Han pasado ya más de veinte días desde que se hizo público por Jordi Sevilla el llamado Manifiesto Socialdemocracia 21 y da toda la impresión de que lo ha sido sin pena ni gloria. Las semanas anteriores a su publicación la prensa de derechas lo vino anunciando a bombo y platillo como “un termómetro de la disidencia interna” del PSOE, esperándose que lo firmaran cuarenta cuadros y dirigentes socialistas, para quedarse al final en un solo firmante, con descarte público de algunos de los anunciados. Los tertulianos de la derecha y ultraderecha esperaban más y sobre todo confiaban en que la militancia socialista y sus cuadros iban a unirse masivamente a lo que consideraban primera gran operación antisanchista desde dentro. Tras un balance tan parco han hablado de “ejercicio conmovedor de disidencia” y finalmente de “decepción”.

Entre los cuadros la reacción ha sido dispar. La dirección socialista ha sido respetuosa, aunque algunos han criticado directamente a la persona. Y en algunos chats y comentarios de militantes ha habido cierta dureza contra Jordi Sevilla, al entender que el debate debía ser interno, dentro del partido y no en los medios, e incluso en algunos casos con acusaciones de “resentimientos, frustraciones, expectativas truncadas y egos”. 

Yo no he compartido nunca esa idea de que el debate socialista ha de ser interno, es decir, solamente interno, con el argumento falaz de que “los trapos sucios se lavan en casa”, porque no se trata de trapos sucios sino de la orientación de la política del partido y del Gobierno, más aún en un momento difícil de la política española, europea y mundial. El debate político de fondo tiene que ser interno, con lealtad, pero también externo, porque además de a la militancia interesa igualmente a todos los y las simpatizantes y votantes del PSOE, a los que no cabe escamotear cuáles son los proyectos y qué tipo de política quiere cada uno. Y desde luego tampoco estoy de acuerdo con la crítica ad personam, tantas veces injusta.

Me parece más interesante hacer un análisis de las posiciones del Manifiesto Socialdemocracia 21, teniendo en cuenta no solo el texto escrito, sino las declaraciones que ha venido haciendo su autor Jordi Sevilla en los últimos meses, conocer qué tipo de socialismo defiende, para mostrar mis desacuerdos de fondo, que son muchos, y algunos acuerdos de interés. 

La afirmación más directa y rotunda del Manifiesto es la petición de un cambio de rumbo político del PSOE, que incluye un cambio en la política de alianzas frente a la “deriva podemita” y los pactos con los independentistas. A la vez que reclama recuperar “un proyecto socialdemócrata autónomo”, expresión esta última que por cierto ya utilizó en 1993 Felipe González para pactar con la derecha de CIU y no con IU y los sindicatos. 

Pero ¿qué se quiere decir con la expresión que el PSOE se ha podemizado? Es sabido que desde 2023 Podemos está fuera del Gobierno y que, salvo acuerdos puntuales, viene manteniendo una muy dura dialéctica contra el Partido Socialista y contra el Gobierno. ¿Qué quiere, pues, decir Jordi Sevilla con aquella expresión? Sencillamente que está en contra del acuerdo con otras fuerzas de la izquierda política y sindical y prefiere algún tipo de entendimiento con la derecha, al menos con el PP, bien la gran coalición bien otro tipo de fórmulas parlamentarias.

Pero no se trata solo de llegar a consensos básicos en cuestiones de Estado, desde luego deseables, sino de que no hay en España ni en prácticamente ningún país europeo “mayorías sociales amplias” a las que el Manifiesto aspira, lo que implica la necesidad de pactar para conformar mayorías parlamentarias. Y en esta tesitura parece claro que Socialdemocracia 21 está en contra del pacto con la izquierda y con las fuerzas independentistas y prefiere un acuerdo con el PP. Desde luego una opción que no comparto y que creo hoy es muy minoritaria en el PSOE.

El Manifiesto se extiende contra el discurso de la confrontación y en el hecho de que “las dos fuerzas mayoritarias” no son capaces de acordar nada, en una especie de equidistancia entre el Gobierno y el PP absolutamente falaz. El PP nunca ha reconocido legitimidad a este Gobierno y se ha negado sistemáticamente a pactar nada de lo básico, de lo relevante, ni la subida de las pensiones o del SMI, ni la reforma laboral, ni la política exterior sobre el genocidio de Gaza, ni la actitud frente a Trump y la ruptura del Derecho Internacional, ni siquiera aspectos clave de la política europea como el acuerdo con Mercosur, nada. Se puede estar en desacuerdo con el grado de polarización existente, pero la responsabilidad no está repartida por igual, en absoluto.

Hay una segunda cuestión, clave en la política del Gobierno, sobre la que el Manifiesto nada dice, la cuestión catalana. Utiliza palabras genéricas y vagas sobre el modelo de Estado, pero en sus declaraciones Jordi Sevilla se ha manifestado en contra de la aplicación de la amnistía. Conviene recordar que el objetivo del PSOE era abordar la crisis del procès buscando salir del laberinto de la judicialización a través de la política, mediante los indultos y acuerdos con las fuerzas políticas catalanas y más tarde, aunque no se pensara inicialmente, mediante la amnistía, que ha resultado clave para el proceso de normalización de Cataluña y que ha llevado a la situación actual, con mayoría del PSC y gobierno de Salvador Illa y con una clara disminución del apoyo social al independentismo.

El Manifiesto no reconoce valor alguno a la política sobre Cataluña, que da por amortizada, pero la oposición a la amnistía es, en mi opinión, signo de una concepción no de la España plural, sino más cercana a la de un nacionalismo español anticatalán propio de las derechas, que en el fondo preferirían ver a los líderes del procès en prisión o inhabilitados antes de que pudieran hacer política normalizada.

Cuestión importante sería saber qué entiende el Manifiesto por socialdemocracia y qué reformas propone, porque no hace mención a ninguna. Eso sí, hace una descalificación completa de la política económica y social del Gobierno de coalición, que define como populista, dado que entiende que los pactos con los independentistas le impiden aplicar políticas socialdemócratas de reparto de rentas y fortalecimiento de los servicios públicos, de manera que serían los más ricos, concluye, los que se están aprovechando del crecimiento económico. Una crítica de rechazo global de la acción del Gobierno, “más allá de medidas positivas, aunque cosméticas”, según afirma.

Resulta sorprendente que un economista como Jordi Sevilla pueda hacer una afirmación de esa naturaleza. ¿Es cosmético que España sea en los últimos años el país que más crece de la UE y cuyo empleo ha pasado de 18 millones a 21,4 millones de ocupados en tres años? ¿Es cosmética una reforma laboral que ha permitido dar un salto en el incremento del empleo indefinido, reduciendo la temporalidad del 26% al 15,1% en cuatro años? ¿O una subida del SMI del 66%, que mejora la renta de los salarios más bajos? ¿O el Ingreso Mínimo Vital, del que ya se benefician 800 mil hogares? ¿O la subida de las pensiones con arreglo al IPC, frente al 0,25% anual que aprobó el PP? ¿O la disminución del abandono escolar temprano desde el 23,5% al 12,8% en pocos años? ¿Es cosmética la política de acogida a los migrantes y la regularización extraordinaria actual? Podríamos dar muchos más datos, pero estos muestran bien como ha habido políticas reformistas que han favorecido claramente a las personas trabajadoras, cuya elusión por el Manifiesto no sé si es maliciosa o simplemente torpe, pero en mi opinión lo desacredita.

Claro que todo ello es insuficiente y que hay algunos problemas muy graves no suficientemente abordados, como el de la vivienda, que afecta a la capacidad adquisitiva precarizando a la clase trabajadora y capas medias. Un problema no solo español, sino de toda Europa y sobre el que las CCAA que gobierna el PP actúan favoreciendo la especulación negándose a aplicar políticas públicas reformistas. O el deterioro de servicios públicos como la sanidad y educación públicas en territorios gobernados por la derecha, que en el caso de Madrid se extiende a la universidad pública. Problemas que entroncan con un escenario ultracapitalista de privatizaciones, acumulación del beneficio privado y fomento del individualismo en nuestro país.

El Manifiesto propone “una reforma fiscal progresista”, sin más datos, obviando algunas actuaciones concretas significativas, como el impuesto a la banca y a las energéticas, o la recuperación del impuesto del patrimonio, o más aún el acercamiento en los últimos años de la presión fiscal en España a la media europea. Una reforma fiscal global es un reto que sigue teniendo la izquierda, pero no tengo claro cuál es la que plantea Jordi Sevilla, teniendo en cuenta que hace unos años propuso una reforma del IRPF con un tipo único, una propuesta regresiva más propia del socialiberalismo, que fue entonces duramente criticada por J.Borrell (“me parece una sandez; un solo tipo no garantiza la progresividad”), Izquierda Socialista e incluso el sector guerrista. 

Sorprende que el Manifiesto atribuya el auge de la extrema derecha al rumbo político del Gobierno, cuando es un fenómeno extendido en toda Europa y en la misma cabeza de USA. Como no sé el sentido de la contraposición de preferir ser hijos de la Transición y de la Constitución a nietos de la Guerra Civil y la Dictadura. ¿Significa que Jordi Sevilla está en contra de la Memoria Democrática? Yo me siento hijo de la Transición y la Constitución y nieto de la República y de los valores republicanos.

Sí hay un punto importante del Manifiesto que comparto, la apelación a la necesidad de “un PSOE fuerte que lidere en el mundo de las ideas y en la acción política una respuesta en un contexto internacional estremecedor”. Pero lo comparto no como aspiración ni como objetivo, como parece apuntar el Manifiesto, sino como una realidad que ya es. Hoy el Presidente del Gobierno español es el líder político de las izquierdas europeas y de América Latina. Así lo reconocen los medios de comunicación más importantes, lo mismo que políticos y sindicalistas de distintos países y los partidos socialistas y socialdemócratas que le han elegido presidente de la Internacional Socialista.

Por último, me ha sorprendido que el Manifiesto no diga nada sobre las limitaciones actuales de la democracia en el PSOE, más allá de insistir en que la transparencia es una clave contra la corrupción y el acoso sexual, lo que comparto, aunque Jordi Sevilla sí ha hecho declaraciones al respecto, que también comparto: el sistema de primarias ha potenciado el liderazgo, pero ha disminuido los contrapesos necesarios en una organización democrática, lo que habrá que revertir.

En definitiva, es verdad que el Gobierno y el PSOE están pasando por un momento complejo y difícil para implantar algunas políticas de izquierdas, con pérdida de apoyos, pero no creo que la opción que representa este Manifiesto sea una vía para mejores políticas socialistas, o simplemente socialdemócratas, sino un giro no se sabe adónde, quizás al socialiberalismo.

Por lo que sea, Jordi Sevilla es de esos socialistas que nunca tuvieron en el PSOE gran éxito de crítica y público. Tampoco se puede decir que el exministro se haya prodigado nunca por la procelosa vida orgánica de su partido. Algo que en ocasiones es un mérito y en ocasiones, un obstáculo insalvable para cualquiera que intente construir una corriente crítica. Allá por dónde pasó -fuera el Gobierno, la dirección federal o Red Eléctrica-, el hombre que quiso enseñar economía a José Luis Rodríguez Zapatero “en dos tardes” siempre hizo de Pepito Grillo. Hoy vuelve a la palestra con un manifiesto -Socialdemocracia21- para reclamar un “cambio de rumbo político” en su partido y responsabilizar a Pedro Sánchez de la polarización, del auge de la extrema derecha, de la pérdida de apoyos al socialismo y de conducir al país a una dictadura de las minorías. 

A nadie ha pillado por sorpresa porque hace meses que sus intenciones han sido publicitadas, con gran alarde tipográfico, por una derecha mediática que, en su afán por atacar a Sánchez, ha tratado de vincular con la iniciativa de Sevilla a relevantes socialistas que ni están ni se les espera junto al propósito del exministro, aunque se les otorgó el papel de impulsores. Por ejemplo Ignacio Urquizu, exalcalde de Alcañiz (Teruel), a quién Sevilla trató de arrastrar infructuosamente a su proyecto. O por ejemplo Eduardo Madina, para quien “el PSOE es hoy como el instituto”, un espacio que siempre estará en su recuerdo, pero al que nunca volvería. O por ejemplo Susana Díaz, para quien la iniciativa no es oportuna y dice -lo que piense puede ser distinto- que tampoco es momento de abrir debates internos.

Son solo algunos ejemplos, pero hay otros muchos porque, en general, el PSOE hoy no está por la labor de abrir frente alguno ni contra la estrategia política de Pedro Sánchez ni contra su liderato. “Mientras dure el Gobierno, todo sueño húmedo de los críticos de guardia acabará en pesadilla, y no porque el líder del partido y presidente del Gobierno se llame Pedro Sánchez, sino porque sería un suicidio colectivo”, resume un veterano dirigente que ya ha cohabitado con diferentes secretarios generales y vivido no pocas guerras fratricidas en una organización que si de algo sabe es de autodestrucción.

El caso es que Jordi Sevilla ha realizado en los últimos meses decenas de llamadas, pero apoyos ha cosechado pocos. Y los pocos que ha sumado no cuentan con predicamento entre la dirigencia o la militancia. Al manifiesto, que echa en falta políticas socialdemócratas de reparto de la renta, un fortalecimiento de los servicios públicos o una reforma fiscal progresista, se han adherido de momento con vídeos de apoyo en redes sociales algunos socialistas que carecen de peso orgánico o político en el partido, si bien el senador y ex secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha hecho de portavoz improvisado en varias televisiones de un movimiento que pretende convertirse en plataforma o corriente de debate, pero sin la pretensión, de momento, de constituirse en corriente de opinión del PSOE.

Para esto último, los requisitos están definidos en el artículo 4 de los Estatutos del partido, entre ellos la preceptiva autorización del Comité Federal, a propuesta de la Comisión Ejecutiva y el aval previo de un 5% de militantes de al menos 5 federaciones regionales. No parece que Sevilla y quienes le susurran al oído puedan arrastrar ese porcentaje del censo de afiliados. Lo que sí ha logrado es la atención de la prensa.

Pues, enhorabuena al premiado, que en adelante es probable que tenga que disputarse con Emiliano García Page o Felipe González la distinción de socialista más solicitado y laureado por la derecha mediática. Porque lo de presentar a la ex socialista Soraya Rodríguez como referente histórico del PSOE, como se escucha en algunos medios, suena igual de estrambótico que si alguien se refiriera a Miguel Tellado como ejemplo indiscutible de intelectualidad.

Conclusión: muchos titulares, pero pocas firmas.

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes un manifiesto en el que pide un “cambio de rumbo político” en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber “conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías”. La portavoz adjunta del partido, Emma López, ha restado importancia al texto: “Cuando hablan de cambio de rumbo es hacia dónde. ¿Dejar de subir el SMI? ¿Las pensiones?”.

“Queremos que el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio, ilusionante, mayoritario, centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado”, reza el escrito, recogido por Europa Press.

El manifiesto, publicado en las redes sociales de Jordi Sevilla pero que aparece sin firmantes, se lanza desde la plataforma Socialdemocracia 21, que busca “ser un espacio de encuentro, no de exclusión”. “Un lugar para el debate honesto, la reflexión colectiva y la elaboración de propuestas que devuelvan a la política su sentido más noble: servir al bien común”, detalla el mismo.

El documento llama “a quienes se sienten socialdemócratas dentro y fuera del PSOE, a quienes creen en una izquierda democrática fuerte, alejada de los radicalismos estériles, a quienes aspiran a una España cohesionada y justa, a sumarse a esta iniciativa cívica y política”. Y defiende la creación de un proyecto que se sienta más “hijo de la transición y de la Constitución, que nieto de la guerra civil y la dictadura franquista”.

La dirección del PSOE resta importancia a ese texto de Sevilla, que no ha revelado quién lo apoya. “Jordi Sevilla y el resto de compañeros, les tengo mucho aprecio, tendrán posibilidad de aportar igual que todos los militantes”, ha dicho la portavoz adjunta, Emma López, que les ha invitado a participar en la conferencia política por la paz que organizará el PSOE el próximo semestre.

“El PSOE no tiene ningún tipo de miedo al debate interno, al contrario, nos gusta y forma parte de nuestra forma de ser”, ha dicho la portavoz adjunta, que se ha preguntado: “Cuando hablan de cambio de rumbo es hacia dónde. ¿Dejar de subir el SMI? ¿Las pensiones?”. La dirigente socialista ha dicho que lo estudiarán “con cariño” y ha planteado que todas las propuestas, sean más o menos minoritarias, “son escuchadas”.

El ministro Hereu también ha respondido a preguntas de los periodistas durante su visita a las instalaciones de Navantia en Ferrol. “Somos un partido amplio donde la gente libremente puede expresar sus puntos de vista”, ha señalado el ministro, para acto seguido matizar que la postura de Sevilla no representa el sentir general del partido.

Hereu ha cuestionado que los críticos intenten “enarbolar la bandera de la socialdemocracia” como un valor perdido, asegurando que el actual PSOE es “el gran ejemplo de la socialdemocracia en Europa y en estos momentos en el mundo”.

El lobby nuclear aumenta la presión al Gobierno para que dé marcha atrás al cierre escalonado de los reactores que el Ejecutivo pactó con las eléctricas en 2019 y que ahora las empresas piden revisar, aunque exigen una mejora de su retribución. 

Este jueves, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado en declaraciones a Financial Times que si se consuma el apagón escalonado a partir de 2027 con el primer reactor de Almaraz (Cáceres), los precios pueden subir hasta un 30% y el sistema será menos fiable.

Galán, que hace suyos los cálculos de un reciente informe de la consultar PwC, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez “pragmatismo” como el que, ha afirmado, guía a Estados Unidos. “¿Podemos como europeos estar en la posición de renunciar a esos recursos energéticos a causa de la ideología? ¿O tenemos que ser pragmáticos, como los americanos?”.

El ejecutivo ha asegurado que “los españoles pagarán” el cierre: “Tenemos algunos análisis que dicen que los precios finales subirán en el entorno del 25%-30%”.

El presidente ejecutivo de la primera eléctrica española ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a evitar el “gran error” cometido por Alemania al cerrar los tres reactores que todavía tenía en funcionamiento, decisión que el nuevo canciller germano, Friedrich Merz, se ha mostrado dispuesto a revisa, aunque como recuerda Financial Times empresas como RWE se han mostrado escépticas y se han preguntado “si merece la pena el esfuerzo”.

Galán ha lanzado estas advertencias en vísperas de una “jornada de debate” celebrada este jueves en la sede de la CEOE por el principal lobby del sector, Foro Nuclear, inaugurado por el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, junto a, entre otros, el exministro socialista Jordi Sevilla, defensor de la nuclear desde hace lustros y expresidente de Red Eléctrica.

Durante la jornada, Sevilla ha asegurado que, “en este momento, cancelar el calendario de cierres es una prioridad” y “no hacerlo es una irresponsabilidad”. Ha hablado con el conocimiento que, dice, le dio su paso por el operador del sistema: “He escuchado a los que saben” y mantener el apagón de una fuente que en la actualidad genera un 20% de la electricidad en España es “asumir un riesgo muy alto e innecesario, porque no hace falta”.

Sevilla ha acudido para presentar un informe defendiendo la continuidad de la nuclear con una “moratoria” de diez años, elaborado por LLYC, firma de la que es Senior Advisor y Director del Área Contexto Económico en España. Ha pedido a “Sara” [Aagesen], la vicepresidenta para la Transición Ecológica, cuyo apellido, ha dicho, es incapaz de pronunciar, que dialogue con las empresas para acordar una bajada de las cargas a los reactores. Y ha reclamado que, al menos, el apagón se aplace “uno o dos años”.

El exministro socialista ha expuesto que el mundo ha cambiado radicalmente tras la llegada de Donald Trump, en un escenario de rearme europeo y de defensa del papel del Estado en algunos sectores estratégicos, y se está repensando el papel de esta fuente.

“¿Por qué España quiere seguir adelante con una decisión tomada hace tiempo?”, se ha preguntado Sevilla. En su opinión, no se trata de elegir entre “papá o mamá”, renovables y nucleares, porque “son perfectamente compatibles”, ha afirmado, incluso si “se cree” que se va a cumplir con lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con un 81% de electricidad verde.

Sevilla, que ha reconocido que en el pasado fue antinuclear y ha negado que ahora sea “un forofo” de esta fuente, lleva años defendiéndola. Ya en 2010 presentó un estudio para la consultora para la que entonces trabajaba, PwC, que defendía la construcción de hasta nuevas tres centrales hasta 2030. Un escenario que el propio sector eléctrico descarta hoy.

“Un gran pacto”

Durante el evento, Jorge Sanz, director de Política Energética con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora director de la consultora NERA, ha asegurado que el cierre sería “el mayor error de política económica” en España en este siglo. Por su parte, Garamendi ha señalado que tras las manifestaciones “de miles de personas en Extremadura de todos los partidos políticos” defendiendo la continuidad de la central de Almaraz, “hay que ver cómo el Gobierno, el Estado, las Administraciones, generan un gran pacto” para la energía nuclear, a la que, según el presidente de la patronal, “se ha cargado” con “muchísimos impuestos”.

El apoyo a esta tecnología hay que verlo “con normalidad” porque se está apostando por ella “en muchísimos sitios” y prescindir de esta fuente va a generar “un problema de costes” a las empresas, según Garamendi.

El presidente de la CEOE ha señalado que “en algún momento” del día se puede tener un sistema 100% renovable, “pero a mí me gusta navegar y cuando no hay viento hay que arrancar el motor”. Se requiere “una energía en base, que se llama energía nuclear”, que “se ha demostrado segura, eficiente y nos da esa alternativa de un 20% en la gestión de la demanda”.

Mientras crece la presión al Ejecutivo desde las empresas y, en el Congreso, desde el PP, la ultraderecha de Vox y (en una posición más ambigua) los nacionalistas catalanes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró la semana pasada que no hay “ninguna novedad” sobre los planes de cierre nuclear.

Jordi Sevilla (Valencia, 1956) lleva varios años aparentemente retirado de la primera línea de la política, pero en varios momentos de esta entrevista demuestra que el animal político no le ha abandonado. En tiempos de redefinición del espacio político de la izquierda, aunque mantiene el carné de afiliado al PSOE, no duda en cometer lo que él mismo admite que es “una provocación”: “Yo quiero sumar desde la izquierda, creo que se entiende perfectamente”, cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denominado su proyecto político Sumar. Economista, exministro de Administraciones Públicas, expresidente de Red Eléctrica y ahora responsable de Contexto Económico en LLyC, Sevilla acaba de publicar 'La España herida' (Editorial Deusto), un libro donde analiza los principales problemas de la sociedad española provocado por la ruptura de la cohesión social, una globalización excesiva sin contrapesos y el cambio climático y la revolución digital.

Sin problemas por llamar a las cosas por su nombre, nostálgico de una etapa de la política española donde era posible el pacto, Jordi Sevilla apunta que los dos grandes partidos (PSOE y PP) abandonaron “el interés general en pos de ganar las elecciones”, colocando a la partitocracia como uno de los principales males del país; rechaza la deriva identitaria de un grupo de la izquierda y critica que una buena parte del empresariado de este país solo consigue ser rentable mediante la precarización de los trabajadores.

En su libro escribe: “En España, la polarización social viene de arriba abajo”. ¿Qué fuerzas económicas o sociales o qué poderes fácticos están interesados en esa polarización?  

La partitocracia. El problema que hemos tenido en España en estos últimos quince o veinte años es la partitocracia. En un momento determinado, los dos grandes partidos políticos -yo sigo militando en uno de ellos- han primado sus intereses por delante de los intereses generales. El último gran pacto de Estado que tuvimos fue el euro hace 30 años. Luego ha habido algunos acuerdos importantes como el tema de la ilegalización de Batasuna y la reforma de la Constitución, con la que yo estuve en contra, pero por lo demás solo ha habido insultos, el 'y tú más' o considerar el pacto como una debilidad. Lo vimos muy claro en el Estatuto de Cataluña, que debería haber sido uno de los elementos de Estado pactado por el PP y el PSOE. La idea del interés general ha desaparecido en pos de ganar las elecciones. Aquí también incluiría a algún medio de comunicación, que con tal de ganar audiencia son capaces del disparate más gordo. Se ha tejido un clima que hace que la gente esté constantemente cabreada.

Usted también apunta a la fragmentación política como una de las causas de los problemas de España, agravado por la crisis económica y la corrupción, pero la fragmentación política es algo que ocurre en toda Europa.

Hay elementos generalizados que explican que Donald Trump haya llegado a ser presidente de Estados Unidos, que Marine Le Pen haya sido ya la segunda fuerza política en Francia o el Brexit. Ahí se está reflejando una subida del enfado de los ciudadanos al que han contribuido la manera en la que hemos hecho la globalización, la influencia de la digitalización y el desmontaje del estado del bienestar.

En España, además, hay algún hecho particular como es la corrupción. Cuesta mucho pensar que el caso Gürtel o los ERE no ha contado para nada en la desafección de los ciudadanos. Y esto sí que son comportamientos solo atribuibles a los partidos políticos.

Usted habla de una “España herida” por seis brechas impulsadas por tres vectores (ruptura de la cohesión social de los valores del Estado del Bienestar y la democracia, una globalización rápida y sin contrapesos, y el cambio climático y la digitalización), pero si uno repasa la historia de nuestro país es difícil pensar en un periodo donde no hayamos tenido una España herida.

En mi opinión, sí hemos tenido un periodo sin heridas que es la Transición. La Transición ha sido el único momento en el que los españoles decidimos ponernos de acuerdo, primar el interés general con dos principios muy básicos que compartíamos todos: no queremos volver atrás y queremos ser como los europeos. Con esos dos principios Manuel Fraga presentó a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI, se firmaron los Pactos de la Moncloa y se consiguió la Constitución. ¿Satisface la Constitución al 100% a todos los partidos políticos? No, porque un consenso no puede satisfacer al 100% a nadie. Ahora bien, nos ha permitido por primera vez en la historia de España tener 40 años de paz, tranquilidad, democracia y libertad. Por eso los responsables políticos deberían asumir un liderazgo pedagógico y estar menos al dictado de lo que marcan las encuestas.

Otro cambio se ha dado en el debate democrático. Parece que ya no hay posibilidad de diálogo, solo insultos. La democracia sin diálogo se derrumba. Solo hay que ver los debates parlamentarios -he sido diputado diez años-, si antes el 20% de las intervenciones eran descalificaciones ahora es al menos el 80%. ¿A quién le sirve esto? Es un espectáculo televisivo más, pero los ciudadanos no van a ver que les haga avanzar un ápice en la resolución de sus problemas.

Usted explica en el libro que dentro de de la desigualdad hay un elemento especialmente negativo, que merece atención por sus efectos sociales: la desigualdad de oportunidades. En España es evidente esta brecha, sin embargo, cada vez se impone más cierto discurso de falsa meritocracia.

El Estado social y democrático de derecho que se ha construido en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial estaba basado en dos grandes principios: primero, la democracia como algo que no está en riesgo, y ya estamos viendo que no es verdad. Segundo, que si tú te esfuerzas, el Estado te apoya y los consigues. Eso es la meritocracia. Esto se ha cuestionado en los últimos años en todo el mundo. Hay un libro de uno de los mayores filósofos políticos del momento, que es el americano Michael Sandel, que establece el fin de la meritocracia. Es una de las grandes brechas que están rompiendo el modelo social que habíamos construido después de la segunda de la Segunda Guerra Mundial.

Lo vemos claramente con los jóvenes. Hay jóvenes que han estudiado, que se han esforzado, que han aprendido idiomas... Pero se tienen que ir de España para tener un buen empleo o aceptar aquí 1.000 euros como sueldo. Les hemos engañado y defraudado. El concepto de la meritocracia, que está muy basado en la igualdad de oportunidades y en el esfuerzo personal, ya lo planteaba en el siglo XIX un liberal de derechas como John Stuart Mill, que admitía que para garantizar cierta igualdad de oportunidades era necesario un impuesto del patrimonio sobre la riqueza. Ahora lo replantea Thomas Piketty y se convierte en algo revolucionario y casi tabú. Hay que dar más oportunidades porque en una sociedad del conocimiento no se puede desperdiciar a nadie.

En el capítulo de cerrar la brecha entre ricos y pobres habla de “la importancia de recuperar una cultura de precios públicos”, ¿a qué se refiere?

Desde hace muchos años en España se diferencia mucho lo que es el precio público de lo que son los impuestos. Desde el primer gobierno del PSOE se ha ido perdiendo la cultura del precio público, es decir, el que utiliza un bien público contribuye a su mantenimiento más que el que no lo utiliza. Por ejemplo, todos los metros españoles son deficitarios, pero el que lo utiliza paga un precio insuficiente para mantener el metro. Este déficit obliga a que con el impuesto de otros sitios que no tienen metro se esté financiando el metro de esa localidad. A lo mejor deberíamos subir un poco el precio del metro y que las localidades sin metro tengan que contribuir con menos. Otro caso que salta desde hace 30 años es el de poner un peaje a las autovías. Las autovías son un bien público que se financian con impuestos, pero parece evidente que el que más las utiliza, más las desgasta, por lo que no veo tan disparatado pedirle que contribuya un poco más. Sin embargo, cada vez que se ha planteado se monta el gran escándalo. Otro caso relevante son las tasas universitarias. Yo no estoy en contra de que suban las tasas universitarias, estoy en contra de que no haya becas para que quien no pueda financiar las tasas pueda estudiar, pero el hijo del rico que pague las tasas universitarias. Esa cultura del precio público es la que se ha ido perdiendo.

Entre sus propuestas fiscales propone “remodelar situaciones incoherentes como el bajo gravamen en los impuestos indirectos”, pero ¿no es esta una fórmula regresiva, que puede incrementar aún más la desigualdad?

En la doctrina sobre fiscalidad ya se cuestiona hace tiempo si unos impuestos son progresivos y otros regresivos, pero tenemos dos datos objetivos y claros. Primero, la mitad de las familias españolas llegan con mucha dificultad a fin de mes. Hay otro dato exactamente igual de inapelable: por cada unidad de consumo, nuestro IVA recauda menos que en Europa. ¿Por qué? Porque hay más fraude y porque tenemos tipos más bajos y muchas más exenciones que el resto de Europa. Por tanto, si queremos tener la sanidad europea o pensiones europeas, pues tendremos que tener los impuestos europeos.

Ya sé que este discurso no está ahora de moda, ahora parece que la ley de la gravedad es discutible, pero yo creo que hay que defender la racionalidad de los datos objetivos que tenemos. Y esto es compatible con políticas para no generar mayor pobreza, que no se combate a través de este impuesto, sino con otras políticas más eficaces como aplicar mejor el ingreso mínimo vital y subirlo, más ayudas a la familias... La pobreza se combate con medidas contra la pobreza, pero ahora estamos cayendo en el discurso de pobreza menstrual o pobreza de energética. No. La pobreza es pobreza para todo. Combatamos la pobreza y dejemos que los impuestos jueguen su papel.

Si hay algo que está reñido con el pensamiento de izquierdas es la identidad. Creo que los mayores errores de la izquierda han sido cuando se ha apegado a la identidad en lugar de a la ciudadanía

Con las definiciones de la pobreza es consciente de que está tocando un tema complicado para la izquierda por el debate de las posiciones identitarias.

Si hay algo que está reñido con el pensamiento de izquierdas es la identidad. Creo que los mayores errores de la izquierda han sido cuando se ha apegado a la identidad en lugar de a la ciudadanía. La derecha se ha refugiado mucho en la identidad, especialmente en la identidad nacional, y como reacción una parte de la izquierda entiende que tiene que encontrar sus propias banderas. Pero este discurso es muy poco de izquierdas porque la identidad rompe, disgrega, abre brechas y divide a los ciudadanos. Yo, desde la izquierda, lo que quiero es todo lo contrario.

Voy a decir una provocación. Yo quiero sumar desde la izquierda, creo que se entiende perfectamente [Sumar es el nombre que tiene el proyecto político de Yolanda Díaz]. Creo que la izquierda tiene que favorecer la ciudadanía y tiene que favorecer la independencia de los individuos. El descubrimiento de los individuos como foco central de la acción pública es lo más progresista que ha habido en la historia porque les liberas de la sumisión al grupo, que normalmente eran elementos muy reaccionarios como la Iglesia, la nación o la raza. Una persona de izquierdas no puede ser identitaria, debe defender los intereses de todo el mundo. En este tema en la izquierda lo estamos haciendo mal.

El precio de vivir en una civilización es pagar impuestos. Pagar impuestos es un derecho ciudadano que debería esta vinculado a votar. Si quiero votar, pago impuestos o declaro la renta

 ¿Me podría explicar mejor su propuesta de un IRPF obligatorio para toda la población en edad de trabajar?

En los debates políticos sobre fiscalidad se suele olvidar que que hay miles de personas que no declaran el IRPF porque sus ingresos no lo hacen obligatorio, lo cual quiere decir que están excluidos, por ejemplo, de todas las rebajas del IRPF. A estas personas, cuando un Gobierno hace una rebaja de este impuesto no les da la ventaja ni el incentivo que se le ofrece a los que ganan más y declaran IRPF. Además, un IRPF obligatorio es una vía para tener integrados a todo el mundo en edad de trabajar, así se hubieran evitado problemas como el que se ha dado con el ingreso mínimo vital porque estas personas que lo pedían no estaban registrados y no se sabía quiénes eran. Con esta medida todos los ciudadanos tienen la obligación de presentar la declaración de renta, que luego ya se verá si es a pagar o a ingresar según el nivel de renta.

Aquí recupero un concepto de mi formación de izquierdas: pagar impuestos es un derecho ciudadano. El precio de vivir en una civilización es pagar impuestos y, por tanto, como ciudadano quiero pagarlo. De esta manera, se dignifica el sentido de los impuestos y se evita esta teoría de la derecha de que nos meten la mano en el bolsillo para quitarnos nuestro dinero, etc. Pagar impuestos es un derecho ciudadano que debería esta vinculado a votar. Si quiero votar, pago impuestos o declaro la renta. No es una idea mía, es de Anthony Atkinson, pero es que muchas veces las novedades son cosas que se han olvidado.

Teniendo en cuenta que pagar impuestos es un derecho ciudadano, ¿qué le parece la actuación del rey emérito con la ocultación a Hacienda de su patrimonio?

El hecho de que el rey emérito lo hiciera muy bien durante la Transición y durante el golpe de Estado de Tejero no invalida lo mal que lo ha hecho posteriormente. Hay mucha gente que se oculta en el periodo de la Transición para justificar todo, y a la inversa, también. Ahora bien, yo no quiero tener un jefe del Estado, sea rey o no, que sea un comisionista, aunque fuera legal. 

No quiero tener un jefe del Estado, sea rey o no, que sea un comisionista, aunque fuera legal

En su libro escribe que “de entre todas las brechas contenidas en este libro, la generacional podría resultar la más desestabilizadora en términos sociales”. ¿Por qué?

Es intolerable. Estamos en una sociedad que está envejeciendo y se permite el lujo colectivo de machacar a los jóvenes, que luego tenemos que rescatar en casa. No es algo de ahora, viene desde hace muchas décadas y con diferentes gobiernos: tenemos el mayor fracaso escolar comparado con Europa, la mayor precariedad laboral, la mayor tasa de paro juvenil, la edad de emancipación más larga, la mayor dificultad de acceso a la vivienda, les estamos diciendo que igual no cobran pensiones y que o cobran 1.000 euros o se vayan a trabajar al extranjero. ¿Qué pasa? Que hay que rescatarlos en casa. ¿Y quien les rescata en casa? ¿Ese 50% de familias que no tienen dinero para llegar a fin de mes? Es una situación sangrante. Se perjudica a los jóvenes y a las familias menos favorecidas. También es verdad que los jóvenes protestan de otras maneras, pero no se han levantado con chalecos amarillos a quejarse. 

En la brecha entre lo rural y lo urbano, usted se centra en el déficit los de los servicios básicos y las escasas oportunidades laborales del mundo rural o en el problema demográfico, pero luego vemos como la ultraderecha se ha hecho fuerte en zonas rurales por avivar un debate cultural, con el argumento de la amenaza a una forma de vida.

Vox está planteando una batalla cultural o ideológica a la que nadie está dando la réplica y creo que ya es hora. No sólo porque están diciendo muchas mentiras y falsedades, sino porque estamos permitiendo que haya mucha gente que se las crea. Son cosas evidentes, que dábamos por hecho y aceptado de manera mayoritaria, pero que pueden estar en peligro. No sé cuál es el sistema de vida que defiende Vox, ¿es el de la posguerra cuando la gente tuvo que emigrar a la fuerza por hambre a las grandes ciudades? Desde luego yo eso no lo quiero. En el tema rural y urbano hay que tener en cuenta que la ciudad es un gran invento, ha permitido a la gente cambiar de trabajo sin cambiar de localidad, ha permitido economías de escala y difusión rápida de conocimientos. Otra cosa es que las aglomeraciones de personas las hagan inhabitables. Por otro lado, hay que conseguir que el que quiera vivir en el campo lo haga con con los mismos derechos y las mismas oportunidades que si estuviera en la ciudad. No hay que imponer una forma de vida, pero hay que facilitar una equiparación de oportunidades, de derechos y de acceso a servicios públicos.

Es preocupante que una parte importante de nuestro tejido productivo sólo sea rentable por precarizar el mercado laboral

En la brecha entre turbocapitalismo (digitalización, innovación, tamaño e internacionalización) y retrocapitalismo (protegido frente al mundo exterior, menor intensidad tecnológica e innovadora, y necesidad recurrente de apoyo público ) señala que el problema no es de sectores sino de vectores que no se han incorporado al tejido productivo, pero ¿es un problema de empresas o de empresarios?

En España tenemos buenos negocios, malas empresas y malos empresarios. Desde hace muchos años hay un déficit importante de formación empresarial. Lo que yo llamo retrocapitalismo, Enrique Fuentes Quintana lo denominaba capitalismo castizo ya en la Transición. Es preocupante que una parte importante de nuestro tejido productivo sólo sea rentable por precarizar el mercado laboral, que si tuvieran las mismas condiciones laborales que la gran empresa tienen que cerrar. Y es preocupante porque explica la precariedad de España frente a Europa. Es necesario que esas empresas crezcan, formar a los empresarios y ayudarles a que innoven, que no es solo darles dinero para que monten una página web. No es es un problema de tamaño, tenemos empresas pequeñas que son punteras. No es un problema de lo que hacen, sino cómo lo hacen. Ahí está el ejemplo de Inditex, con un negocio que es lo más viejo de la vida como la ropa, pero lo diferencial es cómo lo hace. En este sentido tenemos una oportunidad si aprovechamos bien los fondos europeo Next Generation. 

“Sabemos que los últimos años han sido duros” explica Rosa Isabel Aza, presidenta del Consejo de Administración de Duro Felguera (DF). La compañía, con 162 años de historia y sede en Asturias, está inmersa en una crisis que arrastra desde 2018 y que, con el coronavirus, se ha acelerado hasta dejarla al borde de la quiebra.

Aun así, DF pelea para seguir a flote. “Tenemos el convencimiento de que somos una empresa viable que puede seguir siendo la punta de lanza de la innovación en la industria asturiana y nacional”, añade la presidenta en el comunicado dirigido a la plantilla.

Duro Felguera plantea un nuevo plan industrial, que suponga el salto a los sectores de energía renovable y sistemas inteligentes, mientras aguarda la entrada inminente de capital público como parte esta reestructuración financiera y obligada. O como única opción para sobrevivir. El rescate: 100millones de euros.

Una etapa convulsa

En medio de las negociaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y tras un verano agitado tratando de salvar el grupo de ingeniería, Aza ha confirmado que DF realizará una ampliación de capital en 2023 para devolver el rescate temporal solicitado el 25 de agosto, según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De los 100 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, 30 millones corresponden a una ampliación de capital y 70 a un préstamo participativo. “No tenemos otra alternativa que acogernos al Fondo de Apoyo, sin renunciar a la opción de que se incorporen nuevos inversores privados”, explicó Aza en el comunicado. El objetivo: alcanzar unas ventas de 623 millones para 2025 y un EBITDA de 48 millones. Cifras que le permitirían saldar la deuda bancaria (85 millones) y abandonar la crisis que castiga a la compañía desde 2018.

La empresa, especializada en la ejecución de proyectos 'llave en mano' y prestación de servicios en las áreas de energía, minería, industrial y oil & gas, ha vivido un proceso de reconversión total desde entonces. En la cúpula directiva empezó en diciembre de 2018 con el nombramiento de José María Orihuela como consejero delegado y se cerró esta semana con el relevo del secretario del consejo de administración, Secundido Felgueroso, por Bernardo Gutiérrez de la Roza.

La pérdida de confianza de los mercados financieros y la dificultad para obtener contratos llevó en 2018 a Duro Felguera a una reestructuración de la deuda financiera, además de una simultánea ampliación de capital que resultaría insuficiente ante la falta de la firma de la línea de avales. Ese mismo año se anunció un ERE de 110 personas, al que la empresa finalmente renunció, pero desde entonces se han realizado despidos selectivos. En 2019 recuperó la senda de los beneficios, con un superávit de liquidez de 22,9 millones de euros y un incremento del 30% de la contratación, en contraste con las pérdidas de más de 3,5 millones de déficit del curso anterior.

A su vez, “DF tiene reclamaciones con clientes por valor de 244 millones de euros que todavía no se han registrado en los estados financieros”, señalan fuentes de la compañía, que espera que la mayor parte de esas reclamaciones sean favorables para ella.

Huida de inversores, paralización de las obras, caída de proyectos o dificultad para cumplir los contratos. Como la gran mayoría de los gigantes de la ingeniería, la crisis generada por la COVID-19 golpeó duramente a Duro Felguera, truncando así este intento de salir a la superficie. El Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas de la SEPI, aparece ahora como salvavidas en medio de la marejada que golpea a esta corporación clave para la economía asturiana.

Por el bien de DF, por el bien de Asturias

“Duro Felguera es una compañía estratégica para Asturias”, así lo han manifestado los presidentes de las Cámaras de Comercio de Avilés, Gijón y Oviedo. Luis Noguera, Félix Baragaño y José Suárez, firmaron el pasado domingo una declaración conjunta en el diario El Comercio dando su apoyo a la empresa, que representa un 1,8 % del PIB y un 1,5% del empleo total del Principado, según datos de un estudio recientemente publicado por la Universidad de Oviedo sobre su impacto en Asturias.

Además de su aportación al empleo, generando 2.483 puestos directos, indirectos o inducidos, el estudio destaca el efecto tractor o de arrastre de DF sobre el conjunto de la actividad económica regional. “Tanto como suministradora de productos finales o de factores intermedios a otras empresas, como consumidora de bienes y servicios de otras unidades productivas para su propio proceso industrial”, reza el informe.

“La participación de la SEPI es la única opción para lograr la continuidad de la compañía”, defienden los presidentes de las Cámaras de Comercio de Asturias ante la difícil situación que vive la empresa. “Apoyamos que esta operación se concrete lo antes posible con la decidida ayuda de todos, por el bien de la compañía y, por supuesto, por el bien de Asturias”, concluyen.

Al rescate

“Estamos tratando de sentar las bases de una nueva Duro Felguera, innovadora, con capacidad para volver a cambiar su centro de actividad hacia las necesidades que surgen actualmente en el mercado”, apunta la presidencia del Consejo de Administración.

La SEPI cuenta con una munición de 10.000 millones de euros para salvar empresas estratégicas afectadas por la COVID-19 y Duro Felguera podría ser una de ellas. La sociedad estatal tiene un plazo de seis meses para decidir, pero DF no tiene tanto tiempo. Algunas fuentes señalan que la empresa habría amenazado con presentar un ERE de más de 200 personas si no consigue oxigeno para responder a la presión de los bancos.

Este rescate de 100 millones que solicita DF implica una ampliación de capital de 30 millones y un préstamo participativo de 70, por lo que el estado contaría con una participación significativa de más del 40% de la empresa.

La necesidad de tener una articulación fluida con la Administración Pública ha llevado a la compañía a fichar para su Consejo de Administración a dos ex ministros socialistas, Valeriano Gómez y Jordi Sevilla, y una ex ministra del PP, Elena Pisonero.

Dentro de este plan de viabilidad, Aza destaca que, una vez se haya alcanzado unos niveles de contratación razonables y estabilidad financiera, se llevaría a cabo esta ampliación de capital para 2023, con entrada de inversores privados por un importe de 60 millones. De esta manera se saldaría el préstamo participativo, reduciendo la participación de la SEPI en el capital de Duro Felguera.

Reinventarse o morir

Montaje, mantenimiento y desmontaje de centrales térmicas, proyectos de calderería pesada, fabricación de tanques y esferas o proyectos de mining and handling. Además de los negocios tradicionales a los que ha estado vinculada la entidad, DF pretende asaltar nuevos sectores, como tendencia base de su plan estratégico. La fecha: hasta 2025. La cifra: alcanzar 623 millones de euros en ventas.

Según fuentes de la firma, aun no se puede compartir dicho plan, hasta su aprobación en la junta de accionistas que se celebrará en las próximas semanas. Este “giro” le conducirá a las energías verdes. DF ya ha avanzado en la creación de una nueva filial especializada en renovables, DF Green Tech. Para su desarrollo está trabajando en la ampliación del “Tallerón”, ubicado en el puerto de El Musel de Gijón. En este emplazamiento estratégico fabricarán las estructuras para los sistemas de energía eólica offshore. En definitiva, fabricarán molinos de viento para alta mar.

El plan industrial contempla a su vez el posicionamiento de la empresa en proyectos y servicios en diferentes ámbitos, como el de energía termosolar, biomasa y H2 renovable, además de la renovación de la apuesta por los sistemas inteligentes de seguridad.

En este campo, Duro Felguera ya cuenta con la filial EPICOM, puntera en comunicación cifrada para el ámbito militar, pero ya está trabajando en desarrollar una nueva división paralela destinada al ámbito civil, “donde cada vez es más necesario”, como sostiene la presidenta. Los sectores: telecomunicaciones, financiero o energético.

Nuevos acuerdos

“Necesitamos tener unas garantías para la entrada de nuevos inversores y es el estado el que puede dárnoslas”, afirman fuentes de Duro Felguera. La sociedad aguarda la llegada del apoyo temporal por parte del estado mientras negocia con posibles inversores privados que suavicen las condiciones de la ayuda.

Varios empresarios han salido a la palestra mostrando su intención por entrar en la compañía. Así se pronunció a elDiario.es Blas Herrero, dueño de la emisora de radio Kiss FM, una de las grandes fortunas españolas, que admitió su posible entrada en Duro Felguera: “Estoy interesado, sigo viendo el tema y hemos hecho muchos acercamientos, pero todavía no hay nada concreto respecto a una compra directa. Hay que esperar un poco a ver cómo se define la situación en septiembre”.

La familia Domínguez de Gor, dueña de Mayoral, que ya entró en 2018 en la ampliación de capital, podría estar interesada en volver a hacerlo en este ejercicio, según fuentes financieras. De momento, han liquidado su participación en DF, que afronta un futuro incierto condicionado por el rescate del estado y por el impacto de la COVID-19, que ha paralizado la aprobación de grandes proyectos.

Aun así, DF acaba de firmar un contrato con la compañía canadiense Catena Carbon Industries para la elaboración de la ingeniería necesaria en diferentes instalaciones de Canadá. Se ha sumado este acuerdo al alcanzado a finales de agosto con la empresa minera Sigma Lithium, para el proyecto Grota do Cirilio, en Brasil.

“Nuestro objetivo es conseguir el apoyo necesario para mantener a Duro Felguera tal y como la conocemos, pero centrada en sus actividades más rentables y aprovechando toda su experiencia para crecer en nuevos nichos de negocio”, concluye la presidenta Rosa Isabel Aza.

“Dado el desgaste que para mí ha representado la defensa de los intereses de la compañía en los últimos meses, considero que ha llegado el momento de dar el relevo a una presidencia que impulse la nueva etapa que se abre para Red Eléctrica”.

Es una de las frases de la misiva que el exministro Jordi Sevilla ha entregado a cada uno de los consejeros de la empresa en la reunión de ese órgano celebrada este martes, en la que ha presentado su “dimisión irrevocable” como presidente no ejecutivo, según acaba de comunicar la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la misiva, Sevilla habla de “discrepancias” con el regulador, esto es, el Ministerio para la Transición Ecológica que lidera la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, si bien la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha negado este martes tras el Consejo de Ministros que su salida se deba a supuestas “injerencias o desavenencias políticas” entre el Ejecutivo y el exministro socialista. La titular de Hacienda, de la que depende la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dueña del 20% de Red Eléctrica, ha lamentado la dimisión de Sevilla en esta “estratégica” empresa.

En la carta, Sevilla alude a “restricciones externas sobrevenidas” para justificar su salida de un cargo en el que fue colocado en julio de 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, en el que tenía una retribución de algo más de medio millón de euros: “Las razones tienen que ver con restricciones externas sobrevenidas y discrepancias en el ámbito regulatorio que podrían afectar a la buena marcha de la compañía, a sus planes de futuro y a mi gestión como presidente”, dice Sevilla, cuya relación con la ministra Ribera se había deteriorado en los últimos meses.

“Elijo este momento para tomar esta decisión porque creo que hemos culminado con éxito una etapa relevante”, continúa Sevilla, que a continuación expone los principales hitos de su gestión en esta compañía del Ibex 35, cuyos ingresos dependen del BOE, dueña del monopolio de la red de alta tensión eléctrica y que tiene como mayor accionista al Estado.

“En el último año y medio hemos impulsado de manera decisiva la Transición Energética colaborando en la definición de los escenarios del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y haciendo realidad un récord histórico de integración de instalaciones de energía renovable en el sistema eléctrico, con la incorporación de más de 6.500 MW fotovoltaicos y eólicos en 2019”.

“Asimismo, y tal como requiere la norma, hemos entregado al Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta de planificación acorde con los criterios y principios definidos por el regulador para el desarrollo de la red de transporte necesaria en el periodo 2021-2026”.

Sevilla también dice haber “conseguido avances importantes en la consecución de nuestro Plan Estratégico, tanto en lo relacionado con la diversificación del Grupo, especialmente tras la compra de Hispasat, como en nuestro desarrollo de redes de transmisión de electricidad en América Latina”.

“Han sido también unos meses intensos en los debates con la CNMC sobre la nueva regulación que afectará a la retribución de nuestra actividad como transportista y operador del sistema eléctrico nacional”, añade Sevilla, que dice a cada uno de los consejeros: “Espero que entiendas y compartas mi apreciación de que lo mejor para la compañía es abordar la próxima etapa con una nueva presidencia al frente”.

Plan de Contingencia

Tras la renuncia de Sevilla, el consejo de administración de Red Eléctrica ha activado un Plan de Contingencia “que asegura la total normalidad de las actividades de la compañía y que establece cuáles son los órganos corporativos responsables de asumir transitoriamente las funciones del Presidente”. “El normal funcionamiento de la compañía queda garantizado al mantenerse plenamente las funciones ejecutivas del consejero delegado”, subraya la empresa.

Así, tal y como estaba previsto, la consejera independiente coordinadora, la aristócrata Carmen Gómez de Barreda Tous, va a asumir “transitoriamente” las funciones de la presidencia del consejo, aunque “sin ninguna función ejecutiva”, recalca Red Eléctrica. Por su parte, el consejero delegado, Roberto García Merino, “gestionará la representación de la compañía frente al Gobierno y la Administración del Estado”.

Además, “se ha puesto en marcha el proceso de selección de un nuevo presidente”, dice la empresa, que recuerda “que deberá ser nombrado por el Consejo de Administración previo informe favorable de la comisión de Nombramientos y Retribuciones y tras la pertinente convocatoria de la consejera independiente coordinadora”.

El todavía presidente no ejecutivo de Red Eléctrica, el exministro socialista Jordi Sevilla, prevé comunicar este martes su dimisión al consejo de administración de la empresa dueña de la red de alta tensión (cuyo mayor accionista es el Estado con el 20%), según confirman fuentes de la empresa, que justifican la decisión por “razones personales”.

La renuncia de Sevilla la ha avanzado El País, que apunta como motivo de la dimisión del exministro socialista las diferencias de criterio que mantiene con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sevilla nunca ha ocultado su discrepancia con la política económica que defiende Unidos Podemos, hoy en el Gobierno de coalición. Tampoco en su cuenta de twitter.

El todavía responsable de Red Eléctrica tiene una retribución que supera el medio millón de euros y fue nombrado en 2018 en sustitución de José Folgado (ex secretario de Estado con José María Aznar) presidente de esta compañía del Ibex, cuyo mayor accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Abandonaría el puesto sin indemnización, ya que Red Eléctrica no tiene establecidas cláusulas de blindaje para sus máximos responsables en caso de despido o renuncia voluntaria.

El exministro de Administraciones Públicas (2004-2007) accedió a su puesto, uno de los más codiciados en el tradicional proceso de relevos al frente de las empresas vinculadas al Estado, tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa y tras coordinar el programa económico del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo del hoy presidente del Gobierno.

Durante este tiempo, Red Eléctrica ha cerrado la milmillonaria compra del operador de satélites Hispasat y ha tenido que bregar con el fuerte recorte de la retribución de la empresa que ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en pleno proceso de apuesta por la digitalización y la transición hacia una economía descarbonizada.

El expolítico valenciano se incorporó a Red Eléctrica procedente de la consultora Llorente y Cuenca, de la que era vicepresidente. Licenciado en Económicas y nacido en 1956, Sevilla es miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1983.

Militante del PSOE, fue asesor económico del Gabinete de Presidencia del Gobierno (entre 1985 y 1990) y del gabinete del ministro de Agricultura de 1991 a 1993, cartera que entonces ocupaba Pedro Solbes, de quien también fue jefe de gabinete como ministro de Economía y Hacienda desde 1993 a 1996. También fue asesor de economía de Joaquín Almunia durante la etapa en la que éste fue secretario general del PSOE (1997-1998).

El 12 de marzo de 2000 fue elegido diputado por Castellón en la VII legislatura, en la que fue portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, vocal de la Diputación Permanente y miembro de la comisión de Infraestructuras. Fue uno de los encargados de la redacción del programa electoral socialista para las elecciones del 14 de marzo de 2004, que ganó el PSOE y en las que volvió a ser elegido diputado por Castellón.

Tras la victoria socialista fue nombrado ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cargo que abandonó en julio de 2007 y en el que fue sustituido por Elena Salgado. Previamente, fue asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso (1998-2000) y secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio de 2000-julio de 2004), con Zapatero como secretario general.

En la Administración ha sido jefe de la Sección de Asistencia Técnica en la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda (1983); subdirector territorial en la Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985), en Valencia; y jefe del Servicio de Productos Hortifrutícolas y Aceites en la Dirección General de Comercio Exterior (1985).

Autor de la primera ley que reguló el conflicto de intereses, en 2016, tras ser criticado por Pablo Iglesias, que le situó (por error) en la multinacional “House Water Watch Cooper” (se refería a su vinculación con la consultora PricewaterhouseCoopers), Sevilla defendía las denominadas puertas giratorias: “¿Solamente van a poder ser ministros los funcionarios o los ricos de familia?”.

Según dijo entonces, prohibir ese trasvase ahondaría aún más “en el abismo que hay entre el sector público y el privado”; “desde el sector privado muchas veces no se entiende lo público y desde lo público muchas veces no se entiende lo privado”. “Yo creo que el objetivo no es evitar la puerta giratoria, sino evitar el escándalo, la ilegalidad, la prevaricación”.

Una desigualdad y pobreza para las que las políticas existentes en España no sirven o, al menos, no son suficientes. Es la premisa de la que parte un estudio del Observatorio Social de La Caixa dirigido por el economista Jordi Sevilla, exministro socialista y actual presidente de Red Eléctrica de España a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. Diez expertos analizan nuevas fórmulas en torno a los conceptos de renta básica, rentas e ingresos mínimos, que podrían implantarse en España para afrontar este reto. Sevilla defiende una propuesta: una “renta fiscal universal” para garantizar un mínimo vital de ingresos para todo el mundo a través de la declaración de la renta.

El economista, que coordinó el programa económico del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo de Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles su propuesta, a través de la que todo el mundo tendría que hacer la declaración de la renta. También aquellas personas que tengan ingresos bajos, al contrario de lo que sucede en la actualidad, que están exentas (quienes ingresen rentas del trabajo de más de 22.000 euros de un pagador o más de 12.643 euros de varios pagadores).

El exministro ha explicado que durante mucho tiempo desde posiciones progresistas se ha considerado que este mínimo exento ayudaba a los colectivos con menos renta. Pero, en su opinión, el sistema impositivo está generando un tratamiento desigual desde el Estado: las personas con más ingresos tienen acceso a unos beneficios fiscales, “que no dejan de ser transferencias de renta que el Estado otorga a través del IRPF”, que no obtienen aquellos con más necesidades, las personas con menos renta que no hacen la declaración.

Sevilla ha subrayado “la incoherencia” de que incluso en ocasiones las ayudas sociales para personas con menos ingresos ligadas a determinadas cuestiones son menos generosas que los beneficios fiscales para las personas con más renta.

Por ejemplo: las desgravaciones por hijo que figuran en las rentas del IRPF frente a las ayudas por hijo a cargo para las familias con menos ingresos. Entre las primeras se contemplan deducciones fiscales de 1.200 euros anuales por cada hijo menos de 3 años o la deducción por familia numerosa de 1.200 euros, mientras que la ayuda por hijo para las familias más pobres es de 291 euros.

Cómo funcionaría la “renta fiscal universal”

La propuesta presentada este miércoles por Sevilla, titulada “crédito fiscal universal”, pretende crear un “mínimo vital que se convierta en una renta garantizada” que asegure un mínimo de ingresos a todas las personas “para satisfacer las necesidades básicas de todo individuo y, con ello, su plena libertad”, recoge el informe.

¿Cómo funcionaría? Todos los ciudadanos deberían presentar su declaración de la renta y, si están por debajo del mínimo vital que se estableciera a nivel nacional, el Estado les devolvería la diferencia. Si están por encima de ese mínimo, deberán pagar lo que corresponda de IRPF.

¿Cuál debería ser ese “mínimo vital”? El exministro y actual presidente de Red Eléctrica no se ha querido posicionar con una cifra en concreto, aunque en el estudio cita una cantidad que puede servir “de referencia”: los al menos 5.550 euros anuales que no se someten a tributación. Esta cantidad aumenta por varias circunstancias, por ejemplo, en 1.150 euros anuales cuando el contribuyente tiene más de 65 años.

Sevilla defiende que la medida tendría un impacto “universal” puesto que los contribuyentes se beneficiarían de la exención tributaria de ese mínimo, como ya ocurre en la actualidad, y los que no llegaran a ese nivel de renta la obtendrían por una transferencia del Estado.

En paralelo, recoge la propuesta, deberían incrementarse “gradualmente” las prestaciones y transferencias sociales hasta llegar a ese mínimo vital fijado desde el Estado. Sevilla ha defendido que no tendría sentido que las pensiones no contributivas o las rentas mínimas de inserción estuvieran por debajo de lo que el Estado ha establecido que es el mínimo necesario para vivir.

Sobre la financiación de la renta fiscal universal, la propuesta se sustenta en una lógica redistributiva en la que “unos ciudadanos pagan y otros reciben” según su situación económica, pero no define cómo se articularía. “Lo que sí sabemos es que los numerosos beneficios fiscales suponen un elevado coste presupuestario y ahí hay un amplio margen”, recoge el estudio.

Debate abierto y múltiples opciones

El economista ha recordado que su “renta fiscal universal” es solo una propuesta más entre las muchas existentes en torno al debate de la implantación de una renta básica universal, que ya están experimentando algunos países y ciudades.

De hecho, fuentes de PSOE recuerdan que tanto en el manifiesto Somos Socialistas de Pedro Sanchez con el que se presentó a primarias como en las resoluciones del 39 congreso de julio de 2017 ya se recoge una propuesta similar a la presentada ahora por Sevilla. Las mismas fuentes añaden que la Secretaria de Política Económica y Empleo ha estado trabajando durante los últimos dos años en la cuantificación de los efectos con microdatos y microsimulaciones de un impuesto negativo sobre la renta.

Sevilla ha explicado que en el informe completo Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica que ha coordinado para el Observatorio Social de La Caixa se abordan varias modalidades, con la participación de especialistas como Daniel Raventós, Ana Berenguer, José Moisés Martín Carretero y José Ignacio Conde-Ruiz, entre otros.

El exministro ha destacado que, pese a los diferentes enfoques de los expertos, todos comparten una premisa: la necesidad de implantar nuevas herramientas en forma de rentas básicas o mínimas para combatir la pobreza y la desigualdad ante la ineficacia del actual sistema de protección social.

El estudio recuerda que la Comisión Europea sitúa a España, junto con Italia, como el país donde las transferencias sociales benefician menos a las rentas más bajas, siendo uno de los sistemas fiscales que menos redistribución generan.

El consejo de administración de Red Eléctrica (REE) ha aprobado este martes proponer la designación de sus consejeros en su nueva adquisición, el operador de satélites Hispasat. La propuesta se formalizará en la junta de accionistas de Hispasat que se celebrará el próximo 3 de octubre. Implicará el cese de los quince representantes de Abertis y el nombramiento de un nuevo consejero delegado, Miguel Ángel Panduro, y ocho vocales, entre los que están el actual presidente de REE, el exministro Jordi Sevilla, y Constantino Méndez, ex secretario de Estado y ex diputado del PSOE.

Panduro, actual CEO de Hisdesat y vinculado a Hispasat desde su creación, sustituirá al actual consejero delegado, Carlos Espinós, y cuenta “con un amplio conocimiento de la industria satelital y de Defensa”. “Será el encargado de pilotar el nuevo plan estratégico de la compañía de satélites, cuyo foco estará puesto en una nueva estrategia comercial vinculada a los leosatélites, una decidida apuesta por facilitar la conectividad, tanto en España como en Latinoamérica, y el desarrollo de las actividades ligadas al campo de la Defensa y la Seguridad”, destaca REE.

La empresa subraya que Constantino Méndez, cuyo nombramiento como ministro de Defensa llegó a darse por hecho tras la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, es “conocedor de la industria de Defensa y con amplios conocimientos del mercado latinoamericano”.

Miembro del consejo asesor de Llorente & Cuenca, la firma de lobby a la que estuvo vinculado Jordi Sevilla hasta su nombramiento como presidente de REE, Méndez ha sido, entre otros cargos, director general del Instituto Social de la Marina (1983-1987), del Instituto Nacional de la Seguridad Social (1987-1993), diputado en el Congreso (1993-1996), secretario de Estado para las Administraciones Públicas (1994-95), delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid (204-2006) y secretario de Estado de Defensa (2008-2011).

Las propuestas de nombramientos, según REE, responden al deseo de Red Eléctrica Corporación de incluir en el consejo de Hispasat a tres miembros de su consejo (que son Sevilla, el consejero delegado del grupo, Roberto García Merino, y Carmen Gómez de la Barreda) y otros tres miembros de su equipo directivo: Ángel Mahou, Director Corporativo de Telecomunicaciones e Internacional del grupo; Teresa Quirós, directora Corporativa Económico Financiera, y Silvia Bruno, directora de Innovación y Tecnología de Grupo Red Eléctrica y responsable de su empresa tecnológica.

Según fuentes del grupo, todavía está por decidir quién presidirá Hispasat tras la adquisición del operador por parte de Red Eléctrica para sustituir a la actual presidenta, Elena Pisonero (nombrada por el Gobierno de Mariano Rajoy). La decisión, apuntan en Red Eléctrica, depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista minoritario de Hispasat y a su vez principal accionista de Red Eléctrica.

Cambios en la estructura de Red Eléctrica Corporación (REE). El operador del sistema eléctrico va a reforzar la independencia contable y funcional del Operador del Sistema y Gestor de la Red de Transporte y, por otro lado, va a impulsar el área de las telecomunicaciones, dentro y fuera de España, y la innovación tecnológica, creando dos nuevas direcciones: la Dirección Ejecutiva de Telecomunicaciones e Internacional y la Dirección de Tecnología.

La compañía anunció el febrero pasado que compraba el 89,68% del operador de satélites Hispasat que estaba en manos de Abertis, la concesionaria de autopistas adquirida el año pasado por ACS y la italiana Atlantia, propiedad de la familia Benetton, por 949 millones de euros.

El proceso de transformación interna busca adecuar la organización a la hoja de ruta que se planteó en el Plan Estratégico 2018-2022: “hacer posible la transición energética, consolidar la posición de la compañía como referente de infraestructuras de telecomunicaciones, expandir su actividad internacional en el ámbito eléctrico y en el de las telecomunicaciones, ser un referente en innovación tecnológica en el entorno de su actividad y fortalecer la eficacia operativa y la disciplina financiera”.

Con objeto de apoyar al Secretario General y del Consejo de Administración en el lanzamiento y ejecución del nuevo Plan Estratégico 2018-2022, se recupera la figura de la Vicesecretaría General, con rango de dirección y en dependencia de la Secretaría General del Grupo. aunque todavía no hay una persona asignada al nuevo puesto.

Para impulsar el desarrollo de los negocios no regulados se crea la Dirección Ejecutiva de Telecomunicaciones e Internacional, que asumirá la integración y el desarrollo de los negocios no regulados del grupo, incluido Hispasat, con el reto de situar al grupo como proveedor de referencia de infraestructuras de telecomunicaciones y expandir el negocio internacional.

Roberto García Merino será el nuevo Director Ejecutivo de Telecomunicaciones e Internacional. García Merino es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, MBA por el IE y PDG por el IESE y se incorporó a Red Eléctrica en 2004. Desde noviembre de 2015 ha sido Director Corporativo de Diversificación de Negocio.

Por otro lado, se crea la Dirección de Tecnología, que centralizará los recursos del Grupo en términos de innovación y desarrollo tecnológico. Silvia Bruno de la Cruz será la nueva Directora de Tecnología. Ingeniera civil, máster universitario en ingeniería de materiales y PDD por el IESE, se incorporó a Red Eléctrica en 2011. Desde diciembre de 2015 ha sido Directora de Aprovisionamientos.

Comité de Supervisión

Además de estos cambios, el Consejo de Administración ha aprobado crear un Comité de Supervisión del operador del sistema eléctrico, presidido por Jordi Sevilla, presidente de la compañía, que vigilará el cumplimiento de los criterios de independencia y confidencialidad, así como las obligaciones económicas financieras ante el impulso del negocio no regulado.

También se encargará una auditoría adicional externa para reforzar la verificación de la separación contable entre el Operador del Sistema y Gestor de la Red de Transporte y el Transportista y constructor de las redes de alta tensión y se suprimirá la participación del Director General de Operación en el Comité Ejecutivo y el Comité de Compras a fin de reforzar su independencia funcional, si bien hasta ahora éste se abstenía de participar en aquellas decisiones que pudieran afectar a la actividad de transporte.

Finalmente se va a modificar el Reglamento interno del Consejo de Administración para reforzar su papel como supervisor de la independencia del Operador del Sistema y Gestor de la Red de Transporte.

El presidente de Red Eléctrica (REE), Jordi Sevilla, ha apuntado este miércoles que “intereses espurios” quieren sembrar escepticismo sobre los efectos que el despliegue del coche eléctrico tendrán sobre la seguridad del suministro de electricidad. Según Sevilla, el sistema eléctrico “va a aguantar” porque “está preparado para darle una repuesta adecuada sin poner en el riesgo el resto de prestaciones que tiene que dar al turismo, la industria, las casas, etcétera”.

En un encuentro con la prensa, el presidente de REE ha querido “combatir el alarmismo” que, en su opinión, con “intereses espurios se está lanzando sobre la población” de que la implantación del coche eléctrico “va a producir un gran apagón”. “No se van a fundir los plomos”, ha remachado Sevilla, que preguntado por cuáles son esos intereses, ha recordado que “en todo proceso de transición hay quien gana y quien pierde; ha pasado así a lo largo de toda la historia”.

Ante las previsiones que maneja la compañía sobre penetración de estos vehículos, unos 2,4 millones de unidades para el año 2030 (ahora hay 25.000 entre turismos, autobuses e industriales), el exministro ha querido recalcar que el reto es “perfectamente asumible”. Teniendo en cuenta un consumo de 15 kWh por cada 100 kilómetros y una media de 14.000 km recorridos al año por vehículo, REE calcula que cada millón de unidades de coches eléctricos equivaldrá a un incremento aproximado del 1% de la demanda anual de electricidad y un ahorro del 50% en las emisiones, contando las generadas por el sector eléctrico para abastecer la demanda de esos vehículos.

Ese aumento de la demanda es perfectamente asumible, según la empresa, que para 2018 espera que el aumento del consumo eléctrico no llegue al 1%. Su director de Operación, Miguel Duvisón, ha recordado que REE ha gestionado en el pasado incrementos de la demanda superiores al 5% “sin ningún problema y los que van a venir se van a abordar con el parque actual y el que llegará”. “No hay ningún dato objetivo que nos permita afirmar que existe un riesgo de garantía de suministro”.

Convenio con la FEMP

Como muestra de la importancia que en REE se da a la contribución del coche eléctrico para la descarbonización de la economía, la compañía ha firmado esta semana un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para prestar apoyo a los ayuntamientos y diputaciones en materia de movilidad sostenible y el coche eléctrico.

REE, que estima, a partir de datos de Deloitte, que en los próximos diez o quince años el número de puntos de recarga públicos pasará de los 4.800 actuales a más de 110.000, prestará asistencia técnica a las entidades locales para ayudarles en los pliegos de licitaciones para la instalación de postes de recarga con este convenio, y evitar que (como ya ha ocurrido en algún caso) este tipo de concursos se queden desiertos.

El convenio, definido por Sevilla como “la apuesta más importante que se ha hecho hasta ahora en nuestro país para impulsar la infraestructura de recarga pública del coche eléctrico”, también pondrá a disposición de los ayuntamientos el Centro de Control del Vehículo Eléctrico (CECOVEL) de REE para la gestión inteligente de los puntos de recarga. Este acuerdo es la vía elegida por la empresa para contribuir al despliegue de estos postes, que REE no puede instalar por sí sola. “Nos lo prohíbe la ley”, ha recordado Sevilla. “Nosotros no hacemos negocio con esto”, ha asegurado.

Red Eléctrica de España (REE) prevé unas inversiones en la red de transporte de electricidad (con cargo a la tarifa de la luz) de unos 7.000 millones de euros para el periodo regulatorio 2020-2025, lo que supondrá “casi duplicar el ritmo” de las inversiones de su vigente plan estratégico, según ha señalado este martes el presidente no ejecutivo del acompañía, Jordi Sevilla, en un encuentro con los medios en la sede de la empresa en Madrid.

Sevilla no ha precisado qué subida de los peajes (parte regulada del recibo de la luz, que suponen en torno al 35% del total de la factura doméstica) implicaría ese aumento de las inversiones en la red de transporte, que es una actividad regulada que sufragan los usuarios. Pero sí ha recalcado que “el problema” de la subida de la luz “no está en Red Eléctrica”, cuyo coste en la factura del usuario ha cifrado entre el 4% y el 4,5%, y ha apuntado al mercado mayorista de electricidad donde las comercializadoras eléctricas compran la energía a las generadoras, y en el que REE no participa.

El exministro ha vinculado ese aumento de las inversiones de la empresa al necesario despliegue de la red de alta tensión que será necesario para integrar la potencia renovable prevista para los próximos años, en el marco de los compromisos de reducción de emisiones de la UE hasta 2030.

Esas inversiones son la principal “prioridad” que se ha fijado Sevilla tras llegar el pasado julio a la presidencia de la empresa, cuyo mayor accionista es el Estado con el 20% de las acciones. Así, REE está pendiente de que se fije la rentabilidad de sus actividades reguladas para el próximo periodo regulatorio. La propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es del 5,47% y REE ha pedido elevarla a entre el 6,2% y el 6,4%, lo que supondría recibir unos 120 millones más al año.

Lo que no es una prioridad para Sevilla es la compra de la compañía de satélites Hispasat, que ya fue aprobada por el consejo de administración y la junta de accionistas de REE durante la presidencia de José Folgado, antecesor del actual presidente. La operación “tiene sentido” y complementar la pata de telecomunicaciones de la compañía “no es un disparate en absoluto”, ha dicho Sevilla. Pero “no es mi prioridad”. Y menos “a cualquier precio”, ha señalado.

El exministro ha avanzado que REE ya ha reclamado al Ejecutivo que establezca “una tramitación excepcional, extraordinaria y acortando plazos para todo lo que tenga que ver con inversiones vinculadas a la Transición Energética”, de cara a la nueva potencia renovable que se va a instalar en España en los próximos años para cumplir con sus objetivos de descarbonización.

Según Sevilla, el tiempo apremia. Aunque “no partimos de cero”, el esfuerzo previsible para estos próximos años “es muy grande” y los plazos para tramitar las redes necesarias para evacuar la energía de cada nueva planta de generación “están en no menos de tres años” cuando “lo razonable sería reducirlo a la mitad”. Según Sevilla, hay “algún ejemplo” en el que la demora supera los 10 años. Se trataría de que “el Gobierno nos facilite los trámites y evite la situación que ya ha sucedido en el pasado de que haya permisos que se bloqueen”.

Sevilla, que ha descartado un troceo de REE en dos empresas separadas (operador del sistema y transportista), se ha referido así a la nacionalización de la empresa que ha pedido en el Congreso Podemos, principal socio parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez: “Si tienen 8.000 millones y mayoría suficiente del parlamento lo podrán hacer y cometerán uno de los mayores errores de la historia política”.

El que fuera alcalde de Cuenca, Juan Ávila, dirigirá el departamento de Innovación Social de Red Eléctrica de España( REE), según recoge el elperiodicodelaenergia.com. Se trata de un departamento de nueva creación para impulsar la colaboración proactiva de Red Eléctrica con la sociedad a la que presta sus servicios. Este departamento será dirigido por el socialista, Juan Ávila Francés.

Dependerá de la Dirección de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad que encabeza  el periodista científico Antonio Calvo Roy. Su nombre ya aparece en el organigrama de REE.

Juan Ávila ocupaba el cargo de secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con un discreto perfil. Un cargo para el que fue nombrado en septiembre de 2015.

El mayor accionista de Red Eléctrica es el propio Estado, con un 20% de las acciones en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Formará parte del nuevo equipo de la compañía que preside el socialista Jordi Sevilla desde el pasado mes de julio.

El Consejo de Administración de Red Eléctrica ha nombrado este martes al exministro socialista Jordi Sevilla consejero y nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, cuyo mayor accionista es el Estado con el 20% de las acciones en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Sevilla, que tendrá un sueldo superior al medio millón de euros anuales (su antecesor recibió 546.000 euros brutos en 2017), sustituye en el cargo José Folgado, ex secretario de Estado con José María Aznar y nombrado en 2012, aunque entonces sus funciones eran las de primer ejecutivo.

El nombramiento, a instancias del nuevo Gobierno, permite a Sevilla aterrizar en uno de los puestos más codiciados en el actual proceso de relevos al frente de las empresas vinculadas al Estado. Como la participación del Estado en Red Eléctrica (responsable de la red de transporte y de la operación del sistema) es minoritaria, no hay topes a los sueldos de sus máximos responsables, a diferencia de lo que ocurre en Aena, empresa semipública que también cotiza en el Ibex y de la que el Estado tiene el 51%.

“Es todo un reto asumir la presidencia de una gran empresa como Red Eléctrica, en un sector regulado en el que se debe compaginar la garantía de un buen servicio de suministro eléctrico con la asunción de los nuevos desafíos asociados a la digitalización y la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada”, ha indicado Sevilla en una nota de prensa difundida por la compañía en la que expresa su confianza “en la profesionalidad de sus trabajadores y directivos para alinear nuestros esfuerzos con lo que ya es un gran objetivo nacional”.

Sevilla (Valencia, 1956) era hasta ahora vicepresidente de la consultora Llorente y Cuenca y es licenciado en Económicas, funcionario por oposición y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1983.

Militante del PSOE, coordinó el programa económico de los socialistas para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo del ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Sánchez, y fue asesor económico del Gabinete de Presidencia del Gobierno (entre 1985 y 1990) y del gabinete del ministro de Agricultura de 1991 a 1993, cartera que entonces ocupaba Pedro Solbes, de quien también fue jefe de gabinete como ministro de Economía y Hacienda desde 1993 a 1996. También fue asesor de economía de Joaquín Almunia durante la etapa en la que éste fue secretario general del PSOE (1997-1998).

El 12 de marzo de 2000 fue elegido diputado por Castellón en la VII legislatura, en la que fue portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, vocal de la Diputación Permanente y miembro de la comisión de Infraestructuras. Fue uno de los encargados de la redacción del programa electoral socialista para las elecciones del 14 de marzo de 2004, que ganó el PSOE y en las que volvió a ser elegido diputado por Castellón.

Tras la victoria socialista fue nombrado ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cargo que abandonó en julio de 2007 y en el que fue sustituido por Elena Salgado. Previamente, fue asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso (1998-2000) y secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio de 2000-julio de 2004), con Zapatero como secretario general.

En la Administración ha sido jefe de la Sección de Asistencia Técnica en la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda (1983); subdirector territorial en la Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985), en Valencia; y jefe del Servicio de Productos Hortifrutícolas y Aceites en la Dirección General de Comercio Exterior (1985).

Autor de la primera ley que reguló el conflicto de intereses, en 2016, tras ser criticado por Pablo Iglesias, que le situó (por error) en la multinacional “House Water Watch Cooper” (se refería a su vinculación con la consultora PricewaterhouseCoopers), Sevilla defendía las denominadas puertas giratorias: “¿Solamente van a poder ser ministros los funcionarios o los ricos de familia?”.

Según dijo entonces, prohibir ese trasvase ahondaría aún más “en el abismo que hay entre el sector público y el privado”; “desde el sector privado muchas veces no se entiende lo público y desde lo público muchas veces no se entiende lo privado”. “Yo creo que el objetivo no es evitar la puerta giratoria, sino evitar el escándalo, la ilegalidad, la prevaricación”.

Su antecesor al frente de Red Eléctrica, José Folgado, ex alcalde popular de Tres Cantos de 74 años, ha calificado estos años en Red Eléctrica de “experiencia extraordinaria en todos los sentidos” y se ha mostrado “seguro de que la compañía, con su nuevo presidente a la cabeza, sabrá afrontar los retos que conlleva la transición energética”.

Diez economistas del PSOE o cercanos a este partido han difundido este martes un pequeño manifiesto en el que señalan que “el euro vuelve a estar en problemas, pero no por España”. “No es, como dicen algunos, por la situación política en España” sino por la posibilidad “de que exista un gobierno antieuropeo en Italia. Todos los analistas asumen que pase lo que pase el viernes, España tendrá un gobierno constitucional y plenamente comprometido con el euro y el proyecto europeo”.

El manifiesto, acompañado por un vídeo del exministro y ex asesor económico de Sánchez, Jordi Sevilla, va en contra de los mensajes lanzados en los últimos días por miembros del Gobierno como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la moción de censura presentada el pasado viernes por Sánchez.

Firman el documento economistas que han ocupado puestos de responsabilidad en gobiernos del PSOE o en este partido como el propio Sevilla, el ex comisario europeo Joaquín Almunia, el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2004-2008), Carlos Arenillas y el ex responsable de Economía del partido Manuel de la Rocha; también lo suscriben el presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros; la ex diputada del PSC y directora de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez Sampere; José Moisés Martín; Daniel Fuentes; Milagros Avedillo; y Belén Santa Cruz.

Los firmantes, “que llaman a que se unan otros muchos más”, señalan que el “principal factor explicativo de la desconfianza que se está adueñando de los mercados financieros” es, “sin duda, la posibilidad de que se instale en Italia un Gobierno antieuropeo que ponga en marcha un mecanismo de salida del euro”. “Acusar al escenario político que se vive en España como causante de esta situación es faltar a la verdad”.

“Ahora lo que se está viviendo es una presión sobre el conjunto de la eurozona debido a que puede haber un problema fiscal, un problema serio de sostenibilidad de la deuda pública con riesgo de salida del euro, en la tercera economía más importante de Europa”, señala el manifiesto, que añade que para los medios financieros internacionales “la situación política de España es de poca o ninguna relevancia a la hora de explicar esta situación en los mercados”.

“España ya vivió una larga temporada de gobierno interino con mercados estables, crecimiento económico y reducción del desempleo. Ahora, el impacto sobre la deuda o sobre los mercados españoles no está siendo más importante que el impacto sobre Portugal, Grecia, Irlanda o Japón”.

“Como economistas, sabemos que correlación no implica causalidad. La prima de riesgo española inició su crecimiento el 16 de mayo, nueve días antes de la sentencia por el caso Gürtel y diez días antes de la presentación de la moción de censura, conjuntamente con el crecimiento de las primas de riesgo de Portugal, Grecia e Italia. La zona euro está en dificultades de nuevo, pero no es, como dicen algunos, por la situación política en España”, reiteran.

El exministro socialista Jordi Sevilla ha esperado al final del congreso del PSOE para anunciar que dejaba de comprar y leer El País, cuya línea editorial se ha caracterizado en los últimos tiempos por hacer oposición a Pedro Sánchez.

Tres horas después del tuit de Sevilla, El País publicaba su editorial sobre el congreso del PSOE, titulado “Decepcionante PSOE”. En él, el diario afirma: “Lo único evidente en el nuevo PSOE es que combina una hostilidad visceral al PP, un partido esencial si se quiere reformar la Constitución con garantías de éxito, con continuos guiños a Podemos y los independentistas, cuyo compromiso con la Constitución, bien por razones ideológicas o territoriales, es débil cuando no inexistente”.

Y prosigue: “El nuevo PSOE quiere sembrar entre los votantes de izquierda la esperanza de que es posible desalojar a Rajoy de La Moncloa este mismo otoño. Todo ello pese a que, como se ha visto en la investidura, la negociación presupuestaria y la moción de censura, la aritmética parlamentaria actual no dé para ese empeño. Políticamente, además, es dudoso que un partido tan desdibujado por el tacticismo y la confusión sea capaz de conformar una alternativa viable y a la vez estable al bloque conformado por el PP y Ciudadanos, que la inconsistencia del nuevo PSOE sin duda cimentará al convertirlos en adalidades de la estabilidad”.

En su editorial tras la victoria de Sánchez en las primarias del 20 de mayo, criticó duramente el proyecto político del secretario general del PSOE. “La propuesta programática y organizativa de Sánchez”, afirmaba El País, “ha recogido con suma eficacia otras experiencias de nuestro entorno, desde el Brexit hasta el referéndum colombiano o la victoria de Trump, donde la emoción y la indignación ciega se han contrapuesto exitosamente a la razón, los argumentos y el contraste de los hechos. En este sentido, la victoria de Sánchez no es ajena al contexto político de crisis de la democracia representativa, en el que se imponen con suma facilidad la demagogia, las medias o falsas verdades y las promesas de imposible cumplimiento”.

El País proseguía: “Sería ilusorio pensar que el PSOE no está en este momento ante un riesgo de la misma naturaleza. En todos los casos, la demagogia —conocida en Podemos o Trump— de los de abajo contra los de arriba se ha impuesto a la evidencia de la verdad, los méritos y la razón. Debemos asumir que esto nos sitúa ante una situación muy difícil para nuestro sistema político”. Y concluía: “En un momento en el que España enfrenta un grave problema territorial en Cataluña, era más necesario que nunca que el PSOE se configurase como un partido estable y capaz de suscitar amplios apoyos. Lamentablemente, el proyecto de Sánchez, en el que no cuenta con nadie que represente el legado de 22 años de Gobierno del PSOE ni ningún poder territorial significativo, aboca al partido a la profundización de una ya gravísima crisis interna. Como demuestran las debacles electorales que sufren los socialistas en toda Europa, y como ya han experimentado los socialistas en España, los márgenes para la supervivencia y relevancia del proyecto que aspiran a encarnar son de por sí ya muy estrechos. En esas circunstancias, la confusión ideológica y el modelo de partido asambleario en el que se ha apoyado Sánchez fácilmente podrá desmovilizar aún más a sus votantes y alejar a los socialistas del poder”.

En su editorial tras la moción de censura de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy, El País también aprovechó para criticar a Pedro Sánchez: “El silencio de Pedro Sánchez ante la moción de censura, aunque espere a su confirmación como secretario general el próximo fin de semana en el congreso del PSOE, es poco comprensible ante una ocasión de debate político como la que transcurre en el Parlamento. Y la decisión de abstenerse le deja desdibujado y sin argumentos claros frente a unos y otros. En política, los vacíos no existen, son rápidamente ocupados por otros”.

Jordi Sevilla hace público en su último libro (Vetos, pinzas y errores, Ed. Deusto) un episodio que sucedió durante la conocida reunión que mantuvimos PSOE, Podemos y Ciudadanos el 7 de abril de 2016.

El pasaje en cuestión tiene trascendencia dado que, en el fondo, refleja el tipo de preocupaciones e intereses con los que las distintas fuerzas políticas abordamos aquel proceso de negociación para alumbrar un posible gobierno de cambio. Y tiene relevancia además no sólo para entender el pasado reciente, sino porque se refiere a una cuestión central del debate político actual: ¿cómo garantizamos pensiones de calidad?

La delegación de Podemos expusimos en aquella reunión algunas medidas de política económica que considerábamos fundamentales para empezar a negociar un gobierno de cambio. En materia de pensiones manifestamos nuestra oposición a la reforma de pensiones del PP (también a la del PSOE) y, en particular, planteamos la necesidad de volver a un marco de revalorización de las pensiones vinculado al IPC. Fue llegados a este punto cuando Jordi Sevilla, como él mismo cuenta en su libro, interrumpió crítico: “¿Y qué haremos los años que tengamos IPC negativos?¿Es esa vuestra fórmula de izquierdas?”.

Efectivamente, como relata el exministro, enmudecimos. No dábamos crédito. ¿Realmente la preocupación del equipo económico del PSOE era la fórmula de revalorización de las pensiones en años de deflación? ¿Acaso es un problema macroeconómico que los años con IPC negativo las pensiones se mantengan congeladas (actuando como freno frente a la temible deflación)? ¿Pretendía con ello Jordi salvaguardar la última reforma de pensiones del Partido Popular? ¿O es que estaba pensando en pedirles a los pensionistas reducciones en sus prestaciones durante los años en los que cayesen los precios?

Nos resultó desconcertante que el obstáculo para hablar de cómo “reformar las reformas” del Partido Popular fuese un fenómeno –como la deflación– prácticamente desconocido en nuestro país. Entre 1960 y 2009 España no ha conocido ningún año con inflación negativa (gráfico 1). Más de 190 trimestres seguidos con inflación interanual positiva, hasta la llegada de la crisis. De nuevo, desde el último trimestre de 2016, el crecimiento interanual de los precios vuelve a ser positivo, acelerándose hasta el actual 2,3%.

La reforma de las pensiones que acometió el Gobierno de Rajoy en 2013 desindexó el crecimiento de las prestaciones del crecimiento de los precios. Desde entonces, las pensiones cuentan con un índice de revalorización que establece una subida mínima anual del 0,25%, y máxima del IPC más 0,5%. Además, mientras la caja de la Seguridad Social tenga déficit, este índice establece que una parte de lo recaudado se destinará a reducir dicho déficit a una tasa anual del 25%.

Con este sistema de indexación, como cabía prever, las pensiones han crecido en los últimos 4 años el mínimo posible, un 0,25% al año. Esto no ha sido particularmente traumático mientras la inflación se ha mantenido en el entorno del 0%. No obstante, en cuanto hemos vuelto al patrón tradicional de la economía española, la pérdida de capacidad adquisitiva de los jubilados (que ya fue de un -5% en 2010-2012), ha empezado a instalarse. En el año 2016 la actuación del índice de revalorización se ha traducido en una pérdida de capacidad adquisitiva de un 1,4% (gráfico 2). Y para 2017 la pérdida de capacidad adquisitiva esperada es muy similar.

(*) Dato para 2017 estimado, para una inflación prevista del 1,5%.

Fuente: García Díaz, M.A. y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.García Díaz, M.A.

El episodio que revela Jordi Sevilla en su libro no es anecdótico. El ritmo de revalorización de las pensiones es una variable económica y social esencial. Los pensionistas son actores que difícilmente pueden protegerse de subidas de la inflación dado que, una vez fuera del mercado de trabajo, carecen de mecanismos efectivos que les permita evitar dicho riesgo.

Un reciente informe de FEDEA –uno de los think tanks que impulsó las reformas de 2011 y 2013– es meridianamente claro en este sentido: “La normativa actual exigiría con toda probabilidad la cuasi-congelación de las pensiones ya existentes durante varias décadas [….] lo que supondría una gradual pérdida de poder adquisitivo a lo largo de la vida del pensionista que, con la esperanza de vida actual, podría superar el 30 por ciento con tasas de inflación moderadas”.

En este contexto de erosión de las pensiones, ¿acaso lo relevante para establecer la orientación de un gobierno de cambio pasaba por discutir qué hacer en tiempos de inflación negativa? No sólo fue poco relevante, sino que resultó abiertamente contraproducente, dificultando que se abordase el verdadero problema que hoy presenta nuestro sistema de pensiones: cómo incrementar sus ingresos para garantizar simultáneamente su sostenibilidad financiera y la mejora de las prestaciones. La referencia de Jordi Sevilla a la deflación en aquella reunión, teniendo en cuenta la experiencia histórica española, sonó a excusa.

Ligar las pensiones al IPC significa establecer un “suelo” que asegure, como mínimo, mantener la capacidad adquisitiva. Pero esto no significa que la referencia a la inflación deba ser también un techo, y que por tanto deban de reducirse las pensiones en términos nominales si hay deflación. De hecho, si la productividad crece, lo razonable sería que los pensionistas se beneficien también de esta mejora de la economía (de forma que no tengan siempre una capacidad de compra constante cuando sin embargo la renta per capita del país no deja de crecer). Esto justificaría que la pensión en términos nominales crezca por encima del IPC, de forma que no sólo se mantenga la capacidad adquisitiva, sino que esta pueda incrementarse (particularmente para las pensiones de menor cuantía), tal y como sucede con los salarios.

El pasaje al que Jordi Sevilla hace referencia en su libro revela igualmente –para muestra un botón– el orden de prioridades de quienes hasta el momento han ocupado responsabilidades económicas en el PSOE. La crisis de la socialdemocracia, atrapada aún en el bucle del neoliberalismo, debería invitar a repensar el camino de quien se dice parte de dicha corriente ideológica. Los próximos equipos económicos socialistas, ¿profundizarán la tendencia social-liberal de los equipos anteriores, o centrarán su preocupación en la defensa de los derechos colectivos y el bienestar de la mayoría social?

En concreto, y en materia de pensiones, esto debe de traducirse en la apuesta honesta por “reformar las reformas” de 2011 y 2013, evitando toda erosión futura de las prestaciones, y garantizando el aumento significativo de las pensiones de menor cuantía. En ese camino resultará seguramente más fácil que nos podamos encontrar sin “vetos, ni pinzas, ni errores”.

Jordi Sevilla (Valencia, 1956) ha aprovechado su situación privilegiada en la sala de máquinas de Ferraz durante la última etapa de Pedro Sánchez como secretario general para escribir el libro 'Vetos, pinzas y errores' (Editorial Deusto) sobre las negociaciones frustradas de la investidura y lo que pasó en el PSOE tras las elecciones del 26J. Redactó junto a José Enrique Serrano un informe con el que los socialistas podían defender la abstención pero Sánchez decidió mantener el “no es no”. Él era partidario de pedir la cabeza de Rajoy, pero el exsecretario general no quería interferir en la vida de otros partidos.

Dice que el libro no va contra nadie, pero tampoco es una defensa cerrada del que fue su jefe. Reconoce que tuvo parte de responsabilidad en la “incomunicación” con los líderes territoriales del PSOE y entiende las causas de la rebelión que acabó con la dimisión de Sánchez, aunque lamenta que los socialistas llegaran a tal punto. Evita decantarse en público por uno de los aspirantes a hacerse con los mandos del partido, aunque ya ha decidido a quién votará. “Los tres candidatos que de momento se postulan son buenos”, dice en un momento de enconamiento total.

Usted acusa a Podemos de que el gobierno de Pedro Sánchez no fuera posible. ¿Se equivocó el PSOE al no intentarlo primero con Podemos?

No es una acusación, es una evidencia. Pedro Sánchez se presenta a una investidura y el señor Pablo Iglesias vota no. Por tanto, si Pedro no fue presidente fue responsabilidad del señor Iglesias. Podemos discutir las causas. Si, como ellos dicen, fue culpa de que pactamos con Ciudadanos o, como digo yo, porque no quería pactar con nosotros desde el principio. Lo que pasa es que ellos no dan razones y yo las doy citando a los medios de comunicación. Nosotros empezamos negociando con IU y Compromís a la par. Nuestra estrategia era, a través de IU y Compromís, llegar a Podemos, pactar con ellos y a partir de ahí dirigirnos a Ciudadanos. Cuando empezamos con IU y Compromís y las relaciones fueran muy bien y había bases para el acuerdo, llegamos a Podemos y no quiere. Empiezan a darnos hasta seis portazos.

Muy personalmente Pablo Iglesias dijo que no de manera a veces un tanto estentórea, como aquella de la sonrisa del destino haría a Pedro Sánchez presidente o con ofensas de vez en cuando recordando que para ellos era imprescindible el referéndum catalán, cuando eso no podía ser. Cuando nosotros constatamos que Podemos no quiere pactar con nosotros y luego hemos sabido por qué y es porque esperaban el sorpasso en otras elecciones, como hemos sabido que una parte importante de Podemos, que es la de Iñigo Errejón, considera aquello un error, es cuando decidimos centrarnos en Ciudadanos para acudir a la investidura con más votos. 

Tras la investidura fallida, ¿por qué no se empezó desde cero para intentar conseguir un acuerdo que pudiera avalar Ciudadanos aunque fuera con la abstención?

Siempre dijimos que los bloques no daban -PSOE y Podemos no daba una suma suficiente- y que había que buscar la transversalidad. Tras la investidura fallida, entramos en un proceso de negociación distinto en el que hubo una reunión a tres en la que Podemos nos entregó un viernes un documento. Ciudadanos y nosotros quedamos en darles una respuesta y sin esperarla el sábado Pablo Iglesias dio una rueda de prensa rompiendo. Esto está en las hemerotecas. Lo que me sorprende es que Pablo Iglesias no tenga la gallardía de asumir que él no quiso que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno porque esperaba derrotarlo en las elecciones y que se esté buscando coartadas absurdas que no responden a la verdad recogida en la historia y los periódicos. 

Si la decisión hubiera dependido de Iñigo Errejón, ¿Pedro Sánchez sería presidente?

Visto lo que he visto en los papeles de Vistalegre II seguramente sí. Claramente reconoce que fue un error no facilitar la investidura de Pedro Sánchez y da la razón al hablar claramente de viejos enconos antisocialistas del viejo comunismo en un personaje como Iglesias que se reivindicó de Anguita en esas fechas. No lo digo yo, lo dicen el 40% de los miembros de Podemos que votaron a Errejón. Salvo que Errejón también forme parte de la trama, pues a lo mejor resulta que los que están equivocados son ellos y no yo. 

¿Pero en febrero-marzo de 2016?

Nuestra percepción era que iban a apoyar porque eso es lo que estábamos viendo en IU y Compromís; nuestros contactos con Ada Colau, nuestras conversaciones paralelas con En Marea... Creímos que había un clima que sería capaz de vencer la resistencia de Pablo Iglesias. Su convicción de que en otras elecciones lograría vencer al PSOE debió convencer a los demás y la evidencia es que el PP y Podemos votaron no. 

¿IU y Compromís no llegaron a votar un acuerdo para no quedarse descolgados de Podemos?

Tengo la impresión, porque en contenidos no teníamos grandes diferencias y trabajamos en las bases de IU para una investidura y las propuestas de la agenda valenciana de Compromís, que el acuerdo era posible. Creo que les dio miedo acordar con el PSOE si no lo hacía también Podemos. 

¿El acuerdo que propuso Pedro Sánchez en septiembre de 2016 era imposible?

Es el gobierno que propusieron también en un manifiesto centenares de artistas, intelectuales y políticos que estaban atónitos de que una demanda mayoritaria para un cambio no se recogiera. Pedían expresamente un acuerdo entre Podemos, Ciudadanos y el PSOE. En ese momento era ya mucho más difícil entre otras cuestiones porque afloraron los vetos entre Podemos y Ciudadanos que se presentaron a las elecciones como regeneradores y renovadores de la política y cuando se sentaron en el escaño se convirtieron en lo más rancio y lo más antiguo de la clase política.

Si ya se había demostrado imposible, ¿por qué dijo que lo iba a intentar?

Porque nos costaba mucho resignarnos a que Rajoy volviera a ser presidente y nos parecía que era la obligación intentarlo hasta el final. 

¿Quería Pedro Sánchez terceras elecciones?

Cuando ves que la posibilidad de un gobierno del cambio no es fácil entramos en un escenario del mal menor. Si como todos estamos de acuerdo rechazamos el apoyo de las fueras independentistas, solo quedaban dos opciones: facilitar la investidura de Rajoy o intentar ir a terceras elecciones. Los dos como mal menor. No conozco ningún socialista de los defensores de la abstención o que se hayan abstenido como diputados que lo haya hecho convencido de que fuera magnífico que Rajoy fuera presidente sino como desbloqueo. Hubo gente del PSOE, que fueron mayoritarios, que acordaron que el mal menor era abstenerse y había otros que pensaban que el mal menor era abstenerse. 

¿El PP hubiera tenido mejor resultado en unas terceras elecciones?

Es posible que el PP hubiera tenido algo mejor de resultados y no hubiera hecho falta la abstención del PSOE y es muy probable que el PSOE hubiera tenido mejor resultado a costa de Podemos. Pero esto nunca lo sabremos. 

Antes del 26J defendió que los partidos deberían dejar gobernar al candidato que más apoyos recabara. Fue el caso de Mariano Rajoy. 

Y el de Pedro Sánchez en marzo. 

Pero en agosto fue Rajoy. ¿Está de acuerdo con la decisión de la abstención?

En un momento en el que es evidente que había un bloqueo porque no estaba prevista esta situación, quiero insistir en lo excepcional del momento. En algunas comunidades tienen resuelto el problema en situaciones como esta pero nuestra Constitución no lo tiene previsto. Por tanto, creo que esa puede ser una formula de desbloqueo, pero esa fórmula se tiene que acordar entre todos y llevar a una modificación de la Constitución y del Reglamento. Hasta que no se haga pactado con el resto de partidos. Esa fórmula en marzo hubiera hecho presidente a Pedro Sánchez. 

Entonces le parece bien que se hiciera en octubre en el caso de Rajoy. 

No, porque en ese momento esa norma no estaba en vigor. No se hizo por esa razón. Si se hubiera hecho por esa razón no hubiera hecho falta la abstención del PSOE porque Rajoy tenía más votos a favor que cualquier otro candidato porque no hubo más candidatos. Creo que fue un mal menor en un contexto muy complicado. Se produjo en un momento, como estamos viendo estos días, que Rajoy tenía más alternativas. Había en el Parlamento votos suficiente para que fuera presidente sin recurrir a la abstención del PSOE. Esos votos son los que está intentando sumar para el apoyo a los Presupuestos. Rajoy no hizo todo lo posible para ser investido presidente porque, en parte, contemplaba con cierta satisfacción las peleas que se estaban produciendo en el seno del PSOE. 

En cualquier caso, en Ferraz llegaron a plantearse la abstención de manera seria y elaboraron un informe. ¿Hubo un momento en el que Pedro Sánchez la valoró?

Era una opción, claro. Como había otra opción que era un gobierno de cambio y otra que eran unas terceras elecciones. Lo sorprendente es que no se hubiera estudiado. Lo relevante es por qué después de estudiarse de rechazó. 

En aquel momento nadie nos dijo que se estuviera estudiando. ¿Por qué se rechazó?

Hay una parte importante de los procesos de reflexión interna de los partidos que no siempre se tienen que hacer públicas. Se rechazó por tres razones: había una mayoría alternativa que podía hacer presidente a Rajoy sin necesidad de la abstención del PSOE -desde las primeras elecciones democráticas nunca el primer partido de la oposición se ha tenido que abstener, ni con el golpe de Estado de Tejero, ni en ese contexto-; dos, el militante y el votante socialista estaba radicalmente en contra, no tanto del PP, sino de la figura de Rajoy, muy ligada a los recortes y a los escándalos de corrupción; y, en tercer lugar, cuando Sánchez se reúne con Rajoy en julio, le plantea que no quiere la abstención para la investidura, que quiere cogobernar con el PSOE, que le apoye los presupuestos, el techo de gasto...

Esto es un abrazo del oso porque el PSOE, desde 2008, hasta ahora ha perdido seis millones de votos y muchos los ha perdido porque alguna gente considera que PP y PSOE se parecen demasiados. Una estrategia de cogobernar con el PP, dejando como portavoz de la oposición es Podemos, es una estrategia que debilita al PSOE. Se llegó a la conclusión de que no por esas tres razones. Había razones y argumentos a favor del “no es no” como lo estamos viendo ahora: ¿por qué el PSOE no pacta los presupuestos con el PP? ¿Por qué no ha pactado el decreto de estiba? Porque no es fácil cuando eres el portavoz de la oposición estar pactando la gestión diaria del gobierno con el gobierno sobre todo si quieres mantener una imagen y una diferencia perceptible para esos seis millones de votantes que quieres recuperar. 

Cuando se hace toda esa reflexión interna, ¿a Pedro Sánchez le hubiera ido de otra forma si en esa primera semana de julio en la que se reúne con los barones les hubiera contado esto, que se está planteando la abstención, para ver cómo lo ven?

No lo sé, pero tengo que reconocer que ningún barón, salvo Fernández Vara, lo planteó y que en el Comité Federal del 9 de julio se reafirmaron todos en la declaración de diciembre que era “no” Rajoy y “no” a ningún candidato del PP. Es verdad que ha fallado comunicación en el seno de la dirección del PSOE porque los canales de comunicación y confianza venían oxidándose desde hace tiempo. Es verdad que se pudo haber gestionado de manera distinta la abstención, las terceras elecciones o el gobierno alternativo. Siempre el secretario general tiene más responsabilidad, pero no es el único responsable. 

¿Se bunkerizó Pedro Sánchez tras las elecciones del 26J?

Creo que no. En el periodo de julio y agosto estamos barajando qué hacer. Recuerdo la frase del presidente de la gestora de que todos sabíamos lo que había que hacer pero no sabíamos cómo ganar un congreso después. La pelea interna estaba condicionando mucho la actuación externa del PSOE y lo ha reconocido Javier Fernández. Hasta el debate de investidura de Rajoy en agosto la posición mayoritaria, al menos la pública, era votar “no” a Rajoy. A partir de ahí empieza a correr el tiempo de las elecciones y se producen las elecciones vascas y gallegas. Entonces la dinámica fue distinta. En el momento en el que hubo negociaciones hubo un equipo que actuaba como equipo asesor pero como no hubo negociaciones no lo hubo y la dirección estaba muy centrada en las elecciones vascas y gallegas. 

¿Intentó Pedro Sánchez perpetuarse en el poder con esa propuesta de congreso exprés para el 1 de octubre?

Me parece que no. Si Pedro Sánchez hubiera querido ser presidente le bastaba con aceptar las condiciones de Pablo Iglesias o le bastaba con aceptar el referéndum para Cataluña y si hubiera querido ser vicepresidente le bastaba haber aceptado el gobierno de coalición. No estamos hablando de ambiciones personales. Estamos hablando de que si todos sabemos lo que hay que hacer pero entonces no sabemos ganar el congreso, rompamos este nudo gordiano: hagamos el congreso y una vez despejado el liderazgo, quien gane que decida lo que hay que hacer. Intentó invertir el orden para liberar al partido.

Pero jugaba con ventaja...

No lo sé. A los hechos me remito. 

¿Venden mejor unas tercera elecciones que la abstención ante los militantes?

No parece que jugara con mucha ventaja cuando dimitió como secretaria general. 

¿Entiende la rebelión de los barones contra él?

Entiendo por qué se produce pero me cuesta comprender cómo se llegó a un punto de enfrentamiento e incomunicación que nos llevara a esta situación. El nivel de incomunicación que yo he visto ahora no sé dónde se originó pero me llama mucho la atención. 

¿Es la persona adecuada para liderar el partido ahora tras haber sido parte de esa incomunicación?

Estamos en una etapa nueva. Todo lo que ha pasado abre un periodo en el que espero que todo el mundo sea capaz de entender lo que ha pasado para evitar que se vuelva a repetir. Los tres candidatos que de momento se postulan son buenos candidatos. Los tres tienen larga trayectoria y experiencia y los tres tienen una gran capacidad de liderazgo. No me asusta que gane uno, otro u otro. Los tres van a estar con los mismos deberes al día siguiente: unir al partido, conseguir que me apoyen los que no me han votado y ofrecer a esos seis millones de votantes que no votaron al PSOE un proyecto creíble e ilusionante para volver a ganar las elecciones. Ese va a ser el objetivo de los tres. No creo en proyectos personales, el PSOE no es una cuestión de una persona; por tanto, creo que serán capaces de generar equipos, entornos y dirección suficientes para hacerlo.

¿A pesar de que Pedro Sánchez no fue capaz de conseguirlo al no hablarse con seis de los siete presidentes socialistas al final de su mandato?

Entramos en una etapa distinta en la que todo el mundo ha aprendido. Es verdad lo que usted dice y lo lee bien, pero también se puede leer desde el otro sentido: había presidentes que no se hablaban con el secretario general. Todo el mundo ha debido de aprender. No conozco a ningún socialista que este contento con lo que pasó el 1 de octubre ni que esté entusiasmado con que Rajoy sea presidente. No creo que nadie vuelva a cometer esos errores. 

¿Qué le parece que Pedro Sánchez haya cambiado de gurú económico?

Hace diez años que dejé de ser ministro y ocho de ser diputado. En estos ocho años he trabajado siete en el sector privado y uno en el PSOE. Volví al PSOE desde el sector privado y dije claramente que no volvía a la política, que volvía a la campaña electoral de Pedro Sánchez. Eso era mi compromiso. A nadie le sorprendió que cuando ese compromiso desaparece yo me vuelvo a donde estaba, al sector privado. Dejo la política fuera. Pedro Sánchez es libre de elegir...

¿No le ha pedido ayuda?

Sí, él y no es el único candidato que me lo ha pedido. Pero a todos les dijo lo mismo: yo ya no estoy en esa guerra, ya no estoy en la política de partido, como militante voy a votar pero no tengo ningunas ganas de volver. 

¿Se puede saber a quién va a votar?

Se podrá saber después de votarlo.

En el libro es muy crítico con el periódico El País. ¿Cree que trató de influir en la opinión pública y en los socialistas en esos días de septiembre y octubre?

No soy consciente de ser muy crítico con El País, soy muy crítico con dos titulares y un editorial de El País, que no es exactamente lo mismo. Desde mi punto de vista, se hicieron para influir, claro. Pero seguro que usted también quiere influir desde su medio. A mí me sorprendió que eso lo hiciera un diario como El País porque mi interpretación de lo que estaba ocurriendo era radicalmente contraria a la que vi reflejada en esos dos titulares y una editorial. 

¿O sea que no fue una presión como dijo Pedro Sánchez?

Entiéndalo como quiera. Yo no digo que hubiera presión o no presión. A mí no presionó nadie; a lo mejor porque no era tan importante como para presionarme y tampoco lo hubiera aceptado. En la democracia uno debe ser capaz de resistir incluso de los populismos y creo que sí es verdad que cuando pones en un titular algo que va en contra de los estatutos del partido en el sentido de que das una interpretación a los estatutos que no es la correcta creo que no es un error sino que se juega a favor de parte y creo que sí, que hubo un momento en el que el periódico El País voluntaria y conscientemente tomó partido por una de las facciones que peleaban en el PSOE y a mí, como lector de El Pais, no me gustó.

Esas presiones que dijo Pedro Sánchez debieron producirse en reuniones a las que asistió usted porque acudía a los encuentros con los denominados poderes fácticos. ¿Puede ser que él interpretara que fueran presiones cuando no lo eran?

No he ido a todas. Él ha ido a algunas en las que yo no estuve y yo tuve muchas en las que él no estaba. En aquella época creo que me entrevisté con casi todos los altos dirigentes del llamado Ibex-35 y tengo que decir dos cosas y si molestan a alguien pues lo siento. Primera, yo no noté una unanimidad ni una posición unánime en el seno del Ibex-35. De hecho, yo creo que no existe como tal. Ahí hay gente que vota a partidos distintos, que tiene visiones distintas, que tiene intereses muy distintos y que juega cada uno en una cuestión distinta.

Por tanto, todas estas ideas del Ibex-35, la trama, me parece que son engañabobos. Segunda, no recibí ni percibí ninguna presión. La gente te expresa su opinión, como cuando cogía un taxi o me iba a tomar un café a un baro o cuando hablaba con los periodistas. La gente expresa su opinión e incluso sus preferencias. Pero no me siento presionado porque alguien discrepe o no con lo que estoy haciendo. No me parece ni que sea cierto que los poderes económicos influyan en la política ni me parecería adecuado que los políticos se plegaran a los intereses del Ibex-35.

Cuando dice que no había unanimidad en el Ibex-35 entiendo que es sobre lo que tenía que pasar en España. 

Claro. Había gente de todos los partidos, las opiniones y las creencias. En cualquier colectivo hay gente que discrepa -lo hemos visto incluso con el congreso de Podemos-. En el Ibex-35 lo mismo, cada uno tiene sus intereses, sus preferencias, sus opiniones y, por cierto, representan a empresas en las que trabajan miles de personas, muchos de los cuales seguro que votan a Podemos.