Albacete es una provincia generosa que suele rendir homenaje a sus hijos ilustres. Es un lugar de Castilla-La Mancha que, teóricamente, no olvida a quienes han puesto su talento, su trabajo o su ejemplo al servicio de la comunidad. Lo hemos visto estos últimos días, en que instituciones, asociaciones y colectivos se han unido con presteza para reconocer a personas que han marcado su historia: desde el periodista Pedro Piqueras, homenajeado con la Medalla de Oro de la Provincia, al cuchillero Amós Núñez, figura central de la tradición y del Museo Municipal de la Cuchillería, o al dirigente sindical Juan Antonio Mata, cuya memoria ha sido honrada en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En cada uno de esos actos, Albacete repite el mismo gesto: mira atrás, pone nombre y rostro a sus referentes y los devuelve con orgullo al centro de la memoria colectiva. Son formas de decir que, en esta ciudad, quienes dedican su vida entera a su oficio y a su provincia siempre encontrarán un lugar en el corazón de los albaceteños. O al menos, así debería ser si no mediara la arbitrariedad o el olvido selectivo de quienes hoy ostentan la responsabilidad de recordar.

Sin embargo, resulta clamoroso y difícil de justificar que no se siga el mismo criterio con todos esos albaceteños ilustres. Existe una ausencia que grita por sí sola; un vacío en el reconocimiento público que raya en la ingratitud institucional. Permítanme citar a alguien cuyos méritos son tan vastos que el silencio oficial sobre su figura resulta ya, a todas luces, impresentable. Me refiero a Juan Francisco Fernández Jiménez.

Si en lugar de una carta abierta en este medio regional, yo hubiera propuesto una recogida de firmas, las rúbricas se contarían por miles, evidenciando que la ciudadanía tiene mucha más memoria y altura de miras que sus instituciones. Hablamos de quien fue alcalde de Alcaraz (1987-1999), presidente de la Diputación Provincial durante 16 años ininterrumpidos (desde 1979 hasta 1995), diputado regional y director de la Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas.

Su legado no es una cuestión de opinión, sino de hechos palpables que hoy disfrutamos y que hacen aún más sangrante la pasividad de los actuales responsables:

• Creación de los Servicios Especiales de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) en 1979, blindando la seguridad de nuestras zonas rurales.

• Urbanización del Campus Universitario de la UCLM, una apuesta decidida por la educación superior que cambió el futuro de la provincia.

• Fundación del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP) en 1982, modernizando el sector primario mediante la investigación.

• Impulso de los Planes Provinciales de Cooperación, llevando agua y carreteras a los ayuntamientos más pequeños y olvidados.

• Creación del Servicio de Publicaciones (1989), del Servicio Provincial de Recaudación y del Servicio Provincial de Informática, dotando a la provincia de una estructura administrativa moderna.

• La cesión al INSALUD del edificio del Hospital Provincial por la simbólica cifra de una peseta al año, un gesto de visión política que permitió el nacimiento del actual Hospital General Universitario.

• Puesta en marcha del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, siendo pionero en la gestión mancomunada de residuos, una visión de sostenibilidad décadas antes de que se convirtiera en norma. Y a eso añadir los consorcios de Servicios Sociales, Consumo o Cultural Albacete.

• Adquisición y rehabilitación del Chalet de Fontecha, rescatando para el patrimonio público y para la sede de la Cámara de Comercio uno de los edificios más emblemáticos de la capital, evitando su deterioro o desaparición.

• Creación del Circuito de Velocidad de Albacete, impulsando una infraestructura que durante años fue el principal motor de promoción turística e internacional de la provincia, situándonos en el mapa del motor mundial.

• Liderazgo en la creación de la Feria Regional del Campo de Castilla-La Mancha (FERCAM) en sus primeras etapas de expansión provincial, consolidando un foro imprescindible para la defensa de nuestro sector agrario.

• Fomento de la red de Bibliotecas Municipales y Centros Culturales en toda la provincia, garantizando que el acceso al saber no fuera un privilegio de la capital, sino un derecho de cada vecino de la Sierra de Alcaraz o de la Mancha.

Este listado podría continuar, porque su acción no solo fue administrativa, sino estratégica. Por eso tampoco se entiende que esta iniciativa no haya salido del responsable provincial del PSOE, partido en el que milita desde 1977.

No es necesario añadir nada más. Resulta incomprensible, cuando no directamente vergonzoso, que, con este currículo de servicio público, que constituye la base misma de la infraestructura moderna de Albacete, las instituciones que él mismo ayudó a levantar o el partido al que ha servido, miren hoy hacia otro lado.

La gratitud no debería ser una cuestión de color político ni de conveniencia temporal, sino un deber de justicia elemental. Ignorar este legado no solo empequeñece a quienes tienen el poder de remediarlo, sino que proyecta una imagen de mezquindad institucional que nuestra provincia no merece.

Es hora de que las instituciones estén a la altura de su historia y de los hombres que, como Juan Francisco Fernández Jiménez, la construyeron cuando todo estaba por hacer. El silencio, a estas alturas, ya solo puede interpretarse como una falta de respeto a nuestra propia identidad.

El alcalde de Gerena, Javier Fernández Gualda, anunció ayer miércoles su renuncia al cargo “por agotamiento físico y mental” tras más de una década al frente del Ayuntamiento, al considerar que ha llegado el momento de que otra persona asuma la responsabilidad y aporte “un impulso con ilusión renovada” a la gestión municipal. El pleno en el que se formalizará su salida está previsto para finales de abril, tras lo cual la actual primera teniente de alcalde, María Tenorio, será la candidata en el pleno de investidura que se celebrará en los primeros días de mayo.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Fernández explicó que ser alcalde “supone una enorme responsabilidad y exige una dedicación absoluta”, y reconoció que ya no cuenta con “las mismas fuerzas para entregarme a fondo como este trabajo merece”. Por ello, defendió que “lo más honesto es dar un paso a un lado y permitir que otra persona desempeñe estas funciones al cien por cien”. Asimismo, señaló su necesidad de “bajar el ritmo y dedicar más tiempo a su familia”.

El alcalde aseguró que “la estabilidad está garantizada y el normal funcionamiento del Ayuntamiento no se verá afectado” con su marcha, al tiempo que ha expresado su gratitud a los trabajadores municipales, a sus compañeros y al pueblo de Gerena “por el aprecio que siempre me han mostrado y la confianza que depositaron en mí”.

El relevo

Fernández fue elegido concejal en 2007, cargo que compatibilizó con su trabajo como informático hasta que, en 2015, fue elegido alcalde de Gerena con mayoría simple. En 2019 y 2023 revalidó el cargo, en ambas ocasiones con mayoría absoluta, siendo el alcalde que mayor porcentaje de votos ha obtenido en toda la democracia en esta localidad.

La actual primera teniente de alcalde, María Tenorio, será la candidata en el Pleno de investidura, que está previsto para los primeros días de mayo. Es licenciada en Ciencias Políticas y pertenece al Gobierno municipal desde 2015, ocupando diferentes delegaciones. El acta de concejal que queda vacante con la renuncia del alcalde será ocupada por Jesús Núñez, técnico forestal. La Corporación Municipal de Gerena está formada por 8 concejales del PSOE, 4 de Izquierda Unida y 1 del PP.

El PSOE de Sevilla ha expresado su respeto por la decisión adoptada por el alcalde de Gerena, Javier Fernández Gualda, motivada por razones de carácter personal, y ha subrayado que “lo importante es poner a las personas por delante de cualquier otra consideración”. En este sentido, ha señalado que “toca acompañar, comprender y respaldar a quien ha tomado una decisión valiente y responsable”.

El alcalde de La Algaba (Sevilla), José Manuel Gutiérrez Retamino, ha renunciado este lunes a su cargo después de que el exregidor de la referida localidad, Diego Manuel Agüera, haya “manifestado su deseo” de volver a asumir la Alcaldía tras el archivo judicial de la denuncia por acoso a un menor de la escuela taurina del municipio, decretado 20 días después de ser denunciado.

Según ha informado el propio Gutiérrez Retamino en un comunicado remitido a medios, ambos han mantenido una conversación en la que Agüera ha manifestado su intención de volver al puesto, por lo que, tras la presentación formal de la renuncia por parte de este primero, la decisión se hará efectiva en el próximo pleno municipal, fijado para este jueves 16 de abril.

“Seguimos adelante con respeto y con el convencimiento de que lo mejor para nuestro pueblo está siempre por encima de cualquier responsabilidad personal”, ha indicado el actual responsable. Además, ha resaltado el “honor” que para él ha supuesto tener la oportunidad de “servir y representar” a La Algaba durante el tiempo que su predecesor se mantuvo alejado del cargo, desde que presentó su dimisión el pasado 23 de febrero.

Apartado del cargo desde febrero

En contexto, Agüera recuperaba hace apenas dos semanas su militancia en el PSOE, tras pedir su vuelta al “haber decaído la medida cautelar de baja de militancia” que fue interpuesta tras darse a conocer los hechos.

El pasado 17 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ordenaba el archivo provisional de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana al considerar que “de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”.

El 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por el maestro de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba Manuel Carbonell ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía “un paréntesis” en su vida política para dedicarse “plenamente” a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría “malignamente interpretado una conversación”.

Sigue creciendo la lista de alcaldes y alcaldesas que deciden frenar desde los ayuntamientos la instalación de plantas de biogás en sus términos municipales. Tienen potestad para hacerlo, puesto que de las administraciones locales depende que estas compañías obtengan licencia municipal para implantarse en esos terrenos.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete, es el que le pone freno. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica un anuncio de su alcalde, Francisco Morote (PSOE), mediante el cual se hace pública la resolución la Corporación local adoptada el pasado 24 de marzo en la que se suspenden las licencias para instalaciones de plantas de biogás, compostaje y “otras industriales similares” que “perjudiquen el medio ambiente”.

En este municipio está proyectada una planta de tratamiento de residuos orgánicos para la producción de biometano cuya empresa promotora es Bioenergía Gas Renovable VII, del grupo The Green Vector. El expediente está actualmente en tramitación y aunque su ubicación está prevista en el término municipal de Chinchilla, estaría más próxima la localidad vecina de Pétrola.

La resolución municipal se produce después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha pidiera al Ayuntamiento en noviembre del año pasado que se pronunciara al respecto de la intención de la futura planta de biogás.

Amenaza con destruir un valioso ecosistema

Stop Ganadería Industrial

Este proyecto es uno de los más de 70 que actualmente están en tramitación o ya instalados en Castilla-La Mancha. Sobre el mismo ya había puesto el foco la plataforma Stop Ganadería Industrial, que alertó de que “amenaza con destruir un valioso ecosistema” del que forma parte el complejo lagunar de Pétrola, junto con las cercanas lagunas de Horna, Hoya Usilla y Corral Rubio.

Según habían denunciado, en la Laguna de Pétrola, declarada Reserva Natural, conviven numerosas aves como flamencos, fochas, moritos, malvasía cabeciblancas, algunas de ellas en peligro de extinción, formando un “entorno único en el que incluso algunas de estas especies anidan y crían”. De todo ello se hicieron también eco vecinos y vecinas de ambas localidades.

Este colectivo también alerta del “efecto negativo” para los vecinos y vecinas de Pétrola, que por proximidad de la planta (unos cinco kilómetros), podrían sufrir los olores que desprende la materia orgánica con la que trabajan estas plantas para generar el biogás, en su mayoría purines procedentes de macrogranjas, además de “las plagas de insectos atraídos por el olor a putrefacción”. 

“Por si esto fuera poco, contaminarán la tierra y el agua subterránea, además de los pozos y las lagunas con el subproducto sobrante resultado de toda la descomposición orgánica: el digestato”, añaden en Stop Ganadería Industrial.

Memorias de un médico rural en un pequeño pueblo de Albacete durante medio siglo. Una reflexión narrativa sobre la realidad de los pueblos vacíos, la labor sanitaria y la importancia de la empatía y el cuidado comunitario.

El médico que llegó del sur (Almud Ediciones, 2026) es todo eso y mucho más. En algo más de un centenar de breves capítulos- fragmentos de la memoria- Antonio González Cabrera (El Carpio. Córdoba, 1955) hilvana su trayectoria personal y profesional con el devenir de España desde la Transición hasta nuestros días, en un pueblo con nombre ficticio que es, en realidad, San Pedro, en Albacete.

“Estas memorias son el grito de los pueblos que pierden pulso y memoria”. Es un texto híbrido que navega entre la autobiografía, la crónica política, la historia sanitaria y el memorial rural, escriben Concha Vázquez Sánchez, profesora de Literatura, y Juan Sisinio Pérez Garzón, profesor de Historia y exconsejero de Educación en Castilla-La Mancha, en el prólogo.

Ellos lo definen como un “ejercicio de responsabilidad moral con las gentes con las que se han compartido esperanzas y angustias, conflictos y acuerdos”. Es, añaden, “el latido humanista de un médico y un político comprometido con una España rural”.

Escribir su historia se lo sugirió un amigo coincidiendo con su jubilación, a los 70 años y porque no le quedó otra. Había pasado décadas en el consultorio y durante 24 años lo compaginó con labores en el ayuntamiento donde fue alcalde entre 1991 y 2007. “El último día se presentaron en la puerta unas 300 personas a decirme adiós”, recuerda emocionado. Muchas de ellas aparecen reflejadas en un libro que relata desde la llegada de la primera Ley de Sanidad (1986) aprobada por el ministerio de Ernest Lluch, durante el gobierno de Felipe González, para sustituir a un sistema de “igualas médicas”- una especie de contrato informal entre el médico y los pacientes, “sin tinta ni firma”-, por el que una familia pagaba una pequeña cuota mensual al médico y al practicante (enfermero) para garantizar una asistencia sanitaria básica a domicilio.

Con la democracia y el primer gobierno socialista se implantó el concepto de sanidad pública universal y gratuita y el Estado asumió la protección de la salud de todas las personas de cualquier clase y condición. Poco antes de eso Antonio González Cabrera llegó hasta San Pedro por casualidad. “Era jugador de rugby y vine para ver si jugaba en el Valencia, pero allí no había posibilidad de trabajar como médico así que me planteé colegiarme en alguna provincia limítrofe”.

Lo hizo en Albacete en octubre de 1979 y ha terminado jubilándose en San Pedro, el pueblo en el que ha desarrollado toda su carrera médica. Claro que antes, mientras estudiaba Medicina, ejerció como celador en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y después fue enfermero en la población de Iznájar. De ahí, se marchó a la ‘mili’ y terminó recalando en Albacete para trabajar en la sanidad rural.

“Al llegar tuve la sensación de estar entrando en un sitio donde el tiempo aún dormía la siesta desde 1955”. Era el mes de enero de 1980. Allí, cuenta el libro, el joven doctor se encontró en una sala donde no había ni fonendoscopio, ni tensiómetro, ni ningún otro instrumental médico profesional. Lo único que halló sobre la mesa de madera fue un bolígrafo BIC azul y todo lo que el consultorio tenía era un infernillo colocado en el poyete de la ventana y unas jeringas y agujas de diversos tamaños y calibres que usaba el practicante (nuestro enfermero o enfermera de hoy).

Este doctor especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en el estudio de la Diabetes Tipo 2 pasó de mejorar “algunas cosas en el consultorio” a intentar transformar el pueblo que le acogió, pero desde el ámbito político. “No teníamos de nada: el alumbrado público era de pena, muchas calles no estaban asfaltadas y había despoblamiento. El pueblo llegó a tener 3.000 habitantes, pero cuando llegué no llegaba a los 1.500”.

No fue fácil intentar cambiar las costumbres arraigadas, a veces impuestas por “las fuerzas vivas” locales. Ni siquiera era común, cuenta, “que el médico no estuviera en el club de toda la vida: el cura, el cabo [de la Guardia Civil] y el alcalde”.

Antonio González Cabrera procedía del Sindicato de Estudiantes, se había fajado en las luchas estudiantiles entre el final del franquismo y el inicio de la Transición. “Yo allí no pegaba mucho, pero pensé que ellos tampoco, así que llegué a la Alcaldía donde cambié todo lo que pude: mi pueblo tiene ahora piscina, centro de día, biblioteca, casa de cultura y hasta plaza de toros que se utiliza para eventos deportivos”.

Para ser alcalde se comió “muchos marrones” porque no se lo pusieron fácil. “Sufrí desde amenazas de muerte hasta que entraran el consultorio e hicieran pintadas”, rememora, pero se muestra orgulloso de su trayectoria en la “España profunda de aquellos años” porque nunca ha tirado la toalla, ni en lo sanitario ni en lo político. “Esto no va de quién es el más rápido, sino de quién es el que más aguanta. Cuando he necesitado una cosa para mi pueblo, he machacado hasta que alguien se ha rendido. Como alcalde de pueblo pequeño es una técnica que nunca falla. Aunque sea para que no vayas más a pedir”.

Yo allí no pegaba mucho, pero pensé que ellos [las fuerzas vivas herencia del franquismo] tampoco, así que llegué a la Alcaldía donde cambié todo lo que pude: mi pueblo tiene ahora piscina, centro de día, biblioteca, casa de cultura y hasta plaza de toros que se utiliza para eventos deportivos

Su trayectoria vital y profesional marca el ritmo del libro que es, además, un recorrido por la historia de España (y de la medicina) desde la Transición hasta nuestros días, y cómo lo vivieron en un pequeño pueblo. Algunos episodios quedaron muy marcados en su memoria. Desde el intento de golpe de Estado en 1981 - con horas angustiosas, recuerda, al expresar que “nunca es un país tan frágil como cuando se olvida del precio que le costó su libertad”-, el Mundial de Fútbol de 1982 en España, la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en agosto de ese mismo año, el ingreso en la OTAN, el terrorismo de ETA, la llegada del AVE... Después, la crisis financiera de 2008 o los desafíos en la Sanidad pública por los recortes en 2012, la pandemia de la COVID-19 o la actual polarización social y política. Y todo eso combinado con cientos de historias humanas en el consultorio y con la gestión de un ayuntamiento.

El doctor habla con pasión de la medicina rural para la que reclama ciertos aspectos “imprescindibles”. Defiende la cercanía con los pacientes y la “longitudinalidad” en la asistencia porque el cambio constante de médico, cuenta durante la conversación, “es negativo no solo para el paciente sino para el sistema sanitario y no sabes la de tiempo que ahorra saber quién entra por la puerta y de qué pie cojea”. Muchos de los pacientes de Antonio lo fueron desde niños. “En el medio rural español, los médicos de familia hemos tenido que asumir tradicionalmente la asistencia pediátrica”, escribe en el libro.

Cree que la Atención Primaria en el medio rural es aquella que “permite contar al paciente cosas que no son solo de medicina orgánica”. Él es un gran conversador, pero sobre todo escuchó a quienes pasaron por su despacho durante décadas. “Un buen tanto por ciento de las patologías son consecuencia de la soledad de mucha gente”. La Medicina va más allá de la ciencia e implica empatía y acompañamiento humano.

Los médicos rurales son quienes tienen que defender la sanidad pública a vida o muerte porque ¿quién va a ir allí a prestarte servicios que no son rentables? Nadie

Los médicos rurales pasaron del rol paternalista a ser parte activa del tejido social, por eso resalta la importancia de “acompañar en los silencios” tras una pérdida. “Lo que hay que hacer es sentarse a su lado, sin hablar, porque… ¿qué vas a decir? Y acompañar en las situaciones de miedo ante enfermedades como el cáncer. Muchas veces he tirado de teléfono para que mis pacientes no tuvieran que pasar 15 días con el volante ‘acojonaos’ y se les atendiera. Esa es una labor que tenía que hacer”.

Después, subraya, esos mismos médicos rurales “son quienes tienen que defender la sanidad pública a vida o muerte porque ¿quién va a ir allí a prestarte servicios que no son rentables? Nadie. A los pueblos pequeños internet llega lo último. Todavía los hay sin cobertura móvil. Seamos claros, no hay negocio”.

En su opinión, “la defensa de la sanidad pública es también la defensa de la dignidad de los ciudadanos rurales. Esa ha sido mi pelea eterna desde que estoy en esto”. Las historias médicas y las circunstancias de las personas que atendió le dejaron huella. “Hay quien vino a decirme que quería abortar, que sufría malos tratos, que quería adelgazar o que era víctima de acoso”.

“Si se pudiera teletrabajar, habría muy poca gente en las ciudades”

El libro de Antonio González Cabrera tiene mucho de homenaje a aquellos municipios a los que enmudeció el despoblamiento. De hecho, el texto arranca con un poema dedicado a los pueblos vacíos y el autor les confiesa su “amor” porque “aunque vaciados, permanecen llenos de sentido para quienes no hemos olvidado qué significa la pertenencia”.

La España Vaciada no le es desconocida a quien, además de alcalde, fue diputado provincial y presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (también lo fue de su homóloga europea). Hoy se muestra escéptico con las medidas para evitar la despoblación que no tengan que ver con “poner trabajo, educación y sanidad para mantener vivos los pueblos”.

Lo dice porque lo intentó. “Pusimos en marcha proyectos de repoblación. La gente se fue a vivir a los pueblos y a los cinco años se marchó por la falta de servicios. Era el mismo problema por el que los oriundos se habían ido antes”. Conoce bien la situación porque San Pedro llegó a tener 3.000 habitantes y hoy no llega a los 1.200.

No puedes hacer una casa de cultura para 400 personas en un pueblo de 60 habitantes y aquí en Castilla-La Mancha encontramos unas cuantas. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para el baile en verano? Con una carpa sale más barato

González Cabrera también estuvo al frente del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y fue vicepresidente de la desaparecida Asociación de Centros de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (CEDERCAM). Cuando le preguntamos por las políticas para frenar la despoblación en Castilla-La Mancha insiste en que lo primero es apostar por los servicios esenciales y también por el transporte público. “No puedes hacer una casa de cultura para 400 personas en un pueblo de 60 habitantes y aquí en Castilla-La Mancha encontramos unas cuantas. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para el baile en verano? Con una carpa sale más barato”. Se trata, dice, de “priorizar”.

Ve en el servicio de ayuda a domicilio para los mayores o en la acción de reconocer la Dependencia a quienes viven en el medio rural como una forma de generar empleo y, sin embargo, critica que se esté siendo “cicatero” en cuestiones como estas. “En algunos casos la despoblación se ha revertido, no porque hayamos hecho el mundo rural más atractivo, sino porque en el mundo urbano no se puede vivir, así que te vas donde puedas comprar una casa y vivir tranquilo. Si se pudiera teletrabajar, habría muy poca gente en las grandes ciudades”.

Las reivindicaciones médicas

Hace casi seis años que recibió el Premio de Política, Economía y Ciencias Sociales que otorga la Fundación de Estudios Rurales de la Unión de Pequeños Agricultores de España por ser un “luchador incansable por la sanidad pública rural”, y muy especialmente, de la Atención Primaria.

Le preguntamos por las reivindicaciones de sus colegas médicos que reclaman un Estatuto Marco. Él responde con otra pregunta: “¿Por qué es más importante que los médicos tengan un Estatuto frente al hecho de que lo tengan los enfermeros, los celadores y hasta los auxiliares de clínica?”. No rechaza la reivindicación, pero introduce matices. “Un Estatuto Marco específico los médicos me suena a tener mi parcelica de poder y dependiendo del gobierno que haya, me peleo más o menos. Es mi sensación”.

Por eso apuesta por “recoger todas las reivindicaciones de los sanitarios dentro de un marco general del sistema asistencial. Si nos dividimos, morimos todos”. Y aquí entra también la atención en los pueblos. “Tienen que recoger las reivindicaciones de lo rural. No es lo mismo ser médico a 30 kilómetros de Albacete que a 150 kilómetros. ¿Cuánto vale la dispersión poblacional? ¿Cómo se aborda la conciliación familiar de los profesionales? ¿Y los servicios?”, se pregunta.

Sobre la carrera profesional que reclaman los sanitarios en la comunidad autónoma dice no entender la postura del Gobierno de Emiliano García-Page después de una década al frente de la Presidencia regional. “Ya son ganas de tener al sector sanitario en pie de guerra. Es la única comunidad autónoma sin la carrera profesional sanitaria. A mí no me afecta, yo saqué el grado 4, pero es un agravio comparativo”.

Recuerda cómo durante su primer mes en el consultorio los pacientes le recibieron con víveres. “Me traían a veces tomates, otras, habas o pepinos, una me llevo una empanada, otra hasta me tejió una bufanda porque un día que fue me vio con frío”. Una situación muy alejada de algo que nunca ha vivido en carnes propias: las agresiones en el ámbito sanitario. Él cree que “la tranquilidad y la paciencia” del profesional pueden prevenirlas, e incluso evitarlas en muchos casos, aunque reconoce que “no hay una varita mágica” para el problema.

González Cabrera ha querido también dejar un guiño en el libro a la figura de los visitadores médicos para dejar caer la falta de interés de la administración pública por reciclar a sus médicos rurales. “Más allá de las cuatro iniciativas que llegan de lo público, la formación que recibimos depende en buena medida de los laboratorios. Acaban condicionando nuestra prescripción de medicamentos, sí. Ellos llevan su liebre, sí, pero mantenerte actualizado muchas veces depende de eso”.

Hace unas semanas presentó el libro en su pueblo y el próximo 29 de abril lo hará en la Librería Popular de Albacete. No es un epílogo porque sigue escribiendo, aunque el libro sí tenga un cierre claro en el que expresa sus preocupaciones. “¿Cómo podíamos imaginar que alguien iba a ir con una gorra de beisbol a un entierro de soldados? ¿Y un presidente con una motosierra? Esto no es normal”.

La publicación es también una reflexión sobre la desigualdad, la pérdida de libertad y la crisis del sistema democrático y social en el contexto actual. No es de los que creen que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero reconoce la “impotencia” ante lo que considera una evidencia: “La libertad ya no es un derecho sino un artículo de lujo, con propietario registrado y etiqueta dorada” y lamenta que en su nombre se cometan tropelías. “La receta del momento viene servida en tres tiempos: victimismo de aperitivo, bulo como plato fuerte y censura de postre, todo adornado con un envoltorio rutilante al que se bautiza cómo libertad”. Su filosofía es bien distinta: “Con lo bonito que es llevarse bien”.

No sabía nada de este asunto, pero la desafortunada opinión del alcalde respecto al 8M me puso la noticia ante mis ojos. El Ayuntamiento de Caudete defiende convertir la gestión del agua en un servicio 'indirecto' para afrontar inversiones millonarias. Me sonó a eufemismo, la entrega de un bien común a una empresa privada durante años, pase, pero no el hacerlo en un municipio con memoria reciente de concesiones opacas y una ciudadanía cada vez más movilizada.

En Caudete no se discute solo cómo se gestiona una tubería, sino quién manda sobre un bien común tan básico como el agua y durante cuántos años se va a hipotecar el futuro del municipio. Ese es el fondo de un proceso que el Ayuntamiento intenta vestir de “gestión indirecta” y “optimización de recursos”, mientras buena parte de la ciudadanía lo reconoce sin rodeos como lo que es: un intento de privatizar el agua.

Un pasado privatizado del que nadie quiere hablar

Hasta 2013, el agua de Caudete estuvo gestionada por una empresa privada mediante concesión. No es un detalle menor: hablamos de un monopolio natural, un servicio esencial sin competencia posible, entregado a una mercantil durante años. Sin embargo, en la documentación municipal reciente hay un silencio elocuente: no se cita en ningún momento el nombre de esa concesionaria. Si el modelo fue tan exitoso, si 'lo privado funciona mejor', ¿por qué cuesta tanto decir en voz alta quién lo gestionó y en qué condiciones?

En 2012, el Reglamento de Agua Potable ya dejó bien preparada la puerta giratoria: el ayuntamiento se reservaba la posibilidad de gestionar el servicio de forma directa o indirecta, normalizando la entrada de operadores privados en un ámbito que debería ser paradigmático de gestión pública. Al año siguiente, en 2013, se vuelve a la gestión directa municipal, pero sobre un sistema arrastrado durante décadas con falta de inversión: problemas crónicos de abastecimiento, una red envejecida y una infraestructura que pide a gritos una renovación profunda.

Hoy el propio Consistorio cifra en unos seis millones de euros las inversiones necesarias en captaciones, renovación de la red y modernización del servicio. Es una cantidad alta para un municipio de este tamaño, sí, pero también una cifra políticamente muy útil: permite construir el relato de que el Ayuntamiento, pobre y desbordado, no tiene otra salida que rendirse a la gran empresa del agua.

El giro de 2025: una providencia y un pleno

El punto de inflexión llegó el 10 de octubre de 2025, cuando el alcalde señor Mollá firma una providencia en la que plantea “modificar la forma de gestión del servicio público y prestarlo de manera indirecta”. Traducido al lenguaje común: sacar a concurso el agua y el alcantarillado para que una empresa privada se haga con la explotación durante años a cambio de asumir las inversiones. Unidas por Caudete lo llama por su nombre: es el primer paso de un proceso de privatización del servicio de abastecimiento y alcantarillado.

Pocos meses después, en un Pleno extraordinario de diciembre de 2025, se consumó el movimiento político inicial: con los votos de PP y Vox, y el rechazo de PSOE, CCD y Unidas por Caudete, se aprueba crear una comisión técnica y política para valorar la idoneidad de esa privatización. La oposición pide algo tan razonable como esperar a las próximas elecciones municipales antes de tomar una decisión que consideran estructural y de gran impacto para el pueblo. No hablamos de algo banal cómo cambiar el horario de la piscina municipal, sino de atar durante décadas quién cobra, quién invierte y quién manda sobre el agua.

Un relato municipal edulcorado

Para vender este giro, el ayuntamiento elabora un discurso cuidadosamente endulzado. En la nota oficial para la reunión informativa del 5 de marzo de 2026 se asegura que se están estudiando “todas las alternativas” y que el único objetivo es garantizar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del servicio. Se dibuja una contraposición simplista: una gestión directa que asume íntegramente inversiones, riesgos y costes, frente a una gestión indirecta mediante concesionaria que, en apariencia, resuelve todos los problemas sin dolor.

La clave del relato está en una frase muy repetida: “El agua, las infraestructuras y el control seguirán siendo municipales”. Es decir, no se estaría 'privatizando' nada importante, solo cambiando la forma de gestión. Pero cualquiera que haya seguido la historia reciente de la privatización del agua en España sabe que el poder no reside en el título de propiedad de la tubería, sino en la capacidad de fijar tarifas, decidir inversiones y definir el nivel de servicio real. Una concesión a largo plazo convierte una necesidad de inversión puntual en un flujo de caja privado asegurado por una demanda siempre cautiva, porque todo el mundo necesita abrir el grifo.

En la práctica, la empresa recuperará sus inversiones (más su margen de beneficio) a través del recibo, y si las cuentas no salen siempre existe la puerta de las revisiones tarifarias y las renegociaciones del contrato

En la práctica, la empresa recuperará sus inversiones (más su margen de beneficio) a través del recibo, y si las cuentas no salen siempre existe la puerta de las revisiones tarifarias y las renegociaciones del contrato. El riesgo que hoy se presenta como insoportable para el ayuntamiento se traslada, multiplicado y con beneficio empresarial incluido, al bolsillo de los vecinos.

Democracia local frente a hipoteca a largo plazo

La discusión en Caudete no es solo técnica; es profundamente democrática. ¿Tiene legitimidad una mayoría coyuntural para comprometer durante años el modelo de gestión del agua sin un mandato explícito de las urnas y sin consulta directa a la ciudadanía? La petición de la oposición de aplazar la decisión hasta las próximas municipales no es un capricho partidista, sino una mínima defensa del principio de que las grandes decisiones se tomen con grandes consensos.

Conviene recordar, además, la amnesia selectiva en torno a la concesión anterior. El hecho de que nadie quiera hoy nombrar a la empresa que gestionó el agua hasta 2013 debería servir como una alerta temprana. Si el modelo fue tan eficiente y transparente, ¿por qué volver a él sin una evaluación pública de sus costes, sus resultados y sus consecuencias para los vecinos? La opacidad del pasado no puede ser el atajo para repetirlo, sino precisamente el argumento para no hacerlo.

Mientras tanto, la gestión directa ha demostrado que, con recursos y voluntad política, se pueden acometer mejoras significativas: nuevos sondeos, contadores de telelectura, actuaciones en la red, un pozo cofinanciado con la Diputación. Todo eso lo ha hecho el Ayuntamiento sin necesidad de entregar la llave del grifo a una gran empresa del agua. La alternativa a la privatización no es resignarse a la ruina, sino pelear por financiación, exigir apoyo a otras administraciones y, sobre todo, priorizar el agua en la agenda política local.

Privatizar el agua: mala idea desde la ciencia y las cuentas públicas

En este contexto, la privatización no es solo un problema democrático, sino también una mala decisión desde la biología, la economía pública y la protección ambiental. Un servicio de agua gestionado con lógica de beneficio tiene incentivos para recortar en mantenimiento, control de calidad y depuración, justo en un ámbito donde cualquier ahorro mal entendido se traduce en más averías, más fugas, más contaminación y mayor riesgo sanitario.

Además, al tratarse de un monopolio natural, la entrada de una empresa no genera competencia real: lo que cambia no es la eficiencia, sino quién captura la renta de un recibo que todo el mundo está obligado a pagar.

Desde la intervención municipal y el ambientalismo, el cuadro se completa: se reduce la capacidad del Ayuntamiento para fijar tarifas sociales, priorizar inversiones o proteger a los hogares vulnerables; se opaca la información bajo el paraguas del 'secreto comercial'; se traslada a la factura la amortización de inversiones y el beneficio empresarial; y se orienta la gestión a horizontes de contrato, no a la sostenibilidad del acuífero y del territorio a 50 años vista. Y, una vez firmado, deshacer ese camino es caro y complejo, como han aprendido tantas ciudades que hoy remunicipalizan su agua tras experiencias fallidas.

Por todo lo anterior, en un municipio como Caudete, con acuíferos presionados, recursos limitados y una ciudadanía movilizada, la decisión responsable no es privatizar mejor, sino gobernar mejor lo público.

El Ayuntamiento de Escalona ha confirmado este domingo, tras las conclusiones de la inspección técnica realizada por el arquitécto municipal y los técnicos de patrimonio de la Junta de Castilla-La Mancha, que las intensas lluvias durante la sucesión de temporales han sido la causa del derrumbe de la torre albarrana del castillo de la localidad.

Además, ha trasladado que el recorrido establecido para las visitas, sigue siendo seguro, en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Tal y como ya aventurara el alcalde Álvaro Gutiérrez este sábado “filtraciones tan abundantes han provocado un exceso de peso en el interior de la torre, llevando al colapso parcial de la misma”.

Concretamente se “ha derrumbado el añadido medieval del siglo XV a la torre albarrana original, de origen árabe, de principios del siglo XI, que sigue en pie”.

Un expediente que necesitará varias semanas y se paran las visitas

Sobre las labores de desescombro, el Ayuntamiento ha indicado que “se realizarán obras por emergencia de limpieza y de consolidación de la torre albarrana original, del siglo XI”, aclarando que “para ello primero hay que hacer un expediente arquitectónico validado por patrimonio que necesitará de un tiempo de varias semanas”.

Mientras dure el parón de visitas se aprovechará para “realizar obras de consolidación en la torre que sirve de entrada en el recorrido inicial”.

El Consistorio también ha trasladado la evaluación de otros elementos del castillo, como la Torre de las Cigüeñas, de la que ha señalado que se van a “llevar a cabo en los próximos meses una obras de retacado, relleno y de cosido para evitar grieta y clausurar la oquedad existente con el objetivo de consolidarla y evitar todo tipo de riesgo futuro”.

Además, ha anunciado que se ha establecido “un compromiso de colaborar para obtener recursos excepcionales de otras instituciones para soportar los costes elevados de estas actuaciones”.

El Ayuntamiento también ha manifesdo que mantiene el proyecto de restauración del castillo y de establecimiento de un espacio hotelero. “Nos mantenemos en la ilusión y la esperanza de poder sacarlo adelante en el corto plazo”, ha señalado.

Solicitarán ayudas para las obras

Por la mañana el alcalde anunciaba, en declaraciones a los medios, que el ayuntamiento solicitará “todas las ayudas que pueda a todos los organismos instituciones administraciones para poder acometer la obra que sea necesaria” de cara a proteger el castillo de la localidad, tras el derrumbe de una torre albarrana este sábado.

Los técnicos de Patrimonio de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha han visitado el lugar hoy. Según el alcalde el castillo “es un monumento de muchos siglos, de mil años de antigüedad y evidentemente necesita una consolidación importante en varios elementos de su estructura”.

Ha recordado que el ayuntamiento compró el inmueble, que estaba en manos privadas, en octubre de 2024, y que ha estado evaluando y planificando obras de protección, consolidación y restauración del castillo. “No es algo que haya surgido ex novo en el día de hoy como consecuencia de que ayer se derrumbara parte de la torre albarrana”, ha apuntado.

El alcalde niega que hubiera riesgo

Tras las críticas realizadas desde la oposición municipal, el alcalde ha subrayado que “en ningún momento se ha tenido en riesgo a las personas que han visitado el castillo”.

En este sentido, ha apuntado que de cara a la elaboración del itinerario de las visitas, iniciadas a partir de 2025, “el Ayuntamiento se preocupó de que la ruta que siguen los turistas, esa visita guiada, fuera absolutamente segura”.

“Y no solamente se ocupó el Ayuntamiento, sino también los técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Comunidades, quienes también nos avalaron en que la ruta que siguen los visitantes, los turistas, en definitiva, quienes visitan en el castillo, es absolutamente segura”, ha señalado.

En este sentido, ha adelantado que el castillo permanecerá cerrado a las visitas “durante el tiempo que los técnicos nos digan”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso presentado por el exalcalde de Quintanar del Rey Martín Cebrián contra la resolución de la Audiencia Provincial de Cuenca que le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.

La sentencia del TSJCM, a la que ha tenido acceso Europa Press, rechaza el recurso de apelación presentado por la defensa del exdirigente socialista, que esgrimía como argumento el quebrantamiento de las garantías procesales la ausencia de correspondencia entre los hechos considerados probados y el fundamento de la condena y la falta de motivación de la sentencia.

Además, el recurrente denunciaba un error de valoración de la prueba y la infracción de las normas del ordenamiento jurídico por ausencia de especificación del empleo objeto de la inhabilitación.

Sin embargo, el TSJCM no considera que se haya producido variación alguna de los hechos recogidos en la sentencia, que consideran suficientemente motivada y “analiza de manera clara la conclusión probatoria” y que lejos de ser errónea es conforme al resultado de la prueba practicada“.

Por estas razones, el tribunal desestima el recurso y confirma la sentencia contra Cebrián, que consideraba probado que el exalcalde formalizó un contrato con una empresa, por un importe de 75.151,89 euros, destinados a adaptar el pabellón Santa Lucía de Quintanar del Rey como Auditorio “ocultando que en ese momento ya había autorizado verbalmente al contratista las modificaciones sugeridas a raíz de una visita realizada con anterioridad”.

Contra esta sentencia, que no impone costas, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Este caso llegó a los tribunales tras una querella presentada por el que entonces era portavoz del Partido Popular, José Talaya, que tras conocer la resolución de la apelación ha manifestado que ha quedado probado que “no se trataba de una mera irregularidad en un aspecto secundario o formal de la contratación, sino en un acto que podría calificarse en el sentir común como una cacicada o dedazo”.

“Naturaleza viva”. Con estas palabras describe la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la finca pública 'Dehesa de Castilseras', ubicada entre los términos municipales de Almadén, Almadenejos y Alamillo, al suroeste de la provincia de Ciudad Real. El holding estatal tiene el 100% de las participaciones de esta finca a través de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA). Es esta última quien realiza la explotación de las 9.000 hectáreas de la finca estatal, destinadas fundamentalmente a la ganadería ovina y vacuna, al aprovechamiento cinegético mediante la realización de monterías (caza colectiva), la gestión forestal y el ecoturismo.

Pero lo que pasó en uno de sus cuatro cotos de caza el pasado 25 de enero tiene poco que ver con esa premisa de naturaleza en estado puro. Una montería, organizada, según ha podido saber este medio, por la empresa 'Cinegética Lomas de Teresa', se saldó con la matanza de cerca de mil ciervos, venados y gamos. Se trata de una cifra aproximada que han estimado fuentes locales testigos de los hechos consultadas por este medio. Ni la Guardia Civil ni la empresa pública saben con certeza cuántos animales se abatieron.

La cuestión pasó desapercibida en un principio, pero el alcalde de Almadenejos, Alberto Redondo, dio la voz de alarma cuando hizo públicas algunas fotografías de lo que considera una “masacre total”.

El asunto llegó a manos del Seprona y la Guardia Civil inició una operación para investigar los hechos, constatando que se había abatido un 48% más de los ejemplares autorizados para la montería.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron al sospecharse de un posible incumplimiento de los cupos de extracción autorizados para dicha montería. Este exceso supuso “una alteración significativa” del plan de ordenación cinegética de la zona y un “impacto directo sobre la gestión sostenible de las especies”. Aparte del exceso de capturas, la patrulla interviniente del Seprona detectó otras presuntas infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de la montería y el tratamiento de las piezas.

Asimismo, se detectaron irregularidades relativas a la gestión de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH). Es decir, sobre la recogida de los animales muertos que no se destinaron a la alimentación. Las citadas fuentes locales apuntan que, de esa montería de enero, se dejaron unos 300 ejemplares sin recoger durante varios días.

Por otra parte, fuentes de la investigación han precisado a este medio que todavía se están incoando las actuaciones para determinar el alcance de las responsabilidades, aunque han precisado que es el órgano sustantivo medioambiental del Gobierno regional quien debe determinar las sanciones.

Posibles sanciones y suspensión de la actividad cinegética

En este sentido, la Consejería de Desarrollo Sostenible está trabajando en coordinación con el Seprona en la investigación de los hechos “para llegar al fondo del asunto”. Desde este departamento precisan que cuando dispongan de toda la información se tomarán las medidas oportunas, entre ellas, la posible suspensión de la actividad cinegética y sanciones económicas al gestor de la montería, en este caso, la empresa arrendataria. El inicio del procedimiento administrativo está a expensas de otras responsabilidades que la investigación podría determinar.

Precisamente, la Guardia Civil ha cursado las correspondientes denuncias por infracciones graves al vulnerarse la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y la normativa vigente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Con carácter general, en Castilla-La Mancha, incumplir el plan cinegético contraviene la Ley regional de Caza. Superar en casi un 50% el límite de capturas permitido puede conllevar expedientes sancionadores por infracciones graves o muy graves. Esta posibilidad contempla multas de entre 50.000 y 300.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza, la inhabilitación para obtenerla por un periodo de entre uno y diez años, la anulación del acotado o zona colectiva de caza en los casos más extremos de infracciones muy graves, e indemnizaciones por daños y perjuicios, que obligan a pagar por cada animal abatido fuera de plan según el baremo de valoración de especies de la comunidad.

El SEPRONA ha solicitado además la realización de un estudio técnico de la población de las especies en la finca: quiere saber si la “presión cinegética” ejercida se adecua a la realidad biológica del terreno o “si ha comprometido la viabilidad de la fauna local”.

Pero, ¿quién está detrás de esta montería y qué pasó? La finca 'Dehesa de Castilseras' tiene externalizada la concesión de la explotación cinegética de sus cuatro cotos de caza desde 2021 y durante un periodo de diez años. Actualmente, según el Portal de Contratación, el pliego de condiciones técnicas y el resultado de la licitación, la empresa encargada es 'Cinegética Lomas de Teresa, S.L.' (anteriormente denominada 'Cinegética Castilseras').

Esta empresa, activa en el Registro Mercantil y con sede en Almadén, tiene como objeto social, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la organización de cacerías en todas sus modalidades: compraventa de animales y comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.

Funciona mediante un contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético licitado por MAYASA desde 2021. Actualmente, ese contrato está vigente. Fue la empresa encargada de la montería. El administrador único de Cinegética Lomas de Teresa es Sebastián Gutiérrez Gañán, pero al cierre de esta información, este medio no ha podido ponerse en contacto ni con la empresa ni con su administrador para recoger los detalles de los hechos o las causas por las que se sobrepasó el cupo autorizado.

Sí se ha pronunciado MAYASA, como “principal perjudicada” de estos hechos. Fuentes de la empresa han indicado a este medio su “profundo descontento” con la compañía que organizó esa caza colectiva, a la que consideran “responsable absoluta”. Esta empresa de la SEPI afirma que está colaborando con el SEPRONA en todo lo necesario y que conoció los hechos con posterioridad debido a su “exposición pública”, ya que, una vez arrendado el aprovechamiento cinegético, la responsabilidad es de la empresa encargada.

Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética

MAYASA

“Es una situación muy desagradable para nosotros. Es la primera vez que ocurre algo así y es enorme el perjuicio que nos ha causado, a nivel cinegético y a nivel de naturaleza, cuando la dehesa es un lugar maravilloso, y más cuando nosotros ni lo hemos promovido, ni hemos mirado para otro lado. Todo lo contrario. Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética”, lamentan.

Efectivamente, este tipo de monterías no solo requieren de la autorización de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sino que también deben ajustarse al contrato firmado con la finca donde se desarrollan. Y en ese contrato, según ha constatado este medio, existe una “declaración responsable” en la que la empresa que las gestiona, en este caso 'Cinegética Lomas de Teresa S.L.', se compromete a cumplir la normativa vigente y con los cupos autorizados, a poner todos los medios necesarios para la recogida de las capturas y, si se comercializa la carne para consumo humano, a tramitarlo con la autoridad sanitaria.

Para rizar más el rizo, la empresa gestora de la montería también puede, a su vez, subcontratar. Y según ese contrato, es la responsable de “todas las acciones, deficiencias o negligencias” de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y obreros y actuaciones realizadas“, así como del cumplimiento de las obligaciones legales. De hecho, añade que nada de lo contenido en este documento ”se entenderá que establece un vínculo o relación entre MAYASA y los subcontratistas“.

Cada vez que se organiza una montería se firma ese contrato y esa declaración, como también fue en este caso. Es decir, la empresa arrendataria asumió con ello la responsabilidad. Y al no cumplir con los requisitos establecidos, es previsible que MAYASA rescinda el contrato con ella e incluso llegue a la vía jurídica si así lo considera. El contrato aduce, entre las causas de incumplimiento, el “exceso respecto de los cupos de captura” en cada temporada.

Sobre las posibles sanciones se ha pronunciado también el Ministerio para la Transición Ecológica para recordar que la competencia es de la comunidad autónoma, cuyo gobierno aprueba los planes de ordenación cinegética, los cupos de capturas, las autorizaciones de monterías y el régimen sancionador. Este Ministerio solo intervendría si hubiera afección a especies protegidas, espacios de la Red Natura 2000 o normativa estatal de biodiversidad, un extremo que por el momento no se ha confirmado.

De cualquier forma, el alcalde de Almadenejos, el que dio la voz de alarma en redes sociales y puso al Seprona sobre la pista de lo que considera una “masacre, una matanza total”, señala que ya no “soporta” la situación. Según afirma, y pese a que MAYASA no le consta, esta montería no es la primera que se realiza por encima de los cupos establecidos.

El alcalde de esta pequeña localidad de unos 400 habitantes afirma que estas prácticas de “cazar por encima de lo permitido” son habituales en la finca pero que en esta ocasión “se les ha ido de las manos”, no solo por el número de animales abatidos, sino también porque han dejado “muchos cadáveres sin recoger” tanto en los caminos de la zona como en las naves de su propiedad. “Todos ahí amontonados”, lamenta.

Precisamente, el contrato y “declaración responsable” de 'Cinegética Lomas de Teresa' con MAYASA también incluye que la primera debe hacerse cargo de la gestión de los cadáveres de los animales, con los remolques y medios necesarios. Pero el hecho de que se superara tan ampliamente el cupo autorizado provocó que muchos de ellos se acumularan en el muladar (un espacio vallado para depositar los cadáveres) y que terminaran por no ser aptos para consumo humano, sino únicamente para aves necrófagas como el buitre. Actualmente están todos retirados.

Ahí matan todo lo que entra

Alberto Redondo — Alcalde de Almadenejos

“No se puede gestionar todo tan mal. Es un daño inmenso a la fauna y a la naturaleza, y todo ello en una finca que gestiona el Gobierno. Está bien que el SEPRONA ya lo esté investigando, pero ha sido un poco tarde. Y además deberían investigar otras monterías anteriores, porque en diciembre supimos de otra donde también mataron una cantidad enorme de venados y ciervos. Pero esto último ha sido una masacre. Es que ahí matan todo lo que entra”, destaca el alcalde.

De hecho, Alberto Redondo pone el acento en que, en esas monterías, ni la empresa encargada ni la finca supervisan “lo que se mata”. Aduce que no respetan si son hembras preñadas o gabatos (crías de ciervo) que no llegan al año de vida. “Es que no entiendo que se pueda hacer algo así”, insiste.

Pese a que la responsabilidad apunta a la empresa gestora de la montería, el alcalde de Almadenejos se muestra muy crítico con esta finca de MAYASA. “Está muy mal gestionada. Que una finca con 9.000 hectáreas, con unas 8.000 ovejas y 700 vacas, tenga tres o cuatro millones de euros en pérdidas da mucho que pensar. Es difícil saber por qué se permite algo así”. Apunta además que en muchas ocasiones agrupan a todas las ovejas juntas en los establos en vez de repartirlas por todas las hectáreas, dejando vacías otras muchas instalaciones porque “solo las quieren para la caza”.

El alcalde relata por su parte que en la finca llegó a ejecutarse un regadío de maizal y una fábrica de pienso “que era el mejor que había por estos contornos”; y cuando más se producía “se lo cargaron todo”. Añade que ahora los propietarios quieren sembrar olivo y pistacho en unas pocas hectáreas y “seguro que también las acaban abandonando”. “Siempre trabajan a pérdidas. ¿Por qué?”.

El Plan Estrátegico de la empresa pública

La empresa pública, tras la publicación inicial de este reportaje, ha negado todas estas acusaciones. Asegura que es “rentable y viable”. De hecho, el pasado mes de noviembre aprobó su Plan Estratégico, cuyo objetivo es lograr la “rentabilidad y sostenibilidad financiera” a través de los negocios agropecuarios y turísticos, promoviendo el potencial de la 'Dehesa de Castilseras' y del parque minero de Almadén, “un patrimonio histórico nacional asociado a la histórica actividad minera reconocido a nivel nacional e internacional por su valor cultural”.

Esta propuesta estratégica lleva aparejada una inversión de 12,7 millones de euros hasta 2032, destinados a la optimización y diversificación de los negocios, permitiendo así que MAYASA siga siendo “un importante foco de generación de empleo y riqueza para la comarca”. También se estima un crecimiento y evolución de la cifra de negocio, alcanzando los ocho millones de euros al final del marco temporal. La empresa considera que el sector cinegético es importante, pero no es el núcleo de actividad principal de la Dehesa.

Pero, aparte, la indignación de este alcalde le lleva a pedir al Gobierno que permita a cada uno de los tres términos municipales en los que se ubica la finca pública explotar esos terrenos. “Esto es una zona muy empobrecida y podríamos dar más vida a nuestro medio rural si a cada pueblo le dieran la zona de la finca de su término municipal, para que lo gestionáramos desde los ayuntamientos. Ahora seguramente van a cerrar el coto donde se hizo esa montería, pero van a poder seguir cazando, cuando lo que tendrían que hacer es cerrarlo todo y que se repueble”, concluye.

Al margen de los afectados, uno de los pocos colectivos sociales que se han hecho eco de esta polémica ha sido la Plataforma NAC (No A la Caza), que ha calificado de “aberración” una montería que “solo pone de manifiesto la crueldad del sector cinegético”. “Los fines recreativos, especulativos y comerciales que sustentan la actividad cinegética, influyen negativamente en la conservación de las especies acelerando procesos de desequilibrio poblacional, degradación ecológica y extinción”, denuncia Juana Elisabet García, portavoz de la plataforma. 

Según apunta, la ciencia ha demostrado que la caza no regula los ecosistemas sino que los “desestabiliza”, puesto que los “verdaderos gestores naturales” son los 'superdepredadores' como el lobo ibérico, el águila imperial o el lince que controlan las poblaciones en función del territorio y los recursos disponibles. 

“La mayoría de las comunidades autónomas no realizan todo el esfuerzo necesario para el adecuado cumplimiento de la legislación europea. La caza no es un deporte, solo conlleva el sufrimiento de muchos animales. Y no vamos a parar hasta conseguir que se prohíba cualquier actividad cinegética que cause maltrato, explotación o muerte de un ser vivo, promoviendo la protección de los animales y sus derechos y la conservación de la fauna silvestre y la naturaleza”.

Una dehesa histórica

La SEPI recoge en un documento la historia de la 'Dehesa de Castilseras' y cómo está unida a las minas de Almadén, todavía símbolo de esta comarca de Ciudad Real. En el siglo XIV, estas minas formaban parte la Encomienda de Castilseras perteneciente a la Orden de Calatrava, creada a mediados del siglo XII, que no las explotaba por sí misma, sino que, ya por entonces, las arrendaba.

Fueron los Reyes Católicos los que manifestaron al último maestre su intención de que la citada Orden se incorporara a la Corona de España. Por bula papal de 1523, el papa Adriano VI dejó vinculados a perpetuidad los bienes de la Orden de Calatrava a la Corona de España y dos años después comenzaría un largo periodo durante el cual dichos bienes fueron arrendados mediante varios asientos a los banqueros alemanes Fugger, quienes habían ayudado a Carlos I a ser elegido emperador.

Pero en 1778, el superintendente de las minas, Gaspar Soler, suplicó a Carlos III que la Dehesa de Castilseras fuera incorporada al término de Almadén. Esta solicitud venía justificada por la falta de trabajadores para las minas. El rey solicitó al papa Pío VI la incorporación de la Encomienda de Castilseras a la Corona de España, lo que aceptó el Sumo Pontífice. En 1780 Soler tomó posesión de Castilseras.

A principios del siglo XX, Castilseras se dividía en pequeñas parcelas, conocidas como ‘suertes’. Su concesión a favor de los mineros se hacía por períodos de nueve años y la superficie de cada una era, aproximadamente, de 0,8 hectáreas.

Destaca este documento que Castilseras posee terrenos adehesados muy aptos para la ganadería, lo que unido a la climatología ha hecho que esta zona sea desde la antigüedad territorio de invernada de los rebaños trashumantes castellanos del norte. Entre la gran variedad de fauna destaca el águila real, el águila perdicera, el buitre negro, el buitre leonado, la nutria y el jabalí, junto con ciervos, gamos, cigüeñas negras, perdices y tórtolas.

La gestión diaria de Castilseras la realizan 22 trabajadores entre mayorales, pastores, agricultores, tractoristas y guardas.

Movimiento Sumar Castilla-La Mancha ha condenado “con total rotundidad” que el alcalde de Caudete, José Miguel Mollá (Vox), haya difundido en sus estados de WhatsApp un meme de contenido sexual coincidiendo con el 8M, en el que se lee “Para el 8 de marzo no faltes, te empotraremos, y gratis no lo olvides”, para “atacar a la izquierda y ridiculizar” una jornada de reivindicación feminista.

En opinión de la formación política, “que la máxima autoridad municipal utilice la mofa sexual y el escarnio para hacer política demuestra una falta absoluta de respeto, de ética institucional y degrada la institución que representa”, tal y como ya han señalado la Asociación Miradas Violetas de Caudete y otros colectivos feministas, que han expresado su “más enérgico rechazo” a estos hechos.

Exige una rectificación “clara e inmediata”

Lamentan que “lejos de disculparse, Mollá se escuda en que 'no quería ofender a nadie' y en que las mujeres deben aprender a ”medir“ la igualdad ”con la misma vara para todos los abusadores“, mientras omite los casos que afectan a su propio partido. Algo que aseguran, es ”una muestra de hipocresía y de profundo desprecio hacia las mujeres de Castilla-La Mancha“.

Sumar Castilla-La Mancha exige la rectificación “clara e inmediata del alcalde, una disculpa pública a las mujeres de Caudete y a los colectivos feministas”. Además, emplaza al PP, socio de gobierno de Vox en el municipio, a “dejar de mirar hacia otro lado y a asumir su responsabilidad política ante este nuevo episodio de machismo institucional”.

Desde el Gobierno local, la concejala de Bienestar e Igualdad Social María Martínez, también de Vox, asegura que el alcalde ya se ha disculpado y que en todo caso “no se puede controlar el comportamiento personal de cargos públicos”.

José Miguel Mollá Nieto, alcalde del municipio albaceteño de Caudete (Vox), difundía a través de los ‘estados’ de su perfil en la red social WhatsApp un meme de contenido sexual, coincidiendo con el 8M, y aprovechaba así para cargar contra políticos como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Iñigo Errejón. “Para el 8 de marzo no faltes, te empotraremos, y gratis no lo olvides”.

El mensaje, por el que el alcalde no ha pedido disculpas, ha provocado las críticas de distintos colectivos feministas de la localidad y del entorno. La Asociación Miradas Violetas de Caudete ha condenado este hecho, manifestando su “más enérgico rechazo”, y señala que “es especialmente doloroso y alarmante que la máxima autoridad de nuestro municipio recurra a la mofa y al contenido de carácter sexual para atacar a adversarios políticos”.

La “falta de ética profesional” del alcalde

Por un lado critican su “falta de ética institucional” por “utilizar un escarnio y la vulgaridad para hacer política que degrada la institución que representa”. Además, de hacer “instrumentalización del 8M, al convertir una jornada de reivindicación de derechos en un espacio para el ataque personal grosero, que demuestra una falta de empatía absoluta hacia las realidades que las mujeres enfrentamos a diario”.

Por otro, también critican el “doble discurso”, ya que “no se puede presidir un Ayuntamiento que dice trabajar por la igualdad mientras su máximo representante valida y difunde mensajes que fomentan la cultura del desprecio a la mujer”. Por todo ello, exigen “una rectificación inmediata” del alcalde.

No se puede presidir un Ayuntamiento que dice trabajar por la igualdad mientras su máximo representante valida y difunde mensajes que fomentan la cultura del desprecio a la mujer

Asociación Miradas Violetas

Desde el Colectivo ‘Luna Mujeres de Villena’, municipio limítrofe de la provincia de Alicante, también han criticado que se haya utilizado la imagen de “tres cargos políticos nacionales de un partido de oposición al suyo, dos de los cuales están acusados de acoso sexual, con presunción de inocencia” donde señalan haberse “sentido ofendidas por la referencia a la fecha conmemorativa de nuestra reivindicación, por la referencia sexual y la incitación a la violación”.

“No corresponde al cargo de que ostenta”

De igual forma, aunque recalcan que “independientemente del efecto que esta imagen pueda tener para los tres políticos” y del “mal gusto de este hombre, su nula elegancia y de su no saber corresponder al cargo que ostenta”, este mensaje es “de violencia sexual hacia las mujeres”. El colectivo califica a Mollá de “indigno para ser alcalde de una ciudad como Caudete” y señala que tanto ellas como las mujeres de Caudete se sienten “ofendidas por la ignorancia, mala fe e indignidad del alcalde”, así como “humilladas y ofendidas por las gracias vulgares y soeces de esta persona”.

Mollá accedía a la alcaldía el pasado mes de julio de 2025, tras el acuerdo suscrito con el PP en las elecciones de 2023, donde los ‘populares’ ostentarían la alcaldía durante los dos primeros años de legislatura.

Durante estos años, el partido de Mollá también desató varias polémicas, como sucedió durante las fiestas populares de Moros y Cristianos de Caudete en 2023, cuando Paco Medina –uno de sus concejales- pronunció un discurso que la oposición local consideró “xenófobo”, ya que Medina consideraba que tenían que “proteger las fiestas de la competencia que supone la llegada de otras culturas”.

El alcalde explica a las mujeres cómo “medir” la igualdad

En declaraciones a la Ser el alcalde reconoce que “seguramente no ha sido el acto más acertado que he podido tener a lo largo de mi trayectoria, pero bueno, no era la intención ofender a nadie”, ha asegurado pero sin pedir disculpas de forma expresa.

Lo ha justificado como un mensaje publicado por otros. “No me lo he inventado yo”, ha dicho, sino que según asegura se trata de “un meme que andaba por ahí por las redes” y que el alcalde ha decidido compartir. Lo justifica como una acción en el ámbito de la esfera privada: “Lo he hecho desde mi whatsapp privado”, ha comentado durante la entrevista.

Después ha hablado de su “intención” al hacerlo. Según ha asegurado se trataba de advertir de la existencia de “cantidad de abusadores que aparecen entre los personajes, vamos a llamarle personas o personajes públicos, de alto rango en la política, que se dedican a abusar de las mujeres”. Eso sí poniendo el foco en determinados políticos, pero sin autocrítica relativa a los casos de 'abusadores' dentro de su propio partido y, de paso, culpar a los colectivos feministas de no hacer “nada”.

“He pretendido simplemente que se den cuenta de que hay dos varas de medir”, ha insistido, con el mismo argumento para adoptar un tono paternalista. “Las mujeres son el motor del mundo.Yo las valoro, como no se lo puede imaginar nadie”, ha querido subrayar para a continuación señalar cómo han de comportarse a la hora de “medir” la igualdad. En su opinión, las mujeres “si lo que quieren es igualdad y lo que quieren es justicia, tienen que enseñarse a medir con la misma vara a todos”.

“No se puede controlar el comportamiento personal de cargos públicos”, dice Vox

Después, el Ayuntamiento de Caudete, a través de su Concejalía de Bienestar e Igualdad Social -no existe como tal la Concejalía de Igualdad- que dirige María Martínez ha emitido un comunicado en el que justifica que la publicación tenía “carácter satírico”, que “utilizaba el humor en relación con la actualidad política” o que “no hacía referencia a ninguna mujer en concreto, ni a ninguna vecina de nuestro municipio”, aunque en realidad el 'meme' no iba de eso. generándose un debate público en redes sociales“.

Añade la edil, también de Vox, que el alcalde ante las interpretaciones producidas “realizó una rectificación pública y pidió disculpas si dicha publicación pudo resultar ofensiva para algunas personas” y lamenta que se produjeran después “numerosos comentarios en redes sociales que, en algunos casos, derivaron en insultos, descalificaciones personales y ataques hacia la figura del alcalde”.

Tras la publicación del meme, es ahora el ayuntamiento el que pide “respeto” y evitar “ataques personales que no contribuyen a la convivencia ni al diálogo democrático”. También responde a la Asociación Miradas Violetas de Caudete que ha pedido una rectificación: “Ya se ha producido mediante la disculpa manifestada por el alcalde”, asegura.

Después, justifica el comportamiento del alcalde: “Conviene recordar que, si un gobierno nacional no puede garantizar ni controlar el comportamiento personal de los cargos públicos fuera del ámbito institucional, menos aún puede hacerlo una concejalía de ámbito local” e insiste en el mismo mensaje pidiendo “una misma vara de medir para todos”.

El nuevo canon del agua que Castilla-La Mancha aplica desde 2025 sigue siendo objeto de disputa política en la comunidad autónoma. El PP regional no ha dejado de repetir el mantra de que se trata de “nuevo impuesto” de Emiliano García-Page, cuando en realidad se trata de una regulación a la que obliga la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y que ya aplican otras comunidades autónomas.

Hace casi un año, en abril de 2025, los socialistas castellanomanchegos decidieron llevar el asunto a los tribunales y presentaron ante los juzgados una querella contra el alcalde de Quismondo (Toledo), José Eugenio del Castillo (PP), después de que se repartiera por toda la localidad una circular impresa donde repetía ese argumento: que el canon era una imposición de Page.

El proceso judicial derivó en un acto conciliación a partir del cual el alcalde Quismondo ha remitido al juzgado una carta en la que reconoce que ese canon forma parte de la mencionada Directiva Europea.

Concretamente, y según ha podido constatar este medio, José Eugenio del Castillo afirma que lo que se buzoneó y repartió en la localidad era un “panfleto” encabezado con el título ‘El Ayuntamiento de Quismondo informa’ que contenía datos “inexactos” y que ese canon se aprobó “para dar debido cumplimiento” a la Directiva Marco del Agua.

Pero en ese mismo escrito, el alcalde Quismondo dice desconocer la identidad del autor del mencionado panfleto, por lo que desvincula al Ayuntamiento de su elaboración y distribución, y niega que el Consistorio usara dinero público para su “elaboración, impresión o distribución”.

El PSOE pide al PP que cese al alcalde por “mentir”

Ahora, y a la vista de que este alcalde ha reconocido que el canon es de obligado cumplimiento, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha pedido al PP que se disculpe en relación a su campaña en los ayuntamientos.

Para el dirigente socialista, el alcalde reconoce ante los juzgados que es “mentira” la campaña del presidente regional del PP, Paco Núñez, diciendo “que el canon del agua era un impuesto de Page”.

“Para evitar la condena ante la querella presentada reconoce la verdad: es un canon derivado de una obligación europea”. Lo más llamativo, para el socialista, es que el alcalde “vacila al juez y al pueblo afirmando que tuvo conocimiento de un boletín repartido con el logo del Ayuntamiento pero que desconoce su autoría”. “Podría haber presunción de inocencia pero en marzo de 2025 afirmaba sobre el boletín que su obligación es contar la verdad”, argumenta.

Por ello, Gutiérrez dice que el PP debe pedir perdón “por su campaña de mentiras y cesar al alcalde de Quismondo, que no se puede salir de una mentira enorme, mintiendo a un juez con una todavía más grande”.

Después de este escrito que el alcalde ha remitido al juzgado, ahora está en manos de PSOE proseguir o no con el proceso judicial de la querella, extremo que el dirigente socialista no ha confirmado.

El PP arremete ahora contra los periodistas

Por su parte, el diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Juan Antonio Moreno ha salido afirmando que el 'número dos' del PSOE de Castilla-La Mancha “no tiene credibilidad”.

“Una persona que ha votado a favor de indultos, de amnistía, a favor de la ley del sí es sí, creo que tiene poco predicamento, excepto el que ustedes le compran y luego le trasladan al ámbito de la difusión pública”, ha dicho arremetiendo contra la periodistas, para a continuación decir que respeta a los medios de comunicación.

Con todo, insiste en que el canon del agua “no era un impuesto de obligado cumplimiento” y si está en vigor es por el “afán de los socialistas castellanomanchegos de freír a impuestos”. “Un impuesto injusto que se suma a la gran presión fiscal en Castilla-La Mancha”.

Repreguntado por la postura del alcalde sobre lo que el PSOE ha denominado un “panfleto” repartido por los buzones de Quismondo bajo el título 'El Ayuntamiento informa' y del que se ha desvinculado el alcalde, Moreno se ha limitado a decir: “Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Dar veracidad a todo lo que publica Sergio Gutiérrez... Habrá gente que le tenga fe, pero yo ninguna, la veracidad de su trayectoria política es bastante nula”.

El canon de la discordia

El canon medioambiental del agua entró en vigor el 1 de enero de 2025 en Castilla-La Mancha y supone alrededor de un euro en el recibo del agua. Cuenta con bonificaciones y exenciones, de tal manera que hay hogares que no lo pagan.

El Gobierno de Castilla-La Mancha estableció un sistema de pago por tramos de consumo mensual, de manera que “pague más quien más consuma” ya que lo que se pretende es inducir al ahorro de consumo de agua.

Además, el pasado mes de septiembre, el Ejecutivo autonómico modificó la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha para incluir nuevas bonificaciones dirigidas a las familias en riesgo de exclusión y a las personas con grado de discapacidad superior al 33 por ciento.

El disfraz empleado por una comparsa del Carnaval de Yepes (Toledo) ha causado polémica en Santa Cruz de la Palma y motivado que el ayuntamiento canario ponga en marcha a sus servicios jurídicos.

La controversia surge porque los miembros de la comparsa La Gimnasia Tiene Marcha -compuesta en su mayoría por personas de entre 65 y 85 años- se disfrazaron de un símbolo cultural santacrucero, la Danza de los Enanos, ligado a la Bajada de la Virgen de las Nieves y las Fiestas Lustrales del municipio canario.

Las imágenes del desfile en Yepes han circulado en redes sociales y han trascendido en los últimos días en varios. Medios como Canarias Ahora recogen también el malestar del Consistorio de Santa Cruz de la Palma por el uso de esta “expresión singular y protegida” fuera de su contexto tradicional.

En un comunicado, el Ayuntamiento canario lamenta el uso de esta imagen “fuera de su contexto tradicional y sin tener en cuenta el profundo valor cultural y emocional que representa” para la ciudad y avanza que ha puesto estos hechos en conocimiento de los servicios jurídicos municipales y de la empresa encargada de la defensa de la marca y la propiedad intelectual, “a fin de que valoren si pudieran ser susceptibles de alguna actuación conforme a la normativa vigente”.

Los alcaldes liman asperezas

Tras generarse la polémica, el alcalde de Yepes, Tomás Arribas, apunta en declaraciones a Toledodiario.es que ha mantenido una conversación con el de Santa Cruz de la Palma, Asier Antona Gómez (ambos del PP), para limar asperezas y trasladarle la buena intención con la que la comparsa desarrolló la iniciativa.

“Se ha hecho con todo el cuidado y el amor del mundo, sin ninguna intención de ridiculizar una tradición tan singular”, señala Arribas, que dice que también van a remitir una carta oficial de disculpas al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma explicando las circunstancias y reiterando que nunca hubo mala fe, sino un desconocimiento de la idiosincrasia específica de la fiesta canaria.

La idea de vestirse como estos soldaditos enanos surgió tras la visita de un matrimonio de la localidad a La Palma. Sin embargo, la agrupación no era plenamente consciente de la estricta protección y el profundo arraigo religioso y cultural que esta danza tiene en la isla, donde se celebra exclusivamente cada cinco años durante la Bajada de la Virgen.

“Espero que nadie se enfade porque hayamos querido poner en valor las tradiciones; tampoco se ha realizado con un tono burlesco”, explicó Pascual-Muerte Mora, que agrega que la comparsa yepera no intentó tampoco hacer una copia puesto que salieron con otro personaje, La Morocha, y la canción que está “tan de moda”, subraya también el alcalde.

En este sentido, Tomás Arribas explica que los disfraces fueron elaborados artesanalmente con materiales como espuma y guata y evitaban cualquier tono jocoso o caricaturesco. “Las administraciones han hablado y se han entendido, y la comparsa no tiene nada de culpa de esto, lo han hecho con la mejor intención posible y sin querer ofender a nadie”, añade.

La comparsa, que habitualmente está entre las premiadas en el concurso que hacen con el desfile, no se llevó este año ningún galardón, pero sí que disfrutaron del evento y compartieron algunas de las imágenes del desfile en sus perfiles en redes sociales.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condena el hostigamiento sufrido por los profesionales de un equipo de Castilla-La Mancha Media por parte de dos empresarios en el polígono de Torrehierro en Talavera de la Reina (Toledo).

Los hechos ocurrieron este pasado 26 de febrero durante una atención a medios convocada por el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, y la FAPE expresa “su solidaridad con los compañeros afectados y reclama que se respete el trabajo de los periodistas y de los reporteros”.

La Asociación Provincial de Periodistas de Talavera de la Reina (APTA) lamentaba, en un comunicado en su perfil de la red social Instagram, la “grave situación” vivida por un redactor y su cámara cuando se encontraban preguntando al alcalde por una información publicada por un medio regional en una convocatoria de medios realizada en la sede de Six Valves en este polígono industrial de Talavera de la Reina, donde fueron increpados por dos empresarios hasta el punto de interrumpir la labor informativa de los profesionales.

Tanto FAPE como APTA recuerdan que “en una sociedad democrática, la labor que realizan los profesionales de los medios de comunicación es un derecho constitucional, por lo que es esencial que puedan desarrollar con plena libertad su tarea de informar a la ciudadanía. La opinión de estos empresarios no da derecho a obstaculizar el libre ejercicio de la profesión periodística”.

Ambas exigen que “esta situación de acoso no quede impune” y solicitan a las autoridades que tomen “las medidas necesarias” para dar mayor protección a los profesionales de la información.

Por otra parte, las dos entidades hacen también un llamamiento a los responsables de los partidos políticos a que se sumen a esta condena y que, “lejos de alentar los señalamientos a periodistas y a medios de comunicación, se esfuercen por inculcar el respeto a la libertad de información, protegida por la Constitución Española”.

CMMedia condena la intimidación hacia sus empleados

Según explican fuentes de la dirección de CMMedia, han trasladado su apoyo a los trabajadores increpados y además han remitido un escrito a la Asociación de Empresarios del Polígono Torrehierro de Talavera de la Reina para lamentar y denunciar “el trato dispensado por dos personas de su organización a un equipo de esta casa durante una comparecencia de prensa”.

La dirección de CMMedia entiende que “no es de recibo que se interrumpa la labor de los trabajadores y entiende que no se puede consentir que se cuestione el libre desempeño que les corresponde como periodistas”. Por otro lado, recalcan que “no se pueden aceptar alusiones a la pertinencia de las preguntas que se realizaban en ese momento y menos aún la actitud intimidatoria hacia nuestro equipo”.

El PP de Talavera de la Reina lo lamenta “profundamente”

El Partido Popular de Talavera de la Reina lamenta “profundamente” que un equipo de Castilla-La Mancha Media no pudiera realizar su labor informativa diaria ante la interrupción de dos empresarios durante una convocatoria de prensa en un acto convocado el pasado jueves 26 de febrero.

El PP se suma así a la condena de la APTA y lamentan esta “situación anómala, incómoda y desagradable para todos los presentes”. Explican que aunque esta rueda de prensa la convocó el gabinete de alcaldía, “no era un acto del Ayuntamiento, sino que el alcalde, acudía como invitado y entraba dentro de la agenda diaria que normalmente suele ser pública a los medios de comunicación a los que siempre se atiende con el mayor respeto y rigor”.

Destacan que desde el PP “no se alienta de ninguna manera ningún tipo de persecución a ningún periodista ni medio de comunicación” y que “condenamos los hechos acaecidos, en público y en privado como se lo trasladamos a los dos compañeros de CMM implicados en esta desagradable situación”.

Por último, reiteran su “compromiso y respeto absoluto” por la profesión periodística y por la libertad de información, “que como bien dice la APTA en su comunicado, está protegida por la Constitución Española”.

El origen exacto de la ciudad de Guadalajara es todavía una cuestión a debate entre los expertos. A veces se le atribuye un origen romano. Se habla de pobladores caracenses, con autores que lo vinculan a Caraca, la villa romana descubierta recientemente en Driebes.

De su pasado islámico no hay dudas. Fue ciudad defensiva con importancia militar por su posición relevante de la Marca Media, la frontera de al-Ándalus. Después los avatares de la historia dieron lugar a la ciudad medieval. Guadalajara se convirtió en lugar donde proliferaron monasterios, conventos e iglesias.

Como heredera de la ciudad islámica, Guadalajara era un caserío de pequeñas edificaciones, callejuelas estrechas en algunas zonas, murallas y arrabales. El desorden caracterizaba sus construcciones y también el trazado de las calles.

En el siglo XVII, aquellos nobles que mandaron construir todo ese amplio patrimonio arquitectónico religioso eligieron irse a Madrid y comenzó así una decadencia que se prolongaría durante más de dos siglos, hasta que se produjo una reordenación del mapa: llegaron las provincias y sus capitales.

Guadalajara pasó entonces de ser una ciudad medieval a una ciudad moderna y funcional, aunque en el camino se dejó un patrimonio arquitectónico “de valor incalculable” que nunca pudo ya recuperarse.

La modernización entre finales del siglo XIX y bien entrados los años 60 del siglo XX supuso, en muchos casos, la venta o el derribo de muchos de los edificios que habían definido a la ciudad histórica durante siglos. No solo las parroquias o los conventos, también los palacios y otros inmuebles. Desaparecieron para dejar paso a “una nueva arquitectura”. 

Lo cuenta en un libro el arquitecto Antonio Miguel Trallero Sanz, junto a su hijo Antonio Miguel Trallero Arroyo, estudiante de la misma disciplina. Las reformas interiores en Guadalajara en el primer tercio del siglo XX. La transformación de una ciudad conventual, ha sido publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Ambos analizan la evolución urbanística de Guadalajara entre finales del siglo XIX y principios del XX. “Nos propusimos saber cuál fue la razón del cambio tan radical que se produjo del que la ciudad actual es heredera y que supuso una enorme pérdida de patrimonio, sobre todo religioso”, explica Trallero Sanz.

La investigación aborda cómo la decadencia de la ciudad, de la función religiosa por una progresiva secularización y la desamortización permitieron la demolición de iglesias y conventos para abrir nuevas vías y plazas públicas. A finales del siglo XIX Guadalajara buscaba mejorar la habitabilidad y modernizar su imagen y, de paso, “sanearla” para favorecer su desarrollo económico y social.

 ¿Cómo se hizo? No ha sido fácil documentar el proceso. Las fuentes son escasas y poco fiables en muchos casos, aunque una de ellas ha permitido esbozar cómo se produjeron los cambios. Se trata del documento del levantamiento de la ciudad de Guadalajara realizado por el Instituto Geográfico y Estadístico bajo la dirección de Ibáñez Ibero entre los años 1878 y 1880, que, además de la planimetría y la altimetría de la ciudad, refleja las plantas de los edificios públicos existentes, muchos de ellos edificios religiosos ya desaparecidos.

El trabajo de investigación no solo detalla el medio físico y urbano de la época, sino que recoge las más importantes transformaciones dentro de un ambicioso proyecto que, en realidad, nunca llegó a completarse.

El “revolucionario” alcalde Miguel Fluiters

Si hay un protagonista del proceso ese es Miguel Fluiters, alcalde entre 1909 y 1918. Él impulsó algunas de las principales transformaciones, como la reforma de la calle Mayor Baja, que hoy lleva su nombre. Fue una de las claves en la eliminación del trazado medieval de Guadalajara reconfigurando todas las parcelas y cambiando numerosos inmuebles por otros acordes a las tendencias arquitectónicas de la época. No hubo convivencia, sino sustitución. Algo bastante común en la historia urbanística de esta ciudad.

Cuando llegó, algunos periódicos de la época le calificaron de “revolucionario” por su afán de transformar radicalmente la fisonomía de Guadalajara, rompiendo con siglos de estancamiento urbano.

Quería que la ciudad fuera más bella, que abandonase su “indolencia en lo referente a urbanización”, pero buscaba también darle impulso económico y social y para eso las reformas no debían ser solo estéticas. A veces los edificios que terminaron destruidos “no se veían como obras de arte, sino como algo que generaba problemas”.

No dudó en endeudar las arcas municipales porque pensaba que la inversión pública de unos pocos miles de ‘duros’ pondría en movimiento millones de capital privado que en ese momento estaban paralizados. Fluiters justificó la deuda argumentando que ninguna capital española había progresado sin recurrir al crédito y que era justo que las generaciones futuras pagaran parte de las obras que definirían los “nuevos derroteros” del pueblo.

Apostó por reformas en la calle Mayor Alta -a partir de la plaza Diego García, hoy plaza del Jardinillo- que nunca se terminaron ni lograron extenderse a toda la ciudad. Lo mismo ocurrió con la proyectada plaza Mayor, con la salvedad de la construcción del Ayuntamiento que hoy conocemos.

Uno de los espacios de la ciudad en los que más profunda fue su renovación urbana es el de la plaza de Moreno, donde se encuentra la Diputación Provincial, y las calles de su entorno. Y también destaca la reforma en el eje formado por las calles Barrionuevo Baja y Alta para transformarlas en la travesía de la ciudad de la carretera nacional de Madrid a Zaragoza, la posterior carretera N-II, que hoy es una calle más de la ciudad.

Una ciudad más “higiénica” y comercial

En ese proceso, el alcalde buscaba dotar a la capital de una imagen más higiénica y comercial. Y cuando hablamos de higiénica, lo decimos en el sentido literal de la palabra. Era cuestión de salud pública.

Su objetivo fue eliminar lo que consideraba “focos de infección” en las casas de callejones estrechos y mal ventilados. Un ejemplo específico fue su crítica al convento de Santa Clara - hoy ese espacio lo ocupa una caja de ahorros- cuya única ventilación del cementerio de monjas daba directamente a la calle Mayor, algo inaceptable para el centro de una capital. De hecho, se construyó un nuevo cementerio municipal, eliminando los antiguos camposantos parroquiales asociados a iglesias o conventos.

Las reformas confirieron centro histórico de Guadalajara un nuevo y personal carácter, muy alejado del de ciudad conventual que tuvo hasta el siglo XIX. Hoy se conserva, pero solo en parte. Desde los años 60 del siglo XX también se ha ido perdiendo aquella personalidad y no solo por las nuevas construcciones con grandes volúmenes.

“Ahora se sigue perdiendo patrimonio, no hablamos ya que grandes monumentos que no existen, pero sí de lo poco que queda. Es una pérdida culpable”, lamenta el arquitecto, teniendo en cuenta la mentalidad actual respecto del patrimonio es muy distinta a la de hace un siglo. “Ocurre además con un agravante: decimos que hay que proteger ciertos edificios, pero se consiente su pérdida”, incide.

Las guerras como factores de destrucción del patrimonio

En el cambio urbano de Guadalajara, el autor habla de la desidia por parte de los responsables políticos o técnicos y de la propia ciudadanía, pero también de cierto factor de mala suerte. “Ha sido un proceso muy largo. Nos pasaron por encima todas las guerras, pero también nos tenemos que echar la culpa a nosotros mismos por la falta de sensibilidad”, dice, a la hora de conservar el patrimonio en paralelo al desarrollo urbano.

Lo hicieron así otras ciudades, pero en Guadalajara “lo más fácil”, señala el arquitecto, fue simplemente derribar lo que no se utilizaba.

Si la destrucción caracterizó tanto la guerra de Sucesión (siglo XVIII) como la Guerra de la Independencia, con la invasión napoleónica (siglo XIX), a Guadalajara no le fue mucho mejor con la Guerra Civil.

Esta última tuvo una influencia significativa en el proceso de transformación de Guadalajara, actuando tanto como un factor de destrucción de patrimonio como un catalizador para completar reformas -no siempre afortunadas- que habían quedado inconclusas en el primer tercio del siglo XX. Por poner un ejemplo, el Casino de Guadalajara que ardió en un incendio en 1930 fue rediseñado y se levantó un edificio racionalista, casi art déco, terminado apenas en 1931, que de nuevo fue incendiado y destruido en 1936.

Ya en la posguerra, el proceso de cambio no se detuvo. Se construyó en 1945 la Delegación de Hacienda que obligó a modificar el trazado de la calle López de Haro y eliminar la antigua Plaza de Bradi. Tres años después se ensanchó la cercana calle del Carmen, en las inmediaciones de la calle Mayor y para eso se demolieron edificios antiguos como el Palacio de los Bedoya.

Hasta el Palacio del Infantado, bombardeado por la aviación alemana en 1936, sufrió después modificaciones importantes en su fachada lateral y el retranqueo de algunas partes.

En el camino de la transformación ni siquiera habían logrado sobrevivir edificios como el de la Real Fábrica de Paños. Se encontraba en las inmediaciones del Palacio del Infantado, en lo que es hoy la plaza de España, y ayudó a mitigar la decadencia que arrastraba la ciudad desde el siglo XVII. No duró. El resurgir lo truncó la guerra de la Independencia, que provocó el cierre de la fábrica, la destrucción de gran parte del caserío cercano y una drástica disminución de la población.

Su posterior recuperación para convertirse en la Academia General Militar (Academia de Ingenieros) tampoco tuvo éxito. Un impresionante incendio en 1924 acabó con el edificio que originalmente había sido palacio antes que industria, para acabar entre llamas, y eso condicionó las grandes reformas interiores de principios del siglo XX. En las inmediaciones hoy se construye el nuevo campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara, aprovechando un antiguo complejo educativo.

El actual alcalde de Bolaños de Calatrava y presidente de la Diputación de Ciudad Real, el 'popular' Miguel Ángel Valverde, no se presentará a la reelección a la Alcaldía de su localidad tras cuatro legislaturas al frente del Ayuntamiento y otra más como líder de la oposición.

Así lo ha dado a conocer durante una entrevista para Europa Press, en la que ha señalado que “aunque la decisión definitiva aún no se ha tomado”, lo más probable es que no vuelva a encabezar la candidatura municipal en 2027, al considerar que se ha cumplido un ciclo tras casi dos décadas vinculado a la primera línea política en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.

En este sentido, Valverde ha comentado que dará un paso al lado para dejar lugar a compañeros que hay en su partido y que considera que pueden hacerlo mejor que él, por lo que ha insistido en que su idea es que “otra persona encabece la candidatura” en los próximos comicios municipales.

Asimismo, ha querido despejar la duda de que no dejará la legislatura a medias y que agotará su mandato como alcalde de Bolaños de Calatrava, una población de más de 12.000 habitantes y en la que lleva gobernando desde 2011.

Pese a este paso al lado, el todavía alcalde y también presidente de la Diputación ha mostrado su predisposición de continuar como concejal del Partido Popular en la localidad, ya que es condición 'sine qua non' para poder mantenerse como presidente de la institución provincial en el caso de que a los 'populares' le den los números para volver a gobernar.

Tras las elecciones municipales de 2023, el Partido Popular alcanzó un acuerdo con Vox en la Diputación de Ciudad Real que permitió a Miguel Ángel Valverde ser investido presidente de la institución, iniciando así su actual etapa al frente del Gobierno provincial. Esta coalición no ha estado exenta de problemas, ya que Valverde ha tenido que sobreponerse a la dimisión en 2025 de dos de sus vicepresidentes, ambos de Vox. Además, a otra de sus vicepresidentas, también perteneciente a la formación de ultraderecha, se le embargó el sueldo para poder hacer frente a los pagos que adeudaba a una empleada de hogar.

El crecimiento de Vox, “determinante” para que la derecha gane en Castilla-La Mancha

En la citada entrevista, y de cara a las elecciones autonómicas previstas para 2027, Valverde ha asegurado que “se cree que va a ser determinante el PP” en Ciudad Real cuando “a lo mejor lo que va a ser determinante es el resultado que obtengan otros partidos que no tienen representación todavía en otras provincias de Castilla-La Mancha”.

“Es decir, los datos que nosotros tenemos es que hoy Paco Núñez podría ser presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, indudablemente con el apoyo de Vox. Y los datos que también tenemos es que el PP crece no como nos gustaría; que Vox crece y suma diputados; y que el PSOE pierde apoyo y diputados. Por tanto, creo que al final Ciudad Real podrá o no podrá ser determinante, hay que verlo, pero en este momento no sería tan determinante como en 2023”, ha rematado.

Para Valverde, la tendencia actual en cuanto al voto nacional que se puede contemplar en los reiterados procesos electorales “no se va a abortar de un día para otro” y va a continuar, con un PSOE en caída, un Vox al alza y un PP manteniéndose, escenario que prevé se alargará “a las próximas municipales y autonómicas” en Castilla-la Mancha.

Aunque admite que “no es lo mismo” un resultado electoral en elecciones municipales que en autonómicas por la influencia de los candidatos, ha vaticinado que habrá zonas donde existan alcaldes que “siendo de un partido que esté sufriendo una tendencia desfavorable, sean capaces de mantener sus alcaldías, y vicecersa”.

En este punto abre la posibilidad de que la Diputación de Ciudad Real, por el aumento poblacional, pueda pasar a repartirse 27 escaños en el Palacio Provincial, siempre y cuando el primer censo de 2027 arroje una población de más de 500.000 habitantes.

Ese aumento de escaños y el reparto de los mismos puede cambiar incluso las estrategias electorales, y será el punto de partida para ver en qué comarcas “se deshacen empates”. “A partir de ahí, confío en que el PP va a tener unos buenos resultados. Nuestros alcaldes y alcaldesas están haciendo un buen papel y van a ser refrendados mayoritariamente por sus vecinos”.

El PSOE cree que Valverde “moverá los hilos en la sombra”

Tras conocer el anuncio realizado por Valverde en relación con la alcaldía de Bolaños de Calatrava, el portavoz del PSOE del municipio, Miguel Ángel de Toro, ha opinado que el alcalde hará “una retirada en diferido” para seguir “moviendo los hilos del pueblo en la sombra”.

De Toro ha afirmado incluso que esto puede ser “un globo sonda” con el fin de que el regidor de la localidad ciudadrealeña vaya testeando qué va opinando la gente para luego tomar la decisión de si se presenta o no cuando se aproximen las elecciones.

“Al final Valverde viene a darnos la razón porque desde el inicio de la legislatura veníamos diciendo que Bolaños necesitaba un alcalde a tiempo completo y no un presidente de la Diputación que en sus ratos libres se pasara por aquí y gestionara el pueblo”, ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que Valverde ha sido “un alcalde que no ha estado” con unos concejales “sin experiencia” que “no han sabido gestionar ni organizar”. “Así está el pueblo, abandonado. Es una realidad que se ve y se siente todos los días en la calle”, ha lamentado.

“Fue la historia de un saqueo, de un pelotazo, de mucha gente estafada a la que cercenaron sus ilusiones”. Es una de las conclusiones que José Joaquín Ormazábal, abogado, político y activista por los derechos LGTBIQ+, extrae de su extenso recorrido por la historia de Valdeluz, la “ciudad fantasma” que nació y creció adherida a la localidad de Yebes, en Guadalajara, y que se convirtió, junto con su estación del AVE, en el “paradigma” del “pelotazo urbanístico”.

Ormazábal fue alcalde de Yebes entre los años 2011 y 2015 después de crear y presidir la Asociación de Vecinos de Valdeluz y la Plataforma Pro-Lanzaderas de Guadalajara. Concurrió a los comicios por una agrupación electoral denominada ‘40 Compromisos’, que gobernó en coalición con el PSOE. Después, su formación se integró en UPyD y tras los comicios de 2015 anunció que dejaba la política activa tras facilitar la investidura de un gobierno socialista en la localidad.

Ahora, recopila en ‘Historia de Valdeluz. Memoria de la ciudad fantasma’ el relato coral de la historia de los 20 años de una urbanización que “nació de la nada”, contada prácticamente al milímetro.  

El libro está basado en documentación directa, en bibliografía muy variada y en testimonios personales. “Es casi imposible resumir todo lo que he querido contar. Haría falta una tesis doctoral sobre su pasado, su construcción y sus posibilidades. Pero sí que supone un valor muy grande la consideración que le doy, por ejemplo, a personas que de un modo u otro han tenido participación en esta historia”, relata el autor.

'Ciudad Valdeluz' comenzó a construirse a principios del siglo XXI en los terrenos de lo que fue la población de Alcohete, famosa por su centro sanitario y residencial destinado a la asistencia y rehabilitación de personas con enfermedad mental crónica. Allí se encuentra la Posición de Saldón, que fue un importante puesto de mando del Ejército Republicano durante la Guerra Civil Española, declarado Bien de Interés Cultural en 2017. Se trataba de una zona agrícola en un exclave de Yebes, entre Horche y Guadalajara.

Esta urbanización, denominada ya como ‘ciudad’ desde sus inicios, tuvo su origen en un Programa de Actuación Urbanístico (PAU) vinculado a la estación del AVE Guadalajara-Yebes, dentro de la línea Madrid-Barcelona. Se concibió para albergar miles de viviendas, pero terminó como “un símbolo de la burbuja inmobiliaria española y de la especulación”.

El plan preveía cuatro fases con la construcción de aproximadamente 9.500 viviendas para unos 30.000 habitantes, pero pronto comenzó la polémica por la sospecha de un posible “pelotazo urbanístico” y por la alta plusvalía generada en terrenos anteriormente de escaso valor.

Mediáticamente se la rebautizó como “ciudad fantasma” porque no se cumplieron las previsiones, y un año después de las primeras construcciones, allí “no había ni un alma”, salvo calles y construcciones aisladas.

Hubo gente que llegó con hipotecas altísimas que les encerraron allí para siempre, sin apenas servicios públicos

A pesar de las dificultades iniciales, Valdeluz consiguió crecer. En julio de 2006 se entregaron las primeras viviendas y para 2023 la población superaba los 4.300 habitantes. Hoy en día, según datos del Ayuntamiento de Yebes, ronda los 6.000 habitantes. Actualmente, es un barrio con servicios, zonas verdes como el Bosque de Valdenazar y una población en constante crecimiento, funcionando como un núcleo residencial conectado por alta velocidad.

Pero el que fuera su alcalde durante cuatro años no ha querido que su historia caiga en el olvido. Ante todo, deja claro que no es un libro “contra” Yebes ni contra las personas que hoy viven en Valdeluz. Al contrario, busca hacer justicia por aquellos vecinos y vecinas que vieron sus ilusiones “cercenadas” con hipotecas altísimas que “les encerraron allí para siempre, sin apenas servicios públicos”. “Y hoy en día allí siguen, tienen más servicios, la ciudad funciona, pero con pisos que valen la mitad”, precisa.

Ormázabal no pasa de puntillas por su parte más polémica: cuando Valdeluz nació, aparecieron los nombres de la exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y de su entorno familiar. Narra así cómo su familia política, específicamente a través de una empresa de Micaela Valdés Ozores (su tía política) obtuvo “grandes plusvalías” (los medios de la época lo cifraron en 200 millones de euros) al vender los terrenos donde se construyó la estación del AVE.

Esta operación, vinculada al proyecto urbanístico, se conoció cuando surgió la crisis inmobiliaria, con parte de los ingresos movidos a Luxemburgo. Según recuerda Ormazábal, el origen se encontraba en la familia del marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, propietaria de los terrenos de Yebes que hoy son Valdeluz y que aumentaron exponencialmente su valor tras la ubicación de la estación del AVE.  

También menciona a Íñigo Mencos, a Teresa Ozores de los Casa-Valdés, al conde de Yebes (Eduardo Figueroa y su mujer Carmen Muñoz Roca-Tallada), y a Rafael Santamaría, “cumbre” de la promotora Reyal Urbis, que protagonizó el nacimiento constructivo de Valdeluz. Este último dedicó a su mujer, Mar Moliner, el nombre de la avenida principal, entonces con las aceras prácticamente sin pavimentar y sin un solo comercio abierto. “Esa calle después pasó a llamarse María Moliner, fue un empeño personal de nuestro equipo”, destaca el exalcalde. “Era terrible que las calles llevaran nombres vinculados a los promotores”.

En las páginas de libro también destalla la construcción de la urbanización, diseñada por el urbanista Enrique Bardají. Y junto a ellos ubica a los “satélites de esta constelación”, como el expresidente de Castilla-La Mancha José Bono o el exalcalde de Guadalajara José María Bris.

En cuanto a la narración de los hechos, Ormazábal lo cuenta todo “con pelos y señales”. La descripción del “pelotazo” que supuso la estación del AVE, primero, en el páramo de El Arverjal, y el surgimiento de 'Ciudad Valdeluz', después, a la que fueron añadiendo campos de golf, parques y espacios naturales. Un proyecto que equipara de manera constante a la urbanización 'El Quiñón' que promovió Francisco Hernando 'El Pocero' en Seseña (Toledo).

De hecho, también menciona el Colegio 'Luz de Yebes', inmerso en investigaciones judiciales relacionadas con la trama 'Púnica' de corrupción, específicamente por presuntas irregularidades en su construcción y adjudicación. Aunque con esta cuestión, pendiente de juicio, prefiere no profundizar y andar “con pies de plomo”.

Su historia se va completando con las decisiones de los alcaldes sucesivos de Yebes. El autor compone así una “crónica de la sociedad y la política” del siglo XXI en la “meseta de la Alcarria”, un “retablo de historias, críticas y admiraciones”, que van impactando según se pasan y se leen sus páginas, cargadas además de mucha información gráfica.

“Con el tiempo conseguimos que aquello renaciera”

Repasando la legislatura en la él fue alcalde, considera que su “mayor éxito” fue que la gente “se olvidara de que Valdeluz fue el paradigma de la ciudad fantasma y de la burbuja inmobiliaria”.

“Muchos no lo saben. No lo saben ni los más jóvenes, ni mucha gente que habita en Valdeluz. Lo saben quienes se vieron atrapados por hipotecas o quienes residen allí desde sus inicios. Pero con el tiempo conseguimos que aquello renaciera y fuera algo parecido a un sitio genial donde vivir. Creo que en el fondo también hay un deseo, no sé si de olvidar, pero sí hay una cierta vergüenza sobre todo lo que pasó. Sobre todo ahora que parece que vamos casi a repetir la circunstancia, la burbuja con la vivienda. Pero espero de verdad que esto no se vuelva a repetir. Es el aprendizaje que espero que muchos extraigan del libro”, relata.

El exalcalde cuenta que cuando llegó su equipo de Gobierno, había “cero servicios” y “lo único que teníamos era un 'mega ayuntamiento' a 13 kilómetros de Valdeluz con 20 funcionarios, lo que no tenía ningún sentido”. “Nos pusimos a trabajar para que Valdeluz tuviera vida, fiestas, conciertos. Fue un trabajo duro, porque en Yebes, su núcleo, solo interesaban los toros”, recuerda riendo.

No es que al equipo de Gobierno de entonces le interesara especialmente que Valdeluz tuviera sus propias fiestas o conciertos. El objetivo, apunta, era que “se llenara de gente, no de fantasmas”. “Para mí fue muy satisfactorio. Porque conseguíamos que se diluyera ese paradigma del pelotazo: creamos servicios, las dos bibiliotecas, el bosque de Valdenazar, la escuela de música. Es una honra haber contribuido a eso”.

Joaquín Ormazábal habla también con mucho cariño de la creación del Centro Astronómico de Yebes (Astro Yebes), una infraestructura única en Castilla-La Mancha, dedicada al desarrollo y construcción de instrumentación en el campo de la radioastronomía, así como a la realización de observaciones astronómicas tanto de interés astronómico como geodésico o geofísico. Dispone de dos radiotelescopios de primer nivel mundial y es reconocido internacionalmente por la calidad de sus instrumentos.

“Eso le dio una nueva identidad, un nuevo contexto, se ha considerado algo que es del pueblo, como motivo de orgullo, y ha ayudado a diluir el fantasma del pelotazo”.

Concluye el exalcalde dejando claro que la leyenda negra de Valdeluz no ha sido “solo culpa de los políticos”, sino también de los funcionarios, “de los secretarios, interventores y notarios que firmaron esas barbaridades en relación con la primera ampliación urbanística sin pensar, sin pararse reflexionar, aunque eso sea el peor legado del franquismo, del desarrollismo sin más”.

Joaquín Ormazábal hoy vive entre Granada y su piso de Valdeluz, al que acude de vez en cuando. Activista de los derechos humanos, cofundó WADO, primera asociación autonómica del colectivo en Castilla-La Mancha, y declaró a Yebes y Valdeluz primer municipio libre de homofobia de la provincia de Guadalajara.

Durante su mandato, entre 2011 y 2015, Valdeluz y Yebes experimentaron el mayor crecimiento en habitantes de un municipio en la historia de España, según datos del INE. Hoy en Yebes el alcalde es Enrique Quitana, del PP, que gobierno en la localidad junto a Vox.

En los últimos años, esta localidad ha experimentado algunas polémicas. En enero de 2024, el equipo de gobierno puso como paje real a una mujer con orden de alejamiento de una menor a la que se acercó la cabalgata. Era la esposa del vicealcalde de la extrema derecha.

En Valdeluz, ha habido concentraciones para pedir un centro de salud y un instituto que ofrezca Bachillerato. Igualmente, vecinos y ecologistas declararon en mayo de 2024 que el Observatorio Astronómico de Yebes estaba “en peligro” por el “aluvión” de fotovoltaicas. Esta protesta puso sobre la mesa la existencia de una “burbuja” de plantas solares que, según apuntaron, “impactará negativamente en esta instalación científica, en nuestro paisaje, en la biodiversidad y en el bienestar de la población”.

Luciana es una población de Ciudad Real que se encuentra entre las afectadas por las inundaciones que ha provocado la crecida del río Bullaque por el temporal que ha azotado la zona desde hace ya una semana.

Esta población de apenas 350 habitantes se encuentra junto a la confluencia del río Bullaque con el río Guadiana. El alivio de la presa más grande de la provincia de Ciudad Real por su elevado nivel, Torre de Abraham, ha provocado inundaciones en los pueblos aguas abajo, entre ellos en Luciana.

Se ha inundado el área recreativa, provocando daños en el bar y el agua arrastró por completo una talanquera de madera. En la zona baja de la piscina municipal se han visto afectadas las bombas de la depuradora, también hay daños en los vestuarios del campo de fútbol y en la plaza de toros, incluida la enfermería.

Estos días, el Ayuntamiento de Luciana trabaja para evaluar los daños. No se podrá saber hasta que el agua baje su nivel. La alcaldesa Josefa Navas ha estado participando en las reuniones del o en las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) de Castilla-La Mancha para coordinar actuaciones.

Hasta este pueblo se han desplazado numerosos medios sobre el terreno, entre ellos la UME, Infocam, Geacam, fuerzas y cuerpos de seguridad y Protección Civil— y reconociendo el “magnífico trabajo de alcaldes y alcaldesas” en la gestión de la situación. La Unidad Militar de Emergencias monitorizaba a vista de dron cómo estaba afectando la crecida del río Bullaque a Luciana.

Para este fin de semana no hay avisos por lluvias, pero el río sigue crecido. “Nuestro objetivo es recuperar la normalidad en cuanto las condiciones lo permitan, siempre desde la prudencia y priorizando la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”, ha comentado la alcaldesa este viernes.

Comenzó en 1995 como concejal y en principio solo quería dedicarse cuatro años a la política. Pero tres décadas después, todavía sigue. El socialista Jesús Pérez Martín llegó por primera vez a la Alcaldía de Los Yébenes tras las elecciones municipales de 2019, cuando relevó a Anastasio Priego. Revalidó su mandato tras los comicios de 2023.

Pasado el ecuador de la legislatura, el alcalde de Los Yébenes hace balance de sus más de seis años al frente del Ayuntamiento, con la vista puesta en la ampliación de suelo industrial, en la fijación de población y en el turismo que pueda derivarse de la consolidación de sus impresionantes yacimientos arqueológicos y sus molinos, únicos en la comarca de los Montes de Toledo. Este sábado, día 14 arranca su Carnaval, que ha ido creciendo con los años gracias a su Festival de Chirigotas y a su desfile de comparsas.

¿Qué balance realiza de la presente legislatura municipal?

Es muy positivo y no lo digo sin ninguna motivación, lo digo porque el equipo de Gobierno ha trabajado y sigue trabajando muy duro. Estoy muy contento con ellos y hemos conseguido cosas muy importantes, cuestiones de desarrollo a las que nos comprometimos.

¿Cuál ha sido uno de los hitos más importantes?

Uno de ellos es la construcción de una nueva depuradora. La necesitábamos sí o sí y hemos conseguido que el Gobierno regional financie, con más de cinco millones de euros, esta obra que está muy próxima a su finalización. Los cálculos son que entre en funcionamiento a principios de verano y la verdad es que eso va a marcar un antes y un después. Tenemos un problema tremendo de multas y de denuncias de la Confederación del Tajo porque la instalación con la que contábamos estaba obsoleta completamente y estábamos depurando muy poco.

¿Qué otras cuestiones han marcado ese desarrollo que mencionaba?

Hemos actuado en muchos temas, pero ha sido muy relevante hacer modificaciones de normas subsidiarias muy importantes para las empresas y para el polígono industrial, porque necesitábamos desarrollo de suelo. En el año 2012 la corporación que gobernaba inició una modificación de las normas y es un trabajo muy duro y muy complejo.

¿En qué sentido?

Cualquier modificación de unas normas de este tipo puede llevar fácilmente dos o tres años. Yo me encontré con esto en 2019 e incluso había algunas naves en zonas que no estaban en suelo calificado como industrial y eso había que subsanarlo y legalizarlo. A eso hemos dedicado un esfuerzo tremendo y en estos seis años hemos conseguido hacer seis modificaciones. Ahora, un equipo de ingenieros y de abogados está estudiando hacia dónde proyectar un nuevo polígono industrial porque es fundamental; y estructuralmente es lo que nos puede dar la vida en los próximos años.

¿Y en la zona urbana?

Hemos acometido muchas obras y de relevancia. A uno de mis concejales le encomendé que hiciera de 'Pepito Grillo' con los responsables de cada departamento en la vigilancia del programa electoral con el que nos presentamos. Falta algo más de un año para las próximas elecciones y no solo hemos cumplido prácticamente todo el programa, sino que hemos hecho más cosas que han ido surgiendo.

Hemos cambiado el pavimento del pabellón, vamos a cambiar la iluminación de todas las instalaciones deportivas, del campo de fútbol, de la avenida principal y hemos actuado en todos los parques. Hemos intervenido en el parque principal de nuestro pueblo los tres años con tres talleres RECUAL y en este año que queda vamos a continuar en esa idea.

¿Cuál es el proyecto más importante que queda por hacer?

El único proyecto que todavía no hemos llevado a cabo es la construcción de la Plaza del Siglo XXI, que es un sueño que tenemos desde hace muchos años. Al haber sido dos municipios hasta 1835, la localidad cuenta con pequeños espacios, con pequeñas placitas, pero no contamos con un espacio grande donde celebrar nuestras fiestas o ir a pasear. Tenemos el proyecto preparado y estamos esperando a uno de los propietarios de esa zona y a la decisión al juzgado para la permuta y el precio. En cuanto tengamos autorización vamos a sacar a la licitación la construcción de la plaza, que es un espacio abierto de 16.000 metros cuadrados y está situado justo enfrente del instituto de secundaria y de las instalaciones deportivas. Cambiará por completo la identidad y la idiosincrasia de la localidad.

Tenemos unos 600 kilómetros de caminos públicos que debemos que intentar mantener en buen estado. Es una barbaridad. Lo vamos haciendo como podemos

Los Yébenes tiene uno de los términos municipales más extensos de España, con 67.000 hectáreas. Me ha hablado por ejemplo de esos problemas con el suelo, pero en general, ¿cómo se gestiona a nivel municipal un territorio tan grande?  

Efectivamente, somos el mayor término municipal de la provincia de Toledo y a nivel nacional creo que estamos en el puesto 17. La mayoría de estas hectáreas son fincas privadas que están situadas en los montes, pero la complicación que nos crea a nosotros es que tenemos aproximadamente 600 kilómetros de caminos públicos que debemos intentar mantener en buen estado. Es una barbaridad. Lo vamos haciendo como podemos. Cada año le toca a una parte.

¿Cuál es el criterio para ir actuando en ellos?

Siempre actuamos más en los que tenemos más próximos y en los que utilizamos más, por los agricultores y los ganaderos y la gente que va a pasear. Además, también hay vías pecuarias, cordeles y una cañada real. El tratamiento es diferente en cada uno. Hay que tener en cuenta que, en línea recta, el término municipal llega prácticamente hasta Fuente del Fresno, en Ciudad Real, que está a 42 kilómetros de aquí.

También es uno de los municipios en riesgo por la despoblación, según las zonas que estableció el Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Hay medidas concretas del Ayuntamiento o del Gobierno para combatirlo?

En la ordenación que hizo el Gobierno regional de las zonas en riesgo extremo de despoblación, si venimos hablando de que tenemos 67.000 hectáreas y lo dividimos por los 6.000 habitantes que somos, estamos en la proporción extrema de despoblación. Ese es el parámetro con el que se mide. Y la verdad es que hemos perdido hasta el año 2023. Pero a partir de ahí, hemos crecido en habitantes, poquitos, pero hemos ido creciendo. Yo creo que ese año fue un punto de inflexión.

¿Qué estamos haciendo? Fomentando fundamentalmente la industria. La parte industrial de Los Yébenes es importantísima. Tenemos empresas grandes, que absorben prácticamente toda la mano de obra, pero no solo de aquí, sino de todos los pueblos de alrededor, de Toledo y de Madrid. Pero eso puede ser engañoso. Si lo mirásemos desde el punto de vista de toda la gente que hay trabajando aquí, de fuera, de otros municipios, posiblemente estaríamos en unos 9.000 habitantes prácticamente. Es decir, si conseguimos que esa gente pudiese consolidarse, nos haría crecer más.

¿Y eso cómo puede hacerse?

Ya hemos puesto a disposición de la Consejería de Fomento la oferta de suelo para la ejecución de vivienda pública, que sería el siguiente proyecto importante que haríamos. Yo creo que eso nos haría crecer un poco más por año, que el padrón creciera más rápido. Tenemos terreno disponible y estoy esperando a que me den alguna respuesta. También están funcionando las campañas que estamos llevando a cabo para favorecer el comercio local. Damos unos vales a la gente para gastar en nuestros comercios y tuvimos la primera feria sectorial el pasado mes de octubre. Tuvimos un fin de semana lleno de gente. Es el comercio de cercanía que queremos.

Es algo que los pequeños comerciantes valoran mucho…

Claro, es que se nos olvidan muy pronto las cosas, porque cuando ocurrió la pandemia valoramos muchísimo lo que hicieron. Aquí estuvieron siempre abiertos y no queremos que se nos olvide ese esfuerzo. En esta sociedad, no sabemos qué es lo próximo que vamos a tener que vivir y lo digo muy en serio. Yo jamás hubiese pensado que íbamos a vivir todas estas situaciones de guerras a las puertas de casa, de una pandemia, de gente que quiere terminar con las democracias fácilmente, En todos mis discursos, en las fiestas, siempre hago alusión a ello, porque no me gusta nada lo que puede venir.

Hay líneas de autobuses que se eliminaron sin contar con los alcaldes ni con los pueblos y yo no voy a dejar de luchar por que se restablezcan

En cuanto a comunicaciones, carreteras, autobuses y ferrocarril ¿hay algunas demandas específicas de conexiones con Toledo y Ciudad Real, como áreas de influencia del municipio?

La verdad es que por carretera sí que tenemos muy buena comunicación, ahí no tenemos ningún problema, pero si algún día el proyecto ese que debe estar echando moho, el de la Autoría de Toledo-Ciudad Real, se hiciese realidad, ya sería genial. En cuanto al tren, a nosotros nos pasa el AVE (Madrid-Ciudad Real) por el término municipal. Lo vemos pasar (Risas). Lógicamente, yo no tengo ningún problema si tengo que demandar que hagan una parada en Los Yébenes, pero creo que eso es una utopía.

Ahora hay una plataforma aquí en la comarca para que vuelva a parar el tren en Mora. Nosotros también tenemos estación. No sé si sería efectivo. Pero lo que más me preocupa son los autobuses. A partir de la pandemia se redujeron las líneas y eso sí que crea problemas a la gente, fundamentalmente a la que tiene que ir al hospital o a estudiar. Algunas líneas eran del Ministerio y otras de la Junta. Yo las estoy demandando todos los días y hemos conseguido restablecer una o dos. No es un problema solo de Los Yébenes, es un problema de más pueblos. Se eliminaron sin contar con los alcaldes ni con los pueblos. La gente al final se termina adaptando, pero yo no voy a dejar de luchar por que se restablezcan algunas líneas más de las que se quitaron.

En cuanto al turismo, debido a sus vistosos molinos y al alumbramiento de yacimientos arqueológicos ¿qué datos tiene en el municipio? ¿Son positivos?

Eso es una obsesión mía desde el minuto uno. Insisto en que Los Yébenes tiene una parte industrial importantísima, fundamental para el crecimiento de nuestro municipio en todos los sentidos, una agricultura y una ganadería de muy buen nivel, pero nos faltaba un poco del sector servicios y desde el principio yo me puse a trabajar en tener más atractivos en ese sentido.

Teníamos el Museo de Ciencias y una colección de armas que pertenecían al Ministerio de Hacienda y que estaban en la finca de Quintos de Mora: abrimos un nuevo espacio, un museo más moderno para poner esta colección de armas, así como un Museo Etnológico en otra sala también al lado de la biblioteca. Aparte, tenemos la Crestería Molinera y ahora vamos a empezar las obras de restauración del segundo molino, el de Torrecilla.

Pero lo más importante: el trabajo del arqueólogo Arturo Ruiz Taboada sobre los yacimientos de la Edad del Bronce en Los Yébenes, el denominado ‘Montón de Trigo’. En 2019 planteó excavar ese yacimiento y se inició una campaña de cuatro años y ahora tenemos pendiente un proyecto para su consolidación, para dejarlo al aire y visitable. Es un poblado, según sus datos, donde vivían alrededor de 120 personas. En el último año de excavación nos encontramos una fábrica de hacer piedras de telares y todo ello llama mucho la atención.

¿Se va a seguir excavando?

Siguiendo las directrices del arqueólogo, vamos a hacer ese proyecto de consolidación. Para dejarlo de tal manera que ni la erosión, ni el agua, ni el viento, lo dañen y que quede completamente abierto y visitable. Pero aparte de eso, Arturo (Ruiz Taboada) me propuso excavar otro yacimiento, en 'La Chorrera'. Ahí tenemos seis o siete abrigos con pinturas rupestres. Pero justo encima de este enclave hay un yacimiento megalítico y ahí hemos descubierto un lugar de culto, un lugar sagrado, con un túmulo central, con varios enterramientos alrededor y dos filas de piedra en una circunferencia de aproximadamente 40 metros de diámetro. Eso fue en el primer año de la excavación y este año haremos la segunda campaña.

¿Todo lo que ha mencionado ha tenido efecto en los datos de visitantes?

Hemos notado que los fines de semana nos visita mucha gente, gracias también a nuestra gastronomía. Lo que echo en falta es alguna plaza hotelera más. En las épocas de caza, con los cazadores, está todo ocupado. Y yo animo a cualquier inversor, porque necesitamos más plazas hoteleras para nuestro impulso definitivo.

Aquí hay mucha tradición de Carnaval y se vive intensamente

Tenéis un carnaval que ha ido haciéndose más conocido y participativo con los años. Y estáis ya a las puertas de que se inicie este año. ¿Cuáles son sus mayores atractivos?

Es mi fiesta favorita desde que era niño. Ahora hacemos un esfuerzo económico importante y hemos conseguido consolidar uno de los carnavales más importantes de Castilla-La Mancha. Eso ha sido gracias a que a la gente le gusta y participa. El desfile de comparsas es espectacular, vienen de muchos sitios. El pasado año se hizo en un día de lluvia y tuvo que retrasarse. Les agradezco enormemente la actitud y la valentía que tuvieron. Empezamos este sábado, día 14, con el Festival de Chirigotas, que cumple 20 años.

Aquí hay mucha tradición y se vive intensamente. Además, desde hace años hemos tomado la decisión de trasladar el desfile de comparsas al fin de semana siguiente. Lo haremos el 21 de febrero, porque eso facilita que puedan compatibilizar el ir a dos o tres desfiles. El domingo 22 por la tarde hacemos el entierro de la sardina, que es temático. Cada año, el pintor peruano afincado aquí, Miguel Collantes, nos propone un tema, y este año se centra en Gaudí, por el centenario de su muerte. A ver si el agua nos deja y podemos disfrutarlo como siempre. Invito a todo el mundo a conocerlo.

Entrando en política, ¿cómo son las relaciones del Ayuntamiento con el Gobierno regional?

Hay una magnífica relación. El ejemplo de la depuradora es uno de muchos. Y también el esfuerzo de la Administración autonómica en la modificación de las normas subsidiarias de las que hablaba al principio. Mi relación con el presidente es estupenda.

¿Cómo valora el papel de Emiliano García-Page, con un gobierno del PSOE en mayoría absoluta, dentro de un contexto electoral autonómico que se está dibujando más a la derecha?

El presidente conoce perfectamente la tierra donde vivimos y ha sabido conectar con la idea de región, y eso conlleva estar a favor de los intereses de nuestra región siempre, haya quien haya en el Gobierno central. Es lo que hay que hacer. Yo, cuando me presento a las elecciones de mi pueblo, quiero lo mejor para mi pueblo.

Vivimos la política a una velocidad que no da tiempo a reflexionar, pero hay que tenerlo claro: si yo soy alcalde aquí, tengo que luchar por los intereses de Los Yébenes, me llamen nacionalista o me llamen como me llamen. Y si yo mañana me tengo que pelear con el Gobierno regional por los intereses de mi pueblo, lo voy a hacer exactamente igual. No tendré ningún problema. No es el caso. Pero si lo tuviese que hacer, lo haría. Me parece tan honesto y tan válido que no puede ser criticable. Es una obligación y una responsabilidad.

La Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo y la Asociación Elebo celebran este jueves 12 de febrero la sesión de apertura en España del proyecto europeo 'Rural Connect', una iniciativa transnacional financiada por la Unión Europea a través del programa CERV, orientada a fortalecer la participación cívica y la capacidad de incidencia de los territorios rurales en las políticas europeas.

El encuentro contará con la presencia de delegaciones procedentes de España, Italia, Rumanía, Irlanda y Luxemburgo, reforzando el carácter internacional del proyecto y el intercambio de propuestas entre territorios rurales europeos.

Kike Collada, alcalde de El Recuenco y que además preside la Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo explica que este proyecto consta de “compartir experiencias, organizar y conectar a la gente de los distintos territorios de la Unión Europea para proponer medidas y comunicar las necesidades que tenemos”.

Es por ello que este punto de partida tendrá un espacio de diálogo abierto en el Centro de Interpretación de Zaorejas el 12 de febrero entre las 16:00 y las 17:30 horas, al que podrán acudir agentes del territorio, asociaciones, colectivos y empresarios de la comarca, así como cualquier entidad interesada.

Las principales necesidades del Alto Tajo: vivienda y transporte público

Collada señala que hay medidas que pueden llevar a cabo por ellos mismos, pero que hay otras en la que es necesario contar con la colaboración de otras administraciones. “Por ejemplo, con la vivienda que es de competencia autonómica, pero que al final los ayuntamientos hacemos lo posible por poner medidas, y notamos que en cuanto ponemos viviendas en el mercado del alquiler o arreglarlas siempre hay demanda”, expone. Por otro lado, sobre el transporte público explica que en la actualidad “es muy sensible a la demanda, recientemente en la comarca de Molina y que siempre ha sido nuestro talón de Aquiles, porque antes brillaba por su ausencia”.

Collada vuelve a apostar por el aprovechamiento de los recursos forestales: “España es muy diversa, al igual que Europa, pero el hecho de estar en una zona forestal nos hace que muchos de nuestros proyectos quieran sacar riqueza de nuestros pastos, nuestra madera, nuestros ríos, y cómo podemos hacer una gestión responsable de estos recursos”, apunta.

Al mismo tiempo, el alcalde de El Recuenco señala que en la Mancomunidad del Alto Tajo ha existido un rejuvenecimiento de los Ayuntamientos y que esa es una de las “claves principales”. Para él es importante que “la gente joven coja esas entidades locales para hacer cosas nuevas no solo para arreglar dos o tres baches que hay en las calles del pueblo, sino de apostar por proyectos como este, de conectarnos con instituciones europeas y utilizar las nuevas tecnologías para promocionar el territorio”.

Collada considera que “lo que más falta hace en el mundo rural es el talento y recurso humano, personas formadas y preparadas que puedan hacer frente a estos retos, porque muchas veces lo que nos falta a las entidades locales es personal técnico suficiente para hacer frente a toda la burocracia que hay”.

Encontrar puntos comunes “para cambiar el mundo”

Rural Connect es un proyecto europeo que estará en funcionamiento durante dos años. En primer lugar, parte en Zaorejas, pero Kike Collada expone que “en el trascurso del proyecto haremos encuentros en los que consigamos atraer a figuras que sean interesantes para nuestros territorios y que pongan soluciones interesantes, donde se va a ir generando una batería de propuestas con la idea de compartirlo con las instituciones europeas que son las que financian y nos tutorizan en este proyecto”.

El alcalde de El Recuenco explica que otro objetivo es “precisamente fortalecer la democracia en Europa, acercando las instituciones europeas a las personas, empresas, asociaciones y colectivos del territorio”, teniendo en cuenta que “aunque los diferentes países participantes podemos ser distintos, pero pondremos en común los principales retos y soluciones que tenemos”. Apunta que “en ocasiones sin mala intención, en las instituciones europeas se toman decisiones erradas, donde no se tienen en cuenta algunos puntos de vista, pero estos procesos ayudan a dar voz a la ciudadanía y trasladar necesidades que no están siempre en la agenda”.

Kike Collada expresa que encontrar puntos comunes entre diferentes países “es más necesario que nunca”, teniendo en cuenta “el contexto internacional en el que vivimos”. Para él, “estamos preocupados por hacer comunidades, en los que se pueda vivir y mejorar las condiciones de vida de la gente que los habita”, teniendo también en cuenta a las asociaciones y las ONG porque “la idea es poder sumar más, son las minorías organizadas las que cambian el mundo”.

El alcalde de El Recuenco expone que en la actualidad en el panorama internacional surgen temas como “la defensa y la competitividad o el mercado interior, cuestiones que eclipsan otras que tenemos que poner sobre la mesa. Porque cuando se habla de autonomía estratégica, ¿dónde están los recursos? Los tenemos en el territorio, lo que comemos, la energía, los materiales, etcétera”. Para él “el mundo rural es un activo estratégico muy importante”, pero el problema llega cuando “se utiliza como espolio y no funciona para mejorar la vida de las personas que viven en ese entorno”. Por ello, considera “interesante poner en diálogo lo que ocurre en oros países” y contar con un espacio en el que “hacer un poco de Pepito Grillo y poner en valor lo que tenemos para que se nos escuche”.