Rueda vuelve a defender la negativa de la Xunta a publicar el acuerdo que firmó con Altri

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defiende que el memorando de entendimiento firmado con Altri para el proyecto de levantar una macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo) no puede ser público. El Gobierno gallego le denegó el acceso a ese documento, cuya existencia reveló la propia compañía lusa, a Praza.gal en una petición amparada en la ley de transparencia. El periódico digital recurrió la decisión ante la Comisión de Transparencia -que depende de la Valedora do Pobo- y esta ha dado la razón a la Xunta, que argumentó que quien firmó ese texto no lo hizo como conselleiro, sino en un “negocio jurídico privado”.

La historia de ese acuerdo se remonta a las gestiones de la Xunta para aprovechar los fondos europeos de recuperación Next Generation tras la pandemia. El Gobierno gallego creó una empresa con varios socios privados (Abanca, Reganosa...) para promover proyectos tractores. Esa sociedad tiene el nombre de Impulsa Galicia, está controlada en un 48% por la Xunta y la preside la persona titular de la Consellería de Economía. Impulsa Galicia fue la que formalmente eligió a Altri como socio para lo que entonces se presentaba como una fábrica de fibras textiles verdes. Y el responsable de Economía en aquel momento en la Xunta era Francisco Conde -ahora diputado en el Congreso-. Fue él quien firmó el memorando el 1 de octubre de 2021. Y el argumento del Gobierno gallego para denegar el acceso al documento es que Conde actuaba entonces no como conselleiro, sino “en su condición de titular de un órgano de una sociedad mercantil privada, representando a esta en un negocio jurídico privado”.

Rueda se ha remitido este lunes, al ser preguntado por los motivos para no revelar el contenido de ese pacto, a la resolución de la Comisión de Transparencia: “Yo ahí, si está examinado por un organismo independiente y acaba de tomar esa decisión, poco más puedo añadir”, dijo. El proyecto de Altri, que recibió el visto bueno ambiental de la Xunta el pasado mes de marzo sigue pendiente de la autorización definitiva por parte del Gobierno gallego, mientras que el Gobierno central insiste en que no va a recibir ayudas por su parte.