Navarra ampliará hasta los 13.500 euros las ayudas máximas para los cuidados en domicilio de personas con ELA. Se trata de la normativa necesaria para poder implementar en la Comunidad Foral la Ley estatal 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica que permitirá que enfermos de ELA en fase avanzada y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible puedan recibir ayudas económicas de para cuidados a domicilio, provistos por una entidad prestadora de servicios de atención de este tipo o una persona profesional autónoma. 

La nueva regulación incorpora el grado III+ de dependencia extrema y establece ayudas de entre 13.500 y 3.200 euros en función de las horas de atención profesional contratadas. El Gobierno de Navarra, tal y como solicitaba la Asociación ANELA, ha decidido reforzar estas ayudas y ampliar la cuantía máxima de ayuda establecida por la Ley Estatal que fijaba un máximo de 9.589 euros y aumentarla hasta los 13.500 para los casos que requieran de más horas de atención. 

Así, la nueva regulación establece ayudas específicas para personas con grado III+ de dependencia extrema que contraten servicios profesionales de atención domiciliaria durante un mínimo de 120 horas mensuales. Para acceder a la prestación será necesario acreditar un contrato mercantil con una empresa de atención domiciliaria registrada o con una persona profesional autónoma. 

Ayudas sin copago

Las cuantías de las ayudas se fijan en función del número de horas mensuales de atención contratadas durante un mínimo de 120 horas mensuales y siempre que se que contraten servicios profesionales de atención domiciliaria. En concreto, la orden foral establece los siguientes tramos: entre 120 y 190 horas mensuales: ayudas entre 3.200 y 4.930 euros; entre 191 y 300 horas mensuales: ayudas entre 4.931 y 7.500 euros; entre 301 y 410 horas mensuales: ayudas entre 7.501 y 9.860 euros; entre 411 y 520 horas mensuales: ayudas entre 9.861 y 12.480 euros; más de 521 horas mensuales: ayudas entre 12.481 y 13.500 euros. 

No se tendrá en cuenta la renta per cápita de la unidad familiar para calcular la ayuda, aunque sí se descontarán otras prestaciones públicas de naturaleza similar. Asimismo, se garantiza que las cuantías nunca podrán situarse por debajo de los importes mínimos fijados por el Gobierno de Navarra. 

La modificación amplía igualmente las compatibilidades de la prestación. En los casos de grado III+ de dependencia extrema, la ayuda podrá compatibilizarse con la prestación económica para cuidados familiares en el domicilio, siempre que la persona cuidadora familiar suscriba el convenio especial correspondiente con la Seguridad Social. En este supuesto ambas ayudas se percibirán en la cuantía mínima. 

Con esta medida, el Ejecutivo foral refuerza el sistema público de atención a la dependencia y avanza en la adaptación de los servicios sociales a las necesidades de las personas con enfermedades de elevada complejidad, favoreciendo que puedan permanecer en su entorno habitual con las garantías de atención y apoyo necesarias. 

Solicitud de las ayudas

Las personas que quieran acceder a estas ayudas deberán contar con el reconocimiento del Grado III+ de Dependencia Extrema. Los departamentos de Salud y Derechos Sociales han diseñado un circuito interdepartamental para dicho reconocimiento, que busca simplificar al máximo los trámites necesarios y que empezará a funcionar próximamente.

De esta manera, si la persona ya cuenta con un Grado III de Gran Dependencia, solicitará a su profesional referente de medicina la emisión del informe, se activarán de manera proactiva los circuitos internos (habitualmente: Unidad Multidisciplinar del Hospital Universitario de Navarra (HUN) - profesional de Trabajo Social de esa unidad hospitalaria– Trabajo Social de Atención Primaria de Salud – Sección de Valoración de Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) - Sección de Gestión de Prestaciones de la ANADP) y formalizará el nuevo Programa Individual de Atención (PIA) en su Zona Básica a través de su profesional de Trabajo Social en menos de 2 meses, sin necesidad de más trámites adicionales.

En los casos en que la persona no parta de una situación de Gran Dependencia (Grado III) se procederá a activar el circuito rápido de valoración o revisión del grado de dependencia junto con la documentación necesaria para acceso al Grado III+ en el mismo acto.

El perfil de ELA se encuentra incluido en la Estrategia de Cronicidad como enfermedad neurodegenerativa desde el año 2018, contando con un proceso asistencial integrado en el que se define el itinerario de atención de calidad a seguir en estos casos. En base a ello, ya se contaba con un circuito sociosanitario rápido para el acceso a las valoraciones de Dependencia y Discapacidad y a las prestaciones asociadas. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 3/2024 y sus desarrollos, este circuito rápido se ha actualizado, incluyendo a otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, neurológicas o no neurológicas, siempre que cumplan de modo acumulativo los criterios establecidos en la normativa. En todo momento se realiza una atención individualizada y centrada en las personas, valorando conjuntamente con la persona el momento idóneo y deseado para iniciar dicho trámite. 

El desarrollo de la modificación de la normativa ha sido fruto del trabajo coordinado entre el departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, el departamento de Salud y la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ANELA) y se estima que pueda beneficiar a cerca de 20 personas en nuestra comunidad. 

El Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este jueves la moción presentada por Vox para endurecer el acceso a ayudas sociales municipales y establecer la denominada 'prioridad nacional' en prestaciones públicas, después de que PP, PSOE y Unidas Podemos (UP) votaran en contra de la iniciativa en el pleno ordinario de mayo.

La propuesta defendida por el concejal de Vox Francisco Flores planteaba introducir criterios vinculados al arraigo, el tiempo de residencia y la contribución social para acceder a ayudas de emergencia y servicios sociales, además de reclamar medidas como la derogación de normativa estatal sobre inmigración y la repatriación de inmigrantes en situación irregular.

La moción ha quedado finalmente rechazada por 21 votos en contra y dos a favor (correspondientes a los ediles de Vox) después de que el PP decidiera desmarcarse de la iniciativa al no prosperar la enmienda presentada por el Grupo Popular para modificar gran parte de la parte dispositiva del texto.

El PP mantenía en su enmienda conceptos en la moción como el 'arraigo real', la 'prioridad nacional' o la vinculación territorial como criterios para acceder a determinadas ayudas y viviendas públicas, pero eliminaban las medidas más controvertidas del texto original, como la 'remigración', la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular y la supresión de la asistencia jurídica gratuita en procedimientos de expulsión. Además, el PP quería sustituir parte del contenido por referencias a acuerdos alcanzados con Vox en Extremadura y Aragón.

Vox ha rechazado la enmienda al considerar que alteraba de forma sustancial el contenido original de la moción. Flores ha defendido que su partido no busca “titulares ni etiquetas”, sino “pensar en los vecinos de Cáceres” y en “los jóvenes que no pueden emanciparse”.

En este contexto, el portavoz municipal del PP, Ángel Orgaz, ha asegurado que su partido comparte que “el arraigo real, la contribución y la vinculación histórica con el territorio tengan peso” en determinadas ayudas públicas, aunque ha rechazado algunos de los principales puntos de la moción de Vox.

Orgaz ha explicado que el PP no podía respaldar medidas como la “remigración”, la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares o la eliminación de la asistencia jurídica gratuita. “Somos un partido humanista, europeo, liberal y reformista”, señaló el edil popular, quien añadió que “remigrar significa expulsar en masa a personas de origen extranjero por el mero hecho de serlo”.

El portavoz del PP ha defendido, además, que los criterios relacionados con el arraigo o el empadronamiento “ya existen” en distintas normativas autonómicas y municipales, incluidas algunas aprobadas por gobiernos socialistas, y reprochó a UP y Vox intentar “polarizar” el debate político desde posiciones opuestas.

Durante el debate, la concejala socialista Beatriz Cercas ha acusado a Vox de fomentar “el populismo del odio” y ha negado que exista un colapso de los servicios públicos en la ciudad. “No hay un colapso del sistema, no hay un colapso del padrón, no hay inseguridad en esta ciudad”, ha dicho.

Cercas ha defendido que la 'prioridad nacional' es incompatible con políticas de integración y ha advertido de que “cuando desde un ayuntamiento se dice que unas personas merecen menos derechos por su origen, se rompe la convivencia”. La edil socialista ha añadido que “donde empieza la prioridad por origen termina la igualdad”.

Por último, el concejal de UP Álvaro Jaén ha cargado duramente contra PP y Vox y ha acusado a ambas formaciones de promover decisiones “crueles” contra la población migrante. “No queremos una Cáceres clasista, blanca, colonial, queremos una inclusiva que respete los derechos humanos”, ha señalado durante su intervención. 

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), ha avanzado este miércoles en la Asamblea, de forma muy genérica, las líneas de su departamento para la legislatura. En una comparecencia en comisión parlamentaria marcada por la falta de concreción, Fernández Calle se ha limitado a desgranar el contenido ya conocido del pacto entre el PP y Vox sin profundizar en su aplicación práctica.

De hecho, la sesión ha sido tan ligera que el consejero ni siquiera ha hecho referencia a la gestión de los menores migrantes no acompañados, una competencia bajo su responsabilidad directa y uno de los puntos más polémicos de la coalición. Eso sí, el líder de Vox ha marcado perfil ideológico al pronunciar hasta en al menos ocho ocasiones las palabras “prioridad nacional”, un concepto que el PP de María Guardiola sigue evitando pronunciar en público y que su portavoz han pretendido descafeinar en la comisión hablando de “la prioridad de los extremeños”.

El vicepresidente de la Junta ha asegurado que buscará cumplir “a rajatabla” el pacto con el PP mediante un “control absoluto” del gasto público y la implantación del principio de “prioridad nacional” en la concesión de ayudas sociales y de vivienda pública. Para llevar a cabo esta medida, el Gobierno de María Guardiola articulará una serie de filtros técnicos y administrativos, como la aplicación de criterios de arraigo, empadronamiento no fraudulento, vinculación con el territorio, trayectoria de cotización y permanencia en el sistema. Pero ha afirmado textualmente que el objetivo de todo esto es poner a “los extremeños y los españoles primero”, “los de aquí por delante de los de allí” y garantizar que los recursos públicos vayan dirigidos “a quienes sostienen esta comunidad”.

Fernández Calle ha vuelto a situar a las personas migrantes en el centro de la sospecha y como competidoras en el acceso a los recursos públicos, al avanzar que su departamento creará una unidad específica encargada de verificar la residencia real de los solicitantes. Según sus palabras, el objetivo es perseguir lo que ha calificado como “un sistema opaco, desordenado y vulnerable al fraude”. En este sentido, ha avanzado que se promoverá la colaboración con los ayuntamientos para desmantelar las “redes de sobreocupación de viviendas y pisos patera” como fórmula para combatir la inmigración irregular, advirtiendo de que quienes se encuentren en situación administrativa irregular “no accederán a prestaciones estructurales, limitándose su atención a supuestos de urgencia vital”.

El también líder de Vox en Extremadura ha recordado que en esta legislatura se impulsará una Ley de Familia que incluirá medidas para el fomento de la natalidad y prestará especial atención a las familias numerosas o con personas dependientes. De hecho, el pacto incluye deducciones fiscales en el IRPF de 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.200 por el tercero y siguientes durante tres años.

Infancia y Juventud son otras competencias de Fernández Calle, aunque también ha pasado de puntillas. Ha explicado que se darán “oportunidades reales” a los jóvenes y se protegerá a los menores de la “instrumentalización ideológica” pero la “responsabilidad es de las familias, los niños son de sus padres, no del Estado”.

Recortes a sindicatos y patronal, y fin de la cooperación internacional

El vicepresidente regional ha recordado que PP y Vox se han comprometido a recortar las ayudas a sindicatos y organizaciones empresariales en un 50%, y así se reflejará en los presupuestos autonómicos, aunque “nos gustaría que no tuvieran ninguna, pero eso será cuando Vox tenga mayoría absoluta”. Y este 'tijeretazo' también afectará a la solidaridad exterior. Se da la circunstancia de que en el organigrama diseñado por la presidenta, María Guardiola, las competencias de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) han ido a manos de Fernández Calle, que precisamente quiere eliminar esta agencia y todas las subvenciones destinadas a ONG para proyectos de cooperación. “Hay muchas necesidades en nuestros pueblos que hay que cubrir antes de que un solo euro se vaya fuera de Extremadura. Espero que el dinero invertido en el exterior sea cero; no vamos a permitir que se sigan derrochando millones en proyectos ideológicos”, ha dicho en la Asamblea.

Por último, en lo relativo a sus competencias en materia de desregulación, el vicepresidente ha afirmado que el objetivo es conseguir que la Administración autonómica funcione de manera más rápida y sea un aliado del ciudadano en lugar de una traba burocrática. Por lo tanto, afectará a todas las consejerías de la Junta de Extremadura y se ejecutará “pasito a pasito”

Privatización y debilitamiento de los servicios públicos

El Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas por Extremadura han acusado al vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de no haber respondido a sus preguntas en comisión parlamentaria y de haber actuado más como portavoz de Vox que como un miembro del Gobierno regional.

En concreto, la diputada socialista Soraya Vega ha tildado de “vergüenza” la comparecencia de Fernández Calle y ha asegurado que ha realizado afirmaciones que considera “absolutamente incompatibles con la ley”. Además, ha señalado que no ha aclarado qué significa la desregulación ni qué implicaciones prácticas tendrá en la gestión pública y ha advertido de que no se sabe si esto supondrá “privatizar, recortar o debilitar los servicios públicos” dirigidos a las personas más vulnerables.

También ha cuestionado el concepto de “prioridad nacional” y ha preguntado qué supone su aplicación en ámbitos como la atención a emergencias sociales o la protección a la infancia, sin obtener respuesta del vicepresidente, según ha trasladado.

En similares términos se ha pronunciado el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, quien ha confesado haberse sentido “un poco estupefacto” con la comparecencia de Fernández Calle. En su opinión, ha dado la percepción de desconocer las competencias de su departamento, puesto que “se ha puesto a aplicar al acuerdo del gobierno como si fuera el portavoz de Vox”, lo que revela, según sus palabras, que “no tiene ni idea de lo que va a hacer con la Consejería”.

“Ha sido un constante hablar de la prioridad nacional”, ha criticado el parlamentario, para quien este concepto es una “cortina de humo” que busca utilizar a las personas migrantes como “chivo expiatorio” para no hablar de los problemas de Extremadura.

La diputada popular Teresa Tortonda, por contra, ha valorado que la intervención del consejero se ha centrado en dos líneas principales de actuación, entre ellas la desregulación, basada en lograr “una administración mucho más ágil y mucho más cercana a los ciudadanos”, y las políticas sociales. Sobre estas últimas ha asegurado que “no van a tener ningún recorte”, sino que se van a desarrollar bajo los criterios de eficacia, de efectividad y de eficiencia con el fin de solucionar los problemas de los extremeños.

Las familias con hijos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo pueden solicitar desde este martes, 19 de mayo, las ayudas correspondientes al curso 2026-2027. El plazo se mantendrá abierto hasta el 10 de septiembre, por lo que los interesados disponen de varios meses para reunir la documentación necesaria y completar el procedimiento. La convocatoria está dirigida a alumnado que requiere medidas adicionales durante su escolarización por discapacidad igual o superior al 25%, trastornos graves de conducta, alteraciones graves de la comunicación o del lenguaje, trastorno del espectro autista o altas capacidades intelectuales.

Estas prestaciones buscan cubrir una parte de los gastos asociados a la atención educativa de estudiantes que necesitan apoyos concretos para seguir su etapa formativa. No se trata de una única cantidad fija para todos los casos, sino de diferentes conceptos que dependen de la situación del alumno, del tipo de enseñanza que curse y de las necesidades reconocidas. Entre los gastos que pueden recibir financiación figuran la enseñanza, el transporte, el comedor escolar, la residencia, los libros, el material didáctico, la reeducación pedagógica, la intervención en lenguaje y los programas específicos para altas capacidades.

El procedimiento vuelve a realizarse principalmente por internet. Por segundo curso consecutivo, las solicitudes no se presentan de forma ordinaria a través de los centros educativos, sino mediante el formulario habilitado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La vía telemática será la forma general de tramitación, aunque se mantiene una alternativa en papel para las familias que tengan dificultades de acceso a medios digitales. Esta opción queda reservada para casos excepcionales y se canaliza a través de los registros correspondientes.

Quién puede solicitar estas ayudas

La convocatoria está abierta a estudiantes que acrediten una necesidad específica de apoyo educativo vinculada a alguno de los supuestos recogidos para este curso. Entre ellos se incluye la discapacidad igual o superior al 25%, los trastornos graves de conducta, los trastornos graves de la comunicación o del lenguaje, el trastorno del espectro autista y las altas capacidades intelectuales. En todos los casos, la concesión está condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos para cada situación.

El alumnado puede estar escolarizado en distintos tipos de centros. La ayuda puede solicitarse tanto si el estudiante cursa sus estudios en un centro específico como si lo hace en una unidad de educación especial integrada en un centro ordinario. También se contempla el caso de alumnos matriculados en centros ordinarios que escolaricen a menores con necesidad específica de apoyo educativo.

Los niveles incluidos abarcan buena parte del sistema educativo. Pueden entrar en la convocatoria estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos de grado básico, medio y superior. También se incluyen las enseñanzas artísticas profesionales, los programas de formación para la transición a la vida adulta y otros programas formativos de Formación Profesional. En el caso del alumnado con altas capacidades, la ayuda está pensada para cubrir programas específicos relacionados con esa necesidad educativa.

Qué gastos incluye la convocatoria

Las ayudas se dividen en distintos conceptos y cada uno tiene una cuantía máxima. Para enseñanza, la cantidad puede llegar hasta 862 euros. En transporte interurbano, el límite se sitúa en 617 euros, mientras que el comedor escolar puede cubrir hasta 574 euros. La residencia escolar cuenta con una cuantía superior, con un máximo de 1.795 euros.

También se prevén cantidades específicas para los desplazamientos. El transporte de fin de semana para alumnos internos en centros de educación especial puede recibir hasta 442 euros. En el caso del transporte urbano, la ayuda máxima es de 308 euros.

Los libros y el material didáctico tienen importes diferentes según la etapa. Para Educación Primaria, ESO, Formación Profesional Básica, programas de transición a la vida adulta y otros programas formativos de FP, la ayuda puede alcanzar los 105 euros. En el resto de niveles de enseñanza postobligatoria, la cuantía prevista para este mismo concepto sube hasta 204 euros.

La convocatoria también recoge apoyo económico para la reeducación pedagógica y la reeducación del lenguaje, con un máximo de 913 euros en cada caso. La misma cantidad se contempla para los programas dirigidos a estudiantes con altas capacidades intelectuales. Además, se mantiene una ayuda complementaria de 400 euros para gastos adicionales de carácter general que puedan asumir las familias por la situación educativa del alumno.

Cómo se puede presentar la solicitud

La solicitud debe cumplimentarse mediante el formulario disponible en la web del Ministerio o en su sede electrónica. El plazo comenzó a las 8.00 horas del 19 de mayo de 2026 y terminará a las 15.00 horas del 10 de septiembre de 2026, en ambos casos con referencia al horario peninsular. Para que el trámite quede registrado, es necesario completar todo el proceso de presentación y conservar el justificante correspondiente.

Las familias que no puedan acceder a los medios telemáticos podrán recurrir de forma excepcional a la presentación en papel. Esta posibilidad se mantiene para evitar que las dificultades digitales impidan tramitar la ayuda, aunque la vía ordinaria continúa siendo la solicitud por internet.

Una vez presentada, el estado del expediente podrá consultarse en la sede electrónica, dentro del apartado destinado a los trámites personales. Los interesados también podrán acudir a la unidad de becas de su provincia para obtener información sobre la tramitación, identificándose con el NIF o NIE vinculado a la solicitud.

El PP tombarà finalment una transacció amb què Vox a Balears buscava excloure dels serveis d'atenció primerenca infants de famílies en situació irregular a Balears, un plantejament que ha generat un fort rebuig entre les formacions d'esquerres i les entitats socials.

La formació d'extrema dreta havia presentat la proposta en una de les esmenes dels populars a la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma concebuda per agilitzar inversions però reconvertida per PP i Vox en calaix de sastre per modificar, mitjançant mútliples modificacions legislatives, bona part de l'ordenament autonòmic balear. Com denuncien des de l'oposició, les correccions estan provocant la reforma encoberta de més de 50 lleis autonòmiques.

Segons ha explicat aquest dilluns el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, l'esmena registrada originalment pels populars no modificava els criteris d'accés al servei, sinó que buscava introduir canvis de caràcter administratiu per reduir burocràcia i, més en concret, facilitar la consulta telemàtica de documentació vinculada a l'atenció primerenca.

Posteriorment, Vox va presentar una transacció a aquesta esmena per incorporar nous requisits i limitacions d'accés. Sagreras ha subratllat que les condicions per accedir a aquests serveis estan regulades per normativa estatal i ha assegurat que, “per evitar dubtes”, el PP votarà en contra de la transacció o, si no, retirarà directament la seva esmena.

L'accés a l'atenció primerenca a Balears està regulat pel Decret 85/2010, aprovat durant el segon mandat del socialista Francesc Antich i que organitza la xarxa pública i concertada destinada a menors d'entre 0 i 6 anys amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-los. La norma defineix aquest servei com una atenció integral de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador dirigida a nens especialment vulnerables, i estableix que la valoració d'accés ha de basar-se en criteris clínics, evolutius i socials.

“És un servei que atén nens molt vulnerables, nens petits, amb discapacitat o necessitats especials, i creiem que el darrer que necessiten és que es faci soroll polític”, ha afirmat el portaveu popular en la roda de premsa prèvia al ple del Parlament. La qüestió es debatrà aquest dimarts en una nova reunió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de la Cambra balear, òrgan encarregat d'elaborar el dictamen de la llei de projectes estratègics.

La polèmica ha provocat dures crítiques de l'esquerra, que acusa el PP d'assumir parcialment postulats de Vox i d'haver rectificat únicament després del rebombori social generat per la proposta. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha qualificat la iniciativa d'“indecent” i ha sostingut que els populars han fet marxa enrere per l'“escàndol” suscitat entre entitats de l'àmbit social i educatiu.

També el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha carregat contra les esmenes pactades entre PP i Vox durant la tramitació de la llei. Negueruela ha acusat el Govern d'“acceptar discursos que ataquen els menors segons el seu origen” i ha denunciat que una altra de les modificacions impulsades elimina el terme “violència masclista” per substituir-lo per “violència contra la dona”, una reivindicació habitual de Vox.

Així mateix, el dirigent socialista ha criticat que el PP hagi incorporat en una altra esmena propostes relatives al sòl rústic que, segons ha dit, contradiuen compromisos previs del Govern sobre els límits a l'increment d'edificabilitat en aquest tipus de terrenys.

A finals d'abril, Vox va presentar una Proposició No de Llei (PNL) per reclamar que els espanyols tinguin preferència en àmbits com la sanitat, l'habitatge o les prestacions públiques sota el concepte de “prioritat nacional”. El Govern del PP va expressar la seva disposició a donar suport a la iniciativa sempre que es plantegi en termes de residència legal i no de nacionalitat, remetent-se a l'acord assolit amb la formació d'extrema dreta per endurir l'accés a determinades ajudes socials.

Aquest pacte contempla exigir un mínim de tres anys de residència legal ininterrompuda a les Balears per poder accedir a la renda social garantida (Resoga), a més de reforçar els mecanismes de control, revisió i reintegrament de prestacions. La modificació suposa un gir rellevant en la principal xarxa de protecció social de la comunitat, en introduir criteris més restrictius que, segons la pròpia argumentació política de Vox, persegueixen frenar l'anomenat “efecte crida”.

El PP tumbará finalmente una transacción con la que Vox en Balears buscaba excluir de los servicios de atención temprana a niños de familias en situación irregular en Balears, un planteamiento que ha generado un fuerte rechazo entre las formaciones de izquierdas y las entidades sociales.

La formación de extrema derecha había presentado la propuesta en una de las enmiendas de los populares a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero reconvertida por PP y Vox en cajón de sastre para modificar, mediante múltiples modificaciones legislativas, buena parte del ordenamiento autonómico balear. Como denuncian desde la oposición, las correcciones están provocando la reforma encubierta de más de 50 leyes autonómicas.

Según ha explicado este lunes el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, la enmienda registrada originalmente por los populares no modificaba los criterios de acceso al servicio, sino que buscaba introducir cambios de carácter administrativo para reducir burocracia y, más en concreto, facilitar la consulta telemática de documentación vinculada a la atención temprana.

Posteriormente, Vox presentó una transacción a esa corrección para incorporar nuevos requisitos y limitaciones de acceso. Sagreras ha subrayado que las condiciones para acceder a estos servicios están reguladas por normativa estatal y ha asegurado que, “para evitar dudas”, el PP votará en contra de la transacción o, en su defecto, retirará directamente su enmienda.

El acceso a la atención temprana en Balears está regulado por el Decreto 85/2010, aprobado durante el segundo mandato del socialista Francesc Antich y que organiza la red pública y concertada destinada a menores de entre 0 y 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. La norma define este servicio como una atención integral de carácter preventivo, asistencial y rehabilitador dirigida a niños especialmente vulnerables, y establece que la valoración de acceso debe basarse en criterios clínicos, evolutivos y sociales.

“Es un servicio que atiende a niños muy vulnerables, niños pequeños, con discapacidad o necesidades especiales, y creemos que lo último que necesitan es que se haga ruido político”, ha afirmado el portavoz popular en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament. La cuestión se debatirá este martes en una nueva reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara balear, órgano encargado de elaborar el dictamen de la ley de proyectos estratégicos.

La polémica ha provocado duras críticas de la izquierda, que acusa al PP de asumir parcialmente postulados de Vox y de haber rectificado únicamente tras el revuelo social generado por la propuesta. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha calificado la iniciativa de “indecente” y ha sostenido que los populares han dado marcha atrás por el “escándalo” suscitado entre entidades del ámbito social y educativo.

También el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha cargado contra las enmiendas pactadas entre PP y Vox durante la tramitación de la ley. Negueruela ha acusado al Govern de “aceptar discursos que atacan a los menores según su origen” y ha denunciado que otra de las modificaciones impulsadas elimina el término “violencia machista” para sustituirlo por “violencia contra la mujer”, una reivindicación habitual de Vox.

Asimismo, el dirigente socialista ha criticado que el PP haya incorporado en otra enmienda propuestas relativas al suelo rústico que, según ha dicho, contradicen compromisos previos del Govern sobre los límites al incremento de edificabilidad en este tipo de terrenos.

A finales de abril, Vox presentó una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas bajo el contepto de “prioridad nacional”. El Govern del PP expresó su disposición a respaldar la iniciativa siempre que se plantee en términos de residencia legal y no de nacionalidad, remitiéndose al acuerdo alcanzado con la formación de extrema derecha para endurecer el acceso a determinadas ayudas sociales.

Ese pacto contempla exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder acceder a la renta social garantizada (Resoga), además de reforzar los mecanismos de control, revisión y reintegro de prestaciones. La modificación supone un giro relevante en la principal red de protección social de la comunidad, al introducir criterios más restrictivos que, según la propia argumentación política de Vox, persiguen frenar el denominado “efecto llamada”.

El PSOE de Extremadura ha preguntado a María Guardiola “qué tiene que decir” tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que señala que “el Derecho de la UE no contempla la duración de la estancia en el territorio de un Estado miembro como un criterio para la concesión de las prestaciones” para los beneficiarios de protección internacional.

La corte, con sede en Luxemburgo, se expresó así sobre un litigio iniciado en Italia por el que se le retiró una ayuda social y de inserción laboral a una persona beneficiaria de protección subsidiaria por no cumplir el requisito de diez años de residencia en el Estado miembro.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha asegurado en un comunicado que esta resolución europea “confirma las serias dudas de legalidad” que ya advirtieron desde el primer día sobre el pacto firmado entre PP y Vox“.

“Ya dijimos que ese acuerdo incluía planteamientos incompatibles con el derecho europeo y hoy la justicia europea nos da la razón. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro que exigir años de arraigo para acceder a ayudas sociales es discriminatorio e ilegal”, ha afirmado González Andrade.

El portavoz socialista ha señalado que ahora la presidenta de la Junta “debe explicar si piensa seguir aplicando y defendiendo medidas inspiradas por Vox que chocan frontalmente con los principios de igualdad y no discriminación que protege la Unión Europea”.

En ese sentido, González Andrade ha avisado de que el PSOE de Extremadura va a mantenerse “muy pendiente” de cada decisión que adopte el Gobierno autonómico porque “el principal problema que tiene esta legislatura es que la señora Guardiola está obligada a cumplir un pacto impuesto por Vox”.

“Algunos decían que exagerábamos cuando alertábamos de las consecuencias de ese pacto, pero hoy vemos que no era así”, ha añadido el portavoz socialista, quien ha anunciado además que el comité jurídico del PSOE de Extremadura “ya está estudiando todas las implicaciones que puede tener esta sentencia sobre las iniciativas y compromisos asumidos por la Junta de Extremadura de Guardiola”.

Para el PSOE de Extremadura, esta región no puede gobernarse desde la discriminación ni desde políticas que vulneren derechos fundamentales o entren en conflicto con el derecho europeo, por lo que el portavoz socialista ha reclamado a Guardiola que “abandone cualquier planteamiento inspirado por la extrema derecha que ponga en riesgo la igualdad de acceso a los servicios y ayudas públicas”.

El litigo en Europa

Los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideraron que el umbral mínimo de diez años de residencia para tener acceso a ayudas sociales constituye una “discriminación indirecta” hacia los beneficiarios de protección internacional porque “aunque se aplica por igual a todas las personas (sean beneficiarios de ese estatus o nacionales del propio Estado), afecta principalmente a los no nacionales”. Para la Justicia europea, esa “diferencia de trato no está justificada” y “constituye una discriminación indirecta prohibida por el Derecho de la Unión”.

La prestación que le fue retirada al beneficiario de protección internacional en Italia, llamada “renta garantizada de ciudadanía”, combinaba tanto prestaciones sociales como un programa de inserción profesional. Los jueces europeos sentenciaron que tanto la medida de acceso al empleo como la prestación social básica están sujetas al “principio de igualdad” entre los beneficiarios de protección internacional y los nacionales.

La Justicia europea consideró, además, que ese requisito de diez años de residencia “no está objetivamente justificado” por el hecho de que esa concesión suponga, según el Gobierno italiano, “una carga administrativa y económica considerable, lo que a su entender justifica reservar esta concesión únicamente a las personas bien integradas en la comunidad nacional”.

El Govern balear del PP ha evitat alinear-se explícitament amb la proposta de “prioritat nacional” plantejada aquesta setmana per Vox al Parlament i ha optat per defensar les mesures ja pactades amb la formació d'extrema dreta a les illes, basades en criteris de residència per accedir a prestacions socials, habitatge públic o ajudes. L'Executiu de Marga Prohens s'empara en un model que, en lloc d'introduir diferències explícites entre ciutadans espanyols i estrangers, vincula l'accés als recursos públics a l'arrelament i al compliment de requisits administratius.

“Nosaltres no contribuirem a aquest debat. Nosaltres direm el que farem i hem fet a Balears”, ha asseverat el portaveu i vicepresident primer de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, qui ha precisat que el concepte que el Govern té a les illes “és molt clar”: “Exigirem tres anys de residència legal a Balears per poder tenir dret a la renda social garantida i seguirem per aquesta via”, ha recalcat, marcant distàncies amb l'enfocament de Vox basat en la nacionalitat.

Si bé ha evitat pronunciar-se de forma directa sobre la Proposició No de Llei (PNL) registrada el passat dimecres per la formació d'extrema dreta, en què els de Santiago Abascal plantegen que els espanyols tinguin preferència en àmbits com la sanitat, l'habitatge o les prestacions públiques, el també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació ha defensat que la intenció del Govern és una cosa de “sentit comú”, que és “prioritzar la gent d'aquí”. “I prioritzar la gent aquí significa facilitar el seu habitatge amb criteris de residència”, ha incidit.

Com a conseqüència d'això, ha avançat que si la iniciativa de Vox -dels quals detalls ha assegurat no haver llegit- està plantejada en aquests termes, el Govern “no tindrà inconvenient a votar a favor”. “En canvi, si està plantejada en altres termes, no puc donar una resposta perquè sincerament no he llegit la proposta”, ha afirmat.

Per la seva banda, la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, també ha eludit el debat conceptual plantejat per Vox, insistint que l'Executiu autonòmic se centra en mesures “efectives” ja en marxa o que preveu impulsar.

“Un dels acords que nosaltres sí que tenim amb Vox, que és un acord signat i que segurament es materialitzarà en unes setmanes, és exigir tres anys de residència legal, tant per accedir a la renda social garantida com per accedir a la renda d'emancipació”, ha abundat, precisant que el requisit de la residència també s'exigeix per percebre altres rendes com l'ingrés mínim vital -per al qual es demanen tres anys de residència- o per poder accedir a un habitatge de caràcter social -cinc anys-.

“El que tenim clar és que hem de posar ordre en les prestacions que hem d'exigir i, evidentment, amb uns requisits mínims per poder accedir. Això és el que hem fet i ens quedem amb la practicitat i amb les mesures que hem impulsat des del Govern”, ha afegit Fernández.

A més d'exigir un mínim de tres anys de residència legal ininterrompuda a les Balears per poder obtenir la renda social garantida (Resoga), l'acord al qual ha al·ludit la consellera contempla que els beneficiaris hauran d'acceptar ofertes d'ocupació i romandre inscrits com a demandants de feina, amb risc de perdre la prestació en cas contrari. També s'enduriran els mecanismes de control, revisió i reintegrament, reconfigurant el sistema d'ajudes autonòmiques, una modificació no és menor: altera l'accés a la principal xarxa de protecció social de la comunitat i redefineix la seva lògica, introduint criteris més restrictius que, segons la pròpia exposició política de Vox, busquen frenar l'“efecte crida”.

Per la seva banda, l'objectiu de la proposta que Vox va presentar el passat dimecres passa, segons el text, per “garantir la sostenibilitat de l'Estat de benestar” i prioritzar els qui “sustenten i conformen la comunitat nacional”. En roda de premsa per anunciar la iniciativa, la portaveu parlamentària del partit d'extrema dreta, Manuela Cañadas, va defensar que es tracta d'una mesura “elemental”: “Els espanyols tenen preferència en l'accés als serveis públics. Una cosa tan bàsica fa vergonya haver de demanar-la”, va etzibar.

La iniciativa replica el plantejament que Vox defensa a nivell estatal. De fet, la formació ha posat com a exemple el recent acord assolit a Extremadura, on el PP ha acceptat incorporar aquest principi en l'accés a determinades ajudes. “El PP a Extremadura ja ho ha acceptat. El que es pot fer allà es pot aconseguir a les Balears i a la resta d'Espanya”, va subratllar Cañadas.

El text registrat va més enllà d'una declaració política i recull mesures concretes com la repatriació d'immigrants en situació irregular, la limitació de l'accés al sistema sanitari públic -llevat en casos d'urgència- o la reserva d'ajudes socials i habitatge per a ciutadans espanyols. Així mateix, la PNL insta el Govern central a derogar recents reformes en matèria d'estrangeria i sanitat, en considerar que afavoreixen la regularització d'immigrants i augmenten la pressió sobre els serveis públics.

El Govern balear del PP ha evitado alinearse explícitamente con la propuesta de “prioridad nacional” planteada esta semana por Vox en el Parlament y ha optado por defender las medidas ya pactadas con la formación de extrema derecha en las islas, basadas en criterios de residencia para acceder a prestaciones sociales, vivienda pública o ayudas. El Ejecutivo de Marga Prohens se ampara en un modelo que, en lugar de introducir diferencias explícitas entre ciudadanos españoles y extranjeros, vincula el acceso a los recursos públicos al arraigo y al cumplimiento de requisitos administrativos.

“Nosotros no vamos a contribuir a este debate. Nosotros vamos a decir lo que vamos a hacer y hemos hecho en Balears”, ha aseverado el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha precisado que el concepto que el Govern maneja en las islas “es muy claro”: “Vamos a exigir tres años de residencia legal en Balears para poder tener derecho a la renta social garantizada y vamos a seguir por esta vía”, ha recalcado, marcando distancias con el enfoque de Vox basado en la nacionalidad.

Si bien ha evitado pronunciarse de forma directa sobre la Proposición No de Ley (PNL) registrada el pasado miércoles por la formación de extrema derecha, en la que los de Santiago Abascal plantean que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha defendido que la intención del Govern es algo de “sentido común”, que es “priorizar a la gente de aquí”. “Y priorizar la gente aquí significa facilitar su vivienda con criterios de residencia”, ha incidido.

Como consecuencia de ello, ha avanzado que si la iniciativa de Vox -cuyos detalles ha asegurado no haber leído- está planteada en estos términos, el Govern “no tendrá inconveniente en votar a favor”. “En cambio, si está planteada en otros términos, no puedo dar una respuesta porque sinceramente no he leído la propuesta”, ha afirmado.

Por su parte, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, también ha eludido el debate conceptual planteado por Vox, insistiendo en que el Ejecutivo autonómico se centra en medidas “efectivas” ya en marcha o que prevén impulsarse.

“Uno de los acuerdos que nosotros sí que tenemos con Vox, que es un acuerdo firmado y que seguramente se materializará en unas semanas, es exigir tres años de residencia legal, tanto para acceder a la renta social garantizada como para acceder a la renta de emancipación”, ha abundado, precisando que el requisito de la residencia también se exige para percibir otras rentas como el ingreso mínimo vital -para el que se piden tres años de residencia- o para poder acceder a una vivienda de carácter social -cinco años-.

“Lo que tenemos claro es que debemos poner orden en las prestaciones que debemos exigir y, evidentemente, con unos requisitos mínimos para poder acceder. Eso es lo que hemos hecho y nos quedamos con la practicidad y con las medidas que hemos impulsado desde el Govern”, ha añadido Fernández.

Además de exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga), el acuerdo al que ha aludido la consellera contempla que los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. También se endurecerán los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas, una modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Por su parte, el objetivo de la propuesta que Vox presentó el pasado miércoles pasa, según el texto, por “garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar” y priorizar a quienes “sostienen y conforman la comunidad nacional”. En rueda de prensa para anunciar la iniciativa, la portavoz parlamentaria del partido de extrema derecha, Manuela Cañadas, defendió que se trata de una medida “elemental”: “Los españoles tienen preferencia en el acceso a los servicios públicos. Algo tan básico da vergüenza tener que pedirlo”, espetó.

La iniciativa replica el planteamiento que Vox defiende a nivel estatal. De hecho, la formación ha puesto como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado en Extremadura, donde el PP ha aceptado incorporar este principio en el acceso a determinadas ayudas. “El PP en Extremadura ya lo ha aceptado. Lo que se puede hacer allí se puede conseguir en Baleares y en el resto de España”, subrayó Cañadas.

El texto registrado va más allá de una declaración política y recoge medidas concretas como la repatriación de inmigrantes en situación irregular, la limitación del acceso al sistema sanitario público -salvo en casos de urgencia- o la reserva de ayudas sociales y vivienda para ciudadanos españoles. Asimismo, la PNL insta al Gobierno central a derogar recientes reformas en materia de extranjería y sanidad, al considerar que favorecen la regularización de inmigrantes y aumentan la presión sobre los servicios públicos.

Los estudiantes pueden solicitar desde el martes 7 de abril las becas y ayudas al estudio para el curso 2026-2027, que cuentan con un presupuesto récord de 2.559 millones de euros y beneficiará a cerca de un millón de alumnos y alumnas. 

Las becas MEC tienen como objetivo compensar las desigualdades personales, familiares, económicas, sociales y culturales de los estudiantes, con especial atención a aquellos que tengan necesidades educativas especiales.

Novedades de las becas MEC 2026-2027

Además del presupuesto récord de este año, el más alto hasta la fecha, esta convocatoria también ha introducido varias novedades.

Cómo solicitar las becas: requisitos y plazos

El plazo para presentar la solicitud para las becas MEC se ha abierto hoy, 7 de abril de 2026 a las 8:00 h y se cerrará el 18 de mayo de 2026 a las 15:00 h. Se aconseja no dejar la solicitud para el último día en vista a necesitar documentos adicionales para validar y confirmar la solicitud. 

Todo el proceso de solicitud se realizará a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de un formulario donde los estudiantes deben aportar la información necesaria.

Cómo consultar el estado de la solicitud

Una vez presentada la solicitud, se podrá consultar su estado de tramitación en la sede electrónica del Ministerio, en el apartado 'Mis expedientes'.

Una vez finalizado el plazo de solicitud, comenzará el procedimiento de valoración de la información de los solicitantes. En caso de cumplir los requisitos y que la información sea correcta, se notificará individualmente por vía telemática en el apartado 'Mis notificaciones' de la sede electrónica.

¿Quién puede recibir las becas MEC?

Pueden solicitar las becas aquellos estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan ciertos requisitos de aprovechamiento académico y que se matriculen en las enseñanzas universitarias y no universitarias que comprende la convocatoria. Los estudiantes de las siguientes enseñanzas pueden recibir la ayuda económica de estas becas: 

Cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general

Para cualquier duda sobre la solicitud o adjudicación de becas, se puede realizar una consulta en la sede electrónica del Ministerio, llamar al teléfono 910 837 937, o contactar con las Unidades de Becas de cada provincia. 

Cuando al padre de Laura le subieron el sueldo, en casa no se podían imaginar que iba a convertirse en una mala noticia. El salario anterior ubicaba a la familia dentro del umbral 1 que establece el Ministerio de Educación para repartir las becas al estudio. Es el grupo más bajo, donde entran las personas más vulnerables. Eso permitió a Laura recibir durante cuatro años la ayuda completa, que además del pago de la matrícula universitaria incluye ayudas económicas en mano para gastos. Pero esa mejora salarial, apenas 111 euros –“me acuerdo perfectamente de la cifra, porque generó mucha frustración”, cuenta la joven–, sacó a la familia del umbral 1 por exceso de renta y la encuadró en el 2. Y se esfumó el principal pago en metálico (1.700 euros este año).

“Fue un jarro de agua fría”, explica Laura. “Cuando pasas de umbral es un cambio muy grande. Cobras una miseria más y lo que pierdes es mucho. Una subida de sueldo que al año no supone tanto para la familia te deja sin el tipo de ayuda con la que contabas. Llegas a pensar: 'Preferiría que en mi familia ganáramos un poquito menos y seguir contando con la ayuda'”.

Laura, que actualmente está estudiando un máster, es una de las casi 380.000 personas de entre 18 y 24 años a las que el Gobierno considera demasiado ricas como para acceder a una beca completa, con ayudas directas, pese a que son hogares en riesgo de pobreza, según la definición oficial.

Esto sucede porque el umbral 1 de renta para acceder a las becas, el límite máximo de ganancias que fija el Gobierno para acceder a estas ayudas integrales, lleva años por debajo del que fija la línea de riesgo de pobreza familiar. El Estado reparte tres tipos de becas en función de la renta familiar y otros parámetros como el patrimonio, aunque los ingresos son el principal filtro.

Para ello, cada año se establecen tres límites de renta que fijan los derechos económicos de cada grupo: quien quede por debajo del umbral 1 tiene derecho a la ayuda completa, que incluye un pago directo de 1.700 euros, hasta 2.700 euros para residencia si se estudia en una comunidad autónoma diferente de la familiar, entre 50 y 125 euros en función del rendimiento académico y una cantidad variable de hasta 60 euros en función de una complicada fórmula matemática; los hogares que se sitúen entre el umbral 2 pierden la principal partida, los 1.700 euros; finalmente, por debajo del umbral 3 solo optan a la ayuda vinculada al rendimiento. En los tres casos se incluye el coste de la matrícula.

El problema para Laura y otros cientos de miles de personas en España que potencialmente podrían ir a la universidad si quisieran es que el Gobierno ha fijado este año el máximo de renta familiar que marca el umbral 1 en 23.286 euros anuales (en total, para una familia de cuatro miembros), mientras que la línea que establece el riesgo de pobreza está en 25.662 euros al año para esa misma familia.

Estas personas pueden acceder a la beca media o a la más básica. Pero ninguna de las dos llega a compensar el coste de oportunidad de estudiar (incluso podría cuestionarse con la completa). Y a la universidad va quien puede permitirse no trabajar durante esos años, como recuerda siempre Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de Economía de la Universidad de Jaén y autor de varios informes sobre financiación universitaria.

El Gobierno ha aprobado este año la partida para becas más alta de la historia con 2.559 millones de euros que beneficiarán, calcula el Ministerio, a un millón de estudiantes. Aunque son para todas las etapas, la inmensa mayoría de ese dinero se destina a la universidad. Desde que el PSOE está en el Gobierno, el presupuesto para becas ha subido un 83% respecto al que aprobaba el PP. Las cuantías han subido y se han elevado los límites de renta que dan derecho a becas (con el PP el umbral 1 que daba derecho a la ayuda completa era de 14.613 euros anuales) hasta los 22.177 euros, ampliando así la base de los beneficiarios.

Pero con la subida del salario mínimo interprofesional y la buena marcha macro de la economía también ha subido la línea que marca el riesgo oficial de pobreza, que se fija de manera automática en un 60% de la mediana de ingresos (siempre ajustado al tamaño del hogar). ¿El resultado? Hoy, como ayer, el umbral 1 queda por debajo del de la pobreza, dejando a millones de personas en ese limbo. Este periódico ha preguntado al Ministerio de Educación cuáles son los criterios para fijar los umbrales de renta, porque no van automáticamente ligados a ningún indicador, pero no ha obtenido respuesta.

“El sistema de umbrales deja que desear”

“El sistema de umbrales deja que desear en muchas situaciones, no evalúa bien a cada estudiante”, valora Andrés Campillo Ponce, responsable de becas de CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. “Nosotros reclamamos que se revisen. Modificarlos, sí, pero también introducir otros requisitos para que la convocatoria sea más justa. Está bien que se eleven los umbrales de vez en cuando, pero nos gustaría que se haga respecto a algún indicador específico, por ejemplo el Índice de Precios al Consumo (IPC)”. Canae, explica Campillo Ponce, está trabajando en una propuesta integral para presentarla en el Observatorio de Becas, el foro de interlocución para este tema con el Ministerio de Educación.

“Nuestra idea ha sido siempre que los umbrales suban de manera que no dejen a nadie atrás. Todos los años nos encontramos subidas del SMI o de los salarios, pero luego estas subidas no se ajustan en los umbrales y de un año para otro ves que sales del umbral 1 al 2 sin haber hecho nada”, expone.

“Es una decisión política”, tercia Santiago Cuesta, trabajador de la Universidad Politécnica de Madrid y representante de CCOO en el Observatorio. “Debería haber un criterio para que los umbrales respondieran a la situación real de las familias. No puede ser que apruebes un umbral que está por debajo de cualquier referencia, no responde a las necesidades reales de las familias y estás excluyendo a personas. Va contra el propio concepto de la beca o ayuda, es un ejercicio teórico que deja fuera a familias que deberían tener derecho, sobre todo en el umbral 1”.

Cuesta cuenta que CCOO lleva “años pidiendo una reforma absoluta del sistema”, y aunque concede que es positivo que el Gobierno esté subiendo las partidas año tras año, insiste en que es necesario “cambiar los criterios, que tienen 20 años”. “No es que haya pérdida de talento, es que le estamos robando expectativas de futuro a los chavales. Si somos una sociedad avanzada como decimos, hay que demostrarlo aquí, en las políticas sociales, esto es básico para el ascensor social”, sostiene.

El problema viene de atrás y no se acaba de resolver. En 2023, las profesoras Mónica Martí y Carmen Ródenas hicieron un estudio en la Universidad de Alicante que ya explicaba que el sistema de becas es “ineficaz” por esta misma cuestión y proponían que el umbral 1 se elevase como mínimo hasta la línea de pobreza para acoger a todo ese colectivo. Aquel informe advertía también de que el carácter lineal de todo el proceso, utilizar las mismas referencias para toda España, junto a la variabilidad de precios universitarios entre las comunidades autónomas, provoca que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar los estudios diverja entre autonomías en términos relativos. Esto es, dice el informe con el precio de las tasas y las rentas de 2023, para una familia catalana o madrileña, el coste universitario se fijaba en un 5,8% sobre la renta mediana; para una gallega en un 3,4%.

Este asunto lo ha abordado el PNV en el Congreso porque Euskadi es una de las comunidades con menos becarios debido a que, al ser una de las más ricas de España, más familias se quedan fuera de las ayudas por renta. “El Gobierno central pone unos umbrales para acceder a becas iguales para todos, pero las condiciones no son las mismas en todo el Estado”, argumentaba el diputado Joseba Agirretxea, “no es lo mismo igualdad que equidad. Y hacer una raya igualitaria en este caso no es equitativo”. El partido le ha pedido al Gobierno que ajuste los umbrales.

Cuantías escasas, plazos tardíos

También preocupan a familias y estudiantes las cuantías que se pagan a los becarios como los plazos de ejecución de las ayudas. “Las cuantías son fundamentales”, dispara Cuesta, de CCOO. “El objetivo de las administraciones es ampliar el espectro, hacer las ayudas accesibles a más personas. Eso está muy bien, pero lo que hay que pensar es cómo las distribuyes para quien más las necesite. El ejemplo de la ayuda de residencia de las becas universitarias es palmario. Tienes una ayuda máxima de 2.700 euros anuales. Es irreal. Sin hablar de Madrid siquiera, no hay prácticamente ningún sitio que baje de 450 euros al mes. Le vas a pagar cuatro meses, pero los estudios duran diez. ¿Eso es una ayuda?”, pregunta retóricamente. El mismo argumento repetirá para la cuantía fija para las becas mejor dotadas, 1.700 euros para todo el año, o la variable (hasta 60 euros).

“Ha habido alguna subida reciente”, concede el estudiante Campillo Ponce, “pero la situación de la vivienda va a peor. Si vives fuera de tu ciudad de residencia en una capital de provincia tienes difícil acceder a una residencia con esa beca. Es cierto que algunas universidades complementan las ayudas, pero no se puede estar dependiendo de las universidades”, elabora. La escasez de los montantes, contaban Martí y Ródenas en su estudio, provoca que estos estudiantes tuvieran que trabajar además de estudiar, “por lo que ya no se puede hablar de igualdad de condiciones y oportunidades”.

Y luego están los plazos. María Sánchez, presidenta de Ceapa, la mayor confederación de AMPAs del país, explica que para muchos hogares es fundamental que se agilice la ejecución de las ayudas, que muy a menudo llegan a los bolsillos de los beneficiarios a mitad de curso. “El plazo de solicitud es amplio, pero eso supone que muchas familias acaban cobrando la beca en marzo y tienes que adelantar el gasto”, cuenta, lo que para algunos hogares se convierte en un obstáculo casi insalvable. “Hay familias que a día de hoy no han cobrado el 100% de la beca”, corrobora el portavoz de Canae. “Nuestra principal reclamación es que cuando empiece el curso, en septiembre, tengan ingresada al menos la cuantía principal para poder hacer frente al curso y que nadie tenga que adelantar dinero”, explica.

Laura cuenta que durante todo su periplo educativo ha vivido en casa de sus padres, “si no, habría sido todo mucho más complicado”. También tenía unos ahorros propios de haber trabajado previamente. “Pero aún así he notado que tengo que limitarme en muchas cosas que otros compañeros no”, explica.

“Si el objetivo del sistema de becas es que cualquier persona que quiera continuar sus estudios lo tenga garantizado, con este sistema, a día de hoy, no da”, cierra Cuesta. “No cuestionamos el esfuerzo inversor que ha hecho la administración, pero, si con ese esfuerzo no se llega, el sistema es fallido”.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado dos nuevos programas de colaboración económica municipal (PCEM) en materia de servicios sociales, dotados con 7,8 millones de euros, junto a dos convocatorias de ayudas, a las que se destinan 9 millones de euros, para apoyar al sector vitivinícola en Extremadura.

Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Elena Manzano, en su comparecencia tras la reunión, donde ha explicado, en relación con la primera partida, que se destinarán 4,3 millones de euros “a garantizar la atención a las personas mayores autónomas o con un grado de dependencia de nivel uno, es decir, con una dependencia leve”, en centros de día y centros de noche.

Como novedad este año “aumentamos el número de plazas, que pasan de 2.209 en 2025 a 2.404 en 2026”. Con ello, según la portavoz, se persigue “apoyar la permanencia en los hogares el máximo tiempo posible, pero garantizando servicios de calidad cerca de casa”. El objetivo, ha añadido, es que accedan a plazas residenciales cuando su situación de dependencia se vea agravada.

Dentro de este mismo programa se financiará el servicio de proximidad y atención a la soledad de personas mayores. Para ello, “duplicamos la dotación de un servicio fundamental en nuestros pueblos, sobre todo en zonas rurales, que también contribuye a fijar población”.

Se destinarán 3,5 millones de euros, 1,5 más que en 2025. Según la portavoz, se han modificado algunos requisitos con el fin de alcanzar a más ayuntamientos. “Lo que hemos hecho es aumentar el límite de habitantes por kilómetro cuadrado exigido para acceder a las ayudas, de manera que ahora abarca localidades que tengan entre 0 y 6,25 habitantes por kilómetro cuadrado”.

Con esto se espera alcanzar a 79 municipios en este ejercicio 2026, frente a los 45 de 2025 o a los 18 de 2024, ha detallado Elena Manzano.

Ayudas al vino

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado una línea de ayudas al sector vitivinícola, dotada con 11 millones de euros. De ellos, 9 millones se destinarán a impulsar procesos de reestructuración y reconversión de viñedos, y otros 2 se dirigen a la destilación de residuos del vino.

En la primera línea de ayudas se incluyen las reconversiones de variedades de uva por otras que se adapten mejor a las condiciones del cultivo o el mercado, replantaciones motivadas por motivos sanitarios o fitosanitarios, o mejoras técnicas en la gestión, entre otras, tal y como han indicado la portavoz del Ejecutivo en funciones.

Mientras, la segunda favorecerá que los productores puedan cumplir con la normativa que les obliga a retirar y eliminar los residuos que se generan en el proceso, tales como orujos o lías del vino, que suelen aprovecharse en las destilerías donde se transforman en alcohol para uso industrial o energético. Según ha indicado la portavoz; “queremos apoyar a un sector clave en nuestra región, garantizar la calidad del vino y favorecer una gestión más sostenible del medio ambiente”.

El PP derogó el complemento de la carrera profesional sanitaria en el año 2012 en Castilla-La Mancha, bajo la etapa de gobierno de Dolores de Cospedal, y es ahora el mismo partido que la pide. El presidente regional de la formación, Paco Núñez, ha dicho este lunes que espera que el PSOE, que ostenta la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha, garantice “por ley” la carrera profesional sanitaria y también el concierto social del Tercer Sector.

“Desde el Gobierno de García-Page, con una clara insensibilidad, dicen que hay un alejamiento con respecto a las posiciones que hay que defender y que son lideradas por la sociedad civil”, ha indicado este jueves en declaraciones a los medios antes de presidir el Comité de Dirección de los 'populares' castellanomanchegos.

En este punto, ha apuntado que tanto la recuperación de la carrera profesional sanitaria como el modelo de concierto social con los colectivos sociosanitarios de Castilla-La Mancha son dos de las “reivindicaciones más importantes” que están haciendo las entidades que representan a la sanidad y que representan a los servicios sociales en Castilla-La Mancha.

“No es algo nuevo que el Partido Popular de Castilla-Mancha y que yo mismo defendamos ambos asuntos, pero llevamos años de negativa permanente y de rechazo continuo por parte de Emiliano García-Page”, ha resaltado, para añadir que no se trata de discutir únicamente normas administrativas sino si Castilla-La Mancha “tiene que seguir instalada en la resignación o si va a recuperar la ambición”.

Sin carrera profesional, “un hecho que avergüenza”, según Núñez

Así, en cuanto a la carrera profesional sanitaria, Núñez ha insistido en que Castilla-La Mancha es la única región del país que no la ha habilitado, lo que ha considerado con “un hecho que avergüenza” a la comunidad autónoma y que “lastra” la capacidad de “amortiguar” las listas de espera y de emprender la modernización de la Atención Primaria.

“Hoy, en Atención Primaria, están dando citas con 12 días para una consulta presencial y hasta con 23 días para una consulta telefónica; y vemos cómo las plantas de los hospitales y las puertas de urgencias están desbordadas, con una profesión, la sanitaria, absolutamente en riesgo de colapso”, ha argumentado.

Es por ello por lo que ha esperado que el próximo jueves, en el pleno de las Cortes, el PSOE cambie de opinión y se apruebe la propuesta del PP “que respaldan los colegios profesionales, los sindicatos médicos y los sindicatos de enfermería, para que los sanitarios puedan recuperar de nuevo su carrera profesional”.

Pide “blindaje legal” para los conciertos sociales del Tercer Sector

Del mismo modo, se ha referido al “blindaje legal” a los conciertos sociales del Tercer Sector, que ha calificado como el “socio prioritario” de la Administración en materia de “conquista” del bienestar y que también se abordará el jueves en las Cortes.

“Hablamos de organizaciones, entidades, fundaciones sin ánimo de lucro, de aquellos que atienden a las personas con algún tipo de discapacidad, algún tipo de enfermedad o con familias en riesgo de vulnerabilidad; hablamos de una política social que blinda a nuestra sociedad del bienestar y hablamos de que son ellos los que llegan a donde la administración no alcanza”, ha sostenido.

Así, ha apuntado que estas entidades dependen “en muchos casos” de las convocatorias anuales de subvenciones, “convocatorias que salen tarde y que en muchos casos no tienen resoluciones definitivas hasta después del verano”, lo que “genera inseguridad jurídica” e “inestabilidad” económica.

“Esto no es respeto institucional, esto es no entender la dimensión social que acometen los colectivos sociosanitarios en Castilla-La Mancha. Y mientras que esto pasa, la región sigue en un 34% de pobreza, en un 9,8% de pobreza severa o en con un 51% de familias que no pueden llegar a final de mes”, ha lamentado.

Es por todo ello por lo que desde el PP han solicitado que el próximo jueves, en las Cortes, esté blindado por ley el concierto social y que “todos los colectivos sociosanitarios y todo el tercer sector acuda a ese modelo de concierto social obligado por la legislación para garantizar su estabilidad jurídica y su seguridad económica”.

También Vox pide su “inmediata reanudación”

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez, también ha exigido este lunes al presidente regional, Emiliano García-Page, la “inmediata reanudación” de la carrera profesional sanitaria, coincidiendo con el 14 aniversario de su paralización.

Desde Vox han recordado que esta medida supuso la suspensión del derecho de los profesionales del Sescam a acceder a nuevos grados de carrera profesional, un sistema de reconocimiento ligado a la formación, la experiencia y el compromiso con la organización sanitaria, ha informado el partido en nota de prensa.

Iván Sánchez ha subrayado que Castilla-La Mancha es actualmente la única región donde este sistema permanece bloqueado, mientras que en el resto de servicios de salud ya se encuentra operativo y permite a los profesionales progresar y mejorar sus condiciones.

Denuncia que el PSOE ha incumplido sus compromisos electorales, recordando que la recuperación de la carrera sanitaria ha sido incluida en los tres últimos programas socialistas.

Asimismo, ha incidido en el impacto económico que esta paralización tiene sobre los trabajadores sanitarios, señalando que, en algunos casos, puede suponer una pérdida de hasta 1.200 euros mensuales.

“El mantenimiento de este bloqueo supone una pérdida directa en el reconocimiento profesional y en la retribución de quienes sostienen el sistema sanitario”, ha afirmado.

Hace meses que Sumar presiona para que el Gobierno apruebe una ayuda universal a la crianza. El Ejecutivo ya aprobó en noviembre una declaración institucional en la que abogaba por poner en marcha esta prestación y hoy la ha incluido en la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible. Pero la ayuda, por ahora, está lejos de ser una realidad.

Aunque algunos medios se han apresurado a titular hoy que la prestación ya se ha aprobado, e indican quien podría cobrarla o como optar a ella, lo cierto es que se trata de una propuesta que no se ha concretado más allá de un objetivo a largo plazo. No hay ninguna prestación ya en marcha.

La estrategia de cara a 2030 aprobada este martes fija un centenar de metas y 10 objetivos principales. Uno de ellos es la lucha contra la pobreza infantil, en la que se incorpora como aspiración una prestación universal por crianza para que llegue a todas las familias con hijos menores a su cargo. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha alegado que esta medida se ha aplicado en otros países y que se trata de una herramienta eficaz. Desde el ministerio señalan que esta medida debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

En noviembre una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre, el Gobierno apuesta por ampliar el apoyo a las familias y destaca algunas medidas para hacer frente a la pobreza infantil, como el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, “mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”.

En aquel momento, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dijo que antes de “reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil” había que evaluar las ayudas que hay actualmente.

“Tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido los instrumentos que en este momento muy cuantiosos hemos puesto en marcha” y “si hay que mejorarlo en una sola prestación habría que hacer una refundación de todos estos complementos en alguna otra prestación se llamara como se llamara”, afirmó.

El Gobierno no tiene sobre la mesa proyecto de presupuestos aún, así que la medida ni siquiera está contemplada a corto plazo. Además, las palabras de Montero sugieren que Sumar tiene aún que vencer algunas resistencias dentro del Gobierno para poder siquiera iniciar la tramitación de esta ayuda.

¿Cuál es la propuesta de Sumar?

En la negociación de los presupuestos entre los partidos de la coalición de Gobierno, Sumar ya propuso que todas las familias perciban 200 euros al mes por cada hijo, hasta que cumplan 18 años, independientemente de su renta.

En su programa electoral ya recogían esta medida: “Impulso de una prestación por crianza, para luchar por la erradicación de la pobreza infantil. Se cobrará hasta los 18 años y unificará en una única ayuda el actual complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF”.

Un estudio elaborado por Unicef calcula que un aumento del ingreso mínimo vital del 40% por cada hijo en el hogar reduciría la pobreza monetaria (vivir con ingresos un 60% inferiores a la renta mediana del país) en 1,8 puntos porcentuales, mientras que una prestación universal de 200 euros al mes por hijo lo haría casi cuatro veces más, en 7,1 puntos.

Respecto al actual nivel de 29,2% de menores en pobreza monetaria en España, esta ayuda de 200 euros mensuales por niño supondría, por tanto, sacar a algo más de medio millón de menores de esta situación de precariedad y vulneración de derechos, alrededor de 540.0000 niños, según los cálculos de Unicef.

Alicia y Enrique tienen dos hijos, la mayor tiene tres años y medio. El pequeño cumplirá un año el próximo 14 de febrero. En ambos casos, este matrimonio de Logroño, ha disfrutado de la prestación por nacimiento y cuidado de menor. A lo largo de 2025, el gasto en estas prestaciones superó los 3.800 millones, 24,4 millones en La Rioja. Y como dice Alicia, “nadie tiene un hijo por las ayudas, los tenemos porque queremos y nos apetece y aunque estas medidas vienen muy bien, hay que hacerlas con sentido”.

En La Rioja, de enero a diciembre de 2025, se concedieron 3.430 prestaciones: 1.483 fueron a madres y 1.947 a padres. El permiso por nacimiento es un derecho laboral retribuido que permite a cada progenitor disfrutar de 19 semanas de descanso tras el nacimiento, adopción o acogimiento de un hijo. El pasado mes de julio se mejoró esta protección con la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasó de 16 a 19 semanas, y hasta 32 semanas en el caso de las familias monoparentales.

Así, cada progenitor tiene sus 19 semanas y pueden disfrutarlas simultáneamente o en momentos distintos. Eso sí, tras el nacimiento, cada uno debe disfrutar unas semanas seguidas. La normativa establece que el primer tramo, seis semanas, debe realizarse de forma continuada inmediatamente después del parto o resolución de adopción. El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos.

Además, se añaden dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor (cuatro en familias monoparentales), que podrán disfrutarse de forma flexible hasta que el hijo o hija cumpla 8 años. Este derecho puede solicitarse retroactivamente para nacimientos a partir del 2 de agosto de 2024 y ya está disponible desde el 1 de enero de 2026. La solicitud puede presentarse con una antelación máxima de 15 días a la fecha de inicio del periodo de disfrute. La cuantía de estas prestaciones es equivalente al cien por cien de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo de inicio del descanso.

Es fundamental estar los dos en casa durante las primeras semanas para que, entre otras cosas, la madre se pueda recuperar. Hay una parte física importante tras el parto y la presencia de la pareja es vital".

Alicia, madre que ha disfrutado del permiso por nacimiento y cuidado de menor

Alicia y Enrique ya han vuelto a normalidad laboral, pero reconocen que el hecho de que los dos hayan podido disfrutar de estos permisos es importante y necesario para toda la familia. “Desde San Mateo y hasta el 12 de diciembre he disfrutado yo solo del permiso”, cuenta Enrique. Alicia lo hizo desde mayo hasta junio. “Este tiempo que hemos podido estar solos con el bebé ha sido un respiro muy bueno para poder atender a nuestro hijo, tiempo durante el que hemos podido crear un vínculo muy especial con él”, reconoce Enrique. Aun así, siente envidia al compararse con otros países europeos. “Los doce primeros meses del bebé son esenciales, aquí todavía no tenemos esa suerte. Vamos bastante retrasados con respecto a Europa en este sentido”.

Afirmación que comparte Alicia. “Es una medida muy positiva, pero corta”. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusiva durante los seis primeros meses de vida, algo que en muchas familias es imposible o bastante complicado. “Es imposible cumplir con una jornada laboral y poder dar pecho a demanda”, asegura Alicia. “Yo no he tenido esa suerte aunque tengas a tu pareja en casa con el niño”. Asimismo celebra que los hombres puedan disfrutar de este derecho porque, además de favorecer el vínculo con los bebés, “es fundamental estar los dos en casa durante las primeras semanas para que, entre otras cosas, la madre se pueda recuperar. Hay una parte física importante tras el parto y la presencia de la pareja es vital”.

Los derechos cuestan conseguirlos y si se consiguen es por algo, no son un capricho"

Enrique, padre que ha disfrutado de un permiso por nacimiento y cuidado del menor

Este matrimonio considera estos permisos como un derecho adquirido. “No son bajas ni vacaciones, dos términos antónimos que se utilizan al hablar de la situación de las personas que están disfrutando de estos permisos -todavía estás de vacaciones, aún estás de baja- y que no se ajustan a la realidad. La terminología dice mucho de cómo se percibe este permiso”, considera Enrique. Y al igual que rechaza estos dos términos, también reacciona ante comentarios de personas que no tuvieron tanta suerte como él. “No os quejéis, yo solo tuve tres días o quince... Los derechos cuestan conseguirlos y si se consiguen es por algo, no son un capricho”, sentencia.

En La Rioja, cerca del 57 por ciento de las prestaciones se han concedido a hombres. Afortunadamente, cuenta Alicia, los tiempos van cambiando y “cada vez son más hombres los que disfrutan de estos derechos y se implican en la crianza de los hijos”. Enrique es uno de ellos. “Me parece lo natural, lo lógico. Me da rabia que sigua siendo lo extraordinario”. Ha asistido a cursos en la Universidad Popular de Logroño, “y en algunos, era el único hombre”. Disfruta de derechos adquiridos y a la vez ha servido de ejemplo a su hija mayor: “papá perfectamente se puede quedar en casa cuidando del bebé mientras mamá trabaja”. Aun así todavía quedan personas con mentalidad machista que piensan que el cuidado de los hijos es cosa de ellas. “Todavía existe esta mentalidad, es triste, pero es así. Una vez me fui de vacaciones solo con mis hijos porque mi mujer se había ido unos días con unas amigas y hubo personas que no lo entendieron del todo. Anteriormente, también me fui yo unos días con mis amigos. En estos casos nunca nos preguntan con quién se han quedado los niños. A la madre casi siempre”.

Sin embargo, las excedencias siguen siendo femeninas. A lo largo de 2025, en La Rioja se registraron 518, cuatro más que en 2024. Y de este total, más del 90 por ciento, 471, fueron solicitadas por mujeres, frente al 9 por ciento (47) que fueron solicitadas por hombres.

Hay ayudas públicas que se buscan porque se conocen. En el caso del bono social térmico es justo al contrario: se trata de una prestación que a veces llega a la cuenta sin hacer ruido y sin que el beneficiario tenga muy claro por qué le han ingresado ese dinero. Es una ayuda pensada para hogares vulnerables, pero sigue siendo una de las más invisibles del sistema.

El bono social térmico está diseñado para aliviar el gasto en calefacción, agua caliente o cocina durante los meses fríos. Aunque se le suele llamar 'la ayuda del gas', no es exclusivo del gas natural. De hecho, también beneficia a familias que se calientan con butano, gasóleo o incluso sistemas eléctricos, porque no se fija en el combustible exacto, sino en la situación del hogar y en un criterio muy concreto: tener reconocido el bono social eléctrico.

Lo primero que conviene saber es que el bono social térmico no se solicita como una ayuda independiente. No hay un formulario universal para pedirlo y no se tramita como un cheque. La gran condición para cobrarlo en 2026 es mucho más simple: tener el bono social eléctrico activo a 31 de diciembre de 2025.

Esto es lo que deja fuera a muchas personas sin que se den cuenta. Porque si una familia cumple requisitos económicos, pero no ha solicitado el bono eléctrico, o lo tenía y lo perdió por un cambio de tarifa, es muy posible que no reciba el ingreso del bono térmico al año siguiente. No es que le falte un papel para 'pedir el bono del gas'. Es que el sistema funciona como una puerta con doble cerradura: primero entra el bono eléctrico y, después, el térmico llega solo.

¿Qué hay que hacer para cobrar el bono social térmico en 2026?

En realidad, lo que hay que hacer es asegurarse de tener el bono social eléctrico, porque es el requisito que abre el resto. Para conseguirlo, hay dos condiciones.

La primera es técnica: hay que tener contratada la tarifa regulada de electricidad, la PVPC, y una potencia de hasta 10 kW. Esto, en la práctica, significa que muchas personas que están en el mercado libre —la mayoría— no pueden acceder al bono hasta que cambian a la tarifa regulada. No es una cuestión de ingresos: es que el tipo de contrato te deja dentro o fuera.

La segunda condición ya es económica: el bono social eléctrico se concede según ingresos y composición familiar. La administración distingue entre consumidor vulnerable y vulnerable severo, y aplica umbrales diferentes según si hay menores a cargo, familia numerosa, pensiones mínimas y otras situaciones. Lo importante no es memorizar cifras: lo importante es no descartarse sin comprobarlo, porque muchas personas entran en los requisitos y no lo saben.

El trámite se hace a través de una comercializadora de referencia, que son las compañías autorizadas a gestionar el bono social en tarifa regulada. Se pide con un formulario específico y documentación habitual: DNI, empadronamiento, unidad familiar y justificantes o autorizaciones para comprobar ingresos. Es una de esas gestiones que tiene un efecto inmediato y otro diferido que a veces se pasa por alto: el pago anual del térmico.

Cuánto se cobra en 2026

El importe del bono social térmico depende de dos variables. Por un lado, del grado de vulnerabilidad reconocido (vulnerable o vulnerable severo). Por otro, de la zona climática en la que está el domicilio, porque el sistema entiende que el gasto en calefacción no es el mismo en una provincia con inviernos suaves que en otra donde el frío dura medio año.

Eso explica que el bono no sea una cantidad estándar, sino un abanico. En la práctica, suele moverse en una horquilla amplia: desde alrededor de 40–50 euros en los casos más bajos hasta unos 350–375 euros en los más altos, cuando se combina una vulnerabilidad severa con una zona climática fría.

De hecho, es habitual que en lugares templados el ingreso sea moderado y en zonas frías el bono suba bastante. Esto puede generar una sensación extraña: hay familias que oyen hablar del bono térmico y esperan 200 euros, pero reciben bastante menos; y otras, en condiciones más duras y con inviernos más exigentes, reciben importes mucho más altos sin que sea una excepción.

Para que se entienda: el bono no calcula cuánto pagas de gas o cuánta calefacción usas; calcula quién eres a nivel socioeconómico y dónde vives en términos climáticos.

Cuándo se cobra el bono social térmico

El bono social térmico se cobra en un solo pago anual, mediante transferencia bancaria, normalmente en el primer trimestre de 2026. Lo gestionan las comunidades autónomas a partir del listado de beneficiarios del bono social eléctrico, así que no depende de que la familia lo pida, sino de que el sistema tenga bien sus datos.

Y aquí está el típico problema silencioso: los datos bancarios. Si hay un error de cuenta, si el titular ha cambiado, si la administración no puede verificar la información o si falta algún dato, el pago se puede retrasar o quedar pendiente. Si llega una notificación oficial relacionada con el bono térmico, conviene no dejarla en un cajón.

Aunque mucha gente lo desconoce, el bono social térmico tiene implicaciones fiscales. A efectos del IRPF se considera una ganancia patrimonial, así que si se presenta la declaración de la renta, debe aparecer reflejado. Esto no significa que cobrarlo obligue automáticamente a declarar, pero sí conviene saber que no es un ingreso invisible para Hacienda.

El PSOE ha denunciado lo que considera un “nuevo ataque” de la Junta de Extremadura a las entidades locales menores a las que se excluye de manera “injustificada” en el decreto por el que se regulan subvenciones para la finalización de obras, reforma, adaptación y equipamiento de centros residenciales y de servicios de proximidad.

Los socialistas aseguran que esta decisión deja fuera a 22 entidades locales menores, como ha puesto de manifiesto la Federación de Entidades Locales Menores de Extremadura (FELMEX) tras analizar el contenido del decreto y confirmar con la propia Consejería de Salud y Políticas Sociales que no pueden concurrir como beneficiarias a estas ayudas.

Para el PSOE de Extremadura, esta exclusión supone un grave agravio territorial y un nuevo ejemplo “del desprecio de la Junta de Extremadura de Guardiola al mundo rural”. A su juicio, se trata de una discriminación que afecta directamente a los vecinos y vecinas de estas entidades, vulnerando el principio de cohesión territorial y negándoles el acceso en igualdad de condiciones a servicios esenciales de atención a la dependencia.

El PSOE recuerda que Las Entidades Locales Menores gestionan infraestructuras y servicios de proximidad que son claves para garantizar la atención social, el arraigo poblacional y la lucha contra la despoblación. Por este motivo, impedirles el acceso a fondos destinados a centros de día, residenciales o nocturnos “supone condenar estas instalaciones a la obsolescencia y debilitar aún más la red pública de servicios sociales en las zonas rurales”.

El PSOE considera especialmente preocupante que esta exclusión contradiga el espíritu que deben guiar las políticas sociales y demuestra una falta absoluta de sensibilidad y planificación por parte de la Junta de Extremadura. Por ello, exige al Gobierno de la Junta la modificación inmediata del decreto en cuestión para que las Entidades Locales Menores puedan ser beneficiarias de pleno derecho en todas las líneas de ayuda.

En caso contrario, reclama una respuesta política urgente que dé solución al desamparo financiero al que se está sometiendo a estas 22 entidades locales.

Por último, indica que seguirá defendiendo una región cohesionada, con igualdad de oportunidades y con servicios públicos dignos vivan donde vivan los ciudadanos, frente a un Gobierno regional que vuelve a dar la espalda al mundo rural. 

La Fundación Soliss ha hecho públicos los proyectos ganadores de la segunda edición de su convocatoria de ayudas, una iniciativa ya consolidada que refuerza su compromiso con el desarrollo social, sanitario, cultural y deportivo de Castilla-La Mancha.

En esta edición, la Fundación respaldará once proyectos impulsados por entidades sociales de referencia, seleccionados por su impacto directo en las personas, su capacidad transformadora y su alineación con los valores de solidaridad, inclusión y cohesión social “que definen la acción de Soliss en el territorio”.

Los proyectos beneficiarios abarcan ámbitos tan diversos como la inclusión de personas con discapacidad, la investigación oncológica, el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, la promoción de hábitos saludables, el deporte inclusivo o la dinamización cultural y patrimonial, reflejando la pluralidad y fortaleza del tejido asociativo regional.

Estos han sido los proyectos seleccionados:

Un compromiso estable con el impacto social

Con esta segunda edición, la Fundación Soliss consolida su papel como “aliada estratégica del tercer sector”, apoyando iniciativas que mejoran de forma tangible la calidad de vida de miles de personas y fortalecen la cohesión social en el ámbito local y regional.

La Fundación apuesta por proyectos con impacto social, cultural, medioambiental y deportivo, impulsados por entidades que trabajan “desde la cercanía, el conocimiento del entorno y una clara vocación de servicio público”.

Próxima convocatoria: Ayudas Fundación Soliss 2026

Además, la Fundación Soliss anuncia que en las próximas semanas se lanzará la convocatoria de ayudas correspondiente a 2026, cuyo plazo de presentación de proyectos finalizará en el mes de mayo.

Desde la Fundación se anima a las entidades interesadas a permanecer atentas a las redes sociales y a la página web oficial, donde se publicarán las bases, requisitos y plazos de participación de esta nueva edición, que “volverá a apostar por iniciativas con capacidad de generar un impacto positivo y duradero en Castilla-La Mancha”.

El PSOE propone reformar el sistema de ayudas de emergencia para “mejorar la eficacia del sistema y reforzar el carácter público y garantista de los servicios sociales” ya que Conrado Escobar “está ejecutando el presupuesto muy por debajo de lo previsto a pesar de que existen necesidades sociales reales y acreditadas”.

Así lo ha señalado el concejal del Grupo Municipal Socialista, Iván Reinares, esta mañana en una rueda de prensa, donde ha explicado que la reforma que plantea el PSOE es “sensata, realista y necesaria” y que “cumple con la normativa municipal de subvenciones, actualiza las cuantías, los criterios de acceso y los procedimientos adaptándolos a la realidad social y económica de Logroño”.

El edil ha indicado que el actual sistema “no está bien diseñado para llegar de forma eficaz a quien lo necesita” y que Escobar “no está haciendo nada por evitarlo”.

Y es que “no se trata solo de cambiar importes o introducir ajustes puntuales”, hay que “revisar el conjunto del sistema” para que se responda “a las necesidades reales que hoy atienden los servicios sociales municipales”, ha insistido el concejal socialista.

La propuesta del PSOE refuerza el papel del informe social, que “es la herramienta profesional que mejor permite valorar la situación real de las personas”, ha reseñado Reinares.

Además, el Grupo Socialista plantea que “el sistema garantice la continuidad de las ayudas con independencia del calendario presupuestario” y que se trabaje “de forma coordinada con los órganos de fiscalización para evitar los bloqueos en la tramitación de los pagos”.,

El concejal ha reconocido que el sistema actual funciona “gracias al esfuerzo y la profesionalidad de los equipos de servicios sociales municipales” pero “arrastra incoherencias normativas y limitaciones que no se pueden resolver con parches”.

La propuesta planteada vía moción incluye un anexo completo, una propuesta de ordenanza, de bases y de convocatoria. De esta forma “el trabajo está hecho, ahora solo falta voluntad política para ponerla en marcha”, ha afirmado Iván Reinares apelando a la mayoría absoluta del PP.

La pregunta se repite cada año: ¿quiere marcar la casilla para la Iglesia Católica o para las actividades de interés social? En la declaración de la renta cada uno decide a dónde destina el 0,7% del IRPF. Un impuesto que recauda millones de euros en todo el país con el fin de mejorar la red asociativa mediante los proyectos sin ánimo de lucro. En el caso de Andalucía, la última convocatoria salió con más de 56 millones de euros, de los que 6,5 millones estaban destinados a las entidades de ámbito provincial. Sin embargo, el proceso ha despertado la crítica de varias asociaciones de pequeño y mediano tamaño que han sido descartadas por no cumplir con el requisito de un presupuesto mínimo.

¿Cuál era la cantidad establecida? La Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones, adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, publicó las instrucciones a cumplir de la convocatoria en mayo del año pasado e indicaba que en los programas de ámbito provincial el dinero mínimo a gastar era 15.000 euros, a excepción de los ámbitos de igualdad de género, LGTBI e intervención del voluntariado, con 5.000 euros.

Esta medida provocó que siete asociaciones formaran la Coordinadora Andaluza del Tercer Sector, entre las que se encuentran Nexo, Zaqueo, Adhara, Asaenes, el Comité Español de Cooperación al Desarrollo, la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado, y Lubna. Con el ánimo de recabar apoyos, publicaron un manifiesto que hicieron circular por los canales de mensajería instantánea al que, aseguran, ya se han adscrito unas 40 asociaciones. En busca de respuestas, se dirigieron al Defensor del Pueblo Andaluz y, tras el período navideño, han retomado el diálogo con la parte responsable de la Junta de Andalucía.

Al respecto, Amparo Morillo, psicóloga de la asociación Zaqueo, asegura en declaraciones a este medio que “hay una falta de transparencia en los criterios de adjudicación”. Sin respuesta desde la resolución definitiva de la convocatoria en diciembre, indica que, pese a que su proyecto obtuviera 63 puntos, como recoge el documento provisional pasando por encima de otros grupos sociales, quedó eliminado por aportación mínima. “El presupuesto parece pequeño, pero el año pasado era el mismo y sí se aprobó, por lo que nos destinaron 23.000 euros que ayudaron a contratar a una trabajadora social”. Esta cantidad suponía el 33% de los ingresos del ente y, ahora, no podrán cubrir los gastos de la trabajadora y deberán prescindir de ella. “Es una frustración, porque hemos visto muchas injusticias y esta es la definitiva: las entidades pequeñas nos vemos fuera de cualquier posibilidad de réplica”, manifiesta.

Inflar los presupuestos

El documento de la convocatoria fue publicado el 28 de mayo del año pasado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y supera los 56 millones de euros que están distribuidos en cuatro vías de financiación. Dos de ellas dependen del área de actuación de las asociaciones, por lo que se distingue entre área provincial, con más de 6 millones, y área supraprovincial —aquellas asociaciones que actúen en más de una provincia—, con 39,2 millones. Cada ámbito tiene diez líneas de actuación, según a lo que se dedique la entidad social, como, por ejemplo, los programas dedicados a la infancia, adolescencia y juventud, a las personas mayores, así como a las personas con discapacidad, a la comunidad gitana, al igual que los proyectos dedicados a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres o para las personas migrantes y la garantía de los derechos del colectivo LGTBI.

A tenor de lo sucedido, Ana Cirera, técnica de Asaenes, asevera que someten a las entidades a una difícil diatriba: “Te obligan a presentar proyectos con presupuestos inflados. Por ejemplo, si contratas a una persona, ya son 20.000 euros, pero, ¿y si en la resolución te dan menos dinero de lo que has presupuestado? Lo reformulas y desinflas. Por tanto, no es un presupuesto real, sino inventado”. Ante la falta de financiación, señala que este año se quedarán en un cajón cuatro proyectos, “así que el impacto es, por un lado, los despidos y, por otro, no prestar el servicio a las personas que atendemos”, subraya, “todos eran relacionados con colectivos vulnerables, tanto para aquellas personas con trastorno mental grave, que se encuentran en la calle o dedicados al apoyo de las familias cuidadoras, con las que trabajamos para descargar el peso emocional y físico que sufren día a día”.

El último encuentro que se ha producido entre la administración y la plataforma se dio el pasado lunes 12, donde se le requirió a la Secretaría General de Inclusión Social, dirigida por Ana Vanessa García, que se acordaran criterios claros, públicos y equitativos, aparte de una transparencia “total” en los procesos de evaluación, con acceso a los informes correspondientes. La Coordinadora resalta que “la decisión final de adjudicar la financiación no se basa únicamente en la valoración técnica de los proyectos, sino en una fórmula matemática que considera datos ajenos al conocimiento de las asociaciones, lo que limita su capacidad de planificación presupuestaria y reduce las oportunidades de acceder a financiación”.

A raíz de la movilización de esta plataforma, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad respondió a esta cabecera que las bases reguladoras de la convocatoria fueron “ampliamente trabajadas” por la Mesa del Tercer Sector, teniendo su trámite de audiencia pública y alegaciones. Además, destacan que, por primera vez, se logró sacar la línea 4, destinada a las entidades de ámbito provincial, “una queja histórica” de los afectados dado que “no podían competir” con aquellos grupos de mayor músculo financiero. “Hay un número muy grande de asociaciones que entran en estas subvenciones en concurrencia competitiva, pero es una cuestión que se ha consensuado”, defienden las fuentes consultadas de la cartera de Loles López.

Más autofinanciación

En representación de la Mesa del Tercer Sector, habla Guillermo Bellouard, su secretario técnico, quien destaca el papel de su organización al ser el interlocutor de la Consejería en la Comisión permanente de diálogo con la Mesa. Un papel desempeñado durante largo tiempo y que ha dado ido dando sus frutos, como la reciente aprobación de la Ley del Tercer Sector en Andalucía.

“Llevamos años presentando alegaciones en cada proceso de modificación de bases por las vías legales pertinentes y reuniéndonos con la Consejería en el espacio propiamente adecuado, pero pero ante muchas de nuestras reivindicaciones, propuestas o reclamos, recibimos como excusa final la falta de presupuesto”, indica. Si bien lamenta que la nueva plataforma no se haya puesto en contacto con ellos, admite que el reclamo más urgente es aumentar la cuantía económica de las partidas a través de los recursos autonómicos: “Los fondos del IRPF corresponden a los fondos estatales, no son los propios de la Consejería, por lo que venimos pidiendo en la comisión permanente que se incrementen las subvenciones autofinanciadas por la Junta”, sostiene Bellouard.

Cáritas, la Fundación Don Bosco, la Caridad de San Vicente de Paúl o el Patronato Santo Domingo, entre otras, son algunas de las entidades de carácter religioso que concurren en estas convocatorias y se ven beneficiadas en la adjudicación final

Otras entidades deciden prescindir del dinero público ante el reiterado rechazo en este tipo de subvenciones y optan por mantenerse en virtud de la aportación de sus socios, aunque el campo de acción disminuya considerablemente, como ocurre en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Diego Boza, coordinador general, critica que esta situación se ha agravado desde la entrada del Gobierno de Juanma Moreno: “El resultado provoca, y así lo ven otras entidades, que el dinero no llegue a los proyectos medios y pequeños, los que tienen una potencialidad de ayudar a la ciudadanía, mientras que muchas de las beneficiadas están participadas por la Iglesia”.

Cáritas, la Fundación Don Bosco, la Caridad de San Vicente de Paúl o el Patronato Santo Domingo, entre otras, son algunas de las entidades de carácter religioso que concurren en estas convocatorias y se ven beneficiadas en la adjudicación final, “lo que genera una situación paradójica, porque el contribuyente no marca el 0,7% que se destina a la Iglesia Católica y, al final, parece que lo hace”.

La APDHA se mantiene a través de los mil socios que tienen repartidos por la comunidad y diferentes acuerdos y colaboraciones con algunos municipios, como en Cádiz o Córdoba, detalla el representante, así que gozan de cierta “tranquilidad” al no depender directamente de las líneas de apoyo de la Junta de Andalucía. “Esto no quita que, al presentarnos a las convocatorias, veamos que hay una preferencia clarísima a proyectos asistencialistas, aquellos que lo que hacen es sustituir a la administración donde no llega. Además, con la exigencia de un determinado tamaño de proyecto, habrá entidades que no podrán alcanzarlo nunca porque no tienen esos fondos previos, por lo que se discrimina la capacidad de acceder a fondos públicos”, añade. El asunto está ahora en manos del Defensor del Pueblo Andaluz, quien pidió a la plataforma un plazo razonable para que la administración respondiera a sus peticiones.