Miles de ciudadanos han respondido este sábado a la llamada de los colectivos ecologistas para defender el Guadalquivir frente a la “amenaza inminente” de convertir el río en “una cloaca de residuos tóxicos al servicio del extractivismo minero”. Así lo han advertido las organizaciones convocantes de una manifestación que ha partido del Palacio de San Telmo –sede de la Junta de Andalucía– y ha concluido en las Setas de la Encarnación, encabezada por una pancarta con el lema No a los vertidos mineros.

La movilización ha contado con el respaldo de más de 70 organizaciones, entre ellas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, además de colectivos pesqueros y agrarios, entidades de defensa de la salud pública y casi una decena de ayuntamientos ribereños. Los participantes han reclamado que se frenen los nuevos vertidos mineros autorizados por la Junta de Andalucía y que se evalúen de forma independiente sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias, alertando de que “el río se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes”.

Con este grito de alerta se han referido los riesgos que, a su juicio, entrañan los vertidos autorizados por la Junta para la nueva fase de actividad de la mina de Cobre Las Cruces, en Gerena, y para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, gestionada por Minera Los Frailes. Las organizaciones sostienen que ambos proyectos suman unos 130.000 millones de litros de aguas con metales pesados que podrían acabar en el estuario del Guadalquivir.

La preocupación no se limita al impacto ambiental. Los colectivos ecologistas advierten además de los posibles efectos sobre la salud pública, a tenor de los resultados de una investigación reciente que ha detectado concentraciones muy elevadas de metales tóxicos en peces de la zona del Guadalquivir en la que vierte la mina Cobre Las Cruces, con niveles de contaminantes que los autores califican de “récord mundial”. Los datos también apuntan a que se superan en un 100% los límites máximos de plomo fijados por la Unión Europea para el consumo humano.

Ante este escenario, las organizaciones convocantes han vuelto a reclamar una moratoria de los nuevos vertidos –que están autorizados, pero aún no se han puesto en marcha– y la creación de una comisión técnica y científica independiente que evalúe la contaminación acumulada en el estuario y los posibles efectos conjuntos de ambos proyectos. También piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que deniegue la concesión solicitada por Minera Los Frailes para evacuar las aguas de las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes hasta la zona de especial conservación del estuario, a través de una conducción de unos 30 kilómetros.

Objetivo: “salvar vidas”

Estas peticiones llevan sobre la mesa desde 2024 y por eso creen que ha llegado la “hora de que la sociedad hable alto y claro”, en palabras de Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía, quien ha celebrado el respaldo ciudadano que ha tenido la convocatoria. “Esperamos que la voz de la ciudadanía llegue pronto a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que se cumplan las exigencias de la plataforma”, ha reivindicado Berraquero al término de la convocatoria en declaraciones a SevillaelDiario.es.

Minutos antes, Antonia Herrero, presidenta de la asociación Salvemos el Guadalquivir, advertía de las consecuencias de los vertidos proyectados: “Con las toneladas de metales pesados que tienen autorizados, se terminaría con la vida en el río”, concluyó la bióloga, que aludió también al impacto que pueden tener en el ecosistema y las actividades económicas que dependen del río. “Estamos hablando de pesca, marisqueo, agricultura, incluso el turismo, además de la salud de las personas también se puede ver afectada por la ingesta de productos contaminados con metales tóxicos”, señaló Herrero.

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Coria del Río, Modesto González, uno de los representantes municipales que respaldan la movilización: “Esto hay que pararlo porque tenemos que salvar las vidas de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas”, resumió el regidor. El Ayuntamiento de Coria del Río forma parte del grupo de municipios ribereños que apoyan la convocatoria, junto a los de Chipiona y Trebujena, en Cádiz, y Lebrija, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca, en Sevilla.

La batalla por los vertidos mineros que contaminan el Guadalquivir trasciende el ámbito estrictamente ambiental, pues el estado del estuario condiciona actividades como la pesca artesanal, el marisqueo y el cultivo de arroz en el Bajo Guadalquivir, además de la conservación de los espacios naturales protegidos vinculados al río, entre ellos Doñana. Por ello, reclaman que cualquier evaluación tenga en cuenta no solo los efectos sobre los ecosistemas, sino también las posibles consecuencias para la seguridad alimentaria y la economía de los municipios ribereños, que ya expresaron su temor ante el impacto económico y en la salud que podrían tener los vertidos.

La Junta defiende las garantías ambientales de los proyectos

Frente a las advertencias de las organizaciones ecologistas, las empresas mineras sostienen que ambos proyectos cumplen “escrupulosamente” los requisitos legales y ambientales exigidos y recuerdan que han superado los procedimientos necesarios para obtener las autorizaciones, incluyendo condiciones y controles destinados a vigilar la calidad de las aguas y prevenir posibles impactos en el río.

Un día antes de la manifestación, la Junta de Andalucía anunció que el pasado julio había contratado a la Universidad de Sevilla para estudiar la situación ambiental del estuario del Guadalquivir. “Los primeros resultados obtenidos no evidencian afecciones a la calidad de las aguas ni a los sedimentos del estuario que sean motivo de preocupación”, señaló la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en una nota de prensa difundida el viernes, 24 horas antes de que se celebrara la multitudinaria manifestación que ha recorrido el centro de Sevilla contra los vertidos mineros.

El Gobierno andaluz viene defendiendo que las autorizaciones se sustentan en informes técnicos de las consejerías implicadas y que las explotaciones están sujetas a condiciones y controles ambientales. “Preguntar por los riesgos es legítimo, pero también es responsable explicar las medidas ejercidas para prevenirlos”, señaló al respecto la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Adolfina Martínez, durante la última comisión parlamentaria en la que se abordaron los vertidos mineros al Guadalquivir.

La consejera trató entonces de tranquilizar insistiendo en que el proyecto cuenta con garantías de seguridad. En el caso de la mina de Aznalcóllar, destacó que el proyecto prevé reciclar más del 80% del agua utilizada en el tratamiento del mineral, además de someter los vertidos a controles analíticos y contemplar su interrupción si fuera necesario.

Las organizaciones convocantes, sin embargo, cuestionan que las evaluaciones realizadas hayan tenido suficientemente en cuenta “los efectos acumulativos y sinérgicos” de los nuevos vertidos, así como la compleja dinámica del agua y los procesos fisicoquímicos del estuario. Por ello, reclaman que se aplique el principio de precaución y el de no deterioro recogido en la Directiva Marco del Agua para evitar nuevas descargas mineras en esta zona protegida.

El manifiesto con el que han cerrado la jornada de protesta ha recordado que el Guadalquivir ya presenta signos de contaminación por metales pesados que vinculan a la actividad minera desde 2009. Así lo denunciaron en una carta remitida al Gobierno andaluz hace año y medio. Desde entonces, la principal novedad ha sido la autorización para reabrir la mina de Aznalcóllar, prevista para 2028.

Con los vertidos todavía pendientes de comenzar, las organizaciones convocantes confían en que la presión ciudadana manifestada en las calles llegue a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y consiga que reconsideren las autorizaciones antes de que las descargas supongan un “riesgo irreversible” para el Bajo Guadalquivir y el espacio natural de Doñana, así como para los arrozales de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura.

El 17 de junio de 2026, poco después del cierre de la Bolsa de Noruega, varias docenas de vecinos de Vevring se reunieron en un colegio en torno a un ordenador portátil. Rodeados por dibujos infantiles y ventanas con vistas al fiordo Førde, los habitantes de esta pequeña localidad de la costa oeste noruega escuchaban las noticias de Oslo. El Tribunal Supremo había fallado contra el Gobierno de Noruega al declarar ilegal el permiso que había concedido para verter residuos mineros directamente sobre el fiordo, tres kilómetros río arriba.

Aquel momento marcó el final de una lucha de 17 años, una de las batallas medioambientales más largas que ha vivido Noruega. Para Ingvild Fonn Asmervik, responsable en Oslo de los proyectos de la ONG Naturvernforbundet [Amigos de la Tierra Noruega], fue una alegría comparable a la de dar a luz a su hijo.

Para la pescadora Anne-Line Thingnes Førsund, hija y nieta de pescadores en Vevring, fue más bien un alivio. “Como si me hubieran quitado un peso de encima”, dice Førsund, que vive a orillas del fiordo y trabaja como voluntaria en la delegación local de Naturvernforbundet.

La euforia no duró mucho. Mientras Førsund y otros vecinos celebraban, un abogado del Gobierno aparecía en un debate televisado exponiendo los planes oficiales de otorgar un nuevo permiso temporal y de permitir que la mina siguiera vertiendo sus residuos directamente al fiordo mientras tanto. Cuatro días después, la empresa de la mina solicitaba un nuevo permiso que a finales de septiembre era concedido por el Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega.

“Cuando nos enteramos de que seguiría la contaminación, fue como si nos quitaran el suelo bajo nuestros pies”, dice Førsund. “Hemos respondido a todas las cartas, hemos aportado comentarios en todas las consultas y nos hemos quejado siempre que hemos podido”, añade. “Nos han tumbado tantas veces... Esta podía haber sido la oportunidad para un cambio”.

Cuando tienes un Gobierno que no respeta al Tribunal Supremo, estás cambiando el propio sistema

Anne-Line Thingnes Førsund — pescadora

El Gobierno insiste en que actúa dentro de la legalidad, pero los críticos sostienen que el vertido amenaza con contaminar uno de los fiordos más vírgenes de Noruega. A otras personas les preocupa una carrera por hacerse con minerales esenciales en la que este permiso sea solo el primero de una oleada de autorizaciones para contaminar los fiordos noruegos. “No se trata solo del fiordo, se trata de nosotros y de nuestras vidas, se trata de principios”, dice Førsund. “Cuando tienes un Gobierno que no respeta al Tribunal Supremo, estás cambiando el propio sistema”.

La medida coincide con un momento en que el problema de la contaminación de las aguas en Noruega ya estaba en el candelero. En un informe reciente se detalló la contaminación provocada por las piscifactorías noruegas en los fiordos y otras aguas costeras: el perjuicio anual que generan los nutrientes de estas instalaciones equivale al de aguas residuales sin tratar de decenas de millones de personas.

Mientras tanto, la población de salmón del Atlántico se encuentra en un mínimo histórico para el país: a principios de 2026 se cerraron a la pesca 155 de los aproximadamente 450 ríos de pesca de salmón que tiene Noruega.

El vertido submarino de residuos es una alternativa al vertido en tierra y consiste en bombear al mar rocas trituradas y residuos químicos usando tuberías colocadas cientos de metros bajo el agua. “Vertido en los fiordos”, lo llaman sus críticos en Noruega.

El propio Instituto de Investigación Marina del Gobierno noruego advierte de que el vertido submarino de residuos libera partículas finas con residuos tóxicos que pueden acumularse en los organismos marinos más pequeños y alterar los ecosistemas.

El vertido submarino de residuos está prohibido en Australia, Rusia, Brasil, China, la totalidad de América del Norte y la mayor parte de Europa. Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Turquía figuran entre los pocos países que aún permiten la práctica.

En 2006, la empresa Nordic Mining solicitó por primera vez explotar la mina de titanio de Engebø, situada en el fiordo Førde, cerca de Vevring. Menos de diez años después, el Gobierno le concedía permiso para verter residuos en el fiordo.

La ONG Naturvernforbundet interpuso entonces una serie de recursos judiciales por las diferentes instancias del sistema judicial noruego, hasta llegar a la primavera de 2026 con una audiencia de una semana de duración en el Tribunal Supremo.

Mientras se desarrollaba este periplo judicial, la mina ya había entrado en funcionamiento. A finales de 2024 comenzó a verter residuos. Entre los inversores de Nordic Mining figuran la japonesa Iwatani Corporation y las sucursales británicas de Morgan Stanley, UBS y Goldman Sachs. Otros bancos internacionales, como Standard Chartered y como Citigroup, prohíben expresamente financiar proyectos que hagan uso del vertido submarino de residuos.

El periódico The Guardian trató de ponerse en contacto con Nordic Mining, que no respondió a ninguna de las repetidas solicitudes de comentarios. Poco después de la sentencia del Tribunal Supremo, la minera comunicó por las redes sociales que mantendría su método de eliminación de residuos con el respaldo de las autoridades noruegas.

“Se ha dicho que nuestra actividad es ilegal, que tenemos que cerrar, que nuestro trabajo debe detenerse, esa no es la situación”, decía el comunicado, cuyo texto también abogaba por continuar “con la ambición de actuar de forma responsable, respetando los fiordos y las montañas, así como a la comunidad local que nos rodea”.

La disputa jurídica sobre la autorización se centró en la Directiva marco del agua de la Unión Europea, que se aplica a Noruega como país miembro del Espacio Económico Europeo. Esta directiva permite que las actividades industriales contaminen masas de agua solo cuando hay un “interés público superior”.

El Tribunal Supremo dictaminó que los motivos aducidos en la autorización inicial no eran lo suficientemente sólidos. Pero el Gobierno noruego sostiene que esos motivos han cobrado mayor peso desde que en 2020 la Unión Europea añadió el titanio a su lista de “minerales críticos”.

O hay permiso o no lo hay, y la sentencia del Tribunal Supremo es muy clara: el permiso es ilegal. El Gobierno está permitiendo abiertamente que una empresa vierta una gran cantidad de material en un fiordo de forma ilegal

Tarjei Ellingsen Røsvoll — profesor asociado de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de Innlandet

“El Gobierno noruego considera que el proyecto de Engebø tiene gran importancia para Noruega y Europa”, dice un portavoz del ministerio, explicando que “la montaña de Engebø alberga uno de los yacimientos más grandes del mundo del mineral rutilo, que contiene titanio”. “Noruega y Ucrania son los únicos países de Europa con recursos importantes de este tipo”, añade.

Los expertos jurídicos cuestionan esa lógica. “Es incorrecta”, dice Tarjei Ellingsen Røsvoll, profesor asociado de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de Innlandet. “O hay permiso o no lo hay, y la sentencia del Tribunal Supremo es muy clara, el permiso es ilegal”.

“El Gobierno está permitiendo abiertamente que una empresa vierta una gran cantidad de material en un fiordo de forma ilegal”, explica. “Es algo que no tiene precedentes; daña la confianza y socava una estructura fundamental del derecho constitucional y administrativo, deberían hacerse responsables de una decisión que no es válida, ni moral ni legalmente”.

La minera Nordic Mining siguió vertiendo residuos en el fiordo de Førde mientras esperaba que le concedieran su nuevo permiso de tres años. En Økokrim, la agencia noruega para delitos económicos y medioambientales, están analizando la posibilidad de investigar la ilegalidad de los vertidos.

Hay pocos estudios exhaustivos sobre el impacto que los vertidos submarinos de residuos generan en los ecosistemas marinos, pero los científicos relacionan la contaminación por metales pesados que aqueja hoy a algunos fiordos con vertidos submarinos de residuos que ocurrieron hace décadas.

En opinión del profesor e investigador del Instituto de Investigación Marina Terje van der Meeren, los residuos son especialmente perjudiciales cuando se trituran en trozos pequeños. “Son como harina”, dice Van der Meeren, uno de los firmantes de la respuesta que el Instituto de Investigación Marina dio a la minera cuando solicitó explotar Engebø.

Según Van der Meeren, que testificó durante la audiencia del Tribunal Supremo, los residuos de Engebø contienen una neurotoxina que se degrada en disulfuro de carbono. “Nos preocupa que este polvo fino se extienda por el resto del fiordo, ¿qué pasará con los [peces] que desovan en este fiordo? No lo sabemos”, dice.

En 2016, Van der Meeren y otros investigadores del Instituto de Investigación Marina viajaron al fiordo ártico de Repparfjord (Hammerfest), en el extremo norte de Noruega. Durante seis años de la década de los setenta, una mina de cobre vertió residuos allí. De acuerdo con una investigación publicada en 2026, los músculos de los abadejos de la zona analizados décadas después tenían niveles de plomo, arsénico y cromo más elevados que los de aguas cercanas. Otros estudios noruegos han detectado contaminación histórica por vertido submarino de residuos en el plancton, en los cangrejos y en las huevas de pescado.

Førsund y otros activistas de Vevring se están preparando ahora para una nueva batalla legal contra el permiso temporal de vertido de residuos, pero lo más probable es que los vertidos continúen mientras se llega a una nueva decisión.

Førsund recuerda con nostalgia las primeras protestas contra la mina. En una foto tomada hace más de diez años se ve a los manifestantes reuniéndose para comer a orillas del fiordo. La hija de Førsund era entonces una niña. Ahora es arquitecta.

“Muchas de esas personas ya han fallecido”, cuenta Førsund. “El fiordo es más grande que nosotros, durante miles de años nos ha dado comida, ingresos, sentido, música, peces y aves”, añade. “Ahora nos da la energía para seguir luchando”.

La planta de procesamiento de wolframio El Moto de Abenójar, en la provincia de Ciudad Real, no deja de ser noticia durante esta semana. La Unión Europea acaba de declararla “proyecto estratégico” después de que esta misma semana se hiciera público que comenzará a cotizar en la bolsa de Londres a finales del mes de octubre.

La elección de este proyecto lo ha anunciado la Comisión Europea, en el marco de la segunda tanda de 46 proyectos estratégicos para la extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas críticas en la Unión Europea. Entre ellos, hay dos españoles: uno de extracción de cobre promovido por Cobre San Rafael y otro, el mencionado para el procesado de wolframio pilotado por la minera Abenjar Tungsten, en Abenójar.

“Europa está redoblando sus esfuerzos como nunca antes para recuperar su soberanía sobre las materias primas críticas”, ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas el vicepresidente europeo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien ha explicado que se prevé que los proyectos, en su totalidad, necesiten una inversión de cerca de 21.100 millones de euros para ponerse en marcha.

El objetivo europeo es reducir la dependencia exterior y reforzar las cadenas industriales vinculadas a las baterías, la defensa, la industria aeroespacial y los imanes permanentes. En concreto, los tres proyectos relativos al wolframio contribuirán a los sectores de la defensa y la industria aeroespacial.

La empresa promotora y el Gobierno regional lo celebran

Gonzalo García San Miguel, consejero delegado de Abenójar Tungsten S.A., ha señalado que esta declaración es “especialmente importante” porque reconoce “la potencial contribución estratégica de la empresa en más de una etapa de la cadena de valor europea del wolframio”.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha celebrado esta decisión, al cimentar la “solvencia” del proyecto. “Para el Gobierno de Castilla-La Mancha era fundamental que tenga la consideración y el reconocimiento de las instituciones europeas como proyecto estratégico”.

“Una vez lograda esta declaración; ahora este reconocimiento permitirá a los inversores, a los promotores y a los empresarios acceder a más ayudas, a mejores subvenciones y permitirá también que este proyecto tenga una protección europea”, ha recalcado.

Además, José Manuel Caballero ha querido reconocer el trabajo de la empresa, que está “haciendo las cosas bien”. y con un “enorme compromiso con la tierra”, buscando “siempre el consenso y el acuerdo con la ciudadanía, con las instituciones”.

La Comisión Europea ha presentado este viernes una segunda tanda de 46 proyectos estratégicos para la extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas críticas en la Unión Europea entre los que ha incluido dos españoles: el muy contestado plan para retomar la extracción de cobre promovido por Cobre San Rafael en los municipios coruñeses de Touro y O Pino, y otro para el procesado de wolframio pilotado por la minera Abenjar Tungsten.

“Europa está redoblando sus esfuerzos como nunca antes para recuperar su soberanía sobre las materias primas críticas”, ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas el vicepresidente europeo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien ha explicado que se prevé que los proyectos necesiten una inversión de cerca de 21.100 millones de euros para ponerse en marcha, según recoge Europa Press.

El pasado año, Bruselas ya designó una primera ronda de 47 proyectos estratégicos en suelo europeo y otros 13 en países terceros que están aún en fase de desarrollo y a ellos se sumará ahora este segundo listado, en el marco de una iniciativa que les garantiza simplificación de trámites para acelerar su puesta en marcha, asistencia para conectar a proveedores y compradores y apoyo para acceder a financiación.

Con todo, pese al anuncio de los proyectos seleccionados, el Ejecutivo comunitario no ha detallado de qué modo contribuirá a ellos, ya que la designación de estratégicos no garantiza un acceso automático a fondos europeos. La Ley de Materias Primas Críticas sí establece que el proceso de concesión de permisos no debe exceder los 27 meses para los proyectos de extracción y los 15 meses para otros proyectos, con sujeción a las condiciones establecidas en la legislación de la UE y nacional.

El objetivo en todo caso es fortalecer las cadenas de valor europeas en sectores como el de las baterías, la defensa, la industria aeroespacial e imanes permanentes y no depender más del 65% de un país tercero, en especial de China. La Unión quiere tener la capacidad suficiente para extraer a más tardar en 2030 al menos el 10% de los minerales estratégicos que consume y para transformar el 40% y reciclar el 25%.

Los nuevos “Proyectos Estratégicos” se ubican en Bélgica, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, España y Suecia, y fueron seleccionados entre 102 solicitudes recibidas, con base en criterios como su contribución a la seguridad del suministro, la viabilidad técnica, la sostenibilidad y los beneficios transfronterizos.

Los nuevos proyectos abarcan 15 de las 17 materias primas estratégicas contempladas en la Ley de Materias Primas Críticas, incluidos el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso y el grafito, que “contribuirán a diversificar el suministro en la cadena de valor de las baterías de la UE”, según indican fuentes comunitarias.

Además, las iniciativas relacionadas con el magnesio y el wolframio servirán para las cadenas de valor de la defensa y la industria aeroespacial, mientras que los proyectos que abarcan elementos de tierras raras contribuirán al sector de los imanes permanentes. La nueva lista también incluye proyectos relacionados con el titanio y el silicio metálico.

La mina de Touro

En concreto, el proyecto de Cobre San Rafael se basa en la explotación del yacimiento situado en el Monte de las Minas entre los ayuntamientos de O Pino y Touro (A Coruña). Se trata de una zona minera activa desde el siglo XIX que fue explotada como mina de cobre entre 1973 y 1986, sin que se hiciese posteriormente una reparación ambiental. La idea de volver a extraer cobre en este lugar la retomó la actual empresa promotora hace una década. El primer intento lo rechazó la Xunta con una declaración de impacto ambiental desfavorable en 2020 -con la certificación al año siguiente de que denegaba el permiso- tras una fuerte oposición social y la insistente movilización de los vecinos. En 2024, la empresa reformuló el proyecto -si bien los vecinos consideran que no hay apenas cambios- y volvió a presentárselo al Gobierno gallego, que en esta ocasión lo declaro proyecto industrial estratégico. Sigue desde entonces pendiente de una nueva declaración de impacto ambiental, que aún no se conoce más de dos años después.

El Ayuntamiento de Touro intentó maniobrar para evitar que el proyecto de la mina fuese propuesto para ser declarado estratégico por la UE. Darío Rey, el concejal de Medio Ambiente, explica a esta redacción que supieron en enero, cuando se abrió el procedimiento, se dirigió al Ministerio para la Transición Ecológica. En la misiva le pedía una reunión para exponer los impactos ambientales y los efectos en el entorno, también a nivel productivo, y pedir que España no plantease estos planes como posible proyecto estratégico. Rey lamenta que no recibió nunca una respuesta y traslada su preocupación por el respaldo a la mina que supone la decisión europea.

También reaccionó el BNG. Su portavoz nacional, Ana Pontón, insiste en que su formación seguirá oponiéndose a los planes de reabrir la mina y se mantendrá “del lado de la gente, del lado de Galicia y del respeto al medio ambiente”. A preguntas de los medios este viernes en una rueda de prensa, la líder nacionalista consideró que no es “ninguna novedad” que las instituciones comunitarias se sitúen “al servicio de los intereses de las grandes transnacionales”. Critica la apuesta por “modelo extractivo depredador” que “no tiene en cuenta las necesidades del territorio”.

El proyecto de la mina de wolframio de El Moto, en Abenójar (Ciudad Real) saldrá a cotizar en la bolsa de Londres a final del mes de octubre.

Esta novedad ha sido confirmada por el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que ha asegurado que se trata de una noticia “muy positiva y representativa de la importancia y solvencia del proyecto minero”.

“Este proyecto de wolframio, que va a extraer el mineral en Abenójar y que va a procesar ese mineral en Puertollano, va a salir a bolsa”, ha señalado. En concreto, ha detallado que será en “la bolsa de Londres, a finales del mes de octubre, y ahí vamos a estar el Gobierno de Castilla-La Mancha acompañando a los promotores porque es una buena noticia para esta comarca y para toda la región”, según ha confirmado el vicepresidente segundo, que se ha mostrado seguro de que esta salida a bolsa “será el espaldarazo definitivo a este proyecto”.

Un proyecto al que Caballero ha dado relevancia, ya que, asegura, creará 400 empleos en Abenójar y prevé otros 200 en la planta de procesamiento que se instalará en Puertollano, al tiempo que ha recordado que desde la Junta se trabaja en Bruselas para lograr que la planta de procesamiento sea declarada también como proyecto prioritario por la Unión Europea, como ya lo es la mina.

“No solo es un proyecto sostenible, no solo es un proyecto que tiene consenso social, no solo es un proyecto que va a generar riqueza y empleo en la comarca, en Abenójar, y, por supuesto, aquí en Puertollano, sino que, además, es un proyecto solvente económicamente”. En este sentido, ha incidido en que “el proyecto va a salir a bolsa en Londres, sencillamente porque hay muchos inversores interesados en poner su dinero para el desarrollo de este proyecto, por tanto, es económicamente viable y eso lo celebramos”.

Esta noticia ha sido celebrada también por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que en un vídeo institucional difundido este jueves la ha calificado de “motivo de satisfacción” y por ello traslada su “apoyo público” y “entusiasmo” al proyecto. Además, ha asegurado que su Gobierno va a apoyar “mucho” a este empresa, destacando que la compañía “se ha compometido con esta tierra”.

Aportar el 20 % del wolframio europeo

La explotación de El Moto está promovida por Abenójar Tungsten (ABT), una empresa que impulsa el proyecto desde 2012. El yacimiento cuenta con unos recursos estimados de 91 millones de toneladas de mineral y una vida útil prevista de 18 años. La primera producción está prevista para el primer trimestre de 2029, con una media anual de 4.227 toneladas de trióxido de wolframio en concentrado, además de oro como subproducto. La compañía ha llegado a cifrar en al menos un 20 % la parte del wolframio europeo que podría aportar la mina.

El proyecto no ha estado exento de críticas. Cuando Bruselas lo seleccionó, Ecologistas en Acción denunció en un comunicado que el reglamento europeo daría acceso privilegiado a fondos públicos a lo que consideraba una destrucción sin precedentes, y que convertiría Abenójar y Almodóvar del Campo en una “zona de sacrificio”.

El pasado 18 de septiembre se inauguró en Abenójar (Ciudad Real) la mina El Moto, un yacimiento subterráneo de wolframio declarado por la Unión Europea como “estratégico” al extraer minerales críticos, en concreto wolframio, y garantizar la autonomía de Europa frente a terceros países.

Bruselas ha puesto el foco sobre este metal desde que, hace año y medio, anunciase un plan de rearme con el que pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros. Y pocos materiales están tan ligados a la industria de defensa como este, que, además, tiene una relación histórica “muy particular” con España, como asegura Mª Vanessa Tabernero Magro, profesora titular de Química Inorgánica en la Universidad de Alcalá (UAH).

En primer lugar, porque se trata de uno de los tres elementos descubiertos por españoles, junto con el vanadio y el platino. Fueron los hermanos De Elhuyar, Juan José y Fausto, quienes en 1783 aislaron por primera vez el wolframio.

Además, se trata de un elemento muy abundante en la península Ibérica, donde existe el llamado Cinturón de Wolframio que va desde Galicia hasta Ciudad Real, incluyendo parte de Portugal, abunda la profesora.

Este metal, el único elemento de la tabla periódica que tiene dos nombres -wolframio o tungsteno-, tiene el punto de fusión más elevado de todos los metales, 3.422 grados, y una densidad cercana a la del oro. Estas propiedades hacen que sea muy difícil de sustituir en los compuestos en los que se requiere mucha dureza o en las herramientas industriales de corte y de prospección, así como en aplicaciones aeroespaciales y de defensa.

Por todo ello, forma parte de la lista de materias primas que la UE considera críticas y estratégicas. “Europa define como materia prima crítica aquel elemento, compuesto, mineral que puede producir graves daños en la cadena económica o de seguridad si nos falta”, detalla la profesora.

La importancia en la industria de la defensa

La dureza extrema que el wolframio confiere a las aleaciones es la razón de su importancia “fundamental” en la industria de la defensa. De hecho, Tabernero explica que a este metal se le conoce como “el elemento de la guerra” y su consumo sirve como termómetro de los conflictos bélicos.

“Se puede saber cuándo y cómo han evolucionado los procesos bélicos durante la Historia si seguimos cuánto wolframio se ha extraído y, por tanto, consumido”, afirma la profesora. “Ha habido aumento de la demanda siempre que ha habido picos bélicos. Por ejemplo, en las guerras mundiales era necesario el wolframio porque a los vehículos blindados les confiere una gran dureza”.

España no ha sido ajena a esas dinámicas bélicas relacionadas con el wolframio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco permitió a la Alemania de Hitler extraer este metal.

Ochenta años después, Europa se ha vuelto a dar cuenta de la importancia que tiene este elemento y de la enorme dependencia que tiene de terceros países para conseguirlo, por lo que va a facilitar proyectos mineros para su extracción en suelo europeo. “Y España, en concreto Ciudad Real, es ejemplo de ello por la concentración de este mineral que hay en esta zona”.

El problema de fondo es la procedencia de este elemento en el mercado. Según datos de la Comisión Europea, China extrae en torno al 75 % del wolframio mundial y hace años que limita sus exportaciones por considerarlo un recurso estratégico. En febrero de 2025 endureció esas restricciones y redujo las compañías autorizadas a venderlo al exterior, lo que provocó una fuerte caída de los envíos y que los precios se disparasen.

Una situación de dependencia de materias primas que maniata la economía europea. “Ahora mismo China podría bloquear la economía europea simplemente con dejar de vendernos todo lo que nos suministra”, alerta Tabernero.

Dentro de la Unión Europea, el wolframio solo se extrae en tres países: Austria (44,5 % de la producción), España (31,2 %) y Portugal (24,3 %).

El 20% de la producción, en Ciudad Real

Por ello y para reducir la dependencia general de los llamados elementos estratégicos, la Comisión Europea aprobó en marzo de 2025 una lista de 47 proyectos relacionados con materias primas críticas en 13 Estados miembros, siete de ellos en nuestro país.

Solo tres tienen que ver con el wolframio, y los dos que contemplan su extracción minera en España son el de El Moto, en Abenójar (Ciudad Real) y el proyecto P6 Metals de Iberian Resources Spain en La Parrilla, en el término de Almoharín (Cáceres).

La explotación de El Moto está promovida por Abenójar Tungsten (ABT), una empresa que impulsa el proyecto desde 2012. El yacimiento cuenta con unos recursos estimados de 91 millones de toneladas de mineral y una vida útil prevista de 18 años. La primera producción está prevista para el primer trimestre de 2029, con una media anual de 4.227 toneladas de trióxido de wolframio en concentrado, además de oro como subproducto. La compañía ha llegado a cifrar en al menos un 20 % la parte del wolframio europeo que podría aportar la mina.

Según la empresa, la explotación generará 428 empleos directos, además de empleo indirecto. El día de la inauguración, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció además que Puertollano acogerá una planta de procesado del wolframio extraído en Abenójar, con alrededor de 200 puestos de trabajo. ABT asegura que no habrá presa de efluyentes tóxicos y que el diseño persigue el vertido cero durante la fase de producción.

El proyecto no ha estado exento de críticas. Cuando Bruselas lo seleccionó, Ecologistas en Acción denunció en un comunicado que el reglamento europeo daría acceso privilegiado a fondos públicos a lo que consideraba una destrucción sin precedentes, y que convertiría Abenójar y Almodóvar del Campo en una “zona de sacrificio”.

“Un país verde a costa de convertir a otros en países negros”

Tabernero reconoce que “siempre hay un coste energético y un coste medioambiental”, pero avisa que “en Europa nos hemos convertido en un país verde a costa de convertir a otros en países negros”.

“Tenemos que ser conscientes de que el nivel de vida que tenemos lleva unas consecuencias para el medio ambiente”, añade. Y concluye: “Tendremos que mentalizarnos de que es necesario producir algunas cosas dentro de nuestro territorio si queremos no depender de otros países en elementos estratégicos porque su falta nos haría la vida mucho más complicada”.

El municipio de Barruelo de Santullán ha vivido durante generaciones bajo la impronta de la extracción del carbón, actividad minera que definió no solo su geografía y su economía local, sino el relato oficial de su historia. Sin embargo, en el terreno de la antigua escombrera de la mina, hoy en pleno proceso de regeneración ambiental, las vecinas de esta pequeña localidad de la provincia de Palencia han logrado dar un giro transformador a esa memoria mediante la creación de “Cuévana”. Y es que se trata de una monumental obra de arte, abierta al público de manera permanente y tejida a mano por las mujeres del pueblo.

Durante décadas, la actividad extractiva en la comarca configuró una identidad social articulada en torno a la figura del minero. Espacios como el Centro de Interpretación de la Minería han custodiado este legado histórico centrándose en el trabajador del subsuelo. No obstante, esta narrativa tradicional dejó en segundo plano las labores invisibles de las mujeres, quienes sostuvieron cotidianamente la comunidad mediante gestos de cuidado y preservación. Para responder a este olvido, las barruelanas han erigido un monumento vivo que devuelve el protagonismo a la mujer.

El punto de partida conceptual fue una antigua fotografía de una vecina portando un cuévano, el cesto tradicional empleado para transportar carbón y enseres domésticos. Al carecer la palabra de género femenino en el vocabulario, el colectivo y las participantes crearon el término cuévana para otorgar una identidad propia a la propuesta. La obra toma como referencia teórica el ensayo de Ursula K. Le Guin sobre la bolsa de ficción, planteando la narrativa como un recipiente capaz de recolectar vivencias de cuidado que habían sido omitidas del relato oficial del pueblo palentino.

La pieza artística consiste en una gran estructura circular por la que es posible transitar interiormente, levantada sobre un armazón de hierro recubierto por un tejido negro. La malla que envuelve el monumento fue trenzada manualmente por las propias vecinas utilizando un material flexible similar a una manguera, en un laborioso proceso colectivo. La instalación se sitúa sobre la antigua escombrera, un paraje cuya transformación amenazaba con borrar la memoria del lugar. Durante la jornada inaugural, la obra se presentó iluminada desde su interior al caer la tarde.

En el interior habitable de “Cuévana” se despliega un recorrido expositivo estructurado en estratos que aluden a las capas geológicas de las galerías subterráneas. La muestra reúne un archivo fotográfico histórico combinado con imágenes contemporáneas que retratan las manos y los oficios de las mujeres actuales de Barruelo. Cada uno de los estratos aborda una dimensión fundamental de la presencia femenina en la comarca: el trabajo, los cuidados, la memoria cultural y la postura política. De este modo, objetos y fotos ofrecen un relato plural.

El proceso de creación colectiva se extendió durante un año y medio en el marco de Secuelas Energéticas, una iniciativa promovida por la organización Concomitentes. Bajo la mediación de Alfredo Escapa, el grupo de mujeres locales actuó como comitente activo de la obra, participando en cada fase del diseño y de la ejecución junto al equipo de Todo por la Praxis. Algunas vecinas subrayaron la necesidad imperiosa de revalorizar a la mujer en una comarca donde nunca había tenido reconocimiento. La pieza nace con la vocación de ser un espacio comunitario vivo para conversar.

Arte vs secuelas

Esta intervención artística se integra en el proyecto europeo Art Living Lab to Repair the Land, financiado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea. La iniciativa se desarrolla simultáneamente en tres territorios marcados por heridas industriales: Barruelo de Santullán frente al cierre minero, Wietstock en Alemania ante el impacto de la agricultura intensiva, y Šibenik en Croacia respecto a la industria química y eléctrica. En todos estos casos, las comunidades colaboran con creadores para reparar desde el arte las secuelas dejadas por los modelos industriales.

La metodología empleada sigue un protocolo creado en 1990 por François Hers y promovido en España por Concomitentes con apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso. Este modelo permite encargar obras de arte contemporáneo adaptadas a las necesidades reales del entorno. La inauguración oficial comenzó con una caminata desde el centro minero hasta la escombrera. Hoy, “Cuévana” permanece en Barruelo como un testimonio tejido a mano que transforma residuos industriales en dignidad.

Hartos de hacer públicos estudios científicos que alertan de los riesgos, de acudir a la Fiscalía y también de llamar a las puertas del Gobierno andaluz sin éxito alguno, los colectivos sociales, ecologistas y ayuntamientos ribereños que llevan un tiempo avisando del peligro que supone para el Guadalquivir la actividad minera han decidido dar un paso más. La fórmula elegida es una manifestación convocada en Sevilla a las puertas de San Telmo con el lema No a los vertidos mineros para el sábado 17 de octubre, con la que se quiere insistir en que hay una “amenaza inminente” y real de convertir el río en “una cloaca de residuos tóxicos al servicio del extractivismo minero”.

Así se ha denunciado este lunes, cuando portavoces de las entidades que hacen el llamamiento se han plantado de nuevo en San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, para insistir en que el riesgo sigue ahí por mucho que las autoridades miren hacia otro lado y el mensaje de alerta “no tenga la repercusión que debería tener”, en palabras de Carmen Pozo, delegada de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Este consistorio es uno de los que está detrás de la convocatoria, junto a los de Chipiona y Trebujena en Cádiz y Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Coria del Río en la provincia de Sevilla.

Los impulsores de la protesta reclaman “una respuesta masiva y unánime de la sociedad civil” ante lo que se considera un problema no sólo ambiental, sino también de salud pública ya que la última investigación publicada alerta de niveles de “récord mundial” de metales tóxicos en peces del Guadalquivir. Estos datos apuntan a que se superan en un 100% los límites máximos de plomo fijados por la Unión Europea para el consumo humano.

Riesgo ecotóxico y sanitario

También se han identificado niveles de arsénico y cadmio superiores a los registrados tras la catástrofe del vertido de Aznalcóllar en 1998. A todo esto las empresas mineras, por su parte, vienen reiterando el mensaje de que cuentan con todos los parabienes ambientales oficiales y que nunca han sido ni advertidas ni sancionadas por el Gobierno andaluz, la administración competente.

Esto “supone un riesgo ecotóxico y sanitario alarmante que las administraciones no pueden seguir ignorando”, se ha insistido. “El río se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes”, ya que a un estado que no es precisamente el mejor se une que la Junta “ha autorizado un vertido de aguas contaminadas con metales pesados de unos 130.000 millones de litros”, fruto de la acción conjunta de la nueva fase de Cobre Las Cruces y la inminente reapertura de la mina de Aznalcóllar, gestionada por Los Frailes.

La convocatoria del 17 de octubre arrancará a las 12 horas de San Telmo, discurrirá paralela al río durante un tramo y acabará en las Setas de la Encarnación. “Es hora de que la sociedad hable alto y claro”, ha reivindicado Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía, que ha reiterado las dos peticiones básicas que se vienen haciendo desde hace ya unos años: que una comisión científica independiente analice el estado del río y el impacto de los nuevos vertidos previstos, además de que se aplique una moratoria a estos proyectos hasta que se conozcan sus conclusiones.

“Esto es sumar más riesgos”

A lo anterior, las Mareas Blancas sanitarias añaden que se declare una “alerta sanitaria” en base a los estudios que reflejan el mal estado del Guadalquivir. Su portavoz, Sebastián Martín Recio, ha reiterado la “preocupación” de su colectivo por el “impacto en la salud de los metales pesados”, una petición que por ahora no ha sido atendida.

Entre los convocantes también están Salvemos el Guadalquivir y Ecologistas en Acción, además de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, Facua y COAG Andalucía. Por esta organización agraria ha hablado Noelia Márquez, que ha apuntado que “agricultores y pescadores están preocupados” por estos vertidos, “como si ya no fuesen pocos los problemas del Guadalquivir”. “Esto es sumar más riesgos”, ha apostillado, ya que –a la vertiente ambiental y en la salud pública– se añade el posible impacto económico en unas actividades tradicionales que “mantienen la población rural aguas abajo y generan empleo”.

De la buena salud del Guadalquivir depende también la de Doñana, se ha recordado, y ya en la actualidad el río “presenta signos de contaminación por metales pesados” que estos colectivos achacan a la actividad minera desde 2009. Así se denunció en una carta entregada al Gobierno andaluz hace año y medio, y desde entonces la principal novedad –nuevos estudios científicos al margen– es que se anunció la reapertura de la mina de Aznalcóllar para dentro de un par de años.

La Fiscalía asturiana descarta la vía penal para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y vecino de Cangas de Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 años y vecino de Villablino, cuando se encontraban trabajando en la mina de antracita que gestiona la empresa TYC Narcea, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, el pasado mes de noviembre.

El fiscal superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal, ha avanzado este jueves la postura de la Fiscalía durante su intervención en el solemne acto de apertura del año judicial que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en Oviedo/Uviéu.

La petición de sobreseimiento

Gabriel Bernal ha anunciado que la Fiscalía ha solicitado ya al tribunal de instancia el sobreseimiento provisional de la causa.

Entre las principales razones que sustentan su petición de sobreseimiento destaca el hecho de que a raíz de la investigación abierta ha concluido que se trató de un “trágico accidente” que se produjo “de forma inesperada e impredecible y no se debió a una infracción de normas de prevención de riesgos laborales ni a una actividad imprudente”.

“El riesgo cero no existe”

El fiscal superior advierte, no obstante, que las familias de las dos víctimas tienen abierta la vía civil para reclamar ante la jurisdicción social.

“Por desgracia, el riesgo cero no existe en el ámbito laboral y mucho menos en un entorno de la peligrosidad de las explotaciones mineras”, ha asegurado Gabriel Bernal.

El objetivo: “Llegar a la verdad”

Gabriel Bernal ha reiterado que la prevención es el pilar innegociable para atajar los accidentes laborales. El año pasado fue especialmente duro en Asturias, donde se contabilizaron hasta un total de 22 personas fallecidas en siniestros mientras realizaban su actividad laboral.

“Se trata de un dato muy elevado, fruto, entre otras, de las víctimas mortales que nos dejaron dos accidentes mineros, en Cerredo y Cangas del Narcea, respectivamente, y el derrumbe de una nave en construcción en Coaña. Continuamos trabajando para llegar a la verdad”, ha manifestado.

Ocho muertos en Cerredo y Coaña

En Cerredo fallecieron cinco mineros: Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez. Residían en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo y tenían entre 32 y 54 años.

Otras tres personas fallecieron al caer la techumbre de la nave de la ganadería Cancello, ubicada en el concejo asturiano de Coaña, donde realizaban unas obras y quedar atrapados .Las víctimas mortales fueron tres vecinos de 60, 52 y 46 años que residían en los municipios asturianos de Tineo, Tapia de Casariego y Gijón. 

Los procedimientos penales por los accidentes en Cerredo y Coaña continúan en fase de instrucción, por lo que ha evitado ahondar en ellos, mientras que ha avanzado que en el de Cangas del Narcea ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa.

Lograr una justicia “eficaz”

El fiscal superior ha hecho un prolífico balance de la actividad desarrollada en 2025, así como de los retos que deben afrontar en los próximos meses y ha resaltado el “compromiso inquebrantable” de la institución con el principio de legalidad, actuando como defensor de los derechos de la ciudadanía y “sobre todo, la autonomía e imparcialidad del trabajo diario de los y las fiscales de Asturias”, ha apuntado.

Asimismo ha dejado constancia del “profundo respeto a la judicatura”, que le consta que es bidireccional y que considera que es “algo indispensable para lograr una Justicia eficaz y que no podemos permitir que quede enturbiada por estos tiempos de intereses alienados y posverdad”.

Los procedimientos

En su intervención ha hecho un repaso general y se ha detenido en las distintas especialidades. Así, ha explicado que durante 2025, Asturias registró el mayor número de procedimientos incoados por delitos graves o menos graves de los últimos diez años, 44.288, a excepción de 2024 al haberse visto afectado por las consecuencias derivadas de las diferentes huelgas que hubo en la Administración de Justicia durante 2023.

Los incendios acapararon, una vez más, el mayor número de diligencias de investigación, con 108 incoadas durante el año, frente a las 102 de 2024.

Asesinatos de Karilenia, Dolores y Laura

Ha lamentado especialmente los casos de violencia sobre la mujer registrados en Asturias y, entre ellos, ha recordado el fallecimiento de dos mujeres víctimas de la violencia machista, Karilenia y Dolores. Ha adelantado que el asesinato de Karilenia se juzgará el próximo mes de diciembre en Oviedo/Uviéu, mientras que el caso de Dolores continúa bajo investigación judicial.

Aunque su intervención se centraba en la Memoria de 2025, ha tenido un recuerdo especial hacia la guardia civil asesinada en el cuartel de Llanes de su expareja: “En el recuerdo de todos continúa la terrible muerte de Laura Cruz, este mes de agosto, en Llanes”, ha asegurado.

Violencia sobre la mujer

El máximo responsable de la Fiscalía no ha dudado en calificar como “intolerable” la situación de violencia sobre la mujer y ha reconocido que “lamentablemente, no tiene visos de mejorar a corto plazo”.

Una afirmación que tiene su explicación en el hecho de que el año pasado la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias recibió más de una causa cada mes por casos de violencia en el seno de la pareja y hubo 15 menores agredidas sexualmente por adolescentes que aúnno habían cumplido los 18 años.

“Es momento de mirar hacia dentro, buscar el origen, analizar por qué nuestros jóvenes –sin generalizar, evidentemente- tienen este tipo de comportamientos, por qué permitimos la sexualización de las niñas desde muy temprana edad, por qué normalizamos que si me controla el teléfono móvil es que me quiere mucho... y otros tantos ejemplos”, ha recalcado.

Ataques contra la libertad sexual

Los atentados contra la libertad sexual también aumentaron. Durante 2025 se incrementaron en Asturias un 28,3 %, con una media de más de 60 delitos sexuales al mes, dos al día.

“Esta es una preocupación constante de la Fiscalía, que tristemente constata cada año la juventud de víctimas y agresores y el alto número de asuntos en los que se halla presente la ingesta de bebidas alcohólicas y/o drogas, o en los que la víctima, por esta u otra causa, se encuentra inconsciente”, ha recalcado.

Violencia a progenitores y en el deporte

El fiscal superior también ha resaltado el incremento experimentado en el número de progenitores víctimas de maltrato por parte de sus hijos mayores de edad.

La violencia en los terrenos de juego también han merecido su atención y, en este capítulo, ha mostrado su preocupación por la violencia, física o verbal, en los campos de fútbol. Ha dicho que 2025 fue un año especialmente conflictivo que llevó a la Fiscalía a formular varias acusaciones, de las que una de ellas ya ha finalizado en condena, por proferir insultos racistas contra jugadores, por peleas entre aficionados y enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones de los estadios, o agresiones a árbitros, incluso de categorías inferiores.

“Cuando la pasión se convierte en odio y se utiliza para justificar la violencia o cometer actos vandálicos, el deporte desaparece y se torna en delito. Pero ojo: el anonimato que pueda facilitar la multitud de la grada no es obstáculo -ha añadido- para que, gracias al trabajo policial, podamos individualizar a cada responsable”.

La agresión en San Mateo

Seguidamente, Gabriel Bernal ha profundizado un poco más en el apartado de los delitos de odio. Y, aunque tampoco forma parte de la Memoria de 2025, no ha esquivado episodios violentos como el registrado en las pasadas fiestas de San Mateo, en Oviedo/Uviéu, donde resultaron agredidos los médicos Rubén Rosón y Jorge Fernández, a los que no ha citado expresamente.

“Lamentablemente, en fechas recientes Asturias ha sido noticia a nivel nacional por la agresión aparentemente homófoba sufrida en Oviedo por dos personas durante la primera noche de las fiestas de San Mateo. Este tipo de conductas no atenta solo contra una única persona. Pretende sembrar el miedo o la inseguridad en un determinado colectivo. Y esto no puede tolerarse”, ha manifestado.

La importancia de perseguir este tipo de delitos se evidencia en el hecho de que Asturias cuenta con un Fiscal Delegado de esta especialidad, que coordina las actuaciones encaminadas a perseguir este tipo de infracciones penales motivadas por la intolerancia, discriminación o rechazo a las personas por el hecho de ser diferentes.

Ataques “directos a la dignidad humana”

“Nuestra labor como fiscales está clara: se trata de ataques directos a la dignidad humana y, como tales, hay que combatirlos. Lo dijimos el año pasado y lo repetimos este: es obligación de todos los poderes públicos ser intolerantes frente a los discursos de odio. Debemos, con nuestras manifestaciones y actitudes, evitar que proliferen y adquieran carta de naturaleza”, ha ratificado el fiscal superior.

El año pasado la Fiscalía asturiana incoó 108 diligencias de investigación por otros tantos fuegos, la inmensa mayoría causados intencionalmente y este apartado ha merecido una atención especial. En esta materia, el fiscal superior ha incidido en que el mayor enemigo en esta lucha es la clandestinidad en la que se produce este tipo de delitos, que “gozan de la complicidad de la soledad del monte y, en ocasiones, quiero creer que en no muchas, del silencio o el miedo de sus víctimas”, ha añadido.

Incendios amparados en la clandestinidad

Un total de 20 escritos de acusación fueron presentados por la Fiscalía en causas de incendios forestales, lo que supuso casi el doble que en 2024, lo cual, en su opinión, es “una excelente noticia porque significa que las investigaciones, principalmente de las BRIPA y la Guardia Civil, aunque difíciles, dan sus frutos”, ha especificado.

En los juicios celebrados, 15 personas fueron condenadas por prender fuegos en distintos puntos de la geografía asturiana, frente a las 11 que se contabilizaron en el año 2024.

Patrimonio y seguridad vial

Entre los delitos que continúan al alza en Asturias ha situado los que atentan contra el patrimonio y el orden socioeconómico, de forma que desde 2021 se han incrementado más de un 94%, y se ha referido además al repunte experimentado de las estafas bancarias cometidas a través de internet y que tienen como principales víctimas a personas de la tercera edad.

Por otro lado, el fiscal superior ha ensalzado los buenos datos obtenidos en otro tipo de delitos como los referidos a los de conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. En este capítulo, se ha mostrado satisfecho porque han disminuido, por primera vez en varios años, en más de un 20%, aunque continúa siendo el más numeroso de los delitos contra la seguridad vial.

Mientras la Xunta sigue reafirmando su apuesta por la minería -esta semana anunció que sacará a concurso otros 153 derechos mineros-, los problemas siguen multiplicándose en varios de los proyectos planteados para territorio gallego. Eurobattery Minerals, la empresa sueca que está detrás de Tungsten San Juan, la promotora de una mina de wolframio en A Gudiña (Ourense), anunció en los últimos días que su director general (el CEO), Roberto García Martínez, ha sido condenado en firme por un fraude relacionado con una operación minera en Sierra Leona en 2011 y que está siendo investigado en Suecia por un posible abuso de información privilegiada. A continuación, confirmó la dimisión del presidente del consejo de administración, Jan-Olof Arnbom, y el fin del acuerdo por el cual Mangold Fondkommission estaba actuando como mentor financiero de la empresa. Además, toda la actividad está parada, dado que no cuenta con el permiso de obras municipal. Ecoloxistas en Acción está exigiendo la paralización de todos los planes de esta compañía en A Gudiña.

La empresa tiene planes para extraer wolframio en un yacimiento en Pentes. Solo unos días antes de que se abriese la crisis a raíz de la condena del CEO, los anuncios eran que estaba confirmada la presencia de wolframio de calidad comercial, que habían dado por finalizada la ingeniería básica y la compra de la maquinaria fundamental y que lo siguiente era la ejecución del proyecto, para el que ellos mismos informaron de que la Xunta les otorgó a finales de 2025 una extensión de la concesión por 30 años, de forma que se prolonga hasta 2055. La idea era entrar en producción industrial en el primer trimestre de 2027.

Pero la matriz sueca confirmó hace unos días que acababa de recibir la información de que el director general ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de prisión, una multa y responsabilidad solidaria por daños y perjuicios por un importe de 3,46 millones de dólares estadounidenses -algo más de 3 millones de euros-. García Martínez no tendrá que ingresar en prisión, ya que la Audiencia Provincial de Bizkaia decidió suspender la ejecución de la pena de cárcel durante cinco años, siempre que cumpla varias condiciones, entre las que están pagos mensuales y el abono del 60% de la responsabilidad civil para cuando termine este periodo.

No es el único problema judicial para el director general de Eurobattery Minerals, dado que la Autoridad Sueca contra los Delitos Económicos (Ekobrottsmyndigheten) confirmó que investiga a García Martínez por tres acusaciones de abuso de información privilegiada en los instrumentos financieros de la empresa. El consejo de administración está estudiando la situación y valorando las medidas correspondientes, sobre las que asegura que informará cuando lo considere pertinente.

Por otra parte, toda la actividad en los terrenos está paralizada actualmente. El alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando (PSOE), confirma, en conversación con elDiario.es que no hay movimientos en la jornada de este jueves en la zona porque la empresa no cuenta con el permiso de obras. Están a la espera de que entregue la documentación necesaria, señala y aclara que el Gobierno local está a favor de la apertura de esta mina, que promete crear 35 puestos de trabajo directos y en torno a un centenar indirectos.

Por su lado, Ecoloxistas en Acción insiste en que la Xunta y el Ayuntamiento deben paralizar los planes para extraer wolframio en estos terrenos. La asociación acusa a la empresa de estar actuando de forma ilegal por la ausencia de permisos municipales y porque denuncia que la declaración de impacto ambiental emitida en 2014 para un proyecto de explotación de 10 años está caducada y el proyecto actual debería someterse de nuevo a este trámite. De hecho, esta organización ecologista ha llevado el asunto ante los tribunales y el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago abrió diligencias previas por la prórroga de la concesión durante 30 años sin nueva evaluación ambiental.

El Gobierno de Emiliano García-Page va a solicitar que la planta de procesado y refinado de wolframio, prevista para Puertollano y asociada a la explotación minera que se abrirá en la cercana población de Abenójar, sea declarada proyecto estratégico por parte de la Unión Europea.

El pasado 18 de septiembre se celebró un acto simbólico para inaugurar la extracción de este mineral en Ciudad Real. Hoy el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha avanzado que ya se trabaja para conseguir este objetivo, para una empresa que según los datos facilitados creará más de 200 empleos

Caballero lo confirmaba coincidiendo con la reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Irlanda y en la que ha participado el presidente regional, Emiliano García-Page.

“Estamos haciendo gestiones en este momento para mantener un encuentro al máximo nivel”, decía, con la Vicepresidencia de la Comisión Europea responsable de las materias primas estratégicas. En concreto con Stéphane Séjourné, que ejerce como vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial.

La declaración del proyecto como estratégico, explicaba José Manuel Caballero “permitirá a los inversores, a los promotores y a los empresarios acceder a más ayudas, a mejores subvenciones y permitirá también que este proyecto tenga una demisión y una protección europea”.

Desde esta reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones, ha puesto el acento en que “estamos hablando de que en estos momentos hay en Europa una ley que protege todo lo que tiene que ver con las materias primas esenciales y el wolframio, que se va a extraer en la mina de Abenójar y que se va a procesar en Puertollano, lo es”.

Ha desvelado que la reunión celebrada estos días en Irlanda se ha centrado en temas locales. “Sobre todo, en las posibilidades de vida en las zonas rurales y, en esta materia, nosotros defendemos claramente, y lo practicamos en Castilla-La Mancha, el derecho de las personas a vivir en su pueblo y a tener oportunidades de desarrollo, de bienestar y a tener buenos servicios”, ha comentado.

En este punto ha remarcado que se debe “apostar por que haya oportunidades de empleo, que haya industrias para garantizar el derecho a vivir donde cada uno quiera”.

Castilla-La Mancha acoge la próxima semana otra reunión del Comité de las Regiones

Por otro lado, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha señalado que desde el Gobierno regional ya se están ultimando los detalles para la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones

Por primera vez Castilla-La Mancha va a acoger la semana que viene una reunión de este organismo. La agenda se extiende durante dos días.

Primero, el día 1 de octubre en Tomelloso y Campo de Criptana, en Ciudad Real y al día siguiente en Toledo, en las instalaciones del campus universitario de Toledo, en el edificio de San Pedro Mártir.

Nazareth Rodrigo ha confirmado que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, participará en este foro europeo en uno de los temas y de debates de la agenda de la Comisión NAT sobre incendios forestales. “Podremos contar qué es lo que hace Castilla-La Mancha, ponerlo de ejemplo y poner sobre la mesa también las dificultades que afrontamos las regiones para resolver todo lo que tiene que ver con circunstancias complicadas como este caso”, ha afirmado.

Este encuentro va a contar con la participación de más de un centenar de representantes de otras regiones de Alemania, Francia, Italia, Portugal, República Checa o Hungría. “Vamos a tener la oportunidad de hablar de temas que tenemos en común y que nos preocupan a todas las regiones y de que Castilla-La Mancha demuestre todo lo que se está haciendo en la región y que en muchos casos es ejemplo para otras regiones con problemáticas o con circunstancias similares”.

Ya lo dice Celimonde: “el norte como concepto”. Se refiere a ese norte que cada verano aparece en las publicaciones de las influencers de moda, enfundadas en botas Hunter y gabardinas muy British, y que obvia una cara importantísima de “el norte” (sic): la obrera, industrial y minera. La que se aleja de las bucólicas playas y se mete directamente en las entrañas de la tierra. El norte de Instagram es así: bucólico, verde, chic y sospechosamente limpio.

Pero existe otro norte. Uno donde durante más de un siglo se trabajó a cientos de metros bajo tierra, donde las huelgas llegaron a paralizar valles enteros y donde el carbón convirtió estas montañas en uno de los grandes motores industriales de España. Para conocer un pedacito de él hay que detenerse en Mieres del Camín, donde el carbón alimentó fábricas, ferrocarriles y centrales eléctricas y atrajo a miles de trabajadores. El resultado es una colección extraordinaria de patrimonio industrial que todavía hoy aparece entre las montañas: pozos, castilletes, bocaminas, estaciones, viviendas obreras, escuelas, sanatorios y antiguos trazados ferroviarios convertidos en sendas verdes. Porque sí: la Asturias minera, obrera y sindical también puede ser un destino turístico. Y para comprobarlo, Kelu Robles se ha ido hasta Mieres, ha grabado sus sonidos sobre el terreno y se ha metido de lleno en su historia minera y obrera. Todo, por supuesto, con su habitual ración de cultura pop, frikismo y cachondeo, en un nuevo episodio de Kelugares. Suscríbete para que te llegue automáticamente el siguiente episodio en Spotify, Ivoox, Youtube.

La Plaza de Requejo: sidra y arquitectura minera

La Plaza de Requejo es uno de los centros sociales de Mieres y un buen punto de partida para conocer la ciudad. Está rodeada de antiguas viviendas con galerías acristaladas, una solución arquitectónica especialmente útil en un clima húmedo y en una ciudad marcada por la actividad industrial. En el centro se encuentra el Monumento al Escanciador.

Aquí toca probar la sidra y aprender qué es un culín: la pequeña cantidad que se sirve y se bebe de inmediato después de escanciarla. Si no dominas la técnica, puedes pedir un isidrín, el dispositivo que facilita el servicio. Para comer, apunta TC28 Beber y Comer, en la calle Teodoro Cuesta, con una cocina que combina producto asturiano y propuestas contemporáneas, y Sidrería El Cascayu, donde probar tortos de maíz con picadillo y escalopines al Cabrales.

El valle de Turón: la huella de la minería

A pocos kilómetros de Mieres, el valle de Turón conserva uno de los conjuntos de patrimonio industrial minero más interesantes de Asturias. La antigua infraestructura ferroviaria se ha recuperado como vía verde y permite recorrer el valle entre antiguos pozos, instalaciones mineras y paisaje de montaña.

Entre los principales enclaves están el Pozu Espinos, el Pozu Fortuna, el Pozo San José y el Pozo Santa Bárbara, además de otros elementos vinculados al antiguo ferrocarril minero.

Pozo Santa Bárbara: memoria minera

El Pozo Santa Bárbara, en La Rebaldana, fue construido entre 1913 y 1920 y alcanzó más de 500 metros de profundidad. Funcionó hasta 1995 y conserva buena parte de sus instalaciones originales. En 2008 fue declarado Bien de Interés Cultural, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del patrimonio minero asturiano.

Hoy sus instalaciones se han recuperado para la divulgación de la historia minera y del movimiento obrero, con espacios expositivos y recursos audiovisuales. Alrededor del pozo también se conservan edificios vinculados a la vida de los trabajadores, como el antiguo economato y las viviendas de ingenieros.

Reto Territorio Minero, conservar la memoria a través del deporte

El Reto Territorio Minero propone descubrir Mieres a golpe de bicicleta de montaña. Son dos rutas por los montes Llosorio y Polio, unos 70 kilómetros y 2.600 metros de desnivel que puedes completar tantas veces como quieras para mejorar tu tiempo. Una manera bastante sudorosa —pero también muy divertida— de conocer el paisaje de la antigua cuenca minera.

Bustiello: una colonia minera perfectamente planificada

A pocos kilómetros se encuentra Bustiello, construido por la Sociedad Hullera Española entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. El poblado reunía viviendas para trabajadores e ingenieros, iglesia, escuela, casino y sanatorio, siguiendo un modelo de organización social muy habitual en las grandes empresas industriales de la época.

El conjunto, declarado Bien de Interés Cultural, es uno de los mejores ejemplos de paternalismo industrial en España: la empresa proporcionaba buena parte de los servicios necesarios para la vida cotidiana, pero también ejercía un importante control sobre la comunidad. La visita al Centro de Interpretación permite conocer la organización del poblado y las diferencias entre las viviendas de obreros e ingenieros.

Mieres y la Revolución de 1934

La historia minera de Mieres está estrechamente ligada al movimiento obrero. Las cuencas asturianas fueron uno de los principales escenarios de la Revolución de Octubre de 1934, cuando miles de mineros socialistas, comunistas y anarquistas se levantaron contra el Gobierno de la República y llegaron a controlar durante varios días buena parte de las cuencas.

Pozos, fábricas y cuarteles se convirtieron entonces en escenarios de la insurrección. Aquella tradición sindical y reivindicativa sigue formando parte de la identidad de las comarcas mineras asturianas.

Las mujeres y la mina

Las mujeres también formaron parte de la historia del carbón, aunque durante décadas tuvieron prohibido trabajar en el interior de las explotaciones. Muchas trabajaron en la selección y lavado del mineral y en otras tareas vinculadas a la industria.

Una de las figuras fundamentales fue Concepción Rodríguez Valencia, que consiguió una plaza de minera en HUNOSA en 1985 y tuvo que recurrir a los tribunales para poder acceder al interior de la mina. En 1992-93, el Tribunal Constitucional reconoció finalmente su derecho.

Bajar a una mina: Pozo Sotón

En la cercana cuenca del Nalón, el Pozo Sotón ofrece una de las experiencias de turismo industrial más singulares de Asturias: descender a una mina real acompañado por antiguos mineros y recorrer sus galerías a cientos de metros bajo tierra.

La visita alcanza casi 600 metros de profundidad, una cifra que ayuda a imaginar la dimensión del descenso: la Torre Eiffel mide 330. Antes de entrar se realiza una formación de seguridad y cada visitante lleva un autorrescatador. Para quienes no quieran bajar, el complejo también conserva instalaciones exteriores y espacios dedicados a la historia de la minería y al papel de las mujeres.

Puedes ampliar información sobre visitas, rutas y actividades en la Oficina de Turismo de Mieres.

Un documento interno de la Xunta avisa de que reactivar la mina de cobre de Touro - O Pino es un riesgo por sus impactos ambientales, en concreto en la ría de Arousa, y pone en peligro la producción marisquera y la acuicultura. Un informe de la Subdirección Xeral de Acuicultura de la Consellería do Mar desaconseja llevar adelante los planes, dado que lo que establece la normativa europea es que es necesario evitar un deterioro adicional de las masas de agua y recuperar su buen estado, para lo que las actividades asentadas deben afectar “lo mínimo posible”. “Por lo tanto, incluir actividades como la propuesta por San Rafael en O Pino - Touro, teniendo en cuenta el dimensionado tan grande del proyecto, que puedan desequilibrar la vida marina y acuícola, no sería lo recomendable”, señala el análisis, difundido por la Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa (PDRA), la Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma Veciña Mina Touro - O Pino Non.

El texto repasa algunos datos básicos del proyecto, con una propuesta de retomar la minería a cielo abierto y con una descripción de las escorrentías hacia varios arroyos de la zona que van a dar al río Ulla, que, a su vez, desemboca en la ría de Arousa. El plan, presentado por Cobre San Rafael y declarado proyecto industrial estratégico por parte de la Xunta en junio de 2024, sigue a la espera del resultado de la evaluación de impacto ambiental. Dentro de la tramitación, se solicitó al Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura un informe sobre la incidencia en la acuicultura. Por su parte, la Consellería do Mar se ha limitado a explicar, según informa Europa Press, que consideran que el documento no tiene “valor” en lo que se refiere a la tramitación o a la evaluación de la Xunta y señala que no tiene ni firma ni fecha. Afirma que hay otro documento interno de trabajo que “no dice absolutamente nada de eso”.

Las conclusiones del documento facilitado por la PDRA y las dos plataformas son críticas con la posibilidad de volver a extraer cobre en la mina. Recalca que la ría de Arousa es la más relevante desde el punto de vista ambiental, pero también económico, y cifra en más de 106 millones de euros los ingresos procedentes de la producción acuícola en este entorno, que son más del 45% de Galicia. El 65% de las bateas autorizadas en concesión en la costa gallega (2.385 de 3.564) se encuentran en estas aguas. De estas, el 97% son de mejillón y el resto lo integran ostras, almejas, berberecho y crustáceos como centolla o camarón.

El informe llama la atención sobre el descenso de producción registrado desde 2019 en la zona. No se puede asociar a un motivo concreto, “pero es seguro que las actividades nocivas anteriores y las ya existentes fueron, en conjunto y crónicamente, debilitando la vitalidad de los recursos. La actividad acuícola de la ría, añade, está a 38 kilómetros en línea recta de la mina, pero ”la extensión del proyecto y las dimensiones de las instalaciones, junto con los procesos industriales que pretende realizar, podrían suponer un riesgo en la riqueza y en el desarrollo de la acuicultura tal y como se desarrolla en la actualidad“.

Las emisiones de la mina y sus residuos “tóxicos y peligrosos” se irían incorporando con los años a las aguas, precipitándose en sus sedimentos y pasando a los organismos vivos, incluso con el compromiso de tomar medidas preventivas para reducir los vertidos. El texto critica también que la documentación ambiental no analiza la bioacumulación de los metales pesados en los seres vivos ni los compuestos que se formarán en los lechos de los ríos. Añade que, dada la relevancia de las actividades primarias en la ría, “habría que reconsiderar este tipo de actividad empresarial de la mina porque va a ser una transformación importante geomorfológica, paisajística y del uso, que modificará las características de la zona”.

La PDRA, la Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma Veciñal Mina Touro - O Pino Non publicaron un comunicado en el que piden rechazar el proyecto porque el documento evidencia “los riesgos irreversibles” sobre la ría de Arousa. El valor socioeconómico de sus recursos “es infinitamente superior a la actividad extractiva pretendida [en la mina], la cual pondría en riesgo mortal un motor económico ya exitente, rentable y estratégico”, defienden.

Cobre San Rafael, la empresa promotora de la mina, responde, según recoge Europa Press, a la difusión del documento, que califica de “claramente subjetivo y, en el mejor de los casos, de trámite, no final y no comunicado al promotor”. Considera que quien lo redactó no analizó al completo la documentación de su proyecto y afea que contiene “expresiones y valoraciones de carácter subjetivo que resultan impropias de un informe técnico riguroso”.

O último que soubemos da empresa nova Cobre San Rafael, filial de Atalaya Mining que quer reactivar a explotación da mina de Touro, é que presentou o seu programa social. 45 millóns de euros para 25 anos (aprox.), 1,8 millóns por ano, aproximadamente. Suponse que son para entregar en obras sociais variadas ao tecido social de afectados, para facer pipiretadas. A plataforma que se opón ao proxecto mineiro tal e como se coñece respondeu rapidamente para impedir ser burlados (caridade a cambio de que?). Sabido é que non é un investimento, sabido é que se corresponde coa práctica de compañías deste tipo de convencer aos denominados en linguaxe internacional stakeholders externos. Nós traduciríamos por afectados. O que si está moi desenvolvido na análise da boa conduta do investidor agresivo é como se levan as cousas cos afectados locais. Que vén sendo algo así, no momento actual, como cambio colares de doas de cores brillantes por ouro (que fixeran os conquistadores en América).

A política de Ence neste caso é ben coñecida, porque mesmo se gaban dela: son 3 millóns de euros anuais para festas e verbenas dos afectados próximos. Procuran que todos reciban algo. E o que é pior: reciben e aceptan. Parte desa busca de aceptación polo entorno local consiste en reunións informativas de propaganda, que non son para tomar ningunha decisión nen para ter un interlocutor co que negociar, nen para ningún compromiso empresa/afectados, xa que mesmo formalmente a empresa non fala por si mesma senón que é unha outra empresa encargada desta misión a que enreda máis ou menos aos afectados. Non existe personalidade xurídica duns nen doutros que faga posíbel unha negociación. A empresa pide os permisos legais e logo trata de neutralizar o descontento, protesta ou oposición frontal ao proxecto, en conversas de bar. Polo tanto, coñecido o proxecto, a ideia de execución e o tipo de investimento, a responsabilidade recae totalmente na Xunta e, hoxe en día, a decisión de lle dar para diante a unha explotación mineira deste tipo sen ningún vínculo con outros investimentos é tan miope, tan doutra época e doutras economías, que parece incríbel que sexa promovida pola Xunta.

Convén non confundir industrializar con explotar minas, minerais en calquera forma, mesmo canteiras. E tampouco é conveniente gabarse -por precipitación ignorante- de que, se algunha empresa se instala aquí, explota unha minaría de novo, e de súpeto, ouh milagre!!, aumentan as exportacións, iso signifique un éxito de política económica. Convén ir paso a paso e analisar cada un deses elementos de decisión de política económica, chamada de industrialización. É sabido que explotar recursos naturais -neste caso, mineiros- e vender ao exterior ese mineral non contribúe á industrializar, só, na economía na que se realiza e conclúe a cadea de valor que comezou coa explotación mineira. As cadeas de valor hoxe son globais sen posibilidade de proveito nas economías que só soportan a primeira parte: a extractiva. Se non existe un encadeamento transformador na mesma economía o valor posíbel a xerar só favorece a quen forma parte da cadea de valor grazas ás factorías industriais que utilizan o recurso ou que transforman materias primas derivadas.

É unha evidencia científica en economía do crecemento que os encadeamentos especializados creando bens de capital teñen un tirón positivo e duradoiro sobre a produtividade, creando á súa vez efectos derivados de sostemento do crecemento. Así se demostra no estudo da OCDE (2016), na base de datos Inter-Country Táboas Input-Output que identificaron os grados de fragmentación da produción dunha cadea específica de produción, os grados de interdependencia entre sectores e -o máis interesante- onde se concentra o maior valor agregado: e non é onde só existe explotación dos recursos. Por tanto, teriamos que contar coa seguridade de que a proposta económica, de política económica, que se fixer, deberá conseguir que os encadeamentos industriais cara adiante ou cara atrás existan xa que son a única garantía de dispor dunha fonte de interdependencia sectorial, típica dos países industrializados do noso entorno económico. Tamén desa forma, estaremos en sintonía co tamaño e necesidades do noso sector industrial hoxe conforme co dunha economía industrial como é a galega.

Os órganos de decisión da Xunta ante un proxecto desta natureza -e desta envergadura física, patrimonial e medioambiental- deberían ter estudado e determinado cales son as cadeas de valor identificábeis no caso do cobre. Que peso ten nesas cadeas a parte extractiva mineira. Cales son os principais países provedores dese mesmo cobre. Cales son as empresas que lideran os elos máis importantes da cadea de valor global, neste caso, unha vez coñecida. Examinar os casos -se houber- de países que foron quen de daren o salto desde a explotación mineira á transformación industrial, pasando a ter presenza no mercado mundial de bens de capital... (neste caso, estaríamos conformes cunha inicial factoría de refinación ou aquilo que fose preciso para posterior tratamento industrial).

Desa ringleira compacta de coñecementos precisos para tomar unha decisión fundamentada cumpriría pór a traballar conxuntamente varias dependencias da administración da Xunta. Sería unha novidade que, á parte da propia dirección xeral correspondente, o IGE, IGAPE e os equipos das Universidades especializados tanto en análise económica financeira como en tecnoloxía industrial traballasen de forma conxunta e por encargo superior de quen ten a responsabilidade e a competencia exclusiva da política industrial.

Por que facemos esa proposta que pode parecer que magnifica o proxecto? Pois por unha razón fundamental de peso: Cobre San Rafael pertence á Atalaya Mining, e este grupo posúe, xestiona e se lucra das mellores explotacións mineiras que hai en metais estratéxicos como é o cobre. Di Atalaya Mining de si mesma que conta cunha carteira de activos en varias zonas mineiras de primeiro nível, entre elas na Faixa Pirítica Ibérica. Atalaya está participada por un conxunto de grandes fondos de investimento e de xestión de activos mundiais como son Farringford, Ithaki, Black Rock, Investiment Management UK, Rovida, Magallanes, The London and Amsterdam Trust Co... A xestión desta compañía xunto co alcance mundial dos seus negocios e estratexias, esixe pola parte da Xunta un empeño e un coñecemento do mesmo rango, xa que as condicións de explotación e o futuro son a súa responsabilidade.

Al sur de Canarias, bajo el mar, se elevan desde el lecho marino varios montes que un día pretendieron ser islas, pero que, finalmente, perdieron su batalla contra el océano y quedaron ocultos, escondiendo sus tesoros bajo toneladas de agua. Son las llamadas abuelas de Canarias, que reciben ese nombre tanto por su antigüedad como por su relación con los mismos procesos volcánicos que formaron el archipiélago español. Desde hace unos años han ido cobrando protagonismo en el tablero geopolítico internacional después de que se descubriera que poseen enormes cantidades de las llamadas tierras raras (minerales como el telurio, cobalto o níquel) muy codiciadas en la industria tecnológica.

Primero se hallaron cinco montes submarinos (Las Hijas, Echo, The Paps, Drago y Tropic), después otros ocho: Drago, Bimbache, Ico, Pelicar, Malpaso, Tortuga, Infinito y Las Abuelas. De todos ellos, un monte en especial atrae todas las miradas: el monte Tropic.

Tropic es un volcán de 119 millones de años (cinco veces más antiguo, por ejemplo, que la isla canaria geológicamente más vieja, Fuerteventura) cuya cima se encuentra a unos 1.000 metros de profundidad, con unos 50 kilómtros de diámetro. Esta montaña submarina de 3.200 metros de altura es una de las más antiguas de cuantas componen la llamada Provincia Volcánica de las Islas Canarias en el océano Atlántico, como la denominan los geólogos en sus artículos científicos, aunque oficialmente está fuera de las 200 millas que delimitan hoy las aguas españolas.

El monte Tropic se levanta sobre unos fondos marinos que distan más de 250 millas náuticas del punto más cercano del Archipiélago, en las coordenadas 20.72 grados Oeste 23.89 grados norte.

De acuerdo con las medidas que facilita Google Maps, el monte Tropic dista exactamente 499 kilómetros (269 millas náuticas) del puerto de La Restinga, en El Hierro, el límite meridional de Canarias, y 677 kilómetros (360 millas) de la punta de Maspalomas (Gran Canaria), el segundo punto más al sur del archipiélago.

En el ámbito geográfico donde se encuentra, Tropic es la segunda montaña submarina más alta, después de Echo (que se levanta 3.400 metros, desde una profundidad de 3.700), y la segunda de mayor superficie, tras The Paps, que es un 44% más grande (1.363 km2).

Su forma es la de un volcán casi circular, lo que denota mucho tiempo de actividad centrada siempre en un mismo punto, pero con laderas en las que parece haber signos de derrumbes antiguos de gran entidad, como los que se aprecian hoy en El Hierro.

Equipos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y de la Armada lo han estudiado y, entre otras cuestiones, han averiguado que el monte está coronado por una gran meseta plana con signos de haber estado emergida sobre la superficie del mar hasta un momento no determinado del pasado, cuando acabó por hundirse a 1.000 metros bajo las aguas del Atlántico.

Científicos británicos exponen el tesoro de Tropic

Fue en 2017 cuando Tropic salió del anonimato científico y pasó a la primera plana internacional después de que el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido junto al IGME e investigadores de varias universidades anunciaran el descubrimiento de grandes concentraciones de telurio, un metal muy apreciado en la alta tecnología, en las costras de ferromanganeso que lo recubren.

Según informó entonces la BBC en su página web, los responsables del descubrimiento calcularon que en Tropic podría haber unas 2.670 toneladas de telurio, o lo que es lo mismo, el equivalente a una duodécima parte de todo el consumo mundial de ese metal. Los científicos explicaron que la meseta que corona el monte Tropic está recubierta por una corteza rocosa de unos cuatro centímetros de espesor con altísimas concentraciones de telurio. De hecho, las muestras que extrajeron con robots submarinos presentaron una concentración de telurio 50.000 veces mayor de lo habitual en los yacimientos de este metal en tierra firme.

El líder de la expedición, Bram Murton, declaró entonces que esa corteza era “asombrosamente rica”, lo que hacía a esas rocas “increíblemente especiales y valiosas desde el punto de vista de los recursos”.

La revista Science le puso cifras al hallazgo: si los cálculos del equipo que exploró Tropic desde el buque James Cook eran correctos, en Tropic hay cobalto suficiente para construir 277 millones de coches eléctricos (54 veces la flota mundial actual de esos vehículos) y telurio bastante para fabricar paneles solares que cubrirían por sí solos la mitad del consumo de electricidad del Reino Unido, la séptima potencia económica del planeta.

Expediciones españolas

Sin embargo, años antes de que se conocieran los datos de la expedición científica británica, España había realizado ya varias campañas oceanográficas en esa misma zona.

Ya en octubre del año anterior, 2016, el IGME, el IEO y la Universidad Complutense publicaron en Ore Geology Reviews un adelanto de la riqueza mineral de Tropic y de los montes vecinos Eco, Drago y The Palps, aunque sin citar expresamente al telurio. Esta es la composición, resumida, de una de las muestras de Tropic, la llamada DR16-13:

“En sus laderas y cima se encuentran extensos depósitos minerales de costras de ferromanganeso formadas durante últimos 30 millones de años. Los depósitos de óxidos de ferromanganeso de los fondos marinos representan la más importante fuente del planeta de elementos para la fabricación de productos de alta tecnología y aún están muy poco explorados”, dijo el IGME en 2016.

Reclamación ante la ONU

Las campañas realizadas por España, que se remontan a 2011, iban no solo dirigidas a conocer las características geológicas de esos montes submarinos y sus ecosistemas, sino también a documentar su petición a la ONU para extender su soberanía sobre la zona marítima que circunda Canarias más allá de las 200 millas, incluyendo a las abuelas de Canarias.

De hecho, el Gobierno español presentó en 2014 (tres años antes de la expedición británica) en Naciones Unidas una solicitud formal para extender hacia el oeste la plataforma continental de Canarias sobre una franja de océano situada entre las 200 y las 350 millas náuticas, con una superficie total de 296.000 kilómetros cuadrados (equivalente a casi toda la superficie de Italia). El monte submarino Tropic se encuentra dentro de ella.

Pero tras conocerse mundialmente la riqueza de Tropic, Marruecos aprobó en julio de 2017 la proposición de dos iniciativas legislativas que tenían como objetivo incluir las aguas del Sáhara Occidental en su propiedad y delimitar su frontera marítima con Canarias. Dos años después, en diciembre de 2019, el parlamento marroquí aprobó de forma unilateral dos leyes para extender sus aguas territoriales hacia las costas del Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización, e incluyendo a los codiciados montes submarinos en ellas.

Dio comienzo así una disputa entre ambos países en el seno de la ONU por la soberanía de las aguas y sus recursos submarinos. Sin embargo, hasta el momento, en las relaciones entre ambas naciones el asunto de las aguas territoriales, así como el espacio aéreo del Sáhara Occidental, ha quedado por el momento en un segundo plano. En la reunión mantenida en diciembre de 2025, ambos países firmaron una declaración conjunta para la reapertura de las aduanas en Ceuta y Melilla, pero se obvió el espinoso tema de las aguas y el espacio aéreo.

Mientras tanto, en Canarias, el pleno del Parlamento aprobó en 2021, con el voto en contra del PP y Ciudadanos, solicitar al Gobierno de España una moratoria a la minería submarina en el monte submarino Tropic hasta que se hubieran investigado los efectos sobre el medio ambiente marino. La propuesta, que fue redactada por Ecologistas en Acción Lanzarote, también solicitaba que se declarese la zona como área marina de importancia ecológica o biológica.

La escena es recurrente: un vecino acude al Ayuntamiento de Touro (A Coruña) y registra una denuncia por los olores fétidos y los incumplimientos de los que él y otros residentes acusan a una empresa de gestión de residuos que está instalada en la antigua mina y a 500 metros de las casas más cercanas. Los afectados se turnan en la tarea de dejar constancia ante las administraciones del malestar de quienes residen en las inmediaciones de la planta, que recibe, entre otros, lodos de depuradoras. La última vez fue a finales de agosto. “Es una problemática importante”, admite el alcalde, Jesús Reboredo (PP), que sostiene que solo hay una solución y pasa por que la actividad deje de desarrollarse en ese emplazamiento. No pide el cierre, sino un traslado a terrenos más hacia el interior de la antigua explotación y más alejados de núcleos de población.

El municipio está marcado en la última década por las movilizaciones ciudadanas contra actividades empresariales que tienen su epicentro en lo que era una mina de cobre, actualmente sin actividad. El proyecto para reabrirla ha llevado a que los vecinos se organicen en contra. Pero no es el único problema contra el que batallan. El regidor reconoce que hace años que se quejan, sobre todo por olores que describen como nauseabundos, y asegura que el Ayuntamiento da traslado de estas denuncias. Aunque considera que la situación ha mejorado en los últimos años, recalca que “los episodios son evidentes”. La Xunta, dice, “tiene un problema de gestión de residuos, pero hay que hacerlo con los mínimos efectos para la población”. El concejal de Medio Ambiente, Darío Rey, considera que está “claro” que lo que hace la empresa, Tratamientos Ecológicos del Noroeste S.L. (TEN), “es un sistema para deshacerse de residuos, en ningún caso para restaurar nada”.

TEN expone en su página web que admite varios tipos de desechos: lodos de depuradoras urbanas y procedentes de la agricultura y la ganadería, cenizas, residuos de minería y de construcción. Tras tratarlos produce, por una parte, fertilizantes y, por la otra, tecnosuelos, que se pueden usar para “recuperación de espacios degradados”, como minas, y para obras públicas. En respuesta a las preguntas remitidas por elDiario.es, señala que los residuos con los que trabaja están catalogados como no peligrosos y niega que esté incumpliendo la autorización ambiental integrada que le concedió la Xunta.

Jesús Penido es uno de los vecinos afectados y se cuenta entre el grupo de los que siguen movilizándose para que paren los olores. Relata que la asociación que habían creado para la causa, Cheiros Non, está prácticamente desaparecida en la actualidad y lo atribuye a la “impotencia” de buena parte de sus integrantes tras años de protestas sin recibir “ni una llamada” como respuesta. Pero él, por su parte, sigue anotando día a día si se registran olores. “Este año el verano está siendo terrorífico”, protesta. En medio de los varios episodios de calor sofocante tuvo que renunciar a abrir las ventanas al anochecer para refrescar su casa porque la peste se le hacía insoportable por momentos.

Penido y otros vecinos de la zona se turnan para ir a registrar las denuncias al Ayuntamiento, que debe pasar una copia a la Xunta y otra a la empresa. No han dejado de hacerlo porque esa es la recomendación que les dieron hace años agentes de la Guardia Civil para que el problema constase y para que constase también que no se estaba resolviendo. En esas quejas exponen que los olores afectan a los núcleos de Tribas, A Goleta, Os Bravos, Arinteiro, O Castelo, Loureda, Cebreiro, Angumil, Fonte Díaz y Cruz de Méndez. Desde este último lugar habla Penido, que explica que hacia este lado, al sur de la planta de TEN, los problemas se concentran entre finales de mayo y octubre. Después, explica, cambia el viento y el aire lleva los olores más bien hacia el norte.

A la espera de una estación de calidad del aire

En los escritos que entregan, estos vecinos señalan que la Consellería de Medio Ambiente le requirió a la empresa que instale una estación de calidad del aire para hacer un seguimiento de los niveles de varios gases, con tecnología para transmitir información a la administración. Han pasado más de tres años y sigue sin haberse colocado, protestan. Sobre este punto el alcalde indica que están a la espera de la autorización de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental para el modelo propuesto. Por su parte, la Consellería no había contestado, en el momento de redactar esta información, a las preguntas remitidas por elDiario.es sobre la estación y sobre las reiteradas denuncias.

Las quejas hablan de otros incumplimientos. Citan una resolución de julio de 2018 de la Xunta sobre la adecuación del uso de tecnosuelos para restaurar la antigua mina en la que se establece que no se pueden aplicar estos materiales mientras se generen olores desagradables y que se depositarán en las épocas en las que no se produzca “saturación hídrica” del terreno. También indica que la aplicación de tecnosuelos se debe hacer en capas de 40-50 centímetros cada 12-18 meses. Los vecinos denuncian que se han superado los 3 metros de altura en menos de medio año y que ha habido escorrentías que han llegado al dominio público hidráulico.

Penido añade que no es solo el olor, sino que también les preocupa que algunos de los gases o de los materiales puedan resultar peligrosos para la salud. Si se instalase la estación de calidad del aire que pide la Xunta, dice, al menos estarían “más tranquilos”. “Te preguntas qué estás respirando”, señala.

TEN argumenta en su respuesta que los residuos orgánicos generan olor y defiende que hace 10 años que ha implantado un sistema que gestión de olores “basado en la mejora continua” y ha invertido para reducir el impacto. El resultado, sostiene, es que ha habido “una drástica reducción de los episodios de olores, siendo en la actualidad algo excepcional”. Lo niega Penido, que asegura que sale a pasear con su perro por toda la zona y “cuando no es en un sitio, es en otro”, pero se topan con el olor. La empresa no hace mención a la estación que le ha requerido el Gobierno gallego que instale, pero asegura que tiene dos dentro de la planta para medir la calidad del aire, “sin que en todos estos años se hayan detectado mediciones fuera de la normalidad”. También señala que dos entidades independientes acreditadas han hecho 47 mediciones en el entorno y en todas “los parámetros están dentro de la normalidad”.

El plan para reactivar la mina

La planta de TEN se levanta en lo que era la mina de cobre de Touro, un espacio que dejó de explotarse hace 40 años, pero quedó sin restaurar. La empresa recoge en su página web una entrevista con una de sus responsables, Carmen Pintor, que explica el origen de la iniciativa: en 2004, emprendedores del sector del medio ambiente buscaban un lugar para levantar una planta de compostaje de lodos de depuradoras y se unieron al propietario de la mina. Ese propietario es Explotaciones Gallegas, perteneciente al grupo del fallecido empresario Francisco Gómez. Explotaciones gallegas se alió, por otro lado, con Atalaya Mining para crear Cobre San Rafael, que es la empresa que presentó hace casi diez años un proyecto para reactivar la mina de cobre. El primer intento de reabrir la explotación tuvo una fuerte oposición social y terminó siendo descartado por la Xunta en 2021. Cobre San Rafael lo reformuló unos años después y, en 2024, la Xunta lo declaró proyecto industrial estratégico. Actualmente, más de dos años después y con un rechazo social que se mantiene, sigue pendiente de la evaluación de impacto ambiental.

Entre las alegaciones que se presentaron contra la reactivación de la mina de cobre están varias referidas al uso de tecnosuelos como método para la restauración de los terrenos que promete Cobre San Rafael. La Plataforma Mina Touro - O Pino Non y Ecoloxistas en Acción consideran que optar por esta vía sería extender el problema que ya existe con TEN. El mismo argumento utiliza el concejal de Medio Ambiente de Touro, Darío Rey, que critica que la nueva mina quiere “perpetuar este sistema [el de TEN] para desechar los residuos de toda Galicia en Touro, ya que es el supuesto método de restauración recogido en el proyecto”. “Es un sistema más que fallido y generador de nuevas problemáticas”, zanja.

TYC Narcea, la empresa propietaria de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, deberá devolver más de 31 millones de euros, el total de las ayudas al cierre de la minería que recibió en su día, si quiere mantener abierta la explotación y continuar su actividad.

Así se refleja en una resolución provisional del Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica al que la empresa podrá presentar alegaciones hasta el próximo 18 de septiembre, antes de que la resolución sea firme.

Un dinero cobrado por Carbonar

Fuentes del sector han señalado que la devolución que plantea inicialmente el ITJ se corresponde con el total de las ayudas al cierre que recibió la anterior empresa encargada de esta mina del suroccidente asturiano, Carbonar, ya que considera que ambos proyectos están vinculados.

TYC Narcea, por su parte, sostiene que se trata de una unidad de producción distinta a la de Carbonar, que operaba en otra zona de la mina con carbón térmico, frente a la antracita de bajo volátil que extrae la actual empresa, por lo que defiende que no le corresponde devolver esa cantidad.

Actividad paralizada

Según la empresa, sólo se comparten una treintena de metros de galería de la explotación que llevó a cabo Carbonar con anterioridad.

La mina, que permanece paralizada desde el pasado 21 de noviembre por un accidente en el que murieron dos trabajadores, está pendiente de la resolución del ITJ y de que se culmine la tramitación ambiental para poder reanudar su actividad.

Los trabajadores llevaron a cabo varias movilizaciones en defensa de sus puestos, entre otras acciones, manifestaciones a pie hasta la capital asturiana, concentraciones e incluso una acampada en el Campo de San Francisco, para reivindicar su derecho a la reapertura de toda la actividad laboral.

La Justicia es lenta (sobre todo si se tienen recursos para demorarla), pero termina llegando. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el último intento de la multinacional israelí Iberpotash para impedir su obligación de desmantelar la montaña de sal contaminante que tiene en Sallent (Barcelona) fruto de su actividad minera.

A la espera de que la empresa cumpla con la sentencia y retire los 45 millones de toneladas de sal contaminante que acumula en la montaña de El Cogulló, convertida en uno de los principales peligros ecológicos de Catalunya, se empieza a poner punto y final a un litigio que dura dos décadas.

En una providencia, adelantada por La Vanguardia y que ha confirmado elDiario.es, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC inadmite el último recurso de Iberpotash, y vuelve a dar la razón a la asociación de vecinos del barrio de la Rampinya de Sallent, representados por el abogado Climent Fernández.

La contaminación provocada por la actividad minera de Iberpotash, que afecta en especial la salinización de las aguas del Llobregat, lleva décadas siendo denunciada por vecinos, ecologistas y Fiscalía de Medio Ambiente, sin que las autoridades políticas hayan querido abrir un conflicto con la empresa por el relevante peso económico que tiene en la comarca.

Tras años de inacción del consistorio y de la empresa, los vecinos lograron en 2014 la sentencia que acordaba un expediente de protección de la zona y obligaba a Iberpotash a cesar los vertidos salinos en El Cogulló, al tiempo que le instaba a retirarlos. Los vertidos se siguieron produciendo hasta 2019.

La empresa recurrió ante todas las instancias posibles, sin éxito, y tampoco cumplió con la sentencia de forma voluntaria. Los vecinos pidieron entonces la ejecución forzosa de la resolución, y la Justicia les volvió a dar la razón. Iberpotash volvió a recurrir hasta encontrarse con el último portazo judicial de este mes de julio.

En suma, ahora llega el turno de la empresa para cumplir con “el restablecimiento de la realidad física alterada” que le imponía la primera sentencia. Todas las instancias judiciales han rechazado las alegaciones de Iberpotash, que consideraba que los usos del vertedero de sal ya estaban legalizados.

“No consta que se haya retirado ni un solo metro cúbico de residuo salino desde que cesó ese vertido”, recordó el TSJC en su sentencia de 2024.

Las consecuencias medioambientales de la minería en la comarca de El Bages han comportado procedimientos tanto por la vía contenciosa como por la penal. Una sentencia de 2016 condenó a tres exdirectivos y a la compañía a sufragar el coste de la recuperación ambiental de la zona hasta que se eliminara la elevada salinidad de las aguas.

Debido a la contaminación salina, estos acuíferos de la comarca del Bages no se pueden destinar al consumo humano o del ganado. Además de afectar a una docena de pozos y fuentes, los escombros salinos también causaron filtraciones de agua contaminada a los ríos Cardener y Llobregat.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte impulsa el reconocimiento de la cultura minera asturiana como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial.

La consejera, Vanessa Gutiérrez, se ha reunido este lunes con José Luis Alperi, José Luis Fernández Roces y Fernando Fernández, representantes del SOMA-FITAG-UGT; con Jorge Muñiz, director de la Cátedra de la Cultura Minera; y con Cristina Cantero, directora del Museo de la Minería y de la Industria, para analizar el estudio técnico e histórico que servirá de base para incoar el expediente de protección de este legado vinculado a la historia, la sociedad y la identidad de Asturias.

Durante el encuentro se han revisado los avances del estudio sobre la cultura minera y se han abordado los próximos pasos a seguir para la tramitación del expediente BIC.

Cátedra de la Cultura Minera

La consejería impulsó en 2025 la creación de la Cátedra de la Cultura Minera, en colaboración con la Universidad de Oviedo, con el objetivo, entre otros, de elaborar el informe técnico que fundamentará la declaración. Esta iniciativa parte de una propuesta promovida por SOMA-FITAG-UGT y respaldada por diversos ayuntamientos.

El Principado destina 60.000 euros al funcionamiento de la cátedra entre 2025 y 2028. El proyecto cuenta además con la colaboración del MUMI y HUNOSA, entidades dedicadas a la conservación y difusión del patrimonio minero.

Los valores y criterios

Más allá de los conocimientos y prácticas vinculados a la actividad extractiva, el estudio analiza las formas de convivencia surgidas en torno al movimiento obrero, el lenguaje propio del sector, la música, los rituales, las celebraciones, la memoria del trabajo y valores como el compañerismo, la fraternidad y la solidaridad transmitidos de generación en generación.

La memoria examina, con criterios históricos, técnicos y jurídicos, expresiones representativas de este patrimonio como la festividad de Santa Bárbara, el Coro Minero de Turón, la Brigada Central de Salvamento Minero o los concursos de entibadores.

La continuidad histórica

El informe se fundamenta en la experiencia de las personas y comunidades mineras y acredita la pervivencia de conocimientos, prácticas, rituales, expresiones culturales y formas de convivencia que siguen transmitiéndose y recreándose en la actualidad.

La memoria concluye que las manifestaciones estudiadas mantienen una sólida continuidad histórica, un profundo arraigo social y capacidad de transmisión. Por ello, considera especialmente necesaria su salvaguarda ante el paso del tiempo, el progresivo descenso de la actividad extractiva y la desaparición de quienes fueron protagonistas directos y depositarios de estos conocimientos y formas de vida.

En esta línea, el MUMI y la Cátedra de la Cultura Minera ya han iniciado acciones conjuntas para preservar los oficios vinculados a la entibación.

Respaldo a la candidatura internacional

La consejera también ha informado de que el gobierno ha expresado su apoyo formal a la candidatura 'Las celebraciones de Santa Bárbara y tradiciones de los mineros', promovida conjuntamente por Polonia, Austria y Luxemburgo para su inscripción en 2026 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La cultura minera asturiana se enriqueció con la aportación de trabajadores procedentes de otros países, especialmente de Polonia, que se incorporaron a las explotaciones y dejaron una huella duradera en las comunidades de las que pasaron a formar parte. Esta historia compartida refuerza los vínculos entre Asturias y los territorios que promueven la candidatura.

Nuevas vías de colaboración

Asimismo, el Gobierno de Asturias ha mostrado su disposición a compartir experiencias y explorar nuevas vías de colaboración con otras regiones mineras europeas para conservar, estudiar y transmitir un patrimonio común que trasciende fronteras.

Precisamente, la festividad de Santa Bárbara constituye una de las manifestaciones más destacadas recogidas en la memoria presentada hoy para la declaración BIC. El informe subraya que se trata de una tradición viva, capaz de adaptarse a los cambios sociales y económicos sin perder su dimensión comunitaria e identitaria.

Mantener viva la memoria minera

Las misas y procesiones, los homenajes a los compañeros fallecidos, la música, las ofrendas florales, el reparto del bollu y del vino y los encuentros colectivos mantienen viva la memoria minera y favorecen su transmisión a las nuevas generaciones.

La memoria sitúa la primera celebración minera de Santa Bárbara documentada en Asturias en Bustiello, en 1891, y analiza posteriormente su expansión por las cuencas mineras y su evolución hasta la actualidad. Esta tradición hermana a Asturias con otras comarcas mineras del mundo que comparten rituales, expresiones culturales y valores nacidos del trabajo, el riesgo y la vida en comunidad.

La legendaria mina de sal de Wieliczka, construida en Polonia, constituye una de las explotaciones mineras más antiguas y asombrosas de la humanidad. Sus orígenes históricos se remontan a la prehistoria, en el Neolítico, cuando los antiguos pobladores obtenían sal mediante la evaporación de salmuera extraída de manantiales superficiales. Este valioso recurso se hervía en vasijas de barro para conservar alimentos, sirviendo también como una importante moneda de cambio en los intercambios comerciales. Con el progresivo agotamiento de estos manantiales entre los siglos XI y XII, los habitantes se vieron obligados a excavar pozos profundos, lo que condujo al descubrimiento de los primeros depósitos de sal gema.

El descubrimiento oficial de la sal gema en el siglo XIII marcó un hito sin precedentes, dando inicio a una era de desarrollo dinámico para esta explotación. Según cuenta la leyenda, el hallazgo se debió a la princesa Cunegunda, esposa del soberano cracoviano Boleslao V. Se dice que la princesa arrojó su anillo de compromiso en un pozo de su tierra natal, en Hungría, y al llegar a Polonia ordenó excavar cerca de Cracovia. En el primer bloque de sal descubierto por sus sirvientes apareció milagrosamente el anillo real, sellando así el vínculo sagrado entre la soberana y la riqueza mineral polaca, marcando el inicio de una ininterrumpida actividad que llega a nuestros días.

Durante la Edad Media, la mina se convirtió en una de las fuentes de ingresos más importantes para el reino, especialmente bajo la sabia gestión del rey Casimiro III el Grande. Este monarca visionario organizó la administración salinera y utilizó los cuantiosos beneficios obtenidos para financiar grandes obras públicas en Polonia. En aquellos tiempos medievales, la extracción de sal era una actividad estacional que se realizaba en los meses de menor labor agrícola, llegando a emplear a cientos de personas que habitaban en el subsuelo y que lograron extraer miles de toneladas de mineral para sustentar la economía real.

Además de su enorme valor industrial, el yacimiento demostró desde muy pronto un innegable atractivo turístico, recibiendo a sus primeros visitantes ilustres ya en las postrimerías de la Edad Media. Entre las personalidades célebres que recorrieron estas galerías a lo largo de los siglos se encuentran el astrónomo Nicolás Copérnico, el escritor Johann Wolfgang von Goethe y el célebre músico Frédéric Chopin, quienes quedaron maravillados ante el espectáculo subterráneo. Para conmemorar estas históricas visitas, los hábiles mineros esculpieron hermosas estatuas de sal en honor a estos personajes, las cuales se pueden admirar hoy en las diversas cámaras y salas que componen el fascinante recorrido turístico.

A lo largo de los siglos XVI y XVII, la mina experimentó un crecimiento excepcional, adoptando tecnologías innovadoras y pasando a operar de manera continua todo el año. En 1772, tras la primera partición de Polonia, la mina pasó a manos de la dinastía de los Habsburgo, lo que supuso una gran inversión y nuevas técnicas, como el uso de la pólvora para la extracción salina. Bajo esta administración, se fomentaron las visitas guiadas de forma sistemática, incorporando paseos en barcos subterráneos y trenes tirados por caballos que facilitaban el tránsito de los viajeros por el interior de este asombroso y extenso laberinto de roca.

En el siglo XX, tras recuperar Polonia su independencia, la mina se erigió como un gran símbolo de orgullo patrio, renombrando sus pozos con nombres locales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el complejo subterráneo fue utilizado por las fuerzas alemanas como almacén militar de armas antes de volver a manos polacas. Con el tiempo, las excavaciones alcanzaron una profundidad máxima de 327 metros distribuidos en nueve niveles distintos, superando una extensión total de 300 kilómetros de túneles. Ante el riesgo de inundaciones y para preservar su incalculable valor cultural, se tomó la decisión en 1996 de cesar definitivamente la producción de sal industrial.

Una capilla a 101 metros

Sin duda alguna, el rincón más impresionante de todo el complejo subterráneo es la monumental capilla de Santa Kinga, considerada la iglesia bajo tierra más grande del mundo. Esta asombrosa catedral de sal se ubica a 101 metros de profundidad y fue tallada íntegramente en bloques de sal gema a partir de 1895. Durante más de treinta laboriosos años, dos hermanos mineros extrajeron unas veinte mil toneladas de sal para esculpir los relieves de las paredes, entre los que destaca La última cena de Da Vinci. El templo cuenta con un altar mayor, una estatua de Juan Pablo II y cinco majestuosas lámparas colgantes, cuyos cristales de sal iluminan la sala con un brillo indescriptible.

El recorrido depara otras maravillas como la Cámara Michałowice, famosa por su estructura de madera blanca, o la Cámara Weimar, que alberga un hermoso lago artificial donde suena la música de Chopin. Aunque la explotación comercial de sal industrial cesó, el legado continúa vivo gracias al incansable trabajo diario de cientos de mineros que se dedican en la actualidad a vigilar, mantener, ventilar y restaurar las galerías históricas de este tesoro polaco. Inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la mina recibe hoy en día a miles de turistas que descienden asombrados a sus bellas entrañas.