La plantilla de la eléctrica Holaluz ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo 14 de enero en protesta por la “constante pérdida de derechos”, cuya última expresión, informan fuentes de los trabajadores, ha sido la eliminación del teletrabajo.

La conflictividad laboral en Holaluz ha ido en aumento en los últimos meses, en paralelo a la mala situación financiera que atraviesa la comercializadora. Fuentes de la plantilla denuncian la congelación de sueldos, despidos y cambios constantes de los equipos y unos “discursos de la dirección que aumentan las tensiones”. Incluso se invita a trabajadores a marcharse, agregan.

El episodio que ha colmado la paciencia de la plantilla ha sido la modificación de las condiciones de trabajo presentada el pasado mes de diciembre, que supondría la eliminación de los últimos derechos adquiridos como los cursos de idiomas o el seguro médico, además de la eliminación total del trabajo en remoto.

El fin del teletrabajo supone “un perjuicio” para muchos trabajadores que, explican fuentes de la plantilla, viven fuera de Barcelona desde la pandemia. “Es llamativo que esta decisión proviene de una empresa que aboga por la sostenibilidad y el cuidado del planeta”, critican desde los trabajadores.

Desde su nacimiento hace casi tres lustros, Holaluz ha comercializado electricidad 100% renovable y ha apostado por el autoconsumo con paneles solares en los tejados. Pero en los últimos meses la compañía ha vivido una crisis financiera que le ha obligado a buscar nuevos inversores. 

El comité de empresa y los sindicatos consideran que la modificación de condiciones trasladada por la compañía supone “un ERE encubierto”. “La dirección no ha mostrado ninguna intención de llegar a un acuerdo favorable para las trabajadoras y, antes incluso de agotar el periodo de negociación ha invitado de forma directa a marcharse a quien no quiera o pueda seguir en la empresa con estas nuevas condiciones”, sostienen desde la plantilla.

Nuevo expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la comercializadora catalana Holaluz, que está en una situación crítica y al borde del preconcurso de acreedores si no logra financiación urgente. 

La Dirección de Energía de la CNMC ha abierto otro expediente a la eléctrica, el segundo en tres semanas. Competencia investiga si la comercializadora ha cometido una infracción “grave” por impagos de los peajes eléctricos. En concreto, analiza una presunta infracción del artículo 65.3 de la Ley del Sector Eléctrico, según fuentes del organismo. 

Ese artículo de la ley eléctrica considera una infracción “grave” el “incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de peajes, o de sus criterios de recaudación, cuando no suponga un perjuicio grave para el sistema eléctrico”. En particular, la falta de abono del peaje de acceso a las redes de transporte y distribución por parte de un comercializador, como Holaluz.

Otra posible infracción grave recogida en ese artículo es la “aplicación irregular de precios y peajes de acceso a las redes”, de manera que “se produzca una alteración en el precio que sea superior al 10 por ciento y que, al tiempo, exceda de 30.000 euros”. 

Fuentes de la CNMC recuerdan que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC. Las infracciones graves se sancionan con multas de entre 600.000 y 6 millones de euros. El plazo para resolver estos expedientes es de 18 meses.

El pasado 3 de mayo, El Mundo publicó que la distribuidora de Iberdrola había denunciado a Holaluz ante la CNMC por impagos en los peajes de electricidad, uno de los costes regulados que se incluyen en el recibo y que retribuyen al transporte o la distribución. Según ese medio, la empresa se exponía a una posible inhabilitación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. 

Holaluz remitió entonces al mercado de pymes de BME, donde cotiza, un comunicado firmado por su fundadora y consejera delegada, Carlota Pi, para desmentir “rotundamente” esa información. “Holaluz está al corriente de pago de todas sus obligaciones con las empresas distribuidoras de electricidad y opera con normalidad absoluta”, afirmó la compañía.

Preguntada por este asunto, Holaluz se remite a ese comunicado de su primera ejecutiva. Fuentes del sector indican que la comunicación de la apertura del expediente se recibió con posterioridad a esa nota remitida al mercado de pymes de BME y que para entonces ya se habían abonado las facturas impagadas. En concreto, según esas fuentes, la última de las facturas del expediente fue pagada el 25 de abril, la fecha en la que fue incoado por la CNMC.

Segundo expediente

Este expediente se suma a otro que abrió la Dirección de Energía del supervisor de los mercados a la compañía el pasado 2 de abril. En este caso, como contó La Información, por otra posible infracción grave: el incumplimiento de la obligación de mantener un servicio de atención a las quejas y reclamaciones de los consumidores.

Con una deuda de 58,8 millones a cierre de 2023, la eléctrica vive en las últimas semanas una grave crisis de liquidez, aunque la compañía sigue operando con normalidad al margen de las negociaciones. Actualmente su valor en bolsa es de poco más de 30 millones, frente a los 257 millones que llegó a capitalizar a finales de 2021. Desde que empezó a cotizar en noviembre de 2019, Holaluz ha registrado pérdidas de más de 43 millones tras gastar más de 115 millones en publicidad, propaganda, relaciones públicas y asesores. En estos años no ha declarado beneficios. 

Suspendida de cotización durante unos días a principios de mayo por el retraso en la presentación de sus cuentas de 2023, la compañía negocia la entrada de dinero fresco para evitar la quiebra con varios inversores, entre ellos, la Generalitat de Catalunya. También maneja la alternativa de la entrada de un socio industrial. Está negociando nueva financiación por 21 millones. En el sector se cruzan quinielas sobre la posible adquisición de su cartera de clientes, unos 300.000 suministros, por parte de una grande del sector. Se trata de su activo más valioso.

Muy penalizada por el batacazo que se dio el autoconsumo doméstico en 2023 tras el boom de 2022, la compañía amenaza con unirse a la larga lista de fiascos del mercado de pymes cotizadas, en la estela de otras empresas centradas en autoconsumo como EiDF o Solarprofit. Sobre la empresa también han recaído en el pasado varias sanciones de la CNMC por cambios irregulares de contrato.

Fundada en Barcelona en noviembre de 2010, Holaluz debutó en el MAB, el antiguo mercado de pymes de BME, con una valoración de 160 millones. Antes de la suspensión de su cotización valía 56 millones. Tras volver a cotizar, vale bastante menos que la deuda que acumulaba a cierre del año pasado.

El año pasado Holaluz registró pérdidas récord de 26,16 millones. La compañía ha contabilizado desde 2019 un gasto de 73,5 millones en la partida de “publicidad, propaganda y relaciones públicas”. De esa cifra, 23,81 millones corresponden a 2023, cuando la empresa empezaba a enfilar el descalabro por el pinchazo del autoconsumo doméstico, en el que había depositado muchas esperanzas.

Desde Holaluz recuerdan, sin dar más detalles, que, tal y como indican sus cuentas, en 2023 más de dos tercios de esa partida, 18,4 millones, eran “en concepto de periodificación de costes de captación”.

El gasto de Holaluz en “servicios profesionales independientes” alcanzó en 2022 un pico de casi 17 millones. En 2023 fue de 5,86 millones. En total, cerca de 42 millones desde la salida a bolsa. Entre los asesores de Holaluz está la consultora McKinsey. En 2023 esta firma estadounidense recibió, según las cuentas de la eléctrica, “anticipos” de 6 millones “en el marco de un programa de desarrollo para la escalabilidad y automatización de las operaciones del negocio de solar”.

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Volvemos a tener el sabor agridulce que dan los buenos datos macroeconómicos que luego no tienen tanta traslación a varios sectores de la ciudadanía. La Comisión Europea ha mejorado la previsión de crecimiento de la economía española para 2024 al 2,1% y ha rebajado el déficit al 3%. Son buenas noticias. España será el país de los grandes de Europa que más crezca este año y también el próximo (1,9%).

Sin embargo, hay datos que son muy preocupantes. “Las generaciones nacidas a partir de 1980 muestran un progresivo retraso en su edad de emancipación”, recoge la última Encuesta Financiera a las Familias del Banco de España. La vivienda vuelve a estar en el centro del problema: el 65,9% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años residían en el hogar familiar en 2022, 13 puntos porcentuales más que en 2008. Alquileres desbocados, precios de compra por las nubes e incapacidad de acceso a crédito es a lo que se enfrentan varias generaciones de españoles.

Hay una  palpable reducción de la riqueza de los más jóvenes. Apenas un 30% de los menores de 35 años son propietarios de una vivienda, mientras eran casi el 70% en 2011. La caída de la riqueza neta mediana de los menores de 35 años es alarmante porque no pueden acceder a un crédito por las subidas de precios o porque las condiciones de financiación de los bancos (de las hipotecas) son más estrictas. Aquí te explicamos por qué los jóvenes ya no tienen capacidad económica ni para endeudarse.

Los altos tipos de interés que subió el Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra la inflación han mermado más aún la capacidad adquisitiva de una vivienda por parte de los más jóvenes. Pese a que países como Suecia, Suiza, República Checa o Hungría han recortado ya el 'precio' oficial del dinero, el BCE mantiene su política monetaria agresiva.  

Para colmo, los salarios han frenado el ritmo de subidas en el arranque de 2024 en España. Los sueldos crecieron un promedio del 4,8% en el primer trimestre de este año, según la estadística de la Agencia Tributaria. La realidad es que los incrementos salariales no son suficientes para equilibrar el histórico 'mordisco' de la inflación al bolsillo de los trabajadores en 2021 y, sobre todo, en 2022.

Hay un problema de desigualdad claro en España. Para tener una idea, los ingresos del 20% más rico de la población en España son 5,5 veces superiores a los del 20% más pobre, según el informe de convergencia social de la Comisión Europea. Bruselas nos tira de las orejas por la gran desigualdad que hay en nuestro país, a pesar de los avances conseguidos con la reforma laboral, el Ingreso Mínimo Vital o las subidas del Salario Mínimo Interprofesional. A pesar de que la economía española es la que más crece de las grandes de la UE, en Bruselas preocupa especialmente el riesgo de pobreza de España. Aquí te explicamos que la desigualdad de ingresos en España es de las más altas de la UE.

Es una obligación para el Gobierno meterle mano a los precios de la vivienda.

El Gráfico

El BBVA lanzó una oferta de compra (opa) hostil por un competidor: el Banco Sabadell. Si ya la propuesta de fusión, que rechazó el Sabadell, nos parecía un pésimo movimiento porque acentúa la falta de competencia del sistema financiero español, este asalto por las malas nos resulta incomprensible. Entre otras cosas porque la opa hostil del BBVA por Sabadell se enfrenta a la oposición del Gobierno, los partidos y las dudas del mercado, pero además se confirma que se va a traducir en despidos y menos competencia en el sector financiero, con el cierre de oficinas, ya que coinciden en numerosos puntos de la geografía española como mostramos en el mapa de los municipios a los que más puede afectar el cierre de sucursales de BBVA y Sabadell.

El Dato

28%

Ha crecido la cosecha para la producción de aceite de oliva, según los datos de abril del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estamos hablando de 850.157 toneladas, un 11% por encima de las previsiones iniciales, por lo que “se espera que los precios se sitúen por debajo de los altos niveles registrados en la actual campaña”. Es una buena noticia y más cuando aún vemos que los alimentos tiran de los precios: la inflación de los alimentos volvió a repuntar en abril al 4,7%. Las subidas de precios en los supermercados se resisten a moderarse y avanzaron cuatro décimas respecto al mismo mes del año pasado.

Entrepreneur

A veces no hay necesidad de cambiar el mundo, basta con hacer lo correcto. La eléctrica Holaluz se presentó como la eléctrica que iba a “cambiar el mundo” con energía renovable a “precios justos” para los consumidores, pero está al borde de la quiebra. Nunca ha ganado dinero. Desde su salida a Bolsa ha perdido más de 43 millones de euros tras gastar más de 115 millones en publicidad, propaganda, relaciones públicas y asesores. Con una deuda de 58,8 millones a cierre de 2023, Holaluz amenaza con unirse a la larga lista de fiascos del mercado de pymes cotizadas, como otras empresas como EiDF o Solarprofit. Aquí te explicamos el ocaso de Holaluz. 

Cada vez que habla sube el pan

La acusación se ha elevado sobre imputaciones de renta inciertas, sobre un alzamiento de bienes inventado, se ha construido sobre el análisis exhaustivo de toda la documentación incautada… pero los castillos de naipes caen fácilmente y veremos cuántos soplidos aguante este

María Massó — Abogada defensora del ex vicepresidente Rodrigo Rato 

Rodrigo Rato, el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente económico del Gobierno con José María Aznar (PP), se enfrenta en un juicio a la petición por parte de la fiscal de más de sesenta años de cárcel por el origen de su fortuna. Las palabras del encabezado de esta sección corresponden a la abogada de Rato, María Massó, que alega que esta causa es “un castillo de naipes”. Sin embargo, la representante del Ministerio Público no solo llamó “apátrida fiscal” a Rato, en un contundente alegato señaló que el ex político utilizó “hasta ocho refinadas técnicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos con el objetivo de “romper el rastro del origen del dinero”. En este enlace puedes leer 'Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”'. 

Bien público

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad es la crisis climática. Ya hay un consenso generalizado, no solo del mundo científico, en la sociedad de que hay que dar pasos firmes para eliminar los combustibles fósiles como motor de la economía. Sin embargo, año tras año se puede comprobar como la industria petrolera y gasística siguen manteniendo su poder y capacidad de atraer inversiones multimillonarias. Los 60 mayores bancos globales destinaron a la industria del petróleo y el gas 705.000 millones de dólares en 2023, un 4,7% más que un año antes. Un ejemplo más del lavado de imagen verde de petroleras y banca. De hecho, el Congreso de EEUU ha acusado a las petroleras de “negacionistas” del cambio climático y de ecopostureo. La Cámara de representantes estadounidense tilda sus acciones climáticas de “decepcionantes” y las acusa de usar un “doble lenguaje” con el que blanquean sus estrategias centradas en los carburantes de combustión. Aquí puedes leer un reportaje de Cristina G. Bolinches sobre cómo la gran banca aceleró la financiación destinada a los combustibles fósiles en 2023. 

Nos gusta la competencia

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Momento crítico para Holaluz, la eléctrica que lleva años prometiendo “cambiar el mundo” con energía renovable y “precios justos” para los consumidores. Al borde de la quiebra, desde su salida a Bolsa en noviembre de 2019 ha perdido más de 43 millones de euros tras gastar más de 115 millones en publicidad, propaganda, relaciones públicas y asesores. 

Con una deuda de 58,8 millones a cierre de 2023, Holaluz está al borde del preconcurso de acreedores. Suspendida de cotización en el mercado de pymes de Bolsas y Mercados Españoles (BME) desde el 1 de mayo hasta el pasado miércoles, negocia la entrada de dinero fresco para evitar la quiebra con varios inversores, entre ellos, la Generalitat de Catalunya. También maneja la alternativa de la entrada de un socio industrial.

La compañía, que en su regreso al parqué el pasado miércoles se hundió un 20% y fue incapaz de cruzar las órdenes de venta, amenaza con unirse a la larga lista de fiascos del mercado de pymes cotizadas, en la estela de otras empresas centradas en autoconsumo como EiDF o Solarprofit.

Fundada en Barcelona en noviembre de 2010, Holaluz debutó en el MAB nueve años después con una valoración de 160 millones, frente a los 257 millones en los que cerró 2021. Antes de la suspensión valía 56 millones, cifra que ha quedado reducida a 45 millones tras el batacazo que ha sufrido al volver a cotizar. Ya vale menos que la deuda que acumula.

El balance desde su debut bursátil es de 43 millones de pérdidas acumuladas y ni un solo euro de beneficio. Los números rojos más abultados, de 26,16 millones, fueron el pasado ejercicio. En estos años ha contabilizado un gasto de 73,5 millones en la partida de “publicidad, propaganda y relaciones públicas” desde 2019. 

De esa cifra, 23,81 millones corresponden a 2023, cuando la empresa empezaba a enfilar el descalabro por el pinchazo del autoconsumo doméstico, en el que había depositado muchas esperanzas. Desde Holaluz recuerdan, sin dar más detalles, que, tal y como indican sus cuentas, en 2023 más de dos tercios de esa partida, 18,4 millones, eran “en concepto de periodificación de costes de captación”.

El gasto de Holaluz en “servicios profesionales independientes” alcanzó en 2022 un pico de casi 17 millones. En 2023 fue de 5,86 millones. En total, cerca de 42 millones desde la salida a bolsa. Entre los asesores de Holaluz está la consultora McKinsey. En 2023 esta firma estadounidense recibió, según las cuentas de la eléctrica, “anticipos” de 6 millones “en el marco de un programa de desarrollo para la escalabilidad y automatización de las operaciones del negocio de solar”.

La apuesta por el autoconsumo solar fue la principal razón para el sobredimensionamiento de una plantilla que a cierre de 2022 alcanzaba 752 empleados, frente a los 176 de septiembre de 2019. En noviembre anunció un ERE para 200 empleados por la caída del autoconsumo residencial. En sus últimas cuentas, la empresa insiste en que “el modelo de generación distribuida de Holaluz propone maximizar el potencial de cada tejado, para pasar de un oligopolio centralizado, caro, contaminante y con escasa participación de los consumidores a una red de energía limpia descentralizada, descarbonizada, democratizada y asequible”.

La política ha sido esa: sobredimensionar la instalación (lo que implica más coste para el usuario y un mayor desembolso de las ayudas del plan de recuperación) para vender todos los excedentes posibles.

El pasado ejercicio, con el autoconsumo doméstico cayendo a plomo tras el boom de 2022, su negocio de instalación de placas fotovoltaicas facturó algo menos de 25 millones. Cayó el 19%, en “un año muy complejo para el mercado de instalaciones solares residenciales en España”, con caídas del 50% en un entorno de subida de tipos de interés y moderación de los precios de la luz. La empresa defiende que “mejoró las cifras de la industria doblando su cuota de mercado en ventas, pasando de un estimado de 1,6% en el 2022 a más del 3% en el 2023, evidenciando la superioridad de la propuesta de valor y el foco en obtener ventas con mejores márgenes que generan valor para el cliente y para la compañía”.

Objetivos incumplidos

En el momento de saltar al parqué, Holaluz planteó como objetivos para 2023 superar el millón de clientes, contar con más de 50.000 instalaciones de autoconsumo o superar los 1.000 millones de facturación, con un beneficio bruto operativo (Ebitda) de 72 millones. No ha cumplido ninguno. El pasado ejercicio su Ebitda fue negativo, sus ventas se desplomaron un 33%, hasta 614 millones, las instalaciones solares realizadas eran, contando el histórico, poco más de 7.500, y su cartera de clientes era de unos 325.000. 

El pico de puntos de suministro llegó a cierre de 2021, con 386.548. Pero la cifra se redujo drásticamente tras el cierre del negocio de comercialización de gas a finales de 2022, en plena crisis energética por la guerra en Ucrania, que afectó a unos 70.000 clientes. 

En 2018, antes de salir a Bolsa, Holaluz era la pequeña comercializadora que más crecía, un 44% en un año, tras adjudicarse en 2013 una de las compras colectivas que ha organizado en los últimos años la OCU a cambio de cobrar una comisión por cada cliente captado.

Centrada en la venta de electricidad 100% renovable, Holaluz era hace un lustro de las pocas que empezaba a plantar cara a las cinco grandes eléctricas que concentran casi el 90% de los suministros (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Total Energies y Repsol). En enero de 2019, su consejera delegada, Carlota Pi, aseguraba que vendían 10 plantas de autoconsumo por semana. En la empresa se las prometían muy felices tras la derogación del conocido como impuesto al sol del PP, y tras anunciar en 2018 un acuerdo con Tesla para vender sus famosas baterías de autoconsumo que no parece haber dado demasiados frutos.

En 2020 lanzó la campaña “la revolución de los tejados”. Prometía “ser una herramienta para cambiar el mundo” con energía 100% renovable y “precios justos” gracias “al uso intensivo de la tecnología y poniendo el cliente en el centro, estableciendo una relación a largo plazo basado en la confianza”. Sin embargo, sucesivos análisis de Facua han señalado sus tarifas entre las más caras del mercado eléctrico. Sobre la empresa también han recaído varias sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por cambios irregulares de contrato.

Ya antes de la pandemia y de la guerra en Ucrania, que puso en una situación muy comprometida a muchas pequeñas comercializadoras por la subida disparatada del gas y la luz, Holaluz advertía de que se avecinaban “fusiones y cierres” en ese poblado segmento, en el que los márgenes son muy ajustados si no se tiene presencia en la pata de generación. La apuesta era “la escalabilidad” y ganar tamaño, algo que hizo a finales de 2021 comprando la filial española de la británica Bulb, una de las víctimas de la crisis energética en Reino Unido.

Ahora, esta situación crítica ha dejado pillados a los actuales accionistas de Holaluz. Los tres fundadores, Carlota Pi (consejera delegada), Ferran Nogué y Oriol Vila, controlan entre los tres casi un 44%. El mayor accionista individual es el fondo Axon, pionero en inversión tecnológica en España, con un 16,8%. Los otros socios de referencia son la gestora vasca Geroa, que gestiona los fondos de cerca de 110.000 trabajadores en Euskadi, el empresario Gerard Romy, uno de los fundadores de Mediapro, a través de una sociedad en Países Bajos, Mediavideo BV (5,14%), y MDR Inversiones, de la familia Moratiel, ex propietarios de los autobuses Auto Res (5,13%).

Fuentes conocedoras de las tripas de la empresa creen que la pata de comercialización es la que ha permitido a Holaluz sobrevivir hasta ahora, al poder compensar las fuertes pérdidas del negocio solar, que califican de “agujero negro”. “Si no hubiera habido comercialización, habrían quebrado mucho antes, como le pasó a Solarprofit y otras que solo tienen venta de instalaciones y han acabado como han acabado”. 

Esos 300.000 suministros, apuntan estas fuentes, son los que hacen que la compañía tenga cierto valor, porque son clientes “leales” y un activo importante que se puede vender. En el sector ya circulan quinielas de una posible adquisición de esa cartera por parte de una gran eléctrica.

Y si se ha llegado hasta aquí ha sido por “los cantos de sirena” para crecer a toda costa. “Todo el mundo critica a Carlota y sin duda ha cometido errores. Pero ahí hay todo un ecosistema de fondos, inversores, asesores de bolsa, de gente que hacía informes, de McKinseys and company, todos haciendo el bunga bunga del lobo de Wall Street, y venga a crecer y a crecer. Hay que repartir culpas entre la mala gestión del equipo de dirección y, en concreto, de la persona que lidera, pero también de todo el ecosistema de alrededor de machos alfa con ático en Nueva York”.

El sector fotovoltaico teme caídas de hasta el 50% en el autoconsumo doméstico este año tras el boom que registró esta solución energética en España en 2022.

El pasado ejercicio, la potencia se duplicó en un solo año tras la explosión de precios de la electricidad derivada de la invasión rusa de Ucrania, en una dinámica que ha contribuido a que la demanda de electricidad esté cayendo a mínimos de dos décadas.

En el caso del autoconsumo residencial, a falta de dos meses para el cierre del ejercicio está claro que ese récord no se va a repetir. Las últimas previsiones que ha incorporado Holaluz, una de las compañías españolas más volcadas en autoconsumo, incluyen ya las cifras de caída que se esperan.

En la documentación remitida esta semana al mercado de pymes, BME Growth, con ocasión de su presentación de resultados, la compañía que pilota Carlota Pi señala que “asociaciones sectoriales como UNEF”, principal patronal fotovoltaica, “o actores clave del sector como AMARA”, una empresa especializada en la distribución de material para instalaciones eléctricas, “estiman el descenso del mercado residencial español en torno al 25-50% respecto al año pasado”.

La previsión más reciente, ese 50% de caída, es la de AMARA, hace unas semanas, durante el Foro Solar celebrado por UNEF en Madrid.

En 2022, según la patronal fotovoltaica, se instalaron 2.507 megavatios (MW) de nueva potencia en autoconsumo en España, un 108% más. Casi un tercio, unos 800 MW, correspondió a más de 200.000 instalaciones domésticas, con un crecimiento también superior al 100% respecto a 2021. No obstante, la mayor parte de la potencia instalada el pasado ejercicio, el 47%, se instaló en el sector industrial. El 20% fue en el sector comercial. 

Tras ese año absolutamente excepcional, de cumplirse estas previsiones, el autoconsumo residencial se va a quedar este 2024 en una horquilla de entre 400 y 600 MW instalados. En el peor de los casos, va a situarse en niveles similares a los que alcanzó en 2021, cuando se instalaron unos 380 MW.

UNEF no ha dado hasta ahora ninguna estimación de caída. “Hasta que no termina el año no recogemos la información”, dice José Donoso, director general de la patronal, que el próximo año espera implantar un sistema de indicadores trimestrales para tomar el pulso al sector sin un decalaje tan largo.

En septiembre, Donoso ya reconoció, sin precisar cifras, una desaceleración “importante” del autoconsumo residencial. Aludió a la “desaparición de la percepción de precios altos de la energía”, el endurecimiento de las condiciones financieras por la subida de tipos de interés, la menor renta disponible de las familias por la inflación y los retrasos “de dos años” en la gestión de las ayudas del Plan de Recuperación.

Según dijo entonces Donoso, hay “500.000 peticiones” de subvenciones que tienen que analizar las comunidades autónomas. Los largos tiempos de espera para resolver los expedientes han generado la percepción, “que no es verdad”, de que esas ayudas no llegan a los hogares.

En el sector cunde la idea de que el bajón está siendo especialmente acusado en el segmento residencial, y no tanto en los segmentos industrial y comercial, en los que, aunque falta conocer los datos de cierre del año, las previsiones “están en línea con los números del año pasado”, apunta el responsable de UNEF.

De ser así, el sector acabaría este ejercicio con más de 2.000 MW instalados, una cifra que antes de 2022 nunca se había alcanzado.

Sin récords

Un factor clave para los hogares es una coyuntura de precios muy diferente a la de 2022. Este año los récords diarios del denominado pool eléctrico han salido de la portada de los telediarios.

Tras la sucesión de máximos de la electricidad de 2021 y la primera mitad de 2022, hasta la entrada en vigor de la denominada excepción ibérica, este año el mercado mayorista de la luz se ha abaratado considerablemente por las menores tensiones en la cotización internacional del gas. No obstante, la electricidad sigue siendo mucho más cara que antes de la actual crisis energética.

Entre enero y octubre, según datos de la consultora ASE, el pool se ha situado en 91,34 euros/MWh. “El más bajo entre las grandes economías europeas”, aunque superior a los 50 euros/MWh de los años previos a la escalada del gas que se inició en 2021.

La tendencia este otoño está yendo hacia precios inferiores, que desincentivan el impulso de que una familia decida ponerse placas, sin que la opción del autoconsumo colectivo termine de despegar tampoco.

En octubre, según el barómetro mensual de la asociación de grandes consumidores de energía AEGE, el precio medio del mercado diario ha sido de 90,14 €/MWh, un 29,1% menos que en octubre de 2022 y un 12,8% por debajo de septiembre. 

Este viernes, el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista se sitúa en solo 5,76 euros/MWh. El jueves fue de 4,42 euros/MWh del jueves, un mínimo anual, en pleno temporal de viento y lluvia, que impulsa la producción con eólica e hidroeléctrica, dos de las fuentes más baratas.

Este contexto desfavorable para la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo residencial ya se está trasladando a las empresas del sector.

Este miércoles, otra cotizada en BME Growth, la también catalana Solarprofit, especializada en autoconsumo residencial e industrial, presentó sus resultados del primer semestre de 2023. Su facturación fue de 31,36 millones, un 25% menos, y perdió 12,1 millones, frente al beneficio de 3,15 millones un año antes. Esto ha derivado en un fondo de maniobra negativo de 6 millones, tal y como destaca su auditor. 

El grupo, con una deuda con entidades de crédito de 14,6 millones, está en conversaciones con las entidades financieras y algunos de sus proveedores para adaptarse “a la realidad de la nueva situación” hasta que se recuperen sus ingresos y estudia vender activos para reequilibrar su situación patrimonial.

En septiembre, Solarprofit presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que finalmente ha afectado al 28% de la plantilla, unas 300 personas, debido al “contexto de ralentización de la demanda de instalaciones fotovoltaicas por parte de los hogares”. El ahorro anual esperado con este recorte de personal es de unos 8 millones.

Por su parte, Holaluz explicó el martes que está consiguiendo unas “ventas estables de 280 instalaciones al mes, a pesar de las condiciones complejas de mercado en 2023”, y asegura que espera cerrar el año “con un número de instalaciones comparable al de 2022, en un 2023 complejo en el que el mercado de instalaciones solares residenciales en España decrece entre un 25 - 50% debido al descenso del precio de la electricidad respecto a 2022 y el entorno de altos tipos de interés”.

Holaluz cerró el primer semestre del año con pérdidas de 20,9 millones, frente a las ganancias de 5,5 millones de un año atrás. El resultado neto del tercer trimestre fue de 0,8 millones negativos.

La compañía acaba de revisar a la baja su previsión de beneficio bruto operativo (Ebitda) para este año, que sitúa ahora “entre 3 y 5 millones”. En abril ya lo redujo a entre 4 y 10 millones, cuando hasta entonces esperaba que se situase en 32 millones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado a Endesa, Iberdrola, Naturgy y Holaluz por las numerosas denuncias y consultas que acumulan las comercializadoras de electricidad de estas cuatro empresas por cambios de contrato sin consentimiento del usuario.

En concreto, por la problemática que la entidad denomina “cruce de CUPS”: denuncias que tienen su origen en la asignación, en el proceso de formalización de un contrato de luz, de un código CUPS (Código Unificado de Punto de Suministro) erróneo. 

El CUPS es algo así como el DNI de cada punto de suministro, o el IBAN de una cuenta bancaria. Y ese cruce se produce, explica Competencia, “cuando de forma ajena a su voluntad, el consumidor no contrata el suministro en su punto de consumo, sino que se vincula la contratación del suministro a un CUPS ajeno”. 

Las denuncias por esta situación se han disparado en los últimos años y esto ha ocurrido “de forma más asidua en unas comercializadoras que en otras, lo que denotaría una falta de diligencia” por parte de esas cuatro empresas, que son las que más denuncias y consultas concentran sobre este asunto en los últimos ejercicios.

La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC acaba de aprobar una decisión jurídica vinculante con el objetivo de clarificar las obligaciones de estas cuatro compañías y atajar el problema, imponiéndoles nuevas obligaciones. Les insta, por ejemplo, a que en la contratación especifiquen con claridad los datos del titular del contrato, la dirección del punto de suministro y el CUPS antes de validar la oferta; o a cerciorarse de que informan a los usuarios de las consecuencias de dar de baja un contrato (se le va a cortar la luz) cuando ha habido un cambio reciente (en los últimos cuatro meses) de comercializadora y titular del contrato.

Según explica Competencia, el “cruce de CUPS” tiene efectos muy nocivos para el consumidor que quiere cambiar su contrato y también para el propietario de ese CUPS. El primero no puede cambiarse al suministrador que desea y al segundo “se le cambia de comercializador sin su consentimiento, infringiendo su derecho a ser suministrado por el comercializador que tiene contratado”. 

Además, y entre otros problemas, al consumidor que “pierde” su CUPS habitual desconoce el nombre del comercializador que le ha cambiado por error, al no constar como titular en la distribuidora; y si consigue saber qué comercializadora cometió el error, “ésta no le reconocerá como cliente y tendrá muy difícil reclamar”. Además, un consumidor se le factura por lo que consume el otro, se dan situaciones de doble facturación y, en el peor de los casos, puede darse un corte súbito del suministro cuando el que recibe una doble facturación da de baja uno de los contratos.

Competencia explica que en 2021 y 2022, en plena crisis de precios de la luz, se ha disparado el número de cambios de comercializador, “especialmente en la salida de consumidores desde la tarifa regulada (PVPC) al mercado libre”. Si entre 2018 y 2020 hubo una media de 3,3 millones de cambios de comercializador al año, en 2021 fueron unos 5 millones y en 2022, unos 6,5 millones, “lo que supone incrementos del 52% y 97%” respecto a los años previos.

En paralelo, ha habido “un fuerte incremento de las denuncias recibidas en la CNMC por los consumidores de electricidad contra las empresas comercializadoras por contrataciones sin consentimiento”, con un protagonismo creciente de las relativas a los cruces de CUPS. 

En 2020 la CNMC recibió 25 denuncias por este problema, que suponían sólo un 15% del total de denuncias por cambio de comercializador sin consentimiento. Pero en 2021 las denuncias por cruces de CUPS se dispararon un 360%, con 89 casos que suponían ya el 33% de las denuncias recibidas. Y solo hasta junio de 2022 hubo otras 68. Esas cuatro empresas han recibido un 71% de las denuncias por este motivo entre enero de 2021 y junio de 2022. 

Destaca Endesa, con un 29% del total de las denuncias, cuando concentraba un 21% de los cambios de comercializador en 2021; y Naturgy Iberia, que protagonizó el 22% de las denuncias, con un peso en los cambios de comercializador de solo el 13%. Iberdrola concentró el 13% de las denuncias por cruces de CUPS con un peso del 22% en los cambios de comercializador. Y Holaluz motivó el 7% de las denuncias con un 4% de los cambios de 2021.

También se han multiplicado las consultas sobre este asunto: 134 solo hasta junio de 2022, frente a las 111 de todo 2021. En el primer semestre de 2022, las cuatro compañías señaladas por la CNMC concentraron el 84% de las consultas en el buzón específico del organismo.

Según Competencia, “estos agentes concretos no estarían observando la debida diligencia para asegurarse que formalizan un nuevo contrato con el usuario de justo título del punto de suministro, máxime cuando en otros agentes con un número de cambios similares, esta casuística tiene una incidencia muy inferior”.

Extenderlo a todas

Durante el proceso de alegaciones, Naturgy argumentó que ya había llevado a cabo “modificaciones relevantes en su gestión para dotar de mayor claridad los datos básicos del punto de suministro durante la contratación, y contrastar esta información en caso de un primer rechazo del distribuidor”. También expuso “que mientras no se disponga de un SIPS eléctrico público similar al del sector del gas natural que permite la asociación de CUPS – dirección, estas incidencias seguirán produciéndose pese al celo y contraste que en los procesos pongan los agentes”.

Endesa pidió que esta decisión jurídica vinculante se extienda “a todas las comercializadoras, dado que, si su objetivo es proteger los intereses de los consumidores y, por otro, establecer criterios genéricos para actuaciones de las propias comercializadoras, carecería de sentido que solo aplicase a unas cuantas”.

La filial de Enel también se quejó de que su aplicación “podría afectar negativamente la competencia, dado que se estaría imponiendo unas medidas más gravosas para la contratación a dichas comercializadoras y otorgando un trato discriminatorio que puede cercenar la competencia entre comercializadoras”

Iberdrola expuso también que estas nuevas obligaciones se apliquen “a todas las comercializadoras” y que su aplicación “afectaría injustificadamente la competencia”. También planteó que si el objetivo “es perfeccionar dentro de los procesos de intercambio entre comercializadores los ficheros ya existentes y mejorar la calidad de la información previa a la contratación”, la vía para hacerlo es establecer “ficheros de intercambio de información entre distribuidores y comercializadores, cuya competencia es una función propia de la CNMC”, o con una normativa específica del Ministerio para la Transición Ecológica.

La comercializadora de energía Holaluz, una de las que más está creciendo en los últimos años, advierte de que se avecinan “fusiones y cierres” en el sector tras la oleada de nuevas comercializadoras de electricidad surgidas en el mercado español.

“Si bien en los últimos años ha habido una gran proliferación de comercializadoras eléctricas en España, superando las 300, en los próximos años se producirán fusiones y cierres” y solo sobrevivirán las que “consigan la escalabilidad”, señala en el informe de gestión de las cuentas anuales consolidadas de 2019 que ha remitido esta semana al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

La advertencia, que “se trata de una simple información de contexto, un dato que ubica a Holaluz en el sector”, según fuentes de la empresa, es significativa viniendo de una de las comercializadoras independientes que está despuntando en un mercado superpoblado.

Actualmente, figuran dadas de alta más de 400 comercializadoras de electricidad en el listado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Si bien algunas pertenecen al mismo grupo (como sucede en el caso de las grandes eléctricas), la cifra contrasta con las poco más de cien que existían a principios de 2011. Este aluvión convierte a España en una anomalía con respecto a otros países.

Entre esas comercializadoras hay multinacionales (eléctricas y de otros sectores, como las petroleras), pymes, cooperativas (la más conocida es la catalana Som Energía) e incluso entidades públicas, como ayuntamientos. Sus tarifas solo pueden contratarse en el denominado mercado libre, que según la mayoría de expertos, para los usuarios domésticos (hasta 15 kilovatios de potencia contratada) es más caro que el semirregulado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) que están obligadas a prestar las grandes eléctricas.

Holaluz, que comercializa electricidad con la etiqueta 100% renovable y gas natural, señala en su informe de gestión que “la energía es un sector de margen ajustado pero recurrente y de mucho volumen”, por lo que “las tres palancas más importantes, y que forman el core de la estrategia de negocio del Grupo, son asegurar el margen por cliente en la compra de energía, asegurar el cobro y la escalabilidad”, esto es, tener un tamaño suficiente.

Un millón de clientes

Así, en los dos últimos ejercicios Holaluz “ha apostado por la captación de capital humano, sobre todo de perfiles tecnológicos”, para adecuar sus sistemas a una capacidad que le permita facturar hasta un millón de clientes en 2023, objetivo que le permitiría situarse con una cartera similar a la que tiene en la actualidad la petrolera Repsol, que tras la compra de Viesgo se ha convertido en quinto operador del sector tras Endesa, Iberdrola, Naturgy y EdP.

Holaluz registró en el ejercicio fiscal 2019 (cerrado el 30 de septiembre) unos ingresos de 208,8 millones de euros, un 39% más, y unas pérdidas de 635.481 euros. Su resultado bruto de explotación (Ebitda) se duplicó hasta los 2,6 millones, frente a los 1,2 millones de su ejercicio anterior (+116%).

La empresa que preside Carlota Pi sumó en el ejercicio 63.000 nuevos clientes, un 42% más, hasta los 212.862, lo que consolida a Holaluz como la mayor comercializadora independiente tras la de los instaladores (Fenie). El 90% de su cartera de clientes son domésticos y el resto, pynes “de comportamiento doméstico. Es una cartera muy atomizada con un ticket medio por cliente de entre 80-100€/mes”, explica en su informe de gestión la empresa, que se estrenó en el MAB a finales de noviembre.

Una de las patas del negocio de Holaluz es el autoconsumo eléctrico, en el que ha multiplicado por diez su número de clientes tras la derogación del denominado impuesto al sol, al pasar de 47 instalaciones a octubre de 2018 (cuando se publicó el Real Decreto-Ley que derogó ese cargo) a 498 a cierre de septiembre.

Las dos comercializadoras eléctricas que más aumentaron su cartera de clientes en 2018 tienen sello 100% renovable, son catalanas y marcan distancias con el oligopolio de las compañías verticalmente integradas. Se trata de Holaluz y la cooperativa de electricidad verde Som Energia.

Ambas crecieron el año pasado un 44%, al sumar 70.000 nuevos puntos de suministro, según se desprende de los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que reflejan que las tres grandes dominadoras del sector, Endesa, Iberdrola y Naturgy, cedieron más de 300.000 clientes durante el ejercicio.

Ambas comercializadoras verdes registraron crecimientos que contrastan con las cifras de las grandes del sector. En el mercado libre, en el que las cinco principales compañías suman más de 14 millones de puntos de suministro, Endesa aumentó su cartera de clientes un 0,8% e Iberdrola, un 0,5%, mientras Naturgy perdió un 4%. Destacó el crecimiento de Viesgo (adquirida por Repsol), de un 8,37%, en un ejercicio en el que las pequeñas superaron por primera vez la barrera de los 2 millones de clientes al sumar más de 400.000 suministros.

Las cifras reflejan que las tres grandes siguen dominando el mercado (tanto libre como regulado) con una cuota total superior al 85% (más de 25 millones de clientes) y que, sumando las otras dos empresas verticalmente integradas, Viesgo y EdP, alcanza el 93%. Pero las pequeñas van abriéndose paso.

Entre las independientes que empiezan a tener una masa crítica relevante (más de 50.000 clientes) en el mercado libre (el precio regulado PVPC, el más recomendado por los expertos, está reservado a las grandes) sobresale Holaluz. Fue la que más creció en 2018, con un aumento del 44% en su cartera de suministros de electricidad, hasta 143.305 clientes, y una cuota de mercado en ese segmento del 0,8%, solo superada por Cide (que tiene un 2,2% y pertenece a EDP, una de las cinco grandes) y Fenie Energía, la comercializadora de los instaladores, que creció un 18%, hasta superar los 360.000 puntos de suministro.

Holaluz también vende gas natural

Holaluz, que pese a su pátina verde también suministra gas natural (con 15.644 clientes al cierre de 2018), ya supera los 200.000 clientes en toda España, “con un ritmo de altas de 500 contratos al día”, según fuentes de la empresa, que este jueves presentó su estrategia en Madrid, un año después de convertirse en suministradora del Ayuntamiento de la capital.

La compañía, que está apoyando buena parte de su crecimiento en el autoconsumo, dice haber recibido 10.126 peticiones presupuestarias para instalar placas fotovoltaicas en toda España desde que en octubre se derogó el denominado impuesto al sol, con unas 300 solicitudes a la semana de las que se acaban materializando 20. Su objetivo es gestionar 1.500 instalaciones de autoconsumo a finales de año y acabar 2021 con más de 5.000 instaladas.

Recientemente, Holaluz anunció un acuerdo con la plataforma de inversión colectiva Fundeen para promover instalaciones fotovoltaicas de hasta 75 MW en los próximos tres años. Fundeen ofertará a través de su plataforma esas instalaciones para que los interesados participen en su construcción con una inversión mínima de 500 euros. Holaluz se compromete a adquirir la energía generada a un precio pactado entre las partes, a través de un PPA (contrato de compraventa de energía a largo plazo).

El activismo de Som Energia

Con un modelo más centrado en el activismo y la participación, Som Energia cerró 2018 con un crecimiento en su cartera de clientes de electricidad similar al de Holaluz: del 43,9%, hasta 86.251 suministros, que equivalen a un 0,5% del mercado liberalizado. También aumentó su número de cooperativistas un 31%, con un récord de 13.790 nuevos socios. Con sede en Girona, actualmente supera los 58.000 socios y roza los 100.000 contratos de suministro en vigor, según su web.

Som Energia se caracteriza por una gestión basada en el debate entre sus socios de las propuestas que llegan a la asamblea anual a través de 53 grupos locales repartidos por todo el Estado. Hace unas semanas, aprobó en su asamblea (con el voto en contra de su consejo rector) una moción para “para luchar contra las renovaciones de las concesiones hidroeléctricas del oligopolio”.

Som, que ya tiene en marcha una pequeña cartera de instalaciones de generación renovable, espera facturar 64 millones este año y obtiene el grueso de sus ingresos de la comercialización de energía, cuyos márgenes (una vez adquirida la energía con garantía de origen renovable en el mercado de generación) son muy ajustados. Según los sucesivos informes de sus interventores, logra beneficios gracias a las aportaciones voluntarias de sus socios (un céntimo de euro por kWh consumido), que tienen un peso muy relevante en el resultado final.

No obstante, fuentes de la cooperativa matizan que en 2018 el importe recibido en concepto de donativo voluntario, 575.702 euros, permitió afrontar “gastos por un valor similar” en actividades como el denominado Germinador Social, acciones contra la pobreza energética o su escuela de otoño, entre otras. “Nuestra actividad cooperativa/activista conlleva unos costes añadidos que realizamos gracias a tener donativo, la actividad de comercialización por si sola ya es sostenible”, señalan.

La comercializadora independiente de electricidad 100% renovable Holaluz está aprovechando la “explosión” que, según su fundadora y presidenta, Carlota Pi, está viviendo el autoconsumo doméstico fotovoltaico tras la aprobación, el pasado octubre, del Real Decreto Ley que abolió el polémico ‘impuesto al sol’ que implantó el Gobierno del PP.

Pese a que faltan por concretar aspectos clave de la letra pequeña del decreto, Holaluz, pionera en la puesta en marcha en España de este tipo de instalaciones, ha detectado desde octubre un incremento exponencial del interés de los usuarios. Su presidenta lo atribuye a la proliferación de ayudas que han puesto en marcha comunidades autónomas como Catalunya, Baleares y Madrid, y a las bonificaciones o exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) en muchos municipios.

“Nos llegan 150 peticiones de información a la semana, de las que unas diez acaban traduciéndose en ventas”, asegura la presidenta de Holaluz, que explica que la instalación tipo es una pequeña planta con 3 kilovatios de potencia en una vivienda unifamiliar, cuyo coste total ronda los 4.000 euros.

Holaluz firmó a mediados de 2018 un acuerdo con la estadounidense Tesla para convertirse en instalador certificado de su famosa batería Powerwall. A la espera de que se clarifique el marco normativo de estos dispositivos, la empresa española no los está instalando, pero sí deja la preinstalación lista.

Está pendiente un desarrollo reglamentario con las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo, a través de un decreto que el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de sacar a consulta pública y que concretará, por ejemplo, el tratamiento de sus excedentes de energía. El borrador, “positivo”, según el presidente de la patronal UNEF, José Donoso, incluye la posibilidad de compensar la energía sobrante con la red y con otros autoconsumidores, en distinto momento al que se produjo la energía, durante el plazo de un mes y sin sufrir penalización alguna, tal y como avanzó El Economista.

Transición Ecológica también tiene pendiente aprobar otro decreto de acceso y conexión que, entre otras cosas, regulará el tratamiento de las baterías.

Pese a que, según el presidente de UNEF, las distribuidoras están “paralizando” los permisos de acceso y conexión de las instalaciones con excedente de producción amparándose en el actual vacío legal, Donoso anticipa que 2018, y a falta de cerrar las cifras definitivas, se cerró con un “importante” aumento de la capacidad instalada: por encima de los 200 megavatios (MW), frente a los 125 MW de un año antes, para una solución energética que, según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), “constituye una grandísima oportunidad para los sectores de la industria, el residencial o el de la movilidad”.

Compra colectiva

Holaluz, que comenzó sus operaciones en 2011, fue la primera empresa en montar una instalación de autoconsumo compartido en España en agosto de 2017, dos meses después de que el Tribunal Constitucional anulara su prohibición. Recientemente, también ha realizado una de las primeras compra colectivas de autoabastecimiento en España tras el fin del impuesto al sol. Lo ha hecho en el municipio barcelonés de Avià, logrando una rebaja del 30% respecto al precio de mercado en los materiales de las instalaciones. En esta localidad de 2.250 habitantes, que ofrece una subvención de 500 euros por kW de potencia con límite de 1.000 euros, y descuentos de hasta 1000 euros en el IBI, se apuntaron 14 vecinos.

La empresa se encarga de todo el proceso, desde gestionar las ayudas a la compra de los equipos, el estudio de viabilidad, el montaje y el posterior mantenimiento de la instalación de autoconsumo. Su objetivo es instalar este año 2.000 plantas de autoconsumo y confía en llegar a las 5.000 en 2020.

“Estamos liderando este mercado”, asegura Pi, que recuerda que en Alemania hay 1,8 millones de instalaciones residenciales de autoconsumo y en Reino Unido, unas 800.000, frente a las apenas 1.500 de España, que tiene unas condiciones de insolación mucho mejores que esos países.

Holaluz, que no descarta entrar en el negocio de generación de electricidad, espera cerrar a lo largo de este semestre una ronda de financiación de entre 30 y 60 millones para poder hacer frente al crecimiento de busca. Su objetivo es alcanzar el medio millón de clientes en 2020, frente a los 180.000 (fundamentalmente hogares, pero también pymes) con los que cerró 2018, ejercicio en el que facturó 180 millones, con una plantilla de 176 empleados.

Según Pi, la tarifa plana ilimitada de electricidad que lanzó Holaluz en octubre, primera de España de este tipo, ha propiciado un fuerte aumento en el número de altas de clientes de electricidad, a un ritmo de unas 500 diarias, frente a las 300 registradas hasta entonces. Su propuesta ofrece un precio fijo independientemente del consumo calculado a partir de los hábitos de los clientes. Se trata, según la presidenta de Holaluz, de un “producto de riesgo” construido “alrededor de la confianza mutua entre empresa y clientes”.

¿Es lo mismo energía verde que renovable? ¿Hay bastante energía renovable para todos cuando no hay sol, llueve poco y hay poco viento, como ha pasado hace poco? ¿Qué quiere decir que mi energía tiene garantía de origen? ¿Cómo sé que la energía que me llega a casa es totalmente verde? ¿Es eficaz el sistema de Garantías de Origen para fomentar las renovables? Estas y otras preguntas nos las han formulado socios y lectores de Eldiario.es a raíz del artículo de la semana pasada '¿Contratar la luz con una cooperativa? Aclaramos las 10 dudas más frecuentes'.

A continuación pasamos a intentar aclararlas en los siguientes párrafos.

1. ¿Es lo mismo verde que renovable?

Normalmente las empresas productoras y comercializadoras de energía hablan indistintamente de 'renovables' cuando se refieren a métodos de obtención respetuosos con el medio ambiente, además de no basados en energías fósiles como el carbón, el gas o el petróleo. No obstante, en otros casos puede leerse que se comercializa 'energía verde', como sucede con la campaña de Holaluz 'Súmate a #LaLuzVerde'. La denominación 'verde' puede ser aceptable en términos genéricos, pues sigue una línea ambiental común con las renovables.

Sin embargo, en el sentido estricto de la palabra, 'verdes' y 'renovables' no significan lo mismo. Entendemos por energía verde aquella que no contamina, no se basa en fuentes finitas y es respetuosa con el medio ambiente. En esta definición cabrían la energía solar, la maremotiz, la eólica y algunas más que son claramente renovables. Eso sí, siempre y cuando no consideremos los efectos secundarios de su instalación, como las afecciones al paisaje, la desertización de los suelos o los problemas para las aves migratorias, por ejemplo.

Pero nunca entraría en esta categoría la energía hidráulica, por ejemplo. La razón es que aunque es un ejemplo de renovable no contaminante, implica serios problemas medioambientales al entorno fluvial donde se establece un salto de agua o una presa. Otro caso de renovable podría ser el biogás, o una planta de biomasa, que sí son contaminantes al entrar en el ciclo combinado para generar electricidad mediante su combustión, aunque son respetuosas con el medio ambiente. La garantía de '100% renovables' que nos hacen las comercializadoras contiene a veces una mezcla de estas energías, siempre renovables pero no siempre verdes.

2. ¿Cómo sé que la energía que me llega a casa es totalmente verde?

No lo podemos saber. En realidad, aunque así nos lo vendan muchas comercializadoras, a nuestra casa llega solo energía, electrones sin más distinción. Es imposible trazar los electrones que vienen de un sistema productor de renovables hasta que llegan a casa y asegurarse de que todos vienen del mismo sitio. El sistema funciona como una piscina -se le llama pool- donde se junta energía de todos los orígenes y se mezcla en lo que se conoce como un mix.

Esta energía va a parar a nuestras casas según la demanda y en tiempo real, por lo que la única seguridad que tenemos es que no es 100% renovable. Lo que sí ocurre es que el consumidor que quiere 100% energías renovables, contrata a una comercializadora que se compromete a pagar solo a empresas que hayan generado la cantidad de renovables que nosotros hemos consumido.

De este modo, en teoría, nuestro dinero irá a parar solo a empresas que generen renovables. Lo que no quiere decir “que solo generen renovables”, pero sí que esa sea una parte de su actividad. El objetivo de esta medida es fomentar la generación de renovables entre los productores. 

3. ¿Qué quiere decir que mi energía tiene Garantía de Origen?

La Garantía de Origen de una energía renovable expresa que el productor de la misma garantiza que una parte o el total de la energía que genera es renovable y por tanto la vende en el mercado eléctrico con este sello. La Garantía de Origen fue creada en 2007 por el ministerio de Industria y puede ser vendida por la productora a la comercializadora para que esta la ofrezca a sus clientes. Con ella se garantiza que nuestra energía solo se pagará a un productor que la ostente.

4. ¿Es eficaz el sistema de garantías de origen?

A este respecto hay distintas voces que son muy críticas. Algunos actores y activistas del sector critican que la normativa del ministerio no contempla la obligación de invertir en nuevas instalaciones de renovables, por lo que la obtención de la Garantía por parte de un productor es solo una oportunidad de negocio más, pero no fomenta este mercado. 

Otras voces se quejan de que las grandes empresas eléctricas, que también generan renovables -por ejemplo las grandes hidráulicas-, pueden obtener el sello de Garantía de Origen pero en realidad no tienen interés en hacer crecer este sector, porque ello iría en contra de la amortización de sus instalaciones térmicas, nucleares, de ciclo combinado, etc. Por ello reclaman que el sello se debería otorgar solo a las empresas que generan únicamente renovables. 

Esta tesis es la que mantiene Sara Pizzinato responsable de la Campaña de Renovables de Greenpeace España. Pizzinato cree que “las Garantías de Origen son el chocolate del loro”, en el sentido de que “son como vender camisetas de algodón no ecológico con la garantía de que hay gente que fabrica de modo ecológico”. Para Greenpeace “las Garantías no son en absoluto útiles para hacer crecer el mercado de las renovables”, por lo que apuestan por otras iniciativas como el Contrato Bilateral Físico“. Este modelo se basa en que la comercializadora paga directamente al productor o pro- ductores contratados el importe correspondiente a la electricidad consumida: ”de esta forma estos -y solo estos- reciben directamente la parte correspondiente al pago que por su consumo realizan los consumidores“. 

Finalmente, algunos expertos en derecho del consumidor consideran que no se aplica estrictamente la normativa al no informar explícitamente al consumidor sobre el porcentaje real de renovables que llega a su instalación sobre el total que recibe, al menos en referencia a la composición del mix y más allá del sistema de Garantía de Origen. Pizzinato también opina que la falta de transparencia a este respecto delata la poca eficiacia del sistema de Garantías. 

Creen que esta falta de transparencia por parte de las comercializadoras solo favorece la desconfianza del consumidor y hacen que se contrate menos energía con Garantía de Origen. Alegan que actualmente se emiten más Garantías de Origen por parte de los productores que las que compran los consumidores, la cuales terminan expirando. A este respecto, solo Pepenergy informa explícitamente de la imposibilidad de trazar el porcentaje de renovables. 

Jorge Morales de Labra, director de la productora Geoatlanter y la comercializadora Próxima Energía, cree que debería haber más transparencia en las comercializadoras que utilizan el reclamo del '100% renovables', pero no tienen el apoyo de una producción verde detrás. “Los usuarios tienen derecho a saber que cuando contratan energías 100% renovables, sus pagos no van destinados directamente a los productores de las mismas sino al conjunto del mercado, sea o no de renovables, lo cual es bastante decepcionante”.

Para Morales el problema es que las Garantías de Origen no cuestan dinero porque la demanda es baja y, por tanto, el sistema no incentiva una mayor producción de energía verde: “si hubiera que comprarlas al productor para poder ofrecérselas al consumidor final, seguramente sí habría un incentivo para que el mix fuera verde en mayor proporción”. 

5. ¿Hay bastante energía renovable para todos cuando no hay sol, llueve poco y hay poco viento?

Puede ser que en estos casos la proporción de renovables en el mix caiga por debajo de la demanda por la imposibilidad de producción. En tal situación se nos envía a casa energía mayoritariamente no renovable. Para compensar este déficit, en cuanto las condiciones se restablecen, se produce energía renovable de más y se llena el pool con ella durante un tiempo. 

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