La Policía desmantela una fiesta ilegal con más de 250 personas en la villa de lujo de la casera de los famosos

La Policía Local de Sant Josep de sa Talaia ha desmantelado este martes una presunta fiesta ilegal celebrada en la conocida villa de lujo 'Casa Paola', situada en es Cubells. Se trata de una de las mansiones ilegales de Francisca Sánchez Ordóñez, también conocida como Paquita Marsan, la casera de los famosos. Sobre este inmueble pesan desde hace años órdenes de demolición y expedientes por presuntas irregularidades urbanísticas, aunque ello no ha impedido que se sigan comercializando fiestas sin autorización al carecer la villa de la licencia habilitante.

El operativo comenzó después de que los agentes detectaran dos puntos de encuentro utilizados para organizar la llegada de los asistentes. Uno se encontraba junto al CEIP L'Urgell y otro en la carretera de Sant Josep, a la altura del kilómetro 7. Desde ambos lugares se canalizaba el acceso hasta la finca, una estrategia habitual en este tipo de convocatorias para evitar una concentración masiva de motos, coches y vehículos en el lugar de la fiesta.

Cuando la Policía Local llegó a la villa de lujo encontró a más de un centenar de personas esperando para acceder. La afluencia obligó a desplegar un dispositivo de seguridad ciudadana y de regulación del tráfico. Los agentes restringieron el acceso de vehículos y cerraron temporalmente el paso de personas por el camino de entrada para evitar el colapso de la zona.

Con la colaboración del servicio de seguridad de la propia finca, la actividad terminó poco después. La música cesó, el DJ dejó de actuar y más de 250 personas abandonaron el recinto escalonadamente.

Durante la inspección, la Policía Local constató la existencia de distintos elementos compatibles con la organización de una actividad recreativa sin autorización. Entre ellos, promoción previa en redes sociales, puntos de encuentro para trasladar a los asistentes, control de acceso, personal de seguridad, animación y equipos profesionales de sonido. Como resultado de la actuación, los agentes levantaron varias actas por organizar una actividad sin el correspondiente título habilitante y por “alteración de la convivencia ciudadana”. Además, uno de los conductores fue denunciado tras dar positivo en un control de drogas. Paquita Marsan no ha respondido a la pregunta de elDiario.es sobre si ha organizado una fiesta en Casa Paola.

Años de fiestas ilegales

Casa Paola lleva años protagonizando fiestas ilegales -en algunos casos con conocidas 'influencers', eventos y polémicas de todo tipo. Es una villa que pese a las infracciones urbanísticas, las resoluciones administrativas y las intervenciones policiales, sigue reapareciendo verano tras verano en las portadas de la prensa local.

En junio de 2024, una investigación de elDiario.es reconstruyó la estancia de un grupo de conocidas influencers españolas en Casa Paola. Durante varios días, las creadoras de contenido compartieron imágenes, a través de Instagram, desde la piscina, las terrazas y los jardines de la finca mientras participaban en un viaje promocional asociado a empresas vinculadas al turismo de lujo.

La investigación mostraba que en junio de 2024 pasaron por la villa de Casa Paola Melyssa Pinto, Marta Riumbau, Anita Matamoros y Ángela Rozas (Madame de Rosa). El grupo llegó a la isla en el marco de un viaje vinculado a experiencias de lujo y creación de contenido, con publicaciones en redes sociales desde la villa y actividades asociadas a la promoción de yates, así como al ocio de lujo.

Una 'guerra' infinita

Casa Paola pertenece a Francisca Sánchez Ordóñez, conocida como Paquita Marsan, a través de una sus sociedades. Durante años, el Ayuntamiento ha impulsado sucesivos expedientes urbanísticos sobre la villa por obras ejecutadas sin licencia, ampliaciones ilegales y construcciones incompatibles con las normas urbanísticas. El conflicto acabó derivando en una orden de demolición para restituir la legalidad, una resolución que convirtió el inmueble en uno de los casos más emblemáticos de la lucha municipal contra las edificaciones irregulares de gran lujo, como ocurrió también en 'Casa Lola', también propiedad de la casera de los famosos.

En paralelo, el Consell d'Eivissa actuó en el ámbito de sus competencias en materia turística. La institución insular ha sostenido que la vivienda carece de la licencia necesaria para comercializarse como alojamiento turístico, motivo por el que también ha tramitado expedientes relacionados con su explotación.

El resultado es una compleja sucesión de procedimientos administrativos y judiciales que se prolonga desde hace años y que ha dado lugar a inspecciones, actuaciones policiales, expedientes, sanciones y recursos.

En 2023, antes incluso del episodio protagonizado por las instagramers, la Guardia Civil y la Policía Local ya habían desalojado a turistas que se encontraban en la finca en cumplimiento de resoluciones judiciales. Aquella actuación evidenció las dificultades de las administraciones para impedir que la villa de lujo siguiera comercializándose irregularmente mientras continuaban los litigios abiertos.

Cabe mencionar que la fiesta desmantelada este martes tampoco figuraba en el 'objetivo' de Ocio de Ibiza, la patronal que aglutina a la mayor parte de las empresas del sector del ocio.

El gerente de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, explica a este diario que el sector tuvo conocimiento de la intervención policial cuando el operativo ya estaba en marcha, pero aseguró que no tenían localizada la celebración ni habían recibido información previa sobre su organización.

La valoración de Benítez evidencia el carácter discreto con el que se preparó la presunta fiesta ilegal. Los puntos de encuentro habilitados fuera de la finca y el traslado posterior de los asistentes son fórmulas utilizadas con frecuencia para dificultar la detección temprana de este tipo de eventos y minimizar el impacto de una posible intervención administrativa antes de que comience la actividad.

Hasta 300.000 euros de sanción

Las actas levantadas por la Policía Local abren ahora un procedimiento que deberá determinar la naturaleza exacta de las infracciones cometidas y las responsabilidades de los organizadores.

La Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de actividades de las Illes Balears, contempla para las infracciones muy graves multas que oscilan entre 30.001 y 300.000 euros, además de prever otras medidas accesorias, como la suspensión de la actividad o su clausura, en función de la gravedad de los hechos y de las circunstancias que concurran en el expediente. Este extremo todavía debe ser verificado por la investigación.

Mientras tanto, Casa Paola sigue en el foco de la polémica. La misma villa que hace dos veranos aparecía como telón de fondo de un viaje de ‘influencers’ vuelve ahora a ser escenario de una actuación policial por una presunta fiesta ilegal multitudinaria. Verano tras verano se repite el mismo 'modus operandi', lo que no solamente genera quebraderos de cabeza a las autoridades sino también indignación y malestar entre los vecinos y residentes. El ocio reglado, además, se queja de la impunidad con la que actúan las empresas que comercializan este tipo de actividades y fiestas ilegales.

Un final que, por otro lado, no se visualiza y cuya realidad convive con una larga cadena de expedientes urbanísticos, procedimientos administrativos y resoluciones que desde hace años convierten a esta villa de lujo en uno de los focos contra las fiestas y el alquiler turístico ilegal.