Edurne -nombre ficticio para preservar su intimidad- entró a vivir de alquiler en la vivienda en la que actualmente reside en Olite en el año 2019. Lo hizo con un contrato que en 2024 fue reemplazado por uno nuevo y que tiene vigencia hasta el año 2029. A pesar de que, como ha podido comprobar este periódico, está al corriente de pago en las mensualidades, en el mes de julio recibió un burofax de su casero en el que le anunciaba que no le renovaba el contrato -que no finaliza hasta 2029-, y que debía abandonar el inmueble en el mes de diciembre de este año.

Pero el propietario de la vivienda fue más allá, contrató los servicios de una empresa especializada en desalojos llamada OkupAcción, de la que varios de sus integrantes, incluido el gerente, han estado “acosando” y “amedrentando” a esta inquilina desde entonces, según ha denunciado a este periódico en conversación telefónica. La última, este mismo martes, que motivó una movilización social en el municipio navarro.

Los enfrentamientos con su casero comenzaron hace años, según cuenta Edurne, por “cláusulas abusivas” que él incluyó en el contrato, como una que obliga a la inquilina a pagar el IBI del inmueble. También por un problema con la caldera a los pocos días de entrar a vivir en el piso que el propietario se negó a reparar, al igual que otros electrodomésticos en estos años.

Pero los episodios de “acoso” no comenzaron el 25 de agosto de este año. Ese día, se encontraba en su casa y empezó a escuchar unos “golpes fuertes” en la puerta, que persistieron durante varias horas. “Se identificaron como policía y dijeron que tenían una orden”, añade. Pero no era así, eran miembros de esta empresa de desalojos que en su página web ofrece servicios de “mediación con inquilinos” o con “okupas” y que se creó en 1999, según explican, “de las inquietudes de tres profesionales de la seguridad privada”.

Según añade la inquilina, el gerente de la empresa le pidió que firmase un documento por el cual ella se comprometía a abandonar la vivienda. “Quería hacerme creer que me podía echar de mi casa cuando tengo un contrato en vigor”, apostilla. Además, añade, el gerente de la empresa de desocupación le confesó que llevaba “un mes y medio” vigilando sus “movimientos” para “intimidarla”. A ello, denuncia Edurne, le ha seguido una campaña de “acoso” en redes sociales a ella y a varios familiares.

Edurne cuenta que estos episodios le han derivado en problemas de salud, como estrés y ansiedad. Hasta el punto de que ha llegado a bloquear a su casero en WhatsApp porque ya no soportaba “más presiones” por escrito. Con todo ha seguido pagando el alquiler.

Este periódico se ha puesto en contacto con el gerente de la empresa OkupAcción, que fue en las listas de Vox en una localidad aragonesa en las elecciones municipales de 2023. Niega los episodios de amenazas, pero reconoce que ha ido a la vivienda a “hablar” con la inquilina y “no a decirle que se vaya de la vivienda”. Asegura que el propietario del inmueble contrató sus servicios porque la inquilina debe “ocho meses de alquiler” y porque su padre, “un señor de 85 años” necesita la vivienda. “No es el caso de Maricarmen, es una chica que ha dejado de pagar”, afirma. Este periódico ha podido comprobar que Edurne está al corriente de pago.

Además, el servicio de asesoramiento que tiene el Gobierno de Navarra para mediar en conflictos de este tipo da la razón a la inquilina y apunta que el burofax que el propietario le envió informándole de que no le renovaba el contrato “carece de validez” ya que el arrendador “no tiene la facultad de comunicar la finalización del arrendamiento antes del 31 de diciembre de 2029”.

En el mismo documento, al que ha tenido acceso este periódico, este servicio del Gobierno navarro considera que los hechos relatados por Edurne pueden ser constitutivos de un delito de acoso inmobiliario y le recomienda denunciar a la empresa de desocupación ante la Policía Foral, también por coacciones o acoso. La inquilina ya ha dado traslado de los hechos a su abogado y estudia interponer una denuncia.

La empresa OkupAcción y su gerente han sido llevados a juicio en Zaragoza por un matrimonio con hijos pequeños que les han denunciado por amenazas y lesiones presuntamente sufridos en un episodio muy similar al que relata Edurne en Olite.

El desahucio de Daniel, físico e investigador de la Universitat de València, previsto para la mañana de este miércoles, ha quedado suspendido durante un plazo de diez días. La paralización del lanzamiento responde a la movilización ciudadana convocada a primera hora por el Sindicat d'Habitatge de València ante las puertas del inmueble. Un nutrido grupo de personas se ha concentrado para impedir la ejecución de la orden judicial y exigir la continuidad del científico en la vivienda donde reside en régimen de alquiler desde el año 2009.

El afectado ha valorado la tregua judicial como una muestra clara de la efectividad de la movilización popular. “Si hoy no viene gente aquí, me echan. Estoy eternamente agradecido a todas estas personas y creo que ese es el camino para que cambien las cosas en este país”, ha manifestado Daniel a los medios de comunicación tras conocer el aplazamiento. Aunque el investigador confiesa sentirse sobrepasado por la exposición pública, celebra el margen concedido para estudiar nuevas acciones legales junto a su defensa. “Estos diez días son un rayo de esperanza porque suponen algo más de tiempo”, ha reiterado.

El caso de este investigador cuenta con el aval de dos sentencias previas que respaldan la vigencia de su contrato de alquiler y su derecho a la adquisición de la finca. Sin embargo, la demanda interpuesta por el fondo de inversión Coral Homes S.L. y la actual propietaria del edificio derivó en una resolución judicial de expulsión acompañada de una reclamación económica cercana a los 36.000 euros. Desde la organización sindical sostienen que el aplazamiento se ha obtenido gracias a la resistencia vecinal, si bien denuncian que las decisiones de los tribunales priman de forma sistemática el beneficio del sector inmobiliario.

La concentración ante el edificio ha contado con la presencia de directores e investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro donde Daniel desarrolla su actividad profesional dentro del ámbito de la tecnología para satélites. Sus superiores han recordado su brillante expediente académico, galardonado en su día con el Premio Extraordinario de Doctorado. “Hizo una tesis extraordinaria y muy brillante. Fue premio extraordinario de doctorado y luego siguió trabajando en el grupo. Y a día de hoy nos vemos así”, ha lamento uno de los coordinadores del equipo.

Los compañeros de trabajo de Daniel han aprovechado la jornada para encuadrar este lanzamiento dentro de la problemática general del acceso a la vivienda que afecta a amplios sectores de la población. “Todos sabemos que todo el mundo que viva en alquiler está expuesto a situaciones como esta. Él empezó alquilando con un contrato en el que ponía que tenía derecho a compra y por el camino parece ser que en algún proceso ese derecho se ha perdido”, ha observado otro de los científicos presentes.

Tanto el afectado como el Sindicat d'Habitatge apurarán los diez días otorgados por el juzgado para agotar todas las alternativas procesales y tratar de revocar la expulsión definitiva. El portavoz del colectivo, Esteban Arellano, ha avanzado que la militancia volverá a movilizarse en el momento en que venza el nuevo plazo fijado por el tribunal. Los manifestantes han cerrado la protesta con consignas en defensa del derecho a la vivienda y en contra de los procesos de especulación inmobiliaria en la ciudad.

El barrio de Herrera de Donostia ha vuelto a encontrarse con presencia policial desde primera hora de la mañana de este jueves para realizar un desalojo, el cuarto este año. De nuevo, la calle Jolastokieta ha sido escenario del operativo. La red ciudadana Harrera Sarea, que ha convocado una concentración de protesta frente al pabellón, ha explicado que esta vez el desalojo ha afectado a aproximadamente 30 personas, que fueron avisadas la noche anterior.

Una portavoz de Harrera Sarea, Brenda Fernández, ha declarado a los medios que el aviso se realizó mediante una nota que recibieron durante la noche. Según ha señalado, las personas no tuvieron siquiera 24 horas para poder salir del espacio por sus propios medios. A pesar de ello, uno de los afectados ha explicado que recogieron sus pertenencias más importantes y abandonaron el pabellón antes de la llegada de la Ertzaintza.

Fernández ha comentado que al menos 15 de las personas desalojadas permanecían todavía dentro del edificio por la mañana, aunque abandonaron el espacio antes de que llegaran los agentes. Finalmente, el procedimiento ha durado alrededor de media hora, incluyendo el sellado de la puerta, ya que el pabellón se encontraba vacío. Durante todo el operativo no se produjeron disturbios.

Una hora antes de la hora prevista para el desalojo, a las 8:30 horas, el colectivo ciudadano ha convocado una concentración pacífica para denunciar la actuación. Una treintena de personas se encontraba en la zona, donde corearon “no al desalojo” y “vergüenza me daría ser policía”.

Una de las manifestantes se ha dirigido a dos ertzainas antidisturbios y les ha preguntado si “están orgullosos de su trabajo” y qué cuentan sobre su jornada al llegar a casa. Otro de los presentes les ha acusado de sentir vergüenza por su labor debido a que tenían la cara tapada.

Independientemente de la pena o no de los ertzainas, ahora unas 30 personas se encuentran sin un espacio donde descansar por las noches. El afectado que ha hablado con los medios ha mostrado su preocupación, sobre todo, porque se acerca un periodo de temperaturas más bajas y necesitan un refugio. Junto a otros afectados, ha explicado que todos trabajan —la mayoría en Glovo— y que no son malos, que solamente quieren “tener un mejor futuro”.

El afectado también ha mostrado su preocupación por no saber a dónde ir. Aunque el Ayuntamiento ha puesto a disposición el albergue La Sirena para convertirlo en un centro de acogida social, la portavoz de Harrera Sarea ha asegurado que el recurso no da abasto: “La realidad es que no hay a dónde ir”, ha declarado.

La plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa ha denunciado que el fondo de inversión Azora mantiene al menos 20 viviendas vacías en la calle Salud de Donostia, con las puertas precintadas por la empresa STM Seguridad. Ante esta denuncia, el alcalde del PNV, Jon Insausti, ha asegurado que la colaboración del Ayuntamiento con la plataforma de inquilinos es “intensa” y “estrecha”. El regidor ha asegurado que “Azora, futuro y Donostia no encajan en la misma frase”.

El conflicto se remonta a enero de 2020, cuando Azora compró 320 viviendas en Donostia a Inmobiliaria Vascongada. Desde entonces, según denuncia Stop Desahucios, el fondo está enviando burofaxes con acuse de recibo a los inquilinos para comunicarles la finalización de contratos firmados hace más de siete años con la anterior propiedad y señalar la fecha prevista para el desalojo. La plataforma sostiene que el objetivo de Azora es vaciar las viviendas para destinarlas a alquileres temporales. Esta modalidad, según Stop Desahucios, no está sujeta a los límites de precios establecidos por la Ley de Vivienda para las zonas tensionadas, como es Donostia.

La situación afecta a inquilinos como Dulce y su hijo menor, residentes en el número 14. A ambos se les fijó el desalojo para el 1 de mayo de 2026, pese a que pagan una renta mensual de 800 euros, además de los gastos de IBI, comunidad y basuras. Dulce se ha acogido a la prórroga de tres años prevista por la legislación vigente. Su caso forma parte de las más de 50 tramitaciones que gestiona actualmente Stop Desahucios. Ante situaciones como esta, Stop Desahucios y el Sindicato de Vivienda Saretxe han advertido de que tratarán de frenar cualquier intento de desalojo de inquilinos vulnerables o con enfermedades graves.

Por su parte, el alcalde Insausti ha rechazado las prácticas de propietarios como el fondo Azora. “No actúan precisamente para buscar ciudades para vivir, actúan precisamente para buscar ciudades para especular”, ha afirmado el primer edil, rechazando cualquier idea de que esto suceda en Donostia. También ha señalado que, según los indicadores de consumo de agua, en Donostia hay entre 2.000 y 2.200 viviendas vacías. El alcalde ha defendido la necesidad de que el Ayuntamiento actúe con firmeza y consiga poner en uso este parque de viviendas deshabitadas.

Stop Desahucios lleva tiempo alertando sobre las actuaciones de Azora en Donostia. La plataforma denuncia el envío reiterado de comunicaciones de finalización de contrato a vecinos que, según asegura, están al corriente de sus pagos. El colectivo teme que, una vez decaído el escudo social a principios de este año, el fondo pueda iniciar procedimientos judiciales para desalojar a los inquilinos. Por ello, Stop Desahucios y otros colectivos ciudadanos han reafirmado su intención de movilizarse para evitar que las familias sean expulsadas de sus viviendas.

Como siguiente paso, la plataforma registrará una moción para el próximo pleno municipal. En ella pedirá que se aplique la ley vasca de Vivienda para expropiar las viviendas vacías de Azora en la calle Salud y en el resto del municipio. La iniciativa también reclamará que Kontsumobide y la oficina municipal de consumo, en colaboración con el área de Vivienda del Gobierno, revisen los precios anunciados por el fondo en los portales inmobiliarios. El objetivo es comprobar si cumplen los límites establecidos por la ley y, en caso contrario, aplicar las sanciones previstas en la reforma legislativa aprobada por el Parlamento en 2025.

Esta redacción ha intentado ponerse en contacto con los portavoces de Azora para recabar su versión sobre las denuncias de Stop Desahucios y las declaraciones del alcalde Insausti, mas no se ha obtenido respuesta después de varios intentos.

El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) ha autorizado el realojo de las 206 viviendas del Residencial San Francisco II, desalojadas preventivamente durante el episodio sísmico registrado en el Área Metropolitana de Granada. A partir de las cuatro de esta tarde regresarán a sus hogares, una vez han finalizado las obras provisionales de emergencia y se han realizado las correspondientes comprobaciones técnicas.

El realojo afecta a la totalidad del edificio San Francisco II, identificado durante la planificación de las actuaciones como zona verde por necesidades de obra provisional menos voluminosas. Los trabajos previstos en esta zona finalizaron el pasado viernes, 4 de septiembre y, durante el fin de semana, los técnicos han elaborado los informes correspondientes, que certifican la seguridad de la obra provisional de emergencia ejecutada.

La intervención ha consistido principalmente en la realización de apeos y apuntalamientos en los pilares cortos afectados mediante elementos provisionales destinados a reforzar su sujeción y estabilidad.

A la espera de San Francisco III

La autorización de realojo mantiene determinadas restricciones de seguridad. En concreto, no estará permitido el acceso a los garajes ni al hueco de la escalera que da acceso a los mismos. Estas zonas permanecerán restringidas hasta que se determine expresamente lo contrario, por lo que el Ayuntamiento ha solicitado a los residentes que respeten las indicaciones establecidas durante el regreso a sus viviendas.

Mientras San Francisco II inicia este lunes su proceso de vuelta a la normalidad, los trabajos continúan en el Residencial San Francisco III, dividido actualmente en dos ámbitos de intervención. Durante este pasado fin de semana han comenzado las obras provisionales de emergencia previstas para ambas zonas, que avanzan a buen ritmo. Actualmente participan en estos trabajos entre 25 y 30 operarios organizados en turnos de mañana, tarde y noche.

Como se ha procedido en San Francisco II, cualquier decisión posterior relativa al realojo de las viviendas de San Francisco III estará condicionada a la finalización de las actuaciones previstas y a las correspondientes comprobaciones y certificaciones técnicas de seguridad.

“Un paso fundamental”

El dispositivo desplegado durante la emergencia continúa activo, con participación de Guardia Civil, Policía Local de Las Gabias y Protección Civil, especialmente en las zonas que permanecen afectadas por el desalojo. Asimismo, el Ayuntamiento mantiene habilitado un canal directo de información con los vecinos para atender consultas. Por su parte, el CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Local de Las Gabias) continúa realizando el seguimiento y coordinación de las actuaciones mientras permanezcan viviendas desalojadas.

La alcaldesa de la localidad, Meri Sádaba, ha destacado que el realojo de San Francisco II supone “un paso fundamental” hacia la recuperación de la normalidad después de semanas muy difíciles para las familias afectadas: “Hoy 206 viviendas pueden iniciar ese regreso y nuestro trabajo continúa con la misma intensidad para conseguir que los vecinos de San Francisco III también puedan hacerlo lo antes posible”.

Sádaba ha concluido agradeciendo “la paciencia y la colaboración de las familias desalojadas, el enorme trabajo de los técnicos y operarios y la implicación de todos los cuerpos, servicios y administraciones que están colaborando desde el inicio de esta emergencia”.

A finales de abril de este año, la plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa dio a conocer la situación de Lorena, una madre con cinco niños a su cargo que iba a ser desahuciada el próximo 7 de septiembre de la vivienda en la que reside. Ahora, gracias al acuerdo alcanzado con Kutxabank, propietaria del inmueble, el banco ha solicitado este miércoles el aplazamiento del desalojo hasta el 30 de octubre, tras llegar a un acuerdo con la inquilina. Mientras transcurre ese tiempo, existe la posibilidad de que el banco y un familiar de Lorena cierre la compra de la vivienda.

Lorena vive en este inmueble desde 2018 y, según Stop Desahucios, los antiguos propietarios “le ocultaron que tenían instada por Kutxabank una demanda de desahucio por impago de la hipoteca”. Esta situación puso a Lorena y a su familia en una situación de vulnerabilidad que no pudo ser protegida tras la caída del escudo social que buscaba evitar los desahucios de personas vulnerables. El pasado 26 de febrero, el Congreso de los Diputados votó en contra de mantener la medida, instaurada durante la pandemia para evitar los desahucios en situaciones de vulnerabilidad.

Según explica Kutxabank, Lorena se ha comprometido con la entidad bancaria y con el juez a dejar la vivienda antes del 30 de octubre. No obstante, todavía existe la posibilidad de que pueda conservar su hogar. Stop Desahucios anuncia que el abuelo de los niños, “con un gran esfuerzo”, podría comprar la vivienda bajo las “condicones ventajosas” que Kutxabank ha ofrecido. Tanto en la negociación del aplazamiento como en la posibilidad de compra ha participado el Ayuntamiento de Irún, cuya intervención es agradecida por la plataforma.

Stop Desahucios califica la negociación como “una salida habitacional definitiva” para Lorena y su familia, a pesar de que la compra todavía no se ha cerrado. La plataforma celebra así el punto y final a la “insoportable amenaza de ser desahuciados”. Por su parte, Kutxabank recuerda que “ha mantenido durante todo el proceso una actitud de diálogo y colaboración”, buscando una “una resolución satisfactoria para todas las partes”.

Esta situación también ha servido de recordatorio para Stop Desahucios de que todavía hay 16 personas vinculadas a la plataforma al borde del desahucio. Por ello, han convocado para este sábado, a las 11.00 horas, una concentración frente al kiosco del Boulevard de Donostia para seguir mostrando su apoyo a las personas afectadas.

El año pasado un grupo de jóvenes de Gernika organizados por el colectivo Egurre Gazte Asanbladie abrieron un 'gaztetxe' (centro social okupado autogestionado) en un edificio que llevaba una década abandonado en el municipio, que en su momento albergaba las escuelas públicas del Pasealeku, uno de los escasos edificios que permanecieron en pie tras el bombardeo de Gernika del 26 de abril de 1937. A lo largo del año, los jóvenes han acondicionado y se han reunido en el espacio para ofrecer actividades culturales, políticas, sociales y deportivas. Sin embargo, el Ayuntamiento anunició el pasado julio una inversión de 1,5 millones de euros para convertir el edificio en una biblioteca, por lo que el alcalde, Jose Maria Gorroño, ha exigido este martes su desalojo.

Se trata de un proyecto que previsiblemente comenzará este septiembre y abrirá sus puertas el próximo verano. El Ayuntamiento ha adjudicado la ejecución del proyecto a la empresa bilbaína Construcciones Castellano S.A., especializada en la rehabilitación de edificios históricos y patrimoniales. La firma asumirá una intervención especialmente delicada al tratarse de un inmueble protegido, declarado Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental por el Gobierno vasco.

No obstante, el alcalde se ha encontrado con la negativa de los jóvenes a abandonar el lugar hasta hallar una “alternativa real” para continuar con su proyecto. “Como ese espacio no tenía vida y llevaba años vacío, decidimos darle un poco de vida y ahí empezaron las instituciones a meter la zarpa y EH Bildu aceptó los presupuestos de Gorroño, que hasta ahora estaban bloqueados, para empezar el proyecto una vez que lo ocupamos nosotros. Desde entonces hemos llevado a cabo talleres, conciertos y charlas en el gaztetxe, pero nos llegó un aviso de que se había dado la licitación y que el 24 de agosto la empresa iba a ir a ver el edificio, por lo que para entonces tenía que estar vacío”, explica Danel Unamuno, miembro del 'gaztetxe' de Gernika.

En este sentido, el joven confiesa que tras varias reuniones con el Ayuntamiento se les propuso una alternativa, pero que “no era real, sino un puro chantaje”. “Exigimos atrasar las obras de la nueva biblioteca hasta disponer de un local para montar el gaztetxe. En ese momento nosotros limpiaríamos todo, cogeríamos todo nuestro material, lo llevaríamos al otro lado y dejaríamos que la biblioteca se haga como ellos quieren”, asegura.

Sin embargo, la alternativa ofrecida por el Ayuntamiento se basa en destinar el 'gaztetxe' al edificio Astra, la antigua fábrica de armas Astra de Gernika-Lumo que acoge la primera fábrica de creación de cultura de Euskadi y donde distintos colectivos llevan a cabo sus actividades políticas, sociales y culturales compartiendo un mismo espacio. “Astra no da abasto con todas las organizaciones que hay dentro. Hasta no tener una alternativa real a nosotros no nos entra en la cabeza dejar el espacio así como así, pero estamos abiertos a la negociación”, defiende el joven.

Por su parte, Gorroño, ha asegurado en una rueda de prensa celebrada este martes que el Ayuntamiento está dispuesto a seguir hablando, pero no a renunciar a sus responsabilidades “ni a permitir que la ocupación impida el desarrollo de un proyecto público”. “Ante la ocupación del espacio destinado a la construcción de la nueva biblioteca pública en Gernika, el Ayuntamiento quiere trasladar a la ciudadanía un mensaje claro: el Ayuntamiento defenderá dentro de la legalidad el derecho de Gernika a mejorar los servicios públicos. Este Ayuntamiento siempre ha actuado dentro del marco legal y ha apostado por el diálogo como vía para abordar esta situación. El Ayuntamiento ha propuesto diferentes alternativas que fueron rechazadas por quienes ocupan el inmueble. Con el paso del tiempo, las peticiones de los okupas fueron transformándose en exigencias. A pesar de ello, el Ayuntamiento ha mantenido siempre abierta la vía del diálogo y ha demostrado la mejor disposición para llegar a un acuerdo. Dialogar, sin embargo, no significa renunciar a nuestras responsabilidades. El Ayuntamiento tiene la obligación de defender los intereses de toda la comunidad, proteger los espacios públicos y garantizar que los proyectos de interés general puedan realizarse”, ha señalado el alcalde.

En este sentido el Gobierno local ha advertido de las “consecuencias” que podría tener una eventual paralización o retraso de las obras de la biblioteca. “Las pérdidas económicas que pudieran derivarse de esta situación serán valoradas conforme a la legislación vigente y, en su caso, podrían ser reclamadas a las personas o al grupo responsable de la ocupación”, ha indicado Gorroño, quien ha asegurado que “no pretende entrar en una dinámica de confrontación” y que su respuesta estará basada en “seriedad, transparencia y responsabilidad”, aun así, ha defendido que el conflicto debe resolverse dentro del marco legal y ha rechazado que “una ocupación pueda condicionar las decisiones de una institución pública”. “Ninguna persona ni colectivo puede situarse por encima de la ley ni del interés general”, ha concluido.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dicho este viernes, que el edificio número 8 de la calle Santa Clara de Santander del que el Ayuntamiento ha ordenado el desalojo preventivo, tras haberse detectado daños estructurales, estaba siendo objeto de obras para crear en él 27 apartamentos.

Así lo ha asegurado este viernes, en declaraciones a la prensa, la alcaldesa, Gema Igual (PP), que ha explicado que se trata de obras “totalmente legales”, para la que se había otorgado “licencia mayor” y que contaban con un proyecto “validado por el Ayuntamiento”.

En línea con lo explicado el jueves por el Ayuntamiento, cuando ordenó el desalojo, la alcaldesa ha vuelto a señalar que ha sido durante la ejecución de esta reforma cuando el director facultativo de la obra apreció que la “estructura estaba más debilitada” de lo esperado y solicitó al Consistorio una “revisión” porque creía que había que reforzar el edificio y que ello requería el desalojo del inmueble.

Además, la alcaldesa ha precisado que “no estamos ante una emergencia” sino ante un edificio que necesita un refuerzo de estructura que “no se puede hacer viviendo gente”.

Tras constatarse por el Ayuntamiento la necesidad del refuerzo estructural que se apuntaba desde los responsables de la obra, el Ayuntamiento ordenó el jueves el desalojo preventivo del inmueble y dio 48 horas a los ocupantes para llevarlo a cabo y a la empresa 15 días para acometer estos trabajos.

Cuestionada acerca de si el origen de lo ocurrido en el edificio puede deberse a una “mala praxis” de la empresa a la hora de ejecutar la reforma, en la que se han derribado tabiques, Igual ha asegurado que “no tiene conocimiento para decir eso”.

De hecho, la alcaldesa cree que por parte de la dirección facultativa de la obra se hizo “muy bien” al alertar al Ayuntamiento de esos problemas estructurales y solicitar su refuerzo.

Respecto a los desalojos, la alcaldesa desconoce si las tres familias que residen actualmente en el edificio -mediante contratos de alquiler de renta antigua- ya han abandonado el edificio. Sí ha vuelto a señalar que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la propiedad y de los inquilinos afectados los Servicios Sociales municipales para prestarles apoyo y la atención que puedan necesitar durante el tiempo en que deben permanecer fuera del inmueble, si así lo requieren.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha ordenado el desalojo preventivo de todos los ocupantes del edificio situado en el número 17 de la plaza Santo Domingo ante el riesgo de que el deterioro de su estructura pueda derivar en un colapso. El inmueble, de planta baja y cinco alturas, alberga seis viviendas en las que residen 12 personas, cuatro de ellas menores de edad. La decisión se ha tomado después de que los técnicos detectaran un pequeño hundimiento en uno de los forjados del edificio, que cuenta con una estructura a base de rollizos de madera. La inspección ha determinado que el problema está relacionado con la presencia de agua y humedad procedente de las bajantes del inmueble, con una mayor afección en las zonas de cocinas y baños.

El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Miguel Ángel Abadía, ha explicado que la situación no permite garantizar actualmente la seguridad estructural del edificio. Por este motivo, el consistorio ha optado por desalojarlo para evitar que el deterioro pueda llegar a provocar un colapso. Abadía ha comparado la situación con la que se produjo en el edificio de Narciso 38, donde llegaron a colapsar dos forjados. “A efectos de evitar que llegase ese colapso, hemos acordado su desalojo”, ha señalado.

El Ayuntamiento también ha requerido a la propiedad para que intervenga en el inmueble. Los trabajos comenzarán con el apuntalamiento de toda la edificación, una actuación necesaria para poder trabajar con seguridad. Posteriormente, los técnicos realizarán catas para determinar qué ha ocurrido y cuál es el alcance de los daños antes de proceder a la reparación.

El origen de las afecciones estaría, presumiblemente, en pérdidas en las bajantes de evacuación de aguas. Estas no afectarían únicamente a las procedentes de baños y cocinas, sino también a las aguas pluviales.

El desalojo afecta a las seis viviendas del edificio y a sus 12 ocupantes. El Ayuntamiento ha activado el protocolo de intervención con Bomberos y también el de Servicios Sociales para atender las posibles necesidades de alojamiento de las familias afectadas. Por el momento, los vecinos no podrán regresar a sus viviendas. La vuelta dependerá de que un técnico competente, en este caso un arquitecto, emita un certificado de seguridad que acredite que el edificio reúne las condiciones estructurales y de ocupación necesarias.

Mientras se llevan a cabo las actuaciones, Bomberos, Policía Local, técnicos de Urbanismo y otros servicios municipales trabajan de forma coordinada para garantizar la seguridad de los residentes y del entorno.

El tira y afloja entre el Ayuntamiento de Madrid y la Casa Árabe ha hecho saltar las alarmas este verano. Finalmente, si todo va según las previsiones del área municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, será el próximo 1 de septiembre cuando la entidad pública (que promueve relaciones entre España y el mundo árabe) deberá desalojar el edificio en el que tiene instalada su sede, en las antiguas Escuelas Aguirre de la calle Alcalá, en la confluencia con O'Donnell. Para tratar de impedirlo, el alumnado de la actual institución ha llamado a concentrarse el próximo martes frente al inmueble, coincidiendo con la orden de expulsión.

Las instalaciones de las Escuelas Aguirre albergan la sede principal de la Casa Árabe en la capital desde marzo de 2008, después de ejecutar una importante remodelación en el interior. Su cesión fue concebida para fortalecer los vínculos culturales e institucionales asociadas a esta región en Madrid, pero el propio alcalde José Luis Martínez-Almeida ya avanzó que su ayuntamiento iba a recuperar la posesión del edificio y este no podrá mantener su uso actual.

Este mismo miércoles el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha reconocido que el consistorio ya sopesa un plan alternativo por si finalmente no pueden ejecutar el desalojo. “Esperamos que se produzca en el plazo determinado, pero en todo caso, antes del día 1, mañana o pasado, daremos cuenta también de la planificación para el eventual caso de que no se produzca”, ha indicado Carabante en declaraciones a los medios, al ser preguntado por esta cuestión en la cuenta atrás para la fecha tope.

Por su parte, la protesta de los estudiantes de Casa Árabe se ha convocado a partir de las siete de la tarde del primer día de septiembre, junto a los jardines de la sede. El objetivo será mostrar su rechazo al desalojo de la sede bajo el lema “Casa Árabe no se toca”. El alumnado ha pedido al alcalde que reconsidere su decisión, asegurando que no todo pasa por su desalojo definitivo de Escuelas Aguirre y reprochando, asimismo, que el plazo ofrecido por el Ayuntamiento resulta insuficiente para reorganizar la actividad antes de abandonar el edificio.

El Gobierno municipal sostiene que la medida responde al estado de conservación del edificio y al incumplimiento del contrato de concesión, así como a la necesidad de acometer obras de rehabilitación y regeneración en el inmueble. Pero, además de encontrarse con el rechazo de alumnos y simpatizantes, también los grupos de la oposición en Cibeles han cuestionado a Almeida.

Más Madrid y PSOE le acusan de utilizar el estado de las instalaciones y los informes sobre la gestión de Casa Árabe durante su etapa con Irene Lozano (exdiputada con el PSOE) como argumento para justificar una decisión que, a su juicio, es política mientras que el PP sostiene que esta recuperación de la propiedad es “legal, legítima y de absoluta responsabilidad”, aludiendo a que la exdirectora de la institución ya había planteado en 2024 cerrar la sede de Escuelas Aguirre y operar solo desde Córdoba.

Mañana o pasado daremos cuenta también de la planificación alternativa, para el eventual caso de que no se produzca el desalojo

Borja Carabante — Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad

Tres personas han sido atendidas por los servicios sanitarios y más de 200 vecinos han tenido que ser desalojados en prevención tras el incendio registrado este lunes en un garaje comunitario situado en la localidad sevillana de Tomares, que ha calcinado cinco automóviles y tres motocicletas y que ha obligado a los bomberos a evacuar de manera preventiva a los residentes.

El Servicio de Emergencias 112 ha detallado a través de un comunicado que durante la jornada de ayer, sobre las 16.30 horas, una quincena de llamadas alertaron del incendio en un garaje comunitario situado en la plaza de las Nieves.

Por tanto, se activó desde la sala coordinadora a los Bomberos de la Diputación Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil y hasta el lugar se movilizaron también efectivos de los municipios sevillanos de Mairena del Aljarafe, Santiponce, Sanlúcar y La Rinconada, junto con la unidad de mando.

El fuego, al parecer, comenzó en una moto y posteriormente se propagó a más vehículos, por lo que como medida preventiva, entre 200 y 300 vecinos han sido desalojados de tres bloques, cada uno de ellos con alrededor de un centenar de viviendas, según ha recogido Europa Press de fuentes de la Policía Local.

A última hora de la noche, los residentes del bloque uno pudieron regresar a sus domicilios, aunque los vecinos de los bloques dos y tres no pudieron volver a sus viviendas y fueron realojados en hoteles y en casas de familiares. Los servicios sanitarios han atendieron a tres personas, aunque ninguna de ellas requirió traslado hospitalario, mientras que los bomberos realizaron labores de revisión y aseguramiento del garaje y de los bloques afectados.

Controlado

Un total de 22 profesionales y ocho vehículos pertenecientes al Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, de los parques de Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Sanlúcar la Mayor y Santiponce, han intervenido en el incendio.

Asimismo, ha quedado controlado en torno a las 21.00 horas de este lunes, aunque la actuación de los profesionales se ha prolongado con la inspección de cada una de las viviendas de los cuatro bloques, a fin de evaluar la posibilidad de que los vecinos y vecinas puedan volver con total garantía a sus domicilios.

En esta línea, desde la Diputación han señalado que se da la circunstancia de que la intervención bajo rasante es “una de las más peligrosas” en las que participan los efectivos contra emergencias, por la complejidad técnica que conlleva.

El cor de la zona turística de Cala de Bou té, des de fa anys, un halo fantasmagòric. La decadència d’aquest tram del litoral sud-oest de l’illa d’Eivissa ha estat progressiva: bars i negocis van anar abaixant la persiana quan un altre model turístic, menys vinculat al turisme de masses i de famílies, va començar a triomfar. L’antic terreny que acollia el Gorila Hippy Market n’és un símbol. Aquesta sensació de declivi no abandona el barri, que fa tot just tres setmanes va viure el desallotjament d’una desena de treballadors que malvivien en una estructura abandonada i plena de grafits, que ja forma part del paisatge ruïnós de Punta Xinxó.

Es tracta d’un terreny que va servir d’allotjament a més d’un centenar de treballadors de la indústria turística i que s’ha posat a la venda per 35 milions d’euros -a través d’un portal immobiliari digital- mentre que la mercantil Cala Xinxó S.L. litiga amb l’Ajuntament per obtenir la llicència que li permeti acabar de construir l’hotel. La societat ha declinat fer declaracions sobre la situació de l’edifici o el procés judicial. D’altra banda, una desena dels desallotjats de Punta Xinxó han migrat ara a l’espai de 10.000 metres quadrats que fins fa deu anys constituïa una atracció turística, encara que de curta vida.

En un matí enganxós d’agost, dos d’ells resen sobre unes estoretes que han estès a terra. No arriben a la mitja dotzena, tot i que al migdia és probable que la majoria siguin als seus llocs de treball. Aquest diari ha intentat parlar amb alguns per preguntar-los per la situació en què viuen. Tanmateix, prefereixen no fer cap comentari al respecte, al·legant que es tracta d’una propietat privada. Es mostren visiblement nerviosos i molestos pel fet d’estar, una vegada més, en el focus mediàtic, ja que cada vegada que es desmantella un assentament se’n construeix un altre perquè la qüestió de fons -la crisi residencial- continua sense resoldre’s.

Una veïna de la zona, que prefereix no ser identificada, explica que a l’antic mercadet hippie hi viuen una vintena de persones i que les primeres van començar a arribar-hi fa uns quatre mesos, abans del desallotjament de Punta Xinxó. Afirma que no hi ha problemes de convivència, ni de cap altre tipus, amb els residents. El problema, assenyala, és que el recinte funciona des de fa anys com a abocador il·legal.

Els desallotjats que viuen en un antic mercadet

“Sí, són d’origen senegalès, van entrar quan van desallotjar l’hotel de Punta Xinxó, però no donen problemes”, assenyala una treballadora d’un establiment de records dels voltants, sense aprofundir gaire en la qüestió. El juliol del 2013, i durant només uns anys, el recinte va començar a funcionar com a mercadet hippie, després que la mercantil Fifty, S.L. obtingués els permisos municipals per explotar a la parcel·la un bar-restaurant, un cafè-concert, una sala de festes sense atraccions i dos locals destinats a la venda de productes artesanals. Tanmateix, fa una dècada que a la propietat s’hi acumulen vehicles abandonats, materials i altres objectes pesants que han portat els veïns, preocupats, a denunciar la situació a través de la Línia Verda de l’Ajuntament de Sant Josep.

Chris Langley, que fa més de quatre dècades que resideix a Cala de Bou, a Sant Josep de sa Talaia, creu que l’Ajuntament -per resoldre la situació de Punta Xinxó i del Gorila Hippy Market- podria “adquirir ambdues propietats a preu de mercat utilitzant fons europeus i estatals”. “Així se solucionaria el problema d’arrel i es podrien crear instal·lacions públiques i zones verdes”, afegeix a aquest diari. En aquest sentit, considera que la crisi d’habitatge dels treballadors de temporada es podria mitigar si l’Ajuntament cedís sòl públic de la seva propietat “per crear espais de convivència i llogar habitacions a un preu mínim” d’uns 300 euros.

Chris Langley, veí de Cala de Bou, considera que la crisi d’habitatge dels treballadors de temporada es podria mitigar si l’Ajuntament cedís sòl públic de la seva propietat “per crear espais de convivència i llogar habitacions a un preu mínim” d’uns 300 euros

Chris Langley — Veí de Cala de Bou

“Com a mesura d’emergència, es podrien instal·lar mòduls prefabricats amb habitacions individuals, cuina comunitària, banys i una sala comuna”, sosté aquest veí, que opina que l’Ajuntament només hauria d’aportar el terreny i comptar amb el suport de l’IBAVI -Institut Balear de l’Habitatge, que depèn del Govern- per finançar la instal·lació “aprofitant els fons europeus o els plans autonòmics que ja existeixen per a habitatge”.

L’alcalde parla d’“alberg il·legal”

L’alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, explica, en declaracions a elDiario.es, que en el passat alguns dels treballadors van demanar ajuda econòmica per abandonar l’illa, i que l’Ajuntament els la va proporcionar. Així respon quan se li pregunta si els Serveis Socials de l’Ajuntament han facilitat algun tipus de prestació als desallotjats de l’hotel de Punta Xinxó, alguns dels quals han acabat a l’antic mercadet hippie. A més, aclareix que no es tracta de persones sense recursos i que el consistori fa el que pot en funció de les competències que té -i entre les quals no hi ha l’habitatge-. “Tothom té feina, tothom té ingressos”, afirma sobre el perfil dels residents.

D’altra banda, nega que el que està passant al Gorila Hippy Market sigui un nou assentament de barraques, sinó que probablement es tracta d’un “alberg il·legal”. “No hi ha un assentament: hi ha una persona que s’està aprofitant d’una situació que tenim avui dia d’escassetat d’habitatge”, afirma. Roig explica que han parlat amb els nous ocupants de l’espai i que tots els han comunicat que “estan pagant un lloguer, de manera que crec que el que s’està fent és aprofitar una circumstància”. “Si no és així, ens agradaria que la propietat desallotgés aquesta zona”.

No hi ha un assentament: hi ha una persona que s’està aprofitant d’una situació que tenim avui dia d’escassetat d’habitatge

Vicent Roig — Alcalde de Sant Josep de sa Talaia

En aquest sentit, argumenta que estan actuant per dues vies: la urbanística i la d’activitats. Aquesta última via és la que permetria desallotjar el recinte en cas que estigui funcionant com a alberg il·legal, aclareix l’alcalde. El propietari ha dit que els residents disposen fins i tot de dutxes, així com de diferents espais, afegeix Roig, en referència a unes declaracions fetes al Periódico de Ibiza y Formentera.

Així mateix, l’alcalde opina que els mateixos empresaris del sector turístic, a vegades, intenten mitigar la crisi d’habitatge oferint allotjament als seus treballadors. “És important tenir-ho en compte”, assegura, i afegeix que alguns d’aquests treballadors amb qui han parlat reconeixen que els han ofert llogar habitacions per un preu d’entre 300 i 400 euros al mes. “Qui rebutja o no vol aquestes opcions crec que no té cabuda a l’illa en aquest moment”, conclou Roig.

Acampats en un bosc

A poc més d’un quilòmetre d’aquesta zona s’ha format un petit assentament de barraques, a la zona costanera entre Cala de Bou i Port des Torrent. Una treballadora d’una botiga explica que a la zona hi viuen treballadors sahrauís, però que això ja passava abans del desallotjament de l’hotel abandonat de Punta Xinxó.

Ahmed té vint anys i fa tot just tres dies que ha arribat a Eivissa per començar una temporada més treballant en el sector de l’hostaleria. Durant els pròxims mesos atendrà els clients del buffet de l’Ibiza Gran Hotel, un dels establiments de luxe de Marina Botafoc, mentre dorm en una tenda de campanya al costat d’una quinzena més de treballadors del mateix origen, en aquesta zona boscosa propera a Port des Torrent.

Ahmed té vint anys i fa tot just tres dies que ha arribat a Eivissa per començar una temporada més treballant en el sector de l’hostaleria. Durant els pròxims mesos atendrà els clients del bufet de l’Ibiza Gran Hotel, un dels establiments de luxe de Marina Botafoc, mentre ell dorm en una tenda de campanya al costat d’una quinzena més de treballadors sahrauís

Ve d’Elx i a l’octubre, quan acabi l’estiu, tornarà a la seva terra. És un dels centenars de treballadors procedents del Sàhara Occidental que, segons explica, han arribat els darrers anys a l’illa per treballar principalment en el sector de l’hostaleria i que ara es troben amb una temporada més en què l’allotjament s’ha convertit en un problema.

No és la primera vegada que aquest jove sahrauí es trasllada per treballar a la Pitiüsa. Des de fa uns anys torna per ocupar el seu lloc de treball als voltants de l’anomenada ‘milla d’or’ d’Eivissa, per la concentració de negocis i urbanitzacions de luxe. Al bosc on s’han instal·lat, fa temps que els empleats dels negocis dels voltants són testimonis que hi ha persones vivint-hi. La responsable d’un restaurant proper assegura que viuen en furgonetes i tendes de campanya, tot i que sense molestar els veïns.

Ahmed confessa que podria accedir a una de les habitacions que els ofereixen a l’establiment hoteler on treballa per uns 400 euros mensuals, però també explica que aquest import, al cap dels mesos, és «molts diners». Totes les persones allotjades en aquesta parcel·la de pins i savines, en habitatges precaris construïts amb lones i tendes de campanya, tenen la necessitat d’estalviar per, quan tornin a casa, ajudar les seves famílies.

Una illa sense lloc per als seus treballadors

Anteriorment, els temporers d’origen sahrauí solien establir-se en uns terrenys situats a sa Carroca -a prop de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep- i en els situats just darrere de la ITV del Recinte Firal, a la perifèria de Vila (com es coneix la ciutat d’Eivissa). Però les actuacions dels equips de govern per fer desaparèixer la imatge de barraquisme dels municipis que governen han provocat que el sector més precari de la població busqués altres alternatives. Una precarietat que els ha portat a viure en condicions infames per la manca d’habitatge, malgrat la demanda de mà d’obra a la indústria turística.

Pel que sembla, el petit assentament de barraques del carrer de Conca ja existia abans que l’Ajuntament de Sant Josep desallotgés, a finals de juliol, l’esquelet en ruïnes del que podria haver estat un complex hoteler de luxe a Punta Xinxó. L’ocupació de la construcció sí que va generar malestar i queixes entre els veïns i els propietaris i treballadors dels comerços contigus per les males olors que desprenia el terreny.

El petit assentament de barraques del carrer de Conca ja existia abans que l’Ajuntament de Sant Josep desallotgés, a finals de juliol, l’esquelet en ruïnes del que podria haver estat un complex hoteler de luxe a Punta Xinxó

Van ser les persones que hi vivien les que es van anar traslladant cap a la propietat privada del Gorila Hippy Market després de sentir els tambors del desallotjament, en un espai on al llarg dels anys s’han intentat desenvolupar diversos projectes empresarials sense que cap arribés a quallar.

L’actual propietari del terreny ja protestava el 2021 perquè no entenia les queixes dels veïns i assegurava que netejava el terreny “un cop al mes”, segons declaracions al Periódico de Ibiza y Formentera. Entre els seus plans hi havia de construir-hi un Parc Hotel, per al qual va començar a tramitar els permisos necessaris amb l’Ajuntament, tot i que va reconèixer que vendre el terreny també era una opció que tenia sobre la taula. El propietari ha declinat fer valoracions per a aquest reportatge.

Pel que fa a la presència de turismes abandonats, l’empresari va culpar un antic empleat que s’encarregava de cuidar les instal·lacions, segons publicava el mateix mitjà local. Fins i tot va arribar a acusar aquest treballador de cobrar diners “a esquena seva”, motiu pel qual va acabar acomiadant-lo i pel qual alguns dels vehicles es van quedar a la propietat. En aquell moment, ja hi havia persones vivint a l’espai que la figura de King Kong, que donava nom a l’extint mercadet, continua presidint. Pel que fa als residents, el propietari va assegurar que n’estava “plenament al corrent” i va especificar que es tractava d’empleats seus que cuidaven la zona davant de possibles ocupacions o robatoris.

Durant anys, els projectes per donar un ús a la finca han topat amb les queixes dels veïns d’una de les urbanitzacions contigües, segons fonts properes a empresaris de la zona. L’alcalde de Sant Josep assegura que la propietat estaria llogant l’espai als assentats, la majoria d’origen senegalès, perquè hi visquin. En cas que no fos així, demana al propietari que desallotgi el recinte.

Durant anys, els projectes per donar un ús a la finca han topat amb les queixes dels veïns d’una de les urbanitzacions contigües. L’alcalde de Sant Josep assegura que la propietat estaria llogant l’espai als assentats perquè hi visquin. En cas que no fos així, demana al propietari que desallotgi el recinte

Assenyala, així mateix, que “la falta de col·laboració” dels propietaris dels terrenys facilita que aquests assentaments es mantinguin en el temps. Una situació que també atribueix a Paquita ‘Marsan’, la casera dels famosos, i propietària dels terrenys boscosos de Port des Torrent a través d’una de les seves societats. Així, l’alcalde considera necessari que les administracions, les empreses i els propietaris dels terrenys col·laborin per evitar que les persones expulsades d’un assentament acabin ocupant-ne un altre. Tant el Gorila Hippy Market com el terreny boscós del carrer de Conca són dos dels punts on s’ha reproduït aquesta situació. Paquita ‘Marsan’ no ha respost a les preguntes d’aquest diari sobre quina és la situació del terreny del carrer de Conca.

Però més enllà de les situacions particulars de cadascú, el desallotjament judicial d’un assentament és, en molts casos, l’avantsala de l’ocupació d’un altre, perquè les causes estructurals -l’escassetat d’habitatge i els preus elevats del lloguer- que empenyen les persones a viure en condicions de precarietat residencial es mantenen intactes. En els darrers anys, especialment després de la pandèmia, s’ha produït un fenomen nou a Eivissa: la proliferació d’assentaments de barraques. Els assentaments de l’illa comparteixen una mateixa contradicció: en un lloc on cada vegada més espais es transformen per atraure inversions i visitants amb un alt poder adquisitiu, les persones que treballen i sostenen l’economia local tenen cada vegada més dificultats per trobar un lloc digne on viure.

El corazón de la zona turística de Cala de Bou, tiene, desde hace años, un halo fantasmagórico. La decadencia de este tramo del litoral suroeste de la isla de Eivissa ha sido progresivo: bares y negocios fueron echando el cerrojo cuando otro modelo turístico, menos vinculado al turismo de masas y de familias, empezó a triunfar. El antiguo terreno que albergaba el Gorila Hippy Market es un símbolo de ello. Esa sensación de declive no se deshace del barrio, que vivió hace apenas tres semanas el desalojo de una decena de trabajadores que malvivían en una estructura abandonada y grafiteada que ya forma parte del ruinoso paisaje en Punta Xinxó.

Se trata de un terreno que sirvió como morada de más de un centenar de trabajadores de la industria turística, y que se ha puesto a la venta por 35 millones de euros -a través de un portal inmobiliario digital- mientras que la mercantil Cala Xinxó S.L. litiga con el Ayuntamiento para obtener la licencia que le permita terminar de construir el hotel. La sociedad ha declinado hacer declaraciones sobre la situación del edificio o el proceso judicial. Por otro lado, una decena de los desalojados en Punta Xinxó han migrado ahora al espacio de 10.000 metros cuadrados que hasta hace diez años constituía una atracción turística, aunque de corta vida.

En una pegajosa mañana de agosto, dos de ellos oran sobre unas esterillas que han extendido en el suelo. No suman más de media docena, aunque a pleno mediodía probablemente la mayoría se encuentren en sus puestos de trabajo. Este diario ha intentado hablar con algunos de ellos para preguntarles por la situación en la que viven. Sin embargo, prefieren no hacer ningún comentario al respecto, alegando que se trata de una propiedad privada. Se encuentran visiblemente nerviosos y molestos por estar, una vez más, en el foco mediático, pues cada vez que se desmantela un asentamiento se erige otro debido a que la cuestión de fondo –la crisis habitacional– sigue sin resolverse.

Una vecina de la zona, que prefiere no ser identificada, explica que en el antiguo mercadillo hippie residen una veintena de personas, y que las primeras empezaron a llegar hace unos cuatro meses, antes del desalojo de Punta Xinxó. Afirma que no hay problemas de convivencia, ni de ningún otro tipo, con los moradores. El problema, señala, es que el recinto funciona desde hace años a modo de vertedero ilegal.

Los desalojados que moran en un antiguo mercadillo

“Sí, son de origen senegalés, entraron cuando desalojaron el hotel de Punta Xinxó, pero no dan problemas”, señala una trabajadora de un souvenir de los alrededores, sin ahondar mucho en la cuestión. En julio de 2013, durante apenas unos años, el recinto empezó a funcionar como un mercadillo hippie, después de que la mercantil Fifty, S.L. obtuviera los permisos municipales para explotar en la parcela un bar-restaurante, un café-concierto, una sala de fiestas sin atracciones y dos locales destinados a la venta de productos artesanales. Sin embargo, hace una década que en la propiedad se acumulan vehículos abandonados, materiales y otro tipo de objetos pesados que han conducido a los vecinos, preocupados, a denunciar la situación a través de la Línea Verde del Ayuntamiento de Sant Josep.

Chris Langley, quien lleva más de cuatro décadas residiendo en Cala de Bou, en Sant Josep de Sa Talaia, cree que el Ayuntamiento –para resolver la situación de Punta Xinxó y el Gorila Hippy Market– podría “adquirir ambas propiedades a precio de mercado utilizando fondos europeos y estatales”. “Así se solucionaría el problema de raíz y se podrían crear instalaciones públicas y zonas verdes”, añade a este diario. En este sentido, valora que la crisis de vivienda de los trabajadores de temporada se podría mitigar si el Ayuntamiento cediera suelo público de su propiedad “para crear espacios de convivencia y alquilar habitaciones a un precio mínimo” de unos 300 euros.

Chris Langley, vecino de Cala de Bou, valora que la crisis de vivienda de los trabajadores de temporada se podría mitigar si el Ayuntamiento cediera suelo público de su propiedad “para crear espacios de convivencia y alquilar habitaciones a un precio mínimo” de unos 300 euros

Chris Langley — Vecino de Cala de Bou

“Como medida de emergencia, se podrían instalar módulos prefabricados con habitaciones individuales, cocina comunitaria, baños y un salón común”, sostiene este vecino, que opina que el Ayuntamiento solo tendría que aportar el terreno y apoyarse en el IBAVI –Instituto Balear de la Vivienda, que depende del Govern– para costear la instalación “aprovechando los fondos europeos o los planes autonómicos que ya existen para vivienda”.

El alcalde habla de “albergue ilegal”

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, explica, en declaraciones a elDiario.es, que en el pasado algunos de los trabajadores pidieron ayuda económica para abandonar la isla, y que el Ayuntamiento se la proporcionó. Así responde al ser consultado sobre si Servicios Sociales del Ayuntamiento ha facilitado algún tipo de prestación a los desalojados del hotel de Punta Xinxó, algunos de los cuales han terminado en el antiguo mercadillo hippie. Además, aclara que no se trata de personas sin recursos y que el Consistorio hace lo que puede en base a las competencias que tiene -y en las que no entra vivienda-. “Todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene ingresos”, asevera sobre el perfil de los moradores.

Por otro lado, niega que lo que está sucediendo en el Gorila Hippy Market sea un nuevo poblado chabolista sino que se trata probablemente de un “albergue ilegal”. “No hay un asentamiento: hay una persona que se está aprovechando de una situación que tenemos hoy por hoy de escasez de vivienda”, afirma. Roig explica que han hablado con los nuevos ocupantes del espacio, y que todos ellos les han comunicado que “están pagando un alquiler, con lo cual, creo que lo que se está haciendo es aprovechar una circunstancia”. “Si no es así, nos gustaría que la propiedad desalojara esta zona”.

No hay un asentamiento: hay una persona que se está aprovechando de una situación que tenemos hoy por hoy de escasez de vivienda

Vicent Roig — Alcalde de Sant Josep de sa Talaia

En este sentido, argumenta que están actuando por dos vías: urbanística y de actividades. Esta última vía es la que permitiría desalojar el recinto en caso de que esté funcionando como albergue ilegal, aclara el alcalde. El propietario ha dicho que los moradores disponen incluso de duchas, así como de diferentes espacios, añade Roig, en referencia a declaraciones realizadas a Periódico de Ibiza y Formentera.

Asimismo, el alcalde opina que los propios empresarios del sector turístico, en ocasiones, intentan mitigar la crisis de vivienda ofreciendo alojamiento a sus trabajadores. “Es importante tenerlo en cuenta”, asegura y añade que algunos de estos trabajadores con los que han hablado reconocen que les han ofrecido el alquiler de habitaciones por un precio de entre los 300 y 400 euros al mes. “Quien rechaza o no quiere estas opciones creo que no tiene cabida en la isla en este momento”, zanja Roig.

Acampados en un bosque

A pocos más de un kilómetro de esta zona se ha formado un pequeño poblado chabolista, en la zona costera entre Cala de Bou y Port des Torrent. Una trabajadora de una tienda explica que en la zona viven trabajadores saharauis, pero que ello ya ocurría antes del desalojo del hotel abandonado en Punta Xinxó.

Ahmed tiene 20 años y hace apenas tres días que ha llegado a Eivissa para empezar una temporada más trabajando en la hostelería. Durante los próximos meses atenderá a los clientes del buffet del Ibiza Gran Hotel, uno de los establecimientos de lujo de Marina Botafoch, mientras él duerme en una tienda de campaña junto a otra quincena de trabajadores del mismo origen, en esta área boscosa próxima a Port des Torrent.

Ahmed tiene 20 años y hace apenas tres días que ha llegado a Eivissa para empezar una temporada más trabajando en la hostelería. Durante los próximos meses atenderá a los clientes del buffet del Ibiza Gran Hotel, uno de los establecimientos de lujo de Marina Botafoch, mientras él duerme en una tienda de campaña junto a otra quincena de trabajadores saharauis

Viene de Elche y en octubre, cuando termine el verano, regresará a su tierra. Es uno de los cientos de trabajadores procedentes del Sáhara Occidental que, según cuenta, llegaron durante los últimos años a la isla para trabajar principalmente en la hostelería y que ahora se encuentran con una temporada más en la que el alojamiento se ha convertido en un problema.

No es la primera vez que este joven saharaui se traslada para trabajar en la pitiusa. Desde hace unos años vuelve para ocupar su puesto de trabajo en las proximidades de la conocida como ‘milla de oro’ de Eivissa, por la concentración de negocios y urbanizaciones de lujo. En el bosque en el que se han instalado hace tiempo que los empleados de los negocios de los alrededores son testigos de que hay personas viviendo en su interior. Una encargada de un restaurante cercano asegura que viven en furgonetas y tiendas de campaña, aunque sin molestar a los vecinos.

Ahmed confiesa que podría acceder a una de las habitaciones que les ofrecen en el establecimiento hotelero donde trabaja por unos 400 euros mensuales, pero también expresa que ese importe, al final de los meses, es “mucho dinero”. Todos los alojados en esta parcela de pinos y sabinas en infraviviendas construidas a partir de lonas y tiendas de campaña tienen la necesidad de ahorrar para, cuando vuelvan a casa, ayudar a sus familiares.

Una isla sin sitio para sus trabajadores

Anteriormente, los temporeros de origen saharaui solían establecerse en unos terrenos situados en sa Carroca –cerca de Sant Jordi de ses Salines, término municipal de Sant Josep– y en el ubicado justo detrás de la ITV del Recinto Ferial, en la periferia de Vila (como se conoce a la ciudad de Eivissa). Pero las actuaciones de los equipos de gobierno para hacer desaparecer la imagen chabolista de los municipios en los que legislan ha provocado que el sector más precario de la población buscara otras alternativas. Una precariedad que les ha llevado a vivir en condiciones infames por la falta de vivienda, pese a la demanda de mano de obra en la industria turística.

Al parecer, el pequeño núcleo chabolista de la calle de Conca ya existía previamente a que el Ayuntamiento de Sant Josep desalojara, a finales de julio, el esqueleto en ruinas de lo que pudo haber sido un complejo hotelero de lujo en Punta Xinxó. La ocupación de la construcción sí que generó malestar y quejas entre los vecinos y los propietarios y trabajadores de comercios contiguos por los hedores que desprendía el terreno.

El pequeño núcleo chabolista de la calle de Conca ya existía previamente a que el Ayuntamiento de Sant Josep desalojara, a finales de julio, el esqueleto en ruinas de lo que pudo haber sido un complejo hotelero de lujo en Punta Xinxó

Fueron las personas que vivían allí quienes se fueron marchando hacia la propiedad privada del Gorila Hippy Market tras escuchar tambores de desalojo donde a lo largo de los años se han intentado desarrollar varios proyectos de negocio sin que ninguno llegara a cuajar.

El actual dueño del terreno ya protestaba en 2021 al no comprender las quejas de los vecinos y aseguró limpiar el terreno “una vez cada mes”, según declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera. Entre sus planes estaba construir en el perímetro un Parque Hotel para el que empezó a tramitar los permisos necesarios con el Ayuntamiento, aunque reconoció que vender el terreno también es una opción que tiene encima de la mesa. El propietario ha declinado realizar valoraciones para este reportaje.

Sobre la presencia de turismos abandonados, el empresario culpó a un antiguo empleado que se encargaba de cuidar las instalaciones, como publicaba el mismo medio local. Incluso llegó a acusar a este trabajador de cobrar dinero “a sus espaldas”, motivo por el que terminó despidiéndole y por el que algunos de los vehículos se quedaron en la propiedad. En ese momento, ya había personas viviendo en el espacio que la figura de King Kong, que daba nombre al extinto mercadillo, sigue presidiendo. Respecto a los moradores, el propietario aseguró que estaba “en pleno conocimiento” y especificó que se trataba de empleados suyos que cuidaban la zona ante posibles ocupaciones o robos.

Durante años, los proyectos para dar uso a la finca han chocado con las quejas de los vecinos de una de las urbanizaciones colindantes, según fuentes próximas a empresarios de la zona. El alcalde de Sant Josep asegura que la propiedad estaría alquilando el lugar a los asentados, la mayoría de origen senegalés, para que vivan allí. En caso de que no fuera así, pide al dueño el desalojo del recinto.

Durante años, los proyectos para dar uso a la finca han chocado con las quejas de los vecinos de una de las urbanizaciones colindantes. El alcalde de Sant Josep asegura que la propiedad estaría alquilando el lugar a los asentados para que vivan allí. En caso de que no fuera así, pide al dueño el desalojo del recinto

Señala, asimismo, que “la falta de colaboración” de los propietarios de los terrenos facilita que estos asentamientos se mantengan en el tiempo. Una situación que también achaca a Paquita ‘Marsan’, la casera de los famosos, y propietaria de los terrenos boscosos de Port des Torrent a través de una de sus sociedades. Así, el alcalde valora la necesidad de que administraciones, empresas y propietarios de terrenos colaboren para evitar que las personas expulsadas de un asentamiento terminen ocupando otro. Tanto el Gorila Hippy Market como el terreno boscoso de la calle Conca son dos de los puntos donde se ha reproducido la situación. Paquita ‘Marsan’ no ha respondido a las preguntas de este diario sobre cuál es la situación del terreno de la calle de Conca.

Pero más allá de las situaciones particulares de cada uno, el desalojo judicial de un asentamiento es, en muchos casos, la antesala de la ocupación de otro, porque las causas estructurales –la escasez de vivienda y los elevados precios del alquiler– que empujan a las personas a vivir en condiciones de precariedad residencial permanecen intactas. En los últimos años, especialmente después de la pandemia, se ha dado un fenómeno nuevo en Eivissa: la proliferación de poblados barraquistas. Los asentamientos de la isla comparten una misma contradicción: en un lugar donde cada vez más espacios se transforman para atraer inversiones y visitantes con alto poder adquisitivo, quienes trabajan y sostienen la economía local tienen cada vez más dificultades para encontrar un lugar digno en el que vivir.

El derrumbe de una medianera, sobre las 06,30 horas, en el número 4 de la calle Mayor de Viguera provoca un riesgo alto de colapso del inmueble, compuesto por planta baja y tres alturas. Como medida preventiva, se ha procedido al desalojo de una vivienda en la que reside una familia de diez miembros, que dispone de alternativa habitacional, ha señalado el Ejecutivo riojano.

El edificio afectado se encuentra a unos 50 metros de la plaza del municipio. Por motivos de seguridad, permanecen cortadas tres calles, una de ellas una vía principal con un importante volumen de tránsito.

En el lugar intervienen Bomberos de Logroño, Guardia Civil, SERIS y el técnico de Protección Civil de guardia. También se han desplazado el alcalde de Viguera, tres concejales y el arquitecto municipal.

Viguera se encuentra estos días en fiestas y, ante esta situación, se han suspendido los actos previstos. En estos momentos se mantiene una reunión en el Ayuntamiento para determinar las medidas que se adoptarán y trasladar información actualizada sobre la situación tanto a las personas afectadas como al conjunto de la ciudadanía.

ALERTA DE LOS VECINOS

Por su parte, un grupo de vecinos de Viguera han señalado a Europa Press que llevan “desde hace cuatro años mandado escritos al Ayuntamiento para que actúen en ese edificio ante el riesgo que conlleva, ya que pasa mucha gente debajo de los andamios que pusieron”, ha asegurado Eva Pancorbo.

Ha añadido que “ha sido una suerte que no haya pasado nada” con este derrumbe parcial porque “a las horas en las que se ha producido, al estar de fiestas, había mucha gente por la calle, a la que a gritos he estado pidiendo que no pasase por debajo”.

Una nueva grieta de “carácter estructural” en uno de los edificios afectados por el socavón de la L9 en el Putxet alargará hasta septiembre el regreso a casa de los cuatro bloques que todavía no tenían fecha concreta de vuelta, y donde viven un 40% de los vecinos. Así lo han confirmado este viernes en declaraciones a los medios el Govern y los Bomberos de Barcelona.

En concreto, la grieta se localizó en el sótano del bloque de la calle Rubinstein número 2, donde a partir de ahora los vecinos tampoco tendrán permitida la entrada ni acompañados por los Bomberos. Ahora, se realizarán los trabajos de inyección y estabilización para asegurar la zona. El Director General de Infraestructuras de Movilidad, Ramón Ramírez, ha explicado que la grieta supone un “cambio de tendencia”.

Pese a este revés, han informado que los vecinos de Rubinstein 6 ya han ido regresando a casa esta semana, y que se mantiene la previsión de que lo hagan la próxima semana los de Sant Gervasi de Cassoles, 54.

En una atención a mediados la semana pasada, el Departamento de Territori de la Generalitat, responsable último de las obras, informó de que la previsión era que el 60% de los vecinos pudieran regresar a su casa en dos semanas, y eso dice que podrá mantenerse. En cambio, se ralentiza el regreso de los vecinos del resto de fincas por esta nueva grieta, una situación que podría no estar resuelta al menos hasta septiembre.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha desalojado este jueves a decenas de bañistas de la playa de Benijo, cerrada desde hace dos años por desprendimientos.

Fuentes policiales han informado a EFE que en la operación de desalojo se han visto ayudados por la unidad de drones del ayuntamiento y según publica el periódico El Día, los desalojados podrían superar los 70 bañistas.

La playa, situada en Anaga, está pendiente de ser rehabilitada y el Ayuntamiento aprobó la pasada semana una moción en la que insta al Estado a declarar urgente la realización de estas obras.

Fue en julio de 2024 cuando la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Gladis de León, firmó un decreto para proceder al cierre de la playa, debido a pequeños desprendimientos que se venían constatando en las se han venido constatando en las últimas semanas.

El Ayuntamiento capitalino explicó que esas pequeñas caídas de material podían apuntar a la inestabilidad de algunas zonas de la ladera que se encuentra sobre la playa.

Esos desprendimientos fueron informados por el personal de Cruz Roja Española que presta el servicio de salvamento y socorrismo en dicha zona.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado el desalojo de cientos de migrantes sintecho del antiguo instituto B9 de Badalona, que tuvo lugar en diciembre de 2025. La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo ha desestimado un recurso presentado por once de los ocupantes contra la sentencia judicial que ya amparó el desalojo en su día.

La sentencia del TSJC, que ha avanzado 'El Periódico', defiende que no hubo indefensión hacia los ocupantes en el desalojo impulsado por el Ayuntamiento que dirige Xavier Garcia Albiol, que no se vulneraron los derechos fundamentales denunciados y que hubo proporcionalidad a la hora de valorar si se autorizaba o no la entrada y desalojo del espacio. Además, dice que se tuvo en cuenta la vulnerabilidad social de los afectados.

Varios de los migrantes expulsados –llegaron a ser unos 400– habían recurrido ante el TSJC y alegaban que la jueza “normalizó la situación de sinhogarismo, discriminación y desprotección”.

El TSJC asegura en su sentencia que se notificó el acuerdo del consistorio sobre el desalojo, así como que se llevaría a cabo una ejecución forzosa solicitando la correspondiente autorización judicial si fuera necesario, a las abogadas representantes de algunos ocupantes, así como al resto a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Badalona. Por ello, asegura que los interesados “tenían conocimiento del acuerdo y pudieron formular alegaciones, así como impugnarlo por la vía judicial”.

Por otro lado, afirma que “no ha existido irregularidad procedimental” y considera que la administración “sí ha tenido en cuenta la vulnerabilidad social de los ocupantes”. En este sentido, asegura que el informe remitido por el consistorio deja patente que se activaron las actuaciones necesarias.

Por otro lado, la defensa de los ocupantes denunciaba la vulneración de diversos derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, a la tutela judicial efectiva, a la vida y a la integridad física y moral. La sentencia, sin embargo, asegura que “no se han acreditado estas vulneraciones”, ya que insiste en que “se han tenido en cuenta las circunstancias de los ocupantes del inmueble, así como el criterio de proporcionalidad a la hora de valorar si se autoriza o no la entrada en el inmueble”

. Añade que “no se ha realizado un trato diferenciado a los ocupantes por razón de su raza u origen”, sino que se aplicó “de manera proporcional” la normativa, “dando opciones a los ocupantes” en riesgo de exclusión social. Por todo ello, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC desestima el recurso planteado por once de los desalojados.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha mostrado “muy satisfecho” con la sentencia. “El tiempo nos ha dado la razón”, ha dicho en declaraciones a la agencia ACN. Además, ha afirmado que la resolución judicial demuestra que hubo quienes “jugaron con la miseria y la pobreza” de los ocupantes e hicieron un uso político de su situación. Ha defendido que el Ayuntamiento dio cobertura a quienes eran “vulnerables de verdad”, que ha asegurado que eran una cincuentena, ya que ha asegurado que el resto eran “personas, muchas de ellas conflictivas, que hicieron la vida imposible a los vecinos durante muchos años”.

L’incendi forestal, que ja ha arrasat prop de 7.500 hectàrees, va començar a la Vall d’Uixó, a la província de Castelló, cap a les 11.00 de dissabte, i afronta aquest dimarts el quart dia actiu. La xifra de persones desallotjades ascendeix a 16.000, procedents de 18 municipis i urbanitzacions del sud de la província. Moltes de les persones evacuades s’han allotjat en cases de familiars, amics o en segones residències, però altres no tenen un lloc on anar. Així, fins a 700 persones han sigut reubicades en centres d’acollida habilitats, com el pavelló de Nules, que disposa de 250 llits.

David García, alcalde de Nules, explica que dissabte van passar la nit al voltant de 160 persones, diumenge en van ser 93 i per a aquest dilluns es preveu que hi vaja molta menys gent, ja que nombroses persones majors han sigut reubicades en hotels a través de la Creu Roja.

Pel que fa a l’organització, destaca que han comptat amb la col·laboració dels 17 regidors de l’Ajuntament, que “han estat des del primer moment ajudant i dirigint”, a més de personal de diferents departaments municipals i nombrosos voluntaris que hi van acudir des de dissabte mateix. “Ja no hem pogut acceptar més voluntaris perquè som molts”, afirma.

Des d’elDiario.es hem pogut parlar amb alguns dels voluntaris i afectats. Neus Gimeno, veïna de Nules, és una de les moltes persones que han acudit al recinte des de dissabte per a prestar la seua ajuda. “Aquest cap de setmana s’ha acostat moltíssima gent a ajudar; fins i tot ens sobrava ajuda de tanta gent com érem”, explica. Com ella, més de 40 voluntaris s’organitzen en tres torns d’unes 15 persones per a cobrir desdejunis, dinars i sopars, coordinats també amb la Creu Roja. “El que fem no és res en comparació amb el que ells estan passant”, subratlla en referència a la tasca del personal voluntari.

La incertesa continua present entre els veïnat, encara que les flames no han arribat als habitatges. Reconeixen que la situació al pavelló no és la més “còmoda”, però almenys tenen un lloc on quedar-se. “Des de l’organització han estat molt atents”, explica Michael Maradiaga, resident desallotjat juntament amb la seua família del municipi de la Vilavella.

Alonso Vilar, un dels veïns evacuats d’Artana, relata que a penes van disposar de deu minuts per a abandonar el seu habitatge. “Vam haver de buscar on anar i, preguntant, vam aconseguir arribar fins al lloc on era tothom”, recorda.

El pavelló ha sigut distribuït en diferents espais per a atendre les necessitats de les persones evacuades. L’àrea destinada al descans nocturn es troba en un altre edifici, el local multifuncional de Nules, mentre que la resta d’activitats es desenvolupen al pavelló. La planta superior, que disposa d’una ventilació millor i que normalment es destina a impartir classes de pilates o ioga, ara acull durant el dia les persones majors desallotjades, perquè són les més vulnerables davant les altes temperatures.

A la planta baixa s’ha condicionat un espai d’activitats i jocs per als més menuts, on poden entretindre’s i desconnectar durant unes hores, recuperant d’alguna manera la sensació de normalitat enmig de la incertesa que viuen les seues famílies.

La zona de menjador ocupa el centre del pavelló, amb nombroses taules i cadires plegables on fins a 300 persones han rebut racions de menjar, segons detalla l’alcalde. Les mascotes tampoc es queden fora. S’ha habilitat un espai amb aigua i pinso per a tota classe d’animals. “Aquests dies no ha volgut menjar res, està molt nerviós”, explica una de les treballadores de la Creu Roja, que assegura que a la majoria dels animals també els costa adaptar-se a aquesta situació, de la mateixa manera que a les persones.

Mentrestant, el dispositiu d’extinció continua treballant per a contindre un incendi que ja ha arrasat més de 7.000 hectàrees i manté actives les restriccions en bona part de la zona afectada. Encara que l’evolució del foc ha millorat respecte de les primeres hores i les condicions meteorològiques podrien afavorir-ne l’estabilització, els equips estan atents a possibles reviscolaments, especialment als fronts d’Eslida i Betxí.

El incendio forestal, que ya ha arrasado cerca de 7.500 hectáreas, comenzó en La Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón, sobre las 11.00 horas del sábado, y afronta este martes su cuarto día activo. La cifra de desalojados asciende a 16.000 personas procedentes de 18 municipios y urbanizaciones del sur de la provincia. Muchos de los evacuados se han alojado en casas de familiares, amigos o en segundas residencias, pero otros no tienen un lugar al que acudir. De esta forma, hasta 700 personas han sido reubicadas en centros de acogida habilitados, como el pabellón de Nules, que dispone de 250 camas.

David García, alcalde de Nules, explica que el sábado pasaron la noche alrededor de 160 personas, el domingo fueron 93 y para este lunes se prevé que acuda mucha menos gente, ya que numerosas personas mayores han sido reubicadas en hoteles a través de Cruz Roja.

En cuanto a la organización, destaca que han contado con la colaboración de los 17 concejales del Ayuntamiento quienes “han estado desde el primer momento ayudando y dirigiendo”, además de personal de distintos departamentos municipales y numerosos voluntarios que acudieron desde el mismo sábado. “Ya no hemos podido aceptar a más voluntarios porque somos muchos”, afirma.

Desde elDiario.es hemos podido hablar con algunos de los voluntarios y afectados. Neus Gimeno, vecina de Nules, es una de las muchas personas que han acudido al recinto desde el sábado para prestar su ayuda. “Este fin de semana se ha acercado muchísima gente a ayudar, incluso sobrábamos de tanta gente que éramos”, explica. Como ella, más de 40 voluntarios se organizan en tres turnos de unas 15 personas para cubrir desayunos, comidas y cenas, coordinados además con Cruz Roja. “Lo que hacemos no es nada en comparación con lo que ellos están pasando”, subraya en referencia a la labor del personal voluntario.

La incertidumbre continúa presente entre los vecinos, aunque las llamas no han llegado a alcanzar las viviendas y reconocen que la situación en el pabellón no es lo más “cómodo”, pero al menos tienen un lugar donde quedarse. “Desde la organización han sido muy atentos”, explica Michael Maradiaga, residente desalojado junto con su familia del municipio de La Vilavella.

Alonso Vilar, uno de los vecinos evacuados de Artana, relata que apenas dispusieron de diez minutos para abandonar su vivienda. “Tuvimos que buscar adónde ir y, preguntando, conseguimos llegar hasta el lugar donde estaba todo el mundo”, recuerda.

El pabellón ha sido distribuido en diferentes espacios para atender las distintas necesidades de los evacuados. El área destinada al descanso nocturno se encuentra en otro edificio, el local multifuncional de Nules, mientras que el resto de actividades se desarrollan en el pabellón. La planta superior, que dispone de una mejor ventilación, destinada normalmente a dar clases de pilates o yoga, ahora acoge durante el día a las personas mayores desalojadas, al ser las más vulnerables ante las altas temperaturas.

En la planta baja se ha acondicionado un espacio de actividades y juegos para los más pequeños, donde pueden entretenerse y desconectar durante unas horas, recuperando de alguna forma la sensación de normalidad en medio de la incertidumbre que viven sus familias.

La zona de comedor ocupa el centro del pabellón, con numerosas mesas y sillas plegables donde hasta 300 personas han recibido raciones de comida, según detalla el alcalde. Las mascotas tampoco se quedan fuera. Se ha habilitado un espacio con agua y pienso para todo tipo de animales. “Estos días no ha querido comer nada, está muy nervioso”, explica una de las trabajadoras de Cruz Roja, quien asegura que a la mayoría de los animales también les cuesta adaptarse a esta situación, del mismo modo que a las personas.

Mientras tanto, el dispositivo de extinción continúa trabajando para contener un incendio que ya ha arrasado más de 7.000 hectáreas y mantiene activas las restricciones en buena parte de la zona afectada. Aunque la evolución del fuego ha mejorado respecto a las primeras horas y las condiciones meteorológicas podrían favorecer su estabilización, los equipos permanecen atentos a posibles rebrotes, especialmente en los frentes de Eslida y Betxí.

Las cifras asustan. Después de verse obligados a trasladar el centro de mando de Cenicientos a Navalcarnero para poder seguir la evolución del fuego, las autoridades reconocen ya más de 90.000 personas afectadas, entre desalojados y confinados, entre Ávila y la Comunidad de Madrid. Son la principal consecuencia humana de los incendios que asolan el centro peninsular. Lo hacen a través de distintos fuegos que amenazan con unirse en un inmenso frente y que solo en la quincena que va del 9 al 22 de julio suman 72.000 hectáreas. En lo que va de año, la superficie quemada asciende a 126.000 hectáreas.

Las malas noticias, sin embargo, no acaban aquí. Tal y como han comprobado en la mañana y la tarde del sábado en poblaciones tan turísticas como San Lorenzo de El Escorial, no es necesario que el fuego entre en un municipio para que cause estragos. En el caso de este histórico municipio, bastó el vaticinio de que el fuego podría extenderse por la zona, que se disparó a última hora de la noche del viernes, para que en pleno 25 de julio la localidad presente un aspecto desangelado, con plazas vacías, restaurantes sin apenas clientes y hoteles que han sufrido una sangría de huéspedes que han hecho las maletas antes tiempo. Temen que el viento vire de nuevo y el fuego vuelva a amenazar.

Y eso que el cielo, a diferencia de lo que ocurrió en la tarde y en la noche del viernes, lucía este sábado un azul limpio, casi cristalino, nada que ver con los oscuros nubarrones de humo que llevan días manchando de ceniza la región. Pero ha dado lo mismo: “La gente se ha ido un día antes de lo que tenían previsto, aunque pensamos que la situación puede mejorar”, explica Camila Simmering, de 31 años y coordinadora de Recepción del hotel Miranda & Suizo, en San Lorenzo de El Escorial. Cuenta que, para facilitar que la gente se traslade al hotel si lo necesita, han puesto a disposición del público una tarifa de habitaciones por 65 euros la noche cuando su precio normal, a finales de julio, rondaría los 80. Estos cuentan además con una recepción que trabaja las 24 horas. El negocio, sin embargo, se mantiene por ahora en un 55% de su capacidad cuando lo normal es que a estas alturas del año registre una ocupación cercana al 90%.

“En un fin de semana normal habría muchísima más gente”, apoya Iris Jaurena, que a sus 21 años atiende el puesto de souvenirs e información que hay cerca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. La poca afluencia de público le da tiempo para explicar que en días anteriores las pavesas, las pequeñas partículas incandescentes que viajan por el aire como consecuencia del incendio, han causado estragos entre compañeras que padecen dificultades respiratorias. Antes de que un tímido turista le pida información sobre las entradas al monasterio, todavía tiene unos minutos más para hacer una llamada a la responsabilidad y la prudencia, también entre los visitantes e incluso en pleno verano.

Tampoco anda muy apurado Jeison Ortiz, camarero de 41 años que trabaja desde hace 18 en el restaurante de comida española El sol sale para todos, en el mismo municipio. Aunque reconoce que durante el día han recibido algunas cancelaciones de mesas, mantiene la fe en que no sea un sábado del todo perdido: “Aquí la gente suele venir mucho más por la noche. Es cuando tenemos que trabajar más”, comenta mientras, a eso de las 13.30, con sus terrazas casi vacías, termina de preparar una mesa para unos clientes que no se terminan de animar.

Las familias desalojadas sustituyen a los turistas

La ausencia de unos en localidades tan volcadas al turismo guarda relación, por desgracia, con la forzosa presencia de otros. Lugares como las inmediaciones de la estación de Cercanías del pueblo de El Escorial se han convertido en las últimas horas en un refugio improvisado para algunas de las familias que han tenido que abandonar su hogar prácticamente con lo puesto. “Jodido. Para qué te voy a decir otra cosa. La verdad es que estoy jodido”, responde cuando se le pregunta cómo está Diego Barjkardt, un adiestrador de perros venezolano de 58 años que vive en Robledo de Chavela, una de las localidades desalojadas el viernes.

“Yo me quería quedar, pero mi hermana no y al final nos fuimos”, relata Barjkardt, que, tras salir a la carrera de su hogar, ha tratado con escaso éxito de descansar algo en el coche. Allí ha compartido espacio con su propia hermana y con Pepe y Polo, dos pastores alemanes de nueve y 12 años, respectivamente. Por toda fuente de aseo, el baño de la estación de cercanías de El Escorial: “Hay que pagar, pero es lo que hay”, se resigna el adiestrador.

El fiel Pepe está recibiendo corticoides porque sufre un cáncer, y Polo ha perdido la capacidad de mover las patas traseras. Por eso, su dueño, que los trajo con él de Venezuela, no se separa un solo minuto de ellos: si se sienta en un banco, con él anda Pepe, que, enfermo o no, todavía conserva la capacidad de intimidar a quien llegue con malas ideas. Con sus dos perros, Barjkardt siente que ha dormido algo más seguro.

“En un rato que estuvimos en una terraza, tres personas se acercaron para ofrecernos su casa”, subraya José Gómez, un instalador de sistemas fotovoltaicos de 54 años que ha convertido su caravana en un hogar para él, su perro y sus dos gatos. Como quien abre la puerta de su casa, se calza antes de aparecer por la puerta trasera del vehículo y explicar que es de Fresnedillas de la Oliva, otra de las localidades desalojadas el viernes, pero que va siguiendo las evoluciones del fuego en un grupo de Whatsapp del pueblo creado para la ocasión y que ya cuenta con 875 miembros. La cifra constituye casi la mitad de los cerca de 1.900 habitantes que tenía censados el pueblo en 2025, según el INE. “El grupo me da mucha tranquilidad porque hay metida gente que trabaja en el 112 y que nos da información de primera mano. Las noticias fiables en mitad de tantos bulos se agradecen”.

Gracias a las informaciones que recibe por el grupo, Gómez sabe, por ejemplo, que hay fincas afectadas, pero que su casa, que está en el centro del pueblo, por el momento permanece a salvo. También permanece a salvo el propio pueblo de El Escorial, aunque a Carmen Rodrigo, una limpiadora de 56 años, el susto no se le pasa. Tiene motivos: en estos días se ve obligada a cambiar cuatro veces el cubo del agua, que tan ennegrecida queda tras absorber la ceniza de los incendios. “Ayer parecía que nos movían, hoy parece que no”, explica mirando al incendio y deseando que la situación no cambie. Por otra parte, tiene claro que el fuego, aunque no haya penetrado en el municipio, ya está causando estragos: “San Lorenzo de El Escorial está horrible. La gente no viene. Hay mucho miedo”.