Los 469 trabajadores y trabajadoras del servicio de atención telefónica del 112 de Andalucía están nuevamente llamados a la protesta. En esta ocasión, por partida doble. CCOO y CSIF mantienen desde el 21 de marzo una huelga de una hora al final de cada turno de fin de semana, mientras que CGT acaba de convocar el paro total para Semana Santa, del 12 al 19 de abril. Sobre la mesa en ambos casos está una reivindicación histórica que ningún Gobierno autonómico ha asumido hasta ahora: integrar a ese personal, ahora trabajadores de la contratista Ilunion Emergencias, en una agencia autonómica como trabajadores públicos.

Esta demanda ya motivó una huelga el pasado diciembre, en vísperas de la entrada en vigor de la nueva Agencia de Emergencias de Andalucía. Entonces, el SERCLA (el sistema de intermediación para conflictos laborales) recomendó a los sindicatos y a la Junta que se reunieran a partir de enero para “tratar los asuntos” objeto de la mediación: es decir, el posible paso a lo público del servicio.

Con la huelga, los sindicatos también aspiran, al menos, a una mejora de las condiciones laborales. A los trabajadores se les aplica el convenio de los teleoperadores sin tener en cuenta las particularidades del servicio que prestan, y los sindicatos denuncian que se incumplen los pliegos de la concesión en materias como formación.

“La verdadera realidad del trabajo poco tiene que ver con contratar seguros, cambiar de compañía de electricidad o vender ollas, dedicándose a salvar vidas y garantizar la presencia inmediata de efectivos para ayudar en siniestros, catástrofes o devenires particulares de la ciudadanía andaluza”, señalan desde CGT.

Una nueva agencia de emergencias desde el 1 de enero… sin el 112

Ilunion no ha respondido a las preguntas de este periódico. Tampoco la Consejería de Presidencia ha querido valorar la huelga, alegando que el conflicto laboral es entre la empresa y los trabajadores. “La Junta no tiene nada que ver”, señalan desde el Gobierno andaluz. La huelga se produce en el seno de una empresa privada, pero afecta de lleno a un servicio público esencial.

Hasta ahora, la Consejería de la Presidencia (de la que depende el servicio) ha rechazado la integración y ha asegura a los sindicatos que no entra en sus planes. La Junta de Andalucía justifica la contratación de una empresa externa en que en la administración no existe la figura de “tele-operador o gestor telefónico”, y en ocasiones pasadas ha expuesto las dificultades jurídicas de subrogar al personal contratado por las empresas sin violentar las normas de acceso al empleo público.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno no ha dado el paso ni siquiera ahora, cuando acaba de crear la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) con la vocación de integrar en ella todos los servicios de emergencias. “Ha perdido una ocasión única”, lamenta José Antonio Frejo, secretario de Acción sindical de la federación de Servicios de CCOO-A. Habla de una “frustración histórica”, fruto de años de promesas incumplidas. Su sindicato, mayoritario en el 112, exige desde hace 20 años la integración del personal. “El primer compromiso que obtuvimos fue de Rosa Aguilar”, recuerda. Sin embargo, los gobiernos autonómicos (antes del PSOE y luego con el PP) han mantenido el servicio externalizado desde su creación.

Desde que empezó a funcionar, en 2001, el servicio telefónico del 112 andaluz ha sido operado por una entidad privada. La actual concesionaria del servicio, Ilunion Emergencias, S.A. (del Grupo Social ONCE), recibirá 16.698.000 euros por cada uno de los tres años de la concesión (uno más dos prorrogables, hasta 2026). En total, más de 50 millones. Ilunion asumió el servicio que antes prestaron Serveo, Ferrovial y con anterioridad ONCE.

Para la última licitación la Junta de Andalucía calculó un beneficio industrial del 6%, lo que arrojaría un beneficio neto de un millón anual, pero CGT cree que es muy superior, de hasta cinco millones al año, porque el gasto de personal es prácticamente el único que asume la empresa.

“Quienes prestan servicio son trabajadores y trabajadoras y quien da el servicio es la Junta: los ordenadores, las salas, las líneas telefónicas… Todo lo paga la Junta”, observa Miguel Montenegro, secretario de organización de CGT-A: “Lo único que hacen es recaudar una cuantía aberrante”.

Dictamen favorable del Consejo Económico y Social

Cuando alguien sufre un percance grave (un accidente de tráfico, un robo en la calle, un incendio en la vivienda) llamará, muy probablemente, al 112. Un número de teléfono fácil de recordar, implantado en toda la Unión Europea, disponible 24 horas al día durante 365 días al año. En Andalucía, la persona al otro lado de la línea que gestionará la llamada de emergencia, muchas veces de vida o muerte, es personal de una subcontrata al que se le aplican las condiciones laborales de un contact center.

Si hubo un momento propicio para integrar al personal fue con la creación de la EMA 112 y así se señaló desde organismos oficiales. “Es necesario que la actual plantilla del centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía, catalogado por la propia Junta de Andalucía como servicio esencial para la ciudadanía, esté integrado plenamente en aquella”, recoge el dictamen del Consejo Económico y Social, el órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica, ahora presidido por el exvicepresidente Juan Marín.

Pero el Gobierno andaluz no hizo caso de esta opinión y mantuvo las cosas como estaban. Es decir, el personal del 112, primer eslabón de la cadena de respuesta ante emergencias, fuera del sistema público de emergencias.

El PP estaba a favor... en 2016

No ha sido siempre la posición del PP. En la oposición, votó a favor de que el servicio telefónico de atención de urgencias sea “prestado directamente por la Administración andaluza”, como demuestra un repaso a la hemeroteca del Parlamento. Ocurrió durante la última legislatura del PSOE, con Susana Díaz en San Telmo. Podemos presentó una Proposición No de Ley en la que se pedía la “dignificación” de las condiciones laborales del personal y adoptar las “medidas necesarias” para que el servicio telefónico de atención de urgencias del GREA y 112 sea prestado directamente por la Administración “a través de una de las agencias públicas existentes” una vez vencidos los contratos en vigor y a través de los procedimientos legales establecidos.

El texto fue aprobado por el Parlamento andaluz el 17 de marzo de 2016 precisamente por una transacción con el PP, cuya diputada Rosalía Espinosa, reclamó “que se rescate el servicio, no más gasto. Y, luego, vemos lo que hacemos con el servicio”.

Por aquel entonces se aprobó una PNL similar para los trabajadores de la atención telefónica del 061 y de Salud Responde, que también presta ahora Ilunion. Sí se logró la integración gradual de los médicos y enfermeros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) en el SAS, culminada tras muchas dificultades en 2023. La Junta dijo que pretendía así “mejorar la asistencia al ciudadano y lograr una coordinación más eficaz de las urgencias”.

Los sindicatos aspiran a negociar condiciones comunes en Salud Responde, 112 y 061 pero la empresa se niega, según fuentes sindicales. Y el Gobierno andaluz rechaza cualquier amago de integrar el servicio en el sector público. “Tienen un mantra de que lo privado se gestiona de manera más eficiente que lo público, que no compartimos”, señala Frejo, quien resalta el carácter de “servicio público esencial”: “Atienden en momentos dramáticos: un infarto, un incendio, un atraco… Y manejan información sensible, que a día de hoy está en manos de una empresa privada”, advierte.

Las condiciones laborales de estos trabajadores, sometidos a niveles de estrés muy altos, han sido motivo recurrente de protesta en los últimos años. Frejo admite que las condiciones mejoraron en el último pliego, aunque denuncia que algunas siguen sin cumplirse.

4,2 millones de incidencias atendidas

El Centro de Coordinación de Emergencias 112-Andalucía está encargado de la gestión y coordinación integral de las emergencias de la ciudadanía en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Tiene dos sedes regionales, en Sevilla y Málaga, que coordinan el sistema y desarrollan el primer escalón de atención y gestión de llamadas; ocho sedes provinciales en las capitales provinciales; y un conjunto de organismos dotados de terminales de interconexión.

El servicio no ha dejado de crecer desde que se creó, en 2001. Hoy es el teléfono más conocido por los andaluces, según las últimas encuestas de Realidad Social de Andalucía. En 2023, el 112 de Andalucía atendió 4.238.778 incidencias y coordinó 808.662 incidencias coordinadas, un 1,55% más que el año anterior, según su memoria anual. El servicio está muy bien valorado por la ciudadanía, y obtuvo una la nota global de 9,04 sobre 10 en 2023. 

Las trabajadoras de maquillaje y peluquería de EITB Miramon, la sede de la televisión pública vasca en Donostia, han puesto fin a la huelga indefinida comenzada el martes tan solo un día después, tras firmar este miércoles un acuerdo que garantiza su derecho a la subrogación, de manera que en el momento de la adjudicación del servicio las trabajadoras tendrán garantizado el derecho a continuar trabajando con la siguiente adjudicataria del servicio. Se trata de 12 trabajadoras de la empresa Soler Bmak. El servicio a partir de abril será ofrecido por Imagenmania, que ha resultado ganadora del concurso tras el pliego de contratación. Sin embargo, en el proceso no estaba incorporada la subrogación de estas trabajadoras por lo que temían quedarse en la calle tras décadas trabajando en la televisión vasca.

Así, convocaron una huelga indefinida hasta lograr lo que para ellas era justo: su derecho a la subrogación.  “A falta de menos de un mes, argumentando que EITB no incluyó la obligación de subrogación en los pliegos, la nueva empresa no ha manifestado su voluntad de mantener a la anterior plantilla, por lo que sus puestos de trabajo se ven comprometidos. Para ELA es sorprendente que se haya puesto en marcha el proceso de adjudicación del servicio de EITB sin mencionar la necesidad de subrogación. Por un lado, porque EITB garantiza este derecho a otras subcontratas que estén en la misma situación. Por otro lado, porque el acuerdo marco a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se aplica a la plantilla recoge expresamente el derecho de subrogación”, denunció el sindicato ELA durante el primer -y único- día de huelga de las trabajadoras, que tuvo un seguimiento total de la plantilla.

Tras reuniones con todas las partes mantenidas este martes, finalmente este miércoles se ha firmado un acuerdo que, además de la subrogación, incluye una subida salarial del 8,3% para 2025 y subidas por encima del IPC para el periodo 2026-2028. Otra de las cuestiones que han logrado las trabajadoras con su protesta es reducir la jornada anual en 67 horas e incorporar cláusulas de inaplicación y/o ultraactividad.

“En el camino hacia el acuerdo ha sido fundamental la firmeza expresada por las trabajadoras en defensa de sus derechos y la convocatoria de huelga realizada. El sindicato ELA tiene claro que en los sectores más feminizados y precarios la lucha y la organización de las trabajadoras es la única vía”, han indicado desde el sindicato.

La plantilla está compuesta por trabajadoras que llevan décadas como maquilladoras, profesionales de la caracterización y peluqueras. En un solo día pueden llegar a maquillar y peinar hasta 25 personas, además de realizar caracterizaciones para ciertos programas en los que pueden pasarse varias horas con una sola persona. Marta, que prefiere no decir su verdadero nombre para no sufrir represalias, es una de las afectadas que más tiempo lleva trabajando en la cadena vasca. Entró con 22 años y a día de hoy tiene 57. Además de maquilladora profesional de televisión, con estudios en París, es especialista en caracterización. “Creo que conozco a todos los actores y presentadores de Euskadi. Siempre he estado en la misma empresa porque periódicamente este trabajo salía a concurso y lo ganaban. Entiendo que en esta ocasión gane otra empresa, pero lo que no me explico es que en esa guerra de empresas las trabajadoras vulnerables con muchísimos años de experiencia seamos las que salgamos perdiendo. Después de décadas de trabajo merecemos condiciones dignas”, explicó la trabajadora a este periódico durante la jornada de huelga. Tanto Marta como el resto se incorporarán a sus trabajos en la sede de Miramon de EITB esta tarde.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha publicado una reciente sentencia que puede hacer tambalear el mercado laboral en España. La resolución abre un debate de enorme trascendencia sobre qué debe entenderse por una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), con una interpretación amplia de los magistrados europeos y que pone en duda que pueda ceñirse a la regulada en España. Es decir, que podría ampliarse a otro tipo de empresas, señalando expresamente a las subcontratas en ciertos casos. Así, sus empleados tendrían derecho a percibir el salario de la empresa principal.

La sentencia, del pasado 24 de octubre, se pronuncia sobre una cuestión prejudicial elevada desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a propósito de una trabajadora en España de una subcontrata (LeadMarket) que presta servicios a Microsoft. Tras hacer prácticas en Microsoft, la empleada trabajó para tres subcontratas, siempre para la multinacional tecnológica.

La trabajadora se quedó embarazada en 2020 y en el séptimo mes de gestación Microsoft, “invocando razones presupuestarias”, informó a Leadmarket de que el contrato de prestación de servicios entre esas dos empresas “no sería prorrogado”. Cuando la afectada se incorporó del permiso de maternidad, la lactancia y sus vacaciones, la subcontrata la despidió por causas objetivas, alegando “una disminución de la demanda por la caída de proyectos”.

La trabajadora reclamó en los tribunales que el despido se declarara nulo y que se condenara LeadMarket, y como parte codemandada Microsoft, “por considerar que en realidad se trataba de una puesta a disposición para que prestara sus servicios en dicha empresa”, relata el catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo en su blog, en el que ha analizado la sentencia.

Un juzgado de lo social declaró el despido nulo, pero solo condenó a la subcontrata, porque consideró que no había una puesta a disposición de personal, sino una subcontratación legal, y por lo tanto eximió a la multinacional de responsabilidades con la trabajadora. La afectada recurrió el fallo y es el TSJ de Madrid el que eleva varias cuestiones prejudiciales a Europa sobre qué puede entenderse por “puesta a disposición” y por una ETT, de cara a cumplir la regulación europea en cuestiones tan relevantes como el derecho al salario de la empresa principal.

¿Ampliación de qué es una ETT en España?

El veredicto de los magistrados europeos es muy relevante porque ofrece una interpretación bastante amplia de lo que puede llegar a considerarse una ETT, ampliando el concepto (y sus obligaciones) a otros supuestos, como puede ser cierto tipo de subcontratación.

En España, existe la obligación de que las ETT tengan una autorización administrativa que les considere como tal. Sin embargo, la justicia europea advierte de que la normativa de la UE sobre empresas de trabajo temporal no exige este requisito.

Así, exigir esta autorización para aplicar la regulación europea de las ETT, “por una parte, implicaría que la protección de los trabajadores diferiría entre los Estados miembros, en función de si los Derechos nacionales exigen o no tal autorización, y dentro de un mismo Estado miembro, dependiendo de si la empresa de que se trate posee o no tal autorización”, dicen los jueces.

Además, consideran que “podría contravenir los objetivos de dicha Directiva, consistentes en proteger a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, y, por otra parte, menoscabaría el efecto útil de la citada Directiva, al restringir de manera excesiva e injustificada el ámbito de aplicación de esta”.

Por lo tanto, el TJUE abre la puerta a que se pueda aplicar la regulación de las ETT a otras compañías si cumplen con la definición europea de estas empresas de trabajo temporal, con el concepto clave de “puesta a disposición” de personal. Y, en este punto, también hace una lectura “muy amplia” de qué puede entenderse por “puesta a disposición”, valora en su blog Ignasi Beltrán, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En términos generales, esta puesta a disposición de personal se podría dar “en una tipología muy amplia de empresarios (personas físicas y jurídicas)”, advierte Beltrán, también cooperativas, “siempre que tengan la intención de poner a esos trabajadores a disposición de una empresa usuaria”. No obstante, “debe tratarse de una actividad habitual”, añade el catedrático en su análisis, entre otros elementos definidores que apunta el TJUE, que sitúa la clave en “determinar si la empresa usuaria ejerce un poder de dirección y control sobre el trabajador cedido”. Comprobar si eso sucede o no corresponde a los tribunales nacionales.

Eduardo Rojo considera que la sentencia europea “puede 'abrir el melón' de qué debe entenderse por empresa de trabajo temporal (ETT)” en España y generar múltiples casos en los tribunales para reclamar, por ejemplo, el salario de la empresa principal o que las empresas principales respondan solidariamente en casos de despidos e indemnizaciones de empleados subcontratados, como en esta demanda analizada por el TJUE, explica a elDiario.es.

Posible freno a la subcontratación para precarizar

La sentencia europea “es muy relevante y podría llegar a tener un efecto sistémico”, considera Ignasi Beltrán. El especialista recuerda que existen determinadas situaciones en las que se están empleando empresas contratistas o subcontratas “para encubrir una cesión de trabajadores al margen del régimen jurídico de las ETT”.

Hay que recordar que en España las ETT pueden ceder trabajadores a una empresa principal –de manera temporal–y que esta última sea la que ordena y controla al trabajador durante la prestación de servicios. Eso sí, el empleado durante ese tiempo tiene derecho a unos mínimos según la regulación europea de las ETT, trasladada a la regulación española, como cobrar el salario de la empresa principal.

En el caso de las contratas o subcontratas, los trabajadores prestan servicios también para otra empresa principal, pero aquí el mando y control activo de los trabajadores debe recaer en la empresa subcontrata. No puede haber una mera puesta a disposición de personal, ya que se incurriría en una cesión ilegal de trabajadores.

Sin embargo, el catedrático Ignasi Beltrán subraya que los tribunales nacionales están interpretando con cada vez más “laxitud” los elementos definidores de las contratas y subcontratas, “admitiendo supuestos que probablemente deberían subsumirse en el de cesión ilegal”. “Durante mucho tiempo se ha estado empleando un constructo mercantil para encubrir situaciones de cesión de mano de obra, socavando el efecto útil de la Directiva de ETT”, considera.

El resultado es que la subcontratación se está utilizando en multitud de ocasiones como una manera fácil de precarizar empleo y no asumir responsabilidades sobre este personal por parte de las empresas principales. Pero la interpretación de esta sentencia del TJUE podría poner freno a esta práctica.

Beltrán subraya que, dados “los factores descriptores del poder de dirección y control de una empresa usuaria descritos por el TJUE, a priori, esta doctrina podría impactar en muchas contratas, a pesar de que los tribunales internos hoy no las calificarían como una cesión ilegal”.

Al igual que Eduardo Rojo, el catedrático de la UOC considera que “podría ser relativamente frecuente que se formulen nuevas cuestiones prejudiciales al TJUE” tras este fallo en las que se planteen “si se está produciendo o no una puesta a disposición” de trabajadores subcontratados. Esto les podría dar derecho a percibir los salarios de la empresa principal, entre otros mínimos de la normativa europea de las ETT.

“La sentencia es compleja y puede generar una amplia interpretación jurídica”, considera Rojo, que advierte de que primero habrá que esperar a la sentencia del TSJ de Madrid sobre la demanda de esta trabajadora y también a ver cómo interpretan la resolución otros tribunales nacionales.

La multinacional FedEx, el gigante estadounidense de transporte y logística, pretende despedir a 96 trabajadores en España, sobre todo de las áreas de atención al cliente, ventas y nuevas tecnologías (IT). La medida se encuadra dentro de una estrategia a nivel europeo de reducción de “costes estructurales” y que, en el caso de España, va de la mano de la deslocalización y subcontratación de trabajos en países “con mano de obra más barata y menos derechos”, como Marruecos, explican desde UGT.

En junio, la matriz estadounidense de FedEx anunció su intención de reducir la plantilla de los equipos comerciales y de administración de FedEx en Europa “entre 1.700 y 2.000 personas”, dice el comunicado al que remite la multinacional a las preguntas de elDiario.es.

Con unos ingresos anuales de 88.000 millones de dólares a nivel mundial, el gigante FedEx presenta cuantiosos beneficios, aunque a la baja. Hace unos días ajustó su previsión para el primer trimestre de 2025, de 890 millones de dólares, respecto a los 1.160 millones de 2024.

Hace unos días, FedEx inició el procedimiento de despido colectivo (ERE) en España, donde emplea a unas 1.500 personas, que se ha concretado en su intención de extinguir esos 96 contratos de trabajo. Hay personas afectadas en “Madrid, Barcelona (Zona Franca), Bilbao, Vitoria, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Málaga y Cádiz”, explican fuentes sindicales.

“La empresa tiene muchos beneficios y, aunque hay pérdida de clientes, es por otros motivos, como la integración aérea o proyectos estratégicos de la compañía que creemos que no han estado bien dirigidos. Pero pagamos los de siempre”, critican en UGT.

Subcontratar en Marruecos y deslocalizar “más barato”

FedEx ha argumentado el despido por “causas organizativas”, aunque con la información que ha trasladado a los representante de los trabajadores, UGT y CCOO denuncian que se trata de “un mero interés economicista” de la multinacional, indica Carlos Pellejero, secretario general de FSC-CCOO en Catalunya. “Quieren quitar trabajo con derechos y más protegido por mano de obra mucho más barata y menos derechos. Es lo que tenemos encima, ni más ni menos”, lamentan fuentes de UGT.

Los sindicatos explican que la compañía les ha informado de que “gran parte del expediente, sobre todo en atención al cliente, se va a externalizar y contratar en Marruecos”, explican en UGT. A esto se suma también una “deslocalización de puestos de trabajos a centros de FedEx en Turquía, Polonia y Portugal”.

Además, hay puestos de atención al cliente y de soporte tecnológico que supuestamente desaparecen debido a “la automatización de procesos con inteligencia artificial”, añaden las mismas fuentes.

La multinacional afirmó en su comunicado de recortes de personal en Europa que “ciertas actividades” se ubicarían en otros “que se encuentran en países que están mejor alineados con nuestras necesidades y la huella inmobiliaria existente de FedEx”.

Misma estrategia en 2021: ERE y trabajo a India

Los sindicatos, que ahora tratarán de reducir los despidos y garantizar a las personas que salgan las mejores condiciones posibles, afean la conducta “economicista” de FedEx, que además está generando temor entre la plantilla de cara al futuro. Porque llueve sobre mojado.

En 2021, la multinacional presentó otro ERE en España, que afectó a “182 personas”. “Anteriormente, hubo además dos procesos de modificación sustancial de condiciones de trabajo que también hizo que se marcharan algunos compañeros”, que no aceptaron los recortes, apuntan en UGT.

El despido colectivo de 2021 se saldó con otra externalización y deslocalización, en ese caso “a India”, donde se ubicaron principalmente los servicios de facturación de la compañía, explican en el sindicato.

Los representantes de los trabajadores critican estas maniobras empresariales, que consideran injustas con los trabajadores, pero que además ni siquiera siempre son “más baratas” ni eficaces para las compañías, ya que presentan sus propios problemas al sacar el trabajo del engranaje productivo. “Lo hemos visto con la facturación, con problemas y muchos errores. Ahora en ventas y atención al cliente nos tememos que sea peor”, afirman desde UGT.

La Justicia ha dado la razón al sindicato CNT por un conflicto laboral en la Universidad de La Rioja sobre cesión ilegal de trabajadores del contrato de “Servicios de soporte técnico y mantenimiento del parque microinformático y soporte a la titulación de grado en Ingeniería Informática de la Universidad de La Rioja”.

“La Universidad de La Rioja hace uso del prestamismo laboral para cubrir sus necesidades estructurales de personal usando trabajadores subcontratados con peores condiciones laborales. La plantilla subcontratada subvenciona los servicios de la UR con su precariedad laboral”, ha denunciado el sindicato CNT.

La Universidad de La Rioja, Fundación General de la Universidad de La Rioja y la empresa adjudicataria INYCOM, fueron demandadas en 2022 por 7 trabajadores adscritos a los servicios de soporte informático. La Justicia obligo a separar las demandas y en este momento el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dado la razón a los dos primeros trabajadores tras recurrir la sentencia en contra que se produjo en primera instancia. El día 14 de mayo se celebraron tres juicios más y el día 10 de julio queda pendiente la celebración de los dos juicios restantes.

Según señala CNT, “la sentencia evidencia el abuso que se ejerce sobre los empleados por parte de la empresa INYCOM, durante los más de 23 años que de manera ininterrumpida han estado prestando el servicio con la misma empresa con los medios de la Universidad de La Rioja”.

Además, advierten que las dependencias de la UR en las que estaban ubicados parte de los trabajadores durante todo este tiempo “no han sido consideradas adecuadas por parte de la Inspección de Trabajo por carecer de espacio, iluminación natural y ventilación suficiente y ha obligado a la Universidad de La Rioja a reubicarlos de un día para otro”.

CNT pide ahora que la Universidad de La Rioja de cumplimiento a la sentencia y aseguran que hasta ahora no lo han hecho y que las personas responsables de la universidad no han tenido el más mínimo contacto con ninguno de los trabajadores.

La sentencia refleja que “la coincidencia de los cometidos realizados por los trabajadores del servicio informático y los de la contrata queda evidenciada” y que “el servicio subcontratado consiste en la ejecución de las funciones que son propias del área de microinformática y atención a usuarios y el negociado de administración del servicio informático de la Universidad”.

También dice que “existe confusión entre los empleados de comitente y contratista”. CNT subraya que “se ha usado el prestamismo laboral para cubrir bajas de personal funcionario con personal externo o para realizar tareas propias del personal de la Universidad de La Rioja con la complicidad de la empresa adjudicataria del servicio, INYCOM, recientemente adquirida por la empresa NUNSYS”.

La sentencia ha sido recurrida por los trabajadores por la disconformidad con la posibilidad de opción a la pertenencia a la Universidad de La Rioja con la calificación de “indefinido-no fijo”. Según apunta CNT, el Tribunal Superior de la Unión Europea viene calificando en los últimos años esa definición como un eufemismo que aplica la justicia española para referirse a puestos de trabajo temporales. “Dicha situación solo favorece la toma de represalias contra los trabajadores afectados amparándose en el concepto de igualdad, mérito y capacidad tras la internalización del servicio que tendrá que acabar asumiendo la UR”.

El Plató 300 es un pozo sin fondo. El estudio central de la TVG no deja de acumular gastos. Al más de un millón de euros destinado a su larga y accidentada reforma –duró 9 meses más de lo previsto, debido a las dificultades para hacer funcionar la gran pantalla led–, se suma ahora la contratación de un servicio de “creación artística de fondos” para esa misma pantalla, con un año de duración –prorrogable a dos– y un presupuesto para el primer ejercicio de 350.000 euros, IVA incluido. Este contrato da continuidad al que se firmó en octubre de 2023 para poner en marcha el dispositivo. Entonces, la corporación pagó 160.000 euros por siete meses de ejecución de una labor que, según el comité de empresa, realiza en un 80% el personal propio. Esa externalización, aseguran, sólo sirve para “ralentizar” el trabajo.

“¿Por qué regalarle medio millón de euros a Overon cuando hacemos nosotros la mayor parte del trabajo? ¿A cambio de qué? ¿Esto cómo se llama? ¿Qué paga la CRTVG en realidad?”, se pregunta la Central Unitaria de Traballadores (CUT), sindicato mayoritario en la corporación, en un post en la red social X (antes Twitter), en el que comparte el comunicado del comité.

En ese escrito, el órgano de representación laboral recuerda que ya había advertido a la CRTVG de que la externalización del servicio “no era necesaria” porque existen profesionales “e incluso posibilidades de nuevas contrataciones internas” para llevarlo a cabo, algo que además facilitaría los “flujos de desarrollo” del trabajo.

Aun así, la corporación siguió adelante con la licitación, adjudicada entonces a la empresa Overon, perteneciente al grupo Mediapro, que fue quien instaló la nueva pantalla. Overon es ya concesionaria de otros servicios del canal autonómico “como las conexiones en directo de los informativos”, un contrato que ha comenzado a fiscalizar el Consello de Contas tras la denuncia presentada por el sindicato CIG.

Según los representantes laborales, durante este primer contrato de seis meses, el “trabajo efectivo” de Overon en la creación de contenidos para el nuevo plató supuso “un porcentaje estimado de un 20%, mientras que el 80% restante se hace con recursos propios de la CRTVG”. No sólo eso: la necesidad de combinar los dos factores “dificulta la agilidad del trabajo”, ya que obliga a buscar las imágenes en San Marcos –la sede de la televisión– “y tener definidos los temas a las horas estipuladas para que luego la empresa externa envíe a tiempo para el informativo el trabajo encomendado”. Como consecuencia de este procedimiento, “los temas principales, relevantes y de última hora se elaboran con recursos propios de la CRTVG para evitar la demora”.

Por todo ello, el comité considera “injustificada” la decisión de licitar un nuevo contrato –algo que ya trasladó a la empresa, a la que también instó a mantener una reunión para solicitar la internalización de este servicio–, ya que insisten en que el trabajo “se viene desarrollando prácticamente de forma interna y hay capacidad para seguir haciéndolo”.

Así, consideran que gastar entre 300.000 y 600.000 euros más, si se prorroga otro año, en externalizar un servicio “que sólo ralentiza el trabajo es un malgasto de fondos públicos y un descuido en la misión de servicio público que encomienda la CRTVG”.

El plató de los líos

El Plató 300 es, y así lo admite el comité, “una de las grandes apuestas recientes” de la corporación de medios públicos de Galicia. TVG pretendía inaugurar la reforma de este histórico estudio en la noche electoral de las municipales y autonómicas del 28 de mayo del año pasado, pero los problemas en la instalación y la puesta en marcha de la pantalla de 97 metros cuadrados retrasaron su debut hasta el debate de los comicios gallegos, el 5 de febrero de 2024. Durante ese tiempo, el plató desde el que se emiten los informativos, el tiempo o los deportes, permaneció inutilizado.

Tal y como contó entonces elDiario.es, las tribulaciones para hacer funcionar el videowall se multiplicaron: una medición incorrecta del tamaño del plató impidió colocar en horizontal la última fila de módulos led. Hubo un intento de ponerlos en vertical y se encontraron una imagen que evocaba un puzzle con una fila de piezas mal ordenadas. Aunque el plató tiene dos zonas curvas, la pantalla sólo preveía una. La diferencia de orientación entre los píxeles no permitía ofrecer una imagen uniforme y, cuando eso se solucionó, los colores no se ajustaban...

Los sindicatos recuerdan que la renovación del plató “lleva aparejado un historial de licitaciones externas que, en conjunto, supondrían un gasto de más de millón y medio de euros” con episodios como la “inadecuación” de los módulos de la pantalla que obligaron a devolverlas para traer otras “adecuadas” y, mientras, pagar “más de 30 mil euros” para alquilar otra provisional para la programación especial de la campaña del 28M. Todo esto “hace cuestionar la profesionalidad y el rigor de las decisiones tomadas con cargo a fondos públicos”.

En total, según la suma realizada por los representantes laborales, la puesta en marcha del estudio necesitó la licitación de la pantalla por más de 600.000 euros; la obra de remodelación del plató para adaptarlo al dispositivo (260.000); la renovación de cámaras para ése y otro estudio (300.000) y el cambio en los controles de los tres estudios de la casa por un importe superior a 600.000 euros más. “Una renovación tecnológica necesaria pero no exenta de errores que provocaron gastos innecesarios”.

Para finalizar, el comité insta a la CRTVG a “poner coto de una vez al proceso privatizador que la actual dirección lleva desarrollando desde su llegada, con decisiones poco atinadas e injustificadas” algo que “incide de forma muy negativa tanto en la imagen como en el servicio” del canal autonómico y supone “la destrucción de puestos de empleo público”.

La CRTVG, por su parte, no ha querido contestar a los comentarios del comité, “quien manifiesta una vez más su oposición a que la Corporación contrate servicios con el sector audiovisual bien sea para informativos, programas o entretenimiento”. Desde su departamento de comunicación aseguran que el motivo de licitar de nuevo el concurso es “porque así se estimó oportuno tras el análisis de las necesidades del servicio y la especificidad del mismo en este período de puesta en marcha del nuevo sistema”, algo que, señalan, “queda perfectamente definido en la memoria justificativa y en la documentación pública de la contratación del mismo”.

Carmen González fa disset anys que es guanya la vida com a treballadora familiar. Mari Ángeles Ronda, un quart de segle. Visiten les llars de persones dependents: els dutxen, els alimenten, els canvien els llençols, els administren la medicació, concedeixen una pausa a les famílies. En llenguatge del carrer són “cuidadores”. Carmen assenyala amb l'índex dret un bony a la unió entre la mà esquerra amb el polze. “Veus la meva mà? Veus aquest bony? Ara no és res, però ho he tingut molt més gran”. Amb el palmell, empeny l'espatlla del periodista i diu: “He de fer així per moure l'usuari i fer-li la higiene: el cos tirarà enrere, així que mentre netejo haig de mantenir la pressió perquè no caigui. Quan se'm va inflar i vaig anar a la mútua em van dir que com era possible que aquest bony m'hagués sortit a conseqüència de la meva feina”.

A Mari Ángeles li va passar el mateix quan va intentar que l'empresa per a la qual treballen reconegués que l'artritis i l'osteoporosi que pateix són conseqüència d'una feina “extenuant físicament i mental”. Malalties laborals. Per això, com ara està de baixa, en haver reduït la jornada laboral a tot just deu hores setmanals, la nòmina, que no arriba a 500 euros, es queda en 375. Si no es recupera, serà el sou que cobri durant els divuit mesos que li falten per jubilar-se amb la pensió completa.

– Penseu que algun dia l'Administració deixarà de subcontractar-vos? Somieu de ser empleades públiques?

–No. Anem en direcció contrària. La nostra feina hauria de ser un servei públic amb unes condicions dignes.

Carmen i Mari Ángeles són companyes des del 2017. Aquell any les va contractar Domusvi. Aquesta multinacional, d'origen francès i controlada per fons de capital risc, explica al web corporatiu que, gràcies als contractes signats amb institucions espanyoles, gestiona 11 mil places en residències i ofereix cures a 102 mil persones dependents. Vuitanta, eivissenques. Places concertades per la Conselleria de Família i Afers Socials, persones que atenen diàriament aquestes dues treballadores i les altres divuit que formen la plantilla de Domusvi a l'illa. Unes empleades que, a través de Comissions Obreres de les Illes Balears (Carmen González és la delegada sindical), es van asseure a negociar una millora en les condicions laborals amb la multinacional la setmana passada.

El 10 de maig, però, van sortir del Tribunal de Mediació de les Illes Balears (Tamib) sense acord entre les parts. El punt més calent, “a més del reconeixement de les malalties i els dolors” que pateixen, com recalca Mari Ángeles, és la borsa d'hores. Les treballadores familiars de Domusvi no organitzen la feina de casa amb torns fixos o rotatius. Cadascuna signa un contracte, parcial, per un determinat nombre d'hores. “Prefereixen tenir diverses companyes contractades a tres o cinc hores abans que completar jornades com la meva: ho he demanat per millorar el meu sou, però sempre m'ho han denegat. I saps què passa? Com que han estat anys, des d'abans de la pandèmia fins al novembre de l'any passat, sense convocar una sola reunió, entre nosaltres gairebé no ens coneixem. Vam haver de muntar un sopar l'estiu passat perquè moltes ens féssim cara. Això ens fa més febles”, relata Carmen. Les que cobreixen més temps, com ella, trenta-cinc hores, guanyen aproximadament 1.200 euros nets (menys que les treballadores familiars que subcontracta l'Ajuntament d'Eivissa, que ofereix un servei semblant).

Prefereixen tenir a diverses companyes contractades tres o cinc hores abans que completar jornades com la meva. Com han estat anys sense convocar una sola reunió, entre nosaltres amb prou feines ens coneixem. Això ens fa més febles

Mari Ángeles Ronda — Cuidadora

Sense control horari ni vehicle d'empresa

A les persones que visiten els dediquen una, dues o tres hores en funció de si estan diagnosticades amb un grau de dependència I –ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques un cop al dia–, II –ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques dues o tres vegades al dia– o III –que implica una pèrdua total d‟autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial de la persona que s'atén. En aquests marges han d'encaixar totes les tasques. No és un càlcul exacte i no tenen, diuen, “un registre de control d'entrada i sortida”. “Sol passar que estiguis més d'una hora amb la persona dependent. Si has de donar menjar a una àvia o a una persona amb una malaltia neurodegenerativa, com la deixaràs a mig menjar? Acabes la feina, marxes i no comptabilitzes aquests minuts extra. I, a això, afegeix-li que tenim deu minuts! de temps laboral per arribar a una casa. A descomptar de l'hora, és clar. La resta del temps que et costi el viatge, aparcar, pujar les escales… no hi suma”, detalla Carmen.

Sol ocórrer que estiguis més d'una hora amb la persona dependent. Si has de donar menjar a una àvia o a una persona amb una malaltia neurodegenerativa, com la deixaràs a mig menjar?

Carmen González — Cuidadora

Tampoc no compten amb un cotxe o una moto d'empresa per moure's entre domicilis. Utilitzen els seus. “La gasolina la cobrem a 0,21 quilòmetres. Tot i que després de la pandèmia ens han actualitzat el sou un parell de vegades per ajustar-lo a l'IPC, continuen pagant-nos el mateix de combustible. I, això, descompta-li l'IPC. Els diners que ens gastem en zona blava ens els paguen camuflats com a quilometratge”, diu Mari Ángeles. A Eivissa és impossible trobar-la ara mateix a menys d'1,75 euros el litre. Domusvi tampoc no es fa càrrec de les avaries que puguin patir, segons les treballadores. Diu la delegada sindical: “Una vegada em va deixar tirada el meu cotxe al polígon de Can Negre i havia d'arribar corrent fins a Marina Botafoch. La resposta de la coordinadora quan la vaig trucar va ser que demanés un taxi. Però el taxi qui m'ho pagarà? I hi va haver silenci”. A Mari Ángeles el que més li va fer mal, però, va ser l'orfandat que van sentir durant la pandèmia: “Havíem de treballar sense equips de protecció a domicilis on hi havia persones contagiades. I, després d'això, a una altra casa. No ens van donar ni tan sols mascaretes. Carmen, de fet, es va contagiar. Jo, sortosament, no. Sóc hipertensa, hauria estat fatal”.

Les treballadores denuncien que acaben devent diners a l'empresa: “El problema és que aquesta borsa d'hores es calcula anualment i estem molt condicionades per les visites que s'anul·len per ingressos hospitalaris, compromisos familiars o, de vegades, per temes més banals. Per exemple, que la persona que estigui al càrrec només pugui portar el pare ancià o el fill malalt a la perruqueria en el nostre horari de visita. Com que es tracta d'un copagament i als familiars els costa aquest servei, avisen amb les vint-i-quatre hores d'antelació que exigeix l'empresa. Però què passa? Aquella hora que no hem treballat, malgrat estar disponibles, no ens la comptabilitzen. Ens posem en negatiu i, així, totes acabem devent temps a l'empresa. Una cosa tan simple com una infecció d'orina, que pot enviar més d'una setmana a un hospital més gran, ens destrossa el mes”.

Miguel Ángel Pardo, líder de CCOO a l'arxipèlag, defensa que “es tracta d'un sistema il·legal”: “Almenys, pel que fa a la comptabilització de la jornada. La resta de reivindicacions, això sí, són lògiques i per això volem que es negociïn”. Com que Domusvi no va acceptar la proposta d'acotar la borsa d'hores a un termini de tres mesos, el sindicat ha convocat una vaga indefinida a partir del 17 de maig.

Les treballadores han convocat una vaga (l'empresa ha decretat serveis mínims) a partir d'aquest divendres 17 de maig. 'Serà una vaga invisible, com el nostre treball a ulls de bona part de la societat', lamenta Mari Ángeles

“Serà una vaga invisible, com la nostra feina a ulls de bona part de la societat”, es lamenta Mari Ángeles. “L'empresa ha decretat serveis mínims i els haurem d'acatar perquè oferim un servei essencial. No ens queda cap altra. Però protestarem al Parlament”, afegeix Carmen. Aprofitant els plens del 28 de maig i el 4 de juny, les treballadores familiars de Domusvi han convocat concentracions davant de la seu de la cambra autonòmica. “El Govern no es pot rentar les mans. Encara que no tingui contractades aquestes treballadores, la cura de les persones dependents és la seva competència. La idea és mobilitzar també el personal de Domusvi a Mallorca. Aquí, encara que la situació encara no hagi explotat perquè estem en un procés d'eleccions sindicals, les condicions són igual de dolentes”. Pardo calcula que, incloent-hi les cuidadores que cobreixen els serveis que contracta l'Ajuntament de Palma, són “unes cent trenta afectades”. Dones gairebé exclusivament.

Una hora d'atenció, 25 euros públics

Des de la Conselleria de Família i Afers Socials prefereixen, de moment, guardar silenci davant d'un conflicte que cal resoldre amb “unes gestions laborals fora de l'abast” governamental. El gabinet de premsa del departament que dirigeix la consellera Catalina Cirer explica que s'ha decidit “augmentar el servei i revisar-ne” el “preu”. Fa uns dies, el 7 de maig, el Butlletí Oficial de les Illes Balears va publicar una resolució signada per Cirer que, després de revisar un informe emès per la Direcció General d'Atenció a la Dependència, actualitza les tarifes per adaptar-les “a les pujades de l'IPC experimentades el 2023” (la inflació acumulada va ser del 3,5%). Des de l'1 de gener perquè la resolució té caràcter retroactiu, cada seixanta minuts dedicats a atendre una persona dependent costa al Govern 25 euros i 15 cèntims (sense IVA).

Servisar Serveis Socials -empresa que forma part de Domusvi des que l'absorbís el gegant- continuarà treballant, almenys, un any més per a l'Administració balear. El contracte actual amb el Govern es va renovar una setmana abans que pugés el preu del servei, el 30 d'abril, data en què vencia l'anterior acord. Es va signar fa quatre anys amb l'Executiu balear, que aleshores presidia la socialista Francina Armengol en coalició amb Podem i Més per Mallorca. Era la formació ecosobiranista la que gestionava la cartera d'Afers Socials amb Fina Santiago com a consellera.

Domusvi es presenta a la seva web com a líder del sector sociosanitari a Espanya. A Mallorca tenen sis de les cent quaranta-tres residències de gent gran que controlen al nostre país. El servei telefònic va indicar a elDiario.es que la comunicació amb el departament de premsa només era possible per correu electrònic (enviat, però no respost, al tancament de l'article). Fins a la setmana passada, quan es van reunir al Tamib (“Va venir un senyor de Burgos a dir-nos que demanàvem molt i que tampoc estàvem tan malament”), la sindicalista Carmen González no havia vist la cara a cap superior de l'empresa per a les que treballa exceptuant les dues coordinadores que han elaborat els seus horaris aquests sis anys. “La primera que vam tenir, molt humana, es va canviar així que li va sortir una feina amb condicions dignes. És la història que es repeteix amb moltes altres treballadores familiars que hi han passat. Cada any, en una plantilla de vint, ho deixen tres o quatre”.

“Aquesta feina em va canviar la vida”

I elles per què segueixen? En sentir la pregunta Carmen ensenya uns missatges a la pantalla del mòbil: els van publicar al Facebook diverses famílies a les quals ha visitat. “Gran, Carmen! Tot sensibilitat i amor amb els grans. Mil gràcies”. “Gràcies per cuidar el meu fill fins a la seva mort. T'estimem”. I afegeix: “És una feina que em va canviar la vida. Vaig fer el curs de tècnic d'atenció a persones en situació de dependència per sumar punts i treure'm l'oposició de cuinera a la residència del Consell d'Eivissa. Durant les pràctiques, em vaig enamorar de l'ofici. El tracte amb els usuaris és preciós”. A Mari Ángeles Ronda li va passar el mateix: “Em vaig treure el títol perquè jo mateixa, després d'una mala ratxa, em vaig quedar sense res, dormint al cotxe i vaig anar a serveis socials. Una treballadora que em va atendre em va recomanar dedicar-m'hi. 'Va amb el teu caràcter', em va dir. I és que has de ser molt fort, tenir molta empatia i mà esquerra. Un familiar no et deixarà tot sol amb el seu ésser estimat a la primera de canvi, i és normal que sigui així. Altres no entenen que ets una treballadora familiar i no la seva criada”.

Em vaig treure el títol després d'una mala ratxa, em vaig quedar sense res, dormint en el cotxe i vaig acudir a serveis socials. Una treballadora que em va atendre em va recomanar dedicar-me a això. Uns altres no entenen que ets una treballadora familiar i no la seva criada

Mari Ángeles Ronda — Cuidadora

Mari Àngels recorda la visita a una casa de Sant Antoni. Atenia un senyor que pesava cent dos quilos. “Amb nafres a les cames pel sucre, súper diabètic”. Havia d'aixecar-lo d'un llit molt baix. Cada dia. “Però ell tenia por i tirava enrere”. Fins que va aparèixer en una ocasió la filla i li va exigir que voltés el matalàs. “Jo sola no puc”, va contestar Mari Ángeles. Aquell cos només cabia en un llit de matrimoni. “Com que no pots?”, diu que la filla li va respondre indignada. I, segons recorda, li va fer una estrebada mentre li cridava: “Treu-te d'aquí que ja ho faig jo!”. La veterana treballadora familiar va anar a veure la coordinadora i li va comunicar que no volia tornar a aquella casa.

“Sempre he tingut clar que jo hi vaig a fer feina, no perquè m'humiliïn. Són les excepcions perquè la majoria de la gent és agraïda de primeres o es torna amb el temps. Nosaltres els oferim un respir: aquella hora que hi passem és or per a un cuidador no professional. Afortunadament, cada vegada passa menys, però per què passa? Quan la Carme i jo érem nenes, als dependents se'ls cuidava a les cases, i sempre eren dones les que s'encarregaven. Això no ha canviat gaire: de vint que som, només hi ha un home, però confio que aquest ofici vagi tenint cada cop més respecte social. Per això estem lluitant, no és simplement per cobrar més i millorar els nostres horaris”.

Carmen González lleva 17 años ganándose la vida como trabajadora familiar. Mari Ángeles Ronda, un cuarto de siglo. Visitan los hogares de personas dependientes: las duchan, las alimentan, les cambian las sábanas, les administran la medicación, conceden una pausa a las familias. En lenguaje de la calle son “cuidadoras”. Carmen señala con el índice derecho un bulto en la unión entre la mano izquierda con el pulgar. “¿Ves mi mano? ¿Ves ese bulto? Ahora no es nada, pero lo he tenido mucho más grande”. Con la palma, empuja el hombro del periodista y dice: “Tengo que hacer así para mover al usuario y hacerle la higiene: el cuerpo tirará hacia atrás, así que mientras limpio tengo que mantener la presión para que no se caiga. Cuando se me hinchó y fui a la mutua me dijeron que cómo era posible que ese bulto me hubiera salido a consecuencia de mi trabajo”.

A Mari Ángeles le ocurrió lo mismo cuando intentó que la empresa para la que trabajan reconociera que la artritis y la osteoporosis que sufre son consecuencia de un trabajo “extenuante física y mentalmente”. Enfermedades laborales. Por eso, como ahora está de baja, al haber reducido su jornada laboral a apenas 10 horas semanales, su nómina, que no llega a 500 euros, se queda en 375. Si no se recupera, será el sueldo que cobre durante los 18 meses que le faltan para jubilarse con la pensión completa.

–¿Pensáis que algún día la Administración dejará de subcontrataros? ¿Soñáis con ser empleadas públicas?

–No. Vamos en dirección contraria. Nuestro trabajo debería ser un servicio público, con unas condiciones dignas.

Carmen y Mari Ángeles son compañeras desde 2017. Aquel año las contrató DomusVi. Esta multinacional, de origen francés y controlada por fondos de capital riesgo, explica en su web corporativa que, gracias a los contratos firmados con instituciones españolas, gestiona 11.000 plazas en residencias y ofrece cuidados a 102.000 dependientes. 80 de ellas, ibicencas. Plazas concertadas por la Conselleria de Família i Afers Socials, personas que atienden diariamente estas dos trabajadoras y las otras 18 que forman la plantilla de DomusVi en la isla. Unas empleadas que, a través de Comissions Obreres de les Illes Balears (Carmen González es la delegada sindical), se sentaron a negociar una mejora en sus condiciones laborales con la multinacional la semana pasada.

El 10 de mayo, sin embargo, salieron del Tribunal de Mediació de les Illes Balears (Tamib) sin acuerdo entre las partes. El punto más caliente, “además del reconocimiento de las enfermedades y dolores” que sufren, como recalca Mari Ángeles, es la bolsa de horas. Las trabajadoras familiares de DomusVi no organizan sus labores con turnos fijos o rotativos. Cada una firma un contrato, parcial, por un determinado número de horas. “Prefieren tener a varias compañeras contratadas a tres o cinco horas antes que completar jornadas como la mía: lo he pedido para mejorar mi sueldo, pero siempre me lo han denegado. ¿Y sabes qué ocurre? Como han estado años, desde antes de la pandemia hasta noviembre del año pasado, sin convocar una sola reunión, entre nosotras apenas nos conocemos. Tuvimos que montar una cena el verano pasado para que muchas nos pusiéramos cara. Eso nos hace más débiles”, relata Carmen. Las que más tiempo cubren, como ella, 35 horas, ganan aproximadamente 1.200 euros limpios (menos que las trabajadoras familiares que subcontrata el Ayuntamiento de Eivissa, que ofrece un servicio parecido). 

Prefieren tener a varias compañeras contratadas a tres o cinco horas antes que completar jornadas como la mía. Como han estado años sin convocar una sola reunión, entre nosotras apenas nos conocemos. Eso nos hace más débiles

Mari Ángeles Ronda — Cuidadora

Sin control horario ni vehículo de empresa

A las personas que visitan les dedican una, dos o tres horas en función de si están diagnosticadas con un grado de dependencia I –ayuda para realizar varias actividades básicas una vez al día–, II –ayuda para realizar varias actividades básicas dos o tres veces al día– o III –que implica una pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial de la persona que se atiende–. En esos márgenes deben encajar todas sus tareas. No es un cálculo exacto y carecen, dicen, “de un registro de control de entrada y salida”. “Suele ocurrir que estés más de una hora con la persona dependiente. Si tienes que dar de comer a una abuela o a una persona con una enfermedad neurodegenerativa, ¿Cómo la vas a dejar a medio comer? Acabas el trabajo, te marchas y no contabilizas esos minutos extra. Y, a eso, añádele que tenemos ¡diez minutos! de tiempo laboral para llegar a una casa. A descontar de la hora, claro. El resto del tiempo que te cueste el viaje, aparcar, subir las escaleras… no suma”, detalla Carmen.

Suele ocurrir que estés más de una hora con la persona dependiente. Si tienes que dar de comer a una abuela o a una persona con una enfermedad neurodegenerativa, ¿Cómo la vas a dejar a medio comer?

Carmen González — Cuidadora

Tampoco cuentan con un coche o una moto de empresa para moverse entre domicilios. Utilizan los suyos. “La gasolina la cobramos a 0,21 kilómetros. Aunque después de la pandemia nos han actualizado el sueldo un par de veces para ajustarlo al IPC, siguen pagándonos lo mismo de combustible. Y, a eso, descuéntale el IPC. El dinero que nos gastamos en zona azul nos lo pagan camuflado como kilometraje”, dice Mari Ángeles. En Eivissa es imposible encontrarla en estos momentos a menos de 1,75 euros el litro. DomusVi tampoco se hace cargo de las averías que puedan sufrir, según las trabajadoras. Dice la delegada sindical: “Una vez me dejó tirada mi coche en el polígono de Can Negre y tenía que llegar corriendo hasta Marina Botafoch. La respuesta de la coordinadora cuando la llamé fue que pidiera un taxi. ¿Pero el taxi quién me lo va a pagar? Y hubo silencio”. A Mari Ángeles lo que más le dolió, sin embargo, fue la orfandad que sintieron durante la pandemia: “Íbamos a trabajar sin equipos de protección a domicilios donde había personas contagiadas. Y, de ahí, a otra casa. No nos dieron ni siquiera mascarillas. Carmen, de hecho, se contagió. Yo, afortunadamente, no. Soy hipertensa, habría sido fatal”.

Las trabajadoras denuncian que acaban debiéndole dinero a la empresa: “El problema es que esa bolsa de horas se calcula anualmente y estamos muy condicionadas por las visitas que se anulan por ingresos hospitalarios, compromisos familiares o, a veces, por temas más banales. Por ejemplo, que la persona que esté al cargo sólo pueda llevar al padre anciano o al hijo enfermo a la peluquería en nuestro horario de visita. Como se trata de un copago y a los familiares les cuesta dinero este servicio, avisan con las veinticuatro horas de antelación que exige la empresa. ¿Pero qué ocurre? Esa hora que no hemos trabajado, pese a estar disponibles, no nos la contabilizan. Nos ponemos en negativo y, así, todas acabamos debiéndole tiempo a la empresa. Algo tan simple como una infección de orina, que puede mandar a un mayor más de una semana a un hospital, nos destroza el mes”.

Miguel Ángel Pardo, líder de CCOO en el archipiélago, defiende que “se trata de un sistema ilegal”: “Al menos, lo que concierne a la contabilización de la jornada. El resto de reivindicaciones, eso sí, son lógicas y por eso queremos que se negocien”. Como DomusVi no aceptó la propuesta de acotar la bolsa de horas a un plazo de tres meses, el sindicato ha convocado una huelga indefinida a partir del 17 de mayo.

Las trabajadoras han convocado una huelga (la empresa ha decretado servicios mínimos) a partir de este viernes 17 de mayo. 'Será una huelga invisible, como nuestro trabajo a ojos de buena parte de la sociedad', lamenta Mari Ángeles

“Será una huelga invisible, como nuestro trabajo a ojos de buena parte de la sociedad”, se lamenta Mari Ángeles. “La empresa ha decretado servicios mínimos y tendremos que acatarlos porque ofrecemos un servicio esencial. No nos queda otra. Pero vamos a protestar en el Parlament”, añade Carmen.

Aprovechando los plenos del 28 de mayo y el 4 de junio, las trabajadoras familiares de DomusVi han convocado concentraciones ante la sede de la cámara autonómica. “El Govern no puede lavarse las manos. Aunque no tenga contratadas a estas trabajadoras, el cuidado de las personas dependientes es su competencia. La idea es movilizar también al personal de DomusVi en Mallorca. Aquí, aunque la situación no haya explotado todavía porque estamos en un proceso de elecciones sindicales, las condiciones son igual de malas”. Pardo calcula que, incluyendo a las cuidadoras que cubren los servicios que contrata el Ayuntamiento de Palma, son “unas ciento treinta afectadas”. Mujeres casi exclusivamente.

Una hora de atención, 25 euros públicos

Desde la Conselleria de Família i Afers Socials prefieren, por el momento, guardar silencio ante un conflicto que debe resolverse con “unas gestiones laborales fuera del alcance” gubernamental. El gabinete de prensa del departamento que dirige la consellera Catalina Cirer explica que se ha decidido “aumentar el servicio y revisar” su “precio”. Hace unos días, el 7 de mayo, El Butlletí Oficial de les Illes Balears publicó una resolución firmada por Cirer que, tras revisar un informe emitido por la Direcció General d’Atenció a la Dependència, actualiza las tarifas para adaptarlas “a las subidas del IPC experimentadas en 2023” (la inflación acumulada fue de un 3,5 por ciento). Desde el 1 de enero porque la resolución tiene carácter retroactivo, cada sesenta minutos dedicados a atender a una persona dependiente le cuesta al Govern 25 euros y 15 céntimos (sin IVA). 

Servisar Servicios Sociales –empresa que forma parte de DomusVi desde que la absorbiera el gigante– seguirá trabajando, como poco, un año más para la Administración balear. Su contrato actual con el Govern se renovó una semana antes de que subiera el precio del servicio, el 30 de abril, fecha en la que vencía el anterior acuerdo. Se firmó hace cuatro años con el Ejecutivo balear, que entonces presidía la socialista Francina Armengol en coalición con Podemos y Més per Mallorca. Era la formación ecosoberanista la que gestionaba la cartera de Afers Socials, con Fina Santiago como consellera. 

DomusVi se presenta en su web como líder del sector sociosanitario en España. En Mallorca tienen seis de las 143 residencias de mayores que controlan en nuestro país. Su centralita indicó a elDiario.es que la comunicación con el departamento de prensa sólo era posible por correo electrónico (enviado, pero no respondido, al cierre del artículo). Hasta la semana pasada, cuando se reunieron en el Tamib (“Vino un señor de Burgos a decirnos que pedíamos mucho y que tampoco estábamos tan mal”), la sindicalista Carmen González no le había visto la cara a ningún superior de la empresa para las que trabaja, exceptuando a las dos coordinadoras que han elaborado sus horarios en estos seis años. “La primera que tuvimos, muy humana, se cambió en cuanto le salió un empleo con condiciones dignas. Es la historia que se repite con muchas otras trabajadoras familiares que han pasado por aquí. Cada año, en una plantilla de 20, lo dejan tres o cuatro”. 

“Este trabajo me cambió la vida”

¿Y ellas por qué siguen? Al oír la pregunta Carmen enseña unos mensajes en la pantalla de su móvil: los publicaron en su Facebook varias familias a las que ha visitado. “¡Grande, Carmen! Todo sensibilidad y amor con los mayores. Mil gracias”. “Gracias por cuidar a mi hijo hasta su muerte. Te queremos”. Y añade: “Es un trabajo que me cambió la vida. Hice el curso de técnico de atención a personas en situación de dependencia para sumar puntos y sacarme la oposición de cocinera en la residencia del Consell d’Eivissa. Durante las prácticas, me enamoré del oficio. El trato con los usuarios es precioso”. A Mari Ángeles Ronda le ocurrió lo mismo: “Me saqué el título porque yo misma, después de una mala racha, me quedé sin nada, durmiendo en el coche y acudí a servicios sociales. Una trabajadora que me atendió me recomendó dedicarme a esto. 'Va con tu carácter', me dijo. Y es que tienes que ser muy fuerte, tener mucha empatía y mano izquierda. Un familiar no te va a dejar a solas con su ser querido a la primera de cambio, y es normal que así sea. Otros no entienden que eres una trabajadora familiar y no su criada”.

Me saqué el título después de una mala racha, me quedé sin nada, durmiendo en el coche y acudí a servicios sociales. Una trabajadora que me atendió me recomendó dedicarme a esto. Otros no entienden que eres una trabajadora familiar y no su criada

Mari Ángeles Ronda — Cuidadora

Mari Ángeles recuerda la visita a una casa de Sant Antoni. Atendía a un señor que pesaba 102 kilos. “Con llagas en las piernas por el azúcar, súper diabético”. Tenía que levantarlo de una cama muy baja. Todos los días. “Pero él tenía miedo y tiraba para atrás”. Hasta que apareció en una ocasión la hija y le exigió que volteara el colchón. “Yo sola no puedo”, contestó Mari Ángeles. No sólo tenía que doblar el espinazo: semejante cuerpo sólo cabía en una cama de matrimonio. “¿Cómo que no puedes?”, dice que le respondió indignada la hija. Y, según recuerda, le pegó un tirón mientras le gritaba: “¡Quítate de aquí que ya lo hago yo!”. La veterana trabajadora familiar fue a ver a la coordinadora y le comunicó que no quería volver a esa casa.

“Siempre he tenido claro que yo voy a trabajar, no a que me humillen. Son las excepciones, porque la mayor parte de la gente es agradecida de primeras o se vuelve con el tiempo. Nosotras les ofrecemos un respiro: esa hora que pasamos allí es oro para un cuidador no profesional. Afortunadamente, cada vez pasa menos, pero ¿por qué ocurre? Cuando Carmen y yo éramos niñas, a los dependientes se los cuidaba en las casas, y siempre eran mujeres las que se encargaban. Eso no ha cambiado mucho: de 20 que somos, sólo hay un hombre, pero confío en que este oficio vaya teniendo cada vez más respeto social. Por eso estamos luchando, no es simplemente para cobrar más y mejorar nuestros horarios”.

Revés judicial a Cabify sobre su modelo de subcontratación de conductores. Tras una primera sentencia favorable a la multinacional, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha respaldado las actas de infracción impuestas por la Inspección de Trabajo por cesión ilegal de sus conductores a través de tres empresas. Las magistradas restablecen así la multa de 60.000 euros por este fraude en la contratación, que había sido anulada en primera instancia.

La sentencia, del pasado 1 de febrero y a la que ha tenido acceso elDiario.es, avala la resolución de la autoridad laboral valenciana de 2019, que consideró que Cabify incurría en una subcontratación ilícita con tres compañías (Costa Fleming Car SL; , Murilo 65 SL y Servigrallar de la Cerdanya, SL), que gestionan flotas de conductores para la multinacional.

En concreto, se sancionó a Cabify por cesión ilegal de personal, prohibida en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, al considerar que en realidad ejercía el papel de “verdadero empresario” de los conductores y no las contratas intermediarias.

La cesión ilegal supone “una huida de la regulación laboral” por parte de las empresas, explica Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València. La intención suele ser la devaluación de condiciones laborales respecto a la empresa principal, pero también no asumir responsabilidades sobre el personal en multitud de cuestiones. Si la empresa principal abandona el país, no tiene que hacer un despido colectivo –con todos sus requisitos y garantías para la plantilla–, sino “solo romper un contrato mercantil”, pone como ejemplo Todolí.

Respaldo a la Inspección de Trabajo

Según ha trascendido de manera pública, la autoridad laboral ha sancionado a la multinacional por cesión ilegal al menos en dos territorios, la Comunitat Valenciana y Catalunya.

Esta nueva sentencia tiene especial relevancia, ya que supone un respaldo judicial al criterio de la Inspección de Trabajo tras varias resoluciones desfavorables en los tribunales. La sanción de 60.000 euros impuesta por la Generalitat Valenciana quedó anulada en 2022 por un juzgado, que respaldó la fórmula de subcontratación de Cabify, así como una de las sanciones impuestas en Catalunya, de 187.515 euros, por “caducidad en el procedimiento”.

Fuentes de Cabify responden a elDiario.es que la empresa va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y recuerdan que ha habido sentencias que “han avalado el modelo que existe actualmente en el sector VTC en España”.

“Con los casos de falsos autónomos estaba más claro, pero en el tema de la cesión ilegal en plataformas digitales el debate está más abierto”, sostiene Adrián Todolí, por lo que esperará con gran interés el pronunciamiento del Tribunal Supremo. En enero, hubo otra sentencia relevante en este ámbito, la que anuló la multa por cesión ilegal a Just Eat impuesta por la Generalitat tras una actuación de la Inspección.

Todolí destaca la gran relevancia del debate, ahora a propósito de Cabify o Just Eat, pero que va más allá: qué papel pueden jugar los algoritmos y la Inteligencia Artificial (IA) en la relación entre las empresas principales y las subcontratas.

El jurista destaca que hay empresas que están utilizando estas herramientas para controlar de facto al personal subcontratado, sin asumir responsabilidades sobre los trabajadores, como aborda en su libro Algoritmos productivos y extractivos. Cómo regular la digitalización para mejorar el empleo e incentivar la innovación (Aranzadi). “Es un riesgo muy importante a futuro si no se regula o se aplican los criterios de cesión ilegal”, considera.

Cabify dirige y controla: es el “verdadero empresario”

En primer lugar, las magistradas del TSJ valenciano coinciden con la autoridad laboral en que Cabify es “un servicio en el ámbito de los transportes” y no una mera intermediaria digital, como defiende la multinacional. Para argumentarlo, toman entre sus referencias la sentencia europea de finales de 2017 que así lo concluyó respecto a Uber.

Cabify destaca que la empresa no es titular de las licencias VTC, ni de los vehículos, que son propiedad de las empresas subcontratas. Sin embargo, ello “no desvirtúa el fundamental dato de que lo imprescindible y esencial para prestar el servicio en este tipo de transporte es la aplicación informática diseñada por Cabify. Sin ella los desplazamientos en vehículos son inviables”, sostienen las tres juezas, con Gema Palomar Chalver como ponente.

El tribunal entra al debate sobre si existe una cesión ilegal señalando un elemento clave. “Lo decisivo será el grado de dirección que tenga la empresa digital con quien realice la prestación de servicios”, recoge el fallo. Al igual que la Inspección y la Generalitat, las magistradas consideran que el “verdadero empresario” de los conductores es Cabify, por mucho que estén contratados por otras empresas que les provean de los coches y otros medios y que figuren formalmente como sus empleadoras.

La sentencia recoge que “la herramienta fundamental de trabajo para los conductores” –y también para la prestación del servicio a los usuarios– es la aplicación (app) propiedad de la multinacional, “a través de la cual organiza y adjudica el trabajo de los conductores, tratando de garantizar que los clientes de Cabify viajen de una determinada forma, cómoda y a su total satisfacción”.

Mediante la app, la multinacional ejerce “el poder de dirección y control” sobre los conductores. “Cabify es quien organiza la actividad que ha contratado y quien indica de manera precisa cómo quiere que se ejecute ese trabajo realizado por los conductores. Es Cabify quien asigna los viajes concretos a los trabajadores, a través de la aplicación”, también quien fija las rutas, no las empresas cedentes.

Durante los viajes, hay “un control de manera permanente y constante, por medio de la app de Cabify sobre el cumplimiento de la actividad de los conductores de las empresas de transporte, y existen canales de comunicación para que el conductor contacte con Cabify, ante incidencias”, añaden las juezas.

Además, la multinacional “identifica las malas prácticas o incumplimientos” de los conductores “en base a criterios de calidad determinados exclusivamente” por Cabify, a la que el TSJ asigna también facultades “un poder disciplinario”. “Cabify puede realizar advertencias e incluso el bloqueo de la cuenta del conductor en la App de Cabify Drivers”, destaca el fallo.

En un museo contemporáneo, las exposiciones son solo su cara más evidente. El Reina Sofía se nutre de una inmensa vida interior, se podría decir, que dinamiza el museo como un ente vivo, inserto en su contexto y en constante transformación. El área de educación del museo es un pulmón de esta institución. Desde él, se tejen las relaciones con la comunidad educativa, con el público del museo e incluso con las diferentes áreas de trabajo del Reina Sofía. El personal que empuja este área son los mediadores, un grupo de 19 personas contratadas de manera externalizada y a los que su empresa ha notificado este viernes la intención de iniciar un procedimiento de ERE a partir del 29 de febrero.

La subcontratación de los trabajadores de educación se realiza mediante concurso público por un año prorrogable a uno más. La empresa Sedena ganó esta licitación con un contrato de 708.000 euros (más IVA). El contrato finaliza el 31 de marzo. Para que la continuidad de estos trabajadores no se hubiera visto alterada, el museo debería haber formalizado una nueva licitación, pero el concurso ha sufrido un desistimiento el pasado 19 de enero. La licitación se realizó por un importe de 635.000 euros más IVA; es decir, 73.000 euros menos.

Según la resolución del desistimiento, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, “tras revisar el Pliego de Prescripciones Técnicas, ha comprobado la existencia de dos errores de carácter técnico en el cálculo de las horas/puestos”.

Remuneración errónea

El primero de los errores ha consistido en calcular el precio por hora. Se hizo según un convenio estatal, mientras que las empresas licitadoras han utilizado un convenio de la Comunidad de Madrid. Además, se han utilizado tablas salariales de 2023. Pero las retribuciones de los trabajadores son superiores en el convenio madrileño y las tablas de subidas salariales de 2024 y 2025 aumentan, aún más, las retribuciones que se tomaron de referencia para la licitación.

El segundo error consiste en la categoría profesional de los trabajadores. El museo les asignaba la categoría de “mediador cultural”, mientras que la empresa que presta los servicios los denomina “mediador intercultural educativo”, y es la categoría en la que los trabajadores piensan que están encuadrados. Las dos categorías pertenecen al mismo grupo profesional pero tienen unas retribuciones diferentes.

Las definiciones que cada agente hace de su tipo de mediador son distintas. Para el museo, un “mediador cultural” es “quien, reuniendo la formación específica correspondiente, diseña y ejecuta programas y actividades para acercar los contenidos de exposiciones, museos, centros culturales y de interpretación del patrimonio cultural a visitantes y público. Elabora materiales didácticos y pedagógicos sobre contenidos culturales, artísticos y patrimoniales. Así como la gestión y coordinación con otros departamentos de la programación de actividades culturales”. Un “mediador intercultural educativo”, sin embargo, es “quien, reuniendo la formación específica y especializada correspondiente, ejerce funciones de planificación, gestión y evaluación en programas interculturales, facilitando la comunicación entre culturas diferentes, siempre dentro de programas socioculturales”. Según la resolución del desistimiento, esta última definición “claramente no coincide con el objeto del contrato a licitar”.

Estos dos errores no se han considerado subsanables, por lo que se ha desestimado la licitación y el Museo Reina Sofía tendrá que preparar unos nuevos pliegos. Esto supondrá un retraso de al menos seis meses, en los que el museo no tendrá mediadores y los 19 (de los 22 que el pliego indica como personal subrogable) que venían ejerciendo esa función no tendrán trabajo. “Un error garrafal”, según los portavoces de los trabajadores.

Fuentes del Reina Sofía señalan a elDiario.es que “están haciendo todo lo posible para solucionar esta situación”, la cual es “de su máxima preocupación” y entienden que es “una absoluta prioridad”.

Compromiso de un ERTE que fue ERE

Este jueves, el Museo y la empresa tuvieron una reunión para encontrar una solución. El Museo ofreció su compromiso para acortar los plazos y tener lista una nueva licitación en seis meses. Con este compromiso sobre la mesa, pidieron a Sedena que realizara un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a este personal, en lugar de un ERE. No obstante, Sedena ha comunicado ya la intención de iniciar el despido mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). “Al tratarse de un ERE, los trabajadores actuales pierden el derecho de subrogación o de ser contratados nuevamente”, indica el sindicato SUT.

“El museo nos ha mostrado la voluntad de poner el escenario adecuado para que no se produzca un ERE sino un ERTE”, confirma Luis Rodríguez, responsable de personal de Sedena. “El museo quiere buscar la temporalidad de esta situación y nosotros no tenemos ningún inconveniente, más bien todo lo contrario”, indica, dejando abierta la puerta a que en los próximos días lo que se negocie sea un procedimiento temporal y no definitivo.

Los mediadores, aunque estén externalizados, dependen del área de Educación, que ha estado dirigida hasta hace pocos días por la profesora e investigadora María Acaso. Tanto Acaso como fuentes del Museo afirman que su cese se debe a una reestructuración planificada por la nueva dirección del museo, que desde junio de 2023 ejerce Manuel Segade, así como por la nueva subdirección artística. Amanda de la Garza fue anunciada para este cargo a principios de febrero.

El programa de mediación del Reina Sofía facilita las visitas comentadas (gratuitas con la entrada), que se realizan desde un pensamiento crítico y dialogante. También tiene una línea de trabajo experimental en la que se investigan nuevas formas de aproximarse al discurso del museo.

Un trabajo de excelencia

Una de las mediadoras a las que le han notificado el despido, con casi una década de trabajo para el Reina Sofía, pone en valor su trabajo de esta manera: “Hay que tener en cuenta todo lo que cuesta adquirir una serie de conocimientos, una manera de hacer, de entender lo que está planteando la propia institución. Además, está el contacto con la gente, que tú lo haces personal, y resulta que al final eres tú la carta de presentación del museo, eres tú a quien ven, la persona con la que tratan”, explica. Los trabajadores no han tenido una comunicación directa con el museo –“no hay nadie a quien nos podamos dirigir”, afirman– y esperan de la institución pública que encuentre algún tipo de solución, “quizá un contrato menor”, que enmiende de alguna manera esta situación.

“He trabajado mucho para entender el nivel de excelencia que piden en el Reina Sofía, porque no querían solamente gente experta en Historia del Arte, sino con conocimientos de comunicación que viniera de otras ramas artísticas. Tú trabajas para ello, pero luego te tratan como si fueras un trabajador asalariado de muy bajo nivel, con un salario que roza el salario mínimo interprofesional”, afirma otra de ellas.

Las visitas comentadas para las que museo no podrá contar con los mediadores que las realizaban ayudaban a recorrer la colección permanente desde diferentes ángulos; obras emblemática con el Guernica o maneras de romper el hielo en la primera incursión en el Reina Sofía. Aunque no podrá cubrir la totalidad de ellas, el Museo no se quedará sin el cien por cien de la mediación, pues algunas de estas visitas las realiza el personal propio del Área de Educación.

Los discursos están muy bien y los países se cambian a través de las imaginaciones, de las ficciones y de las exposiciones, pero también están las condiciones materiales

Mediadora en el Museo Reina Sofía

Los mediadores culturales del Reina Sofía que han hablado con elDiario.es sienten que hay una falta de “voluntad política” por parte de la dirección del museo. “Tenemos la sensación de que en estos años la prioridad del museo ha sido su colección y hay un abandono hacia los trabajadores del museo, que es un lugar muy grande en el que trabaja mucha gente, desde limpiadoras, personal de sala, de información, de mediación… en condiciones muy malas”, dice una de las trabajadoras despedidas al respecto de la externalización de estos puestos de trabajo.

“Tiene que haber voluntad de meterse en leyes y dar la batalla en el Ministerio de Cultura. Es un trabajo muy cansado y desagradecido porque te enfrentas con muros que existen en este país, ya que las leyes están hechas de manera que no favorecen a los trabajadores de la cultura”, añaden. “Los discursos están muy bien y los países se cambian a través de las imaginaciones, de las ficciones y de las exposiciones, pero también están las condiciones materiales”, concluyen.

El personal que ayuda a los niños y niñas más vulnerables a satisfacer sus necesidades más elementales en los centros educativos andaluces se encamina hacia una huelga indefinida para protestar por las condiciones precarias que sufren. En su mayoría, son trabajadoras de empresas subcontratadas a su vez por la Junta de Andalucía, que externalizó gran parte del servicio hace más de una década. Desde hace años, y de forma recurrente, protestan por sus condiciones laborales. Pero este año la protesta ha subido de tono. Cansadas de esperar soluciones, este martes celebraron la segunda jornada de huelga. A partir del 14, el sindicato CGT ha convocado un paro indefinido, al que CCOO también podría sumarse.

La convocatoria de huelga de este martes (segunda jornada tras la del 27 de octubre), estaba motivada por “superarse los límites de aguante” de un colectivo que desde hace años se siente “despreciado y discriminado por la Junta de Andalucía, lo que ha generado un descontento extremo”, señala una nota de CGT. El sindicato pide una negociación con la administración y advierte de que se mantendrá firme hasta que “se adopten medidas urgentes que lleven al respeto a la dignidad profesional de los/as PTIS”.

CCOO, mayoritario en el sector, ha limitado la convocatoria a la empresa Osventos, que actualmente acapara en torno al 75% del servicio privatizado en Andalucía, y advierte de que si no se mejoran las condiciones podría sumarse a la huelga indefinida.

La Junta de Andalucía replica que se trata de un conflicto entre empresas y trabajadores que deben resolver entre ellos, y que la administración se limita a contratar y “velar por el cumplimiento de los pliegos”. En las últimas semanas, PSOE, Adelante Andalucía y Con Andalucía han elevado el tono político, llevando al Parlamento Andaluz preguntas relativas a las condiciones laborales de las PTIS y los recursos que les asigna la Junta de Andalucía.

CGT denuncia unos servicios mínimos extemporáneos y para “meter miedo”

Este martes, CGT y CCOO protestaron a las puertas de la Delegación Territorial de Málaga, donde también se vio a Toni Valero, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, y a Toni Morillas y Nicolás Sguiglia, concejales de Con Málaga en el Ayuntamiento.

Allí, el sentimiento era agridulce. CGT denuncia que se ha boicoteado la huelga, con unos servicios mínimos “abusivos” de casi el 100% notificados de forma confusa a última hora, supuestamente destinados a desmovilizar “metiendo miedo”, sin ni siquiera negociarse en los comités de huelga. “Me ha llamado mi coordinadora para preguntarme dónde estaba, y le he dicho que yo hago lo que tengo que hacer”, decía una de las trabajadoras, convencida de la huelga. “Estoy aquí que me subo por las paredes”, cuenta por teléfono otra que no ha podido movilizarse: “Solo espero que las compañeras que sí han podido ejercer su derecho a huelga lo hagan masivamente en toda Andalucía”.

Junto a ellas, se manifestaron también familiares de alumnos con necesidades especiales del IES Mare Nostrum de Málaga, donde hay 15 menores con el recurso asignado, cuatro de ellos grandes dependientes que necesitan asistencia continua. Cuentan con una PTI a tiempo completo, y otra para 15 horas a la semana que llega a media mañana.

“Los niños están repartidos por todo el colegio, de modo que si se mojan, no pueden ir a cambiarlos hasta las 11.45”, protesta Agustina Vicente. Mar López, madre de un niño con TEA y epilepsia, advierte de que en esas condiciones, su hijo no está seguro ante un posible ataque, ya que la PTI tiene que atender a la vez a otros diez niños en el aula específica, teóricamente diseñada para seis. Las familias y los sindicatos vinculan la escasez a la precarización del servicio. “Lo único que pedimos es que les atiendan en sus necesidades básicas”, zanja Vicente, que cuantifica: “Tendría que haber tres PTIS”.  

Retrasos en la nómina, jornadas reducidas y cobro por horas

El personal técnico de integración social (PTIs) es un colectivo dividido y precarizado, de cuya situación dio cuenta detallada este medio en un reportaje publicado hace un mes. De un lado, están las PTIs personal laboral de la Junta de Andalucía, que son aproximadamente un tercio de las 2.972 que integran el servicio; de otro, las “externalizadas”. Para estas, el salario es 700 euros inferior al de las laborales, los retrasos en el abono de las nóminas son habituales, les reducen la jornada a diez o quince horas semanales y pueden verse abocadas a recorrer la provincia de punta a punta para cubrir todas sus horas.

El origen de estos abusos es la licitación: las empresas presentan ofertas a precio de derribo para hacerse con el concurso, alimentando una espiral de precarización en las condiciones de las trabajadoras. “La única manera de hacer negocio es no reconocer trienio, bajar el sueldo o retrasar el pago de nóminas”, denuncia Yolanda Gamero, de CCOO: “Son condiciones insoportables, y la Consejería consiente este abuso”.

Este curso, Osventos Innovación en Servizos, S.L. copa en torno al 75% del servicio, según fuentes del sector. Tal y como desveló este medio, esta empresa gallega, sin sede en Andalucía ni adjudicaciones públicas antes de la llegada del gobierno de Juan Manuel Moreno, se ha adjudicado 101 contratos en los últimos cuatro años por un total de 9.946.365 euros. Fuentes del sector anticipan que puede ir a más, porque ahora están abiertos nuevos procesos de licitación.

En verano, Osventos comunicó a sus empleadas que iba a aplicar un nuevo sistema de pago: ahora se haría por hora efectiva de trabajo, y no por mes, como hasta ahora. Esto, en la práctica, supone obviar la retribución de fines de semana, festivos y vacaciones, y ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Gamero pide que la Junta excluya a las empresas que incumplen el convenio de las futuras licitaciones o, al menos, que exija el respeto de las condiciones laborales básicas. Pero la Junta de Andalucía replica que no tiene nada que decir en este conflicto, porque no son sus trabajadoras. “Es una aberración, porque el hecho es que reciben instrucciones de los equipos directivos”, protesta Gamero.

CGT exige la subrogación

El sindicato CGT va más allá, y sigue exigiendo la subrogación de todas las trabajadoras. Es decir, que sean contratadas por la Junta de Andalucía, ya que prestan un servicio esencial. Es la demanda histórica del sector desde que fue privatizado por el gobierno autonómico en época del PSOE. Esa pretensión tiene ahora un camino cuesta arriba. La Junta de Andalucía aprobó un Decreto hace dos años para blindar la consideración de este personal como “complementario”. Además, los tribunales, que hace años condenaban a la Junta por contratar a estas trabajadoras mediante una “cesión ilegal”, ahora admiten la situación y están revirtiendo esas sentencias. Está previsto que el Tribunal Supremo zanje definitivamente la cuestión en las próximas semanas.

No es la única cuestión pendiente. El Decreto también fue recurrido por CCOO, y una eventual nulidad volvería a cambiar el tablero. Y CGT acaba de interponer un conflicto colectivo para que, al menos, se equipare el salario de las externalizadas al de las laborales, ya que las primeras se rigen hasta ahora por el convenio de los centros y servicios de personas con discapacidad, cuyo ámbito de aplicaciones son los centros privados. 

El Gobierno asturiano pedirá al central, en el marco de la negociación del segundo periodo del Plan de empresa de Hunosa 2019-2027, que explore los mecanismos legales que permitan incorporar a la plantilla de la compañía estatal a los trabajadores de sus contratas y subcontratas.

Una propuesta que ha aprobado este miércoles el Pleno de la Junta General del Principado y que rebaja la planteada inicialmente por Convocatoria por Asturias que, en su proposición no de ley planteaba que se “garantizase la incorporación inmediata de estos trabajadores a la plantilla” de la hullera pública.

Según el socialista Ramón Fernández Huerga, la enmienda introducida por su grupo, aceptada por sus socios de gobierno y apoyada por los dos diputados del Grupo Mixto -Podemos y Foro- era necesaria porque “es imposible legalmente la incorporación inmediata de estos trabajadores” y porque esta cuestión debe ser objeto de negociación entre el Gobierno, la empresa y los sindicatos.

Tras recordar que tanto la contratación como la subcontratación son fórmulas absolutamente legales, el popular Rafael Alonso, ha calificado de “pantomima” la iniciativa de IU-Convocatoria por Asturias, grupo al que acusó de “generar expectativas que difícilmente se cumplirán” para los subcontratados de Hunosa.

Previamente, la diputada de IU Delia Campomanes había asegurado que “no se puede aceptar que una empresa pública desarrolle practicas laborales muy discutibles, rayanas en la ilegalidad, con el único objetivo de reducir sus costes y a costa de precarizar a sus trabajadores”.

En su opinión, hay que corregir esa situación con la incorporación de unos 180 trabajadores de Carbomec, Sacyr, Satra y Acciona a la plantilla de Hunosa, y más teniendo en cuenta que el Gobierno central “se ha comprometido en un modelo justo, pausado y pactado de descarbonización”.

Abandonar la ambigüedad

Mientras se producía el debate en el Pleno, a las puertas del parlamento regional, el secretario general de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano, pedía al PSOE que abandonase su “ambigüedad”, que se retratase e hiciese justicia con quienes “trabajan en las mismas condiciones que los de plantilla de Hunosa, sin tener la mismas retribuciones, ni condiciones sociales” .

“Aquí toca jugar ese papel que dice tener de influencia en Madrid (en referencia al presidente del Principado, Adrián Barbón) ante Pedro Sánchez y toca que los trabajadores de las subcontratas de Hunosa, por fin, tengan la misma justicia que el colectivo total de trabajadores que en estos momentos forman parte de la compañía minera”, ha subrayado.

Su entrada en la empresa pública minera, según Manzano, “supondría estabilidad” para estos trabajadores que “forman una parte fundamental en la actividad de la compañía” en la que, dado su carácter público, no se entiende que siga sin incorporar a estos empleados después de tantos años.

Desde el SOMA-FITAG-UGT han mostrado también su apoyo a la propuesta de Convocatoria por Asturias, El presidente del Comité Intercentros de Hunosa, Andrés Vallina recordó que el SOMA lleva muchos años pidiendo lo que se debatía este miércoles en la Junta y como prueba de ello ha esgrimido la incorporación de 264 compañeros en el año 2011.

Vallina asegura que esta demanda ya fue planteada a la Directora General de Empleo, Verónica Martínez, e incluso a la Ministra de Trabajo en alguna de sus visitas a Asturias, pero denuncia que no se ha obtenido ninguna respuesta. “Incluso después de apoyar a la Ministra cuando desde el ámbito empresarial arremetieron contra ella por expresar su intención de regular la subcontratación”, ha afirmado.

Para el SOMA la contratación directa de estos trabajadores por parte de la empresa matriz beneficiaría a Hunosa porque los necesita y además “acabaría con un sistema perverso que se disfraza y sustenta sobre el argumento de la competitividad”.

Condena a una subcontrata por no aplicar la reforma laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado una sentencia de instancia que condenó a una subcontrata de Nedgia S.A (Grupo Naturgy) por no subrogar al personal de la anterior empresa adjudicataria, como marca el convenio colectivo de la actividad externalizada, que es el que debe aplicarse según la normativa aprobada por el Gobierno, como ha adelantado El Periódico de Catalunya.

Las sentencias son las primeras que aplican el nuevo artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores tras los cambios en la reforma laboral, advertía este martes el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UOC, Ignasi Beltrán, que realiza un gran seguimiento de la jurisprudencia en esta materia en su blog 'Una mirada crítica a las relaciones laborales'.

El nuevo marco laboral estableció que las empresas subcontratadas deben aplicar el convenio colectivo de la actividad desarrollada. Aunque hubo mayores pretensiones en el Gobierno y los sindicatos, finalmente con esta fórmula –y gracias a la prevalencia del convenio sectorial en los salarios– se pretendía poner coto a la externalización más precarizadora. Es decir, aquella que busca competir básicamente devaluando salarios de la plantilla subcontratada.

En este caso, el cambio de contrata del servicio “de inspección periódica de instalaciones” de gas natural dejó en la calle al personal de la anterior adjudicataria, ya que la nueva empresa afirmaba que no estaba obligada a hacerse cargo de estos trabajadores y que ya tenía medios para prestar el servicio.

Uno de los trabajadores que acabó sin empleo debido a esta maniobra demandó ante los tribunales y la juzgadora de instancia y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le han dado la razón, declarando su despido como improcedente.

La clave, en el convenio colectivo de aplicación

Los magistrados señalan que la nueva subcontrata estaba obligada a asumir a la plantilla de la empresa saliente del servicio tal y como establece el convenio sectorial de la actividad externalizada, el del Siderometal de la provincia de Ourense. La compañía estaba aplicando otro convenio sectorial, que no tiene incluida esta garantía.

El TSJ gallego recuerda que la reforma laboral reguló un nuevo precepto dentro del artículo 42, centrado en la subcontratación. “Según el artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores (que es citado como infringido), ”el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título III“.

La reforma laboral dio “rango legal a jurisprudencia previa” del Tribunal Supremo, sostienen los magistrados, que ya apuntaba que “ante la ausencia de un convenio colectivo propio” de la empresa demandada “las relaciones laborales quedarán reguladas por el convenio colectivo sectorial cuyo ámbito funcional comprenda la actividad que llevan a cabo los trabajadores en el marco de la contrata”.

Además, los jueces recogen que “la circunstancia de que la empresa saliente preste servicios fuera de la provincia de Ourense no obsta la aplicación de dicho convenio” cuando, como aquí ocurre, “el centro de trabajo de la empresa se encuentra residenciado en Ourense, donde o desde donde se realiza la actividad”.

Así, la sentencia ratifica la condena a la nueva adjudicataria, declarando improcedente el despido del trabajador, por lo que condena a la compañía a que readmita al demandando en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido o a que le indemnice con algo más de 5.000 euros.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha arremetido contra las trabajadoras de las subcontratas de limpieza de Osakidetza en huelga y contra las acciones que están llevando a cabo durante esta semana y que han supuesto enfrentamientos con la Ertzaintza en algunos casos. En una intervención en el Parlamento Vasco, la consejera ha recordado que las acciones que realizan estas trabajadoras en el ámbito de sus reivindicaciones laborales tienen “repercusión” en los pacientes y en el servicio que se les presta, y Osakidetza tiene que garantizar el servicio “para el bien de los pacientes”. La consejera ha limitado su responsabilidad en este conflicto a esta garantía del bienestar de los usuarios de hospitales y centros de salud y ha rechazado que desde el Gobierno vasco se tenga que intervenir en “este conflicto laboral”, que tiene que resolverse entre empresas y trabajadores.

Sagardui ha respondido en la Cámara vasca a una interpelación de Elkarrekin Podemos-IU, primero, y a una pregunta de EH Bildu, después sobre este tema. Los partidos de la oposición exigen a Osakidetza que “se implique” en la resolución de este conflicto motivado porque las trabajadoras están en huelga para exigir que las empresas que las contratan equiparen sus condiciones laborales con las que tienen las trabajadoras que trabajan directamente para Osakidetza. En estos momentos llevan más de cinco años sin renovar el convenio. La consejera no sólo ha rechazado la posibilidad de mediar o implicarse en el conflicto, sino que ha minimizado el impacto de la huelga y ha asegurado que el seguimiento se ha situado en los tres primeros días de paro en el 36%, 28% y 24%, respectivamente -aunque las trabajadoras se quejan del elevado impacto que tienen los servicios mínimos elevados en estos datos de seguimiento-.

Además, ha repasado todas las actuaciones llevadas a cabo por las huelguistas que, en su opinión, dificultan la posibilidad de entendimiento: “La irrupción de forma repentina en un centro hospitalario usando la fuerza para poder desbordar a la vigilancia de seguridad habitual en este centro, o el derramar por el suelo productos como geles o papeles que pudieran generar suciedad en los mismos, boicotear los ascensores utilizados para el traslado de los y las pacientes, o los dispositivos públicos de baños utilizados para los pacientes y aquellas personas que les acompañan en los hospitales, la invasión de los laboratorios, el sellado de los almacenes donde se guarda material necesario para el buen funcionamiento de la atención sanitaria, además del ruido, todo el uso de silbatos, de megafonía”, ha enumerado. “Y a quienes realmente generan una situación poco deseable es a los y las pacientes fundamentalmente que ocupan nuestros centros de salud, nuestros hospitales”. “No son estos los mejores usos ni las mejores costumbres para poder hablar de un ámbito como es el de los cuidados de salud”, ha señalado. “No creo que los actos mencionados tengan excusa alguna” ha señalado la consejera en la Cámara, con una representación de las trabajadoras en huelga en la tribuna de invitados.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández, ha acusado a la consejera de “cero empatía con estas trabajadoras” por hablar de “ruidos, silbatos, megafonías, porcentajes de apoyo a la huelga”. Ha insistido en que el Gobierno se tiene que implicar en resolver este conflicto, por dos razones. “Primero, porque creemos que es responsabilidad del Gobierno, porque son las personas que se encargan de la limpieza en la sanidad pública. Y segundo, porque este gobierno tiene capacidad de hacerlo”, ha apuntado. Hernández, ha reiterado que el Gobierno vasco “no se puede esconder detrás de la negociación colectiva ante este conflicto”. “Esto no es un conflicto laboral, como usted dice, de esos que a veces traigo yo aquí. Esto no es Tubacex”, ha dicho. “Esto son las empresas adjudicatarias de la limpieza de un servicio público, de la Sanidad pública. Por eso la responsabilidad del Gobierno es de primer orden, y tienen capacidad de implicarse y resolverlo”, ha concluido. La parlamentaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, también ha acusado a la consejera de “no importarle nada las trabajadoras, más allá de darles leña”. Ha recordado que se trata de un colectivo que fue ensalzado durante la pandemia y “ahora son apaleadas”. Ubera ha reiterado que “no habrá acuerdo hasta que Osakidetza se implique”.

Más paros

Las trabajadoras del sector han realizado una semana de paro convocadas por LAB, UGT, CCOO y ESK, que finaliza el día 5, mientras que ELA, que había convocado hasta el día 12 ha alargado el paro una semana más hasta el día 19. Denuncian que las trabajadoras llevan más de cinco años sin convenio y, pese a “las innumerables reuniones celebradas con las empresas” en total 51, “no hay ningún avance y el bloqueo absoluto de la negociación es evidente”. Segúnexplican, “el convenio colectivo de aplicación tiene por objeto la homologación de condiciones al personal de Osakidetza”. “Éste ha sido precisamente el marco que aceptaron en su día las tres partes implicadas: empresas, trabajadoras, y Osakidetza, y por el que se han regido durante años y años. Sin embargo, tanto las empresas como el cliente (Osakidetza) están incumpliendo el principio de homologación”, aseguran.

Los trabajadores de la seguridad de varios organismos públicos llevan sin cobrar varios meses, hasta seis en algunos casos y en aumento. Mientras, siguen acudiendo a sus puestos sin percibir un solo euro. Se han visto afectadas las plantillas del INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria), del Imserso y de las oficinas de la Seguridad Social en Guadalajara, a las que se suman otras entidades públicas a nivel regional. El servicio de vigilancia está externalizado y la empresa adjudicataria responsable de los impagos es Segursa 2000, S.A. La compañía se hizo con las licitaciones públicas en 2020 con ofertas más baratas que las de sus competidores. Entonces, ya tenía investigaciones abiertas de la Inspección de Trabajo por retrasos en el abono de salarios.

La plantilla que acumula más meses de impagos es la del Imserso, con seis mensualidades, mientras que la del INIA suma ya cuatro nóminas sin percibir y la de la Seguridad Social tiene en rojo tres mensualidades.

El único organismo que cuenta con una nueva empresa al frente del servicio de vigilancia es la Seguridad Social, explican a este medio desde el Ministerio, por lo que la deuda de sus vigilantes se acota a los meses de agosto a octubre. El personal de seguridad del INIA y el del Imserso siguen dependiendo en cambio de Segursa 2000 y, por tanto, acumulando mensualidades sin cobrar. elDiario.es ha intentado contactar con la compañía, pero no ha recibido respuesta. Fuentes de la Administración explican que la empresa está embargada por las autoridades.

Pagan los trabajadores y las arcas públicas

La documentación pública sobre las adjudicaciones da cuenta de que Segursa 2000 se hizo con estos tres servicios públicos gracias a precios bajos. “Por haber resultado la oferta económicamente más ventajosa”, recoge la resolución del Imserso. “Compiten con ofertas al borde de ser temerarias y se llevan los servicios, pero luego salimos perdiendo nosotros”, explica Carlos, uno de los empleados de seguridad del INIA, que prefiere no desvelar su verdadera identidad. “Éramos 13 trabajadores y ahora quedamos 11, dos se han marchado y hay varias personas de baja”, añade.

La última nómina que recibieron los vigilantes del INIA fue la de julio, después de varios meses en los que Segursa 2000 abonaba tarde las remuneraciones. “Pero tras el sueldo de julio dejó de pagar, no sabemos nada de la empresa, no hay manera de hablar con ellos. Estamos yendo a trabajar y hay varias demandas para reclamar los salarios e indemnizaciones. Hay gente que lleva 15 y 20 años de trabajo, no es menor perder esa antigüedad”, explica a elDiario.es el empleado.

El caso del INIA, dependiente del Ministerio de Ciencia, es llamativo. Hace dos años, el organismo público vivió otra experiencia de impagos de salarios con la empresa a la que adjudicó su servicio de cafetería. Finalmente, la compañía dejó a deber a los trabajadores “siete meses de salario”, relata a este medio Santiago (nombre ficticio), uno de los afectados. “Son ofertas baratas pero salen muy caras para el personal”, lamenta el empleado. En este caso, la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores, terminó despidiendo a la plantilla y solo una parte pudo volver a la cafetería del organismo público bajo el mando de la siguiente empresa subcontratada.

Santiago critica que aún no ha recibido un euro del dinero adeudado, del que en cualquier caso solo recuperará una parte. El Estado se hará cargo con fondos públicos de la deuda ante la quiebra de la compañía adjudicataria, a través del FOGASA, pero no paga la totalidad de los impagos. “Solo cuatro meses de los siete adeudados y la indemnización por un año trabajado, cuando hay compañeros con 20 años de antigüedad”, sostiene Santiago.

La Inspección de Trabajo ya había detectado irregularidades

Los servicios en cuestión se adjudicaron en septiembre (INIA), octubre (Imserso) y diciembre (Seguridad Social) de 2020. Entonces Segursa 2000 ya era una empresa conocida por los sindicatos profesionales de seguridad por retrasarse en el abono de las nóminas. El Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS), por ejemplo, difundió en octubre a la prensa, tras la concesión del Imserso, un requerimiento de la Inspección de Trabajo del mes de junio en el que urgía a Segursa 2000 a pagar puntualmente las nóminas, al constatar que la empresa abonaba una parte el día 5 y el resto entre el 15 y 17 de cada mes. Ya en noviembre de este año, el sindicato Alternativa Sindical había compartido otra resolución de la Inspección, que informa de un expediente sancionador por infracción “muy grave” de la compañía.

Los empleados afectados por los impagos critican a las Administraciones por conceder servicios a empresas que incurren en este tipo de prácticas, detectadas incluso por la autoridad laboral. En la Seguridad Social y el Imserso alegan a elDiario.es que la empresa cumplía con todos los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público. En el INIA no han respondido a las preguntas de este medio.

Una vez se llega a una situación de impagos de salarios, las respuestas de las Administraciones tampoco son siempre rápidas, denuncian los trabajadores. La Seguridad Social y el Imserso explican que han retenido el importe de las facturas que tenían que abonar a la empresa para garantizar el pago a los trabajadores, pero eso será “cuando la autoridad judicial así lo ordene”. Algo que no ha ocurrido aún. En caso de deudas, Hacienda y la Seguridad Social cobran antes que los trabajadores.

Pero, mientras que la Seguridad Social rescindió el contrato con Segursa 2000 al cabo de tres meses de impagos y adjudicó el servicio a otra empresa, que “subrogó a los trabajadores”, en el Imserso el contrato con la compañía incumplidora sigue en vigor. También en el INIA, por lo que las deudas con los trabajadores siguen aumentando. Desde el Imserso justifican que “no se ha procedido a la rescisión del contrato para garantizar el empleo de los trabajadores, ya que esta implicaría el cese en el puesto de trabajo”.

En el INIA, ante la falta de respuestas, su personal de seguridad ha acudido a los tribunales para pedir medidas cautelares. Esperan que el juez les permita dejar de trabajar sin cobrar, una decisión que se conocerá este 15 de diciembre.

En las inmediaciones de la estación de autobuses de Logroño han dejado de verse jóvenes temporeros deambulando por las calles a la espera de ser subcontratados. Ni se les ve durmiendo en la calle ni se observan, tampoco, furgonetas que lleguen a buscar cuadrillas de vendimiadores. Esta es la insólita fotografía de la segunda campaña de la vendimia marcada por la pandemia. La ausencia de estos trabajadores, en gran parte jóvenes de origen extranjero, se repite en los cuatro albergues impulsados por el Gobierno regional riojano y las administraciones locales. En las instalaciones de Alfaro, Nájera, Fuenmayor y Logroño, a la mitad de su capacidad en el mejor de los casos, nadie se lo esperaba. Y mientras se preguntan qué está pasando, la uva o se recoge o se pasa. La denominación de origen Rioja abarca, además de a la comunidad homónima, a una parte de Navarra y al sur de Álava, la Rioja Alavesa.

La desaparición casi total de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y subcontratas, en su mayoría de origen portugués, es algo que han percibido este año los cuerpos policiales que se dedican a la investigación de grupos que ofrecen trabajo a los temporeros en condiciones de semiesclavitud. “La pandemia ha reducido los viajes transfronterizos y la movilidad. Ha habido un frenazo importante [en todos los delitos]. Pero creo que se irá recuperando y volverá lo que ocurría antes de la pandemia”. Así de claro lo ve el subteniente de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en Navarra, Óscar Silva, quien estima que estos grupos volverán a operar con la paulatina recuperación de la normalidad.

El mayor control para velar por el cumplimiento de los protocolos sanitarios en la vendimia no solo ha conllevado la prevención de brotes en la actual campaña y en la pasada, cuando apenas se registró un 2% de positividad en más de 1.700 pruebas realizadas. También ha provocado una importante transformación que se torna más pronunciada este año, con la paradoja de que las restricciones de movilidad han ido decayendo. Durante días nadie ha aparecido por las instalaciones gestionadas por Cruz Roja en Nájera y en Fuenmayor, en La Rioja Alta. En el mejor de los casos apenas han recibido entre un 1% y un 2% de las personas alojadas en años anteriores. “Todos los dispositivos estaban preparados con los protocolos del año pasado. Y cuál ha sido nuestra sorpresa que la afluencia de temporeros ha bajado a una cifra que no esperábamos”, apunta Ana Arnáez, responsable de servicios sociales de esta entidad. En un año normal, ambos albergues han llegado a dar respuesta, cada uno, a un máximo de 170 personas en los 21 días que permanecen abiertos.

Tampoco se lo esperaban en Logroño. De hecho, el dispositivo habilitado por el ayuntamiento en un polideportivo municipal ha aumentado en esta ocasión sus plazas en medio centenar más, hasta alcanzar las 150. Sólo en los últimos días, a poco de cerrar sus puertas el 14 de octubre, han logrado completar el aforo. En las jornadas de menor demanda han llegado a ocupar la mitad y esto es algo que no se recuerda haber vivido en años anteriores. Para el concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario en el consistorio, Iván Reinares, son múltiples las causas de la reducción “sustancial” de vendimiadores, también de aquellos en situación administrativa irregular que llegan sin haber sido contratados previamente. Entre ellas, apunta, se encuentra el mayor control y coordinación entre administraciones. Esto es algo que, estima, desincentiva la presencia de subcontratas. “Todas las partes estamos haciendo mejor nuestro trabajo. La COVID-19 ha ayudado a esto también. La situación sanitaria para lograr una vendimia segura hizo a aflorar una situación de los temporeros que la gente no conocía”, considera.

En este sentido también apunta el sindicato UGT, uno de los primeros en comenzar a denunciar la presencia de grupos que operan como mafias desde el 2016. Según explica Carlos Alfaro, secretario general de UGT-FICA en la Rioja, está calando además en los agricultores el mensaje para que contraten de manera directa a las cuadrillas. Esta mayor concienciación en los empleadores, unida a la vigilancia realizada por la Inspección de Trabajo para aflorar el empleo sumergido, así como el control de los servicios de prevención sobre los protocolos sanitarios, considera, ha terminado por dejar de hacer interesante a los intermediarios y las ETT la campaña de la vendimia.

El gran problema es que ni ellos mismos saben que son víctimas

Óscar Silva, subteniente de la UOJP de la Guardia Civil

Pero las “mafias” no han desaparecido del mapa del todo. En un bar de una localidad ubicada en la Ribera del Ebro desayunan habitualmente varias cuadrillas de temporeros. Algunos de ellos casi acaban su trabajo sin ver un solo euro. Según apunta Jesús Ceras, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO en Navarra, el intermediario de origen portugués que los subcontrató para una gran empresa de la zona se fue sin pagarles. El intermediario se llevó más de 60.000 euros. Los trabajadores acudieron al empresario a reclamar la nómina prometida y el asunto se resolvió con éste costeando la deuda y sin denuncia.En el municipio todos se conocen y comentan lo sucedido con el dueño que les pone el café. Pero prefieren no hablar de ello con las autoridades. “El gran problema es que ni ellos mismos saben que son víctimas”, apunta el subteniente de UOPJ en Navarra, Óscar Silva, quien reconoce la gran dificultad de que estas personas acudan a una comisaría conscientes de sus derechos.

“En las inspecciones que hacemos están aleccionado. La empresa les impone lo que deben contestar sobre las cantidades que cobran. Y, por supuesto, nunca es cierto”, abunda. Hasta este viernes, según datos de la Guardia Civil en La Rioja, se han llevado a cabo una veintena de inspecciones. Los agentes han contactado con 167 trabajadores de diferentes nacionalidades en las que se les explican sus derechos.

El impulso de la mecanización y trabas burocráticas

Mientras los dispositivos especiales para los temporeros más vulnerables van echando el cierre, la vendimia avanza hacia el norte con 270.000 kilos de uva recogidos. Este volumen supone más de la mitad de la producción esperada para las 11.000 explotaciones agrícolas repartidas por todo el territorio.

“Antes en La Rioja era la fiesta de la vendimia. Ahora es el calvario de la vendimia”. Así retrata las consecuencias de la escasez de mano de obra Néstor Alcolea, secretario de Organización en la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en el territorio. No en pocas ocasiones suena el teléfono para esta entidad con llamadas de viticultores que preguntan por cuadrillas a las que contratar. Son aquellos que no pueden mecanizar sus viñas, como ya han hecho más del 40% de las explotaciones. De hecho, durante la pasada campaña los agricultores optaron definitivamente por recurrir a las cosechadoras que han llegado para quedarse, al menos en aquellos casos donde las viñas se organizan en espalderas, soporte o barra que guía y conduce la planta de la vid. El problema lo tienen, no obstante, quienes cultivan en vaso -sistema tradicional sin este tipo de conducción-, y son estos empresarios los que, en ocasiones, están viendo peligrar sus cultivos.

Este es el primer año que suena también el teléfono de la trabajadora de Cruz Roja Ana Arnáez mientras atiende en los albergues de Nájera y Fuenmayor. Asegura que jamás ningún agricultor le había llamado antes preguntando dónde contratar cuadrillas. Algo bien distinto, asegura, ocurrió el pasado año. Y es que mientras las cosechadoras entraban en las explotaciones, no pocos temporeros se marcharon sin trabajar. “Esto corre como la pólvora y, entre ellos, el ‘boca a boca’ funciona”, explica.

La decisión de mecanizar el trabajo agrícola no sólo radica en los bajos costes derivados de la mano de obra y en la rapidez que garantiza la cosechadora. Según apunta Alcolea, la obligación de ofrecer alojamiento a los temporeros que no residen en la comunidad es uno de los motivos principales. “La realidad que vivimos en La Rioja, y en general en la Ribera del Ebro, es que no hay alojamientos disponibles para los temporeros que vienen. Y se da la paradoja de que un agricultor no puede contratar a un trabajador porque no dispone de alojamiento durante los cinco o seis días que dure la vendimia”, abunda. En este sentido, desde su organización insisten en solicitar a las administraciones una red público-privada de albergues disponibles para que los viticultores puedan ofrecer un techo a los temporeros itinerantes.

En una campaña de la vendimia previa a la pandemia el volumen de contrataciones de temporeros oscila entre las 5.000 y 7.000. Desde la patronal agraria ARAG-Asaja, su secretario general Igor Fonseca, estima que este año la reducción los mismos ronda el 20%, por encima de la anterior campaña. En este sentido, Fonseca lleva tiempo criticando los procedimientos administrativos para dar de alta a un temporero. “Hemos contabilizado hasta 20 gestiones diferentes para contratar a un solo trabajador. Cualquier desliz o imperfección administrativa puede conllevar importantes sanciones”, asegura. Y el riesgo de perder un solo día de maduración de la uva es algo que el agricultor no se puede permitir. Esta circunstancia, añade, junto a los protocolos sanitarios, ha dado el impulso definitivo a la mecanización de las campañas agrícolas. En medio de ello, señala a la Inspección de Trabajo, a la que acusa de poner el foco en los pequeños y medianos empresarios y no en los intermediarios que no dan de alta a los temporeros, ni ofrecen alojamiento o pagan por debajo del convenio.

Evaluar las causas de la reducción de estos trabajadores es algo que las distintas administraciones involucradas en una de las campañas más importantes del país analizarán a partir de noviembre. No obstante Fonseca sí advierte que, en concreto, los intermediarios que operan irregularmente siguen existiendo: “Lo que nos gustaría es que los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio de Trabajo se centrasen en acabar con este tipo de mafias y no en perseguir al agricultor por pequeñas deficiencias administrativas”.

Las 48 mujeres que limpian los 14 centros de mayores de Bienestar Social en la provincia de Toledo llevan ya cuatro meses sin cobrar. Desde que hace un par de años el Gobierno de Castilla-La Mancha puso a estas mujeres a disposición de la mercantil Netalia Servicios Integrales, no han cobrado ni un solo mes en tiempo y forma.

Ahora, la última nómina que les abonó su empresa fue la de febrero: poco más de mil euros las afortunadas que tienen contratos a jornada completa; menos de 200 las que trabajan a tiempo parcial cinco horas por semana. Con eso han sobrevivido ellas y sus familias marzo, abril, mayo y lo que va de junio. Cuarto Milenio debiera investigar cómo se las apañan.

Llevamos meses y meses denunciando y advirtiendo a la Junta. Ya la previnimos antes de contratar con Netalia. La propia Inspección de Trabajo, en dos actas durísimas de enero de 2020, certificó que esta empresa no era sino una más del grupo Raspeig, cuyo propietario, el señor Enrique Blanco, la constituyó para poder seguir beneficiándose de contratos públicos cuando la originaria ‘Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig' quedó legalmente imposibilitada para aspirar a cualquier concurso por su escandalosa acumulación de deudas con Hacienda, con la Seguridad Social y con miles de trabajadoras de la limpieza de toda España, mujeres al servicio (subcontratado) de administraciones públicas de todos los colores y niveles, incluida la Junta de Castilla-La Mancha.

Pese a esos antecedentes, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, asesorado por su secretaria general, Esperanza-Macarena Saiz Ramos, y en aparentemente escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente, quiso preservar el inalienable derecho del señor Blanco a crear cuantas empresas pueda utilizar para explotar a mujeres trabajadoras; y le volvió a agasajar con unas cuantas contratas. Aunque, dado que Raspeig ya no podía concursar, se las adjudicó a Netalia.

Los reiterados impagos del nuevo artefacto mercantil del señor Blanco terminaron por poner un poco colorado al Gobierno de Castilla-La Mancha, que recientemente decidió rescindir con Netalia el contrato de la limpieza de los centros de mayores de la provincia de Toledo, y sacarlo de nuevo a concurso. Pero no se ha presentado nadie. Lógico: la legislación y la jurisprudencia española sobre contratas obliga a la empresa adjudicataria de un servicio externalizado a hacerse cargo de las deudas de su predecesora. A ver quién es el incauto y manirroto empresario que carga con el debe acumulado por Netalia.

La primera y brillante idea de Esperanza-Macarena Saiz Ramos para solucionar este problema fue pedir a las trabajadoras que perdonaran su parte de la deuda. Total -debió de pensar, mirando con un ojo las escuálidas nóminas de las limpiadoras y con otro su propia cartilla de ahorros- ¿quién no puede prescindir de mil o dos mil euros de nada?

Lamentablemente, las trabajadoras descartaron el ejercicio de caridad cristiana sugerido por la secretaria general de Hacienda, así que la señora Saiz Ramos ha tenido una nueva ocurrencia: ha dividido el contrato en diez lotes, a ver si dividiendo entre diez las deudas del señor Blanco, encuentra unos pocos empresarios que se animen a hacerse con alguna de la decena de bicocas que tiene en oferta la JCCM: la limpieza del centro de mayores de Illescas por un lado, la del de Polán por otro; Urda, Quintanar, Añover, Ocaña, Oropesa… “¡Me lo quitan de las manos, oiga!”, pregona la secretaria general espoleando al empresariado. La guinda, para los más osados y emprendedores, es el lote de dos centros, dos, a limpiar en Talavera; y el premio gordo, el de Toledo capital, que incluye cuatro.

No acaba aquí el emplasto maquinado por Esperanza-Macarena Saiz Ramos para salir de este atolladero. La mayoría de estos diez pliegos salen con recortes; de forma que casi todas las trabajadoras verán reducidas sus jornadas y, consecuentemente, sus salarios.

“Trocear la plantilla”

De paso, y ese es otro efecto canalla de la chapuza ideada por la secretaria general de Hacienda, al trocear la actual plantilla al servicio (subcontratado) de la delegación de Bienestar Social en Toledo, las 48 trabajadoras se subdividen en grupos minúsculos, todos ellos menores de seis salvo el del lote de Toledo capital, de forma que pierden el derecho a tener representantes sindicales.

Así, si las empresas que sustituyan a Netalia incurren en impagos, tropelías, abusos o incumplimientos, cada trabajadora tendrá que resolverlo individualmente con su empleador, como hace Messi con el presidente del Barca, por ejemplo. Relaciones laborales de altura. Modernas, progresistas.

Entre tanto, ¿qué ocurre con las trabajadoras? Siguen yendo a trabajar, que investigue también la nave del misterio de Cuarto Milenio cómo pagan el autobús de ida y vuelta desde su casa al centro de trabajo que les toca limpiar. ¿Esperan cobrar algún día? Cada dos meses, la asesoría jurídica de CCOO solicita al juez -y obtiene, menos mal- el embargo preventivo de las liquidaciones que la Junta tiene pendientes de abonar a Netalia, para garantizar que ese dinero se destina a pagar las nóminas de las trabajadoras.

Señora Saiz Ramos, señor Ruiz Molina, ¿creen que se puede vivir así? Bueno, doy por hecho que ustedes sí y que el señor Blanco también; lo que pregunto es si creen que las trabajadoras de la limpieza al servicio (subcontratado) del Gobierno de Castilla-La Mancha han tenido en los últimos años un trato digno. Y si van a tener, en el futuro troceado y recortado que han diseñado ustedes para ellas, un trabajo digno.

Ya les anuncio que ellas y CCOO van a luchar porque así sea. Les va la vida en ello.

El sindicato ELA ha convocado para el 15 de junio una jornada de huelga en todos los subsectores de limpieza de edificios y locales del País Vasco. “El objetivo es eliminar la brecha salarial que existe con respecto al sector masculinizado de la limpieza pública viaria y recogida de basuras”, ha indicado el sindicato.

La central sindical ha recorrido este lunes las calles de Vitoria para denunciar las “desigualdades que padecen las trabajadoras de los sectores de limpieza de edificios y locales”, según informa Europa Press.

Así, ha apostado por acabar “con la brecha salarial que existe con respecto al sector de la limpieza pública viaria y recogida de basuras un sector masculinizado en el casi el 80% de las personas trabajadoras son hombres”. “En la limpieza de edificios y locales existen varios subsectores y cada uno de ellos aplica su correspondiente convenio. Con los salarios más bajos están los tres convenios provinciales, y a partir de ahí están los distintos subsectores de limpiezas como el de Osakidetza, el de Educación, el de Comisarías o el de Juzgados, que en su día equipararon sus salarios a los que les hubiera correspondido si trabajasen como personal propio de la administración”, han añadido.

Según ha relatado, todos ellos son sectores feminizados con casi un 90% de mujeres, y en todos los casos existe la correspondiente “brecha salarial si hacemos la comparativa con el sector de la limpieza viaria y recogida de basuras”. Tras advertir que la limpieza viaria es un sector “mayoritariamente subcontratado”, ha incidido en que “lo mismo ocurre con la limpieza de edificios y locales, con la diferencia de que en este último caso la subcontratación además de pública es también privada”.

ELA ha dado así inicio a una campaña que tiene como objetivo eliminar la brecha salarial en toda la limpieza, tanto del ámbito público, como del privado. Para ello, ha registrado una petición dirigida a los grupos parlamentarios para que tomen medidas dirigidas a la eliminación de la brecha en el ámbito de las subcontratas públicas y se conviertan en un referente en el sector.

Algunos llevan “20, 18, 16 años” instalando equipos y líneas para Vodafone, reparando las averías de sus clientes, y no saben si mantendrán su empleo el mes que viene. Son alrededor de “600 personas” que trabajan para Vodafone en distintos puntos del país, pero que no están contratadas directamente por la multinacional. Dependen de la compañía murciana Icono Enterprise, a la que Vodafone ha rescindido el contrato tras veinte años de subcontratación. “No sabemos qué va a ser de nosotros. Vodafone es el único cliente de Icono Enterprise”, explica Pedro Hernández Fernández, presidente del comité de empresa en la sede de Murcia. Teme que él y sus compañeros se vean en la calle en cuestión de días.

La vida de estos 600 trabajadores dio un vuelco hace una semana, explica el representante de la plantilla, de CCOO. La empresa reunió al comité de empresa para informarle de que Vodafone había rescindido el contrato con la compañía. “Estos contratos se renuevan habitualmente cada tres o cuatro años. Con la pandemia se prorrogó durante un tiempo más por esta situación. Icono Enterprise lleva 20 años trabajando con Vodafone y ahora la multinacional rescinde de golpe todo el contrato, en todas las provincias donde trabaja. No lo entendemos”, critica Hernández.

Icono Enterprise opera en diferentes zonas del territorio nacional, en “Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia”, apunta el representante sindical. La plantilla se está movilizando estos días en varias ciudades para exigir a la multinacional el mantenimiento de sus puestos de trabajo. “Pedimos a Vodafone que replantee esta decisión. Icono Enterprise ha dado un buen servicio, ha recibido bonus por mejorar los objetivos marcados. No es un tema de calidad, así que no entendemos la decisión”, reitera Pedro Hernández.

Fuentes de la multinacional de telefonía responden a elDiario.es que “Vodafone España cuenta con distintos proveedores de instalación de fibra” y que, “en este caso, tras pasar un exhaustivo proceso de evaluación, el contrato con la empresa Icono no ha sido renovado”. En la multinacional indican que “dicha empresa dejará de prestar servicio en breve”.

Este medio ha intentado contactar con Icono Enterprise para este artículo, pero la compañía murciana no ha respondido.

Los trabajadores exigen al menos la subrogación

La plantilla de Icono Enterprise reclama a Vodafone que dé marcha atrás a la rescisión del contrato con la compañía murciana. “Dicen que quieren adjudicar al servicio a una empresa de capital extranjero, pero no sabemos nada seguro”, relata el presidente del comité de empresa. “Icono tiene una solvencia de muchos años de trabajo, pedimos a Vodafone que explique esta salida. Por ella, hay 600 personas que si no tomamos medidas se ven abocadas a la calle o, en el mejor de los casos, a la precarización de sus condiciones de trabajo”, añade Pedro Hernández Fernández.

Si la rescisión del contrato no tiene vuelta atrás, los trabajadores piden a Vodafone al menos la subrogación de la plantilla. Es decir, que la nueva compañía que comience a prestar el servicio en lugar de Icono Enterprise se haga cargo de personal y que este siga prestando sus servicios. “Tenemos compañeros con mucha experiencia, 16 años de antigüedad y 50 años. Son edades muy complicadas para quedarse sin trabajo y más ahora con la pandemia”, subraya el representante de CCOO.

El trabajador explica que los puestos de instaladores, técnicos de comunicaciones, son “muy específicos, no es tan fácil reciclarse a otra cosa”. Además, parte de los 600 trabajadores cumplen funciones de oficina y call center. “La solución la tiene Vodafone en su mano. Es su elección. Puede reconsiderarlo y retomar el contrato con Icono Enterprise o al menos no dejar tiradas a 600 personas, sacarlas del mercado laboral en medio de una pandemia”, sentencia Pedro Hernández Fernández.

Adrián Todolí, doctor en Derecho del Trabajo, explica que en una sucesión de contratas solo existe obligación de subrogación del personal en caso de que así lo indique la ley (artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores) o el convenio colectivo. Entre los criterios que suelen tenerse en cuenta para considerar esta obligación destacan que la nueva contrata herede medios materiales (por ejemplo furgonetas, ordenadores, etc.) o a parte del personal. “Por ejemplo, si una empresa se quiere quedar solo con los capataces de la antigua compañía, la ley dice que no, que tiene que subrogar a todo el personal”, sostiene Todolí.

El profesor de Derecho del Trabajo añade que, personalmente, considera que puede haber un criterio que también obligue a esta subrogación del personal: cuando la nueva contrata hereda los clientes de la anterior. “Es una interpretación personal, pero hay algunas sentencias que han fallado en este sentido más garantista para los trabajadores”, afirma Todolí. “En cualquier caso, es decisión de Vodafone, que podría voluntariamente acordar la subrogación”.

Aumento de precariedad en el sector

“Esto es igual a lo que está pasando en otras empresas, como si lo conociera”, responde Javier Lartiga, responsable del subsector de telecomunicaciones de grandes operadoras en UGT. El sindicato mandó un comunicado este mes en el que emplazaba a movilizaciones en el sector de instaladores de telefonía, donde están detectando muchos despidos y precarización de las condiciones de trabajo, muchas a veces gracias a la subcontratación.

“Nunca hemos estado muy bien en este sector, pero después de las movilizaciones y huelga de 2015 conseguimos algunos mínimos y paramos los pies a las empresas” considera el sindicalista. Entonces, explica, se limitó el uso de falsos autónomos en este campo y se pactó un precio mínimo de trabajo por el fin de semana, entre otras mejoras.

“Pero ahora estamos volviendo a ver que están minando el trabajo más decente en esta actividad. Sacando personal de las contratas, que tienen mejores condiciones de trabajo, en favor de la subcontratación”, advierte Lartiga. “Hemos sido personal esencial durante la pandemia. Éramos los que íbamos a las casas a arreglar el router, a poner la fibra... Imaginemos con el teletrabajo en la pandemia qué hubiera pasado sin nosotros. Pero la gente tiene que saber las condiciones de trabajo que tenemos, lo que hacen estas grandes empresas de telefonía, que al final son a las que prestamos el servicio”, destaca el representante sindical.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha modificado su doctrina y rechaza en una sentencia dada a conocer este jueves la limitación temporal de los contratos de trabajo en atención a los contratos mercantiles de las empresas, según informa Europa Press.

Desde finales de los años 90, la jurisprudencia había venido admitiendo que el contrato para obra o servicio determinado pueda ajustar su duración a la de la contrata. Este criterio es abandonado por la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Lourdes Arastey Sahún, y que ha sido adoptada por unanimidad en el Pleno de la Sala del pasado 15 de diciembre.

Así, el alto tribunal señala que quienes ofrecen servicios a terceros desarrollan su actividad esencial a través de la contratación con éstos y, por tanto, resulta ilógico sostener que el grueso de aquella actividad tiene el carácter excepcional al que el contrato para obra o servicio debe atender.

La sentencia declara que resulta difícil seguir manteniendo que la empresa pueda apoyar la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación de las relaciones laborales.

Los magistrados añaden que la automatización de esta contratación temporal, por el mero mecanismo del tipo de actividad, puede llevar a situaciones de puesta en peligro de las garantías buscadas por el Derecho de la Unión Europea.

Finalmente, recuerdan que el legislador ha diseñado otros instrumentos para atender la variabilidad de las necesidades de la empresa y adoptar decisiones sobre la dimensión de la plantilla.

Temporalidad: destrucción de empleo y sueldos más bajos

Para entender las consecuencias del empleo temporal en la economía española solo hay que recordar que de los 900.0000 empleos destruidos en la última quincena de marzo, durante la crisis originada por el coronavirus en España, más de dos tercios eran temporales. En concreto, 613.250 trabajadores con contrato temporal, mientras que la merma de afiliados con contrato indefinido fue de 223.353 personas. Este dato deja en evidencia una vez más uno de los mayores problemas del mercado laboral español: la elevada temporalidad.

Cuando la situación económica empeora, y más aún ante una crisis de este calibre, el ajuste del empleo llega de mano de los temporales, con la rápida destrucción de empleo de los trabajadores más vulnerables.

España encabeza la clasificación de la Unión Europea de trabajadores temporales con un 26,8% en 2019, un dato que casi duplica la media en la UE, situada en el 13,8%.

Además, los trabajadores con contratos temporales suelen tener salarios más bajos. La excesiva temporalidad es un mal del mercado laboral español, pero afecta especialmente a los jóvenes. En 2019, el salario medio de los trabajadores con contrato temporal, pese a que aumentó mucho más que los indefinidos, dista mucho de los empleados con contrato fijo: Aunque para los temporales subió un 6%, hasta los 1.479,38 euros al mes, todavía hay una gran distancia con la media de 2.162,53 euros mensuales de los fijos, cuyo sueldo subió un 0,9% el pasado año.

Los sindicatos celebran la sentencia

Las centrales sindicales valoran el cambio de criterio del Tribunal Supremo, como venían reclamando. “La resolución del Tribunal Supremo responde a las demandas de UGT y evita condenar a la precariedad eterna a los trabajadores de las subcontratas a la que, en la mayoría de los casos, se veían abocados”, destaca Isabel Araque, secretaria confederal de UGT y responsable de los servicios jurídicos del sindicato, que celebra que se haya reconocido el uso de este tipo de contratos de obra y servicio como “fraudulentos”. Araque recuerda que el contexto del mercado laboral en España es “de una temporalidad desorbitada del 27% antes de la pandemia y aún de más del 23% ahora”.

Desde CCOO también han considerado la sentencia como “una gran noticia”, que debe “poner freno a la contratación temporal irregular que se produce en nuestro país”, ha advertido Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO. La responsable sindical ha añadido que “quienes trabajan a través de estas contratas o subcontratas realizan un trabajo estable y por tanto les corresponde un contrato estable, indefinido, y deberá funcionar la subrogación de los trabajadores y trabajadoras cuando se produzca un cambio de empresa en la contrata correspondiente”.