La asociación Harrera Sarea ha comparecido públicamente frente al Ayuntamiento de Donostia para denunciar el hostigamiento que, según asegura, sufren las personas en situación de calle por parte de la Guardia Municipal y la Ertzaintza. El colectivo alerta de que la persecución policial, intensificada tras la prohibición municipal del reparto de cenas solidarias de Kaleko Afari Solidarioak (KAS) el pasado 27 de julio, también se ha extendido a sus voluntarios mediante identificaciones y amenazas de sanción por proporcionar alimentos a personas vulnerables.

Harrera Sarea es una red ciudadana de acogida formada por voluntarios cuyo objetivo es acompañar y apoyar a personas migrantes. Entre sus labores se encuentran el asesoramiento administrativo, el acompañamiento para reforzar la relación con los Servicios Sociales y el empadronamiento, así como el reparto de alimentos —acción que hacía KAS—, ropa de abrigo, mantas y sacos de dormir. Con ocho años de trayectoria, a la red le resulta inaceptable que se normalice, en este nuevo panorama, que “la solidaridad sea vigilada, perseguida o amenazada con sanciones”.

Las portavoces de la red han censurado el aumento durante los meses de verano de actuaciones policiales que, según denuncian, incluyen desalojos, campañas de “limpieza”, amenazas para que las personas abandonen los lugares donde pernoctan, así como la rotura de pertenencias y tiendas de campaña rajadas. En este contexto de vulnerabilidad, Harrera Sarea ha recordado que, desde noviembre de 2025, han fallecido en la ciudad al menos siete personas sin hogar. De ellas, cinco murieron, según la asociación, como consecuencia directa de las precarias condiciones a las que les aboca la vida en la calle.

La plataforma también ha criticado la gestión del alcalde de Donostia, Jon Insausti, a quien acusa de “intentar lavar su actitud” ofreciendo recursos asistenciales “completamente insuficientes”. Según ha detallado la asociación, una persona sin hogar puede enfrentarse a una lista de espera de entre tres y cuatro meses solo para obtener una primera cita con una trabajadora social en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).

A partir de ahí, el sistema exige, según Harrera Sarea, otros tres meses de espera para poder empadronarse y, una vez transcurridos seis meses con el padrón activo, solicitar una entrevista de valoración. A esto se suma otro mes de espera para recibir la resolución y las posteriores colas para acceder a un recurso habitacional. En la práctica, aseguran, una persona “puede pasar entre uno y dos años viviendo en la calle sin ningún tipo de recurso estable ni apoyo efectivo”.

A este entramado burocrático se suma, según la denuncia, la falta de servicios básicos municipales para las personas sin hogar. Harrera Sarea ha expuesto que el albergue municipal ofrece un máximo de cinco noches de pernocta cada tres meses, que no existe ningún comedor social público en la ciudad y que el acceso a duchas o lavadoras resulta insuficiente. Asimismo, critican que el Consistorio no proporciona ropa ni mantas a quienes duermen a la intemperie, mientras se presenta como el municipio con más iniciativas desarrolladas en este ámbito, aunque, a su vez, criminaliza la ayuda humanitaria.

Entre los episodios de acoso policial más alarmantes, la red ha relatado la identificación y amenaza de sanción en el interior de la biblioteca del centro cultural Tabakalera a varias voluntarias, algunas acompañadas por sus hijos menores de edad, por compartir la merienda con jóvenes sin hogar. Del mismo modo, según Harrera Sarea, patrullas policiales irrumpieron para identificar y amenazar a colaboradoras que impartían clases básicas y voluntarias de castellano y euskera. Estas clases se organizaban, según lo que explica la red, ante la falta de plazas suficientes en los cursos oficiales, las cuales fueron intervenidas por la simple presencia de alimentos en el espacio de estudio común.

Harrera Sarea ha calificado estas intervenciones de “profundamente discriminatorias y racistas” por obstaculizar, a su juicio, los procesos de integración y aprendizaje de idiomas que las propias instituciones exigen a los jóvenes migrantes. Las portavoces han concluido su intervención incidiendo en lo “grave y triste” que resulta sufrir persecución institucional en pleno siglo XXI por ejercer la solidaridad y han reafirmado que, independientemente del origen de las personas asistidas, “ayudar no es un delito”.

Este jueves se cumplió un mes desde que el Ayuntamiento de Donostia, liderado por el alcalde Jon Insausti, del PNV, prohibiera la actividad de la iniciativa ciudadana Kaleko Afari Solidarioak (KAS). La decisión, que dejó sin cenas diarias a unas 300 personas sin hogar, ha desencadenado protestas, denuncias de hostigamiento y multas a personas voluntarias por repartir alimentos.

El colectivo KAS denunció que el acoso y las identificaciones policiales continúan de manera sistemática por parte de la Guardia Municipal de Donostia. Según ha señalado la iniciativa, el pasado miércoles tres patrullas policiales cortaron el paso en el parque de Cristina Enea a los voluntarios que se disponían a repartir comida. Además, KAS asegura que los agentes identifican y fotografían sin consentimiento a voluntarios y jóvenes migrantes, controlan los carros de comida y prohíben documentar estas actuaciones policiales.

El conflicto se mantiene porque, aunque ya no puedan repartir las cenas calientes como lo hacían antes, los voluntarios de la iniciativa continúan activos mediante la entrega de bocadillos a título personal en diferentes puntos de la ciudad. KAS asegura que de esta forma evitan concentrar a muchas personas en un único lugar durante periodos prolongados.

La iniciativa sostiene que mantienen estos repartos por “responsabilidad humana” para paliar el hambre que sufren estos jóvenes en la calle. Sin embargo, tres personas voluntarias han asegurado a este medio que continúan sufriendo persecución policial e incluso multas, como la sanción impuesta recientemente a una voluntaria por entregar tres plátanos.

Durante la mañana de este jueves, el lehendakari, Imanol Pradales, se pronunció sobre la cancelación de las cenas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en el Palacio de Miramar. Pradales defendió el sistema vasco de protección social, al que calificó de “fuerte, avanzado e integral”. En este sentido, consideró que la decisión del Ayuntamiento fue una respuesta institucional “justificada” por razones de seguridad, salud pública e integración. “Entiendo que cada uno, a veces, quiere dar respuesta con el corazón y no lo voy a criticar, pero tenemos un sistema y creo que funciona”, afirmó el lehendakari.

Por la tarde, KAS realizó un paseo libre por la Parte Vieja de la ciudad que terminó en la plaza de la Constitución, donde se reunieron centenares de personas con carros y bolsas de la compra. Los manifestantes alzaron sus carros, mostraron carteles con el lema ‘¡Peligro, alimentos saludables!’ y corearon consignas como ‘Cenar no es delito’. La concentración improvisada terminó con los asistentes sentados en el suelo y cenando los bocadillos que portaban en sus carros. A la movilización acudieron también los concejales Arantza González y Víctor Lasa, de Elkarrekin Donostia, e Izar Hernando, de EH Bildu.

El conflicto continúa en la calle mientras el proyecto alternativo anunciado por el Consistorio aún no ha comenzado. El Gobierno municipal aprobó el 11 de agosto una partida de 500.000 euros para repartir unas 416 raciones diarias a través de Cruz Roja y Cáritas. No obstante, voluntarias de KAS recuerdan que, tras la reunión mantenida entre el alcalde y tres representantes de la red ciudadana, el Ayuntamiento les aseguró que el proyecto se pondría en marcha a finales de agosto.

Además, las voluntarias advierten de que este programa municipal no atenderá a gran parte de los usuarios habituales. Para acceder a esta vía administrativa es necesario estar empadronado en la ciudad o demostrar una antigüedad de al menos tres meses en ella. Sin embargo, las voluntarias aseguran que la mayoría de las personas a las que atendían no están empadronadas en Donostia y se enfrentan a listas de espera de al menos cuatro meses para obtener una cita en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).

Un agente de la Policía Municipal de Pamplona ha sido condenado a dos multas y con la retirada del carné de conducir durante un año por robar una furgoneta de patrulla mientras estaba ebrio el primer día de Sanfermines. Además, en el vehículo también se encontraban cuatro menores de edad “sin los debidos sistemas de retención infantil”, uno de ellos “encima” del propio procesado.

El agente de la Policía Municipal estaba fuera de servicio cuando, sobre las 16:30 del día 6 de julio en Pamplona, “acudió a dependencias policiales donde cogió las llaves del vehículo oficial”, una furgoneta Mercedes-Benz Vito, “y lo condujo saliendo del garaje de dichas dependencias” por Cuesta de la Reina, calle en la que se encuentran las bocas de garaje de la comisaría, según recoge la sentencia.

Tan solo ocho minutos después, tal y como recoge el relato judicial, el condenado volvió al mismo garaje e intentando aparcar el vehículo lo chocó contra “una columna con la parte trasera”, aunque no produjo “daños aparentes al mismo”.

“Todo ello tras haber ingerido sustancias alcohólicas en cantidad suficiente como para quedar incapacitado física y psíquicamente para conducir, con grave riesgo para la circulación”. Además de llevar en el vehículo a cuatro menores “sin los debidos sistemas de retención infantil”, uno de ellos “de muy corta edad” sentado “encima” del agente fuera de servicio, se plasma.

Escasos minutos después, “fue requerido por agentes de la Policía Municipal de Pamplona”, que le realizaron la prueba de alcoholemia al condenado al ser “patente su incapacidad para conducir” por sus síntomas físicos a simple vista, como su aliento con olor a alcohol a “notoria distancia, ojos brillantes” y un “habla pastosa y repetitiva”. La prueba del etilómetro, realizada a las 16:42, dio un resultado de 0,79 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado. Más del triple del límite legal permitido. Media hora más tarde, el resultado fue de 0,74.

La sentencia se dictó en conformidad entre las partes y el acusado reconoció todos los hechos descritos. Por ello, se le ha condenado a dos multas de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros, la retirada del permiso de conducir durante 12 meses y el pago de las costas del procedimiento judicial por un delito contra la seguridad vial y un delito de hurto de uso de vehículo policial.

Nueva evidencia de fascismo en la Policía Municipal madrileña. elDiario.es ha tenido acceso a la fotografía de la taquilla de un agente del Cuerpo decorada con pegatinas nazis. “Hitler fans”, “El fascismo es alegría” o “Zona fascista ¡¡Atención!!”, son los lemas de esos adhesivos. Un agente distinto al dueño de la taquilla colgó las fotos en un chat con otros policías y la conversación llegó hasta los mandos del Cuerpo. El Ayuntamiento de Madrid solo confirma la apertura de un “expediente informativo” y alega que las tomas de declaración de Asuntos Internos y el resto del desarrollo de la instrucción tienen carácter secreto.

La taquilla pertenece a un agente de la Unidad Central de Seguridad (UCS-2), el grupo especial de la Policía Municipal con sede en la Casa de Campo. Las fotos fueron volcadas el 8 de junio en un chat de agentes donde se debatía sobre la infiltración del fascismo en las filas del Cuerpo local. Frente a quienes lo ponían en duda, uno de los participantes aportó la captura. En pocas horas, las pegatinas fueron retiradas, informan las fuentes consultadas.

elDiario.es lleva preguntando por este asunto desde el 25 de junio pasado a la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, de quien depende la Policía Municipal. La Delegación, a cargo de Inma Sanz –número dos de Almeida– se limita a confirmar que hay un “expediente informativo” abierto por los hechos y añade que si los agentes de Asuntos Internos detectan alguna falta abrirán un “expediente disciplinario” para imponer las correspondientes sanciones.

Un portavoz del Ayuntamiento esgrime el secreto de la investigación interna para no aclarar si se está investigando la conducta del neonazi, del agente que tomó la foto y la difundió o la de ambos. Las fuentes policiales consultadas por elDiario.es afirman que tanto el autor de la fotografía como el policía nazi han prestado declaración ante Asuntos Internos.

La unidad en la que se han producido los hechos ya fue objeto de polémica cuando el Gobierno de Carmena decidió suprimirla por considerar que sus funciones ya las realizaba la Policía Nacional y era un nido de privilegios para sus miembros. Los conocidos como “antidisturbios” de la Policía Municipal participaban en desahucios y vigilaban manifestaciones. El Ayuntamiento progresista redujo sus efectivos y les asignó otras tareas. Los agentes que salieron de la Unidad perdieron el complemento salarial que tenían asociado a ese puesto.

El descontento de parte del cuerpo desembocó en un escrache al delegado del área, Javier Barbero. Unos 300 agentes acudieron a la salida de una Comisión de Seguridad para asediar al concejal con gritos como “rojo de mierda”, “gordo”, “perroflauta” o “dictador, hijo de puta”. Golpearon su coche oficial y agredieron a una periodista. Barbero dijo entonces que la protesta tenía tintes “fascistas”, lo que le valió una querella por parte del sindicato mayoritario, el Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM), que comandaba la oposición policial al Ayuntamiento cuando era de izquierdas. Se archivó sin más consecuencias.

El Ayuntamiento de Almeida rehizo la unidad y la ha dotado con un centenar más de efectivos. Entre sus actuaciones más destacadas, el propio Consistorio de Almeida destaca su participación en los desalojos de los centros sociales okupados de La Ingobernable, La Dragona y La Quimera. Los policías integrantes de la UCS, a través de los sindicatos, demandan ahora que se les entreguen armas largas y munición expansiva para hacer frente a “amenazas terroristas y grupos violentos” ataviados con sus uniformes negros y boinas azul oscuro.

El chat contra Carmena, los precedentes

La aparición de la parafernalia nazi en una taquilla de la UCS retrotrae a la exclusiva de elDiario.es de 2017 sobre los comentarios contra la entonces alcaldesa Manuela Carmena en un chat de decenas de agentes municipales del distrito centro. “Ojalá tenga una muerte lenta y agónica”, le deseaba un policía municipal a su máxima responsable política de entonces.

Otros se animaban en aquel chat deseando la muerte a políticos de izquierdas o independentistas o hacían loas a Hitler y el nazismo. Tras colgar una foto del dictador, un agente escribía: “Este señor sí que sabía cómo hacer las cosas, este señor es dios, ya estarían echando humo las chimeneas sin parar si estuviese al mando”. Otro agente se hacía llamar Führer y algunos compañeros se referían a él como “camarada 14/88”.

Un policía municipal incorporó entonces las capturas del chat a una denuncia por amenazas contra sus compañeros a raíz de que les reprochara el contenido de los mensajes que vertían en el foro. Comenzó entonces un periplo judicial que derivó en el archivo de la causa por un juzgado de Madrid y su posterior ratificación por la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que los comentarios se habían proferido en un “ámbito privado” y que no tenían carácter “amenazante”.

Con el cambio de Gobierno, el Ayuntamiento del Partido Popular y de Ciudadanos decidió archivar el expediente interno abierto contra tres policías municipales por los comentarios en el chat que había abierto el equipo de Carmena. El Consistorio de Almeida concluyó que la conducta que se les atribuía no era “reprochable”.

Más de 2.700 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona integran el dispositivo previsto para los Sanfermines de 2026. De ellos, 950 corresponden a Policía Nacional; 700, a Guardia Civil; otros 700, a Policía Foral, y 412, a Policía Municipal, a los que hay que añadir a los 186 auxiliares de Protección Civil. Como novedad este año, se dará cobertura al chupinazo txiki.

Así se ha acordado en la Junta de Seguridad celebrada este viernes y a la que han asistido, entre otros, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo foral, Inma Jurío; y el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso; así como mandos de los cuerpos policiales.

En su intervención, Echeverría ha agradecido “el extraordinario esfuerzo” de los cuerpos policiales y su “trabajo por hacer que los Sanfermines no solo sean las mejores fiestas del mundo, sino que además sean las más seguras”. “Debemos de lanzar ese mensaje de que venir a Pamplona es venir a disfrutar de unas fiestas únicas, y los cuerpos policiales trabajan sin descanso para que sea una experiencia segura para todos y todas”, ha subrayado.

En la misma línea se ha mostrado Jurío, que ha remarcado que “es un dispositivo complejo y completo” en el que Policía Foral “se vuelca” cada día, en “coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas policiales”, en un trabajo que “permite hacer de los Sanfermines una fiesta segura”.

Por su parte, Alonso ha señalado que el balance sobre seguridad ciudadana realizado el año pasado tras las fiestas “fue muy positivo”, con un “descenso de un 19% en las denuncias”, de las cuales “en torno al 60% eran relacionadas con pequeños hurtos”, algo que refleja que “vamos por el buen camino”. Sin embargo, “no se puede caer en la autocomplacencia”. “Esto nos marca el camino, pero exige trabajar con la misma intensidad o más, y así se está haciendo”, ha dicho.

La Policía Nacional moviliza a unos 950 agentes de la Jefatura de Navarra y de unidades de organismos centrales o con destino en otros puntos de España, además de nuevas incorporaciones.

La base delegada de medios aéreos desplegará su servicio de drones, anti drones y un helicóptero. Las unidades de caballería patrullarán el centro de la ciudad, así como los guías caninos, equipos TEDAX-NRBQ para desactivación de explosivos y amenazas radiológicas, y la unidad de subsuelo y protección ambiental.

La unidad de intervención policial se reforzará con grupos de otras provincias. La Brigada de Seguridad Ciudadana colaborará en esta función y continuará en su labor habitual de patrullaje. Agentes de la Brigada Móvil colaborarán en la vigilancia de las estaciones y en el control de viajeros en medios de transporte.

La Brigada Provincial de Policía Judicial, para prevenir y perseguir hurtos y robos, contará con el apoyo del grupo de delincuencia itinerante de la Comisaría General de Policía Judicial.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer reforzará sus servicios para prevenir acciones contra la libertad e integridad sexual y dar asistencia a las víctimas. La Brigada Provincial de Información vigilará altercados o desórdenes públicos, con especial atención a las medidas de prevención en materia antiterrorista, que se ven reforzadas en estas fechas.

La Brigada de Extranjería controlará documentaciones y supervisará los vuelos, además de prestar apoyo al resto de Brigadas, de igual manera que la Brigada de Policía Científica. Se realizarán patrullajes conjuntos con agentes de Italia, Francia y Alemania.

La Guardia Civil moviliza a más de 700 efectivos de distintas unidades. Entre ellas, seguridad ciudadana, que trabaja en la prevención de robos en viviendas; Información, orientada a los dispositivos preventivos en materia antiterrorista; o la Agrupación de Tráfico.

La USECIC reforzará la seguridad y el servicio cinológico colaborará con perros detectores de drogas y explosivos. También se contará con el apoyo de policías europeas, como Gendarmería y Carabinieri.

Las Comandancias limítrofes a Navarra realizarán controles en las vías que las comunican. Con el mismo fin, se contará con la colaboración de un helicóptero, y el Escuadrón de Caballería recorrerá caminos aledaños a la capital.

La Intervención de Armas y Explosivos se encarga del control y verificación de los espectáculos pirotécnicos. La Sección Fiscal y de Fronteras de Beriáin asume la inspección de establecimientos de hostelería y alimentación, y refuerza el control de estupefacientes o de productos susceptibles del pago de impuestos especiales.

El Equipo Pegaso controlará drones, aviación y globos aerostáticos, y el SEPRONA colaborará en la inspección de la Feria de Ganado y con el refuerzo de los servicios de seguridad alimentaria.

La Policía Foral cuenta con un dispositivo de más de 700 agentes de las áreas de Seguridad Ciudadana (Prevención y Atención ciudadana, Planificación, Grupo de Guías Caninos, División de Intervención y Protección de Autoridades), Tráfico y Seguridad Vial, Seguridad Interior y Policía Administrativa (Brigada de Juego y Espectáculos, cuyos mandos ejercen funciones de Delegado de la Autoridad en los espectáculos taurinos), Investigación Criminal, e Inspección General.

Se prevén dispositivos específicos, como la reacción antiterrorista por Alerta 4 en el Chupinazo, la procesión, eventos taurinos y fuegos artificiales, con el Grupo de Intervenciones Especiales desplegado y apoyado por el equipo de drones.

También se vigilará la plaza de toros durante los encierros, festivales matinales y las corridas de la Feria del Toro. Habrá, además, dispositivos en el casco antiguo, con personal uniformado y de paisano. Personal de las unidades de Protección y Atención Ciudadana de todas las comisarías territoriales realizarán controles en vías de comunicación.

El dispositivo recoge previsiones específicas para evitar agresiones sexuales, como patrullajes en parques y aparcamientos y con un servicio específico de regreso a casa seguro.

En el ámbito de la seguridad vial realizarán controles de tráfico, alcohol y drogas llevados a cabo por personal de la División de Seguridad Vial y de la Brigada de Atestados. La Brigada de Tráfico de Tudela también realizará controles en su zona de influencia. Los controles de seguridad vial en los alrededores de Pamplona están coordinados con Guardia Civil y Policía Municipal.

Miembros de la Brigada de Protección Medioambiental controlarán acampadas ilegales, y personal de la Brigada de Seguridad Interior velará por la protección de los edificios institucionales. La Oficina de la Plaza del Castillo será el lugar de referencia para la presentación de denuncias.

Por su parte, la Policía Municipal movilizará a 412 agentes. Habrá, también, 186 auxiliares de Protección Civil. Además de las labores de coordinación con el resto de cuerpos, mantendrá activos todos los servicios habituales operativos durante el resto del año -atestados, grupos de investigación de ilícitos penales, grupos de menores, mayores y familia o el grupo de seguridad vial-.

El grupo de ODAC recogerá denuncias en sus dos oficinas: en dependencias de Policía Municipal (calle Monasterio de Irache nº 2) las 24 horas, y en la oficina de la calle Zapatería nº 40, abierta entre el 5 y el 14 de julio, de 11.30 a 23.30 horas.

Se reforzará el patrullaje a pie por el Casco Antiguo y se realizarán servicios especiales compuestos por 156 agentes para el Chupinazo, 116 para la procesión de San Fermín y más de 160 para los encierros.

También estará operativo el servicio de objetos perdidos, abierto las 24 horas. Como los últimos años, el Centro de Coordinación estará instalado en las dependencias de Policía Municipal, en la Sala de CECOOR.

Un hombre de 30 años ha fallecido tras un operativo de la Policía local de Santurtzi en el que se emplearon pistolas táser. Según ha informado 'El Correo', el hombre habría agredido a otro hombre y, a la llegada de los policías, los habría atacado a ellos también, causando tres heridos. Reducido con descargas eléctricas, el hombre tuvo que ser trasladado a un hospital en ambulancia y falleció el miércoles, dos días después de lo ocurrido. Según 'El Correo', el Ayuntamiento de Santurtzi va a trasladar el caso a la comisión de control de la Policía vasca, un organismo externo que supervisa operativos con heridos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales.

El sindicato Esan ha trasladado su “apoyo absoluto a los agentes de la Policía local de Santurtzi que intervinieron en la actuación”. “Por la información conocida hasta el momento, y especialmente por las imágenes que las cámaras de los agentes actuantes grabaron, la intervención policial se desarrolló dentro de los principios de legalidad, necesiad, congruencia y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza por parte de los miembros de la Euskal Polizia”, señala en una nota de prensa. En ella, antes de nada, lamentan el fallecimiento del hombre.

“Los agentes actuaron ante una situación compleja y de elevada tensión, adoptando las medidas necesarias para controlar a una persona que presentaba una conducta agresiva y que suponía un riesgo tanto para sí misma como para terceros”, añade el sindicato. “Los agentes no son jueces ni médicos; son profesionales de la seguridad pública que, en situaciones límite, deben tomar decisiones en cuestión de segundos para proteger la integridad de todas las personas implicadas”, abunda, apuntando que considera “injusto y profundamente irresponsable” que se cuestione a los agentes. “La educación, el civismo y el respeto mutuo son siempre el mejor camino para evitar situaciones de confrontación que, en ocasiones, obligan a los agentes a hacer uso legítimo de la fuerza para restablecer la seguridad. Nadie desea llegar a ese escenario. Ni los ciudadanos ni, mucho menos, los propios policías”, remacha.

EH Bildu, principal grupo de la oposición en el municipio, ha exigido que se empleen “todas las herramientas administrativas y legales posibles para aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades en caso de que existan”. “Es imprescindible conocer toda la información sobre lo sucedido”, ha subrayado en una nota. Varios colectivos, incluido GKS, han convocado una movilización para este sábado. “Ante estos casos es indispensable tomar las calles. ¡Hagamos frente a la brutalidad policial”, han transmitido a través de un mensaje en la red social X.

Un sacerdote de unos 50 años que ejerce en la provincia de Cuenca está siendo objeto de una investigación por presunta tenencia de drogas. Su coche fue interceptado en un control policial en Madrid y los agentes descubrieron que llevaba ocultos entre la documentación varios frascos de ‘popper’ y algunos blísteres de un medicamento con el principio activo de la viagra.

La información la ha adelantado el diario ‘El Mundo’ y fuentes policiales han confirmado a este medio la investigación de los hechos. No obstante, desde la Diócesis de Cuenca afirman no tener constancia oficial de dicha investigación y afirman que únicamente han conocido los hechos por los medios de comunicación.

Los hechos ocurrieron en la Carrera de San Francisco, junto a la Basílica de San Francisco el Grande, en el distrito Centro de Madrid. Según dicha información, agentes de la Policía Municipal detectaron un vehículo realizando maniobras irregulares y sospechosas, motivo por el que decidieron darle el alto.

‘El Mundo’ detalla que en el interior del turismo viajaban el sacerdote, de 52 años y vinculado a la provincia de Cuenca, y un joven peruano de 25 años. Ambos fueron identificados por los agentes durante la intervención policial.

Los ocupantes negaron portar sustancias estupefacientes cuando fueron preguntados por los policías. Sin embargo, el “nerviosismo mostrado” durante la actuación llevó a los agentes a inspeccionar el vehículo.

La droga que se encontró en el registro

Fue en ese registro cuando los policías municipales localizaron varios blísteres de sildenafil, que es el principio activo de la viagra, de 100 y 200 miligramos, ocultos entre documentación, así como efectos personales.

La información publicada apunta que el sacerdote reconoció que dichos medicamentos eran de su propiedad, aunque no presentó receta médica que justificara su posesión.

Además, la Policía Municipal encontró varios frascos de ‘popper’ abiertos tanto entre las pertenencias del conductor como en una bolsa del acompañante. Esta droga es una sustancia inhalatoria prohibida en España.

Los agentes trasladaron al sacerdote a dependencias policiales del distrito Centro de Madrid, donde se levantó un acta de intervención de sustancias estupefacientes y se entregaron los productos incautados. El párroco quedó posteriormente en libertad en condición de investigado no detenido tras prestar declaración ante los agentes.

En la madrugada de este domingo a este lunes, en Donostia, se ha registrado un incendio en los pabellones de Jolastokieta, donde se ubicaba la antigua fábrica Zardoya Otis, según ha confirmado la Guardia Municipal. El suceso se originó alrededor de las 23.55 horas. Los Bomberos rescataron a una persona herida, cuyo pronóstico se mantiene reservado, y atendieron a otras tres afectadas por inhalación de humo. Se estima que el fuego fue “provocado”.

El concejal de Seguridad, Martín Ibabe, ha explicado este lunes que el fuego se originó en “las antiguas dependencias de la fábrica”. En estas instalaciones de Zardoya Otis pernoctan habitualmente 30 personas, lo que provocó numerosas llamadas a emergencias y la activación de un amplio dispositivo. En la intervención participaron la Guardia Municipal, los Bomberos, la Ertzaintza y ambulancias de Osakidetza.

Se han contabilizado cuatro personas afectadas, de las cuales una está herida y tres únicamente intoxicadas por humo. Según ha detallado Ibabe, unas “quince personas se encontraban en el exterior” cuando llegaron los servicios de emergencia. Una vez extinguido el incendio, se inspeccionó el interior de las instalaciones para descartar más víctimas, sin encontrar nuevos afectados.

El concejal ha señalado que “los testimonios apuntan” a que el incendio ha sido provocado de forma intencionada. La Guardia Municipal ha detenido a dos personas, aunque la investigación continúa abierta y “podría haber algún otro detenido más”, ha añadido. En estos momentos, se están recopilando declaraciones para esclarecer lo ocurrido.

La zona afectada permanece acordonada. Antes de restringir el acceso, se permitió a las personas que se encontraban en el interior recoger sus pertenencias. En los pabellones de Jolastokieta, que son más que el afectado, suelen pernoctar alrededor de 200 personas en situación de calle. A comienzos de este año ya se produjo un desalojo en uno de los pabellones de la antigua fábrica, pero, pese a ello, el espacio continúa siendo utilizado por personas vulnerables.

Usansolo, que a finales de 2023 se separó de Galdakao para constituirse como el municipio más joven de Euskadi, contará con un cuerpo de Policía integrado por cuatro agentes. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este miércoles a la solicitud formulada por el Ayuntamiento, alegando que el Departamento de Seguridad ha emitido informes técnicos favorables. Se prevé que Usansolo supere pronto los 5.000 habitantes, escalón de población que exige ya por ley contar con un cuerpo propio.

“La iniciativa responde a la necesidad de dotar al municipio de recursos propios para hacer frente a diversas problemáticas detectadas en el ámbito de la seguridad y la convivencia. Entre ellas destacan el incremento del tráfico y los problemas de estacionamiento derivados, en parte, de la actividad del Hospital Universitario de Usansolo y de las obras del metro, así como la falta de medios para garantizar el cumplimiento de ordenanzas municipales, el control de actividades sujetas a licencia o la inspección de espectáculos, y actividades de comprobación y certificación relacionadas con viviendas”, explica el Gobierno vasco.

Hasta ahora, de las incidencias se ha encargado la Ertzaintza, que, según los datos ofrecidos por el Gobierno vasco, atendió 2.767 durante el año 2025. “La autorización aprobada no tiene impacto económico directo para la Administración autonómica y permitirá avanzar en la mejora de la seguridad, la gestión del tráfico y la convivencia ciudadana en el municipio, reforzando la capacidad de respuesta ante las necesidades específicas de Usansolo”, abunda el Ejecutivo. Serán, según explicita, “una persona con categoría de agente primera y tres agentes de la escala básica”.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos mujeres y un hombre acusados de delitos contra la salud pública por almacenar y distribuir ilegalmente marihuana y hachís desde una asociación cannábica que se escondía tras un establecimiento de “experiencias inmersivas”. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando un equipo de policías del Grupo de Atención al Ciudadano patrullaban por la zona.

Los agentes se percataron de un fuerte olor a marihuana que provenía de un establecimiento de ocio donde presuntamente se ofrecían “experiencias inmersivas”, según un comunicado conjunto de ambos Cuerpos. Tras acceder al local y entrevistarse con los empleados, los agentes descubrieron que realmente se trataba de una asociación cannábica, a pesar de que no estaban publicitados como tal.

En el interior se incautaron cuatro kilos de marihuana, casi 1.500 gramos de hachís, 30 kilos de resina de hachís, 80 pastillas y útiles para la distribución de sustancias. Tras unas rápidas pesquisas, la Policía comprobó que esta empresa estaba dada de alta como asociación cannábica y usaba su apariencia legal para almacenar y distribuir sustancias estupefacientes, ya que carecía de licencia para la distribución lícita de estas sustancias.

A los detenidos se les acusa de un posible delito contra la salud pública, y a uno de ellos además se le imputa también asociación ilícita. Los tres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a dos años, un mes y 15 días de prisión a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, por maniobrar con dos policías municipales del Ayuntamiento de Madrid para conseguir información de matrículas de coches “para obtener ingresos paralelos”. Le condena como inductor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y como autor de un delito de cohecho activo. 

El tribunal estima parcialmente el recurso de Gómez de Iglesias y acepta que concurre en el caso la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, y no solo simple como determinó la Audiencia Provincial de Madrid. Por ello, rebaja un grado la pena y reduce a la mitad las condenas de prisión que estableció la Audiencia madrileña, que sumaban cuatro años y tres meses de prisión.

El Supremo argumenta al respecto que la sentencia recurrida admite “que la fase previa tardó en tramitarse casi diez años y otros tres las fases preparatorias y de juicio oral”, “lo que arroja un resultado concluyente: trece años de prolongación de la causa hasta sentencia”, periodo que es extraordinario y que justifica la aplicación de la atenuante como muy cualificada.

Por otro lado, absuelve a Gómez de Iglesias como inductor de un delito de violación de secretos oficiales, por el que fue condenado a una pena de multa, al haber absuelto como autor del mismo al que entonces era coordinador de seguridad municipal.

La sentencia confirma la pena de 2 años, 1 mes y 15 días también a los dos policías municipales que facilitaron los datos a Gómez Iglesias, en su caso como autores de revelación de secretos y por delito de cohecho activo. A ambos les reduce a la mitad las penas que impuso la Audiencia de Madrid por aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Asimismo, absuelve a un guardia civil destinado en la Casa Real del delito de revelación de secretos por el que había sido condenado a 15 meses de prisión.

El fracaso del principal proyecto industrial del Gobierno de Alfonso Rueda es culpa de la oposición, dice Alfonso Rueda. Pese al entusiasmo burocrático y político con el que la Xunta defendió la idea de implantar una macrocelulosa en el corazón de Galicia, no fue capaz de llevarlo a término y la semana pasada anunció su archivo. De entrada responsabilizó al Ejecutivo de Sánchez por dejar la iniciativa de Altri fuera de la planificación eléctrica, pero en la sesión de control parlamentario de este miércoles ese argumentario quedó en segundo plano y BNG y Partido Socialista ocuparon el centro de su diana. Lo que Rueda no mencionó fue el formidable rechazo vecinal y ecologista, que organizó algunas de las manifestaciones más concurridas de los últimos años en la comunidad, ni las múltiples críticas de instancias científicas y expertas. El presidente gallego tampoco despejó otras incógnitas: se volvió a negar a desvelar el acuerdo secreto que firmó su gabinete con la empresa a través de la sociedad público privada Impulsa -hoy disuelta- y no aclaró si tiene un plan industrial más allá de Altri.

Fue Ana Pontón, la líder del BNG, quién se interesó por el ya célebre documento. “¿Qué esconde? ¿Qué dice ese papel para tener que ocultarlo a las gallegas y gallegos? Entréguelo ya a esta Cámara”, acabó su primera intervención. Antes había atribuido el final administrativo de la pastera “al pueblo gallego” y a las sostenidas movilizaciones coordinadas por la Plataforma Ulloa Viva. “El BNG acompañó”, dijo, “a la gente que defendió la dignidad y el sentido común. Es una victoria del pueblo gallego y su derrota personal”. Altri, a través de la compañía Greenfiber de la mano de un empresario coruñés, pretendía instalar en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) una factoría que produjese 400.000 toneladas anuales de celulosa solube y 200.000 de fibra textil vegetal lyocell. Para ello absorbería 46.000 metros cúbicos diarios de agua del río Ulla -a escasos kilómetros de su nacimiento-, de los que devolvería 30.000 “convenientemente tratados”. El número de empleos que crearía osciló de los 2.500 prometidos por Feijóo a los menos de 500 directos.

“Alguien tiene que asumir la responsabilidad de apostar toda una política industrial a una carta perdedora”, insistió Pontón, “usted solo ha ofrecido el franquismo industrial de una macrocelulosa”. Pero si algo no hizo Rueda en su réplica fue asumir responsabilidades. Sí repartirlas. “Está siendo una sesión divertida”, quiso ironizar, “tratan de ponerse una medallita para ver quién impide que se instale industria en Galicia”. “Pero hay un claro perdedor, Galicia y su futuro”, añadió, como si él no fuese presidente de la comunidad desde 2022 y miembro de la primera línea de sus gobiernos -conselleiro y vicepresidente- desde 2009. “¿Qué le va a decir a los jóvenes que quieren trabajar en Galicia?”, le espetó a la portavoz nacionalista, “¿cuál es su Arcadia feliz y el futuro de los jóvenes?”. Él mismo no ofreció ninguna pista, más allá de una apelación genérica a la industria que, en abstracto, comparten todos los grupos con escaños en O Hórreo. Sobre por qué un día aseguró que, de no haber dinero europeo para Altri, la Xunta buscaría otras vías de financiación y después cambió de parecer sin mayores explicaciones no se pronunció.

La portavoz del BNG no dejó escapar esos silencios de Rueda. “Poco menos que Lugo va a ser el Lejano Oeste sin Altri”, criticó los discursos del PP tras dar carpetazo al proyecto, “hambre y atraso. Las 4.000 familias trabajadoras de A Ulloa, las 19.000 que viven del mar, ¿eso es atraso? Como no consiguieron imponer la macrocelulosa, va a haber hambre y atraso y ninguna política industrial, es lo que está diciendo”. Pontón tampoco calló ante la acusación de que su formación, al igual que el Partido Socialista, habían apoyado la iniciativa de la pastera y más tarde pasado a la oposición. “Ustedes vendieron una biofábrica y en realidad era una macrocelulosa. Se cuidaron muy mucho de no publicar el proyecto antes de las elecciones”, dijo. Alfonso Rueda repitió su argumentario en el turno de cierra, se refirió a que el Gobierno de Sánchez dejó sin conexión eléctrica “gracias a usted o a Besteiro” a la provincia de Lugo y lo tildó de sectario. No asumió ninguna responsabilidad.

Besteiro a Rueda: “Desclasifique los papeles de Altri”

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, también había hablado de la macrocelulosa en su debate con Rueda, aunque fuera de pasada. “Usted no desclasifica los papeles de Altri. Es especialista en protestar por aquello en lo que no tiene competencias pero no en lo que sí”, definió la estrategia argumental del Partido Popular. Pero su preguntaba trataba sobre las relaciones entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos y lo que Besteiro entiende como “agresiones continuas” de Rueda a los principios de autonomía local, suficiencia económica e igualdad de trato de los consistorios. “Usted violenta las arcas municipales y saquea los concellos”, aseguró, “al atribuirles competencias impropias. Lo vemos con el servicio de ayuda al hogar o con la doble imposición del canon del agua”.

Alfonso Rueda lo negó. No aportó datos demasiado concretos pero sí frases: “Galicia es una de las comunidades en donde los ayuntamientos más participan de los impuestos que recauda el Gobierno autonómico”. También citó las modificaciones en las aportaciones al servicio de ayuda en el hogar -“pasa del 9,7% al 18% entre 2021 y 2028”- o las obras financiadas por el citado canon hidráulico. “Hay colaboración, hay acuerdos, hay lealtad”, resumió. Y atacó a Sánchez a propósito de la política de vivienda pública: “De las miles que ha prometido, ninguna en Galicia”. Besteiro le había recordado que en solo 15 días, el registro de demandantes en la comunidad había crecido en 667 personas, hasta los 29.800. El Gobierno de Rueda se ha comprometido a construir 10.000 en 2030 después de 15 años de gobiernos de su partido, y de los que él formaba parte como número dos o tres, de absoluta inacción en la materia.

El socialista le respondió que “sus desgracias no llevan el apellido de Sánchez, llevan el apellido de Feijóo” y, en esa línea, que “los problemas de Feijóo no son los problemas de Galicia”. Rueda no se dio por aludido y se revolvió con un “el Gobierno central no tiene una sola política de vivienda”. No le concedió ese estatus ni siquiera a medidas como la declaración de zona tensionada de alquiler que su propio gabinete ha dificultado en ciudades como A Coruña o Santiago de Compostela.

El pasado 31 de diciembre fue el último día en el que funcionó el teléfono 944205000 de la centralita de la Policía Muncipal. Se trataba de un servicio subcontratado por el Ayuntamiento que ofrece la empresa Lanalden y que hasta ahora daba trabajo a cinco personas. Sin embargo, la última licitación ha quedado desierta y el Ayuntamiento ha optado por “reorganizar el servicio con medios propios, optimizando recursos”. “Es un servicio que el Ayuntamiento ha ido sacando a licitación puntualmente y en el que ha ido incrementando las partidas presupuestarias de las sucesivas licitaciones, pero la última licitación ha quedado desierta y no se va a volver a licitar”, informan a este periódico desde el Ayuntamiento de Bilbao.

Dada la situación las cinco trabajadoras del servicio, que llevaban tiempo protagonizando huelgas para exigir mejoras en sus condiciones laborales, han lamentado que se dejará de atender “a 200.000 llamadas al año”. “Hablamos de un servicio que atiende a emergencias, consultas ciudadanas, llamadas de otros ayuntamientos, policías, juzgados o administraciones públicas. Las trabajadoras del servicio llevamos meses de huelgas para denunciar las condiciones precarias, el deterioro del servicio y los pliegos mal diseñados que ninguna empresa quiere asumir. El servicio salió otra vez a concurso, pero ninguna empresa se presentó. Esto no es casualidad. Es la consecuencia directa de un pliego mal hecho y sin garantías. Ante esta situación, el Ayuntamiento tenía opciones: rehacer el pliego, mejorar condiciones y garantizar la continuidad del servicio o negociar una salida al conflicto. No hizo nada de eso. En su lugar, la decisión ha sido rechazar la partida presupuestaria del servicio y dejarlo desaparecer”, critican las trabajadoras.

Según denuncian, entre cinco personas cubrían un servicio de 365 días al año durante 24 horas, lo que implicaba, entre otras cosas, no poder disfrutar de vacaciones. Además, según detallan desde el sindicato ELA, “la plantilla no solo llevaba a cabo las funciones propias de la centralita, sino funciones que van mucho más allá de las propias del Convenio de Contact Center estatal, como son; Información oficial sobre Policía Municipal, tramitación de bajas y licencias del personal funcionario, apertura de expedientes y requerimientos ciudadanos”.

Según reconocen, eliminar el teléfono “no elimina la necesidad”, sino que “traslada el problema” a una “saturación, desorganización, peor atención y un riesgo real a la ciudadanía”. “Denunciamos públicamente esta decisión, no solo por nuestros puestos de trabajo, sino por la seguridad, la atención ciudadana y el funcionamiento básico de la Policía Municipal de Bilbao”, sostienen.

Desde el sindicato Erne han denunciado que tras anular el número de teléfono de la centralita de la Policía Municipal, hay un “colapso del servicio policial en Bilbao”. En un comunicado, ha señalado que, desde el 1 de enero, las llamadas realizadas al 944205000 reciben un mensaje automático que deriva a los ciudadanos a los teléfonos 092 o 112, provocando “un incremento inmediato de la carga de trabajo en el Centro de Coordinación y Mando”. A su juicio, esta circunstancia agrava una situación que “ya era crítica”, debido “a la falta de efectivos y a la pérdida diaria de numerosas llamadas que no llegan a ser atendidas”. “Esta decisión va a suponer que muchos más ciudadanos queden sin atención policial, afectando directamente a un servicio esencial para la seguridad ciudadana”, han alertado desde el sindicato.

Para dar solución a esta problemática, han instado a la Dirección de Seguridad Ciudadana y al Equipo de Gobierno municipal a que “asuman su responsabilidad y actúen de manera inmediata”. “La situación del 944 20 50 00 era conocida desde hace tiempo, y la dejación de funciones por parte de los responsables municipales ha desembocado en este escenario, que se suma a una cadena de decisiones erróneas. Bilboko Udaltzaingoa se encuentra ante un auténtico desastre organizativo, cuyas consecuencias recaen tanto en los trabajadores del servicio como en la ciudadanía, que ve deteriorada su seguridad y su derecho a una atención policial eficaz”, han criticado.

Por su parte, el Ayuntamiento confirma a elDiario.es/Euskadi que no existe “ningún tipo de colapso o sobrecarga”. “Es un conflicto laboral entre la empresa contratada por el Ayuntamiento y sus trabajadores. Como ya es sabido, los trabajadores han hecho bastantes y prolongadas huelgas, y no ha habido una merma de la atención. Además, y durante esas huelgas, desde el Departamento de Trabajo no se ha considerado servicio esencial y no ha habido en ningún momento servicios mínimos decretados. Por otro lado, se está reorientando y reorganizando el servicio para que la atención se siga prestando sin ningún tipo de colapso o sobrecarga”, han concluido desde el Consistorio, quienes sostienen que en las próximas semanas podrán dar más información al respecto.

“Lamentablemente si llamáis al 944205000 no os podremos atender. Estamos en huelga luchando para que el Ayuntamiento no tenga el servicio en condiciones precarias para las trabajadoras y ciudadanos”. Es el mensaje que las cinco trabajadoras del servicio de atención telefónica de la Policía Municipal de Bilbao han lanzado cada día de huelga para protestar por sus condiciones laborales. Se trata de un servicio subcontratado por el Ayuntamiento que ofrece la empresa Lanalden.

Según denuncian, entre cinco personas cubren un servicio de 365 días al año durante 24 horas, lo que implica, entre otras cosas, no poder disfrutar de vacaciones. Además, según detallan desde el sindicato ELA, “la plantilla no solo lleva a cabo las funciones propias de la centralita, sino funciones que van mucho más allá de las propias del Convenio de Contact Center estatal, como son; Información oficial sobre Policía Municipal, tramitación de bajas y licencias del personal funcionario, apertura de expedientes y requerimientos ciudadanos”.

Las protestas en este servicio comenzaron en Aste Nagusia, cuando las trabajadoras secundaron nueve días de huelga el pasado agosto. Su objetivo era lograr que en la nueva contratación del servicio, sus condiciones laborales mejoraran. Sin embargo, tras hacer público el pliego de condiciones el pasado octubre, se dieron cuenta de que no se toma en consideración las reivindicaciones de la plantilla para la nueva contratación, a pesar de la huelga, por lo que han decidido seguir con más jornadas de paros. “No somos un call center cualquiera, atendemos las llamadas que sostienen la seguridad de Bilbao. Exigimos condiciones dignas y respeto. Sin nosotras Bilbao no se escucha”, lamentan las trabajadoras, todas mujeres, que este jueves han retomado las concentraciones.

“Tras meses en huelga, el Ayuntamiento saca nuevamente el pliego del Servicio de Atención de Llamadas de la Policía Municipal sin mejora alguna. Entre las reclamaciones de las trabajadoras estaba la de mejorar el servicio con más personal. Pero el Ayujntamiento de Bilbao prefiere que el ciudadano no tenga un servicio adecuado, y la única modificación en el pliego es la de limitar la cantidad de horas de servicio a 8. 760 horas. De esta manera solo habrá una persona atendiendo al teléfono aunque son plenamente conscientes de que se pierden casi el 50% de las llamadas. Contar con al menos dos personas para atender a los ciudadanos es necesario. Seguiremos luchando por servicios públicos dignos”, defienden las trabajadoras.

No es la primera vez que un servicio de estas características, subcontratado a la empresa Lanalden, protesta por sus condiciones laborales. De hecho, las trabajadoras de Sos Deiak, el servicio de emergencias del Gobierno vasco, llevan años denunciando la precariedad con la que trabajan. En ese caso setrata de 60 personas que atienden las llamadas al 112 de todo Euskadi en el centro de coordinación de Txurdinaga en Bilbao y, al igual que a las trabajadoras de la centralita de la Policía Municipal de Bilbao, en este caso les aplican el convenio estatal de telemarketing, el mismo que el de cualquier operadora de call center comercial. No obstante, las trabajadoras del 112 en Euskadi, al considerarse un servicio esencial, no tienen derecho a la huelga.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Bilbao y la empresa Lanalden para tratar esta , pero al cierre de esta edición no ha tenido respuesta.

El cierre temporal del Teatro Barceló se suspende de momento. Lo ha confirmado este miércoles el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, después de que la Justicia aceptara las medidas cautelares solicitadas por los promotores del edificio ante la orden de la Agencia de Actividades (ADA) del Ayuntamiento, que pidió el cese de sus actividades durante un año a partir de este jueves, 20 de noviembre.

La razón que origina todo este conflicto fueron dos infracciones detectadas por agentes de la Policía Municipal, que informaron de que el local excedía los límites de afoto que su licencia le permitía: un máximo de 990 personas. Carabante considera dichas infracciones un problema para la “seguridad de los usuarios” que acuden al teatro, pero los tribunales han aceptado la petición de sus dueños para examinar a fondo el asunto antes de consumar el cierre.

“Por lo tanto, de momento ha quedado suspendido ese precinto como consecuencia de que, insisto, han sido estimadas las medidas cautelarísimas que ha presentado el promotor”, ha concluido el delegado. En este escenario, las principales asociaciones madrileñas de ocio, hostelería, cultura, turismo y espectáculos han anunciado recientemente la reactivación de la Plataforma por el Ocio y han instado a Carabante la constitución urgente de una mesa de negociación para abordar lo que califican como “crisis de aforos” en locales de la capital.

En un comunicado, la plataforma integrada por Hostelería Madrid, Noche Madrid, Madrid en Vivo y las asociaciones de hostelería de Malasaña de la Latina y del Barrio de las Letras reacciona a “un ataque indiscriminado, injusto y arbitrario” por parte de la Agencia de Actividades (ADA) en los controles de aforo. “La noche madrileña es segura y los locales de ocio y hostelería actúan de forma profesional protegiendo la integridad física de sus clientes y sus trabajadores”, han resuelto en un comunicado.

Según ha explicado la organización, el origen del conflicto se encuentra en la aplicación de los tipos urbanísticos y criterios ambientales a la hora de calcular los aforos en los locales. En este sentido, exigen la eliminación del bloqueo a la revisión de aforos en la ZPAE de Centro, la recuperación inmediata de la Instrucción de Aforos, la suspensión de las órdenes de precinto en curso y la revisión de los expedientes abiertos.

Durante el último año se han sucedido numerosas inspecciones en tiendas de CBD (cáñamo industrial, un cannabinoide sin efectos psicoactivos) de Madrid por parte de agentes de la policía municipal. Algunas han terminado siendo auténticos operativos ‘antidroga’ en establecimientos que cumplen la ley. El cáñamo industrial es un producto que se comercializa legalmente en España, siempre que no supere los umbrales máximos de THC (tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo de la marihuana) y cumpla con la normativa europea. Sin embargo, algunos de los propietarios de estas tiendas sufren grandes incautaciones de productos e incluso son denunciados por los agentes, acusados de delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública, como informó elDiario.es.

Dos empresarios afectados por estas prácticas presuntamente irregulares, Ramón Merino y Pablo Gutiérrez, han presentado una querella contra uno de los agentes de la Policía Municipal de Madrid al cargo de estas operaciones, R.F., por presuntos delitos de detención ilegal, contra la integridad moral y coacciones, según consta en la documentación consultada por elDiario.es. Tal y como contamos en este periódico, las causas contra ellos fueron archivadas por dos juzgados de Madrid. Después, los dos empresarios solicitaron la apertura de diligencias previas para investigar al oficial de la Policía Municipal, a los responsables de ordenar y supervisar dichas intervenciones, así como a “cualquier otra persona que haya podido colaborar en la comisión de los presuntos delitos”. Esta denuncia fue admitida a trámite por Adolfo Carretero Sánchez, magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el 11 de abril de 2025. Los querellantes se ratificaron ante el juzgado el 8 de septiembre, según ha confirmado uno de ellos a este diario.

elDiario.es se ha puesto en contacto, mediante correo electrónico, en hasta tres ocasiones con la Oficina de Atención Ciudadana de la Policía Municipal del distrito Moncloa-Aravaca, sin que haya sido posible obtener una respuesta. El primer correo electrónico, en el que se solicitaba una entrevista con R.F. —a quien se hicieron nueve consultas relacionadas con el primer reportaje—, se envió el 7 de octubre. Este diario también intentó contactar con R.F. a través de la concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, sin que haya sido posible recibir una respuesta en el momento en que se publica este reportaje.

Acusan al policía de seis presuntas irregularidades

En un correo electrónico enviado a la unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal el 10 de febrero de 2025, Ramón Merino ya puso en conocimiento los hechos que afirma estar sufriendo y que, según su versión, podrían constituir “abusos de autoridad” e “irregularidades” en el ejercicio de sus funciones. Así, Merino se presenta como administrador de una empresa dedicada a la comercialización de productos derivados del cáñamo industrial, fundada en 2020 y que cuenta con 25 empleados. “Nuestra actividad ha sido supervisada legalmente y cumple con todas las normativas vigentes”, empieza argumentando. Sin embargo, en los últimos meses “hemos sido objeto de intervenciones policiales que, en nuestra opinión, han sobrepasado los límites de la legalidad y ponen en grave riesgo la continuidad de nuestra empresa y el sustento de numerosas familias”, asegura.

Merino denuncia seis presuntas irregularidades. En primer lugar, incautaciones “desproporcionadas y arbitrarias”, es decir, que en cada intervención se requisan grandes cantidades de productos “sin justificación clara”. En ocasiones, según su versión, se incautaron artículos que en otras operaciones no fueron intervenidos. En segundo, “deficiencias” en la documentación oficial, es decir, que las actas de intervención “no reflejan con precisión los productos incautados”. En tercero, que las denuncias no tienen fundamento y que se han emitido sanciones por “supuestas infracciones inexistentes”, como la falta de licencia, ya que según la parte denunciante “en todas las ocasiones se ha presentado la documentación” que se le solicitó.

En cuarto, detenciones “innecesarias” y “trato degradante” y se mencionan específicamente los días 15 y 30 de enero de 2025, cuando varios empleados, así como el propio Merino, “fueron detenidos sin justificación clara”. En estas detenciones, el empresario lamenta que permanecieron, durante horas, en instalaciones policiales “a temperaturas extremadamente bajas, sin acceso a comunicación inmediata con familiares o abogados” y que, en todos los casos, la Policía Nacional procedió a la liberación de los detenidos “sin puesta a disposición judicial”.

En quinto, se denuncia una actitud “inadecuada” de los agentes, así como manifestaciones “amenazantes”. “Se han registrado episodios de arrogancia, malos modos y comentarios inaceptables”, afirma. En más de una ocasión, las amenazas habrían incluido “el cierre de los establecimientos”, generando un clima de “acoso e indefensión”. Y en último lugar, “falta de transparencia” en el procedimiento, ya que, hasta la fecha, “no se nos ha facilitado el atestado policial ni la documentación completa de las actuaciones, dificultando nuestra defensa efectiva”, asegura el empresario.

Asuntos Internos no constata irregularidades

La Policía Municipal de Madrid no ha podido constatar “responsabilidad disciplinaria” del agente denunciado, según un documento de Asuntos Internos, al cual ha tenido acceso este diario. En él, el jefe de la unidad explica que han solicitado informes de las actuaciones del agente y si dicho procedimiento se ha ajustado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley 17/1967, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y la II guía práctica de actuación sobre aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas. Asuntos Internos concluye que, tras revisar toda la información y las pruebas reunidas durante la investigación, no encontraron evidencias suficientes para sancionar al agente denunciado. El informe aclara que no se duda de la versión de quien presentó la denuncia, pero que no hay pruebas que permitan romper la presunción de inocencia del policía. 

Tampoco se ha podido acreditar, señala el jefe de la unidad, “ninguna actuación que pudiera incurrir en infracción disciplinaria”. Por tanto, Asuntos Internos procede al archivo del procedimiento. En cuanto a los productos incautados en dos de las intervenciones, Asuntos Internos responde que el afectado debe desplazarse al lugar donde fueron depositados, lo cual ha sido notificado al juzgado.

Los empresarios no han sido sancionados

Pese a las diferentes intervenciones de los agentes de la Policía Municipal en las tiendas de CBD del distrito de Moncloa-Aravaca no se han abierto expedientes sancionadores contra sus dueños. El Defensor del Pueblo, tras haber sido notificado sobre los hechos, se puso en contacto con el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de esclarecerlos. En su respuesta, asegura que no existe ningún expediente sancionador abierto por el departamento de Salud Pública del distrito.

La única referencia que consta en dicho departamento, en relación con los hechos mencionados, es un correo electrónico de la Subdirección General de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid en el que se informaba de unos productos que habían sido intervenidos en tres establecimientos del distrito de Moncloa-Aravaca. Según dicha comunicación, la Policía Municipal había intervenido “productos que contenían estupefacientes (cannabis y otras sustancias), así como productos alimenticios con cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides”.

Finalmente, la información relativa a los productos intervenidos había sido trasladada a la Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental de la Comunidad de Madrid, por encontrarse en el marco de la Estrategia para el control oficial de productos alimenticios que contienen cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides y por si procediera su notificación a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en base a lo establecido en los procedimientos de actuación, sin que consten más actuaciones en este sentido.

Los afectados aseguran tener la documentación en regla

La esposa de Pablo Gutiérrez, que también trabajaba en la tienda cuando tuvo lugar una de las operaciones, asegura que recibió una llamada de su hermano, empleado del local. Según su testimonio, vivió una situación muy tensa con R.F., agente que estuvo a cargo de la intervención. Éste le habría asegurado que se enfrentaba a cargos por tráfico de drogas debido a que estaba vendiendo “sustancias ilegales” en lugar de “cáñamo industrial”, y que tenía pruebas de ello. Según su versión, intentó mostrar la documentación legal de sus proveedores, sin éxito.

La situación que califica de “abuso de poder” por parte de la autoridad policial le hizo sentirse muy asustada. “Comencé a llorar, explicándole que tenía dos niños pequeños y que estaban solos en casa en ese momento”, afirma. “También le informé que todo estaba siendo grabado, lo que pareció inquietarlo”, añade. Según su testimonio, la compañera de R.F. le comentó salir fuera del local y al volver, le dijeron a la esposa de Gutiérrez que “no iría a la cárcel”.

Al final de la intervención, asegura que R.F., junto a otro agente, le pidió por correo electrónico la documentación que demostrara la legalidad de los productos. “Les envié un total de 150 páginas que incluían analíticas, facturas de compra, trazabilidad de las semillas, sentencias absolutorias y declaraciones responsables de los proveedores, así como datos de la licencia”, atestigua. “Sin embargo, no recibí respuesta y las intervenciones continuaron, culminando en la detención de mi esposo y el cierre del negocio debido a un acoso recurrente”, lamenta la esposa en el escrito de denuncia.

En el caso de Ramón Merino, afirma en la querella presentada ante la Policía Nacional que una semana después del operativo del 24 de octubre de 2024, envió un correo electrónico dirigido al señor R.F. adjuntando un documento de 184 páginas que contiene dos actas de sobreseimiento provisional relativas a causas en las que se le acusaba de un delito contra la salud pública y contratos con proveedores y declaraciones responsables, así como analíticas de productos. Además, asegura que intercambió un total de 19 correos electrónicos en los que ofrecía una “plena colaboración y disposición” por parte de su empresa.

Las acusaciones hacen “muy difícil” la continuidad de los negocios

Nuño Monasterio, cooperativista del cáñamo industrial en Mallorca, explicó a este diario que la jurisprudencia del TJUE ya indicó que el cáñamo con un contenido de THC por debajo del 0,3% “gozaba de libre comercio y circulación, que no era un narcótico y que no se podía impedir su venta”. “España, por la razón que sea, no está actualizada. Y no es que sea una recomendación: son normativas de directa aplicación”, defiende. En este sentido, señala que los organismos europeos van en otra dirección. “Incluso se está planteando blindar la flor de cáñamo como producto agrícola para evitar todos estos problemas”.

Otro de los criterios que establece las diferencias entre la droga de cannabis y la fibra de cannabis es la que marca la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Así, se propone calcular la relación entre los principales cannabinoides: el THC (el componente psicoactivo del cannabis), el CBN (un cannabinoide no psicotrópico) y el CBD (otro de cannabinoide no psicoactivo de la planta).

Tanto el CBD como el THC provienen de una misma sustancia de origen pero se desarrollan en distintas cantidades según el tipo de planta. La clave está en la relación entre ellos. Es decir, si la proporción de THC más CBN frente al CBD es menor a uno, la planta se clasifica como cáñamo industrial; si la proporción es mayor a uno, se trata de cannabis con fines psicoactivos.

En relación a este tipo de operativos “antidroga”, Monasterio explica que se trata de “actuaciones desproporcionadas”. “No creo que la manera de actuar sea entrar, vaciar una tienda y acusar a la gente —ya sea formalmente o de palabra— de narcotráfico”, lamenta. “Directamente parecen ‘narcos’, gente que trabaja con facturas, que paga sus impuestos”, añade. Así, cree que debe de haber “un control estricto sobre esta sustancia”, basado en análisis en laboratorio, que determinen si a partir de unas muestras si el producto está fuera de los límites de THC establecidos, de modo que se considere sustancia psicoactiva.

Monasterio defiende que el producto debe de estar fiscalizado por su psicoactividad, y que para ello hay que aplicar la fórmula que marca la ONU, que está avalada por la ciencia. “Eso sería lo primero: no poner un límite absurdo un poco más arriba o más abajo, porque no puede ser que sea un producto legal hasta un momento y justo una décima superior a ese momento pueda implicar condena por narcotráfico. Eso no cabe en ninguna cabeza”, argumenta.

Finalmente, recuerda que las acusaciones de delitos contra la salud pública a la que se enfrentan algunos empresarios del sector quedan “en agua de borrajas al no transgredir normativo alguna, pero hacen muy difícil la continuidad de las empresas, ante la inseguridad jurídica que se les plantea, los costes legales de la defensa y tener unas líneas de negocio paradas por culpa de estas prácticas abusivas”. Por tanto, defiende que se necesita “una regulación clara” y que la normativa española se adapte a lo que marca la europea, que es de obligado cumplimiento, así como lo que establece la ONU. “Tenemos que exigir no solo que se cumpla la normativa europea, sino que se actualice la legislación nacional, adaptándose a los nuevos usos y realidad”, concluye.

En el cementerio de la Almudena reina un silencio sepulcral. La mañana es lluviosa y aún es temprano. Solo unos pocos coches se estacionan junto a las mesetas, espacios que separan las tumbas por zonas u ordenan los nichos para que cada uno pueda hallar a sus difuntos. Es miércoles por la mañana y solo quedan tres días para el 1 de noviembre, una jornada en la que el cementerio más grande de Madrid se llenará de flores, visitas o recuerdos. Su superficie se extiende a lo largo de 120 hectáreas, el equivalente a seis Bernabéus. Un espacio lo suficientemente amplio como para que más de uno haya echado el ojo a sus múltiples ornamentos de bronce, con los que las familias decoran algunas lápidas.

“Sí, claro que me suenan”, responde Adrián cuando se le pregunta por los ladrones de tumbas, a los que una semana antes se hacía mención en la comisión municipal de Seguridad. Un concejal del PSOE, Ignacio Benito, preguntó a la vicealcaldesa y responsable de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, sobre los hurtos en varios sepulcros de La Almudena o el Cementerio Civil, a tan solo un kilómetro de distancia. Según expuso el edil, la desaparición de crucifijos o letras de bronce en los nichos supone una “pérdida emocional” de “gran impacto” para las familias, que en noviembre acudirán en masa a honrar a sus difuntos.

Este miércoles por la mañana, previo al ajetreo del Día de Todos los Santos, Adrián es de los pocos hombres en dejarse ver por La Almudena. Aparcó el coche sobre las nueve y media, antes de irse a trabajar en el aeropuerto, porque quería encender una vela a un familiar que reposa allí. No iba a esperar al sábado, cuando se prevé que acudirá más gente. Aunque no concreta su edad aparenta estar entre los 40 y 50 años, e indica que hasta el momento no han robado en las tumbas que visita, pero sí ha oído historias entre conocidos. “Creo que son los mismos que roban los tiradores de bronce en las puertas, es algo que ha pasado en mi edificio. Se especializan en extraer ese material sea donde sea”, conjetura.

En el entorno del cementerio de la Almudena se expande todo un negocio alrededor de la muerte. El paseo que da a la entrada principal ya acoge una floristería en mitad de la calle y, unos metros antes, otra tienda de artículos funerarios se cruza en el camino desde el metro de La Elipa. El establecimiento se llama Mármoles y Granitos Hermanos Ruiz S.L., pero dentro solo había dos mujeres atendiendo. Una conversaba con un cliente y la otra sacaba a brillo a las placas para los difuntos, en la vitrina.

“Muchas familias vienen a pedir presupuesto porque han robado en sus lápidas, pero no solo aquí: en otras zonas de España ocurre lo mismo. En pueblos de Toledo en los que también trabajamos llegan encargos similares”, expone una de ellas. Para curarse en salud y prevenir otro robo que haga un roto en el bolsillo, algunos ya comienzan a cambiar los habituales cristos de bronce por copias de marmolina, un material más barato que se hace con gravilla de mármol pintada de dorado, imitando el color de las figuras de metal. “Es más económico que el bronce y hay menos opciones de que te lo roben”, aclara la dependienta.

Precisamente minutos antes, uno de los operarios que trabajaba ese día junto a la capilla de este cementerio colosal afirmó a Somos Madrid que, hacía una semana, alguien les había robado un cable con alambre de bronce que emplean en las obras. Según su relato, aprovechó para cortarlo cuando lo tenían entre la zona de trabajo y una cabina donde suelen desayunar. “Ahí me di cuenta de que ya no te podías fiar de nadie”, reflexiona, deslizando que si esto ocurre en lugares como un cementerio, “puede pasar en cualquier sitio”. A los hechos se remite.

Era mediados de septiembre cuando la Policía Nacional detuvo a un padre y a su hijo, o un menor que afirmaba serlo, por el robo de 32 crucifijos de bronce. Poco antes, el 20 de agosto, unos agentes municipales los habían interceptado durante un control de tráfico rutinario en el distrito de Moratalaz, después de descubrir que el coche en el que viajaban tenía caducada la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos. Al revisar la documentación del automóvil, se percataron de que en los asientos traseros viajaban varias cruces cristianas en distintos tamaños.

El encuentro tuvo lugar en la calle del Arroyo de la Media Lengua y, tiempo después, sus implicados acabaron detenidos por un presunto robo con fuerza. En la guantera hallaron una navaja de 17 centímetros que, por su tamaño y dimensiones, no se debe portar. Cerca de los crucifijos había herramientas que permitían extraerlos de la tierra o las lápidas de un cementerio: martillo, alicates o un destornillador. La Policía Municipal tampoco ha concretado en qué punto se encuentra la investigación, que pasó a manos de la Nacional. Este segundo cuerpo policial, igualmente consultado, no detalla el número de detenciones durante el último año.

30 empleados de seguridad y 40 cámaras de vigilancia

Cerca de la capilla de La Almudena donde trabajaba el operario, frente a uno de los nichos funerarios, se eleva un cartel azulado con el sello de SFM, Servicios Funerarios de Madrid. El letrero informa de una obra de rehabilitación en una de las secciones de la primera meseta, la número 10, por la que están acondicionando la capilla o reparando los muros perimetrales. La ejecución corre a cargo del Ayuntamiento a través de su empresa municipal, que ha desembolsado 803.693,29 euros para una obra de seis meses. En paralelo, los empleados de la funeraria pública que subcontrata, a su vez, a estos operarios externos denunciaron esta semana que la EMSF se sostenía económicamente “a costa de reducir sus retribuciones”.

La plantilla encargada de velar por la normalidad en los cementerios –los robos o cuestiones de seguridad dependen de la Policía Municipal– se negó a firmar una actualización de sus condiciones laborales que, a su parecer, restaba garantías y estabilidad a su trabajo a la vez que les pedía reducir sus incentivos salariales por antigüedad, fijados en un convenio colectivo de hace tres décadas. “Nos han dejado a los pies de los caballos”, resumían el jueves en un comunicado difundido desde el sindicato Comisiones Obreras, en el que auguraban posibles movilizaciones e incluso una huelga para el sábado si la empresa no se atenía a negociar.

Poco después del anuncio, la vicealcaldesa y responsable de Seguridad y Emergencias, así como de la Policía Municipal que vigila los cementerios, aseguró que el diálogo seguía abierto. “Vamos a seguir negociando”, constató Inmaculada Sanz en aras de impedir los paros en el Día de Todos los Santos. No hizo mención a los robos de bronce junto a las tumbas, pero sí lo hizo una semana antes el propio gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, Javier Ruiz Santiago. “Nuestra labor de vigilancia es solo disuasoria”, se excusó.

El responsable de los servicios funerarios explicó ante la comisión municipal, a la pregunta sobre hurtos del concejal socialista, que su plantilla cuenta con unos 30 empleados de seguridad repartidos entre los 14 cementerios públicos que coordinan. Añadió al paquete las 40 cámaras de seguridad que mantienen desplegadas para filmar esos espacios las 24 horas del día. A fecha de publicar este artículo, la Policía Municipal no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre el número de intervenciones en cementerios del último año o los perfiles de detenidos más habituales.

Según los estatutos de la empresa pública, sobre ellos recaen las “funciones de vigilancia” en torno a las lápidas mientras que la compañía, por su parte, manejará todo lo relacionado con obras, servicios o trabajos necesarios para la conservación, ornato y limpieza de los cementerios o, en particular, de sus elementos urbanísticos, jardinería, edificios e instalaciones, así como para el funcionamiento de estas“. Es lo que se dictamina en su artículo 2.3.d, que menciona uno de los servicios que han de ocupar a la entidad.

Casi el 70% de las denuncias son por robos en las tumbas

El gerente de la EMSF, en su intervención frente a los grupos municipales, cifró en 34 las incidencias denunciadas por ciudadanos entre octubre de este año y el de 2024. Sin embargo, para la oposición es claro que “muchas familias ni siquiera denuncian porque no lo consideran una gran pérdida económica, pero sí sufren un gran daño emocional con un tema muy sensible”, detalla el socialista Ignacio Benito en una conversación con Somos Madrid. Es más, Ruiz Santiago también reconoció durante su intervención que no podían descartar más robos de los que había registrados.

Del total anual, un 68% se centraba en sustracciones de ornamento, mientras que el 17% tenía que ver con algún acto vandálico y otro porcentaje, mucho más pequeño, con incidencias de distinto tipo. Ante estas cifras, el gerente de los servicios funerarios municipales destacó la labor de vigilancia de la Policía Municipal y sopesó que se correspondían con unas “tres alertas por mes”, siempre según la estimación que a ellos les ha llegado. “Aquí sí encuentras adornos de bronce, pero cuando te vas al fondo no hay nada”, señaló, de vuelta en la calle, otro de los visitantes del cementerio de la Almudena.

Se refería a los nichos de las primeras mesetas, aún repletas con símbolos celestiales, jarrones dorados para las flores o palomas, cristos y vírgenes incrustados. No era del todo cierto eso de que al final no encontrabas ninguna figura de bronce, pero sí se notaba cómo descendían en número. En algunos casos, los crucifijos aparecían con fragmentos cortados o desaparecían varias letras de metal en el nombre del difunto. El 1 de noviembre, más allá del amago de huelga laboral en los cementerios, algunas familias tendrán que afrontar otro posible contratiempo: el de no encontrar el recuerdo con el que quisieron despedir a los suyos.

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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha destituido de su cargo al gerente municipal, Iñigo Anaut Peña, después de que diese positivo en un control de alcoholemia realizado por la Policía Municipal durante el fin de semana. Se le imputa un delito contra la seguridad vial.

La Junta ha acordado su cese como cargo de libre designación, agradeciendo los servicios prestados a la institución desde su nombramiento, en enero de 2024. El hasta ahora gerente municipal ha puesto su cargo a disposición del equipo de gobierno, por motivos personales, y se ha aceptado su dimisión, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Iñigo Anaut Peña es licenciado Ciencias del Trabajo, diplomado en Graduado Social y Máster PRL. Ha sido director de Recursos Humanos en ANEL, CEPES y Teleflex Fluyd Systems y gerente en Lexia Consultores y Soc. Coop. Agropecuaria San Miguel. En el ámbito de la administración local, ha sido director de RRHH en el Ayuntamiento de Burlada (2006-2012) y en el Ayuntamiento de Pamplona (2015-2019). Desde 2020, ha ejercido como asesor laboral y de RRHH de diversos ayuntamientos y entidades locales de Navarra.

El Ayuntamiento de Pamplona ha informado que tiene previsto nombrar a un nuevo gerente en los próximos días.

Con el fin de Aste Nagusia, Bilboko Konpartsak, como cada año, ha hecho entrega de su bandera azul, que premia el trabajo a favor de la fiesta, y su bandera marrón que castiga quienes dificultan la realización de las actividades. En esta edición, la bandera azul ha sido para aquellas personas que “refuerzan y sacan adelante el Concurso Gastronómico”, es decir, el jurado, las colaboradoras, las locutoras y, sobre todo, a quienes participan. Por el contrario, la bandera marrón ha sido entregada a la Policía Municipal de Bilbao, como también lo fue tras la Aste Nagusia de 2023.

“Al igual que la bandera azul premia el trabajo realizado a favor de la Aste Nagusia, la bandera marrón se otorga a quienes la obstaculizan, y este año, merecidamente, se la hemos entregado a la Policía Municipal de Bilbao”, han explicado Bilboko Konpartsak en un comunicado. Entre las razones para la concesión de esta bandera, destacan la poca ayuda a la organización de la fiesta y el “acoso al colectivo mantero”. “Nos han puesto trabas a comparseras y trabajadores para entrar y salir de recinto festivo, han acosado al colectivo mantero y, en general, hemos valorado la escasa ayuda que nos han dado. Denunciamos que las personas en situación de calle que dormían en la plaza del Gas fueran desalojadas y enviadas al Arriaga sin ninguna explicación. Esta fue una de las razones para activar por primera vez nuestro protocolo”, han denunciado.

Los hechos que describen desde las comparsas ocurrieron el pasado lunes, cuando un grupo de personas que pertenecen al colectivo de manteros fueron desalojadas de la plaza del Gas del centro de Bilbao, donde han estado durmiendo varios días. Muchas de esas personas viajan hasta la capital vizcaína para vender los productos en fiestas, pero no disponen de una vivienda en la que dormir por lo que pernoctan en las calles durante Aste Nagusia.

A modo de respuesta, el sindicato policial Esan ha acusado a Bilboko Konpartsak de “encubrir y blanquear a los delincuentes que cada año encuentran en su espacio festivo un foco de impunidad donde robar, agredir sexualmente, vender falsificaciones y ofrecer comida en mal estado a la ciudadanía de Bilbao. Todo ello con su connivencia y su apoyo expreso o tácito”, ha mostrado el sindicato en un comunicado en el que ha señalado que “la verdadera labor de la Policía Municipal y la Ertzaintza es la de proteger a las personas y garantizar que las fiestas sean seguras para todos y todas”. “Pretender ridiculizar a quienes trabajan en primera línea frente a esas realidades solo refleja una falta de responsabilidad y un desprecio hacia el conjunto de la sociedad bilbaína”, ha apuntado.

En este sentido, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, preguntado por esta cuestión ha señalado que se trata de “personas que viven en una situación enormemente crítica” pero que “las quejas vecinales han sido relevantes y por eso la Policía ha actuado para levantarles”. “La Policía ha actuado y no ha habido ningún problema; ellos han accedido a levantarse y es verdad que han vuelto y se han vuelto a ir”, ha reconocido, para añadir que, en todo caso, “la Policía va a seguir actuando porque no podemos permitir que se instale un campamento de esa naturaleza en la ciudad”.

Por su parte, Aburto ha querido reconocer el trabajo de la Policía Municipal y de la Ertzaintza que han trabajado para detener “a más de 160 personas, es decir, más de 160 sinvergüenzas, ladrones y agresores detenidos”. “No hemos tenido gravísimos casos de agresiones machistas, racistas u homófobas, y todas aquellas que han sido denunciadas han terminado con la detención del agresor. Todas”, ha declarado Aburto, que ha precisado que en las fiestas de este año se han producido más detenciones con menos delitos denunciados que en la pasada edición.

Sin embargo, desde Bilboko Konpartsak han asegurado que en varias ocasiones han tenido que activar sus protocolos internos por agresiones. “Se han producido agresiones de diversa índole e intensidad: racistas, sexistas, LGTBIQ+fóbicas, verbales, o de las que incluyen violencia física. El pasado jueves, 21, volvimos a activar el protocolo, precisamente tras un ataque LGTBIQ+fóbico muy grave que tuvo lugar la noche anterior. Como consecuencia de ello, la Comisión Mixta de Fiestas convocó una cadena humana y una concentración muy numerosa. La colaboración que recibimos para poner en marcha el protocolo contra las agresiones nos es muy útil. Queremos que los agresores sepan que nos encontraran de frente, así como que las víctimas tengan presente que estaremos a su lado”, han concluido.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao han informado de que en total se han registrado 165 detenciones (frente a las 158 de 2024), a falta en ambos casos de los datos del domingo. “Las y los agentes, tanto de paisano como uniformados, han estado muy presentes en toda la ciudad, incidiendo en tareas preventivas e inhibiendo posibles sucesos de gravedad. Los dispositivos de protección conjuntos desplegados por ambos cuerpos en toda la ciudad han hecho especial hincapié en los recintos festivos y de mayor acumulación de gente como Arenal, Casco Viejo, Parque Europa, Abandoibarra, Parque Etxebarria, Txikigune”, han destacado.

En total,1.046 hechos han sido denunciados durante toda Aste Nagusia (1.179 en 2024). De ellos, el 70,26 % (735) corresponden a hurtos; fundamentalmente móviles y carteras. Los robos con intimidación bajan ligeramente con respecto al año pasado, con 83 denuncias de esta tipología en 2025 por 91 en 2024. Se han registrado, además, 13 delitos contra la libertad sexual; y todos se corresponden con tocamientos. “Cabe destacar que, en esta tipología delictiva, prácticamente todos los autores han sido identificados, detenidos y puestos a disposición judicial”, han asegurado desde el Consistorio.

En el ámbito de la seguridad vial, se han registrado 54 accidentes de tráfico: 41 colisiones con daños materiales, 11 colisiones con heridos de escasa consideración y 2 atropellos. Además, se han realizado un total de 384 pruebas de alcoholemia en 23 controles diferentes, resultando 15 positivas; y 44 pruebas de sustancias estupefacientes, dando 6 de ellas positivas. Fruto de todas ellas, se han inmovilizado un total de 15 vehículos.

Por último, en materia de seguridad alimentaria, y ante el peligro que conlleva el consumo de productos perecederos sin ningún tipo de control sanitario, la Policía Municipal de Bilbao ha llevado a cabo decomisos de este tipo de productos requisando 202 kilos de comida en total -el doble del año pasado-. Además, se han retirado otros 20 puestos de venta ambulante no autorizada en los que se han decomisado elementos tales como tabaco, pirotecnia o artesanía.

Los manteros de Billbao han denunciado este lunes el “grave racismo institucional y policial” que aseguran que se esconde detrás de la “persecución” y detenciones a miembros de este colectivo por parte de la Policía Municipal. Convocados por la plataforma Manteroekin Bat bajo el lema ‘Basta ya de agresiones policiales racistas a las personas manteras’, decenas de personas han arropado a los manteros portando carteles en los que se podía leer “detenedme a mi también, compro marcas falsificadas”.

La concentración, presidida por una pancarta en la que se leía 'Manteroen aurkako, jazarpenik ez! Sobrevivir no es delito', se ha desarrollado entre continuas consignas contra la Policía Municipal y el Ayuntamiento y el racismo. Los concentrados han elegido un punto cerca del lugar del Casco Viejo de Bilbao en el que el pasado miércoles la Policía redujo y detuvo a un mantero, según han denunciado desde la plataforma.

Lo cierto es que, como ha ocurrido ya de forma reiterada en los últimos años, la tensión entre manteros y agentes de la Policía se incrementa a medida que crece el número de turistas en la ciudad y se acerca la Aste Nagusia de Bilbao, que arrancará el próximo 16 de agosto. El episodio denunciado este lunes se une al registrado el pasado viernes en la calle Ripa, cuando en el forcejeo entre los agentes y el mantero que iba a ser detenido uno de los agentes sufrió la fractura de un dedo. A finales de julio se produjeron también momentos de tensión frente a El Corte Inglés cuando la Policía intentaba desalojar a los manteros que vendían allí su mercancía. Hay que recordar que el punto álgido de tensión se produjo ya en 2023, cuando un grupo de viandantes se enfrentó a los policías municipales que identificaban a un mantero.

En la concentración, representantes de la plataforma han leído un comunicado en euskera y castellano, denunciando las “intervenciones violentas” de la Policía Municipal que consideran cargadas de “racismo institucional y policial”. “Necesitamos trabajar para vivir y no podemos conseguir los permisos para la venta ambulante, ni cotizar a la Seguridad Social, porque lo impide la Ley de Extranjería”, han denunciado. “Somos parte de esta ciudad y tenemos derecho a vivir y convivir en ella y a que se respeten nuestros derechos sin ningún tipo de discriminación. Exigimos el fin de las paradas por perfil racial y la eliminación de los abusos policiales y la sustracción de efectos personales de las personas manteras”, han señalado. Además, han exigido al consistorio que “se investigue este tipo de actuaciones policiales abusivas, injustas y racistas”.

Han apelado a que el Ayuntamiento busque fórmulas para que “todos” disfruten de “unas fiestas tranquilas y en paz”. “Si lo único que les importa a las instituciones son los turistas, que sepan que nosotros y nosotras seguimos viviendo en la precariedad y la inhumanidad y sufriendo acoso policial. No vamos a dejar que nada ni nadie nos arrebate nuestra dignidad”, han señalado.

Frente a los incidentes producidos entre Policía Municipal y manteros el sindicato ErNE ha denunciado el aumento de la violencia hacia los agentes en este tipo de actuaciones. Han pedido la personación del Ayuntamiento como acusación particular en el caso del ertzaina herido en un dedo, y han exigido a los responsables políticos que respalden a la Policía Municipal y que “actúen con firmeza” ante estas agresiones.