La presidenta de Navarra, María Chivite, ha vuelto a proponer este viernes que el euskera sea considerado lengua “propia” de toda la comunidad foral, para lo que sea necesario modificar el artículo 9 de la LORAFNA, el equivalente en la comunidad foral al Estatuto en el resto de autonomías. Con todo, ha matizado que ello no conllevaría la eliminación de la actual zonificación lingüística.

Navarra está dividida en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas cooficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso. 

Chivite, que ha comparecido en la ponencia que se desarrolla en el Parlamento para la actualización de la LORAFNA, sí que ha considerado que la Administración Pública “debe tener capacidad de atender al ciudadano en su lengua” y por ello ha defendido que, “incluso fuera de las zonas vascófonas la Administración debe, en cierta medida, euskaldunizarse sobre todo en la atención directa al público”.

“El euskera es una lengua propia que la sociedad está normalizando, con la que convive, que está más presente, que avanza en la superación de una percepción de la lengua exclusivamente ligada a determinadas ideologías políticas y considero que esto es positivo”, ha aseverado la presidenta navarra, que ha asegurado que es “deseable socialmente que el mayor número posible de navarros/as conozcan el euskera”.

No obstante, Chivite ha indicado que no se puede negar la realidad sociolingüística de Navarra, “y es que, aun habiendo avanzado mucho en el conocimiento del euskera por la población navarra, en estos momentos no hay una amplia mayoría que conoce y habla el euskera, o no con un alto nivel”, ha apostillado.

“Por lo tanto, con determinadas propuestas que también se han planteado aquí por otros ponentes, que por supuesto respeto, aunque no comparto, podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos”, ha manifestado, para añadir: “Si eso pasa, de nuevo volvemos al rechazo social a una lengua, no por la lengua en sí, sino porque se entiende como una barrera que discrimina, en lugar de como un patrimonio propio que queremos preservar”.

Reforma de la LORAFNA

La presidenta del Gobierno navarro también se ha referido a una posible reforma de la ley del Amejoramiento del Fuero y se ha comprometido a impulsarla si se determina que existe un “amplio consenso social y político”.

Ha expuesto que “la Navarra de 2026 ha cambiado socialmente respecto a la Navarra de 1982”. “Siendo cierto que hay valores y principios que siguen vigentes, no es menos cierto que sería interesante abrir el debate de la reforma, cuando menos, para incorporar cuestiones que son hoy parte de nuestra realidad, que entendemos mejoran nuestra razón de ser, hacen de nuestra comunidad un espacio mejor económica y socialmente, también institucionalmente”, ha dicho.

Según ha indicado, “en el actual momento político es más que oportuno”. “Ante cualquier tentación centralizadora, de desmantelamiento del Estado de las Autonomías o de desmantelamiento del Estado del Bienestar, debemos blindar al máximo nivel las competencias, servicios y derechos que hacen de nuestra Comunidad foral una región puntera en lo económico y lo social”, ha apuntado, para incidir en que “cualquier modificación debería ser fruto del consenso”.

Sobre el hecho de que no existiera un referéndum en su momento, Chivite ha asegurado que ello “no resta un ápice de legitimidad a esta norma” que se ha “asumido y aplicado con normalidad”. “Es nuestro gran referente”, ha concluido.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al actual consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, de la parte de Geroa Bai, como el “primer” vínculo de la actividad conjunta del trío llamado Hirurok que conformaban el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y la socialista vizcaína Leire Díez. Hirurok presuntamente cobraba las comisiones ilegales por intermediación en operaciones como el rescate de Tubos Reunidos u otras gestiones con empresas como la navarra Erri Berri. Se sospecha que Fernández Guerrero mantenía en 2021, cuando se sustanciaron estas operaciones, una capacidad influencia en la SEPI a pesar de haber dejado el cargo en 2019.

Según un atestado de finales de 2025 al que ha tenido acceso este periódico, Hirurok empezó a operar en 2021. Y los agentes de la Guardia Civil sitúan a Aierdi, entonces consejero de Vivienda y también vicepresidente segundo en el primer Gobierno de la socialista María Chivite pero propuesto por Geroa Bai (en concreto, por la rama de los Socialverdes y no por el PNV), como “el primer elemento” que relaciona a los tres de manera conjunta. Lo hace tras localizar un mensaje de WhatsApp que Alonso le envió a Aierdi el 10 de febrero de 2021 con los teléfonos de Fernández Guerrero y Díez. Según la UCO, Alonso escribe este mensaje al consejero “en el contexto de una reunión que ese mismo día podría haber tenido lugar entre ellos”.

Fuentes del Gobierno navarro niegan que Aierdi se reuniese con los miembros del grupo Hirurok y aseguran que el consejero no recuerda haber recibido esos contactos por parte de Alonso. En la documentación que el Ejecutivo de Chivite envió hace unos meses a UPN, el partido que lidera de la oposición en la comunidad foral, sobre las reuniones de Alonso con miembros del Gobierno, entre ellos Aierdi, no se detalla este encuentro al que hace referencia la UCO.

Se da la circunstancia de que fue el propio Aierdi quien, a finales de 2019, informó al Parlamento navarro de que quería firmar un convenio para la promoción de viviendas con la mercantil de Alonso Servinabar 2000, en la que aparentemente el socialista Santos Cerdán tenía una participación del 45%. “Se están realizando gestiones para formalizar un convenio con la empresa Servinabar 2000. El formato sería similar al de la fundación bancaria Caja Navarra y se construirían 40 VPO en alquiler sobre una parcela de Nasuvinsa en Ardoi. Actualmente, se está realizando el estudio de viabilidad”, explicaba en la Cámara Aierdi. En el caso de Caja Navarra que se toma como referencia, la Administración le cedía suelo y la entidad privada asumía las obras y “al término de los 30 años” de concesión “el suelo y el edificio revertían a Nasuvinsa”.

Es un movimiento muy relevante, porque es de los pocos negocios en que Servinabar 2000 ha operado en solitario y no con Acciona, por ejemplo. Además, en aquel momento, Servinabar 2000 tenía como objeto social la “gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones; y otras”, nada relacionado con la promoción inmobiliaria.

Aierdi, al conocerse el informe de la UCO de junio del 2025 que vinculaba a Cerdán con Servinabar 2000 tras haber encontrado en el domicilio de Alonso un documento privado por el que adquirió el 45% de las participaciones de la mercantil, aseguró que no recordaba haber querido impulsar ese convenio de colaboración pero, posteriormente, en su comparecencia en la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra, sí que lo reconoció. Pero señaló que no se llegó a concretar.

En esa misma comparecencia Aierdi desveló que su primera reunión con Alonso tuvo lugar en 2018 cuando él era gerente de la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa. Servinabar 2000 ha obtenido contratos en Navarra de esta sociedad para construcción de vivienda protegida, aunque de la mano de Acciona. Según explicó Aierdi, su primer encuentro se debió a que Alonso tenía interés en hacerse con unos terrenos cerca de la localidad de Lumbier para ubicar el espacio logístico “ligado” al proyecto Mina Muga. Ya como consejero, en 2023, tuvo otros tres encuentros con el empresario vasco, dos sobre Mina Muga y otro sobre Forestalia.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido este jueves en el Parlamento de Navarra impulsar una modificación de la LORAFNA, el equivalente en la comunidad foral al Estatuto en el resto de autonomías, para que el euskera sea reconocida como lengua “propia” de Navarra.

En la actualidad, la LORAFNA reconoce, en su artículo 9, únicamente al castellano como “lengua oficial de Navarra”. En un segundo punto se añade que “el vascuence” tiene también “carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes”, pero no en el conjunto de la comunidad foral. Y es que Navarra está dividida en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas cooficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso. La propuesta de Chivite no implicaría en todo caso una modificación de la zonificación lingüística.

“Hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones más políticas que sociales”, ha defendido la presidenta Chivite para anunciar que en su comparecencia en la ponencia de estudio de la LORAFNA defenderá su modificación. Según ha añadido ese cambio se ha producido “gracias a un enfoque desde lo público que ha buscado socializar y acercar el euskera a través del aprendidaje independientemente del lugar en el que se viva y sin obligar ni imponer”.

Chivite se ha referido a una manifestación que se celebró el pasado fin de semana en Pamplona para pedir “condiciones verdaderas para vivir en euskera” y en la que se hablaba de “universalizar el conocimiento”. A este respecto, la presidenta ha afirmado que “precisamente eso, el conocimiento, es la clave para avanzar en la socialización de la lengua”. María Chivite ha defendido “la consideración de que el euskera debe entenderse desde la pluralidad, una clave relevante para conectar con el conjunto de la sociedad navarra, que también es plural y que se tiene que ver reconocida e incluida en el sentimiento de pertenencia de esta lengua que es propia a todos los navarros y las navarras”.

“Estamos en un momento en el que el euskera vive una posición de absoluta normalidad en el ámbito de la convivencia y esto seguramente es fruto de una evolución que tiene muchos factores”, ha afirmado Chivite. Uno de estos factores, según la presidenta navarra, es el papel que “la educación ha tenido y tiene en el ámbito del euskera”. “La extensión del modelo D al conjunto de la Comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva. De hecho, desde el curso 2020/2021 hemos implantado unidades de modelo D en Mendigorría, en Larraga, en Lezkairu, Aibar o Falcés”, ha enmuerado, entre otros lugares.

También ha destacado “las ayudas económicas que se dan a los centros de Infantil y Primaria que desde el año 2015 han ido implantando el modelo D y que son centros especialmente pequeños, en el ámbito de lo rural, de las zonas mixta y no vascófona”.

María Chivite ha afirmado que esta aproximación “es la más adecuada” para que el euskera sea considerado por el conjunto de la sociedad navarra “como una lengua propia y no como un instrumento o una herramienta política”. “No hay fronteras cuando la educación pública se convierte en el vehículo transmisor. Yo creo que conseguimos que trascienda lo político para convertirse en parte de nuestro acervo y de nuestro conocimiento”, ha destacado.

Chivite ha señalado que “es este enfoque, el del conocimiento, desde la no politización, desde la no imposición, el que está siendo clave para que el euskera cuente con una aceptación social incluso en localidades donde históricamente no han tenido un contacto o un vínculo con esta lengua”. “Educación acerca el conocimiento, Educación preserva el patrimonio, y ese papel es nuclear para que el euskera cuente cada vez con más implantación y más conocImiento, y que cada vez más personas quieran apuntarse al conocimiento de esta lengua”, ha finalizado.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha inadmitido la querella presentada por Vox contra el parlamentario socialista y ex 'número dos' del PSN Ramón Alzórriz por delitos de cohecho y tráfico de influencias. El partido de extrema derecha le había denunciado en la que aseguraba que las obras que había realizado en su casa habían sido la contraprestación de la constructora Adentro Construimos, la misma a la que se le adjudicaron cuatro contratos para la reconstrucción del parque Sendaviva y que están siendo investigados por un juzgado por un posible fraccionamiento ilegal. Alzórriz era el vicesecretario general de los socialistas navarros hasta que en junio del año pasado Chivite le cesó de todos sus cargos por haberle ocultado que su pareja había trabajado en Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%.

Ahora , la Sala de lo Civil y Penal del TSJN considera que “la imputación dirigida frente al aforado se basa en meras sospechas, conjeturas o posibilidades y en valoraciones personales carentes de corroboración suficiente y, por tanto, sin un sustento sólido que permita la apreciación de indicios mínimos”. Según la querella de Vox, después de la adjudicación de los contratos de Sendaviva a Adentro Construimos SL, esta misma empresa llevó a cabo las obras de reforma integral de un piso adquirido, al 50% con su esposa, el 17 de junio de 2024 por Ramón Alzórriz. La querella añadía que el valor o importe de esas obras de reforma fue realmente “muy superior” al precio abonado por Alzórriz, estimando que pudieran suponer las obras realizadas un importe de unos 150.000 euros, frente a la cantidad de 38.000 euros, más IVA, en la que se presupuestaron, según la licencia municipal.

Según exponen los magistrados en el auto, “la parte querellante parece relacionar al aforado, de algún modo no especificado, con las decisiones adoptadas determinantes de aquellas adjudicaciones, apuntando a que la ejecución de dichas obras en la vivienda del aforado se realizó a cambio de un precio muy inferior al que correspondía, como respuesta de la entidad constructora a la gestión realizada por el aforado”. Al respecto, resalta el Tribunal, la admisión de una querella requiere no solo que se individualice la conducta concreta que respecto al aforado pudiera ser constitutiva de delito, “sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación como persona concreta”. 

“En el presente caso, atendidos los propios términos de la querella, es destacable que, si bien se afirma el carácter irregular y posiblemente delictivo de las adjudicaciones antes indicadas, sin embargo, en lo referente al aforado señor Alzórriz, no se describen en ella unos concretos hechos posiblemente delictivos individualizados, ni se aporta dato objetivo alguno del que pueda inferirse la precisa relación del aforado con los responsables de las adjudicaciones repetidas o con estas mismas, ni se aportan elementos objetivos bastantes que avalen la verosimilitud de una participación penalmente relevante del aforado en la posible actividad delictiva”, subraya la Sala.

Asimismo, los magistrados abundan que no cuentan “con un mínimo apoyo objetivo atinente a los propios hechos y a la participación de la persona aforada en las gestiones referentes a las adjudicaciones ni a su relación con quienes las decidieron”. Ni tampoco, agregan, acerca de la desproporción afirmada por la parte querellante entre el importe de las obras efectivamente realizadas y el realmente abonado por el aforado. “En definitiva, la imputación dirigida frente al aforado se basa en meras sospechas, conjeturas o posibilidades y en valoraciones personales carentes de corroboración suficiente y, por tanto, sin un sustento sólido que permita la apreciación de indicios mínimos, en los términos que antes hemos indicado, para la admisión de la querella frente a un aforado”, remarcan. 

En este sentido, la Sala cita jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual la investigación penal no puede convertirse en prospectiva, sin que el proceso penal pueda abrirse para averiguar si, a partir de una sospecha general o de una construcción hipotética, pudieran llegar a descubrirse hechos delictivos concretos, sin aportarse un indicio objetivo de su realidad. Al respecto, según indican los magistrados, el Supremo opta por un criterio restrictivo a la hora de aceptar la competencia por implicación de un aforado, exigiendo un nivel de indicios cualificado para la admisión de una querella. 

“Los hechos reflejados en la querella, y cuanto se desprende de la documentación aportada, resultan insuficientes para justificar la apertura del proceso penal”, sostiene la Sala, que apostilla, no obstante, que podrá adoptarse en el futuro la resolución que proceda si, “de las actuaciones que se desarrollan en las diligencias previas de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, se desprendiesen nuevos datos reveladores de posibles indicios de responsabilidad penal afectante a dicho aforado”.

Estas obras que se investigan en otro juzgado se realizaron en el parque de la naturaleza  Sendaviva tras unos incendios que lo arrasaron en 2022. El parque está gestionado por Parquenasa, una sociedad de la que el Ejecutivo foral tiene una participación del 45% a través de la sociedad pública NICDO. El Gobierno navarro adjudicó a la empresa Adentro Construimos cuatro contratos que en total suman 792.703 euros, pero que por separado ninguno supera los 200.000, el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública con una mesa de contratación que valore las ofertas. Los cuatro contratos se quedan al límite de superar esos 200.000 euros, superando tres de ellos los 1980.000 euros.

Nueve meses y 43 comparecencias después, la comisión de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha echado el cierre este miércoles con una última sesión en la que se ha votado un dictamen consensuado entre los socios de Gobierno PSN, Geroa Bai y el socio presupuestario EH Bildu, y en el que la tercera pata del Ejecutivo navarro, Contigo/Zurekin, se ha abstenido. En él se recogen cuatro conclusiones en las que se descarta la existencia de corrupción y de injerencia en la adjudicación de obra pública en la comunidad foral durante las tres últimas legislaturas.

Así, según el dictamen, que será aprobado en el pleno del próximo 18 de junio, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria durante casi un año no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados.

Enmarca a su vez estas conclusiones en un escenario en el que se han encontrado con “limitaciones” como el hecho de que haya coincidido en el tiempo con el proceso penal, lo que ha impedido a los grupos acceder por ejemplo a los informes de la UCO y el resto de documentación recogida en el sumario. Que el proceso judicial estuviera abierto también ha provocado que varios de los comparecientes, entre ellos Santos Cerdán, Koldo García o Antxon Alonso se hayan acogido a su derecho a no declarar. En el caso del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, directamente se ha negado a acudir a la citación, lo que le ha llevado a ser denunciado por la Fiscalía por un delito de desobediencia.

No obstante, se constata la existencia de “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes, especialmente en la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate, el más cuantioso de los siete adjudicados por la Administración foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 (76 millones de euros). Entre otras cuestiones, se alude a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas acerca del alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.

Así, los socios del Gobierno de Chivite y EH Bildu han afeado a la oposición de UPN, PP y Vox que en sus conclusiones dieran por buenas “teorías” y “conjeturas” para demostrar la existencia de corrupción. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha hablado de “corrupción por analogías” para referirse a los argumentos que ha dado UPN en relación con Santos Cerdán para asegurar que se cometió corrupción en la adjudicación de Belate. “Dicen que como esto pasaba en otros sitios y son las mismas personas, necesariamente tiene que pasar aquí”, ha apuntado.

“Si ha pasado solamente el 10% de lo que dicen ustedes que ha pasado en sus dictámenes, ¿cómo es posible que no tengamos ni una sola de esas obras investigada en un juzgado?”, ha añadido el portavoz del PSN, Javier Lecumberri. “Se trataba en esta comisión de confirmar hechos y no de alimentar ni indicios ni relatos interesados, algunos ya preestablecidos”, ha apostillado Pablo Azcona, de Geroa Bai. El portavoz de Cintigo/Zurekin, Miguel Garrido, por su parte, ha apuntado que “no todo se ha hecho bien” y que hay “comportamientos incompatibles con los principios básicos de la contratación pública” que se deben corregir. “Hay evidencias de una falta de ética política y también empresarial”, ha apostillado.

En el lado contrario, UPN, PP y Vox han considerado qué sí se han demostrado indicios de la existencia de corrupción y han acusado a los socios de querer “proteger” al Gobierno y a María Chivite con este dictamen. “¿Hubiera escrito el mismo dictamen si los protagonistas fueran UPN, Miguel Sanz y Javier Esparza?”, le ha preguntado el portavoz regionalista, Javier Esparza, a Adolfo Araiz, de EH Bildu. “Según la UCO, la trama investigada nace en Navarra y se articula desde relaciones políticas del PSN para luego expandirse por toda España”, ha continuado Esparza para afirmar que “la adjudicación de Belate es el paradigma de este modus operandi que la trama utiliza por todo el país”.

El dictamen aprobado incluye un segundo punto de recomendaciones, que en este caso sí ha sido firmado y apoyado por Contigo/Zurekin. Entre ellas destaca la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que pueda haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

Autoridades navarras, familiares y compañeros de la Policía Foral han despedido este jueves en el tanatorio de Pamplona a los cinco policías forales fallecidos en un accidente de tráfico. Los agentes Fermín Sola Barrena, Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domínguez Villar y Miguel Antonio d'Entremont Jiménez, se dirigían a una formación en la base de Iurreta (en Bizkaia) cuando colisionaron con un camión cisterna este miércoles en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar (Gipuzkoa). En el accidente murieron todos los ocupantes de la furgoneta en la que viajaban los policías y el camionero aún se encuentra hospitalizado.

Entre las autoridades que han acudido al velatorio a dar el pésame a las familias de los agentes fallecidos se encontraban la presidenta María Chivite y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, entre otros. También ha acudido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la consejera de Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío; y el vicepresidente y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, además de dirigentes políticos como Uxue Barkos, parlamentarios y concejales del Ayuntamiento de Pamplona. Los familiares y compañeros de los agentes fallecidos también han recibido las condolencias de representantes del resto de cuerpos de seguridad operativos: Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal de Pamplona y el Ejército.

Los cuerpos de los fallecidos, tras los trámites realizados en Euskadi, llegaron a Navarra anoche, escoltados por sus compañeros de la Policía Foral, y serán velados durante este jueves. Este viernes por la tarde se celebrará un funeral conjunto en la Catedral de la capital navarra y previsiblemente la próxima semana tendrá lugar un homenaje civil.

El jefe de la Policía Foral, Iván Ortuerta, ha asegurado a su llegada al tanatorio que la muerte de los cinco agentes es un “golpe muy duro” que va a costar digerir ya que todos ellos eran “perfiles personales y profesionales muy queridos por toda la organización”. “El cuerpo está muy tocado, eran personas de mucha valía personal y profesionalmente”, ha sostenido el jefe de la Policía Foral, quien ha reconocido que las “unidades de intervención en las que han desarrollado su labor profesional están especialmente tocadas”.

Previamente, Ortueta, junto con otros mandos y agentes de la Policía Foral, han asistido en el Parlamento de Navarra a la lectura de una declaración institucional en recuerdo de los agentes fallecidos y a un minuto de silencio en su memoria. En la Cámara navarra, donde se ha mostrado su “reconocimiento, respeto y gratitud” a los agentes que perdieron la vida en el accidente por su “compromiso y vocación de servicio”, se han vivido momentos emotivos de pésame y abrazos entre compañeros y entre policías y autoridades. Allí ha descrito el duelo como un “trance” muy “duro” en el que se debe poner el foco en las familias y los compañeros, al tiempo que ha agradecido la “infinidad” de muestras de apoyo, afecto y cariño que están recibiendo de todas las instituciones públicas del Estado y de Navarra, así como de cuerpos autonómicos y de la sociedad civil.

A su salida del tanatorio, la presidenta Chivite ha señalado a los medios de comunicación: “He querido transmitir a las familias las condolencias de todo el Gobierno, mío personal, pero en realidad del conjunto de la ciudadanía navarra”. “[La Policía Foral] es la institución más querida y se demuestra en estos momentos, porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condolencias y de cariño que no solo la ciudadanía navarra, sino desde todos los puntos de España hemos recibido y he querido transmitírselo así a las familias”, ha expresado.

Por su parte, el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha destacado que es “un momento para estar con las familias y para estar también con los compañeros de los cinco fallecidos” en el accidente, que ha supuesto “un auténtico drama, una pérdida devastadora”. El Ayuntamiento de Pamplona, tal y como ha indicado, transmitió su pésame, en nombre de toda la ciudad, a la presidenta del Gobierno y al vicepresidente. “Estaremos acompañando estos días en lo que se pueda; en estas circunstancias no es mucho lo que se puede hacer, pero en la medida de las posibilidades, estar con las familias, trasladarles el pésame del Ayuntamiento”, ha asegurado.

María Chivite (Cintruénigo, 1978) aspirará a un tercer mandado como presidenta de Navarra. El comité regional del PSN ha ratificado su candidatura para las elecciones forales de 2027. Chivite accedió a la presidencia en 2019, en sustitución de Uxue Barkos. Gobierna en coalición con Geroa Bai (PNV y Socialverdes), y Contigo Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), y con el apoyo externo de EH Bildu.

La presidenta ha reconocido que las investigaciones judiciales que afectan a miembros del PSOE le han producido una sensación de “indignación, sorpresa y tristeza”, al igual que cuando saltó el caso de Santos Cerdán el pasado año. Cerdán era su mentor político y parte de las adjudicaciones se dieron en la comunidad foral. “Sigo creyendo en los principios y valores del partido”, ha dicho sobre todo lo que está sucediendo, según Europa Press.

Durante su intervención en el inicio del comité regional del partido, celebrado este sábado en la sede del PSN en Pamplona, Chivite ha indicado que volverá a presentarse “porque este proyecto es bueno para Navarra”. “Creo que estamos haciendo bien las cosas y nos queda trabajo por delante”, ha indicado. El PSN hoy “está más fuerte que nunca”, ha apuntado también.

Ha asegurado que en Navarra “no hay una alternativa a este Gobierno”, ni siquiera “sumando a la ultraderecha de la prioridad nacional”. “¿Alguien quiere que esta gente gobierne en Navarra”, se ha preguntado, para recordado que donde han podido pactar “lo han hecho”, en referencia a la localidad de San Adrián. Las últimas encuestas, con todo, apuntan a que EH Bildu disputa la primera posición dentro del bloque 'progresista'.

Chivite ha admitido que “los últimos tiempos no han sido fáciles”. “El Partido Socialista de Navarra vivió hace un año uno de los momentos más duros que yo recuerdo. Y estos últimos días he vuelto a tener la misma sensación: sorpresa, indignación y tristeza”, ha lamentado. “La responsabilidad de lo que está pasando viene por personas de dentro de nuestro partido, sin duda, pero también desde fuera”, ha subrayado, para advertir de que las “consecuencias” son “más crispación, mayor desconfianza en la política y retrocesos sociales”, cuyas principales “víctimas” van a ser “los ciudadanos de la calle”. “No debemos dejar que se olviden los logros y avances en derechos sociales y económicos que han hecho de nuestra sociedad una sociedad modelo”, ha defendido la dirigente socialista.

La presidenta se ha referido en su intervención a la ley de UPN, aprobada en el Parlamento de Navarra, que evita el cierre de unidades concertadas. Ha destacado que “por supuesto” que va a cumplir con esta ley, pero a su vez ha resaltado que hará “lo que haga falta” para que “no ponga en desventaja a la escuela pública”. Esa norma salió porque sus socios de Gobierno nacionalistas también defienden la parte privada de la educación, la relativa a las ikastolas.

Asimismo, ha puesto en valor como hito de su gestión la inversión anunciada por la empresa china Hithium en Navarra, para construir una planta de baterías y, especialmente, la situación de la planta de Volkswagen en Landaben. “Tuvimos que escuchar durante meses a esos agoreros del apocalipsis mintiendo a sabiendas, diciendo poco menos que este gobierno había traicionado a la industria navarra. Una vez más, como lo hará con tantas otras cosas, la verdad se abre camino”, ha subrayado.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) volvería a ganar las elecciones forales en Navarra, pero una vez más se quedaría lejos de una mayoría que le permitiese volver a liderar el Gobierno de la comunidad foral, incluso con los apoyos de PP y Vox. Del otro lado, EH Bildu amenaza la primacía del PSN de María Chivite en el bloque de la izquierda.

Una encuesta realizada por EiTB focus publicada este jueves dibuja un escenario muy similar al actual en el Parlamento de Navarra. Las formaciones que sustentan al actual Gobierno foral, una coalición del PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) con el apoyo externo de EH Bildu podría reeditar un Ejecutivo progresista. Eso sí, los socialistas dependerían más de la coalición de la izquierda abertzale, la formación que más crece en intención de voto y que prácticamente empata con el PSN en apoyos.

La encuesta otorga al PSN un 20,5% de intención de voto, medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023, mientras que EH Bildu se situaría muy cerca del 20% de apoyos, un19,9%, con un crecimiento de de 2,5 puntos con respecto a los resultados que obtuvo en 2023.

Geroa Bai, el principal socio de los socialistas en el Gobierno de Chivite, se mantendría como cuarta formación con un 13% de intención de voto, medio punto menos que en 2023. Las formaciones que en la actualidad conforman la coalición Contigo/Zurekin, que todavía no han reeditado el acuerdo para confluir en los comicios de 2027, lograrían un 5,6% de los apoyos.

El ganador de las elecciones volvería a ser UPN, si bien con una caída de dos puntos en comparación con los resultados que lograron en 2023. La formación regionalista, ahora liderada por Cristina Ibarrola, que será la candidata en 2027 a presidir el Gobierno navarro, alcanzaría el 26,2% de los apoyos.

De esta forma, Ibarrola sería incapaz de devolver a UPN al Palacio de Navarra que abandonó Yolanda Barcina en 2015, incluso con el apoyo de PP y Vox. El PP se mantendría en el 7,5% del total de los votos, mientras que la formación de extrema derecha crecería 2,3 puntos y se situaría en el 6,7% de intención de voto.

La encuesta, que ha sido elaborada entre el 17 de abril y el 13 de mayo con 600 entrevistas en la comunidad foral, sitúa a la presidenta María Chivite con índice de aprobación del 64,7% y una valoración de 5,2 puntos sobre 10. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), por su parte, obtiene un índice de aprobación del 66,1% y una nota demia de 5,7.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, el socialista Javier Remírez, ha propuesto este viernes reformar la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, para eliminar varias limitaciones para la convocatoria de elecciones anticipadas. La propuesta llega apenas una semana después de que se viviese la mayor crisis entre los socios del Gobierno de María Chivite por el blindaje a los conciertos educativos y de que se llegase a plantear la posibilidad de un adelanto electoral, para el que existían dudas jurídicas.

Y es que el Amejoramiento navarro recoge en su artículo 30 que la presidenta no puede disolver el Parlamento “durante el primer periodo de sesiones, ni cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura, ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura, ni tampoco antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución”. El Ejecutivo foral encargó un informe a los servicios jurídicos para saber cuándo se considera que finaliza la legislatura.

Ahora, el Ejecutivo plantea eliminar esas limitaciones para equiparse a las que existen para la convocatoria anticipada de unas elecciones generales, en las que únicamente se limita a la no existencia de una moción de censura en trámite, haber transcurrido menos de un año desde disolución, y haber consultado previamente al Consejo de Ministros.

El vicepresidente y portavoz, Javier Remírez, ha comparecido este viernes en la ponencia parlamentaria en la que se analiza una posible modificación del Estatuto navarro, que de producirse debería ser negociada entre los Gobiernos navarro y central. Posteriormente, el acuerdo tendría que ser ratificado en el Parlamento Foral y en el Congreso de los Diputados.

Durante su intervención también ha propuesto que no sea necesario ser parlamentario para presidir la comunidad foral. Para ello sería necesario cambiar el artículo 29, que señala que la persona que presida Navarra “será elegido por el Parlamento, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey”. Remírez ha planteado eliminar este requisito recordando que para ser presidente del Gobierno de España únicamente se requiere ser español, mayor de edad, y disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.

Remírez también ha propuesto incluir en la LORAFNA los derechos sociales, incorporando el derecho a la salud, a una vivienda digna, a la educación infantil y a servicios sociales. También el derecho a una buena administración, a la protección de datos, al acceso a nuevas tecnologías y a la transparencia institucional. Igualmente, ha planteado reconocer el derecho a un medio ambiente equilibrado, al desarrollo sostenible o a la promoción de energías sostenibles.

Se ha mostrado partidario de igual forma de incorporar la igualdad entre hombres y mujeres para que “pase a configurarse como un principio general de toda actuación pública de las instituciones de la comunidad foral”.

El portavoz del Gobierno navarro ha defendido en todo caso que la eventual modificación del Estatuto se debe basar en “un espíritu de búsqueda de un consenso, si no unánime, sí inmensamente mayoritario, e igualmente con una vocación de permanencia”.

El Athletic Club de Bilbao vuelve a ser objeto de polémica en Navarra. Pero esta vez no ha sido por el fichaje de algún jugador de la cantera de Club Atlético Osasuna, sino que ha trascendido a lo deportivo. La nueva equipación del club vizcaíno, presentada esta semana, ha indignado a los partidos de la derecha navarra por incluir un mapa de Euskal Herria en la parte trasera del cuello de la camiseta junto con una ikurriña. UPN ha pedido incluso a la Real Federación Española de Fútbol que impida al Athletic Club utilizar esa indumentaria y ha amenazado con acudir “a los tribunales”. PP y Vox también han protestado.

Fue este miércoles cuando el Athetic Club de Bilbao presentó la camiseta que utilizará la próxima temporada. Según la web del club, que usó como modelos a los jugadores navarros Nico Williams y Oihan Sancet, se trata de una indumentaria con la que se quiere contar la historia del equipo. Así, incluye siete rayas que representan “las siete provincias de Euskal Herria, entrelazando las diversas y orgullosas comunidades que conforman el corazón del club”.

Además, en la parte trasera del cuello de la camiseta se ha añadido un mapa de Euskal Herria, en el que se ha incluido el territorio navarro, así como Treviño, con los colores de la ikurriña. Se ha excluido sin embargo del mapa a parte del territorio foral de Álava.

Ha sido ese detalle el que ha indignado a los partidos de derecha en la comunidad foral. UPN ya ha amenazado con acudir a los “tribunales” si el Athletic no retira de su equipación ese mapa, por considerarlo “lesivo” para Navarra “por cuanto desconoce o relativiza su realidad política, jurídica e institucional diferenciada”.

La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ha enviado además sendas cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, y a la presidenta de Navarra, María Chivite, para que se impida al club vasco utilizar esa indumentaria si no retiran el escudo de Euskal Herria del cuello.

“La inclusión de un mapa de 'Euskal Herria' junto con una ikurriña en la equipación oficial de un club que participa en competición profesional nacional incorpora un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida, al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la Comunidad foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político”, ha señalado Ibarrola.

También PP y Vox se han quejado en Navarra por la nueva equipación del Athletic Club. “Es inaceptable que el fútbol se utilice para exhibir símbolos que denigran la identidad de Navarra”, ha denunciado el presidente del PP navarro, Javier García, quien ha reclamado al Athletic que retire el escudo de su equipación. “El club donde anida el cariño a ETA”, ha espetado la cuenta de Vox Navarra en la red social X.

El Gobierno de Navarra dice que “no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales”

También se ha pronunciado el Gobierno de Navarra. Su vicepresidente primero y portavoz, Javier Remírez, ha asegurado que en la nueva camiseta del Athletic “no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra”.

En un mensaje en X ha explicado que, además se trata de una entidad “calificada legalmente como asociación privada, es decir, no es una administración pública ni entidad dependiente de una institución pública”. “A partir de aquí el uso de símbolos no oficiales por parte una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni a su ámbito competencial”, ha apostillado.

Con todo, ha asegurado que el Gobierno de Navarra “reivindica sus símbolos oficiales como reflejo de su institucionalidad como Comunidad Foral propia y diferenciada”.

El consejero navarro de Educación ha negado este miércoles sentirse “desautorizado” después de que la pasada semana el Parlamento foral aprobara con la abstención de Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo de María Chivite, una proposición de ley de UPN para tumbar la resolución de Educación que retiraba el concierto educativo a 14 aulas de la privada por la caída de la natalidad. “Todo lo contrario, me siento un privilegiado”, ha solemnizado Carlos Gimeno, que ha asegurado que ha tenido el respaldo “desde el principio hasta el final” tanto de la presidenta como de otros miembros del Gobierno navarro “por una causa absolutamente justa que es trabajar por la escuela pública”.

“Desde el primer día mi puesto está absolutamente a disposición de la presidenta del Gobierno y nunca he temido por mi puesto, insisto, he tenido el respaldo de la presidenta del gobierno en toda esta cuestión y yo se lo agradezco públicamente”, ha añadido el consejero Gimeno, que el pasado jueves quedó señalado tras la aprobación de la ley de UPN con el respaldo de Geroa Bai y el socio presupuestario del Gobierno, EH Bildu, que se abstuvieron.

Tanto Geroa Bai como EH Bildu acusaron al cnsejero de Educación de haber aprobado una resolución sin contar con mayoría parlamentaria y sin haber negociado previamente. Gimeno ha respondido este miércoles que ese es un “error de concepto”.  “Cuando se hace una resolución con unos criterios técnicos enmarcados en la ley, se hacen teniendo en cuenta que hay un marco, que es el acuerdo programático. Si luego se ha discrepado sobre esa cuestión, pues es una circunstancia que creo que no me compete en ese sentido. Es una cuestión que ya compete a los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, que creo que han solventado perfectamente esta cuestión”, ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que lo que ha hecho el Departamento que él lidera es “poner en la agenda social, educativa y política de esta comunidad una injusticia que se estaba o que se está estableciendo en contra de la escuela pública”. “Creo que eso ya es una circunstancia importante para poder contemplar en las planificaciones educativas y en las mesas de trabajo y en las circunstancias que se establezcan por los grupos parlamentarios”.

Califica de “embrollo” la ley que blinda los conciertos

El consejero de Educación también ha avanzado que el Departamento trabaja ya con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer “una aplicación lo más adecuada posible” de la ley de UPN que blinda los conciertos educativos. Según ha añadido, se están encontrando con “un embrollo” y “dificultades” para ver la forma en la que se va a aplicar la norma.

“Existen muchas dudas en la aplicación de la ley y puede repercutir en varias cuestiones, como en la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, en la adjudicación de las plazas, en la planificación del Departamento. Existen varios aspectos que hay que resolver y estamos en ello”, ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de tener que repetir el proceso de matriculación, ha respondido que “sí que va a haber una reasignación de plazas derivadas de la ley”. “Existe un riesgo cierto de poder hacer otra reasignación de plazas por, de alguna manera, fallos judiciales que se pueden producir en los próximos días”, ha indicado.

En respuesta a si quienes ya tienen la plaza asignada en el centro que deseaban en su primera opción van a ver en riesgo su plaza, Gimeno ha señalado que “no”, ya que “esta primera reasignación es una reasignación pacífica, por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas”. “Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que se pueden establecer por el TSJN, que son recursos que están ahí, que por lo tanto no sabemos cómo se van a resolver y puede haber ese riesgo de volver a readmitir o poder reasignar esas plazas”, ha dicho.

Los socios que conforman el Gobierno de María Chivite tratan de superar la crisis que se generó el pasado jueves entre los socios cuando Geroa Bai permitió con su abstención la aprobación de la proposición de ley de UPN para blindar la concertada y revertir la resolución de Educación del cierre de 14 aulas en la red privada porque afectaba a cinco ikastolas. PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se han reunido en la tarde de este lunes para limar asperezas y reafirmar su compromiso de continuar juntos lo que resta de legislatura.

Según han informado desde las tres formaciones que conforman el Ejecutivo foral ese ha sido el principal punto de encuentro en una reunión, que se ha prolongado durante una hora y media y que ha estado encabezada por la presidenta, Maria Chivite. Las partes confirman que han sido unos días “difíciles” tras haber afrontado la mayor crisis desde que Chivite es presidenta y que a punto estuvo de llevarse al Gobierno por delante. Pero insisten en que este lunes ha primado el interés mutuo por agotar la legislatura.

“Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista”, ha solemnizado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, que ha enmarcado la crisis en una “relación de coalición” entre partidos diferentes. “Incluso ha fortalecido la coalición y el compromiso con el acuerdo de gobierno”, ha asegurado.

El PSN salió muy enfadado del pleno del jueves, en el que acusaron a Geroa Bai de incumplir el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 y sumarse a la derecha para aprobar una ley contraria a las directrices del Departamento de Educación. Con todo, este lunes han tratado de reconducir las relaciones con sus socios conscientes de que queda un año de legislatura con varias leyes y proyectos de calado todavía pendientes.

En la misma línea Geroa Bai, considera que se ha “encauzado” el diálogo con sus socios. Al PSN le ha emplazado a que no tome “decisiones de este tipo” de forma “unilateral” y que lo hagan con “diálogo”, ha apuntado su portavoz, Pablo Azcona. “Nos parece positivo y será la forma de abordar el futuro”, ha añadido.

El tercer socio, Contigo/Zurekin, también ha mostrado su compromiso por dar cumplimiento al acuerdo programático en los meses que quedan de legislatura, si bien no ha ocultado su enfado por la postura tomada por Geroa Bai con la concertada y han insistido que su compromiso es la defensa de la red pública. Uno de los partidos de esta coalición de izquierdas, Podemos, por su parte ha pedido de nuevo al resto de formaciones que conforman Contigo/Zurekin abandonar el Gobierno de Navarra.

Tras la reunión de este lunes el tripartito encara el final de legislatura habiendo superado una importante crisis entre los socios, que se han comprometido a no romper el Ejecutivo y a poner los medios para que una situación como la vivida el pasado jueves no se vuelva a repetir conscientes de que pese a las diferencias, son “muchas” las cosas que les unen.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

PSN y Geroa Bai han llegado al pleno de este jueves en el que se vota una proposición de ley foral para blindar la concertada sin un acuerdo en educación. Las negociaciones entre los socios de gobierno están rotas y amenazan una crisis importante en el Ejecutivo de Chivite, si bien las fuentes consultadas apuntan a que no llegará a una ruptura total del Gobierno.

Los socialistas habían alcanzado in extremis un acuerdo con Geroa Bai este miércoles para evitar la crisis tras el anuncio del consejero de Educación, Carlos Gimeno, de que no se renovará el concierto a 14 aulas de la red privada por la caída de la natalidad y del número de preinscripciones. El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, las escuelas privadas de educación en euskera que reciben fondos públicos.

Y es en este punto en el que surgieron las diferencias. Según el PSN en el pacto alcanzado se acordó que el cierre de aulas se mantendría, pero con el matiz de que los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años, así como que podrán acogerse el proceso de matriculación extraordinaria.

Pero Geroa Bai anunció por la tarde que rompía el acuerdo porque según ellos “no se dan las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, en la que hace falta la preinscripción de un alumno más para que se desdoble.

Desde primera hora del jueves los socios del Ejecutivo han estado manteniendo reuniones para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la brecha, pero las posiciones son muy distantes y se han roto las negociaciones, según apuntan las fuentes consultadas.

De hecho es escenario más probable, según añaden estas fuentes que se maneja es que salga aprobada la ley de UPN, pero con unas enmiendas que ha presentado EH Bildu, socio presupuestario. La coalición abertzale propone incluir una moratoria de dos años al anuncio del cierre de 14 aulas en la concertada, mientras se elabore una ley para reducir las ratios en los centros sostenidos con fondos públicos.

PSN y Geroa Bai han alcanzado in extremis un acuerdo sobre el concierto educativo a aulas de la escuela privada y evitarán así una importante fractura entre los socios del Gobierno de María Chivite. En menos de 24 horas se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio de los socialistas, había amagado con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos, pero no lo hará tras haber logrado un acuerdo con el PSN.

En virtud del acuerdo alcanzado no se modificará la resolución del Departamento de Educación en lo relativo al cierre de las 14 aulas de tres años en Educación Infantil por la caída de la natalidad. Pero “se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

Además, se añade que “todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”, por lo que si una de las aulas que ha sido cerrada, lograse nuevas matrículas antes de agosto, se abriría de nuevo.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, “desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema”. Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará “el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo”.

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, “así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes”.

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos “necesarios” y su calendarización, con el objetivo de “avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos”.

A los socios de Gobierno, que han celebrado la consecución de un acuerdo “de mínimos” les falta ahora el apoyo de EH Bildu, que también había amagado con apoyar la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en ikastolas. De lograrlo, la proposición de UPN saldría rechazada en el pleno.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha sido la última persona en comparecer ante la comisión de investigación sobre la derivada navarra del 'caso Koldo' en el Parlamento foral, que este miércoles finaliza sus trabajos, a falta de la redacción del dictamen, tras más de nueve meses de comparecencias. Una vez más ha reiterado la “honestidad” del Gobierno que ella lidera respecto a las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000. “Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará un delito”, ha aseverado.

Chivite ha recordado que las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate no está siendo investigadas por el momento por la Justicia. Este es el contrato más alto (76 millones de euros) que el Ejecutivo navarro ha adjudicado a las empresas investigadas por una posible trama de corrupción que según la Guardia Civil estaría liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

Así, ha reprochado al portavoz de UPN, Javier Esparza, que quiera “darle la vuelta a la prueba” y que “se tenga que demostrar la inocencia” en lugar de la culpabilidad. “Yo no voy a asumir responsabilidades políticas por algo que no ha ocurrido”, ha asegurado. 

Ahondando en Belate, ha afirmado que ella como presidenta “no puede intervenir” en una mesa de contratación y ha recordado que “todos” los miembros de aquella mesa declararon en la misma comisión que “no hubo ni instrucción ni injerencia política” para que modificasen sus puntuaciones.

 “Al respecto de las puntuaciones, ya he dicho que hemos modificado algunas de las lagunas que había en los procedimientos de las mesas de contratación y puedo explicar qué mejoras hemos introducido ya en los procesos de licitación de las obras públicas”. Ha hablado así de “la digitalización de los expedientes; la mejora en los criterios de adjudicación incluyendo en los pliegos criterios con una puntuación diferenciada, de forma que se concretan los aspectos que se valoran en las adjudicaciones y su relevancia en las mismas”.

Chivite también ha apuntado que cuando se adjudicó la obra nadie sabía de la “presunta” participación de Cerdán en la mercantil señalada por la UCO.

A este respecto, ha señalado que fue un “shock” para ella la publicación del informe en el que los agentes de la Guardia Civil desvelaron que Cerdán había adquirido en 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar 2000 tras haber encontrado un documento privado en el trastero del empresario vasco Antxon Alonso en el registro de su domicilio. “Cuando salieron los rumores hablé con él (Santos Cerdán) y me dijo que todo eran rumores, que era falso”, ha añadido Chivite, que ha repetido que no ha vuelto a hablar con Cerdán desde que se conoció el informe.

“Cerdán no negoció la moción de censura en Pamplona”

Javier Esparza ha centrado gran parte de su interrogatorio a la presidenta en la figura de Santos Cerdán, a quien consideran muñidor de los pactos de Gobierno de Chivite y de la moción de censura a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona para investir a Joseba Asiron, de EH Bildu.

“La moción de censura en Pamplona se habló, se acordó, se negoció y se decidió tanto en una asamblea del PSN de Pamplona como en una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSN”, ha aseverado Chivite, que sí ha reconocido que “se informó a los órganos del partido” de la decisión de hacer alcalde al candidato de EH Bildu.

De igual manera, ha indicado que la negociación del Gobierno de Navarra también se llevó en la comunidad foral. “Para conformar Gobierno no tengo que pedir autorización a Ferraz, tengo que someterme al comité regional del PSN, otra cosa es que el partido esté informado”.

“Es falso que necesite una autorización de Ferraz y si quiere le remito los estatutos de nuestro partido. Otra cosa, porque somos un partido de estructura federal, es que se esté informado de las cosas que se hablan en otras federaciones”, ha finalizado.

Mantiene la “confiaza política” en Alzórriz

Cuestionada por Ramón Alzórriz, su ex 'número dos' en el PSN a quien forzó a dimitir por haberle ocultarle que su pareja había trabajado en Servinabar 2000, ha manifestado que aquel día le retiró su “confiaza personal” pero que mantiene la “política”. “Sin duda”, ha añadido.

“Cada uno puede trabajar donde quiera, pero es algo que tenía que haber sabido, y como no me lo dijo, tuve que tomar esa decisión”, ha señalado, para negar que pactara con él mantenerlo como parlamentario. “Le retiré mi confianza personal, que no política, porque hasta donde yo sé no ha cometido ningún delito”, ha indicado.

Hace unos días, la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 ha remitió al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) una denuncia de Vox por las obras que realizó en su domicilio Ramón Alzórriz. Las obras las realizó la empresa Adentro Construimos, la misma a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó los cuatro contratos para la reconstrucción del parque natural de Sendaviva tras el incendio que lo calcinó en verano de 2022.

El presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde, ha defendido que Uxue Barkos volvería a ser una gran candidata de Geroa Bai para las elecciones a la presidencia foral del año 2027. Barkos, que presidió el Ejecutivo navarro entre 2015 y 2019, volvió a ser la candidata de la coalición de Socialverdes —el partido que ella creó— y PNV en 2019 y 2023, años en los que fue investida la socialista María Chivite con el respaldo de Geroa Bai, que forma parte de la coalición de gobierno. En esta última legislatura, Barkos ha sido designada senadora autonómica por Navarra.

“Barkos sin duda es un valor”, ha aseverado Hualde en una entrevista en Euskadi Irratia, si bien ha matizado que PNV y Socialverdes todavía están “discutiendo” el futuro de la coalición. El presidente del Napar Buru Batzar (NBB) ha asegurado que la intención de su partido es “reconducir las posibles desavenencias” que existen con la formación de Uxue Barkos para que “otra vez la coalición Geroa Bai esté presente en las elecciones forales y municipales de 2027”. “Esperamos tener un acuerdo”, ha apostillado.

Barkos, que impulsó Geroa Bai en 2015 con la que logró presidir el conocido como Gobierno del “cambio”, abrió las puertas al relevo en Geroa Bai en septiembre de 2023 cuando, tras pactar con el PSN que serían ellos quienes designasen a representante del Parlamento navarro en el Senado, decidió ser ella misma quien diera el salto a la Cámara Alta en Madrid.

Así, en 2024 la expresidenta navarra dio un paso a un lado y no se presentó a la reelección como secretaria general de Socialverdes, el partido que ella misma había creado en 2020, y fue elegido en su lugar Pablo Azcona, actual portavoz de la coalición Geroa Bai en el Parlamento de Navarra. Ahora, a falta de un año de que se celebren las elecciones, el PNV vuelve a poner encima de la mesa el nombre de Barkos como posible candidata.

Las relaciones internas en Geroa Bai no han vivido su mejor momento en los últimos años. Por un lado, Aitor Esteban ha decidido reimpulsar al PNV en Navarra, destacando que es la fuerza local más antigua, y, por otro lado, Barkos no comparte grupo en el Senado con sus socios. El PNV precisa de un senador del PSOE, en este caso del PSC, para poder tener presencia propia en la Cámara alta mientras Barkos está en un grupo de izquierdas con fuerzas como Sumar.

Los parlamentarios de UPN se han vestido este jueves de rojo para escenificar su “defensa” de la foralidad en el Parlamento de Navarra, donde se ha votado, y rechazado, una iniciativa presentada por el propio partido regionalista para borrar de la Constitución la disposición transitoria cuarta, aquella que abre una vía de entrada de Navarra a la comunidad vasca. Los regionalistas han acusado una vez más al PSN de “vender” Navarra al nacionalismo vasco por oponerse a la reforma.

Se trata de un debate al que UPN recurre cada cierto tiempo, pero que no abrió en los años en los que gobernó Navarra con mayoría absoluta, como le ha recordado este jueves la portavoz socialista Ainhoa Unzu. En su iniciativa, los regionalistas pedían instar al Congreso a reformar la Constitución para borrar la posible incorporación de Navarra a Euskadi. Para su defensa, los 15 parlamentarios, así como algunos invitados sentados en la tribuna, como la presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, han acudido al debate con alguna prenda roja, color de la bandera de la comunidad foral. Además, Javier Esparza, ha defendido la iniciativa legislativa colocando en el atril una pequeña bandera de Navarra, gesto que han imitado el resto de diputados en su escaño.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución contempla que el Parlamento de Navarra puede activar la anexión de Navarra a Euskadi con una simple votación por mayoría simple, que deberá ser ratificada, eso sí, en un referéndum, también por mayoría simple. Solo votarían los censados en Navarra. Tal y como está redactado el texto constitucional, Euskadi no tendría nada que decir al respecto, se presupone su disposición a incorporar Navarra como la cuarta provincia vasca.

Finalmente la iniciativa ha decaído con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin y los únicos apoyos de UPN, PP y Vox.

Los regionalistas han vuelto a acusar al PSN de “vender” Navarra al nacionalismo vasco y querer dejar abierta la posibilidad de que la comunidad foral se incorpore a la vasca si la ciudadanía así lo reclama. “Eso es traicionar nuestra historia, traicionar a nuestros mayores, traicionar al viejo reino de Navarra. Con esta votación, el PSN se convierte en un partido antiforal”, le ha espetado Esparza a la bancada socialista. “Votan a cambio de mantenerse en el sillón, el primer paso para vender Navarra cuando sea necesario”, ha apostillado.

En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143

Disposición Transitoria Cuarta

Del lado socialista, la parlamentaria Ainhoa Unzu ha reprochado a UPN que haya qurido llevar el debate al Congreso de los Diputados sin que se haya abierto un diálogo previo entre los gobiernos navarro y central al respecto. “Sería un precedente muy peligroso, porque si aceptáramos que una mayoría parlamentaria en Madrid puede modificar de manera unilateral elementos que afectan directamente a Navarra, pero sin contar con Navarra, mañana mismo podría cuestionar perfectamente cualquier otro elemento de nuestro autogobierno”, ha alertado la parlamentaria del PSN.

EH Bildu,Geroa Bai y Contigo/Zurekin por su parte han criticado que UPN quiera con esta reforma “quitar” y “recortar” capacidad de decisión a la ciudadanía navarra. “¿Cuál es el problema exacto que tiene UPN con la Transitoria Cuarta? ¿Que pueda haber en algún momento una mayoría que no piense como ustedes y pueda decidir democráticamente otra cosa?”, ha apuntado el portavoz de Geroa Bai Pablo Azcona. “Nuestro objetivo es la república confederada del País Vasco. Navarra formaría parte de ella con plena soberanía, porque así lo decidiría libremente la sociedad navarra. No apoyamos ninguna anexión o integración con ninguna comunidad o Estado”, ha matizado Laura Aznal, de EH Bildu.

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha reprochado al PSN que le haya citado este martes en la comisión de investigación por “revancha” por haber denunciado la adjudicación de las obras de los túneles de Belate a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. “Yo hoy estoy aquí porque soy quien ha denunciado el caso Belate, soy quien ha denunciado al Partido Socialista de Navarra y soy quien ha denunciado a Santos Cerdán”, ha aseverado.

Javier Esparza, que entre los años 2012 y 2015 fue consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del gobierno de la regionalista Yolanda Barcina, ha sido llamado a la comisión por el PSN para explicar las obras de ampliación de la zona regable de la primera fase del Canal de Navarra. Una obra que fue “absolutamente impecable”, ha solemnizado el portavoz de UPN.

Así, Esparza ha achacado su comparecencia a un “intento” de los socialistas de “esparcir la sospecha y la duda” por haber adjudicado “el mayor contrato de obra pública de la última década” en Navarra a “una UTE en la que está una empresa de la que según la Guardia Civil Cerdán es su propietario”.

“Esta comparecencia es un ataque político y personal hacia mí. Vengo yo que no tengo nada que ver con una adjudicación a ninguna presunta trama corrupta, y no viene el señor Alzórriz -exportavoz del PSN-, porque no han querido que venga cuando fue cesado por la presidenta del Gobierno el año pasado como portavoz del grupo parlamentario y como vicesecretario del PSN porque su compañera trabajaba en Servinabar”, ha añadido.

Reunión con Sánchez en 2018

Pero el portavoz regionalista ha aprovechado el interrogatorio de su compañera de partido Marta Álvarez para desvelar que el 30 de octubre de 2018 mantuvo una reunión con Pedro Sánchez la Moncloa a partir de la cual abrió una vía de diálogo con el presidente a través de quien era su director de gabinete, Iván Redondo. Así, ha asegurado que en 2019 “desde el entorno de la Moncloa” le trasladaron que “Pedro Sánchez no quería un acuerdo con EH Bildu en Navarra”. En agosto de ese año la socialista María Chivite fue investida presidenta de la comunidad foral tras alcanzar un acuerdo con Geroa Bai y Podemos y con el apoyo indirecto en forma de abstención de EH Bildu.

Esparza ha añadido que esos mismos contactos de la Moncloa le informaron que el PSOE quiso conformar una comisión gestora en Navarra “para quitar a María Chivite” de la secretaria general del PSN. “Los nombres de esa gestora que se proponían, los que me llegaron a mí, son el que hoy es vicepresidente del Gobierno, el señor Javier Remírez, y otro, creo que ya no está en la actividad política, se llama Guzmán Garmendia”, ha afirmado.

El portavoz de UPN ha confirmado que en 2017, cuando la presidenta de Navarra era Uxue Barkos (Geroa Bai), mantuvo un encuentro con Santos Cerdán, a la que también acudió el regionalista Óscar Arizcuren, para “tantear el clima político de un posible acuerdo después de las elecciones del 2019”. Tras la negativa de Cerdán, ha añadido Esparza, UPN exploró la vía de un acuerdo, que finalmente acabaron cerrando, con Ciudadanos y PP para conformar Navarra Suma.

Decenas de profesionales de los servicios de Traumatología, Anestesia y Digestivo han anunciado en las últimas horas que no realizarán horas extra, las conocidas como peonadas, para reducir las listas de espera. Denuncian sentirse “señalados” por el Departamento de Salud que dirige Fernando Domínguez (Geroa Bai) como “responsables” del aumento del número de pacientes que aguardan por una primera consulta o por una cirugía.

Este anuncio aumenta la crisis generada en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en los últimos meses por los malos datos en las listas de espera, especialmente en Traumatología, especialidad que acumula 14.461 pacientes en lista para una consulta. En verano el consejero anunció que intervendría el área para tratar de reducir las listas, y hace unas semanas anunció un proyecto piloto de pago de incentivos a médicos por atender a más pacientes. Dos medidas que no se consultaron con el personal de Osasunbidea y que han generado rechazo entre la plantilla, que este fin de semana ha anunciado que no hará horas extra.

Al personal de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra (HUN), el más grande de los tres públicos que hay en la comunidad foral, se le ha sumado en las últimas horas el de Anestesia y Digestivo, que también han anunciado su negativa a hacer 'peonadas'.

El Departamento de Salud ha considerado “legítima” esta decisión de los profesionales del HUN, si bien ha mostrado su “preocupación” por cómo afectará la negativa a hacer horas extra a los datos de las listas de espera. También ha expresado su “compromiso y firme objetivo de mejorar la atención sanitaria de toda la ciudadanía navarra como principal meta de toda nuestra gestión” y ha señalado que “la actividad extraordinaria es una de las herramientas de gestión puestas a disposición del sistema para atender la demanda actual que no se llega a cubrir con la jornada ordinaria de 8 a 15 horas”.

“Hoy en día no hay posibilidad de contratar más profesionales del estamento médico de muchas especialidades y, por ello, invertimos parte de nuestro presupuesto en financiar esta jornada extra que nos permite atender a más pacientes por las tardes”, ha explicado.

Sin embargo, el Departamento ha precisado que “esta actividad es voluntaria”. “Desde la Administración no sé puede obligar a hacer esta actividad. Hasta ahora hemos encontrado la disposición de los y las profesionales para ello, pero en los últimos días algunos han anunciado que no lo harán en los próximos meses. Una decisión legítima, aunque nos preocupa el impacto que tendrá sobre las listas espera”, ha subrayado.

Desde Salud han explicado que se mantiene esta herramienta “para todos aquellos profesionales que quieran sumarse a ella”. “En los próximos días, a diferentes niveles, mantendremos encuentros con los profesionales para intentar conocer sus reivindicaciones y atenderlas dentro de las posibilidades y la normativa vigente con el fin de amortiguar lo máximo posible el impacto. Diálogo y mano tendida a trabajar en conjunto y colaboración, reiterando nuestro compromiso con la ciudadanía y con su atención sanitaria, corrigiendo las ineficiencias del sistema y respetando los derechos de nuestros profesionales”, han señalado.

UPN pide la dimisión del consejero y los socios del Gobierno reclaman más medidas

La crisis en Osasunbidea ha saltado también al escenario político. UPN y PP han pedido la dimisión del consejero de Salud, Fernando Domínguez, a quien han señalado como responsable de la crisis generada con el personal sanitario y los malos datos de listas de espera y han reclamado a la presidenta, María Chivite, que asuma “responsabilidades”. “El consejero no tiene ni la confianza del conjunto de los profesionales sanitarios ni, evidentemente, de la sociedad navarra. Y Chivite no puede mirar hacia otro lado, algo tendrá que hacer. Es la presidenta del Gobierno. Es la máxima responsable”, ha señalado Javier Esparza, portavoz de UPN.

Mientras, los socios del Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) han mostrado su respaldo al consejero, si bien han coincidido en apuntar la necesidad de “reformas” en el sistema para mejorar los datos. En la misma línea EH Bildu, socio presupuestario, ha reclamado soluciones para “problemas estructurales” que a su juicio no se solucionan con horas extra.