El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado extender el Abono Único a las redes de transporte de comunidades autónomas y ayuntamientos que decidan sumarse de manera voluntaria, con el objetivo de contribuir a la reducción de emisiones y a la cohesión territorial.

El sistema se basa en el reconocimiento mutuo de títulos de viaje entre las administraciones adheridas y los servicios estatales para que los ciudadanos puedan desplazarse con un mismo abono por toda la red multimodal participante, según la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se establecen dos abonos nominativos de tarifa única, con validez de treinta días: uno general y otro para menores y jóvenes hasta 26 años con nacionalidad española o residencia legal en España.

El sistema podrá prever además un marco de financiación para compensar a las autoridades u operadores por posibles impactos financieros negativos derivados de la adhesión.

Inicialmente integra las concesiones estatales de transporte regular por carretera, los servicios de Cercanías y Rodalies de Renfe, y varios trayectos de Media Distancia y AVANT (Ourense-A Coruña, Madrid-Salamanca, Alicante-Murcia y Avant Exprés Barcelona-Tortosa, salvo el tramo Barcelona-Tarragona).

Queda excluido el transporte de alta velocidad, el de mercancías y los servicios comerciales o turísticos. Además, en fases futuras podrían sumarse transporte marítimo o fluvial metropolitano, transporte por cable y transporte a la demanda en zonas rurales.

El boletín especifica que la adhesión será voluntaria para comunidades autónomas y entidades locales, las cuales podrán incorporarse mediante convenios donde se detallen servicios, operadores, títulos y aspectos financieros.

La Secretaría General de Movilidad Sostenible elaborará un informe anual de seguimiento y la Secretaría de Estado de Transportes podrá actualizar el programa.

La plataforma ciudadana Hope Palestina ha iniciado una campaña en Extremadura para ampliar su red de madrinas, padrinos y personas voluntarias con el objetivo de acompañar a familias palestinas de Gaza que viven situaciones de desplazamiento forzoso, enfermedad, duelo o pérdida de sus hogares a causa de la guerra.

La iniciativa, que nació hace alrededor de un año, propone una forma de solidaridad basada en el acompañamiento personal. En lugar de establecer cuotas o campañas de financiación propias, la plataforma pone en contacto a personas voluntarias con familias concretas para que puedan mantener conversaciones, interesarse por su situación y ofrecerles apoyo emocional desde la distancia.

La extremeña Mercedes Pérez, colaboradora del proyecto e impulsora del llamamiento en la región, explica que muchas personas quieren ayudar, pero desconocen cómo hacerlo. “Hope Palestina demuestra que siempre hay una forma de implicarse, aunque sea escuchando, acompañando o compartiendo la historia de una familia con otras personas”, señala.

Un vínculo sin obligación económica

El programa de madrinazgo y padrinazgo no implica ninguna aportación económica obligatoria. Las personas participantes pueden mantener el contacto con las familias, habitualmente a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, utilizando herramientas de traducción cuando el idioma supone una barrera.

La plataforma ofrece orientación a quienes se incorporan al proyecto y cuenta con un protocolo de acompañamiento psicoemocional elaborado por una profesional para facilitar las relaciones entre las personas voluntarias y las familias.

Según explica la organización, todas las familias que forman parte de la red han sido verificadas previamente por su equipo, pese a las dificultades de comunicación existentes en Gaza, y participan de forma voluntaria en la iniciativa.

Ayuda directa entre personas

Hope Palestina aclara que no es una organización no gubernamental y que no administra fondos ni recibe donaciones. Cuando alguna persona decide realizar una aportación económica, esta se envía directamente a la familia beneficiaria mediante las plataformas de pago o campañas habilitadas por ella, mientras la plataforma actúa únicamente como intermediaria para facilitar el contacto.

Además del programa de acompañamiento, el colectivo impulsa iniciativas específicas para atender necesidades urgentes. Entre ellas figura Un Techo para Gaza, una campaña destinada a ayudar a familias desplazadas a abandonar las tiendas de campaña y acceder al alquiler de una vivienda. También colabora en la difusión de ayudas destinadas a sufragar alimentos, medicamentos, asistencia sanitaria, electricidad y otros gastos básicos.

Llamamiento a la sociedad extremeña

La plataforma, actualmente, busca ampliar su red de colaboración en Extremadura con nuevas personas voluntarias que puedan participar en tareas de difusión, traducción, acompañamiento psicoemocional o coordinación de proyectos, además de incorporar nuevas madrinas y padrinos para responder a las peticiones de familias que solicitan apoyo desde Gaza.

“Estamos cansadas de escuchar que no podemos hacer nada. No podemos detener individualmente lo que está sucediendo, pero sí podemos acompañar a una familia y decirle que conocemos su historia y que no la vamos a olvidar”, afirma Pérez.

La organización se encuentra actualmente en proceso de constituirse oficialmente como asociación. Sus responsables insisten en que no gestionan donaciones ni actúan como intermediarios económicos. Aunque su sede central está en Andorra, cuenta con una red internacional de voluntariado formada por personas de distintos países, por lo que cualquier persona puede sumarse a esta labor desde cualquier lugar del mundo, siempre que disponga de conexión a Internet.

Las personas interesadas en participar en el programa de acompañamiento o conocer a las familias pueden obtener información a través de la página web de Hope Palestina o contactar con la plataforma mediante su correo electrónico info@hopepalestina.com.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara movilizarán este año al menos 30 millones de euros para afrontar la recuperación de la Sierra Norte tras el incendio originado en La Mierla, un montante al que se suman una primera línea de ayudas directas de 25.000 euros para los ayuntamientos afectados, además del respaldo económico comprometido por el Gobierno de España con la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Así lo han avanzado este miércoles en Cogolludo el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, antes de mantener una doble reunión con los 33 alcaldes convocados -26 de ellos con superficie afectada por el fuego y el resto por haber sufrido evacuaciones o confinamientos- y, posteriormente, con representantes de los sectores económicos perjudicados.

La mayor parte de los fondos procederán del Ejecutivo autonómico, que ha habilitado un fondo de contingencia de 27 millones de euros para atender las actuaciones derivadas de los incendios de La Mierla y Selas, así como de cualquier otro siniestro que pudiera producirse este año, evitando que las consejerías deban afrontar estos gastos con cargo a sus presupuestos ordinarios.

Por su parte, la Diputación aprobará este jueves, en un pleno extraordinario, una primera partida de tres millones de euros destinada exclusivamente a los municipios afectados, además de una convocatoria inicial de ayudas directas de 25.000 euros para atender necesidades inmediatas planteadas por los propios ayuntamientos.

Las tres administraciones han coincidido en subrayar que la prioridad pasa ahora por acelerar la reconstrucción mediante actuaciones de emergencia, de forma que los procedimientos administrativos no retrasen las primeras obras y actuaciones imprescindibles para la recuperación de la comarca.

Tres ejes para la recuperación

Martínez Guijarro ha explicado que el plan diseñado por el Gobierno regional se articula sobre tres grandes ejes: la recuperación ambiental de las cerca de 32.000 hectáreas en principio afectadas, la restauración de las infraestructuras dañadas y la recuperación económica de los sectores perjudicados por el incendio.

“Lo primero que hay que hacer es escuchar a los alcaldes y escuchar a los sectores afectados para ver cuáles son los planteamientos y las necesidades de cara al futuro”, ha señalado el vicepresidente, quien ha defendido la necesidad de coordinar el trabajo entre administraciones para ser “más eficaces” en la respuesta.

En materia ambiental, la Junta asumirá el liderazgo de la restauración de los montes, con independencia de su titularidad, y priorizará actuaciones urgentes para evitar que las lluvias arrastren cenizas hacia embalses y sistemas de abastecimiento de agua potable. Para ello, los primeros proyectos serán declarados de emergencia.

Respecto a la recuperación económica, el Ejecutivo autonómico prevé ayudas para compensar daños y pérdidas de ingresos, especialmente en los sectores turístico, ganadero y apícola, además de estudiar medidas específicas para la actividad cinegética y poner en marcha bonos turísticos que favorezcan el regreso de visitantes a la comarca.

Martínez Guijarro ha avanzado además que el Gobierno regional creará un equipo específico de apoyo para ayudar tanto a ayuntamientos como a particulares en la tramitación de ayudas, además de desplazar técnicos a la comarca para coordinar sobre el terreno los trabajos de restauración.

La Diputación centrará sus esfuerzos en los municipios

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha avanzado la convocatoria de un pleno extraordinario este mismo jueves para hablar sobre la actuación de la Institución en estos fuegos y avanzar las ayudas y ha asegurado que la Corporación provincial centrará su actuación en los cascos urbanos y en garantizar los servicios básicos municipales, especialmente el abastecimiento de agua.

Durante la emergencia, la Diputación ha realizado medio centenar de intervenciones para reparar averías, garantizar suministros, retirar animales muertos o distribuir agua embotellada allí donde ha sido necesario.

Vega ha advertido además de que muchos municipios perderán una parte importante de sus ingresos al verse afectadas actividades como los aprovechamientos forestales, los pastos o la actividad cinegética.

“Muchos de esos pueblos no podrían pagar el alumbrado público” si no reciben apoyo institucional, ha afirmado, trasladando un mensaje de tranquilidad a los alcaldes al asegurar que las administraciones trabajarán coordinadamente para sostener la economía de la comarca.

Entre las primeras prioridades figurará la instalación de sistemas de filtrado en los depósitos de agua para impedir que las cenizas contaminen manantiales y acuíferos cuando lleguen las primeras lluvias, además de atender otras necesidades urgentes que planteen los municipios.

Apoyo del Gobierno de España

Mientras, la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, ha puesto en valor la coordinación entre administraciones durante la emergencia, que permitió movilizar cerca de 700 efectivos, y ha destacado que ahora comienza la fase de recuperación.

Cabellos ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para el incendio de La Mierla --además del de Selas y otros episodios registrados en España--, lo que permitirá activar ayudas para particulares, ayuntamientos e infraestructuras públicas.

“Ahora es el tiempo de hacer de la necesidad virtud”, ha afirmado la subdelegada, quien ha defendido que la reconstrucción debe afrontarse con la colaboración de todas las administraciones para recuperar la Sierra Norte.

Más de 50 millones para la extinción

Paralelamente, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, durante la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno, ha cifrado en alrededor de 50 millones de euros el coste de los trabajos desplegados para extinguir el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara.

“A las comunidades autónomas nos supone un esfuerzo importante y toda ayuda será bienvenida”, ha señalado, preguntada por los fondos que recibirá Castilla-La Mancha del Estado.

Padilla ha insistido en que la responsabilidad de la Junta no termina cuando se apagan las llamas, sino que continúa con la recuperación de las infraestructuras y de la actividad económica.

Para afrontar estas y otras necesidades urgentes, el Gobierno regional destinará 27,5 millones de euros al fondo de contingencia y habilitará en la Sierra Norte de Guadalajara una oficina técnica para ayudar a los pequeños ayuntamientos a evaluar los daños y tramitar las ayudas.

En cuanto al incendio de la Sierra Oeste y Almorox, la portavoz ha destacado el despliegue de medios castellanomanchegos, puestos a disposición del mando único, y el dispositivo habilitado para atender a la población.

La emergencia obligó a evacuar 18 municipios y varias urbanizaciones, con cerca de 1.900 personas alojadas en Escalona y Talavera de la Reina.

El operativo sanitario, coordinado por la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, garantizó la atención a los evacuados, la continuidad de los tratamientos de los pacientes crónicos y el funcionamiento ordinario del sistema sanitario público, según ha detallado Padilla.

He de reconocer que no conocía a Andy Burnham hasta que su nombre empezó a sonar como sustituto de Starmer al frente del partido laborista británico. Alcalde de Mánchester desde 2017, se trata de un político criado en el norte industrial de Inglaterra, cuna del sindicalismo y el socialismo británico.

Se nota su procedencia en el acento y su estilo directo e ideas claras pueden suponer un soplo de aire fresco en el laborismo británico, necesitado de oxígeno para afrontar los próximos años al frente del número 10 de Downing Street. El hecho mismo de su elección es un ejemplo de la democracia interna existente en los partidos británicos, en los que se producen discrepancias y corrientes de forma habitual, incluso dentro del propio gabinete del gobierno. En realidad, son los propios diputados laboristas, y algunos miembros del gabinete, los que han dejado caer a Starmer y han elegido -Monarca mediante- a Burnham. Lo que puede ser un factor de inestabilidad cuando las situaciones viene mal dadas y hay muchos cambios de primer ministro -siete en apenas 10 años-, es también un ejemplo de democracia interna real.

Pero quizá lo más sorprendente -para bien- han sido algunas de sus primeras propuestas, la primera, poner en marcha una iniciativa para que las personas sin hogar tengan un lugar donde dormir. Es una medida valiente, humana y solidaria de verdad, ejemplo de política de izquierdas. La limitación del precio del transporte en autobús o la eliminación del IVA en la factura eléctrica de los hogares, políticas similares a las aplicadas también en España en los últimos años por el gobierno de Pedro Sánchez, son un buen punto de partida.

Momento de aprovechar también la propuesta, realizada por 120 millonarios británicos de que les suban los impuestos. Curioso que, después de años en los que, en la mayor parte de las democracias occidentales, algunos partidos -sin duda, aquí, en nuestra España, el PP- hacen bandera de la reducción de impuestos a los ricos, tengan que ser ellos los que pida pagar más impuestos para mantener los servicios públicos y reducir la indignante desigualdad social existente. Ojalá, Burnham se atreva, y sea la punta de lanza de una forma de afrontar los retos y desigualdades de las sociedades occidentales del siglo XXI, haciendo que los que más tengan, más contribuyan al sostenimiento de nuestro estado del bienestar.

Y otra buena noticia. El soplo de aire fresco, la cercanía y las propuestas de los primeros días -que, confiemos, no se lleve el viento-, han hecho que, por primera vez en un año, los laboristas superen en apoyos a los ultras de Reform UK, en todo el Reino Unido.

Muy buenas noticias. Crucemos los dedos

En España, según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, hay más de 1,8 millones de estudiantes universitarios. Estos pagan, según la Estadística de Precios Públicos Universitarios, una media de 15,37 euros el crédito de Grado en primera matrícula, una cantidad que varía según la comunidad autónoma y la rama de conocimiento. Navarra (19,29 euros), Madrid (18,55 euros) y Cataluña (18,15 euros) son las regiones más caras mientras que Informática, Ingenierías y Arquitectura así como Ciencias de la salud son las ramas más costosas.

Por tanto, de media, el coste de una matrícula anual, en primera convocatoria rondaría los 922 euros, una cantidad que puede llegar a ser inasumible para muchas familias. En este contexto, cerca de uno de cada cuatro universitarios requiere apoyo económico para llevar a cabo sus estudios, según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del curso 2025-2026.

Más de 300 estudiantes becados

Para hacer frente a esta problemática, la Fundación “la Caixa” cuenta con un programa de becas de grado que facilita el acceso y la permanencia en la universidad de jóvenes con talento y escasos recursos económicos, que desde su creación hace seis años ha permitido que 315 estudiantes accedan a la educación superior. “El programa de becas de grado refleja claramente el propósito de nuestra acción social: trabajamos para dar oportunidades a las personas, con el objetivo de que puedan desarrollar plenamente su potencial. Los becarios de grado son uno de los mejores ejemplos del poder transformador de la educación y de la importancia de la equidad social para construir un futuro mejor para todos”, ha asegurado Isidro Fainé, presidente de la Fundación “la Caixa”.

Fainé se ha reunido con un grupo de 50 becarios a los que ha querido mostrar su apoyo y reconocimiento al haber alcanzado el ecuador de sus estudios universitarios. “Estoy convencido de que, gracias a su esfuerzo y a su talento, y con el acompañamiento de la beca de la Fundación ”la Caixa“, estos estudiantes ejemplares lograrán alcanzar objetivos que ahora mismo ni pueden imaginar. Y que sus logros serán también los logros del conjunto de la sociedad”, ha recalcado Fainé durante el encuentro que forma parte de un programa de cinco días en el que los becados han participado en sesiones presenciales sobre trabajo en equipo e inteligencia colectiva, flexibilidad, resiliencia y gestión del estrés, así como en una última sesión dedicada a aprender a hablar en público.

La igualdad de oportunidades también se construye en las aulas

La Fundación “la Caixa” mantiene desde 2021 su apuesta por la igualdad de oportunidades a través del programa de becas de grado, una iniciativa que facilita el acceso y la permanencia en la universidad de jóvenes con talento y escasos recursos económicos. Cada año convoca 60 becas que permitirán iniciar estudios de grado universitario o enseñanzas artísticas superiores en territorio español a los becados.

La entidad busca garantizar que las circunstancias económicas no supongan una barrera para los futuros estudiantes, para ello ofrece, no solo una mensualidad que les facilita una dedicación a sus estudios a tiempo completo, sino también una ayuda inicial para adquirir material y equipamiento informático así como dotaciones complementarias para estancias internacionales, cursos de idiomas, orientación académica y un programa de formación en habilidades transversales. Estos programas permitirán a los becados maximizar su rendimiento académico y potenciar las competencias y habilidades clave para su futuro académico y profesional. En total, la fundación destina una inversión media de 54.500 € a cada beca de grado.

Además, para garantizar un seguimiento riguroso, la fundación mantiene una relación cercana con cada becario y ofrece un programa de orientación y mentoría. No en vano, los estudiantes entran a formar parte del colectivo de becarios de la Fundación “la Caixa”, una red de talento académico y profesional reconocida en todo el mundo que les permitirá participar en una serie de encuentros, destinados a los miembros de este colectivo, que les permitirá establecer contactos y crear nuevos vínculos con personas que se han formado en todo tipo de disciplinas en las mejores universidades y centros de investigación del mundo gracias a una beca de la Fundación “la Caixa”.

La pasada semana, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, anunció que el Ayuntamiento de Calahorra iba a sacar una nueva convocatoria de Ayudas de Emergencia Social, de carácter extraordinario, con el objetivo de atajar las situaciones de “nueva pobreza”, según presentó, para personas que acrediten cinco años de empadronamiento ininterrumpido en Calahorra.

La oposición ha denunciado que esta medida vulnera la Constitución Española al no ser conforme al artículo 14 que garantiza la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos. Según ha revelado el PSOE, la propia intervención municipal, en su informe de fiscalización, advierte de que este criterio de empadronamiento prolongado “puede incidir sobre el principio de igualdad en el acceso a las ayudas públicas” y advierte al equipo de gobierno que “corresponde al órgano gestor asumir la suficiencia de la motivación incorporada al expediente y la defensa jurídica de la medida en caso de eventual impugnación”.

Ante esta política del Ayuntamiento del PP en el Ayuntamiento, el PSOE ha tachado a la alcaldesa de querer “adelantar a VOX en racismo y populismo”, saltándose para ello “los principios constitucionales más elementales”. Porque, denuncia el PSOE: “Establecer criterios de empadronamiento prolongado para otorgar ayudas de emergencia social solo responde al objetivo velado e inútil de tratar de excluir de las mismas a personas de origen migrante que, presuntamente, no podrían cumplir con dicho requisito por haberse empadronado recientemente”. El PSOE ha subrayado que “este endurecimiento en el acceso a ayunas de emergencia perjudica por igual a todas las personas con independencia de su origen o nacionalidad”. “Perjudica a más personas y no beneficia a nadie”, reiteran.

No es la primera vez que las políticas del PP en Calahorra general polémica. El año pasado el Ayuntamiento decidió incrementar de 6 meses a 1 año el requisito de empadronamiento, lo que provocó, según cifras aportadas por el PSOE, que se adjudicaran un 61 % menos de ayudas de emergencia social. En 2024 se adjudicaron 133.000 euros en ayudas. En 2025 fueron apenas 51.710,49 euros. De todas ellas, apenas el 19 % estaban destinadas a población extranjera.

“La partida ayudas de emergencia social en 2025 era de 300.000 euros. Lo que provocó que 250.000 euros en ayudas se perdieran por el camino. 250.000 euros que no fueron disfrutados por personas de ninguna nacionalidad, principalmente española”, añade el grupo de la oposición, que recuerda que “la naturaleza de las ayudas de emergencia no es premiar el empadronamiento o el origen de una persona, sino resolver una situación de urgencia o emergencia social con causa reciente y necesidad inmediata”.

Como recuerda el PSOE, tanto las ayudas ordinarias, que establecen un requisito de 2 años de empadronamiento, como las ayudas extraordinarias, que lo incrementan a 5 años, “contravienen la normativa autonómica que exige como requisito de acceso a las ayudas de emergencia acreditar la residencia efectiva en La Rioja con una antelación mínima de 4 meses a la solicitud en cualquier municipio de La Rioja”. Ante este endurecimiento de las condiciones, el PSOE ha anunciado un recurso para que se flexibilicen las condiciones de acceso, y se garantice que estas ayudas pueden llegar a mayor número de personas, hasta agotar el presupuesto.

“Podría decirse que lo que está haciendo la alcaldesa Arcéiz es degradar el sistema de protección social de nuestra ciudad, convertir a Calahorra en una ciudad hostil para quien la habita, que en lugar de combatir la pobreza, se dedica a segregar a la población y a expulsarla”, concluye el PSOE.

El Congreso aprobó el pasado martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, pero también la ampliación de su financiación. El incremento será de unos 120 millones para 2026 y 120 millones para 2027. Además, el Gobierno calcula que con la nueva financiación y condiciones, se generen unos 100.000 puestos de trabajo asociados al sector.

Una vez aprobados los textos en el Congreso (todavía deberá pasar por el Senado), el Ministerio de Derechos Sociales ha requerido un anexo con sindicatos y patronales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores (fuertemente feminizado). La idea es crear una mesa de diálogo de donde salgan medidas concretas.

El nuevo aporte económico permitirá, insisten fuentes del Ministerio, un aumento de los salarios, la implementación de más formación y una mayor estabilidad.

Entre 2026 y 2027 se espera la transferencia de 6.200 millones de euros más a las comunidades autónomas para que puedan seguir reduciendo las listas de espera. Derechos Sociales estima que puedan reducirse hasta 71.000 personas para el próximo curso, y, para la atención ampliada a la ciudadanía, se prevé que habrá 417.000 personas beneficiarias.

Entre las comunidades autónomas que más puestos de trabajo podrían generar se encuentran la Comunitat Valenciana (12.704 empleos), Castilla y León (7.329 empleos) y Galicia (6.156 empleos), de acuerdo con los análisis del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

Otras comunidades autónomas con potencial laboral son Canarias (6.563 empleos), Castilla-La Mancha (6.254 empleos) y la Región de Murcia (3.334 empleos).

La Fundación Soliss ha cerrado la fase de selección de las Ayudas Soliss 2026, un programa consolidado como una de las principales herramientas de apoyo al tercer sector de la región. En su edición de este año, numerosos proyectos de ámbito regional recibirán financiación directa para poner en marcha sus iniciativas durante los próximos meses.

Las Ayudas Soliss, que nacieron en 2025 con vocación de respaldar proyectos capaces de mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha, mantienen en 2026 su objetivo fundacional.

Los importes asignados en esta edición se reparten en función del alcance, impacto y capacidad transformadora de cada iniciativa evaluada por el jurado.

Una panorámica regional con vocación de servicio público

Los proyectos seleccionados reflejan la diversidad del tejido asociativo castellanomanchego. En el ámbito social y sanitario destaca el proyecto AdELAnte de ELA Castilla-La Mancha, dedicado al tratamiento neurorrehabilitador de la ELA. Le sigue la Red de Apoyos Comunitarios de la Asociación AMAFI en Yepes (Toledo), completan el bloque la Red de Apoyos Comunitarios de la Asociación AMAFI en Yepes (Toledo) y la neurorrehabilitación con tDCS de ASPAYM Cuenca.

La integración de personas con discapacidad ocupa un lugar central, con el respaldo al Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de ASPAYM Toledo, al proyecto Los Inclucuentos de ASPRONA-Amitur en Albacete, o al programa No estamos solis, estamos con SOLISS, impulsado por AFAS Tomelloso para el acompañamiento a personas con alzhéimer y otras demencias. La atención a colectivos en situación de vulnerabilidad se completa con el proyecto Alimentando Esperanzas, de la ONG Socorro de los Pobres de Toledo.

En el área cultural, la Fundación Soliss respaldará el 52º Festival Internacional de Teatro y Circo Lazarillo (FITC) en Ciudad Real y el Festival Internacional de Música Antigua CLM Antiqva, dos citas de referencia en el calendario cultural de la comunidad autónoma. El deporte base estará representado por el Proyecto Girasoles de la Academia Baloncesto Albacete, mientras que en el ámbito medioambiental sobresale la iniciativa de reforestaciones de la Agrupación Naturalista Esparvel, en Toledo, en colaboración con el realizador Arturo Menor.

Apoyo al talento local y al desarrollo regional

Desde la entidad subrayan que con estas ayudas se busca seguir apoyando proyectos que transformen Castilla-La Mancha e impulsen el talento y la innovación en la región. Tras el éxito de la primera edición, en la que se presentaron cerca de 200 solicitudes procedentes de toda la geografía regional, las Ayudas Soliss 2026 han vuelto a registrar una alta participación, confirmando el interés del tejido asociativo por una convocatoria que combina rigor técnico y compromiso con la cohesión social.

La Fundación Soliss, creada en 2015 como brazo social del Grupo Soliss, articula su actividad en torno a cuatro grandes ejes: Obra Social, Cultura y Patrimonio, Actividades Deportivas y Ciencia y Medio Ambiente. Se ha consolidado como una de las entidades de referencia en la región, brindando apoyo a asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, centros educativos y clubes deportivos castellanomanchegos.

Con esta nueva edición, la Fundación Soliss reafirma su carácter de motor social en una comunidad autónoma a la que Soliss, aseguradora nacida en Toledo hace más de 90 años, se encuentra vinculada desde sus orígenes a través de productos como sus seguros de coche y de hogar, con una amplia gama de seguros con las mejores coberturas al mejor precio.

La reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años de 2019, que mejoró la prestación y suavizó las condiciones de acceso, reduce los incentivos para reincorporarse al mercado laboral, algo especialmente claro entre los empleos de baja remuneración o a tiempo parcial, según Fedea.

Este think tank financiado por la banca y varias empresas del Ibex ha publicado este lunes un análisis que explica que las nuevas condiciones de acceso y percepción del subsidio que fijó esa reforma de 2019 lo han convertido “en una figura híbrida” a medio camino entre una renta de sustitución (muy modesta si no hay rentas adicionales en la unidad familiar) y una prestación de carácter provisional, al incidir significativamente sobre la pensión futura del beneficiario.

Si bien estos cambios mejoran la cobertura de los perceptores, añaden, la reforma puede introducir “problemas de equidad al no tener en cuenta la renta de la unidad familiar, a la vez que reduce los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial) con un coste adicional no menor para la sociedad española”.

Fedea estima dicho coste adicional para la Seguridad Social de 17.935 millones de euros en el periodo 2019-2030. Los cambios introducidos en esa reforma han incrementado el número de perceptores del subsidio en más de 300.000 personas,  lo que tiene distintos impactos.

Por un lado, un aumento gradual del gasto directo en la prestación que va aumentando de forma gradual hasta 2030, cuando calculan que alcance los 1.818 millones.

Por otro, explican, se genera un aumento de las obligaciones futuras de gasto en pensiones (con un valor presente descontado de 9.456 millones de 2025) por el mayor número de perceptores en el periodo estudiado y el aumento de la base de cotización desde el 100 al 125% del SMI.

 Y, por último, una minoración de los ingresos del sistema por cuotas sociales (de 8.479 millones de 2025).

“La suma de estos efectos, calculados ambos utilizando supuestos prudentes, implica un coste adicional para la Seguridad Social derivado de la reforma de 2019 por el mayor número de perceptores en el periodo 2019-2030 de 17.935 millones de euros de 2025 en valor presente”, resumen.

Esta reforma de 2019, recuerdan, redujo la edad mínima de acceso de 55 a 52 años e incrementó la base de cotización del 100% al 125% del tope mínimo, a la vez que permitió compatibilizar el subsidio con trabajos a tiempo parcial.

En 2024 se aprobaron nuevos cambios para este subsidio --también con mejoras la cuantía de la prestación y ampliando el número de colectivos beneficiarios-- que Fedea no entra a cualificar en este estudio donde se centra en esa reforma de 2019 que revirtió los recortes aprobados en 2012 para esta prestación.

El Gobierno de Cantabria ha publicado este viernes las mejoras del sistema de ayudas a la natalidad que incrementan de 50.000 a 70.000 euros el límite de renta para acceder a la ayuda del primer hijo. En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que esta medida actualiza el marco establecido en 2015, adaptándolo a la evolución económica y social y a las necesidades actuales de las familias cántabras.

Dentro de las modificaciones establecidas, también se actualizan los tramos de renta previstos para las subvenciones por nacimiento o adopción del segundo hijo, manteniendo un sistema progresivo según la renta familiar. De este modo, la ayuda de 400 euros pasará a corresponder a rentas superiores a 44.000 euros y hasta 70.000 euros; la de 600 euros, a rentas superiores a 24.000 euros y hasta 44.000 euros; y la de 900 euros, a rentas de hasta 24.000 euros.

Con independencia de los tramos de renta citados o del lugar de empadronamiento o residencia de la madre, la subvención será de 1.500 euros cuando la madre alcance la condición de familia numerosa con ese segundo nacimiento o adopción; y cuando la madre tenga reconocida la condición de familia monoparental.

También se establece una subvención a las madres naturales o adoptivas por el nacimiento o adopción de su tercer o sucesivo hijo por una cuantía de 1.500 euros.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha asegurado que el objetivo es que más familias, especialmente de renta media, puedan acceder a estas ayudas y mejorar la eficacia del sistema.

Navarra ampliará hasta los 13.500 euros las ayudas máximas para los cuidados en domicilio de personas con ELA. Se trata de la normativa necesaria para poder implementar en la Comunidad Foral la Ley estatal 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica que permitirá que enfermos de ELA en fase avanzada y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible puedan recibir ayudas económicas de para cuidados a domicilio, provistos por una entidad prestadora de servicios de atención de este tipo o una persona profesional autónoma. 

La nueva regulación incorpora el grado III+ de dependencia extrema y establece ayudas de entre 13.500 y 3.200 euros en función de las horas de atención profesional contratadas. El Gobierno de Navarra, tal y como solicitaba la Asociación ANELA, ha decidido reforzar estas ayudas y ampliar la cuantía máxima de ayuda establecida por la Ley Estatal que fijaba un máximo de 9.589 euros y aumentarla hasta los 13.500 para los casos que requieran de más horas de atención. 

Así, la nueva regulación establece ayudas específicas para personas con grado III+ de dependencia extrema que contraten servicios profesionales de atención domiciliaria durante un mínimo de 120 horas mensuales. Para acceder a la prestación será necesario acreditar un contrato mercantil con una empresa de atención domiciliaria registrada o con una persona profesional autónoma. 

Ayudas sin copago

Las cuantías de las ayudas se fijan en función del número de horas mensuales de atención contratadas durante un mínimo de 120 horas mensuales y siempre que se que contraten servicios profesionales de atención domiciliaria. En concreto, la orden foral establece los siguientes tramos: entre 120 y 190 horas mensuales: ayudas entre 3.200 y 4.930 euros; entre 191 y 300 horas mensuales: ayudas entre 4.931 y 7.500 euros; entre 301 y 410 horas mensuales: ayudas entre 7.501 y 9.860 euros; entre 411 y 520 horas mensuales: ayudas entre 9.861 y 12.480 euros; más de 521 horas mensuales: ayudas entre 12.481 y 13.500 euros. 

No se tendrá en cuenta la renta per cápita de la unidad familiar para calcular la ayuda, aunque sí se descontarán otras prestaciones públicas de naturaleza similar. Asimismo, se garantiza que las cuantías nunca podrán situarse por debajo de los importes mínimos fijados por el Gobierno de Navarra. 

La modificación amplía igualmente las compatibilidades de la prestación. En los casos de grado III+ de dependencia extrema, la ayuda podrá compatibilizarse con la prestación económica para cuidados familiares en el domicilio, siempre que la persona cuidadora familiar suscriba el convenio especial correspondiente con la Seguridad Social. En este supuesto ambas ayudas se percibirán en la cuantía mínima. 

Con esta medida, el Ejecutivo foral refuerza el sistema público de atención a la dependencia y avanza en la adaptación de los servicios sociales a las necesidades de las personas con enfermedades de elevada complejidad, favoreciendo que puedan permanecer en su entorno habitual con las garantías de atención y apoyo necesarias. 

Solicitud de las ayudas

Las personas que quieran acceder a estas ayudas deberán contar con el reconocimiento del Grado III+ de Dependencia Extrema. Los departamentos de Salud y Derechos Sociales han diseñado un circuito interdepartamental para dicho reconocimiento, que busca simplificar al máximo los trámites necesarios y que empezará a funcionar próximamente.

De esta manera, si la persona ya cuenta con un Grado III de Gran Dependencia, solicitará a su profesional referente de medicina la emisión del informe, se activarán de manera proactiva los circuitos internos (habitualmente: Unidad Multidisciplinar del Hospital Universitario de Navarra (HUN) - profesional de Trabajo Social de esa unidad hospitalaria– Trabajo Social de Atención Primaria de Salud – Sección de Valoración de Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) - Sección de Gestión de Prestaciones de la ANADP) y formalizará el nuevo Programa Individual de Atención (PIA) en su Zona Básica a través de su profesional de Trabajo Social en menos de 2 meses, sin necesidad de más trámites adicionales.

En los casos en que la persona no parta de una situación de Gran Dependencia (Grado III) se procederá a activar el circuito rápido de valoración o revisión del grado de dependencia junto con la documentación necesaria para acceso al Grado III+ en el mismo acto.

El perfil de ELA se encuentra incluido en la Estrategia de Cronicidad como enfermedad neurodegenerativa desde el año 2018, contando con un proceso asistencial integrado en el que se define el itinerario de atención de calidad a seguir en estos casos. En base a ello, ya se contaba con un circuito sociosanitario rápido para el acceso a las valoraciones de Dependencia y Discapacidad y a las prestaciones asociadas. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 3/2024 y sus desarrollos, este circuito rápido se ha actualizado, incluyendo a otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, neurológicas o no neurológicas, siempre que cumplan de modo acumulativo los criterios establecidos en la normativa. En todo momento se realiza una atención individualizada y centrada en las personas, valorando conjuntamente con la persona el momento idóneo y deseado para iniciar dicho trámite. 

El desarrollo de la modificación de la normativa ha sido fruto del trabajo coordinado entre el departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, el departamento de Salud y la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ANELA) y se estima que pueda beneficiar a cerca de 20 personas en nuestra comunidad. 

El Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este jueves la moción presentada por Vox para endurecer el acceso a ayudas sociales municipales y establecer la denominada 'prioridad nacional' en prestaciones públicas, después de que PP, PSOE y Unidas Podemos (UP) votaran en contra de la iniciativa en el pleno ordinario de mayo.

La propuesta defendida por el concejal de Vox Francisco Flores planteaba introducir criterios vinculados al arraigo, el tiempo de residencia y la contribución social para acceder a ayudas de emergencia y servicios sociales, además de reclamar medidas como la derogación de normativa estatal sobre inmigración y la repatriación de inmigrantes en situación irregular.

La moción ha quedado finalmente rechazada por 21 votos en contra y dos a favor (correspondientes a los ediles de Vox) después de que el PP decidiera desmarcarse de la iniciativa al no prosperar la enmienda presentada por el Grupo Popular para modificar gran parte de la parte dispositiva del texto.

El PP mantenía en su enmienda conceptos en la moción como el 'arraigo real', la 'prioridad nacional' o la vinculación territorial como criterios para acceder a determinadas ayudas y viviendas públicas, pero eliminaban las medidas más controvertidas del texto original, como la 'remigración', la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular y la supresión de la asistencia jurídica gratuita en procedimientos de expulsión. Además, el PP quería sustituir parte del contenido por referencias a acuerdos alcanzados con Vox en Extremadura y Aragón.

Vox ha rechazado la enmienda al considerar que alteraba de forma sustancial el contenido original de la moción. Flores ha defendido que su partido no busca “titulares ni etiquetas”, sino “pensar en los vecinos de Cáceres” y en “los jóvenes que no pueden emanciparse”.

En este contexto, el portavoz municipal del PP, Ángel Orgaz, ha asegurado que su partido comparte que “el arraigo real, la contribución y la vinculación histórica con el territorio tengan peso” en determinadas ayudas públicas, aunque ha rechazado algunos de los principales puntos de la moción de Vox.

Orgaz ha explicado que el PP no podía respaldar medidas como la “remigración”, la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares o la eliminación de la asistencia jurídica gratuita. “Somos un partido humanista, europeo, liberal y reformista”, señaló el edil popular, quien añadió que “remigrar significa expulsar en masa a personas de origen extranjero por el mero hecho de serlo”.

El portavoz del PP ha defendido, además, que los criterios relacionados con el arraigo o el empadronamiento “ya existen” en distintas normativas autonómicas y municipales, incluidas algunas aprobadas por gobiernos socialistas, y reprochó a UP y Vox intentar “polarizar” el debate político desde posiciones opuestas.

Durante el debate, la concejala socialista Beatriz Cercas ha acusado a Vox de fomentar “el populismo del odio” y ha negado que exista un colapso de los servicios públicos en la ciudad. “No hay un colapso del sistema, no hay un colapso del padrón, no hay inseguridad en esta ciudad”, ha dicho.

Cercas ha defendido que la 'prioridad nacional' es incompatible con políticas de integración y ha advertido de que “cuando desde un ayuntamiento se dice que unas personas merecen menos derechos por su origen, se rompe la convivencia”. La edil socialista ha añadido que “donde empieza la prioridad por origen termina la igualdad”.

Por último, el concejal de UP Álvaro Jaén ha cargado duramente contra PP y Vox y ha acusado a ambas formaciones de promover decisiones “crueles” contra la población migrante. “No queremos una Cáceres clasista, blanca, colonial, queremos una inclusiva que respete los derechos humanos”, ha señalado durante su intervención. 

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), ha avanzado este miércoles en la Asamblea, de forma muy genérica, las líneas de su departamento para la legislatura. En una comparecencia en comisión parlamentaria marcada por la falta de concreción, Fernández Calle se ha limitado a desgranar el contenido ya conocido del pacto entre el PP y Vox sin profundizar en su aplicación práctica.

De hecho, la sesión ha sido tan ligera que el consejero ni siquiera ha hecho referencia a la gestión de los menores migrantes no acompañados, una competencia bajo su responsabilidad directa y uno de los puntos más polémicos de la coalición. Eso sí, el líder de Vox ha marcado perfil ideológico al pronunciar hasta en al menos ocho ocasiones las palabras “prioridad nacional”, un concepto que el PP de María Guardiola sigue evitando pronunciar en público y que su portavoz han pretendido descafeinar en la comisión hablando de “la prioridad de los extremeños”.

El vicepresidente de la Junta ha asegurado que buscará cumplir “a rajatabla” el pacto con el PP mediante un “control absoluto” del gasto público y la implantación del principio de “prioridad nacional” en la concesión de ayudas sociales y de vivienda pública. Para llevar a cabo esta medida, el Gobierno de María Guardiola articulará una serie de filtros técnicos y administrativos, como la aplicación de criterios de arraigo, empadronamiento no fraudulento, vinculación con el territorio, trayectoria de cotización y permanencia en el sistema. Pero ha afirmado textualmente que el objetivo de todo esto es poner a “los extremeños y los españoles primero”, “los de aquí por delante de los de allí” y garantizar que los recursos públicos vayan dirigidos “a quienes sostienen esta comunidad”.

Fernández Calle ha vuelto a situar a las personas migrantes en el centro de la sospecha y como competidoras en el acceso a los recursos públicos, al avanzar que su departamento creará una unidad específica encargada de verificar la residencia real de los solicitantes. Según sus palabras, el objetivo es perseguir lo que ha calificado como “un sistema opaco, desordenado y vulnerable al fraude”. En este sentido, ha avanzado que se promoverá la colaboración con los ayuntamientos para desmantelar las “redes de sobreocupación de viviendas y pisos patera” como fórmula para combatir la inmigración irregular, advirtiendo de que quienes se encuentren en situación administrativa irregular “no accederán a prestaciones estructurales, limitándose su atención a supuestos de urgencia vital”.

El también líder de Vox en Extremadura ha recordado que en esta legislatura se impulsará una Ley de Familia que incluirá medidas para el fomento de la natalidad y prestará especial atención a las familias numerosas o con personas dependientes. De hecho, el pacto incluye deducciones fiscales en el IRPF de 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.200 por el tercero y siguientes durante tres años.

Infancia y Juventud son otras competencias de Fernández Calle, aunque también ha pasado de puntillas. Ha explicado que se darán “oportunidades reales” a los jóvenes y se protegerá a los menores de la “instrumentalización ideológica” pero la “responsabilidad es de las familias, los niños son de sus padres, no del Estado”.

Recortes a sindicatos y patronal, y fin de la cooperación internacional

El vicepresidente regional ha recordado que PP y Vox se han comprometido a recortar las ayudas a sindicatos y organizaciones empresariales en un 50%, y así se reflejará en los presupuestos autonómicos, aunque “nos gustaría que no tuvieran ninguna, pero eso será cuando Vox tenga mayoría absoluta”. Y este 'tijeretazo' también afectará a la solidaridad exterior. Se da la circunstancia de que en el organigrama diseñado por la presidenta, María Guardiola, las competencias de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) han ido a manos de Fernández Calle, que precisamente quiere eliminar esta agencia y todas las subvenciones destinadas a ONG para proyectos de cooperación. “Hay muchas necesidades en nuestros pueblos que hay que cubrir antes de que un solo euro se vaya fuera de Extremadura. Espero que el dinero invertido en el exterior sea cero; no vamos a permitir que se sigan derrochando millones en proyectos ideológicos”, ha dicho en la Asamblea.

Por último, en lo relativo a sus competencias en materia de desregulación, el vicepresidente ha afirmado que el objetivo es conseguir que la Administración autonómica funcione de manera más rápida y sea un aliado del ciudadano en lugar de una traba burocrática. Por lo tanto, afectará a todas las consejerías de la Junta de Extremadura y se ejecutará “pasito a pasito”

Privatización y debilitamiento de los servicios públicos

El Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas por Extremadura han acusado al vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de no haber respondido a sus preguntas en comisión parlamentaria y de haber actuado más como portavoz de Vox que como un miembro del Gobierno regional.

En concreto, la diputada socialista Soraya Vega ha tildado de “vergüenza” la comparecencia de Fernández Calle y ha asegurado que ha realizado afirmaciones que considera “absolutamente incompatibles con la ley”. Además, ha señalado que no ha aclarado qué significa la desregulación ni qué implicaciones prácticas tendrá en la gestión pública y ha advertido de que no se sabe si esto supondrá “privatizar, recortar o debilitar los servicios públicos” dirigidos a las personas más vulnerables.

También ha cuestionado el concepto de “prioridad nacional” y ha preguntado qué supone su aplicación en ámbitos como la atención a emergencias sociales o la protección a la infancia, sin obtener respuesta del vicepresidente, según ha trasladado.

En similares términos se ha pronunciado el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, quien ha confesado haberse sentido “un poco estupefacto” con la comparecencia de Fernández Calle. En su opinión, ha dado la percepción de desconocer las competencias de su departamento, puesto que “se ha puesto a aplicar al acuerdo del gobierno como si fuera el portavoz de Vox”, lo que revela, según sus palabras, que “no tiene ni idea de lo que va a hacer con la Consejería”.

“Ha sido un constante hablar de la prioridad nacional”, ha criticado el parlamentario, para quien este concepto es una “cortina de humo” que busca utilizar a las personas migrantes como “chivo expiatorio” para no hablar de los problemas de Extremadura.

La diputada popular Teresa Tortonda, por contra, ha valorado que la intervención del consejero se ha centrado en dos líneas principales de actuación, entre ellas la desregulación, basada en lograr “una administración mucho más ágil y mucho más cercana a los ciudadanos”, y las políticas sociales. Sobre estas últimas ha asegurado que “no van a tener ningún recorte”, sino que se van a desarrollar bajo los criterios de eficacia, de efectividad y de eficiencia con el fin de solucionar los problemas de los extremeños.

Las familias con hijos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo pueden solicitar desde este martes, 19 de mayo, las ayudas correspondientes al curso 2026-2027. El plazo se mantendrá abierto hasta el 10 de septiembre, por lo que los interesados disponen de varios meses para reunir la documentación necesaria y completar el procedimiento. La convocatoria está dirigida a alumnado que requiere medidas adicionales durante su escolarización por discapacidad igual o superior al 25%, trastornos graves de conducta, alteraciones graves de la comunicación o del lenguaje, trastorno del espectro autista o altas capacidades intelectuales.

Estas prestaciones buscan cubrir una parte de los gastos asociados a la atención educativa de estudiantes que necesitan apoyos concretos para seguir su etapa formativa. No se trata de una única cantidad fija para todos los casos, sino de diferentes conceptos que dependen de la situación del alumno, del tipo de enseñanza que curse y de las necesidades reconocidas. Entre los gastos que pueden recibir financiación figuran la enseñanza, el transporte, el comedor escolar, la residencia, los libros, el material didáctico, la reeducación pedagógica, la intervención en lenguaje y los programas específicos para altas capacidades.

El procedimiento vuelve a realizarse principalmente por internet. Por segundo curso consecutivo, las solicitudes no se presentan de forma ordinaria a través de los centros educativos, sino mediante el formulario habilitado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La vía telemática será la forma general de tramitación, aunque se mantiene una alternativa en papel para las familias que tengan dificultades de acceso a medios digitales. Esta opción queda reservada para casos excepcionales y se canaliza a través de los registros correspondientes.

Quién puede solicitar estas ayudas

La convocatoria está abierta a estudiantes que acrediten una necesidad específica de apoyo educativo vinculada a alguno de los supuestos recogidos para este curso. Entre ellos se incluye la discapacidad igual o superior al 25%, los trastornos graves de conducta, los trastornos graves de la comunicación o del lenguaje, el trastorno del espectro autista y las altas capacidades intelectuales. En todos los casos, la concesión está condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos para cada situación.

El alumnado puede estar escolarizado en distintos tipos de centros. La ayuda puede solicitarse tanto si el estudiante cursa sus estudios en un centro específico como si lo hace en una unidad de educación especial integrada en un centro ordinario. También se contempla el caso de alumnos matriculados en centros ordinarios que escolaricen a menores con necesidad específica de apoyo educativo.

Los niveles incluidos abarcan buena parte del sistema educativo. Pueden entrar en la convocatoria estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos de grado básico, medio y superior. También se incluyen las enseñanzas artísticas profesionales, los programas de formación para la transición a la vida adulta y otros programas formativos de Formación Profesional. En el caso del alumnado con altas capacidades, la ayuda está pensada para cubrir programas específicos relacionados con esa necesidad educativa.

Qué gastos incluye la convocatoria

Las ayudas se dividen en distintos conceptos y cada uno tiene una cuantía máxima. Para enseñanza, la cantidad puede llegar hasta 862 euros. En transporte interurbano, el límite se sitúa en 617 euros, mientras que el comedor escolar puede cubrir hasta 574 euros. La residencia escolar cuenta con una cuantía superior, con un máximo de 1.795 euros.

También se prevén cantidades específicas para los desplazamientos. El transporte de fin de semana para alumnos internos en centros de educación especial puede recibir hasta 442 euros. En el caso del transporte urbano, la ayuda máxima es de 308 euros.

Los libros y el material didáctico tienen importes diferentes según la etapa. Para Educación Primaria, ESO, Formación Profesional Básica, programas de transición a la vida adulta y otros programas formativos de FP, la ayuda puede alcanzar los 105 euros. En el resto de niveles de enseñanza postobligatoria, la cuantía prevista para este mismo concepto sube hasta 204 euros.

La convocatoria también recoge apoyo económico para la reeducación pedagógica y la reeducación del lenguaje, con un máximo de 913 euros en cada caso. La misma cantidad se contempla para los programas dirigidos a estudiantes con altas capacidades intelectuales. Además, se mantiene una ayuda complementaria de 400 euros para gastos adicionales de carácter general que puedan asumir las familias por la situación educativa del alumno.

Cómo se puede presentar la solicitud

La solicitud debe cumplimentarse mediante el formulario disponible en la web del Ministerio o en su sede electrónica. El plazo comenzó a las 8.00 horas del 19 de mayo de 2026 y terminará a las 15.00 horas del 10 de septiembre de 2026, en ambos casos con referencia al horario peninsular. Para que el trámite quede registrado, es necesario completar todo el proceso de presentación y conservar el justificante correspondiente.

Las familias que no puedan acceder a los medios telemáticos podrán recurrir de forma excepcional a la presentación en papel. Esta posibilidad se mantiene para evitar que las dificultades digitales impidan tramitar la ayuda, aunque la vía ordinaria continúa siendo la solicitud por internet.

Una vez presentada, el estado del expediente podrá consultarse en la sede electrónica, dentro del apartado destinado a los trámites personales. Los interesados también podrán acudir a la unidad de becas de su provincia para obtener información sobre la tramitación, identificándose con el NIF o NIE vinculado a la solicitud.

El PP tombarà finalment una transacció amb què Vox a Balears buscava excloure dels serveis d'atenció primerenca infants de famílies en situació irregular a Balears, un plantejament que ha generat un fort rebuig entre les formacions d'esquerres i les entitats socials.

La formació d'extrema dreta havia presentat la proposta en una de les esmenes dels populars a la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma concebuda per agilitzar inversions però reconvertida per PP i Vox en calaix de sastre per modificar, mitjançant mútliples modificacions legislatives, bona part de l'ordenament autonòmic balear. Com denuncien des de l'oposició, les correccions estan provocant la reforma encoberta de més de 50 lleis autonòmiques.

Segons ha explicat aquest dilluns el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, l'esmena registrada originalment pels populars no modificava els criteris d'accés al servei, sinó que buscava introduir canvis de caràcter administratiu per reduir burocràcia i, més en concret, facilitar la consulta telemàtica de documentació vinculada a l'atenció primerenca.

Posteriorment, Vox va presentar una transacció a aquesta esmena per incorporar nous requisits i limitacions d'accés. Sagreras ha subratllat que les condicions per accedir a aquests serveis estan regulades per normativa estatal i ha assegurat que, “per evitar dubtes”, el PP votarà en contra de la transacció o, si no, retirarà directament la seva esmena.

L'accés a l'atenció primerenca a Balears està regulat pel Decret 85/2010, aprovat durant el segon mandat del socialista Francesc Antich i que organitza la xarxa pública i concertada destinada a menors d'entre 0 i 6 anys amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-los. La norma defineix aquest servei com una atenció integral de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador dirigida a nens especialment vulnerables, i estableix que la valoració d'accés ha de basar-se en criteris clínics, evolutius i socials.

“És un servei que atén nens molt vulnerables, nens petits, amb discapacitat o necessitats especials, i creiem que el darrer que necessiten és que es faci soroll polític”, ha afirmat el portaveu popular en la roda de premsa prèvia al ple del Parlament. La qüestió es debatrà aquest dimarts en una nova reunió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de la Cambra balear, òrgan encarregat d'elaborar el dictamen de la llei de projectes estratègics.

La polèmica ha provocat dures crítiques de l'esquerra, que acusa el PP d'assumir parcialment postulats de Vox i d'haver rectificat únicament després del rebombori social generat per la proposta. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha qualificat la iniciativa d'“indecent” i ha sostingut que els populars han fet marxa enrere per l'“escàndol” suscitat entre entitats de l'àmbit social i educatiu.

També el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha carregat contra les esmenes pactades entre PP i Vox durant la tramitació de la llei. Negueruela ha acusat el Govern d'“acceptar discursos que ataquen els menors segons el seu origen” i ha denunciat que una altra de les modificacions impulsades elimina el terme “violència masclista” per substituir-lo per “violència contra la dona”, una reivindicació habitual de Vox.

Així mateix, el dirigent socialista ha criticat que el PP hagi incorporat en una altra esmena propostes relatives al sòl rústic que, segons ha dit, contradiuen compromisos previs del Govern sobre els límits a l'increment d'edificabilitat en aquest tipus de terrenys.

A finals d'abril, Vox va presentar una Proposició No de Llei (PNL) per reclamar que els espanyols tinguin preferència en àmbits com la sanitat, l'habitatge o les prestacions públiques sota el concepte de “prioritat nacional”. El Govern del PP va expressar la seva disposició a donar suport a la iniciativa sempre que es plantegi en termes de residència legal i no de nacionalitat, remetent-se a l'acord assolit amb la formació d'extrema dreta per endurir l'accés a determinades ajudes socials.

Aquest pacte contempla exigir un mínim de tres anys de residència legal ininterrompuda a les Balears per poder accedir a la renda social garantida (Resoga), a més de reforçar els mecanismes de control, revisió i reintegrament de prestacions. La modificació suposa un gir rellevant en la principal xarxa de protecció social de la comunitat, en introduir criteris més restrictius que, segons la pròpia argumentació política de Vox, persegueixen frenar l'anomenat “efecte crida”.

El PP tumbará finalmente una transacción con la que Vox en Balears buscaba excluir de los servicios de atención temprana a niños de familias en situación irregular en Balears, un planteamiento que ha generado un fuerte rechazo entre las formaciones de izquierdas y las entidades sociales.

La formación de extrema derecha había presentado la propuesta en una de las enmiendas de los populares a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero reconvertida por PP y Vox en cajón de sastre para modificar, mediante múltiples modificaciones legislativas, buena parte del ordenamiento autonómico balear. Como denuncian desde la oposición, las correcciones están provocando la reforma encubierta de más de 50 leyes autonómicas.

Según ha explicado este lunes el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, la enmienda registrada originalmente por los populares no modificaba los criterios de acceso al servicio, sino que buscaba introducir cambios de carácter administrativo para reducir burocracia y, más en concreto, facilitar la consulta telemática de documentación vinculada a la atención temprana.

Posteriormente, Vox presentó una transacción a esa corrección para incorporar nuevos requisitos y limitaciones de acceso. Sagreras ha subrayado que las condiciones para acceder a estos servicios están reguladas por normativa estatal y ha asegurado que, “para evitar dudas”, el PP votará en contra de la transacción o, en su defecto, retirará directamente su enmienda.

El acceso a la atención temprana en Balears está regulado por el Decreto 85/2010, aprobado durante el segundo mandato del socialista Francesc Antich y que organiza la red pública y concertada destinada a menores de entre 0 y 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. La norma define este servicio como una atención integral de carácter preventivo, asistencial y rehabilitador dirigida a niños especialmente vulnerables, y establece que la valoración de acceso debe basarse en criterios clínicos, evolutivos y sociales.

“Es un servicio que atiende a niños muy vulnerables, niños pequeños, con discapacidad o necesidades especiales, y creemos que lo último que necesitan es que se haga ruido político”, ha afirmado el portavoz popular en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament. La cuestión se debatirá este martes en una nueva reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara balear, órgano encargado de elaborar el dictamen de la ley de proyectos estratégicos.

La polémica ha provocado duras críticas de la izquierda, que acusa al PP de asumir parcialmente postulados de Vox y de haber rectificado únicamente tras el revuelo social generado por la propuesta. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha calificado la iniciativa de “indecente” y ha sostenido que los populares han dado marcha atrás por el “escándalo” suscitado entre entidades del ámbito social y educativo.

También el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha cargado contra las enmiendas pactadas entre PP y Vox durante la tramitación de la ley. Negueruela ha acusado al Govern de “aceptar discursos que atacan a los menores según su origen” y ha denunciado que otra de las modificaciones impulsadas elimina el término “violencia machista” para sustituirlo por “violencia contra la mujer”, una reivindicación habitual de Vox.

Asimismo, el dirigente socialista ha criticado que el PP haya incorporado en otra enmienda propuestas relativas al suelo rústico que, según ha dicho, contradicen compromisos previos del Govern sobre los límites al incremento de edificabilidad en este tipo de terrenos.

A finales de abril, Vox presentó una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas bajo el contepto de “prioridad nacional”. El Govern del PP expresó su disposición a respaldar la iniciativa siempre que se plantee en términos de residencia legal y no de nacionalidad, remitiéndose al acuerdo alcanzado con la formación de extrema derecha para endurecer el acceso a determinadas ayudas sociales.

Ese pacto contempla exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder acceder a la renta social garantizada (Resoga), además de reforzar los mecanismos de control, revisión y reintegro de prestaciones. La modificación supone un giro relevante en la principal red de protección social de la comunidad, al introducir criterios más restrictivos que, según la propia argumentación política de Vox, persiguen frenar el denominado “efecto llamada”.

El PSOE de Extremadura ha preguntado a María Guardiola “qué tiene que decir” tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que señala que “el Derecho de la UE no contempla la duración de la estancia en el territorio de un Estado miembro como un criterio para la concesión de las prestaciones” para los beneficiarios de protección internacional.

La corte, con sede en Luxemburgo, se expresó así sobre un litigio iniciado en Italia por el que se le retiró una ayuda social y de inserción laboral a una persona beneficiaria de protección subsidiaria por no cumplir el requisito de diez años de residencia en el Estado miembro.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha asegurado en un comunicado que esta resolución europea “confirma las serias dudas de legalidad” que ya advirtieron desde el primer día sobre el pacto firmado entre PP y Vox“.

“Ya dijimos que ese acuerdo incluía planteamientos incompatibles con el derecho europeo y hoy la justicia europea nos da la razón. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro que exigir años de arraigo para acceder a ayudas sociales es discriminatorio e ilegal”, ha afirmado González Andrade.

El portavoz socialista ha señalado que ahora la presidenta de la Junta “debe explicar si piensa seguir aplicando y defendiendo medidas inspiradas por Vox que chocan frontalmente con los principios de igualdad y no discriminación que protege la Unión Europea”.

En ese sentido, González Andrade ha avisado de que el PSOE de Extremadura va a mantenerse “muy pendiente” de cada decisión que adopte el Gobierno autonómico porque “el principal problema que tiene esta legislatura es que la señora Guardiola está obligada a cumplir un pacto impuesto por Vox”.

“Algunos decían que exagerábamos cuando alertábamos de las consecuencias de ese pacto, pero hoy vemos que no era así”, ha añadido el portavoz socialista, quien ha anunciado además que el comité jurídico del PSOE de Extremadura “ya está estudiando todas las implicaciones que puede tener esta sentencia sobre las iniciativas y compromisos asumidos por la Junta de Extremadura de Guardiola”.

Para el PSOE de Extremadura, esta región no puede gobernarse desde la discriminación ni desde políticas que vulneren derechos fundamentales o entren en conflicto con el derecho europeo, por lo que el portavoz socialista ha reclamado a Guardiola que “abandone cualquier planteamiento inspirado por la extrema derecha que ponga en riesgo la igualdad de acceso a los servicios y ayudas públicas”.

El litigo en Europa

Los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideraron que el umbral mínimo de diez años de residencia para tener acceso a ayudas sociales constituye una “discriminación indirecta” hacia los beneficiarios de protección internacional porque “aunque se aplica por igual a todas las personas (sean beneficiarios de ese estatus o nacionales del propio Estado), afecta principalmente a los no nacionales”. Para la Justicia europea, esa “diferencia de trato no está justificada” y “constituye una discriminación indirecta prohibida por el Derecho de la Unión”.

La prestación que le fue retirada al beneficiario de protección internacional en Italia, llamada “renta garantizada de ciudadanía”, combinaba tanto prestaciones sociales como un programa de inserción profesional. Los jueces europeos sentenciaron que tanto la medida de acceso al empleo como la prestación social básica están sujetas al “principio de igualdad” entre los beneficiarios de protección internacional y los nacionales.

La Justicia europea consideró, además, que ese requisito de diez años de residencia “no está objetivamente justificado” por el hecho de que esa concesión suponga, según el Gobierno italiano, “una carga administrativa y económica considerable, lo que a su entender justifica reservar esta concesión únicamente a las personas bien integradas en la comunidad nacional”.

El Govern balear del PP ha evitat alinear-se explícitament amb la proposta de “prioritat nacional” plantejada aquesta setmana per Vox al Parlament i ha optat per defensar les mesures ja pactades amb la formació d'extrema dreta a les illes, basades en criteris de residència per accedir a prestacions socials, habitatge públic o ajudes. L'Executiu de Marga Prohens s'empara en un model que, en lloc d'introduir diferències explícites entre ciutadans espanyols i estrangers, vincula l'accés als recursos públics a l'arrelament i al compliment de requisits administratius.

“Nosaltres no contribuirem a aquest debat. Nosaltres direm el que farem i hem fet a Balears”, ha asseverat el portaveu i vicepresident primer de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, qui ha precisat que el concepte que el Govern té a les illes “és molt clar”: “Exigirem tres anys de residència legal a Balears per poder tenir dret a la renda social garantida i seguirem per aquesta via”, ha recalcat, marcant distàncies amb l'enfocament de Vox basat en la nacionalitat.

Si bé ha evitat pronunciar-se de forma directa sobre la Proposició No de Llei (PNL) registrada el passat dimecres per la formació d'extrema dreta, en què els de Santiago Abascal plantegen que els espanyols tinguin preferència en àmbits com la sanitat, l'habitatge o les prestacions públiques, el també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació ha defensat que la intenció del Govern és una cosa de “sentit comú”, que és “prioritzar la gent d'aquí”. “I prioritzar la gent aquí significa facilitar el seu habitatge amb criteris de residència”, ha incidit.

Com a conseqüència d'això, ha avançat que si la iniciativa de Vox -dels quals detalls ha assegurat no haver llegit- està plantejada en aquests termes, el Govern “no tindrà inconvenient a votar a favor”. “En canvi, si està plantejada en altres termes, no puc donar una resposta perquè sincerament no he llegit la proposta”, ha afirmat.

Per la seva banda, la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, també ha eludit el debat conceptual plantejat per Vox, insistint que l'Executiu autonòmic se centra en mesures “efectives” ja en marxa o que preveu impulsar.

“Un dels acords que nosaltres sí que tenim amb Vox, que és un acord signat i que segurament es materialitzarà en unes setmanes, és exigir tres anys de residència legal, tant per accedir a la renda social garantida com per accedir a la renda d'emancipació”, ha abundat, precisant que el requisit de la residència també s'exigeix per percebre altres rendes com l'ingrés mínim vital -per al qual es demanen tres anys de residència- o per poder accedir a un habitatge de caràcter social -cinc anys-.

“El que tenim clar és que hem de posar ordre en les prestacions que hem d'exigir i, evidentment, amb uns requisits mínims per poder accedir. Això és el que hem fet i ens quedem amb la practicitat i amb les mesures que hem impulsat des del Govern”, ha afegit Fernández.

A més d'exigir un mínim de tres anys de residència legal ininterrompuda a les Balears per poder obtenir la renda social garantida (Resoga), l'acord al qual ha al·ludit la consellera contempla que els beneficiaris hauran d'acceptar ofertes d'ocupació i romandre inscrits com a demandants de feina, amb risc de perdre la prestació en cas contrari. També s'enduriran els mecanismes de control, revisió i reintegrament, reconfigurant el sistema d'ajudes autonòmiques, una modificació no és menor: altera l'accés a la principal xarxa de protecció social de la comunitat i redefineix la seva lògica, introduint criteris més restrictius que, segons la pròpia exposició política de Vox, busquen frenar l'“efecte crida”.

Per la seva banda, l'objectiu de la proposta que Vox va presentar el passat dimecres passa, segons el text, per “garantir la sostenibilitat de l'Estat de benestar” i prioritzar els qui “sustenten i conformen la comunitat nacional”. En roda de premsa per anunciar la iniciativa, la portaveu parlamentària del partit d'extrema dreta, Manuela Cañadas, va defensar que es tracta d'una mesura “elemental”: “Els espanyols tenen preferència en l'accés als serveis públics. Una cosa tan bàsica fa vergonya haver de demanar-la”, va etzibar.

La iniciativa replica el plantejament que Vox defensa a nivell estatal. De fet, la formació ha posat com a exemple el recent acord assolit a Extremadura, on el PP ha acceptat incorporar aquest principi en l'accés a determinades ajudes. “El PP a Extremadura ja ho ha acceptat. El que es pot fer allà es pot aconseguir a les Balears i a la resta d'Espanya”, va subratllar Cañadas.

El text registrat va més enllà d'una declaració política i recull mesures concretes com la repatriació d'immigrants en situació irregular, la limitació de l'accés al sistema sanitari públic -llevat en casos d'urgència- o la reserva d'ajudes socials i habitatge per a ciutadans espanyols. Així mateix, la PNL insta el Govern central a derogar recents reformes en matèria d'estrangeria i sanitat, en considerar que afavoreixen la regularització d'immigrants i augmenten la pressió sobre els serveis públics.

El Govern balear del PP ha evitado alinearse explícitamente con la propuesta de “prioridad nacional” planteada esta semana por Vox en el Parlament y ha optado por defender las medidas ya pactadas con la formación de extrema derecha en las islas, basadas en criterios de residencia para acceder a prestaciones sociales, vivienda pública o ayudas. El Ejecutivo de Marga Prohens se ampara en un modelo que, en lugar de introducir diferencias explícitas entre ciudadanos españoles y extranjeros, vincula el acceso a los recursos públicos al arraigo y al cumplimiento de requisitos administrativos.

“Nosotros no vamos a contribuir a este debate. Nosotros vamos a decir lo que vamos a hacer y hemos hecho en Balears”, ha aseverado el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha precisado que el concepto que el Govern maneja en las islas “es muy claro”: “Vamos a exigir tres años de residencia legal en Balears para poder tener derecho a la renta social garantizada y vamos a seguir por esta vía”, ha recalcado, marcando distancias con el enfoque de Vox basado en la nacionalidad.

Si bien ha evitado pronunciarse de forma directa sobre la Proposición No de Ley (PNL) registrada el pasado miércoles por la formación de extrema derecha, en la que los de Santiago Abascal plantean que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha defendido que la intención del Govern es algo de “sentido común”, que es “priorizar a la gente de aquí”. “Y priorizar la gente aquí significa facilitar su vivienda con criterios de residencia”, ha incidido.

Como consecuencia de ello, ha avanzado que si la iniciativa de Vox -cuyos detalles ha asegurado no haber leído- está planteada en estos términos, el Govern “no tendrá inconveniente en votar a favor”. “En cambio, si está planteada en otros términos, no puedo dar una respuesta porque sinceramente no he leído la propuesta”, ha afirmado.

Por su parte, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, también ha eludido el debate conceptual planteado por Vox, insistiendo en que el Ejecutivo autonómico se centra en medidas “efectivas” ya en marcha o que prevén impulsarse.

“Uno de los acuerdos que nosotros sí que tenemos con Vox, que es un acuerdo firmado y que seguramente se materializará en unas semanas, es exigir tres años de residencia legal, tanto para acceder a la renta social garantizada como para acceder a la renta de emancipación”, ha abundado, precisando que el requisito de la residencia también se exige para percibir otras rentas como el ingreso mínimo vital -para el que se piden tres años de residencia- o para poder acceder a una vivienda de carácter social -cinco años-.

“Lo que tenemos claro es que debemos poner orden en las prestaciones que debemos exigir y, evidentemente, con unos requisitos mínimos para poder acceder. Eso es lo que hemos hecho y nos quedamos con la practicidad y con las medidas que hemos impulsado desde el Govern”, ha añadido Fernández.

Además de exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga), el acuerdo al que ha aludido la consellera contempla que los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. También se endurecerán los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas, una modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Por su parte, el objetivo de la propuesta que Vox presentó el pasado miércoles pasa, según el texto, por “garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar” y priorizar a quienes “sostienen y conforman la comunidad nacional”. En rueda de prensa para anunciar la iniciativa, la portavoz parlamentaria del partido de extrema derecha, Manuela Cañadas, defendió que se trata de una medida “elemental”: “Los españoles tienen preferencia en el acceso a los servicios públicos. Algo tan básico da vergüenza tener que pedirlo”, espetó.

La iniciativa replica el planteamiento que Vox defiende a nivel estatal. De hecho, la formación ha puesto como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado en Extremadura, donde el PP ha aceptado incorporar este principio en el acceso a determinadas ayudas. “El PP en Extremadura ya lo ha aceptado. Lo que se puede hacer allí se puede conseguir en Baleares y en el resto de España”, subrayó Cañadas.

El texto registrado va más allá de una declaración política y recoge medidas concretas como la repatriación de inmigrantes en situación irregular, la limitación del acceso al sistema sanitario público -salvo en casos de urgencia- o la reserva de ayudas sociales y vivienda para ciudadanos españoles. Asimismo, la PNL insta al Gobierno central a derogar recientes reformas en materia de extranjería y sanidad, al considerar que favorecen la regularización de inmigrantes y aumentan la presión sobre los servicios públicos.

Los estudiantes pueden solicitar desde el martes 7 de abril las becas y ayudas al estudio para el curso 2026-2027, que cuentan con un presupuesto récord de 2.559 millones de euros y beneficiará a cerca de un millón de alumnos y alumnas. 

Las becas MEC tienen como objetivo compensar las desigualdades personales, familiares, económicas, sociales y culturales de los estudiantes, con especial atención a aquellos que tengan necesidades educativas especiales.

Novedades de las becas MEC 2026-2027

Además del presupuesto récord de este año, el más alto hasta la fecha, esta convocatoria también ha introducido varias novedades.

Cómo solicitar las becas: requisitos y plazos

El plazo para presentar la solicitud para las becas MEC se ha abierto hoy, 7 de abril de 2026 a las 8:00 h y se cerrará el 18 de mayo de 2026 a las 15:00 h. Se aconseja no dejar la solicitud para el último día en vista a necesitar documentos adicionales para validar y confirmar la solicitud. 

Todo el proceso de solicitud se realizará a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de un formulario donde los estudiantes deben aportar la información necesaria.

Cómo consultar el estado de la solicitud

Una vez presentada la solicitud, se podrá consultar su estado de tramitación en la sede electrónica del Ministerio, en el apartado 'Mis expedientes'.

Una vez finalizado el plazo de solicitud, comenzará el procedimiento de valoración de la información de los solicitantes. En caso de cumplir los requisitos y que la información sea correcta, se notificará individualmente por vía telemática en el apartado 'Mis notificaciones' de la sede electrónica.

¿Quién puede recibir las becas MEC?

Pueden solicitar las becas aquellos estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan ciertos requisitos de aprovechamiento académico y que se matriculen en las enseñanzas universitarias y no universitarias que comprende la convocatoria. Los estudiantes de las siguientes enseñanzas pueden recibir la ayuda económica de estas becas: 

Cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general

Para cualquier duda sobre la solicitud o adjudicación de becas, se puede realizar una consulta en la sede electrónica del Ministerio, llamar al teléfono 910 837 937, o contactar con las Unidades de Becas de cada provincia.