiero en declaraciones al diario La Nación, de Buenos Aires.

Un congreso extraordinario del Movimiento Al Socialismo (MAS) nombró este sábado a Evo Morales, que sigue siendo el presidente del partido, como jefe de campaña de cara a las nuevas elecciones en el país para 2020.

El diputado del MAS Henry Cabrera confirmó a Efe que Morales, que se encuentra asilado en México y viajó el viernes a Cuba a una consulta médica, fue nombrado como jefe de campaña del partido.

“Agradezco la confianza por nombrarme jefe de campaña. Elegiremos a un candidato unitario y nuevamente ganaremos las elecciones en primera vuelta”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Además, Morales agradeció a sus simpatizantes por no abandonarlo: “Juntos seguiremos haciendo historia como hasta ahora ¡unidos venceremos!”.

El congreso de emergencia se desarrolló durante gran parte de esta jornada en la ciudad boliviana de Cochabamba con la asistencia de una veintena de organizaciones, direcciones regionales del partido y autoridades indígenas afines al MAS, para analizar el proceso del partido hacia los próximos comicios, aún sin fecha.

Se ha especulado con que Morales quiera trasladarse de Cuba a Argentina una vez que Alberto Fernández asuma la Presidencia el próximo martes, para desde allí organizar la estrategia del MAS para las próximas elecciones.

Piden responsabilidades a la presidenta interina

El congreso determinó exigir a la Asamblea Legislativa que se inicie un juicio de responsabilidades contra la presidenta interina del país, Jeanine Añez e interpelar a los ministros de Gobierno (Interior), Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López, al alto mando militar y policial por “delitos de lesa humanidad”.

También concluyeron mantener la unidad del partido y dar continuidad con la agenda patriótica 2020-2025 que pretendía finalizar Morales en su cuarto mandato. De la misma forma, exigieron la “inmediata aprobación” de la ley de garantías y su inmediata promulgación.

El proyecto de esa norma fue aprobada este viernes en la Cámara de Diputados, con mayoría del MAS, que debe tramitar ahora el Senado, para eximir de responsabilidades ante la Justicia a dirigentes como Evo Morales, que el Gobierno interino ha anunciado que no va a promulgar por considerarla una amnistía encubierta.

El MAS ya avanzó el pasado lunes que contaba con Morales como jefe de campaña, aunque no como candidato, ya que sigue siendo el presidente del partido. No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque, del MAS, condicionó ese día el papel de coordinador de su líder a que el Gobierno interino de Jeanine Áñez permita su retorno desde su asilo en México.

La polvareda levantada por la convulsión que ha azotado Bolivia estas últimas semanas comienza a tocar tierra. Jeanine Áñez, la presidenta interina y autodesignada del país ha prometido que el año que viene habrá nuevas elecciones, lo que ofrece alguna esperanza de cara a la restauración de la maltratada democracia boliviana. Pero solo si son libres y limpias.

Mientras tanto, quienes podrían sucederla comienzan a dar pasos. Carlos Mesa, el principal rival de Evo Morales durante las elecciones del pasado 20 de octubre, ya ha anunciado su candidatura. El partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha dicho que va a presentar “candidatos jóvenes” en lugar del expresidente.

La oposición a Mesa por la derecha será poco más que una contrincante advenediza que solo ha logrado ubicarse en primera línea política este último mes. Luis Camacho es el presidente del Comité Pro Santa Cruz, una poderosa organización de la sociedad civil de Santa Cruz, centro económico del país. Jugó un papel muy importante en el derrocamiento de Morales y la llegada al poder de Áñez.

Camacho, un político conservador y católico ferviente, ofreció mejoras sin pudor a la policía para que se amotinara contra el Gobierno de Morales. Prometió incrementar sus pensiones. Al hacerlo, logró poner a un lado tanto a Mesa como a la Organización de Estados Americanos, que pedían encarecidamente una transición democrática que habría permitido a Morales terminar su mandato. Camacho y sus seguidores forzaron la dimisión inmediata del presidente.

La extensión generalizada de las protestas agitó el país durante los diez días que siguieron la asunción de Áñez. Varias ciudades sufrieron escasez de alimentos y gas debido a las barricadas levantadas en las carreteras. “Creemos que su Gobierno traerá de vuelta el racismo que ya sufrimos en el pasado”, sostiene uno de los líderes indígenas que participan en las marchas de protesta y que no quiere dar su nombre. “Denunciamos que [ella] ha dado un golpe sin ninguna autoridad”.

El 15 de noviembre la policía y el ejército abrieron fuego contra manifestantes indígenas a las afueras de la cuarta ciudad del país, Cochabamba. Mataron a nueve personas e hirieron a más de 120. “Marchábamos pacíficamente y comenzaron a lanzar gas lacrimógeno y a disparar contra nosotros”, dijo sollozando una mujer ante las cámaras de un canal local. “Nos trataron como animales”. Cuatro días después, en El Alto, policía y militares volvieron a abrir fuego contra manifestantes indígenas provocando ocho muertos y más de 30 heridos.

La semana pasada regresó algún tipo de frágil equilibrio al país tras esos incidentes violentos entre la policía –con el apoyo del ejército– y partidarios de Evo Morales. Pero, ¿cuánto va a durar este respiro? ¿Es Áñez la persona adecuada para liderar el país a lo largo de este período de transición y garantizar el retorno a una cierta estabilidad?

El Gobierno de Áñez se comportó de inicio como si tuviera el mandato de transformar Bolivia y vengarse de aquellos que apoyaron el Gobierno de Evo Morales. Juró el cargo sujetando una Biblia en un país que la constitución define como laico. También se ha acusado a Áñez de publicar mensajes racistas contra la mayoría indígena en las redes sociales.

El tono que ha marcado se refleja en un resurgir del racismo profundamente asentado en la sociedad boliviana, algo que había mejorado durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, el primer presidente indígena del país. En respuesta a la promoción realizada durante su gobierno de la Wiphala, la bandera indígena, la policía que se amotinó contra el Gobierno, se arrancó el emblema de sus uniformes. Han aparecido pintadas racistas en las ciudades con lemas como “Evo, indio de mierda” en un país donde la palabra indio sigue siendo un término peyorativo.

Entre los primeros gestos de Áñez estuvo reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y expulsar del país a las misiones de médicos cubanos que trabajan en zonas remotas y empobrecidas. No mucho después eximió al ejército de cualquier posible consecuencia por el uso de la fuerza contra manifestantes y aprobó un presupuesto adicional de 45 millones de dólares para las fuerzas armadas.

El Gobierno de Áñez ha comenzado a recular desde la agresividad de sus posiciones iniciales y las negociaciones con los legisladores del anterior Gobierno han dado como resultado que se celebren elecciones en 120 días. También se ha llegado a un acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la nueva presidenta.

Gracias a eso se han levantado alrededor de 90 bloqueos que han paralizado el país a cambio de la retirada del ejército de ubicaciones sin valor estratégico y la revocación de una ley que ofrece impunidad a los militares por su comportamiento frente a los manifestantes.

Estos pasos apuntan una cierta esperanza a que el Gobierno se mueva hacia posiciones más cercanas a las propias de un Gobierno de transición, aunque la confianza en la promesa de elecciones limpias no cale demasiado. “¿Debemos apoyar estas elecciones?”, se pregunta un partidario de el MAS en El Alto. “¿Cómo podemos confiar en que respeten nuestro voto con todo lo que nos han hecho?”. La comunidad internacional ha comprometido ayuda extraordinaria para la celebración de los comicios y para vigilar sus resultados.

El MAS sigue siendo la fuerza política más importante del país, pero sus opositores se están organizando. Como responsable del Gobierno de transición, Áñez no puede presentarse a la reelección, pero se espera que apoye a Camacho, que la semana pasada presentó su candidatura como líder de la oposición unida.

Su alter ego en Potosí, Marco Pumarí, le apoya. Esta operación para consolidar un movimiento de oposición al MAS por parte de una derecha que no ha respetado los derechos humanos de los bolivianos no sirve más que para incrementar la incertidumbre sobre la posibilidad de unas elecciones libres y limpias. La pregunta central está clara. Si gana el MAS, ¿está preparada la derecha para aceptarlo?

Linda Farthing es periodista e investigadora, coautora de tres libros sobre Bolivia.

Traducido por Alberto Arce

“Pedimos que se respeten las instituciones y los procesos democráticos de Bolivia”, comienza el manifiesto firmado por más de 100 expertos internacionales en economía y estadística, quienes hacen “un llamado a la OEA para que retire sus declaraciones engañosas sobre las elecciones, las que han contribuido al conflicto político y han servido como una de las 'justificaciones' más utilizadas para consumar el golpe militar”.

Los firmantes, procedentes de entidades como el Economic Policy Institute y diversas universidades de Estados Unidos, Australia, México e India, entre otros, condenan que Donald Trump apoyara “abierta y firmemente el golpe militar del 10 de noviembre que derrocó al Gobierno del presidente Evo Morales” y explican mediante sus conocimientos en Estadística por qué no es correcto “el relato de fraude”.

La polémica se desató el mismo día de la cita electoral, cuando hubo un 'apagón' de casi 24 horas en el recuento rápido de votos. El momento en el que el sistema volvió actualizarse, incorporando los votos desde el extranjero, Evo Morales superaba a su contrincante Carlos Mesa con un margen de 10,14 puntos, justo por encima de los 10 puntos necesarios para evitar la segunda vuelta.

La oposición comenzó a acusar a Morales de fraude, y la Misión de Observación Electoral de la OEA para Bolivia expresó, tras recorrer 991 mesas de votación en 352 centros, su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”. Sin embargo, estos expertos critican que no se incluyó “evidencia alguna que respaldara esta declaración”. Afirman que “es fácil mostrar con datos electorales, los que están disponibles públicamente, que el cambio en la ventaja de Morales no fue ni 'drástico' ni 'difícil de explicar'.”

Por qué no hubo fraude, según los expertos

“Hubo una pausa en el ”conteo rápido“ de los resultados de la votación —cuando se llegó al conteo de 84% de los votos—  y la ventaja de Morales era de 7.9 puntos porcentuales. Con un 95% del recuento total de votos, su margen había aumentado a poco más del 10%, lo que permitió a Morales ganar en primera ronda sin tener que ir a una segunda vuelta.

Al final, el conteo oficial mostró una ventaja del 10.6%“, explican en el comunicado, apoyándose en un informe publicado por el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Washington que ya cuestionó seriamente en un informe publicado el 10 de noviembre el papel de la misión electoral de la OEA en Bolivia.

Los firmantes recuerdan que “no es inusual que los resultados de unas elecciones tengan un sesgo por ubicación geográfica, lo que significa que los resultados pueden variar dependiendo de cuándo se cuenten los votos de las diferentes áreas”. El comunicado cita el ejemplo de últimas elecciones para Gobernador en Luisiana, donde el candidato demócrata ganó por 2'6 puntos porcentuales tras aparecer como perdedor casi toda la noche. “El cambio en el liderazgo de Morales no fue 'drástico' en absoluto; fue parte de un aumento constante y continuo en la ventaja de Morales iniciado horas previas a la interrupción”, señalan.

Según estos expertos, la explicación del aumento de margen es “bastante simple” y “se basa en que  las áreas que contaron sus votos más tarde fueron más pro-Morales que las áreas que contaron sus votos más temprano”. Un resultado final que califican de “bastante predecible sobre la base del  primer 84% de los votos reportados”. “Esto se ha demostrado mediante el análisis estadístico y también mediante unanálisis más simple de las diferencias entre las preferencias políticas de las áreas que informaron sus votos antes y las que informaron después”, recalcan. 

El manifiesto finaliza con un llamado al Congreso de Estados Unidos para que investigue “el comportamiento de la OEA” y se oponga al “golpe militar” y las violaciones a los derechos humanos del Gobierno de facto“, además de señalar la responsabilidad de los medios de buscar analistas independientes ”en lugar de tomar la palabra de los funcionarios de la OEA“. ”Muchas vidas pueden depender de que esta historia sea aclarada“, concluyen, aludiendo a un conflicto donde, según el último recuento del Defensor del Pueblo, ya asciende a 32 la cifra de muertos.

Expulsado y exiliado de Bolivia, el presidente derrocado Evo Morales dice que no se presenta a las próximas elecciones de su país porque quiere evitar que la crisis actual se transforme en un conflicto civil o étnico aún mayor. “Es lo que temo y lo que tenemos que evitar, por eso renuncio a mi candidatura”, explica en una entrevista con The Guardian. “Hay que hacer sacrificios para preservar la paz y yo estoy sacrificando mi candidatura, aunque tenga todo el derecho a ella”.

Convertido en el primer presidente indígena de Bolivia desde que en 2006 asumió el cargo, Morales huyó a México el pasado 11 de noviembre. Tres semanas antes habían tenido lugar las elecciones que desataron acusaciones contra él por una victoria que la oposición consideraba amañada. Las protestas generalizadas que siguieron culminaron con el jefe del ejército boliviano diciéndole que abandonara el cargo. Un día después, la senadora de derechas Jeanine Áñez juraba como presidenta en funciones.

Al menos 32 personas han muerto desde entonces. Al parecer, en su mayor parte debido a la represión con que el ejército ha sofocado las marchas en favor de Morales. También ha habido momentos de mucha tensión social y racial entre las personas indígenas y pobres que marchan por Morales y las personas de mayor poder adquisitivo que las ven pasar.

El nuevo ministro de Interior, Arturo Murillo, amenazó con meter en la cárcel por el resto de su vida al expresidente. Acusa al progresista Morales de incitar las protestas contra el Gobierno que, según él, equivalen a terrorismo.

Desde su nuevo y provisional hogar en Ciudad de México, Morales responsabiliza de la crisis a la vieja élite “racista y vengativa” boliviana que ha organizado un golpe con la ayuda de Estados Unidos (“el imperio del norte”). Su prioridad ahora es ayudar a expulsar al “gobierno de facto” llevándolo a elecciones. “Le dicen que no a Evo y yo digo vale, no hay problema”, dice.

Morales se refiere al Parlamento boliviano, donde su partido Movimiento al Socialismo tiene mayoría, y a la ley aprobada para celebrar elecciones en cuestión de meses con un veto a su candidatura. La presidenta en funciones Áñez firmó el domingo el proyecto legislativo.

Morales había asegurado que cumpliría con el plazo de su mandato y no se iría hasta el 22 de enero, pero ahora admite haber desistido de ese propósito por el debilitamiento de las demandas que piden su regreso.

Los líderes de las protestas y el Gobierno interino alcanzaron el domingo un acuerdo. Áñez se comprometió a retirar a los militares a cambio de que los manifestantes levanten un bloqueo de carreteras que ha dejado a varias ciudades importantes con escasez de combustibles y alimentos.

“No es que renuncien a su lucha contra el golpe”, dice Morales, que hoy vive en una base militar mexicana y va acompañado por soldados de paisano en todo momento. “Pero la verdad es que la gente se cansa después de dos semanas de resistencia y de tantos muertos”.

El hombre que durante mucho tiempo fue un símbolo para la izquierda latinoamericana enfrenta además intentos de procesamiento por terrorismo y sedición, pero dice que su insólita y larga carrera política ha estado plagada de cargos “inventados” y que eso nunca lo ha detenido.

Morales proviene de una empobrecida familia de pastores de llamas del altiplano que se trasladó a la fértil región del Chapare para plantar hojas de coca. El tradicional cultivo es usado por la población local como un estimulante y por los narcotraficantes como la materia prima de la cocaína.

En los años 80 y 90, Morales se convirtió en una figura destacada de los movimientos de resistencia a las campañas de erradicación de coca forzadas en Bolivia por Estados Unidos. Se dio a conocer en todo el país con su elección como diputado en 1997, cargo que ocupó hasta 2002. Después ayudó a liderar el levantamiento social que forzó la salida del presidente Gonzalo Sánchez de Lózada un año después. “Lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, de ahí vengo”, dice Morales con orgullo evidente y un poco de nostalgia.

Morales llegó al poder en las elecciones de 2005 y ganó con holgura su segundo y tercer mandato de 2009 y 2014. Sus gobiernos le dieron previsibilidad a uno de los países de mayor inestabilidad política del mundo, con trabajadores radicalizados, movimientos campesinos y una cantidad increíble de golpes militares.

Morales también cambió las reglas del juego al poner a la mayoría indígena en el centro del Gobierno y de las políticas, así como al reducir la pobreza y mantener a la economía en crecimiento con inversiones estatales.

Pero la lealtad hacia Morales ha ido disminuyendo a medida que permanecía en el cargo. Incluso Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil y cabeza visible de la llamada marea rosa de los presidentes progresistas latinoamericanos, consideró la semana pasada “un error” que Morales se hubiera presentado para un cuarto mandato.

Morales no está de acuerdo. En tres ocasiones dice que él no buscaba la candidatura. “Las organizaciones de lucha popular me pedían que fuera el candidato”. ¿Y se arrepiente de no haberlo rechazado? “No tengo nada que lamentar porque ganamos en la primera vuelta”, es su respuesta, que niega las acusaciones de fraude respaldadas por la OEA. “He cumplido con el mandato del pueblo, pero estos reaccionarios no pueden tolerar que haya un candidato indígena con el apoyo de los trabajadores, a eso se le llama lucha de clases; es una pelea que lleva ya mucho tiempo”.

Para Morales, los ecologistas que lo acusan de haber desprotegido los bosques del país son “herramientas del imperialismo” porque buscan impedir que Bolivia desarrolle sus recursos. Se ríe de los activistas que lo acusan de avivar, a propósito, una polarización “machista” de la política. “Yo soy el feminista”, responde. La participación de las mujeres en política se ha disparado durante su mandato.

Tras repasar un poco, el único “error” que dice encontrar es la eliminación de subsidios al petróleo en 2010. Se debe, dice, a que durante toda la vida ha puesto sus logros y su experiencia política al servicio del país. Por eso quiere regresar a Bolivia en cuanto sea posible (el MAS está tratando de pasar una ley que le dé inmunidad). “El tiempo pasa volando y la verdad es que espero estar de vuelta a finales de año”, dice.

Morales siente que aún le queda mucho por hacer, empezando por ayudar al partido a encontrar un candidato que lo sustituya. “Eso no es algo sencillo”, dice. “Mi plan era irme después de otros cinco años en el Gobierno, pero ahora, después de todo lo que me han hecho, es posible que me presente como candidato cuando pase ese tiempo”.

Traducido por Francisco de Zárate

Los argumentos de quienes dan por buena la operación para derrocar a Evo Morales siempre parten de un hecho que se da por demostrado: en Bolivia hubo fraude electoral. Sobre esa afirmación, sobre ese primer ladrillo, se levantó una reacción social, un amotinamiento policial y finalmente la petición del Ejército de que Morales dimitiera. Un golpe de Estado que no ha encontrado una oposición internacional contundente, entre otros motivos porque, se dijo, venía tras un fraude electoral.

Sin embargo, no ha trascendido mucho sobre lo que pasó realmente con el recuento de los comicios del 20 de octubre. La misión de la Organización de Estados Americanos asegura que hubo “irregularidades” y, por otro lado, otros expertos advierten de que la acusación de la OEA no viene acompañada de pruebas de que estas anomalías sean “generalizadas o sistemáticas”.

Más de un mes después, ¿qué es lo que sabe del supuesto fraude que desencadenó la crisis social y política en Bolivia?

La polémica: la interrupción del recuento preliminar

El pasado 20 de octubre, Bolivia vivía una de las jornadas electorales más inciertas de su historia reciente. Evo Morales buscaba su cuarto mandato y se perfilaba como ganador, pero los sondeos pronosticaban que por primera vez su ventaja sería tan ajustada que se abriría la puerta a una segunda vuelta. Terminadas las votaciones, los resultados del escrutinio preliminar otorgan la victoria a Morales con el suficiente margen para evitar una segunda ronda frente a Carlos Mesa.

El anuncio desata protestas e incidentes violentos en diferentes puntos del país entre acusaciones de fraude electoral. No se fían del recuento.

En el país andino conviven dos recuentos, uno rápido y otro oficial. El segundo es el método tradicional, acta por acta, y lleva más tiempo. El recuento rápido es el llamado Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Como su nombre indica, es un sistema destinado a dar a conocer resultados preliminares de forma rápida, a pocas horas del cierre de la votación. A grandes rasgos, este recuento se basa en fotografías de las actas que se envían a través de una aplicación móvil. Esta información se almacena en servidores del Tribunal Supremo Electoral y luego es verificada y publicada en Internet. La polémica se centró en este último mecanismo de recuento rápido, pero sus problemas han acabado empañando todo el proceso electoral.

El día de las elecciones, a las 19:50 horas, el órgano electoral difundió los primeros datos del sistema rápido. Al 83,85% de las actas verificadas, el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, obtenía el primer lugar con el 45,71% de los votos, contra un 37,84% de la formación de Carlos Mesa. La diferencia entre ambos era de 7,87 puntos y la posibilidad de una segunda vuelta ganaba fuerza.

Y aquí viene la clave: tras ese dato, los resultados dejaron de actualizarse durante casi 24 horas. A las 18:30 del lunes 21, se reactivó el sistema y los nuevos datos preliminares otorgaban una diferencia de 9,36 puntos entre ambos partidos. Tras otra actualización que incorporaba los votos desde el extranjero, Morales superaba a Mesa con un margen de 10,14 puntos, justo por encima de los 10 puntos necesarios para evitar la segunda vuelta.

Este 'apagón' en el recuento rápido activa las alarmas y enciende las acusaciones.

Mientras tanto, el recuento oficial comenzaba y fue avanzando durante la semana, solapándose ya con la polémica. Conforme avanzaba el escrutinio oficial, los resultados no siempre daban como ganador directo a Evo Morales en primera vuelta. Porque lo que ha estado en discusión en todo momento no es la victoria de Morales, sino el margen que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral –es decir, que obtuviera el 40% y al menos una diferencia de 10 puntos sobre la segunda candidatura– en las que las formaciones opositoras pudieran aglutinarse y sumar fuerzas.

Mientras varias ciudades bolivianas vivían protestas y altercados, mientras la comunidad internacional empezaba a pronunciarse, el recuento oficial no daba por seguro el triunfo de Evo Morales. Días después, los datos del recuento oficial confirmaban el apurado margen (menos un punto) con el que Morales evitaba la segunda vuelta.

Oposición y OEA critican la interrupción del recuento

“Esto es un fraude escandaloso. Confiamos en que la ciudadanía no va a aceptar esta votación, este resultado amañado”, criticó el candidato opositor tras conocer los primeros resultados no oficiales del escrutinio que lo dejaban fuera de la segunda vuelta. Mesa, denunciando que el órgano electoral obedecía órdenes de Morales, llamó a los suyos a movilizarse frente a la sede central de La Paz del TSE y ante sus delegaciones en las otras ocho regiones bolivianas.

Por su parte, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, que recorrieron 991 mesas de votación en 352 centros, cuestionó en un comunicado que se dejaran de difundir los datos y mostró su “preocupación y sorpresa” por que finalmente se presentara un escrutinio con un “cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral”. Posteriormente, afeó al Tribunal Supremo Electoral que no fuera “capaz de brindar una explicación certera” a la ciudadanía. En todo momento, se refería al recuento rápido, pero la sospecha ya estaba sembrada.

Mientras, el Gobierno de Morales aseguró que garantizaría a la oposición y a la comunidad internacional un recuento transparente de los resultados de las elecciones, por lo que pidió “no cargar innecesariamente el ambiente” con protestas, a la vez que se mostró confiado en la victoria del presidente en ejercicio.

La interrupción del recuento rápido encendió la mecha de la tensión en las calles y desencadenó protestas que se tornaron violentas en gran parte del país. La policía dispersó enfrentamientos entre partidarios y detractores de Morales delante del hotel donde se realizaba el recuento en la capital. Varias sedes del órgano electoral fueron atacadas, algunas de ellas incendiadas.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, renunció a su cargo tildando de “desatinada” la “decisión” de suspender la publicación del recuento rápido. Por su parte, un informe de la empresa Neotec, encargada del soporte técnico del sistema TREP, afirma que los vocales del tribunal electoral les ordenaron paralizar la difusión de resultados por tres motivos: “el uso de un servidor no monitoreado”, “el aumento inesperado de tráfico para verificación de actas” de este servidor y “el cambio repentino de la tendencia” entre los partidos de Morales y Mesa

El recuento oficial, difundido el 25 de octubre, acabó dando la victoria a Evo Morales con una ventaja de 10,57 puntos sobre Mesa en primera vuelta. Las protestas y enfrentamientos violentos siguieron sucediéndose y el Gobierno boliviano aceptó que la OEA auditara los resultados. El 30 de octubre, firmó el acuerdo con la organización regional y se comprometió a dar facilidades al equipo así como a aceptar las conclusiones tuvieran carácter vinculante “para las partes”.

El 10 de noviembre, la OEA publicó los resultados preliminares de su auditoría recomendando unas nuevas elecciones. Morales anunció una repetición electoral. A pesar del anuncio, el Ejército le pidió que dimitiera y acabó haciéndolo horas después.

Aquel mismo domingo, la Fiscalía anunció un procedimiento contra miembros del Tribunal Supremo Electoral por las irregularidades detectadas por la OEA que pueden conllevar “ilícitos penales y electorales vinculados al cómputo de los resultados oficiales”. La presidenta y varios vocales del ente han sido detenidos.

Un think tank de EEUU cuestiona el papel de la OEA

En su informe, la OEA no menciona la palabra fraude, sí habla de “irregularidades”. Uno de sus hallazgos es que la tendencia mostrada en el último 5% del cómputo rápido “Morales incrementa el promedio de votación en un 15% comparado con el 95% anterior, mientras Mesa cae en una proporción prácticamente igual”. “Este comportamiento es muy inusual”, sostiene el equipo en el informe. Acerca del cómputo oficial, según sus proyecciones estadísticas, aseguran que “resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”.

Sin embargo, esta conclusión ha sido rebatida por el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés). El think-tank con sede en Washington cuestiona seriamente en un informe publicado el 10 de noviembre el papel de la misión electoral de la OEA en Bolivia, asegurando que no “proporcionó pruebas que apoyaran afirmaciones que sugirieran que el recuento rápido podría ser 'difícil de explicar”. El grupo de expertos sostiene que “ni la misión de la OEA ni ningún otro partido han demostrado que hubo irregularidades generalizadas o sistemáticas en las elecciones”. Asimismo, recuerdan que el cómputo oficial –el único legalmente vinculante– “nunca se interrumpió y se actualizó regularmente en línea sin ninguna interrupción significativa”.

“La OEA debe investigar cómo fue posible que se hicieran tales declaraciones sin ninguna evidencia, las que pueden haber alimentado el actual conflicto político en Bolivia”, señala Mark Weisbrot, codirector de CEPR. “[La OEA] ha mentido en al menos tres ocasiones: en el primer comunicado de prensa, en el informe preliminar y en la auditoría preliminar. Por lo tanto, hay que mostrarse profundamente escéptico ante las acusaciones que presentaba esta y sus posteriores publicaciones, a menos que puedan ser verificadas por investigadores independientes a partir de los datos públicos disponibles”, indica en un artículo.

Los investigadores del CEPR se centran en dar una explicación al “cambio de tendencia” difícil de justificar en el recuento rápido para la misión de la Organización de Estados Americanos. Y la razón es geográfica. Para el grupo de expertos, que la brecha entre Morales y Mesa se ampliara a medida que avanzaba el proceso de recuento “fue un fenómeno predecible y poco sorprendente”, según los resultados del 83,85% inicial de votos del TREP.

El análisis argumenta que la brecha cada vez más amplia entre ambos candidatos se explica por las tendencias históricas de votación que favorecen a Morales en zonas donde los votos “tardan más en transmitirse”. “Ni el conteo rápido ni el conteo oficial exhiben cambios repentinos en las tendencias de los resultados finales, y la misma tendencia ampliamente conocida, explicable por la geografía, es evidente en ambos aspectos”, apuntan.

En el informe explican que, durante la última década y media, los votos de las zonas rurales y periféricas del país “han tendido a apoyar en una proporción bastante mayor a Morales y al MAS”. “Debido a limitaciones logísticas, tecnológicas y quizá también otras, estos votos terminan siendo calculados en la etapa final del proceso de conteo. Esto es cierto tanto para el conteo rápido como para el oficial, ambos afectados por la misma geografía e infraestructura. Los lugares rurales y más pobres, que han tendido a favorecer fuertemente a Morales, son más lentos en transmitir los datos o enviar las hojas de conteo a los tribunales electorales”, aseguran.

Además, tomando como referencia los votos al 83,85% –punto en el que se interrumpió la difusión de los datos– elaboran una proyección estadística según la cual el margen de Morales es de 10,09 puntos porcentuales. “Las conclusiones de esta proyección estadística son consistentes con los resultados oficiales del conteo electoral en Bolivia”, concluyen.

Desvío a otro servidor y actas alteradas, según la OEA

En su auditoría, la OEA detectó que, tras la interrupción del recuento rápido, el flujo de la información fue redirigido a un servidor informático “que no pertenecía a los previstos” y que no pertenecía a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información. Tampoco era, dicen, controlado por la empresa auditora ni los funcionarios sino “por alguien externo”. “No figura en los informes que nos entregó el tribunal, y todos los actores omitieron su existencia hasta ser detectado por los auditores de OEA”, señalan.

A continuación, sobre el cómputo oficial, recalcan que “el proceso estuvo reñido con las buenas prácticas y no se han respetado los estándares de seguridad”. “Atento al cúmulo de irregularidades observadas, no es posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados”, aseveran.

Asimismo, los técnicos de la OEA analizaron 333 actas cuestionadas, una muestra seleccionada de las mesas en las que el partido de Morales obtuvo el 99% de los votos. De ellas, 78 (un 23%) presentaban “irregularidades desde el punto de vista pericial”.

Desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) advierten de que este análisis de la OEA se basa en “una muestra no representativa del total de las actas” y que la muestra está “sesgada” por no ser aleatoria sino centrarse en las mesas donde arrasó el MAS. El mismo número de irregularidades podría darse en mesas donde la oposición también arrase.

La OEA describe que, en algunos casos, “se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona” y que “en varias actas” el partido MAS obtenía el 100% de los votos. “En algunos de estos documentos ni siquiera se había completado con un cero el campo correspondiente a los votos de los partidos opositores”, explican.

Por otro lado, el equipo auditor de la OEA hace énfasis en la existencia de “actas físicas con alteraciones” y “firmas falsificadas”. De 176 actas analizadas de la muestra que habían sido escrutadas en Argentina, indican que el 38,07% “presentan inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron”. “Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas índice”.

Sin embargo, una investigación independiente del politólogo Walter Mebane, de la Universidad de Michigan (EEUU), ha tratado de demostrar que los “votos fraudulentos” no han sido “decisivos” en las elecciones. Según su modelo estadístico, hubo irregularidades en 274 de las 34.551 mesas de votación y lo compara con otros procesos electorales en Honduras, Rusia, Turquía, Austria o Wisconsin. “Incluso eliminando los votos 'fraudulentos', el MAS tiene una ventaja superior al 10%” sobre el partido de Mesa, sentencia el informe.

Por otro lado, la OEA argumenta que las condiciones en las que se custodió el material electoral no cumplían siempre con los “controles necesarios”. “El hecho de que hayan existido actas electorales quemadas evidencia la falta de resguardo, de previsiones adecuadas y poca coordinación” con las fuerzas de seguridad. “Dado que en Bolivia no existe la posibilidad de recuento de votos, el resguardo de las actas electorales es un aspecto crítico para dar las garantías al proceso electoral. El control de quien maneja las actas y el lugar en que se encuentran en cada momento es fundamental”, agregan.

“Es previsible suponer que de contar con más tiempo para procesar mayor documentación se hallaría un número aún mayor de irregularidades”, esgrime la OEA antes de finalizar el informe. Para la CELAG se trata de una expresión “poco rigurosa” que “no puede constituir de manera alguna una demostración fehaciente de la existencia de dichas irregularidades”.

Los resultados en las elecciones seguirán dando que hablar. Desde su exilio en México, Evo Morales ha anunciado que conformará una “comisión de la verdad” integrada por “personalidades internacionales” para verificar si hubo fraude o no en las elecciones.

El golpe de Estado para expulsar a Evo Morales del gobierno de Bolivia, que a la postre le forzó a abandonar el país, está apoyado por una campaña de lavado de imagen en redes sociales dirigida al exterior. Según ha podido comprobar eldiario.es gracias a los datos facilitados por varios expertos e investigadores, la maniobra se vale de decenas de miles de cuentas de Twitter creadas en apenas dos semanas (más de 23.000 dadas de alta entre los días 11 y el 12, inmediatamente después de la salida de Morales de la capital) que se están usando para aumentar la sensación de apoyo a los líderes opositores, atacar al exmandatario y ayudar a propagar desinformación sobre él en otros países.

El uso de bots (cuentas falsas en redes sociales operadas de forma automática) y cyborgs (cuentas falsas gestionadas por una persona que maneja manualmente 10, 20 o 30 de ellas para aumentar la sensación de que hay una identidad real detrás de cada una) está aún más extendido en Latinoamérica que en España. Las operaciones de guerra sucia para manipular la opinión pública a través de Internet son frecuentes, tanto las dirigidas hacia dentro del mismo país como hacia el exterior. Venezuela o Brasil, por ejemplo, son a la vez puntos de origen y objetivos habituales de estas operaciones de intoxicación basadas en propaganda opaca. En el caso del golpe de Estado contra Morales en Bolivia, existen indicios suficientes para señalar la existencia de una maniobra coordinada en redes sociales para influir en la conversación internacional e imponer la narrativa de que no ha existido tal golpe de Estado y que Morales ha tenido que abandonar el país por fraude electoral y por estar vinculado al narcotráfico.

Un ejército de novatos más preocupados por la imagen del golpe en el exterior que de echar a Morales

Las protestas en las calles contra Morales comenzaron el 21 de octubre, un día después de la celebración de elecciones en el país. Seguidores del ex presidente y bolivianos críticos con su mandato se echaron a la calle entre acusaciones de fraude electoral. La tensión se fue elevando durante tres semanas y el conflicto creciente entre ambos grupos y las fuerzas policiales provoca varios muertos. Durante este largo período de convulsión social en Bolivia no se detecta un crecimiento de usuarios de las redes sociales.

Finalmente, el 10 de noviembre, un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), organización con sede en Washington, ve indicios de fraude electoral y recomienda una nueva convocatoria de elecciones. Morales acepta la petición, pero el líder de la ultraderecha Luis Fernando Camacho pide su renuncia. Las protestas se tornan en violencia y la violencia en amotinamiento policial. El Ejército se pone del lado de la oposición y exige la dimisión del presidente. Horas más tarde Morales comunica que deja el poder y abandona La Paz. Jeanine Áñez, vicepresidenta segunda del Senado, se autoproclama presidenta.

En los dos días siguientes, 11 y 12 de noviembre, se crean 23.900 cuentas de Twitter que nutren la comunidad de seguidores de Camacho. En apenas unos días pasa de tener 2.000 seguidores a más de 135.000. Es un fenómeno similar al que ocurre en la comunidad de Áñez, que pasa de 8.000 a 168.000, 22.000 de las cuales son dadas de alta entre el día 11 y 12. eldiario.es ha podido comprobar que esta cifra coincide en las bases de datos de hasta cuatro investigadores diferentes, tanto españoles como latinoamericanos, que están estudiando el fenómeno de creación masiva de perfiles de Twitter para influir en la conversación internacional sobre Bolivia.

Según los datos publicados por el investigador argentino Rodrigo Quiroga, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, dependiente del Ministerio de Ciencia argentino) y docente universitario, 52.412 de los perfiles que siguen a Camacho se crearon en los últimos 15 días. En el caso de la autoproclamada Áñez sus seguidores novatos ascienden a unos 42.000. Quiroga es uno de los científicos que ha compartido su base de datos en bruto con eldiario.es, que ha podido contrastar sus resultados.

El investigador repitió el análisis con Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado y referente del MAS (Movimiento al Socialismo, el partido de Morales). El resultado fue que casi 14.000 de sus 52.000 seguidores habían creado su cuenta en las últimas dos semanas. Sin embargo, al cruzar su base de seguidores con los de Camacho y Áñez, Quiroga encontró que unos 9.000 de sus seguidores con un perfil novato eran cuentas que también formaban parte de la comunidad de los líderes golpistas. Para completar el análisis, observó la actividad de esos nuevos seguidores de los tres líderes bolivianos. En su discurso predomina abrumadoramente el apoyo al golpe.

En un período de convulsión política no es extraño que haya una crecimiento de usuarios de las redes sociales, que extienden su activismo al terreno digital. No obstante, en Bolivia se ha dado solo en un sentido. “No encontré casi ninguna cuenta nueva creada en noviembre que apoye a Evo y/o al MAS”, ha explicado Quiroga en su cuenta de Twitter. Entra en detalles en conversación con eldiario.es: “Aunque no podamos determinar con certeza si son usuarios reales o falsos, lo que sí sabemos es que hubo una enorme cantidad de usuarios nuevos y que están organizados para tuitear constantemente a favor del gobierno de Áñez y en contra de Evo”, constata.

Pese a que muchas de las nuevas cuentas pueden ser reales, del ejército de críticos de Morales llama la atención que se hayan organizado para defender el golpe en el exterior. No aparecieron para forzar la salida del ex mandatario del país, sino para defender que quienes han ocupado el poder en Bolivia no han cometido un golpe de Estado.

Estrategia: amplificación de los mensajes de bolivianos emigrados y desinformación

Twitter se ha negado a proporcionar la cifra de usuarios que tiene en Bolivia a requerimiento de este medio. Pese a ello, un ejército de cuentas nuevas aparecido de la nada llama la atención. Más en un país como Bolivia, de 17 millones de habitantes y donde el uso de esta red social no está extendido. Este lunes, el medio estadounidense especializado en tecnología The Verge se hacía eco de que algo raro estaba pasando e informaba de que había detectado una red de 4.320 perfiles falsos “difundiendo confusión” sobre la situación en el país tanto en inglés como en español: “Queridos amigos, no ha habido golpe en Bolivia”, fue el mensaje detectado.

El medio de EEUU no ofrecía detalles técnicos sobre las características de esos más de 4.300 bots que había localizado. Sí lo hizo, un día antes, Julián Macías, responsable de redes de Podemos. En un análisis publicado en Twitter el pasado domingo, Macías empleó herramientas profesionales de análisis de comunidades digitales para evidenciar que tanto Áñez como Camacho habían visto cómo sus seguidores pasaban a ser decenas de miles, y luego cientos de miles, nutriéndose de cuentas recién creadas.

Su último análisis, cuya base de datos también ha compartido con esta redacción, concluye que en la conversación sobre el golpe de Estado en Bolivia han participado más de 92.000 perfiles creados en noviembre.

eldiario.es está analizando estas nuevas cuentas, su actividad y sus conexiones con ayuda de investigadores independientes. En este momento no está en disposición de afirmar con rotundidad si un porcentaje de ellas son falsas, pero sí que su nacimiento coincide en el tiempo con una operación que encaja punto por punto en los parámetros de la estrategia de propaganda política conocida como astroturfing. Este término, un juego de palabras en inglés con la marca de un fabricante de césped artificial, enuncia una táctica que consiste en hacer pasar por un movimiento social surgido desde abajo lo que en realidad es una campaña propagandística de un actor concreto.

Además de engordar la comunidad de Áñez y Camacho, el ejército de novatos creado en dos semanas han impulsado hasta 14 hashtags (etiquetas sobre las que pivotan las conversaciones en Twitter) críticos con Evo Morales y que niegan la existencia de un golpe de Estado, un lavado de cara dirigido al exterior de Bolivia, no a sus propios ciudadanos. Su estrategia es aumentar artificialmente el impacto de usuarios que, a pesar de contar con comunidades muy pequeñas y encontrase fuera de Bolivia, han visto como sus mensajes son compartidos miles e incluso decenas de miles de veces.

eldiario.es ha podido comprobar que se ha dado este caso en varios de los 14 hashtags críticos con Morales que se han reproducido en las últimas semanas. En el caso de #NoFueGolpeFueFraude por ejemplo, la publicación más compartida es la de Carito Eyzaguirre (@CaritoEyzaguir1), que según su cuenta de Instagram es una boliviana residente en Cascais (Francia). En Twitter creó su cuenta este mes de noviembre y a pesar de que el 11 de noviembre acumulaba en torno a un centenar de seguidores, vio como un tuit escrito ese día se compartía 1.800 veces.

El caso más llamativo es el que se ha dado en #EvoEsFraude, cuyo comentario más compartido corre a cargo del estudiante boliviano radicado en Barcelona Eduardo Baeza, que va camino de los 13.500 retuits. Desde la ciudad condal, Baeza acusó a Morales de ser “jefe de un cartel de narcotráfico” relacionado con el cartel de Sinaloa, denuncia que fundamenta en el trabajo del periodista David Beriain, autor del documental Clandestino (Discovery). “Es falso, en el documental no se afirma eso”, aclara Beriain en conversación con eldiario.es.

“He repasado todos los guiones por si acaso había algún punto al que podían agarrarse para sustentar una acusación así –detalla el periodista un par de horas después de ser contactado por esta redacción– pero no se cita ni una sola vez a Evo Morales ni a Bolivia, ni siquiera en la voz en off”. “Con esto no quiero decir ni una cosa ni la contraria sobre Morales, solo que es falso que el documental afirme eso”, continúa Beriain, cansado de que “unos y otros” empleen su trabajo sobre el narcotráfico “como arma arrojadiza” de propaganda política.

Este medio ha intentado ponerse en contacto por diferentes vías con Baeza, que no ha contestado a los requerimientos. A pesar de que creó su cuenta en 2014, esta no tuvo ninguna actividad hasta el 11 de noviembre de 2019, día en que crea o comparte 26 contenidos. Su tuit con desinformación de Morales que se propagó por medio mundo fue publicado el 12.

Desinformación proveniente de Venezuela

Las acusaciones de narcotráfico contra Morales se han distrubuido en casi todas las conversaciones en las que ha actuado el ejército de nuevas cuentas que amplía el mensaje de los líderes opositores. Se apoya tanto en desinformación, como la que intenta utilizar el prestigio de David Beriain, como en bulos fabricados para atacar al líder indígena. Uno de estos últimos se distribuyó con especial intensidad en los primeros días tras el golpe, mostrando a Morales rodeado de narcos como Pablo Escobar o Chapo Guzmán. Se trata de un montaje proveniente de Venezuela.

El rastreo de la imagen señala la cuenta de un usuario de ese país como foco de la desinformación. No obstante, según el análisis que ha facilitado a eldiario.es la investigadora Mariluz Congosto, investigadora de la Universidad Carlos III, el principal amplificador del bulo fue el diputado opositor venezolano Henrique Salas, que la tomó poco después y masificó su impacto, logrando que se extendiera por varios países.

El resultado elaborado por la investigadora refrenda además el nulo peso de los usuarios bolivianos en la conversación y la importancia del discurso en el exterior en la narrativa general de los hechos que se suceden desde finales de octubre en Bolivia.