Cristovão competía de pequeño contra su tío para ver quién pintaba mejor. El paisaje, los edificios, los animales que pasaban, cualquier color y forma apresaba su imaginación para plasmarlo rápidamente en el papel. “Solía ganar yo”, ríe sentado en la recepción de la residencia de estudiantes en la que vive desde hace seis meses en Sevilla. Ahora, con 21 años, su deseo es llegar a diseñar las viviendas del futuro de su tierra, Guinea-Bisáu, saber qué tecnología usar para hacerlos más eficientes y, sobre todo, contribuir a una mayor sostenibilidad en su entorno.

Para cumplir su sueño, Cristovão Wilkey Pereira Sanhá primero está cursando un ciclo de formación profesional en Proyectos de Edificación en la Escuela Politécnica Superior, ubicada en el barrio de Los Remedios, con el apoyo de la ONG Periodistas Solidarios, cuya labor social en el país africano ha servido como puente para que el estudiante haya superado los obstáculos burocráticos en España. Tras lograr la homologación de su título académico, mandaron la solicitud a las universidades públicas andaluzas, pero su nivel educativo no era suficiente para pasar el corte de las inscripciones. Por ello, la FP se convirtió en la oportunidad para colocar unos cimientos fuertes con los que fortalecer su conocimiento: “No ha sido fácil, porque fueron dos años de espera hasta que logré venir a Andalucía”.

“Tengo muchísimas cosas que aprender aquí como, por ejemplo, sobre innovación, tecnología o digitalización, y por eso prefiero quedarme y aprovechar el tiempo para luego intentar desarrollar ciertas cosas que tienen que ver con la sostenibilidad en las obras de mi país”, remarca. La adaptación a lo largo de estos seis meses ha sido dura, más para entender los términos técnicos del idioma o adecuar su nivel al de sus compañeros, siendo la asignatura de Estructura y Reordenamiento una de las que más costosas. “Es difícil, pero estoy muy fuerte”, subraya. En un primer momento, intentó cursar sus estudios en Portugal, pero fue inviable a causa de los altos costes que tenía que enfrentar su familia y su padre, que conocía la ONG Periodistas Solidarios, solicitó a la organización colaboración con tal de seguir más posibilidades y medios con los que lograr que su hijo tuviera una buena proyección laboral.

El camino: la educación

En la actualidad, la situación de Guinea Bisáu es convulsa. El pasado mes de noviembre sufrió un golpe de Estado a manos del general Denis Ncanha, jefe de la casa militar del palacio de la República, a las puertas de las elecciones. La que fuera la primera colonia portuguesa que logró la independencia en 1974 continúa siendo una economía eminentemente agrícola y ganadera, aunque se ha convertido en uno de los puntos claves para el mercado de la cocaína. Una nación que, aun desestabilizada, tiene la fuerza de su juventud, ya que, de los 1,6 millones de habitantes que viven en el territorio, se estima que los menores de 24 años representan el 60% de la población. “Mi país tiene un nivel de pobreza muy grande, pero creo que vamos a conseguir cambiar muchas cosas”, afirma, confiado.

Al otro lado del Atlántico, sus hermanos le piden que cuente cómo es su día. Qué está haciendo, a quién conoce, cómo es la ciudad, unos detalles que les da en cada llamada que mantienen. Pronto les explicará tanto a ellos como a sus vecinos cómo potenciar el proceso de reciclado, una de las cuestiones que más entusiasman al estudiante y que refleja la sensibilidad de las nuevas generaciones por el bienestar del planeta frente a la explotación desmedida de recursos. “Es una de las mejores cosas que hay aquí, no solo se trata de usar y dejar, sino de crear una cadena para que todo sea renovable, ya que una de las cosas que más afectan a África es la contaminación del ambiente”, resalta.

Cristovão atiende a cada medio de comunicación con desenvoltura. No parece nervioso y su español ha mejorado a grandes pasos a base de escucha y lecturas en apenas seis meses. A su lado, quien ha remado a su favor es Rodrigo Elías Zambrano, perteneciente a la ONG Periodistas Solidarios. La organización, nacida en el seno de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), mantiene su labor humanitaria en el país a través de varios proyectos, como la construcción de centros sanitarios y educativos o la rehabilitación de algunas infraestructuras, como en el hospital regional de Bafatá, la segunda ciudad más poblada de Guinea-Bisáu. También, apoya en el desarrollo de la sociedad en materia de género e igualdad con iniciativas en torno a la comunicación, como Radio Mulher, en Bafatá, dirigida solo por mujeres.

Lograr que realice las prácticas de FP

Dentro del área educativa, la entidad colabora en la formación de 30 alumnos de secundaria y becan la carrera académico de otros cinco universitarios, por lo que la atención al estudiante se enmarcaría dentro de estos esfuerzos por las generaciones más jóvenes. “Han sido dos años de gestiones porque España no tiene convenio con Guinea-Bisáu, así que la homologación fue complicada, pero se consiguió”, rememora, “y los profesores están muy contentos con él por el empeño que le está poniendo, porque las carencias educativas las suple con ganas y motivación”. Sin embargo, no podrá desarrollar las prácticas de empresa que están contempladas en el programa de la FP debido a que no tiene número de la seguridad social. En plenos trámites para regularizar su situación en el país, aun ya teniendo el visado portugués, buscan una vía para que el curso siguiente pueda completar el itinerario académico.

Las trabas administrativas al alojamiento las han salvado esta vez gracias a la colaboración desinteresada de la residencia Kadora. Un complejo diáfano que acoge a 680 alumnos y alumnas que vienen a Sevilla para completar sus estudios: “La oportunidad para que estudie en España ha surgido gracias a la educación pública de Andalucía y, en cuanto a la vivienda, sin la ayuda de esta residencia sería imposible porque los costes para mantener a un alumnado en la ciudad es muy elevado”. Tirando de las viejas amistades forjadas en la escuela, Elías-Zambrano logró convencer a Edmundo Hernández, director del ente, con posibilidades de prorrogar para el año que viene. “Estamos muy agradecidos a la residencia porque, si no, este curso habría sido imposible”, admite.

Como Cristovão se incorporó en la convocatoria extraordinaria de FP en septiembre, los trámites con la administración se antojaron lentos para la urgencia del caso. De ahí que, en esta primera ocasión, la ONG no acudieran a los organismos públicos. “Pusimos todo en marcha deprisa y corriendo porque, hasta entonces, todo habían sido negativas”, llegando a acoger en su casa al joven durante las primeras semanas.

Esto ha sido, de algún modo, una experiencia piloto para la organización, así que tomarán apuntes y analizarán qué tomar y dejar de este aprendizaje colectivo. Edmundo Hernández, director de la residencia, comparte que uno de los propósitos del traslado del joven de Guinea-Bisáu a España era que también socializara con jóvenes de su edad. “La cuestión era que no estuviera aislado, sino con gente joven, de su edad, por lo que estamos encantadísimos de recibirlo”, indica, “nos está ofreciendo una visión diferente a la que tienen los chicos de aquí y siempre con simpatía, contento y alegre”. Es la primera vez que acogen una iniciativa similar, pero tampoco descartan que se pueda repetir.

La primavera resplandece en Sevilla y Cristovão quiere preguntar por la posibilidad de pertenecer al club de la residencia. Es uno más en la capital hispalense, porque vive esta experiencia de manera plena y, mientras juega al fútbol con sus compañeros y desarrolla su interés por las artes audiovisuales, se congratula de haber hecho nuevos amigos tan rápido, “son personas maravillosas, y eso que no esperaba que fuera a ser tan fácil”. La semana próxima se celebra la Feria de Sevilla y ya lo han invitado a acudir con ellos, todo un logro dentro de la idiosincrasia andaluza.

“Nos vemos totalmente desamparados, en el abismo”. Así resume Esteban Gómez, padre de un alumno con autismo en Los Barrios (Cádiz), la incertidumbre que sienten las familias ante la posible desaparición de la Formación Profesional de grado básico dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). Como él, otros padres temen que, si se confirma la medida que el Gobierno andaluz prevé oficializar tras las elecciones del 17 de mayo, se cierre “la única puerta” que tenían sus hijos para acceder al mercado laboral.

Esteban cursa un ciclo específico de Servicios Comerciales que le permitirá obtener un certificado profesional. “Es de las pocas salidas que medianamente funciona para chicos con necesidades que no terminan la ESO”, lamenta su padre, quien asegura que, sin esta opción, la trayectoria educativa de su hijo “se habría cortado antes de tiempo”.

Ese es el mayor miedo de María del Mar Yáñez. Su hijo Rodrigo, de 17 años, empezó este curso un ciclo de Administración en el IES Punta del Verde de Sevilla, tras ser “apartado” en un aula específica sin los recursos necesarios durante la Educación Secundaria. Ahora, se siente “motivado y muy realizado” estudiando este grado básico, pero su madre teme que los planes de la Junta terminen “dejándole fuera del sistema y cortándole su futuro”.

La medida, que debe concretarse antes de la apertura del plazo de solicitudes prevista para el 15 de junio, ha encendido las alarmas en el conjunto de la comunidad educativa, que advierte de que puede dejar sin alternativas reales a un alumnado especialmente vulnerable. Por eso, han puesto en marcha una recogida de firmas y han convocado movilizaciones en toda Andalucía con el objetivo de “intentar parar lo que es injusto porque estos niños necesitan su titulación y no negarles la posibilidad de estar integrados realmente en la sociedad”, como reclama María del Mar en nombre del resto de familias afectadas.

Alternativas que no convencen a las familias

Los grados básicos de FP dirigidos a “los estudiantes más vulnerables” fueron una apuesta de la Junta de Andalucía hace dos cursos para “que nadie se quede fuera de un itinerario formativo profesional”. En 2024, la entonces consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo (hoy titular de Cultura), anunció la puesta en marcha de 61 ciclos dentro de esta modalidad. De cara al curso 2026-27, la Junta ha decidido reorganizar esta oferta, alegando que en torno al 50% de esos alumnos no ha promocionado ni superado el currículo. 

Como alternativa, plantean derivar a este alumnado a programas de transición para la vida adulta (PTVAL) o integrarlos en ciclos ordinarios con el resto de alumnos, “favoreciendo la inclusión”, como indican a este periódico fuentes de la Consejería del ramo. A ojos de las familias y del profesorado que trabaja con este alumnado, ello se traduce en “excluir a un grupo de estudiantes cuyas necesidades quedan invisibilizadas cuando se eliminan los recursos específicos que les permiten aprender, avanzar y construir un proyecto de vida”.

Las alternativas que plantea la administración no convencen a las familias. “El PTVAL no está orientado a la inserción laboral, y en la FP ordinaria no hay recursos para atender sus necesidades”, argumentan padres como Esteban. El resultado que vaticinan las familias es que “nuestros hijos van a caer en la frustración y van a estar condenados al fracaso escolar y a tener que abandonar la escolarización en muchos casos”.

A Esteban, de hecho, le desaconsejaron “totalmente” que matriculara a su hijo en una FP ordinaria, “porque el entorno no es el apropiado para un chico como él”, recuerda. Por eso pone en valor las condiciones que ofrece la FP específica: “Es un entorno seguro, con atención personalizada y una ratio máxima de ocho alumnos”. En cambio, en una clase ordinaria de 20 alumnos “sería inviable” para alumnos como Esteban o Rodrigo.

¿Inclusión o “una forma de discriminación”?

El profesorado también cuestiona la reorganización que plantea el Gobierno andaluz. Montse Cano, profesora de pedagogía terapéutica (PT) en el programa específico de Agrojardinería en el IES Salvador Rueda de Vélez-Málaga, defiende que se trata de “un programa que funciona” desde hace décadas y que permite formar al alumnado “en un oficio con posibilidades reales de inserción laboral”.

“Hablan de inclusión, pero sin recursos es exclusión”, defiende esta profesora. Al respecto, Cano advierte de que en los ciclos ordinarios “ni las ratios ni la formación del profesorado permiten hacer adaptaciones curriculares individualizadas”, lo que podría derivar en abandono escolar o incluso situaciones de acoso. En su centro, donde el programa lleva en funcionamiento desde 2002, existe lista de espera. “Es un programa que funciona y si se suprime, se les está privando de un futuro laboral”, lamenta.

Esa misma percepción la comparte Nacho Quesada, profesor del Grado Básico de Cocina y Restauración en el IES Juan de Aréjula de Lucena (Córdoba). La eliminación del ciclo en Lucena dejaría sin esta opción a toda la comarca de la Subbética. “Eso significa quitarles la posibilidad de trabajar el día de mañana”, señala el docente, que recuerda que estos estudios permiten obtener una cualificación profesional básica que habilita para empleos como ayudante de cocina.

Una opción que desaparece si son derivados a programas como el PTVAL, centrados en la autonomía personal. “Es una cuestión de derechos del alumnado”, subraya Quesada, quien califica la decisión de la Junta como “una forma de discriminación”. En ese sentido, madres como María del Mar defienden que “si un niño tiene aspiraciones, tiene que tener oportunidad de poderlas desarrollar cuando él reclama desarrollarse como persona”.

“No pueden estar relegados a la transición a la vida adulta, la vida adulta es ponerse a trabajar”, reivindica antes de recordar que para muchas familias, esta opción constituye un puente entre la educación obligatoria y el mundo laboral, además de una de las pocas vías para que sus hijos puedan continuar dentro del sistema educativo hasta los 21 años. “No existe verdadera igualdad si no tienen la misma oportunidad”, concluye María del Mar.

Movilizaciones en las ocho provincias

Mientras la Junta ultima la oferta formativa de cara al curso 2026-27, la comunidad educativa continúa movilizándose. Profesorado y familias han convocado actos de protesta en varias provincias andaluzas, con la vista puesta en una movilización autonómica en Sevilla, que visibilice su realidad: “La inclusión real no consiste en integrar sin recursos, sino en garantizar que cada estudiante reciba los apoyos que necesita para desarrollarse académica, social y emocionalmente”.

Dentro del calendario de movilizaciones, el colectivo de familias de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) ha convocado una concentración frente al Palacio de San Telmo –sede de la presidencia de la Junta de Andalucía– el próximo 30 de abril a las 11:00 horas en la capital andaluza.

“Pedimos que al menos se sienten a hablar con nosotros”, reclaman las familias. Frente al discurso institucional de reorganización e inclusión, temen que la medida deje sin respuesta educativa a un alumnado especialmente vulnerable. “La incorporación de este alumnado a grupos ordinarios, sin los apoyos y adaptaciones que requieren, no solo no favorece la inclusión, sino que incrementa su vulnerabilidad”, advierten padres y madres.

La oferta de Formación Profesional en la red de centros sostenidos con fondos públicos de Navarra aumentará el curso 2026-27 en 22 ciclos presenciales, seis de ellos de nueva implantación en la oferta pública del sistema educativo navarro, con un abanico formativo de 195 ciclos de 24 familias profesionales, 35 ciclos en la modalidad on line con 4 ciclos nuevos y 14 cursos de especialización.

El número de plazas en primer curso en ciclos de la modalidad presencial (Grado Básico + Grado Medio + Grado Superior + Cursos de Especialización) será de 6.917 plazas, desglosadas en 826 de Grado Básico, 3.006 de Grado Medio, 2.845 de Grado Superior y 240 de Cursos de Especialización, con un incremento sobre la oferta inicial del curso actual de 106 plazas. En cuanto al número de plazas ofertadas, por primera vez las plazas ofertadas de grado medio supera a las de grado superior.

Así lo ha presentado este lunes el consejero de Educación, Carlos Gimeno quien, en una comparecencia junto con el director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano, ha expresado su satisfacción ante un sistema formativo que “singulariza a Navarra como única comunidad española con una empleabilidad del 100% de los egresados y región con las mejores tasas de acceso a la FP de los grados Básico y Medio de todo el estado”.

El catálogo de la oferta de ciclos y programas incluye 21 de Grado Básico y FP especial, 2 de Formación Profesional Especial, modalidad B, en itinerario inclusivo en centro, 62 de Grado Medio, 77 de Grado Superior, 14 cursos de especialización, en un total de 24 de las 26 familias profesionales existentes en el catálogo formativo nacional (solo quedan al margen la Marítimo-Pesquera y la de Vidrio y Cerámica), detalla en un comunicado el Ejecutivo foral.

Gimeno ha destacado los nuevos ciclos de Hostelería y Turismo que ETI San Juan pondrá en marcha en el mes de septiembre y el “despliegue inversor” en la construcción de nuevas infraestructuras de FP que está acometiendo el Departamento.

La nueva oferta de perfiles en FP Básica comprende los de Servicios Comerciales, Agrojardinería y composiciones florales, Mantenimiento de viviendas e Informática de oficina. En Grado Medio, los de Técnica/o en Farmacia y parafarmacia, en modalidad virtual, Cuidados auxiliares de enfermería, en modalidad virtual, Cocina y gastronomía, Servicios en Restauración, Reproducciones artísticas en piedra, Forja artística, Comercialización de productos alimentarios, Instalaciones frigoríficas y de climatización, Actividades comerciales en euskera y Mantenimiento electromecánico. Y en Grado Superior hay nueva oferta en Administración y finanzas y animación sociocultural y turística, en modalidad virtual y en euskera.

En Cursos de especialización la novedad es la Robótica colaborativa (nueva implantación) en Tudela.

En la modalidad formativa on line se ofertarán 35 ciclos para el curso 2026/2027 aumentando 13 grupos más por crecimiento vegetativo para completar los ciclos ya existentes. En esta modalidad se amplía la oferta con 4 nuevos ciclos.

En la modalidad de cursos on line y teniendo en cuenta que la oferta es modular, en la que cada persona se configura su itinerario formativo, existe para el curso 26-27 un aumento de la oferta de módulos profesionales (de los ciclos on line que estén en proceso de implantación y de los 3 ciclos de nueva implantación). En el 2025-2026 fueron 401 los módulos profesionales ofertados on line. En el curso 2026-2027 serán 461 módulos profesionales los que se oferten on line. En esta modalidad on line Navarra es la sexta comunidad autónoma que más títulos diferentes oferta, aunque es la primera de las comunidades uniprovinciales. Los 60 nuevos módulos profesionales que se ofertan suman 1.475 plazas más en la modalidad online.

Una de las prioridades, ha subrayado Carlos Gimeno, ha sido incrementar las plazas de Grado Básico, especialmente en zonas con “déficit histórico” como la Ribera. En este sentido se impulsará la oferta en Tudela y su entorno mediante la colaboración con entidades del tercer sector, como Fundación Ilundain y el centro La Ribera en Cascante, se implantan nuevos ciclos en San Adrián y se reorganizan perfiles profesionales en Corella y Elizondo para mejorar la empleabilidad y los itinerarios formativos. Además, se sigue trabajando para ampliar la oferta en Pamplona y comarca, “donde la demanda sigue siendo alta”.

En Grado Medio, se produce un “crecimiento significativo y diversificado”, con nuevas implantaciones en sectores estratégicos como Hostelería, con Cocina y gastronomía y Servicios de restauración en Tudela, Sanidad, con ciclos en modalidad virtual como Farmacia y Parafarmacia en Estella o Cuidados Auxiliares en Tudela, Industria, con Mantenimiento electromecánico en Tafalla, Comercio y alimentación, con Comercialización de productos alimentarios en Burlada, Energía, con la consolidación de ciclos de frío y calor con grupos completos. Y también una apuesta por la formación en euskera, ampliando la oferta en Pamplona.

En Grado Superior se introducen ajustes orientados a la empleabilidad: se sustituye Radioterapia y Dosimetría por Dietética, adaptando la oferta a la realidad del mercado laboral. Se amplía la oferta en Administración y Finanzas en Pamplona. Y se incorpora un ciclo en Animación sociocultural y turística en modalidad virtual y en euskera en Elizondo.

El consejero ha indicado que se sigue apostando por la especialización en “sectores emergentes” mediante la implantación del curso de Robótica colaborativa, clave para la industria avanzada y la actualización de la oferta en construcción con el nuevo perfil de Modelado de información (BIM).

Por otro lado, se ha destacado la implantación de la FP Dual, cuyo despliegue este curso “ha constituido un nuevo hito que está siendo solventado satisfactoriamente y en el que el esfuerzo de la red de centros públicos de FP ha ido de la mano del compromiso de miles de empresas navarras que están jugando un nuevo papel activo, protagonista, en las estancias formativas de nuestro alumnado, tanto de los segundos cursos como de los primeros”. Un proceso, ha subrayado Gimeno, que el Departamento “ha apoyado con fuerza desde el principio dotando de más horas para la atención a las estancias formativas en las empresas e impulsando, por ejemplo, el desarrollo de un Acuerdo Marco para la realización de planes de formación profesional en los diferentes departamentos del propio Gobierno foral, acuerdo que tiene como objetivo facilitar la realización de estancias formativas de alumnado en la FP Dual en la administración pública”.

Por último, se ha recordado el calendario del próximo proceso de admisión en los ciclos de grado básico, medio y superior en su modalidad presencial, en el que el plazo de presentación de solicitudes, será del 20 al 30 de abril próximos. A este respecto se recomienda visitar la página web del Departamento de Educación donde se podrá acceder a toda la información necesaria para la correcta tramitación de las solicitudes de participación en el proceso de admisión para el curso 2026/2027.

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno ultima la supresión de los ciclos formativos de grado básico dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). La medida se prevé hacer oficial después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo –con el Ejecutivo en funciones– y antes de la apertura del plazo de inscripción, fijada para el 15 de junio.

En 2024, la entonces consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo (hoy titular de Cultura), anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de 61 grados básicos de Formación Profesional (la mayoría concentrados en las provincias de Sevilla y Málaga) para que “los estudiantes más vulnerables titulen”. Ahora, la Junta plantea una reordenación de esta oferta, alegando que en torno al 50% de esos alumnos no ha promocionado ni superado el currículo.

Este periódico tiene constancia de que al menos 33 institutos andaluces -más de la mitad de los que ofertan estos estudios- han recibido comunicación oficial de la Junta sobre la extinción de esta modalidad, lo que apunta a un recorte significativo en el número de ciclos específicos a partir del próximo curso 2026-27. La Consejería no ha facilitado el número total de ciclos ni de alumnos afectados, pese a que la redacción andaluza de elDiario.es lo ha solicitado en varias ocasiones.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional enmarcan esta decisión en una “reorganización” general de la oferta formativa en función de factores como la empleabilidad, la demanda del sector o el número de matriculaciones. El ajuste, que debe concretarse antes de la apertura del plazo de solicitudes prevista para el 15 de junio, introduce incertidumbre entre las familias, que temen la desaparición de “la única puerta” hacia la inserción laboral de sus hijos.

Estos ciclos formativos de grado básico están diseñados para personas “cuya discapacidad o necesidades educativas especiales no les permite alcanzar los resultados de aprendizaje vinculados a la acreditación o el título” en un itinerario estándar, según la Junta. Se trata de estudiantes que no han completado la ESO y requieren apoyos educativos especiales.

Con ratios reducidas —de máximo ocho alumnos— y el apoyo de profesorado especializado, permiten que jóvenes mayores de 16 años con dificultades de aprendizaje realicen prácticas en empresas y obtengan un certificado profesional que facilita su acceso al mercado laboral.

La extinción de esta vía formativa podría incrementar las tasas de abandono escolar temprano en Andalucía —actualmente en el 14,5%— y dificultar la inserción laboral de un alumnado especialmente vulnerable, con riesgo de exclusión social. Se trata, en muchos casos, de jóvenes que no logran titular en la ESO y que encuentran en estos ciclos una de las pocas alternativas para acceder al mercado de trabajo, en una comunidad en la que el paro juvenil alcanza el 30,73% del total de desempleado.

Alternativas que no convencen a las familias

Para muchas familias, esta opción constituye para sus hijos un puente entre la educación obligatoria y el mundo laboral, además de una de las pocas vías para continuar dentro del sistema educativo hasta los 21 años.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo señalan que en el curso 2024-25 se puso en marcha un proyecto piloto cuya evaluación revela que “aproximadamente el 50% del alumnado presenta dificultades para seguir el currículo ordinario”. Por ello, aseguran estar estudiando “alternativas que garanticen la mejor atención educativa posible”.

Entre las opciones que se barajan, la Junta plantea derivar a este alumnado a programas de transición para la vida adulta (PTVAL) –centrado en la autonomía personal del alumno y no orientado a la inserción laboral– o la creación de un Grado Básico Ordinario en institutos que no lo tenían en su oferta, “manteniendo los recursos de atención a la diversidad que ya tenían en el Grado Básico NEE, favoreciendo la inclusión a la vez que se pueden incorporar nuevos alumnos sin necesidades educativas especiales”, según fuentes gubernamentales.

No obstante, las alternativas que plantea la administración no convencen a las familias. “El PTVAL no está orientado a la inserción laboral, y en la FP ordinaria no hay recursos para atender sus necesidades”, argumenta Esteban Gómez, padre de un chico con autismo de Los Barrios Cádiz. El resultado que temen las familias es que “nuestros hijos van a caer en la frustración y van a estar condenados al fracaso escolar y a tener que abandonar la escolarización en muchos casos”.

A ojos de las familias y del profesorado que trabaja con este alumnado, ello se traduce en “excluir a un grupo de estudiantes cuyas necesidades quedan invisibilizadas cuando se eliminan los recursos específicos que les permiten aprender, avanzar y construir un proyecto de vida”.

El concurso oposición para profesorado de Formación Profesional, en concreto para la especialidad de soldadura, organizado por la Xunta de Galicia entre junio y julio de 2024 en el CIFP Someso de A Coruña estuvo plagado de irregularidades: comentarios machistas, interpretaciones sesgadas del reglamento, favoritismo hacia algunos aspirantes. Al menos eso es lo que denunció la única mujer miembro de su tribunal -formado por un presidente y cuatro vocales-, una profesora de la materia, en un escrito remitido a la Consellería de Educación. Nunca recibió respuesta. El Gobierno gallego asegura ahora a elDiario.es que en su día hizo “las averiguaciones necesarias” y concluyó “que no hubo trato de favor”. También argumenta que nadie recurrió el procedimiento, pero dos aspirantes suspendidos afirman que sí lo han hecho. El ejecutivo autonómico deja sin responder varias cuestiones específicas remitidas por este periódico. El BNG llevará el caso al Parlamento de Galicia.

La denuncia de la profesora, remitida a la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de la consellería y al presidente del tribunal y a la que ha tenido acceso este diario, incluía un relato de “hechos graves” que la denunciante esperaba “no se volvieran a repetir”. Los expone por orden cronológica y comienza con la discriminación que, a su juicio, sufrieron dos de las candidatas a los puestos de profesora. Sucedió durante la prueba denominada 135-GMAW de soldadura MAG. A dos de las aspirantes les falló la máquina -la denunciante fue testigo directo de una, de la otra no- y la profesora, tras intentar arreglar el aparato y comprobar que no podía, solicitó cambiarlo “pues había otros libres”. El compañero de tribunal que supervisaba la prueba junto a ella se negó. Más tarde, la denunciante se enteró de que otros dos aspirantes también habían tenido problemas con el dispositivo y los miembros del tribunal que los examinaban -uno era el mismo que antes se había negado- habían accedido a sustituir la maquinaria.

“¡Cuántas tías en la lista!”

“Durante el procedimiento se produjeron algunos comentarios que, por mi condición de única mujer en el tribunal, me resultaron incómodos e incluso ofensivos”, asegura el escrito. “¡Cuántas tías en la lista!”, fue el comentario de uno de sus colegas. Durante las reuniones finales de evaluación, continuaron las presuntas gracietas machistas: “Nosotros en Vigo tenemos a las tías quemadas”. “Hay mucho patriarcado en este mundo”, declara a elDiario.es la autora del escrito, “no acaban de entender que lleguen las mujeres a estos lugares tan masculinizados”.

La Xunta de Galicia niega, en un escrito remitido a este periódico, “indicios de que hubiese trato de favor hacia los hombres en el proceso”. Aporta, como prueba, que hubo 41 hombres y seis mujeres admitidos en el concurso oposición y aprobaron seis personas, tres hombres y tres mujeres. “Además, las tres mejores calificaciones de las personas fueron las tres mujeres”, añade. No se pronuncia sobre los reiterados comentarios machistas.

La Consellería de Educación también asegura que “no hubo ninguna reclamación al respecto por parte de ninguna persona opositora ni tampoco de ninguna organización sindical”. Una de las mujeres a las que falló la máquina afirma que sí lo ha hecho, además de presentar un recurso de alzada. Otro de los candidatos que quedó fuera indica a elDiario.es que también ha registrado un recurso de alzada y está a punto de hacer lo propio con una demanda judicial. Su motivo, las irregularidades que, considera, observó en la oposición. Este hombre, que ya trabaja como profesor, se centra en la fase de defensa de la programación, también cuestionada en el escrito remitido a la Xunta por la denunciante. El documento expone como la misma mujer a la que no accedieron a cambiarle la máquina que fallaba en la prueba de soldadura fue acusada de “copiar su exposición” de la programación y de “dudar” al defenderla“. ”No hizo uso de ningún folio“, aduce la denuncia, como tampoco leyó literalmente la persona que presentó el recurso de alzada.

Lo contrario, leer toda la programación y la unidad didáctica en presencia del tribunal, fue lo que hizo uno de los hombres aprobados “por otros miembros del tribunal”. Esto contradice, avisa la denuncia, la orden oficial de la convocatoria: “Para la exposición, el personal aspirante podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno y que deberá aportar él mismo, siempre que sea aprobado por el tribunal, así como un guion que no excederá una página y que se entregará al final al tribunal”.

Notas sin presencia de todo el tribunal

La profesora miembro del tribunal avisa también de que los otros miembros del tribunal acabaron por poner las notas de defensa de la programación sin estar ella presente, lo que, dice, vulnera de nuevo la orden de la convocatoria: “Debemos estar presentes todos los miembros del tribunal para la calificación de cada fase de la oposición”. Según ella, el presidente del tribunal se negó además a que constase en acta que un aspirante había leído toda la programación y la unidad didáctica“. La Xunta asegura que ”cada miembro del tribunal pone las notas que individualmente le parecen oportunas y se hace una media de esas notas individuales para alcanzar la puntuación final de cada opositor en cada ejercicio“. En las bases de la convocatoria figura sin embargo una excepción: ”Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y mínima y la puntuación media se calculara entre las cualificaciones restantes“.

El BNG, a través de su diputada Cristina Fernández Davila, ya ha registrado iniciativas parlamentarias para esclarecer lo sucedido y exigir explicaciones al Gobierno gallego.

Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este miércoles que la Formación Profesional (FP) en Cantabria evoluciona hacia un modelo “más desigual”, con una “excesiva privatización” donde el coste por curso puede triplicar el Salario Mínimo Interprofesional y sostenido por una sobrecarga del profesorado.

Así lo han expresado en rueda de prensa la secretaria de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, y el responsable de FP, Rafael Medina, tras detectar un crecimiento de la FP privada y concertada -el 30,2% del total en la comunidad- y que títulos con “muchísima demanda tengan una oferta pública raquítica frente a la explosión de centros de pago”.

Otro de los aspectos que han criticado ha sido la aplicación de las instrucciones del curso 2025-2026 en materia de prevención de riesgos laborales porque, a su juicio, el profesorado está asumiendo directrices que no le corresponden, como el mantenimiento de maquinaria o la certificación de su seguridad.

A ello se suma, según el sindicato, la falta de medidas reales en prevención de riesgos laborales sin apenas revisiones médicas periódicas y específicas para los docentes de FP o la falta de Equipos de Protección Individual (EPI's) y de personal laboral técnico en prevención de riesgos laborales.

Sobre la situación del profesorado de apoyo, ambos representantes de CCOO han alertado de que sufre “ceses fulminantes”, sin respetar siquiera los 15 días de preaviso y de que existe una falta de transparencia en unos criterios de asignación que califican de “arbitrarios”, porque no respetan el orden de las listas de interinidad.

Por último, CCOO ha mostrado su preocupación por el modelo derivado de la Ley Orgánica 3/2022 y el Real Decreto 659/2023, al considerar que impone una dualización forzosa que vacía de contenido los centros públicos para “regalar mano de obra precaria” al mercado, bajo un marco legal deficiente.

Al aumentar las horas en empresa, de 400 a 500 y de 240 a 400, sin un contrato laboral en la modalidad general, se produce, a juicio del sindicato, una indefensión jurídica y un fraude en la formación, ya que se desplaza parte de la evaluación hacia las empresas. 

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno regional, pondrá en marcha a partir del próximo curso un plan pionero, denominado 'Conecta talento: 2+3', que permitirá a los estudiantes de la región completar en cinco años una titulación de Formación Profesional de grado superior y un grado universitario, reduciendo en un año la duración habitual de estos estudios.

El programa consistirá en cursar dos años de Formación Profesional y tres años de grado universitario, con el reconocimiento de hasta 60 créditos ECTS en la etapa universitaria tras la convalidación de las asignaturas de la FP, el máximo permitido por la normativa vigente, lo que permite reducir la duración total de los estudios.

En su fase piloto, se implantará en el ciclo de Administración y Finanzas vinculado al Grado en Administración y Dirección de Empresas en varios institutos de Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, así como en el ciclo de Mecatrónica Industrial en el IES 'Mercurio' de Almadén conectado con el Grado en Ingeniería Mecánica en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de esta localidad.

El acceso al grado se realizará una vez finalizada la FP superior, bien mediante matrícula directa o, en el caso de titulaciones con alta demanda, a través de los procesos de admisión habituales.

El rector de la UCLM, Julián Garde; el consejero de Educación del Gobierno regional, Amador Pastor, y el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la universidad, José Manuel Chicharro, han sido los encargados de presentar este nuevo modelo educativo, que busca facilitar un itinerario continuo entre la FP y la universidad, con el fin de evitar que los estudiantes tengan que empezar de nuevo al cambiar de etapa.

Durante la presentación, el consejero de Educación del Gobierno regional, Amador Pastor, ha destacado que este modelo permitirá ahorrar tiempo y costes a los estudiantes, estimando un ahorro cercano a los 1.000 euros al reducirse el número de matrículas necesarias para completar ambos estudios, ahorro que se sumaría a la medida de la primera matrícula gratuita en la UCLM.

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha subrayado que este programa sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma en España en implantar este modelo, que ya funciona de manera integrada en Navarra, y ha señalado que se trata de un paso “importantísimo” para el sistema educativo regional, destacando que la comunidad se sitúa a la vanguardia en la conexión entre la Formación Profesional y la universidad.

Ultimando el borrador de la Ley de FP

Por otro lado, el consejero de Educación, Amador Pastor, ha anunciado que el Gobierno regional está ultimando el primer borrador de la futura Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, que verá la luz a lo largo de este mes de abril y que convertirá a la Comunidad Autónoma en la primera en contar con una normativa propia tras el marco estatal aprobado por el Ejecutivo central.

Pastor ha enmarcado este avance en el esfuerzo realizado en los últimos años para reforzar y dimensionar la oferta de FP, que ya roza los 1.000 ciclos formativos y alcanza los 47.000 alumnos en la región, consolidando este modelo como una vía para el desarrollo del talento.

La nueva ley buscará blindar por norma un sistema integrado de Formación Profesional que conecte todas las etapas, refuerce la orientación académica y facilite itinerarios como el presentado con el programa 'Conecta talento: 2+3', evitando barreras entre niveles educativos.

Según ha avanzado el consejero, el objetivo es que este primer borrador sea presentado a mediados de abril y que la ley pueda quedar aprobada a finales de 2026 o principios de 2027, consolidando así un modelo formativo que apuesta por la “excelencia y la continuidad educativa” en Castilla-La Mancha.

El IES Pino Montano, de Sevilla, ha sido galardonado en la XIV edición del premio Gira Jóvenes por su proyecto MUNDOLESCENTE, en la categoría urbana. La iniciativa se ha destacado por su capacidad de responder a retos medioambientales y sociales, generando un impacto positivo en la comunidad y el entorno escolar.

MUNDOLESCENTE ha sido elegido entre otros tres finalistas en la categoría de ámbito urbano, en un evento celebrado en Madrid, que ha contado con la presencia de Esther Monterrubio, secretaria general del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, y de Mª Paz Sánchez Martínez, directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la Formación Profesional. 

En su intervención, Monterrubio ha destacado que “proyectos como GIRA Jóvenes muestran que contamos con una juventud preparada y con ganas de aportar sus ideas y su compromiso para resolver desafíos nuevos”. Además, la secretaria general del Ministerio de Educación ha subrayado que “el mercado laboral actual pide conocimientos técnicos, pero también iniciativa, adaptación, colaboración, pensamiento creativo, pensamiento crítico y capacidad de convertir una idea en un proyecto útil”.

Fomentar la integración y el compañerismo durante el recreo

El proyecto MUNDOLESCENTE del instituto sevillano propone la creación de un espacio educativo donde implementar un programa de actividades recreativas en el tiempo de recreo, diseñado para fomentar relaciones cara a cara y mejorar el bienestar emocional. Este espacio estará dirigido especialmente a estudiantes con dificultades de integración social, promoviendo la cohesión y el apoyo entre compañeros. 

Además del IES Pino Montano y su proyecto MUNDOLESCENTE, el resto de los finalistas en esta categoría rural han sido: Gira tu futuro, del centro Océano Atlántico (Zaragoza); Signofy, del IES Abastos (Valencia); y Conectadas del IES Felipe Trigo, de (Madrid), que han tenido la oportunidad de presentar ante el jurado sus iniciativas. Este estaba compuesto por expertos de diversas áreas, que han evaluado las iniciativas en base en a su viabilidad, innovación y capacidad para generar un cambio positivo.

Entre sus miembros se encontraban José Carlos García Yonte, responsable de RSC y Alianzas Empresariales Autonómico en Cruz Roja Madrid; Carmen Sebrango, directora de la Fundación Bertelsmann; Carlos Mataix, director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid y asesor de empresas y organizaciones sociales; Laura González, directora de operaciones de Junior Achievement; y Ana Vila, vocal de la junta directiva de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. 

 “Esfuerzo, creatividad y voluntad de transformar el entorno”

Los equipos ganadores y finalistas vivirán durante los próximos dos días experiencias en empresas referentes como CHEP, especialista en sostenibilidad y economía circular; DUARA, finalista de GIRA Mujeres Coca-Cola dedicada a la moda sostenible; y Ayúdame3D, que contribuye a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Los dos equipos ganadores recibirán además dotación tecnológica para apoyar su desarrollo profesional.

“Esta edición vuelve a confirmar el enorme potencial de los jóvenes cuando cuentan con acompañamiento, formación y confianza. Detrás de cada proyecto hay esfuerzo, creatividad y voluntad de transformar el entorno”, afirmó Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

En esta XIV edición de GIRA Jóvenes se seleccionaron a 757 jóvenes de 28 localidades españolas, con 341 estudiantes de entornos rurales y 416 de entornos urbanos, cursando estudios de Formación Profesional Básica o Superior en 37 centros educativos. Los equipos finalistas, al igual que los demás participantes, demostraron “un nivel excepcional de talento, creatividad y dedicación durante todo el proceso de formación y elaboración de sus proyectos”, según han puesto en valor los organizadores.

Este miércoles ha abierto sus puertas la Feria de FP que se está celebradno en el Palacio de Congresos Riojaforum. Una feria que recibirá la visita de más de 3.200 estudiantes, permitirá acercar la realidad de estos estudios a toda la ciudadanía, así como las habilidades adquiridas por el alumnado de las 22 familias profesionales

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha resaltado este miércoles la importancia de la Formación Profesional (FP) como una “trayectoria de éxito, tanto desde el punto de vista educativo como del laboral”, ya que se trata de una opción formativa atractiva para los jóvenes riojanos que ofrece un alto grado de empleabilidad, gracias a su estrecha conexión con el tejido productivo y empresarial de la región. 

La Feria de Formación Profesional de La Rioja, que se celebra con carácter bienal y este año alcanza su quinta edición, está integrada por 30 expositores que son atendidos por alumnado y docentes de las 22 familias profesionales de la FP. Además de informar de los distintos ciclos, los estudiantes participan mostrando de primera mano sus proyectos, habilidades y experiencias formativas. 

Junto a las familias profesionales que conforman la FP en La Rioja, también disponen de un espacio propio para atender a los visitantes el servicio de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Empleo, el Centro Integrado Público de Formación Profesional a Distancia de La Rioja (CIPFPD), el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) e InfoJoven, del Ayuntamiento de Logroño.

Además, la Feria de FP cuenta con un escenario principal donde el alumnado realizará diferentes actividades prácticas para mostrar las destrezas y la formación adquirida durante sus estudios. Así, se podrán ver actividades deportivas, presentaciones gastronómicas, catas, exhibiciones sanitarias, de cosido de alpargatas, experimentos químicos, pasacalles y desfiles, entre otras. En el exterior de Riojaforum también se desarrollarán iniciativas al aire libre, como exhibición de ambulancia, flashmob y soldadura, junto con el aula móvil de la Escuela de Hostelería. 

Durante las jornadas de hoy y mañana se estima que visitarán la feria más de 3.200 alumnos de ESO y Bachillerato procedentes de 36 centros educativos de Logroño y de otras localidades como Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Fuenmayor, Haro, Lardero, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Villamediana de Iregua. 

El horario de la feria es de 9 a 14 horas y de 16.30 a 19 horas. Por la mañana, se han establecido horarios y turnos de visitas para los centros educativos y por la tarde, el acceso será libre. 

La visitarán más de 3.200 alumnos

Galiana, acompañado del viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández, y del director general de Formación Profesional, Daniel Marín, ha visitado la quinta edición de la Feria de Formación Profesional de La Rioja, que acoge Riojaforum durante los días 25 y 26 de marzo, y que recibirá a más de 3.200 alumnos de ESO y Bachillerato procedentes de 36 centros educativos de toda La Rioja. 

Durante su visita, Galiana ha recordado que la Formación Profesional en nuestra Comunidad continúa siendo una tendencia creciente, con 10.002 estudiantes matriculados durante este curso, en los 95 ciclos pertenecientes a las 22 familias profesionales. Junto a la enseñanza presencial, se encuentra la FP Virtual, gestionada por el CIPFP a Distancia de La Rioja, que permiten combinar la formación con la actividad laboral u otras responsabilidades. 

El consejero de Educación ha agradecido el gran trabajo desarrollado por los profesores y alumnado de los centros educativos que “se han involucrado de una manera importante en la celebración de esta feria” y transmiten “lo atractivo y dinámico que este mundo de la FP”. También ha destacado que ese evento supone “una posibilidad de que los estudiantes encuentren su pasión” y en este sentido, ha resaltado “la pasión que transmiten los estudiantes” porque “demuestran que les gusta lo que hacen”.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha anunciado este lunes la creación de 30.275 nuevas plazas de Formación Profesional (FP) para el próximo curso 2026-2027, hasta alcanzar las 168.447 plazas públicas de nuevo ingreso en Andalucía.

A esa cifra hay que sumar la oferta de centros privados que, según estimaciones de la propia Junta, elevaría el total del sistema a unos 211.000 alumnos matriculados. Aunque la administración autonómica es la encargada de autorizar las plazas que se ofertan en la privada, fuentes de la Consejería aseguran a este periódico no disponer de un registro completo y sitúan en torno a 40.000 las plazas en la privada, sin desglosar titulaciones, ni modalidad presencial y a distancia.

En paralelo, CCOO Andalucía ha publicado un informe en el que analiza la situación de la FP en la comunidad y alerta del “avance de la privatización” de estas enseñanzas frente a “la escasez de oferta en la red pública”. Según los datos del Ministerio de Educación recogidos por el sindicato, hasta el curso 2024-2025, la FP privada ha crecido un 66%, frente al 29% que lo ha hecho la pública, concentrando más del 35% del alumnado que estudia FP en Andalucía (tres de cada 10 alumnos).

Frente a ello, la Junta defiende que el grueso del sistema sigue siendo público y sitúa en torno al 80% el alumnado en plazas financiadas con fondos públicos, incluyendo centros concertados. Según sus datos, “ocho de cada diez alumnos de FP estudian en Andalucía en la pública”, lo que reduce el peso de la privada a menos del 20%. Además, subraya que la oferta sostenida con fondos públicos ha crecido en más de 47.500 plazas desde 2018 —el 89,9% en centros públicos y el 10,1% en concertados—, lo que supone un incremento cercano al 40% en siete cursos.

La pública crece, pero por detrás de la privada

Desde el sindicato atribuyen este “baile de cifras” a la “falta de transparencia” por parte de la Junta, que no desglosa los datos oficiales —especialmente entre modalidad presencial y a distancia o entre titularidad de centros—, lo que, a su juicio, dificulta analizar con precisión la evolución del sistema. Este medio ha solicitado el desglose del crecimiento de la oferta privada desde 2018, pero la Consejería sostiene que no dispone de esa información.

El diagnóstico de CCOO es que la oferta pública “crece, pero no al ritmo de la demanda”. Según sus datos, más de 30.000 jóvenes se quedan sin plaza pública en su primera opción en cada proceso de adjudicación, lo que empuja a muchas familias hacia la oferta privada. “Se está cubriendo con la privada una demanda que la pública no atiende”, explican desde el sindicato a elDiario.es.

El crecimiento es especialmente acusado en la FP a distancia, donde la oferta privada se ha disparado más de un 370%, de acuerdo con los datos recogidos por el sindicato. Esta situación, advierten desde CCOO Andalucía, tiene también un impacto económico en las familias, pues los ciclos en centros privados alcanzan ya los 3.000 euros por curso de media.

A distancia por encima de la presencial

La Junta, por su parte, insiste en que “jamás en Andalucía hubo tantas oportunidades públicas en la Formación Profesional” y destaca el aumento del catálogo de titulaciones, que ha pasado de 2.867 ciclos en 2018 a 3.773 en la actualidad. Esto es, un 31% más.

Uno de los ejes del nuevo plan, según señala la Consejería del ramo, es el impulso de la modalidad virtual, es decir la FP a distancia, que concentrará la mayor parte del crecimiento con 28.265 nuevas plazas. La oferta presencial crecerá con 2.010 nuevas plazas de nuevo ingreso. Para CCOO, sin embargo, “la FP de calidad debe ser presencial”, y advierte de problemas estructurales como la dificultad del profesorado de la pública para encontrar empresas para las prácticas.

“La apuesta debe ser modernizar los centros públicos y garantizar una oferta suficiente”, concluyen desde CCOO Andalucía, que reclama mecanismos de control frente a una FP privada que sigue “creciendo de manera desmesurada”. Pese a la nueva oferta de la Junta, el sindicato interpreta que “el camino es la privatización”.

Todo ello en un contexto de creciente debate sobre el peso de la enseñanza privada, que sitúa a Andalucía entre las cinco comunidades con mayor peso de la FP privada en el territorio español.

La Feria de FP 2026 espera la visita de más de 3.200 estudiantes de ESO y Bachillerato de toda La Rioja, permitirá acercar la realidad de la FP a la ciudadanía y orientar a los estudiantes en su itinerario formativo. Se celebrará los días 25 y 26 de marzo en Riojaforum, acogerá toda la oferta formativa de la Comunidad a través de 30 expositores informativos, donde estarán representadas las 22 familias profesionales de la actual oferta educativa y que serán atendidos por los alumnos y docentes de los distintos centros educativos donde se imparten estos estudios.

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, acompañado del director general de Formación Profesional, Daniel Marín, ha presentado este viernes la nueva edición de esta feria que muestra la FP como “una vía clave para la formación, el desarrollo personal y la empleabilidad del alumnado”. Un evento que “permite acercar la realidad de la FP a la ciudadanía y orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su itinerario formativo”, ha asegurado.

Como novedad, Galiana ha avanzado que este año, en los expositores de las distintas familias profesionales que conforman la feria, que disponen de más espacio que en anteriores ediciones, “participa activamente el alumnado, mostrando de primera mano sus proyectos, habilidades y experiencias formativas”. De esta forma, ha subrayado que la FP se refleja como “una opción formativa atractiva, que cuenta con un alto porcentaje de empleabilidad”.

La Formación Profesional en La Rioja, ha añadido, representa una “formación sólida, actualizada y cada vez más relevante, que ofrece una conexión directa entre aprendizaje y empleo, proporcionando oportunidades reales de desarrollo profesional en empresas de nuestra Comunidad”, ya que el tejido empresarial demanda de manera creciente estos perfiles técnicos cualificados.

El director general de Formación Profesional ha informado de que la Feria de FP, que alcanza este año su quinta edición y que de forma bienal se celebra desde el año 2017, se celebrará en Riojaforum los próximos días 25 y 26 de marzo, de 9 a 14 horas y de 16.30 a 19 horas. Por la mañana, se han establecido horarios y turnos de visitas para los centros educativos y por la tarde, el acceso será libre.

30 expositores atendidos por el alumnado

La feria está integrada por un total de 30 expositores que serán atendidos por alumnado y docentes de las 22 familias profesionales de Formación Profesional, que además de informar sobre los distintos ciclos y dónde se imparten, “mostrarán sus proyectos, el trabajo que realizan en el día a día de su formación, donde pondrán en valor su trabajo y dedicación”, ha recalcado Daniel Marín.

Junto a los expositores de cada una de las familias profesionales que conforman la FP en La Rioja, también dispondrán de un espacio propio el servicio de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Empleo, el Centro Integrado Público de Formación Profesional a Distancia de La Rioja (CIPFPD), el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) e InfoJoven, del Ayuntamiento de Logroño.

Además de los expositores, la Feria de FP contará un escenario principal en el que el alumnado realizará diferentes actividades prácticas para mostrar las destrezas y la formación adquirida durante sus estudios. Así, se podrán ver actividades deportivas, presentaciones gastronómicas, catas, exhibiciones sanitarias, de cosido de alpargatas, experimentos químicos, pasacalles y desfiles, entre otras. En el exterior de Riojaforum también se desarrollarán iniciativas al aire libre, como exhibición de ambulancia, flashmob y soldadura, junto con el aula móvil de la Escuela de Hostelería.

De esta forma, Marín ha recalcado que la feria congregará “una nutrida muestra de os distintos ciclos de FP que se ofertan en La Rioja”, lo que “refleja la tendencia al alza de estos estudios”. Durante los próximos días 25 y 26 de marzo, Marín ha estimado que visitarán la feria más de 3.200 alumnos de ESO y Bachillerato procedentes de 36 centros educativos de Logroño y de otras localidades como Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Fuenmayor, Haro, Lardero, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Villamediana de Iregua.

Tendencia creciente de la FP

La Formación Profesional en La Rioja continúa siendo una tenencia creciente, con 10.002 estudiantes matriculados durante este curso, en los 95 ciclos pertenecientes a las 22 familias profesionales. Junto a la enseñanza presencial, se encuentra la FP Virtual, gestionada por el CIPFP a Distancia de La Rioja, que permiten combinar la formación con la actividad laboral u otras responsabilidades.

Durante los últimos tres cursos, el Gobierno de La Rioja ha implantado 52 nuevos ciclos y ha creado un total de 96 unidades de Formación Profesional en diferentes centros de toda la Comunidad.

La diputada y portavoz del PRC en materia educativa, Teresa Noceda, interpelará al Gobierno de Cantabria en el próximo Pleno sobre los criterios para incrementar y ordenar la oferta de Formación Profesional en los ciclos de mayor demanda, ante el “desvío” de alumnos a centros privados que está provocando, en su opinión, “la escasez de plazas públicas”.

Noceda ha detallado que el 30% de los estudiantes cántabros de FP está en la enseñanza privada, un porcentaje superior a la media nacional (28,5%), que atribuye a la falta de oferta de la red pública en los ciclos más demandados.

En esa situación se encuentran, sobre todo, las especialidades relacionadas con la sanidad, las tecnologías digitales y los servicios socioculturales, ámbitos donde Cantabria registra la mayor demanda de trabajadores cualificados, en empresas relacionadas con la tecnología y la digitalización, industria y mantenimiento, electricidad y automatización o los cuidados sociosanitarios.  

“Cuando la oferta pública no crece al mismo ritmo que la demanda, muchos alumnos se ven obligados a acudir a centros privados para acceder a los estudios con mejor empleabilidad, con la consiguiente carga económica para las familias”, ha explicado la diputada regionalista.

En este sentido, ha aludido a estudios sobre el sistema de Formación Profesional que cifran entre 1.000 y 3.000 euros anuales el coste de los grados básicos y medios en la enseñanza privada, mientras que los estudios de ciclo superior se sitúan entre 3.000 y 6.000 euros por curso, mientras que la FP a distancia puede alcanzar los 12.000. Como consecuencia de ello, “la formación acaba dependiendo de la capacidad económica de las familias”, ha advertido.

Noceda ha destacado asimismo que los ciclos más demandados y con mayores salidas laborales “crecen más y más rápido en el sector privado” mientras concentran las listas de espera en el público, donde también hay especialidades con exceso de plazas, que “apenas se cubren por falta de demanda”. Esta situación recomienda, a su juicio, “una replanificación urgente para ajustar la oferta a las necesidades del mercado y a las demandas de los estudiantes”.

Considera por ello que el Gobierno de Cantabria debe abordar “sin demora” los ajustes necesarios en la oferta pública de FP “con criterios objetivos, transparentes y alineados con las necesidades de Cantabria”, porque estos estudios son “clave para el empleo juvenil y la recualificación profesional”.

En opinión de Noceda, “si no logramos que la oferta pública crezca al ritmo de las necesidades, estaremos generando desigualdades económicas, falta de perfiles técnicas y oportunidades perdidas para el alumnado”.

Finalmente, la diputada del PRC ha abogado por que la planificación tenga en cuenta “tanto la demanda real del alumnado como las necesidades del tejido productivo cántabro, con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a la formación y contribuir al desarrollo económico de la Comunidad Autónoma”.

El Pabellón Hassan II de la Isla de la Cartuja de Sevilla ha acogido durante la mañana de este jueves un análisis pormenorizado sobre el ecosistema de la Formación Profesional (FP) en Andalucía, un encuentro que ha congregado a representantes institucionales, expertos en sociología juvenil y agentes del tejido empresarial. Organizada por FAD Juventud en colaboración con la Fundación Unicaja, la jornada ha servido para diseccionar los avances y las carencias de un modelo educativo que se ha vuelto indispensable para la estructura económica de la región, pero que aún afronta el reto de superar las deficiencias en la orientación inicial y la inserción laboral efectiva.

El acto ha dado comienzo con una apertura institucional en la que José Luis García Martín, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, ha puesto de relieve la importancia de que la capital hispalense lidere espacios de reflexión sobre la formación y el empleo. Durante su intervención, el delegado ha incidido en que la administración local debe actuar como un facilitador para que proyectos de acompañamiento, como Horizonte Empleo, actúen allí donde el sistema académico tradicional no llega. García Martín ha remarcado que la prioridad del Gobierno municipal es fortalecer la sinergia con el sector privado y las fundaciones para asegurar que el talento joven sevillano encuentre una salida real en su entorno más cercano, evitando la fuga de capacidades por falta de oportunidades.

Tras la inauguración, la jornada ha entrado en una fase técnica con la exposición detallada de la investigación “Percepción de la FP por la juventud española”, desarrollada por el Centro Reina Sofía de FAD Juventud. La presentación ha desglosado cómo la imagen de la FP ha experimentado una metamorfosis en la mentalidad de los jóvenes, quienes ahora la identifican como una vía de especialización práctica y acceso rápido al trabajo. Sin embargo, el análisis ha sido autocrítico al señalar que una parte significativa del alumnado se matricula en estos ciclos sin haber recibido una asesoría profesional adecuada, lo que en ocasiones deriva en desmotivación o en una elección de especialidades que no guardan relación con sus expectativas de futuro. Esta brecha informativa ha sido identificada como el principal obstáculo para maximizar el potencial de la FP Dual en Andalucía.

Posteriormente, se ha desarrollado una mesa redonda de expertos dedicada a la conexión entre los centros educativos y el mundo empresarial. En este bloque se ha debatido sobre la necesidad de que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas que conforman la mayoría del tejido productivo sevillano, asuman un papel más activo en la formación de los estudiantes. Los ponentes han argumentado que la FP Dual no debe entenderse como un periodo de prácticas convencionales, sino como un proceso de co-formación donde el tutor empresarial y el docente trabajen de forma coordinada. Se ha puesto el foco en la agilidad que requiere el mercado actual, donde las competencias digitales y técnicas evolucionan a un ritmo que los currículos oficiales a menudo tienen dificultades para seguir.

La jornada ha dedicado su tramo final a dar voz directa a los protagonistas del sistema: los jóvenes. En un diálogo abierto, varios estudiantes vinculados a los programas de FAD Juventud han relatado sus trayectorias personales, destacando los miedos y las incertidumbres que surgen en el tránsito entre el aula y el primer empleo. Han coincidido en que, si bien la formación técnica recibida es fundamental, el éxito en la inserción depende frecuentemente de las llamadas competencias transversales como la capacidad de comunicación, la resiliencia y el acompañamiento emocional durante las primeras etapas de su carrera profesional.

El evento ha concluido reafirmando la validez del proyecto Horizonte Empleo como una herramienta de mediación necesaria para reducir la tasa de desempleo juvenil. La clausura ha dejado un mensaje de unidad entre las fundaciones y las instituciones, coincidiendo en que la Formación Profesional es el camino más directo para garantizar la justicia social y el relevo generacional en la economía andaluza, siempre y cuando se dote a los jóvenes de una orientación sólida desde el inicio de su formación.

CCOO ha denunciado que la política educativa del Gobierno de La Rioja en materia de Formación Profesional “está favoreciendo el crecimiento de la oferta en centros concertados mientras se mantiene una clara falta de inversión en la red pública”. Según los datos oficiales de la propia Consejería de Educación, correspondientes al periodo comprendido entre los cursos 2022-2023 y 2025-2026, se han creado 16 unidades de FP en centros públicos (8 en Logroño y 8 en el resto de La Rioja) y 30 unidades en centros privados concertados (26 en Logroño y 4 en el resto de la comunidad). Es decir, dos tercios de la nueva oferta de Formación Profesional han ido a parar a la red privada concertada, mientras que solo un tercio se ha destinado a centros públicos.

Para CCOO, estos datos reflejan una “privatización progresiva” de la Formación Profesional en La Rioja, impulsada por las decisiones de planificación educativa del Gobierno autonómico. “En lugar de reforzar la red pública, la Administración está derivando una parte mayoritaria del crecimiento de la FP hacia centros privados”, critican.

A esta situación, suman la falta de inversión en nuevos centros públicos de Formación Profesional, en alusión a los nuevos centros integrados públicos de FP prometidos en Calahorra y en Lardero, que siguen sin materializarse. Del mismo modo, subrayan que “no se están realizando las inversiones necesarias en nuevas aulas taller ni en la ampliación de las ya existentes, un elemento clave para el crecimiento de la Formación Profesional pública”.

CCOO advierte además de un problema añadido que agravará esta situación en los próximos años. A partir del curso 2028-2029, la normativa establece que la ratio máxima en los ciclos de grado medio y grado superior pasará de 30 a 25 alumnos por grupo. “Esto significa que, manteniendo la oferta actual de ciclos formativos, La Rioja podría perder alrededor de 1.000 plazas de Formación Profesional”, alerta el sindicato.

“Los centros públicos de FP ya se encuentran en muchos casos saturados”, destaca CCOO, por lo que, según consideran, “sin una inversión decidida en infraestructuras, aulas taller y nuevos centros integrados la red pública no podrá absorber la demanda ni crecer en oferta educativa”. “En estas condiciones, la falta de planificación y de inversión en la red pública terminará derivando aún más alumnado hacia los centros privados concertados”.

Además, CCOO también quiere mostrar su preocupación por la posible desaparición de determinados ciclos de Formación Profesional Básica (CFGB) en centros públicos de la comunidad. El sindicato considera “imprescindible” mantener la oferta de CFGB en centros como Fuenmayor, Alfaro o Sagasta, ya que su cierre “limitaría gravemente el itinerario formativo del alumnado en esos centros y en sus respectivas localidades”. Preguntado el Gobierno sobre esta posibilidad hace unos días, se remitieron a señalar que “aún no está programada la oferta formativa de FP para el próximo curso” y dijeron no poder avanzar nada del próximo curso.

Derivación de alumnado a centros privados

Además, CCOO señala que el crecimiento de la FP pública en los últimos años se ha concentrado principalmente en los ciclos formativos de grado básico (CFGB), mientras que la oferta pública de ciclos formativos de grado medio (CFGM) y de grado superior (CFGS) ha descendido o no ha crecido al mismo ritmo. “Esto implica que la red pública está asumiendo mayoritariamente al alumnado más vulnerable que accede a la FP básica, mientras que una parte importante del alumnado que continúa su itinerario formativo hacia los grados medios y superiores está siendo derivada a centros privados concertados”.

A esta situación añaden “el deterioro” de las condiciones de trabajo del profesorado de Formación Profesional. CCOO denuncia que “se han reducido de forma escandalosa las horas asignadas al profesorado tutor responsable de la formación en empresas, pese a que la implantación del nuevo modelo de FP exige un seguimiento mucho más intenso del alumnado en el entorno laboral”. Y resaltan: “Esta reducción de horas, unida al aumento de tareas administrativas, está generando un exceso de burocracia que dificulta el trabajo docente y el acompañamiento educativo del alumnado”.

Asimismo, el sindicato denuncia la falta de reconocimiento al trabajo que realiza el profesorado de FP, reclamando la implantación de un complemento específico que permita equiparar salarialmente al profesorado de los distintos cuerpos que imparten estas enseñanzas (PTFPLa, PESSFP y PES), reconociendo así la responsabilidad y la complejidad que conlleva la docencia en Formación Profesional.

Además, CCOO denuncia que se“ están gestionando de forma incorrecta otras cuestiones relevantes para el funcionamiento de la FP en la comunidad”, y ejemplifican con el agrupamiento de alumnado de diferentes ciclos formativos en el módulo de IPE, la falta de una normativa autonómica específica de FP, los cambios continuos en las instrucciones de funcionamiento, la falta de apoyos y desdobles en los grupos, la escasez de formación específica para el profesorado de Formación Profesional o la ausencia de convocatorias suficientes de PIEs (Proyectos de Innovación Educativa) específicos para la FP, entre muchas otras cuestiones.

Por todo ello, CCOO exige al Gobierno de La Rioja “una planificación estratégica de la Formación Profesional en la red pública, con inversiones reales en nuevos centros integrados, ampliación de aulas taller, mantenimiento de la oferta en todos los territorios, aumento de los ciclos de grado medio y superior en centros públicos y reconocimiento efectivo del trabajo del profesorado”. “CCOO es FP pública y seguirá defendiendo una Formación Profesional accesible, de calidad y vertebradora del territorio frente a cualquier intento de privatización.”

El próximo jueves 12 de marzo de 2026 el Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Javier Imbroda, de San José de la Rinconada (Sevilla), celebrará una jornada informativa sobre el Plan Andalucía Acredita con el objetivo de impulsar el reconocimiento oficial de la experiencia laboral entre trabajadores y empresas de la provincia.

El centro, dependiente de la Junta de Andalucía, sede autorizada del procedimiento, reunirá a representantes de la administración educativa, personal técnico del proceso y profesionales acreditados para explicar a las empresas y asistentes cómo convertir la trayectoria profesional en certificación oficial.

La jornada contará con la participación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de La Rinconada, así como de responsables del propio centro y especialistas que intervienen directamente en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias.

Entre los ponentes, la jornada contará con la participación de Fátima Martínez Lázaro, directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (IACP) de la Junta de Andalucía, además de responsables de la gestión del proceso, entre ellos asesores, verificadores y evaluadores de las certificaciones.

De este modo, el evento combinará intervenciones institucionales con una mesa redonda centrada en la operativa real del proceso. Este formato permitirá resolver dudas frecuentes sobre requisitos, plazos y documentación necesaria, ofreciendo una visión práctica más allá del marco normativo.

Tras el acto institucional, el centro habilitará un espacio de encuentro profesional para favorecer el intercambio entre empresas, trabajadores y representantes de la administración.

Una vía para convertir la experiencia en titulación oficial

El Plan Andalucía Acredita permite reconocer oficialmente las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de formación no reglada. Es decir, trabajadores con años de práctica pueden obtener una acreditación oficial sin necesidad de cursar de nuevo estudios completos, siempre que demuestren las capacidades correspondientes a una cualificación profesional.

Su relevancia es directa: mejora la empleabilidad, facilita la promoción interna y refuerza la posición de las empresas al contar con personal oficialmente cualificado. En sectores técnicos e industriales, esta certificación puede resultar determinante para acceder a contratos, licitaciones o nuevos mercados.

La jornada del 12 de marzo nace precisamente para explicar de forma clara y práctica cómo funciona este procedimiento y qué impacto real tiene en el tejido productivo local.

Sede de referencia en la provincia

Como sede oficial del procedimiento en San José de la Rinconada, el CPIFP Javier Imbroda actúa como punto de referencia en la gestión de convocatorias ACREDITA en la provincia de Sevilla. El centro no solo tramita solicitudes, sino que acompaña a los candidatos durante todo el proceso, reforzando su papel como puente entre formación, cualificación y empleo.

La implicación de la Consejería, el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales y el Ayuntamiento subraya el carácter estratégico de esta iniciativa dentro de las políticas de empleo y formación en Andalucía.

Una oportunidad estratégica para empresas y trabajadores

En un contexto donde la cualificación certificada gana peso en el mercado laboral, esta jornada se presenta como una oportunidad para que empresas y profesionales conozcan un instrumento que puede transformar experiencia en reconocimiento oficial.

El 12 de marzo, el CPIFP Javier Imbroda no solo acogerá un encuentro informativo, sino una convocatoria dirigida a fortalecer la competitividad empresarial y la estabilidad laboral a través de la acreditación de competencias.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha y la delegación regional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Castilla-La Mancha) han presentado en Toledo un protocolo de actuación para el desarrollo de seis microcredenciales universitarias en el ámbito de la discapacidad. La iniciativa busca mejorar la cualificación profesional y promover la igualdad de oportunidades en la región.

En la presentación del acuerdo, el rector destacó que esta colaboración “a tres bandas” beneficiará al conjunto de la sociedad castellanomanchega y responde a la misión de la Universidad de mejorar la vida de las personas a través del conocimiento.

Las seis acciones formativas se impartirán desde la próxima semana

Según indicó Garde, se han previsto seis acciones formativas que comenzarán a impartirse la próxima semana. Se estructuran en dos bloques temáticos: gestión y sostenibilidad de entidades sociales e intervención y acción social directa con personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es reforzar tanto la capacidad organizativa del tercer sector como la atención profesional a las personas con discapacidad.

El rector señaló que esta colaboración se inscribe en el programa de microcredenciales universitarias impulsado mediante el acuerdo entre la UCLM, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España. En este marco, el objetivo autonómico fijaba 832 microcredenciales, de las cuales 714 correspondían a la UCLM. Hasta la fecha, la institución ha ejecutado y evaluado 128 acciones formativas, que han permitido emitir 2660 microcredenciales. Además, hay 132 nuevas acciones aprobadas hasta el final del periodo, lo que supondrá más de 1500 microcredenciales adicionales.

Las microcredenciales se dirigen a perfiles distintos del estudiantado tradicional y permiten actualizar competencias de forma ágil. En este contexto, el rector subrayó que la UCLM “ha multiplicado por seis el objetivo inicial fijado para Castilla-La Mancha, consolidándose como una referencia nacional en microcredenciales universitarias”. Al término del periodo establecido, “más de 4000 personas habrán recibido formación flexible, especializada y alineada con las necesidades del mercado laboral, con especial atención a la igualdad de oportunidades y a los colectivos más vulnerables”.

En la presentación del protocolo participaron también la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el gerente del CERMI Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, quienes respaldaron la colaboración interinstitucional y, en particular, esta iniciativa de formación especializada orientada a mejorar la atención y la inclusión de las personas con discapacidad.

La directora del Centro de Estudios de Posgrado, Susana Villaluenga, y las codirectoras del Aula de Inclusión e Innovación Social UCLM-CECAP, Yolanda Salinero y Sonia Morales, asistieron a la presentación junto a representantes de la Consejería y de las entidades sociales.

Las becas para estudiar Bachillerato o Formación Profesional en Catalunya alcanzan al 15% de la población juvenil, pero esto supone dejar fuera a gran parte de los que están situación de pobreza. Concretamente, a la mitad, dado que esta asciende al 30%, según ha denunciado este lunes la Fundació Jaume Bofill en uno de sus estudios.

Los datos presentados muestran como el actual sistema de ayudas cubre sólo el 19% de los 58.475 jóvenes que estudian secundaria postobligatoria y Programas de Formación Inicial (PFI) y que se encuentran en situación de pobreza. Si se tiene en cuenta el conjunto de los jóvenes de 16 a 18 años, la cobertura es del 15%, mientras que los jóvenes en situación de pobreza alcanzan el 30%. Así, mientras que en el curso 2024-2025 había 82.688 jóvenes vulnerables económicamente entre de esas edades, 41.507 recibieron beca y 41.181, no.

Ante esta situación, la Bofill ha reclamado al Departamento de Educación de Generalitat una política propia de becas y que añada 134 millones a los 77 que recibe del Ministerio de Educación para garantizar una ayuda básica a los jóvenes en situación de pobreza.

La Fundación asegura que la política de becas en Catalunya para estudiar Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio o programas de Formación e Inserción es “residual”. Según datos de 2024, representa un 1% del presupuesto de Educación, por debajo de la media estatal (1,7%), y muy por debajo de comunidades como Andalucía (2,9%), Madrid (2,5%) o Extremadura (2,3%).

Por otro lado, apunta que el modelo se basa en criterios e impuestos estatales y esto no se ajusta al coste de la vida ni a la situación social de Catalunya, lo que hace que muchos jóvenes vulnerables queden fuera. Y es que la Fundación afirma que debe tenerse en cuenta que 16.200 jóvenes que son pobres en Catalunya caen de la categoría de riesgo de pobreza y de las ayudas que puede comportar. Por eso, ha reclamado una política de becas propia.

En este sentido, ha defendido que el traspaso de la gestión de las becas desde este enero da a la Generalitat la capacidad de establecer los importes de la beca y los criterios para acceder a ella, además de poder complementarlas y conectarlas con otras políticas de continuidad formativa, comunitarias o de orientación.

Medidas progresivas hasta 2028

La propuesta de la Bofill contempla una serie de medidas para mejorar progresivamente la cobertura, el importe y la accesibilidad de las ayudas para estudiar Bachillerato, FP y PFI para que antes de la actual legislatura, en 2028, se garantice la apertura de los 58.475 alumnos en situación de pobreza que están estudiando ESO y PFI.

Por otro lado, plantea unos umbrales de renta para acceder a las ayudas adaptadas a la realidad socioeconómica catalana. En concreto, establece un primer umbral de 4.000 euros anuales para los jóvenes en situación de pobreza de familias con rentas entre de 12.846 a 26.210, según los miembros del hogar. Esto representa mil euros más de lo que ingresan actualmente con la beca del Ministerio.

En el segundo umbral, se recibirían 3.000 euros anuales para los jóvenes en situación de pobreza de familias cuyas rentas están por encima del umbral 1 y por debajo de los 18.186 a los 37.249 euros, en función de los miembros del hogar. Representaría más de 2.000 euros más de lo que ingresan actualmente con la beca estatal.

La organización también apunta que es necesario trabajar para superar los obstáculos de desconocimiento, brecha digital, falta de claridad o trabas burocráticas que dificultan el acceso a las ayudas. De esta forma, apuesta por un procedimiento sencillo, que solicite el mínimo de datos necesarios y deje en manos de la Administración todas las que ya tiene disponibles.

Más allá de 2028

Pero la Fundación Bofill plantea una serie de actuaciones y objetivos para la próxima legislatura, a partir de 2028, para garantizar que todos los jóvenes en situación de pobres reciban una beca, estén o no estudiando.

Para conseguir esta cobertura total de los jóvenes en situación de pobreza, la Bofill calcula que harían falta otros 97 millones de euros más de los que se invierten. Además, propone que las becas se perciban desde 4º de ESO, puesto que el final de esta etapa es el momento en que se concreta el abandono escolar. Disponer de estas ayudas desde 4º de ESO implicaría otros 81,5 millones de euros.

En el caso de los alumnos en situación de pobreza severa, la propuesta es acercar la cuantía al Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya, fijado en 800 euros mensuales en 2026. En el caso de la postobligatoria esto implicaría una beca de unos 8.000 euros por curso, y debería aproximarse a los 3.000 euros. Hacer esto efectivo requeriría 49 millones de euros adicionales de inversión.

Por otro lado, plantea vincular la ayuda a un programa de orientación, como el que contempla el Plan de Acción contra el Abandono escolar.

El modelo laboral está cambiando entre los jóvenes: trabajar en una empresa por cuenta ajena pierde atractivo y el emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes castellanomanchegos de entre 15 y 21 años, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por ABANCA y Praxis MMT.

Según el estudio, el 32,5% de los jóvenes castellanomanchegos quiere emprender y crear su propia empresa, frente a solo un 12,8% que aspira a ser empleado por cuenta ajena. Por su parte, el 23% optaría por ser funcionario y un 31,7% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

Unos datos que van en línea con la media arrojada a nivel nacional donde el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

“La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena. Hoy en día la situación es diferente”, analiza analiza el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', Nuño Nogués.

Asimismo, señala que los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, “el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento. Todo ello influye en este cambio de mentalidad: de trabajar en una empresa a ser sus propios jefes emprendiendo. Hacen lo que les gusta, y trabajan para ellos”.

Entre las razones por las que los jóvenes castellanomanchegos eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (34,8%), seguido de ser su propio jefe (32,4%), y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (21,9%).

No obstante, los jóvenes son conscientes de la dificultad: el 75% de los jóvenes considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Sus sectores preferidos para emprender son los relacionados con el deporte, el comercio y el tecnológico.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son: que les ofrecieran estabilidad en el empleo (42%), poder tener un salario más alto (38,7%), y que hubiera un ambiente de trabajo agradable (38,2%). Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente “no les aporta ventajas”.

“Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad”, añade el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

Pesimismo con el futuro laboral

La Generación Z castellanomanchega se muestra pesimista con el futuro laboral y es la segunda comunidad más negativa de toda España. El 49,3% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años. El 27,2% piensa que la situación seguirá igual y un 23,4% opina que el empleo irá mejor. Unos datos por encima de la media nacional donde el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

“Su opinión responde en parte a factores como la inestabilidad internacional y las previsiones sobre los efectos de la Inteligencia Artificial a futuro en el empleo; pero, sobre todo, a lo que ven a su alrededor, la actual situación laboral en España que muestra cifras de desempleo juvenil muy altas, por encima del resto de Europa, e insuficientes políticas para mejorar su situación a futuro”, explica Nogués.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 67% de los jóvenes castellanomanchegos confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. “Tienen una buena opinión de sí mismos, dato positivo, pero habría que matizar. Una cosa es obtener un empleo a corto plazo, y otra distinta es que éste sea de calidad. Si un tercio de los jóvenes quieren emprender, posiblemente consideren que a corto plazo es la mejor forma de garantizarse un empleo de calidad”, añade.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los de Castilla-La Mancha destacan: el interés y las ganas de trabajar (61%), la experiencia (53%), los conocimientos (47,5%) y tener un buen nivel de idiomas (40%).

El 64% se marcharía fuera del país

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 60% de los jóvenes castellanomanchegos lo tiene claro y emigraría. A nivel nacional, el dato es ligeramente superior, pues el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera.

Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

El porcentaje está disminuyendo “pero sigue siendo alto en una economía desarrollada. Las nuevas generaciones van dando más importancia al equilibrio entre bienestar personal y una carrera profesional, y parte de ese bienestar viene dado por su entorno, amigos, parejas y familiares, y su forma de vida, que lógicamente se verían afectados si emigraran”, observa el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

Entre las razones por las que los castellanomanchegos se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (41%), seguida de tener un mejor salario (30%), por la falta de oportunidades en España (18%) y para aprender idiomas (8%). Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (26%), Alemania (19%), seguido de Reino Unido (12%) e Italia (8%).

El 53% cree estar mejor preparado que sus padres

Según los datos del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', el 53% de los castellanomanchegos cree que su generación está más preparada que la de sus padres, dato en línea con la media nacional (54%), aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años.

Respecto a la relación de los jóvenes castellanomanchegos y sus compañeros de clase con los profesores, el 90% de los jóvenes opina que los profesores están bien tratados, mientras que el 5,7% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 4,2% piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

La universidad sigue siendo la opción preferida Estudiar una carrera es la opción preferida entre los jóvenes castellanomanchegos para continuar cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato, y formación profesional.

Por otro lado, el informe recoge que siete de cada diez jóvenes castellanomanchegos creen que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 24% ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.

En muchos pueblos de Andalucía la escena se repite: jóvenes que hacen las maletas al terminar la enseñanza obligatoria proyectando un futuro que parece escribirse siempre lejos del lugar de origen.

La despoblación rural no es solo una cuestión demográfica; es también educativa, laboral y social. Algunos estudios subrayan la delicada situación de sostenibilidad social que padecen las áreas rurales, fruto de la salida de personas jóvenes (Camarero et al., 2009; Li et al., 2019).

¿Y si estudiar Formación Profesional contribuyera a que la juventud encontrara motivos para quedarse en el medio rural? Una investigación sociológica publicada en 2025 en Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural señala que la FP puede convertirse en un factor clave de arraigo al territorio, aunque su impacto depende del contexto territorial, el género y el origen social.

La educación, clave en las decisiones de quedarse o marcharse

Durante décadas, la salida del medio rural se ha entendido casi como un paso inevitable para progresar académica y profesionalmente. Continuar estudiando suele implicar desplazarse a ciudades medianas o grandes, y muchas veces ese desplazamiento acaba siendo definitivo.

Sin embargo, no todos los itinerarios educativos generan las mismas expectativas. Mientras que algunos empujan hacia trayectorias claramente urbanas, otros pueden favorecer una inserción laboral vinculada al territorio. Comprender estas diferencias es fundamental si se quiere diseñar políticas educativas y de desarrollo rural más eficaces.

Qué analizamos y cómo lo hicimos

Para profundizar en esta cuestión realizamos una encuesta en 2022 a 171 estudiantes de educación postobligatoria en seis municipios rurales de Andalucía. El objetivo era conocer cómo influyen los distintos itinerarios formativos en las expectativas académicas, laborales y territoriales de la juventud rural.

Nos centramos especialmente en comparar dos vías educativas clave:

Analizamos también la influencia de dimensiones de análisis como el género, el origen social y propias las condiciones territoriales en el acceso a cada itinerario y en las expectativas laborales y residenciales.

No todos los caminos educativos conducen al mismo lugar

Los resultados muestran diferencias claras. El Bachillerato sigue estando fuertemente asociado a expectativas de continuidad educativa fuera del municipio de origen y, en muchos casos, fuera del entorno rural. Para la mayoría del alumnado de Bachillerato, estudiar en la universidad se percibe como un primer paso hacia la ciudad (89,9%). Asimismo,la inserción laboral se proyecta fuera del medio rural en la mayoría de los casos (71%), aunque con cierta inclinación a permanecer en ciudades andaluzas (34,4%).

La Formación Profesional de Grado Medio, en cambio, aparece más vinculada a expectativas académicas y laborales próximas al lugar de origen y, por tanto, a una mayor probabilidad de permanencia en el medio rural. No porque quienes cursan FP “renuncien” a irse, sino porque visualizan oportunidades más concretas y accesibles en su entorno cercano. Por ejemplo, el 63,5% considera que podrá emplearse en el medio rural: el 31,1% en su municipio de residencia, el 27,0% en un pueblo cercano y el 5,4% en un pueblo más alejado. Sin embargo, el restante 36,5% del alumnado proyecta su futuro laboral en entornos urbanos: el 25,7% en una ciudad andaluza y el restante 10,8% en el otra Comunidad Autónoma.

Dicho de otro modo, mientras el Bachillerato suele abrir una puerta que conduce hacia fuera, la FP puede funcionar como un puente entre la escuela y el empleo local.

El peso del género y del origen social

El estudio también revela que el acceso a los distintos itinerarios formativos no es neutral. Persisten diferencias de género y de clase social que condicionan las trayectorias educativas desde edades tempranas. Por un lado, la FPGM se encuentra en términos generales masculinizada (25,6% más de hombres matriculados), mientras que el Bachillerato feminizado (20,4% más de mujeres matriculadas).

Por otro lado, se observa una mayor concentración de progenitores con estudios universitarios entre el alumnado de Bachillerato con respecto al de FPGM. Por ejemplo, el 35,5% de las madres de alumnado de Bachillerato dispone de titulaciones universitarias, frente al 7,9% en el caso de la FPGM. En el caso de los padres, el 20,9% disponen de estudios universitarios entre el alumnado de Bachillerato y el 5,4% entre el alumnado de FPGM.

Esto implica que algunos perfiles de estudiantes encuentran más barreras para acceder a determinadas opciones formativas, lo que refuerza desigualdades preexistentes y limita la capacidad de elección real. Estas desigualdades no solo afectan a las oportunidades individuales, sino también al futuro demográfico y económico de los territorios rurales.

¿Puede la FP frenar la despoblación?

Nuestros resultados no permiten afirmar que la Formación Profesional sea, por sí sola, la solución al problema de la despoblación rural, ya que su vinculación con el arraigo territorial se encuentra condicionado por cuestiones territoriales, de género y de clase social. Pero sí muestran que puede formar parte de la respuesta, más si cabe, en un contexto donde su apreciación social como elección formativa se está revalorizando.

Cuando la FP está bien conectada con el tejido productivo local -agricultura, agroindustria, servicios, cuidados, etc.- ofrece a la juventud una alternativa realista para desarrollar un proyecto de vida sin necesidad de abandonar su municipio. En esta conexión, desempeñan un papel clave las prácticas curriculares que se realizan en las empresas del entorno local. Esto es especialmente relevante en un contexto en el que se busca revalorizar la FP y adaptarla a las necesidades del mercado laboral. En el medio rural, esa adaptación puede tener un impacto territorial directo.

Implicaciones para las políticas públicas

Si se quiere aprovechar el potencial de la Formación Profesional como herramienta contra la despoblación, no basta con ampliar la oferta de ciclos formativos. Es necesario:

La despoblación no se combate solo con infraestructuras o incentivos económicos, sino también ofreciendo trayectorias educativas que puedan traducirse en una inserción laboral que haga posible quedarse.

Más opciones para decidir, no menos movilidad

Quedarse o marcharse debería ser una elección, no una obligación. La clave no está en frenar la movilidad juvenil, sino en ampliar las opciones disponibles para que vivir en el medio rural sea una alternativa viable y atractiva.

La Formación Profesional, bien diseñada e integrada en el territorio, puede contribuir a ello. No como una vía de segunda categoría, sino como un itinerario con valor propio, capaz de sostener proyectos vitales y colectivos en los pueblos del siglo XXI.

Los contenidos de este trabajo son producto del proyecto «Itinerarios formativos, desarrollo y sostenibilidad rural: relación entre las trayectorias académicas y las expectativas de arraigo de la juventud rural» (UPO-1260928). Ha sido financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, de la Junta de Andalucía, en el marco del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020. El porcentaje de cofinanciación FEDER ha sido del 80%.

Más información en la página web del proyecto: https://eldaupo.wordpress.com/

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha mantenido una reunión de trabajo con diversas ONG que operan en Cantabria para que los estudiantes migrantes de enseñanzas profesionales que carezcan de documentación, y por tanto de Número de la Seguridad Social (NUSS), puedan finalizar sus estudios y obtener su titulación, una vez realizada la obligatoria Formación en Empresa.

En el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería de Educación, se ha trasladado a los representantes de estas ONG el protocolo de actuación, que la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente implementará en Cantabria a principios de marzo, y sobre el que se informará la próxima semana a los tutores de centros educativos de la región, ha informado este viernes el Gobierno.

Con la nueva Ley de Formación Profesional, vigente desde el curso 2024-2025, el alumnado de los grados D de Formación Profesional se ve afectado por la normativa educativa, pero también por la relativa a la Seguridad Social (altas, bajas, cotización, etcétera). Además, una parte de estos estudiantes también se ven afectados por la normativa de Extranjería y la tramitación de los correspondientes permisos de estudio, residencia y trabajo.

En este sentido, la Consejería de Educación asumió, desde el 1 de enero de 2024, la gestión de los trámites de altas y bajas de la Seguridad Social de sus alumnos, así como las liquidaciones de las cotizaciones sociales, con el fin de garantizar su titulación.

La directora general de FP, Cristina Montes, ha señalado que, desde septiembre de 2023, las comunidades autónomas han solicitado al Ministerio de Educación una regulación específica para varios colectivos de estudiantes, como los alumnos de prácticas con Erasmus + o las personas jubiladas o aquellos que se encuentren en situación de incapacidad temporal, que ya han sido regulados de forma específica.

De este modo, a fecha de hoy, el alumnado sin NUSS “es el único colectivo que está a falta de una regulación específica que dé respuesta a sus necesidades”, ha señalado.

Al inicio del presente curso 2025-2026, y con el fin de asegurar la titulación del alumnado sin posibilidad de tramitación del NUSS en Cantabria, la Consejería incluyó en sus instrucciones de inicio de curso un epígrafe en el que se establecía que “la carencia de NUSS, por imposibilidad administrativa, representaba una causa justificada para guardar la evaluación de los resultados de aprendizaje superados y poder así realizar la Formación en Empresa (FEM) en el curso inmediatamente siguiente”.

Con esta medida se garantiza la posibilidad de extender el periodo de realización de las prácticas del alumnado lo suficiente, como para permitir el acceso al trámite de arraigo socioformativo y la obtención del NUSS.

Actualmente, y salvo que finalmente se establezca una excepcionalidad en la tramitación del NUSS de estos estudiantes, Educación pondrá en marcha un protocolo de actuación, que enviará próximamente a todas las ONG y centros educativos de Cantabria, con el que se pretender arbitrar un itinerario de titulación para este alumnado migrante, respetando las diferentes normativas reguladoras y con seguridad jurídica.

Además, Educación se ha comprometido con las ONG a crear una comisión mixta para trabajar de forma conjunta en la orientación académica y profesional de colectivos vulnerables, así como a ofrecer una charla específica en la Muestra de la Formación Profesional de Cantabria, que tendrá lugar en el mes de mayo en Santander.

Titulación en tres años en vez de en dos

Fuentes docentes consultadas por elDiario.es Cantabria valoran positivamente que haya una coordinación para explicarles a estas personas que van a poder hacer las prácticas en un plazo extraordinario. “La solución pasa por alargarles el periodo para realizarlas en un periodo excepcional, en vez de entre marzo y junio como la mayoría del alumnado, ellos lo harían entre octubre y enero del curso siguiente”, han aclarado.

Cabe recordar que el arraigo socio-formativo exige llevar dos años en España de manera continuada y uno de los documentos que se puede presentar es la matrícula en un ciclo formativo. Según entidades sociales consultadas, el tiempo medio que suele tardar Extranjería en tramitar esta solicitud ronda los cinco meses y ahora el compromiso es que se acelere a un mes y medio. El objetivo es que a partir de ahí los afectados puedan solicitar también el Número de la Seguridad Social (NUSS).

Por tanto, tal como explica a elDiario.es Cantabria Arianne Cobo, abogada del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación por Origen Racial o Étnico del Movimiento por la Paz -MPDL- Cantabria, “se les guardará la nota para el siguiente curso, en el que ya habrán cumplido los dos años de residencia que les exigen para poder tramitar un arraigo socioformativo en Extranjería, es decir, se titularán no en el plazo de dos años que suelen tener las FP, sino en tres”.