Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos mujeres y un hombre acusados de delitos contra la salud pública por almacenar y distribuir ilegalmente marihuana y hachís desde una asociación cannábica que se escondía tras un establecimiento de “experiencias inmersivas”. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando un equipo de policías del Grupo de Atención al Ciudadano patrullaban por la zona.

Los agentes se percataron de un fuerte olor a marihuana que provenía de un establecimiento de ocio donde presuntamente se ofrecían “experiencias inmersivas”, según un comunicado conjunto de ambos Cuerpos. Tras acceder al local y entrevistarse con los empleados, los agentes descubrieron que realmente se trataba de una asociación cannábica, a pesar de que no estaban publicitados como tal.

En el interior se incautaron cuatro kilos de marihuana, casi 1.500 gramos de hachís, 30 kilos de resina de hachís, 80 pastillas y útiles para la distribución de sustancias. Tras unas rápidas pesquisas, la Policía comprobó que esta empresa estaba dada de alta como asociación cannábica y usaba su apariencia legal para almacenar y distribuir sustancias estupefacientes, ya que carecía de licencia para la distribución lícita de estas sustancias.

A los detenidos se les acusa de un posible delito contra la salud pública, y a uno de ellos además se le imputa también asociación ilícita. Los tres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a dos años, un mes y 15 días de prisión a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, por maniobrar con dos policías municipales del Ayuntamiento de Madrid para conseguir información de matrículas de coches “para obtener ingresos paralelos”. Le condena como inductor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y como autor de un delito de cohecho activo. 

El tribunal estima parcialmente el recurso de Gómez de Iglesias y acepta que concurre en el caso la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, y no solo simple como determinó la Audiencia Provincial de Madrid. Por ello, rebaja un grado la pena y reduce a la mitad las condenas de prisión que estableció la Audiencia madrileña, que sumaban cuatro años y tres meses de prisión.

El Supremo argumenta al respecto que la sentencia recurrida admite “que la fase previa tardó en tramitarse casi diez años y otros tres las fases preparatorias y de juicio oral”, “lo que arroja un resultado concluyente: trece años de prolongación de la causa hasta sentencia”, periodo que es extraordinario y que justifica la aplicación de la atenuante como muy cualificada.

Por otro lado, absuelve a Gómez de Iglesias como inductor de un delito de violación de secretos oficiales, por el que fue condenado a una pena de multa, al haber absuelto como autor del mismo al que entonces era coordinador de seguridad municipal.

La sentencia confirma la pena de 2 años, 1 mes y 15 días también a los dos policías municipales que facilitaron los datos a Gómez Iglesias, en su caso como autores de revelación de secretos y por delito de cohecho activo. A ambos les reduce a la mitad las penas que impuso la Audiencia de Madrid por aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Asimismo, absuelve a un guardia civil destinado en la Casa Real del delito de revelación de secretos por el que había sido condenado a 15 meses de prisión.

El fracaso del principal proyecto industrial del Gobierno de Alfonso Rueda es culpa de la oposición, dice Alfonso Rueda. Pese al entusiasmo burocrático y político con el que la Xunta defendió la idea de implantar una macrocelulosa en el corazón de Galicia, no fue capaz de llevarlo a término y la semana pasada anunció su archivo. De entrada responsabilizó al Ejecutivo de Sánchez por dejar la iniciativa de Altri fuera de la planificación eléctrica, pero en la sesión de control parlamentario de este miércoles ese argumentario quedó en segundo plano y BNG y Partido Socialista ocuparon el centro de su diana. Lo que Rueda no mencionó fue el formidable rechazo vecinal y ecologista, que organizó algunas de las manifestaciones más concurridas de los últimos años en la comunidad, ni las múltiples críticas de instancias científicas y expertas. El presidente gallego tampoco despejó otras incógnitas: se volvió a negar a desvelar el acuerdo secreto que firmó su gabinete con la empresa a través de la sociedad público privada Impulsa -hoy disuelta- y no aclaró si tiene un plan industrial más allá de Altri.

Fue Ana Pontón, la líder del BNG, quién se interesó por el ya célebre documento. “¿Qué esconde? ¿Qué dice ese papel para tener que ocultarlo a las gallegas y gallegos? Entréguelo ya a esta Cámara”, acabó su primera intervención. Antes había atribuido el final administrativo de la pastera “al pueblo gallego” y a las sostenidas movilizaciones coordinadas por la Plataforma Ulloa Viva. “El BNG acompañó”, dijo, “a la gente que defendió la dignidad y el sentido común. Es una victoria del pueblo gallego y su derrota personal”. Altri, a través de la compañía Greenfiber de la mano de un empresario coruñés, pretendía instalar en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) una factoría que produjese 400.000 toneladas anuales de celulosa solube y 200.000 de fibra textil vegetal lyocell. Para ello absorbería 46.000 metros cúbicos diarios de agua del río Ulla -a escasos kilómetros de su nacimiento-, de los que devolvería 30.000 “convenientemente tratados”. El número de empleos que crearía osciló de los 2.500 prometidos por Feijóo a los menos de 500 directos.

“Alguien tiene que asumir la responsabilidad de apostar toda una política industrial a una carta perdedora”, insistió Pontón, “usted solo ha ofrecido el franquismo industrial de una macrocelulosa”. Pero si algo no hizo Rueda en su réplica fue asumir responsabilidades. Sí repartirlas. “Está siendo una sesión divertida”, quiso ironizar, “tratan de ponerse una medallita para ver quién impide que se instale industria en Galicia”. “Pero hay un claro perdedor, Galicia y su futuro”, añadió, como si él no fuese presidente de la comunidad desde 2022 y miembro de la primera línea de sus gobiernos -conselleiro y vicepresidente- desde 2009. “¿Qué le va a decir a los jóvenes que quieren trabajar en Galicia?”, le espetó a la portavoz nacionalista, “¿cuál es su Arcadia feliz y el futuro de los jóvenes?”. Él mismo no ofreció ninguna pista, más allá de una apelación genérica a la industria que, en abstracto, comparten todos los grupos con escaños en O Hórreo. Sobre por qué un día aseguró que, de no haber dinero europeo para Altri, la Xunta buscaría otras vías de financiación y después cambió de parecer sin mayores explicaciones no se pronunció.

La portavoz del BNG no dejó escapar esos silencios de Rueda. “Poco menos que Lugo va a ser el Lejano Oeste sin Altri”, criticó los discursos del PP tras dar carpetazo al proyecto, “hambre y atraso. Las 4.000 familias trabajadoras de A Ulloa, las 19.000 que viven del mar, ¿eso es atraso? Como no consiguieron imponer la macrocelulosa, va a haber hambre y atraso y ninguna política industrial, es lo que está diciendo”. Pontón tampoco calló ante la acusación de que su formación, al igual que el Partido Socialista, habían apoyado la iniciativa de la pastera y más tarde pasado a la oposición. “Ustedes vendieron una biofábrica y en realidad era una macrocelulosa. Se cuidaron muy mucho de no publicar el proyecto antes de las elecciones”, dijo. Alfonso Rueda repitió su argumentario en el turno de cierra, se refirió a que el Gobierno de Sánchez dejó sin conexión eléctrica “gracias a usted o a Besteiro” a la provincia de Lugo y lo tildó de sectario. No asumió ninguna responsabilidad.

Besteiro a Rueda: “Desclasifique los papeles de Altri”

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, también había hablado de la macrocelulosa en su debate con Rueda, aunque fuera de pasada. “Usted no desclasifica los papeles de Altri. Es especialista en protestar por aquello en lo que no tiene competencias pero no en lo que sí”, definió la estrategia argumental del Partido Popular. Pero su preguntaba trataba sobre las relaciones entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos y lo que Besteiro entiende como “agresiones continuas” de Rueda a los principios de autonomía local, suficiencia económica e igualdad de trato de los consistorios. “Usted violenta las arcas municipales y saquea los concellos”, aseguró, “al atribuirles competencias impropias. Lo vemos con el servicio de ayuda al hogar o con la doble imposición del canon del agua”.

Alfonso Rueda lo negó. No aportó datos demasiado concretos pero sí frases: “Galicia es una de las comunidades en donde los ayuntamientos más participan de los impuestos que recauda el Gobierno autonómico”. También citó las modificaciones en las aportaciones al servicio de ayuda en el hogar -“pasa del 9,7% al 18% entre 2021 y 2028”- o las obras financiadas por el citado canon hidráulico. “Hay colaboración, hay acuerdos, hay lealtad”, resumió. Y atacó a Sánchez a propósito de la política de vivienda pública: “De las miles que ha prometido, ninguna en Galicia”. Besteiro le había recordado que en solo 15 días, el registro de demandantes en la comunidad había crecido en 667 personas, hasta los 29.800. El Gobierno de Rueda se ha comprometido a construir 10.000 en 2030 después de 15 años de gobiernos de su partido, y de los que él formaba parte como número dos o tres, de absoluta inacción en la materia.

El socialista le respondió que “sus desgracias no llevan el apellido de Sánchez, llevan el apellido de Feijóo” y, en esa línea, que “los problemas de Feijóo no son los problemas de Galicia”. Rueda no se dio por aludido y se revolvió con un “el Gobierno central no tiene una sola política de vivienda”. No le concedió ese estatus ni siquiera a medidas como la declaración de zona tensionada de alquiler que su propio gabinete ha dificultado en ciudades como A Coruña o Santiago de Compostela.

El pasado 31 de diciembre fue el último día en el que funcionó el teléfono 944205000 de la centralita de la Policía Muncipal. Se trataba de un servicio subcontratado por el Ayuntamiento que ofrece la empresa Lanalden y que hasta ahora daba trabajo a cinco personas. Sin embargo, la última licitación ha quedado desierta y el Ayuntamiento ha optado por “reorganizar el servicio con medios propios, optimizando recursos”. “Es un servicio que el Ayuntamiento ha ido sacando a licitación puntualmente y en el que ha ido incrementando las partidas presupuestarias de las sucesivas licitaciones, pero la última licitación ha quedado desierta y no se va a volver a licitar”, informan a este periódico desde el Ayuntamiento de Bilbao.

Dada la situación las cinco trabajadoras del servicio, que llevaban tiempo protagonizando huelgas para exigir mejoras en sus condiciones laborales, han lamentado que se dejará de atender “a 200.000 llamadas al año”. “Hablamos de un servicio que atiende a emergencias, consultas ciudadanas, llamadas de otros ayuntamientos, policías, juzgados o administraciones públicas. Las trabajadoras del servicio llevamos meses de huelgas para denunciar las condiciones precarias, el deterioro del servicio y los pliegos mal diseñados que ninguna empresa quiere asumir. El servicio salió otra vez a concurso, pero ninguna empresa se presentó. Esto no es casualidad. Es la consecuencia directa de un pliego mal hecho y sin garantías. Ante esta situación, el Ayuntamiento tenía opciones: rehacer el pliego, mejorar condiciones y garantizar la continuidad del servicio o negociar una salida al conflicto. No hizo nada de eso. En su lugar, la decisión ha sido rechazar la partida presupuestaria del servicio y dejarlo desaparecer”, critican las trabajadoras.

Según denuncian, entre cinco personas cubrían un servicio de 365 días al año durante 24 horas, lo que implicaba, entre otras cosas, no poder disfrutar de vacaciones. Además, según detallan desde el sindicato ELA, “la plantilla no solo llevaba a cabo las funciones propias de la centralita, sino funciones que van mucho más allá de las propias del Convenio de Contact Center estatal, como son; Información oficial sobre Policía Municipal, tramitación de bajas y licencias del personal funcionario, apertura de expedientes y requerimientos ciudadanos”.

Según reconocen, eliminar el teléfono “no elimina la necesidad”, sino que “traslada el problema” a una “saturación, desorganización, peor atención y un riesgo real a la ciudadanía”. “Denunciamos públicamente esta decisión, no solo por nuestros puestos de trabajo, sino por la seguridad, la atención ciudadana y el funcionamiento básico de la Policía Municipal de Bilbao”, sostienen.

Desde el sindicato Erne han denunciado que tras anular el número de teléfono de la centralita de la Policía Municipal, hay un “colapso del servicio policial en Bilbao”. En un comunicado, ha señalado que, desde el 1 de enero, las llamadas realizadas al 944205000 reciben un mensaje automático que deriva a los ciudadanos a los teléfonos 092 o 112, provocando “un incremento inmediato de la carga de trabajo en el Centro de Coordinación y Mando”. A su juicio, esta circunstancia agrava una situación que “ya era crítica”, debido “a la falta de efectivos y a la pérdida diaria de numerosas llamadas que no llegan a ser atendidas”. “Esta decisión va a suponer que muchos más ciudadanos queden sin atención policial, afectando directamente a un servicio esencial para la seguridad ciudadana”, han alertado desde el sindicato.

Para dar solución a esta problemática, han instado a la Dirección de Seguridad Ciudadana y al Equipo de Gobierno municipal a que “asuman su responsabilidad y actúen de manera inmediata”. “La situación del 944 20 50 00 era conocida desde hace tiempo, y la dejación de funciones por parte de los responsables municipales ha desembocado en este escenario, que se suma a una cadena de decisiones erróneas. Bilboko Udaltzaingoa se encuentra ante un auténtico desastre organizativo, cuyas consecuencias recaen tanto en los trabajadores del servicio como en la ciudadanía, que ve deteriorada su seguridad y su derecho a una atención policial eficaz”, han criticado.

Por su parte, el Ayuntamiento confirma a elDiario.es/Euskadi que no existe “ningún tipo de colapso o sobrecarga”. “Es un conflicto laboral entre la empresa contratada por el Ayuntamiento y sus trabajadores. Como ya es sabido, los trabajadores han hecho bastantes y prolongadas huelgas, y no ha habido una merma de la atención. Además, y durante esas huelgas, desde el Departamento de Trabajo no se ha considerado servicio esencial y no ha habido en ningún momento servicios mínimos decretados. Por otro lado, se está reorientando y reorganizando el servicio para que la atención se siga prestando sin ningún tipo de colapso o sobrecarga”, han concluido desde el Consistorio, quienes sostienen que en las próximas semanas podrán dar más información al respecto.

“Lamentablemente si llamáis al 944205000 no os podremos atender. Estamos en huelga luchando para que el Ayuntamiento no tenga el servicio en condiciones precarias para las trabajadoras y ciudadanos”. Es el mensaje que las cinco trabajadoras del servicio de atención telefónica de la Policía Municipal de Bilbao han lanzado cada día de huelga para protestar por sus condiciones laborales. Se trata de un servicio subcontratado por el Ayuntamiento que ofrece la empresa Lanalden.

Según denuncian, entre cinco personas cubren un servicio de 365 días al año durante 24 horas, lo que implica, entre otras cosas, no poder disfrutar de vacaciones. Además, según detallan desde el sindicato ELA, “la plantilla no solo lleva a cabo las funciones propias de la centralita, sino funciones que van mucho más allá de las propias del Convenio de Contact Center estatal, como son; Información oficial sobre Policía Municipal, tramitación de bajas y licencias del personal funcionario, apertura de expedientes y requerimientos ciudadanos”.

Las protestas en este servicio comenzaron en Aste Nagusia, cuando las trabajadoras secundaron nueve días de huelga el pasado agosto. Su objetivo era lograr que en la nueva contratación del servicio, sus condiciones laborales mejoraran. Sin embargo, tras hacer público el pliego de condiciones el pasado octubre, se dieron cuenta de que no se toma en consideración las reivindicaciones de la plantilla para la nueva contratación, a pesar de la huelga, por lo que han decidido seguir con más jornadas de paros. “No somos un call center cualquiera, atendemos las llamadas que sostienen la seguridad de Bilbao. Exigimos condiciones dignas y respeto. Sin nosotras Bilbao no se escucha”, lamentan las trabajadoras, todas mujeres, que este jueves han retomado las concentraciones.

“Tras meses en huelga, el Ayuntamiento saca nuevamente el pliego del Servicio de Atención de Llamadas de la Policía Municipal sin mejora alguna. Entre las reclamaciones de las trabajadoras estaba la de mejorar el servicio con más personal. Pero el Ayujntamiento de Bilbao prefiere que el ciudadano no tenga un servicio adecuado, y la única modificación en el pliego es la de limitar la cantidad de horas de servicio a 8. 760 horas. De esta manera solo habrá una persona atendiendo al teléfono aunque son plenamente conscientes de que se pierden casi el 50% de las llamadas. Contar con al menos dos personas para atender a los ciudadanos es necesario. Seguiremos luchando por servicios públicos dignos”, defienden las trabajadoras.

No es la primera vez que un servicio de estas características, subcontratado a la empresa Lanalden, protesta por sus condiciones laborales. De hecho, las trabajadoras de Sos Deiak, el servicio de emergencias del Gobierno vasco, llevan años denunciando la precariedad con la que trabajan. En ese caso setrata de 60 personas que atienden las llamadas al 112 de todo Euskadi en el centro de coordinación de Txurdinaga en Bilbao y, al igual que a las trabajadoras de la centralita de la Policía Municipal de Bilbao, en este caso les aplican el convenio estatal de telemarketing, el mismo que el de cualquier operadora de call center comercial. No obstante, las trabajadoras del 112 en Euskadi, al considerarse un servicio esencial, no tienen derecho a la huelga.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Bilbao y la empresa Lanalden para tratar esta , pero al cierre de esta edición no ha tenido respuesta.

El cierre temporal del Teatro Barceló se suspende de momento. Lo ha confirmado este miércoles el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, después de que la Justicia aceptara las medidas cautelares solicitadas por los promotores del edificio ante la orden de la Agencia de Actividades (ADA) del Ayuntamiento, que pidió el cese de sus actividades durante un año a partir de este jueves, 20 de noviembre.

La razón que origina todo este conflicto fueron dos infracciones detectadas por agentes de la Policía Municipal, que informaron de que el local excedía los límites de afoto que su licencia le permitía: un máximo de 990 personas. Carabante considera dichas infracciones un problema para la “seguridad de los usuarios” que acuden al teatro, pero los tribunales han aceptado la petición de sus dueños para examinar a fondo el asunto antes de consumar el cierre.

“Por lo tanto, de momento ha quedado suspendido ese precinto como consecuencia de que, insisto, han sido estimadas las medidas cautelarísimas que ha presentado el promotor”, ha concluido el delegado. En este escenario, las principales asociaciones madrileñas de ocio, hostelería, cultura, turismo y espectáculos han anunciado recientemente la reactivación de la Plataforma por el Ocio y han instado a Carabante la constitución urgente de una mesa de negociación para abordar lo que califican como “crisis de aforos” en locales de la capital.

En un comunicado, la plataforma integrada por Hostelería Madrid, Noche Madrid, Madrid en Vivo y las asociaciones de hostelería de Malasaña de la Latina y del Barrio de las Letras reacciona a “un ataque indiscriminado, injusto y arbitrario” por parte de la Agencia de Actividades (ADA) en los controles de aforo. “La noche madrileña es segura y los locales de ocio y hostelería actúan de forma profesional protegiendo la integridad física de sus clientes y sus trabajadores”, han resuelto en un comunicado.

Según ha explicado la organización, el origen del conflicto se encuentra en la aplicación de los tipos urbanísticos y criterios ambientales a la hora de calcular los aforos en los locales. En este sentido, exigen la eliminación del bloqueo a la revisión de aforos en la ZPAE de Centro, la recuperación inmediata de la Instrucción de Aforos, la suspensión de las órdenes de precinto en curso y la revisión de los expedientes abiertos.

Durante el último año se han sucedido numerosas inspecciones en tiendas de CBD (cáñamo industrial, un cannabinoide sin efectos psicoactivos) de Madrid por parte de agentes de la policía municipal. Algunas han terminado siendo auténticos operativos ‘antidroga’ en establecimientos que cumplen la ley. El cáñamo industrial es un producto que se comercializa legalmente en España, siempre que no supere los umbrales máximos de THC (tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo de la marihuana) y cumpla con la normativa europea. Sin embargo, algunos de los propietarios de estas tiendas sufren grandes incautaciones de productos e incluso son denunciados por los agentes, acusados de delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública, como informó elDiario.es.

Dos empresarios afectados por estas prácticas presuntamente irregulares, Ramón Merino y Pablo Gutiérrez, han presentado una querella contra uno de los agentes de la Policía Municipal de Madrid al cargo de estas operaciones, R.F., por presuntos delitos de detención ilegal, contra la integridad moral y coacciones, según consta en la documentación consultada por elDiario.es. Tal y como contamos en este periódico, las causas contra ellos fueron archivadas por dos juzgados de Madrid. Después, los dos empresarios solicitaron la apertura de diligencias previas para investigar al oficial de la Policía Municipal, a los responsables de ordenar y supervisar dichas intervenciones, así como a “cualquier otra persona que haya podido colaborar en la comisión de los presuntos delitos”. Esta denuncia fue admitida a trámite por Adolfo Carretero Sánchez, magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el 11 de abril de 2025. Los querellantes se ratificaron ante el juzgado el 8 de septiembre, según ha confirmado uno de ellos a este diario.

elDiario.es se ha puesto en contacto, mediante correo electrónico, en hasta tres ocasiones con la Oficina de Atención Ciudadana de la Policía Municipal del distrito Moncloa-Aravaca, sin que haya sido posible obtener una respuesta. El primer correo electrónico, en el que se solicitaba una entrevista con R.F. —a quien se hicieron nueve consultas relacionadas con el primer reportaje—, se envió el 7 de octubre. Este diario también intentó contactar con R.F. a través de la concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, sin que haya sido posible recibir una respuesta en el momento en que se publica este reportaje.

Acusan al policía de seis presuntas irregularidades

En un correo electrónico enviado a la unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal el 10 de febrero de 2025, Ramón Merino ya puso en conocimiento los hechos que afirma estar sufriendo y que, según su versión, podrían constituir “abusos de autoridad” e “irregularidades” en el ejercicio de sus funciones. Así, Merino se presenta como administrador de una empresa dedicada a la comercialización de productos derivados del cáñamo industrial, fundada en 2020 y que cuenta con 25 empleados. “Nuestra actividad ha sido supervisada legalmente y cumple con todas las normativas vigentes”, empieza argumentando. Sin embargo, en los últimos meses “hemos sido objeto de intervenciones policiales que, en nuestra opinión, han sobrepasado los límites de la legalidad y ponen en grave riesgo la continuidad de nuestra empresa y el sustento de numerosas familias”, asegura.

Merino denuncia seis presuntas irregularidades. En primer lugar, incautaciones “desproporcionadas y arbitrarias”, es decir, que en cada intervención se requisan grandes cantidades de productos “sin justificación clara”. En ocasiones, según su versión, se incautaron artículos que en otras operaciones no fueron intervenidos. En segundo, “deficiencias” en la documentación oficial, es decir, que las actas de intervención “no reflejan con precisión los productos incautados”. En tercero, que las denuncias no tienen fundamento y que se han emitido sanciones por “supuestas infracciones inexistentes”, como la falta de licencia, ya que según la parte denunciante “en todas las ocasiones se ha presentado la documentación” que se le solicitó.

En cuarto, detenciones “innecesarias” y “trato degradante” y se mencionan específicamente los días 15 y 30 de enero de 2025, cuando varios empleados, así como el propio Merino, “fueron detenidos sin justificación clara”. En estas detenciones, el empresario lamenta que permanecieron, durante horas, en instalaciones policiales “a temperaturas extremadamente bajas, sin acceso a comunicación inmediata con familiares o abogados” y que, en todos los casos, la Policía Nacional procedió a la liberación de los detenidos “sin puesta a disposición judicial”.

En quinto, se denuncia una actitud “inadecuada” de los agentes, así como manifestaciones “amenazantes”. “Se han registrado episodios de arrogancia, malos modos y comentarios inaceptables”, afirma. En más de una ocasión, las amenazas habrían incluido “el cierre de los establecimientos”, generando un clima de “acoso e indefensión”. Y en último lugar, “falta de transparencia” en el procedimiento, ya que, hasta la fecha, “no se nos ha facilitado el atestado policial ni la documentación completa de las actuaciones, dificultando nuestra defensa efectiva”, asegura el empresario.

Asuntos Internos no constata irregularidades

La Policía Municipal de Madrid no ha podido constatar “responsabilidad disciplinaria” del agente denunciado, según un documento de Asuntos Internos, al cual ha tenido acceso este diario. En él, el jefe de la unidad explica que han solicitado informes de las actuaciones del agente y si dicho procedimiento se ha ajustado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley 17/1967, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y la II guía práctica de actuación sobre aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas. Asuntos Internos concluye que, tras revisar toda la información y las pruebas reunidas durante la investigación, no encontraron evidencias suficientes para sancionar al agente denunciado. El informe aclara que no se duda de la versión de quien presentó la denuncia, pero que no hay pruebas que permitan romper la presunción de inocencia del policía. 

Tampoco se ha podido acreditar, señala el jefe de la unidad, “ninguna actuación que pudiera incurrir en infracción disciplinaria”. Por tanto, Asuntos Internos procede al archivo del procedimiento. En cuanto a los productos incautados en dos de las intervenciones, Asuntos Internos responde que el afectado debe desplazarse al lugar donde fueron depositados, lo cual ha sido notificado al juzgado.

Los empresarios no han sido sancionados

Pese a las diferentes intervenciones de los agentes de la Policía Municipal en las tiendas de CBD del distrito de Moncloa-Aravaca no se han abierto expedientes sancionadores contra sus dueños. El Defensor del Pueblo, tras haber sido notificado sobre los hechos, se puso en contacto con el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de esclarecerlos. En su respuesta, asegura que no existe ningún expediente sancionador abierto por el departamento de Salud Pública del distrito.

La única referencia que consta en dicho departamento, en relación con los hechos mencionados, es un correo electrónico de la Subdirección General de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid en el que se informaba de unos productos que habían sido intervenidos en tres establecimientos del distrito de Moncloa-Aravaca. Según dicha comunicación, la Policía Municipal había intervenido “productos que contenían estupefacientes (cannabis y otras sustancias), así como productos alimenticios con cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides”.

Finalmente, la información relativa a los productos intervenidos había sido trasladada a la Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental de la Comunidad de Madrid, por encontrarse en el marco de la Estrategia para el control oficial de productos alimenticios que contienen cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides y por si procediera su notificación a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en base a lo establecido en los procedimientos de actuación, sin que consten más actuaciones en este sentido.

Los afectados aseguran tener la documentación en regla

La esposa de Pablo Gutiérrez, que también trabajaba en la tienda cuando tuvo lugar una de las operaciones, asegura que recibió una llamada de su hermano, empleado del local. Según su testimonio, vivió una situación muy tensa con R.F., agente que estuvo a cargo de la intervención. Éste le habría asegurado que se enfrentaba a cargos por tráfico de drogas debido a que estaba vendiendo “sustancias ilegales” en lugar de “cáñamo industrial”, y que tenía pruebas de ello. Según su versión, intentó mostrar la documentación legal de sus proveedores, sin éxito.

La situación que califica de “abuso de poder” por parte de la autoridad policial le hizo sentirse muy asustada. “Comencé a llorar, explicándole que tenía dos niños pequeños y que estaban solos en casa en ese momento”, afirma. “También le informé que todo estaba siendo grabado, lo que pareció inquietarlo”, añade. Según su testimonio, la compañera de R.F. le comentó salir fuera del local y al volver, le dijeron a la esposa de Gutiérrez que “no iría a la cárcel”.

Al final de la intervención, asegura que R.F., junto a otro agente, le pidió por correo electrónico la documentación que demostrara la legalidad de los productos. “Les envié un total de 150 páginas que incluían analíticas, facturas de compra, trazabilidad de las semillas, sentencias absolutorias y declaraciones responsables de los proveedores, así como datos de la licencia”, atestigua. “Sin embargo, no recibí respuesta y las intervenciones continuaron, culminando en la detención de mi esposo y el cierre del negocio debido a un acoso recurrente”, lamenta la esposa en el escrito de denuncia.

En el caso de Ramón Merino, afirma en la querella presentada ante la Policía Nacional que una semana después del operativo del 24 de octubre de 2024, envió un correo electrónico dirigido al señor R.F. adjuntando un documento de 184 páginas que contiene dos actas de sobreseimiento provisional relativas a causas en las que se le acusaba de un delito contra la salud pública y contratos con proveedores y declaraciones responsables, así como analíticas de productos. Además, asegura que intercambió un total de 19 correos electrónicos en los que ofrecía una “plena colaboración y disposición” por parte de su empresa.

Las acusaciones hacen “muy difícil” la continuidad de los negocios

Nuño Monasterio, cooperativista del cáñamo industrial en Mallorca, explicó a este diario que la jurisprudencia del TJUE ya indicó que el cáñamo con un contenido de THC por debajo del 0,3% “gozaba de libre comercio y circulación, que no era un narcótico y que no se podía impedir su venta”. “España, por la razón que sea, no está actualizada. Y no es que sea una recomendación: son normativas de directa aplicación”, defiende. En este sentido, señala que los organismos europeos van en otra dirección. “Incluso se está planteando blindar la flor de cáñamo como producto agrícola para evitar todos estos problemas”.

Otro de los criterios que establece las diferencias entre la droga de cannabis y la fibra de cannabis es la que marca la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Así, se propone calcular la relación entre los principales cannabinoides: el THC (el componente psicoactivo del cannabis), el CBN (un cannabinoide no psicotrópico) y el CBD (otro de cannabinoide no psicoactivo de la planta).

Tanto el CBD como el THC provienen de una misma sustancia de origen pero se desarrollan en distintas cantidades según el tipo de planta. La clave está en la relación entre ellos. Es decir, si la proporción de THC más CBN frente al CBD es menor a uno, la planta se clasifica como cáñamo industrial; si la proporción es mayor a uno, se trata de cannabis con fines psicoactivos.

En relación a este tipo de operativos “antidroga”, Monasterio explica que se trata de “actuaciones desproporcionadas”. “No creo que la manera de actuar sea entrar, vaciar una tienda y acusar a la gente —ya sea formalmente o de palabra— de narcotráfico”, lamenta. “Directamente parecen ‘narcos’, gente que trabaja con facturas, que paga sus impuestos”, añade. Así, cree que debe de haber “un control estricto sobre esta sustancia”, basado en análisis en laboratorio, que determinen si a partir de unas muestras si el producto está fuera de los límites de THC establecidos, de modo que se considere sustancia psicoactiva.

Monasterio defiende que el producto debe de estar fiscalizado por su psicoactividad, y que para ello hay que aplicar la fórmula que marca la ONU, que está avalada por la ciencia. “Eso sería lo primero: no poner un límite absurdo un poco más arriba o más abajo, porque no puede ser que sea un producto legal hasta un momento y justo una décima superior a ese momento pueda implicar condena por narcotráfico. Eso no cabe en ninguna cabeza”, argumenta.

Finalmente, recuerda que las acusaciones de delitos contra la salud pública a la que se enfrentan algunos empresarios del sector quedan “en agua de borrajas al no transgredir normativo alguna, pero hacen muy difícil la continuidad de las empresas, ante la inseguridad jurídica que se les plantea, los costes legales de la defensa y tener unas líneas de negocio paradas por culpa de estas prácticas abusivas”. Por tanto, defiende que se necesita “una regulación clara” y que la normativa española se adapte a lo que marca la europea, que es de obligado cumplimiento, así como lo que establece la ONU. “Tenemos que exigir no solo que se cumpla la normativa europea, sino que se actualice la legislación nacional, adaptándose a los nuevos usos y realidad”, concluye.

En el cementerio de la Almudena reina un silencio sepulcral. La mañana es lluviosa y aún es temprano. Solo unos pocos coches se estacionan junto a las mesetas, espacios que separan las tumbas por zonas u ordenan los nichos para que cada uno pueda hallar a sus difuntos. Es miércoles por la mañana y solo quedan tres días para el 1 de noviembre, una jornada en la que el cementerio más grande de Madrid se llenará de flores, visitas o recuerdos. Su superficie se extiende a lo largo de 120 hectáreas, el equivalente a seis Bernabéus. Un espacio lo suficientemente amplio como para que más de uno haya echado el ojo a sus múltiples ornamentos de bronce, con los que las familias decoran algunas lápidas.

“Sí, claro que me suenan”, responde Adrián cuando se le pregunta por los ladrones de tumbas, a los que una semana antes se hacía mención en la comisión municipal de Seguridad. Un concejal del PSOE, Ignacio Benito, preguntó a la vicealcaldesa y responsable de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, sobre los hurtos en varios sepulcros de La Almudena o el Cementerio Civil, a tan solo un kilómetro de distancia. Según expuso el edil, la desaparición de crucifijos o letras de bronce en los nichos supone una “pérdida emocional” de “gran impacto” para las familias, que en noviembre acudirán en masa a honrar a sus difuntos.

Este miércoles por la mañana, previo al ajetreo del Día de Todos los Santos, Adrián es de los pocos hombres en dejarse ver por La Almudena. Aparcó el coche sobre las nueve y media, antes de irse a trabajar en el aeropuerto, porque quería encender una vela a un familiar que reposa allí. No iba a esperar al sábado, cuando se prevé que acudirá más gente. Aunque no concreta su edad aparenta estar entre los 40 y 50 años, e indica que hasta el momento no han robado en las tumbas que visita, pero sí ha oído historias entre conocidos. “Creo que son los mismos que roban los tiradores de bronce en las puertas, es algo que ha pasado en mi edificio. Se especializan en extraer ese material sea donde sea”, conjetura.

En el entorno del cementerio de la Almudena se expande todo un negocio alrededor de la muerte. El paseo que da a la entrada principal ya acoge una floristería en mitad de la calle y, unos metros antes, otra tienda de artículos funerarios se cruza en el camino desde el metro de La Elipa. El establecimiento se llama Mármoles y Granitos Hermanos Ruiz S.L., pero dentro solo había dos mujeres atendiendo. Una conversaba con un cliente y la otra sacaba a brillo a las placas para los difuntos, en la vitrina.

“Muchas familias vienen a pedir presupuesto porque han robado en sus lápidas, pero no solo aquí: en otras zonas de España ocurre lo mismo. En pueblos de Toledo en los que también trabajamos llegan encargos similares”, expone una de ellas. Para curarse en salud y prevenir otro robo que haga un roto en el bolsillo, algunos ya comienzan a cambiar los habituales cristos de bronce por copias de marmolina, un material más barato que se hace con gravilla de mármol pintada de dorado, imitando el color de las figuras de metal. “Es más económico que el bronce y hay menos opciones de que te lo roben”, aclara la dependienta.

Precisamente minutos antes, uno de los operarios que trabajaba ese día junto a la capilla de este cementerio colosal afirmó a Somos Madrid que, hacía una semana, alguien les había robado un cable con alambre de bronce que emplean en las obras. Según su relato, aprovechó para cortarlo cuando lo tenían entre la zona de trabajo y una cabina donde suelen desayunar. “Ahí me di cuenta de que ya no te podías fiar de nadie”, reflexiona, deslizando que si esto ocurre en lugares como un cementerio, “puede pasar en cualquier sitio”. A los hechos se remite.

Era mediados de septiembre cuando la Policía Nacional detuvo a un padre y a su hijo, o un menor que afirmaba serlo, por el robo de 32 crucifijos de bronce. Poco antes, el 20 de agosto, unos agentes municipales los habían interceptado durante un control de tráfico rutinario en el distrito de Moratalaz, después de descubrir que el coche en el que viajaban tenía caducada la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos. Al revisar la documentación del automóvil, se percataron de que en los asientos traseros viajaban varias cruces cristianas en distintos tamaños.

El encuentro tuvo lugar en la calle del Arroyo de la Media Lengua y, tiempo después, sus implicados acabaron detenidos por un presunto robo con fuerza. En la guantera hallaron una navaja de 17 centímetros que, por su tamaño y dimensiones, no se debe portar. Cerca de los crucifijos había herramientas que permitían extraerlos de la tierra o las lápidas de un cementerio: martillo, alicates o un destornillador. La Policía Municipal tampoco ha concretado en qué punto se encuentra la investigación, que pasó a manos de la Nacional. Este segundo cuerpo policial, igualmente consultado, no detalla el número de detenciones durante el último año.

30 empleados de seguridad y 40 cámaras de vigilancia

Cerca de la capilla de La Almudena donde trabajaba el operario, frente a uno de los nichos funerarios, se eleva un cartel azulado con el sello de SFM, Servicios Funerarios de Madrid. El letrero informa de una obra de rehabilitación en una de las secciones de la primera meseta, la número 10, por la que están acondicionando la capilla o reparando los muros perimetrales. La ejecución corre a cargo del Ayuntamiento a través de su empresa municipal, que ha desembolsado 803.693,29 euros para una obra de seis meses. En paralelo, los empleados de la funeraria pública que subcontrata, a su vez, a estos operarios externos denunciaron esta semana que la EMSF se sostenía económicamente “a costa de reducir sus retribuciones”.

La plantilla encargada de velar por la normalidad en los cementerios –los robos o cuestiones de seguridad dependen de la Policía Municipal– se negó a firmar una actualización de sus condiciones laborales que, a su parecer, restaba garantías y estabilidad a su trabajo a la vez que les pedía reducir sus incentivos salariales por antigüedad, fijados en un convenio colectivo de hace tres décadas. “Nos han dejado a los pies de los caballos”, resumían el jueves en un comunicado difundido desde el sindicato Comisiones Obreras, en el que auguraban posibles movilizaciones e incluso una huelga para el sábado si la empresa no se atenía a negociar.

Poco después del anuncio, la vicealcaldesa y responsable de Seguridad y Emergencias, así como de la Policía Municipal que vigila los cementerios, aseguró que el diálogo seguía abierto. “Vamos a seguir negociando”, constató Inmaculada Sanz en aras de impedir los paros en el Día de Todos los Santos. No hizo mención a los robos de bronce junto a las tumbas, pero sí lo hizo una semana antes el propio gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, Javier Ruiz Santiago. “Nuestra labor de vigilancia es solo disuasoria”, se excusó.

El responsable de los servicios funerarios explicó ante la comisión municipal, a la pregunta sobre hurtos del concejal socialista, que su plantilla cuenta con unos 30 empleados de seguridad repartidos entre los 14 cementerios públicos que coordinan. Añadió al paquete las 40 cámaras de seguridad que mantienen desplegadas para filmar esos espacios las 24 horas del día. A fecha de publicar este artículo, la Policía Municipal no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre el número de intervenciones en cementerios del último año o los perfiles de detenidos más habituales.

Según los estatutos de la empresa pública, sobre ellos recaen las “funciones de vigilancia” en torno a las lápidas mientras que la compañía, por su parte, manejará todo lo relacionado con obras, servicios o trabajos necesarios para la conservación, ornato y limpieza de los cementerios o, en particular, de sus elementos urbanísticos, jardinería, edificios e instalaciones, así como para el funcionamiento de estas“. Es lo que se dictamina en su artículo 2.3.d, que menciona uno de los servicios que han de ocupar a la entidad.

Casi el 70% de las denuncias son por robos en las tumbas

El gerente de la EMSF, en su intervención frente a los grupos municipales, cifró en 34 las incidencias denunciadas por ciudadanos entre octubre de este año y el de 2024. Sin embargo, para la oposición es claro que “muchas familias ni siquiera denuncian porque no lo consideran una gran pérdida económica, pero sí sufren un gran daño emocional con un tema muy sensible”, detalla el socialista Ignacio Benito en una conversación con Somos Madrid. Es más, Ruiz Santiago también reconoció durante su intervención que no podían descartar más robos de los que había registrados.

Del total anual, un 68% se centraba en sustracciones de ornamento, mientras que el 17% tenía que ver con algún acto vandálico y otro porcentaje, mucho más pequeño, con incidencias de distinto tipo. Ante estas cifras, el gerente de los servicios funerarios municipales destacó la labor de vigilancia de la Policía Municipal y sopesó que se correspondían con unas “tres alertas por mes”, siempre según la estimación que a ellos les ha llegado. “Aquí sí encuentras adornos de bronce, pero cuando te vas al fondo no hay nada”, señaló, de vuelta en la calle, otro de los visitantes del cementerio de la Almudena.

Se refería a los nichos de las primeras mesetas, aún repletas con símbolos celestiales, jarrones dorados para las flores o palomas, cristos y vírgenes incrustados. No era del todo cierto eso de que al final no encontrabas ninguna figura de bronce, pero sí se notaba cómo descendían en número. En algunos casos, los crucifijos aparecían con fragmentos cortados o desaparecían varias letras de metal en el nombre del difunto. El 1 de noviembre, más allá del amago de huelga laboral en los cementerios, algunas familias tendrán que afrontar otro posible contratiempo: el de no encontrar el recuerdo con el que quisieron despedir a los suyos.

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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha destituido de su cargo al gerente municipal, Iñigo Anaut Peña, después de que diese positivo en un control de alcoholemia realizado por la Policía Municipal durante el fin de semana. Se le imputa un delito contra la seguridad vial.

La Junta ha acordado su cese como cargo de libre designación, agradeciendo los servicios prestados a la institución desde su nombramiento, en enero de 2024. El hasta ahora gerente municipal ha puesto su cargo a disposición del equipo de gobierno, por motivos personales, y se ha aceptado su dimisión, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Iñigo Anaut Peña es licenciado Ciencias del Trabajo, diplomado en Graduado Social y Máster PRL. Ha sido director de Recursos Humanos en ANEL, CEPES y Teleflex Fluyd Systems y gerente en Lexia Consultores y Soc. Coop. Agropecuaria San Miguel. En el ámbito de la administración local, ha sido director de RRHH en el Ayuntamiento de Burlada (2006-2012) y en el Ayuntamiento de Pamplona (2015-2019). Desde 2020, ha ejercido como asesor laboral y de RRHH de diversos ayuntamientos y entidades locales de Navarra.

El Ayuntamiento de Pamplona ha informado que tiene previsto nombrar a un nuevo gerente en los próximos días.

Con el fin de Aste Nagusia, Bilboko Konpartsak, como cada año, ha hecho entrega de su bandera azul, que premia el trabajo a favor de la fiesta, y su bandera marrón que castiga quienes dificultan la realización de las actividades. En esta edición, la bandera azul ha sido para aquellas personas que “refuerzan y sacan adelante el Concurso Gastronómico”, es decir, el jurado, las colaboradoras, las locutoras y, sobre todo, a quienes participan. Por el contrario, la bandera marrón ha sido entregada a la Policía Municipal de Bilbao, como también lo fue tras la Aste Nagusia de 2023.

“Al igual que la bandera azul premia el trabajo realizado a favor de la Aste Nagusia, la bandera marrón se otorga a quienes la obstaculizan, y este año, merecidamente, se la hemos entregado a la Policía Municipal de Bilbao”, han explicado Bilboko Konpartsak en un comunicado. Entre las razones para la concesión de esta bandera, destacan la poca ayuda a la organización de la fiesta y el “acoso al colectivo mantero”. “Nos han puesto trabas a comparseras y trabajadores para entrar y salir de recinto festivo, han acosado al colectivo mantero y, en general, hemos valorado la escasa ayuda que nos han dado. Denunciamos que las personas en situación de calle que dormían en la plaza del Gas fueran desalojadas y enviadas al Arriaga sin ninguna explicación. Esta fue una de las razones para activar por primera vez nuestro protocolo”, han denunciado.

Los hechos que describen desde las comparsas ocurrieron el pasado lunes, cuando un grupo de personas que pertenecen al colectivo de manteros fueron desalojadas de la plaza del Gas del centro de Bilbao, donde han estado durmiendo varios días. Muchas de esas personas viajan hasta la capital vizcaína para vender los productos en fiestas, pero no disponen de una vivienda en la que dormir por lo que pernoctan en las calles durante Aste Nagusia.

A modo de respuesta, el sindicato policial Esan ha acusado a Bilboko Konpartsak de “encubrir y blanquear a los delincuentes que cada año encuentran en su espacio festivo un foco de impunidad donde robar, agredir sexualmente, vender falsificaciones y ofrecer comida en mal estado a la ciudadanía de Bilbao. Todo ello con su connivencia y su apoyo expreso o tácito”, ha mostrado el sindicato en un comunicado en el que ha señalado que “la verdadera labor de la Policía Municipal y la Ertzaintza es la de proteger a las personas y garantizar que las fiestas sean seguras para todos y todas”. “Pretender ridiculizar a quienes trabajan en primera línea frente a esas realidades solo refleja una falta de responsabilidad y un desprecio hacia el conjunto de la sociedad bilbaína”, ha apuntado.

En este sentido, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, preguntado por esta cuestión ha señalado que se trata de “personas que viven en una situación enormemente crítica” pero que “las quejas vecinales han sido relevantes y por eso la Policía ha actuado para levantarles”. “La Policía ha actuado y no ha habido ningún problema; ellos han accedido a levantarse y es verdad que han vuelto y se han vuelto a ir”, ha reconocido, para añadir que, en todo caso, “la Policía va a seguir actuando porque no podemos permitir que se instale un campamento de esa naturaleza en la ciudad”.

Por su parte, Aburto ha querido reconocer el trabajo de la Policía Municipal y de la Ertzaintza que han trabajado para detener “a más de 160 personas, es decir, más de 160 sinvergüenzas, ladrones y agresores detenidos”. “No hemos tenido gravísimos casos de agresiones machistas, racistas u homófobas, y todas aquellas que han sido denunciadas han terminado con la detención del agresor. Todas”, ha declarado Aburto, que ha precisado que en las fiestas de este año se han producido más detenciones con menos delitos denunciados que en la pasada edición.

Sin embargo, desde Bilboko Konpartsak han asegurado que en varias ocasiones han tenido que activar sus protocolos internos por agresiones. “Se han producido agresiones de diversa índole e intensidad: racistas, sexistas, LGTBIQ+fóbicas, verbales, o de las que incluyen violencia física. El pasado jueves, 21, volvimos a activar el protocolo, precisamente tras un ataque LGTBIQ+fóbico muy grave que tuvo lugar la noche anterior. Como consecuencia de ello, la Comisión Mixta de Fiestas convocó una cadena humana y una concentración muy numerosa. La colaboración que recibimos para poner en marcha el protocolo contra las agresiones nos es muy útil. Queremos que los agresores sepan que nos encontraran de frente, así como que las víctimas tengan presente que estaremos a su lado”, han concluido.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao han informado de que en total se han registrado 165 detenciones (frente a las 158 de 2024), a falta en ambos casos de los datos del domingo. “Las y los agentes, tanto de paisano como uniformados, han estado muy presentes en toda la ciudad, incidiendo en tareas preventivas e inhibiendo posibles sucesos de gravedad. Los dispositivos de protección conjuntos desplegados por ambos cuerpos en toda la ciudad han hecho especial hincapié en los recintos festivos y de mayor acumulación de gente como Arenal, Casco Viejo, Parque Europa, Abandoibarra, Parque Etxebarria, Txikigune”, han destacado.

En total,1.046 hechos han sido denunciados durante toda Aste Nagusia (1.179 en 2024). De ellos, el 70,26 % (735) corresponden a hurtos; fundamentalmente móviles y carteras. Los robos con intimidación bajan ligeramente con respecto al año pasado, con 83 denuncias de esta tipología en 2025 por 91 en 2024. Se han registrado, además, 13 delitos contra la libertad sexual; y todos se corresponden con tocamientos. “Cabe destacar que, en esta tipología delictiva, prácticamente todos los autores han sido identificados, detenidos y puestos a disposición judicial”, han asegurado desde el Consistorio.

En el ámbito de la seguridad vial, se han registrado 54 accidentes de tráfico: 41 colisiones con daños materiales, 11 colisiones con heridos de escasa consideración y 2 atropellos. Además, se han realizado un total de 384 pruebas de alcoholemia en 23 controles diferentes, resultando 15 positivas; y 44 pruebas de sustancias estupefacientes, dando 6 de ellas positivas. Fruto de todas ellas, se han inmovilizado un total de 15 vehículos.

Por último, en materia de seguridad alimentaria, y ante el peligro que conlleva el consumo de productos perecederos sin ningún tipo de control sanitario, la Policía Municipal de Bilbao ha llevado a cabo decomisos de este tipo de productos requisando 202 kilos de comida en total -el doble del año pasado-. Además, se han retirado otros 20 puestos de venta ambulante no autorizada en los que se han decomisado elementos tales como tabaco, pirotecnia o artesanía.

Los manteros de Billbao han denunciado este lunes el “grave racismo institucional y policial” que aseguran que se esconde detrás de la “persecución” y detenciones a miembros de este colectivo por parte de la Policía Municipal. Convocados por la plataforma Manteroekin Bat bajo el lema ‘Basta ya de agresiones policiales racistas a las personas manteras’, decenas de personas han arropado a los manteros portando carteles en los que se podía leer “detenedme a mi también, compro marcas falsificadas”.

La concentración, presidida por una pancarta en la que se leía 'Manteroen aurkako, jazarpenik ez! Sobrevivir no es delito', se ha desarrollado entre continuas consignas contra la Policía Municipal y el Ayuntamiento y el racismo. Los concentrados han elegido un punto cerca del lugar del Casco Viejo de Bilbao en el que el pasado miércoles la Policía redujo y detuvo a un mantero, según han denunciado desde la plataforma.

Lo cierto es que, como ha ocurrido ya de forma reiterada en los últimos años, la tensión entre manteros y agentes de la Policía se incrementa a medida que crece el número de turistas en la ciudad y se acerca la Aste Nagusia de Bilbao, que arrancará el próximo 16 de agosto. El episodio denunciado este lunes se une al registrado el pasado viernes en la calle Ripa, cuando en el forcejeo entre los agentes y el mantero que iba a ser detenido uno de los agentes sufrió la fractura de un dedo. A finales de julio se produjeron también momentos de tensión frente a El Corte Inglés cuando la Policía intentaba desalojar a los manteros que vendían allí su mercancía. Hay que recordar que el punto álgido de tensión se produjo ya en 2023, cuando un grupo de viandantes se enfrentó a los policías municipales que identificaban a un mantero.

En la concentración, representantes de la plataforma han leído un comunicado en euskera y castellano, denunciando las “intervenciones violentas” de la Policía Municipal que consideran cargadas de “racismo institucional y policial”. “Necesitamos trabajar para vivir y no podemos conseguir los permisos para la venta ambulante, ni cotizar a la Seguridad Social, porque lo impide la Ley de Extranjería”, han denunciado. “Somos parte de esta ciudad y tenemos derecho a vivir y convivir en ella y a que se respeten nuestros derechos sin ningún tipo de discriminación. Exigimos el fin de las paradas por perfil racial y la eliminación de los abusos policiales y la sustracción de efectos personales de las personas manteras”, han señalado. Además, han exigido al consistorio que “se investigue este tipo de actuaciones policiales abusivas, injustas y racistas”.

Han apelado a que el Ayuntamiento busque fórmulas para que “todos” disfruten de “unas fiestas tranquilas y en paz”. “Si lo único que les importa a las instituciones son los turistas, que sepan que nosotros y nosotras seguimos viviendo en la precariedad y la inhumanidad y sufriendo acoso policial. No vamos a dejar que nada ni nadie nos arrebate nuestra dignidad”, han señalado.

Frente a los incidentes producidos entre Policía Municipal y manteros el sindicato ErNE ha denunciado el aumento de la violencia hacia los agentes en este tipo de actuaciones. Han pedido la personación del Ayuntamiento como acusación particular en el caso del ertzaina herido en un dedo, y han exigido a los responsables políticos que respalden a la Policía Municipal y que “actúen con firmeza” ante estas agresiones.

Un vídeo grabado por un vecino de Torrejón de Ardoz durante el fallecimiento de Abderrahim Akkouh muestra cómo uno de los agentes que le persiguieron y agredieron le espeta “te mereces que te mueras ahora mismo, cabrón” mientras está inerte en el suelo. Los abogados de la familia pedirán que la magistrada que investiga los hechos vea las imágenes, a las que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es.es. Exigen que este agente jubilado de la Policía Municipal de Madrid también sea investigado por la Justicia, al igual que lo está el policía en activo del mismo cuerpo que estranguló a Abderrahim hasta la muerte el pasado 17 de junio.

Uno de los abogados de la familia, Rubén Vaquero, explica que estas imágenes que ahora salen a la luz “se grabaron cuando Abderrahim estaba muerto, justo en el momento en el que practican la reanimación, que fue infructuosa”. El vídeo está filmado por un teléfono móvil desde uno de los pisos superiores de la calle Pesquera, en la que sucedió la persecución que terminó con la muerte de este hombre de 35 años y origen magrebí. Las imágenes muestran el cuerpo de Abderrahim inerte en el suelo y P. A. P. C., el policía retirado, quien se dirige a él en los citados términos. Inmediatamente después, otros agentes le alejan de Abderrahim.

Este agente no está imputado, a pesar de haber participado en los hechos, y solo se le ha llamado como testigo. El Ministerio Fiscal ha defendido en un escrito que lo sucedido la noche del pasado 17 de julio en Torrejón de Ardoz se trata de un homicidio doloso, y no imprudente. También considera que el agente imputado, J.J.T.C., que estranguló a Abderrahim Akkouh hasta la muerte, debería estar en prisión preventiva. Ahora, tendrá que ser la magistrada del Juzgado de Torrejón de Ardoz número 4, donde se investigan los hechos, la que decida antes de agosto si el policía entra en prisión como medida cautelar, algo que apoya la representación de la familia, que califica los hechos como un asesinato.

El letrado afirma que “lo que ahí sucedió es un asesinato” y no un homicidio imprudente, tal y como lo ha catalogado en primera instancia el Juzgado de Torrejón de Ardoz número 4. “Se dan los suficientes indicios de criminalidad como para que se le investigue. Ya no solo por las imágenes, sino por las contradicciones que cometió en base a sus propios testimonios tanto el día de la muerte de Abderrahim como después en sede judicial”, ha explicado. Desde su punto de vista, “si no fuera por lo que hizo este policía retirado, Abderrahim podría haberse defendido para salvar su vida”.

Según los diversos vídeos que ya han salido a la luz tras la intervención policial, P. A. P. C. ayudó a su compañero, J. J. T. C., a retener a Abderrahim. Las imágenes muestran cómo se arrodilló para aplacar con su peso corporal los intentos de Abderrahim por zafarse de la técnica de sujeción que terminó con su vida, el mataleón. “Cuando un policía te retiene lo normal es que no espere tu muerte, como sí hizo este agente, lo que demuestra que sí quería que muriera Abderrahim”, apunta Rubén Vaquero.

Miedo en el barrio

Desde aquel día el miedo cunde en el vecindario. Más allá de las protestas organizadas por la Plataforma Justicia para Abderrahim que sí han recibido el apoyo de la ciudadanía, algunos torrejoneros de la zona prefieren no hablar sobre lo sucedido. Es el caso de este nuevo vídeo, cuyos autores prefieren mantenerse en el anonimato. Para el abogado, “ese miedo viene reforzado porque los que asesinaron a Abderrahim tienen la condición de autoridad”.

Rubén Vaquero piensa que “es evidente que se ha dado una de las razones para decretar prisión preventiva, como es el aseguramiento del procedimiento y que no se destruyan pruebas”. Sin embargo, J. J. T. C. fue puesto en libertad tras su detención, aunque con medidas cautelares. Esto no es suficiente para el letrado, quien considera que “es un policía municipal de Madrid que vive en Torrejón, una persona con bastantes contactos en la policía, entre otras cosas por ser representante sindical”.

Ante este extremo, UGT aseguró a elDiario.es.es que J. J. T. C. hacía “trabajos sindicales”. Otras informaciones indican que llevaba dos décadas siendo liberado en la organización, pero desde UGT se negaron a confirmarlo amparándose en la ley de protección de datos, y tampoco concretaron a qué “trabajos sindicales” hicieron referencia.

La importancia de vídeos ante actuaciones policiales

Tras la aparición de este nuevo vídeo, el equipo legal que acompaña a la familia Akkouh pedirá a la jueza que instruye el caso el visionado de las imágenes aparecidas en las últimas semanas. “No queremos que lo valore como prueba, sino como indicio de cara a la resolución del recurso del auto de incoación”, especifica Rubén Vaquero. Desde su punto de vista, la magistrada debe valorar “las contradicciones que existen entre lo declarado por el policía jubilado el día de los hechos, luego en comisaría y más tarde en sede judicial”. Y reitera: “Ahora la verdad gana gran espacio a la mentira, que cae por su propio peso porque está testimoniado en vídeo”.

Ese “te mereces que te mueras ahora mismo, cabrón” que aparece en las imágenes es para el abogado “una radiografía muy clara respecto a la intención del policía retirado, que no era otra que matar a Abderrahim, lo que al final consiguió”. En esta causa, los vídeos grabados por el vecindario cada vez cobran mayor importancia debido a las explicaciones inexactas que los agentes implicados han ofrecido en diversas ocasiones. “Si no hubieran existido estos vídeos, ni siquiera se hubiera investigado el delito”, ataja Rubén Vaquero.

El abogado también hace un llamamiento a la ciudadanía para que grabe “siempre que vean una actuación policial en la que piensen que no se están haciendo las cosas correctamente porque si no, a posteriori, no habrá justicia”.

No es el único aspecto en el que Rubén Vaquero quiere contar con la ciudadanía. Los abogados de la familia han pedido al juzgado que el procedimiento, en lugar de abreviado, se lleve a cabo como un procedimiento de jurado. De esta manera, sería un tribunal elegido al azar entre la población quien valoraría los informes para integrar en la sentencia aquello que es más reprochable para la sociedad. “Es un caso muy bueno para hacer una suerte de test a la sociedad española, porque confiamos en ella, confiamos en que condene lo ocurrido como un asesinato”, finaliza el letrado.

La Policía Local de Beasain (Gipuzkoa) ha detenido en la madrugada de este domingo a un joven de 20 años por un presunto delito de agresión sexual a una mujer. La víctima ha puesto la denuncia posteriormente en la Ertzain-etxa de Oria, según ha dado a conocer el Departamento de Seguridad.

La agresión sexual ha tenido lugar en las inmediaciones de un local hostelero de la localidad guipuzcoana sobre las 2:30 horas. El hombre, “mediante una actitud violenta e intimidatoria”, según ha indicado la Ertzaintza, ha agarrado y zarandeado a una mujer para besarla varias veces sin su consentimiento y posteriormente ha abandonado el lugar.

Acto seguido, agentes de la Policía Local de Beasain y de la Ertzaintza se han personado en el lugar y, tras recoger diversos testimonios, han procedido a la detención del varón por un presunto delito de agresión sexual. La víctima ha sido trasladada por una patrulla de la Ertzaintza a la Ertzain-etxea de Oria para presentar la correspondiente denuncia.

El detenido ha sido conducido a la Ertzain-etxea de Oria y, una vez terminadas las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición judicial.

Dos semanas han pasado desde que el jefe de la Policía Municipal de Madrid cogiera la baja en pleno cuestionamiento de su puesto, después de que su coche atropellara a una niña en un paso de cebra en el que tenía preferencia, el día del apagón. Los 14 días transcurridos desde la pausa laboral de Pablo Enrique Rodríguez han hecho cambiar el tono del alcalde sobre su actuación, que llegó a ser muy crítico pero que ha virado en el Pleno de este martes en Cibeles.

“Tiene un currículum intachable” ha dicho José Luis Martínez-Almeida desde la tribuna en respuesta a una pregunta de Rita Maestre (Más Madrid) sobre el accidente, que el primer edil ha definido únicamente como “incidente de tráfico”. Y añadía que “ese día no se hizo nada distinto de lo que se hizo en otros accidentes”, mientras defendía la veracidad de un polémico atestado de la Policía Municipal en el que se descarta el atropello y se exculpa al jefe del cuerpo.

Según este escrito policial, dos testigos que aseguran que el coche iba a una “velocidad normal” y que la pérdida de equilibro de la niña se produjo en medio de un paso de cebra donde tenía preferencia porque “cuando el vehículo sobrepasó este, la mujer adulta tiró del brazo de la menor, provocando su caída, descartando el atropello inicial”. También indica el atestado que no se ha podido determinar “que la menor hubiera podido ser golpeada por la parte trasera lateral del vehículo”.

La familia de la menor accidentada va a denunciar penalmente al consistorio por atropello, según adelantó a El País hace unos días su abogado, quien también desveló que el golpe que se llevó le rompió el fémur izquierdo, además de fracturarse también el tobillo derecho y otro hueso de su parte delantera. Consideran que estas lesiones son incompatibles con una caída accidental y citan a un testigo que indicó que el coche policial iba “a toda leche”.

“La madre le dio un empujón. Le rompió tres huesos a su hija de un solo tirón del brazo”, replicó Rita Maestre al alcalde este martes de forma irónica. “¿No se les cae la cara de vergüenza defendiendo esta versión?”, añadía. Almeida le respondía defendiendo la labor policial :“Si tiene dudas del atestado vaya a un juzgado y dejar de insinuar lo que está insinuando”. Y extendió a todo el cuerpo su apoyo en este caso: “La policía municipal tiene el respaldo de este equipo de gobierno (...) siempre vamos a estar con ellos”, aseguró.

El alcalde no ha recordado durante el debate las dudas hacia su jefe policial que mostró hace un par de semanas, cuando mostró su contrariedad porque este le ocultó el incidente hasta que apareció publicado en los medios de comunicación: “Valoraremos la confianza del director general teniendo en cuenta que nos transmitió el incidente en un momento posterior”, soltó el alcalde en un acto público entonces, apuntando a posibles consecuencias para su cargo. Unas pocas horas después, Pablo Enrique Rodríguez cogía la baja.

Sí que ha tenido palabras Almeida para descalificar a Maestre como “pagafantas del gobierno más corrupto que jamás ha habido en España”, dedicando parte de su discurso hacia temas de política nacional que nada tenían que ver con la pregunta formulada por la oposición sobre el caso que afecta al responsable último de la Policía Municipal de Madrid.

La portavoz de la oposición ha asegurado que el Ayuntamiento ha gestionado este caso con “crueldad, de tintes mafiosos y profundamente irregular”, y ha elevado la petición de responsabilidades hasta la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, de quien ha pedido el cese al alcalde. “Ha sido una gestión cruel porque no han dedicado ustedes una sola palabra de aliento a una familia que han tratado como enemiga desde el día uno”, decía Maestre a la vez que recordaba que se ha tratado de “intimidar a la familia y a la oposición, amenazando con querellas por hacer su trabajo, que es denunciar sus tropelías”.

La edil de Más Madrid asegura que su partido apuesta por “una policía de cercanía, policía a pie, policía en los barrios luchando contra el abandono, más policía de proximidad y menos comisarios intocables imputados por amañar oposiciones”.

PP y Vox rechazan la comisión de investigación

La discusión entre Almeida y Maestre fue la primera parte de un asunto que después el Pleno trató junto al resto de grupos políticos gracias a una propuesta del PSOE para crear una comisión de investigación sobre los hechos, que el equipo de Gobierno ha rechazado de plano. Tanto PP como Vox han votado en contra de su apertura, frente al respaldo de la izquierda a esta herramienta.

El socialista Enrique Rico era el que defendía la proposición, recalcando que la formulaba “para proteger el prestigio del Cuerpo” y de sus más de 5.000 agentes. Recordó en sus argumentos que no se produjo “obligatorio control de alcoholemia” y que ha habido “versiones contradictorias”, además de “una lamentable falta de sensibilidad porque tardaron una semana en preocuparse por la niña”.

El PSOE también reclamó la dimisión de la vicealcaldesa. Esta respondió con alusiones a investigaciones que afectan al PSOE a nivel nacional y sin mostrar ni una fisura en su respaldo al jefe de la Policía Municipal, del que es responsable directa. “No se está metiendo con el director general ni conmigo ni con el alcalde, se está metiendo con las personas que hicieron los partes de intervención. Tenga la valentía de decir abiertamente que hay falsedad documental, que se han falseado documentos públicos”, retó la delegada de Seguridad.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, justificó su rechazo a la comisión asegurando que su partido cree “en el principio de separación de poderes y de independencia judicial y, por tanto, no aceptaremos nunca los juicios paralelos bien sean en la prensa o bien sean en las comisiones políticas en el Congreso, en el Senado o en las en los ayuntamientos”.

La Policía Municipal de Pamplona y la Policía Nacional investigan la muerte de hombre que fue encontrado este lunes sobre un charco de sangre en el rellano de un portal del barrio de San Juan en Pamplona.

El suceso ha tenido lugar hacia las 13:30 horas en un edificio de la calle Monasterio de la Oliva de Pamplona, según ha informado a EFE la Policía Municipal. Inicialmente ha habido dudas sobre el género de la víctima pero finalmente fuentes policiales han confirmado que se trata de un varón, del que no se han aportado más datos por el momento.

El cadáver, según han señalado, lo ha hallado un repartidor que ha accedido al rellano de la segunda planta del edificio para entregar un paquete. Todavía se desconocen las causas del fallecimiento del hombre, si bien desde la Policía Municipal han indicado que todo a punta a una muerte violenta.

Al lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal, que han delimitado la zona y han avisado a la unidad científica de la Policía Nacional que ha llegado después. Vecinos del portal donde ha tenido lugar el suceso han mostrado su sorpresa al entrar o salir del edificio y han afirmado a EFE que desconocen la identidad de la persona fallecida o las circunstancias en que se ha producido la muerte.

Hacia las 16: 00 horas empleados de un tanatorio de Pamplona han cargado el cuerpo sin vida del hombre en un furgón que ha abandonado el lugar del suceso.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hecho una defensa de la 'Policía de Barrio', una “demanda de los vecinos” que el equipo de gobierno ha recibido “concejo abierto tras concejo abierto”. Una defensa que llega después de que el concejal de Seguridad Ciudadana (Vox), Alberto Cuadrado Toquero, utilizara su posición en el Consistorio para montar un aquelarre ultra con miembros de Vox para deslegitimar el papel de la Policía de Barrio.

Una reunión que el propio alcalde tuvo que desmentir que se hubiera realizado en el interior de la Comisaría Municipal, en el marco del Grupo de Respuesta Nacional de Seguridad del partido de ultraderecha. La atención a medios sí fue frente a la comisaría y el portavoz de este grupo, Samuel Vázquez, abogó por sustituir a la 'Policía de Barrio' por su “fracaso” por “grupos de respuesta inmediata”, que calificó como “mucho mejores y más adaptados a la nueva realidad criminal”.

Carnero ha insistido en todo lo contrario y que el Ayuntamiento va a potenciar a este cuerpo de seguridad, para que esté presente en “los cinco distritos de la ciudad y todos los barrios para que sirva a los vecinos desde la cercanía”. De hecho, el alcalde ha sacado pecho de esta decisión, que va en línea contraria a lo expuesto por su socio de gobierno, y ha matizado que la Policía de Barrio “con gobiernos anteriores se había perdido”.

A juicio del regidor, es una policía que cumple la “misión fundamental” de lo que son las policías municipales en el ordenamiento jurídico y que participa también con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el mantenimiento de la seguridad. Carnero ha añadido que la Policía Municipal es un cuerpo “eminentemente garante” de todos los aspectos y ha destacado la “fundamental” colaboración con la Policía Nacional, con un trabajo conjunto que es “modélico” en el país y se estableció cuando Francisco Javier León de la Riva era alcalde.

El Gobierno vasco y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel han anunciado la convocatoria de 643 nuevas plazas de ertzainas y policías locales a través de un concurso-oposición conjunto cuyo plazo de inscripción se abrirá este próximo viernes. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, han anunciado este miércoles, en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, los detalles del nuevo concurso-oposición para ser agente de la Euskal Polizia.

Esta nueva convocatoria, la sexta conjunta puesta en marcha por la Academia Vasca de Policía y Emergencias, ofrecerá 643 nuevas plazas de agente de la escala básica para la Ertzaintza y 22 Policías locales y servicios de policía de Euskadi. Las plazas se podrán ampliar si se producen vacantes en alguna de las administraciones públicas convocantes a lo largo del proceso selectivo. Por el momento, se han convocado 473 plazas para la Ertzaintza y 170 para ser agente de policía local en los siguientes municipios vascos: Abanto-Zierbena (2) Amorebieta-Etxano (3) Andoain (2) Aretxabaleta (1) Azkoitia (1) Bakio (1) Barakaldo (12) Basauri (3) Bilbao (67) Elgoibar (2) Erandio (1) Etxebarri (1) Getxo (1) Irun (1) Lasarte-Oria (2) Ortuella (1) Portugalete (8) Tolosa (3) Valle de Trapaga (4) Vitoria-Gasteiz (48) Urretxu (2) Zarautz (4).

Zupiria ha señalado en su intervención que, gracias a estas convocatorias compartidas, el Gobierno vasco y los ayuntamientos de Euskadi “ la coordinación policial desde el inicio, promoviendo la convivencia y homogeneización de criterios de formación y actuación, en aras a ofrecer un servicio a la ciudadanía eficaz y eficiente”. “Mediante estas convocatorias conjuntas fortalecemos el servicio público que ofrecen tanto la Ertzaintza como las Policías locales, y preparamos a nuestras policías para los retos que la sociedad actual nos plantea” ha subrayado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, Esther Apraiz, ha explicado que las OPE conjuntas “son una herramienta voluntaria para los ayuntamientos, que permite ganar agilidad y eficiencia en los procesos, pero sobre todo reforzar desde la raíz la coordinación fundamental entre Policías locales y Ertzaintza”. Apraiz ha añadido que esta colaboración contribuye a configurar “una Euskal Polizia moderna, profesional y altamente cualificada para prestar el mejor servicio público, desde la cercanía y empatía con las vecinas y vecinos de nuestros municipios”.

Inscripción y requisitos

Las personas interesadas en participar en este nuevo concurso-oposición podrán inscribirse a partir del 21 de marzo en la web oficial de la Academia Vasca de Policía y Emergencias (arkauteakademia.eus). En esta plataforma se ofrecerá el formulario, oficial y normalizado, en el que, además, se tendrá que hacer constar el idioma (euskera o castellano) en el que se desee realizar los ejercicios de la oposición. Para optar a alguna de estas plazas, las y los aspirantes deberán: Tener más de 18 y menos de 38 años; disponer del título de Bachiller o una titulación equivalente o superior; y cumplir todos los requisitos de la plaza a la que se opte según el cuerpo. El plazo de inscripción permanecerá abierto 20 días hábiles.

La Academia estima realizar las primeras pruebas, psicotécnicas y de conocimiento, en los meses de junio-julio, para, después del verano, finalizar el proceso de selección con las pruebas físicas y entrevistas personales. De esta manera, las y los agentes comenzarían su formación en la Academia de Arkaute a principios de 2026, y se incorporarían al servicio en prácticas a finales de 2026. Como novedad, esta promoción contará con un nuevo modelo educativo que concentrará su currículum en ocho meses de formación. Para ello, el alumnado volverá a pernoctar en la Academia durante sus meses de su formación para fomentar la cohesión, el conocimiento y la colaboración entre ertzainas y policías locales.

Un agente de la Policía Municipal de Valladolid llevará a juicio al Ayuntamiento de la ciudad, con fecha inicialmente fijada para la vista el próximo 8 de abril, por haber estimado que no debía abonarle la prestación durante el periodo en el que estuvo de permiso por paternidad en 2022 tras el nacimiento de su hijo, ya que el funcionario procedía del Ejército y seguía adscrito al ISFAS.

El policía, que había accedido al cuerpo municipal tras ser militar de carrera, fue padre de su primer hijo en 2022, por lo que estuvo de baja entre los meses de junio y noviembre. Durante su etapa en el Ejército estuvo adscrito al ISFAS, la mutualidad para los empleados públicos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, y asegura que tras solicitar la excedencia para incorporarse a la Policía Municipal, donde obtuvo plaza en 2019, se le dio la oportunidad de continuar en el ISFAS o pasar al régimen general.

Él optó por mantener sus aportaciones a la mutualidad --que funciona de manera similar a MUFACE-- y en esta situación llegó el año 2022 en el que fue padre de su primer hijo, en el mes de junio. El Ayuntamiento de Valladolid comenzó a abonarle la parte correspondiente del primer mes del permiso pero transcurridas esas cuatro semanas estimó que no debía hacerlo porque, según explica el afectado, entendía que “estaría cometiendo una ilegalidad jurídicamente sancionable” ya que consideraba que la retribución debía realizarla el ISFAS.

Cabe apuntar que mientras a un trabajador adscrito al régimen general el pago de la prestación por maternidad o paternidad se lo efectúa la Seguridad Social, en el caso de los funcionarios adscritos al ISFAS o a Muface, como subraya el agente afectado, el pago se lo realiza “su administración” y no la mutualidad.

De hecho, ha reflexionado que cree que la sociedad tiene la idea de que este tipo de mutuas son “el equivalente a la Seguridad Social” cuando en realidad lo ve más como similar a Sacyl “en cuanto a prestación sanitaria”.

Según relata el agente a Europa Press, a partir de la quinta semana del permiso el Ayuntamiento dejó de abonarle hasta que volvió al trabajo transcurridas las seis semanas que es obligatorio disfrutar del permiso de paternidad tras el nacimiento del bebé. Además, le descontó 732 euros por cada semana para compensar el pago que le había realizado durante el primer mes de permiso.

El agente pudo disfrutar de otras cuatro semanas “sueltas” de permiso porque explica que tenía “ahorros” y se pudo permitir la reducción de los ingresos durante ese tiempo. Con todo ello, estima que la situación le ha causado un perjuicio de 7.300 euros que corresponderían a los ingresos que habría debido recibir durante las diez semanas que disfrutó el permiso de paternidad.

En esta situación, el policía presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social, que no estimó procedente su reclamación, por lo que presentó recurso ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que en su fallo le invitaba a acudir a la vía contenciosa.

Por ello, demandó al Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital, que ha estimado la demanda y ha fijado la vista para el día 8 de abril. Antes de ello, el agente recuerda que había vuelto a reclamar al Ayuntamiento por vía administrativa el pago de las retribuciones correspondientes al permiso, pero transcurrieron los tres meses de plazo sin respuesta, de modo que operó el silencio administrativo negativo.

El policía ha matizado que en la vía de lo social reclamaba la prestación por paternidad, pero ahora pide el pago de la retribución que le habría correspondido, por lo que se debería descontar el IRPF.

Se da la circunstancia de que la fecha del juicio en lo Contencioso-Administrativo se ha fijado apenas unos días después de la fecha prevista para el nacimiento de su segundo hijo, con el que prevé que inicialmente le va a suceder “lo mismo” que con el primero.

¡Madre mía!, ¡Explotó la casa, pero los nenos están todos bien. Madre, qué susto. Vi volar todo esto!, decía alarmada una de las vecinas de un edificio de viviendas ubicado en la calle Ramón y Cajal, en la localidad asturiana de Mieres, donde en la tarde de hoy, lunes, una explosión de gas en un edificio ha dejado un balance de 18 personas atendidas, tres de ellas heridas de gravedad.

Los bomberos han solicitado la movilización de maquinaria para poder retirar parte de los escombros y rastrear la zona para verificar si hay personas atrapadas en el interior, ya que el edificio se ha derrumbado.

Amplio operativo de emergencias

La explosión se produjo en torno a las cuatro de la tarde. Varios vecinos, alarmados por el estruendo, alertaron al 112 Asturias que inmediatamente movilizó a un gran número de efectivos.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de Mieres y La Morgal, a la Policía Nacional con los equipos especializados de los Tedax y la Unidad Canina y a la Policía Local.

Los equipos médicos de tres UVIs-móviles y tres ambulancias, una de ellas de soporte vital básico, se sumaron al amplio dispositivo de emergencia.

Gritos de pavor de los vecinos

Algunos vecinos advertían de que en las proximidades del edificio siniestrado se estaban realizando unas obras, una circunstancia que será investigada a la hora de esclarecer las causas de la explosión.

Muchos testigos grabaron con sus teléfonos móviles los gritos de pavor que se sucedieron al escuchar el estruendo y las escenas se compartieron a través de las redes sociales. A continuación reproducimos uno de estos vídeos difundidos a través de la red social X por Javi Trulli.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente, un total de 18 personas fueron atendidas.

Los heridos de mayor gravedad han sido traslados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Una de las personas heridas es una mujer de 64 años, que iba a ser trasladada a la Unidad de Quemados del Hospital de la Paz en Madrid, ya que su estado era el que revestía mayor gravedad.

El hospital Álvarez-Buylla de Mieres ha atendido a otros diez pacientes, de los que nueve acudieron al centro sanitario por sus propios medios y la otra persona atendida fue derivada en medios movilizados por el SAMU al hospital Valle del Nalón, en Langreo.

Al centro hospitalario de Langreo se han trasladado a dos pacientes y otros dos han sido dados de alta in situ.

Buscando bajo los escombros

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Mieres y La Morgal junto al Grupo de Rescate y a la Unidad Canina de Rescate permanecen en la zona donde también se ha desplazado el jefe de zona, el jefe supervisor y la jefa del Área de Bomberos del SEPA.

En un principio, continuará un retén por si hubiera alguna persona atrapada bajo los escombros.

Los vídeos que han compartido tanto el Servicio de Emergencia del Principado de Asturias como los Bomberos dan muestran del estado ruinoso en el que ha quedado el edificio.

La Policía pide que se cierren ventanas y persianas

La explosión pudo oírse en buena parte de la villa, capital de la cuenca minera del Caudal, situada a unos 25 kilómetros al sur de Oviedo.

Agentes de la Policía Local han pedido por megafonía a los vecinos de las viviendas situadas en las inmediaciones que vuelvan a sus casas y que cierren ventanas y persianas.

Hasta el lugar de la explosión se trasladaron el presidente del Principado, Adrián Barbón, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y la consejera de Sanidad, Concepción Saavedra, para seguir de cerca los trabajos de rastreo. Unas labores de las que estuvo pendiente en todo momento el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, para atender a las familias y realojarlas en hoteles y en la residencia del campus universitario.

La Policía Municipal de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona han puesto en marcha un sistema de alerta para taxis con el objetivo de “garantizar la seguridad de personas usuarias y de taxistas”. La nueva herramienta, 'PaMplona Alert', permite la geolocalización de los taxis y “facilita una rápida intervención policial en caso de emergencia”.

La propuesta ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por el concejal de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento, Endika Alonso Irisarri; la vicepresidenta de la Mancomunidad de Pamplona, Idoia Aritzala Etxarren; el subinspector Jefe del Grupo de CECOP de Policía Municipal de Pamplona, José Viruel Zozaya, y el presidente de Teletaxi San Fermín, José Manuel Bergasa Etayo.

'PaMplona Alert' es una aplicación móvil que conecta directamente con el Centro de Coordinación (CECOP) de Policía Municipal. Con el simple hecho de pulsar un botón, el taxi pasa a ser geolocalizado, de forma que pueden derivarse a su ubicación las patrullas necesarias para atenderle. Este recurso de seguridad se ha implantado en respuesta a la demanda del sector del taxi, ante algunas situaciones vividas.

Su uso, no obstante, se limitará a casos de riesgo y emergencia vital, en los que peligre la integridad física tanto del profesional del taxi como de la persona usuaria. Así, se ha planteado para casos en los que es víctima o testigo de robo con violencia o intimidación, robo con fuerza o en casos de emergencia médica.

El uso de la aplicación es completamente voluntario. En la actualidad, son 18 los taxis que ya disponen de esta herramienta, para cuyo desarrollo el Ayuntamiento de Pamplona ha invertido 15.000 euros. Los trabajos de desarrollo comenzaron en el mes de octubre, cuando se realizó un análisis previo, pensando en una herramienta dirigida a todo el transporte público comarcal, no solo taxis sino también en los autobuses urbanos. En esta primera fase, estará disponible para los 328 taxis de Pamplona y comarca y se ha comenzado ya a trabajar en el desarrollo para 'villavesas', con sus propias especificidades, si bien la puesta en marcha en los autobuses tiene una mayor complejidad técnica, lo que impide definir un plazo concreto de implantación, ha explicado el Consistorio.

En el desarrollo de este sistema de alerta se ha tenido en cuenta que el servicio de taxi y de autobuses urbanos es comarcal y no afecta únicamente al término municipal de Pamplona. En este sentido, el sistema 'PaMplona Alert' cuenta con una delimitación geográfica de la zona de influencia, que conlleva a su vez una coordinación entre cuerpos policiales y de emergencia de las distintas localidades. Tal y como recalca el subinspector jefe del Grupo de CECOP de Policía Municipal de Pamplona, José Viruel Zozaya, las emergencias se atienden siempre, independiente de en qué término municipal de la comarca se encuentre el taxi en ese momento.

Un botón que activa la respuesta

Para poder acceder a este servicio, los profesionales del taxi deben descargarse la aplicación móvil 'PaMplona Alert', disponible para Android e IOS, y registrarse en el sistema, aportando un teléfono móvil, así como datos del taxista y del propio vehículo. Es Policía Municipal quien autoriza el registro final, ya que es un servicio limitado, a día de hoy, a este colectivo. Una vez activada la aplicación, el Centro de Coordinación de Policía Municipal (CECOP) dispone de los datos necesarios para identificarles y geolocalizarles en caso de emergencia.

Cuando se activa el sistema, en el CECOP llega una alarma, que geolocaliza en tiempo real al taxi. Con esa información, y viendo la ubicación de todas las patrullas de Policía Municipal, se envía a las más cercanas, para que intervengan de forma inmediata. La patrulla interceptará el vehículo e iniciará la intervención, atendiendo a la casuística de cada situación. Si la intercepción se realiza fuera del término municipal de Pamplona, la patrulla parará el coche, pero se coordinará con otros cuerpos policiales para realizar la intervención.

Se trata de un servicio de alerta silenciosa, de forma que el agresor no sea consciente de su activación. Es por ello que no permite la interlocución, sino que simplemente activa el geoposicionamiento. La aplicación sí permite, no obstante, un sistema de comunicación masiva por parte de Policía Municipal, para advertir de cortes de tráfico o alteraciones en el tráfico.

33 intervenciones policiales en taxis en 2024

Con esta medida, ha indicado el Ayuntamiento, se pretende garantizar la seguridad tanto de taxistas como de usuarios, atendiendo a la solicitud presentada por el gremio. Policía Municipal realizó, de hecho, en 2024, un total de 33 intervenciones en las que se han visto involucrados vehículos de taxi. De todas ellas, 17 se debieron a impagos del servicio, considerados estafa. Además, en diez ocasiones se actuó por problemas con clientes. Asimismo, cinco intervenciones fueron ante la denuncia de taxis piratas. La cifra de intervenciones es menor a la registrada en 2023, cuando hubo 40. De ellas, la mayoría se debía a taxis piratas (13), seguidas por estafas y problemas con los clientes (con 11 intervenciones cada uno).

También se producen con cierta frecuencia intervenciones policiales por agresiones de pareja, comportamientos contra la libertad sexual o intimidación a mujeres y peleas en las que las personas que conducen los taxis son quienes alertan a Policía Municipal.