El Gobierno de La Rioja desactiva la situación operativa de nivel 1 en la urbanización Torresolano de Nalda según el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR). Esto significa que, a partir de ahora, la dirección de la emergencia pasa a ser competencia del Ayuntamiento de Nalda. .

El pasado 4 de mayo se activó el nivel 1 por el riesgo de viviendas por desprendimiento de un muro en esta urbanización. De hecho, diez personas fueron desalojadas de sus viviendas por el derrumbe de un muro en la madrugada de ese lunes que provocó además hundimientos de tierra en la zona.

Desde entonces, 90 familias,120 personas, de la urbanización Torresolano en el municipio riojano de Nalda continúan en vilo. Rioja2 conversó con Renato Vitale, una de esas familias que solo quiere vivir tranquilo en su casa. “Hasta ahora este lugar era un paraíso y se ha convertido en un infierno”. Y es que el colapso de un muro en esta zona residencial ha acrecentado la intranquilidad y el miedo del vecindario que desde hace años está denunciando y advirtiendo lo que finalmente ha ocurrido en esta urbanización ubicada a dos kilómetros del municipio riojano, al otro lado de la carretera de Soria. Por eso no consideran lo ocurrido a principios de mes un accidente, sino la conclusión inevitable de una negligencia prolongada. “No es un problema nuevo; es un problema conocido que lleva años sin resolver”. Y es que durante años, el vecindario ha documentado la evolución de las grietas en el muro de contención. “Hemos acudido al Ayuntamiento de Nalda, hemos hablado con los bomberos... y todas las respuestas que hemos recibido eran tranquilizadoras, pero ha quedado demostrado que no se corresponden con la realidad”.

La situación de esta urbanización es compleja. Y la realidad actual es que el vecindario paga puntualmente sus impuestos de una urbanización que ha sido recepcionada parcialmente por el Ayuntamiento de Nalda y eso se nota en la los servicios que reciben.  El mismo Ayuntamiento que a partir de ahora asume la dirección de emergencias.

Durante todo este tiempo han estado actuando en dicha urbanización los bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Guardia Civil, alcaldesa y corporación municipal del Ayuntamiento de Nalda, Arquitecto municipal, Técnicos de Protección Civil del Gobierno de La Rioja, la ERIE Psicosocial del Gobierno de La Rioja, personal de la Dirección General de Infraestructuras, los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud, Cruz Roja Española, Técnico de Gas Natural e Iberdrola y miembros de empresas privadas de ingeniería.

Antonio es de los últimos vecinos que quedan en el sector VI de la Cañada Real Galiana, donde más abundan las infraviviendas. Esta vía pecuaria entre los municipios de Madrid, Rivas y Coslada se hizo famosa por ser el principal asentamiento irregular de Europa, con chabolas o construcciones improvisadas a lo largo de sus 14 kilómetros de recorrido. Con el tiempo y la implementación de un pacto regional para coordinar a las administraciones implicadas y vaciar el poblado, se orquestó el realojo de estas familias a viviendas públicas o destinadas al alquiler social. Para optar a ellas, uno de los requisitos es la antigüedad: hay que estar empadronados desde, al menos, el 31 de diciembre de 2011. Y Antonio, que interrumpió su estancia por un trabajo en Guadalajara, se ha quedado fuera del cupo.

“Mi familia y yo llevamos meses durmiendo en una furgoneta porque en la casa hay bichos y ratas”, asegura él, que por teléfono relata su periplo legal con la Comunidad de Madrid para poder optar a los realojos. En su caso, defiende que ha cumplido el tiempo de empadronamiento mínimo exigido. Solo que en dos periodos separados: uno antes de mudarse a Castilla-La Mancha y otro, justo después. “Hubo que irse porque me salió trabajo, y entonces tuve que empadronarme a mí y a mis hijos o no podría escolarizarlos”, señala. Ahora se dedica a la chatarra y, aunque lleva “toda la vida” en Madrid, antes de Cañada pasó por barrios como Pan Bendito o un antiguo poblado chabolista en Vicálvaro, Los Focos. A través de una abogada de oficio, solicitó el realojo aportando informes médicos o expedientes de los Servicios Sociales.

El 29 de abril de 2022, Antonio solicitó el realojo a la Comunidad de Madrid, que mantiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento y gestiona la Agencia de Vivienda Social, de carácter regional. Su petición fue denegada y se le notificó en marzo de 2023, argumentando que su caso incumplía el requisito de antigüedad en el padrón de habitantes y, por lo tanto, no podía acreditar un largo período en Cañada Real. Volvió a intentarlo un año más tarde, después de interponer un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 19 de Madrid, que dictaminó a su favor y avaló el realojo. Sin embargo, el Gobierno autonómico puso en marcha a su equipo legal y apeló la sentencia ante el TSJM, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este último órgano terminó revocando el fallo del contencioso y aceptó la tesis del Ejecutivo, que aduce que la anterior sentencia prioriza la situación de “emergencia social” de la familia sobre un requisito sellado por acuerdo.

“Mi hijo tiene una discapacidad del 72%, no se ha casado y vive con nosotros”, afirma Antonio, que insiste en haber acreditado legalmente el estado de salud de su familiar. Este periódico ha podido comprobar documentos médicos que acreditan tanto la situación dependencia crónica de este hijo, de 40 años, acreditada con carácter crónico el año 2000 por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, donde residía la familia entonces. En 2024, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales otorgó a la mujer de Antonio, Teresa, otro grado de discapacidad del 78% (esta vez por razones físicas), que puede variar en revisiones posteriores.

“Tengo diabetes y solo puedo medicarme con pastillas, porque para mantener la insulina necesito electricidad y un frigorífico donde enfriarla”, relata ella. Antonio, que también muestra achaques físicos y exhibe sus informes médicos por problemas de corazón, muestra su incredulidad al no poder adherirse a las ayudas de la administración pese a su estado.

Tres pensiones no contributivas y un hijo con discapacidad

En concreto, el Pacto Regional por la Cañada Real —suscrito en 2017 por el Estado, la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos de la capital, Coslada y Rivas o los grupos con representación en la Asamblea— dispone en su anexo 6, que hace referencia a las condiciones para solicitar un traslado, la obligatoriedad de “acreditar” esta antigüedad, sin mencionar directamente el padrón de habitantes. Aun así, el decreto de marzo de 2018 aprobado en Consejo de Gobierno para regular las adjudicaciones vinculadas al realojo de poblados chabolistas sí que exige, en su artículo 18, presentar un certificado o volante de empadronamiento de todos los componentes de la unidad familiar donde la antigüedad de residencia.

Que esta pueda ser o no interrumpida, de momento, deberá dirimirse en un tercer recurso, esta vez de casación y presentado por la abogada de oficio de Antonio. Él y su mujer son mayores, describen problemas físicos habituales o por deterioro y alegan que, en total y junto con el hijo a su cargo, sobreviven con tres pensiones no contributivas de unos 600 euros para cada miembro del matrimonio y otros 500, aproximadamente, que recibe el vástago por su condición de salud mental, según las estimaciones del vecino. “Si con ese dinero nos metiéramos los tres a pagar un alquiler, se nos iría todo en los primeros días y no tendríamos para comer”, denuncia, reconociendo escasas opciones de integrarse en el mercado si finalmente se le deniega el realojo.

Precisamente en el sector VI, donde aún residen pese a que con los años este ha ido vaciándose, la empresa adjudicataria del servicio municipal de apoyo a la intervención con familias (SAIF) —que acompañan a los residentes y tratan de paliar su exclusión— y depende de los Sociales de Villa de Vallecas es Aebia, empresa de intervención social perteneciente a Urbaser. Esta última compañía de gestión medioambiental, especializada en limpieza urbana y tratamiento de residuos, tiene de copropietarios al fondo buitre Blackstone y EQT, otra sociedad sueca.

Entre los planes que se dibujan para el futuro de los terrenos que hoy abarca la Cañada Real, está la limpieza y el acondicionamiento del suelo con vistas a iniciar “rehabilitación edificatoria” y de “reurbanización” si estas se estiman oportunas, tal y como se aventuró en 2024 con la presentación del protocolo para el Plan Extraordinario de Realojos, a la que acudieron el delegado del Gobierno u otros representantes autonómicos y locales. Las administraciones anunciaron un presupuesto de 330 millones de euros para un plan que se ejecutará en diez años, por lo que deberá concluirse en 2034.

En el desglose, el Estado y la Comunidad de Madrid aportan 110 millones cada uno mientras que el resto se distribuye entre el Ayuntamiento de la capital (al que corresponde un monto mayor) y los otros dos firmantes. De darse una futura reurbanización del terreno, para fondos como Blackstone —que controla, junto con Brookfield, buena parte del mercado inmobiliario en Madrid— se abren nuevos escenarios a los que ampliar su negocio. Para el caso de Antonio, en la sentencia del TSJM del pasado 5 de diciembre, que responde al recurso de la Comunidad de Madrid para evitar incluirles entre los realojados, uno de los argumentos esgrimidos por los servicios jurídicos de la administración es que “se aplica otra disposición que absolutamente tiene que ver con la cuestión debatida”, refiriéndose al hecho de primar la vulnerabilidad sobre la antigüedad.

En el escrito, al que ha tenido acceso Somos Madrid, se recuerda que existen sentencias previas que “confirman la necesidad de cumplir los requisitos objetivos”, los cuales “no concurren” en este supuesto. A la espera de una sentencia definitiva, Antonio teme por su futuro y muestra su inquietud por la repercusión “negativa” que pueda tener la difusión del caso. “Solo quiero que no me echen y que nada más nos perjudique. Tenemos derecho a estar aquí, a tener una vida”, sentencia.

La estación de autobuses de Badajoz dejó de ser anoche un refugio precario para convertirse en el escenario de una intervención policial. En torno a las 23:00 horas, la Policía Nacional procedió al desalojo de 17 personas migrantes que pernoctaban en las dársenas del recinto, ya que el resto de instalaciones se cierran por la noche y no pueden ser usadas.

Sin embargo, en delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha aclarado que estas personas “se fueron voluntariamente” después de que la Policía Nacional las identificara.

Según han confirmado colectivos sociales que siguen de cerca la situación, el desalojo se llevó a cabo sin que mediara ningún incidente previo. Los afectados utilizaban las dársenas de la estación como última opción ante la falta de plazas en albergues y centros de emergencia, una carencia estructural que la ciudad arrastra desde hace meses.

“No han dado problemas”

La respuesta de la sociedad civil no se ha hecho esperar. La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (Acibapem) ha exigido explicaciones urgentes a la Delegación del Gobierno. Desde el colectivo consideran “incomprensible” que se fuerce la salida de estas personas cuando muchas de ellas se encuentran en pleno proceso de regulación administrativa. “La Delegación tiene que dar una respuesta. No ha habido ningún problema con estas personas que están viviendo allí”, denuncia Pedro Carrasco, miembro de Acibapem. “El sistema actual no tiene capacidad de alojamiento y lo que se ha hecho es, sencillamente, dejar a gente que no tiene dónde dormir en la calle lloviendo. Así que entre todas las instituciones deberían encontrar una solución para estas pocas personas en situación de calle”.

Lo ocurrido en Badajoz no es un hecho aislado. En el último año, diversas capitales han optado por la vía policial para gestionar la presencia de personas sin hogar en infraestructuras de transporte, a menudo priorizando la “imagen” de las instalaciones sobre el auxilio social.

“No ha habido orden de ningún tipo”

José Luis Quintana ha desmentido que la Delegación del Gobierno hubiera dado orden para el desalojo de las personas sin hogar y ha explicado que el vigilante jurado de la estación de autobuses, espacio sobre el que tiene competencia la Junta de Extremadura, llamó a la Policía Nacional para informar de que una serie de personas querían pernoctar allí. Tras este aviso, acudió al lugar una patrulla policial que “simplemente las identificó” y, posteriormente, estas personas abandonaron “voluntariamente” el recinto.

Por lo tanto, según Quintana, no había “ninguna orden de ningún tipo, ni de desalojos ni de nada” y ha atribuido las consideraciones al respecto como “conclusiones retorcidas”.

Además, ha recordado que las competencias que el Gobierno central tiene al respecto son las de facilitar alojamiento a las personas que están en trámite de pedir asilo. 

En la Avenida Pocholo, justo en el punto en que desemboca en la Plaza Paquita, esperan Yoaline, Anto, Masha y Mantis, cuatro jóvenes habitantes de la Farga Beiby, una antigua colonia textil situada en el corazón de Catalunya y que hoy alberga la mayor comunidad trans de España. Son unas 50 personas, pero se apresuran a matizar que no sólo son trans. “Somos un grupo migrante, neurodivergente, queer... Y hasta hay familias evangelistas”, explica Mantis.

La Farga Beiby es un conjunto de cuatro edificios de la colonia originalmente bautizada como la Farga de Bebié, que acogía a los trabajadores de la fábrica de Los Suizos, inaugurada en 1899 y que cerró en 2008. Tras casi dos décadas de abandono, hace dos años y medio que un grupo de jóvenes arribó a este pequeño pueblo para hacer de él su hogar. Las fachadas, que estaban a medio comer por la vegetación, ahora lucen pintadas a favor de la diversidad sexual y contra la propiedad privada, mientras las voces de Taylor Swift o Karol G salen de unos altavoces que amenizan la tarde.

Las hay que salen a tejer al pequeño porche de su casa; otras simplemente se fuman un cigarro mientras comparten un Monster. También hay quien va o viene del río para hacer la colada y algún otro hace el tonto con un descapotable rojo en miniatura. Este pueblo se ha convertido en un “espacio seguro” para colectivos que se sienten perseguidos, juzgados y expulsados.

“Somos una familia, una rara, pero familia. Y, si nos echan, no tenemos adónde ir”, dice Anto. Y no lo dice por decir, porque sobre la Farga pesa la sombra del desahucio. Por ahora tienen un desalojo autorizado por el juez pendiente de ejecutarse y un proceso judicial abierto y que afecta al edificio en el que vive casi la mitad de los habitantes de la comunidad, entre ellos cerca de una decena de menores.

“Todas venimos de historias complicadas. Que nos expulsen significa no sólo perder la casa, sino las redes que hemos construido”, explica Anto, que carga en su mochila con la violencia familiar. De origen rumano, sus padres renegaron de ella cuando supieron que era no binaria y pansexual. Masha también llegó a la Farga para refugiarse; llego huyendo de su Rusia natal, donde era activista contra el gobierno de Putin y tuvo que ir hasta donde no la encontraran.

“Todos buscamos una familia y nuestra única regla es no juzgar a nadie; ni su pasado, su cuerpo, profesión o adicciones”, añade Yoaline, un joven ecuatoriano ‘transmasc’ que compagina su carrera como cantante con su trabajo como paramédico. De hecho, tan diversa es esta comunidad, que hasta conviven con tres familias evangélicas que llegaron a la Farga tras sendos desahucios.

Son una quincena de personas, migrantes en su totalidad, que fueron derivadas a la Farga Beiby por el responsable de la comunidad evangélica de Ripoll. Los ecos de este grupo ocupa habían llegado a la ciudad y, en vista de que diversos fieles estaban a punto de quedarse en la calle, el predicador fue a pedirles ayuda. “Somos fácilmente identificables y nos encontró rápido”, bromea Yoaline, haciendo referencia a la particular estética del grupo, que tienen predilección por los colores chillones, el animal print, el brilli-brilli y las ristras de piercings.

A pesar de que al principio del proyecto la idea era ser una comunidad íntegramente queer, no dudaron en acoger a las familias. “¿Cómo íbamos a dejar a criaturas en la calle?”, se pregunta Anto. Ahora son una decena los menores que viven en la Farga. Cuatro son hijos de Danis, una madre soltera colombiana que llegó a la Farga hace siete meses. “Hace ocho años que llegué a España y es el primer sitio en el que me siento en familia”, dice esta mujer que vive en La Internada, el edificio que la propiedad quiere desalojar y que, además de vivienda, funciona como Centro Social en el que se imparten talleres de catalán, lengua de signos o pole dance.

Reside en una de las habitaciones más grandes del barrio, al lado de la cual los jóvenes han habilitado un parque de juegos. Han conseguido peluches, tiendas de campaña y hasta un tatami de goma eva. “Son nuestres niñes. ¡Qué menos!”, presume Yoaline mientras carga a una de las criaturas en brazos. “Sería muy triste si esto sólo fuera una comunidad de gente joven trans; habría sido muy poco anarquista por nuestra parte sólo pensar en nosotros”, añade.

La sombra del desahucio

La propiedad recae en Edmundo Bebié S.L., empresa que creó la fábrica ‘Los Suizos’, llamada así por el origen de la familia que instaló esta planta textil que funcionaba con la energía del Ter. El conjunto ocupa 488,3 hectáreas, la mayor parte de las cuales es bosque. En lo referente a las edificaciones, cuenta con siete masías, aparte de las fincas que conformaban la colonia, de 18 edificios a ambos lados del río. La comunidad de la Farga Beiby ha ocupado cuatro de ellos, en el barrio del Solell.

Un año después de que la fábrica cerrara, la empresa se quiso adherir al Plan Urbanístico del Parque Patrimonial del Río Ter con un proyecto para “incrementar el número de viviendas, rejuvenecer la población y mantener la estructura urbana”, pero nunca llegó a llevarse a cabo. “Es justo lo que estamos haciendo”, precisa Yoaline, que explica que han ofrecido a la propiedad pactar un usufructo para habitar el barrio a cambio de adecentarlo. Pero lamentan que la propiedad no ha respondido y, por el contrario, ha optado por la vía judicial.

Hasta el momento, ha habido dos procesos penales: uno quedó archivado, entendiendo el juez que los ocupantes actúan “en precario” y desestimando la urgencia de expulsarlos, dado que la propiedad, que es gran tenedora, no estaba haciendo uso de la finca ni de los edificios desde hacía dos décadas. El segundo proceso sí tuvo recorrido y se decretó el desahucio con fecha y hora acordadas, pero -inexplicablemente- los Mossos nunca llegaron a aparecer.

Además, actualmente hay un proceso civil abierto para La Internada, llamado así porque antaño funcionó como orfanato para niñas que, de mayores, iban a trabajar en la fábrica. Hoy alberga a unas 20 personas, la mitad de las cuales menores de edad, que corren el riesgo de quedarse en la calle.

La propiedad sostiene que la finca se ha “ocupado de forma clandestina por personas de identidad completamente desconocida”, pero las habitantes de la Farga están empadronadas y sostienen que se han identificado ante la policía en diversas ocasiones. Además, según consta en la demanda -a la que ha tenido acceso elDiario.es-, los denunciantes alertan del “riesgo evidente para la seguridad y el orden público” que suponen para el entorno.

Pero a excepción de cuatro casas de vecinos a unos cinco minutos en coche, la Farga está totalmente aislada. Sita sobre la frontera entre las provincias de Girona y Barcelona, está rodeada de bosque, flanqueada por el río Ter y a unos 10km de Ripoll, el núcleo de población más cercano. “Nos quieren joder porque nos odian”, esa es la explicación de Yoaline, que afea a la propiedad que quiera expulsar a niños y niñas de unas fincas que llevaban años en desuso.

Ahora la Farga está gestionando certificados de vulnerabilidad para intentar evitar la expulsión e Incluso ha abierto un crowdfunding para sufragar los gastos legales, así como la regularización de las personas migrantes y las reparaciones que necesita el espacio y de las que la propiedad no se ha hecho cargo. Este medio ha intentado ponerse en contacto sin éxito y por diversas vías con la empresa; por su parte, el abogado de Edmundo Bebié S.L. ha rechazado hacer declaraciones.

La propiedad sostiene también que el barrio supone una molestia para los vecinos, pero ellas aseguran que no han tenido quejas; al contrario. Explican que diversas familias que habitaban en la colonia, hace 20 años, han vuelto para ver cómo están las que fueron sus casas a día de hoy. “Vienen muchos domingos mientras dan un paseo. Nos dan las gracias por mantener el espacio y no dejar que muera”, explica Yoaline. Los únicos problemas que han tenido han sido aislados y en forma, de hecho, de ataques tránsfobos: en una ocasión, un grupo de adolescentes les tiró piedras a las ventanas de madrugada, profiriendo insultos LGTBIfóbicos, y en otra, un hombre apareció con una hacha lamentando que aquello se hubiera convertido en “Sodoma y Gomorra”. Ahora, esos son los nombres con los que han bautizado a dos de los edificios de la Farga.

Sin agua, luz ni techos

Aunque quienes habitan la Farga estén haciendo lo posible para quedarse, reconocen que su vida no es fácil. “Que nadie idealice esto. Las relaciones son muy intensas porque somos gente que viene de historias durísimas, pero es que además las condiciones no son buenas”, cuenta Anto mientras enseña su casa. Ella vive en Sodoma, que es el edificio que está peor. Los techos están cayéndose, lo que provoca goteras, humedades, y corrientes de aire. “Nos llueve encima”, resume Anto mientras muestra su cuarto, una estancia pensada hasta el milímetro con una estética kitsch en la que predominan el rosa y el leopardo. La delicadeza de la cama con dosel contrasta con el agujero en el techo que deja expuestas unas tejas que también se están deshaciendo. “Me levanto con los ojos rojos del polvo”, reconoce.

Si bien la Internada tiene unas condiciones más decentes, el resto de edificios están en un estado tan precario que algunas personas han tenido que irse por problemas de salud. “Aguantar el invierno es muy duro”, expone Yoaline, que es el manitas del grupo. Aunque con los techos no se ha atrevido, sí es el responsable de un sistema de tuberías casero que llevaba el agua de un pozo hasta las estancias.

Funcionó hasta que la propiedad tapió dicho pozo. Una decisión que tomó semanas después de cortar también la luz. Desde entonces, solucionan lo segundo con placas solares que, aunque pueden no llegar a ser suficientes en invierno, durante los meses de más sol permiten ciertos caprichos como alguna partida a la Wii que compró Yoaline y que comparte con la comunidad.

El problema real está, además de en los techos, en el sistema de agua. Sin acceso al pozo, sólo les queda ir a Ripoll a llenar garrafas en las fuentes para el agua potable. Y para el resto tienen el río, donde van a hacer la colada y a recolectar agua para el aseo o la limpieza. Su intención es idear un sistema para bombear agua del Ter hasta las casas y para ello cuentan con la ayuda de un ingeniero suizo, Michael, que acabó de casualidad en una de las fiestas que organizan para recaudar fondos y quedó prendado de la comunidad. Tanto, que pidió a su universidad financiación para convertir la causa de Farga en su proyecto de final de máster y ahora hace meses que vive allí, estudiando el terreno y las posibilidades de devolver el agua corriente a sus habitantes.

“Sólo intentamos dar vida a unas casas que estaban abandonadas. Y es una vida muy bonita”, explica Anto, sentada en un banco de la Plaza Paquita. Allí ha citado a diversas vecinas para hacer la fotografía que encabeza este texto. Mientras aguarda, reconoce que han cometido fallos, pero que la comunidad es fuerte. “Lo hemos pasado muy mal, hemos perdido a amigues y cada día es un reto. Pero vale la pena”, añade Yoaline.

Estas palabras fueron pronunciadas justo una semana antes de que una de las personas que acudieron al llamado para salir en la fotografía falleciera. Las vecinas de la Farga recibieron la noticia con dolor, pero se han unido para sobrellevarlo y deciden quedarse con el recuerdo de la lucha compartida. “Un besito desde la Farga, hasta el cielo”, es el recordatorio que han pedido que aparezca en las últimas líneas de este reportaje, en homenaje a su compañera.

“Una calle llena de furgones policiales para desahuciar a una persona que lleva 67 años en su casa”. Así denunciaba el Sindicato de Inquilinas de Madrid en sus redes sociales el nuevo despliegue para desalojar de su casa a Mariano Ordaz, vecino de la céntrica calle del Carnero que este jueves se enfrentaba al quinto intento de desalojo de un piso en el que ha pasado toda su vida y del que quiere expulsarle una orden religiosa.

Esta vez, ni siquiera la enorme movilización vecinal e inquilina ha logrado evitar su ejecución, apoyada por hasta ocho vehículos de gran tamaño de la Policía Nacional y decenas de efectivos. Como respuesta al lanzamiento y a la detención de dos personas, el Sindicato ha convocado una manifestación de urgencia este mismo jueves desde las 18.00 junto a la sede de la Brigada Política de Información de Madrid, situada en la calle Tacona del distrito de Moratalaz.

Una multitud de manifestantes, la mayoría de ellas jóvenes, se han concentrado junto al domicilio de Mariano desde primera hora de la mañana para evitar el desahucio y mostrar su apoyo a este vecino, muy querido en la zona. Dos de estas personas han llegado a colgarse de la fachada del edificio y han colgado una pancarta con un contundente mensaje dirigido a la orden católica: “Aquí no desahucia ni Dios”. Han permanecido en el aire durante más de nueve horas, desde las 6.00 de la madrugada, como medida de presión para suspender el lanzamiento: si alguien abría la puerta de casa de Mariano, caerían al vacío. Finalmente, bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido para que bajaran de las alturas tras colocar una colchoneta a nivel del suelo y ambas han sido arrestadas.

“Mariano no estás solo, estamos contigo” ha sido una de las proclamas que más han repetido los protagonistas de la movilización ante los agentes y furgones de la Policía Nacional movilizados. “Cuanta policía para echar a un pensionista”, lamentan desde el Sindicato de Inquilinas. También han vuelto a reprochar su “falta de humanidad” a la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, conocida como VOT, propietaria del inmueble.

Carolina Vilariño, miembro de la organización, denuncia que el dispositivo de este jueves “no tiene precedentes y está lleno de irregularidades”: “No han esperado a la Comisión Judicial y están intentando tirar la puerta abajo, han amenazado a las compañeras que resisten con un bidón de gasolina y quemarlas vivas dentro si no salen y hay dos vidas en riesgo”.

Con este último punto, Vilariño se refiere al dispositivo ideado desde el Sindicato para instar a las autoridades a que desistan del desalojo: “Hay un dispositivo en el que si se abre la puerta [del domicilio de Mariano] dos personas que están colgadas en la ventana del patio se precipitan al vacío. Los policías no están capacitados para esa operación, tendrían que venir bomberos”. “El delegado del Gobierno, Francisco Martín, es el responsable de lo que está ocurriendo y debe detenerlo. Es un dispositivo para favorecer al rentismo”, apostillan desde la agrupación en defensa de los derechos inquilinos. La operación para encaramarse al bloque ha sido ejecutada por dos miembros del grupo de militancia Acciones en Alturas.

Finalmente, efectivos del cuerpo de bomberos se han personado en el lugar pasada las 9.00 y han colocado una colchoneta bajo las dos personas encaramadas a la fachada. “Confiamos en que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid no colaborarán en ejecutar este desahucio, solo en garantizar la seguridad de las compañeras que siguen colgadas. No dejaremos de gritar un segundo para que Mariano sepa que estamos con él”, trasladaba la organización. Vilariño ha apuntado luego que “los bomberos han dejado claro que desahuciar no es su función y se plantan, solo van a asegurar a las compañeras en caso de que la policía tire la puerta abajo”.

Imágenes posteriores muestran, no obstante, que los bomberos sí han comenzado a participar del desalojo. “La Comisión Judicial pretende ejecutar el desahucio, los bomberos se están preparando para entrar. La vida de dos compañeras corre peligro. Lo que estamos viviendo es una verdadera vergüenza”, publicaba en su perfil el Sindicato. Un mensaje que apuntaba ya hacia la culminación del desahucio, un hecho que ha adelantado Público y que confirman a Somos Madrid fuentes cercanas al caso.

Además de las irregularidades previas denunciadas por el Sindicato, afirman haber captado incluso una conversación entre dos agentes policiales donde uno de ellos deja las declaraciones siguientes, según el vídeo compartido con los medios y en sus redes: “Lo que tendría que tener es no tanto miramiento, dejar entrar y se acabó. ¿Qué se cae uno? El siguiente ya no se volverá a colgar”.

Ocho furgones de las fuerzas de seguridad han llegado a la calle del Carnero poco después de las 6.00 de madrugada, una temprana hora a la que ya había sin embargo un nutrido grupo de personas movilizado que se ha ido ampliando con el paso de las horas.

Desde el Sindicato han alertado asimismo de que no se ha permitido a un grupo de abogadas con labores de mediación conversar con la Comisión Judicial desplazada, un hecho que califican de “inaudito”: “No entendemos esto, queremos que puedan acceder y hacer su función”, afirma Vilariño. “La Comisión simplemente ha dicho que se va a ejecutar, pero nosotras seguimos resistiendo”, zanja.

El pasado miércoles, el Sindicato organizó ya una “vigilia contra el rentismo” a modo de acción simbólica de protesta contra las actuaciones de la la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís. A sus 67 años, tiempo en el que solo ha conocido esta casa donde nació cuando ya vivían en ella su abuela y sus padres, Mariano se enfrentaba a una difícil encrucijada. Tenía que decidirse entre su propia seguridad o el más que probable desahucio si abandona el piso para que la orden franciscana que ostenta la propiedad ejecuten los trabajos de reforma necesarios.

El techo de la cocina, carcomido por las humedades, se vino abajo el pasado 8 de noviembre. La estancia ha quedado inutilizable desde entonces, con la excepción de la nevera. La encimera, el fregadero o la propia cocina cedieron ante la caída de unos escombros ahora agolpados en una esquina. Seis meses después, pilotes colocados por los bomberos evitan el colapso de la estructura y la apuntalan.

Estos elementos también ocupan la mitad del baño, incluida la ducha, para reforzar la estabilidad. Mariano hace algunas elaboraciones con un hornillo o busca lugares baratos para comer. Se ducha en casas de amigos, la de su vecina o en el gimnasio de un centro social. No sabía si su vivienda regresará algún día a la normalidad y ahora ya no sabe ni siquiera si tendrá de nuevo una vivienda.

La propiedad solo se plegaba a acometer las obras necesarias si él la abandonaba. “Ahora que el desahucio se ha parado sin fecha, la propiedad tiene tiempo para las reformas acometidas sin echar a Mariano de la casa en la que lleva toda su vida”, apuntaba el Sindicato en un comunicado después de frenar el cuarto conato de desahucio. Pero en vez de eso, volvieron a la carga.

Y eso que la milenaria VOT cuenta con un extenso patrimonio inmobiliario en la ciudad de Madrid y sus alrededores. Entre sus propiedades se encuentra el Hospital VOT San Francisco de Asís, en el barrio de Embajadores. Este centro sanitario, ubicado a escasos diez minutos del domicilio de Mariano Ordaz, se inauguró en 1967 y es el más antiguo de Madrid. En las inmediaciones del propio domicilio de Mariano, en el número 1 de la calle del Carnero, varios inmuebles comerciales o residenciales pertenecen a la entidad religiosa.

Mariano estuvo a punto de ser desalojado (llegó a recibir una orden) ya en 2022, después de acumular impagos. No hubo caridad por parte de su casero, la VOT, conocida más recientemente como Orden Franciscana Seglar (OFS). Finalmente, aquel desalojo lo evitaron la movilización del Sindicato de Inquilinas y el freno judicial amparado en el decreto del Gobierno para la paralización de los desahucios a quienes acreditasen vulnerabilidad. Ahora el apoyo del Sindicato y la organización colectiva han sido el único escudo que le queda a Mariano y esta vez, por desgracia, no ha sido suficiente. Termina así una etapa de 67 años arraigada en un hogar del que ahora le despojan.

Los delitos por allanamientos y usurpación de vivienda en España descendieron un 9,4% en 2025, con 14.875 casos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Cataluña sigue siendo la comunidad en la que más casos se han registrado (5.913), aunque también han caído un 15,6%, descenso que en Canarias ha sido del 10,1%.

Así lo recoge el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior al que ha accedido EFE, que indica que las ocupaciones ilegales de vivienda han pasado de 16.426 en 2024 a 14.875 el año pasado.

Los datos no diferencian entre allanamientos de morada (cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (okupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías).

Asimismo, el Ministerio del Interior recuerda que los casos más graves de allanamiento de morada son los menos en España y que los de usurpación son mayormente sobre viviendas vacías.

De esta forma, Cataluña, una de las cuatro comunidades más pobladas de España junto a Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, acaparara cerca del 40% de las denuncias registradas en todo el territorio.

Tras esta región, figuran Andalucía con 1.909 denuncias -aunque allí las cifras bajaron un 13,5% de un año para otro-, la Comunidad Valenciana con 1.805 -con un aumento del 2,1% con respecto a 2024- y la Comunidad de Madrid con 1.269, región donde descendieron un 12,5%.

Además, de Cataluña, Andalucía y Madrid, los delitos por allanamientos y usurpación han descendido en Baleares (un 15,7% menos al pasar de 514 a 433); Canarias (un 10,1% al pasar de 663 a 596); Castilla - La Mancha ( un 6,7% menos); Murcia (un 11,2% menos); y La Rioja (un 17% menos).

Por contra, estos delitos han aumentado -además de en la Comunidad Valenciana- en Aragón (un 9,2% más); Asturias (un 28%); Cantabria (un 11,3%); Castilla y León (un 5,8%); Extremadura (un 29,6%); Galicia (un 12,6%); Navarra (un 14,2%); País Vasco (un 3%); Ceuta (un 26,3%) y Melilla (un 26,6%).

Desde 2014, las denuncias por delitos por allanamiento y usurpaciones de inmuebles que registran las distintas policías y Guardia Civil han pasado de 10.084 a las 14.875 de 2025 -últimos datos publicados-, es decir un 32% más. 

Humanidad y tiempo para poder encontrar una alternativa. Es lo que pide Etuani, uno del cerca de medio centenar de residentes que viven en los terrenos de la Casa de Mr. Leacock en Guía, Gran Canaria, ante un desalojo fechado para el 30 de junio que los dejará a todos en la calle.

La sorpresa les cayó encima la semana pasada, dice este padre de familia con tres menores a su cargo. Hasta entonces, padrón y escolarización mediante, vivían en estos terrenos de Guía sin saber que tenían sus casas sobre una propiedad privada.

Ahora, tienen poco más de dos meses para encontrar un techo bajo el que dormir a partir de ese 30 de junio marcado en el calendario.

El Ayuntamiento de Guía pidió a comienzos de abril ayuda a otras administraciones para encontrar una solución para estos vecinos ya que, a su entender, se trata de una situación que “exede el ámbito local”.

En conversación con EFE, Etuani se muestra cabizbajo, desanimado y desconcertado. “Hace cuatro años que llegué aquí, fabriqué mi casa pensando que esto era un territorio abandonado y porque había más gente construyendo, creí que era público. Si lo llego a saber, no lo habría hecho”, reconoce.

Ha hecho una importante inversión en su casa, hasta el punto que señala haber dejado todos sus ahorros en ella, y “nadie” les dijo nada sobre que donde estaban levantando su hogar pertenecía a otro propietario: “Todo el mundo está empadronado aquí y hay gente que lleva aquí viviendo ni se sabe”.

Pero ahora nada de eso ha servido, y se ven abocados a buscar alternativa, aunque tal y como está actualmente el mercado de la compra o alquiler de vivienda, pocas esperanzas tiene de encontrarla la mayoría de quienes residen en esta zona del municipio grancanario.

Aunque en ciertos momentos llegó a haber viviendo aquí hasta 200 personas, en la actualidad hay alrededor de medio centenar, según cuenta Etuani, de los cuales en torno a una decena son menores y algunos de ellos, mayores dependientes.

Por ello, pide sobre todo “humanidad” a las administraciones competentes. Porque -aduce- no se puede dejar sin techo, de un día para otro, a tantas personas que buscarán cualquier alternativa para poder dormir la noche después del desalojo: “Muchos se verán obligados a okupar otra casa abandonada, ¿o de verdad se piensan que se quedarán en la calle?”.

Eutani insta a las instituciones a buscar opciones de alojamiento. “Para que el desalojo se dé de la manera más pacífica posible, tenemos que tener esa alternativa”, insiste.

Y, si no es posible por el gran volumen de residentes en la Casa de Mr. Leacock, por lo menos que les den “tiempo”.

“Que nos avisen con un poco más de margen, para que la gente pueda ir buscando esa alternativa. Si les dan una fecha exacta, ya verán que la gente se busca algo para ese entonces, pero así, tan de repente y con tan poco tiempo... Es imposible”, lamenta.

Una casa como cualquier otra

Al entrar a la vivienda de Etuani, se ve una casa como cualquier otra que haya en cualquier barrio de Canarias.

Aunque sí hay algunas chabolas en el asentamiento, son muchas las casas construidas por estas personas que, sin saber que tenían propietario las tierras, erigieron aquí su hogar. La de Etuani fue diseñada por él mismo a su gusto y bajo sus necesidades: dos habitaciones, una de ellas grande para sus tres hijos, un amplio salón comedor, una cocina americana y un baño de grandes dimensiones, así como un pequeño patio de entrada.

“Me dejé aquí 19.000 euros, con muebles que compré yo mismo. ¿Qué haré con todo esto ahora?”, se pregunta, preocupado ante la situación.

Mientras su hija mayor hace los deberes, y los dos pequeños corretean por la casa asomándose a las ventanas para ver con quién habla su padre, Etuani comenta que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con su familia para intentar encontrarles una alternativa, ya que tiene menores a su cargo.

Pero son solo eso, intentos, por lo que su preocupación aumenta cada día que pasa. “Yo ahora mismo estoy en el paro, porque está la cosa muy complicada para encontrar algo estable, y no puedo hacer frente a un alquiler de una casa que se ajuste a lo que necesita mi familia, y que me permitan arrendar con tres hijos menores”.

Por eso, ha hablado también con algún abogado para intentar asesorarse y ver si es posible aplazar el lanzamiento un tiempo.

Por el momento, y mientras sigue moviéndose por encontrar una solución para su familia, Etuani espera que ese 30 de junio, en caso de darse el desalojo, pueda tener un techo donde guarecerles a todos. 

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desplegado un dispositivo policial, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, para desalojar dos núcleos de asentamientos que se encontraban en el Pont del Treball Digne, en las obras del tren de la Sagrera. Los campamentos, en los que vivían unas 200 personas, están en unos terrenos que son propiedad de Adif.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, el operativo se ha llevado a cabo a raíz de un informe de los Bomberos de la capital catalana, que han realizado un informe de la zona en el que se constata que “existe un riesgo grave e inminente” para las personas que vivían allí, lo que hacía necesaria una actuación “con carácter de urgencia”.

Hasta el pasado octubre, en esta zona había hasta cuatro asentamientos de chabolas, pero el incendio que hubo en uno de ellos provocó el primer desalojo. Así, todavía queda otra zona de chabolas, justo delante de la antigua estación de mercancías de la Sagrera, que estos días está siendo demolida. Los residentes de este cuarto asentamiento recibieron el lunes una notificación en la que se les ordenaba abandonar voluntariamente la zona en un plazo de 48 horas, que se acaba este mismo miércoles.

Ahora, a estos residentes que todavía quedan, les toca esperar la orden del juez, que es el que ordenará el desalojo. En el operativo de este lunes también han participado profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y los servicios de limpieza municipales.

Miércoles de desalojos

El desalojo del asentamiento de chabolas del Pont del Treball Digne ha coincidido con otro desahucio, este en el bloque Sant Agustí del barrio de Gràcia. Allí estaba programada la primera expulsión de un bloque propiedad del fondo Amsterdam Developers, que compró la finca en 2023 para destinarla a 'colivings'.

La intención de la propiedad es trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones, una modalidad más lucrativa que el alquiler tradicional y cada vez más habitual en Barcelona.

El desahucio, que finalmente ha sido suspendido gracias a la movilización vecinal, ha cosechado el rechazo tanto del president de la Generalitat, Salvador Illa, como del Ayuntamiento de Barcelona, que instó a la propiedad a parar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda para los vecinos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Barcelona realojará a 14 vecinos afectados por la reforma urbanística del barrio de Vallcarca en diversos puntos de la ciudad de Barcelona. Seis personas irán a parar a la Casa Orsola, el edificio del Eixample que se ha convertido en símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda tras ser comprada por el Ayuntamiento para evitar la expulsión de sus habitantes.

Esta solución se da después de seis meses de mediación del Síndic de Greuges de Barcelona (Defensor del Pueblo) entre el consistorio y los vecinos, que llevan años ocupando dos fincas y una nave industrial de titularidad municipal. Estos terrenos están afectados por la reforma urbanística que hace años está aprobada en el barrio que derruirá estos inmuebles para edificar una Rambla Verde, equipamientos deportivos y de ocio, así como una promoción de viviendas. De esas, 500 serán alquileres sociales, pero todavía tardarán años en estar disponibles.

La mediación del síndic David Bondia -quien también medió en el caso de la Casa Orsola- ha dado una solución habitacional a 14 de las 30 personas que ocupan las fincas. De ellos, 28 tenían derecho a realojo en viviendas de inclusión, mientras que las otras dos eran personas que no estaban en situación de vulnerabilidad. Según ha asegurado Bondia, las personas que no serán realojadas es porque no han aceptado la propuesta de la Sindicatura.

Por su parte, desde la entidad Som Barri, han querido matizar que quienes no han aceptado lo han hecho porque las “ofertas no satisfacían sus realidades personales porque les obligaban a desmembrarse como familias y porque no tienen en cuenta el arrelamiento en el barrio y les obligan a desubicarse de su entorno”, tal como ha declarado a medios Esther Murillo, abogada de la entidad.

Es cierto que ninguna de las soluciones encontradas por el Síndic están en Vallcarca, algo que le “hubiera encantado”, según palabras de Bondia. “Pero no no hay disponibilidad” de pisos en la zona, asegura. “Hemos ofrecido todo lo que hemos encontrado. Estamos muy contentos porque empezamos sin tener nada y hemos conseguido 28 soluciones en esta ciudad que es Barcelona”, ha remachado el defensor del pueblo.

Los que no han aceptado son una familia de ocho personas: una pareja con dos hijos y sus correspondientes suegros; así como ua pareja con dos hijos y dos personas de edad avanzada. Bondia confía que los “puentes tendidos” puedan acabar dando solución a las personas que no han aceptado la propuesta. Igualmente, asegura que todas esas personas “siempre” han estado acompañadas por Servicios Sociales y entidades del barrio. “Nadie, y mucho menos los menores, se quedarán desamparados”, ha añadido.

Los seis que se mudarán a la Casa Orsola conforman una familia con cuatro hijos. También hay otra de cinco formada por una pareja, los abuelos y un menor que irá a Torre Baró, y una más de tres personas que van al Gòtic. El realojo será a cambio del pago de un alquiler social y el compromiso del Ayuntamiento de mantener el seguimiento de Servicios Sociales.

Un conflicto enquistado

Las fincas afectadas fueron expropiadas por el Ayuntamiento en 2015 y, desde entonces, se mantuvieron vacías. Diversas entidades del barrio, en vista de que el proyecto urbanístico no empezaba y que esas viviendas no estaban siendo usadas, decidieron abrir los pisos y ponerlos a disposición de familias vulnerables, sobre todo de aquellas que tuvieran niños pequeños o estuvieran formadas por personas mayores. La mayoría de ellos venían de procesos de desahucio y algunos, incluso, habían llegado a vivir en asentamientos de chabolas como el que fue desalojado por el Ayuntamiento el pasado mayo.

El conflicto en el barrio hace años que dura. Si bien el inicio del plan urbanístico data de la primera legislatura de Colau, el proyecto se quedó en un cajón que no se volvió a abrir hasta marzo de 2025, ya con Collboni al frente de la alcaldía. El nuevo Gobierno municipal se propuso recuperar los edificios afectados recurriendo al procedimiento administrativo.

Se trata de un proceso largo, pero se aceleró con un incendio que hubo una noche en las barracas y a raíz del cual, los Bomberos decretaron el espacio como infravivienda con “riesgo inminente”. Eso les dio la oportunidad de entrar y desalojar sin previo aviso.

En el caso de los dos edificios, el procedimiento siguió su curso habitual y, después de una inspección, fueron calificados también de infravivienda. Con esto, los expedientes quedaron cerrados y se pidió a los vecinos abandonar sus casas de manera voluntaria. Algunos lo hicieron, pero otros se negaron a irse. En julio, el Ayuntamiento programó un desalojo que no se llegó a llevar a cabo debido a la presión vecinal.

Alejandro lleva décadas en su barrio y 15 años en su casa. Vive en uno de los apartamentos municipales para mayores de San Francisco, ubicados en el número 1 de la calle Jerte, en el centro de Madrid. Se trata de un equipamiento público asistencial que ofrece a las personas mayores determinados servicios que garantizan su bienestar, al tiempo que aportan mayor autonomía que una residencia al uso. En este espacio ha construido la última etapa de su vida, cerca de la calle Toledo en la que habitó durante medio siglo. Goza, pues, de dos condiciones de las que no todo el mundo puede presumir a sus 81 años: independencia y sentimiento de comunidad.

Hace apenas dos años, hasta 61 personas residían en el complejo. Ahora, solo quedan cuatro. Alejandro es uno de los residentes que continúan. Comparte su situación y la de sus tres compañeros en un vídeo difundido en redes por entidades como la Asociación Vecinal La Chispera o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm): “Tengo 81 años y aquí llevo 15. He recibido una carta en la cual me dicen que tengo cinco días para recurrir o salir de mi casa. Con el pretexto de que se está hundiendo el edificio, quieren derribarlo para hacer no sé qué”. Su negativa a marcharse es tajante: “Esta es mi casa, hasta que yo me muera, como consta en el contrato”.

Alejandro espera que “ningún juez vea sensato firmar esto”, en relación a la notificación que le ha remitido el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y a la futura resolución judicial. Su petición al Ayuntamiento es clara: “Que comience las obras que tengan que hacer, las realmente necesarias, para que puedan venir todos los que están fuera y se están muriendo de pena. Son compatibles con que estemos nosotros dentro”, opina este maestro de obras jubilado. Con esa gran experiencia profesional a sus espaldas, tacha la situación de “injusticia social”. Una coyuntura que amenaza con alejarle de un barrio en el que lleva 50 años, “toda una vida”: “No me quiero marchar. No hay motivos”.

La Asociación Vecinal La Chispera respalda a los cuatro residentes, cuestiona la necesidad de vaciar completamente el edificio para ejecutar las obras y reclama que el Ayuntamiento haga público el informe técnico que lo justifica. En un comunicado remitido a los medios, la agrupación pide que se paralice cualquier desalojo inminente y que se garantice el retorno de los 57 residentes que abandonaron los apartamentos. Asimismo, solicitan que el edificio mantenga su uso como equipamiento público de apartamentos asistenciales para mayores y que las obras puedan llevarse a cabo por fases para compatibilizarlas con la permanencia de los residentes que aún continúan en el inmueble.

Movilización vecinal ante la “falta de respuestas e información”

La entidad ha recurrido a sus propios arquitectos para desmontar el argumentario técnico del Consistorio, según el cual los trabajos no pueden ejecutarse con garantías de seguridad mientras permanezcan inquilinos en el interior. Fuentes de La Chispera trasladan en conversación con Somos Madrid que, según dichos profesionales, “el informe técnico municipal no contempla razones que justifiquen el desalojo”. Sostienen que solo recoge que el bloque necesita reformas y no cumple las normativas, “una circunstancia que se da en la mitad de edificios de Madrid”.

En este punto, remiten a la cronología del proceso para detallar los vaivenes de la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, organismo dependiente del área de Obras y Equipamientos responsable de esta intervención. Fue en junio de 2024 cuando los residentes de San Francisco recibieron la primera comunicación, donde dicha dirección general achacaba la necesidad de abandonar el edificio a unas obras de “mejoras y mantenimiento” con una supuesta duración de 14 meses. Ya en septiembre de 2024, cuando la Junta de Gobierno municipal aprobó un gasto de casi 3,8 millones de euros para las actuaciones, los trabajos pasaron a definirse (según la documentación disponible en el Portal de Contratación) como “subsanación de patologías”.

“En lenguaje técnico, patologías engloba desde humedades o deficiencias en instalaciones hasta problemas estructurales; por sí solo, no significa que exista un riesgo de inseguridad ni que las obras no puedan ejecutarse por fases con parte del edificio ocupado. Ante esta falta de respuestas e información, consideramos que es un desalojo injustificado que pone en peligro, injustamente, a nuestros vecinos”, exponen desde La Chispera a partir de la valoración que les han remitido los arquitectos consultados, con los que ya trabajan en coordinar una revisión presencial de las instalaciones al margen de la efectuada por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento critica la “actitud irresponsable” de los inquilinos que resisten

El equipo de Almeida defiende en cambio su actuación. Así, según recoge Europa Press a partir de fuentes municipales, el inmueble presenta importantes deficiencias que requieren “una rehabilitación integral, con una inversión estimada de 3,8 millones de euros cuya ejecución quedó paralizada ante la negativa de cuatro personas a abandonar el edificio”. “Al persistir la negativa, se solicitó al juez la autorización de entrada en domicilio. Actualmente estamos a la espera del pronunciamiento judicial”, indican.

Desde el Ayuntamiento subrayan que “los técnicos municipales han establecido que la rehabilitación debe realizarse libre de ocupantes por la propia seguridad de los usuarios”. Lamentan que se haya tenido que acudir a la vía judicial por la “actitud irresponsable” de los cuatro últimos residentes, que “perjudica a los 57 usuarios que sí entendieron la necesidad de acometer la obra y que desde octubre de 2024 se encuentran realojados en otros recursos”. Este “entendimiento” se produjo no obstante después de una fuerte oposición ya en esos momentos, con concentraciones y protestas en la puerta de los apartamentos.

Alternativas más lejanas, más caras y menos autónomas

El Consistorio reitera que a los usuarios que siguen dentro de los apartamentos se les han ofrecido las “mismas alternativas” que a sus compañeros. Entre ellas, “alojarse temporalmente en una residencia donde tendrían cubiertos los servicios de alimentación, lavandería, fisioterapia o atención sanitaria”. Pero es que, al margen de la controversia sobre el modo de ejecutar la reforma, desde La Chispera critican al Ayuntamiento por estas alternativas de realojo que se han dado a las 57 personas reubicadas.

Sus características son, de hecho, un motivo extra por el que las cuatro personas restantes no desean abandonar sus casas: “No se ofrecen soluciones adecuadas a la gente que echan. Se les ha mandado muy lejos y a residencias que no les dejan esa misma autonomía. Eso te hace perder tu identidad, tu barrio, tu independencia. Y este último punto es muy difícil de recuperar a cierta edad, aunque acaben volviendo podrían hacerlo en unas circunstancias vitales muy distintas”. Recuerdan que los de San Francisco son “apartamentos normales y corrientes, aunque con un servicio que asiste ante posibles imprevistos y efectúa tareas de limpieza”.

No se ofrecen soluciones adecuadas a la gente que echan. Se les ha mandado muy lejos y a residencias que no les dejan esa misma autonomía. Eso te hace perder tu identidad, tu barrio, tu independencia

Estas opciones de realojo son además “bastante más caras”, debido a lo cual “algunos afectados se han acabado yendo con familiares”. “Mientras en los apartamentos municipales destinaban entre el 10% y el 15% de su pensión, en las residencias propuestas el copago oscilaba entre el 80% y el 86%. En la práctica, esto implica incrementos de hasta un 70% en el coste mensual soportado”, detallan en La Chispera, cuyos miembros se han volcado en la defensa de sus vecinos.

“Estamos haciendo lo posible por evitar una expulsión que creemos que puede ser inminente. A cada uno de los cuatro le ha llegado un escrito diferente con un proceso particular. De esa manera no parece un desalojo, sino cuatro órdenes individuales”, cuestionan. El período de alegaciones de cinco días ya ha concluido, por lo que Alejandro y sus tres compañeros se enfrentan al temor de que las expulsiones se ejecuten “en cualquier momento”.

Pese a no tener constancia documental que apunte en ese sentido, en La Chispera temen que “ante la forma en la que se ha actuado, la falta de transparencia y la ubicación privilegiada del edificio en el centro de Madrid”, la operación esté vinculada con “el auge de los pisos turísticos y la especulación, de manera que se esté contemplando un cambio de uso y una cesión a manos privadas”.

Desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ejecutivo municipal, liderada por José Fernández, indican por contra a Europa Press que cuando finalice la reforma todos los usuarios “volverán al mismo apartamento en el que residían y con las mismas condiciones económicas”. En este sentido, destacan que la reforma del edificio permitirá poner a disposición siete plazas adicionales en apartamentos, “que por sus deficiencias no podían ser habitados ahora mismo”.

Las explicaciones no convencen a las fuentes de La Chispera que hablan con este periódico: “Es necesario tener en cuenta que las personas de edad avanzada son muy vulnerables a los cambios, especialmente si implican pérdida de autonomía y de arraigo social. El traslado de estas personas de sus barrios les priva de sus vínculos sociales más básicos, lo que puede afectar negativamente su salud y su capacidad para valerse por sí mismos”. Por ello reclaman que, si deben ejecutarse sin más remedio, se proceda “sin ninguna opacidad”.

Catalina apenas puede contener las lágrimas al entrar en su casa. “Yo no me lo termino de creer”, dice. La calle Laguneta del municipio gaditano de Grazalema está como la dejaron hace 11 días, pero el pueblo todavía no ha recobrado la vida. Junto a su marido, Luis, ha estado todo ese tiempo desalojada en Ronda (Málaga), y no se queja de cómo los han tratado, todo lo contrario.

Pero volver a casa era algo muy deseado para ellos y para el resto de los vecinos, que ya este lunes recibieron la luz verde por parte de los técnicos que el pasado 5 de febrero, tras comprobar que la cantidad de agua que dejó la borrasca había penetrado por todos los orificios de la roca kárstica sobre la que se erige Grazalema, ordenaron el desalojo completo del pueblo por riesgo de hidrosismos y corrimientos de tierra.

Los 1.600 vecinos abandonaron, apresurados, sus casas, pensando que el municipio entero podía sucumbir al peso del agua. Que podía desaparecer por completo.

La de este lunes, bajo el sol, ha sido una jornada en la que los grazalemeños han ido volviendo a cuentagotas: unos en coches particulares, otros en taxi y unos cuantos en autobuses. La mayoría ha retornado por la carretera de Gaidovar, ya que el acceso por la A-372 sigue cerrado. A las cuatro de la tarde todavía era una ciudad fantasma. Solo había guardias civiles, policías locales y periodistas. El realojo, tutelado por los agentes, ha empezado poco después de las cuatro de la tarde y ha concluido a las seis.

No se ha producido la marabunta que se podría pensar, a pesar de que más de 1.300 viviendas ya contaban con el visto bueno para ser de nuevo habitadas. “El pueblo huele raro, como a humedad”, decía una vecina que no paraba de saludar caras conocidas en la plaza del Ayuntamiento.

“Por la cabeza nos ha pasado de todo, incluso el apocalipsis. Algunos creían que el pueblo se había hundido y por eso da tanta alegría ver que todo está bien”, comenta Margarita mientras abraza a un familiar al salir del coche.

El regreso ha sido lento. Muchos vecinos no entraban directamente en sus casas, primero se detenían en la puerta, observaban fachadas y ventanas y respiraban antes de girar la llave. Después llegaba el gesto repetido en todo el pueblo: abrir balcones y ventilar once días de silencio, de humedad acumulada y de incertidumbre.

Juan ha pasado este tiempo fuera, en un pequeño piso familiar. “Hemos estado bien dentro de lo que cabe, pero echábamos de menos esto, porque esto es nuestro pueblo”, explica mientras mira su calle como si comprobara que sigue siendo la misma. Durante los días de desalojo la preocupación fue creciendo. “Cuando te dicen que te vayas y pasan once días sin volver, piensas que ha pasado algo raro. Mucha gente imaginó lo peor. Pero ahora lo que ves es alegría. Sonrisas, abrazos… volver a la rutina era lo que queríamos todos”.

La escena se repite en cada esquina. Saludos largos, conversaciones interrumpidas por otro vecino que también quiere preguntar cómo está todo. Nadie habla primero de daños, sino de personas. El alivio precede a cualquier balance.

También regresan los negocios. Francisco sube la persiana del bar El Copeo y la luz entra sobre la barra todavía vacía. “Vuelve el negocio y a ver qué nos encontramos. No sé cuánto hemos perdido en estos días fuera, pero una cantidad alta. Espero que pronto se le quite el miedo a la gente y vuelvan a visitarnos como antes”. Pero incluso este día ya se veían turistas sin el menor atisbo de algo parecido a miedo. Durante los primeros días de la borrasca, con Andalucía en alerta roja, prácticamente todos los accesos por carretera a Grazalema estuvieron cortados.

La memoria del lugar relativiza la sorpresa. Un vecino veterano recuerda historias heredadas: “Ya pasó en el año 63, mi padre lo contaba. Cuando dicen que hay que irse, hay que hacerlo. Vivimos encima de una piedra”. La frase se repite entre los mayores como explicación sencilla de la convivencia con la sierra: el terreno sostiene, pero también obliga a marcharse cuando se satura.

No todos han podido volver. En la calle Corrales Terceros permanecen viviendas precintadas y algunos vecinos solo han regresado para recoger objetos personales. La normalidad, para ellos, tardará más en llegar. En otras casas falta la electricidad durante las primeras horas y técnicos municipales revisan contadores para restablecer el suministro antes de la noche.

Antes del desalojo completo de los vecinos, el agua brotaba masivamente de la tierra -incapaz de absorber tal cantidad- salía de los azulejos del suelo de las casas, manaba de los agujeros de los enchufes, se filtraba por las paredes, y los dueños tenían que agujerear los muros a martillazos para que no se desplomaran del peso...

El propio Ayuntamiento también sufrió daños en su planta baja por las inundaciones y habilitará dependencias alternativas mientras se reparan los espacios afectados. En la fachada cuelgan dos pancartas: “bienvenidos a casa” y “gracias por vuestra ayuda”, un mensaje sencillo que resume once días de acogida fuera del municipio.

Al caer la tarde vuelven los sonidos cotidianos: escobas arrastrando barro seco, puertas que se abren y se cierran, televisores encendiéndose al mismo tiempo. No hay celebración ni euforia, sino algo más contenido. La tranquilidad de comprobar que la vida sigue donde se dejó.

Catalina termina de ordenar el salón y vuelve a mirar su casa. “Está igual”, dice, todavía sorprendida. En Grazalema el acontecimiento extraordinario del día no es la catástrofe ni el regreso, sino recuperar la rutina. Después de once días desalojados, quedarse vuelve a ser lo importante.

La Guardia Civil mantiene un refuerzo de vigilancia en Grazalema tras el regreso de la práctica totalidad de los vecinos a sus domicilios, con un dispositivo especial para la zona en la que no se ha podido realizar la vuelta de los residentes. Este lunes, los agentes acompañaron y atendieron a los vecinos de la localidad. Solo han quedado fuera de Grazalema una docena de familias que por sus circunstancias particulares han decidido permanecer fuera hasta que puedan organizar su traslado.

El acuerdo entre el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y la Fundación Casa de Alba para reducir cinco euros el precio de la entrada al Palacio de Liria no era tal, sino una iniciativa privada de la entidad que administra el patrimonio de la familia nobiliaria. Pese a ello, el Ejecutivo municipal impulsó la comunicación de la acción mediante un acto al que acudió la concejala de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. También mediante una nota de prensa en los canales oficiales del Consistorio.

“Lo que se ha comunicado públicamente es que ambas partes han alcanzado un entendimiento para facilitar una reducción en el precio de la entrada al Palacio de Liria para las personas nacidas y empadronadas en la ciudad de Madrid, decisión que corresponde exclusivamente a la Fundación Casa de Alba como entidad titular y gestora del espacio”, reconocen fuentes del área de Cultura de la corporación municipal en declaraciones a Somos Madrid. Pero Rivera de la Cruz se refirió expresamente a la medida como fruto de un “acuerdo” en la presentación.

“Dicha medida no conlleva contraprestación alguna por parte del Ayuntamiento de Madrid, ni económica ni de ningún otro tipo, ni genera obligación, compromiso o derecho alguno para esta administración”, apostillan desde Cultura. En respuesta a una petición de información de Más Madrid emitida por la coordinación general de Cultura, este organismo habla de nuevo de “un entendimiento” y concreta que “no existe expediente administrativo ni documentación adicional susceptible de ser remitida en los términos solicitados”.

Un gesto que “subraya la relación extraordinaria entre este espacio y Madrid”

El Ayuntamiento de Madrid hizo público el pasado 29 de enero ese supuesto acuerdo con la Fundación Casa de Alba en el que la entidad privada establece tarifas rebajadas en el acceso al Palacio de Liria para aquellas personas nacidas o empadronadas en la capital. Los visitantes madrileños necesitarán enseñar el DNI o el certificado de empadronamiento para acreditar una de esas dos condiciones.

La medida, presentada por Rivera de la Cruz y el director de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Romero Sánchez-Arjona, contempla una tarifa de 15 euros para las visitas entre semana y de 17 euros en fines de semana, tanto al propio recinto como a sus exposiciones. El precio general es de 20 y 22 euros, respectivamente, así que la rebaja en ambos casos es de cinco euros.

La concejala recalcó que “el Palacio de Liria es uno de los grandes tesoros culturales de Madrid y este acuerdo permite que los madrileños sientan aún más cercano un espacio que forma parte de la historia y la identidad de la ciudad”. La edil tachó el gesto de “simbólico”, al tiempo que “subraya la relación extraordinaria entre este espacio y la ciudad de Madrid”.

La concejala de Más Madrid Cuca Sánchez, sin embargo, lamenta este episodio: “El Ayuntamiento de Madrid admite por escrito que los descuentas de la Casa de Alba en las entradas para el Palacio de Liria no están amparados en ningún convenio, ni expediente administrativo, ni ningún informe técnico. Como si el Ayuntamiento de Madrid en lugar de una administración fuese el cortijo de la Casa de Alba, que usan para su autobombo”. También considera que “se ha perdido la oportunidad de acordar precios realmente populares e incluso de introducir días o franjas horarias de gratuidad. Pero es que además, lo poco que se ha anunciado ni siquiera tiene garantías de cumplirse, porque no hay ningún acuerdo escrito ni ningún procedimiento administrativo que vincule a la Casa de Alba, y mañana podrían cambiar de criterio o subir el precio y el Ayuntamiento no tendría cómo reclamarles nada por el incumplimiento de lo anunciado”.

“Es una absoluta vergüenza por la que exigimos explicaciones a la delegada de Cultura”, añade la edil, a la vez que muestra su preocupación porque también “se discrimina a las personas migrantes por no dejarles presentar su tarjeta de identificación TIE para acreditar su residencia, ya que sólo aceptan el DNI”.

“Entendimiento” en mitad de un polémico proceso de desahucios

La presentación tuvo lugar en el propio Palacio de Liria en un momento especialmente tenso en el entorno por la acción de la Casa de Alba. En la calle Duque de Liria, a pocos metros de este icónico inmueble cercano a la Plaza de España, decenas de familias de seis bloques (incluidos arrendatarios de renta antigua) se enfrentan a los intentos de expulsión por parte de la familia nobiliaria, ahora con el duque de Alba Carlos Fitz-James Stuart al frente. En diciembre, la empresa intermediaria Bala Investment comenzó a remitir cartas en las que asegura hablar en nombre de la propiedad y les anuncia el desalojo de las viviendas por necesidades de rehabilitación.

El representante de comunicación de la propiedad, a preguntas de este diario, confirmó “el inicio de un proceso de no renovación de contratos de alquiler” en los bloques cercanos al Palacio de Liria. “Se han reunido conmigo amigablemente, quieren que nos vayamos por las buenas. Pero nosotros no nos vamos a ir, ni por las buenas ni por las malas”, aseveraba en conversación con este medio una de las inquilinas. “Llevo 53 años aquí y soy la que tiene el contrato más joven”, remataba.

La concejala delegada no quiso valorar la polémica y se limitó a recalcar que trabaja en “acuerdos que tienen que ver con Cultura, sin entrar en otras apreciaciones”. Dicho acuerdo, sin embargo, no ha sido suscrito por su ramo ni por ninguna otra área del Consistorio. Cree que el proceso de expulsión de las decenas de familias “no tiene nada que ver con que los madrileños puedan entrar en el Palacio de Liria en mejores condiciones de las que lo hacían”.

En los seis bloques afectados vivien diez familias de renta antigua, con contratos firmados antes de 1982 que les otorgan unas garantías especiales. El resto de inquilinos se cuentan por decenas, pero es difícil saber su número exacto. Según datos del Registro de la Propiedad, los seis edificios de la manzana suman 88 viviendas y 10.913 metros cuadrados de suelo residencial.

Desalojadas cuatro viviendas, habitadas por quince personas, en Quel por el desprendimiento de parte de una fachada en la calle Cobertizo Bajo, según ha informado el SOS Rioja 112, que también ha indicado que no se han producido daños personales.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha movilizado a Guardia Civil, Bomberos del CEIS, Recurso de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo y Ayuntamiento de Quel.

Ante el riesgo para las casas colindantes, es necesario desalojar cuatro viviendas habitadas por quince personas, que se realojan con familiares y en el albergue municpal.

Mariano Ordaz podrá seguir viviendo en su casa, por mucha que esta sea cada vez más inhabitable. Su posible desahucio ha despertado una ola de solidaridad, apoyo y contestación que se ha materializado en la mañana de este viernes. Ni siquiera la intensa lluvia con la que ha arrancado el día en Madrid ha amedrentado a las decenas de personas que han acudido al portal de su edificio en el barrio de Embajadores para detener la posible expulsión. Alrededor de las 9.20, más de dos horas después de la hora prevista para el desalojo, la comitiva policial y judicial desplazada ha comenzado a marcharse. El lanzamiento ha quedado aplazado, sin nueva fecha establecida hasta el momento.

“¡Lo hemos parado, Mariano se queda!”, ha celebrado el Sindicato de Inquilinas en sus redes sociales. Esta entidad se ha volcado en el apoyo al vecino de la calle del Carnero. De hecho, la mayoría de personas concentradas llevaban sus característicos chalecos naranjas, incluído el propio Mariano. ‪“Empapados, casi sin dormir, hemos parado el cuarto intento de expulsarle de su casa. ‬‪Lo hemos hecho con organización, con nuestros cuerpos y resistencia ante una ley deficiente”, trasladan desde la agrupación.

Antes, poco después de las 7.00, comenzaban a informar de su movilización para evitar a toda costa la enajenación: “Hoy luchamos por Mariano. La VOT [Venerable Orden Tercera] pretende desahuciarle habiendo vivido toda su vida en su casa, después de dejarla caerse a cachos: acoso inmobiliario. Nos defendemos y organizamos donde las instituciones y justicia nos fallan”.‬ La jornada ha estado repleta de eslóganes combativos: “Poder inquilino”; “vecina, despierta, desahucian en tu puerta” o “las llaves de Mariano se quedan en su mano”.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato, ha explicado que esta suspensión ha sido posible “gracias a que Mariano fue valiente” y acudió a la entidad, así como a “la organización popular”. “Las instituciones iban a sacarle a la calle: el Congreso, los jueces, la policía, servicios sociales y todo el sistema rentista. Hemos parado una barbarie ante la cual solo queda desbodecer las leyes que nos quieran echar para especular”, ha aseverado en declaraciones a los medios.

Según trasladan desde la organización, la jornada no ha estado exenta de tensión antes de que llegase el final feliz para Mariano: “La policía lo llama quedada, saben que hoy lo van a tener muy difícil para expulsar a Mariano de su casa”. Finalmente ha sido tan complicado que no han podido hacerlo.

A sus 67 años, tiempo en el que solo ha conocido esta casa donde nació cuando ya vivían en ella su abuela y sus padres, Mariano se enfrenta a una encrucijada compleja. Debe elegir entre su propia seguridad o su más que probable desahucio si abandona el piso para que la orden franciscana que ostenta la propiedad ejecuten los trabajos de reforma necesarios.

El techo de la cocina, carcomido por las humedades, se vino abajo el pasado 8 de noviembre. La estancia ha quedado inutilizable desde entonces, con la excepción de la nevera. La encimera, el fregadero o la propia cocina cedieron ante la caída de unos escombros ahora agolpados en una esquina. Más de tres meses después, pilotes colocados por los bomberos evitan el colapso de la estructura y la apuntalan. Estos elementos también ocupan la mitad del baño, incluida la ducha, para reforzar la estabilidad. Mariano hace algunas elaboraciones con un hornillo o busca lugares baratos para comer. Se ducha en casas de amigos, la de su vecina o en el gimnasio de un centro social. No sabe si su vivienda regresará algún día a la normalidad.

La propiedad solo se pliega a acometer las obras necesarias si él la abandona. “Ahora que el desahucio se ha parado sin fecha, la propiedad tiene tiempo para las reformas acometidas sin echar a Mariano de la casa en la que lleva toda su vida”, apunta el Sindicato en un comunicado.

Mariano estuvo a punto de ser desalojado (llegó a recibir una orden) ya en 2022, después de acumular impagos. No hubo caridad por parte de su casero, la milenaria Venerable Orden Tercera de San Francisco, llamada popularmente VOT y conocida más recientemente como Orden Franciscana Seglar (OFS). Finalmente, el lanzamiento lo evitaron la movilización del Sindicato de Inquilinas y el freno judicial amparado en el decreto del Gobierno para la paralización de los desahucios a quienes acrediten vulnerabilidad. Este último escudo está ahora mismo en el aire, pero el apoyo del Sindicato ha vuelto a convertirse en su mejor protección.

Mariano se dedicaba a la hostelería y se quedó sin empleo en la pandemia. Después solo pudo acumular contratos menores en el Hospital Gregorio Marañón, además de cobrar una paga que no llegaba a los 500 euros. Ya jubilado, le quedan algo más de 1.000. Por ello quiere renegociar su deuda y su alquiler con la orden religiosa, ahora que puede afrontarlos. A cambio, pide que los trabajos se hagan con él en el interior o marcharse provisionalmente después de firmar un acuerdo que acredite que, una vez acabada la rehabilitación, volverá a su hogar.

La propiedad, que desde la caída del techo solo ha enviado un técnico que instó a colocar pilotes también en el baño (los de la cocina los pusieron los bomberos), rechaza sus peticiones e incluso una reunión. “Es una treta para que me vaya”, opina sobre las instancias que ha recibido para dejar la vivienda debido a la obra. Está convencido de que, si se marcha, no podrá volver.

Borrasca Leonardo, Borrasca Marta, Borrasca Nils. Una sucesión de temporales de lluvia ha atravesado España en las últimas semanas. Han generado problemas en todo el país, sobre todo en Extremadura y Andalucía… sobre todo en la sierra entre Cádiz y Sevilla. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía no ha dudado: se enviaron alertas a los móviles, se cancelaron las clases, se confinaron barrios y se desalojó a una población entera: Grazalema. 

Ya nadie utiliza argumentos contra estas medidas y a favor de la libertad. Tampoco en el PP. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado en la gestión de este tipo de emergencias respecto a la pandemia o a la dana de Valencia? Lo abordamos con el periodista de elDiario.es especializado en cambio climático y medio ambiente, Raúl Rejón.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Talavera de la Reina decidió anoche suspender todas las actividades programadas para este fin de semana relacionadas con la fiesta de Carnaval, San Valentín y la tradicional romería de Santa Apolonia, “en solidaridad con los vecinos afectados por las inundaciones así como por las condiciones meteorológicas adversas”, tras casi una semana con varias calles inundadas por el desbordamiento de los arroyos que atraviesan la población.

La edil de Comercio y Festejos, María Pilar Guerrero, ha explicado que con la situación “complicada” que atraviesa la ciudad se ha tomado esta decisión “con el fin de priorizar la seguridad y el bienestar de la población”.

Entre los eventos cancelados se encuentran: el desfile escolar de Carnaval del viernes 13 de febrero, el flashmob de baile urbano y la actuación de la chirigota del sábado 14 de febrero, y la tradicional romería de Santa Apolonia del domingo 15 de febrero.

Una familia con dos menores desalojada a un polideportivo

La edil ha expresado su apoyo a todas las personas y familias que están viviendo momentos complicados como consecuencia del temporal. De hecho, también en la noche de ayer, el alcalde José Julián Gregorio informó de que se había procedido al desalojo de una familia, dos de ellos menores, dado que su vivienda, ubicada en una de las calles inundadas por los efectos del temporal se encontraba “a ras de suelo” y se estaba inundando.

Una información que también había facilitado el Gobierno de Castilla-La Mancha- que habló del desalojo de cinco personas- y de la activación desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 del ERIE (Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias) de Albergue de Cruz Roja para acoger en el pabellón polideportivo José Ángel de Jesús Encinas a estas personas afectadas, tras pedirlo el ayuntamiento.

El alcalde ha explicado que está atendiendo a esta familia que se encuentra en el polideportivo, “en un lugar con intimidad”, hasta que puedan regresar a su domicilio habitual.

Se trata de una madre con sus cuatro hijos de 19, 17, 13 y 8 años, que viven en un bajo que se ha inundado. Han permanecido en el pabellón hasta las 8 de la mañana, cuando se han marchado a trabajar al colegio e instituto.

Este miércoles, los miembros de Protección Civil realizarán una valoración de la vivienda y la familia continuará atendida tanto por el Ayuntamiento como por personal de Cruz Roja.

Tras la visita, se ha dado a conocer que esta familia será trasladada a las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) y miembros de Protección Civil “acompañarán a sus cinco integrantes a recoger sus enseres y a ayudarles en el traslado”. Además, se ha anunciado que el albergue instalado en el polideportivo José Ángel de Jesús Encinas permanecerá en preventivo.

El alcalde ha agradecido a todos los servicios de emergencias “su incansable labor” ayudando en las labores de achique de agua para que Talavera “vuelva a la normalidad lo antes posible”. A su vez, sigue pidiendo “prudencia” porque la borrasca y las lluvias van a continuar, y ante cualquier emergencia llamen al, 092, al 112 o a Protección Civil.

Aqualia lleva dos bombas de achique de 600.000 litros por hora

El alcalde, José Julián Gregorio, ha agradecido a la empresa Aqualia que haya destinado “más recursos” para ayudar a los vecinos que sufren las inundaciones en sus viviendas que afectan a varias calles de la ciudad. De hecho es la empresa que tiene adjudicado el contrato público para gestionar el abastecimiento y el alcantarillado de la ciudad.

La citada empresa ha proporcionado dos bombas de evacuación de 600.000 litros la hora, más otras tres de menor nivel de evacuación procedentes de la citada empresa de localidades de la provincia “que ya se encuentran en Talavera” achicando agua para paliar los efectos del temporal y ayudar a los vecinos que tienen anegadas sus viviendas o garajes, principalmente en la zona de Entretorres, Hilanderas y Grisetas.

Gregorio asegura que  las medidas “van surtiendo efecto” ya que se está evacuando agua a sazón de “aproximadamente de dos millones de litros a la hora”.

Por otro lado, la Policía Local ha cortado al tráfico la avenida Real Fábrica de Sedas y a través de una tubería se está derivando agua al río. “Esperamos poder aliviar la presión y que el agua vaya descendiendo”. La alternativa que se ofrece al tráfico para los vecinos es la calle Francisco Aguirre.

La Junta de Andalucía ha autorizado la vuelta de 1.244 desalojados de la zona rural de Jerez de la Frontera (Cádiz), que sigue pendiente del nivel del río Guadalete, y mantiene la evacuación de otras 603 personas. En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha confirmado esta noticia, especificando que los vecinos que pueden volver a sus viviendas son de las zonas rurales de La Ina, El Portal y La Corta.

Así, se mantiene la situación de desalojo en La Greduela, Las Pachecas, El Cejo del Inglés y El Portalillo, debido a que la situación del río Guadalete. “A lo largo de todo el día se va a hacer minuto a minuto seguimiento del río para valorar, si sigue descendiendo, que estos vecinos que todavía no pueden volver a sus casas a lo largo del día lo puedan hacer o no”, ha explicado la alcaldesa sobre esos 600 ciudadanos que siguen desalojados por la crecida del Guadalete, aunque advirtiendo que “no hay garantía” de que eso pueda suceder durante la jornada de hoy.

Esta decisión, según ha continuado, se toma “con un criterio objetivo”, que son los seis metros del río, y “con un criterio técnico”. En ese sentido, ha explicado que “si el río, con independencia de que haya bajado de los seis metros, sigue en una situación que puede ser comprometida para determinadas zonas” como las que permanecen desalojadas, no se permite este retorno como medida de seguridad.

40 calles afectadas

En relación con las actuaciones e iniciativas que desde el Ayuntamiento de Jerez están adoptando para que la vuelta a casa sea “lo más normalizada posible”, se ha puesto en marcha un operativo especial de retorno de estas personas que estaban desalojadas. El operativo se irá aplicando a las distintas barriadas a medida que se vayan incorporando las autorizaciones de realojo.

La alcaldesa también ha señalado que en la zona rural hay “unas 40 calles afectadas inundación o barro” y que en toda la zona rural de Jerez, las barriadas afectadas, en mayor o menor medida, se cifra en diez de ellas. Así, ha detallado que “gravemente afectada” están las barriadas de La Corta y Las Pachecas. Por lo tanto, ha indicado, “se priorizarán” de cara a este servicio de limpieza “las zonas afectadas más sensiblemente, con más medios”, lo que no significa que “no se vaya actuando en paralelo en todas”, ha aclarado.

Ayudas

Por otra parte, la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha asegurado que “le consta” que las líneas de ayuda para paliar los daños provocados en los distintos municipios de la provincia por los efectos de las borrascas “van a venir pronto” y “en distintos aspectos”, recordando que ya se establecieron ayudas “el año pasado” cuando las distintas danas y que entonces “no tuvieron nada que ver con lo que ha sido ahora este desastre”.

En declaraciones a los medios durante una convocatoria en Jerez de la Frontera junto a la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, la subdelegada ha señalado que la Unidad Militar de Emergencia (UME) “todavía está en el territorio trabajando para que se vuelva a la normalidad lo antes posible”, con la apertura de colegios, labores de limpieza de calles, retirada de piedras de las carreteras tras desprendimientos, todo ello para que “vuelva la gente a sus casas”.

“La situación es complicada porque todo este tren de borrascas ha sido en esta provincia donde ha descargado”, ha lamentado Blanca Flores, que ha citado daños en la agricultura en zonas como Costa Noroeste, Jerez o Jimena, con los cultivos de aguacate, así como la evaluación de daños en playas o carreteras de la provincia gaditana para ver cuáles serán las actuaciones que se van a acometer en estos días.

Las últimas horas en Grazalema, Cádiz, han sido cruciales para conocer cuál es el estado del acuífero sobre el que descansa el pueblo. Las abundantes y continuadas lluvias que han arreciado en toda Andalucía han provocado que, con la aparición de la borrasca Leonardo, el sistema haya colapsado.

Ante el peligro que supone, se procedió ayer jueves a la evacuación de 1.600 personas, de las que 250 descansan por el momento en el municipio malagueño de Ronda, aunque se prevé aumentar el perímetro de evacuación, ha trasladado este viernes el presidente andaluz Juanma Moreno. Una decisión tomada a raíz de la evaluación de un equipo de expertos que fijan el siguiente meta en facilitar la descomprensión del subterráneo para estabilizar la zona.

El episodio de alertas hizo que la Junta de Andalucía pidiera el jueves la activación del Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Así, un dispositivo formado por tres especialistas en hidrogeología y movimientos del terreno se trasladaron a Cádiz, punto en el que se encuentra Juan Carlos García, coordinador del dispositivo y miembro del Instituto Geológico y Minero (IGME).

En declaraciones a este medio, explica que las actuaciones se centrarán, hasta que no pare de llover, en “intentar buscar soluciones de drenaje” para el acuífero kárstico de 18 kilómetros cuadrados. A tenor de lo estudiado, avanza que la peculiaridad de Grazalama estriba en que “se estaba produciendo una salida continua y muy extensa de agua desde el subsuelo que repercutía en la inundación de las casas o la rotura de muros”. Las imágenes de los vecinos achicando agua en las puertas sus hogares o las calles anegadas han llenado las redes sociales y los telediarios de todo el país, incrédulos ante el borboteo imparable.

“Sobrepresión del agua”

Pero, ¿qué es un acuífero kárstico? El espacio natural para almacenar agua que hay debajo del pueblo está formado por una roca de composición calcárea, es decir, “está llena de huecos y cavernas por las que circula el agua”. “En condiciones normales, parte de esos huecos no están llenos y hay otros que sí lo están, pero, a causa de este periodo de lluvias intenso y prolongado, se ha producido una sobresaturación de todos los huecos, así que las zonas de recarga han aumentado y hay una sobrepresión del agua en su interior: por eso está saliendo todo”, indica.

La disolución de las paredes o el aumento de la porosidad del acuífero puede producir colapsos o hundimientos, en función de su cercanía con la superficie. A partir de la evaluación, trasladaron la información a la Junta, que procedió a la evacuación total de los habitantes de forma coordinada con la colaboración de los servicios de emergencias EMA 112, Infoca y Protección Civil. Gran parte de las personas afectadas fueron reubicadas en el polideportivo El Fuerte, en la localidad malagueña de Ronda, en donde se encuentran “razonablemente bien”, ha trasladado el presidente autonómico Juanma Moreno, mientras que el resto está acogido por sus familiares.

“Vamos a ver si tenemos suerte y el informe de CSIC, de los geólogos, es un informe favorable lo antes posible y pudiéramos retornar a todas las familias a sus casas”, ha comentado Moreno, quien ha reconocido que “es posible que durante algunos días no sea posible”.

Las autoridades han advertido que no se procederá al realojo de los habitantes hasta dentro, probablemente, de una semana. Todavía queda por resolver si el suelo seguirá siendo estable para continuar viviendo en el núcleo urbano, una cuestión “prematura”, insiste el representante del CSIC: “Primero, hay que monitorizar los niveles del agua dentro de las zonas de recarga, ver a las presiones a las que están sometidas y, luego, analizar cuáles son los procesos de disolución que han tenido, porque es un problema complejo y, en este momento, no hay soluciones sencillas”.

“Esto es dramático”

En principio, se desconoce si hay otras poblaciones en Andalucía que viven sobre terrenos con características similares, a la espera de la coordinación con otros expertos que actúan en otras zonas de la comunidad. “El monitoreo tiene que ser continuo, porque esto es dramático y se ve cómo está saliendo el agua por todo el subsuelo de la población”, determina García. El asesoramiento científico continuará en las próximas horas, clave frente a la nueva llegada del temporal Marta, que dejará nuevas precipitaciones en un momento en el que la saturación del suelo está prácticamente al 100%, tal y como reflejan los mapas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El operativo GADE tiene una dilatada experiencia a la hora de actuar en catástrofes naturales. El Protocolo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (PADE) se ha activado por segunda vez este año después de que analizaran un incidente de contaminación marina en Las Palmas de Gran Canaria. Además, también actuaron durante la dana que asoló Valencia en octubre de 2024 o en la mina de sal de Praid, en Rumanía, al igual que en los incendios forestales en Las Médulas de Castilla y León o en Pico del Lobo, en Guadalajara.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que va a ser “muy difícil” que los vecinos de Grazalema (Cádiz) puedan volver a sus casas antes de “seis o siete días”. En declaraciones a Canal Sur Radio, en relación con desalojo completo que se tuvo que producir en la tarde de ayer jueves de Grazalema por riesgos de derrumbes y desprendimientos de tierra como consecuencia de la gran acumulación de agua en el municipio, que ha alcanzado cifras históricas en estos últimos días del temporal que azota a Andalucía.

Son unos 1.500 vecinos los afectados por la medida y que fueron desalojados con éxito de forma coordinada y ordenada con los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía (EMA 112, Infoca y Protección Civil), y la participación del resto de administraciones local y estatal, con la intervención y despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil. Gran parte de los afectados fueron trasladados al polideportivo El Fuerte de la localidad malagueña de Ronda con un dispositivo que ha tenido especial atención a las personas vulnerables.

Ha expresado que, dentro de esta difícil e incómoda situación que supone abandonar los hogares, los vecinos “están razonablemente bien”. También algunas personas han optado por irse a casas de familiares o de amigos que tienen en la comarca, y otros han buscado alojamiento en la hostelería, según ha añadido el presidente, quien ha valorado el “cariño” y la “solidaridad” que el pueblo de Ronda ha ofrecido a los vecinos de Grazalema, los cuales tuvieron un comportamiento “ejemplar” durante el desalojo, con “mucha serenidad y tranquilidad”.

“No antes de seis o siete días”

Sin embargo, ha señalado que “todo parece indicar que, no antes de seis o siete días, va a ser difícil que puedan volver” a sus casas. Ha indicado que se va a estar pidiendo a los especialistas y geólogos que hagan las pruebas de la situación del terreno donde se asienta Grazalema, con un acuífero de 18 kilómetros cuadrados, “lo antes posible”, y “que crucemos todos los dedos para que de una manera casi inmediata puedan volver”.

No obstante, primero tendrá que amainar la situación, dejar de llover, y que drene un poco el agua, según ha señalado el presidente, quien ha apuntado que la previsión es que deje de llover a partir del próximo miércoles 11 de febrero. Para Moreno, sin duda, cada vez que se toma una decisión de desalojo es un “drama porque afecta a la vida cotidiana de las personas”, pero “más vale prevenir que curar” y hay que evitar que se pierdan vidas.

“Nosotros vamos a actuar con mucha previsión, intentando anticiparnos y sabemos que esto genera molestias y problemas, pero el objetivo uno que nosotros tenemos en el plan de emergencia es salvar vidas”, ha indicado el presidente.

La Junta de Andalucía ha desalojado de una veintena de viviendas en Alcalá de los Gazules (Cádiz), como medida de prevención tras derrumbarse un muro de contención, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) 112.

Según ha explicado en una nota, los hechos han ocurrido en la zona trasera de la urbanización Olivar de Santo donde el derrumbamiento de una ladera ha provocado el derrumbe de un muro de contención, por lo que la Policía Local ha evacuado en prevención tres bloques colindantes con una veintena de viviendas, sin que haya constancia de daños personales.

Asimismo, ha señalado que en la provincia de Cádiz hay once carreteras cortadas por anegaciones que son la CA-3102 a su paso por Jerez; la CA-3104 en Guadalcacín; la CA-3110 en La Ina-Los Repastaderos; CA-3113 de El Portal-Los Repastaderos; la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes; la CA-5101 a su paso por La Garrapata-Gibalbín; la CA-6101 en término de Bornos-Coto de Bornos; la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas; la CA-6200 en Alcalá de Los Gazules; la CA-9101 en Olvera; y la CA-9120 en Torre Alháquime.

Finalmente, ha señalado que desde que comenzara esta concatenación de borrascas el pasado día 27 de enero, las salas del 112 han gestionado un total de 5.132 emergencias en Andalucía, de las que 1.012 han sido en la provincia de Cádiz, siendo la segunda con más incidencias, solo por detrás de Sevilla con 1.035.

Toda la comunidad está en alerta ante la previsión de intensas lluvias provocadas por la llegada de la borrasca Leonardo. El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha suprimido para este miércoles la “actividad presencial lectiva” en todos los centros educativos de Andalucía, excepto en la provincia de Almería, por el elevado riesgo de inundaciones.