Hace ya más de una década desde que la noche de La Laguna comenzó a empañarse. A partir de 2009, el Cuadrilátero, una popular zona de ocio nocturno de Tenerife, fue escenario de estafas, incendios y un asesinato. Todos estos episodios integran el caso Corredor, una operación en la que se investigaron delitos económicos, irregularidades administrativas y supuestos tratos de favor hacia los locales propiedad del que era entonces el “dueño” de la noche lagunera: el empresario y abogado Evaristo González. Fue otro empresario, Carlos Calderón, el que destapó esta trama, cuyo nombre proviene de la intención de crear un corredor de apuestas en la ciudad.

Su local, el Sketch, estuvo mucho tiempo en el punto de mira de González. Según las investigaciones policiales, el objetivo era despojarse de Calderón para convertir el negocio en un local de apuestas. El pasado 13 de abril, dos denuncias resucitaron el caso. 

Evaristo González, de acuerdo con uno de los atestados policiales a los que ha tenido acceso esta redacción, estaba seguro de que saldría beneficiado de un cambio legislativo que se gestaba entonces en el Parlamento de Canarias. El 15 de julio de 2010 se aprobó la Ley 8/2010 de los Juegos y Apuestas, que permitía las apuestas y la instalación de máquinas recreativas “en establecimientos cuya actividad principal no sea el juego”. Esta norma se amplió a través del Decreto 98/2014 y el Reglamento de Apuestas Externas de Canarias. Desde ese momento, las casas de apuestas se multiplicaron en la ciudad universitaria de La Laguna.  

El Sketch, propiedad entonces de Carlos Calderón, era para Evaristo González “el mejor sitio en la zona de La Laguna de toda la vida para ubicar uno de estos locales de apuestas”, tal y como se desprende de los documentos policiales. Según las diligencias de la Policía Nacional, el empresario estaría “dispuesto a cualquier cosa para desalojar al denunciante del pub Sketch”. Así lo confirmó también Alejandra Medina, una testigo esencial, en declaraciones a la Policía. Ella aseguró haber estado presente en una reunión en la que participaron Evaristo González, Fernando Clavijo (entonces concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento) y Roberto Remiro, entonces gerente de Urbanismo. Según los documentos policiales, en esa conversación, el empresario llegó a afirmar que metería “mierda” en el local de Calderón. 

El negocio de las apuestas 

La Policía Nacional destaca en sus investigaciones una conversación telefónica “del todo significativa” entre Evaristo González y uno de sus socios, Carlos Machín Quintero, asesinado a tiros en La Laguna en 2018. En ella, Evaristo cuenta que se ha entrevistado con “Ferrer”. Según el atestado, se refería a Juan Ferrer Martínez, vicesecretario de la empresa Sistemas técnicos de consumo, SA - SITECSA. González y Ferrer conversaron acerca del reglamento sobre juegos y apuestas que se discutía entonces en el Parlamento regional. Entonces, en Canarias gobernaba Coalición Canaria, con Paulino Rivero al frente. 

Los empresarios ya anticipaban que la gestión de los locales de apuestas sería asignada a una empresa vinculada a SITECSA y relacionada con el juego y las máquinas tragaperras. “Antes de la aprobación del reglamento por el Parlamento de Canarias ya tienen conocimiento de qué posible empresa será la beneficiaria de la concesión”, resalta el documento policial. Además, Evaristo González confirma que se le asignará un local de apuestas. En esta misma conversación, ambos hablaron del Sketch como el mejor sitio en la zona de La Laguna “de toda la vida” para ubicar una de las casas de apuestas. 

A los investigadores les llamó la atención la forma en la que Evaristo González hablaba del Sketch, obviando que era propiedad de otra persona. “Da la impresión de que Evaristo cuenta con la plena disponibilidad del local, pues en ningún momento se hace mención a estos hechos. Es más, de sus palabras parece como si no existiera impedimento alguno”. 

Incendios para “amedrentar” a Calderón

El Sketch se vio afectado por dos incendios. El primero de ellos tuvo lugar la madrugada del 13 de diciembre de 2009 y, el segundo, en torno a las 15.00 horas del 13 de abril de 2010. El domicilio particular del denunciante del caso Corredor también fue calcinado el 17 de abril de 2009. Para los investigadores, “no es descabellado pensar” que esta campaña de incendios fuera perpetrada por un mismo grupo de “delincuentes” con el objetivo de “amedrentar” a Carlos Calderón. 

En relación con los incendios, Calderón fue condenado en 2019 por un intento de estafa. La sentencia, emitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, concluyó que el empresario había intentado cobrar 150.000 euros del seguro, atribuyendo el destrozo del local al segundo incendio y no al primero, que calcinó la discoteca y era anterior al contrato de la póliza. Además, el fallo recoge que el segundo fuego se inició en un garaje colindante y no en el propio local. 

El 13 de abril de 2023 se cumplió el trece aniversario del segundo incendio del local. Con el objetivo de que la sentencia condenatoria sea revisada, Calderón presentó dos denuncias por falsificación de documentos ante el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, del que es titular el juez que comenzó a llevar el caso Corredor, César Romero Pamparacuatro. El denunciante apunta que la condena fue “fabricada” con el objetivo de desprestigiarle y restarle credibilidad por haber denunciado la trama que llegó a salpicar al expresidente de Canarias Fernando Clavijo en su etapa como concejal de Urbanismo y alcalde de La Laguna. 

Fraudes a la Seguridad Social 

Las investigaciones derivadas de la denuncia de Calderón dieron lugar a dos piezas separadas del caso Corredor. Por la primera, Evaristo González terminó siendo condenado a ocho años de prisión y a una multa de 5 millones de euros por fraude a la Seguridad Social entre 2006 y 2010. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife había solicitado 44 años de cárcel para el empresario por encabezar una organización criminal dedicada a defraudar las arcas públicas. 

Según la Policía Judicial, una red de 38 empresas superó el desfalco de 4,5 millones de euros. Entre ellas, el pub Kapitel del Cuadrilátero. Allí, la Inspección de Trabajo identificó en 2011 a nueve trabajadoras que no estaban dadas de alta. 

Evaristo González también ingresó en prisión acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su socio Carlos Machín. El empresario fue asesinado a tiros en el aparcamiento de la Escuela de Idiomas de La Laguna a las 22.50 del 17 de abril de 2018. Machín recibió dos disparos. Uno en el pecho y otro en la cabeza. Aunque algunos testigos escucharon hasta ocho detonaciones. El 27 de abril de 2022, el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna acordó la puesta en libertad provisional bajo fianza de 50.000 euros de Evaristo González. También quedó en libertad provisional y con una fianza de 10.000 euros el autor material del crimen. 

La pieza 22 

El caso Corredor salpicó en una pieza separada al expresidente del Gobierno de Canarias y también candidato a la Presidencia de la comunidad autónoma en las próximas elecciones de mayo, Fernando Clavijo (CC). Poco antes de las elecciones autonómicas de 2015, la causa quedó archivada al anularse unas conversaciones telefónicas captadas por la Policía que le comprometían. En estas escuchas se oía a Clavijo conversar con Blanca Pérez, entonces concejala de Bienestar Social, sobre cómo gestionar los fondos públicos para ganar votantes en Las Chumberas y cómo repartir las ayudas a los vecinos más influyentes. 

El auto dictado por la jueza Matilde Rocío Flores Esquivias, en el que autorizaba la prórroga de las escuchas, desapareció incluso del sistema informático Atlante, controlado por la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno canario. La desaparición de este documento fundamental hizo saltar por los aires la pieza política del caso Corredor. Este auto autorizó pinchazos telefónicos que fueron claves para imputar a Clavijo por hasta cuatro delitos: tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. 

Esta investigación se inició gracias a una información envida a la Asociación de Periodistas de Investigación.

El Juzgado de lo Penal número 9 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cerca de ocho años de prisión al empresario  y abogado Evaristo González Reyes por el caso Corredor. El fallo condena a González a seis años de cárcel e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo del a condena y a una multa del triple y medio de la cuota defraudada, con responsabilidad  penal subsidiaria de un mes de privación de libertad por cada 50.000 euros impagados, por un delito de fraude a la Seguridad Social entre 2006 y 2010. También ha sido condenado a un año, once meses y quince días de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por ser el autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad documental.

El Juzgado ha condenado además a penas de prisión de entre cuatro y diez meses por falsedad a otros seis de los procesados en esta pieza: Hercilio José Padrón, Yolanda María Geara, Fabián Echeverry, Mayra Alejandra Echeverry, Josefa Pilar Geara y María Lourdes González. En cambio, han sido absueltas de todos los cargos estas ocho personas: Francisco Óscar González, Alberto Isidro Santano, Eudes Emiliano Leandro Silva, Cosme Quintero, Israel Barreto, Juan Carlos Martín, Juan Carlos Alonso y Ricardo Félix González. A todos los condenados, la sentencia les concede el beneficio de una atenuante de dilaciones indebidas. 

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicitó un total de 44 años de cárcel para Evaristo González por encabezar una organización criminal dedicada a defraudar a las arcas públicas. El escrito de acusación consideró que el principal acusado de esta causa era el responsable de 10 delitos contra la Seguridad Social y dos de falsedad en documento mercantil y oficial (uno de ellos en concurso con un delito de estafa). El letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social pedía 30 años para el empresario. 

Durante la investigación del caso Corredor, se desveló la existencia de una red de 38 empresas que, según la Policía Judicial, supera el desfalco de 4,5 millones de euros. Entre ellas, el pub Kapitel del Cuadrilátero de La Laguna, donde la Inspección de Trabajo detectó en 2011 a nueve trabajadoras que no estaban dadas de alta, aunque una de ellas cobraba la prestación de desempleo. 

Este caso salpicó en una pieza separada, la número 22, al expresidente del Gobierno de Canarias y entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. Justo antes de las elecciones autonómicas de 2015 quedó archivada la causa al anularse unas conversaciones telefónicas que le comprometían captadas por la Policía. En estas escuchas, en las que los cuerpos de seguridad investigaban la trama de presuntos favores a empresarios de la noche lagunera, se descubrió que el entonces alcalde y la concejala de Bienestar Social  (también vicececonsejera de Medio Ambiente en la pasada legislatura), Blanca Pérez, maquinaban cómo gestionar los fondos públicos para ganar votantes en Las Chumberas y cómo manipular las ayudas a otorgar a determinados vecinos influyentes. Un defecto formal en la instrucción permitió que las grabaciones quedaran anuladas. 

Evaristo González también ingresó en prisión acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su exsocio Carlos Machín en el aparcamiento de la Escuela de Idiomas de La Laguna. El juez también ordenó la privación de libertad de otros dos acusados como autores materiales y dos cómplices. 

Los inspectores de Trabajo y funcionarios de la Seguridad Social que han comparecido este miércoles como testigos en el caso Corredor han coincidido en que las empresas gestionadas por el acusado Evaristo González actuaban sistemáticamente con opacidad ante los requerimientos para esclarecer la situación laboral de sus trabajadores.

En la sesión celebrada este miércoles en el juicio que se sigue contra el abogado y empresario por presunto fraude a la Seguridad Social comparecieron inspectores y técnicos que han expuesto cómo recurrentemente había trabajadores sin dar de alta en las empresas de restauración y ocio nocturno regentadas por el acusado. Esto mismo fue afirmado por un policía que investigó el caso y que testificó en la sesión del día anterior.

El miércoles una inspectora de Trabajo relató que instruyó actas de infracción tras sendas visitas al Pub Kapitel en mayo de 2008 y a la Tasca Don Tito, ambas en La Laguna, tras detectar que tenían empleados sin dar de alta en la Seguridad Social.

Esta acta posteriormente derivó en otra por obstrucción dado que tras ser citada la empresa para explicar esta situación ante la Inspección no compareció nadie, algo que en este caso parecía “habitual y reincidente”, añadió.

Explicó además que en el caso de la Tasca Don Tito no había “Libro de Visitas” y una de las personas que se encontraba en el local proporcionó como documento para verificar los datos de la empresa una factura.

Reiteró la inspectora que con frecuencia en las empresas de Evaristo González que eran objeto de inspección no se aportaba la documentación necesaria para constatar que cumplían con la legalidad.

Al respecto, el acusado, que como abogado ejerce su propia defensa, insistió en preguntar a la inspectora acerca del resultado de los expedientes de infracción abiertos y si habían caducado, a lo que esta subrayó que entiende que no lo han hecho y que en todo caso no tiene por qué conocer la conclusión del procedimiento porque no es de su competencia.

Una segunda testigo de la acusación señaló que en una visita al Pub Kapitel en 2011 había una trabajadora sin dar de alta en la Seguridad Social que se encargaba de servir copas y que relató a la inspección que había comenzado a trabajar en el local el fin de semana anterior y estaba de prueba.

Al comprobar los datos se verificó además que dicha trabajadora estaba percibiendo la prestación por desempleo, indicó la testigo, quien detalló que el resto de empleados del Kapitel estaban dados de alta en otra empresa de González, Comercial Osgozón.

Entre los trabajadores que no se encontraban dados de alta figuraba, según la testigo, el gerente del Kapitel, Carlos Machín, quien murió asesinado en abril de 2018 en un crimen que de acuerdo a la investigación policial fue instigado por Evaristo González, quien se encuentra en prisión a la espera de juicio por ese caso.

La testigo dijo además, a preguntas de la acusación, que la opacidad era habitual en la forma de actuar de estas empresas y consideró que de esta forma se conseguía “que no se siguiera investigando”.

En este punto Evaristo González se dirigió a la testigo con el argumento de que habla de opacidad pero no indica dónde están las resoluciones que podrían confirmar si hubo irregularidades, a lo que la inspectora señaló que no tiene conocimiento de ello.

Otro testigo de la acusación, funcionario de la Seguridad Social, se refirió a una visita realizada en noviembre de 2011 a la Tasca El Obispado en la que se constató que tres trabajadores no estaban dados de alta en la Seguridad Social y posteriormente la empresa comunicó que había regularizado a uno de ellos en Comercial Osgozón, pero posteriormente a la visita de inspección.

El testigo subrayó que una empresa siempre tiene la obligación de dar de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social desde el inicio aunque estén en periodo de prueba y señaló que también se abrió un acta de obstrucción tras una visita a la Tasca El Obispado por la negativa sistemática de la empresa a aportar los datos requeridos.

Sin embargo este testigo respondió negativamente cuando Evaristo González le preguntó si se había levantado un acta similar a Comercial Osgozón, y reiteró que sus empresas enviaban a la Seguridad Social los documentos conocidos en la época como “TC1” y “TC2” con los pagos realizados por estas sociedades en concepto de cotización mensual.

En los mismos términos que el resto de testigos habló un funcionario de la Seguridad Social, quien también identificó trabajadores en situación irregular tras una visita al restaurante El Tablón de la Canela, gestionado por Comercial Mirabal.

Uno de los agentes de la Policía Nacional que investigó el caso Corredor ha declarado este martes en el juicio que el empresario y abogado Evaristo González era quien dirigía las empresas a través de las cuales, según la acusación, se defraudaron más de 1,6 millones de euros a la Seguridad Social.

En la sesión del juicio han testificado los inspectores de trabajo y de la Seguridad Social que levantaron las actas de infracción en distintos locales de ocio de La Laguna por la presencia de trabajadores que no estaban dados de alta.

Los establecimientos estaban a nombre de sociedades a cuyo frente, según la acusación, Evaristo González ponía a testaferros, aunque en realidad era él el propietario y quien dirigía las operaciones.

En esa línea ha ido el testimonio del agente de la Policía Nacional, convocado por la Fiscalía, que estuvo a cargo de la transcripción de las escuchas que mantenía el empresario con sus “hombres de paja” y con la secretaria de su empresa, que se interceptaron a partir de 2009.

Junto a Evaristo Gonzalez, que como letrado participa en su propia defensa y para el que la fiscalía pide 44 años de prisión, se sientan en el banquillo trece colaboradores o supuestos testaferros, con peticiones de prisión entre dos y ocho años.

Uno de sus supuestos testaferros de entonces, quien también estaba imputado en la causa, era el empresario Carlos Machín, asesinado en 2018 presuntamente por encargo del propio Evaristo González, en prisión preventiva por ese caso desde el pasado año.

El agente policial explicó que en las conversaciones interceptadas se escucha cómo se preparaban nóminas falsas que servían para pedir créditos, se fabricaban despidos ficticios o se ocultaban propiedades del empresario a nombre de las sociedades que creaba.

Entre esas propiedades figuraban al menos varios vehículos y dos casas, una en el sur de Tenerife y otra en Puerto de la Cruz, según el testimonio del agente.

Esas casas, en las que el empresario residía y que describía como suyas en sus conversaciones, estaban registradas a nombre de sociedades que formaban parte del “entramado empresarial” que Evaristo González dirigía y a cuyo frente ponía a personas de su confianza, “cabezas visibles” u “hombres de paja”, según el policía.

En algunos de esos negocios de ocio se realizaron inspecciones de la Seguridad Social en las que se identificó la presencia de trabajadores a los que no se daba de alta, pero los representantes de las sociedades a cuyos nombres figuraban los establecimientos nunca comparecieron cuando fueron requeridos para presentar la documentación correspondiente.

Las actas levantadas fueron tanto por fraude a la Seguridad Social como por obstrucción a la inspección, al no aportar ningún tipo de documentación, según declararon los funcionarios actuantes.

Uno de ellos explicó que es muy poco habitual que una empresa inspeccionada no comparezca, “un porcentaje insignificante”, del orden de uno o dos casos en un año en el que puede realizar 300 inspecciones.

“Al no comparecer, la empresa no solo no se defiende, sino que obstruye la labor inspectora”, dijo el testigo.

El empresario Evaristo González Reyes, cuyas actividades tienen como epicentro al municipio tinerfeño de La Laguna, nunca pasa inadvertido. Este viernes, durante la celebración de la tercera sesión del juicio por la pieza principal del caso Corredor, decidió adornar su ya de por sí llamativa imagen con una bufanda roja que resaltaba aún más su presencia entre el resto de letrados, según informa Mirametv.com

Sentado en la bancada de los abogados, a pesar de ser el principal acusado de una presunta trama dedicada a perpetrar supuestas estafas, escuchó con atención el anuncio de la Fiscalía, que reafirmó en sus conclusiones la pena que solicita para el dueño de numerosos locales de ocio de la ciudad de Aguere: 16 años de cárcel.

La Fiscalía, que también ratificó su escrito de acusación contra los otros siete encartados, considerados testaferros en la presunta red criminal tejida por González Reyes, describió al empresario lagunero como una persona “cuya dinámica era siempre la misma: obtener un beneficio ilícito a costa de lo que fuera”.

A lo largo de las cuatro horas que duró la sesión, celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, la representante del Ministerio Público aprovechó para apuntalar los indicios que han llevado al banquillo a la supuesta trama. La declaración de los agentes de la Policía Judicial que investigaron los hechos, en una instrucción que comenzó en 2010, ayudó este viernes a clarificar algunos aspectos que sustentan la causa.

Aunque el caso Corredor saltó a la primera plana con la detención en 2012 de González Reyes, que pasó varios meses en prisión provisional, y del resto de acusados; el momento álgido de la instrucción, que dirigió en su fase más decisiva el juez César Romero Pamparacuatro, se vivió con la imputación del entonces alcalde de La Laguna, hoy presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo.

La pieza separada que afectaba al líder de Coalición Canaria terminó archivada tras anularse gran parte de las intervenciones telefónicas. El procedimiento quedó entonces sustentado en solo cinco meses de pinchazos, tiempo más que suficiente para sostener la acusación de la causa principal y de otro procedimiento, pendiente de juicio, por un presunto fraude a la Seguridad Social.

La posición de la fiscal, que ha llegado sola a la primera vista oral del caso Corredor, tras la retirada de la acusación particular después del archivo de la pieza que afectaba a Clavijo, contrasta con el otro lado de la sala, donde se aprietan los abogados de los procesados.

Junto a González Reyes, que se representa a sí mismo por medio de su extensión jurídica y una de las personas de su máxima confianza, el abogado Santiago Martínez, se sientan el resto de representantes legales. Todos ellos pidieron la libre absolución de los encartados y, bajo una estrategia centralizada en el letrado del cabecilla de la presunta trama, intentaron desacreditar el trabajo policial y las intervenciones telefónicas en las que se basan gran parte de los indicios.

Delante de todos ellos, el tribunal encargado de enjuiciar la causa: la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Si hay un magistrado que se caracteriza por ser un martillo con las partes, ese es el presidente de la sala, Francisco Javier Mulero. Los tres responsables de juzgar el caso Corredor fueron recusados sin éxito por Evaristo González Reyes, que acabó sancionado por mala fe. El resultado es que hoy no se permitió ninguna de las numerosas preguntas “impertinentes” que realizó el abogado Santiago Martínez, aunque la fiscal también se llevó algún rapapolvo por no concretar algunas de sus intervenciones.

El momento más tenso de la tercera sesión del juicio se vivió con la declaración del instructor jefe de la Brigada de la Policía Judicial que llevó a cabo la investigación. Fue claro en su discurso, como transparentes eran las conversaciones telefónicas entre los acusados. “Daban muchos datos, nombres y fechas; no tenían ni idea de que estaban siendo intervenidos y dejaban indicios claros de las estafas”, exclamó el agente a preguntas del Ministerio Público.

Actuación policial

El abogado de González Reyes, cuando lograba superar las constantes reprimendas del tribunal, buscó lanzar barro sobre las actuaciones de la Policía. Para ello insistió en recalcar lo que considera vicios durante la instrucción de los agentes: no pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad del Cuadrilátero lagunero, en referencia a una de las presuntas estafas, vinculada a un supuesto incendio provocado en la discoteca BB+ para engañar a una aseguradora; mostraron pruebas supuestamente precintadas a testigos sin estar presente la secretaria judicial o, aunque la pregunta no fue permitida por el presidente de la sala, permitieron que el principal acusado se fumara un puro en el registro de una de sus propiedades.

Aunque el instructor jefe llegó a reconocer que “las investigaciones nunca son perfectas”, se mostró tajante a la hora de ratificar el trabajo policial. “Todo lo que escuchábamos en las conversaciones telefónicas lo íbamos corroborando documentalmente”, explicó a preguntas de la fiscal.

En la que fue la declaración más larga de la jornada, relató que la presunta trama de Evaristo González pivotaba sobre “lo que en el argot llamamos testaferros y hombres de paja”, en clara alusión a los demás componentes del banquillo de los acusados. El resto de agentes que desfilaron este viernes ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se manifestaron en la misma línea.

A Evaristo González Reyes se le acusa por varios delitos de estafa, de intento de estafa y de presentación de testigos falsos. Los hechos parten de los pinchazos que llenaron los oídos de los agentes de la Polícia Judicial entre los meses de abril y septiembre de 2010. El resto de intervenciones telefónicas, hasta enero del año siguiente, fueron anuladas tras no aparecer el auto judicial que tenía que haberlas autorizado.

Testaferros y hombres de paja

En el punto de mira del tribunal se encuentra la bautizada como estafa de Intermobil. Los hechos se resumen así: el cabecilla de la presunta trama inscribió los 4.800 metros cuadrados de la parcela que hoy ocupa una marca comercial de venta de muebles a nombre de un cliente suyo, al que solo le correspondía un local de 75 metros cuadrados.

Con un poder de su cliente, realizó gestiones para obtener un crédito hipotecario de más de dos millones, para lo que utilizó como garantía la nave de Intermobil, “a sabiendas de que nunca iba a devolver el importe de ese préstamo”, según el relato de la Fiscalía. Entre lo documentación encontrada por la Policía en los registros de las propiedades de González Reyes figura un supuesto contrato ficticio de arrendamiento, que habría sido usado para dar más credibilidad a la operación, entre el cliente y la empresa por 12.000 euros mensuales.

Otra de las presuntas estafas está relacionada con la compra de un Volkswagen Touareg, de los que nunca se abonaron 46.183 euros de los casi 52.000 euros que costaba el vehículo. Todo ello gracias a una operación de ingeniera patrimonial que describe la fiscal en su acusación. Un representante de los vendedores reclamó este viernes el pago de la cantidad adeudada como responsabilidad patrimonial de los acusados.

El reembolso de un billete de avión en la agencia de viajes de El Corte Inglés, mediante un parte hospitalario de un médico que estaba de vacaciones, y que este viernes no recordó casi nada durante su declaración como testigo; el presunto engaño a una aseguradora para cobrar la indemnización por un incendio provocado en la discoteca BB+, según una conversación telefónica en la que González Reyes afirma que “este sí me salió bien”; la compra fraudulenta de piezas de marfil a una pareja, valoradas en más de 20.000 euros; o el supuesto uso de testigos falsos en una causa judicial para ayudar a una amiga son el resto de hechos que conforman los miles de folios que se acumulan sobre la mesa de los tres magistrados de la Sección Quinta.

La fiscal repasó una por una todas las actuaciones que considera delictivas. “Hay pruebas suficientes para condenar a González Reyes”, destacó a lo largo de la hora casi exacta que duró su intervención final. El turno de las defensas fue más breve, sobre todo porque quedó en el aire por falta de tiempo la exposición del abogado Santiago Martínez, que se reanudará en la última sesión del juicio, fijada para el próximo 22 de abril.

Los letrados de los llamados testaferros también aprovecharon sus conclusiones para cuestionar las intervenciones telefónicas y los registros realizados. Cuando bajaron al fondo de los hechos, lo hicieron para insistir en el papel secundario y la debilidad de las pruebas contra sus representados. La Fiscalía no quiere dejar libre de responsabilidad a los que considera “los hombres de paja de los que se valía” Evaristo González Reyes. La última palabra la tendrá el tribunal que preside Francisco Javier Mulero, que antes de dejar la pieza principal del caso Corredor vista para sentencia tendrá que escuchar al abogado del considerado cabecilla de todo, aunque. eso ya será después de la Semana Santa.

Las escuchas telefónicas realizadas por la Policía con autorización judicial en el marco de la operación Corredor ya apuntaban en 2010 cuál era el modo de operar de la mayoría gobernante de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna para ganar adeptos y comprar voluntades al socaire de la crisis de la urbanización Las Chumberas. El asunto ha vuelto a la portada de los diarios al descubrirse que el Consistorio ha sido incapaz de gestionar adecuadamente los fondos destinados a paliar el problema ocasionado a los vecinos al descubrirse que sus bloques de viviendas de protección oficial estaban afectados por aluminosis.

El Ayuntamiento reclama al Ministerio de Fomento que le permita ampliar los plazos para aplicar el plan de reposición de las viviendas e invertir el dinero transferido, cuyo destino es ahora mismo una incógnita. La crisis data de la etapa en la que Fernando Clavijo, actual presidente del Gobierno, era alcalde de la ciudad (2008-2015) y se ha extendido hasta la actualidad con su sucesor, José Alberto Díaz. Pero en 2010, cuando la Policía investigaba una trama de presuntos favores a empresarios de la noche lagunera, el caso Corredor, se descubrió que los fondos públicos para atender este problema vecinal se gestionaban mal desde el principio. Y todo apunta a que el principal objetivo era utilizarlos para captar adeptos para Coalición Canaria.

Fernando Clavijo y varios de sus concejales estuvieron investigados en aquella trama, pero un defecto formal en la instrucción permitió que las grabaciones, en las que aparecían conspirando para manipular valoraciones sobre las ayudas a otorgar a determinados vecinos muy influyentes, quedaron finalmente anuladas.

La concejala de Bienestar Social, a la sazón Blanca Pérez, hoy viceconsejera de Medio Ambiente del mismo Gobierno regional que preside Clavijo, llegó a prevenir telefónicamente al alcalde de la ciudad del grave riesgo de estar incurriendo en prevaricación al tramitarse ayudas para los vecinos cuyas condiciones socioeconómicas no se adecuaban a los mínimos exigibles para otorgarles determinado tipo de ayudas para realojos.

Los policías responsables de la investigación que dio lugar a la pieza separada número 22 del caso Corredor, en la que fueron investigados el entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y tres concejalas más (la socialista María José Castañeda, y las nacionalistas Blanca Pérez y Aymara Calero), tenían claro que “las pruebas evidenciaban la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental” en relación con los dineros públicos de Las Chumberas.

La mencionada Pieza 22 se acabaría archivando después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la nulidad de las intervenciones telefónicas practicadas desde el 21 de septiembre de 2010 en adelante, y entre ellas estaba esta del 29 de septiembre a las 15:43:10 horas, entre Clavijo y su concejala de Bienestar Social:

- Blanca: “Oye, uhm tenemos un problema serio con el, con el expediente de María José Castañeda [concejala del PSOE]... porque son ingresos de..., de tres mil y pico euros y una cosa es que alguien se pase por 200 euros o por 500 dadas las circunstancias, pero es que no estamos hablando de eso...”.

Blanca Pérez explica a Fernando Clavijo que la concejala socialista Castañeda y también afectada de Las Chumberas no es la única que sobrepasa los límites para percibir ayudas, hay otras dos personas más. Sin embargo el caso de Castañeda es el peor, ya que los sobrepasa con creces.

- Blanca: “Los únicos que se pasan de esa manera, hay uno que se pasa, hay, hay unos tres que se pasan, que se pasan de tal, de tal. Uno de ciento y pico euros, otro no llega a 200 euros que... oye... dada la circunstancia, no se qué no sé cuánto, tú tú tú, vale, pero estamos hablando de ¿cómo se tramita una ayuda de emergencia social a una persona que cobra 3.000 euros?”

- Fernando: “¿El único que se disparata es el de ella?”

- Blanca: “El de ella. El otro, el otro tiene 1.800 euros”... “el Richard (en alusión a Ricardo González Martín, portavoz de la plataforma de afectados de Las Chumberas) es un caradura también de puta madre, dos militantes socialistas de puta madre ¿vale? Dos súper socialistas ¿vale?”.

Durante la conversación Blanca Pérez reconoce que “...el problema es que estamos hablando de un tema serio, uhm, serio para ella seguramente, políticamente cuenta con que nosotros no filtremos nada, seguramente... pero estamos hablando de un tema duro”.

Ese mismo día, a las 22:28:02, ambos interlocutores vuelven a hablar sobre el mismo asunto:

- Blanca: “Estuve hablando con la secretaria del rollo este de María José Castañeda (…) y en principio el tema tal y como está, pues hay, hay que informarlo negativo y hay que cargárselo, ¿entonces? Pero claro, como tú comprenderás no me hace ninguna gracia, prefiero salvarle la vida pero contárselo, ¿vale?”.

Por lo que para que María José Castañeda pueda acceder a esta ayuda deciden promover otra subvención que no tenga limitación de ingresos.

- Blanca: “Entonces, si yo, si yo creo la partida y la encomienda para Las Chumberas (a la empresa municipal Muvisa) y en las condiciones tal... en la que no pongo, no pongo tope de ingreso y no sé qué no sé cuánto... ella está en su... está en su derecho, en una subvención genérica para Las Chumberas, como cualquier ARI, no sujeta a la emergencia social, porque... el problema no es que yo vaya a decir nada ni que lo vaya a recurrir, sino que lo puede recurrir el que sea y desde lo que lo recurra la que está... eh, hay tres personas que están incurriendo en prevaricación”.

El 30 de noviembre de 2010 Blanca Pérez llama a Fernando Clavijo: “A ver, tengo un problema y tengo que tomar una decisión, María José Castañeda, eh evidentemente no, no me llama a mí, ni te llama a ti, sino llama a Bruno (técnico de Muvisa) o tal, con el tema, con el tema, su alquiler, eh, lo de... lo de Las Chumberas lo he sacado todo a excepción del de ella lógicamente porque eh... el expediente no, no ha salido, no ha salido la Intervención, eh, no sé... ¿qué hago? ¿se lo pago?”.

A lo que Fernando Clavijo le contesta sin dudar que “Sí, sí, tira p’alante, venga”.

Los pagos a Castañeda

Casi un año después, el 24 de noviembre de 2011, el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna reclamó a la Gerencia de Urbanismo y/o a Muvisa (la empresa municipal de viviendas) copia de los expedientes administrativos tramitados con ocasión de subvenciones a María José Castañeda Cruz.

En el expediente hay una resolución de Blanca Pérez, de fecha 02-12-2010, según la cual para la concesión de las ayudas se siguen las Bases Reguladoras de Concesión General de Ayudas Económicas del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna, aprobadas por Decreto de Alcaldía número 1.301/2006, de 4 de abril.

Se tramitó el expediente por el Área de Trabajo Social de Muvisa, en colaboración con los Servicios Sociales, en base a lo cual consta el Informe Social de 1 de diciembre de 2010, con propuesta de ayuda de emergencia social a la unidad familiar de la solicitante, María José Castañeda Cruz, a la que se concede una ayuda inicial de alquiler por importe de 1.500 euros.

El 28 de marzo de 2012 Muvisa informa, a petición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de La Laguna, de que la concejala socialista María José Castañeda “ha percibido en concepto de realojo de su vivienda la cantidad de 3.000 euros en el año 2010; 6.500 euros en el año 2011, y que durante el tiempo transcurrido del ejercicio de 2012 no ha solicitado ni recibido ayuda, si bien durante el mes de abril se procederá a realizar el pago una vez solicite la continuación de las ayudas”.

Castañeda y su compañera del PSOE Mónica Martín han integrado el gobierno municipal de La Laguna, mayoritariamente en manos de Coalición Canaria, hasta hace escasamente un mes.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita un total de 44 años de cárcel para el empresario Evaristo González Reyes, procesado por encabezar una presunta organización criminal dedicada a defraudar a las arcas públicas, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com. El escrito de acusación considera que el principal encartado en la causa es responsable de 10 delitos contra la Seguridad Social y dos de falsedad en documento mercantil y oficial (uno de ellos en concurso con un delito de estafa). Los hechos por los que serán juzgadas 15 personas vinculadas con la supuesta trama, en una vista cuya fecha aún no está señalada, están relacionados con una pieza separada del conocido como caso Corredor. 

El Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna dictó el pasado 26 de octubre la apertura de juicio oral contra González Reyes y el resto de miembros de la organización, tras recibir los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y por el letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, que pide 30 años de prisión para el principal procesado. En ambos casos se solicitan penas de cárcel para las personas implicadas en la red, contra quienes existen indicios de haber defraudado más de 1,6 millones de euros a la Seguridad Social, desde 2006 hasta 2010, a través de un tejido empresarial ficticio dedicado a la explotación de numerosos establecimientos de ocio y restauración ubicados el municipio de Aguere. 

En el centro de las operaciones siempre figura el nombre de Evaristo González Reyes, que además de empresario ejerce como abogado colegiado, junto a conocidos locales que aprovecharon su ubicación privilegiada en el Cuadrilátero lagunero, que en el momento de los hechos investigados era el máximo exponente del ocio nocturno en el área metropolitana de Tenerife, para engordar sus cifras de negocio: las actividades del pub Kapitel, la discoteca Palco o el Mónaco, entre otros, figuran en un lugar destacado en los miles de folios que componen el sumario del caso Corredor.

La pieza 21, como se denominó durante la instrucción, se convirtió en una causa derivada de la investigación abierta por el caso Corredor, que a su vez surgió tras la denuncia de un empresario perjudicado por el presunto trato de favor que recibía Evaristo González del Ayuntamiento de La Laguna. El procedimiento matriz desembocó el pasado junio en la celebración del juicio contra el abogado lagunero, que se enfrenta a otros 16 años de cárcel, y diversos miembros de la trama por varios delitos de estafa. El día en que estaba prevista la primera sesión, la defensa del principal acusado presentó un escrito de recusación contra el tribunal que iba a juzgarle, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que preside el magistrado Francisco Mulero, y logró paralizar la vista oral. Fuentes oficiales confirmaron que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, órgano encargado de resolver la discrepancia, aún no se ha pronunciado.

No ha sido esta la única vez que González Reyes ha puesto en jaque al sistema judicial. Las posibles responsabilidades políticas por el caso Corredor se derivaron a otra pieza separada, la 22, que fue archivada después de que el abogado lagunero consiguiera anular gran parte de las escuchas telefónicas que sustentaban los indicios delictivos. En ese procedimiento, que saltó a los medios de comunicación en 2014, fue investigado el entonces alcalde de La Laguna y actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. 

A diferencia de la pieza que afectaba a Clavijo, la causa por el presunto fraude a la Seguridad Social continuó sin descanso su recorrido en la fase de instrucción. Aunque al frente de la investigación estuvieron diversos jueces, el grueso de las actuaciones fueron impulsadas por César Romero Pamparacuatro, que en febrero de 2012 dirigió la mayor redada que se ha llevado a cabo en La Laguna contra la corrupción en el sector del ocio. La actuación, que se coordinó desde el juzgado con la Policía Nacional, se bautizó como Operación Corredor por las intenciones de la trama de adentrarse en el entonces incipiente negocio del juego y las apuestas. Un total de 14 personas fueron detenidas y se practicaron varios registros que permitieron hacer acopio de una ingente documentación sobre las actividades de la red. Solo uno de los arrestados fue enviado a prisión provisional tras los interrogatorios: Evaristo González Reyes. Tres meses después fue puesto en libertad con cargos.

Testaferros

La fiscal describe en su escrito de acusación el método empleado por la organización liderada por González Reyes. La representante del Ministerio Público explica que la trama tejió una red de empresas, controladas por el principal acusado pero en las que se ponía al frente a personas que los investigadores llaman hombres de paja o testaferros, con el fin último de “eludir y defraudar a la Seguridad Social, ya que mediante dichas sociedades disponía de trabajadores cuyas cotizaciones no abonaba”.

Para llevar a buen puerto sus intenciones, siempre según el relato de las acusaciones, la trama elaboraba “contratos de trabajo simulados y nóminas mendaces para que los supuestos trabajadores se beneficiasen de subsidios o prestaciones por desempleo”. Otra práctica habitual consistía en utilizar esas relaciones laborales simuladas para fingir “una solvencia inexistente y adquirir bienes y servicios de entidades crediticias que luego no eran abonados, engañando así a terceras personas”.

La Fiscalía también pide 32 años de cárcel para otro de los empresarios que jugó un papel destacado en la organización, Francisco Óscar González Monzón, uno de los principales testaferros de Evaristo González Reyes, según los investigadores. El acusado figuraba como administrador de la sociedad Comercial Osgozón SL, cuya deuda con la hacienda pública ronda los 700.000 euros, encargada de gestionar el popular pub Kapitel. Al frente del establecimiento se encontraba otro de los hombres de confianza del cabecilla de la red, Pedro Carlos Machín Quintero, investigado en el procedimiento y asesinado a balazos el pasado mes de abril cuando salía de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna.

A pesar de lo elevado de las penas solicitadas por las acusaciones, el Código Penal prevé que una persona condenada en un mismo procedimiento por varios delitos conectados entre sí (lo que podría aplicarse en la pieza 21, si así lo estima el tribunal que juzgue la causa) no pueda cumplir un castigo que supere el triple del tiempo de la pena más grave que se le imponga. Es decir, 12 años en el caso de González Reyes y 9 años en el de González Monzón.

Otra de las figuras destacadas de la red es el empresario Alberto Isidro Santano Domínguez, para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel, administrador de otra de las sociedades controladas en la sombra por González Reyes, Comercial Maitreya SLU. La representante del Ministerio Público también lo considera un hombre de paja del principal acusado, y cifra la deuda de la entidad con la Seguridad Social en 128.757 euros.

La Fiscalía también pide que González Reyes, González Monzón y Santano Domínguez indemnicen “conjunta y solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia por las cantidades adeudadas”. En el escrito de acusación se solicita que las sociedades implicadas respondan subsidiariamente. Además, la representante del Ministerio Público reclama una multa de 600.000 euros para cada uno de los tres principales acusados.

Patrimonio oculto

Las acusaciones llegan a la conclusión de que detrás de las actividades de la organización se escondía un plan orquestado para obtener un enriquecimiento ilícito. Los investigadores confirmaron sus hipótesis durante la redada de la Operación Corredor, que permitió encontrar numerosos objetos de lujo y vehículos de alta gama. El problema surgió a la hora de establecer una relación directa con la figura de González Reyes, que siempre ha destacado por su habilidad para vincular su patrimonio con las sociedades que usaba la organización. Al empresario lagunero también se le atribuyen otras propiedades destacadas, como un pantalán de 16 metros y varias motos acuáticas. El letrado de la Seguridad Social describe esta situación con minuciosidad en su escrito de acusación, donde asevera que “a pesar de los beneficios que obtiene de la explotación de sus negocios (...) carece prácticamente de bienes a su nombre”.

“El principal acusado extrae su extenso y amplio patrimonio de la esfera de posibles actuaciones de la Administración Pública, acorazando su patrimonio en sus solventes entidades carentes de deuda o pasivo, sin importarle que en alguna sociedad aparezca como administrador único o trabajador autónomo, pues el patrimonio que podría verse afectado por un procedimiento de apremio sería ridículo y claramente insuficiente para cubrir las deudas generadas por todo el entramado societario para con la Administración Pública”, relata el abogado del Estado.

El extenso escrito de acusación del letrado de la Seguridad Social, que alcanza los 33 folios, explica el modus operandi seguido por González Reyes para ocultarse detrás de las sociedades involucradas en la trama. Durante los registros policiales, en su despacho se encontraron un total de 43 sellos de las entidades que componen la presunta red criminal. 

Gracias a sus conocimientos como abogado, el principal procesado en el caso Corredor puso en práctica una ingeniería mercantil que le permitía no figurar directamente al frente de las sociedades que, según las acusaciones, controlaba. Para ello, primero constituía la entidad, cuyos socios eran personas de su confianza, y después nombraba como administrador a uno de sus hombres de paja. El control de la empresa lo obtenía por dos vías: la compraventa de las participaciones sociales o el apoderamiento. 

La lista de personas que se sentarán en el banquillo se completa con otros miembros de la red tejida por González Reyes, algunos de ellos de la máxima confianza del empresario lagunero y con un vínculo soldado a través de los años. Es el caso de su secretaria personal, Yolanda María Geara Suárez, para quien se solicitan cuatro años de prisión, dedicada a “recabar información y documentación para confeccionar los supuestos contratos de trabajo bajo las órdenes de su jefe”, a los que daba forma otro de los acusados destacados, el asesor jurídico Heraclio José Padrón García, que se enfrenta a dos años de cárcel.

El resto de acusados son Juan Carlos Martín Delgado, Israel Barreto Méndez, Cosme Quintero Díaz, Josefa Pilar Geara Suárez, Fabián Echeverry Rojas, Ricardo Félix González Romero, Juan Carlos Alonso Molina, Eudes Emiliano Leandro Silva, María Mercedes Noda Gil y María Lourdes González Jérez.

Otros negocios utilizados, según las acusaciones, para defraudar a la Seguridad Social fueron las cafeterías Don Tito, Royal y Varadero; las tascas Lagunera y El Obispado; y el restaurante Tablón de la Canela.

De cara a la vista oral, la Fiscalía solicita, además del interrogatorio de los 15 procesados, la comparecencia de un total de 26 testigos y tres peritos. El peso de las conversaciones telefónicas intervenidas durante la instrucción también es clave en la prueba que se practicará en el juicio. La representante del Ministerio Público pide en su escrito que se escuchen más de 50 conversaciones interceptadas durante los pinchazos, la mayoría protagonizadas por Evaristo González Reyes.

Evaristo González Reyes esquiva una vez más a la justicia, aunque sea de forma provisional y por unos meses. El que ha sido conocido como el amo de la noche en la ciudad universitaria de La Laguna, el hombre que pudo acabar con la carrera política de Fernando Clavijo o quizá quien lo salvó de un juicio, ha recusado por falta de confianza en su imparcialidad al tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que debe juzgarlo por cuatro supuestos delitos de estafa, otro de intento de estafa y otro de presentación de testigos falsos.

Estos casos de estafa son lo que quedan, en esencia, del que fue llamado caso Corredor, después de que se anulara parte de las escuchas telefónicas por desaparición del auto judicial que las autorizaba, lo que libró de sospecha al actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Este lunes, el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial, presidido por el magistrado Francisco Javier Mulero Flores, recibió a las nueve de la mañana un escrito de incidencia de recusación frente a los tres magistrados del tribunal, firmado por el representante legal de González Reyes en esta causa, José Santiago Martínez.

Ahora deberá ser otra sección de la Audiencia Provincial la que delibere la recusación y fundamente si el tribunal recusado es apto o no para enjuiciar al abogado y empresario González Reyes. Estaban previstos seis días de juicio, hasta el 13 de junio, pero, debido a esta maniobra, fuentes judiciales no creen que se resuelva la incidencia y haya nuevo juicio antes de final de año.

No es la primera recusación de González Reyes. Durante la instrucción de esta causa, dirigida por el magistrado César Romero Pamparacuatro cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, el acusado logró apartarlo en 2015 de la investigación judicial con el principal alegato de la tardanza en la instrucción.

El pasado 7 de mayo, los abogados de la defensa plantearon al tribunal recusado tres causas de nulidad. La principal de ellas fue que no existía auto judicial que justificase las escuchas de las que se derivaron las pruebas para sentar a González Reyes y otras ocho personas en el banquillo. Dos de ellas son abogados que trabajan en su despacho, Tomás Lorenzo y Juan Martín Delgado.

A Evaristo González Reyes, para quien la Fiscalía pide 16 años de prisión, se le acusa de haber intentado hacerse con un crédito de dos millones de euros con el aval de una finca de varias hectáreas que puso a nombre de un cliente al que solo le correspondían 75 metros cuadrados.

También de haberse hecho con un parte médico falsificado para que una agencia de viajes le reintegrara el dinero que había pagado por unos billetes, aunque fueron utilizados. Además, de haber comprado un todoterreno de alta gama cuya titularidad cambió de empresa antes de que el acreedor pudiera anotar la reserva de dominio.

Asimismo, se le acusa de haber sido autor del incendio que sufrió uno de sus locales, el BB+, en la zona de copas de San Cristóbal de La Laguna, un siniestro que pudo ser provocado y por el que la aseguradora le abonó unos 126.165,94 euros. Otro supuesto delito sería el de haberse apropiado de una colección de antigüedades que fueron encontradas en su vivienda durante un registro policial.

El caso Corredor, o lo que queda de él, ha llegado por fin a los tribunales y ha sentado este lunes en el banquillo al abogado y empresario del ocio nocturno y juegos de azar Evaristo González Reyes, el hombre que estuvo a punto de acabar con la carrera política de Fernando Clavijo que cuando era alcalde de La Laguna y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias en 2015. Entonces fue investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento público y malversación.

Esta primera sesión, previa a la vista oral prevista para los días 4, 5, 6, 12 y 13 de junio, estuvo centrada en las cuestiones previas y, como era previsible, los abogados de la defensa basaron sus alegatos en la nulidad de todas las actuaciones por la nulidad de las escuchas telefónicas. Por contra, y como también era lo esperado, la Fiscalía defendió la legalidad de estas.

González Reyes está acusado de cuatro delitos de estafa, uno de intento de estafa y otro de presentación falsa de testigos. Con él están acusados otras ocho personas, dos de las cuales (Tomás Lorenzo y Juan Martín Delgado) eran abogados compañeros de su bufete. En realidad, González Reyes no se ha sentado en el banquillo, sino que se sentó en el estrado al lado de su abogado José Santiago Martínez. Tomás Lorenzo, para quien se piden en total 32 meses de prisión, se sentó al lado del suyo, el mediático Nicolás González-Cuéllar.

Es necesario recordar que la investigación de la Policía Judicial y del Grupo de Delitos Económicos y contra la Corrupción se inició en 2009 a raíz de una denuncia del que era dueño de un pub en La Laguna (Tenerife), el Sketch, que aseguró que había un trato de favor entre Fernando Clavijo cuando era concejal de Seguridad Ciudadana y González Reyes.

Se sospechaba de la posible comisión de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y negativa a perseguir delitos, entre otros. “No se trataba de hechos subjetivos ni conjeturas, sino de datos objetivos sobre delitos de suficiente importancia como para justificar las intervenciones de los teléfonos de Evaristo González Reyes y de Fernando Clavijo”, enfatizó la fiscala ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial que enjuiciará la causa.

Sin embargo, la nulidad de una parte de las escuchas llevó en 2014 a la nulidad de las pruebas obtenidas entre abril y septiembre de 2010 y al sobreseimiento de la pieza separada que afectaba a Clavijo y a dos concejales del Ayuntamiento de La Laguna. El resto de las escuchas, que se prolongaron durante casi cinco años, son las que los letrados defensores han querido echar este lunes por tierra.

Por eso la que llega a juicio es una versión descafeinada de lo que instruía el magistrado César Romero Pamparacuatro, al quien el propio Evaristo logró apartar de esta causa. Aparte hay otra pieza separada, la 21, por supuestos delitos contra la Seguridad Social aún sin fecha de enjuiciamiento y en la que debía rendir cuentas, junto a González Reyes, el asesinado a tiros empresario Carlos Machín.

“Meras hipótesis subjetivas”

Nicolás González-Cuéllar (abogado particular del exministro José Manuel Soria en un juicio en que fue desestimada su pretensión de intromisión al honor por parte del director de Canarias Ahora, Carlos Sosa) fue quien abordó ante el tribunal la ilegalidad de las pruebas practicadas por inexistencia del auto judicial de 21 de abril de 2010; por inexistencia de delitos suficientemente graves que justificaran las escuchas telefónicas (“mi mandante, Tomás Lorenzo, solo está acusado de un delito de presentación de testigos falsos”, dijo) y también porque, “aunque el auto hubiera existido inicialmente, carecía de motivación”, añadió.

Incorporó dos elementos más: la prolongación excesiva de la causa y las infracciones que, según argumentó, se cometieron con las escuchas y los registros policiales efectuados en el domicilio y despacho profesional de González Reyes en febrero de 2012 y que llevaron a Evaristo González Reyes a prisión provisional. “Hubo una infracción del derecho al secreto profesional al intervenir los teléfonos de un despacho de abogados, y hubo una infracción de la inviolabilidad de domicilio”.

González-Cuéllar agregó que todo este asunto se basa en una supuesta reunión en 2005 a la que habrían asistido Clavijo y Evaristo y en la que se habría tratado cómo esquivar las sanciones policiales por los horarios de cierres de los locales en la zona dell Cuadrilatero, la más marchosa en el área metropolitana de Tenerife. Sin embargo, la denuncia de Carlos Calderón ocurrió en 2009 tras una reunión que se llevó a cabo en el mismo Ayuntamiento de La Laguna y que Calderón grabó, lo que aportó a la Fiscalía.

“Son meras hipótesis subjetivas”, incidió. Y recordó que en este caso “hubo un retardo malicioso de la instrucción”, lo que apartó al magistrado César Romero Pamparacuatro de la instrucción del que ya se había bautizado como caso Corredor.

La representante del Ministerio Fiscal Enriqueta de Armas Roldán rebatió estos argumentos, el principal de todos, con la ausencia del auto inicial de las escuchas, que nos constaba en soporte papel pero sí estaba en el sistema informático judicial Atlante y llegó a la Fiscalía, así como el oficio del Grupo de Delitos Económicos y contra la Corrupción que solicitaba las intervenciones telefónicas de Fernando Clavijo y de González Reyes como único medio para avanzar en la investigación.

De hecho, la fiscala recordó que se dictó un auto judicial el 6 de mayo de 2015 “por la que el auto misteriosamente desaparecido se dio por reconstruido con todos las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, lo que fue recurrido sin éxito por González Reyes. Al contrario, aclaró, la sección segunda de la Audiencia Provincial corroboró “y ya dijo que tenía una importante apariencia de legalidad judicial por lo que no entiendo que vuelva a ser cuestionado”.

Si tienen razón los abogados de la defensa o si la tiene la Fiscalía se sabrá el 4 de junio. La Fiscalía sostiene que Evaristo González es la cabeza y el creador de un “entramado societario” que funciona como una “organización criminal” y pide que sea condenado a 16 años de prisión.

El primer y mayor delito que se describe en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, se relaciona con una parcela industrial que se inscribió en su totalidad en el registro de la propiedad a nombre de un cliente de Evaristo González cuando a este cliente solo le correspondían 75 metros cuadrados. El resto era propiedad de la empresa Fesmacla, S L, que levantó sobre el terreno un gran almacén de venta de muebles, Intermóbil.

González Reyes usó como aval ese terreno para obtener un crédito de dos millones de euros, aunque la operación se frustró finalmente. Con la supuesta ayuda de los también encartados Tomás Lorenzo Martínez (abogado y su compañero de despacho); Yolanda María Geara Suárez (su secretaria); María Jesús Rodríguez Azogue y Juan Carlos Alonso Molina buscaron quien invirtiera en una supuesta sociedad comercial; crearon un falso contrato de arrendamiento e incluso facturas falsas por las que Fesmacla abonaba 12.000 euros mensuales al falso propietario (sin que este y Fesmacla supieran nada) y hasta lograron que se tasaran los terrenos en 4.166.890,31 euros.

Una operación de filigrana para estafar 900 euros

Evaristo González Reyes muestra un retorcido modo de operar para estafas que en algunos casos apenas le redundan beneficios o de las que él no disfruta. Es el caso de la compra de un Volkswagen Touareg, de más de 50.000 euros de precio de mercado que finalmente condujo otro compañero de su despacho, el también letrado y encartado Juan Martín Delgado.

El coche fue adquirido en diciembre de 2009 por una empresa de González Reyes pero antes de inscribirlo en el Registro de Bienes Muebles fue traspasado a otra empresa sin aparente vinculación con la primera, de tal forma que Volkswagen nunca llegó a anotar la reserva de dominio a su favor ni pudo reclamar un céntimo. La Policía Judicial halló suficiente documentación en el despacho de Juan Martín Delgado cuando en 2012 registró el bufete de González Reyes, un apasionado de los coches de alta gama aunque no tenga carné de conducir.

En este caso también están acusados dos colaboradores habituales del empresario de la noche y el juego: Israel Barreto Méndez y Fabián Echeverry Rojas. Para todos ellos se solicitan tres años de cárcel.

Más complicada fue la estafa que González Reyes perpetró contra Viajes El Corte Inglés, tras lograr obtener por duplicado dos billetes de ida y vuelta a Atenas para un familiar. Evaristo González Reyes pagó los billetes pero su objetivo fue anular la venta, para lo que contactó con dos médicos del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, quienes le proporcionaron un informe de ingreso hospitalario por angina de pecho de ese familiar. En total le reembolsaron 898,22 euros.

El informe estaba firmado por un médico que en ese momento se encontraba de vacaciones.

Unos días después de la operación del Volkswagen Touareg, González Reyes habría cometido otra estafa. Esta ocupó portadas. El 15 de diciembre de 2009 ardió uno de los locales que más fama había tenido años atrás entre la población universitaria de La Laguna, el BB+.

Con la ayuda de un corredor de seguros, su propietario Evaristo González Reyes logró que Seguros La Estrella declarara en mayo de 2010 el siniestro total del local y le abonara 126.165,94 euros. Sin embargo, el incendio no habría sido un accidente sino provocado, además de que al pub ya se le había dado de baja en su actividad, lo que el acusado ocultó a la aseguradora. Por este delito se piden para el principal acusado de la trama Corredor cinco años de prisión.

Otra estafa sería la que sufrieron en 2011 Manuel Ramos González y Rosa Amelia Alonso Delgado, que intervendrán como testigos en la vista oral. Creyeron que Evaristo González Reyes era experto en antigüedades y le confiaron varias piezas de marfil y plata que deseaban vender. El acusado les dijo que había encontrado un comprador que les abonaría 250.000 euros por el lote de marfil y 150.000 euros por las antigüedades en plata, pero nunca vieron ni el dinero ni recuperaron sus piezas. Aparecieron en el domicilio del acusado cuando fue registrado.

Por el delito de presentación de testigos falsos están acusados también Tomás Lorenzo y Mercedes Noda, vecina de Evaristo, para la que se pide un año de cárcel. Noda denunció en mayo de 2010 ante la Guardia Civil que unos amigos de su hija le habían hecho unas pintadas en la puerta de su casa y que tenía un testigo, el acusado Juan Carlos Martín Delgado (el mismo del Volkswagen Touareg). Sin embargo, este testigo fue pactado en un conversación telefónica entre esta acusada y el principal encartado. Tomás Lorenzo habría sido quien habría preparado la testifical.

El responsable de los locales nocturnos de La Laguna Kapitel y Palco, Carlos Machín, es la persona que fue asesinada este martes sobre las 22.50 en el aparcamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna, en el barrio de La Verdellada. Machín recibió dos disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza, aunque testigos llegaron a escuchar hasta ocho detonaciones.

Machín era una de las personas que estaba implicada en el caso Corredor, que salpicó en una pieza separada al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, cuando era alcalde de La Laguna y que quedó archivada justo antes de las elecciones autonómicas de 2015 al anularse unas conversaciones telefónicas captadas por la Policía que lo comprometían. El caso Corredor es una presunta organización criminal destinada a ocultar beneficios y defraudar a la Seguridad Social y que estaba liderada por el empresario Evaristo González.

Los servicios sanitarios que llegaron al lugar de los hechos encontraron a Machín en parada cardiorrespiratoria y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin éxito.

Según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, hasta el momento las diligencias son “secretas” y por ahora “no hay ningún detenido”. La “única pista” de la que se dispone es el coche desde el que se produjeron los disparos, “que había sido robado y apareció ardiendo a poca distancia con la finalidad de eliminar huellas”.

El vehículo, un Renault Clio con placas falsas, apareció totalmente calcinado en la zona del Museo de las Ciencias y el Cosmos, en la zona del barrio de Gracia, tras huir del lugar del suceso, al parecer con dos ocupantes a bordo.  

La investigación ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, cuya titular es la jueza Ana Serrano. Por el momento existen dos vías, ambas relacionadas con el caso Corredor, la primera que este asesinato pueda beneficiar al principal  encartado, Evaristo González, o que le pueda perjudicar. Los investigadores consideran al asesinado testaferro del polémico empresario en dos de sus locales de ocio nocturno.

Debido a este suceso, las clases de este miércoles en la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna han sido suspendidas tras el asesinato. El motivo es facilitar las investigaciones, y la previsión es que la docencia se reanude este jueves con normalidad.

En el lugar se han recogido varios casquillos de bala y los investigadores están realizando una inspección ocular a la espera de empezar a interrogar a los testigos y encontrar cámaras de seguridad que puedan haber grabado el suceso.

Machín era una de las personas implicadas en el caso Corredor. La jueza Celia Blanco veía indicios para juzgarle tanto a él como a otras 16 personas por un presunto fraude a la Seguridad Social de más de 4,5 millones de euros. 

El empresario asesinado formaba parte de la pieza 21, en la que se han investigado delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos dentro de organización o grupo criminal, y estafa. Durante la instrucción, tal y como relata la resolución judicial, se ha desvelado la existencia de una red de 38 empresas que, según la Policía Judicial, supera el desfalco de 4,5 millones de euros.

En el pub Kapitel la Inspección de Trabajo detectó en 2011 a nueve trabajadoras que no estaban dadas de alta, pese a que una de ellas cobraba la prestación por desempleo.

El portavoz de Unidos Se Puede en La Laguna, Rubens Ascanio (de la segunda fuerza en concejales en esa Corporación local de Tenerife), considera que este es el momento de presentar una moción de censura en el Ayuntamiento.

Ascanio, que es uno de los denunciantes (con otros de su partido y junto a integrantes de la formación política Por Tenerife-Nueva Canarias -XTF-NC-) del caso Grúas, sostiene que, si se le han pedido responsabilidades políticas al concejal lagunero Zebenzuí González (ex del PSOE) por sus conocidos mensajes machistas enviados por WhatsApp, también debería tenerlas el hecho de que el alcalde lagunero, José Alberto Díaz (de CC), continuase en el cargo a pesar de ser investigado por delitos de corrupción.

El líder local de Unidos Se Puede afirma en esta entrevista que las prácticas políticas que se descubrieron con las conocidas grabaciones del caso Corredor, por el que fue investigado Fernando Clavijo durante su etapa en el Consistorio, pueden seguir funcionando en la actualidad.

Ascanio también se muestra muy crítico con la primera teniente de alcalde en La Laguna, Mónica Martín, y con el PSOE lagunero, a quienes acusa de conocer esas prácticas y de no hacer nada para solucionarlas. “En La Laguna estamos pagando a mucha gente por solo mirar, y Mónica Martín lo sabe”, lamenta.

Se habla constantemente del umbral de deuda que dejaron los exalcaldes Ana Oramas y Fernando Clavijo, ambos de CC, en el Consistorio lagunero, pero ¿se sabe en qué nivel se encuentra ahora y cuál ha sido el impacto para la ciudadanía?

La situación de la deuda pública local salta a partir del año 2012, en el peor momento de la crisis, cuando de repente afloran en las gavetas del Ayuntamiento 105 millones de euros en facturas impagadas. Son de los mandatos de Ana Oramas y de Fernando Clavijo [ambos de CC]. Esos 105 millones de facturas impagadas luego se tienen que abonar mediante un crédito que se solicita a dos bancos: La Caixa y el Santander. Por esos dos créditos, hemos estado pagando, año tras año y en los últimos ejercicios, 14 millones de euros en intereses a esas entidades bancarias. Esta situación la tendremos hasta el año 2023, aproximadamente. Pese a que Coalición Canaria suele vender esas facturas como parte de toda la gestión de centros ciudadanos y piscinas que hay en el municipio de La Laguna, la realidad es que más de 40 millones de euros estaban vinculados al servicio de limpieza y no se habían pagado. Son facturas de los años 2007, 2008 y 2009 que no se habían abonado en su momento a los proveedores. Otras muchas tenían las mismas características, pero con asuntos de alumbrado, telefonía o de mil servicios que se habían prestado. La situación actual es que todavía estamos pagando y nos queda una parte sustancial de esa deuda, algo más de la mitad.

¿En qué cree que ha mejorado La Laguna durante el mandato de José Alberto Díaz? ¿Y en el de este respecto al de Fernando Clavijo?

Ha habido algunas mejoras, que creo que están vinculadas a la pérdida de la mayoría absoluta que tenían en el mandato pasado. En el mandato anterior, tenían 13 concejales y concejalas y un pacto con los cuatro concejales del Partido Socialista. Había una holgada mayoría en el salón de plenos, y ello hacía que el rodillo fuera constante. Había un nivel de diálogo muy escaso y existía la práctica constante de votar en contra de todas las iniciativas presentadas por la oposición. En la actualidad, la debilidad del grupo de gobierno permite que muchas iniciativas que presenta la oposición sean aprobadas y algunas de ellas se están llevando a cabo. Sí hay una cuestión que valoramos: la aparición de más convocatorias participativas en los consejos ciudadanos, por ejemplo, el Consejo de Patrimonio o el Consejo Municipal de Mayores. Lo que más nos preocupa del mandato actual es la incapacidad de gestionar las propuestas que se han aprobado en los plenos y que, de alguna manera, se han negociado con colectivos sociales del municipio. Luego, a la hora de la verdad, no son respondidas por parte del equipo de gobierno.

¿Cuáles?

Por ejemplo, la falta de concreción del Plan General de Ordenación (PGO), que es uno de los elementos que dijo el alcalde en su toma de posesión que era prioritario y que en cuestión de unos meses iba a estar aprobado. Ya han pasado más de dos años desde esa promesa y parece que lo único que tiene levemente dibujado es la ordenación en la zona de la comarca nordeste del municipio. Este es uno de los elementos fundamentales, pero también ha habido otras cuestiones que se han planteado en los plenos, como la de reducir el coste del agua en La Laguna. Es una propuesta que lanzó nuestro grupo y que se aprobó en un pleno. Se previó hacerlo a través de las tasas. Tampoco se ha desarrollado correctamente. Otra de las propuestas que hemos lanzado, vinculada a la recuperación del mercado de La Laguna, sigue ahí diez años después, tras el traslado a una jaima provisional en la plaza del Cristo y con muchas promesas pero pocas realidades. Respecto al IBI, se ha planteado por activa y por pasiva la necesidad de mejorar las condiciones para la ciudadanía que menos recursos tiene, para que pueda afrontar este impuesto. Se planteó a través de una moción la posibilidad de bajar los valores catastrales, que es una disposición que tiene el Ayuntamiento para reducir la incidencia de la subida en esos valores que hizo el Ministerio. La Laguna no ha aplicado ningún tipo de IBI social, pero sí hay otros municipios, como el de Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, que la tienen en marcha. La Laguna, a pesar de tenerlo aprobado y ser un acuerdo plenario, no ha hecho nada al respecto. Nos parecen cuestiones preocupantes.

¿Por qué cree que no ha salido adelante el Plan General de Ordenación?

Creo que es una cuestión de incapacidad a la hora de poner negro sobre blanco en las propuestas que tiene el equipo de gobierno sobre el modelo de municipio que quiere. La realidad es que casi todos los concejales y concejalas que hay ahora mismo en el salón de plenos de Coalición Canaria han estado vinculados activamente a la gestión realizada durante el mandato anterior. Fueron personas que votaron a favor del Plan General de 2013 y 2014, ambos de Fernando Clavijo. En este momento, no sabemos cuál es su modelo de Plan General. Ellos han estado presentando en Valle de Guerra, Tejina y Guamasa algunas propuestas, y podemos entender que ahí hay un elemento que puede ser interesante, pero sigue existiendo el problema de que caigan sobre los vecinos las obras de mejora del entorno. Hay un exceso de urbanización y esto no se entiende en el contexto actual del municipio. Llegará el momento en que no les quede otra que presentar ese documento, si lo quieren aprobar antes de finalizar el mandato. Yo estoy convencido de que, si antes de mayo de 2018 ese documento no lo sacan de la gaveta o de donde lo tengan y lo llevan a exposición pública, volveremos a estar un mandato más sin PGO. A pesar de todas sus dificultades, que las hay, José Alberto Díaz tiene un trato bastante déspota a todos los niveles. Sin embargo, su carácter, a diferencia de Fernando Clavijo, es algo más dialogante.

¿Qué está haciendo Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna que no se conozca y ustedes consideren de relevancia social? ¿En qué han fallado o les ha faltado actuar?

Le agradezco que me haga esa pregunta porque siempre acabamos hablando de las mociones de censura como si esto fuera el elemento central de nuestro trabajo. El gran problema del municipio es atender a más de 17.000 personas que están en desempleo o a las 2.300 familias que han solicitado una vivienda social. En este sentido, nosotros hemos presentado más de 150 iniciativas plenarias en lo que va de mandato. Somos el grupo que más iniciativas ha presentado. Gracias a nuestra labor, por ejemplo, se dejaron de cerrar los comedores sociales, y la propia concejala de Bienestar Social reconoció en la prensa que los comedores sociales del municipio gestionados por entidades privadas y religiosas se cerraban todos los veranos en julio y agosto, y no se abrían hasta septiembre. Esta situación se revirtió cuando entramos en el salón de plenos. Logramos ampliar las partidas necesarias para atender esos comedores durante los meses de verano; también las personas que desarrollan su labor solidaria en esos comedores sociales. Esta es una de las cosas de las que estamos más orgullosos y orgullosas, igual que de los elementos para evitar los cortes de agua y de luz a las familias con menos recursos del municipio, algo que también pasó por el pleno. No estamos montando una revolución; solo estamos haciendo la revolución de las cosas pequeñas, que hasta ahora no eran parte de las políticas del Ayuntamiento de La Laguna. Gracias a la presión de los compañeros y compañeras, ya están siendo una realidad. En el otro apartado, el de los fallos, no hemos podido llevar a cabo un seguimiento profundo de todas las cuestiones que estamos atendiendo en este momento en el municipio. Al final, la oficina municipal de un grupo de la oposición se convierte en una especie de organismo multifunciones. Además, hay que decir que nuestro grupo rechazó el aumento de 30.000 euros que se le aplicó a todos los grupos municipales. Este aumento se da para intentar contentar a algunos grupos con necesidades de apoyo humano en las oficinas municipales, porque es la primera vez que los grupos municipales no tienen personal de confianza de apoyo en sus oficinas. Ello denota el viejo estilo de Fernando Clavijo, que no se había atrevido a practicar el actual alcalde, pero que ahora ha decidido aplicar, a pesar de ser hosco en las formas. Con mil dificultades estamos intentando atender todos los frentes que se nos abren en el día a día.

Pero en qué asunto en concreto consideran que les ha faltado actuar…

En el asunto del agua en La Laguna no hemos desarrollado todas las iniciativas. Es verdad que hemos hablado de establecer un precio público del agua en La Laguna, lo que reduciría notablemente su coste a escala municipal. Hemos solicitado la puesta en marcha de un informe que establezca si esa fórmula es viable, pues ya se aplica en otros municipios. Tenemos una de las aguas más caras de todo el archipiélago y de poca calidad. Le estamos comprando a la parte [accionista] privada de Teidagua. Esa parte privada de Teidagua hace un negocio que ronda los siete millones de euros en beneficios anuales, y dos millones digamos que vienen de la compra que hace cada vecino y vecina del agua y del servicio que estos reciben. El resto son servicios que presta a empresas vinculadas a esa parte privada, que factura directamente al municipio de La Laguna y lo que genera una bolsa económica muy importante. Nuestra apuesta clara es la remunicipalización y la recuperación de ese servicio. Han pasado 25 años desde que se creó esa empresa mixta, donde el 49% es de la parte privada. No hemos hecho lo suficiente para recuperar el servicio público del agua. Es una de las asignaturas que tenemos pendientes para este final de mandato.

Hablaba antes de la situación del desempleo en el municipio. ¿Cuáles son las principales quejas y demandas que realizan los ciudadanos? ¿La mayoría se suele atender? ¿Hay un seguimiento de ellas?

En general, está la sensación de un Ayuntamiento paralizado. Este es un elemento que está muy presente en el día a día. La gente entiende que, cuando realiza una queja o plantea una sugerencia o una duda, el Ayuntamiento no responde. Es un problema muy grave que tiene que ver con la aparición del área de quejas y sugerencias, que está aprobada desde el año 2009 y que nunca se ha puesto en marcha en el municipio de La Laguna. Hay, cada vez más, un movimiento de personas que cuestionan cómo se están gestionando los servicios públicos y cómo se plantean dentro del Ayuntamiento los cambios en el ordenamiento de sus pueblos y barrios. Esto es muy positivo. Hay una diferencia respecto a años anteriores en la ciudadanía sobre lo que sucede en el entorno más inmediato. Esta semana tenemos una asamblea vecinal que tiene que ver con unas obras que se van a realizar en el barrio de San Lázaro, para ubicar una estación de gas propanado con tres depósitos de 49.500 litros vinculados al gas natural. Los vecinos ya se están activando para responder a ese problema. Lo mismo ha sucedido en espacios del municipio donde han desaparecido zonas verdes que estaban en el Plan General y han sido cambiadas por otro tipo de instalaciones. Pasó en San Honorato, donde se ubicaban dos torres de ocho plantas y todo el movimiento vecinal, modélico, logró frenar las otras dos torres que querían hacer en esa zona, y se ha parado. Ahora mismo, por la situación que comentamos, el grupo de gobierno es una máquina de hacer promesas. Por ejemplo, el alcalde salió este fin de semana diciendo que está en contra del gas en La Laguna. Es muy curioso, cuando Coalición Canaria es la principal fuerza que ha trabajado para que la regasificadora de Granadilla sea una realidad, para que el negocio llegue a todos los grandes municipios del archipiélago. Si él mantiene esa postura y es real, pues resulta muy positivo. Lo que está claro es que lo tiene que demostrar con los hechos.

¿Cuál es la tasa de personas desempleadas en La Laguna? ¿Acude mucha gente a solicitar ayuda social al Ayuntamiento? ¿Están satisfechos con la respuesta dada por el Consistorio?

En torno a 17.000 desempleados, y muchos de ellos son parados de larga duración. Esto plantea una mayor dificultad, sobre todo en el colectivo de parados de más de 55 años. También hay un porcentaje muy potente de jóvenes en paro que son menores de 25 años. Son los dos grandes grupos, donde más está golpeando este problema. Por no hablar de las mujeres, que ya forman una parte muy importante del conjunto de parados, sobre todo porque hay muchas familias monoparentales encabezadas por una mujer y ello genera efectos colaterales tremendamente graves, a diferencia de lo que pasa en otros lugares en que se plantean rentas básicas o rentas de apoyo para las familias con más dificultades. La Laguna tiene unos servicios municipales con trabajadores sociales que hacen una labor muy importante. Los cálculos son realmente dramáticos en la unidad de Atención Social; están desbordados, especialmente en los barrios más poblados. Tenemos quejas constantes de vecinos que solicitan una ayuda para el pago de una matrícula de enseñanza, el pago de material escolar o para cuestiones que tienen que ver con la alimentación. Para solicitar la primera cita y pedir esa ayuda, tienen que esperar un mes. Y para que al final la ayuda les llegue, tienen que esperar otro más. Es un trámite preocupante porque, cuando tu solicitas una ayuda de emergencia, es para que sea lo más rápida posible y muchas veces la única forma de paliar ese problema es a través de las ONG, especialmente Cruz Roja y Cáritas, que están haciendo una labor en la primera línea de fuego y esta es fundamental. Atienden muchas necesidades que el Ayuntamiento está obligado a canalizar pero que, por falta de recursos humanos o materiales, este no lo hace. En 2016 más de dos millones de euros del presupuesto de Bienestar Social no llegaron a ejecutarse. Según la concejala responsable, no dio tiempo de facturar todas aquellas cosas que estaban previstas con esos dos millones de euros. El presupuesto del año pasado fue el que menor porcentaje destinó en toda la historia a Bienestar Social: no llegó al 10%. Lo sustancial es la queja que nos trasladan los vecinos y la falta de atención a los problemas reales que estos tienen. Hay situaciones de emergencia de personas que están perdiendo su vivienda y necesitan, por ejemplo, un municipio donde haya una bolsa de pisos sociales como alternativa de vivienda habitacional. El Ayuntamiento tiene la posibilidad de ir adquiriendo viviendas vacías. Tenemos más de 15.000 viviendas vacías y más de 1.300 familias demandando viviendas sociales.

Respecto a las viviendas vacías, ¿cuál es la postura de José Alberto Díaz y de Mónica Martín?

Dicen que sí, pero a la hora de la verdad no hacen nada. Todavía estamos esperando a que se nos traiga el censo de viviendas vacías existente en el municipio. Es una normativa que se ha aprobado en el Parlamento de Canarias y que obliga a todos los ayuntamientos a elaborar ese censo. En el mandato pasado, se solicitó y se aprobó para que se sepa cuáles son las viviendas vacías y se sepa quiénes son los grandes propietarios de viviendas vacías. Según los datos técnicos que tenemos a día de hoy, sin tener ese censo oficial, son promotoras urbanísticas y bancos. Muchas veces bancos que hacen de promotoras urbanísticas.

¿La crisis del PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna ha perjudicado en la toma de decisiones de impacto social? ¿De qué manera?

Cuando de cinco concejales que había al inicio del mandato con labores de gobierno se ha pasado a dos concejalas, claro que repercute. Con un grupo de gobierno conformado por los siete concejales de Coalición Canaria y los cinco del Partido Socialista, ya había muchos elementos a los que eran incapaces de llegar. Cada concejal se ocupa de varias áreas y eso repercute en el servicio que se presta a la ciudadanía. Cuando eso se reduce más, tiene un efecto negativo para la ciudadanía. Es por el rebumbio que se ha generado en la política interna del Partido Socialista, con guerras internas a cuenta de seguir o no siendo la muleta de CC en el Ayuntamiento de La Laguna. Esto tiene un efecto negativo y así lo está percibiendo la ciudadanía.

¿Qué le ha parecido la expulsión de Javier Abreu y Yeray Rodríguez del PSOE? ¿La entiende o es una vendetta?vendetta

No es una buena noticia para un partido que ha sido muy importante en la vida democrática de La Laguna en los últimos años. Durante toda la etapa democrática, ha sido una de las grandes fuerzas políticas en el salón de plenos lagunero y ha ocupado la alcaldía durante buena parte de los primeros años, tras la muerte del dictador. Que el candidato de ese partido [Javier Abreu] esté pasando por toda esta situación no me parece que sea bueno ni para el electorado socialista ni para la imagen del municipio. No sé cómo lo van a resolver. Ahí el Partido Socialista tiene que buscar la vía para normalizar su situación. Tampoco sé lo que pasará porque en La Palma, por ejemplo, aquellos que fueron expulsados ahora son miembros de la dirección del partido.

¿Qué piensa de que Zebenzuí González, pese a ser expulsado y ser invitado por todos los partidos a dejar el acta, aún se mantenga como concejal? ¿Hay un apoyo a escondidas a Zebenzuí González por parte de CC y el PSOE oficial, el que lidera Mónica Martín?

Si Zebenzuí González se mantiene como concejal es porque otros intereses, otras personas, tienen la idea de dejarlo ahí para evitar que haya algún tipo de cambio en la estructura de poder dentro del Ayuntamiento. Si Zebenzuí González se mantiene ahí es para ser el voto necesario y tener una mayoría, que es muy delicada dentro del salón de plenos. El principal interesado en eso es CC. Me parece lamentable, pero creo que es la realidad. Saben que si aquí entraran otras personas sustituyendo a Zebenzuí González probablemente no sean tan domesticables o fácilmente domesticables. Que se estén aprovechando de la debilidad de Zebenzuí González es un buen retrato de lo que es Coalición Canaria. Esto no se aleja mucho de lo que han hecho en otros municipios, como en Tacoronte, donde compraron a un concejal de la oposición [de Sí Se Puede] para mantenerse en el poder. Todo vale con mantenerse en el poder. Aquí la política se asemeja más a la mafia que a la ideología. Sí, sin tapujos. Lo vimos [a Zebenzuí González] recientemente en un acto público donde participó una de nuestras compañeras. Fue en Tejina, y los concejales y concejalas de Coalición Canaria lo recibieron con besos y abrazos. Ellos consideran que no ha pasado nada. Siguen con el argumentario de “quién no ha dicho alguna vez en un bar...”, que no es equiparable porque se trata de un cargo público y está reconociendo unos elementos claramente delictivos y con unas conductas profundamente machistas, y que además se jacte de ello, aunque sea en un espacio como el WhatsApp. No es lo mismo que cualquier persona se chulee de su machismo visceral. Creo que Mónica Martín se ha convertido en uno de los brazos armados que justifica y defiende mantener a CC en el poder en La Laguna. Ya no valen aquellas excusas que se daban hace un año y pico, cuando se decía que mantenía el acuerdo en La Laguna porque desde arriba le habían dicho que tenían que hacerlo. Ahora la excusa no es esa: ahora ellos, a escala local, dicen que lo que están haciendo es lo mejor para el municipio. Ahora mismo, Mónica Martín es la mejor embajadora de CC en el municipio.

Una semana después de lo ocurrido con Zebenzuí González, se supo que el concejal de Deportes en La Laguna, Agustín Hernández, colocó a su pareja en la misma área de la que es responsable, en este caso a través de una empresa externa adjudicataria de servicios del Ayuntamiento. ¿Qué ocurrió con esto? ¿Se ha vuelto a preguntar en el pleno o se ha obtenido más información acerca de lo ocurrido?

Pedimos una comparecencia del concejal Agustín Hernández para saber cuál era su versión de los hechos. Fue una explicación un tanto peregrina la que nos dio. Nos comentó que, dentro del pliego de condiciones del concurso, existía un servicio de atención que ofrecía la empresa MSM Mérida y que esa empresa que prestaba servicios para el Organismo Autónomo de Deportes, libremente (y él tiene un escrito de esa entidad que así lo certifica) seleccionó a esa persona con la que mantenía una relación. La seleccionó libremente. Lo que yo dije en el pleno: benditas casualidades. En La Laguna se dan muchas casualidades, como, por ejemplo, que llame Aurelio Abreu [hoy vicepresidente del Cabildo de Tenerife, del PSOE], como pasó en 2010 y está recogido en el caso Corredor. Entonces, era senador del Partido Socialista, y ahora es portavoz del PSOE en el Cabildo. Llamó a Fernando Clavijo para que colocará a una amiga que era delineante en una obra vinculada al Ayuntamiento. Casualmente, el alcalde tuvo a bien hacer unas llamadas y presionar a la empresa que prestaba entonces ese servicio, que era Acciona. Era una obra de pequeña entidad; no estamos hablando de una contratación indefinida. En el caso de ese concejal de CC, la empresa realiza procesos de selección y parece que, de forma casual y entre las 800.000 personas que hay en Tenerife, elige justo a la persona vinculada al concejal de CC. Bendita casualidad.

El alcalde José Alberto Díaz avanzó su intención de revisar todos los contratos y dijo que se iba a reunir con los responsables de las diferentes empresas adjudicatarias del Consistorio a raíz de la noticia de Zebenzuí González y los enchufes en esta administración pública. ¿Sabe si esas reuniones se han producido y si además se ha llegado a algún tipo de conclusión?

Sabemos que ha habido movimientos porque trabajadores y trabajadoras de esas empresas nos los han notificado. Ha habido reuniones y llamadas. A la hora de la verdad, que una empresa como Urbaser, por poner un ejemplo, que presta servicios para el Ayuntamiento diga que ha recibido una llamada para colocar a personas, llamadas de políticos, no de otro tipo, lo veo bastante improbable, sobre todo si esa empresa quiere volver a tener un contrato en el ámbito de Tenerife. Urbaser no solo atiende el municipio de La Laguna, sino a otros muchos. Sin embargo, a ciencia cierta sabemos que se llama y se coloca a personas que están vinculadas al poder político municipal. Se colocan en esas empresas. No es para nada baladí que haya tantas personas vinculadas al movimiento vecinal de La Laguna que estén trabajando en empresas que prestan servicios para el Ayuntamiento. Están en empresas que prestan servicios de alumbrado, de jardinería, de limpieza de los colegios. Eso no puede ser fruto de la casualidad. No es fruto de la casualidad que no haya ofertas públicas de empleo, donde la gente pueda saber que, por ejemplo, Urbaser para cubrir bajas de personal o vacaciones va a contratar a un número de personas y que estas personas puedan presentar un currículo de una forma u otra. La mejor prueba de todas la tenemos en las declaraciones de un empresario que sí tuvo el valor suficiente para reconocer que esto estaba pasando. Se llama José Padilla y fue el adjudicatario inicial del servicio de grúas municipales. Literalmente, en la comisión de grúas, nos reconoció que a él lo llamaban concejales del Ayuntamiento, especialmente Fernando Clavijo, cuando era concejal de Seguridad Ciudadana. Le decía: “Esta tarde va a ir equis persona por tu oficina”, una oficina que tenía en Barranco Grande. “Lo tienes que contratar”. Y no hay más explicaciones. Lo tenía que contratar. De hecho, llegó a decir públicamente José Padilla que una vez se le ocurrió contratar a una persona porque la madre de esa persona le había ido a pedir un favor... Luego, el que posteriormente fue alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, lo había llamado para reprochárselo. Que cómo era posible que hubiera contratado a alguien sin contar con su opinión. Tenemos constancia de personas que lo reconocen, que te dicen: “Sí, yo llamé al alcalde y me colocó”, pero que nunca lo van a declarar delante de un juez, porque nunca volverían a trabajar para el municipio de La Laguna. Esta es la realidad. Tampoco José Alberto Díaz lo va a reconocer, pero sí lo dicen a lo largo y ancho del municipio. Todo el mundo conoce casos como, por ejemplo, el de esas personas que trabajan en empresas vinculadas al Ayuntamiento, y una puede ser Teidagua, que de repente son los apoderados y los interventores de Coalición Canaria en las elecciones municipales.

¿Estas prácticas continúan?

Por desgracia, sí. Hasta que no haya un cambio de gobierno, será imposible romper esas redes de clientelismo. Hay ayuntamientos del cambio donde ese tipo de contrataciones pasan por órganos auditables. Aquí todo lo de CC está vinculado al enchufismo. Hay gente que ha sido beneficiada de alguna manera por ese enchufismo y ahora no comulga para nada con CC, que son muy críticos. Nos lo manifiestan, te explican de qué manera, llamando a quién y de qué forma. Una vez dentro de esas empresas, ven lo que pasa, y están siendo perseguidos y maltratados. Con esas dinámicas hay que acabar.

Santiago Pérez (XTF-NC) ha denunciado hace poco que existe una serie de prórrogas de contratos de servicios municipales que es más de lo mismo. ¿Es esta la forma normal de proceder en el Ayuntamiento de La Laguna?¿Cuál es su postura frente a esto?

Sí. La situación que hemos visto en muchos de los contratos públicos son prórrogas continuadas. Cuando una empresa logra un concurso público, te dicen que tiene cuatro años y dos prorrogables. Tienen un tope, aunque hay contratos que pueden durar más tiempo, hasta 10 años. La mayoría suele ser de dos años o cuatro. El Ayuntamiento de La Laguna suele llevar a término esos contratos con las empresas, con prórrogas incluidas, y además sobrepasa las prórrogas con una nueva fase en la que el contrato original se ha superado ampliamente. Pasó con el servicio de atención a las personas mayores del municipio, donde la empresa adjudicataria en 2008 continuaba sin ningún tipo de concurso. Esto genera inseguridad entre los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio y problemas para el Ayuntamiento, porque podríamos ser objeto de una denuncia de cualquiera de las otras empresas, la que diga: “Oiga, que ustedes hicieron un concurso para cuatro años prorrogables en dos y esta empresa lleva 10 años haciendo ese servicio”. Si lo hubiéramos tenido en cuenta, igual hubiéramos optado a reducir el canon o mejoras en el contrato. Esto se ha vendido como que son problemas técnicos que han impedido poner en marcha los nuevos contratos. En La Laguna ha pasado por esa situación un número de contratos que es muy difícil de explicar. Pedimos la comparecencia del alcalde para que nos explicará este asunto y nos comunicó que estaba puesta en marcha la contratación de 12 servicios públicos que concluían en ese periodo.

¿Cuál es la postura del PSOE respecto a estas prórrogas?

Dice que está trabajando. Parece la excusa perfecta para mantener el status quo. Lo achaca a falta de recursos técnicos y de personal. El trabajo debe ser regularizar todos esos contratos públicos y lograr que tengan las condiciones adecuadas. Nos preocupa, por ejemplo, el contrato del servicio de alumbrado, que es uno de los más potentes que tenemos en el municipio. Supone un total de 21 millones de euros de monto con prórrogas incluidas. En ese monto total solo hay unas mejoras incorporadas de 480.000 euros. Según los técnicos con los que hemos podido hablar, se podía haber llegado a un total de tres millones en mejoras. El Ayuntamiento de La Orotava, en el mismo contrato, logró 1.200.000 euros en mejoras. La gran pregunta es: ¿cuándo se hace eso se está pensando en la economía de escala de alguna de las empresas licitadoras?, ¿puede estar alguna de esas empresas vinculada, por ejemplo, al hermano del exministro Soria, como Eficco, que es la actual adjudicataria?

¿Cómo ve hoy en día, tras lo ocurrido con más de la mitad del PSOE, la posibilidad de presentar una moción de censura? ¿Es el momento o quizá ya haya que pelear de nuevo en las urnas, en las elecciones de 2019?

La moción de censura es absolutamente necesaria porque hasta que no rompamos las redes mafiosas del municipio de La Laguna estamos pagando un sobrecoste para la ciudadanía y manteniendo a mucha gente que no sabemos exactamente para qué está. La mejor definición la hizo el propio Fernando Clavijo en el caso Corredor, cuando para contratar a esa delineante llama a la empresa Acciona, llama a la secretaria y le dice: “Me da igual para qué la contrates, que la contrates, aunque solo sea para mirar o para llevar papeles de un lado a otro”. En La Laguna, estamos pagando a mucha gente para mirar. Y creo que el Partido Socialista y Mónica Martín lo saben perfectamente: la que mejor lo sabe porque ella trabaja en servicios municipales y, si desconoce eso, es que no se ha enterado de la película. Estoy seguro de que es una persona sobradamente inteligente y sabe cómo se las gasta CC. Si se llevara al salón de plenos la moción de censura, creo que saldría con una mayoría bastante holgada. No me extrañaría que alguna persona vinculada a los partidos que sustentan el poder en La Laguna llegase a votar a favor en esa moción de censura. El momento lo lleva siendo desde hace mucho tiempo. Coalición Canaria lleva treinta años gobernando de la misma manera el Ayuntamiento de La Laguna. Cuando hay un vacío absoluto de ideología, más allá de sacar la bandera de las siete estrellas y decir que son nacionalistas, su discurso no se diferencia del PP o de Ciudadanos en muchos aspectos. Van de la mano y han ido votando lo mismo en casi todos los grandes temas a escala estatal. Tienen la misma postura que las fuerzas de la derecha tradicional estatal. Es necesario airear, sobre todo cuando vemos casos como el de las Grúas o el Corredor, que están las llamadas ahí, a pesar de la desaparición de las decenas de expedientes en los juzgados. Pero la transcripción de  esas llamadas existe. Sabemos lo que decía Clavijo siendo alcalde, cómo se comportaba. Era el Corleone del municipio de La Laguna, “no te preocupes, hoy por ti, mañana por mí. Yo te hago el favorcito”.

Ustedes son denunciantes, junto a XTF-NC, y están como acusación particular en el caso Grúas. Este proceso ha sido elevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la jueza de instrucción al estar Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo canario, aforado. ¿Cree que Clavijo debe dimitir?

Fernando Clavijo tenía que haber dimitido en el minuto uno, desde que se hicieron públicas las transcripciones del caso Corredor. Es incompatible y mil veces más grave que una conversación como la de Zebenzuí González en un chat de WhatsApp. Qué se debe pensar cuando concejales de su grupo le dicen a Clavijo “no hagas eso, porque eso sería prevaricar”, y él dice: “Da igual, nos tenemos que salvar el culo”. Esa persona no puede ocupar un cargo público. Es como colocar a alguien irresponsable a cuidar el depósito de armas de la policía de La Laguna. Fernando Clavijo tendría que dimitir desde hace ya muchísimo tiempo, desde que se conocieron esas llamadas. Con el asunto de las grúas, vemos cómo un servicio que era público y tenía un coste de 150.000 euros luego se privatiza. Los pliegos de condiciones no fueron controlados correctamente; las denuncias de los trabajadores que se hicieron desde el 2012 al 2015 no recibieron ningún tipo de respuesta; no hubo ni un solo expediente. Con los robos que se dieron en el depósito municipal de grúas, atestiguados por informes de la Policía Local y de la Guardia Civil, no ha pasado nada. El Ayuntamiento de La Laguna no ha abierto ninguna investigación. Lo que sí ha hecho la empresa adjudicataria es despedir a los trabajadores y trabajadoras que denunciaron las irregularidades. Los ha despedido a todos menos a uno, pues la Justicia, recientemente, tras una demanda, declaró ese despido como nulo. Fernando Clavijo aguantará hasta el final y pondrá todos sus servicios a funcionar, con muchos medios de comunicación dedicados a vender su historia de gran gestor y de joven promesa blanca de Coalición Canaria. Este fin de semana veíamos una noticia periodística amplia frente a las tres líneas que dedicaron a la imputación de un cargo público en el Ayuntamiento de La Laguna. Dedicaron una página entera a hablar de unos informes jurídicos de la Universidad de La Laguna para salvaguardar y establecer qué criterios tenían que establecerse con el crédito de 150.000 euros vinculado al caso Grúas.

¿Qué medio de comunicación era ese?

Un medio de comunicación de la isla de Tenerife muy importante. No quiero señalarlo. De ese informe del que hablan nosotros, en la comisión de las grúas, solicitamos que participaran los dos profesores de la Universidad de La Laguna que lo habían hecho. En ella realicé la pregunta de si algún familiar directo de estas dos personas había sido contratado por el Ayuntamiento de La Laguna entre 2012 y 2015. Casualmente, a los dos les habían contratado familiares directos en el Ayuntamiento de La Laguna. Otra casualidad.

Desde el Gobierno de Canarias, dominado de cabo a rabo por CC, se sostiene que el caso Grúas es un “juicio político” para desprestigiar a Fernando Clavijo. ¿Cree usted que Fernando Clavijo, como Pérez-Godiño y el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, supuestamente cometieron delitos de tráfico de influencias y prevaricación, entre otros?

No lo creo yo, lo cree la Audiencia Provincial cuando habla de la existencia de elementos bastante razonables que pueden tener que ver con la malversación de caudales públicos, que es un delito bastante grave. Nosotros trasladamos una serie de irregularidades que consideramos que eran dignas de ser estudiadas por la Justicia. A día de hoy, esto está siendo investigado en un juzgado de La Laguna y, probablemente en breve, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Esto es lo significativo. Evidentemente, creo que sí se hicieron las cosas mal y solo pensando en preservar los intereses de los amigos de CC.

¿Qué puede pasar de ahora en adelante y qué reacción debe haber en el Consistorio si se confirma, que así puede ocurrir, la imputación o investigación del actual regidor local? ¿Será entonces el momento de que el PP apoye para lanzar con éxito la moción de censura? ¿Qué dice Antonio Alarcó, líder del PP, acerca de esto?

Ahí tendremos que ir tomando las determinaciones que correspondan en cada momento. Para el responsable político que de forma reiterada violenta los informes de los propios técnicos municipales y pasa por encima del interventor municipal y tampoco atiende a lo que establecía el director del servicio cuando se le comunicaban las irregularidades que se estaban cometiendo, tiene que existir algún tipo de responsabilidad política. Cuando llegue el momento, veremos en la oposición de La Laguna qué determinación hay que tomar. Me parecería significativo que, habiendo sido tan exigente con el concejal Zebenzuí González después de los mensajes de WhatsApp, un responsable político que fuere imputado por elementos como la prevaricación y la malversación de caudales públicos continuara al frente del Ayuntamiento de La Laguna. Me parecería preocupante. La moción de censura es mucho más amplia que el caso Grúas y tiene que ver con la forma de hacer política en los últimos 30 años dentro del Ayuntamiento de La Laguna. Si no fuera por eso, podríamos haber tenido otra serie de dinámicas en el Ayuntamiento de La Laguna. El propio José Alberto Díaz nos puso sobre la mesa una propuesta de acuerdo de gobierno a cambio de los recursos para los grupos municipales. Nosotros le dijimos que chantajes no íbamos a aceptar ni uno. El Partido Popular nos acompañó cuando la solicitud de la comisión de investigación de las grúas municipales, pero es verdad que desde diciembre de 2015 hasta el verano de 2017 han sido un pilar fundamental en todas las votaciones del salón de plenos.

Evaristo González Reyes, el principal investigado en la operación Corredor, es un ingeniero del Derecho. Son muchos los abogados que, como el conocido empresario del ocio lagunero, son conscientes de que, en ocasiones, se pueden ganar los pleitos sin necesidad de entrar en los hechos. Basta con buscar fallos en el trabajo de los jueces que permitan, llegado el momento oportuno, tirar abajo cualquier procedimiento. Algo demasiado habitual gracias a la precariedad con la que funcionan la gran mayoría de los juzgados. Es casi imposible encontrar una causa penal en donde las defensas no hayan solicitado la nulidad de las actuaciones, pero lo ocurrido en el caso Corredor merece una mención especial.

La imputación de Fernando Clavijo en la Pieza 22, que se hizo pública en noviembre de 2014, cuando compaginaba la Alcaldía de Aguere con su aspiración a presidir el Gobierno de Canarias, puso todos los focos encima del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna. Una publicidad que le vino muy bien a Evaristo González, que aprovechó la coyuntura para diseñar una estrategia encaminada a demoler el trabajo de los tres jueces que habían gestionado, hasta ese momento, el procedimiento de Corredor. Empezó a rastrear el sumario; compuesto por miles de folios que estuvieron dos años pendientes de un escáner para ser digitalizados, que durmieron en un juzgado donde las puertas se abrían con radiografías y que, por si fuera poco, fueron objeto de una mudanza que obligó a poner patas arriba las ya de por sí precarias dependencias judiciales. Y encontró lo que buscaba, o más bien lo que no estaba.

Suele ocurrir que desaparezcan documentos en los sumarios. Lo difícil, aunque a veces pasa, es que una resolución judicial no deje rastro en el sistema informático. González Reyes, que siempre dirigió la estrategia de las defensas, conocía, como demuestran las escuchas policiales, las carencias con las que se custodiaban los documentos que conformaban la instrucción. No le costó mucho darse cuenta de que entre los miles de folios faltaba el auto que dio inicio a las intervenciones telefónicas. Un primer argumento que usó de ariete contra el Juzgado. El golpe sentó las bases de cuáles eran sus intenciones. Pero fracasó. El auto en cuestión pudo ser reconstruido gracias a que la Fiscalía encontró su rastro en el ordenador. Un primer contratiempo que pudo solventar el juez César Romero Pamparacuatro, que aún no era consciente de la que se le venía encima.

Con todas las miradas puestas en la instrucción, después de la primera grieta abierta por González Reyes, el juez cogió impuso para tomar declaración a los imputados, lo que se llevó a cabo durante los primeros días de enero de 2015. En la antesala de la fecha señalada, el abogado lagunero hizo dos movimientos que fueron decisivos en el desarrollo de los acontecimientos. A finales de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) recibió una querella contra César Romero Pamparacuatro por un supuesto delito de retardo malicioso (¿recuerdan los dos años que se paralizó la causa porque el Gobierno de Canarias no le quería dar un escáner al Juzgado?). Evaristo había decidido quitar de en medio a un juez con nombre mediático que muchos veían como un azote de la corrupción. Y sabía cómo hacerlo.

La independencia de jueces y magistrados es el pilar maestro que sostiene la estructura del Poder Judicial. Aunque en la práctica resulta utópico alcanzar un grado absoluto de autonomía, la teoría del Derecho Procesal establece una serie de herramientas que persiguen garantizar la mayor independencia posible en aquellas personas encargadas de la difícil tarea de impartir justicia. Son las causas de recusación, o lo que es lo mismo, los motivos por los que cualquier juez o magistrado debe dar un paso a un lado durante un procedimiento judicial. Pero siempre hay una trampa para toda ley o principio.

Una de las causas de recusación establece que debe abstenerse el juez o magistrado que haya sido objeto de una denuncia o querella por parte de alguno de los investigados. Un arma de la que suelen abusar los imputados, aunque no todos con la misma suerte. Para que funcione, solo es necesario que el tribunal de turno la acepte a trámite. Evaristo ya había sembrado su semilla, pero antes de recoger la cosecha se preocupó de regar bien el terreno.

En los primeros días de enero de 2015, a través de una providencia del propio Pamparacuatro, se conoció la inexistencia de otro documento clave que alentaba, de nuevo, las aspiraciones de las defensas de anular el procedimiento. En esta ocasión, lo que no apareció fue el auto de septiembre de 2010 que autorizaba la prórroga de las escuchas y que tenía que haber dictado la responsable de la instrucción en aquella época, Matilde Rocío Flores. Esta vez, no iba a ser posible su reconstrucción porque ni la Fiscalía ni la acusación particular encontraron huella en el sistema informático. Aparecieron los documentos anteriores y los posteriores, lo que era un claro indicio de que la resolución se llegó a conocer. Pero no fue posible encontrarla.

La ausencia del auto podía suponer la nulidad de gran parte de las escuchas, es decir, decenas de pruebas de presuntos delitos estaban camino de la basura. Tal vez por eso, Pamparacuatro decidió agotar todas las vías, consciente también de que su futuro estaba en el alero del TSJC. Por eso encargó un exhorto al Juzgado de Instrucción Número 18 de Sevilla, donde había ido a parar su colega de toga tras abandonar La Laguna. El 13 de febrero de 2015, Matilde Rocío Flores compareció para asegurar hasta la saciedad que había dictado el auto. No pudo aportar ninguna prueba, pero su declaración fue lo suficientemente contundente como para mantener la duda.

El tiempo corría y se alejaba el objetivo de Fernando Clavijo de llegar a la campaña electoral, al menos, con un sobreseimiento provisional de la Pieza 22. Aunque con su declaración, y la de varios técnicos municipales, había logrado contrarrestar una parte importante de los indicios que cargaba en su mochila, aún quedaban dudas razonables sobre algunas actuaciones, como la concesión de una licencia a una cafetería o el presunto retraso de una sanción a un local de ocio regentado por un empresario cercano a Evaristo González Reyes. Además de muchas otras pruebas solicitadas por la acusación particular.

Entonces, cuando parecía que nadie le iba a quitar el cartel de imputado a Clavijo durante la campaña electoral, llegó marzo. Después de haber transcurrido casi tres meses de su presentación, el TSJC, avalado por la Fiscalía, decidió aceptar a trámite la querella del principal investigado en la operación Corredor, sobre el que pesan graves indicios de fraude a la Seguridad Social, entre otros muchos delitos. La consecuencia fue inmediata: Pamparacuatro dio un paso a un lado y presentó su abstención. El imputado le había ganado el pulso al juez.

La decisión del TSJC abrió la ceremonia de la confusión. ¿Qué iba a pasar a partir de ese momento? Todas las fuentes jurídicas consultadas coincidían en lo mismo: el cambio de titular en el Juzgado iba a provocar un retraso en la instrucción. El nuevo juez o jueza tendría que estudiarse todas las actuaciones desde el principio, escuchar las intervenciones telefónicas, repasar las declaraciones de los implicados y decidir sobre las pruebas pendientes que se acumulaban en la mesa de Pamparacuatro. Nada más lejos de la realidad. De nuevo, el caso volvió a hacer honor a su nombre.

Una jueza sustituta aterrizó en La Laguna con el pie encima del acelerador y con un nombre difícil de olvidar. Teresa Álvarez de Sotomayor Soria se convirtió en la cuarta persona que se hacía cargo del caso Corredor. Treinta y cuatro días después de que el TSJC aceptara a trámite la querella de Pamparacuatro, dictó un auto para decretar el archivo provisional de la Pieza 22. A Clavijo le había sobrado un mes para llegar sin imputación aparente a las elecciones (formalmente, su estado procesal se mantuvo hasta el archivo definitivo, que se produjo la semana pasada).

En una coordinación digna de una piscina de natación sincronizada, Teresa Álvarez siguió una a una todas las consignas que fijó la Fiscalía. Los escritos del Ministerio Público entraban un día en el Juzgado y, en menos de 24 horas o incluso el mismo día, eran respondidos con un auto de la jueza. Así ocurrió el 15 de abril de 2015, cuando la entonces responsable de la instrucción anuló un mes de escuchas telefónicas (después caerían varios meses más), que resultaron ser las conversaciones y mensajes de texto entre Fernando Clavijo y los responsables de los locales presuntamente beneficiados por el Ayuntamiento.

Tal y como había pedido la Fiscalía, al día siguiente (16 de abril), con las escuchas más reveladoras anuladas, Teresa Álvarez de Sotomayor Soria dictó el sobreseimiento provisional de la causa. La jueza asumió punto a punto los argumentos del Ministerio Público y rechazó todos los delitos que inicialmente se le imputaban a Clavijo y a otras 13 personas, algo difícilmente posible de haberse mantenido en pie los pinchazos, al menos en el caso de la cafetería de La Cuesta y el local de ocio que regentaba otro destacado empresario del Cuadrilátero lagunero.

Tampoco tuvo en cuenta la jueza, para desespero de la acusación particular, las pruebas que aún quedaban por practicar. Especialmente significativo fue el hecho de que nunca se interrogara a la testigo que, durante la investigación policial, le confesó a un agente que acudió a una reunión en la que se encontraban Fernando Clavijo y Evaristo González. Una cita importante porque, de haberse producido, vendría a dar solidez a los hechos denunciados en 2010 por Carlos Calderón mediante una grabación. No hay que olvidar que el actual presidente del Gobierno de Canarias siempre dijo por activa y por pasiva que nunca había hablado con el conocido empresario del ocio. Ni siquiera cuando era concejal de Urbanismo y el destino cruzaba sus caminos.

El policía que realizó las diligencias ratificó en el Juzgado que, aunque en una primera ocasión no supo precisar, en una segunda conversación, esta vez telefónica, la testigo reconoció a Clavijo y al gerente de Urbanismo a través de unas fotos que le habían hecho llegar. El vídeo está colgado en Youtube.

Las defensas siempre sostuvieron la poca credibilidad de la testigo, que nunca ocultó su amistad con el denunciante de los hechos. Motivos que no disimulan la sorpresa que supone que no haya sido interrogada durante la instrucción. Primero no fue fácil dar con su paradero, porque después de hablar con la Policía, y reconocer el miedo que le provocaba la situación, regresó a su país natal, Argentina. El propio Calderón logró localizarla y aseguró que estaba dispuesta a declarar, pero su petición fue ignorada por el Juzgado. No hubiera costado nada su interrogatorio y es muy probable que, de ser una mentirosa, se hubiera desplomado a las primeras de cambio ante las previsibles preguntas de la fiscal y del ejército de abogado de los imputados.

El sobreseimiento provisional de la Pieza 22 despejó el terreno electoral de Clavijo y permitió, como era lógico, que los imputados proclamaran a los cuatro vientos su inocencia. Pero un auto judicial nunca da respuesta a todos los interrogantes; siempre hay hechos que se escapan del Código Penal y entran en el subjetivo terreno de la ética política.

El caso Corredor es la enésima prueba que demuestra que basta intervenir el teléfono de un alcalde, sea del color político que sea, para que salga a flote el clientelismo con el que se gestionan las corporaciones locales en estas islas oceánicas. También es un ejemplo de las distintas velocidades a las que viaja la Justicia, un poder imprescindible en todo Estado de Derecho que padece demasiadas imperfecciones, aprovechadas en ocasiones por los investigados para lograr un beneficio inmerecido. Por cierto, dos semanas después del sobreseimiento provisional de la Pieza 22, el TSJC archivó la querella contra Pamparacuatro.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha archivado de forma definitiva la pieza separada número 22 del denominado caso Corredor, por la que había sido imputado, junto a otras once personas, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cuando era concejal de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna y luego alcalde del municipio.

Según una información de La Opinión de Tenerife recogida por Europa Press, a Clavijo lo investigaron por presunta malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación. Además de él, habían sido imputadas tres concejales: la edil socialista María José Castañeda y las nacionalistas Blanca Pérez y Aymara Calero, además de varios técnicos municipales y otros empresarios del sector del ocio, entre ellos Evaristo González Reyes.

El Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna mantiene el grueso de la pieza principal del caso Corredor, por la que se investiga a González Reyes por diferentes delitos, entre los que destaca una presunta estafa a la Seguridad Social que se ha peritado en más de 4,5 millones de euros, según informa el rotativo tinerfeño.

Esta sentencia se produce después de que la juez sustituta Teresa Álvarez de Sotomayor Soria, que asumió el Juzgado tras la inhibición del magistrado César Romero Pamparacuatro, dictara un auto de sobreseimiento provisional y archivo de esta pieza separada 22 por insuficiencia de indicios contra los investigados el 16 de abril de 2015, una decisión que además se sustentaba en un escrito previo de la delegada provincial de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés Martínez.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), Teresa Berástegui, no pudo reprimir las lágrimas de tensión la tarde de este jueves durante el pleno municipal al relatar las presiones y amenazas que había recibido las últimas veinticuatro horas para que retirara una pregunta que finalmente mantuvo dirigida al alcalde de la ciudad, José Alberto Díaz, de Coalición Canaria. Un popular dirigente vecinal, Francisco Barreto, muy cercano al partido del alcalde, la visitó la misma mañana del pleno en su despacho para pedirle con modales amenazantes que no siguiera adelante con su iniciativa porque podría tener “consecuencias”.

La pregunta en cuestión decía así: “¿Está de acuerdo el señor alcalde con la candidatura alternativa que se está montando en la Federación de Asociaciones Vecinales Aguere en la que se encuentra el ex concejal de este ayuntamiento y asesor del presidente del Gobierno de Canarias Domingo Galván, que a su vez fue cesado por Fernando Clavijo por ”pérdida de confianza y actuaciones inadmisibles, ya que los concejales conocen sus principios en política“, y si piensa el señor alcalde que el señor Clavijo ha cambiado estos principios, los ha olvidado o simplemente no le interesa aplicarlos en este momento?”

La pregunta no debía gustar demasiado al actual responsable de esa asociación vecinal y candidato a repetir, Francisco Barreto. Su hijo dedicó unos cuantos mensajes que la concejala Berastegui consideró amenazantes la tarde noche del miércoles. No contestó a ninguno de ellos ni les concedió demasiada importancia.

Sí le preocupó ver llegar al Ayuntamiento la mañana siguiente a tres hombres que entraron en el despacho contiguo al suyo, posiblemente confundidos, a los que oyó pronunciar su nombre. Dos de esos hombres eran Francisco Barreto y su hijo Bruno, y el tercero, otro dirigente vecinal, Daniel Placencia.

Al oírlos, Teresa Berástegui les invitó a entrar en su despacho, a lo que accedió Barreto y el tercer acompañante, quedándose su hijo fuera. Según la versión de la concejala, Barreto se sentó ante la mesa y el hombre que le acompañaba se apostó ante la puerta del despacho con los brazos cruzados y en posición vigilante.

Barreto pidió a la portavoz de Ciudadanos que retirara la pregunta mientras escribía en un pequeño papel la palabra “no” cuando la concejala le hizo saber su decisión, y la palabra “consecuencias” al tiempo que en tono amenazante le preguntaba si estaba segura de que no retiraría la pregunta. “Tú no sabes dónde te estás metiendo”, remató.

La Federación de Asociaciones Vecinales Aguere (FAV Aguere) se encuentra en estos momentos inmersa en un proceso electoral y en una de las dos candidaturas que concurren se encuentra, efectivamente, Domingo Galván, quien fuera concejal de La Laguna durante la etapa en que Fernando Clavijo, actual presidente del Gobierno regional, ejercía como alcalde.

Domingo Galván aparece en el listado de cargos de libre designación, pero no adscrito a Presidencia del Gobierno, como asegura en su pregunta la concejala de Ciudadanos, sino como secretario “de alto cargo” de la Consejería de Hacienda, puesto por el que percibe una retribución bruta de 23.157 euros anuales.

Sí es cierto que Fernando Clavijo, siendo alcalde de La Laguna, destituyó en 2013 a Domingo Galván por haber alquilado una casa a favor de una familia con cargo a los presupuestos municipales por un importe mensual de 460 euros y sin encomendarse a informe o acuerdo alguno.

Fernando Barreto, la persona que amenazó este jueves a Teresa Berastegui, aparece ampliamente citado en el sumario del caso Corredor, en el que se investiga una trama mafiosa de tratos de favor desde el Ayuntamiento de La Laguna a algunos empresarios, fundamentalmente Evaristo Rodríguez, sobre el que pesa la imputación de numerosos delitos. De las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía se deduce fácilmente que se trata de un dirigente vecinal con mucha cercanía al poder municipal que lleva ejerciendo desde hace décadas Coalición Canaria en la ciudad.

En una de esas conversaciones con el ex alcalde Fernando Clavijo al que supuestamente había pedido que intercediera por la licencia de una cafetería, el hoy presidente se expresa con su comunicante en términos como estos: “... Yo le he dicho a Vicente [un técnico del Ayuntamiento] que echando leches con eso. Pero que vamos, que sepa que desde que le den la licencia que deje pasar 48 horas. Que no le dé la licencia al día siguiente y diga que inicia la actividad para no (...) para tener vestido bien el tema, ¿no? (...) Solamente con el proyecto del ingeniero solicita el informe del inicio de la actividad”.

Los abogados de Ciudadanos, que este jueves tuvieron noticia de los sucesos, ejercitarán acciones penales en nombre de la concejala.

Rubens Ascanio, concejal de Unid@s se puede en La Laguna, asegura que la acusación popular, de la que forma parte Sí se Puede y el grupo municipal de Por Tenerife, se han adherido a la petición de la reapertura de la instrucción en el juzgado del caso Corredor formulada por la acusación particular, que afecta directamente al alcalde y posible presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.

Esta reapertura se podría dar tras aportar la Acusación Particular dos informes periciales del perito José Guillermo Pastor, de fecha 24 de abril de 2015, en el que se certifica la veracidad tanto de la declaración de Isaac Tacoronte Peña, como la grabación aportada que dio origen a la pieza separada en la que fue imputado Fernando Clavijo.

Los informes periciales no dejan lugar a dudas sobre la autenticidad de las grabaciones en las que Fernando Clavijo, en esa época concejal de Urbanismo, reconoce abiertamente “acuerdos transoficiales” y “económicos” entre miembros de la policía y los dueños de algunos locales del cuadrilátero, que pagaban a cambio de ampliar su horario de apertura o de no recibir sanciones. Igualmente se identifican acciones políticas concretas para levantar expedientes a algunos de estos negocios.

En otra parte de la conversación en la que participa Fernando Clavijo este se refiere a que la Gerencia de Urbanismo había “puesto a cero” deudas por valor de casi 20.000 euros a algunos propietarios de negocios vinculados al ocio nocturno, que en algún caso llevaban diez años sin pagar la tasa de basura.

Desde la candidatura de unidad popular lagunera, en la que participan personas de Podemos, Izquierda Unida, Sí se puede y Equo, consideran que estos informes periciales muestran la veracidad de dicha prueba, que debe ser estudiada por el órgano instructor y que obligaría a Fernando Clavijo a volver a prestar declaración en sede judicial ante unos hechos que podrían esconder tratos de favor, prevaricación e incluso inacción ante el supuesto chantaje policial a determinados negocios de la zona del cuadrilátero.

Las apuestas. Ese podría haber sido el caldo de cultivo del caso Corredor, de acuerdo con las investigaciones de la Brigada Provincial de la Policía Judicial sobre uno de los principales imputados en la causa, el abogado y empresario del ocio Evaristo González Reyes, quien estaba convencido de que una de sus empresas podría salir muy beneficiada de un cambio legislativo en Canarias sobre el juego.

Las investigaciones de los agentes del Grupo de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción están plasmadas en atestados y diligencias policiales que datan de los inicios de la investigación del caso Corredor, entre los meses de abril y mayo de 2010.

Es la parte del caso Corredor que sigue viva y que tiene en González Reyes uno de sus ejes centrales, después de que la juez sustituta del juzgado de Instrucción 1 de La Laguna, Teresa Álvarez de Sotomayor Soria, dictase el pasado 20 de mayo un auto por el que decretaba la nulidad de todas las escuchas entre el 21 de septiembre de 2010 y el 11 de junio de 2011.

En una de las diligencias, la 21.324/10, los investigadores policiales detallan una conversación que califican “del todo significativa”, mantenida el 26 de abril de 2010 entre Evaristo González y su socio Pedro Carlos Machín Quintero en dos de sus empresas: Comercial Castroba S.L., propietaria de la discoteca Pam Am Club; y Comercial Lotalyan S.L., dedicada al negocio inmobiliario.

En ella, el empresario del ocio y del juego le comenta a Machín Quintero que se ha entrevistado con una persona conocida como Ferrer (al que la policía identifica como Juan Ferrer Martínez, vicesecretario de la empresa Sitecsa, relacionada con máquinas de entretenimiento y juego como las tragaperras), y que conversaron “acerca de un reglamento que actualmente se está discutiendo en el Parlamento”, en materia de juego y apuestas.

En ese reglamento, según informa la Policía Judicial, los locales de apuestas también estarían incluidos. “A este respecto (González Reyes) ya anticipa que la gestión de estos locales será asignada a una empresa con vinculación directa a Sitecsa. Aluden a las empresas CIRSA y UNIDESA (Universal del Desarrollos Electrónicos S.A.) Ambas empresas están relacionadas con materia de juego, ocio y entretenimiento, como por ejemplo, las máquinas recreativas conocidas popularmente como máquinas tragaperras”.

“Es decir, antes de la aprobación del reglamento por el Parlamento de Canarias, ya tienen conocimiento de qué posible empresa sea la beneficiaria de la concesión”.

Continúan con que “la información de que dispone Evaristo, fruto de su encuentro con Juan Ferrer, es que la apertura y concesión de licencias a los locales de apuestas será gestionado a través de una empresa concesionaria, es decir, no será tramitado directamente por el Gobierno de Canarias, sino a través de una empresa que obtenga la concesión para la gestión de los locales de apuestas”.

Interés por el Pub Sketch y la “lógica” de sus incendios

Interés por el Pub Sketch y la “lógica” de sus incendiosEn el auto de 22 de mayo de 2010, por el que el magistrado que entonces llevaba la investigación judicial, Juan Manuel Reyes Alvarado, dictó la prórroga de las escuchas, se recoge esta conversación entre González Reyes y Juan Ferrer, en la que González Reyes habría manifestado su interés por el local del denunciante del caso Corredor, Carlos Calderón, propietario del pub Sketch, situado en la zona de El Cuadrilátero.

El empresario imputado “habría hecho referencia al pub Sketch como el mejor sitio de la zona de La Laguna, ‘de toda la vida’, para ubicar uno de esos locales de apuestas. Incluso Evaristo confirma que le será asignado un local de apuestas, pues refiere; ‘nosotros que vamos a entrar es lógico que entraremos en todo el juego juntos, ¿no?, se está dejando caer con la joya de la corona”. La Policía deduce que “la joya de la corona” es una persona de autoridad en el ámbito del juego o un organismo.

El auto judicial prosigue con que “resulta bastante significativo, y coincidente con lo manifestado por el denunciante en cuanto al elevado interés que Evaristo mantiene por el local del pub Sketch, que en esta conversación se aluda al referido pub como lugar idóneo para un local de apuestas, ignorando su realidad actual en cuanto al contrato de arrendamiento suscrito por el denunciante con sus legítimos propietarios, y las licencias de las que goza para el desarrollo de su actividad de ocio”.

“Da la impresión de que Evaristo cuenta con la plena disponibilidad del local, pues en ningún momento se hace mención a estas circunstancias. Es más, de sus palabras parece como si no existiese impedimento alguno”.

“A la vista de todo lo anteriormente expuesto”, la Policía Judicial considera como “muy probable” que “un mismo grupo de delincuentes sea el único autor de los incendios”. Se refieren a los incendios que el 6 de mayo de 2010, Carlos Calderón denunció que había sufrido en su local (13 de diciembre de 20099 y en un garaje colindante (13 de abril de 2010), además de en su vivienda particular (17 de abril de 2009). En otro local cercano, el BB+, vinculado con Evaristo González Reyes, también se constató que hubo un incendio.

En el atestado policial 21.324/10, en el que se apoya el auto judicial del 22 de mayo de 2010, se indica que el pub BB+ “se halla vinculado al investigado Evaristo González, pues se tiene conocimiento de que consta una querella interpuesta por Evaristo González, en unión de dos más, contra la persona que regentaba anteriormente dicho pub”.

Esa persona, Jesús Adolfo Velázquez Gómez, había solicitado el cese de la licencia de pub ante el Ayuntamiento de La Laguna.

En conversación grabada el 12 de junio de 2010 entre González Reyes y uno de sus hombres de confianza, Tomás, ambos hablan de la nueva persona, Antonio, que se ha hecho cargo del BB+. “De la conversación se infiere que el referido Antonio no tenía conocimiento de que el incendio fue provocado, y por eso no pidió dinero y defendió ante la aseguradora la indemnización”, informó al juez la Policía Judicial.

En la misma conversación grabada, Evaristo González Reyes se jacta de que este incendio sí que le salió bien: “Fue hecho perfecto, esta vez sí fue hecho perfecto, porque el que hice allá en Guamasa en los Álamos me salió mal, mal hecho, mal hecho. Ese no lo hicieron bien los que lo hicieron, pero bueno, este me salió perfecto”.

Nuevo reglamento de apuestas

Nuevo reglamento de apuestasEl pasado 16 de octubre de 2014, el Parlamento de Canarias aprobó el Reglamento de Apuestas Externas de la Comunidad Autónoma de Canarias y se modificaron disposiciones generales relacionadas con las apuestas y el juego. En él no se habla de externalización de la gestión de los locales de apuestas, ni de concursos públicos para la adjudicación de ese servicio.

Pero sin duda se trata de un buen negocio, con la apertura a 95 autorizaciones para la apertura de otros tantos locales de apuestas externas en Canarias, 24 de ellos en Tenerife y 44 en Gran Canaria.

El negocio del juego y las apuestas no le es ajeno a Evaristo González Reyes, a quien entre 1986 y 1994 le fueron incoados 42 expedientes sancionadores por faltas graves y muy graves a la normativa sobre el juego, además de imponérsele una sanción de 30.000 euros. En julio de 1989 ingresó en prisión, presuntamente implicado en detención ilegal (secuestro) y amenazas en la persona del jefe de Inspección del Juego de Canarias, José Antonio Acha Meneses. Meses después fue puesto en libertad.

El periodista Isaac Tacoronte, que fue uno de los denunciantes del caso Corredor junto con su pareja y propietario del pub Sketch, Carlos Calderón, habría faltado a la verdad durante su declaración como testigo en sede judicial, a tenor del informe pericial que la acusación particular ha puesto sobre la mesa del juzgado de Instrucción 1 de La Laguna, en el que se instruye la causa.

En el momento actual hay dictado un sobreseimiento provisional para todos los que figuran imputados en una de las piezas del caso, la pieza 22, entre ellos el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por CC, Fernando Clavijo, sobreseimiento que solicitaron tanto la Fiscalía Anticorrupción como los abogados defensores, pero a esa decisión judicial se ha opuesto la acusación particular con un recurso de reforma, subsidiario de apelación.

En ese recurso, el abogado de Carlos Calderón, Manuel Estévez Acevedo, argumenta que han quedado pendientes numerosas pruebas por practicar, entre ellas, una prueba pericial caligráfica a Tacoronte, después de que éste negara ante el magistrado Cesar Romero Pamparacuatro, el pasado 8 de enero, que hubiese declarado en dos ocasiones en sede policial, sino sólo una y que, por lo tanto, una de las actas de declaración que lleva su firma sería falsa.

Ese mismo día, el magistrado practicó a Tacoronte la prueba que se conoce como cuerpo de escritura, por la que le hizo estampar su firma diez veces en un folio, para que los peritos pudieran cotejarla con la que aparece en el acta de declaración aportada por la Brigada Provincial de la Policía Judicial.

El informe pericial, de 19 páginas, elaborado por José Guillermo Pastor Vázquez, presidente de la Asociación Nacional de Peritos Calígrafos, Documentólogos y Grafólogos, concluye que ambas firmas han sido realizadas por la misma mano, pues morfología y fisionomía tienen la misma estructura; el índice de proporcionalidad es simétrico, y los puntos de ataque, finales y los rasgos “nos hacen constatar que las firmas dubitadas poseen la misma constante gráfica que las firmas indubitadas”.

Para la acusación particular, el resultado de la prueba es muy importante, ya que Isaac Tacoronte, ahora contratado por Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se desdijo de su apoyo a su ex pareja y negó que hubiese ratificado la denuncia que Carlos Calderón interpuso ante la Fiscalía por el acoso de un policía que le pedía dinero para no cursar actas sancionadoras por el horario de cierre del Sketch.

Al negar su firma en un documento de la Policía Judicial, Tacoronte habría acusado al Grupo de Delitos Económicos relacionados con la Corrupción una falsedad de documento público y una apropiación de firma. Sin embargo, si es Tacoronte quien ha faltado a la verdad, como se deduce de la pericial caligráfica, podría haber incurrido en falso testimonio, calumnias y obstrucción a la Justicia, que se castigan con penas de cárcel.

Falta que el magistrado Cesar Romero Pamparacuatro (cuyas imputaciones por retraso malicioso, además de falsedad de documento público e infidelidad en la custodia de documentos han sido archivadas definitivamente por el TSJC), resuelva primero sobre la petición de la acusación particular contra el sobreseimiento provisional de Clavijo y otros 12 sospechosos, o dicte el sobreseimiento definitivo y archivo de la pieza 22.

La acusación particular recurrió el pasado 23 de abril ante el propio juzgado de Instrucción 1 de La Laguna, y subsidiariamente, ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el sobreseimiento provisional de la pieza 22 del caso Corredor, en la que está imputado el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo, y solicita que se practiquen las pruebas que fueron solicitadas por el magistrado instructor, César Romero Pamparacuatro, hasta que abstuvo de la causa.

Ello significa que el caso Corredor sigue abierto, y que el sobreseimiento de Clavijo y de otras 12 personas imputadas por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias y negativa a perseguir delitos, no es definitivo, como dijo el candidato presidencial en rueda de prensa, sino que la causa podría reanudarse si la Audiencia Provincial así lo estima, lo que presumiblemente, tardará meses en resolverse.

En su escrito, Manuel Estévez, abogado del denunciante del caso Corredor, Carlos Calderón, se muestra contundente al expresar su sorpresa por la afirmación que hace en el auto de sobreseimiento y archivo provisional la juez de refuerzo del juzgado de Instrucción 1 de La Laguna, Teresa Álvarez Sotomayor, quien sostuvo que se han practicado las diligencias de instrucción, cuando lo cierto es que “ni se han practicado, ni se ha tenido respuesta y, mucho menos, las escasas pruebas testificales practicadas, en las cuales obviamente no estuvo la juez sustituta, pueden llegar a una conclusión tan precipitada”.

El letrado se apoya en que “hay cantidad de infracciones penales que se presumen con abundante material probatorio, aportado a los autos por el Grupo de Policía Judicial de la Brigada de Anticorrupción” y más adelante añade que “de lo instruido y de la multitud de informes policiales que obran en autos, a falta de que sean evacuados por los investigadores en sede judicial, extremo que no se ha hecho, y practicadas las pruebas que corroboren sus investigaciones, diligencias que no se han hecho, no cabe la menor duda de que los hechos denunciados reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos par la comisión del delito de que se trata”.

En este sentido, el letrado se refiere a declaraciones de imputados que no se han llevado a cabo, como la de José Antonio Santana, empresario del ocio y hombre de confianza del multi-imputado en el caso Corredor, Evaristo González Reyes, o la técnico municipal Aymara Sánchez Calero, sospechosos de tráfico de influencias y prevaricación, respectivamente.

También estarían pendientes de practicar las declaraciones de más de nueve testigos, las pruebas caligráficas al periodista Isaac Tacoronte, quien denunció que su firma había sido falsificada por la Policía Judicial, y la prueba forense del audio de una grabación efectuada por el denunciante y en la que quedaría plasmada las órdenes directas de Clavijo para evitar sanciones por incumplir el horario de cierre del pub Sketch.

Respuesta solo a la Fiscalía

Añade en su recurso de apelación que no se ha dado respuesta a la petición de protección a una testigo considerada esencial, y que minimizó en su escrito de petición de sobreseimiento la Fiscalía al afirmar que no declaró en sede judicial ni en comisaría, pero obviando que sí lo hizo ante un agente de la Policía Judicial que le otorgó credibilidad.

El abogado muestra asimismo su sorpresa por la rapidez con la que la juez de refuerzo dictó el auto de sobreseimiento provisional, tan sólo tres días después, el 16 de marzo, de que la Fiscalía lo solicitara, y casi junto con el auto de nulidad de las escuchas telefónicas entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre de 2010.

“Con este panorama, dicho sea en estrictos términos de defensa, al cual no se le encuentra sentido, donde se resuelve con una urgencia que sobresale a lo que pide la Fiscalía, y sin embargo, respecto de otras diligencias que se han solicitado, incluso solicitadas por el juez instructor, no hay respuesta y todo es un silencio abrumador, obteniendo solo y exclusivamente respuesta a lo solicitado por la Fiscalía, y por ello, entiende esta parte, que no tienen cabida los argumentos que utiliza la juez sustituta para cimentar la resolución impugnada”.

Igual de rotundo se muestra el letrado en cuanto al archivo de las posibles coacciones que recibió el denunciante por parte de un policía local apellidado Lutzardo, y que fueron el origen del caso Corredor:

“Concluye (la juez) que los actos delictivos atribuidos al policía Lutzardo no han quedado suficientemente justificados, y se basa en que en su declaración negó los mismos, y por lo tanto, se encuentra ante versiones contradictorias. Obviamente, de recibo no es que cuando se le pregunta a un imputado por los hechos que se le acusan, los reconozca desde el primer instante”. Y ello, a pesar de que otros agentes policiales declararon que sí conocían que el agente en cuestión pedía dinero para no levantar actas sancionadoras.

En el recurso, de 19 páginas y al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, se repasan todos y cada uno de las posibles hechos delictivos sobreseídos con alegatos similares. Por ejemplo, intenta desmontar el argumento de la juez de que no había una persecución contra el propietario del local Sketch (el denunciante, Carlos Calderón), porque los demás pubs de la misma zona de ocio también habían sido sancionados.

De sorpresa en sorpresa

Sin embargo, consta en autos un informe policial que viene a decir lo contrario, que analizadas las infracciones impuestas a locales propiedad del imputado Evaristo González Reyes (El Palco, el Bali, Kaiptel y Barock) y las impuestas al local Sketch, éste último es el único sancionado en los años 2006 y 2007, llegando a las ocho denuncias en un mismo año, y ello a pesar de que el Sketch tenía categoría de discoteca, por lo que su horario era más amplio.

La acusación particular se expresa en términos parecidos en relación a los delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación por fraude de subvenciones, así como la posible prevaricación en cuanto a la concesión de licencia de apertura de una cafetería, sin reunir los requisitos para ello, ya que alega que, pese a la nulidad de las escuchas, hay suficiente documental para sostener las sospechas.

Por último, llama la atención a la Audiencia Provincial sobre el hecho de que la Fiscalía se haya opuesto “de manera enérgica” a todos y cada de los recursos que presentaron los imputados en contra de sus imputaciones, plasmadas en el auto judicial del 11 de noviembre de 2014, con el que se levantó el secreto del sumario, y que además, haya sido la Fiscalía la que instase “una ingente práctica de pruebas tendentes a esclarecer los hechos investigados y depurar cuantas responsabilidades penales hubieran”.

“Empero”, añade el letrado, “sorprende que sin practicarse esas pruebas necesarias e imprescindibles para poder tener un mínimo juicio de valor, y habiéndose practicado pruebas que nada han aportado a la causa”, la fiscal solicitase el archivo provisional de la pieza 22 del caso Corredor.

La juez sustituta Teresa Álvarez de Sotomayor, en funciones de sustitución en el juzgado de Instrucción 1 de La Laguna, ha hecho suyos los argumentos que expuso la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife en sus escritos de 9 y 16 de marzo, y ha procedido a declarar nulas las escuchas telefónicas que la Policía Judicial grabó entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre de 2010, y todas las pruebas derivadas de ellas.

Asimismo, en un segundo auto, la juez declara el sobreseimiento provisional de los 13 imputados en la pieza 22 del Caso Corredor, aunque la causa se mantiene abierta para otros treinta imputados, el principal de ellos, el empresario del juego y la noche lagunera, Evaristo González Reyes.

De esta forma, sin las numerosas pruebas derivadas de las escuchas, sobre la mesa de la juez sustituta quedaron tan sólo las declaraciones de los imputados y testigos, declaraciones contradictorias que negaban todos los términos expuestos en su denuncia por el denunciante Carlos Calderón, que era propietario de un pub en el corazón de la zona de ocio llamada Cuadrilátero, el pub Sketch.

La ausencia del auto judicial firmado y motivado ha librado de imputaciones, al menos mientras no se aporten nuevas pruebas que puedan reabrir la pieza, al candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por CC, Fernando Clavijo, sospechoso hasta este viernes de tres supuestos tráficos de influencias, tres prevaricaciones, dos malversaciones de caudales públicos, dos falsedades documentales y una no promoción de perseguir delitos.

La juez, al igual que la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez, declara nulas las conversaciones entre Clavijo y Francisco Barreto, en las que se daban instrucciones para agilizar la apertura de un bar en La Cuesta pese a no tener licencia para ello, así como considera dos simples ilícitos administrativos, que no revisten entidad de delito penal, las ayudas irregulares a una concejal del Ayuntamiento de La Laguna y un asesor municipal de CC para su realojo tras detectarse aluminosis en sus viviendas y que dieron lugar a dos imputaciones de tráfico de influencias, dos prevaricaciones, dos falsedades documentales y dos posibles malversaciones.

Dos de las pruebas pedidas por el denunciante han quedado en el camino. Una es la toma de declaración a una testigo, sobre cuya protección no ha llegado a pronunciarse la Fiscalía, pese a que la acusación particular pidió esa protección en marzo pasado.

La fiscal sostuvo que el testimonio que esa testigo ofreció a un policía judicial no era prueba válida ya que no se prestó ni en sede judicial ni en comisaría, mientras que la juez entiende que la identificación de esta testigo de los asistentes a una posible reunión, en la que estarían Clavijo, el gerente de Urbanismo Roberto Remiro y el empresario Evaristo González Reyes, que sería quien daba instrucciones para acabar con el pub Sketch, no se hizo mediante rueda de reconocimiento o reconocimiento fotográfico directo, visto lo cual entiende que no hay indicios suficientes de una conducta delictiva

De la misma manera, estima que las actas sancionadoras al pub Sketch por incumplimiento de horario de cierre, no suponían ninguna persecución hacia el denunciante Carlos Calderón, ya que otros locales de su entorno también habían recibido sanciones, incluido el pub BB+, propiedad de Evaristo González Reyes, al tiempo que subraya que el denunciante sí tenía numerosos conflictos con la Gerencia de Urbanismo de La Laguna por las numerosas sanciones que le imponían por el cierre del local, lo que derivó en juicios contencioso administrativos que bien ratificaron las sanciones o dieron la razón al denunciante “por defectos formales”.

En relación con lo anterior, la juez considera que no hay indicios de otro de los posibles ilícitos que se le imputaba a Fernando Clavijo, el de no promoción de perseguir delitos, en relación a los intentos de extorsión que Calderón dijo que recibía del policía local Juan Pedro Lutzardo, ya que considera que Clavijo, que entonces era concejal de Seguridad Ciudadana, dio órdenes al jefe de los turnos de noche de la Policía Local que indagase esos hechos, además de afirmar ante el juez que no dio credibilidad a las afirmaciones de Calderón.

En cuanto al posible tráfico de influencias que pesaba sobre el candidato presidencial, en relación al retraso en el precinto de un local llamado Utopía, vinculado a Evaristo González Reyes, que regentaba su amigo José Antonio Santana, presidente de la patronal del Ocio (Fecao), nada puede atribuirse al ser nulas las escuchas, el mismo motivo por lo que no aprecia el tráfico de influencias en relación a la apertura sin licencia del bar de Francisco Barreto, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Aguere.

El caso sigue abierto

De esta forma, Fernando Clavijo queda libre, provisionalmente, de las 11 imputaciones que pesaban sobre él, pero en el sumario quedan decenas de miles de folios de conversaciones que sí cuentan con el respaldo judicial, salvo que la Audiencia Provincial dicte lo contrario y de por nulo el auto primero que dio lugar al resto de escuchas de comunicaciones telefónicas y telemáticas.

Por esas escuchas hay encausadas otras treinta personas, con un eje central, Evaristo González Reyes, al que se le imputan, entre otros, delitos contra el patrimonio, la Seguridad Social, cuatro posibles incendios de locales y robos.

Uno de esos supuestos robos sería justamente el auto judicial primero de las escuchas, que pudo ser reconstruido por constar en soporte informático, lo que González Reyes, el mismo que ha apartado de la causa (también provisionalmente) al magistrado instructor Cesar Romero Pamparacuatro, ha recurrido también ante la Audiencia Provincial.

La acusación particular se ha opuesto al sobreseimiento provisional que ha solicitado la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife para los imputados en la pieza 22 del caso Corredor, la que implica a Fernando Clavijo y otras 12 personas más, entre ellas el empresario de la noche y el juego Evaristo González Reyes y varios técnicos del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

En sus dos escritos de oposición, con fechas de 8 y 9 de marzo pasado, a los que ha tenido acceso Tenerife Ahora, Manuel Estévez, abogado del denunciante y también acusador Carlos David Calderón, solicita a la juez que en la actualidad instruye el caso, la titular del juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, que no se dé por sobreseído este asunto sin que se practiquen las pruebas que la misma Fiscalía solicitó o apoyó en diciembre pasado.

Entre esas pruebas estaría la prueba pericial que solicitó el anterior juez instructor, César Romero Pamparacuatro, sobre una veracidad de la grabación en audio que aportó el denunciante a la Fiscalía y en la que intervendría el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. De esa grabación, según la acusación, se deduce que Clavijo era conocedor de los intentos de soborno de un policía local, el imputado Juan Pedro Lutzardo, al denunciante para evitar actas por incumplimiento de horario de su pub Sketch.

El abogado expone que la propia Fiscalía da veracidad a la grabación y que en su escrito de petición de sobreseimiento señala que “no hay el más mínimo indicio de que se haya tergiversado la grabación, o se hayan efectuado supresiones que traicionen el sentido de la conversación mediante amputación de fragmentos”, por lo que manifiesta su asombro por que no sean apreciados suficientes indicios como para proseguir con la investigación.

Igualmente, el letrado solicita que sea llamada como testigo protegida la arquitecto Alejandra Medina, quien dice que asistió a una reunión en la que se encontraban Clavijo, el gerente de Urbanismo y el principal encausado en la pieza común del caso Corredor, el empresario Evaristo González Reyes. En este punto, el abogado de la acusación particular solicita de la juez sustituta que se pronuncie pues la solicitud de protección se hizo más de un mes.

La Fiscalía pidió más pruebas

El letrado es aún más crítico con la Fiscalía al recordar que hace tan sólo cuatro meses ésta se opuso “de manera enérgica a todos y cada uno” de los “ingentes recursos de reforma y subsidiarios de apelación” que han presentado las defensas de todos los imputados.

Así mismo, añade que ha sido la propia Fiscalía la que ha instado “una ingente práctica de pruebas tendentes a esclarecer los hechos investigados y depurar cuántas responsabilidades penales hubieran, empero, sorprende, cómo es que sin practicarse esas pruebas necesarias e imprescindibles para poder tener un mínimo juicio de valor y habiéndose practicado pruebas que en nada han aportado a la causa ya que, precisamente, faltan por practicar pruebas determinantes que desvelen el núcleo duro de toda la investigación”.

De la misma manera, la acusación particular se opone a la nulidad de las escuchas entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre de 2010, por carecer de auto judicial de prórroga de las mismas, y con ello, a que se dicte la nulidad de las pruebas obtenidas de esas conversaciones, y que dejarían sin base las imputaciones a Clavijo y varios técnicos del Ayuntamiento por delitos relacionados con el fraude de subvenciones a un asesor de CC sobre asuntos vecinales (Ricardo González) y a la concejala de Cultura, la socialista María Cruz Castañeda.

La acusación particular considera insuficientes las pruebas testificales practicas hasta la fecha (“tan sólo ocho tomas de declaraciones”, insiste), y aparte de la pericial sobre la grabación y la toma de declaración a Alejandra Medina, pide que sean llamados a declarar como imputados Francisco Celestino Jesús Barreto Rodríguez (quien se habría beneficiado de una apertura de local en La Cuesta antes de tener licencia para ello), José Antonio Santana y la técnico municipal Aymara Calero, y citados como testigos otras 10 personas, entre ellas tres policías locales y Vicente González, jefe de los Servicios de Licencias del Ayuntamiento lagunero.