Los trabajadores de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, han aceptado este lunes el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la dirección de Tyc Narcea, que pasa por el despido de 56 operarios mientras que otros 12 permanecerán realizando labores de mantenimiento en la explotación.

Tras varias reuniones en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), la plantilla ha avalado en asamblea la última oferta planteada por la empresa, que se compromete a la readmisión de los despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina, paralizada tras el accidente en el que fallecieron dos trabajadores el pasado 21 de noviembre.

La readmisión

Los trabajadores han valorado que, aunque la propuesta de la dirección “no es la mejor”, los responsables se hayan comprometido a readmitir a los despedidos cuando se retome el proyecto de explotación, ha señalado Carlos Menéndez, portavoz de la plantilla.

La dirección de Tyc Narcea notificó hace más de dos semanas a los representantes de los trabajadores la presentación de ERE para la plantilla de la mina ante la paralización de la actividad tras el accidente en el que fallecieron dos operarios.

Proyecto de mantenimiento

Entretanto, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo autorizó la pasada semana un proyecto de mantenimiento para reforzar las condiciones de seguridad en la explotación subterránea, pero no se contempla, en ningún caso, labores de extracción de carbón.

El Instituto de Transición Justa (ITJ) tiene pendiente aclarar si la empresa tiene que devolver las ayudas al cierre percibidas por la anterior propietaria de la explotación, una decisión a la que está condicionada la tramitación del proyecto de explotación por parte del Principado. 

El Gobierno del Principado ha publicado este lunes dos nuevas instrucciones que endurecen los requisitos exigidos a las empresas para la transmisión de derechos mineros y para la concesión de proyectos de investigación en una explotación.

Las nuevas normas, elaboradas por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo tras el informe realizado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz del accidente de la mina de Zarréu en el que fallecieron cinco trabajadores en marzo de 2025, tienen como objetivo reforzar los controles administrativos y dotar de mayor claridad a la tramitación de los expedientes vinculados a esta actividad.

Criterios más precisos

Una instrucción regula la transmisión de derechos mineros derivados de concesiones de explotación para establecer criterios más precisos y reforzar la obligación de que la empresa adquirente acredite su capacidad legal, así como su solvencia técnica y económica.

Además, concreta la documentación exigida y amplía el control a operaciones mercantiles, como fusiones, absorciones, escisiones o adquisiciones, que supongan un cambio efectivo en el control de la concesión.

La solvencia

La empresa adquiriente deberá acreditar su solvencia económica y financiera, demostrando que posee los recursos financieros suficientes y la capacidad económica necesaria para ejecutar el proyecto de explotación y su plan de restauración, conforme al programa de trabajos, garantizar la inversión y cumplir con las obligaciones legales, ambientales y de seguridad industrial. 

Podrá acreditar la solvencia a través de su volumen anual de negocios o de su patrimonio neto y, cuando la autoridad minera considere que no es racionalmente viable su programa de financiación, podrá exigir una fianza del 10 % de la inversión prevista para el primer año.

Los adquirentes deberán, además, acreditar su solvencia técnica, demostrando que cuentan con la capacidad profesional, experiencia y medios materiales suficientes para ejecutar el proyecto de explotación y su plan de restauración de manera segura y eficiente.

Permisos de investigación

La segunda instrucción ordena la tramitación de los proyectos de investigación en concesiones ya otorgadas y distingue entre los casos en los que existe un proyecto general de explotación vigente y aquellos en los que no.

Si la concesión ya dispone de este proyecto, las actuaciones de investigación deberán integrarse en el plan de labores.

La tramitación

En cambio, cuando no exista dicho proyecto y la actuación no implique extracción de mineral más allá de catas, sondeos u otros trabajos de similar intensidad, la tramitación se realizará como un permiso de investigación, con su correspondiente documentación técnica, información pública e informes sectoriales.

Por el contrario, si la solicitud contempla una extracción de mayor entidad, deberá tramitarse como un proyecto general de explotación, con todas las garantías propias de este tipo de procedimientos.

Servicio de Seguridad Minera

Junto a estas decisiones, el Gobierno del Principado ha aprobado la segunda modificación del decreto de estructura orgánica básica de la consejería con el fin de reforzar la organización del área minera, cuya principal novedad es la recuperación del Servicio de Seguridad Minera dentro de la Dirección General de Energía y Minería.

Este nuevo servicio asumirá competencias en materia de seguridad y salubridad en explotaciones mineras y establecimientos de beneficio, además de funciones de inspección, control, supervisión y, en su caso, sanción.

También será responsable de la certificación de aptitud en determinadas profesiones, la coordinación de programas de formación en seguridad minera y la elaboración de los planes generales de inspección.

Relevo en Minas

Estos cambios coinciden con el nombramiento de María Elena Colunga como nueva jefa del Servicio de Minas, tras la jubilación de su antecesor.

Nacida en Oviedo en 1965, es ingeniera de Minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo y funcionaria de carrera tanto de la Xunta de Galicia como de la Junta de Castilla y León.

Inició su trayectoria en la administración en 1994 y, tras desempeñar distintos puestos en la Junta de Castilla y León y en la Sección de Minas de León, se incorporó a la administración del Principado en 2002.

Desde diciembre de 2008, ocupaba la jefatura del actual Servicio de Política Industrial de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. 

La República Democrática del Congo (RDC) vuelve a mirar al este, una región que nunca terminó de salir de la guerra. En Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri, la violencia armada ha dejado de ser una crisis intermitente para convertirse en una forma de gobierno de facto. Allí, el Estado congoleño ya no controla partes de su propio territorio, sino que el Movimiento 23 de Marzo (conocido popularmente como M23), un grupo rebelde militar, ha consolidado administraciones paralelas y millones de personas viven entre desplazamientos y servicios básicos al borde del colapso.

El nuevo brote de ébola, que ya supera los 900 casos sospechosos y ronda las 240 muertes, ha golpeado esa misma zona. En este enclave del continente africano, la epidemia no puede entenderse como un fenómeno separado de la guerra. El virus avanza donde la inseguridad impide rastrear contagios, los hospitales no siempre son seguros y la desconfianza hacia las autoridades sanitarias se alimenta tras años de abandono. 

Una guerra que no se explica solo por hutus y tutsis

El actual conflicto en el este de la RDC no empezó con el último brote ni se explica solo por la rivalidad entre hutus y tutsis. El genocidio de Ruanda de 1994 es una pieza imprescindible para entender el conflicto, pero no es la única.

Ya había un conflicto interno entre congoleños antes de que la llegada de refugiados ruandeses agravara la situación

Florence Kavira, periodista congoleña en República Democrática del Congo advierte, durante una entrevista con elDiario.es, de que antes de 1994 ya existían tensiones internas en el este del país, especialmente en territorios como Rutshuru y Masisi. Algunas comunidades hutu congoleñas se consideraban plenamente congoleñas, pero denunciaban no ser reconocidas como tales y quedar excluidas de los espacios de toma de decisiones. “Ya había un conflicto interno entre congoleños antes de que la llegada de refugiados ruandeses agravara la situación”, explica. 

Tras el genocidio ruandés, la llegada de refugiados hutus y tutsis mezcló esas tensiones locales con problemas de seguridad regional, identidad, ciudadanía y control territorial. La aparición del M23 en 2012 retomó precisamente un discurso de denuncia de la marginación de ciertas comunidades, especialmente tutsis congoleñas, que reclamaban mayor representación dentro del país. 

“El este de la RDC se ha convertido en una zona donde se superponen conflictos comunitarios, intereses económicos, intervención extranjera y debilidad estatal. El resultado es un mapa fragmentado por grupos armados, algunos con raíces locales, otros vinculados a dinámicas regionales y otros articulados alrededor del control de rutas, minas o pasos fronterizos”, explica Kavira. 

El M23: de grupo rebelde a autoridad paralela

La diferencia ahora es la escala del avance del M23. En enero de 2025, el grupo tomó Goma, la capital de Kivu Norte. Semanas después capturó Bukavu, capital de Kivu Sur y, desde entonces, el grupo ha consolidado su control sobre zonas estratégicas del este y ha pasado de actuar como una fuerza rebelde a ejercer funciones propias de una autoridad territorial. 

Por otro lado, para Kinshasa, la guerra no es solo una rebelión interna, sino una agresión sostenida por un país vecino: Ruanda. Para Kigali, la presencia en el este de la RDC de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (conocidas como FDLR), un grupo formado en parte por combatientes hutus ruandeses que huyeron del genocidio en 1994, representa una amenaza directa a la seguridad fronteriza del país vecino. Para la población congoleña, y como apunta Kavira, esas explicaciones geopolíticas se traducen en una vida atrapada por grupos armados, ejércitos regulares, milicias y autoridades que “no siempre pueden o quieren” protegerles. 

Kavira explica que “en las zonas ocupadas por el M23/AFC (esta última es la Alianza Río Congo, una coalición política y civil más amplia que sirve como brazo político y diplomático del M23), el Estado congoleño no controla la seguridad. Es el M23 quien administra esos territorios con una estructura paralela, con sus propios gobernadores, alcaldes y autoridades locales. Esto es lo que está pasando en ciudades importantes como Goma y Bukavu, en las dos Kivus”. 

Recursos estratégicos por los que pugnan China y EEUU

El conflicto del este de la RDC no puede entenderse sin la relación entre Kinshasa y Kigali. Desde hace años, Ruanda acusa a la RDC de tolerar o colaborar con las FDLR, mientras que el Gobierno congoleño señala a Ruanda como sostén y principal financiador del M23, además de un actor interesado en influir y controlar una región estratégica y rica en recursos naturales. El país posee entre el 60% y el 80% de las reservas mundiales de coltán y se extrae principalmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como otros recursos mineros estratégicos como el cobalto, el cobre, el oro o los diamantes, entre otros. “El papel de Ruanda es central y Kigali está detrás del M23”, apunta Kavira. “Además, las FDLR no solo representan una amenaza para Ruanda, sino también para la población local que sufre saqueos, abusos y violencia”, insiste. 

El resultado es un conflicto que ya no puede leerse únicamente como una guerra interna, sino que se presenta como una disputa regional con, incluso, alcances e intereses internacionales. En esta última dimensión mundial han entrado potencias como Estados Unidos y China, en plena competencia global por el acceso a minerales estratégicos como el litio, el coltán y el cobalto.

Antes de la firma de los llamados Acuerdos de Washington, el presidente congoleño Félix Tshisekedi ya había ofrecido a Donald Trump un acceso preferencial a los inmensos recursos minerales de la RDC. Tras la firma, Washington anunció acuerdos bilaterales, tanto con Ruanda como con RDC, para facilitar el acceso de empresas estadounidenses a minerales críticos de la región. Ese pacto incluía un componente económico relacionado directamente con la explotación y exportación de recursos estratégicos en el este del país. Según explican varios analistas, los operadores económicos de Estados Unidos están especialmente interesados en las minas de coltán de Rubaya, en Kivu Norte, que producen alrededor del 15% del coltán mundial. Aun así, el problema sigue siendo el acceso a ese territorio. Muchas de esas minas se encuentran en zonas controladas por el M23, lo que plantea interrogantes sobre cómo podrían operar legalmente compañías extranjeras en áreas fuera del control efectivo del Estado. 

Estados Unidos no es el único actor interesado. En marzo de 2026, la RDC y China firmaron en Pekín un memorando de entendimiento para reforzar su cooperación minera. El acuerdo, firmado por los ministros de Minas y Recursos Naturales de ambos países, busca ampliar la presencia china en un sector que Pekín ya domina ampliamente en varios países del continente africano y donde contempla mecanismos de protección de inversiones y procesamiento local de recursos. La firma llega en un contexto de creciente competencia por los minerales africanos mientras Occidente, y principalmente Estados Unidos, impulsa proyectos como el Corredor Lobito, una infraestructura ferroviaria diseñada para conectar las minas de la RDC y Zambia con el Atlántico a través de Angola para así reducir la dependencia occidental de las cadenas de suministro controladas por China. 

El impacto sobre la población civil del conflicto y la violencia del M23, alimentado por un creciente interés estratégico sobre la región, es devastador. Según cifras de Médicos sin Fronteras, más de cinco millones de personas están desplazadas, un 96% a raíz de la violencia armada, entre Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri. “Moverse tampoco significa estar a salvo. Aunque desde Goma era posible viajar a Bukavu, Butembo o incluso Ituri, algunos trayectos siguen siendo peligrosos, especialmente los que atraviesan el parque de Virunga, donde las FDLR cometen ataques, saqueos y asesinatos”, apunta la periodista congoleña. 

El ébola en una zona de guerra

La epidemia ha golpeado una región donde casi todos los mecanismos necesarios para contener la enfermedad infecciosa están dañados. Manuel Albela, epidemiólogo de Médicos sin Fronteras explica que responder a una epidemia de ébola de estas dimensiones es “extremadamente difícil” en un contexto marcado por una gran crisis humanitaria y un conflicto armado. “Todo ello debilita la vigilancia epidemiológica, la detección de contactos y el acceso rápido a los servicios de salud”, insiste en una entrevista con este medio. 

Hay que garantizar que pacientes y personal sanitario puedan acudir a un hospital o centro de salud sin miedo a contagiarse allí

La gravedad de la situación ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a pedir el pasado 27 de mayo un “alto al fuego inmediato” en el este de la RDC para contener el brote, que según EFE ya supera los 900 casos sospechosos y ronda las 240 muertes. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus apuntó que: “No podemos generar confianza en las comunidades ni aislar a los enfermos mientras caen bombas”. El problema no es solo que haya ébola en una zona de guerra, es que la guerra crea las condiciones perfectas para que el ébola se propague. 

Ahora, la prioridad de MSF, según Albela, es la bioseguridad en las estructuras de salud. “Hay que garantizar que pacientes y personal sanitario puedan acudir a un hospital o centro de salud sin miedo a contagiarse allí. Si la población no confía en los centros sanitarios, muchas personas con síntomas preferirán quedarse en casa, con el riesgo de contagiar a familiares y vecinos”, explica el representante de MSF. 

Ese miedo no es hipotético. MSF asegura que ya se han producido ataques contra estructuras dedicadas a la respuesta a la epidemia, muchas veces vinculados al miedo, la desinformación o la falta de información sobre la enfermedad. Kavira apunta la misma dificultad desde el terreno: “Muchas personas no creen en la existencia del ébola o lo interpretan como una invención o manipulación”. 

A eso se suma la naturaleza del brote. El virus causante pertenece a la variante Ébola Bundibugyo, para la que no existen vacunas o tratamientos específicos. Aunque su tasa de letalidad, estimada entre el 30% y el 50%, es menor que la de la variante Ébola Zaire, el contexto hace que el riesgo se multiplique. A ello se añaden otros dos factores: que el ébola golpea a un sistema sanitario ya en colapso y la reducción de la financiación internacional. Sobre esto último, el epidemiólogo de MSF señala que los recortes de diversos donantes han debilitado aún más los sistemas de salud y vigilancia y critica la retirada del apoyo del Banco Mundial, que afecta a más de 500 centros de salud en Kivu Sur. 

Una montaña de 200 metros de altura con 45 millones de toneladas de sal. Eso es lo que se encuentran los vecinos de la comarca catalana del Bages cuando salen a pasear por la naturaleza que rodea sus viviendas. El residuo es consecuencia de la explotación, desde 1998, de una mina de potasa en los municipios de Sallent y Súria por parte de Israel Chemical Limited (ICL) a través de su filial ICL Iberia. La sal ha contaminado el río Llobregat y los terrenos limítrofes.

Agricultores y campesinos afectados aseguran que las analíticas que han realizado de esa agua no permiten su uso ni siquiera para regadío, pues su nivel de sal multiplica por diez el que posee el agua marina. La mina también ha dejado tras de sí varios trabajadores fallecidos. Los últimos tres, en marzo de 2023, de los cuales dos eran estudiantes en prácticas. Además, en la zona se ha levantado un movimiento que llama al boicot de ICL, empresa que ha vendido durante años fósforo blanco para proyectiles en EEUU que, a su vez, es proveedor del Ejército de Israel, según denuncia el Observatori Drets Humans i Empreses.

Lee Beritutti es la directora del documental Sal a la ferida, cinta recién estrenada que narra las historias de seis personas directamente afectadas por la mina de potasa, producto que se utiliza principalmente en la elaboración de fertilizantes químicos. “Desde que llegaron, comenzaron las protestas por el desastre medioambiental que estaban produciendo y por la explotación laboral de sus trabajadores”, comenta esta joven italiana de 27 años. La empresa comenzó a explotar la mina en 1998.

Los testimonios que ahora salen a la luz tras romper el manto de silencio que envuelve a ICL aúnan las principales luchas que rodean a la explotación minera, que desde hace más de una década no cumple con las sentencias condenatorias que pesan sobre ella. “Es una pasividad que llega a ser irritante”, adelanta el abogado de los afectados, Climent Fernández.

Uso de fósforo blanco

Sal a la ferida consigue traspasar la frontera catalana para rotar la mirada hacia lo que sucede en otras latitudes. Nora Miralles, investigadora del Observatori Drets Humans i Empreses, expone que ICL también extrae potasa del Mar Muerto. “Esta empresa participa en la cadena de producción del fósforo blanco”, asegura en el documental.

El fósforo blanco es un arma incendiaria que al contacto con el aire explosiona, está a 800 grados centígrados y quema piel y órganos. “Sabemos que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel”, precisa la investigadora.

Israel ha utilizado en numerosas ocasiones esta arma y ha sido acusado de crímenes de guerra por su lanzamiento. El fósforo blanco solo es legal para crear cortinas de humo e iluminar objetivos, sin embargo, si se usa contra personas, provoca quemaduras letales y asfixia. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el uso ilegal del fósforo blanco por parte de Israel en lugares como Líbano y Gaza. Sin embargo, no se puede comprobar si el fósforo blanco producido por ICL ha acabado siendo utilizado por Israel en sus múltiples frentes bélicos.

Desde el inicio del genocidio, Public Works Studio ha documentado el uso del fósforo blanco para quemar aproximadamente 2.000 hectáreas de terreno en el sur de Líbano. Yara Abdelkhalek, investigadora urbana y miembro de este colectivo, señala en el documental que Israel ha lanzado 272 ataques con fósforo blanco en Líbano.

Cogulló, la gran montaña de sal

“Los agricultores cuentan que todos sus campos están contaminados, que ahí nada crece. Quieren que la empresa se haga cargo de los daños causados, tal y como establecen las sentencias”, comenta Beritutti. Uno de estos afectados es Josep Planes, quien enseña en el documental cómo las sentencias, a las que ha tenido acceso elDiario.es, ratifican que en el agua se han hallado productos como el aceite de pino, que puede producir graves problemas respiratorios y fallos renales.

Sabemos que ICL, a través de su filial en Estados Unidos, actúa como intermediaria en la venta del fósforo blanco al Departamento de Defensa estadounidense. Luego, otra empresa del país lo vende al Ejército de Israel

Nora Miralles — Observatori Drets Humans i Empreses

Fernández recalca que tan solo una tercera parte de lo extraído de la mina es potasa, mientras que las dos partes restantes son residuos salinos. “Eso es lo que han ido depositando a lo largo de los años en un lugar sin impermeabilizar, de ahí las filtraciones continuas”, explica. El problema se centra en la llamada montaña Cogulló, con una elevación de más de 200 metros y que en 2017, dos años antes de que cesara el vertido, llegaba a los 44 millones de toneladas de sal, por lo que su peso actual estará entre los 45 y 46 millones de toneladas, ilustra el letrado. “Y así comenzaron los problemas de salinización del agua, porque se filtra a arroyos y torrentes que llegan a explotaciones agrícolas y ganaderas, a fauna, y a las propias personas a través de los pozos”, confirma.

Los frentes judiciales eternos

El abogado recuerda que en 2014 un juzgado penal de Manresa dictó una sentencia, confirmada dos años después por la Audiencia Provincial, que penaba la gestión de la mina por parte de ICL. “Ordenaba a la empresa cesar de verter ahí el residuo y a restaurar y recuperar ecológicamente la zona”, abunda. Asimismo, varios responsables de la compañía fueron condenados a penas de prisión, que no cumplieron por ser inferiores a dos años.

Desde entonces, comenzó todo un periplo judicial entre los afectados y la empresa, que “recurre absolutamente todas las decisiones judiciales, que siempre nos han dado la razón”, apuntilla Fernández. Dado que ICL no actuaba conforme al dictamen de la sentencia, los afectados acudieron al Tribunal contencioso-administrativo. Recursos ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y de casación mediante, esperan que de una vez por todas su colme su ansia de justicia que, en este caso, significa “hacer cumplir las sentencias como a cualquier otro hijo de vecino”, según las palabras del defensor.

Muertes de trabajadores en la mina

Beritutti, la directora del documental, asegura que ha sido “muy difícil” conseguir testimonios de antiguos trabajadores de la mina. “Ha sido casi imposible hablar con ellos delante de las cámaras. Yo creo que tienen miedo y que ICL explota muy bien su poder para que la gente se calle”, sostiene. Por su parte, ICL no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por elDiario.es.

En la cinta tan solo aparece anonimizado un antiguo trabajador de esta mina situada en el entorno de Manresa para comentar lo ocurrido en 2023, cuando tres geólogos perdieron la vida en el interior del yacimiento por un desprendimiento. “Es un caso que se ha trabajado con opacidad. Son noticias que han pasado muy desapercibidas, por el motivo que sea, cuando es un incidente que se puede volver a repetir si nadie pone el grito en el cielo”, valora el operario con la voz distorsionada. Una década antes, en 2013, otros dos trabajadores murieron en la misma mina de Súria, conectada subterráneamente con las galerías de Sallent.

No es una lucha ecologista, no es una lucha por Palestina, no es una lucha a favor de los derechos de las trabajadoras, sino que es todo en una

Anna — integrante de la campaña contra ICL

Maximo de la Corte llegó a ser el presidente del comité de empresa en el yacimiento por parte de CGT. Jubilado ya, a sus 64 años afirma que “las muertes han ido a menos según se ha mecanizado el trabajo”. Sin embargo, su principal reivindicación con los ojos puestos en el presente, secundada por los demás afectados, es la vuelta de una empresa pública a la extracción de la potasa, como sucedía antes de que llegara ICL. “Se vendió una riqueza que tendría que ser del pueblo, que tendría que aprovechar el Estado, porque el fertilizante es un bien primordial”, defiende a elDiario.es.

Los sindicatos nunca apostaron por el cierre de la explotación, pero sí una mayor seguridad para los operarios y que cesara la contaminación que producían los residuos. “No se puede seguir permitiendo una montaña con 40 millones de kilos de sal”, enfatiza De la Corte. Tanto este sindicalista como Fernández, el abogado, señalan a la Generalitat catalana como responsable en parte de lo sucedido. “La Generalitat nos cobra un impuesto de saneamiento del agua que después utiliza ICL, que la vuelve a salinizar. Tiene huevos la cosa”, afirma el primero en el documental. “Tendrían que poner freno a todo esto y hacer cumplir las sentencias”, reclama el segundo.

Luchas unidas por la solidaridad

“Es válido enfocarse en la lucha por la defensa del territorio desde Catalunya, pero también es importante esta dimensión de cómo las luchas están interrelacionadas”, añade Beritutti. Así, una protesta que nace de esta región del Mediterráneo puede encontrar sus ecos a modo de solidaridad y compromiso con lo que ocurre en Gaza y Líbano.

De la Corte, el antiguo representante de los trabajadores en Sallent, agrega que, “si realmente se prueba que la potasa que extraen de aquí termina en fósforo blanco usado contra población civil, sería un argumento más para que la explotación pasara a ser pública o se revocaran las concesiones a la empresa”.

La colaboración de la compañía con el ejército israelí ha hecho que diversos activistas se organicen en la campaña Boicot ICL. Más allá de la concienciación social sobre el desastre medioambiental que producen con su explotación y el apoyo al genocidio, los activistas han llegado a cortar las vías férreas utilizadas para transportar la potasa. También han conseguido que diversas instituciones y universidades dejen de colaborar con ICL, como es el caso de las universidades de Vic y de Manresa y el teatro Kursaal de Manresa, según recoge la red de apoyo a Palestina Rescop. “No es una lucha ecologista, no es una lucha por Palestina, no es una lucha a favor de los derechos de las trabajadoras, sino que es todo en una”, zanja en el documental Anna, integrante de la campaña contra la empresa israelí.

Pepín y Fino, los dos trabajadores que quedaron atrapados este miércoles al producirse un derrumbe en la mina donde trabajan, se encuentran bien y han regresado durante unos días a sus localidades de origen para acabar de recuperarse del susto y de sus heridas.

Así lo confirma a elDiario.es Castilla-La Mancha Mariano Escribano, alcalde de Hiendelaencina, la localidad de Guadalajara donde se ubica la mina Santa Catalina, lugar del suceso.

Sobre las 17:00 horas del miércoles, ambos mineros vieron cómo parte del techo de una de las galerías en la que estaban trabajando se vino abajo. Estaban protegidos por una máquina, por lo que los escombros golpearon el techo de metal y chapa y cayeron a su alrededor, aunque las piedras alcanzaron hasta la mitad de su altura.

“Estaban ellos dos trabajando dentro y otros estaban fuera. Los de fuera estaban muy nerviosos y utilizaron dos máquinas para sacar escombros lo más rápido que pudieron”, detalla Escribano, que se desplazó hasta el lugar de los hechos en cuanto conoció la noticia. “Al poco escuchamos golpes dentro y pudimos contactar con ellos dando voces. Se encontraban bien, tenían oxígeno y una botella de agua. Entonces les tranquilizamos diciéndoles que llegaríamos a ellos”, añade el alcalde de la localidad, que también ha trabajado como minero.

Los afectados, que Escribano asegura que llevan “toda la vida” trabajando en minas y desde junio del año pasado ejercían en la mina afectada, pudieron salir por su propio pie sobre las 20:00 horas, concluyendo unas tres horas de encierro. Uno resultó ileso, mientras que el otro tiene un dedo de la mano con fisuras. Ambos han regresado durante unos días a sus localidades de origen para reponerse, tanto física como psicológicamente, aunque están “muy contentos” porque “podía haber sido peor”. “Ambos tienen muchísimas ganas de volver a trabajar otra vez”, añade el alcalde.

Escribano explica que los técnicos están realizando las investigaciones oportunas para encontrar el origen del derrumbe, pero asegura que la seguridad en las minas se revisa “constantemente”. “Todos los días hay un montón de expertos mirando”.

Rehabilitación para hacer la mina visitable

Pepín y Fino estaban trabajando en la rehabilitación de la mina Santa Catalina, una antigua explotación abandonada que está reformándose para crear un centro de visitantes con una musealización “inmersiva” y la mina se hará visitable pasando a formar parte del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) con una inversión que supera los 1,7 millones de euros, mediante un convenio firmado entre el Gobierno de España, la Junta de Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara.

“Una de las ideas es hacer una galería para visitar a unos 40 metros de profundidad. Entraremos a una antigua galería ya existente y luego podemos visitar la caña del pozo y galerías antiguas. En ese trayecto también se va a hacer un pozo de unos 40 metros como salida de emergencia y lo queremos hacer también es montar un ascensor como los que usaban antiguamente los mineros para bajar”, explica Escribano, que añade que todo el proyecto se demorará al menos durante dos años más “para que se pueda visitar con seguridad, porque son trabajos complicados”.

Una vez que quede completado, el alcalde de Hiendelaencina espera que este proyecto suponga “una transformación” para este pueblo que apenas supera el centenar de habitantes. “Va a ser un 'boom'. No tengo ninguna duda”, zanja.

Los trabajadores de la Mina Miura de Ibias, en el occidente asturiano, han recurrido a todo tipo de acciones para tratar de conseguir que el empresario Fernando Martínez Blanco les abone las 13 nóminas que les adeuda y obtener garantías de futuro para la actividad minera.

A principios de este mes iniciaron un encierro en la explotación de carbón, a 300 metros de profundidad y, una vez finalizado, realizaron una marcha desde las instalaciones ubicadas en Tormaleo hasta la capital asturiana, donde se entrevistaron con los representantes de los grupos políticos en la Junta General del Principado. Este miércoles se han desplazado a Madrid para trasladar sus reivindicaciones a los diputados y diputadas del Congreso.

Los mineros se reunieron con representantes de Podemos, Sumar, PSOE y EH Bildu, a los que agradecieron su apoyo y a los que hicieron partícipes de sus peticiones para que les ayuden en su deseo de que el Gobierno actúe para retirar la concesión de la explotación a la empresa Carbones La Vega.

La viabilidad de la mina

Están convencidos de que la Mina Miura es rentable y viable, pero condicionan su vida laboral a un cambio de propietario, dada la escasa fiabilidad que les ofrece el actual.

Creación de una mesa de seguimiento

El encuentro en el Congreso de los Diputados ha servido para que los mineros regresen a Asturias con el compromiso de los politicos de estos partidos de izquierdas de que presentarán una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso que recogerá sus reivindicaciones.

Los políticos se convertirán así en el altavoz de las peticiones de los mineros que, entre otras, solicitan que se active la Inspección de Trabajo y la creación de una mesa de seguimiento.

Apoyo al sector

La Federación Socialista de Asturias ha emitido un comunicado donde muestra explícitamente su apoyo al sector y a los mineros de Mina Miura en la defensa de sus derechos.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista asistieron a la reunión el portavoz adjunto del Grupo Socialista Javier Alfonso Cendón, la portavoz de Trabajo, Elisa Garrido, y los diputados socialistas por Asturias Roberto García Morís y Mercedes Otero.

En el año 1866 Alfred Nobel logró dar con la fórmula exacta para crear la dinamita, un explosivo muy útil en una época de desarrollo del ferrocarril, que vino a sustituir a otros más peligrosos a la hora de efectuar voladuras.

Lo consiguió utilizando nitroglicerina líquida mezclada con tierra de diatomeas, una potente roca silícea absorbente. “La nitroglicerina explota por contacto. La mezcla con la diatomita (más específicamente con tierra de diatomeas) lo estabiliza y de ahí surgió la dinamita”, explica Pablo Higueras, catedrático de investigación minera en la Escuela universitaria politécnica de Almadén (Ciudad Real).

Hoy la industria utiliza materiales absorbentes más seguros y eficaces que la diatomita para fabricar dinamita, pero este elemento sigue despertando un gran interés comercial en todo el mundo.

El sur de la provincia albaceteña atesora la diatomita de mayor calidad de toda Europa (entre las de su mismo tipo, porque las hay de muchas clases), según los geólogos. El recurso minero se explota desde hace ya desde hace unos cien años en yacimientos lacustres (lagos o lagunas) entre Elche de la Sierra y Hellín, en minas a cielo abierto.

El origen de la primera concesión data de 1918, aunque los primeros desarrollos industriales son posteriores, primero con compañías españolas y después con multinacionales, hasta llegar al año 2005 con la implantación del gigante francés con sede en París, Imerys, a través de su filial Imerys Diatomita Alicante, S.A., tras un proceso de compra de Célite Hispánica S.A. que operaba en el lugar.

Explorar 52 kilómetros cuadrados en la Sierra del Segura

Ahora esta multinacional parisina quiere ampliar la zona extractiva, explorando algo más de 52 kilómetros cuadrados entre Socovos, Férez y Letur, población esta última conocida tristemente por las inundaciones tras las lluvias torrenciales en octubre de 2024.

Imerys ha solicitado permiso de investigación para el llamado proyecto ‘Rosario’ y la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete considera que la actuación propuesta es “ambientalmente viable”, y que los impactos producidos “serán mínimos”. También dice que el proyecto no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, agilizando así su desarrollo administrativo.

La diatomita, restos de algas microscópicas unicelulares

Pero, ¿qué es la diatomita y por qué ha suscitado tanto interés en el último siglo? El catedrático Pablo Higueras, que dirige el Instituto de Geología Aplicada de la UCLM explica que se trata de una roca sedimentaria formada partir de microfósiles, en concreto, de algas unicelulares acuáticas llamadas diatomeas.

Los caparazones de estas minúsculas algas se depositan al morir y terminan consolidándose para convertirse en un material compacto. “Su frústula o caparazón está compuesta de sílice. Es lo que conocemos como roca bioquímica y aparecen en contextos tanto de agua dulce como salada”.

En la provincia de Albacete se encuentran en territorio de antiguos lagos o lagunas. “Son antiguas cuencas lacustres que debieron ser de sedimentación tranquila, sin entrada de agua con alta carga de materiales turbios porque, para tener calidad al morir y acumularse, las diatomeas necesitan estar en un ambiente de aguas muy limpias, sin presencia de arenas o de arcillas que ejercen un efecto de impermeabilización”.

Hay más de 300.000 especies diferentes de diatomita, pero tienen una cosa en común: crean depósitos en grandes áreas y se caracterizan por su alta porosidad y permeabilidad. “Son como un colador, llenas de poros, y eso es lo que tengan interés para distintas aplicaciones”, dice el geólogo.

La diatomita es capaz de absorber hasta 2,5 veces su peso y además las propiedades térmicas de la sílice diatomácea, junto a la porosidad de las frústulas de las algas diatomeas convierten a esta roca en un potente aislante térmico, aunque sus utilidades van hoy en día mucho más allá.

Tanto, que el interés técnico y económico por parte de Imerys radica, según explica la empresa a elDiario.es Castilla-La Mancha en que “la diatomita es un recurso mineral estratégico, con aplicaciones industriales relevantes (filtración, cargas minerales, materiales aislantes…).

Imerys sostiene que cuenta con “instalaciones operativas y conocimiento técnico específico del recurso” y que ahora ha identificado en Albacete nuevas zonas en las que hay muchas posibilidades de encontrar formaciones que datan del Mioceno “con niveles ricos en diatomeas”.

La mayoría de los yacimientos de diatomitas de interés económico se desarrollaron desde el Terciario hasta el Holoceno. Si hablamos de los primeros usos industriales hay que remontarse a la antigua Grecia, donde se usaban para la construcción. Los romanos hicieron algo parecido.

“Durante todo el siglo XX se han sucedido repuntes en la producción y consumo de diatomitas relacionados con los principales conflictos bélicos”, señalaba un estudio publicado por especialistas en Geología la Universidad Complutense allá por 2011.

En España, los yacimientos de diatomita se localizan en Murcia y en parte de Andalucía, pero en la provincia de Albacete están los más importantes del país.

El proyecto ‘Rosario’ busca “evaluar el potencial de diatomita” en la Sierra del Segura. Se trata, dice Imerys, de “un programa de prospección y estudio diseñado para comprender mejor la calidad, el espesor y la continuidad de los estratos de diatomita identificados dentro del área del proyecto”. Y es que la empresa francesa busca dar continuidad a la actividad “histórica” en el sector que desarrolla tanto en Alicante como en Elche de la Sierra.

La hipótesis geológica que se investiga es que el yacimiento de Rosario podría pertenecer al mismo yacimiento mineral explotado históricamente en la región, caracterizado principalmente por la presencia de carbonato de calcio

Imerys

La zona de expansión está a unos 18 kilómetros del actual emplazamiento de Elche de la Sierra. “La hipótesis geológica que se investiga es que el yacimiento de Rosario podría pertenecer al mismo yacimiento mineral explotado históricamente en la región, caracterizado principalmente por la presencia de carbonato de calcio”, detallan fuentes de la empresa.

El permiso de exploración que acaba de concederse permitirá confirmar específicamente si existe o no esta similitud geológica.

Oposición institucional y de diversos colectivos al proyecto

El proyecto Rosario cuenta ya con el visto bueno del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero en el camino se ha topado con un destacado rechazo social e institucional.

Tanto los ayuntamientos de Férez como de Socovos se han opuesto argumentando no solo razones ambientales. Creen que una cantera no generaría beneficios económicos significativos para los municipios, pero que sí causarían graves problemas ambientales. Ambos consistorios señalaron su intención de impedir estas instalaciones cerca de los núcleos de población.

Además, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, presentó un informe negativo específicamente contra algunos de los sondeos por estar situados sobre el Canal Alto del Taibilla, algo que en su opinión pondría en riesgo la integridad de esta infraestructura de abastecimiento de agua que llega vía trasvase Tajo-Segura.

Desde el departamento de Cultura del Gobierno regional también se avisó de que algunos sondeos afectan a zonas de protección arqueológica de Férez y Socovos.

Después, organizaciones ambientales como la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) pidieron que no se autorizase la prospección debido a los “gravísimos impactos” sobre los valores naturales. Otros colectivos como la Asociación Cultural La Abejuela Aldea Viva y la Comunidad de Regantes Las Fuentes de Letur o el Club Deportivo básico Socovos advirtieron de “riesgos” para los recursos hídricos (manantiales y fuentes) utilizados para el consumo humano y agrícola: temen que puedan ser contaminados por las perforaciones. Y finalmente, la Asociación Pueblos Vivos del Segura sostiene que las futuras explotaciones a cielo abierto causarían alteraciones irreparables en el desarrollo económico y turístico de la zona, además de riesgos para la flora, fauna y la calidad del agua potable.

El Gobierno regional se mostraba asombrado en la resolución que da luz verde ambiental al proyecto al asegurar que es “una movilización ciertamente sorprendente, teniendo en cuenta, que sucede en torno a una primera fase de investigación minera, y que no se trata de proyectos de explotación”.

Es una movilización ciertamente sorprendente, teniendo en cuenta, que sucede en torno a una primera fase de investigación minera, y que no se trata de proyectos de explotación

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete

Por su parte, la empresa asegura que “todos los trabajos de exploración se realizan dentro de un marco legal y normativo estricto, de acuerdo con las autorizaciones y procedimientos aplicables”. En este sentido, Imerys subraya, en declaraciones a este medio, que “implementará rigurosamente todas las recomendaciones” incluidas en la resolución del Gobierno regional que ha visto la luz este mismo mes de mayo.

También añade que “las actividades de exploración se limitarán al perímetro autorizado y excluirán las zonas identificadas como sensibles por las autoridades competentes” y que ha iniciado “un proceso de intercambio de información y diálogo con los agentes locales”, que se traducirán en reuniones con colectivos en concreto y también convocatorias informativas públicas.

¿Para qué usarán la diatomita?

Imerys explica que la diatomita es un material natural con propiedades físicas “únicas” por su porosidad, su baja densidad y alta capacidad de absorción. La que se extrae en Albacete “posee características específicas que le permiten satisfacer las necesidades de diversos sectores industriales”.

No solo se utiliza como agente matificante en pinturas, como agente antiadherente para películas poliméricas y en la fabricación de moldes dentales, sino que tiene aplicaciones en los sectores del caucho, la agricultura y la alimentación animal (se usa como compuesto en los piensos).

Además, se usará para purificar líquidos eliminando partículas en suspensión, y se emplea principalmente en el tratamiento de aceites comestibles, aceites minerales y en la producción de aluminio. Sin embargo, matiza, “su contenido natural de caliza la hace inadecuada para la filtración de cerveza, vino o azúcares”, como ocurre con las diatomeas de otros lugares.

Pablo Higueras recuerda que las diatomitas tienen también usos vinculados al sector farmacéutico y son un buen soporte para los fertilizantes que se utilizan en el ámbito agrario. “No es un fertilizante como tal, pero sí tiene aplicaciones en agricultura para mejorar suelos”. Pueden ser incluso útiles en los procesos de perforación de pozos petrolíferos.

Los trabajos no comenzarán al menos hasta finales de año

La empresa no prevé empezar los trabajos al menos hasta dentro de seis meses. “Aún se deben completar varios pasos administrativos y preparatorios”, señalan, antes de comenzar a explorar. En concreto, faltan autorizaciones operativas del departamento provincial de minería, la organización logística de las campañas de exploración y otros detalles técnicos.

Imerys recuerda que la zona de Elche de la Sierra “cuenta con una larga tradición minera relacionada con la diatomita, que se remonta a 1886”. La empresa cuenta con nueve concesiones activas en la zona: cinco lo son con vigencia hasta 2038 y otras cuatro (en la misma cantera, pero con permisos diferentes) también con concesión habilitada hasta 2038.

No hubo sorpresas y finalmente el PSOE se ha desmarcado del resto de los grupos políticos y ha votado en contra del dictamen definitivo de la comisión parlamentaria de investigación del accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025.

Ese día, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez perdieron la vida y otros cuatro compañeros resultaron heridos por una explosión de grisú en la explotación minera cuando extraían carbón siguiendo las instrucciones de la empresa propietaria -Blue Solving- en una actividad calificada como “clandestina” por el director general de Energía y Minería de Asturias, Javier Cueli, ya que no disponía de licencia para este uso.

La argumentación socialista

El diputado socialista Jacinto Braña ha justificado su voto en contra en el hecho de que, en su opinión, este dictamen plantea “defectos estructurales” al centrarse en la búsqueda de responsabilidades jurídicas o administrativas, y no políticas como corresponde a una comisión parlamentaria.

Braña ha explicado que el documento “no contiene una secuencia en donde se pueda determinar una decisión política que haya conducido al accidente que hemos investigado”.

La petición de ceses

El documento reprueba y reclama ceses/dimisiones de cuatro exconsejeros de Industria durante periodos de gobiernos socialistas de Javier Fernández y Adrián Barbón.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los funcionarios

En este documento también se señala directamente a otros tres funcionarios: Santiago Berjano, Alberto Quirino y Gonzalo Martín Morales.

El texto definitivo considera que las siete personas -identificadas con nombres y apellidos- tienen que ver directamente “por acción u omisión con el clima de fallo sistémico que se generó”, según sostiene la presidenta de la comisión parlamentaria, Covadonga Tomé.

Las consecuencias

Con este documento, confían en que tanto Enrique Fernández como Nieves Roqueñí sean cesados de sus cargos públicos, mientras que en el caso de los funcionarios, Tomé cree que “lo ideal” sería que no volvieran a ocupar cargos de responsabilidad, al menos durante un periodo determinado.

Ningún diputado o diputada de los demás grupos políticos con representación parlamentaria dudaba de que el PSOE iba a ser el único que no iba a aceptar las conclusiones de la comisión, que además de incluir la exigencia de responsabilidades que deben concretarse en ceses y dimisiones, también aborda la concesión de ayudas a las víctimas del accidente de Zarréu de 2025 y a las del registrado en la misma explotación en 2022 que se saldó con un trabajador fallecido y otro herido.

La propuesta

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la comisión de investigación, que había sido adelantada el pasado mes de abril.

El dictamen había quedado cerrado el pasado viernes y solo tenía pendiente la redacción definitiva. Una vez aprobado con el voto favorable de PP, Vox, Convocatoria por Asturias-IU y el Grupo Mixto, y el único rechazo del PSOE, ahora se abre un plazo de quince días para la presentación de votos particulares.

El último pleno

La previsión es que el dictamen sea aprobado en el último pleno de la Junta General del Principado de Asturias, ha confirmado la presidenta de la comisión, la diputada Covadonga Tomé.

Tomé ha remarcado que el objetivo de esta comisión fue el de “esclarecer los hechos” y “dirimir responsabilidades políticas y de la administración” tanto en el accidente del año pasado como el registrado en el misma mina en 2022, cuando falleció un trabajador y otro resultó herido grave, así como hacer propuestas para evitar que algo así pueda repetirse y pedir la concesión de ayudas a las familias de la víctimas.

Ayudas a las familias

El texto incorpora además la exigencia de habilitar una línea de ayudas específica para las víctimas de los accidentes registrados en la mina de Zarréu en 2022 y 2025 sin que tenga la consideración de adelanto de las indemnizaciones que pudieran corresponder a las familias de las víctimas.

La reunión de este lunes ha servido para corregir errores formales y ortográficos. Covadonga Tomé ha señalado que la toponimia fue el aspecto que más se ha debatido, ya que se dice Zarréu en asturiano, algo que chocaba con el nombre del grupo empresarial que gestionaba la explotación: Grupo Cerredo.

Al menos 82 personas han muerto en una explosión de gas ocurrida este viernes en la mina Liushenyu, en la provincia china de Shanxi (centro), en uno de los accidentes mineros más graves de los últimos años en China.

El accidente se produjo a las 19:29 hora local de este viernes (11:29 GMT) en una explotación situada en el distrito de Qinyuan, donde trabajaban 247 personas en el momento del siniestro y donde continúan las labores de rescate, según la agencia oficial Xinhua.

La cifra de muertos aumentó a lo largo de la jornada: en un primer balance divulgado en la mañana del sábado, las autoridades habían informado de 8 fallecidos, 201 personas evacuadas con vida y 38 atrapadas bajo tierra, antes de elevar el número de víctimas mortales primero a “más de 50”, después a más de 80 y hasta llegaron a cifrarlo en 90 fallecidos. Finalmente, dos días después, las autoridades redujeron chinas redujeron de 90 a 82 el balance.

Las autoridades no han detallado por ahora las circunstancias concretas en las que se produjo la explosión ni el estado de las personas que seguían sin ser localizadas, aunque sí han indicado que las tareas de rescate seguían en marcha.

En paralelo, Xinhua indicó que una persona responsable de la empresa propietaria de la mina había quedado “bajo control de las autoridades”, en un movimiento que apunta al inicio de la depuración de posibles responsabilidades por el siniestro.

Tras conocerse el accidente, el presidente chino, Xi Jinping, pidió intensificar las tareas de búsqueda, atender a los heridos, investigar las causas del suceso y exigir responsabilidades. El viceprimer ministro Zhang Guoqing se desplazó al lugar para supervisar las labores de rescate y la gestión posterior al accidente, el más grave desde la explosión de 2009 en la mina de Heilongjiang, en el extremo norte del país, que dejó 108 muertos.

Las minas de carbón, material con el que China genera en torno a un 60% de su energía, siguen registrando una alta siniestralidad, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido de manera significativa.

El sector minero chino registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, cifra que sin embargo supuso un descenso del 53,6 % con respecto al lustro anterior, según datos oficiales. 

Oroberia ya he presentado al Gobierno de Castilla-La Mancha la documentación para seguir adelante con su proyecto minero para buscar oro y otros metales en casi 15.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara.

Así se lo ha confirmado en una reunión mantenida este jueves la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara a la Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte, integrada por alcaldes, asociaciones, colectivos y vecinos de los municipios en cuyos términos municipales se ejecutarían los planes de la empresa Oroberia.

Por tanto, la Administración regional ya ha recibido la documentación correspondiente al proyecto único (el original había sido troceado en tres partes) y que se había solicitado a la empresa promotora. Los servicios técnicos competentes de Desarrollo Sostenible están analizándolo “con el fin de comprobar si reúne los requisitos necesarios para su tramitación dentro del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria”, según explica la Delegación Provincial de Desarrolloso Sostenible y plataforma ciudadana en un comunicado conjunto.

Una vez revisada técnicamente la documentación y comprobado que cumple con las exigencias legales, el proyecto se someterá al correspondiente trámite de información pública y consultas, garantizando la participación de los ayuntamientos afectados, colectivos, asociaciones y personas que ya formularon alegaciones en fases anteriores.

Los informes municipales “tienen carácter preceptivo”

No han trascendido de momento más detalles de este segundo intento de Oroberia de sacar adelante su proyecto minero, después de que fuera rechazado en noviembre por el Gobierno regional el primer permiso que solicitó la empresa, en el que dividía en tres su proyecto.

Con esta fragmentación, Oroberia pretendía que la evaluación de impacto ambiental a la que se sometería fuera más simple y rápida. Pero el Ejecutivo castellanomanchego resolvió que, si Oroberia quería seguir adelante con sus planes mineros, tendría que presentar un único proyecto que se sometería a un 'examen' de impacto ambiental más exigente y minucioso.

La Delegación Provincial ha trasladado a los representantes municipales, colectivos y vecinos y vecinas que el procedimiento se tramitará “con todas las garantías ambientales, jurídicas y de participación pública”. Ha recordado, además, que la normativa autonómica de evaluación ambiental, tras la modificación introducida por la Ley 1/2024, refuerza expresamente la participación de los ayuntamientos en estos procedimientos.

En este sentido, los informes municipales sobre la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y sobre la afección socioeconómica, incluidos sus posibles efectos sinérgicos con otros proyectos y actividades relevantes del municipio que pudieran verse afectadas, “tienen carácter preceptivo y resultan fundamentales” dentro del proceso de evaluación ambiental.

Por su parte, la plataforma ciudadana trasladó durante el encuentro su oposición a los proyectos de investigación minera, así como su preocupación por los posibles impactos sociales, económicos, paisajísticos y ambientales que estas actuaciones podrían generar en el territorio.

Continúan las charlas de sensibilización en los pueblos de la zona

Esta noticia conllevará que la Plataforma refuerce su campaña de sensibilización en los pueblos de la zona donde Oroberia quiere ubicar su proyecto minero. Este mismo sábado a las 18:30 horas se realizará una en Cendejas del Padrastro, localidad en cuyo término municipal no se verá afectado, pero “que ha estado desde un principio muy pendiente, muy implicado y colaborando”, explica Javier Cantero, alcalde de La Toba, que será uno de los ponentes en la charla.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Cantero explica que, en estos encuentros, se informa a los asistentes del proyecto de Oroberia y los pasos que ha ido dando la Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte.

“Me acuerdo que la primera reunión que tuvimos fue en Naharros a principios del mes de septiembre del año pasado. Había una desinformación total porque no teníamos ni idea de nada porque nos había caído la bomba encima hace pocos días y estábamos todos despistados. Pero luego, en todas las reuniones que hemos ido teniendo a partir de entonces, la presencia ha sido masiva de gente y el apoyo que hay es total”, recuerda el alcalde.

El trabajo de la comisión parlamentaria constituida para investigar las posibles responsabilidades políticas que pudieran existir en el accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos, ha concluido este viernes con un amplio grado de consenso de todos los partidos políticos, a excepción del PSOE que se ha desmarcado del resultado.

El dictamen final mantiene la reprobación de las siete personas que con anterioridad habían sido señaladas por su responsabilidad, entre las que figuran cuatro exconsejeros de Industria del Principado y tres altos funcionarios.

Los exconsejeros socialistas

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de otros tres altos funcionarios.

El dictamen también apunta por su presunta responsabiliad a los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y al asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

El clima de trabajo

En el dictamen final de la comisión parlamentaria tampoco ha variado la propuesta de ayudas a las familias de los fallecidos y a los heridos graves, tanto en el accidente de 2025 como en el ocurrido en 2022, donde fallecieron otros dos mineros.

La diputada Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión, si bien se ha mostrado muy satisfecha tanto con el clima de trabajo como con el resultado obtenido, no ha obviado los obstáculos que, según asegura, puso en el camino el PSOE con una “falta de actitud constructiva”.

El texto sale “mejorado”

En su análisis, Tomé ha explicado que “hubo días más tensos y días menos tensos, pero en general el ambiente fue proactivo, de colaboración y con verdadera intención de enriquecer el dictamen”.

Ese ambiente “proactivo” facilitó que, según la diputada, el texto saliera “mejorado” respecto al borrador inicial gracias a las incorporaciones de otros grupos parlamentarios.

Ayudas “directas e inmediatas”

Tomé ha asegurado que el tema de las ayudas económicas es “una parte fundamental del dictamen”, si bien ha contrapuesto esta posición general a la socialista, cuya propuesta genérica de apoyo a accidentes laborales a partir de 2025 “excluiría a las víctimas del accidente ocurrido en 2022, que se saldó con un fallecido y un herido”.

No obstante, tras una corrección en la redacción, estas ayudas “no tendrán carácter de adelanto sobre futuras indemnizaciones judiciales, sino que constituirán -ha señalado- una ayuda directa e inmediata”.

Las críticas a los socialistas

El dictamen ya fue aprobado en comisión con el voto en contra del PSOE, lo que ha llevado a la diputada a pensar que podrá salir adelante en el pleno “con una amplia mayoría”.

Tomé ha tildado el comportamiento del PSOE de “hostil, rayando la pataleta”.

Las reacciones de los partidos

Al término de la reunión, los representantes de los demás grupos políticos también han hecho su propia valoración.

El PSOE, por el momento, no se ha pronunciado sobre el voto particular que previsiblemente presentará al texto en el plazo de quince días que se abrirá el lunes.

Para el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, las posiciones “opuestas” entre su formación y el PSOE en torno al dictamen debe verse “con normalidad democrática” y sin que comprometa la estabilidad del Gobierno pese a que, a juicio del socialista René Suárez, el texto sale adelante “con correcciones sobre correcciones” y sin atender al criterio de los letrados y dejando abierta la puerta a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

El caos “sistemático”

Para el diputado popular Rafael Alonso, el dictamen evidencia tanto que la comisión parlamentaria era necesaria pese a la oposición inicial del PSOE como el “caos sistémico” en la administración que posibilitó que la empresa concesionaria del yacimiento estuviera extrayendo carbón pese a carecer de autorización para ello.

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha lamentado que el PSOE “se autoexcluyera” del consenso al no participar, según ha dicho, en la búsqueda de acuerdos sobre el texto final, y ha criticado que el principal grupo de la Cámara actuase “como que esto no va con él” frente al resto de los grupos que “han estado a la altura”.

Las responsabilidades

Vox ya ha avanzado su renuncia a presentar un voto particular al darse por satisfecho con la redacción del texto pese a que finalmente no reclame responsabilidades del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, ni del presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón.

El texto mantiene la exigencia de responsabilidades políticas tanto para los cuatro exconsejeros socialistas, que deberán sustanciarse “y no limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses”, como para los tres altos funcionarios de la administración autonómica.

El cuestionamiento de los letrados

Esa mención a los empleados públicos fue cuestionada por los letrados de la Cámara y los grupos han buscado una redacción que evite el riesgo de que la Junta General vuelva a ser amonestada por el Tribunal Constitucional (TC), como ya ocurrió con la comisión que investigó al Gestor de Infraestructuras por vulnerar su derecho a la presunción de inocencia en caso de que presenten un recurso de amparo.

Los letrados de la Cámara redactarán ahora el texto final del dictamen para que el próximo lunes, a las 10 horas, se reúna de nuevo la comisión para su aprobación y posterior elevación a pleno, que lo debatirá y votará a lo largo del mes de junio.

La Sierra Norte de Guadalajara continúa su lucha contra el proyecto de minas que la empresa Oroberia quiere sacar adelante para buscar oro y otros metales en varias parcelas de este entorno natural de alto valor ecológico que suman una superficie de casi 15.000 hectáreas.

Después de participar la semana pasada en un encuentro en Bruselas con una veintena de organizaciones contra el extractivismo de América Latina y Europa, la Plataforma Valle Cañamares–Sierra Norte, un movimiento ciudadano contrario a los proyectos mineros planteados en esta zona de la provincia de Guadalajara, se reunirá este próximo jueves con Rubén García Ortega, delegado provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.

En este encuentro, la plataforma quiere que el Gobierno de Castilla-La Mancha se posicione ante el proyecto de Oroberia, la empresa promotora, y les explique qué compromisos están dispuestos a asumir.

Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción Guadalajara, explica en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que mostrarán al delegado “que toda la comarca está en contra”, y le pedirán que les apoye “en todo lo posible” desde el punto de vista legal.

También le preguntarán si hay alguna novedad en la tramitación del proyecto, ya que, tal y como reveló este medio, la empresa tiene la intención de continuar adelante con el proceso y presentará de nuevo el proyecto al trámite de evaluación ambiental. Esta vez lo hará de forma íntegra, tras haber denegado la Delegación de Desarrollo Sostenible el intento de Oroberia de lograr una evaluación simplificaba troceando el proyecto en tres partes.

Oroberia ya calificó como “positivo” el debate suscitado, pero defiende su proyecto. Mientras, desde los colectivos en contra de la iniciativa tratan también de reunirse con la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez. De momento no hay respuesta, según confirma Alberto Mayor.

“Se piensan que no va a haber respuesta”

Al respecto del II Encuentro Internacional de Pueblos Contra el Extractivismo en el que participó la plataforma la semana pasada en Bruselas, Mayor traslada que han obtenido conclusiones “bastante positivas” por varios motivos.

“En primer lugar, porque nos hemos puesto en contacto con movimientos de otros lugares del planeta y también de nuestro país”, explica. Allí pudieron intercambiar experiencias con líderes del Frente Nacional Antiminero y Ecuarunari (la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador); del Congreso de los Pueblos, USO y CUT de Colombia; de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec de México; y del Observatorio Petrolero Sur y Marabunta de Argentina.

También han intercambiado impresiones con activistas de las resistencias a los proyectos mineros en el Estado español, en especial de comunidades autónomas con proyectos declarados estratégicos por la Unión Europea como los de Galicia, Andalucía y Extremadura. “Estamos todos en las mismas luchas y hemos intercambiado nuestras experiencias en cada lugar”, añade Mayor.

Hay una propuesta para modificar la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea para que sea más sencillo autorizar proyectos no solamente de minería, sino otros como los centros de datos o las plantas de biogás y de biometano

Alberto Mayor — Ecologistas en Acción Guadalajara

El portavoz ecologista también aplaude la reunión mantenida en Bruselas con dos eurodiputados españoles, Ana Miranda, del Grupo de los Verdes, y Nicolás González Casares, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Los participantes se mostraron “muy preocupados” por las directivas europeas que se quieren modificar para hacer más fácil la aprobación de proyectos mineros como el que se cierne sobre la Sierra Norte de Guadalajara.

“Hay una propuesta para modificar la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea para que sea más sencillo autorizar proyectos no solamente de minería, sino otros como los centros de datos o las plantas de biogás y de biometano. Están intentando modificar esa legislación porque muchas veces es un freno o alarga los procedimientos de estos proyectos que se solicitan”, explica Alberto Mayor.

Sobre la propuesta de modificar la Directiva Hábitats de la Unión Europea, el portavoz de Ecologistas en Acción explica que se pretende declarar proyectos mineros como “estratégicos” para que no impida su realización que estén en un espacio protegido como la Red Natura 2000.

También mostraron a los dos eurodiputados su “pesimismo y oposición” por la declaración de los Minerales Estratégicos de la Unión Europea. “Es lo que nos está llevando a toda esta lluvia de proyectos, de permisos de investigación y de futura explotación”, lamenta Mayor, que reconoce que hay minerales que “son necesarios para el desarrollo” de muchos productos tecnológicos, pero considera que primero habría que optar por otras fuentes, como lograr el pleno reciclado de todos los minerales ya presentes en dispositivos fabricados.

Raúl García fue la persona que acudió a este encuentro en representación de la plataforma guadalajareña. En declaraciones a este medio, comenta que en Bruselas ha defendido que los impulsores del proyecto minero en la Sierra Norte de Guadalajara “se quieren aprovechar” de un territorio con una densidad muy baja de población. “Se piensan que no va a haber una respuesta social, pero sí la está habiendo. Estamos plantando cara y elevando toda esta reivindicación hasta Europa o hasta donde haga falta”, afirma.

“Un proyecto minero como este puede suponer un atropello ecológico, pero está demostrado que ni económicamente ni socialmente va a mejorar nuestro territorio. Al final lo único que sirve es como espacio de extracción de recursos para llevarlo a otros y facilitar la ganancia de las grandes corporaciones”, concluye García.

Continúan las charlas de sensibilización

Además de estas recientes acciones institucionales, la Plataforma Valle del Cañamares-Sierra Norte continúa trabajando sobre el terreno para llevar su campaña de charlas informativas a diferentes pueblos.

La próxima se realizará este sábado 23 en Cendejas del Padrastro, un pueblo cuyo término municipal no se vería directamente afectado por el proyecto de Oroberia, pero que está muy cerca de Pinilla y de Medranda, que sí lo serían. A esta le seguirán otros encuentros en el mes de junio en Cercadillo y Ríofrío del Llano, respectivamente.

El accidente minero de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, el 31 de marzo de 2025, ha sido determinante a la hora de rescatar el Servicio de Seguridad Minera, suprimido en 2019 y que ha sido recuperado siete años después con la aprobación este lunes del decreto que permitirá de nuevo su puesta en marcha.

La medida, que había sido anunciada hace cinco días por el presidente del Ejecutivo autonómico asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha obtenido el visto bueno del Consejo de Gobierno.

Del luto a la responsabilidad

El siniestro en la mina de Zarréu llenó de dolor a las familias de las víctimas, sembró de luto a Asturias y provocó un auténtico tsunami político en el Parlamento asturiano con la apertura de una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas y administrativas que pudieron haber influido en el accidente, mientras de forma paralela el juzgado de Cangas del Narcea seguía adelante con la instrucción de la causa.

El procedimiento penal se seguirá contra el empresario Jesús Rodríguez Morán, 'Chus Mirantes', su mujer, Ana María Rodríguez, su hijo Adrián y el director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas.

Los delitos imputados

Los cuatro investigados han sido imputados como presuntos autores de cinco delitos: homicidio por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.

El dictamen provisional de la comisión de investigación está levantando auténticas ampollas entre los partidos con representación parlamentaria, tras la advertencia del Letrado Mayor de la Junta General del Principado, quien ha advertido de que podría incurrir en elementos de inconstitucionalidad al citar con nombres, apellidos y cargos a las personas -tanto políticos como altos funcionarios- a los que considera que se debe reprobar e incluso cesar.

Una fusión ahora anulada

El Consejo de Gobierno se reunió este lunes y, entre otras actuaciones, aprobó el decreto que permitirá recuperar el Servicio de Seguridad Minera, con el que se da marcha atrás a la fusión de servicios realizada poco después de la formación del primer Ejecutivo autonómico de Barbón.

Esta es además una de las medidas que figura entre las recomendaciones del informe emitido por la Inspección General de Servicios tras haber analizado el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz del accidente mortal en Zarréu.

Recomendaciones de la Inspección

Al término del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión se celebró en el concejo de Siero, se ha anunciado la recuperación del Servicio de Seguridad Minera que se ha presentado como uno de los principales puntos del Plan Regenera, que avanzó ya en abril el presidente asturiano y del que se ha recalcado que él mismo fue quien lo encargó a raíz del accidente de Zarréu.

“El Ejecutivo no sólo hizo suyas todas las recomendaciones de la inspección, sino que las amplió con otros compromisos”, señalan desde el Gobierno asturiano.

Cambios que lleva implícitos

La recuperación del Servicio de Seguridad Minera requiere la modificación de la estructura de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, de la que es titular Borja Sánchez, y también implicará cambios en la Dirección General de Energía y Minería, que quedará integrada por cuatro órganos: Servicio de Minas, Servicio de Seguridad Minera, Servicio de Gestión Energética y Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Entre las funciones que recaerán sobre el Servicio de Seguridad Minera figura el control de las condiciones de seguridad y salubridad en explotaciones y yacimientos, la asunción de las actuaciones administrativas de inspección y sanción y la prevención de riesgos.

Otras competencias

También estarán entre sus competencias la expedición de las certificaciones de aptitud para determinadas profesiones, la coordinación de los programas de formación y seguridad y la elaboración de los planes generales de inspección.

El Gobierno autonómico tiene previsto que en cuanto se cubra esta jefatura de servicio, se inicie la elaboración del programa de inspecciones.

El control sobre los PIC

El Plan Regenera incluye varias líneas de trabajo agrupadas en cuatro bloques: normativas, de investigación interna, de organización interna y de mejora de la coordinación interna y entre administraciones.

Su desarrollo sigue el cronograma previsto, según ha confirmado el Principado. Así, además de la recuperación del Servicio de Seguridad Minera, se están ultimando las instrucciones que elevarán el control sobre los proyectos de investigación complementaria (PIC) y la transmisión de derechos mineros.

Controles mineros “sin previo aviso”

Asimismo se han redactado los pliegos del contrato para actualizar el catastro minero. Además, está en marcha el diseño de nuevas aplicaciones para que las empresas comuniquen a la Administración sus planes de labores de manera electrónica y para que se procesen por vía digital los datos de los accidentes.

Esta medida se suma a otras actuaciones puestas en marcha desde el siniestro de Zarréu, como el refuerzo del personal del juzgado de Cangas del Narcea, la realización de controles mineros sin previo aviso o el encargo del informe de la Inspección General de Servicios.

“Europa aún no es capaz de implementar la transición verde a gran escala sin aumentar su dependencia de las cadenas de suministro chinas”, ha resaltado este jueves el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi al recibir el Premio Internacional Carlomagno, que reconoce a personas por su contribución a la unidad europea. La guerra de Irán ha impulsado la estrategia de la Unión Europea para reducir al máximo posible la dependencia de los combustibles fósiles, pero ha desvelado con más intensidad la supeditación de Europa de los minerales críticos y tierras raras que controla China.

No son solo materias primas necesarias para la transición verde (vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas), también son indispensables para sectores como la atención médica, las redes de energía y las telecomunicaciones, ya que son esenciales en productos electrónicos, magnéticos y ópticos así como en semiconductores utilizados en comunicaciones civiles y militares.

Desde que el líder chino Deng Xiaoping, a principio de los años 90 del siglo pasado, marcó la línea a seguir con su frase: “Oriente Medio tiene petróleo. China tiene tierras raras”, el gigante oriental lleva años copando la extracción y refinado de estos minerales, que necesitan de un proceso técnico complejo e intensivo en energía para su utilización industrial, ante la tranquila mirada de Europa cuyos empresarios abrazaban la estrategia de externalizar procesos sin evaluar las consecuencias geopolíticas. Ahora China es el principal productor de 20 materias primas críticas: representa el 70% de la minería global y el 90% de la capacidad de procesamiento de estos materiales en el mundo.

La verdadera cara de la amenaza llegó cuando el 4 de abril de 2025, como respuesta a la ofensiva arancelaria del presidente de EEUU, Donald Trump, y a las tensiones crecientes por las tasas europeas a los automóviles eléctricos chinos, Pekín impuso controles a la exportación de tierras raras que convulsionó a los fabricantes de todo el mundo. China anunciaba al mundo que utilizaba su control sobre minerales críticos y tierras raras como un arma.

La Unión Europea ha elevado su guerra comercial contra China tras la decisión de vetar proyectos de energías renovables con fondos de la UE que contengan piezas chinas ante la necesidad de la UE de reducir los riesgos de posibles ciberataques y de dependencia económica. Sin embargo, un conflicto comercial con China puede reeditar el freno a la exportación de minerales críticos a Europa, lo que puede provocar graves perjuicios para la industria y la defensa de la UE.

Minerales críticos: “una poderosa arma geoeconómica”

El EU Institute for Security Studies, el think tank oficial de la UE encargada de analizar temas de política exterior, seguridad y defensa, ha realizado un informe bajo el título de 'Los materiales críticos como arma de Pekín' en el que resalta que “China ha convertido su monopolio sobre la minería y refino de materias primas críticas (como tierras raras, galio y germanio) en una poderosa arma geoeconómica” y que los controles de Pekín sobre estos materiales “actúan como un elemento de disuasión”.

La restricción de suministros por parte de China tiene un impacto tremendo en Europa, según este informe. Por un lado, puede provocar la interrupción de la producción de las fábricas, ya que la escasez de materiales obliga a empresas europeas, como pasó en el último parón con el sector automovilístico y tecnológico, a agotar sus inventarios, lo que encarece los costos de producción y provoca paros industriales.

Además, supone una trampa de deslocalización, ya que con la amenaza de limitar las licencias de exportación de componentes críticos, Pekín presiona a las industrias europeas para que trasladen sus centros de producción de alto valor añadido a China para poder acceder a los materiales sin restricciones.

El EU Institute for Security Studies no duda en calificar como “coerción política” la concesión de licencias de exportación por parte de China como moneda de cambio para forzar a la UE a cambiar sus políticas comerciales.

“El esqueleto del equipo militar moderno”

Pero además, en tiempos de rearme europeo ante la amenaza latente de Rusia y el abandono de Estados Unidos de la seguridad europea, la utilización de esta arma por Pekín incrementa las vulnerabilidades para la defensa de la UE. El EU Institute for Security Studies recuerda que las materias primas críticas son “el esqueleto del equipo militar moderno”: El galio es esencial para radares y sistemas de comunicación; el germanio para imágenes térmicas y visión nocturna; y las tierras raras son necesarias para la fabricación de cazas, helicópteros, drones, submarinos y misiles. China se ha negado categóricamente a otorgar licencias de exportación a Europa para cualquier uso final militar, lo que debilita los esfuerzos de rearme europeo y limita su capacidad para producir armas.

Un freno total a la exportación de estos materiales críticos provocaría que Europa agotaría rápidamente sus reservas estratégicas, paralizando su capacidad de fabricar municiones y armas, lo que supondría que la UE perdería su capacidad de disuasión frente a Rusia.

El think tank europeo apunta que el sistema de licencias de exportación de China “exige a las empresas europeas revelar información altamente confidencial”. Esta medida permite a Pekín “mapear las redes de suministro de la industria de defensa europea e identificar sus eslabones más débiles para posibles sabotajes físicos o cibernéticos en el futuro”.

Europa necesita innovar para mantener una ventaja cualitativa militar que compense la superioridad numérica de sus posibles adversarios, con vistas a Rusia. Sin embargo, el informe revela que la escasez inducida de estos materiales “ralentiza la investigación y el desarrollo europeo en tecnologías emergentes disruptivas como inteligencia artificial, computación cuántica y fotónica).

Finalmente, en un escenario de escasez extrema, el EU Institute for Security Studies advierte de que Estados Unidos o Japón podrían verse tentados a priorizar sus propios inventarios nacionales para abastecer exclusivamente a sus industrias de defensa, dejando a Europa desabastecida y fragmentando la cohesión aliada.

De hecho, uno de los temores que corre por los pasillos de las instituciones europeas es que en la visita que está realizando Donald Trump a China, el presidente de EEUU llegue a algún tipo de acuerdo con Xi Jinping sobre materiales críticos que deje fuera de juego a la UE. Según la Casa Blanca, Estados Unidos es “100% dependiente de las importaciones” de al menos 15 minerales críticos y el 70% de sus compras de tierras raras proviene de China.

Trump ya puso en grave riesgo las relaciones transatlánticas con su obsesión por anexionarse Groenlandia, un territorio danés rico en minerales críticos. Aunque la UE y EEUU acordaron el pasado mes de abril poner en marcha un plan de acción “para construir cadenas de suministro de minerales críticos seguras y sostenibles” la desconfianza entre ambas partes es evidente.

Con las relaciones comerciales entre la UE y EEUU golpeadas por la política que ha seguido Trump de aranceles, en el acuerdo firmado por ambas partes se van a estudiar instrumentos para reforzar acciones coordinadas como “precios mínimos ajustados, mercados basados en normas, subvenciones para cubrir brechas de precios y acuerdos de compra garantizada”.

El informe del EU Institute for Security Studies advierte que si Europa quiere solucionar este reto en solitario “fracasará” por el alto coste, las regulaciones y la falta de reservas. Con esta premisa, el think tank europeo propone que la UE coordine urgentemente fondos estatales, compras públicas estratégicas y aranceles conjuntos junto con sus socios del G7 además de países como Corea del Sur, Australia o Canadá, y que diseñe una estrategia que explote las dependencias de China para utilizarlas como política de disuasión.

La Junta de Castilla y León ha dado este miércoles carpetazo a uno de sus propios proyectos mineros, muy polémico por situarse en plena Sierra de la Culebra de Zamora, en la comarca de Sanabria, y a escasa distancia de Portugal, un país donde se había generado un amplio rechazo por afectar a zonas protegidas. La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado la denegación de la autorización ambiental de la mina a cielo abierto de estaño y wolframio denominada Valtreixal, solicitada en el año 2009 por la sociedad Valtreixal Resources Spain, filial del grupo de origen canadiense Almonty Industries.

La explotación pretendía ocupar 246 hectáreas en los términos municipales de Pedralba de la Pradería y Cobreros, proyectaba una mina a cielo abierto con una vida útil de 17 años. Su localización concreta se situaba en plena Red Natura 2000, en el Lugar de Interés Comunitario 'Sierra de la Culebra', a 4 kilómetros aguas arriba del Parque Natural del Montesinho, en Portugal, y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, hogar del lobo ibérico.

La Junta de Castilla y León ha concluido con una negativa la solicitud de autorización ambiental presentada en el año 2019 “por entender que el proyecto podría suponer afecciones e impactos severos a los valores naturales con los que coincide en un amplio territorio transfronterizo, resultando ambientalmente inviable, tal y como se ha puesto de manifiesto en el análisis técnico efectuado y, en especial, en la valoración realizada desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en su informe relativo a las afecciones al medio natural, así como en el resultado de las consultas transfronterizas realizadas al Estado de la República de Portugal”.

La resolución, firmada por el consejero en funciones Juan Carlos Suárez-Quiñones, califica el proyecto como “ambientalmente inviable”. Los informes técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal advirtieron que la mina causaría perjuicios irreparables a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, específicamente a las Zonas de Especial Conservación (ZEC) 'Riberas del Río Tera y afluentes' y 'Sierra de la Culebra'.

El proyecto contemplaba una capacidad de procesado de 500.000 toneladas anuales de mineral durante 17 años. De este volumen, se estimaba una producción anual de entre 770 y 1.300 toneladas de concentrados de wolframio y entre 500 y 620 toneladas de concentrados de estaño.

Un proyecto impulsado por la propia Junta de Castilla y León

La controvertida mina a cielo abierto era, en realidad, un proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la sociedad mixta Siemcalsa, que se hizo con los derechos mineros en el año 2006 de una explotación concedida en 1978 pero que nunca se llevó a cabo. Los orígenes mineros de la zona se datan a finales del S. XIX y en 1932 hubo una explotación de wolframio denominada Alto Calabor.

En el año 2013 la multinacional Almonty Industries firma un acuerdo de opción de compra con SIEMCALSA para adquirir el 51% del proyecto, del que se hizo con la totalidad en el año 2017. El 1 de abril del 2019 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la solicitud de declaración de impacto ambiental del llamado proyecto minero Valtreixal.

En el 2020 la Junta de Castilla y León presumía en una nota de prensa del impulso del proyecto mediante la aprobación de las Normas Urbanísticas de Pedralba de la Pradería. Aseguraba el gobierno autonómico entonces que “Este proyecto empresarial supondrá un revulsivo importante para la zona con la creación de 200 puestos de trabajo directos y casi 400 indirectos”. Las nuevas normas contemplaban autorizar el uso del suelo solicitado para el proyecto, que contemplaba una inversión de 42.357.000 dólares “en una zona y una provincia que necesita de empresarios y empresas que crean en los recursos que genera nuestra tierra”, recalcaba la Delegada Territorial Clara San Damián.

Oposición social y portuguesa

La Confederación Hidrográfica del Duero elaboró hasta tres informes sobre el proyecto minero. Sus técnicos se centraron en la vulnerabilidad de la red fluvial que atraviesa el área de explotación, considerando que las actuaciones supondrían un impacto muy significativo sobre el dominio público hidráulico y los arroyos que atravesaban la zona de explotación, concluyendo que vulnerarían la Ley de Aguas.

Además la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal identificó una lista de especies cuya supervivencia o hábitat se vería seriamente comprometido como del desmán ibérico, el lobo ibérico, diversas especies de murciélagos, el milano real y negro, el buitre negro, el buitre leonado, el águila real, la culebrera europea y el aguilucho pálido, entre otras.

Durante el periodo de información pública, una decena de asociaciones (como Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y diversas plataformas ciudadanas) presentaron miles de alegaciones en contra de la mina a cielo abierto denunciando falta de rigor en los informes técnicos, riesgos no evaluados por el uso de explosivos, afección a especies protegidas y amenazas a la economía y patrimonio local.

Desde el otro lado de la frontera la postura ante el proyecto minero Valtreixal fue de una firme y generalizada oposición, manifestada tanto por su gobierno como por diversas instituciones y colectivos ciudadanos,. Esta resistencia se fundamentó en la preocupación por los impactos ambientales y sociales que la mina tendría sobre el territorio luso, dada su extrema cercanía a la frontera (a apenas 5 kilómetros) y en la Reserva de la Biosfera compartida.

En el periodo de consultas el Gobierno de Portugal consideró que la documentación y los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa promotora eran insuficientes para garantizar la seguridad ambiental en la zona, alertando de que la explotación afectaría gravemente al Parque Natural de Montesinho y a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, advirtiendo que el sello de la UNESCO para esta reserva estaba en riesgo por culpa de la mina.

Portugal denunció que el proyecto podría contaminar la cuenca hidrográfica del Duero a través del río Sabor e identificó que las aldeas de Rio de Onor, Aveleda y Varge serían las más directamente perjudicadas por el ruido de las voladuras y el polvo generado por la actividad minera.

Las voces que claman contra el intento de abrir en canal la provincia de Guadalajara para extraer oro se escuchan estos días en Bruselas.

La Plataforma Valle Cañamares–Sierra Norte, que lleva meses luchando para parar el proyecto minero que se cierne sobre la Sierra Norte de Guadalajara, participa desde este miércoles y hasta el próximo viernes en el II Encuentro Internacional de Pueblos Contra el Extractivismo, en el que una veintena de organizaciones de América Latina y Europa están trasladando a las instituciones europeas su “preocupación” ante los proyectos estratégicos de minería que se están planteando y la “amenaza” sobre la protección europea del agua.

Se celebra en la capital belga y en él participan líderes y lideresas del Frente Nacional Antiminero y Ecuarunari (la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador); del Congreso de los Pueblos, USO y CUT de Colombia; de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec de México; y del Observatorio Petrolero Sur y Marabunta de Argentina. También activistas de las resistencias a los proyectos mineros en el Estado español, en especial de comunidades autónomas con proyectos declarados estratégicos por la Unión Europea como los de Galicia, Andalucía y Extremadura.

Raúl García es la persona que representa a la plataforma guadalajareña, formada por ayuntamientos, asociaciones y vecinas y vecinos afectados por el proyecto minero de Oroberia en la Sierra Norte de Guadalajara, en este foro.

Cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha que durante estos días mantendrán reuniones en el Parlamento Europeo “para trasladar nuestra preocupación ante los proyectos estratégicos de minería y la amenaza sobre la protección europea del agua”.

“Defenderemos una idea clara: la transición ecológica no puede hacerse a costa de destruir territorios rurales, acuíferos, biodiversidad y comunidades que llevan años cuidando y protegiendo la vida”, señala.

Este miércoles ya se han reunido con dos eurodiputados españoles, Ana Miranda, del Grupo de los Verdes, y Nicolás González Casares, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. “Les hemos contado las problemáticas que tenemos cada organización. En nuestro caso, hemos denunciado que el proyecto minero que quieren empezar a hacer con las catas, en un territorio despoblado de Castilla-La Mancha, sería algo que perjudicaría el medio de vida que tenemos y no traería nada bueno ni al medioambiente ni a la comunidad”, explica Gacía.

15.000 hectáreas afectadas

El plan minero que afectaría a la Sierra Norte de Guadalajara plantea buscar oro y otros metales en varias parcelas que suman una superficie de casi 15.000 hectáreas en este entorno natural de alto valor ecológico.

La empresa promotora de esta iniciativa, la minera australiana Global Mining Enterprises PTYLD -que opera a través de su filial española Oroberia SLU- planteó de inicio tres proyectos: GUA, DALA, y JARA, registrados en agosto de 2025.

Oroberia ya quitó hierro a las preocupaciones expresadas por vecinos y vecinos, en declaraciones a este medio, sobre el impacto en el territorio. Mantiene que su proyecto generará “empleo directo e indirecto” y que lo hará respetando “el entorno”. En su argumento, esgrimen también la necesidad de “autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas”. 

El proyecto GUA se desarrollaría en las localidades de San Andrés del Congosto, La Toba, Pinilla de Jadraque y Medranda; el proyecto DALA comprendería a Congostrina, Robledo de Corpes, La Bodera, Atienza, Hiendelaencina y Pálmaces de Jadraque; mientras que JARA afectaría a La Miñosa, La Bodera, Riofrío del Llano, Atienza, Sigüenza y La Olmeda de Jadraque -estos cuatro últimos municipios aspiran a convertirse en Patrimonio de la Humanidad-.

El permiso inicialmente solicitado por Oroberia arrancaría con una investigación durante tres años para llevar a cabo una fase inicial de seis sondeos en cada uno de los proyectos, a la que seguiría una segunda fase con otros seis sondeos en cada una de las tres ubicaciones, con una profundidad de entre 300 y 400 metros.

Que la promotora decidiera dividir en tres su proyecto tiene su razón de ser en el tipo de evaluación de impacto ambiental al que se deberían someter: sería más simple y rápida en caso de que la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible hubiera dado el visto bueno. Pero no resultó. El Gobierno de Castilla-La Mancha resolvió el pasado mes de noviembre que, si Oroberia quería seguir adelante con sus planes mineros, tendría que presentar un único proyecto que se sometería a un 'examen' de impacto ambiental más exigente y minucioso.

Quedaba así cerrado el expediente para GUA, DALA y JARA. Sin embargo, la propia Oroberia confirmó en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que seguirá adelante con el proyecto y presentará una evaluación completa tal y como le han pedido desde Desarrollo Sostenible, aunque no se ponen plazos para realizar los estudios.

Un problema global

Otra de las plataformas que acompaña a García dentro de este foro lucha contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, que tiene permiso para retomar su actividad y empezar a producir de nuevo en 2028, justo cuando se cumplirían 30 años del desastre ambiental que se produjo tras la rotura de la balsa de residuos.

Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción, cuenta desde Bruselas que los asistentes van a decidir líneas de actuación, establecer estrategias comunes y afrontar el problema de forma global. “La minería de metales es un problema global, no es un problema solo de Guadalajara. La misma empresa que trabaja en una zona también está en otros países. Entonces tenemos un problema transnacional y no solo local”.

Desde Ecologistas en Acción señalan que la coalición internacional antiextractivista ya denunció en noviembre de 2025, en la Cumbre de los Pueblos de Belém do Pará (Brasil), paralela a la COP30, “cómo el discurso de la transición energética y el desarrollo sostenible lleva aparejada una carrera por los materiales críticos (litio, cobalto, níquel, entre otros) que acelera la expansión de la explotación del territorio y refuerza la dependencia”.

Por ello, este nuevo encuentro en Bruselas, tras el celebrado en Belém el año pasado, “quiere señalar cómo las políticas europeas contribuyen a ampliar las fronteras extractivas dentro y fuera de la UE”, señalan desde la organización ecologista.

Los trabajadores de Mina Miura han resistido la lluvia, la humedad, el frío y el cansancio que les ha llevado durante seis días a protagonizar una marcha por las carreteras del suroccidente asturiano hasta llegar este miércoles a Oviedo/Uviéu para decir alto y claro que siguen reclamando las 12 nóminas que el empresario Fernando Martínez Blanco les adeuda y defender el mantenimiento del empleo en la comarca.

Los mineros apenas tuvieron tiempo para descansar y recuperar fuerzas tras el encierro que protagonizaron, a 300 metros de profundidad, durante 15 días, para reclamar el cobro pendiente de los salarios y exigir estabilidad laboral y soluciones que permitan garantizar el futuro de la actividad minera. Nada más abandonar la explotación, decidieron que no podían quedarse en sus casas a esperar que el empresario diera señales de vida y les ofreciera una salida a esta situación.

Del encierro a la marcha minera

Dicho y hecho. Del encierro en la mina se pasó a analizar las siguientes movilizaciones y optaron por realizar una marcha minera desde Tormaleo, en el concejo de Ibias, hasta la capital asturiana, con la meta fijada en la sede de la Junta General del Principado.

Los 160 kilómetros que separan ambas localidades los distribuyeron en seis etapas, que culminaron hoy a las 13.30 horas cuando llegaron a la calle Uría de Oviedo/Uviéu. Durante su recorrido no han estado solos y han recogido las muestras de solidaridad de familiares, amigos, vecinos, representantes políticos y sindicales tanto de Asturias como de León.

La marcha iba encabezada por los mineros que protagonizaron el encierro, quienes portaban una pancarta bajo el eslogan 'De Mina Miura a a Junta General. Mineros en lucha por el empleo en la comarca' con una foto donde sobreimpresionada llevaba la frase 12 nóminas robadas y las siglas del sindicato UGT-SOMA-FITAG que ha estado a su lado en todas las acciones de protesta emprendidas.

El apoyo de la calle

La llegada de los mineros a Oviedo/Uviéu ha sido seguida con gran expectación a su llegada a la calle Uría, donde fueron saludados por numerosos vecinos y vecinas que les mostraron su apoyo.

Además de los representantes de los grupos parlamentarios asturianos, con los que se reunieron previamente al encuentro que mantuvieron con el presidente asturiano, los mineros también han estado respaldados por dirigentes del PSOE de León.

A su llegada a la sede del Parlamento asturiano, han sido recibidos por el presidente de este institución, Juan Cofiño, y representantes de todos los grupos políticos, con los que han mantenido una reunión.

Respeto al trabajo de los mineros

Seguidamente, el portavoz de los mineros José María Pérez, ha leído un manifiesto donde dejaba constancia de que los trabajadores no llegaban a “la casa de todos los asturianos a pedir favores”.

“Venimos a exigir el cumplimiento de la ley, política para las personas y el respeto a nuestro trabajo”, dijo.

Supervivencia de las cuencas mineras

Con este testimonio reflejaba, según sus propias palabras, “la lucha por la supervivencia de las cuencas mineras”.

Las críticas al empresario “a la fuga”, como lo denominaron días atrás por la falta de contacto con ellos y las reiteradas promesas incumplidas, no se hicieron esperar.

La “impunidad” empresarial

Además de solicitar garantías de futuro para los mineros, reclaman que se impida que “los vacíos legales o la mala gestión empresarial recaigan, una vez mas, sobre las espaldas de la clase obrera” y denunciaron “la desesperación de vivir sin salarios”.

Los mineros han denunciado la “impunidad empresarial” y la actitud de una patronal que “ignora responsabilidades legales, reteniendo las nóminas devengadas, condenándoles a la precariedad” y “burlándose de la administración pública”.

Solidaridad asturiana y leonesa

Los socialistas leoneses, que acompañaron a los mineros en su marcha a la capital asturiana, recordaron que una parte muy importante de los trabajadores de las explotaciones mineras asturianas en activo procede de la provincia leonesa, lo que convierte este conflicto “en una cuestión de enorme impacto social y económico para las cuencas mineras leonesas”.

Entre otros dirigentes se encontraban la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y procuradora leonesa, Nuria Rubio, quien señaló que “esta marcha refleja la desesperación y el cansancio de unos trabajadores que llevan demasiado tiempo esperando respuestas”.

Estabilidad, seguridad y soluciones

“Estamos hablando de familias que necesitan estabilidad, seguridad y soluciones reales para poder seguir adelante”, ha afirmado.

Nuria Rubio ha destacado además el esfuerzo realizado por los mineros durante estos días de movilización y ha insistido en que “las administraciones no pueden mirar hacia otro lado ante una situación que afecta de lleno a las cuencas mineras y a comarcas que han dado tanto a esta tierra”.

La dignidad de los mineros

Por su parte, el alcalde de Villablino y procurador socialista, Mario Rivas, ha subrayado que “los mineros han vuelto a demostrar una enorme dignidad defendiendo sus derechos y el futuro de sus familias”.

“No están reclamando privilegios, están reclamando poder trabajar y cobrar por su trabajo”, ha resaltado.

La vinculación

Mario Rivas ha destacado igualmente la estrecha vinculación histórica entre las cuencas leonesas y la minería asturiana, y ha recalcado que “cuando se pone en riesgo el empleo minero, se pone en riesgo la estabilidad de muchos municipios de León que todavía dependen de esta actividad”.

La situación laboral

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, acompañó a los mineros hasta la sala donde se reunieron con el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y miembros de su gabinete.

En el encuentro, los trabajadores expusieron su delicada situación laboral y defendieron la necesidad del mantenimiento de los puestos de trabajo.

La mediación del Principado

El objetivo de los mineros era pedir al Gobierno del Principado que realice una labor de mediación en el conflicto laboral que mantienen con el empresario de cara a agotar “todas las vías administrativas y legales contra el incumplimiento empresarial”.

Los mineros han advertido sobre el “abandono” del suroccidente asturiano, “donde cada empleo minero perdido es un clavo más en el ataúd” de los pueblos y han insistido en “soluciones efectivas” puesto que “no basta con palabras de apoyo” y se precisan “acciones políticas y jurídicas contundentes que obliguen al empresario a cumplir”.

“No venimos a pedir favores”

“Los mineros y las personas que hoy estamos aquí, somos herederos de una tradición de lucha que nunca se ha rendido. Si el empresario no paga, la administración no puede ser cómplice con su silencio o inacción. No venimos a pedir favores, venimos a exigir el cumplimiento de la ley”, han defendido.

Los cuatro trabajadores han agradecido a los alcaldes y vecinos de los municipios recorridos en los seis días de marcha a pie “sus muestras de cariño, el plato de comida caliente y las puertas abiertas”. Ahora falta que el Principado medie y el empresario responda.

 El Consejo de Gobierno del Principado aprobará en su reunión del próximo lunes la recuperación del Servicio de Seguridad Minera suprimido en 2019 a través de un decreto que regulará la estructura de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, que dará marcha atrás a la fusión de servicios realizada poco después de la formación del primer Ejecutivo de Adrián Barbón.

Esta decisión, que convertirá a Asturias en la única comunidad autónoma en disponer de dicho servicio y que figuraba entre las recomendaciones del informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente minero de Zarréu, en el que fallecieron cinco trabajadores, el 31 de marzo de 2025, ha sido anunciada este miércoles por Barbón durante el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado.

Las responsabilidades

Las preguntas hacían referencia a la asunción de responsabilidades en el gobierno regional por el siniestro y al borrador de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente y habían sido formuladas por el portavoz del PP, Álvaro Queipo, quien ha advertido a Barbón de que su legado será el de un presidente “que falló a Asturias” y que “mintió y encubrió a los responsables para protegerse a sí mismo”, y por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que preside ese órgano parlamentario.

Uso partidista

Tomé ha reprochado a Barbón la reacción de su partido al contenido de su propuesta de dictamen, que atribuye responsabilidades a cuatro altos cargos de sus gobiernos y a tres funcionarios, y ha defendido la inclusión de nombres -“no solo de los empresarios, que son terroristas patronales”- como una exigencia de la sociedad a un parlamento del que espera “firmeza y claridad” para esclarecer lo ocurrido.

En sus respuestas, Barbón ha acusado al líder del PP de caer “en lo más rastrero” al utilizar la muerte de personas para hacer política sin que le interese hablar las víctimas ni llegar hasta el final sino únicamente “los votos” al estar más preocupado por subir un punto en las encuestas que en conseguir que se haga justicia.

“Más allá de las recomendaciones”

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que su gobierno ha ido más allá de las recomendaciones que figuraban en el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente pese a la “cacería electoral” organizada por un PP cuyo líder es “incapaz de ponerse en el lugar de las familias de las víctimas” y de condenar explícitamente la actuación de la empresa que explotaba el yacimiento.

Para Queipo, la actitud de Barbón no es solo “políticamente cobarde” si no injusta con las víctimas y será recordado por una negligencia que permitió que el accidente ocurriera y por una respuesta “que no supo estar a la altura” al renunciar a asumir responsabilidades, mentir y encubrir a los responsables “para protegerse”.

Qué, quién y por qué falló todo

“Si no se reconoce qué fallo, ni quién fallo y por qué se falló todo va a ser humo y ustedes lo saben porque nunca se corrige lo que se niega y nunca se arregla lo que se pretende tapar”, ha subrayado el presidente del PP tras lamentar el “peligrosísimo” mensaje que lanza el Gobierno de que en Asturias “todo puede fallar y no pasa nada”.

En la misma línea ha criticado el anuncio de ayudas a fallecidos en accidentes laborales realizado por un gobierno que se contradice “a sí mismo” y se reúne “de forma clandestina” para poner en marcha compensaciones “con las que tapar su responsabilidad” y “salir del paso” que, además no llegarán a las víctimas del siniestro de 2022 en Cerredo. “No hay peor forma de hacerlo”, ha subrayado Queipo.

“El lío” de las ayudas

También la portavoz de Somos Asturies ha cuestionado el “absoluto lío” con las ayudas un gobierno que se dio “mucha prisa” en reunirse de forma opaca para emitir un informe negativo y bloquear su proposición sobre esta cuestión y ha lamentado los “aspavientos” del PSOE sobre su propuesta de dictamen.

De los empresarios, ha advertido, se encargará la justicia ordinaria que también está investigando la actuación a una compañía “pirata e insolvente” que, ha subrayado, operaba con permisos concedidos por el gobierno de Asturias y supuestamente bajo su supervisión pese que en 2022 ya se había constatado en otro accidente mortal que en el yacimiento de Cerredo se esta extrayendo carbón.

Minimizar el borrador

Barbón, por su parte, ha considerado el borrador de Tomé como “una aportación más” a la búsqueda de la verdad sobre el siniestro que incluye defectos “y errores graves” y que sitúa a los señalados como responsables al borde de imputarles el delito de homicidio imprudente pese a que, a su juicio, ni el informe de la Inspección General de Servicios ni el propio borrador aporten pruebas que atribuyan la responsabilidad de lo ocurrido a personas concretas.

“Caiga quien caiga, pero con pruebas”, ha subrayado durante su intervención.

La dirección de TYC Narcea ha notificado este lunes a los representantes de los trabajadores la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para la plantilla de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, formada por unos 70 empleados.

Según ha señalado un portavoz de los trabajadores, la empresa ha anunciado esta decisión a la plantilla en una primera toma de contacto para empezar la negociación del ERE sin que haya notificado por el momento el número de despidos en una plantilla en la que 55 operarios están ya sometidos a una regulación de empleo temporal mientras los quince restantes realizan labores de mantenimiento en la mina.

El desencadenante

Los trabajadores de TYC Narcea esperaban además que este lunes se les notificara por parte de la Dirección General de Minas la autorización para realizar las labores de mantenimiento en la rampla de la explotación, que supondrían unos cuarenta días de trabajo, sin que por el momento se les haya notificado por parte de la administración autonómica, ha indicado el portavoz de los trabajadores.

La empresa ha adoptado esta decisión ante la congelación de las autorizaciones para retomar los trabajos ante la paralización indefinida del proyecto de investigación complementaria (PIC) y el retraso en la tramitación del proyecto de explotación en una mina que se encuentra parada desde el accidente del pasado 21 de noviembre, en el que perdieron la vida dos personas.

Extracción de 90.000 toneladas de carbón

Cuando ocurrió el siniestro, TYC Narcea tenía un permiso para extraer 90.000 toneladas de carbón destinadas a evaluar su utilización en actividades industriales, entre ellas la fabricación de arrabio de bajas emisiones en altos hornos, y estaba tramitando el proyecto de explotación.

El PIC que permitía realizar su actividad a la empresa fue suspendido por el Principado tras la denuncia de otra empresa del sector, una decisión ratificada en una sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que TYC Narcea recurrió ante el Tribunal Supremo.

Las ayudas al cierre

Además, el Instituto de Transición Justa (ITJ) tiene pendiente aclarar si la empresa tiene que devolver las ayudas al cierre percibidas por la anterior propietaria de la explotación, una decisión a la que está condicionada la tramitación del proyecto de explotación por parte del Principado.

En relación con este asunto, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha asegurado que desde el Principado estarán “vigilantes” para que se cumplan los derechos de los trabajadores y se ha mostrado confiado en una “rápida” respuesta del ITJ que determine si la empresa puede retomar su actividad o no. 

Los trabajadores de Mina Miura van a buen ritmo recorriendo las carreteras del suroccidente asturiano. Hace cinco días salieron desde la campa de Tormaleo, en Ibias, donde está ubicada la explotación de carbón, en medio de un auténtico aguacero. La situación meteorológica no era la más idónea para comenzar una marcha a pie conscientes de que tenían 160 kilómetros por delante hasta llegar a Oviedo/Uviéu, pero su fuerza mental podía con todo.

Cuatro mineros abren la protesta laboral. Tienen las suficientes agallas como para haber bajado a 300 metros de profundidad y permanecer 15 días dentro de la mina con humedad, frío y sin cobertura, alejados de sus familias y de la comodidad de sus hogares para recordarle al empresario Fernando Martínez Blanco que por realizar un trabajo se paga. A ellos les debe 13 nóminas desde el año pasado y esa era una de las principales motivaciones para encerrarse en su medio de vida.

El encierro en la mina

El encierro comenzó con cinco mineros, aunque uno de ellos tuvo finalmente que abandonar. Esta acción no sirvió para que el propietario de los derechos mineros de esta explotación contactara con ellos, ni saldara la deuda pendiente. Por ello, pensaron que tenían que recurrir a otros medios de protesta ante “un empresario a la fuga”, como lo han denominado, y lograr que su situación laboral se conozca y lograr una solución no solo para ellos cuatro, sino también para el resto de los compañeros.

La marcha a pie a Oviedo/Uviéu para denunciar su caso ante los grupos políticos con representación parlamentaria fue la siguiente opción que barajaron y se pusieron a planificar la movilización.

Seis etapas

Dividieron los 160 kilómetros en etapas y se pusieron a la faena con un objetivo claro: “exigir el pago inmediato de los salarios pendientes, reclamar la implicación efectiva de las administraciones públicas, denunciar el abandono histórico que sufren las cuencas mineras y defender el empleo y el futuro industrial de la comarca de suroccidente”.

La idea es recorrer a lo largo de seis etapas el suroccidente asturiano hasta llegar a la capital del Principado. El pasado viernes, día 8, salieron a las 09:00 horas, desde la Campa de Tormaleo hasta llegar a las Antiguas Escuelas de Vega de Rengos, tras completar un recorrido a pie en torno a 31 kilómetros.

El recorrido

El sábado salieron en dirección al Ayuntamiento de Cangas del Narcea y, al día siguiente, continuaron la marcha con la meta fijada en el Ayuntamiento de Tineo, final de la tercera etapa.

Hoy, lunes, cuarta etapa del recorrido, salieron a las 9:00 horas en dirección hasta el Ayuntamiento de Salas. Desde esta localidad partirán mañana, martes, para finalizar en el Ayuntamiento de Grado.

Los ánimos están altos

Desde la localidad moscona -como se conoce en Asturias- saldrán a las siete de la mañana y una vez que lleguen a Oviedo/Uviéu se dirigirán a la sede del Parlamento donde harán entrega de un manifiesto.

Ni la lluvia, que prácticamente se ha sumado a su movilización a lo largo de estos días, con algunas treguas meteorológicas, ni la falta de respuesta del empresario les ha desanimado a seguir adelante con su protesta laboral. Los mineros aseguran que están “fuertes” para llegar hasta el final en sus reivindicaciones.