La Consejería de Educación murciana ha movido ficha y ha decidido dejar sin efecto de manera cautelar el límite de 19 años que bloqueaba a los alumnos con discapacidad para acceder a programas de Formación Profesional. Esta medida permite reabrir durante este curso el proceso de matrícula para todos los estudiantes afectados.

El consejero de Educación, Víctor Marín, ha apuntado que la Comunidad lleva diez meses requiriendo una aclaración al Ministerio de Educación sobre la normativa. Según ha explicado, las respuestas contienen criterios contradictorios, lo que ha llevado a la Consejería a actuar sin esperar a una nueva resolución.

Por su parte, la Delegación del Gobierno sostiene que la normativa estatal no establece un límite general de edad para que las personas con necesidades educativas especiales continúen formándose.

La decisión llega después de que el PSOE en la Región plantease hace diez días una moción en la Asamblea Regional para urgir a la eliminación del límite de edad y la consiguiente apertura de un nuevo periodo de matrícula para los estudiantes que se habían quedado fuera de los programas.

El reciente caso de Alejandro, que quiere estudiar Actividades Auxiliares de Comercio en el IES José Luis Castillo-Puche, ha vuelto a poner estas últimas semanas el foco sobre el límite de edad para acceder a los programas de Formación Profesional. Aunque el joven de Yecla se ha convertido en la cara visible de esta situación, no es un caso aislado. Otras familias de la Región ya se han encontrado con el mismo impedimento cuando sus hijos han tratado de continuar su formación más allá de los 19 años.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado 17,6 millones de euros dirigidos a formar y cualificar a personas desempleadas a través de los programas duales de Formación Profesional en el Ámbito Laboral y a favorecer y apoyar la creación y el crecimiento de las pymes industriales de la región.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha informado de los asuntos relativos a la Consejería aprobados hoy en Consejo de Gobierno, y que se traducen en una fuerte apuesta del Ejecutivo autonómico “por generar oportunidades de formación y empleo para las personas en Castilla-La Mancha, y en el refuerzo de las capacidades industriales de la región”.

Cuatro líneas de programas duales

El primero de estos programas aprobados hoy en Consejo de Gobierno es la nueva convocatoria de cuatro líneas de los programas duales que aúnan formación y experiencia práctica en empresas:

-Dual Verde, dirigido a proyectos formativos en los entornos más rurales de la región

-Nuevas Oportunidades, que se destina especialmente a la formación y contratación de personas mayores de 50 años

-CREA, para colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social tales como personas migrantes o personas con discapacidad.

-Oficios Tradicionales, para formar y cualificar perfiles en profesiones muy demandadas en el mercado de trabajo, como la fontanería, la carpintería, la electricidad o la soldadura.

“Aunque los beneficiarios directos de esta inversión son los centros de formación, a quienes agradezco su compromiso y su esfuerzo, especialmente en las zonas rurales; y las empresas, que se benefician directamente de la cualificación de perfiles que se forman en sus centros de trabajo a través de la experiencia laboral; las beneficiarias últimas de este programa son las 450 personas desempleadas que estimamos que podrán formar parte de cerca de 40 acciones formativas”, ha señalado Patricia Franco. Además, ha indicado que la inversión, “que puede alcanzar una media de 28.000 euros por alumno, es la mejor que podríamos realizar porque estos programas son la mejor entrevista de trabajo para las personas que participan en ellos”.

Así, la consejera ha recordado que los programas duales tienen, en su duración, un 35% de formación teórica, y un 65% de experiencia laboral remunerada en las empresas y centros de trabajo participantes. “Además, hay un compromiso de contratación por parte de las empresas de al menos el 20% en las tres primeras líneas, y hemos elevado al 40% el compromiso de contratación en la línea de Oficios Tradicionales; aunque luego las empresas superan habitualmente este mínimo”.

La convocatoria se publicará en los próximos días en el DOCM y, desde el día siguiente, se habilitará un plazo de solicitud de un mes. “Esta convocatoria refuerza la apuesta que llevamos realizando mucho tiempo por la formación dual, que nos llevó a ampliar la oferta en el año 2021 y que ha hecho que, desde entonces, hayamos invertido 127 millones de euros en formar a 6.994 personas desempleadas, con acceso a un contrato laboral y experiencia en empresas durante su periodo formativo”, ha remarcado Patricia Franco.

Seis millones de euros para apoyar nuevas pymes industriales

El segundo de los programas que se han aprobado hoy es la primera convocatoria de un novedoso programa en la región, ‘Nacimiento de Pymes Industriales’, dotado con seis millones de euros. “El pasado año, en el Debate sobre el Estado de la Región, el presidente Page comprometió dos nuevas iniciativas para las pymes de la región: ‘Bono Crecimiento Pyme’, que ya ha puesto a disposición de nuestro tejido económico nueve millones de euros; y el ‘Nacimiento de Pymes Industriales’ que aprobamos hoy, cumpliendo ese compromiso”, ha indicado la consejera.

La convocatoria, que abrirá su plazo de solicitud durante nueve meses una vez que se publique en el DOCM, está dirigida a reforzar las capacidades industriales de la región apoyando proyectos en tres ámbitos: la creación desde cero de una nueva pyme industrial, la ampliación de una pyme industrial ya existente con un nuevo centro de trabajo, o la llegada de pymes industriales procedentes de otras regiones del país que se establezcan en Castilla-La Mancha.

“Como requisitos, también tienen que crear cinco puestos de trabajo, o dos si se establecen en nuestras zonas más rurales; y mantener su actividad durante tres años”, ha detallado la consejera, señalando que las ayudas “pueden llegar a cubrir el 100% del proyecto, y están entre los 80.000 y los 100.000 euros, para conceptos como la realización de estudios, la certificación u obtención de patentes, la formación de personal o el diseño de producto, entre otras”.

Este programa quiere reforzar las capacidades industriales de Castilla-La Mancha, “que como me gusta recordar, es una de las comunidades autónomas del país con mayor aportación de la industria a nuestro PIB, con un 20,7%, y además somos la segunda región de toda España en la que más ha crecido el empleo en la industria desde el año 2015”, después de que se hayan creado en Castilla-La Mancha 49.100 nuevos empleos industriales en la última década, y que el PIB industrial haya pasado de los 7.500 millones de euros en el año 2015 a los 11.500 millones de euros de la actualidad, un crecimiento del 51% que sitúa a la región como la cuarta comunidad autónoma del país en crecimiento del PIB industrial desde el año 2015.

La ilusión de Alejandro es seguir estudiando. Tiene 20 años, es de Yecla y había depositado sus esperanzas en la Formación Profesional para continuar aprendiendo y avanzar hacia una vida más autónoma. Este curso, sin embargo, no ha podido formalizar su matrícula. La Consejería murciana de Educación ha rechazado su admisión porque supera los 19 años establecidos en la convocatoria murciana. La decisión ha dejado a su familia preguntándose cómo puede quedarse fuera del sistema un joven por el simple hecho de cumplir años. Tras haber cursado Almacén, quiere estudiar Actividades Auxiliares de Comercio en el IES José Luis Castillo-Puche, cuyos informes respaldan que Alejandro continúe en un programa de formación.

El caso de Alejandro no es una excepción. En 2025, Leyre Sofía Fuster, una joven de 19 años con síndrome de Down, tampoco pudo continuar formándose tras completar un ciclo de FP adaptado de Ofimática en el IES Miguel Espinosa de Murcia. Sus padres denunciaron que la Consejería de Educación le impedía matricularse en otro programa adaptado de Administración Básica debido a su edad. Sus padres presentaron un recurso de alzada para reclamar una revisión de la normativa y poder garantizar la continuidad de sus estudios, cuenta su padre, Antonio Fuster.

Antonio agotó también un recurso de reposición. “Solo me quedaba la vía del contencioso administrativo”, se lamenta. Leyre “sufrió una decepción enorme, no le dieron la oportunidad de seguir formándose cuando sí que existía esa posibilidad”. Antonio se pregunta por qué a las personas con discapacidad se las limita a los 19 años para acceder a esta modalidad de FP, “cuando a las personas procedentes de familias desestructuradas se les permite continuar con el mismo procedimiento hasta los 21 años”. “Es un agravio comparativo”.

El consejero de Educación, Víctor Marín, ha defendido que la restricción de acceso se debe a “un criterio interpretativo” del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional: “Estamos ante un paripé, porque es el Gobierno de la Región de Murcia el que detecta primero este problema y lo pone en conocimiento del Ministerio, subrayando el perjuicio que puede suponer para los alumnos y las familias el tener limitado este acceso por una edad máxima”, ha defendido.

Sin embargo, la ordenación del Sistema de Formación Profesiona a nivel estatal no limita de ninguna manera la edad de acceso al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). El texto solo pone coto a la permanencia de los alumnos en estos programas, que limita en unos 21 años: “En las ofertas de formación profesional bajo esta modalidad en el sistema educativo, las personas escolarizadas en centros ordinarios o en centros de educación especial podrán permanecer, al menos, hasta los 21 años cumplidos en el año natural en que finalice el curso”.

Se trata de unos tiempos que, además, pueden ser prorrogables: “[Un] plazo que podrá ser excepcionalmente ampliado por un año cuando el equipo docente considere que dicha ampliación hará posible la consecución de los resultados de aprendizaje”.

La restricción que limita la edad de matriculación de los jóvenes con Necesidades Educativas Especiales es de la Consejería de Educación de la Región de Murcia. En concreto, en su resolución de matriculación de FP para el curso 2026/2027: “Los destinatarios de los Programas Formativos Profesionales de la modalidad Especial serán jóvenes con necesidades educativas especiales que tengan un nivel de autonomía personal y social que les permita acceder a un puesto de trabajo. Podrán incorporarse a estos programas alumnos de entre 15 y 19 años, cumplidos en el año natural de incorporación”. En otras palabras, el texto limita el acceso a aquellos alumnos que tengan más de 19 años en el año de inicio del curso formativo.

Curiosamente, la orden de matriculación para el curso 2024/2025 difiere de la de 2025/2026 y de la actual. Con el mismo Real Decreto del Ministerio de Educación en vigor, en el curso 2024/2025 la Consejería sí que interpretó que los alumnos de más de 19 años podían matricularse en FP: “Podrán incorporarse a estos programas alumnos de entre 15 y 21 años, cumplidos en el año natural de incorporación”.

Todo apunta a que la Comunidad Autónoma calculó los años que un alumno debería tener a la hora de matricularse para poder graduarse a los 21 (que estableció en 19) e interpretó que esta era la edad máxima legal en la que un alumno con Necesidades Educativas Especiales puede matricularse en FP. Una teoría que se confirma en un escrito de consulta que la Consejería envió el pasado año al Ministerio: “Dicho artículo [el del Real Decreto] establece una limitación de edad de permanencia hasta los 21 años y, en consecuencia, de acceso, dependiendo de la duración de estas enseñanzas”.

Esta orden no solo añade restricciones que no figuran en el Real Decreto, también es más restrictiva que la orden de la propia Consejería tras la publicación de la ley estatal, que toma como modelo: “La edad máxima en la modalidad Especial en centros ordinarios o en centros de educación especial será la establecida en el artículo 35 del Real Decreto n.º 659/2023, de 18 de julio”.

En declaraciones a medios, Víctor Marín ha asegurado que la Región de Murcia comparte la misma interpretación del Real Decreto que el resto de las Comunidades autónomas y Ceuta y Melilla: “Siguiendo un criterio interpretativo del Real Decreto nacional queda compartido por la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y por Ceuta y Melilla, donde el Ministerio tiene competencias en educación”.

Lo cierto es que La Rioja es la única autonomía que, junto a la Región de Murcia, limita también la edad. En su orden de matriculación establece que, para poder acceder a FP, los alumnos deberán “tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso y no superar los dieciocho años en el momento de acceso ni durante el año natural en curso”.

En el caso de Ceuta y Melilla, el consejero de Educación murciano argumentó que solo se bareman a los alumnos de entre 15 y 19 años. Lo cierto es que la normativa ceutí y melillense establece lo mismo que el Real Decreto, que “en las ofertas de formación profesional bajo esta modalidad, las personas escolarizadas en centros ordinarios o en centros de educación especial podrán permanecer, al menos, hasta los 21 años cumplidos en el año natural en que finalice el curso”. Plazo que, de nuevo, “podrá ser excepcionalmente ampliado por un año cuando el equipo docente considere”. La baremación a la que se refiere Marín simplemente da puntos a los alumnos de edades comprendidas entre los 15 y 19 para priorizar su acceso.

Dos comunicaciones que no se contradicen

Unas informaciones que se difundieron el pasado miércoles es que el Ministerio de Educación envió dos comunicaciones a la Región de Murcia sobre la normativa de FP a la Región de Murcia totalmente contradictorias. El caso es que ninguna de estas dos misivas avalan el límite de la edad de matriculación establecido por la Consejería, e inciden en la normativa estatal.

La primera misiva llegó del director general de Gestión y Planificación Educativa del Ministerio, una carta de colaboración en el que se le recordaba a la Comunidad Autónoma el contenido del Real Decreto Estatal. También apunta a la contradicción entre la orden de la Consejería tras la publicación del Real Decreto y la orden de matriculación: “Se aprecia, por tanto, una discrepancia entre la resolución analizada y el régimen jurídico vigente. Al establecer dicho límite de edad máxima de acceso, la resolución introduce una restricción no contemplada ni en su propia norma autonómica ni en la legislación básica estatal”.

Más tarde llegó una respuesta de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio a la consulta que envió la consejería de Educación el pasado año: “La previsión contenida en el artículo 35.3 del Real Decreto 659/2023 se refiere específicamente a la permanencia en determinadas ofertas de formación profesional desarrolladas en el sistema educativo bajo esta modalidad, sin que de ello pueda deducirse una limitación general de la continuidad formativa de las personas con necesidades educativas especiales dentro del Sistema de Formación Profesional una vez alcanzada dicha edad”, ha explicado la Secretaría General.

“Los dos escritos que ha enviado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a la Consejería son complementarios y se ajustan a la normativa vigente”, ha insistido fuentes de la Delegación del Gobierno a este diario.

“No debería haber límite de edad”

“Realmente no debería haber ningún límite de edad”, opina Pablo García, presidente de la Asociación Kapaces, que trabaja en Yecla para facilitar la inclusión social de las personas con diversidad funcional. “En la Región de Murcia hay más personas afectadas por esta problemática, en la que llevamos implicados tiempo para poder resolverla; es muy injusto”, apunta mientras que lo califica de “discriminación”.

Pablo García insiste en que imponer límites de edad es “restar oportunidades a estas personas de formarse en un oficio con sus adaptaciones para gente con autismo, síndrome de Down, asperger o daño cerebral adquirido, por ejemplo”.

En cuanto al “tira y afloja” de las administraciones, apunta, “es lamentable porque estamos hablando de personas, y la Consejería debería admitir que es una interpretación errónea y discriminatoria”.

Si en otras comunidades no tienen estos límites, reflexiona, “por qué la Región responsabiliza al Estado”. Limitar el acceso a los 19 años, señala, es “casi lo mismo que quitarles la oportunidad de seguir formándose porque a estas personas les cuesta más aprobar un curso y suelen repetir; así que lo tendrán que solucionar”. Para el presidente de Kapaces, “la legislación estatal debería eliminar el límite de edad y a nivel regional que son quienes tienen la competencia en Educación deberían velar por los ciudadanos más vulnerables”.

Con este tipo de formaciones, además, “los chicos hacen prácticas, se les da visibilidad y ayuda a que los empresarios pierdan el miedo que todavía hay a veces para contratarles”. Por eso, “si queremos que las personas con diversidad funcional tengan un trabajo lo más independiente posible, no podemos fallarles en la formación”.

Pablo García confía en que se pueda resolver el conflicto: “Tanto desde la Delegación como el consejero nos han comunicado que van a poner de su parte para que se solucione”.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a petición del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la creación como Centro de Referencia Nacional del Centro de Formación de Illescas (Toledo), en el área de construcciones aeronáuticas, de la familia profesional de Fabricación Mecánica.

El Centro de Formación de Illescas se suma así a la Red de Centros de Referencia Nacional existente, que suma 42 centros públicos especializados en los diferentes sectores productivos a través de las familias profesionales.

De ámbito estatal, son referencia para el conjunto del sistema de la Formación Profesional, tanto para los centros de formación para el empleo como para los centros del sistema educativa.

La red está compuesta por “centros punteros en sus respectivas áreas”, que tienen como objetivo promover las medidas y programas de investigación precisos para atender las necesidades de los sectores emergentes e innovadores.

Su papel es especialmente relevante porque conectan tres dimensiones que deben avanzar de forma coordinada: el sistema educativo, el sistema de formación para el empleo y los sectores productivos.

Una “pieza estratégica” para consolidar la FP “de calidad”

Sus funciones incluyen analizar las nuevas tendencias formativas y experimentar su puesta en práctica, promover redes de colaboración con organizaciones empresariales, sindicales y universitarias, colaborar en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, entre otras tareas.

Según el Gobierno de España, esta red de Centros de Referencia Nacional es una “pieza estratégica” para consolidar una Formación Profesional de calidad, al combinar especialización, innovación, prospección y capacidad de transferencia al conjunto del sistema.

Se trata de una de las “prioridades” del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y se inscribe en la política de modernización e impulso a la Formación Profesional llevada a cabo por el Gobierno desde 2018.

En el marco del Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026 y en colaboración con la Junta de Comunidades, UGT Castilla-La Mancha viene asesorando a lo largo del año a las personas trabajadoras, delegados sindicales y empresas en la mejora de la seguridad y salud laboral, un proyecto que busca -no solo prevenir los riesgos- sino también extender la cultura preventiva entre el tejido productivo de la región.

El sindicato se ha marcado como objetivo reducir los índices de siniestralidad de las empresas de la comunidad autónoma, concienciar a estas de la importancia de tener implantado un plan de prevención de riesgos laborales y resolver las dudas y consultas que llegan a su oficina técnica.

Entiende que para extender y potenciar la cultura preventiva es preciso que las empresas y las personas trabajadoras estén debidamente asesorados, informados y sensibilizados en la importancia de reducir los riesgos que les pueden afectar en el desarrollo de su actividad.

En este año 2026, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Castilla-La Mancha está dirigiendo sus esfuerzos a aquellos sectores en los que se producen más accidentes laborales: agricultura; industria cárnica/agroalimentaria; construcción; industria del metal; transporte y logística y sociosanitario.

Junto a este asesoramiento UGT Castilla-La Mancha también está llevando a cabo diversas campañas de sensibilización e información, así como la elaboración y distribución en centros de trabajo de guías y folletos sobre riesgos laborales y medidas de prevención.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha aprobado destinar 5,6 millones de euros a Castilla-La Mancha para la formación de trabajadores y trabajadoras.

El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución y los criterios de reparto a las comunidades autónomas de 107,4 millones de euros, dirigidos a acciones formativas que se realicen en centros públicos, enfocadas a sectores estratégicos de especial relevancia económica y social y asociadas a programas estatales. También se promueve que se destinen las acciones a aquellos sectores prioritarios que determine cada comunidad autónoma en el marco de sus propios planes estratégicos.

Por otra parte, un 30% de esta inversión está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad social o económica, en riesgo de pobreza o exclusión, y a las personas migrantes que han participado en el reciente proceso de regularización de 2026.

Convocatorias enfocadas a sectores estratégicos

El Ejecutivo ha validado también la publicación de cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio, dirigidas igualmente a la formación de los trabajadores y trabajadoras, dotadas con 126,7 millones de euros, enfocadas a los sectores estratégicos en los que se ha detectado “una falta de profesionales o dificultades para el relevo generacional”, así como a los colectivos que presentan especiales necesidades de formación. Con ese objetivo, están dirigidas a los sectores de la construcción, los oficios, el turismo y a las personas en situación de especial vulnerabilidad.

La primera convocatoria, dotada con 25 millones de euros, está destinada a financiar acciones en el sector de la construcción industrial y sostenible, como instrumento para modernizar el sector, mejorar la eficiencia de los procesos y construir a incrementar y agilizar la oferta de vivienda de calidad, asequible y sostenible.

La segunda, con una asignación de 35 millones de euros, está dirigida a formaciones en oficios y desempeños estratégicos. Incluyen actuaciones en una decena de familias de FP consideradas estratégicas por sus necesidades de cualificación y cobertura de puestos de trabajo, como Edificación y Obra Civil, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, Seguridad y Medio Ambiente, entre otras familias.

La tercera, de 20 millones de euros, se centrará en el sector del turismo patrimonial, cultural y sostenible. Parte de la relevancia del turismo patrimonial y rural como instrumento de desarrollo económico y territorial, destacando su contribución al desarrollo local, la fijación de población en el medio rural, la diversificación económica y la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y etnográfico.

La cuarta y última convocatoria está dotada con 46,7 millones de euros y tiene por objetivo financiar acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular a las personas migrantes.

Esta última convocatoria forma parte, junto al 30% de los 107,4 millones de euros destinados a personas en situación de vulnerabilidad y a la población migrante, del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de julio.

Tanto los fondos repartidos a las comunidades autónomas como las convocatorias de ámbito estatal gestionadas por el Ministerio incluyen formación acreditable y acumulable correspondiente a Grado A (microacreditaciones), Grado B (módulos profesionales) y Grado C (certificados profesionales), a excepción de la convocatoria destinada a personas en situación de vulnerabilidad.

Esta última financiará enteramente certificados profesionales completos, que incorporarán hasta un 25% de complementos formativas destinados a competencias básicas lingüísticas y digitales o competencias empresariales.

Las aulas de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación permanente para adultos reciben este martes a 887.532 alumnos, lo que supone 11.600 menos que el curso pasado, una tónica que se viene repitiendo año tras año y en todos los ciclos educativos, debido a la bajada de la natalidad.

Desde la Consejería de Educación defienden que la reducción de alumnos no se ha traducido en una pérdida de recursos, ya que, según sus cifras, se han mantenido los 600 profesores de refuerzo que se incorporaron el curso pasado tras el acuerdo firmado con CSIF, ANPE y UGT.

En total, son 56.524 los profesores en Secundaria. En el caso de la Formación Profesional, la Junta oferta hasta 200.000 plazas en centros sostenidos con fondos públicos de las que alrededor de 30.000 son nueva oferta a distancia y otras 2.000, presenciales. En conjunto, Andalucía dispone de una oferta de 3.832 ciclos formativos y 197 titulaciones con 1.216 profesores de FP.

El curso en cifras

Para el curso 2026/2027, un total de 1.776.288 estudiantes se incorporan a las aulas andaluzas de 7.248 centros públicos, concertados y privados, atendidos por 131.525 docentes. En este sentido, el 94,27% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos; entre estos, el 75,5% (1,34 millones) en la enseñanza pública y el 18,7% (333.384) en la concertada.

Desde el curso 2018/2019, el conjunto del sistema educativo andaluz ha perdido más de 150.000 estudiantes. A pesar de contar con menos alumnos, la Junta de Andalucía refuerza de nuevo las plantillas docentes, sobre todo, las de atención a la diversidad, buscando seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de ofrecer la mejor educación para todos.

En relación con el profesorado, la consejera ha sostenido que “no me parecería mal” que en el proceso de acceso a los grados de Magisterio hubiera pruebas con las que lograr seleccionar a los “mejores” no solo por conocimientos sino también por actitudes como la vocación. Desde Andalucía, se aboga por una revisión de los planes de estudio de los grados universitario y del máster habilitante, así como más tiempo de práctica antes de acceder a la función pública.

Este curso la plantilla pública alcanza los 109.128 docentes, un 7,7% más que el curso 2018/2019. Tras el inicio del curso en el segundo ciclo de Infantil y Primaria y ESO, Secundaria y FP, el próximo día 21 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 86.738 estudiantes.

Partidas en blanco por un “error masivo”, salvedades del auditor por cuestiones como un préstamo “vencido” a una patronal integrada en CEOE; cuentas que ahora va a tener que corregir y que en algunos casos se han enviado con años de retraso al Registro Mercantil...

Es el retrato de varias empresas de César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar, líder patronal y empresario que, según el Ministerio de Hacienda, se ha adjudicado 127 millones en subvenciones en los últimos años, la mayoría para cursos de formación, en los que está especializado.

Las salvedades del auditor son habituales en sus empresas. Es el caso de las últimas cuentas presentadas hasta ahora (de 2024) por una de sus sociedades en Canarias, Sofbrain SL. Por un lado, por créditos financieros a corto plazo sin intereses de 3,35 millones concedidos a sociedades del grupo de formación de César Blanco, GDoce, que implican que a cierre de 2024 su patrimonio neto y su resultado estaban “infravalorados”, según su auditor, la firma Auren.

Por otro, por el impacto contable de 537.380,05 euros que, según Auren, tuvo la inspección de Hacienda que Blanco cerró “con acuerdo” en julio de 2015, poco después de desvelarla elDiario.es. Esa inspección indagó en los contratos que CEOE le adjudica en un claro conflicto de interés y se saldó con importantes ajustes en las operaciones que facturan entre sí sus empresas. Además, esa firma domiciliada en Las Palmas admitió que “su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”.

También han propiciado salvedades los créditos concedidos por Moba Skill Training, una de sus sociedades más subsidiadas (más de 27 millones en ayudas desde 2017, según datos de Hacienda), a la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), integrada en CEOE. Blanco ha prestado a esta entidad al menos 370.715 euros a través de dos de sus empresas de los que no consta que haya recuperado nada.

Parte de ese dinero para CEAJE vino de Moba Skill, una de las empresas más antiguas de César Blanco, que la fundó en 2004 en su localidad natal, Nogueira de Ramuin (Ourense), donde fue concejal del PP de 1999 a 2003, como Monte Blanco Agraria Gallega SL. En 2013 el BNG señaló a esta firma en una “posible trama” de alcaldes del PP de Ourense para adjudicar a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido.

Las cuentas de Moba Skill de 2024 recogen una salvedad del auditor por créditos de 157.000 euros que concedió en octubre de 2022 a CEAJE para “solventar necesidades de tesorería” de esta patronal, con la que las sociedades de César Blanco “colaboran en proyectos” de formación, como indican sus cuentas.

Los créditos inicialmente vencían en abril de 2023, pero el auditor destacó que a cierre de 2024 el préstamo estaba “vencido” y era “de difícil recuperación al no existir evidencia sobre la capacidad financiera de devolución por parte de la sociedad deudora”, sin que la empresa de Blanco dotase ningún deterioro por ello.

Las cuentas de 2025 que Moba Skill acaba de depositar en el Registro Mercantil aclaran que esos créditos ya se prorrogaron en abril de 2023 (hasta el 31 de diciembre de 2024) y que en noviembre pasado, acordó otra prórroga hasta el próximo 31 de diciembre.

“A fecha de formulación de las presentes cuentas no se han percibido los cobros correspondientes a dichos créditos”, pero “el Administrador no considera que existan dudas sobre la cobrabilidad de los mismos”, dicen las cuentas, en este caso sin salvedades. “Todo transcurre dentro de la absoluta normalidad contractual”, recalcan desde GDoce.

Otro tanto ocurrió con su empresa Blar Formación SL, creada en 2021. Esta firma, que solo en 2025 recibió casi 4 millones en ayudas, según Hacienda, prestó en 2023 a CEAJE otros 213.715 euros mediante sendos créditos a corto plazo con un tipo de interés anual del 3,5%. A cierre de 2025 no había recuperado nada, según sus cuentas.

La patronal de los jóvenes empresarios no aclara si a día de hoy ha devuelto algo: “Los préstamos entre entidades privadas tienen carácter confidencial” y “tienen un calendario de pagos pactado de común acuerdo. Estas devoluciones se encuentran a día de hoy en periodo de pago, cumpliéndose estrictamente con lo establecido entre las partes”. “Se prorrogaron de común acuerdo las fechas límites; no se han vencido”, insiste por correo electrónico.

CEAJE, que está obligada por Ley de Transparencia a publicar sus cuentas, al recibir importantes subvenciones, y cuya última memoria (sin datos económicos) es de 2022, indica que firma estos préstamos “de manera puntual” y que no es “inusual conseguir financiación a través de entidades privadas con las que se colabora en otros ámbitos”.

Blanco fue hasta enero presidente interino de la Confederación Empresarial de Ourense, de la que es vicepresidente, y es miembro del comité ejecutivo de Cepyme y de la directiva de CEOE, entre otras patronales. En 2025 fue uno de los apoyos de Ángela de Miguel en la pugna para presidir Cepyme junto a, entre otros, Antonio Garamendi y el entonces presidente de CEAJE, Fermín Albadalejo. Este último dirige desde este año CEOE Campus, la escuela de formación de la gran patronal española.

Otra empresa canaria de Blanco y sus hijos con salvedades en sus cuentas, en este caso por créditos intragrupo sin intereses de 3,6 millones, es Indiplu Europa SL. Esos préstamos implicaban que a cierre de 2024 (último ejercicio disponible) su pasivo estaba “infravalorado” y su patrimonio neto y su resultado, “sobrevalorados en 78.654,85 euros y 102.773,69 euros, respectivamente”, según Auren.

Dedicada a campañas online, en 2024 Indiplu facturó 6,67 millones, de los que 2,4 millones procedieron de empresas de su dueño por “publicidad y Marketing Digital”. Entre sus clientes ajenos a GDoce hay organizaciones empresariales como la Asociación Comarcal de Empresarios de la Zona Norte de Madrid (Acenoma), que en 2025 anunció un convenio con Indiplu para “la difusión de proyectos formativos de alto impacto, como el programa Generación Digital PYMES, financiado por los fondos europeos Next Generation EU”. El grupo no aclara cuántos acuerdos de este tipo tiene.

Ni Indiplu ni Sofbrain aparecen entre las empresas GDoce publicita en su web. Tampoco Clictic SL, contratista habitual de la Administración que desarrolla contenidos digitales y en su web se define como “empresa internacional con sede en Panamá, México, España y Portugal”.

En sus últimas cuentas disponibles, de nuevo, de 2024 (presentadas este año y accesibles a través de Insight View), el auditor de Clictic introdujo salvedades por deudas intragrupo que implicaban que “el activo y el pasivo corriente se encuentra infravalorado en 298.899,07 euros”, y tras no poder comprobar “la razonabilidad” de gastos por facturas pendientes de más de 357.000 euros. “Las operaciones realizadas con empresas del grupo representan un 81,73% sobre el importe total de la cifra de negocios”, destacó Auren.

Foto parcial y borrosa

Salvedades aparte, GDoce no consolida su actividad en una cabecera que aglutine sus negocios y la foto que ofrecen las cuentas disponibles en el Registro Mercantil es parcial. Además, está borrosa: a los retrasos en su presentación (alguna ha enviado este año de golpe sus cuentas de 2023, 2024 y 2025) se suman errores generalizados en la información que contienen varias de ellas.

Entre otras, la que, según Blanco, es su principal sociedad, G12 Grupo Empresarial, que se promociona en redes con la apostilla de “cursos gratis” para desempleados y da nombre a un grupo que se define como “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”.

En plataformas como Axesor o Insight View, las últimas cuentas disponibles de G12 son de 2023, aunque el grupo ha aportado un certificado de la registradora de Pontevedra que acredita que presentó las de 2025 el 30 de julio.

A falta de tenerlas disponibles, las de 2023 incluyen numerosas partidas en blanco, empezando por su plantilla. “La tesorería asciende a 0” y “el importe de la cifra de negocios asciende a 0”, indican. Esto ocurre con otras empresas de formación de Blanco que han recibido millones en ayudas, como Formando por el Éxito SL y la citada Blar Formación SL, o esas dos firmas canarias.

GDoce asegura que no conocía esta situación y remite escritos de una firma de asesoría, Arxil Asesores SL, que explica que esas cuentas “se generaron y enviaron por un error informático del aplicativo de gestión/contable de la asesoría a la hora de presentar las cuentas”. Se enviaron al Registro Mercantil “informes erróneos con datos a 0 generados automáticamente”. Y se omitieron “de forma totalmente involuntaria los informes de auditoría”.

En algunos casos los errores alcanzan a los ejercicios 2022 y 2023, en plena explosión de subvenciones para las empresas de Blanco tras la pandemia, los fondos europeos o el auge de las oposiciones. “La información adjuntada en el aplicativo no se corresponde con lo recibido por el Registro Mercantil, algo totalmente anómalo que obliga a presentar subsanación de todas y cada una de las cuentas anuales de dichos ejercicios”, confirma Arxil.

Se trata de “un error masivo que se generó en todos los envíos de las cuentas anuales de todos nuestros clientes y que no se descubrieron hasta ahora” y “se procederá a la mayor brevedad posible a la subsanación de las cuentas de todas estas empresas en dichos ejercicios” para proporcionar la “imagen fiel” que exige la normativa contable.

“Nos hacemos responsables de los perjuicios económicos que pudieran derivarse de esta problemática y nos comprometemos a solventar estas incidencias a la mayor brevedad posible para que la información que aparezca en el Registro Mercantil sea la correcta”, añade Arxil.

GDoce ha facilitado a elDiario.es otras cuentas de 2023 que de momento no están disponibles en el Registro y recogen que ese año tuvo una cifra de negocios de 6,9 millones, el doble que en 2022, y una plantilla media de 148 personas (99 un año antes). La auditoría está limpia. Para las cuentas de 2024 y 2025 habrá que esperar.

César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar y en la directiva de varias patronales españolas, entre ellas la CEOE de Antonio Garamendi, vuelve a figurar en el top nacional de subvenciones con sus empresas de formación. En 2025 sumaron otros 25 millones, según los datos que publica el Ministerio de Hacienda. Esta cifra (que él rebaja a 14,6 millones, al haberse repartido esos subsidios a la formación con otras empresas) eleva a más de 127 millones las ayudas concedidas a sus sociedades desde 2017, siempre según la información oficial que publica Hacienda.

En 2025, en pleno boom del negocio de las oposiciones, una de las especialidades de sus empresas, y en mitad de una inspección de Hacienda que avanzó elDiario.es y que ha quedado “regularizada” el pasado ejercicio, según fuentes cercanas al empresario, seis de sus sociedades aparecieron en el listado de grandes perceptores de ayudas publicado recientemente por Hacienda.

Se trata de G12 Grupo Empresarial de Servicios SL (6,15 millones en ayudas concedidas en 2025), Educatic Gap Pue SL (4,95 millones), Moba Skill Training SL (4,3 millones), Formando para el Éxito SL (3,98 millones), Academia Postal 3 Vigo SL (3,37 millones) y Blar Formación SL (2 millones).

Fuentes cercanas a Blanco rebajan a 14,6 millones la cuantía realmente recibida en 2025 para financiar el coste de los cursos de formación que imparten sus empresas. Explican que “la cifra publicada [por Hacienda] no siempre se corresponde con el importe de subvención que realmente percibe o ejecuta cada entidad”, porque “en muchas convocatorias de formación se permite que varias empresas concurran conjuntamente mediante una agrupación, entre otras razones para poder llevar a cabo planes más amplios”.

En estos casos, explican, aparece en el listado solo el nombre de la empresa que encabeza la agrupación como coordinadora, pero el importe adjudicado se reparte luego entre el resto. “Es necesario conocer la dimensión del Grupo GDoce para comprender que se trata de una cifra plenamente coherente y proporcionada con la envergadura de la organización y con su capacidad para desarrollar proyectos formativos de alcance relevante”, añaden.

El grupo, subrayan, es “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”. Esta cifra, no obstante, no cuadra con los números que figuran en las cuentas anuales de sus empresas disponibles en el Registro Mercantil.

Para poner en contexto estas cantidades, esas fuentes indican que la cifra de subvenciones recibida “no llega al 0,1%” del total que recoge ese listado que recopila a más de 15.800 sociedades. Añaden que representa el 3,36% del importe destinado “a empresas vinculadas al ámbito de la formación, dejando fuera asociaciones, fundaciones, entidades públicas y otras organizaciones que también reciben financiación para el desarrollo de este tipo de actuaciones”.

En el puesto número 6

Según fuentes del sector, GDoce es la sexta empresa de formación que más subvenciones recibió en 2025. El ranking, según esas fuentes, lo encabezan Aspasia (41,5 millones), Grupo ATU (25,4 millones) y Grupo Colón (20 millones). En el listado figuran nombres como Grupo Método, del gallego Jorge Cuntín, y la malagueña Coremsa, teóricos competidores y socios de Blanco en una pequeña universidad privada cerca de Lisboa (Portugal).

Esas ayudas millonarias no están detalladas en las webs que han puesto en marcha recientemente las empresas de Blanco, que deben darles publicidad para cumplir la Ley de Transparencia. La información disponible es escasa o inexistente. La web más actualizada es la de GDoce. Se ha actualizado este año para aclarar que es un grupo de empresas “dedicadas a la formación”.

Hasta hace unos meses se definía en una rudimentaria web de una forma más difusa. “GDoce es una entidad especializada en la prestación de servicios orientados al desarrollo del capital humano en las organizaciones, tanto para el sector público como privado, ofreciendo soluciones innovadoras y de calidad, y apostando por un uso intensivo de las nuevas tecnologías como eje principal de nuestra política de gestión y prestación de servicio”, decía todavía en abril de este año.

En el apartado de “Transparencia” de la web de GDoce no hay disponibles datos financieros de sus sociedades. Tras preguntar elDiario.es por esta cuestión, en esos portales se indica que estos datos se facilitarán “próximamente”. Sus cuentas en el Registro Mercantil están desactualizadas en muchos casos. “Hacemos todo lo posible por estar al día, las exigencias son muchas y diversas”, justifican desde el grupo, que no consolida su actividad en una cabecera que dé idea de su dimensión real.

Las cuentas presentadas por algunas de sus empresas recogen el resultado de la inspección fiscal avanzada por este medio en 2025, en la que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) pidió a CEOE “explicación detallada y completa” de sus pagos a empresas del gallego, miembro de la directiva de la gran patronal española, mediante cursos de formación que la entidad le adjudica sorteando el evidente conflicto de interés.

Según esas cuentas, la inspección tuvo carácter limitado, “la comprobación de las operaciones realizadas en el ejercicio 2022 con la entidad vinculada Sofbrain”, empresa de Blanco creada en 2020 y domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria que es la que más beneficios ha declarado en los últimos años: más de 6,7 millones solo entre 2022 y 2024, último ejercicio disponible.

La inspección fue notificada a la empresa en mayo del año pasado y se cerró en julio de 2025 con “acuerdo”. Se centró en las operaciones vinculadas entre las empresas de Blanco con esa sociedad en Canarias. Al menos cuatro de sus empresas tuvieron que reconocer una serie de “ajustes” para adaptar a la realidad del mercado los servicios que les prestó esa firma en el archipiélago en el ejercicio 2022, “aceptándose que su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”, dicen las cuentas de Sofbrain.

“Derivado de la inspección”, la empresa ha reconocido un recorte drástico de su cifra de negocios de 2022: de una facturación “declarada” de 2.105.904,37 euros, a solo 286.333,27 euros. El gasto “declarado” en “servicios exteriores” también se ha minorado en 605.995,29 euros. Y una de las salvedades a las cuentas de Sofbrain de su auditor, Auren, en el ejercicio 2024 está relacionada con la negativa de la empresa a dotar ninguna provisión por las actas firmadas, lo que supone que “el patrimonio neto se encuentra sobrevalorado y el pasivo corriente infravalorado por importe de 537.380,05 euros”.

Hacienda determinó que los servicios que Sofbrain prestó a otras sociedades del grupo (Academia Postal 3 Vigo, G12 Grupo Empresarial de Servicios, Educatic Gap Pue y Moba Skill Training) fueran considerados servicios de apoyo informático y administrativo relacionados con cursos de formación online. Pero determinó que debían valorarse a precios de mercado aplicando un margen del 49,32% sobre los costes totales comprobados en Sofbrain.

Además, estableció que los resultados de las licencias cedidas por Sofbrain a terceros debían imputarse a las sociedades del grupo en la misma proporción en que se valoraban los servicios prestados a esas vinculadas. Y los gastos de adquisición de esas licencias debían imputarse siguiendo el mismo criterio.

En total, más de 800.000 euros entre “ajustes” intragrupo, incrementos de cuota, actas, intereses y una sanción a Sofbrain de 4.356 euros por una infracción “grave”, después de aplicar las reducciones por conformidad y pronto pago para esta empresa en Canarias, que además presentó una declaración complementaria de Sociedades para el ejercicio 2023 por importe de 346.214 euros, siguiendo los criterios de la inspección.

El grupo todavía no ha presentado las cuentas de 2024 de la que dice que es su principal empresa, G12, de cuyas relaciones con la CEOE también pidió cuentas la AEAT. Fuentes cercanas a Blanco se limitan a señalar, a preguntas sobre este asunto: “Situación regularizada y requerimiento resuelto”.

Empresario polifacético, con negocios también inmobiliarios, de limpieza, construcción o turismo, Blanco fue miembro de la ejecutiva del PP de Baltar, polémico presidente de la Diputación de Ourense de 2012 a 2023 y todavía senador, al que su partido mantiene en la Cámara Alta tras ser condenado en enero de 2025 por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora. Baltar heredó el cargo en 2012 de su padre, José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, en una sucesión dinástica inédita en la España democrática. Sobre él siempre planeó la sombra del nepotismo y las redes clientelares.

En septiembre de 2024 elDiario.es reveló que Blanco figuraba en el Top 100 de subvenciones en España y que sus empresas sumaban al menos 10 millones en contratos públicos. Mientras, tenía una sociedad en Panamá que, según explicó luego, abrió para “una universidad que no fuimos capaces de arrancar”. La liquidó semanas después de destaparse su existencia.

Socio de Francisco Nóvoa Rodríguez, fundador de Academia Postal, muy conocida en Galicia como centro de formación de opositores, el empresario tiene una larga trayectoria en distintas patronales. Miembro del comité ejecutivo de Cepyme desde 2014, es vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, que llegó a presidir de forma interina hasta enero tras fallecer la anterior presidenta, Marisol Nóvoa.

Las empresas de Blanco y dos de sus hijos (algunas relativamente recientes, otras con décadas de existencia) son un fijo en los listados de grandes perceptores de ayudas que publica Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, que fija obligaciones de información a las entidades privadas que perciban durante un año ayudas a partir de 100.000 euros. En la última edición figura (con cifras mucho más discretas) un líder de otra patronal (la de fabricantes de envases de cartón) que se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y que asegura que sus impuestos van “a la basura”.

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha aprobado este lunes el decreto que transforma el IES San Marcos de Icod de los Vinos en un nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP). El centro comenzará su actividad con esta nueva denominación a partir del 1 de septiembre.

La transformación permitirá reforzar la Formación Profesional en el norte de Tenerife y ampliar las oportunidades formativas vinculadas a las necesidades del mercado laboral y del tejido productivo de la comarca.

El nuevo CIFP San Marcos contará con unos 400 alumnos

Durante el curso 2026/2027, el nuevo CIFP San Marcos contará con alrededor de 400 estudiantes y ampliará su oferta educativa con tres nuevas titulaciones, según ha informado la Consejería de Educación.

El centro impartirá exclusivamente enseñanzas de Formación Profesional de grado básico, medio y superior, tanto en modalidad presencial como a distancia. La oferta estará orientada a sectores estratégicos de la zona y a las necesidades de las empresas y servicios del entorno.

La conversión del IES San Marcos en centro integrado supone también un nuevo paso en la ampliación de la red de Centros Integrados de Formación Profesional de Canarias, impulsada por el Gobierno autonómico para extender y especializar estas enseñanzas en las distintas islas.

Formación Profesional para todo el norte de Tenerife

El nuevo CIFP dará servicio al alumnado de Icod de los Vinos y también a estudiantes de otros municipios del norte de Tenerife, como La Guancha, San Juan de la Rambla, El Tanque, Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte.

De esta forma, se pretende facilitar el acceso a determinadas titulaciones de Formación Profesional y reducir los desplazamientos de estudiantes que hasta ahora podían verse obligados a trasladarse más de 60 kilómetros hasta Santa Cruz de Tenerife o La Laguna para cursar algunas enseñanzas.

El IES San Marcos ha sido durante décadas uno de los principales referentes de la Formación Profesional en la comarca, por lo que su transformación en CIFP consolida su papel como centro especializado para el norte de la isla.

Nuevas titulaciones para el curso 2026/2027

Una de las principales novedades del nuevo centro será la incorporación de tres nuevas enseñanzas de Formación Profesional:

Estas titulaciones se sumarán a una oferta que engloba las familias profesionales de Hostelería y Turismo, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Electricidad y Electrónica, Sanidad, Administración y Gestión e Industrias Alimentarias.

Ciclos de grado básico

En grado básico, el CIFP ofrecerá:

Ciclos de grado medio

La oferta de grado medio estará formada por:

Ciclos de grado superior

En grado superior, el centro impartirá:

Un centro de referencia para la FP en Tenerife

Con su transformación en CIFP, el antiguo IES San Marcos amplía y especializa su oferta de Formación Profesional y se consolida como uno de los centros destinados a acercar estas enseñanzas al alumnado del norte de Tenerife.

La nueva oferta permitirá, además, incorporar perfiles profesionales relacionados con sectores como la sanidad, la administración, el turismo, la hostelería, la automoción, la electricidad y la industria alimentaria, conectando la formación con las necesidades laborales de la comarca.

Durante décadas, nuestro sistema educativo ha priorizado un itinerario estrictamente académico que relegaba la vía profesional frente a la opción universitaria. Hoy, superar los 1,2 millones de estudiantes en la Formación Profesional refleja una transformación profunda.

Al adaptar nuestros estudios técnicos a los estándares industriales de economías líderes, como Alemania o los países nórdicos, convertimos esta vía en una opción de primer orden y en una respuesta directa a las demandas del mercado europeo.

Sin embargo, por el enorme valor estratégico de esta elección, el verdadero reto actual es blindar su dimensión integradora. Por mucho que se proclame esta modalidad como una opción clave de futuro, el éxito real no se puede medir únicamente por el volumen masivo de matrículas. Según los últimos informes del Consejo Escolar del Estado y del Ministerio de Educación, la tasa de idoneidad y el éxito escolar en las etapas postobligatorias siguen condicionados por el origen socioeconómico y el género, registrando una brecha de abandono temprano del 15,9% en los alumnos frente al 9,5% en las alumnas.

Cuando el sistema educativo crece de forma tan acelerada, las limitaciones de recursos específicos se hacen patentes; un déficit que se traduce, según advierte la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), en que el profesorado técnico se ve abocado a gestionar la diversidad en talleres y aulas prácticas sin la formación ni las estrategias metodológicas imprescindibles.

De este modo, el gran reto pendiente ya no es la expansión masiva de la oferta, sino garantizar una auténtica cohesión en la transición hacia la vida adulta. Esta falta de apoyo estructural preocupa también a entidades sociales como Plena Inclusión España, que recuerda que casi siete de cada diez docentes carecen de formación específica para responder a las distintas necesidades del aula, al tiempo que el 64,8% del profesorado reconoce la existencia de barreras significativas en las aulas.

La consecuencia directa es que quienes más apoyo necesitan quedan frecuentemente al margen de unas enseñanzas clave para su emancipación; un colectivo que apenas alcanza niveles residuales de titulación en ciclos formativos de grado medio y superior en comparación con la media general.

Apostar de verdad por la FP no es solo llenar las aulas, sino adecuar de manera efectiva el personal para despejar de obstáculos el camino al empleo, asegurando que nadie se quede atrás

Este desafío cobra especial relevancia en el ámbito autonómico, donde los centros y equipos especializados intentan articular itinerarios accesibles mediante planes específicos de formación y proyectos de inserción sociolaboral, enfrentándose inevitablemente a la saturación y la escasez de medios. Ante esta realidad, iniciativas punteras como la red de centros de excelencia o los proyectos de FP Dual en comunidades como Castilla-La Mancha demuestran que la colaboración estrecha con empresas en sectores clave es posible.

Sin embargo, estas experiencias de éxito exigen extender sus mecanismos para que nadie se quede fuera de la innovación. Es aquí donde la orientación educativa adquiere un papel fundamental; frente al modelo burocrático tradicional, debe trascender el mero papeleo para convertirse en acompañamiento pedagógico que asesore al profesorado y garantice la inclusión educativa. Pedir a los equipos de orientación que guíen este tránsito hacia la madurez sin los recursos ni el tiempo necesarios reduce las buenas intenciones a una mera declaración sobre el papel.

Esta situación coincide con las demandas del sector educativo que señalan un problema estructural de plantillas; mientras que marcos de referencia internacionales como el de la UNESCO sugieren ratios de cobertura óptimas, la realidad muestra una sobrecarga que compromete la atención personalizada en los centros.

Apostar de verdad por la FP no es solo llenar las aulas, sino adecuar de manera efectiva el personal para despejar de obstáculos el camino al empleo, asegurando que nadie se quede atrás.

Solo mediante un sistema que respalde activamente a sus profesionales y dote a los centros de los medios necesarios, convertiremos el aprendizaje técnico en una garantía de equidad y progreso social.

La Escuela Superior de Formación Audiovisual, Animación 3D y Nuevas Tecnologías (CEV) cierra definitivamente las puertas de su sede en Madrid, tras realizar un ERE a todos sus trabajadores, 48 entre equipo docente y no docente. Una vez acabada la negociación con la empresa, los empleados afirman a elDiario.es a“satisfechos por el acuerdo”, pero “muy tristes” por la clausura del centro: “Es una pena que una escuela referente en el sector y con cincuenta años de historia cierre así”. Fuentes cercanas a la dirección del CEV confirman a este medio el cese del centro ubicado en la capital, mientras que el localizado en Barcelona sí que seguirá abierto.

CEV es un centro de educación privado que abrió sus puertas en 1975, y que abarcaba ciclos de Grado Medio y Superior en áreas creativas y tecnológicas. En sus más de cincuenta años de experiencia, ha formado a más de 25.000 profesionales.

Los siete empleados consultados por este periódico cuando se inició el periodo de negociación el pasado mes de julio, coincidieron en que el CEV sufrió un gran cambio, a peor, desde que en 2019 fue adquirido por el grupo francés –controlado por el fondo de inversión chino Cathay Capital– AD Education. Una red de más de 37 escuelas presente en diez países de Europa, especializada en diseño, videojuegos, comunicación, sonido, el sector audiovisual y la música. Una de ellas es la Escuela Superior de Imagen, Sonido y Tecnología CES, localizada igualmente en Madrid, e históricamente principal competidora de CEV confirmaron a elDiario.es

Desde su adquisición, además de un cambio en la directiva, la escuela había sufrido tres eres. El primero de ellos en 2022, el segundo en 2025 y el tercero en el presente 2026.

Los trabajadores ya no eran optimistas en ese momento, “Estamos seguros de que va a haber un cierre”, lamentaban hace unas semanas, cuando afirmaron que no les había “sorprendido” lo sucedido. Desde la entrada de AD Education, aseguraron que estaban “muy descontentos” con la “dejadez”, entre otros aspectos, en la labor de marketing para reclutar a nuevos alumnos. O en la adquisición y actualización del material técnico necesario, que se había “ido quedando obsoleto porque no se invertía lo suficiente”. “Consideramos que no se han hecho los esfuerzos necesarios o no han estado bien dirigidos”, criticaron ante este periódico.

Informe del ERE una semana después del 'Open Day'

La actividad de los perfiles oficiales del CEV en redes sociales continúan desconcertando, ya que la última publicación en X (antes Twitter) es de mayo de 2025. Sin embargo, en Instagram la percepción de que la actividad del centro seguirá con total normalidad. Su último post, publicado a mitad de junio, es un resumen en vídeo de lo que dio de sí la jornada de puertas abiertas, su 'Open Day', celebrado el 12 de junio, y en el que participaron varios profesores a los que posteriormente se informó de que se iba a llevar a cabo un ERE.

Apenas una semana después, el 19 de junio, los alumnos que ya estaban matriculados para el próximo curso (en el caso de los que estuvieran a mitad de su formación en los diferentes grados medios y superiores que ofrecían) o que tenían pendiente la recogida de sus títulos, fueron informados por mail de que se iba a producir un despido colectivo. La misma notificación recibieron los trabajadores.

Una de las estudiantes afectadas, que prefería no revelar su identidad, explicó a elDiario.es que al ocurrir días después de puertas abiertas, “a todo el mundo le pilló desprevenido”. En gran parte porque no les dieron “ningún tipo de alternativa”. Fue “caótico, podrían haber reservado plazas en otras escuelas. Hay quienes han conseguido entrar en algún otro sitio, pero la realidad es que nos han dejado con el culo al aire”.

El Ayuntamiento de Grañén ha sido beneficiario de una subvención directa de 400.000 euros del Gobierno de Aragón que permitirá acometer las obras necesarias en el IES Montes Negros de Grañén para la implantación del ciclo de grado medio de Farmacia y Parafarmacia, que será una nueva titulación y única en la provincia de Huesca y llamada a reforzar la oferta formativa desde el medio rural.

El alcalde de Grañén, Carlos Sampériz, ha calificado esta subvención como “una excelente noticia para el municipio, para el instituto y para toda la comarca”, ya que permitirá adaptar los espacios del centro y preparar la llegada de una FP “de alto valor, con una gran demanda y con una clara salida profesional”.

“Se da una simbiosis perfecta entre una formación demandada, un sector esencial como la salud y un municipio rural que puede convertirse en referencia educativa para la provincia”, ha aventurado Sampériz.

El alcalde ha estimado que la llegada de esta FP, de la que se carece en el Alto Aragón, “materializa de forma muy clara lo que significa apostar por el medio rural, creando oportunidades reales de formación, empleo y desarrollo”.

Uno por provincia

En la actualidad, en Aragón solo existe un ciclo público de Farmacia y Parafarmacia en Zaragoza y otro en Teruel, por lo que la implantación de esta enseñanza en Grañén permitirá acercar esta formación a la provincia de Huesca y responder a una demanda real.

En un principio, la nueva FP del IES Montes Negros ofertará 20 plazas. Para Sampériz, el proyecto ejemplifica y da sentido “al valor del esfuerzo realizado por el Gobierno de Aragón para generar oportunidades en el territorio”, tanto desde el ámbito educativo como desde otras políticas públicas vinculadas a la movilidad y la vertebración territorial.

Al respecto, ha destacado que la nueva FP podrá aprovechar las nuevas líneas de autobús creadas en el área de Los Monegros, que han multiplicado las conexiones de Grañén con Huesca y con el resto de municipios del territorio, así como la línea ferroviaria Zaragoza-Binéfar.

Además, el alcalde ha subrayado que esta nueva titulación puede convertirse en “un trampolín” hacia la futura formación universitaria en Farmacia que comenzará a impartirse en el campus de Huesca en el curso 2027-2028. “Grañén puede ser una plataforma de acceso a una rama sanitaria que va a crecer en la provincia. Primero desde la Formación Profesional y después, para quien quiera continuar, con la posibilidad de hacerlo en la Universidad de Zaragoza, en Huesca”, ha indicado.

Nuevo edificio y laboratorio

La subvención concedida al Ayuntamiento de Grañén se destinará a las obras de adaptación del instituto, donde se construirá un nuevo edificio, aprovechando la actual zona de frontón. Según los plazos previstos, el edificio deberá estar terminado en diciembre de este año y durante el primer trimestre de 2027 se completará el laboratorio, que será puntero, moderno y adaptado a las necesidades de esta enseñanza. El plazo de matriculación se abrirá en mayo de 2027.

Para el Ayuntamiento de Grañén, la implantación de esta nueva enseñanza representa una apuesta estratégica por la educación, la empleabilidad y la igualdad de oportunidades desde el medio rural.

El ciclo permitirá al alumnado formarse en materias relacionadas con la dispensación de productos farmacéuticos, el asesoramiento sanitario, la venta de productos de parafarmacia o el apoyo en tareas administrativas propias de farmacias y establecimientos vinculados a la salud.

Sampériz ha subrayado que la nueva FP “responde a una necesidad formativa real” y tendrá “un impacto directo tanto en la empleabilidad como en el desarrollo socioeconómico del territorio”. Además, ha recordado que se trata de una formación vinculada a un sector de primera necesidad, con alta inserción laboral y una presencia mayoritaria de mujeres, por lo que también contribuirá a mejorar oportunidades profesionales en el entorno más próximo.

La Formación Profesional se ha convertido en la opción educativa preferida por los jóvenes gracias a sus altas tasas de inserción laboral, según Comisiones Obreras. En Madrid, donde la demanda ha aumentado un 85% entre 2018 y 2025, el crecimiento de la oferta se ha concentrado especialmente en los centros privados.

La comunidad lidera el podio de la privatización, seguido por Catalunya y Euskadi, sostiene el sindicato. “Distinguimos Madrid porque tiene un modelo bastante más privatizador que otras comunidades, así como datos bastante más preocupantes”, aclara la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La oferta privada en la región ha crecido un 122% (más de 50.000 estudiantes) frente al 58% de la pública. La red pública ha pasado de concentrar el 58% de las matrículas a un 49%, mientras alrededor de 60.000 jóvenes se quedaron sin plaza pública durante el curso 2024-2025.

Así lo revela el informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales, elaborado por Comisiones Obreras, que alerta de un modelo que deja sin plaza pública a miles de estudiantes madrileños. “La oferta pública ha aumentado, pero no al ritmo que la demanda. Cuando los jóvenes no encuentra los estudios que quieren en la pública, no les queda más remedio que optar por esta opción”, señala la secretaria de enseñanza pública de la Federación de Educación de CCOO Madrid, Inmaculada López.

El sindicato sostiene que Madrid ha “renunciado” a ampliar la red pública, convirtiendo el acceso a la Formación Profesional en “un privilegio condicionado por la renta y el código postal”. El informe llega meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un real decreto para limitar la apertura de centros privados y evitar la “mercantilización sin calidad” de estas enseñanzas.

Esta expansión también ha tenido un impacto económico para las familias. Estudiar un ciclo de Formación Profesional en un centro privado cuesta entre 3.000 y 6.000 euros anuales y algunas titulaciones especializadas pueden alcanzar los 16.000 euros, según el informe. Como consecuencia, el gasto medio familiar se ha duplicado en siete años, pasando de 1.069 euros en 2016 a 2.085 euros en 2023. “Es un problema grave. Se está haciendo negocio de un derecho y que su acceso dependa de la situación económica de las familias”, sintetiza la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La FP a distancia y la dual

El crecimiento no ha sido uniforme entre las distintas familias profesionales, ni en las modalidades. Según el sindicato, la oferta privada se ha concentrado en los ciclos con mayor demanda laboral, como Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico o Radioterapia, mientras la oferta pública madrileña no ha aumentado al mismo ritmo. El aumento también se ha trasladado a la modalidad a distancia: la oferta pública ha crecido un 185,4% y la privada se ha disparado un 659%.

Las cifras son todavía más elevadas en los grados superiores, donde la matrícula privada ha aumentado un 664%, frente al 206% de las públicas. El número de centros que imparten en esta modalidad se ha multiplicado por casi cuatro: de 28 en el curso 2018-2019 a 102 en el 2024-2025.

Desde el sindicato aseguran que esta modalidad supone para muchas empresas “coste cero y beneficio 100%”, ya que no requieren centro, ni materiales para su desarrollo. Sin embargo, los alumnos presentan mayor tasa de abandono escolar porque “hay menor conexión con la práctica real, falta el contacto humano y menos orientación para saber qué hacer después”.

La Formación Profesional dual combina la enseñanza en el aula con prácticas obligatorias en empresas. Comisiones Obreras advierte de que este modelo choca con la realidad del tejido empresarial madrileño. Según el sindicato, el 95% de las más de medio millón de empresas activas en la región son autónomos sin asalariados o microempresas de entre uno y nueve trabajadores, una estructura que, a su juicio, aumenta el riesgo de que parte del alumnado termine desempeñando funciones propias de un trabajador en lugar de recibir la formación prevista, convirtiéndose en mano de obra barata o en sustitución de puesto de trabajo.

Madrid, a la cabeza de la privatización

Madrid encabeza el ranking de comunidades con mayor peso de la Formación Profesional privada. Le siguen Catalunya, donde las matrículas privadas representan el 45,58% del total y Euskadi, con un 43,8%. Además, Madrid y Catalunya son las únicas comunidades que cobran por cursar la FP, mientras Castilla-La Mancha (10,85%) y Canarias (8,7%) registran la menor presencia de enseñanza privada.

La tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid es del 25,33%, según la Encuesta de Población Activa, por encima de la media nacional (23%). Además, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan se sitúa en el 8,56%.

El informe también foco en la brecha de género. Aunque cuatro de cada diez estudiantes Formación Profesional aseguran no haber recibido orientación sobre esta vía durante la ESO, solo el 4% de las alumnas afirma haber contado con información suficiente, frente al 14% de los alumnos. La desigualdad también se refleja en la elección de estudios; solo el 16% de las mujeres matriculadas en FP en Madrid cursa ciclos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las ramas con mejores salarios y mayor estabilidad laboral, según el sindicato.

Falta de transparencia de datos

Comisiones Obreras denuncia también la falta de transparencia de la Comunidad de Madrid durante el proceso de admisión a la Formación Profesional. Según explica, este año los centros han dejado de publicar los listados de admitidos y las familias solo pueden consultar el resultado de su solicitud a través de la plataforma Raíces.

Esta decisión impedirá elaborar su habitual informe de escolarización y conocer cuántos estudiantes se quedan sin plaza pública en cada ciclo. “Han sabido retirar esos datos tiempos”, afirma San Millán, que considera que la medida busca evitar que se visibilice el déficit de plazas públicas.

El sindicato anuncia que estudiará acciones legales al considerar que la publicación de estos listados forma parte de un procedimiento de concurrencia competitiva y debe ser accesible para garantizar la transparencia del proceso.

“Es desolador, consciente y dirigido. Creo que tiene que ver con la huelga de octubre. Suficientes datos estamos dando, cifrar cuantos se quedarían fuera, sería otra losa encima”, insiste la secretaria.

Las propuestas de Comisiones Obreras

Entre sus propuestas, Comisiones Obreras reclama un plan plurianual para ampliar las plazas públicas y eliminar las listas de espera, un marco estatal que garantice estándares mínimos de calidad en la Formación Profesional. También solicita un sistema público de datos comparables entre comunidades autónomas, reforzar las garantías de la FP dual e incorporar orientación académica con perspectiva de género.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el sindicato exige unificar las instrucciones sobre el Proyecto Intermodular, hacer más transparentes los procedimientos para la captación de empresas, crear la figura estructural del prospector empresarial y establecer acuerdos marco que faciliten la colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo.

UGT Serveis Públics del País Valencià ha alertat sobre el risc que la Comunitat Valenciana es quede sense Formació Professional pública en l’especialitat d’Emergències i Seguretat. El sindicat atribueix aquesta amenaça a un problema jurídic arran de la interpretació de la Llei d’Incompatibilitats per part de la Direcció General de Personal Docent. Aquesta situació, asseguren, genera inseguretat jurídica en el professorat expert del sector públic i bloca la incorporació de professionals en actiu, com ara el personal de bombers.

El conflicte té l’origen en l’aplicació de la nova normativa de Formació Professional, que va transformar els contractes del personal docent expert de duració determinada en indefinits amb l’objectiu de dotar d’estabilitat el sistema. No obstant això, la Direcció General de Personal Docent manté que aquest canvi contractual impedeix complir el requisit de temporalitat que exigeix la legislació sobre incompatibilitats. Com a resultat, el departament emet informes desfavorables que, tot i que no tenen caràcter vinculant, “condicionen de manera decisiva les resolucions dels organismes d’origen”.

Procediment bloquejat per informes no vinculants

La competència per concedir o denegar la compatibilitat correspon a les empreses o entitats públiques on aquests professionals presten els seus serveis principals, com ara els consorcis de bombers o la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE). No obstant això, les administracions d’origen deneguen els permisos després de rebre els dictàmens negatius de la Conselleria d’Educació.

A aquest entrebanc se suma l’exigència de l’administració educativa, que sol·licita al professorat la presentació de la resolució favorable en terminis breus sota l’amenaça de cessament. Tal com assenyala UGT, aquesta dinàmica ha portat diversos professionals a renunciar a la docència o a reduir la seua dedicació als instituts d’educació secundària. Si no es corregeix aquest criteri, l’oferta formativa “quedarà” sense personal amb experiència real en un sector d’alta sensibilitat social.

Queixes davant del Defensor del Poble

UGT defén que l’interés general ha de prevaldre sobre una llei d’incompatibilitats aprovada fa quatre dècades. Aquesta postura coincideix amb la dels serveis tècnics de l’Administració, com ara la Secretaria del Consorci Provincial de Bombers d’Alacant, que manté que els criteris d’Educació no han de prevaldre quan hi ha un interés públic acreditat. Davant la manca d’avanços, la problemàtica s’ha traslladat mitjançant queixes formals al Defensor del Poble.

Malgrat que la Direcció General de Personal Docent ha plantejat alternatives provisionals, les denegacions de compatibilitat “persisteixen”. Per aquest motiu, el sindicat adverteix que, sense una solució urgent, resultarà impossible iniciar amb normalitat el pròxim curs en cicles clau com Emergències i Protecció Civil o Coordinació d’Emergències.

La formació no perilla “en cap cas”

UGT defén que l’interés general ha de prevaldre sobre una llei d’incompatibilitats aprovada fa quatre dècades. Aquesta postura coincideix amb la dels serveis tècnics de l’Administració, com ara la Secretaria del Consorci Provincial de Bombers d’Alacant, que manté que els criteris d’Educació no han de prevaldre quan hi ha un interés públic acreditat. Davant la manca d’avanços, la problemàtica s’ha traslladat mitjançant queixes formals al Defensor del Poble.

Malgrat que la Direcció General de Personal Docent ha plantejat alternatives provisionals, les denegacions de compatibilitat “persisteixen”. Per aquest motiu, el sindicat adverteix que, sense una solució urgent, resultarà impossible iniciar amb normalitat el pròxim curs en cicles clau com Emergències i Protecció Civil o Coordinació d’Emergències.

La formació no perilla “en cap cas”

La Conselleria d’Educació, en declaracions a elDiario.es, assegura que “en cap cas està en perill” aquesta Formació Professional. Així, expliquen que, d’acord amb el nou marc laboral, els contractes del professorat expert tenen caràcter indefinit, de manera que treballen per a la Conselleria d’Educació a temps parcial dotze mesos a l’any i perceben una remuneració també durant els mesos no lectius. Es tracta d’un tipus de contracte que, fins al curs 2023-2024, tenia caràcter administratiu i una durada que es limitava a “l’imprescindible” per a cobrir el període lectiu. En el curs 2024-2025, aquests llocs es van transformar en contractes laborals temporals a temps parcial mentre es resolia el procediment selectiu convocat per la Direcció General de Personal Docent.

El passat curs, relaten des del departament de Campanar, una vegada resolt el procediment selectiu i adjudicats els llocs, els contractes es van convertir en indefinits a temps parcial, de manera que “s’ha produït una millora objectiva de les condicions laborals del professorat expert: per una banda, els nous contractes ofereixen plenes garanties als treballadors; per l’altra, les retribucions d’aquest professorat s’han incrementat considerablement”.

No obstant això, prossegueixen, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les administracions públiques, estableix en l’article 3.1 que aquest segon lloc o activitat en el sector públic “només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb durada determinada, en les condicions establertes per la legislació laboral”. Per tant, indiquen, hi ha un subgrup de professorat expert que, per la seua condició de personal funcionari en una altra administració, “no compleix les condicions que exigeix la llei d’incompatibilitats”.

“No hi ha en aquest assumpte cap laberint burocràtic, sinó una llei bàsica d’obligat compliment”, sentencien des del departament. Així mateix, sostenen que el paper de la Direcció General de Personal Docent “es limita a assenyalar aquest fet al primer contractant del professor expert perquè, a la vista de totes les circumstàncies, decidisca si és procedent concedir o denegar la compatibilitat”. “Des de la Direcció General de Personal Docent es mesurarà l’impacte de l’aplicació de la llei i es faran tantes contractacions noves com siguen necessàries”, conclouen.

UGT Serveis Públics del País Valencià ha alertado sobre el riesgo de que la Comunitat Valenciana se quede sin Formación Profesional pública en la especialidad de emergencias y seguridad. El sindicato atribuye esta amenaza a un problema jurídico a raíz de la interpretación de la Ley de Incompatibilidades por parte de la Dirección General de Personal Docente. Esta situación, aseguran, genera inseguridad jurídica en el profesorado experto del sector público y bloquea la incorporación de profesionales en activo, como el personal de bomberos.

El conflicto se origina en la aplicación de la nueva normativa de la Formación Profesional, la cual transformó los contratos del personal docente experto de duración determinada en indefinidos con el objetivo de dotar de estabilidad al sistema. Sin embargo, la Dirección General de Personal Docente sostiene que este cambio contractual impide cumplir el requisito de temporalidad que exige la legislación sobre incompatibilidades. Como resultado, el departamento emite informes desfavorables que, aunque carecen de carácter vinculante, “condicionan de forma decisiva las resoluciones de los organismos de origen”.

Procedimiento bloqueado por informes no vinculantes

La competencia para conceder o denegar la compatibilidad corresponde a las empresas o entidades públicas donde estos profesionales prestan sus servicios principales, tales como los consorcios de bomberos o la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE). No obstante, las administraciones de origen deniegan los permisos tras la recepción de los dictámenes negativos de la Conselleria de Educación.

A esta traba se suma la exigencia de la administración educativa, que solicita al profesorado la presentación de la resolución favorable en plazos breves bajo amenaza de cese. Tal y como reseña UGT, esta dinámica ha llevado a diversos profesionales a renunciar a la docencia o a reducir su dedicación en los institutos de educación secundaria. De no corregirse el criterio, la oferta formativa “quedará sin personal con experiencia real en un sector de alta sensibilidad social”.

Quejas ante el Defensor del Pueblo

UGT defiende que el interés general debe primar sobre una ley de incompatibilidades aprobada hace cuatro décadas. Esta postura coincide con la de los servicios técnicos de la administración, como la secretaría del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que mantiene que los criterios de Educación no deben prevalecer cuando existe un interés público acreditado. Ante la falta de avances, la problemática se ha trasladado mediante quejas formales al Defensor del Pueblo.

Pese a que la Dirección General de Personal Docente ha planteado alternativas provisionales, las denegaciones de compatibilidad “persisten”. Por este motivo, el sindicato advierte de que, sin una solución urgente, resultará imposible iniciar con normalidad el próximo curso en ciclos clave como Emergencias y Protección Civil o Coordinación de Emergencias.

La formación no peligra “en ningún caso”

La Conselleria de Educación, en declaraciones a elDiario.es, asegura que “en ningún caso está en peligro” esta Formación Profesional. Así, explican que, de acuerdo con el nuevo marco laboral, los contratos del profesorado experto tienen carácter indeterminado, de modo que trabajan para la Conselleria de Educación a tiempo parcial doce meses al año y perciben remuneración también durante los meses no lectivos. Se trata de un tipo de contrato que, hasta el curso 2023-2024, tenía carácter administrativo y una duración que se limitaba a “la imprescindible” para cubrir el periodo lectivo. En el curso 2024-2025, estos puestos se transformaron en contratos laborales temporales a tiempo parcial mientras se resolvía el procedimiento selectivo convocado por la Dirección General de Personal Docente.

El pasado curso, relatan desde el departamento de Campanar, una vez resuelto el procedimiento selectivo y adjudicados los puestos, los contratos se convirtieron en indefinidos a tiempo parcial, de forma que “se ha producido una mejora objetiva de las condiciones laborales del profesorado experto: por un lado, los nuevos contratos ofrecen plenas garantías a los trabajadores; por otro, las retribuciones de este profesorado se han incrementado considerablemente”.

No obstante, prosiguen, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 3.1 que ese segundo puesto o actividad en el sector público “sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral”. Por tanto, indican, existe un subgrupo de profesorado experto que, por su condición de personal funcionario en otra administración, “no cumple las condiciones que exige la ley de incompatibilidades”.

“No hay en este asunto ningún laberinto burocrático, sino una ley básica de obligado cumplimiento”, sentencian desde el departamento. Asimismo, sostienen que el papel de la Dirección General de Personal Docente “se limita a señalar este hecho al primer contratante del profesor experto para que, a la vista de todas las circunstancias, decida si procede conceder o denegar la compatibilidad”. “Desde la Dirección General de Personal Docente se va a medir el impacto de la aplicación de la ley y se harán tantas contrataciones nuevas como sean necesarias”, concluyen.

La Escuela Superior de Formación Audiovisual, Animación 3D y Nuevas Tecnologías (CEV) va a realizar su tercer ERE en cuatro años, despidiendo a todos sus trabajadores, 48 entre equipo docente y no docente, dejando el futuro del centro en el aire. Los afectados dan por hecho que el objetivo es el “cierre definitivo” de la sede de la institución ubicada en Madrid –la de Barcelona seguirá abierta–, dejando a empleados y alumnos “con el culo al aire”. “Fue poner las notas y recibir un mail diciéndonos adiós”, comparte con elDiario.es una de las profesoras afectadas, que prefiere mantener su anonimato.

CEV es un centro de educación privado que abrió sus puertas en 1975, y que abarca ciclos de Grado Medio y Superior en áreas creativas y tecnológicas. En sus más de cincuenta años de experiencia, ha formado a más de 25.000 profesionales.

Los siete empleados consultados por este periódico coinciden en que el CEV, que cuenta con una trayectoria de más de cincuenta años, sufrió un gran cambio, a peor, desde que en 2019 fue adquirido por el grupo francés –controlado por el fondo de inversión chino Cathay Capital– AD Education. Una red de más de 37 escuelas presente en diez países de Europa, especializada en diseño, videojuegos, comunicación, sonido, el sector audiovisual y la música. Una de ellas es la Escuela Superior de Imagen, Sonido y Tecnología CES, localizada igualmente en Madrid, e históricamente principal competidora de CEV confirman a elDiario.es

Desde su adquisición, además de un cambio en la directiva, la escuela ha sufrido tres eres. El primero de ellos en 2022, el segundo en 2025 y ahora va a producirse el tercero. Los trabajadores están todavía en periodo de negociación con la empresa, teniendo como principal objetivo que no se produzca su clausura, pero reconocen a este medio que no son nada optimistas: “Estamos seguros de que va a haber un cierre”.

Fuentes cercanas a la dirección del CEV confirman a elDiario.es la existencia de este ERE, aunque avanzan que la “posibilidad de cierre” depende de la negociación en curso: “Definitivo no es”. Achacan la “necesidad” de haberlo presentado a los trabajadores a “la bajada de las matrículas en los últimos dos, tres ejercicios”.

Para la plantilla, y así lo afirman en un comunicado al que ha tenido acceso este medio, la gestión de AD Education forma parte de “una lógica empresarial que prioriza la rentabilidad por encima de la calidad educativa y que aspira a concentrar la oferta formativa y eliminar la competencia”. En su texto señalan igualmente como “imprescindible” la intervención de la Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid: “No puede permanecer ajena al cierre de un centro de referencia y a las consecuencias que este provoca en cientos de estudiantes y trabajadores”.

También afirman que no les ha “sorprendido” lo sucedido. Desde la entrada de AD Education, aseguran que estaban “muy descontentos” con la “dejadez”, entre otros aspectos, en la labor de marketing para reclutar a nuevos alumnos. O en la adquisición y actualización del material técnico necesario, que “se ha ido quedando obsoleto porque no se invertía lo suficiente”. “Consideramos que no se han hecho los esfuerzos necesarios o no han estado bien dirigidos”, critican ante este periódico.

Informe del ERE una semana después del 'Open Day'

La actividad de los perfiles oficiales del CEV en redes sociales desconciertan, ya que la última publicación en X (antes Twitter) es de mayo de 2025. Sin embargo, en Instagram la percepción de que la actividad del centro seguirá con total normalidad.

Su último post hasta la fecha es de hace apenas tres semanas, con un resumen en vídeo de lo que dio de sí la jornada de puertas abiertas, su 'Open Day', celebrado el pasado 12 de junio, y en el que participaron varios profesores. Una iniciativa que contrasta con el mensaje que recibieron una semana después (19 de junio) los alumnos que ya estaban matriculados para el próximo curso (en el caso de los que estuvieran a mitad de su formación en los diferentes grados medios y superiores que ofrecían) o que tenían pendiente la recogida de sus títulos. Los trabajadores también fueron informados sobra su despido colectivo el 19 de junio, por mail.

Una de las estudiantes afectadas, que prefiere no revelar su identidad, explica a elDiario.es que “a algunos compañeros les llegó un correo a su dirección personal, no la proporcionada por la escuela, informando de que se iba a hacer un despido colectivo”. Al ocurrir días después del día de puertas abiertas, “a todo el mundo le pilló desprevenido”, comenta sobre cómo lo vivieron los estudiantes. En gran parte porque no se les ha dado “ningún tipo de alternativa”: “Ha sido caótico, podrían haber reservado plazas en otras escuelas. Hay quienes han conseguido entrar en algún otro sitio, pero la realidad es que nos han dejado con el culo aire”.

En su caso, tuvo “suerte” porque todavía no había pagado la matrícula de segundo de la titulación que estaba cursando, y no ha tenido que gestionar la devolución del dinero. “Estábamos descontentos por algunas cosas, desastres con algunas gestiones. Teníamos quejas pero ni de lejos podíamos pensar que esto iba a pasar”, lamenta. Otro compañero que quiere preservar su anonimato sí que había concluido su grado cuando se le informó del despido colectivo. A él solo le faltaba recoger su título.

Al preguntar a la escuela en un correo electrónico que ha podido consultar elDiario.es, desde el CEV le indicaron que para recogerlo “lamentablemente” no tendría que ponerse en contacto con ellos, ya que “la escuela no continuará el próximo año”. “La documentación la remitirán a algún centro público y probablemente os avisarán desde la Conserjería de Educación”, añadía el mensaje.

“Ver el fin duele”

Los profesores expresan frustración y pena por lo sucedido. “Lo que está pasando es triste porque estamos hablando de una escuela que cumplía cincuenta años, es de las más veteranas y ha formado a una cantidad de profesionales del audiovisual impresionante. Ver el fin duele”, comenta uno de ellos. “He perdido la ilusión de pertenecer a una empresa que no aprecia a sus trabajadores”, reconoce, al igual que una de las cosas que más le han “preocupado” es qué va a ocurrir con sus alumnos.

Una de sus compañeras coincide en que “todo es muy desalentador” porque están “luchando porque siga la escuela”, pero a su vez, “¿con qué alumnos? Si es que ya está todo el pescado vendido”. Tampoco es fácil la situación para ellos, ya que deben de enfrentarse al mercado laboral para suplir lo que ganaban en el CEV. “Yo por suerte tengo otro trabajo, que no me va a sacar de pobre, pero me ayudará un poco”, indica uno de ellos sobre un contexto que no es igual para todos los afectados. Por el momento queda esperar a que concluya el periodo de negociaciones para saber cuáles serán las condiciones finales del ERE y a que desde el CEV den una respuesta clara sobre qué va a pasar con el futuro de la escuela.

Que un paciente reciba su tratamiento es el resultado de un trabajo en el que intervienen un buen número de profesionales en los que muchas veces no reparamos. Están encabezados por médicos y enfermeros, que son la cara visible del sistema sanitario. Sin embargo, hablar de la labor asistencial es hablar de equipos mucho más amplios, multidisciplinares y especializados. Desde técnicos en cuidados auxiliares de enfermería hasta los de imagen, audiología, laboratorio, radioterapia…

Todos ellos son cruciales en las labores de prevención, diagnóstico y recuperación de los pacientes. Por eso, no es de extrañar que en España, donde la población está envejeciendo, aumenta la cronicidad de ciertas enfermedades y se trabaja cada vez más en prevención, sea necesario reforzar la Atención Primaria, hospitalaria y sociosanitaria. De ahí que el sector sanitario registre en los últimos años una alta empleabilidad.

Así lo refleja el informe Tendencias del Mercado de Trabajo en España 2026 elaborado por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) que, además, confirma que esta tendencia se mantendrá a futuro, entre otras cosas, porque también será necesaria la reposición de personal ante el relevo generacional que está viviendo el sector.

Perfiles técnicos, con vocación de servicio y trabajo en equipo

¿Hay una alta empleabilidad en el sector sanitario? Sí, pero de perfiles concretos. Se busca personal técnico cualificado en cuidados y atención al paciente, laboratorio, diagnóstico, audiología e imagen médica. También profesionales que den apoyo en consulta, clínicas y centros sociosanitarios. Cada uno con su especialización, pero todos con algo en común: la vocación de servicio, la responsabilidad y las ganas de trabajar en equipo.

No en vano, de su labor dependerá la calidad de la atención que reciba cada paciente. De esto, saben bastante en metrodora FP, red de centros especializados en Formación Profesional sanitaria oficial. Conocen la labor asistencial en profundidad y así, y con mucha práctica, se la enseñan a los alumnos que cada año pasan por sus aulas. Lo hacen para aprender en alguna de sus titulaciones (Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Audiología Protésica, Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), Dietética, Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Laboratorio Clínico y Biomédico, Prótesis Dentales y Radioterapia y Dosimetría) en Madrid, Valladolid, Santander y Logroño. Porque sí, al sector sanitario también se accede a través de la Formación Profesional, que permite trabajar y seguir estudiando.

A una FP de trabajar en el sector sanitario

Para trabajar en el sector sanitario no es necesario matricularse en la universidad. ¿Es una de las vías? Por supuesto, pero no la única. De hecho, los ciclos de Formación Profesional han ido ganando terreno en los últimos años.

A cuestiones como su modernización, el carácter práctico de sus enseñanzas y que están conectadas con el mercado laboral se unen los datos del Ministerio de Educación Formación Profesional y Deportes. Estos apuntan a que el 50% de los titulados en FP Superior está trabajando al primer año y que, a los tres años, la afiliación a la Seguridad Social supera el 60%. La inmediatez en ese acceso al mercado laboral es otro de sus puntos a favor.

Desde el SEPE señalan que muchos titulados en FP Sanitaria acceden a su primer empleo a través de las prácticas formativas. Es decir, que pasan del aula a estar en un entorno real de trabajo, con pacientes, protocolos sanitarios y de seguridad y equipos multidisciplinares.

¿Cómo se les prepara para ello? En metrodora FP, por ejemplo, cuentan con el Método Experience. “Acerca a nuestros alumnos la realidad del hospital, del servicio, del laboratorio al día a día en el aula”, explica Rubén Rodríguez, coordinador académico y profesor de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Lo consiguen simulando en las aulas entornos sanitarios reales donde se prioriza la formación práctica y el desarrollo de las habilidades técnicas y profesionales que, después, podrán aplicar a su puesto de trabajo. Les enseñan los procedimientos y las competencias que se esperan de ellos, pero van más allá. “Damos mucha importancia al aspecto humano relacionado con la atención al paciente: un toque de calidad, humanidad y cercanía que los profesionales siempre tenemos que tener con nuestros pacientes”, profundiza el profesor.

Si Rubén conoce la realidad del trato con el paciente es porque, como el resto de docentes de metrodora FP, es un profesional en activo. Un claustro así permite que los alumnos conozcan el sector sanitario desde dentro, sepan cómo es su día a día y conecten con situaciones reales. “El contacto con la realidad del sector nos permite detectar las necesidades del entorno sanitario y preparar al alumnado en línea con lo que se necesita en cada momento”, resume.

Además, de cara a las primeras prácticas en centros sanitarios reales, desde metrodora FP mantienen el acompañamiento y la orientación al estudiante en todo momento, de manera que la transición entre el aula y el mundo laboral resulta mucho más fluida. Quizá por todo lo anterior pueden lucir el sello Madrid Excelente, de la CAM, que solo tienen cuatro centros en Madrid (dos de ellos son de metrodora FP).

Además, pensando en el desarrollo de sus alumnos a medio y largo plazo, fomentan que los estudiantes de un determinado ciclo resuelvan casos de manera coordinada con alumnos de otros ciclos sanitarios. “Es necesario que tengan contacto con otros ciclos, que conozcan lo que se hace en cada uno y que sean capaces de ver más allá de su profesión”, asegura Rubén. Y también preparan a aquellos alumnos que desean continuar sus estudios sanitarios, cosa que pueden hacer a través del ecosistema de centros de formación de grado, posgrado y formación continua de metrodora. Porque, como decíamos al principio, esto va de un trabajo en equipo, en un entorno multidisciplinar en constante desarrollo y que tiene al paciente en el centro.

Dijous passat es va inaugurar el Blasco Battery Lab, el nou laboratori de fabricació de bateries del CIPFP (Centre Integrat Públic de Formació Professional) Vicente Blasco Ibáñez. Aquest nou espai pretén adaptar la Formació Professional a les necessitats dels sectors industrials estratègics i contribuir al lideratge de la Comunitat Valenciana en la nova indústria de les bateries, en la qual destaca PowerCo com a principal productor de bateries LFP per a vehicles elèctrics gràcies a la gigafactoria que la filial de Volkswagen està construint a Sagunt.

El CIPFP Vicente Blasco Ibáñez impartirà, a partir del curs 2026-2027, una adaptació del cicle de grau superior de Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat que incorpora continguts específics relacionats amb la fabricació de bateries de liti. Tal com destaquen des de la Conselleria d'Educació, la flexibilització curricular “manté íntegrament els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació establits en la normativa estatal, al mateix temps que garanteix la validesa oficial del títol i adapta l'ensenyament a les necessitats d'un sector industrial en plena expansió”.

El nou itinerari permetrà a l'alumnat adquirir competències especialitzades en caracterització fisicoquímica i electroquímica de materials, validació de resultats, control de qualitat i fabricació de cel·les. També incorporarà l'aprenentatge d'estàndards internacionals de qualitat, protocols de bones pràctiques de laboratori i competències relacionades amb la sostenibilitat, la digitalització industrial i la millora contínua, en línia amb les demandes de la indústria.

Formació adaptada al nou teixit industrial

L'adaptació del currículum és fruit del treball conjunt de la Direcció General de Formació Professional, el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez, PowerCo, l'Institut Tecnològic de l'Energia (ITE), Quimacova i altres agents de l'ecosistema industrial. A més, el professorat del centre ha rebut formació específica en fabricació de bateries per a incorporar aquests coneixements a l'ensenyament del cicle.

Aquesta iniciativa constitueix el primer pas del futur Battery Campus de Sagunt, previst per a 2027, que integrarà Formació Professional Dual, laboratoris avançats i infraestructures tecnològiques per a reforçar la connexió entre la formació i l'activitat industrial.

En aquesta mateixa línia, la Direcció General de Formació Professional treballa en l'adaptació curricular dels cicles superiors de Mecatrònica i d'Automatització i Robòtica per a estendre aquesta especialització a altres perfils professionals vinculats a la indústria de les bateries. Amb això, la Generalitat continua adequant l'oferta de Formació Professional a les necessitats del nou teixit industrial i a la demanda de professionals qualificats.

“Inversió de futur” per a alumnat, empreses i el territori

Durant la inauguració, el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, va destacar la Formació Professional com una eina estratègica “per a dotar la Comunitat Valenciana del talent tècnic, la innovació i la capacitat d'anticipació que requereix la indústria del futur” i va afirmar que aquest laboratori representa “una inversió de futur per a l'alumnat, les empreses, el territori i la mateixa Formació Professional pública”.

En aquest sentit, va subratllar que la implantació de nous projectes industrials exigeix una resposta formativa adaptada a les necessitats reals de les empreses i va destacar la col·laboració entre la Generalitat, els centres educatius, el teixit empresarial, les universitats i els instituts tecnològics per a desenvolupar una oferta de Formació Professional connectada amb el nou model productiu valencià.

McEvoy va recalcar la labor exercida pel professorat de la família professional de Química: “La innovació educativa no se sosté només amb equipaments o amb normes; se sosté amb professionals que estudien, es formen, comparteixen coneixement i accepten el repte d'ensenyar continguts nous en contextos nous”, un esforç docent que és “un dels principals valors que hui hem de reconéixer”.

Aquest projecte demostra “el potencial de transformació de la nova Formació Professional”, en partir d'un títol oficial consolidat per a orientar-lo cap a un àmbit estratègic sense renunciar al rigor acadèmic. “No rebaixa la formació, la fa més pertinent; no substitueix el títol, el connecta amb el territori i amb les competències que demanda el sector”, va concloure el secretari autonòmic.

El pasado jueves se inauguró el Blasco Battery Lab, el nuevo laboratorio de fabricación de baterías del CIPFP (Centro Integrado Público de Formación Profesional) Vicente Blasco Ibáñez. Este nuevo espacio pretende adaptar la Formación Profesional a las necesidades de los sectores industriales estratégicos y contribuir al liderazgo de la Comunitat Valenciana en la nueva industria de las baterías, en la que destaca PowerCo como principal productor de baterías LFP para vehículos eléctricos gracias a la gigafactoría que la filial de Volkswagen está construyendo en Sagunto.

El CIPFP Vicente Blasco Ibáñez impartirá, a partir del curso 2026-2027, una adaptación del ciclo de Grado Superior de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad que incorpora contenidos específicos relacionados con la fabricación de baterías de litio. Tal y como destacan desde la Conselleria de Educación, la flexibilización curricular “mantiene íntegramente los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos en la normativa estatal, al tiempo que garantiza la validez oficial del título y adapta la enseñanza a las necesidades de un sector industrial en plena expansión”.

El nuevo itinerario permitirá al alumnado adquirir competencias especializadas en caracterización fisicoquímica y electroquímica de materiales, validación de resultados, control de calidad y fabricación de celdas. También incorporará el aprendizaje de estándares internacionales de calidad, protocolos de buenas prácticas de laboratorio y competencias relacionadas con la sostenibilidad, la digitalización industrial y la mejora continua, en línea con las demandas de la industria.

Formación adaptada al nuevo tejido industrial

La adaptación del currículo es fruto del trabajo conjunto de la Dirección General de Formación Profesional, el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez, PowerCo, el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), Quimacova y otros agentes del ecosistema industrial. Además, el profesorado del centro ha recibido formación específica en fabricación de baterías para incorporar estos conocimientos a la enseñanza del ciclo.

Esta iniciativa constituye el primer paso del futuro Battery Campus de Sagunto, previsto para 2027, que integrará Formación Profesional Dual, laboratorios avanzados e infraestructuras tecnológicas para reforzar la conexión entre la formación y la actividad industrial.

En esta misma línea, la Dirección General de Formación Profesional trabaja en la adaptación curricular de los ciclos superiores de Mecatrónica y de Automatización y Robótica para extender esta especialización a otros perfiles profesionales vinculados a la industria de las baterías. Con ello, la Generalitat continúa adecuando la oferta de Formación Profesional a las necesidades del nuevo tejido industrial y a la demanda de profesionales cualificados.

“Inversión de futuro” para alumnos, empresas y el territorio

Durante la inauguración, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, destacó la Formación Profesional como una herramienta estratégica “para dotar a la Comunitat Valenciana del talento técnico, la innovación y la capacidad de anticipación que requiere la industria del futuro” y afirmó que este laboratorio representa “una inversión de futuro para el alumnado, las empresas, el territorio y la propia Formación Profesional pública”.

En este sentido, subrayó que la implantación de nuevos proyectos industriales exige una respuesta formativa adaptada a las necesidades reales de las empresas y destacó la colaboración entre la Generalitat, los centros educativos, el tejido empresarial, las universidades y los institutos tecnológicos para desarrollar una oferta de Formación Profesional conectada con el nuevo modelo productivo valenciano.

McEvoy recalcó la labor desempeñada por el profesorado de la familia profesional de Química: “La innovación educativa no se sostiene solo con equipamientos o con normas; se sostiene con profesionales que estudian, se forman, comparten conocimiento y aceptan el reto de enseñar contenidos nuevos en contextos nuevos”, un esfuerzo docente que es “uno de los principales valores que hoy debemos reconocer”.

Este proyecto demuestra “el potencial de transformación de la nueva Formación Profesional”, al partir de un título oficial consolidado para orientarlo hacia un ámbito estratégico sin renunciar al rigor académico. “No rebaja la formación, la hace más pertinente; no sustituye el título, lo conecta con el territorio y con las competencias que demanda el sector”, concluyó el secretario autonómico.