La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha defendido en la cumbre progresista de Barcelona las políticas en materia de vivienda que está impulsando el gobierno de coalición (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) que ella lidera en la comunidad foral. Políticas como el impulso de la vivienda protegida o el tope al precio de los alquileres que ha contrapuesto con las que promueve la derecha y que ha criticado que “han supuesto destruir prácticamente la totalidad del parque público de vivienda” en Navarra.

En su intervención en la Global Progressive Mobilisation que se celebra en Barcelona, Chivite ha resaltado la importancia de que la vivienda sea uno de los temas principales de este encuentro, ya que “si es el principal problema de los ciudadanos, también tiene que formar parte de los puntos principales las agendas” de los políticos.

Chivite ha recordado que cuando llegó a la presidencia del Ejecutivo foral en 2019 se encontró “con que miles de viviendas públicas perdían su calificación como tales y pasaban a ser propiedad de los fondos de inversión que copaban esas viviendas para especular”. “De 58.000 viviendas protegidas que se hicieron en los años 90, 55.000, o sea el 95%, están pasando a ser viviendas del mercado libre. Es decir, las políticas de derechas han supuesto destruir prácticamente la totalidad del parque público de vivienda”, ha criticado.

Según ha explicado, esa situación llevó a que su equipo tuviera que “empezar prácticamente de cero” y a cambiar la norma “para impedir por ley que las viviendas públicas se puedan descalificar y garantizar así un parque público de por vida”.

También ha destacado otras iniciativas como el impulso de desarrollos donde, por ley, cómo mínimo el 50% de esas viviendas deberán ser públicas. Desarrollos “muy focalizados en el continuo urbano de la capital, porque es donde vive prácticamente el 60% de la población” de Navarra.

La presidenta navarra ha avanzado su intención de que en la próxima legislatura se lleven adelante “en torno a 20.000 nuevas viviendas”. Además, ha puesto en valor otras medidas como el tope a los precios del alquiler, “declarando zonas tensionadas” y ha destacado que “prácticamente el 50% de las viviendas en alquiler tienen algún tipo de ayuda pública”, entre ellas las ayudas a la gente joven.

Otra iniciativa que ha puesto en valor es la bolsa pública de alquiler, “en la que el Gobierno hace de avalista”, de manera que “si un ciudadano pone su vivienda a disposición del alquiler, es el Gobierno el que responde frente a posibles impagos o posibles condiciones que puedan dejar”. A todo ello sumó la creación de un fondo mixto público-privado “para poder promover más viviendas con el impulso público”.

“La vivienda es el gran problema para desarrollar nuestra condición como ciudadanos” y, por lo tanto, “es un reto de primer orden para el conjunto de las administraciones, pero también para el conjunto de la sociedad”, ha subrayado Chivite. Al respecto, ha apuntado que “hay mucho suelo en manos privadas” y “para poder dar un impulso al modelo público de vivienda hace falta el compromiso de toda la sociedad y también recursos”. “Y, sobre todo, no ceder a las presiones de los lobbies” de los portales inmobiliarios y los fondos de inversión e impulsar “políticas valientes”, ha apostillado.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cerrado este miércoles en China, en compañía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la inversión de 405 millones de euros de la empresa Hithium para instalar en la comunidad foral una fábrica de baterías de almacenamiento eléctrico que generará más de 700 empleos directos. Con el acuerdo sellado este martes, Navarra y la empresa china se comprometen a avanzar en “el desarrollo, construcción y operación” de la futura gigafactoría de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

El texto señala en este sentido que esta iniciativa supondrá “una contribución sustancial a la transición energética verde de Europa, al tiempo que reforzará la sólida cooperación económica y comercial entre China y España”. 

Durante el encuentro, la presidenta Chivite ha incidido en que, “aunque todavía quedan pasos y detalles por concretar”, la inversión “va a materializarse en la comunidad, lo que supone una buena noticia para todos los navarros y navarras”. Ha adelantado asimismo que la previsión de la empresa es que pueda empezar a producir en el año 2027. 

Chivite ha destacado además que Navarra tiene experiencia en la materialización de proyectos extranjeros, y ha remarcado la seriedad de la comunidad a la hora de trabajar, la cercanía de las instituciones y el fortalecimiento de los ecosistemas navarros que suponen estas inversiones. 

Por su parte, el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha remarcado que el acuerdo alcanzado ha sido resultado de una “labor intensa de más de tres años de contacto directo, de siete visitas de los representantes chinos a Navarra y de cuatro viajes a China de delegaciones del Ejecutivo foral”. En este sentido, ha destacado que la comunidad ha sido escogida para este proyecto por su ecosistema industrial, en concreto, “los servicios de ingeniería que ofrece, su nivel de centros tecnológicos, servicios industriales, capacitación, universidades y formación profesional”. 

En la reunión, además de la delegación navarra, ha participado por parte de la compañía el doctor Qi Tang, director de Estrategia de Hithium, que ha afirmado que el acuerdo marca un “hito” en la inversión de la empresa china en Navarra. Tang ha valorado así positivamente las relaciones entre China y España, y ha manifestado la intención de Hithium de poner en marcha el proyecto “tan pronto como sea posible”. 

“Creemos que tanto Navarra como España ofrecen la atmósfera comercial correcta para nosotros y para otras compañías chinas para desarrollar sus negocios en Europa”, ha explicado, al tiempo que ha mostrado su confianza en que el proyecto de la futura fábrica de baterías en Navarra “será muy exitoso”. 

Asimismo, Tang ha destacado que una de las razones para la elección de Navarra ha sido la “eficiencia de las autoridades navarras en el proceso”, así como el “fuerte apoyo” mostrado por las mismas durante la toma decisiones. 

El pasado noviembre, durante la anterior misión comercial que realizó el Gobierno de Navarra a China, la Presidenta Chivite pudo visitar también las instalaciones de la empresa en Chongqing. Posteriormente, este marzo la compañía china anunció su intención de construir una gigafábrica en Navarra, destinada tanto a la fabricación de celdas como al ensamblaje de sistemas de almacenamiento en baterías estacionarias, con una inversión total de 400 millones de euros. 

En esta misma línea, se celebró también el pasado 10 de marzo una reunión en el Palacio de Navarra entre la Presidenta Chivite, el consejero Irujo, el director de inversiones de Hithium Energy Storage, Hao Wang, y la directora legal de la compañía Lily Lu.

Hithium es una empresa china fundada en el año 2019, con sede en Xiamen. Cuenta con instalaciones de producción de baterías en Xiamen, Chongqing y Heze en China y Dallas en EEUU. La nueva fábrica supondrá por tanto la segunda ubicación de esta empresa fuera de China, y la primera en la Unión Europea.

La compañía energética china está especializada en concreto en sistemas de almacenamiento de energía estacionaria (BESS), y cuenta con múltiples centros de I+D+i y plantas de producción. En la actualidad, está posicionándose entre los principales actores globales del sector de baterías de gran escala para aplicaciones industriales, comerciales y de servicios públicos. Se trata de la empresa líder en este sector en China, y la número dos del mundo.

La presidenta de Navarra, María Chivite, viaja esta semana a China para firmar la llegada de la empresa de fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico. Chivite encabeza una delegación en la que también está el consejero de Industria, Mikel Irujo, que también visitará otras compañías del país para “vender” a la comunidad foral como “una tierra de oportunidades” de inversión. El viaje coincide con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Será de hecho en esa reunión en la que las autoridades chinas firmarán la autorización para que Hithium pueda invertir del orden de 400 millones de euros en la fábrica de baterías que generará más de 700 empleos, un paso clave para que las compañías chinas puedan exportar su tecnología a países extranjeros. La fábrica de la comunidad foral será la primera que Hithium instale en Europa.

Esta firma supone un paso “fundamental” para la llegada de la inversión china a Navarra, destacan fuentes del Ejecutivo foral consultadas por este periódico, pero no definitivo. Tal y como explicó la presidenta navarra todavía queda “mucho trabajo que realizar”. Chivite mencionó entre los puntos a tratar la necesidad de “constituir una empresa público-privada para el desembarco” de Hithium. También falta por fijar la ubicación de la futura fábrica, que todavía no se ha anunciado aunque las instalaciones de la ya clausurada BSH en Esquíroz se postulan como la principal opción.

La delegación navarra aprovechará el viaje a Pekín para visitar otras compañías en la busca de nuevas inversiones para la comunidad foral. “Queremos seguir vendiendo a Navarra como una comunidad muy atractiva para la inversión”, apuntó la presidenta Navarra el viernes.

“Tenemos fuertes ecosistemas en el ámbito de la automoción, tenemos un fuerte ecosistema en el ámbito de las renovables, y las empresas que vamos a visitar están en esos ámbitos”, añadió.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha avanzado este martes que planteará a sus socios de Gobierno, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), una “posible” deflactación del IRPF ante la inflación provocada por la guerra de Irán. El Ejecutivo foral aprobará este miércoles un primer paquete de medidas dirigido a particulares y empresas para paliar los efectos de la escalada de precios.

“Vamos a seguir monitorizando, porque no solo van a ser las medidas que se aprueben este miércoles. También queremos llevar otro tipo de medidas que vamos a negociar también con los socios de Gobierno”, ha subrayado la presidenta de Navarra, quien ha añadido que entre esas medidas estará la posible deflactación fiscal.

“Esto será un elemento de negociación, viendo la evolución y viendo también cómo nos afecta el incremento de los precios de cara a la mesa de fiscalidad”, ha manifestado.

Por otro lado, en cuanto al destino del superávit de 2024, ha indicado que “se han puesto en común las peticiones de los distintos consejeros y consejeras, se han puesto en común también las peticiones de los propios socios de Gobierno y hay bastante coincidencia en las peticiones”.

“Veremos qué es lo que cabe en este plan de inversiones, teniendo en cuenta también que habrá un nuevo plan de inversiones con el superávit que tengamos del 2025, que todavía no tenemos las cifras definitivas”, ha indicado.

En respuesta a los periodistas, ha señalado que previsiblemente no habrá noticias al respecto hasta el miércoles 15 de abril, ya que el miércoles de la semana que viene no habrá sesión de Gobierno ordinaria debido a la Semana Santa.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha rechazado la exhibición de carteles e imágenes de apoyo a presos de ETA durante la celebración de la Korrika, que este domingo ha recorrido la comunidad foral. Según ha denunciado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite),  a su paso por el barrio pamplonés de la Txantrea, el testigo de la Korrika lo ha recogido “un niño con una camiseta con la foto del asesino de Tomás Caballero, Patxi Ruiz”.

A través de su perfil en la red social X, Chivite ha destacado que el Gobierno de Navarra “siempre ha considerado la Korrika como iniciativa cultural y social en favor del euskera, lengua propia y patrimonio cultural de nuestra tierra, que debe ser promovida desde el respeto y al margen de cualquier instrumentalización política”.

En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo foral rechaza “cualquier exhibición, durante el desarrollo de la Korrika, de imágenes, fotografías o símbolos vinculados a personas condenadas por delitos de terrorismo, como las que desgraciadamente se han producido de nuevo en esta edición”.

“Este hecho supone un homenaje público hacia personas que han causado mucho dolor en nuestra tierra y revictimizan de nuevo a las víctimas del terrorismo y sus familiares”, ha censurado.

Por todo ello, ha instado a las entidades organizadoras de la Korrika a que “adopten las medidas necesarias para desterrar la presencia de imágenes y fotografías de terroristas”.

El borrador del informe de las Cuentas Generales de Navarra de 2024 ha sido corregido después de que los miembros de la Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas Navarro, mostraran al auditor que elaboró el informe su desacuerdo con las conclusiones.

Así, según ha informado Comptos en una nota, el informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 incluye una 'cláusula de discrepancia' del auditor a quien se encomendó la elaboración del borrador de dicho informe. En el documento consta también la respuesta del presidente a dicha cláusula.

La 'cláusula de discrepancia' está prevista en la Ley Foral de la Cámara de Comptos como una salvaguarda para los auditores frente a posibles manipulaciones por parte de la Presidencia. Según la institución, “no es el caso de lo ocurrido en la tramitación de este informe”.

Ha informado así que tras la presentación del borrador del informe de las cuentas de 2024, los miembros de la Cámara de Comptos, es decir, el presidente de la institución, el secretario general y el resto de auditores, mostraron su desacuerdo con las conclusiones. Dicho desacuerdo se basaba, principalmente, en “la incorrecta aplicación de las normas de auditoría e interpretaciones jurídicas no fundamentadas”.

En determinadas afirmaciones y conclusiones del autor del borrador, ha indicado Comptos, existe una falta de evidencia de auditoría, clave para poder realizar esas afirmaciones. “Se trata de meros juicios personales del auditor que no pueden admitirse en la labor de una institución rigurosa”, ha añadido. El auditor de las cuentas cuestionaba que el sobrecoste de las obras de Belate propuesto por las empresas Acciona, Osés y Servinabar 2000 no debió ser aceptado por Obras Públicas.

También cuestiona la utilidad de dos empresas públicas. Son el Instituto Navarro de Inversiones, del que considera que sus funciones ya las realiza la sociedad pública Sodena, lo que podría llevar a duplicidades. Y la empresa Nafarbide, de la que señala que carece “de medios suficientes” para gestionar los peajes de la comunidad foral, y por su “imposibilidad de llevar a cabo los futuros encargos con pleno sometimiento a la normativa contractual, pudiendo desarrollarse esta actividad por la ACFN”.

Respecto a la opinión de legalidad, el autor del borrador “ha sostenido y mantenido criterios contrarios” a la opinión de la asesoría jurídica de la institución, órgano al que le corresponde fijar dicha opinión.

Según Comptos, en el borrador se detectaron, asimismo, intromisiones en las competencias del Parlamento de Navarra, por ejemplo, al referirse a la tramitación de los Presupuestos, y del Gobierno de Navarra, en este caso respecto a su capacidad para tomar decisiones sobre la organización en la prestación de sus servicios.

En definitiva, ha expuesto el órgano fiscalizador, “el borrador presentado por el auditor no cumplía con los criterios de calidad exigibles a una auditoría, entre otros la imparcialidad, objetividad, ponderación y evidencia de auditoría”.

Al presidente le corresponde aprobar los informes y garantizar su calidad. Por tanto, “en uso de sus facultades y su responsabilidad”, ha corregido el borrador “teniendo en cuenta el criterio del resto de miembros de la institución, en el convencimiento de que el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra y la ciudadanía en general merecen fiscalizaciones rigurosas y objetivas”.

Miles de personas se han manifestado este martes por las calles del centro de Pamplona para reclamar un salario mínimo propio de 1.500 euros para Navarra, superior a los 1.221 euros que marca el SMI de España. Convocados por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru, han partido de la Plaza del Castillo pasadas las 12.45 horas del mediodía en una jornada de huelga general también convocada en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

Encabezada por una pancarta con el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500. Mejorar salarios para repartir la riqueza', y con carteles con mensajes como 'Cuando el salario no alcanza, la dignidad se organiza', o 'Mejorar los salarios para repartir la riqueza', la manifestación ha recorrido varias calles del centro de la capital navarra para finalizar de nuevo en la Plaza del Castillo.

“El salario mínimo que a día de hoy se decide en Madrid es insuficiente para garantizar una vida digna en Navarra”, ha señalado el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, que ha destacado que lograrlo “sería un avance para hacer frente al aumento de la pobreza”. “Las empresas tienen que dejar de tener tanta cara, dejar de hablarnos de absentismo, y remar, poner de su parte y convertir en realidad el salario mínimo”, ha criticado Imanol Karrera, responsable de LAB en Navarra.

Los representantes de los dos sindicatos convocantes de la jornada de huelga han lamentado que la semana pasada en el pleno del Parlamento de Navarra tan solo EH Bildu y Geroa Bai apoyaran una proposición de ley para defender en el Congreso de los Diputados desentralizar el salario mínimo. Así, han afeado al PSN y a Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) por “sumar sus votos” a los de UPN, PP y Vox para “echar por tierra esta reivindicación”.

A la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, le han reprochado que haya pasado “a la historia en Navarra por ser la primera presidenta que renuncia a tener competencias para mejorar el salario en su tierra y mejorar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras”. “Fue un error garrafal. Hoy, viendo esta imagen, que tome nota, porque está a tiempo de corregirla”, ha apuntado el portavoz del sindicato LAB.

Los representantes de los dos sindicatos también han criticado la ausencia de UGT y Comisiones Obreras (CCOO), a quienes han emplazado a sumarse a la mesa de negociación del próximo 25 de marzo con la patronal para negociar que la comunidad foral pueda tener un salario mínimo propio y más elevado. “Son miles y miles de trabajadores y trabajadoras en Navarra los que han dicho 'sí' a nuestra reivindicación, y creemos que esta huelga general va a ser el impulso decisivo para conseguir que Navarra tenga un salario mínimo de 1.500 euros”, ha destacado Karrera.

Sobre datos de seguimiento, el portavoz de ELA, Imanol Pascual, ha señalado que “está teniendo un seguimiento importante” en Navarra, fundamentalmente en la zona norte, donde el seguimiento “está siendo total”. También “está teniendo incidencia” en el cordón industrial de la Comarca de Pamplona y en la zona de Estella. El seguimiento “está siendo menor” en la Ribera, “aunque también hay empresas importantes que están teniendo seguimiento” y donde la huelga “está teniendo incidencia”.

“La valoración es positiva, el número de personas que se están movilizando evidencia que hay una mayoría social en Navarra que quiere que se decidan aquí sus condiciones laborales”, ha aseverado.

María Chivite ha convocado el Consejo Económico y Social el próximo miércoles para analizar el impacto de la guerra de Irán en Navarra y estudiar las posibles medidas para “paliar” las consecuencias “tanto en las empresas como a nivel social”.

El objetivo es “trabajar conjuntamente” con los agentes sociales y económicos para realizar un balance de las repercusiones del conflicto en Oriente Medio, ha declarado la presidenta navarra, y partir de ese análisis, se diseñarán “distintas medidas” para mitigar su impacto.

Se trata de una actuación similar a la que ya se adoptó durante la guerra de Ucrania, en la que Navarra ya tiene una “trayectoria” de medidas centradas “sobre todo en el ámbito energético”, aunque Chivite ha adelantado que “el impacto no se prevé que sea el mismo”.

Además, ha destacado que dentro del acuerdo con el Estado sobre el superávit navarro, también se pidió al Gobierno de España que el “dinero no fuera solamente a inversiones”, sino que se pudiera destinar “si fuera necesario” a otras ayudas. En esta línea, la presidenta navarra ha subrayado que las decisiones que se adopten en la Comunidad foral serán “siempre en acompañamiento” a las que apruebe el gobierno de Pedro Sánchez, de las que espera conocer más detalles tras el Consejo de Ministros previsto para el próximo martes.

María Chivite ha defendido que el Gobierno de Navarra “siempre ha estado a la altura de la demanda que exigían los distintos momentos”, recordando las medidas de apoyo desplegadas durante la pandemia de Covid-19 y la guerra de Ucrania. “Sin duda lo haremos también en el marco de esta guerra de Irán”.

El blindaje de los 128 profesores de religión elegidos por el obispo y no mediante una oposición en la red pública ha vuelto a dividir a los socios del Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra. Geroa Bai (Socialverdes y PNV) ha unido sus votos a los de UPN para rechazar una proposición presentada por PSN y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) para derogar la ley que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo de estos docentes pese a que su carga lectiva se ha reducido al mínimo -una hora semanal- en aplicación de la LOMLOE.

En el debate de la ley, Geroa Bai ha introducido dos enmiendas que han recabado los votos favorables de UPN, PPN y Vox, mientras que PSN, EH Bildu y Contigo/Zurekin ha votado en contra. La introducción de estas enmiendas, que recogían un régimen transitorio ante la derogación de la ley, ha motivado que los propios proponentes de la norma hayan decidido votar en contra. De esta forma, solo Geroa Bai ha apoyado la ley, mientras que UPN, PSN, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin y Vox han votado en contra.

Geroa Bai ha introducido, a través de una enmienda, un régimen transitorio que fijaba que el personal docente de religión que, a la fecha de entrada en vigor de la ley foral, mantenga una relación laboral de carácter indefinido con la Administración conservaría dicha condición y no podría ver extinguida su relación laboral como consecuencia directa de la derogación de la ley. Además, establecía que “las eventuales modificaciones de jornada que pudieran derivarse de la evolución de las necesidades docentes deberán ajustarse a lo previsto en la legislación laboral vigente, garantizando en todo caso los principios de objetividad, proporcionalidad y no discriminación”.

Igualmente, a iniciativa de Geroa Bai, se había incluido que “la Administración educativa, por razón de planificación educativa, podrá reorganizar destinos y funciones dentro del marco normativo aplicable, siempre que dicha reorganización no suponga un menoscabo arbitrario de los derechos laborales consolidados”. También establecía que el personal docente de religión con contrato laboral indefinido que en el año de entrada en vigor de la ley foral cumpla 55 años de edad mantendría íntegramente sus condiciones de contrato, jornada y estabilidad laboral hasta la extinción de su relación de servicio por jubilación o renuncia.

Una segunda enmienda de Geroa Bai, también introducida en el texto, recogía que el Departamento de Educación debería adoptar “las medidas necesarias para garantizar que las nuevas necesidades de contratación de personal docente de religión que pudieran derivarse para cubrir la planificación educativa a partir del curso 2026-2027 en el sistema educativo público se lleven a cabo bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

Según datos del Departamento de Educación en la red pública de Navarra hay 128 profesores de religión que imparten 1.557 horas semanales de esa asignatura. Sin embargo, Educación paga 2.577 horas semanales, el equivalente a 44 jornadas completas, lo que supone un sobrecoste que supera los dos millones de euros anuales, según esos mismos datos.

Esta cuestión ya generó una crisis entre los socios la legislatura pasada, cuando Geroa Bai sumó sus votos a los de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, para que los profesores de religión pudiesen mantener su puesto de trabajo con la rebaja de horas lectivas de esa materia. PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra criticaron que su socio se sumara a la derecha para aprobar una ley que “vulnera los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública”.

Y es que estos docentes son seleccionados por el Arzobispado, y muchos de ellos, mayores de 50 años, fueron contratados en su día conforme al acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales que suscribieron en enero de 1979 el Estado y la Santa Sede por el cual se establecía que esta asignatura sería “impartida por las personas que fueran designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario Diocesano propusiera”. Posteriormente, en 2007, un Real Decreto convirtió a este personal en indefinido.

Es el Arzobispado el encargado de proponer a este personal al que, según se desprende de la propia web del Arzobispado de Pamplona-Tudela se le exige, además de la titulación académica requerida para impartir la docencia y la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), estar bautizado en la Iglesia católica y disponer de una “declaración eclesiástica de idoneidad”, un documento que emite el propio obispo de la diócesis y que supone “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” basada “en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo diocesano”. Los candidatos seleccionados por el obispado son posteriormente contratados por Educación.

La región de Nueva Aquitania, por boca de su representante Mathieu Bergé, se ha sumado este martes en un encuentro de la eurorregión con el lehendakari, Imanol Pradales, y con la presidenta navarra, María Chivite, a la presión al Gobierno de Emmanuel Macron para que acelere la unión en alta velocidad hasta la frontera de Hendaya, un proyecto pospuesto durante lustros. Bergé, que ha intervenido en francés, euskera y castellano, ha señalado que las regiones francesas presionan, que Europa tiene muy clara la 'hoja de ruta' y que el tapón está en el Gobierno francés. Pradales ya había activado también iniciativas para intentar que Francia dé pasos. El PNV es socio en Europa del macronismo.

Bergé también ha apostado por la conectividad “de Cercanías” en la zona transfronteriza. En este sentido, en el ámbito de la eurorregión existe un proyecto de conexión ferroviaria entre Donostia y Baiona que supere el actual Topo, que se queda en Hendaya. Igualmente, los planes de la eurorregión incorporan financiación para facilitar la movilidad en bicicleta en el entorno.

Pradales ha asumido este martes la presidencia de la eurroregión de manos de la navarra Chivite. Ha señalado que la cooperación transfronteriza es muy relevante y que hay que ampliarla buscando la puesta en marcha de la macrorregión. Además, ha hecho alusión al contexto global de “incertidumbre”, en el que “las crisis y las guerras se acumulan unas detrás de otras”.

El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta navarra, María Chivite, se han encontrado este martes en el palacio de Ajuria Enea de Vitoria. El acto era un mero formalismo, el traspaso de la 'makila' de la eurorregión que ambas comunidades autónomas comparten con la región francesa de Nueva Aquitania, pero, por “casualidad” de la actualidad política, ha quedado marcado por el anuncio que horas antes había hecho el Gobierno foral: la empresa de China Hithium desea invertir 400 millones en Navarra para un proyecto industrial de fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico que generará, a partir de 2027, hasta 750 puestos de trabajo directos y 300 indirectos. La cocina la ha llevado un consejero navarro del PNV, Mikel Irujo, en paralelo a que su compañero de partido, Mikel Jauregi, consejero de Industria de Pradales, anunciara en 2025 que tenía un preacuerdo con Hithium para que se instalara en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa.

El lehendakari, diplomático, ha dicho que “lo que es bueno para Navarra es bueno para el país” y se ha deshecho en elogios tanto a Chivite como a Irujo, que se ha ausentado de la rueda de prensa por un compromiso aunque tenía una silla reservada y sí ha participado en la reunión previa. Ha señalado Pradales que los denominados MOU (memorandos de entendimiento o preacuerdos) se firman muy habitualmente y que no siempre cristalizan, que es algo natural.

Ha asegurado, asimismo, que Hithium podía haber acabado “en cualquier otro lugar de Europa” y que, estando en Navarra, los puertos de Bilbao o Pasaia podrán ganar en actividad exportadora, los centros tecnológicos colaborar y la planta de Basquevolt de Vitoria ofrecerse como proveedor. “Lo más importante es eso, unir fuerzas”, ha indicado Pradales. “Seguro que hay sinergias”, ha apostillado Chivite. Desde Nueva Aquitania, su representante Mathieu Bergé se ha sumado a los elogios a Navarra y ha ofrecido igualmente el puerto de Baiona.

Ha agregado Pradales que tiene “constancia” de que “otros Gobiernos” también tenían preacuerdos con Hithium y ha indicado que Euskadi mantiene en marcha otras negociaciones para atraer proyectos. “Hay un apetito e interés de inversores extranjeros para instalarse en nuestro país”, ha señalado. Desde la oposición, el PP ya ha registrado en el Parlamento preguntas para que el Gobierno vasco explique lo sucedido y para que entregue copia de su acuerdo con Hithium.

Tres años de negociaciones

Irujo, en Pamplona y usando euskera, castellano e inglés, ha sido muy transparente en cómo ha logrado cerrar el acuerdo. Primero, se fijó China como “país prioritario” para acuerdos económicos -por error lo ha llamado “República de China”, que hace referencia a Taiwán- y, después, “en 2023”, se estableció el “primer contacto” con Hithium y el fundador de la compañía estuvo de visita en Navarra reunido “en palacio” con la presidenta Chivite.

Después ha habido otros viajes por ambas partes. Chivite e Irujo visitaron la central Hithium en un viaje a China de noviembre, por ejemplo. En diciembre, los dueños de la empresa volvieron a Navarra y giraron una nueva invitación. Después de Navidad, Irujo y su equipo volvieron al gigante asiático y ya, “a finales de enero”, estaba claro que Hithium se iba a instalar en Navarra. Jauregi, cuando hizo público su “memorando de entendimiento” con Hithium no dio detalles ni de plazos ni de inversiones. El Gobierno vasco lo firmó en una feria que se celebró en Alemania.

En la operación navarra ha participado el Gobierno de España. Chivite e Irujo han agradecido expresamente la “diplomacia económica” de Pedro Sánchez con China, que se redondeará con un encuentro al más alto nivel con el presidente de la República Popular, Xi Jinping. De hecho, en los pasos que aún quedan para cerrar son preceptivos “permisos” tanto del Gobierno español como del chino. Es más, antes del anuncio oficial, Chivite, Irujo y todos los responsables de Hithium se reunieron en La Moncloa con Sánchez y con el ministro Jordi Hereu. “Nosotros no hacemos anuncios si las cosas no están totalmente cerradas”, han dicho también, textualmente, desde el Gobierno de Navarra, donde sienten que es una jornada de “celebración”.

En el entorno de la presidenta socialista se destaca como “de diez” el trabajo del consejero del PNV en este proceso de captación de Hithium. Irujo, ante los medios de comunicación, ha aventurado que no será la primera inversión de China en Navarra y ha añadido que el potencial industrial de la comunidad foral es “infinito”.

El PNV, como partido, considera que la inversión “es, sin duda, una buenísima noticia”. “Demuestra, por un lado, que la comunidad foral de Navarra es un territorio competitivo e interesante desde el punto de vista industrial y pone en valor el trabajo del consejero Irujo. Y, por otro, y unido a esto último, evidencia la apuesta de EAJ-PNV por la industria como motor económico y de futuro en el conjunto de Euskadi, al entender además que Nafarroa es parte del país. Es indudable que el impacto de este proyecto será notorio en la economía navarra, pero también lo será en el conjunto de Euskadi por las sinergias entre ambos territorios, en tanto en cuanto la comunidad autónoma vasca y la comunidad foral de Navarra no son competidores, sino aliados”, explican desde el partido.

El lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, y la presidenta navarra, María Chivite, socialista, han rechazado tajantamente la propuesta de UPN, a través de una enmienda en las Cortes Generales, de que sea retirada de la Constitución española la disposición transitoria cuarta, introducida en 1978 y que habilita la incorporación de Navarra a la comunidad autónoma que integran Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. “Genera incertidumbre y no se corresponde con la voluntad mayoritaria y sostenida de la ciudadanía navarra”, defiende la formación ahora dirigida por la exalcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola.

Pradales y Chivite se han reunido este martes en el palacio de Ajuria Enea de Vitoria en el marco de un encuentro de la Eurorregión que comparten también con la francesa Nueva Aquitania. Según ambos mandatarios, UPN ha usado una “bomba de humo” para tratar de tapar el hito que supone para Navarra la anunciada inversión de la empresa china Hithium, de 400 millones de euros y 1.050 empleos entre directos e indirectos.

“Me parece que esta propuesta proviene de alguien que se ve anclado en la oposición. Y es significativo que se haga hoy, para desviar el foco de lo importante”, ha afirmado Chivite desde la capital vasca. La presidenta ha explicado que UPN nunca lo ha planteado cuando ha liderado Navarra o cuando el PP ha tenido “mayorías absolutas” en España, y sostiene que en los debates de reforma de la Lorafna (el estatuto navarro) no ha sido objeto de estudio. Ha agregado que no hay un debate ciudadano que demande esa derogación.

“Hechos son amores”, ha dicho después la presidenta navarra, que ha querido subrayar su compromiso con el “crecimiento institucional” de la comunidad foral. “Cuando UPN estuvo en el Gobierno, jamás consiguió una competencia”, ha ironizado sobre su mandato, iniciado en 2019 y en el que, por ejemplo, han asumido las de Tráfico, hasta ahora en manos de la Guardia Civil.

Pradales, que ha dicho estar “bastante de acuerdo” con el análisis de Chivite, ha ironizado que los “adalides del constitucionalismo español” son precisamente los que buscan “modificar unilateralmente” cláusulas que son sustanciales para el encaje de los territorios vascos en España. Acto seguido, ha puesto en valor el “protocolo general” de colaboración entre ambas comunidades autónomas. Pradales ha calificado a Navarra como territorio “hermano”.

"En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143"

Disposición transitoria cuarta

La empresa china Hithium se lleva a la comunidad foral de Navarra la inversión que el Gobierno vasco anunció para la vasca hace un año. Serán del orden de 400 millones de euros que permitirán crear más de 700 empleos y que colocará a Navarra en el foco mundial de la fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico. Este acelerón, semiadelantado en un encuentro de la presidenta navarra con Pedro Sánchez, le ha quitado una inversión que el propio consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, anunció hace un año tras firmar un acuerdo de colaboración con la empresa china.  Hithium, “ha elegido Euskadi como cabecera para su implantación en el sur de Europa”, dijo el consejero en el Parlamento Vasco. Se da la circunstancia de que el consejero navarro de Industria es también del PNV, Mikel Irujo.

Los detalles de la inversión los dará este martes, en Pamplona, la presidenta socialista, María Chivite, junto al CEO Jeff Wu, y al propio Irujo. Se da la circunstancia de que a mediodía, en Vitoria, está previsto un encuentro de Chivite con el lehendakari, Imanol Pradales, en el marco de su trabajo compartido en la eurorregión con Nueva Aquitania.

Fuentes del Gobierno vasco han señalado que el “motivo decisivo que ha llevado a Hithium a apostar por Navarra es el margen de ayudas económicas que permite la Unión Europea”. En este sentido, han señalado que la zona que “analiza” la empresa para levantar la fábrica, las antiguas instalaciones de BSH en el municipio de Galar, cerca de Esquíroz y al sur de Pamplona, está considerada como “zona asistida”, por lo que puede beneficiarse de ayudas públicas de hasta un 20% sobre la cantidad de la inversión. “Es más que el 15% que podía ofrecer Euskadi”, han indicado desde el equipo de Jauregi.

Lo cierto es que lo que anunció el consejero en una comparecencia en el Parlamento Vasco en mayo de 2025 era un preacuerdo, un memorando de entendimiento o MoU, como se denomina, con el que se pretenden buscar sinergias para que se puedan llegar a fabricar esas baterías en Euskadi. No hubo plazos, ni inversiones ni proyectos concretos, pero el consejero lo anunció como hecho. “Queremos que los sistemas de almacenamiento para Europa se fabriquen en nuestro país [en referencia a la comunidad autónoma vasca] de la mano de nuestros centros tecnológicos y de nuestra industria”, señaló en su día.

“Se tiraron a la piscina. Anunciaron el paso previo”, han señalado fuentes socialistas. “Era una de las cosas que se han trabajado en China. La presidenta ha ido una vez y el consejero Irujo tres por lo menos. La derecha siempre acusa al PNV de empobrecer Navarra, pero Mikel se ha portado de diez”, agregan estas fuentes sobre las gestiones del compañero de partido de Jauregi. Irujo ya señaló en el mes de noviembre que China, donde se encontraba, podía ser un socio de primer nivel para Navarra en este campo. “Desde 2015, China ha pasado de liderar tres a 57 de las 64 tecnologías críticas como biotecnología, aeroespacial, electrónica, robótica o IA; y como líder dual en transición ecológica y digital, estamos convencidos de que puede ser un socio de primer nivel para Navarra”, indicó. María Chivite y el CEO de la empresa se reunieron este lunes con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en La Moncloa, para trasladarle la decisión de la empresa china de instalarse en Navarra.

El consejero de Industria de Navarra, Mikel Irujo, ha señalado en la comparecencia posterior que la empresa china ha puesto en valor “el ecosistema de renovables que tiene Navarra”. Y ha señalado respecto al hecho de que se anuncie la inversión el mismo día en que Chivite y Pradales estarán juntos en Vitoria, que es una “casualidad”. “Tenemos una reunión [con Pradales]. En conversaciones más informales hablaremos de esta cuestión. Cada región tienen que hacer su trabajo y Navarra ha hecho muy bien el suyo”. Ha señalado además que el Gobierno navarro “lleva trabajando tiempo con paciencia y profesionalidad” y que el Ejecutivo de la comunidad foral “no hace anuncios si las cosas no están totalmente cerradas”.

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha avanzado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la oficina que ella dirige ha recibido dos denuncias “anónimas” por contratos adjudicados por el Gobierno foral para la construcción de viviendas de protección oficial a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

Edurne Eginoa ha precisado que las dos denuncias llegaron a la OANA a raíz de la publicación de los informes que encargó la presidenta de Navarra, María Chivite, para auditar las obras encargadas por su Ejecutivo a la empresa Servinabar 2000 tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. En esos informes, Anticorrupción detectó más de una decena de irregularidades en los procesos de adjudicación de cuatro obras. La adjudicación de una de ellas, la del desdoblamiento de los túneles de Belate, la llegó a calificar de “nula de pleno derecho”.

La presidenta de la OANA se ha ratificado en todo lo recogido en las conclusiones de los informes que elaboró a petición de Chivite. Incluso ha apuntado que tras escuchar las sesiones de la comisión de investigación de la Cámara foral en las que comparecieron los técnicos de la mesa de contratación de Belate, la OANA podría hacer ahora “un informe más extenso”.

Así, se ha referido a que los miembros de la mesa “pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial” y ha cuestionado la actuación del presidente de la mesa, Jesús Polo, por haberse “negado” a convocar reuniones presenciales. “Los propios miembros de la mesa han dicho que una reunión presencial hubiese solucionado determinadas discrepancias”, ha expuesto, para considerar fundamental en las mesas “deliberar”.

Con todo, ha apuntado que “lo lógico” es que la obra siga para no causar “perjuicio al interés general”. “La obra ya estaba adjudicada y ya incluso había comenzado. Yo entiendo, pero bueno, eso ya no me corresponde, que la obra tiene que continuar y hacerse hasta el final, por supuesto”, ha afirmado, para opinar que “sería un desastre parar ahora esa obra”.

Una represalia “de manual”

Preguntada por el traslado del puesto de trabajo del secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate y denunciante, Lorenzo Serena, lo ha calificado de una “represalia de manual”.

El secretario fue trasladado a trabajar a una nave al polígono industrial de Landaben, decisión que posteriormente el Departamento de Cohesión Territorial corrigió tras recibir un informe de la OANA que afeaba el traslado y lo consideraba una represalia por haber denunciado ante Anticorrupción el procedimiento de la mesa de contratación.

“Trasladar a esta persona a un almacén de Landaben constituye una represalia, pero hay que reconocer la rápida actuación del consejero Chivite -consejero de Cohesión Territorial-, que lo admitió en seguida y a los dos días se anuló la resolución de traslado a Landaben”. Con todo, ha señalado que su traslado fue “inadmisible”, que nada lo justificaba y que la propia presidenta de Navarra lo reconoció.

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha considerado “una irregularidad” que Belén Cerdán, hermana del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, siga siendo teniente de alcalde y concejala en la localidad de Milagro tras darse de baja en el partido y pasar al grupo de no adscritos y le ha reprochado que no entregue su acta.

“Cuando un militante se da de baja del partido no puede seguir ostentando ni representando las siglas del PSN”, ha aseverado Esther Iso, que ha considerado “una pena que Milagro no pueda tener otro concejal socialista”. Según ha explicado, el alcalde de Milagro, José Ignacio Pardo, que ha decidido no destituir a Belén Cerdán como vicealcaldesa, “no es afiliado al PSN y el partido no puede hacer nada más que pedirle que la cese”. “Para nosotros es una pena que no se hayan oído nuestras reivindicaciones”, ha reiterado en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Belén Cerdán se dio de baja del PSN cuando encarcelaron a su hermano, pero no renunció a su acta de concejal pese a los reiterados llamamientos de altos cargos del partido, incluida la presidenta foral y secretaria general del PSN, María Chivite, para que lo hiciera por su presunta implicación en la trama económica en torno a empresa Servinabar 2000.

Varios familiares de Santos Cerdán, incluidas su esposa, Francisca Muñoz, y su hermana, se dieron de baja del partido cuando estalló el caso por el que el Tribunal Supremo investiga al exdirigente socialista por la presunta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Argumentaron entonces que no se sintieron respaldadas por la organización del partido con la encarcelación de Cerdán. Belén Cerdán era teniente de alcalde en su localidad, gobernada por el PSN ahora en una situación de cierta inestabilidad tras la baja de Cerdán. Los socialistas tienen allí cinco concejales, los mismos que UPN. La gobernabilidad del municipio depende, por tanto, de Belén Cerdán, ahora no adscrita y que ha mantenido su apoyo al alcalde del PSN.

Un informe de la UCO de la Guardia Civil vinculó directamente a Belén cerdán con Servinabar 2000, la empresa situada en el centro de la trama tras conocerse que Santos Cerdán poseía el 45% de sus participaciones, de la que percibió 22.324,51 euros entre febrero y junio de 2020. Ella misma reconoció esos cobros, aunque los enmarcó en un trabajo normal de asesoría. Servinabar recibió adjudicaciones millonarias en Navarra en UTE con Acciona. Además, con esa misma constructora firmó en 2015 un acuerdo por el cual Servinabar 2000 recibía el 2% neto de las adjudicaciones conseguidas por Acciona.

La religión en las aulas vuelve a agitar la política navarra. El blindaje en la red pública de los profesores que son elegidos por el obispo para impartir esa asignatura, cuya carga lectiva se ha reducido al mínimo -una hora semanal- en aplicación de la LOMLOE, ha generado una nueva brecha entre los socios del Gobierno de la socialista María Chivite.

Mientras PSN y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) piden derogar la ley que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo de estos profesores pese a que no tienen carga lectiva y no pueden impartir otras materias por ser personal específico y no haber opositado, Geroa Bai por el momento se desmarca acusando al Departamento de Educación -cartera que está en manos de los socialistas- de no facilitarles información sobre los docentes que se verían afectados por la derogación de la norma como su edad, los criterios que se seguirán para los despidos y el coste que supondrán las indemnizaciones a los profesores damnificados.

Según los datos del Departamento de Educación, en la red pública navarra hay 111 profesores de religión, pero con la reducción de la carga lectiva tan solo 68 imparten la materia. Ello supone, según los mismos datos, un gasto anual de unos dos millones de euros para las arcas públicas.

Fuentes de la coalición de Socialverdes y PNV señalan a este periódico que todavía no han decidido si apoyar o no la propuesta de sus socios para derogar la norma que blinda a estos docentes, pero muestran su enfado por lo que consideran un “incumplimiento” del acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite presidenta. En ese documento se recoge un acuerdo para “revisar y, en su caso, derogar” la ley y, desde Geroa Bai, afean a PSN y Contigo/Zurekin que hayan presentado directamente una proposición para derogar la ley sin antes “revisarla”.

Esta cuestión ya generó una crisis entre los socios la legislatura pasada, cuando Geroa Bai sumó sus votos a los de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, para que los profesores de religión pudiesen mantener su puesto de trabajo con la rebaja de horas lectivas de esa materia. PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra criticaron que su socio se sumara a la derecha para aprobar una ley que “vulnera los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública”.

Y es que estos docentes son seleccionados por el Arzobispado, y muchos de ellos, mayores de 50 años, fueron contratados en su día conforme al acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales que suscribieron en enero de 1979 el Estado y la Santa Sede por el cual se establecía que esta asignatura sería “impartida por las personas que fueran designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario Diocesano propusiera”. Posteriormente, en 2007, un Real Decreto convirtió a este personal en indefinido.

Es el Arzobispado el encargado de proponer a este personal al que, según se desprende de la propia web del Arzobispado de Pamplona-Tudela se le exige, además de la titulación académica requerida para impartir la docencia y la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), estar bautizado en la Iglesia católica y disponer de una “declaración eclesiástica de idoneidad”, un documento que emite el propio obispo de la diócesis y que supone “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” basada “en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo diocesano”. Los candidatos seleccionados por el obispado son posteriormente contratados por Educación.

Más de dos meses después de la destitución de Pedro López Vera en plena crisis por el 'Caso Cerdán', el Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles el nombramiento de María Torres como nueva directora general de Obras Públicas.

Se da la circunstancia de que su nombramiento se ha producido a la vez que López Vera comparecía en la comisión que investiga en el Parlamento de Navarra las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El exdirector general de Obras Públicas ha asegurado que nadie le dio “muchas explicaciones” y que no tiene “muy claro” cuáles fueron los motivos de su adiós.

Pedro López Vera fue quien el sobrecoste de 8,5 millones de euros que fue objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General, que consideró que no estaba del todo justificado. El reparo generó una crisis de “confianza” entre los socios del Ejecutivo de la socialista María Chivite, a quien Geroa Bai (socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) reclamaron “responsabilidades políticas”. Finalmente, la presidenta cedió y destituyó a López Vera el 2 de diciembre.

María Torres es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos desde el año 2002 y desempeña su actividad profesional en el Departamento de Cohesión Territorial desde marzo de 2023. Hasta ahora, ha formado parte del equipo técnico del Servicio de Proyectos y Obras, realizando labores de Dirección de Obra en diversos proyectos.

La nueva directora general suma 23 años de experiencia profesional en el sector de la construcción, ejerciendo responsabilidades tanto de jefa de obra como jefa de Oficina Técnica y de Estudios en Galicia, La Rioja y Navarra. Su dilatada experiencia profesional se ha desarrollado tanto en la empresa privada como en el sector público.

Torres asume la responsabilidad para liderar proyectos “estratégicos para Navarra”, destacan desde el Ejecutivo foral. Entre otros, la construcción de infraestructuras como el desdoblamiento de la N-121-A, el desarrollo de los túneles de Belate y Almándoz, la ejecución de la variante ferroviaria entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien, la supervisión de la conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras de Navarra, y el inicio de los trabajos de la A-15, que conectará la comunidad foral con Madrid. 

El director general de Obras Públicas que fue destituido por la presidenta de Navarra, María Chivite, en diciembre de 2025 en plena crisis con sus socios por el 'caso Cerdán', ha asegurado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral que nadie le dio “muchas explicaciones” y que no tiene “muy claro” cuáles fueron los motivos de su adiós.

Según ha explicado fue el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite -familiar de la presidenta-, quien le comunicó su destitución, algo que asumió con “naturalidad”.

Pedro López Vera firmó la adjudicación de la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, esta última la empresa propiedad de Antxon Alonso y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública al encontrar en el domicilio del empresario vasco un documento por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán le compró el 45% de las participaciones de la mercantil.

López Vera ha afirmado estar “seguro” y “convencido” de que no hubo corrupción entre los miembros de su equipo en la adjudicación de la obra de Belate. La adjudicación de la obra estuvo envuelta en polémica desde el principio porque tres de los ocho miembros de la mesa de adjudicación, los tres letrados, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. En sus escritos justificaron sus reticencias alegando indicios de “arbitrariedad”. Además, destacaron que el presidente de la mesa, Jesús Polo, conocía las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas antes de emitir su propia valoración, que fue determinante para que la UTE adjudicataria fuera la de Acciona, Servinabar 2000 y Osés.

Pese a las discrepancias entre los miembros de la mesa para adjudicar la obra, Pedro López Vera ha señalado que firmó la adjudicación porque le pareció que era “perfectamente normal” y ha recordado que cuando lo hizo no se conocía el informe de la Guardia Civil en la que se vincula a Santos Cerdán con la empresa Servinabar 2000.

En el interrogatorio del portavoz de UPN, Javier Esparza, el exdirector general de Obras Públicas, ha indicado que conoció a Antxon Alonso en la obra que realizó Servinabar 2000, en UTE con Acciona, en la reforma del edificio del antiguo Archivo General de Navarra, y que no volvió a tener contacto con él. Sí que ha reconocido haber coincidido en varias reuniones con Santos Cerdán, en concreto a las que el ex secretario de Organización del PSOE acudió como diputado por Navarra al Ministerio de Fomento. López Vera ha asegurado que en esas reuniones Cerdán intervenía “poco” y que no se habló en ningún momento de empresas.

El director general de Obras Públicas también autorizó el sobrecoste de 8,5 millones de euros que fue objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General, que consideró que no estaba del todo justificado. El reparo generó una crisis de “confianza” entre los socios del Ejecutivo de la socialista María Chivite, a quien Geroa Bai (socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) reclamaron “responsabilidades políticas”. Finalmente, la presidenta cedió y destituyó a López Vera el 2 de diciembre.

En su comparecencia en el Parlamento navarro ha afirmado estar “totalmente en contra” del reparo suspensivo. “Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo desde el día uno en tener la Intervención perfectamente informada y si Intervención hubiese tenido cualquier sospecha o nos hubiera dado cualquier indicación de que no íbamos por el camino correcto, nosotros habríamos cambiado el paso si hacía falta, o haberle dado más explicaciones, o haber hecho lo que fuese necesario”, ha añadido.

Los partidos que conforman el Gobierno de coalición en Navarra liderado por María Chivite, PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Btazarre), y EH Bildu han vetado este martes la comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre el 'caso Koldo' de la pareja del ex número dos de los socialistas navarros Ramón Alzórriz por haber trabajado entre los años 2021 y 2024 en la empresa Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

La comparecencia de la pareja de Ramón Alzórriz había sido solicitada por Vox, partido que también ha pedido que acuda a la comisión de inverstigación la mujer del vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, y que trabaja en Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda del Ejecutivo navarro, que adjudicó dos contratos para la construcción de viviendas protegidas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000. Las dos comparecencias han sido rechazadas con los votos en contra de los socios del Gobierno de Chivite. Sí que se ha aprobado la comparecencia de Eduardo Montes, responsable de la zona norte de Acciona cuando se formalizó la UTE con Servinabar 2000 y Osés para las obras de Belate.

La pareja de Alzórriz ejerció labores de prevención de riesgos laborales, pese a no tener experiencia previa, en la empresa que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Según explicó el propio Alzórriz fue él quien le pidió a Antxon Alonso un empleo para su pareja porque tenía un “empleo precario”. El exvicesecretario general del PSN le había ocultado a Chivite esta información y, cuando en junio de 2025 se conoció que Santos Cerdán era propietario del 45% de las participaciones de Servinabar, la secretaria general de los socialistas navarros y presidenta del Gobierno foral le despojó de todos sus cargos en el partido, si bien continúa siendo parlamentario del grupo socialista.

La empresa pública Nasuvinsa, dependiente del Departamento de Vivienda adjudicó dos contratos a Acciona y Servinabar 2000 para la construcción de viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña, situado en la comarca de Pamplona. Son del año 2018 y del 2023, años en los que al frente de la consejería estaba Geroa Bai y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra detectó “irregularidades” al apreciar “acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios”.

A finales de junio de 2025, pocos días después de que se conociera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que situaba al ex secretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, al frente de una presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública, el Parlamento de Navarra aprobó la creación de una comisión de investigación para analizar las obras que el Gobierno de Navarra adjudicó a las empresas señaladas en dicho informe, Acciona y Servinabar 2000. Esta última, la mercantil propiedad de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

La presidencia de esa comisión recayó en EH Bildu, que sitúo al frente, con el apoyo del PSN, a la parlamentaria Irati Jiménez (Atarrabia, 1992). Recibe a elDiario.es en el Parlamento navarro donde, unos minutos antes, ha comparecido Antxon Alonso, que una vez más se ha negado a dar explicaciones y apenas ha respondido a tres de toda una batería de preguntas que le han formulado los miembros de la comisión.

Abogada de profesión, Jiménez comparece en la entrevista con una carpeta con apuntes y documentos de la comisión, así como con un ejemplar del Reglamento de la Cámara y de la LORAFNA, el equivalente en Navarra al Estatuto del resto de comunidades autónomas, del que de entre sus páginas sobresalen unos cuantos pósits. Lamenta que haya personas y organismos que estén poniendo “trabas” y que no se tomen “en serio” a la comisión navarra. Asegura que este foro tiene “una seriedad” que no ha visto en la comisión que se celebra en el Senado, que la enmarca en una “estrategia” del PP para recuperar el Gobierno. Sobre EH Bildu, afirma que está siendo igual de exigente con este caso como lo ha sido con otros en Euskadi y que presidir la comisión responde a sus “principios contra la corrupción”.

Las personas citadas por la comisión de investigación tienen la obligación de comparecer. ¿No respondiendo a las preguntas cumplen con esa obligación?

Obviamente desde el punto de vista jurídico no es lo mismo comparecer y responder, por supuesto. Pero teniendo en cuenta que la labor del Parlamento es recoger y dar voz a la ciudadanía, es una pena que no se estén dando respuestas en esa obligación de comparecer que tienen las personas citadas. No olvidemos que esto es una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, no jurídicas. Cuando no responden, no es que no nos estén dando respuesta a los y las parlamentarias, sino que no están dando respuesta a las dudas y preocupaciones que tiene la sociedad navarra.

En este sentido, ¿cree que la comisión de investigación está indefensa?

No es que esté indefensa, la comisión tiene sus herramientas. La cuestión es si los diferentes organismos a los que nos hemos dirigido se toman en serio esta comisión. Me refiero a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo y a otros organismos. Si de verdad le otorgan el valor a la comisión de investigación que la propia ciudadanía y reglamento le otorga.

¿Y se la han tomado en serio?

La respuesta creo que se ve en su manera de actuar o de facilitar la información que les hemos solicitado. También es cierto que ha habido otras instituciones que sí que han colaborado y es de agradecer.

¿Por qué la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo no enviaron la documentación que se les requirió?

Argumentaron que la causa estaba siendo objeto de investigación. Pero volvemos a traer esto que está pasando en el Estado a Nafarroa y a la realidad nuestra de Nafarroa y, a través de ahí, sí que podían haber facilitado información.

¿Dan por perdida esa documentación?

Sí, somos conscientes de que no la vamos a tener. Y esto es, cuanto menos, paradójico, porque se filtra un informe de la UCO que ha llegado a multitud de grupos de WhatsApp, pero no se transmite de una manera oficial, que es como se deberían de hacer las cosas. Es más, es que ni siquiera sabemos si ese es el informe verdadero, o si está completo, o si faltan cosas. No lo sabemos. Aquí también es importante recordar que hay grupos en la comisión de investigación que sí que tienen acceso a esa documentación. Entonces, se produce en esta comisión de investigación una situación de que no todos los grupos parten de la misma información.

Entiendo que lo dice por el PP, que está personado en la causa. ¿Cree que no juegan con las mismas reglas?

Cada grupo político tendrá su valoración, yo describo que hay grupos que tienen más información que otros.

Han pedido al juez del Tribunal Supremo permiso para la comparecencia de Koldo García. Hace unas semanas el mismo juez rechazó la citación de José Luis Ábalos en la comisión del Senado. ¿Confía que esta vez otorgue el permiso?

Sí, porque lo justificaba por tema de plazos y aquí nosotras no tenemos los plazos tan cortos como se tenían en esa comisión.

Hace dos semanas tenían que haber comparecido los técnicos de las conferencias hidrográficas del Ebro y del Cantábrico. No lo hicieron argumentando que como funcionarios del Estado no tenían el deber de acudir a una comisión de un Parlamento autonómico. ¿Se les va a volver a citar?

Estamos a la espera de un informe de los servicios jurídicos de la Cámara para saber si podremos volverles a citar. Yo comparto la opinión de los servicios jurídicos de esta Cámara, consideramos que estos funcionarios parten de una interpretación errónea de unos informes del Consejo de Estado que no tienen en consideración que aquí tenemos un artículo propio que sí les obliga a venir.

¿Teme que ese mismo argumento pueda ser utilizado por otros funcionarios a los que se va a citar como los guardias civiles que realizaron los informes, por ejemplo?

No, porque ya han venido a comparecer a esta comisión otros funcionarios del Estado.

La semana pasada tampoco vino el presidente de Acciona. ¿Confía en que acuda el 9 de febrero?

Sí. Esa es su obligación.

¿Y qué pasa si no lo hace?

Los grupos políticos, una vez más, tendrán que decidir cómo actuar. Habría que volver a requerirle o enviarlo a la Fiscalía, tendrán que decidirlo los grupos.

Existen precedentes de personas que se han negado a comparecer y finalmente sus casos han sido archivados por la Fiscalía.

Sucedió en la anterior comisión de investigación [sobre las actuaciones desarrolladas por la empresa pública Sodena]. Habría que analizar el supuesto concreto, si los hechos han sido de la misma manera o si ha variado algo para que la Fiscalía pueda entrar si así lo considera.

Es paradójico que un informe que ha llegado a multitud de grupos de WhatsApp no se nos quiera transmitir de manera oficial

Acciona dice que se ha desatendido su derecho a designar su representante.

Lo que sucede es que no sé si se ha leído bien la citación, porque la citación es personal, es decir, se le ha citado a él. Quien tiene que comparecer es él, no puede designar un suplente cuando la citación es personal.

¿Considera que hay quien quiere poner trabas a esta comisión?

Sí. Estamos teniendo trabas, por lo menos por parte de estas empresas. Y a mí lo que me preocupa es que las trabas las ponen a esta comisión, pero es que la comisión no es más que una herramienta para que la ciudadanía pueda obtener información y saber qué es lo que ha pasado, para que podamos establecer mecanismos de mejora y depurar responsabilidades políticas, si así procede, para tener una contratación pública transparente, garante y cumpliendo con todos los principios que son necesarios. Porque luego hablamos de desafección política, pero es que, en este caso, quienes están colaborando en esta desafección política son estas empresas que hacen lo imposible para que la información no llegue a la ciudadanía.

¿La Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo también han puesto trabas?

Se podría decir que no nos han facilitado el acceso a la información.

Usted preside está comisión a propuesta de su grupo, EH Bildu, y con el apoyo del PSN. ¿Por qué EH Bildu tiene interés en presidir esta comisión? ¿No se fiaban de los socios del Gobierno?

Euskal Herria Bildu tiene muy claro cuáles son sus principios ante la corrupción y cuál es su hacer, y creo que lo ha demostrado durante toda su historia política en los diferentes ayuntamientos e instituciones que ha gobernado. Y desde esa manera de hacer política que tenemos, es desde donde se propuso esto.

¿EH Bildu es igual de exigente con este caso como lo ha sido con otros casos vascos como Alonsotegi o Getxo, por ejemplo?

Sí, totalmente.

¿A la hora de elegir a quién citar a esta comisión ha primado el interés por conocer la verdad o se han impuesto los intereses partidistas?

Diría que ha primado el interés por conocer la verdad. Las solicitudes de comparecencias que presentó cada grupo eran bastante dispares y se decidieron por mayorías [se votó de forma individual cada una de las solicitudes de comparecencia]. Esas mayorías fueron diferentes en muchos casos, no se repitieron constantemente.

UPN denuncia que no se ha querido citar a personas, por ejemplo a cargos del Gobierno de Navarra actuales y de la pasada legislatura, cuyo testimonio podría aportar información a la causa que se investiga.

Eso fue decisión de los grupos y de la mayoría de la comisión.

En paralelo a esta comisión se está celebrando otra en el Senado. ¿Qué diferencias encuentra entre una y otra?

La verdad es que no he seguido del todo la comisión del Senado, pero diría que la del Senado responde a una estrategia del Partido Popular por volver a tener el Gobierno y no entender la pluralidad que existe en el Estado. Y considero que en Navarra estamos actuando con la debida diligencia, con responsabilidad y, a pesar de que sí que hay algunos grupos que están fomentando esa imagen que se está viendo en Madrid, creo que la seriedad y el trabajo sí que son diferentes.

El presidente Pedro Sánchez calificó la comisión del Senado como un circo. ¿Ve ese ambiente en la de Navarra?

No diría que esta esté siendo un circo para nada. Creo que las intervenciones están siendo conforme a los intereses de cada portavoz, sin faltas de respeto y se están ateniendo al objeto de la comisión.

El origen de esta comisión está en ese informe de la UCO del mes de junio. En él se sitúa a Navarra como el origen de la presunta trama de corrupción. ¿Cómo lo ve?

El informe que se ha filtrado de la UCO sí que coloca a Navarra en esa situación, pero bueno, Antxon Alonso ha respondido que no le consta que exista. En parte, por todo eso se constituyó esta comisión de investigación y estamos investigando qué es lo que sucedió en Navarra. Y creo que lo estamos haciendo de una manera correcta. Se empezó escuchando a los miembros de la mesa de contratación de la obra de Belate para ver qué es lo que pasó y cómo se llevó a cabo esa mesa. Y es más, de un informe de la UCO nunca vamos a sacar cómo fue la mesa de contratación y, sin embargo, aquí sí que hemos visto cómo fue esa de mesa de contratación y de ahí también la información que se ha podido obtener de esa mesa.

¿Entiendo entonces que sí se le da veracidad a lo que recoge el informe de la UCO?

Yo vengo del mundo del Derecho y creo que es importante sacar conclusiones una vez finalizado el proceso, y no olvidemos que aquí estamos en el inicio de un proceso. No se puede juzgar algo sin todas las garantías procesales y penales que el ordenamiento jurídico otorga a los procedimientos penales. Sí que considero importante la labor de esta comisión de investigación desde el momento en el que se conocieron los hechos, pero lo desvinculo de lo que está sucediendo en Madrid. 

Se habla de desafección política y en este caso son las empresas que hacen lo imposible para que la información no llegue a la ciudadanía las que la generan

La primera adjudicación conocida a la empresa que la UCO sitúa en el centro de la trama, Servinabar 2000, es la de la reforma del Navarra Arena en la legislatura en la que Uxue Barkos era presidenta. Sin embargo, se decidió añadir también a la investigación la presidencia de Yolanda Barcina (UPN). ¿Por qué?

Esto lo responderán mejor los grupos, que son quienes tienen que explicarlo, pero se entendió así porque se quiere analizar las obras que han hecho las empresas que aparece en el informe de la UCO y con eso se iba cuatro legislaturas atrás.

Se decidió que la comisión empezase por las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate. ¿Es donde más indicios existen de que pudo haber corrupción?

Eso se decidió por la mayoría de los grupos. Había grupos que preferían no hacer un orden cronológico y otros que abogaban por empezar por Belate. Fue una cuestión de mayorías.

En las sesiones en las que comparecieron los miembros de la mesa de contratación se vieron discrepancias importantes entre ellos en aspectos tan determinantes como el orden de las votaciones o si hubo o no presiones por parte del presidente a otros miembros. ¿A quién va a creer la comisión?

Eso habrá que verlo en las conclusiones que se realicen en su momento. Pero me parece importante destacar esto, porque no fue hasta que escuchamos a los miembros de la mesa de contratación cuando se dio a conocer cómo estaba funcionando. En cuestiones como estas es donde se ve que esta comisión sirve. Tenemos una serie de informaciones que nos vienen a través de los medios de comunicación que atienden a cuestiones que son importantes, pero también es importante saber qué pasó en la mesa de contratación. Y esa información la hemos obtenido escuchando a las personas que formaron parte de ella. De ahí destaco la importancia de esta comisión, del poder dar y ofrecer a la ciudadanía de Nafarroa esta comisión de investigación como una herramienta de escuchar y de conocer qué es lo que pasó en el caso de las obras de Belate.

¿Pero la comisión podrá llegar a saber el orden de las votaciones o si hubo presiones a la hora de puntuar?

Podrá establecer mecanismos para que en el futuro no existan esas dudas, ir hacia atrás ya no podemos.

¿Cree que esta comisión podrá determinar si hubo corrupción política en la adjudicación de obras públicas en Navarra?

El objeto de esta comisión es, en todo caso, depurar responsabilidades políticas. Hay otras cuestiones que corresponden a los órganos judiciales, en este caso al ámbito penal, con las garantías que correspondan en ese proceso.

¿Adónde podrá llegar esta comisión que no lo haga la justicia?

Es que son caminos distintos. La justicia penal depurará responsabilidades penales, si es que así las hay. Esta comisión tiene que depurar otras responsabilidades políticas. Son caminos distintos porque las funciones son distintas. Una y otra se pueden acompañar y pueden servirse la una a la otra, pero los caminos son distintos. Pueden existir puentes entre ellas, pero los caminos son distintos.

EH Bildu tiene muy claro cuáles son sus principios ante la corrupción y lo ha demostrado durante toda su historia política

Además de Belate también se van a investigar el resto de contratos adjudicados a la UTE de Acciona con Osés y Servinabar 2000. Ahora un juzgado navarro va a investigar otras obras adjudicadas por una empresa de la que el Gobierno de Navarra es accionista, las obras para la reconstrucción de Sendaviva. ¿Se podrían añadir a esta comisión?

Si los grupos así lo consideran y así lo votan por mayoría, sí.

¿Las conclusiones de la comisión podrían quedar cojas si no se hace?

Hablar ahora que todavía nos quedan muchísimas comparecencias sobre las conclusiones me parece que es algo precipitado. Una vez lleguemos a las conclusiones podremos saber si hemos abordado lo que se corresponde o no.

¿Los partidos tienen las conclusiones escritas desde antes de que empezase la comisión, como en alguna sesión se ha dicho?

Eso tienen que responder los grupos parlamentarios, pero vuelvo a insistir que una comisión de investigación también es una herramienta de escucha para conocer lo que ha pasado. Y para saber lo que ha pasado necesitamos que nos lo cuenten, para así redactar unas conclusiones.

¿Todas las trabas que ha habido a la hora de recibir documentación o de citar a algunas personas condicionarán las conclusiones?

Confío en que con las personas que faltan por comparecer obtengamos una base sólida para obtener unas conclusiones sólidas.

¿Qué plazos manejan para la finalización de la comisión?

Con las personas que están llamadas a día de hoy, las comparecencias finalizarán sobre el mes de mayo, posteriormente se redactarán las conclusiones.