La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer posibles vertidos ilegales en Andalucía y Extremadura, tras la detención de dos personas por verter amianto en una finca catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno andaluz, después de hacerse pasar por integrantes de una empresa autorizada para retirar uralita.

En un comunicado, la Policía Autonómica ha informado de que la investigación, en el marco de la ‘Operación Barroco’, se inició hace un año tras detectarse vertidos contaminantes compuestos por grandes cantidades de uralita, material que contiene amianto con alto potencial cancerígeno, en las inmediaciones de la Hacienda Ibarburu, en la carretera N-IV a su paso por Dos Hermanas.

Los agentes comprobaron que los residuos contaminantes eran depositados sin ningún tipo de medida de seguridad medioambiental contraviniendo la normativa autonómica y afectando directamente a un enclave protegido, ya que la finca está catalogada como BIC por la Junta de Andalucía desde 2002.

Fruto de las pesquisas se identificó al autor material de los vertidos, a quien se le imputó un delito contra el medio ambiente y posteriormente como consecuencia de la continuación de las investigaciones, se logró identificar y detener a un segundo sujeto, a quien, además del delito anterior, se le imputaron también delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores.

El modus operandi de los autores consistía en ofrecer sus servicios como empresa especializada en la retirada y tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos, asegurando contar con los permisos y certificaciones necesarios que la Junta requiere para tal actividad.

Así pues, una vez que eran contratados para la retirada de la uralita, procedían a su retirada manipulando dicho material sin adoptar medidas preventivas y lo transportaban en vehículos alquilados que carecían de las características adecuadas para tal fin.

Finalmente, volvían a verter los residuos contaminantes en lugares de difícil acceso, obviando cualquier tipo de tratamiento para su descontaminación o eliminación, generando un grave riesgo para la salud pública.

El Tribunal Supremo ha resuelto que Uralita debe indemnizar no solo a los familiares de los trabajadores de una de sus fábricas, situada en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), sino también a los vecinos que vivían cerca de la misma y que también se vieron afectados por la contaminación de las emanaciones de amianto. En la sentencia, el alto tribunal establece que Corporación Industrial de Materiales de Construcción S.A. –antes denominada Uralita– debe compensar económicamente a 39 afectados por los daños causados por la actividad industrial que la empresa desarrolló en ese municipio entre 1907 y 1997, consistente en la fabricación de elementos para la construcción mediante el uso de amianto. Además, aclara que entre esas personas a indemnizar no solo figuran familiares de trabajadores de la fábrica sino también personas que vivían en las proximidades y que igualmente se vieron perjudicadas por la contaminación ambiental, en concreto por emanaciones y residuos procedentes de la misma.

El total de la indemnización supera los 2,3 millones de euros, y el Supremo estima parcialmente el recurso de los afectados en el sentido de apreciar el daño moral derivado de las placas pleurales, que son una manifestación radiológica de la exposición del amianto, que implica un factor de riesgo aunque no conlleva afectación pulmonar. Para ello tiene en cuenta el riesgo de acabar contrayendo una enfermedad derivada del amianto, el largo periodo de incertidumbre por los elevados periodos de latencia de la enfermedad y el hecho de que los demandantes viven en una población con un elevado porcentaje de enfermedades de esa clase.

Los perjuicios alegados en la demanda de los afectados se basaban en la inhalación de fibras de amianto. En primer lugar por parte de los familiares de los trabajadores de la empresa, que retornaban a sus respectivos domicilios con las ropas de trabajo contaminadas, pero también por las personas que vivían en las proximidades de la fábrica a consecuencia de las emanaciones y residuos procedentes de la misma.

Un juzgado de primera instancia estimó la demanda solo en cuanto a las pretensiones de los familiares de trabajadores que habían prestado sus servicios en la empresa entre 1971 y 1977. Pero posteriormente, la Audiencia Provincial amplió la responsabilidad de la empresa respecto a todos los familiares de trabajadores, sin limitarla a dicho periodo, y estimó también la demanda en cuanto a los vecinos. El Supremo desestima ahora los recursos interpuestos por la compañía.

El alto tribunal considera que la utilización del amianto en los procesos industriales, y especialmente la inhalación del polvo que se desprendía en la fabricación de productos derivados, conformaba un indiscutible riesgo para la salud perfectamente conocido cuando menos en la década de los años cuarenta del siglo pasado. Añade que la entidad demandada tenía perfecta constancia de los riesgos que estas sustancias generaban para la salud de los trabajadores y de otras personas, así como la peligrosidad de la actividad industrial que desarrollaba, en tanto en cuanto era susceptible de generar distintas patologías respiratorias elevadas incluso a la condición de enfermedad profesional.

La sentencia agrega que sobre los vecinos la empresa era consciente de que su actividad industrial era anormalmente peligrosa y ello le obligaba a extremar las precauciones debidas en un grado muy elevado y a adoptar medidas eficientes para evitar o disminuir los riesgos y garantizar la indemnidad de las personas. “Las circunstancias acreditadas en el litigio indican que, lejos de observarse ese especial deber de cuidado exigible, se incrementó el riesgo en la gestión no solo con deficiencias en el mantenimiento interno de los niveles de contaminación tolerables sino también en la contaminación ambiental”, fundamentan los magistrados.

Respecto de los familiares de los trabajadores explican que “era conocida la retención y depósito sobre las prendas de trabajo de las fibras y polvo del amianto”. Por ello, el tribunal considera que “no era difícil para la empresa representarse, en su activa obligación de prevenir daños, que la referida vestimenta llegase impregnada de tales sustancias a sus domicilios, donde eran lavadas, y que por lo tanto constituyese un foco de contaminación para sus familiares convivientes”.

La Sala confirma también la compatibilidad entre las indemnizaciones reclamadas por los herederos de las personas ya fallecidas y las correspondientes al daño experimentado por estos como perjudicados por su muerte.

La empresa Coemac, la antigua Uralita, ha solicitado declararse en concurso de acreedores. Fuentes de la compañía han explicado a la ACN que el consejo de administración se reunió este jueves y comunicó la decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Aseguran que Coemac se encuentra en una situación de “insolvencia” y que es incapaz de hacer frente las indemnizaciones por los efectos que la fabricación de fibrocemento con amianto tuvo sobre los vecinos y trabajadores de sus antiguas fábricas.

La previsión es que este viernes la petición se formalice ante el juzgado pertinente. La empresa señala que el concurso sólo afecta a la sociedad cabecera del grupo y confía en que no se extienda al resto de filiales.

Los responsables de Coemac aseguran que en los últimos años han tenido que hacer frente a los procedimientos judiciales y las indemnizaciones vinculadas al impacto que el polvo de amianto tuvo sobre la salud de vecinos y trabajadores de sus antiguas fábricas. “Todos los beneficios y los negocios en los que habíamos ido invirtiendo han tenido que destinarse a esta causa”, remarcaron fuentes de la empresa.

Asimismo, señalaron que esperaban que la operación para vender su negocio de fabricación de tuberías pudiera ayudarles a revertir la situación: “Desgraciadamente se está retrasando y aunque todavía sigue en pie, aún no se ha cerrado” , detallaron.

La compañía subraya que el concurso solicitado afecta únicamente Coemac, la sociedad cabecera del grupo, y que no se extiende a otras filiales, en particular a Adecua Water Solutions, titular del negocio de tuberías y accesorios de PVC.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la empresa Uralita a pagar 3,5 millones de euros de indemnización a un grupo de 14 vecinos de Cerdanyola del Vallès y de Ripollet (Barcelona) afectados por la exposición al amianto proveniente de la fábrica dedicada a la manufactura de productos derivados del fibrocemento que la multinacional mantuvo operativa entre 1907 y 1997 en Cerdanyola.

El colectivo de vecinos, representados por el Col·lectiu Ronda, se vio afectado por la inhalación de fibras de asbesto en su ámbito doméstico aunque no mantuvieron relación laboral con la empresa, bien porque convivían con familiares que trabajaban en la factoría y acudían a su domicilio con la ropa de trabajo impregnada de amianto, o por tener fijada la residencia o puesto de trabajo cerca de la planta, ha informado Col·lectiu Ronda en un comunicado.

La sentencia, consultada por Europa Press, expone que Uralita, “conociendo el peligro que comportaba la utilización e inhalación de fibras de amiento, no actuó con la diligencia exigible en emitir sin el control adecuado al ambiente exterior las fibras de amianto de su explotación industrial”.

Y añade: “Incurriendo en responsabilidad civil de carácter extracontratual por los daños causados en las poblaciones circundantes de Cerdanyola y Ripollet en inhalar sus habitantes las fibras de amiento emitidas al ambiente exterior sin el debido control”.

La Audiencia de Madrid confirma así la resolución previa del juzgado de primera instancia número 5 de la capital española.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado una indemnización de unos 260.000 euros a diez familiares de cuatro mujeres fallecidas por amianto, cuyos maridos trabajaron en la fábrica de Uralita en Getafe al entender que “las enfermedades padecidas por las esposas de los cuatro trabajadores de Uralita tuvieron una relación causa-efecto en la inhalación de polvo de amianto al lavar y planchar ropa de trabajo de sus maridos”.

Así, el Alto Tribunal inadmite los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación de la empresa contra la sentencia dictada el 5 de abril de 2016 por la Audiencia Provincial de Madrid.

La primera sentencia de este proceso fue en enero de 2015 por parte del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid, que condenó a Uralita a indemnizar con 281.948 euros a 11 familiares de las mujeres de cuatro trabajadores de la factoría de Getafe, fallecidas por inhalación de polvo de amianto entre 2011 y 2013, aunque la Audiencia Provincial dejó fuera de las indemnizaciones en 2016 a uno de los beneficiarios.

Además, recogiendo los términos de la sentencia de primera instancia que asume el tribunal de apelación, se concluye que la empresa “no ha acreditado suficientemente que adoptara, no ya las medidas a que legalmente viniera obligada, sino aquellas que conforme a los conocimientos habidos en el momento en el que debieron producirse los hechos litigiosos, entre 1962 y 1992, debían haberse adoptado”.

Asimismo, se señala que la actividad productiva se desarrollaba con materiales “que conocía ya desde al menos 1940 eran especialmente peligrosos, no habiendo probado desde luego la misma en forma suficiente, a juicio del tribunal de apelación, la eficacia de las medidas de seguridad al efecto adoptadas por ella para evitar en lo posible la existencia de fibras de amianto, al no constar en los autos prueba pericial al efecto”.

El Tribunal considera que tampoco se adoptaron medidas en materia de prevención y seguridad e higiene tendentes a evitar una inhalación, “no ya solo por parte de los trabajadores, sino igualmente por parte de aquellas personas que sabían que podían entrar en contacto con fibras de amianto, inhalando su polvo, en tanto que quedaban adheridas a la ropa de sus trabajadores, por ocuparse del lavado y cuidado de la misma”.

“Y ello no solo respecto de la ropa de trabajo, sino incluso de la ropa de calle que durante mucho tiempo se dejó en la misma taquilla que la ropa de trabajo, no constando a la Audiencia, cuándo instaló Uralita taquillas diferenciadas para guardar una y otra ropa”, añade el auto.

La primera sentencia de este proceso fue en enero de 2015 por parte del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid, que condenó a Uralita a indemnizar con 281.948 euros a once familiares de las mujeres de cuatro trabajadores de la factoría de Getafe, fallecidas por inhalación de polvo de amianto entre 2011 y 2013, aunque la Audiencia Provincial dejó fuera de las indemnizaciones en 2016 a uno de los beneficiarios.

Lenta, como la enfermedad que se va desarrollando en los trabajadores, sus familiares y los vecinos de las fábricas de Uralita, la justicia española va dando pasos y condena a la empresa de materiales de construcción por las terribles consecuencias para la salud que el amianto ha provocado entre las personas. En la última semana, una nueva condena confirman el efecto devastador que el polvo de amianto ejercía con los vecinos que vivían alrededor de las fábricas.

El pasado diciembre la Audiencia Provincial de Madrid condenaba por primera vez a Uralita a indemnizar con más de dos millones de euros a 39 personas por los daños ambientales y las enfermedades ya que estuvieron expuestos al amianto por la cercanía de sus casas a la fábrica de Cerdanyola. La semana pasada se conocía otra condena del juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid que  sentenciaba que la defunción de 14 vecinos y familiares de extrabajadores esta planta de Uralita tienen su origen y causa en la “falta de diligencia” de la empresa.

El Colectivo Ronda, despacho de abogados que representa a afectados por el amianto, ha ganado las dos denuncias. Su abogada Esther Pérez explica el juez ha tenido en cuenta que “la empresa no actuó con la diligencia debida al ser conocido el elevado riesgo de la utilización del amianto y condena a indemnizar con 1,7 millones como responsable de las patologías y defunciones de afectados que entraron en contacto con el material en el ámbito de su propio domicilio, expuestos por vivir en un radio de 2 kilómetros alrededor del centro fabril”.

Inspecciones en 1977

La abogada recuerda como en 1977 ya hubo una inspección de la fábrica por parte de un ingeniero del Ayuntamiento de Cerdanyola en el que constata la pésima situación de las instalaciones con ventanas rotas, puertas que no se cierran, salidas de humos en malas condiciones y no se realizaban extracciones centralizadas para evitar que el amianto saliera de las naves. Una testigo del juicio declaró que había “un verdadera nube de polvo de amianto” alrededor de la fábrica.

 “Anteriormente no se había conseguido una condena porque los jueces apuntaban que no se podía afirmar categóricamente que el amianto proviniera de un punto concreto, una juez llegó a decir que también podría venir del desgaste de las pastillas de freno de una autovía cercana, pero la realidad es que en las zonas más cercanas a las fábricas hay 10 veces más enfermedades que en otras ciudades, y el mismo patrón ocurre en Cerdanyola y en Getafe, donde había fábricas de Uralita”, comenta desde este despacho de abogados.

El amianto fue prohibido en España en 2001 pese a que el Centro Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó todas las categorías de amianto como cancerígenas en 1973. Uralita tuvo cinco fábricas de fibrocemento, el material para la construcción que contenía el amianto, funcionando entre 20 y 50 años a partir de la década de los 60 del pasado siglo en Cerdanyola-Ripollet (Barcelona), Getafe, San Vicente (Alicante), Valladolid, Sevilla y Quart de Poblet (Valencia). La primera condena contra la empresa Uralita llegaría en España en 1997: el trabajador  de la factoría de Cerdanyola obtuvo en 1982 del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la invalidez permanente en grado total por la enfermedad profesional denominada asbestosis pulmonar. Falleció en 1993 por un cáncer de pulmón.

Víctimas sin relación laboral con Uralita

Desde el Colectivo Ronda explican la importancia de estas sentencias ya que los tribunales reconocen por primera vez a las víctimas ambientales. “Primero se consiguió un reconocimiento para los trabajadores ya que los tribunales condenaron a la empresa por no cumplir con la Ley de prevención de riesgos laborales. Posteriormente, en los juzgados se reconoció que a las víctimas domésticas que convivían con los trabajadores pero también por la vía laboral, ya que las sentencias condenaban a la empresa por incumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales porque no trataba la ropa de los trabajadores. Ahora estas sentencias reconocen a las victimas ambientales, sin relación laboral con la empresa, personas que ha enfermado por vivir cerca de la fábrica”.

Los abogados de Colectivo Ronda apuntan que desde 2012 se han dado más condenas contra la compañía, sin embargo Uralita no cambió su nombre por Corporación Empresarial de Materiales de Construcción (Coemac) hasta 2015 para “reflejar la nueva etapa iniciada por el grupo de materiales de construcción tras el saneamiento financiero llevado a cabo”, según apunta la propia compañía en una nota de prensa. Ni una mención al calvario de sus trabajadores ni a las continuas condenas que han sufrido desde entonces en los juzgados españoles.

En su memoria de resultados correspondiente a 2017 (obtuvo 8,6 millones de beneficios) la antigua Uralita explica que “incluyen provisiones para gastos derivados de procedimientos sociales y de responsabilidad civil iniciados contra el grupo por reclamaciones relacionadas con antiguos procesos de producción abandonados hace más de una década por importe de 23,0 millones de euros”. Esta empresa no ha respondido a la llamada de eldiario.es para dar su versión.

“El pico de incidencia de mesotelioma está por llegar”

La doctora María Antonia Juretschke, neumóloga del Hospital Universitario de Getafe, explicó en unas jornadas organizadas por este colectivo la semana pasada en Getafe que “se sabe desde hace mucho tiempo que es una sustancia muy tóxica. La exposición al amianto en España ha sido brutal, pero todas las enfermedades relacionadas con el amianto tardan muchos años en manifestarse. El pico de incidencia de mesotelioma está por llegar, aunque cada vez tenemos más formas de diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer”.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de octubre de 2013 recalca que “Uralita sabía desde 1947 que el polvo de amianto era peligroso y no adoptó ninguna medida de protección hasta bien entrados los años 70, amparada en una regulación absolutamente obsoleta y permisiva con el empresario. Desde el mismo momento en que conoció la peligrosidad del amianto, debería haber puesto especial cuidado en la protección de los trabajadores que lo manipulaban”. 

Otra sentencia del Tribunal Supremo diciembre de 2015 reconoce el derecho a tres esposas de trabajadores de las plantas de Uralita en Getafe y Valdemoro a cobrar una indemnización por enfermar que “no se trata de analizar si Uralita S.A cumplió o no con la normativa laboral en materia de prevención de riesgos por la manipulación de asbesto o amianto, lo que es propio de la jurisdicción social, sino si aquélla actuó frente a terceros ajenos a esta relación con la diligencia exigible una vez que a partir de los años cuarenta va teniendo un mayor conocimiento del riesgo que, en general, suponía la exposición al polvo de amianto, incluso para terceros ajenos a la relación laboral”. 

Más de 70 años después de que Uralita conociera el impacto del amianto sobre la salud de las personas las cifras de posibles afectados son aterradoras. Un informe de Comisiones Obreras apuntaba que la cifra de víctimas mortales en España entre 2000 y 2030 se elevaría las 50.000 provocadas por  la exposición al amianto durante en las décadas de los ochenta y los noventa. Entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos oficiales vinculados directamente al amianto. Investigadores del Instituto de Salud Carlos III hicieron un informe en 2013 en el que señalaban que entre 2016 y 2020 más de 1.300 personar morirían por cáncer pleural derivado del amianto. La Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Catalunya (AVAAC) estima que “han fallecido 40.000 personas por el amianto y se prevé que puedan fallecer 40.000 más, lo que es un auténtico genocidio laboral y social”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que anualmente en el mundo se producen 100.000 muertes en todo el mundo por estar en contacto con este producto contaminante.

En el Colectivo Ronda subrayan que “lo más dramático de los juicios relacionados con el amianto es que se empieza con una persona pero la sentencia no suele llegar con ella viva. Es una enfermedad que tarda en desarrollarse pero que luego tiene unos efectos muy rápidos en los pacientes. Uralita mantiene una política continua de emprender recursos contra los procedimientos judiciales para intentar desincentivar a unas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy alta. El Poder Judicial debería tomar cartas en el asunto porque Uralita solo pretenden demorar los procesos judiciales sin ninguna razón”.

Tuberías, depósitos, techos, canales pluviales, etc., son varios los materiales fabricados con fibrocemento con amianto, o uralita (nombre de la empresa fabricante y con el que se conoce este mineral en España), que aún podemos ver en muchas casas. El amianto es un mineral compuesto de fibras microscópicas que está presente en la naturaleza en distintas variedades.

El fibrocemento es una mezcla de cimiento pórland y amianto (o asbesto) que se usaba sobre todo en el construcción, especialmente en la época de los años setenta. En España se ha utilizado amianto blanco sobre todo en la fabricación de placas onduladas de fibrocemento (uralita), aislantes y también en canales, depósitos y conducciones de agua. Pero ahora en España está prohibido fabricar la uralita, o fibrocemento, con amianto.

Esta prohibición es de diciembre de 2002, aunque desde un año antes ya se prohibía la fabricación y solo se permitía vender lo que ya estaba fabricado. Esta normativa no afectaba a los materiales que ya estaban instalados y que, por tanto, están permitidos hasta el final de su vida útil. Pero, ¿cómo se puede calcular la vida útil del amianto?

Según la nota “Materiales con amianto en viviendas: guía práctica” del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 2014, “los materiales con amianto tienen un ciclo de vida entre 30 y 50 años”. Esto explicaría por qué aún quedan cobertizos, depósitos o tuberías hechos de uralita que, si se quieren eliminar, debe hacerlo una empresa especializada que tendrá que disponer de los permisos que la legislación impone.

Cuándo es peligroso

La fibra de amianto está considerada un material tóxico. Está prohibida en España y en Europa. Los materiales más peligrosos son los friables, es decir, los que se disgregan en pequeños trozos, polvo o fibras y estas se desprenden en el aire. La uralita, si está en buenas condiciones de conservación y el riesgo de desprendimiento de fibras es poco probable, es decir, está en buen estado, no comporta en sí mismo un riesgo para la salud. El problema está en el grado de deterioro de la uralita y cuando esta se manipula.

Cuando se rompe o se desgasta, pueden liberarse fibras de amianto en el entorno, y estas se pueden respirar e introducir en el pulmón, con el riesgo de producir enfermedades con el paso del tiempo. Además, las fibras también pueden adherirse en la ropa y desprenderse más adelante, lo que puede suponer una expansión de la contaminación. Al derribarse y realizar operaciones de corte o lijado en este material pueden soltarse altas concentraciones de fibras de amianto, que son microscópicas y no se ven a simple vista.

La exposición continua al amianto puede provocar problemas respiratorios por inhalación de las fibras de este mineral y puede derivar en enfermedades graves, como asbestosis (enfermedad pulmonar crónica y conduce al desarrollo de fibrosis alveolar, intersticial y pleural); cáncer de pulmón; mesolelioma (tumor maligno raro del mesotelio pleural o peritoneal). El riesgo depende sobre todo de factores como la concentración de fibras presentes en el aire; la duración y frecuencia de la exposición; el tamaño de las fibras inhaladas y el tiempo que ha pasado desde la exposición inicial.

Retirar la uralita, una operación larga y costosa

La operación para retirar uralita de una casa es larga y costosa, aunque se trate de una pieza de pocos metros cuadrados. Dada la peligrosidad del fibrocemento con amianto, la retirada de este material no debe hacerse de forma particular, sino que se tendrán que contratar los servicios de una empresa especializada.

Desde que se tienen los permisos hasta que se retira pueden llegar a pasar hasta cuatro meses. En España, si se tiene una construcción hecha de uralita y se quiere retirar, las condiciones de gestión de retirada quedan recogidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. La norma establece las pautas para realizar los trabajos de mantenimiento de instalaciones con amianto y la retirada de materiales con contenido de amianto:

Si bien la retirada en sí de uralita no es costosa, sí lo son, como se observa, las precauciones que deben tomarse. En algunos casos se ha propuesto poder contar con puntos verdes de recogida de residuos habilitados para que las personas puedan eliminar sin riesgo pequeñas cantidades de uralita que tengan en casa. El objetivo sería poder eliminar estos residuos (pequeños) sin que ello suponga un coste demasiado elevado para los ciudadanos.

En España hay varias empresas especializadas en la retirada de material de uralita que tienen que cumplir con el Real Decreto 396 y tienen que estar inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). Este registro lo gestiona cada comunidad autónoma. Las empresas inscritas en el RERA son las únicas autorizadas a realizar trabajos con materiales que contengan amianto y, por tanto, las únicas que podrán realizar labores de desamiantado.

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Los trabajadores del metro de Madrid hicieron saltar las alarmas de un problema que viene de lejos y es gigante. Después de que algunos empleados hubieran sido diagnosticados de cáncer, los trabajadores hicieron huelga, y unos pocos días más tarde, cruzando el océano, la ciudad de Buenos Aires (cuyos trenes fueron comprados a Madrid en 2011), paralizó la flota de trenes.

“Todos los tipos de amianto, también conocido como asbesto, causan cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y de ovario y asbestosis (fibrosis de los pulmones)”, explica muy claramente la Organización Mundial de la Salud: “La exposición al amianto se produce a través de la inhalación de fibras que se encuentran en el aire del lugar de trabajo, el aire cercano a puntos de producción, como fábricas que trabajan con amianto o el aire del interior de viviendas y edificios que contienen partículas fraccionadas de amianto”, agregan. En la actualidad, según la organización, unos 125 millones de personas de todo el mundo están expuestas al amianto en su lugar de trabajo. En 2004, el cáncer de pulmón relacionado con el amianto, el mesotelioma y la asbestosis dieron lugar a 107.000 muertes y 1.523.000 de años de vida ajustados por discapacidad (...). “Además, miles de muertes pueden atribuirse a otras enfermedades relacionadas con el amianto, como así también a exposiciones a este material que no están relacionadas con el lugar de trabajo”.

En España no existe un mapeo del amianto. Cada cierto tiempo, cuando un juzgado da la razón a extrabajadores ya enfermos, o cuando un grupo de padres protestan porque sus hijos aspiran amianto diariamente, bajo los techos de las escuelas, el tema vuelve a los medios. El mes pasado Comisiones Obreras denunció que entre 4.000 y 5.000 personas podrían morir hasta el año 2030, víctimas del amianto del metro de Madrid. Según la propia Comunidad, 93 vagones (de los 2.322 del parque circulante), contienen amianto. La Asociación de Vecinos de Orcasitas (Madrid) explicó después del escándalo a los medios que cerca de 1.200 familias viven en edificios del barrio cuyos techos son de amianto, instalado en los años setenta, sin que nadie de la Comunidad ni del Gobierno central les hubiera ayudado en nada para quitarlo.

“El amianto está en toda España, en los metros, en las tuberías, en los tejados, en colegios, en naves industriales, marítimas y hasta hace poco también en los coches”, explica Paco Puche, miembro de Ecologistas en Acción, economista y autor del libro Amianto. Una epidemia oculta e impune. “Está hasta en los depósitos del agua que bebemos. Todavía hay 40.000 kilómetros de tubos que conducen agua potable hasta las casas. Mucha gente está tomando cada día agua con amianto. Y también están las granjas de animales, que traspasan el amianto hasta nosotros, al comerlos. Todo eso es peligrosísimo”, culmina Puche.

Al menos en Catalunya, algunos de los informes de las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE), que deben pasar todos los edificios, ya advierten a sus propietarios de que tienen amianto en casa. Pero no dan solución.

La normativa proclama que el amianto puede estar instalado “hasta el fin de su vida útil”. Pero existen dudas interpretativas sobre cuándo es exactamente ese momento.

“He hecho los cálculos”, dice Paco Puche. “El 70% del amianto instalado en España ya tiene más de 40 años, lo que significa que ha terminado su vida útil. No se puede estar tranquilo. Con todos estos vientos que ha habido en estos últimos meses, todos esos techos que hay en los barrios y los pueblos han ido expulsando fibra”.

¿Quién es responsable?

Europa ha emitido una serie de directivas para la eliminación del asbesto antes de 2028 que han sido trasladadas a los países y puestas en marcha de diferente manera. Ninguna de las directivas obliga a los países a quitarlo, aunque algunos países como los nórdicos y Polonia lo están haciendo.

En España hay una ley que prohibió el uso del asbesto desde 2002. Por su parte, el Ministerio de Fomento se desentiende de lo ya instalado: “Es un tema de competencia exclusivamente autonómica y, en su caso, municipal. En el Ministerio no tenemos competencia en la gestión de residuos”, explican.

En las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el compromiso varía, pero no existen casi ayudas. Retirar el amianto es muy caro y ante la falta de fondos tanto familias como obreros quitan y manipulan los materiales por su propio riesgo, a veces escondiéndolo o tirándolo, sin ser vistos, en cualquier contenedor de basura.

Últimamente hay algunos pequeños avances a nivel local o autonómico. El Parlamento valenciano acordó instar al Consejo a llevar a cabo un mapa del amianto en la comunidad, a elaborar un inventario de las instalaciones públicas y a crear un fondo para las víctimas. El Ayuntamiento de San Sebastián aprobó unas ayudas públicas del 20% del coste del desamiantado en edificios...  Los jueces están reconociendo casos de cáncer relacionados con el asbesto en algunas personas. Pero no dejan de ser parches.

Alejandro Ripollés, presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto (ASFAMI), explica que, aun siendo temas laborales es difícil de comprobar la culpabilidad del amianto, y por lo tanto de la empresa, en la enfermedad del trabajador, porque un cáncer causado por el amianto puede tardar entre 20 y 40 años en aparecer, a contar desde su primera exposición.

“No es algo fácil”, continúa Ripollés. “En el Congreso se presentó, por parte del Parlamento vasco, un proyecto de ley para crear un fondo de compensación para las víctimas, pero está todavía muy verde. No está aún bien definido ni se sabe lo que va a tardar en aprobarse. Lo único que hay hoy por hoy es una normativa de prevención (de cómo debe hacerse) para las empresas que hagan desamiantado”.

Más allá de los trabajadores, lo del amianto es ya un problema de salud pública, y el Estado es el que está a cargo. Izquierda Unida/Podemos llevó a cabo una proposición no de ley para eliminar el asbesto de todas las instalaciones de España antes de 2028, estén donde estén, como ha hecho Polonia. Los ecologistas están ideando para ello el cómo debería ser esa ley, para que se mapee y se ofrezcan todas las garantías y ayudas públicas.

“La industria del amianto o asbesto en España está caracterizada por la preponderancia de una sola empresa: Uralita SA”, explican Ángel Cárcoba, fundador de la salud laboral en CC OO, el activista Francisco Báez y Paco Puche, en el artículo El amianto en España. Según los investigadores, ya se sabía mucho antes de la prohibición que el amianto estaba relacionado con el cáncer, pero existían revistas científicas y publicidades pagadas por los lobbies que negaban esta relación. “Desde 1929 han mantenido poderosos lobbies que han logrado ir retrasando su prohibición en distintos países”. 

Uralita SA, vinculada a la Banca March, fue la responsable de distribuir el asbesto por toda España, pero pocas sentencias le han obligado a resarcir a las víctimas. 

Qué hacer

La Guía del Amianto de Ecologistas en Acción explica que si hay asbesto en casa, si no posible retirarlo a través de una empresa especializada, “se puede tratar de aplicar un fijador preparado para tal fin (tipo ”Licuan“ u otros) al depósito, chapa ondulada u otro objeto susceptible de ser tratado”. A veces, y tratándose de fibrocemento (que contiene menos del 20% de amianto en su composición) puede ser útil, con todos los cuidados necesarios. Siempre es conveniente preguntar previamente a las empresas autorizadas o a las autoridades correspondientes y, si es posible, contar con sus servicios“. 

En caso de observar amianto abandonado en lugares públicos hay que avisar a las autoridades.

[Este artículo ha sido publicado en el número 57 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Una sentencia judicial condena, por primera vez, a la empresa Uralita a indemnizar con dos millones de euros a 39 personas expuestas al amianto. Lo novedoso es que deberá pagar a vecinos o familiares -en su mayoría mujeres- , y no sólo a los trabajadores de la fábrica.

La sentencia, que aún no es firme, considera que el amianto de la fábrica de Uralita, que funcionó hasta 1997 en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) está directamente vinculado con los mesoteliomas, un tipo de cáncer de pulmón, asbestosis o placas pleurales que sufrieron.

En Toledo, el portavoz de la Plataforma Mi Barrio Sin Amianto, Rafael García, cree que esta sentencia “servirá para que se visualice una problemática que es muy parecida a la nuestra” pero con una salvedad. La fábrica catalana funcionó desde 1907. Lo hizo durante 90 años. “Allí ya se pueden ver los resultados de la exposición al amianto. En el Polígono, el amianto, vamos a decirlo así, aún es joven porque su periodo de latencia hasta desarrollar la enfermedad está entre los 20 y los 40 años. Y lo que vemos allí, nos puede ocurrir aquí”.

“Sabemos que en Cerdanyola se diagnostica un enfermo por semana por su exposición al amianto y el 20% son vecinos, no trabajadores”, comenta Rafael García. En su opinión, la sentencia creará jurisprudencia “de cara a futuros enfermos por haber estado expuestos por vecindad porque podrán tener opciones de acudir a la vía judicial”.

Pese a lo “positivo” de la sentencia, Rafael García apunta que el problema de las enfermedades derivadas del amianto es que “están infra diagnosticadas y mucha gente se va a morir sin ser consciente de que el culpable es el amianto”. En el caso de Toledo, “todavía es peor” porque “hemos estado expuestos a la materia prima sin encapsular que está tirada a cascoporro por todo el barrio”.

Y es que la desaparecida Ibertubo, origen de los residuos de amianto en el toledano barrio del polígono, cerró en 2002, el mismo en el que se prohibió su utilización en España, pero no fue desmantelada en su totalidad hasta el año 2005. Había funcionado desde 1975. Pero sus restos no desaparecieron del todo. No se encapsularon sino que fueron esparcidos en distintas parcelas del barrio, algunas a apenas 300 metros de zonas habitadas. Hoy 90.000 toneladas de fibrocemento permanecen en este barrio de más de 20.000 habitantes.

Piden protocolos sanitarios para detectar posibles casos

“Teniendo en cuenta que no existen protocolos sanitarios para detectar las enfermedades que se confunden fácilmente con otros tipos de cánceres de pulmón, los vecinos estaremos infra diagnosticados y eso nos genera indefensión”, lamenta el portavoz del colectivo ciudadano. Recuerda que la plataforma ha solicitado, hasta en tres ocasiones, una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, sin respuesta hasta la fecha. “No tenemos ni la cobertura legal que pueda tener un trabajador al sufrir una enfermedad laboral. Y el consejero no nos escucha. No vamos contra nadie, se trata de prevenir”.

Su petición es clara ante una sentencia que, dice, “nos arma de razones” y por eso los vecinos instan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a que los centros de salud más cercanos a los depósitos de amianto (actualmente el centro de salud en el barrio y en unos años el nuevo complejo hospitalario de Toledo que se construye en esta zona de la ciudad) dispongan de protocolos “para que los profesionales puedan detectar vinculación o no con la exposición al amianto en aquellas personas que lleguen con problemas pulmonares”.

Lamenta que pese a que la propia Fiscalía de Medio Ambiente advertía en un oficio en 2016 de la “peligrosidad” de los residuos en este barrio toledano “no se nos está mirando, ni se va a mirar y creemos que se debe actuar de forma precoz ¿Por qué si nosotros estamos respirando fibras de amianto no tenemos derecho a ese seguimiento? Que al menos tu médico de cabecera lo tenga en el expediente”.

Preguntada por esta cuestión, la Consejería de Sanidad castellano-manchega ha declinado hacer declaraciones “hasta disponer de más información”.

La Audiencia de Madrid ha condenado a la empresa Uralita a indemnizar con más de 2 millones de euros a 39 personas. Lo novedoso de la sentencia, que es recurrible ante el Supremo, es que obliga a la empresa a indemnizar por primera vez a vecinos y familiares –en su mayoría mujeres– que estuvieron expuestos al amianto, y no sólo a los trabajadores de la fábrica.

La Audiencia corrige una sentencia anterior de un juzgado de primera instancia de Madrid, que fijaba indemnizaciones sólo para los familiares de empleados de Uralita, y que fue recurrida por el Col·lectiu Ronda, el despacho de abogados que representa a los vecinos, familiares expuestos al amianto y a sus herederos.

La sentencia considera que el amianto de la fábrica de Uralita de Cerdanyola –que estuvo abierta de 1907 a 1997– está directamente vinculado con los mesoteliomas, un tipo de cáncer de pulmón, asbestosis o placas pleurales que sufrieron. El fallo señala que, en el caso de los familiares, la exposición al amianto se produjo debido a que los empleados lavaban en sus casas entre 1971 y 1977 los trajes que usaban en la fábrica.

En el caso de los vecinos, la Audiencia de Madrid recuerda que varios informes, el primero de 1977 ya hicieron constar que en las calles de Ripollet y Cerdanyola se encontraban “fibras y residuos de cemento y amianto” debido a que el polvo del proceso de molido de la fábrica se evacuaba al exterior, “sin filtros ni dispositivos de retención y recogida”.

El tribunal concluye que Uralita tenía que ser consciente de los peligros del amianto, ya que desde los años 40 varias instituciones ya alertaron de su peligrosidad. Por contra, la empresa había alegado que las enfermedades no tenían su causa en la actividad de la fábrica de amianto.

El tribunal rechaza esta interpretación y considera que Uralita “no actuó con la diligencia exigible” y es responsable de los daños en los vecinos de Cerdanyola del Vallès y Ripollet que inhalaron fibras de amianto emitidas al ambiente exterior “sin el debido control por la actividad industrial” de la empresa.

La sentencia obliga a pagar indemnizaciones a los enfermos o a sus herederos, por los daños provocados por la fábrica de Cerdanyola, el mayor centro productivo que tenía Uralita en España. En España, entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto.

Las últimas declaraciones del portavoz de la Junta de Comunidades, Nacho Hernando, en relación con los restos de amianto en el barrio toledano del Polígono han sido tachadas como un “eufemismo” por Ganemos Toledo. Hernando habló en su última comparecencia pública de restos de “uralita” y no de amianto para referirse a las peticiones de la asociación de vecinos 'El Tajo', quienes realizaron diversas demandas en una 'rueda de prensa ciudadana' junto con Podemos.

“Si toda la aportación del Gobierno de la Junta es tratar de confundir a la población llamando uralita a lo que sabemos que es amianto es casi mejor que el portavoz esté callado”, sentencia Javier Mateo, portavoz de la formación política municipal. Mateo ha recordado, además, que estas declaraciones llegan poco después de las hechas por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien aseguró que “no hay riesgo para la salud” por las 90.000 toneladas de residuos, y que su consejería “no tiene conocimiento de ello, si no, hubiéramos actuado, sin lugar a dudas”.

“Si lo unimos a las declaraciones irresponsables del consejero de Sanidad, tenemos dos conclusiones: o no tienen idea lo que ocurre con el amianto o quieren jugar al despiste con un problema que es de su competencia”, explica Mateo. En cuanto a los nuevos restos de amianto que denunció la asociación de vecinos el Tajo, el portavoz municipal ha señalado que los mismos deben estudiarse para confirmar si son, efectivamente, amianto, y así tomar soluciones. “Eso, desde luego, no pasa por buscar eufemismos”, concluyó Mateo.

La portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, ha presentado esta semana un escrito ante la Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Las Palmas en el que se informa de los trabajos realizados en el vertedero de Balito en los que, presuntamente, se realizó por parte de dos trabajadores la retirada de restos de uralita sin las medidas de seguridad necesarias.

Según Santiago, el pasado 11 de noviembre tuvo conocimiento de que el pasado 11 de noviembre dos trabajadores fueron enviados por los responsables del Ayuntamiento de Mogán para que iniciaran los trabajos de separación de toda la uralita para su posterior extracción del citado vertedero.

En el escrito adjunta hasta cinco fotografías en las que Santiago explica que sirve para acreditar “fielmente por un lado que están utilizando un cubo como medio para trasladar la uralita de su ubicación inicial a otro punto donde se está acumulado”, y que por otro lado “se constata que los únicos medios de protección son unos guantes, obviando por completo el resto de medidas de seguridad que se deben adoptar para salvaguardar la saluda de los trabajadores”.

“Así mismo, se observa como es la pala de un tractor la encargada de remover entre los desperdicios acumulados en el solar de propiedad municipal para facilitar la separación de las piezas de uralita a los trabajadores”, añade Santiago.

Entiende la concejala nacionalista que estos hechos denunciado “son de una gran importancia dada la peligrosidad que supone manipular el amianto sin la debida formación y protección”.

Así, recalca que estos hechos podrían ser constituyentes del delito tipificado en el artículo 316 de nuestro código penal vigente, el cual reza que “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.

Además, la portavoz recuerda que las empresas están obligadas a facilitar medios a los trabajadores para garantizar su seguridad e higiene y evitar poner en peligro la vida. “Por todos es sobradamente conocido el efecto cancerígeno que representa manipular el amianto sin protección alguna para la salud de las personas”. Con todo esto cree que las posibles responsabilidades recaen en la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; el concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro; y el concejal de limpieza, Juan Carlos Ortega.

Por todo esto, el texto insta a la Fiscalía a que admita a trámite el escrito y realice cuantas gestiones sean oportunas para determinar si estos hechos son constitutivos de algún delito, por lo que para ello pone los datos de los trabajadores. La portavoz también recuerda que con anterioridad ya había denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente los vertidos “incontrolados” de uralita en el citado vertedero.

La concejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente los vertidos incontrolados de uralita en el Barranco de Balito.

En el escrito presentado este martes ante la Fiscalía, Santiago señala como posibles autoras de delitos contra el medio ambiente “por acción u omisión” a la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno (Ciuca), y a la primera teniente de alcalde, Pino González (PSOE).

La concejala cita en su escrito las informaciones periodísticas que recogían la denuncia de un vecino sobre los vertidos ilegales de uralita, un material que tiene un componente cancerígeno y que era muy común en las construcciones entre los años 60 y 80 por su bajo coste.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil confirmó el pasado jueves la presencia de uralita en el lugar tras una nueva inspección y puso los hechos en conocimiento de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) para que inicie el correspondiente expediente.

El contrato menor de mantenimiento del punto limpio de Balito expiró el pasado 30 de julio. El Ayuntamiento de Mogán ha iniciado un expediente administrativo para adjudicar la gestión. Isabel Santiago denuncia en su escrito la ausencia de control por parte de los responsables municipales.

La denuncia ante la Fiscalía cuestiona además la contratación de una mercantil para la retirada de uralita en el CEIP Playa de Arguineguín, ya que la empresa local que realiza los trabajos no está inscrita en el Registro de empresas con riesgo de amianto, según asegura Nueva Canarias.

Nueva Canarias (NC) en Mogán ha afirmado que un vecino del municipio grancanario ha denunciado al Ayuntamiento ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, tras percatarse de que un camión municipal había vertido en un solar cercano al Barranco de Balito bidones de uralita.

Según la información recibida por la portavoz de Nueva Canarias (NC) en Mogan, Isabel Santiago, se podrían estar produciendo vertidos de obra incontrolados entre los que se encontrarían restos de bidones de uralita.

La formación política indica en un comunicado que así se lo ha comunicado uno de los denunciantes a Santiago, que ha tenido conocimiento por fuentes municipales de que se podría haber incoado un expediente por vertidos de obras realizados por un particular en la misma zona del Barranco de Balito.

Para Nueva Canarias, de confirmarse por la Guardia Civil la veracidad de los hechos, la gravedad de los mismos “sería muy preocupante, pues se estaría confirmando que es el mismo Ayuntamiento de Mogán el que estaría autorizando vertidos de material cancerígeno en el Barranco de Balito”.

Así mismo, recuerda que esta situación contrasta con las declaraciones realizadas por la alcaldesa de Mogán a los medios de comunicación en el pasado mes de enero, tras mantener una reunión con el consejero insular de Medio Ambiente, en las que confirmaba que el municipio generaba 15.300 toneladas de residuos al año y que el coste por depositarlas en el vertedero ascendía a un millón de euros al año.

Santiago considera que este dato no sería completo, puesto que “podría estar sesgado, en tanto y en cuanto se estarían omitiendo los residuos que el Ayuntamiento podría estar vertiendo de forma incontrolada en las zonas cercanas al Barranco de Balito”.

“La aparente ausencia de controles municipales en los vertidos, podrían suponer no ya la comisión de un delito contra el medio ambiente sino también contra la salud pública”, apostilla.

La portavoz de Nueva Canarias advierte a la alcaldesa, Onalia Bueno, de que acudirá a la Fiscalía a ponerlos en conocimiento de las autoridades judiciales pertinentes para que tomen cartas en el asunto, de confirmarse la veracidad de los hechos denunciados por la Guardia Civil.

Además, afirma que esta “grave situación es un fiel reflejo del modo de proceder de la alcaldesa, que se pasa todo el día vendiendo humo, sin que ningún proyecto prometido se haga realidad”.

El amianto o asbesto es un mineral de origen metamórfico compuesto de fibras de átomos de sílice y algunos metales como el magnesio, el manganeso o el hierro. Se ha apreciado desde la antigüedad por sus características: resiste muy bien las altas temperaturas, es maleable -y por tanto se le puede dar diversas formas-, es flexible pero a la vez resistente a la tracción, etc. Ya en la época romana se le conocía y utilizaba para fabricar telas de gran resistencia.

También fue apreciado su carácter ignífugo: Carlomagno gustaba cubrirse con una túnica tejida con este material para aparecer y desaparecer entre las llamas y así impresionar a amigos y enemigos, pues conocía la resistencia al fuego del amianto. De hecho, copiando el ejemplo del emperador, pilotos de Fórmula 1 y de motociclismo vestían hasta hace poco trajes de amianto como protección en caso de incendio de sus vehículos.

Sin embargo, también desde un principio hubo conciencia de sus efectos perniciosos: Plinio el Viejo describió en el siglo I después de Cristo cómo los esclavos que tejían el amianto morían prematuramente de enfermedades pulmonares. Y se cree que el actor Steve McQueen, también piloto profesional de carreras de motos, murió de un cáncer de pleura debido al pasamontañas de amianto que usaba.

Tal es su poder destructor, que los alquimistas lo bautizaron como 'lana de salamandra' en una época en que se creía que uno solo de estos animales podía envenenar a todo un ejército. No fue hasta la llegada de Marco Polo a China, donde se extraía comercialmente de las minas, que se desvaneció el mito del origen animal y mágico del amianto. 

Uralita y fibrocemento

Para muchos será más fácil de identificar el aminato si hablamos de uralita y fibrocemento, las dos marcas con que se comercializó en España. Ya entrado el siglo XX, la industria del amianto despuntó en la construccióndespuntó en la construcción, el aislamiento térmico de espacios y conducciones, la insonorización de espacios, y la fabricación de tuberías y tubos de conducción de humos, así como la elaboración de depósitos contenedores de agua y otros líquidos.

Placas para techos y tubos de conducción de fluidos y humos hechas con este material fueron utilizadas en la mayor parte de los edificios y naves industriales desde el final de la Guerra Civil y hasta bien entrados los años noventa del pasado siglo. Los techos de muchas fábricas, de cobertizos y de establos en granjas eran realizados con este material, al igual que numerosas conducciones en los edificios. También las insonorizaciones de cines, teatros y auditorios, en los que, en algunos casos, el amianto puede seguir presente.

Un potente cancerígeno que no se ha ido

Pero el empleo masivo del amianto se truncó a mediados de los años 80, cuando definitivamente se demostró que las fibras de este material eran altamente cancerígenas, pudiendo originar diversos tipos de cánceres de pulmón y pleura, así como un tipo de fibrosis pulmonar conocida como asbestosis. Desde entonces, su prohibición ha sido gradual y en España quedó vetado definitivamente su empleo en cualquier forma o producto en 2002. Por su parte, la Unión Europea se ha fijado como objetivo erradicarlo de todo tipo de edificaciones en 2028.

De hecho, la conciencia de su poder destructivo sobrevino a raíz del elevado número de casos de cáncer y fibrosis entre empleados y manipuladores en la elaboración y colocación de estructuras de amianto. Desde que comenzara su producción industrial, el número de enfermos irreversibles ha ido creciendo de manera notableha ido creciendo de manera notable, lo que parece indicar que su incidencia es letal pero se manifiesta a largo plazo. 

No existe un censo de personas ni edificios afectados

En España, por otro lado, no hay un censo de antiguos trabajadores del amianto, ni de edificios que lo contienen, como sí ocurre en otros países. El grupo de CiU en el Congreso de los Diputados propuso en 2014 hacer un censo nacional para dar cobertura a los afectados e ir sustituyendo paulatinamente el amianto en edificios, pero la iniciativa de momento no ha prosperado. Además, la preocupación se ha extendido desde los empleados al total de la sociedad, que podría estar afectada en mayor o menor medida.

El motivo es que numerosas estructuras hechas con este material permanecen en muchas viviendas y naves industriales recicladas a usos de enseñanza, ocio o coworking, en ocasiones sirviendo de tejados o tejadillos de claraboya o tragaluces, así como conformando las conducciones de desagüe, o de salida de humo, e incluso en las pizarras que se utilizan en las aulas. También quedan depósitos de agua en los altos de algunos edificios, sobre todo en zonas de costa, por no hablar de la fibra que se usaba como aislante de tubos de aire acondicionado y calefacción.

El amianto causa cada vez mayor preocupación; más que por sí mismo, por el estado de degradación en que se puedan encontrar las estructuras presentes, que son las susceptibles de liberar más fibras. A este respecto, el ingeniero de edificaciones Xavier Casanovas Boixereu, que en los años noventa ya llamó la atención de las autoridades sobre este problema, especifica que no todos los tipos de amianto son igual de tóxicos. 

Según Casanovas, autor de numerosos estudios sobre el amianto para el ministerio de Trabajo, la peligrosidad de los asbestos dependerá el tipo de estructura que conformen: “los que tienen más capacidad de liberar fibras tienen mayor incidencia en el cáncer y la asbestosis, pero el fibrocemento, si está debidamente aislado y bien conservado no es tan preocupante”. Se refiere a que los bajantes, colectores de humos y tejadillos de uralita, si están bien conservados, no deben preocuparnos.

En cambio las lanas aislantes que se utilizaban en los falsos techos de las oficinas, o para recubrir instalaciones de aire acondicionado, o bien proteger térmicamente calderas y tuberías de calefacción, “sí liberan muchas fibras al aire y deben ser sustituidos o como mínimo recuebirtos debidamente para que no afecten a los trabajadores que los manipulan”. 

Casanovas también explica que “cuanto más degradada esté una estructura de amianto, tantas más fibras suelta y por lo tanto es más tóxica”. Aunque los datos en este sentido no están claros, se estima que una estructura de amianto puede aguantar entre 40 y 50 años antes de comenzar a degradarse y liberar fibras cancerígenas. Por lo tanto es coherente pensar que la mayoría de estas estructuras que habitan en nuestras casas puedan comenzar a ser problemáticas. 

Finalmente, Casanovas se queja de que no exista un censo o catalogación de las estructuras de amianto en edificios residenciales y de oficinas en España, como ocurre en Francia, Alemania o Inglaterra, y cree que debería hacerse lo antes posible. Sí ve positivo, en cambio, que “se haya cobrado conciencia de que su manipulación y reciclaje debe hacerse por especialistas”, dada su alta toxicidad. 

Mi edifico tiene amianto: ¿qué hago?

Debemos estudiar sobre todo las bajantes que canalizan la salida de agua del edificio; también los depósitos de agua, si los hay, en las azoteas, así como las chimeneas de extracción de humos. Ocasionalmente, en calefacciones centralizadas, puede estar recubriendo las tuberías en forma de lanas aislantes, y también en sistemas de aires acondicionados de oficinas antiguas o bien entre un techo de obra y las placas del falso techo de las oficinas. Por supuesto, si tenemos algún tejadillo de amianto, debemos pensar en sustituirlo. 

Si detectamos alguna estructura de las citadas en el edificio en el que vivimos, es muy importante no precipitarse a retirarla. Por sus características, el amianto al romperse libera polvo de fibras que pueden resultar potencialmente peligrosas si se inhalan, por lo que exige una desinstalación y retirada mediante procesos especializados. Lo primero que debe hacerse, en consecuencia, es evaluar el estado de la estructura. 

Si el material se encuentra protegido, aislado físicamente del aire que respiramos y en buen estado, quizás no sea urgente su desmonte. Si está degradado o en contacto directo con el ambiente habitado, como es el caso de algunos tejados, debe planificarse su sustitución. Para ello debe contratarse a una empresa especializada en desmontarlo, que a la vez se encargará de su reciclaje. Los operarios que realizan la retirada van cubiertos con unas escafandras integrales que les protegen y no debe haber nadie que no vaya adecuadamente vestido en el perímetro de operaciones. Se trata de un sistema más caro que una retirada normal, pero es el único que atiende a la toxicidad del material. 

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La pasada semana se presentaba ante la fiscalía una denuncia por la existencia de residuos de amianto al aire libre a tan solo 300 metros de las viviendas de la zona residencial del barrio del Polígono en Toledo.

En el escrito se advertía de los graves riesgos medioambientales y para la salud pública de estos vertidos, puesto que el amianto es un producto altamente cancerígeno si es inhalado, se denunciaba la existencia de diveros vertidos, algunos de ellos en el cauce del arroyo Ramabujas que desemboca en el Tajo.

La denuncia fue presentada coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente por la Asociación de Vecinos El Tajo, la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo, Ecologistas en Acción de Toledo e Izquierda Unida-Los Verdes de Toledo. Ponían en conocimiento la situación ante el fiscal jefe de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado solicitando su actuación.

Este caso vuelve a poner de manifiesto la existencia del problema del amianto, un problema a menudo olvidado, silenciado y del que parece que algunos no quisieran oír hablar. Estamos ante una cuestión mucho más importante de lo que las autoridades están dispuestas a reconocer, probablemente porque siguen sin ser capaces de afrontar soluciones en toda su complejidad.

Nos enfrentamos a residuos en vertederos incontrolados, como en este caso, a toneladas instaladas en los edificios de todas nuestras ciudades, y sobre todo, lo que es más dramático, a un goteo contante de muertes como consecuencia directa de la exposición laboral durante los años en los que su empleo estaba permitido.

En nuestra región existían varias empresas que empleaban esta fibra, dos de las más importantes fueron Ibertubo en Toledo y Uralita en Alcázar de San Juan. La factoría toledana llegó a tener casi doscientos trabajadores, hoy aquellos trabajadores viven con angustia su futuro tras muchos años expuestos al polvo del amianto.

De aquella planta que hace unos años fue desmantelada, siguiendo estrictas medidas de seguridad, siguen apareciendo hoy vertidos ilegales como el que se denuncia en esta ocasión, restos de amianto que fueron depositados ilegalmente por la fábrica Ibertubo en fincas privadas, dentro de zonas de dominio público en la zona del arroyo Ramabujas.

Las secuelas de la exposición laboral

Son miles las personas que conviven con el miedo en el cuerpo, trabajadores que viven con la incertidumbre de desarrollar la enfermedad, una enfermedad terrible que acarrea gran sufrimiento, saben que no existe esperanza de curación. Ven como muchos de sus compañeros van enfermando, son conscientes de que la medicina lo único que puede hacer por ellos es vigilarles periódicamente por si la enfermedad se desencadena. Centenares de trabajadores en nuestro país participan en un programa nacional especial de seguimiento y vigilancia de su salud por haber estado expuestos al amianto pero ni siquiera se sabe realmente cuantas personas fueron expuestas.

La peligrosidad de estas fibras se acreditó en 1955, veintitrés años después el Parlamento Europeo declaraba el amianto como cancerígeno laboral, pero muchos estados fueron anestesiados por los lobbys industriales y financieros, hasta 1999 no se prohibirá en Europa.

El Estado español desoyó en 1984 las peticiones de los médicos de prohibir la utilización industrial del amianto tras detectar numerosos casos en los años 70, con el objetivo de evitar el coste económico y laboral de su supresión. La prohibición finalmente se llevó a cabo en 2002.

Una situación que motivó que continuasen siendo expuestos, tanto los trabajadores como poblaciones que vivían en las inmediaciones de estas fábricas, tal es el caso del barrio residencial del Polígono en Toledo en el que el problema perdura como denuncian estos días.

Solo en Castilla -La Mancha, según datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se tienen censadas 728 personas por exposición laboral continuada, la cifra estatal se eleva a casi 37.000, de estas aproximadamente el 90% están sometidas a programas de vigilancia de su salud (datos informe PIVISTEA de julio de 2013).

El informe recoge datos muy tétricos con frases como esta: “En los hombres el motivo de baja más frecuente en el registro es la muerte del trabajador”. Esta es la realidad del amianto. Las cifras no admiten paliativos, quizás por eso se emplean términos y eufemismos médicos para referirse a los fallecidos indicando que se han producido “1.398 exitus”, es decir, que han fallecido 1.398 trabajadores y trabajadoras de los incluidos en el registro, de los cuales 33 fueron de Castilla –La Mancha.

Los riesgos del amianto

El fibrocemento y otros materiales de construcción muy populares, como la uralita fabricados a base de amianto, tienen un riesgo potencial de contaminación y para la salud muy alto. Mientras el material se encuentra en buen estado solo existe un riesgo latente, es cuando se deteriora o se fragmenta cuando se pueden desprender sus fibras. Las fibras de amianto pueden ser transportadas por el aire en forma de partículas que al entrar en las vías respiratorias pueden provocar cáncer de pulmón y más específicamente mesotelioma. El periodo de latencia es muy largo, de varios años, por lo que una persona expuesta a fibras de amianto puede tardar mucho tiempo en desarrollar síntomas lo que dificulta poder establecer una relación causa efecto. La enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación de fibras de amianto se denomina asbestosis, consiste en la irritación e inflamación del tejido pulmonar como consecuencia de la presencia de los asbestos o fibras del amianto en las vías respiratorias. Los expertos aseguran que no hay un límite seguro de exposición, el único límite seguro para el amianto es cero, por eso está prohibido su empleo. En la actualidad, el mayor peligro de exposición se da en las personas que realizan demoliciones, mantenimiento y rehabilitaciones de edificios, que a menudo desconocen la existencia de este material.

El peligro en nuestras casas

En la construcción en España se lleva empleando amianto desde principios del siglo XX, pero sobre todo en el periodo comprendido entre los años 60 y 85. Popularmente es conocido como URALITA y lo podemos encontrar en canalizaciones de agua, aislamientos, falsos techos, depósitos, cubiertas… Según datos del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos España ha importado más de 2,6 millones de toneladas de este material para la construcción. Es un monstruo dormido en los edificios de todas las ciudades de nuestro país del que se es poco consciente. Cualquiera debería preocuparse cuando emprende una reforma en su vivienda, por que el riesgo de que se produzca una exposición al amiento en edificios construidos durante esos años es significativo.

Igualmente en nuestras ciudades las redes de saneamiento de aguas y las de muchos edificios albergan tuberías de fibrocemento con fibras de amianto. Tras la aparición de algunos casos de afectados entre las plantillas de los servicios de mantenimiento de aguas los trabajadores son conscientes de los riesgos y exigen de sus empresas la adopción de medidas preventivas. El problema surge en determinadas subcontratas y en obras donde muchas veces ni siquiera se conoce que la tubería que están cortando con una radial es de amianto y que ese polvo puede acabar matándoles.

Es un asesino dormido, abandonado en vertederos, escondido en las vigas de nuestros edificios, no representa un riesgo inmediato en la mayoría de los casos. Pero cuando las fibras de amianto se desprenden son demasiado pequeñas para ser vistas y también demasiado peligrosas para ser ignoradas.

CCOO-A y la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) piden a la Junta de Andalucía que incluya en su plan de contrucción sostenible, anunciado este jueves en el Parlamento por Susana Díaz, un proyecto de desamiantado de edificios por las consecuencias del contacto con el producto mineral en la salud de la ciudadanía. Según un estudio epidemiológico de la Unión Europea, entre los años 2010 y 2025 se prevén 45.000 muertes por cáncer de pleura, una de las enfermedades derivadas del amianto. “No es una cuestión del pasado sino de presente y de futuro”, señala el secretario general del sindicato, Francisco Carbonero.

El marco en el que ha hecho la petición es la celebración la semana que viene del segundo juicio colectivo de familiares y trabajadores de la fábrica de Uralita, en Dos Hermanas (Sevilla), cerrada en 1999. La primera demanda conjunta ya se resolvió, también en Sevilla, el pasado septiembre. La plantilla de la multinacional era de 1.200 empleados y, según Avida, el 70% resultó afectado por el amianto. Los daños colaterales, de familiares y vecinos, fueron y son cuantiosos, según recuerdan. Los juicios, “la punta del iceberg”, señala Antonio Delgado, presidente de Avida, ya que hay enfermedades no registradas como consecuencia directa del producto que, a la larga, también provocan dolencias y muertes.

“Somos el rostro humano de los datos”, apunta acompañado de afectados y miembros de la asociación. Lo que vienen pidiendo, en líneas generales, es lo que ya consta en el Real Decreto 396/2006 por el que se establecieron las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, según comenta, alertando de una “curva ascendente” de la afección.

Tejados de uralita, de fibrocemento, bajantes de abastecimiento... Son diversos los lugares en los que desde Avida y el sindicato alertan de la presencia del amianto. Les preocupa la “invisibilidad” tanto de las enfermedades profesionales como del impacto del amianto en la sociedad presente y futura, así como las consecuencias para la salud de los afectados y para las arcas públicas. “Es una cuestión de salud pública”, resalta Carbonero. Y también “económica”. “¿Por qué la sanidad pública permite que mutuas y empresas le deriven tantos casos de afectados?”, se ha preguntado.

Consecuencias en el sistema público de salud

La responsable de Salud Laboral de CC.OO-A, Nuria Martínez, incide en este punto. Son, según detalla, un total de 424 personas en Andalucía con enfermedades profesionales registradas en la sanidad pública derivadas por exposición al amianto. Lamenta, igualmente, la “dejación de funciones” entre las empresas. Es una “mala praxis” escenificada en que, según ejemplifica, el 54% provienen del sistema sanitario público a través de las mismas.

Carbonero, que destaca el aumento del 3,7% de las enfermedades profesionales durante el último año respecto al anterior, ha insistido también en que el Parlamento de Andalucía debe “reactivar” la comisión creada hace años “sin ningún resultado”, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) impulse en los hospitales andaluces unidades especializadas, que la Consejería de Economía recopile de las empresas un registro de trabajadores que tengan contacto con amianto y que la Consejería de Fomento inventarie los edificios afectados, empezando por los públicos, para desamiantarlos. “El efecto del amianto actúa sobre la salud de la gente”, concluye.

El juicio se celebrará los próximos 17 y 19 de febrero en el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla. Cuatro familiares y 22 trabajadores, dos de los cuales han fallecido entre la interposición de la demanda y la vista oral, solicitarán indemnizaciones por la peligrosidad del producto y las patologías graves y de larga evolución. La causalidad entre el contacto con el amianto y la incapacidad laboral “está demostrada”, según ha comentado la abogada de Avida, María José González. La multinacional demandada, según la letrada, se escuda en el principio de prescripción. En el anterior juicio, argumentó que desde 1964 a 1996 invirtió más de 1,2 millones de euros en diversas medidas de seguridad e higiene en su fábrica de Sevilla.

La legislación contempla un listado de enfermedades profesionales, entre las cuales aparecen asociadas con trabajos expuestos a la inhalación de amianto la asbestosis (asociada o no al cáncer de pulmón), carcinoma primitivo de bronquio o pulmón por asbesto y mesotelioma por asbesto.

El primer juicio colectivo de extrabajadores de Uralita afectados por el contacto con el amianto, celebrado el pasado junio en Sevilla, ya tiene sentencia. El fallo no ha dejado totalmente satisfechos a los demandantes, ya que deja sin indemnización a casi la mitad de los 26 antiguos empleados de la fábrica que conformaban la reclamación colectiva. El juzgado, que entiende que la responsabilidad de la empresa ha prescrito en muchos de los casos ya que la demanda se presentó a destiempo, reconoce el daño ocasionado a la salud de los trabajadores por su exposición al producto mineral y la no adopción por parte de la multinacional de medidas suficientes de prevención e higiene.

La sentencia, adelantada por El Correo, considera que Uralita actuó negligentemente pero no considera aplicable el baremo de accidentes de tráfico para fijar las indemnizaciones, que han ascendido a unos 350.000 euros, lejos de los 2,2 millones que solicitaban en total los demandantes. La intención de la defensa de los trabajadores es acudir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y recurrir el fallo judicial de primera instancia.

Cuatro de los demandantes murieron tras el inicio del proceso civil en 2010 y fueron sus familiares los que acudieron en su representación al juicio. Esta misma semana ha fallecido otro de los empleados de la fábrica de Bellavista, cerrada desde 1999. Las distintas vías judiciales contra Uralita se iniciaron en 2003 y la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) de Andalucía seguirá luchando para que la empresa pague las consecuencias derivadas del contacto con el amianto, según fuentes de los trabajadpres.

Fuentes de Uralita citadas por Europa Press han valorado la sentencia ya que la cantidad impuesta por el juez a la empresa implica una reducción sustancial de la reclamada por los antiguos trabajadores. Sobre la posibilidad de recurrir el fallo, indicaron que no hay decisión definitiva y que la empresa aún lo está valorando.

Según la defensa de los trabajadores, la empresa puede vender la sentencia como un triunfo que no es tal, confiando en que el TSJA dicte resoluciones en el mismo sentido que los juicios individuales, favorables a los trabajadores.

La legislación contempla un listado de enfermedades profesionales, entre las cuales aparecen asociadas con trabajos expuestos a la inhalación de amianto la asbestosis (asociada o no al cáncer de pulmón), carcinoma primitivo de bronquio o pulmón por asbesto y mesotelioma por asbesto.

España, a través de la Orden de 7 de diciembre de 2001, transpuso la Directiva Comunitaria 1999/77/CE, por la que se prohíbe el uso y comercialización de todo tipo de amianto y de los productos que lo contengan. Uralita, que llegó a contar con una plantilla de mil trabajadores en su fábrica de Sevilla, siempre ha defendido que ha cumplido con la legislación específica en materia de amianto y de tipo medioambiental, pidiendo en los numerosos juicios planteados ser eximida de su responsabilidad alegando que, antiguamente, no existía una normativa que le obligara a adoptar medidas.

El Parlamento vasco aprobó recientemente que estudiará la creación de un fondo de compensación para trabajadores afectados, por el que también luchan en Andalucía. En diciembre de 2004, el Parlamento de Andalucía instaba al Consejo de Gobierno de la Junta a participar activamente en el Grupo de Trabajo Amianto, creado en Madrid en 2002, así como incorporar a Avida al grupo de trabajo constituido en Andalucía, según la Proposición no de Ley aprobada el 30 de octubre de 2001.

La demanda colectiva de extrabajadores de Uralita reúne en Sevilla a cientos de afectados y familiares.

Uralita mantiene que siempre ha cumplido con la legislación vigente en materia de amianto y que incluso adoptó voluntariamente diversas medidas de prevención.

El juicio quedará mañana martes visto para sentencia.

Francisco Jiménez 'El Mairena' muestra un recorte de periódico del 15 de marzo de 1977. La información se titula 'El peligro del amianto' y recoge una rueda de prensa que ofreció cuando era trabajador de Uralita en la fábrica de Dos Hermanas (Sevilla). “Los romanos que trabajaban con amianto ya se ponían mascarillas y aquí dirán que en el 77 no sabían nada”, lamenta. No se conocen, pero muy cerca de él está Alessandro Pugno, mucho más joven, procedente de Casale Monferrato, una localidad de unos 35.000 habitantes situada en el Piamonte italiano. Acaba de llevarse la Biznaga de Plata del Festival de Málaga como director de 'A la sombra de la cruz', un largometraje documental sobre el Valle de los Caídos. Quizá en su mente esté algún día contar la historia de los cerca de 2.000 empleados de Eternit, “nuestra Uralita”, caídos por el contacto con amianto. Hoy, simplemente ha querido acudir a Sevilla para dar apoyo moral a la demanda colectiva contra la compañía. El marido de su madre murió en 2000 por mesotelioma pleúrico.

36 años después de aquella convocatoria, con una asbestosis declarada, 'El Mairena' ha acudido a los juzgados de Sevilla para acompañar a los 26 extrabajadores de la multinacional afectados por el contacto con el amianto. El juicio, que previsiblemente concluirá mañana, ha arrancado hoy con las declaraciones de testigos y peritos. Alessandro acude en representación a la Associazione Famigliari e Vittime dell'Amianto (Afeva). En febrero de 2012, el Tribunal de Turín condenó a penas de 16 años de prisión y grandes indemnizaciones a los dueños de la compañía Eternit tras un largo macroproceso judicial conjunto planteado por unas 6.000 víctimas, según narra Alessandro. La fábrica de Casale Monferrato estuvo abierta entre 1906 y 1986, y fue demolida en 2004. El multimillonario suido Stephan Schmidheiny, uno de los condenados, es también el creador de la Fundación Avina, una entidad que defiende el medio ambiente, tras un “trabajo de maquillaje”, según lo califica Alessandro.

Los 26 demandantes de Uralita-Sevilla reclaman a la compañía 2,2 millones de euros en indemnizaciones por no haber tomado las medidas de seguridad laboral oportunas. Algunos compañeros de 'El Mairena' se han quedado en el camino a causa de las enfermedades provocadas por el producto mineral, prohibido en España desde 2002. En este caso concreto, cuatro demandantes han muerto tras el inicio del proceso civil en 2010. Las distintas vías judiciales contra Uralita se iniciaron en 2003 y la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) de Andalucía espera resoluciones en el mismo sentido que los juicios individuales, favorables a los trabajadores.

Enrique Domínguez tiene multipresencia en estos juicios. Trabajador y delegado de prevención en Uralita desde 1980 y hasta el cierre de la fábrica, en 1999, explica que llegó a presentar medio centenar de denuncias en este sentido porque “las medidas de seguridad casi brillaban por su ausencia” y “sólo se aplicaban a los directamente expuestos, pero no al resto de trabajadores”. Las perchas a la entrada de la fábrica hacían las veces de vestuarios específicios con los que, según detalla, debía de contar la fábrica. Una lesión pulmonar ha sido su personal consecuencia. Afectados y familiares explican que se trata de enfermedades con una evolución muy larga y con daños progresivos. “Aquí aún no se ha visto el pico del problema”, señala Alessandro Pugno.

Luis, otro trabajador de Uralita, murió el 2 de junio de 2012 por mesotelioma. Su hija, Eva, relata emocionada a las puertas de los juzgados la historia de su padre y cómo contaba en casa a su madre que él pedía insistentemente una mascarilla que se le negaba. “Lo pusieron a recoger amianto”, recuerda. María José González, abogada de los demandantes, comenta que “quizá la ley era insuficiente” en su momento pero entiende que se causó un grave perjuicio a muchas personas que la empresa tiene que pagar.

José Bohórquez, el electricista de la fábrica de Dos Hermanas, otro de los afectados, señala que las medidas preventivas eran “ninguna, ninguna, ninguna”, y explica que se les diagnosticaba “a todos bronquitis crónica”, pero no se empezaron a poner medios hasta los 80.

Uralita mantiene que siempre ha cumplido con la legislación vigente en materia de amianto

La empresa ha informado hoy en un comunicado, tal y como ha manifestado ante el titular del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla, que realizó “inversiones en materia de seguridad e higiene” y que creó la Comisión Nacional del Amianto de Uralita antes de que existiera la normativa específica, habiendo desarrollado “siempre” su actividad “cumpliendo estrictamente con toda la legislación vigente en materia de amianto”.

Añade la nota que “Uralita fue de las primeras empresas que, adelantándose a la legislación, adoptó voluntariamente diversas medidas de prevención en 1977, cinco años antes de que entrara en vigor la Ley española de 1982 y seis años antes de que aparecieran las recomendaciones al respecto de organismos tan relevantes como la Organización Internacional del Trabajo y la CEE (actual UE). Uralita indica además que comenzó a trabajar en la sustitución del amianto en sus fábricas antes de la entrada en vigor de la normativa europea de 1999 y española de 2002 sobre prohibición de uso y comercialización de productos con amianto.

El juicio, al que no se le ha permitido la entrada a la prensa al no disponer la sala de vistas de suficiente espacio, concluirá previsiblemente mañana con la presentación de las conclusiones por las partes. Hoy han declarado los testigos y los peritos (dos médicos y un auditor de cuentas, que ha especificado el dinero que destinaba Uralita a la prevención de riesgos laborales).

Fuentes de los abogados de los extrabajadores citadas por Europa Press apuntan tras el juicio que la empresa ha argumentado que se gastó 190 millones de pesetas en 28 años en prevención, una cifra “ridícula comparada con la cifra de negocio”, además de “ineficaz” pues “las consecuencias las hemos visto y la seguiremos viendo”. Las mismas fuentes concluyen que los demandantes tienen “buenas sensaciones”, esperando “un paso adelante y un pronunciamiento valiente por parte de la juez”.