El grupo Minersa ha obtenido la autorización del Gobierno asturiano para un proyecto de investigación para la ampliación de la mina de fluorita de Villabona, el cual conlleva prospecciones con doce perforaciones en la zona de Serín (Gijón) y nueve perforaciones en la zona de Campañones, en Corvera.

Así lo ha confirmado la Coordinadora Ecologista de Asturias, que había presentado alegaciones ante este proyecto por su afectación a la población de los concejos antes mencionados, así como por el impacto acústico y efecto sobre los ríos Aboño y Alvares, entre otras cuestiones.

La empresa Minersa ha presentado un proyecto de 22 sondeos en la zona de entre 250 y 600 metros de profundidad, para determinar qué zonas puede explotar en el futuro de forma subterránea.

Según la coordinadora, la compañía ya realizó con antelación otros sondeos mineros en Gijón y Siero y no tiene sentido otros nuevos sin entrar a evaluar la admisibilidad ambiental y social de la explotación extractiva-minera que busca implantarse en la misma zona.

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha explicado que en el territorio afectado hay numerosos vecinos en viviendas diseminadas, “que pueden pasar a tener una mina debajo de su casa sin enterarse”, porque ninguno de los ayuntamientos ha advertido de este riesgo, ni les ha invitado a alegar en el trámite correspondiente.

La entidad ecologista ha alertado de que los sondeos pueden afectar a las cuencas de los ríos Aboño y Alvares, al poder pinchar con los manantiales que forman estas cuencas, así como al embalse de San Andrés, que es Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) y se encuentra a menos de 300 metros.

Desde la coordinadora han considerado que el Gobierno de Asturias y, de manera especial, los ayuntamientos de Gijón y Corvera tienen la obligación de valorar el impacto de las actividades mineras en los entornos rurales donde se desarrollan y el que supone para el futuro de estas zonas la perforación de su subsuelo.

Distribuida entre la franja costera del oeste de Namibia y el extremo noroeste de Sudáfrica, la rana de lluvia del desierto (Breviceps macrops) es uno de los anfibios más singulares del mundo. Se hizo famosa por el particular grito agudo que emite cuando se siente amenazada, pero todavía sigue siendo uno de los animales más desconocidos.

Entre otras cosas, porque este pequeño anfibio de entre 4 y 6 centímetros pasa gran parte de su vida bajo tierra. Con un cuerpo redondeado, patas cortas y ojos grandes, es un animal que normalmente camina en lugar de dar grandes saltos como otras de sus compañeras ranas. Este habita principalmente en dunas y terrenos arenosos cercanos al Atlántico, un hábitat que ahora mismo se está viendo comprometido.

Así lo revela la última actualización de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que concluye que la rana de lluvia del desierto ha bajado de categoría, pasando del estado de “casi amenazada” a “vulnerable”. El anfibio está a solo un paso de enfrentar un riesgo muy alto de extinción en estado salvaje, lo que ha alertado a la comunidad científica.

Desde la UICN avisan de que el contenido en redes sociales sobre este animal no está beneficiando para nada su bienestar. “La demanda de ranas de lluvia del desierto en el comercio de mascotas ha aumentado tras la difusión de un vídeo viral en el que se oía a la especie emitir gritos de alarma”, señalan en el comunicado compartido hace unos días. No es la única de sus amenazas.

El deterioro que está sufriendo este animal se debe principalmente a la expansión de la minería de diamantes y el desarrollo de infraestructuras energéticas en su hábitat. Para llevar a cabo estas actividades, es necesario remover grandes extensiones de terreno y utilizar maquinaria pesada, unas actuaciones que están alertando de forma irreversible el ecosistema del que depende este pequeño anfibio.

Pero hay más. “El cambio climático, así como el estrés térmico y la aridificación asociados, constituyen posibles factores de presión adicionales para esta especie. Sin medidas de conservación, se prevé que la población disminuya un 20% en la próxima década”, comparten también desde la UICN.

Más especies en peligro

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha elevado a 49.505 las especies amenazadas de extinción, más de un 1,8% de aumento respecto a la cifra anterior, según la última actualización de su Lista Roja. La organización ha contabilizado 951 especies “extintas”, 10.947 “en peligro crítico” y 18.186 “vulnerables”, las tres categorías que conforman el grupo de especies amenazadas a escala mundial.

Tras los datos, su mensaje es claro. “No olvidemos que existe un camino claro para salir de la crisis de la biodiversidad: la conservación de la naturaleza funciona, como se nos recuerda una y otra vez. Al proteger la asombrosa biodiversidad de este planeta, podemos preservar un entorno favorable tanto para los seres humanos como para la vida silvestre”, dijo Grethel Aguilar, Directora General de la UICN.

El Pozu Santa Bárbara, en Mieres, ha inaugurado una nueva sala inmersiva que permitirá acercar la historia minera de Asturias a través de herramientas digitales innovadoras, según ha destacado este miércoles en una visita la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo.

Esta nueva instalación forma parte de un proyecto de soluciones digitales para la interpretación del patrimonio que incluye también experiencias de realidad virtual, trabajos de fotogrametría 3D, la digitalización de la oficina de turismo y recorridos interactivos por la ciudad.

Llamedo ha destacado que la nueva sala inmersiva “viene a contribuir a toda la oferta vinculada a la historia de la minería” y permite que quienes la visitan puedan “sentir esa emoción” y conocer de una forma diferente la trayectoria de los valles mineros asturianos.

También ha subrayado que ofrece una forma de tratar la historia de la minería en Asturias de un modo diferente a las experiencias y visitas habituales.

A su juicio, la incorporación de la sala al Pozu Santa Bárbara supone “una apuesta que viene a mejorar la oferta del Valle del Caudal y de la Montaña Central” como destino turístico.

Esta novedad en el pozo minero, reconvertido en escenario turístico, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del Ejecutivo asturiano para el área de la Montaña Central.

El centro cultural Pozu Santa Bárbara entró en funcionamiento en el año 2021 recuperando el Bien de Interés Cultural de la antigua explotación minera de Hulleras del Turón, la primera gran explotación de la hulla en la cuenca del Caudal y uno de los mayores pozos mineros asturianos.

Las famosas minas de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, comenzaron a explotarse hace más de dos milenios. Su origen exacto, según la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se remonta al siglo III a.C. El mineral extraído era el cinabrio, del cual se obtenía el mercurio, el único metal líquido que existe. Llegó a ser el mayor yacimiento en todo el mundo. Ha producido más del 35% de todo el mercurio usado en la historia de la humanidad.

En la naturaleza no se encuentra puro como mineral, sino atrapado dentro de rocas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye entre las diez sustancias químicas más peligrosas para la salud pública.

Utilizado históricamente para tratar algunas infecciones como la sífilis y en vacunas antiguas, y más recientemente para la industria, el mercurio ha marcado siempre la historia de esta comarca minera, colindante con la provincia de Córdoba y actualmente en riesgo extremo de despoblación desde el cierre de las minas.

De la entrada de Mayasa a la prohibición de exportar mercurio

La empresa pública Mayasa (Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.), perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), asumió la gestión de la explotación minera de Almadén desde su creación en 1982. Heredó la gestión del Consejo de Administración que controlaba las minas desde 1916.

La compañía gestionó la extracción de mercurio hasta el cierre definitivo de la mina en julio de 2001. A partir de ese momento, orientó su gestión al almacenamiento y tratamiento ambiental de los excedentes mundiales de mercurio, una labor que se hizo efectiva tras el fin de la comercialización internacional de este metal decretada por la Unión Europea en 2011.

En ese año, a través del denominado 'Convenio de Minamata', se prohibió, mediante un tratado internacional, su exportación para reducir la oferta global de este metal y limitar sus emisiones. Pese a sus múltiples usos, es un metal pesado y muy tóxico. Contamina el medio ambiente y daña gravemente la salud humana, especialmente el sistema nervioso. La normativa resultante prohibió las ventas al exterior para evitar que grandes cantidades de mercurio sobrante llegasen a países en desarrollo. Porque el 99% se vendía fuera de la UE.

Esto obligó a almacenar los residuos de mercurio de forma segura en lugar de liberarlos. Y ahí la gestión de Mayasa cumplió un papel de gran relevancia. Hasta entonces la actividad de la empresa pública consistía en recoger mercurio, limpiarlo y ponerlo de nuevo en el mercado. Pero ante la prohibición de las exportaciones, cambió su objetivo a la obtención de fondos para tratar de solucionar problemas y nuevas actividades de desarrollo sostenible sin añadir más contaminación de mercurio al medio.

Pero hubo más trabas. En 2018 entró en vigor la prohibición de uso de mercurio en la industria cloro-caústica, por lo que se debía retirar y almacenar el mercurio en condiciones seguras. Para ello Mayasa debía encargarse de la retirada y tratamiento con las empresas productoras.

Un año después, en 2019, el Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó, con evaluación ambiental favorable, la planta de solidificación de mercurio en Almadén. Se ubicó en el paraje de Las Cuevas, a 10 kilómetros del núcleo urbano. Para ese tratamiento, Mayasa había adjudicado ya en 2017 este proyecto de tratamiento a una empresa externa que nunca llegó a realizar su labor. Según la Plataforma de Contratación Pública, era Sartech Engineering, actualmente en litigio judicial con la empresa pública por incumplimiento del contrato.

Solo quedaba una salida: si no se podía exportar ni tratar, todo el mercurio debía salir del almacén. Se envió a una planta suiza de la empresa Batrec, filial de Veolia (líder mundial en servicios medioambientales especializado en la gestión integral de agua, residuos y energía), por medio de un gestor de residuos representante en España, en este caso Adiego Hermanos, que hizo el transporte y gestión completa de residuos.

En total, se enviaron 378 toneladas de mercurio. Actualmente, se encuentran en unas antiguas minas de sal de Alemania, que poseen las propiedades de impermeabilización adecuadas para este tipo de residuo.

Ahora, ese almacén de residuos está cerrado. Pero el expediente de su cierre definitivo, iniciado hace año y medio, aún está abierto, porque todavía no ha recibido luz verde por parte de la autoridad ambiental, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Así lo han confirmado fuentes de este departamento. La Dirección General de Calidad Ambiental está analizando la documentación presentada por la empresa pública para analizar si solicita más información complementaria o procece con la fase final de clausura.

El encuentro entre Mayasa y Ecologistas en Acción

Con ello, se ha cerrado a su vez una etapa en la comarca. Y de todo ello han hablado recientemente representantes de Ecologistas en Acción y miembros de Mayasa, en un encuentro solicitado por los primeros para conocer en qué estado se encuentra el proceso.

Javier Carrasco, director técnico de Actividades Industriales de Mayasa, asistente a esta reunión junto al presidente de la empresa pública, José Tejero, cuenta a este periódico que ahora mismo están pendientes de que de la Administración castellanomanchega autorice el cierre definitivo, ya que su puesta en marcha requirió una Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ahora exige que se cumplan una serie de requisitos de inspección ambiental para su clausura.

Pese a que la planta nunca llegó a funcionar en cuanto al tratamiento del mercurio, es decir, su estabilización química antes de llevarlo a un depósito definitivo, la inspección debe determinar, dentro del programa de vigilancia ambiental, que el almacén está completamente descontaminado.

La autorización del Gobierno de Castilla-La Mancha para la planta de almacenamiento que se aprobó en 2019 incluía un presupuesto de tres millones de euros. Y esta circunstancia coincidió con la mencionada prohibición del uso de cloro para las empresas clorocáusticas, donde el mercurio se utilizaba como parte del proceso químico. Muchas empresas españolas se vieron entonces con excedentes de mercurio que no utilizaban que tenían que gestionar.

Mayasa se ofreció para almacenar y gestionar el mercurio de esas industrias. Pero la empresa contratada fue “incapaz” de cumplir el contrato y la planta nunca llegó a realizar el “tratamiento” de metal, pero sí su almacenamiento: las mencionadas 378 toneladas de mercurio, acumuladas durante varios años, hasta 2023.

Ese año, una vez rescindido el contrato con la empresa ‘incumplidora’, Mayasa decidió realizar un nuevo contrato con otra compañía gestora que tenía permiso para exportar mercurio como residuo, la mencionada Abiego Hermanos. “Todo esto se precipitó porque la normativa europea permitía el almacenamiento de mercurio hasta el 31 de diciembre del 2022 y había que darle salida a toda esa cantidad almacenada”, cuenta el director técnico.

Ahora mismo, detalla que ya no hay nada en el almacén. La gestora de residuos llegó a un acuerdo transfronterizo con la suiza Batrec, quien sí trató el mercurio para su estabilización química en este país y después lo envió, para su depósito final en las minas de sal alemanas, habilitadas para ello.

En el aire, los niveles de mercurio muy bajos, y en el agua son inapreciables

Javier Carrasco — Director técnico de Mayasa

Según Javier Carrasco, el plan de cierre de la planta en Almadén se ha cumplido “al milímetro”. “Se han limpiado todas las instalaciones, todo lo que ha estado en contacto con el metal, se ha desmontado toda la instalación, principalmente lo que eran equipos de filtros, y todos los residuos que hemos generado durante estas labores de limpieza se han enviado fuera con un gestor autorizado”.

Pero en un proceso tan delicado, el plan de vigilancia ambiental ha sido fundamental. A la espera del cierre definitivo, en Mayasa, desde que se autorizó el almacenamiento, han realizado medidas en aire y agua para ver los niveles de contaminación. Son muestreos que se han remitido periódicamente a la autoridad ambiental. De ellos se desprende que hay “niveles apreciables” de mercurio que “históricamente siempre han existido”

“En el aire, son niveles muy bajos a los que hacemos un seguimiento continuo. De hecho, los que hay ahora son idénticos a los que había antes de iniciar el almacenamiento hace siete años, y en el agua son inapreciables, no hay ninguna afección”, precisa Javier Carrasco.

La última limpieza de la planta se realizó a finales de 2025. Se recogieron en torno a un centenar de kilos de mercurio, que también ha recogido una empresa autorizada para gestión de residuos.

No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre

Ecologistas en Acción de Ciudad Real

Desde Ecologistas en Acción de Ciudad Real, acudieron al encuentro Isabel Arauzo, Julio Ruiz y Francisco J. Sarrión. Han explicado a este periódico que celebran el cierre del almacén “por la disminución del riesgo de contaminación que suponían estas instalaciones”.

Pero al mismo tiempo denuncian el “oscurantismo” y la “falta de información pública”, algo que tildan de “tradición histórica de la casa” en referencia a la empresa pública, a la que atribuye “actividades peligrosas” que la empresa siempre ha negado, también en esta ocasión.

“No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre. Solo nos remiten a los contratos ya expuestos en el perfil del contratante de Mayasa. Hay también un celo excesivo en proteger la identidad de los responsables políticos y técnicos, lo que interpretamos que es para evitar sanciones y críticas personales a su gestión”, argumentan.

Ecologistas en Acción añade que el hecho de que no sea obligatorio medir con exactitud el mercurio que salió de la planta de Almadén, aunque se ajuste a la normativa, supone “un riesgo de pérdida o descontrol” en el camino o en la planta receptora.

También resalta que hay “discrepancias” en las fechas y orden de las declaraciones de impacto ambiental que “aún quedan sin explicación”. “Demuestra la falta de rigor en el control del mercurio, y siendo la sustancia más peligrosa después de las radiactivas, deberían haber extremado las precauciones y no dejar en manos del gestor de residuos la medida real del mercurio trasladado”.

La organización ecologista también pone el acento en los costes. Afirma que el presupuesto para el tratamiento y traslado del mercurio de Almadén al depósito de Suiza fue de 1,5 millones de euros, la mitad de los tres millones que se presupuestaron para la planta. “Un despilfarro de dinero público que debería haberse valorado inicialmente”.

“Los planes de descontaminación parecen proyectos piloto más que acciones de efectividad probada, aunque digan que son técnicas innovadoras. El ámbito espacial es muy reducido”, añaden. Avalan que actualmente se estudie la movilidad del mercurio en el medio ambiente, pero denuncian que no se están analizando “las repercusiones ni los niveles de contaminantes en la población civil”, que sería “uno de los objetivos a conocer de cara a la salud pública”.

Actualmente, el vínculo de Mayasa con este polémico metal todavía permanece. Desde 2009, gestiona el Centro Tecnológico del Mercurio con el apoyo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de Castilla-La Mancha. Allí se monitorea el entorno medioambiental, la flora y la fauna.

En paralelo, también está vigente desde el año pasado el Proyecto Life Hermes, que tiene como objetivo la recuperación ambiental del Cerco de Buitrones de Almadenejos. Se trata de un recinto del siglo XVIII que conserva restos de antiguos hornos de mercurio y partes de su muralla. El área está declarada Bien de Interés Patrimonial (BIP).

El próximo mes de septiembre, la empresa pública iniciará labores de tratamiento de estabilización química in situ de restos de mercurio con óxido de magnesio. El objetivo es demostrar la eficacia de una solución innovadora que ofrece “varias ventajas significativas” con respecto a los métodos de remediación tradicionales.

Para Ecologistas en Acción, estos nuevos proyectos van a continuar siendo un gasto de dinero público “sin que se tenga constancia nunca de la repercusión real sobre la salud de las personas”. “En definitiva, nos alegramos de que la gestión del mercurio ya no esté en manos de Mayasa y esperamos que los planes de descontaminación futuros se enfoquen en evaluar el mercurio en la población y en su salud”, concluyen.

El anuncio del cierre de la planta de almacenamiento, sin embargo, no ha gustado en el ámbito local. El Ayuntamiento de Almadén ya mostró hace un año su “indignación” por la clausura de la planta de estabilización de mercurio de Mayasa. Su alcaldesa, Raquel María Jurado, preguntó si lo que se pretendía la empresa pública era ofrecer beneficios a la localidad o “más bien, minimizar las pérdidas económicas” de la SEPI, achacables a la “pésima gestión”.

Tras lamentar que en el municipio llevan años oyendo hablar de un plan estratégico de la empresa pública que nunca ha sido compartido con la ciudadanía, condenó que este nuevo “fracaso” se sume a otros intentos de inversión que “no han dado resultados”.

El Ayuntamiento hizo referencia también al acuerdo firmado hace casi 25 años entre CCOO, UGT, la SEPI y Mayasa: un Plan de Empresa que, entre otras cosas, incluía un futuro convenio con el Consistorio local para el desarrollo de la comarca una vez que se completara el cierre minero. Desde este municipio siempre han denunciado el incumplimiento de este convenio y la “enorme factura social” que la comarca ha pagado por ello.

En todo este proceso también ha jugado un papel fundamental la plataforma ciudadana ‘Forzados de Almadén’, quien ha apelado en varias ocasiones a ese convenio de principios de siglo. Todavía se recuerda el encierro que protagonizaron en agosto de 2019, cuando siete hombres y cuatro mujeres de diferentes profesiones, edades y originarios de los pueblos de la comarca se encerraron en la primera planta de la histórica mina de mercurio de la ciudad.

Querían recrear la protesta de 11 mineros ocurrida 35 años atrás, en 1984. Si entonces los mineros protestaban por sus pésimas condiciones laborales, en 2019 quisieron mostrar a una comarca “castigada por el paro, la desindustrialización y la poca calidad de los servicios públicos”.

Porque Almadén sigue bebiendo de su historia. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento se ha comprometido, a través de un convenio con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), a la restauración y digitalización de la película 'Mercurio-Minas de Almadén', de 1940.

El ICAA conserva en la actualidad, en las instalaciones de la Filmoteca Española en su centro de Pozuelo de Alarcón, dos copias en nitrato de celulosa de 35 milímetro de la película. A través del convenio, el Ayuntamiento asume la tarea de restauración y digitalización de la película, mientras el ICAA pondrá a disposición sus copias, asesoramiento y apoyo a la promoción.

Mientras, Mayasa sigue a la espera de la autorización oficial de clausura de su almacén. Con ello, se cerrará un capítulo más de una comarca que ha perdido cerca de un 26% de su población en lo que va de siglo.

Las minas de Riotinto, en la provincia de Huelva, siguen proporcionando datos sobre la vida cotidiana de quienes trabajaron en uno de los complejos mineros más importantes de la antigua Hispania. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada ha analizado ocho suelas de sandalias elaboradas con esparto y datadas entre hace 2.000 y 2.400 años, revelando que este tipo de calzado se utilizó de forma continuada desde la Edad del Hierro hasta la época romana.

Las piezas fueron recuperadas en el enclave de Urium, dentro del antiguo distrito minero de Riotinto, concretamente en el sector Nuevo Filón Norte 1. Su extraordinario estado de conservación se debe a que aparecieron enterradas en dos grandes acumulaciones de ceniza procedentes de la limpieza de hornos metalúrgicos. Estas condiciones protegieron las fibras vegetales del paso del tiempo, un fenómeno poco habitual en arqueología y que ha permitido estudiar con gran detalle unos objetos de los que apenas se conservan.

Un calzado resistente para un trabajo exigente

Una de las principales aportaciones del estudio procede de la datación mediante carbono 14 realizada sobre tres de las sandalias. Los análisis muestran que pertenecen a momentos históricos diferentes: una corresponde al siglo I d. C., otra se sitúa entre los siglos II y I a. C., mientras que la más antigua se fecha entre los siglos IV y II a. C. Estas diferencias cronologicas demuestran que el mismo tipo de calzado permaneció en uso durante varios siglos, a traves de distintas etapas históricas.

Las sandalias estaban fabricadas con cuerdas trenzadas de esparto, una fibra vegetal abundante en el suroeste de la península ibérica gracias a su resistencia y flexibilidad. El estudio ha permitido reconstruir parte del proceso de fabricación y constatar el elevado conocimiento técnico de los artesanos de la época. Las cuerdas más gruesas y homogéneas se destinaban a las zonas sometidas a mayor tensión y desgaste, mientras que las más finas se utilizaban en los amarres y en los elementos de unión, una elaboración cuidadosamente diseñada para prolongar la vida útil del calzado.

Los investigadores consideran que estas sandalias ofrecían protección y un mejor agarre a los trabajadores en un entorno especialmente duro, caracterizado por terrenos irregulares, humedad y continuos desplazamientos dentro de las explotaciones mineras. Su permanencia durante varios siglos apunta a que se trataba de una solución eficaz y perfectamente adaptada a las necesidades de los que desarrollaban estos trabajos.

Cuidando los objetos para no deteriorarlos

Las excavaciones también han permitido recuperar otros objetos confeccionados con fibras vegetales, entre ellos cuerdas y cestas, conservados gracias a las mismas condiciones excepcionales del yacimiento. Para estudiar las sandalias sin deteriorarlas, el equipo recurrió a técnicas avanzadas como la Microscopía Electrónica de Barrido y la Microtomografía de Rayos X, herramientas que permitieron analizar la estructura interna de las fibras y conocer con precisión su sistema de fabricación. Gracias a estos métodos, los investigadores han podido documentar una tradición artesanal que perduró durante siglos y que destaca la importancia de las fibras vegetales en la economía y en la vida cotidiana de los antiguos distritos mineros del suroeste peninsular.

“Jamás se han medido peces con tanto cobre y manganeso en todo el mundo”. La afirmación la hace el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Castillo, investigador principal del nuevo estudio que reafirma la presencia de elevadas cantidades de metales tóxicos en la zona del Guadalquivir en la que vierte la mina Cobre Las Cruces. Los niveles detectados son en algunos casos “récord a nivel mundial”, y en otros igualan los máximos conocidos.

En concreto, los autores apuntan a que –al margen del cobre y el manganeso– hay presencia de cromo, níquel, plomo, selenio y zinc que igualan a las mayores concentraciones de las que se tienen registros en todo el mundo. En cuanto al arsénico y al cadmio, las cifras son incluso superiores a las que se midieron en el estuario del Guadalquivir en 1998 tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar.

El estudio es una actualización del que ya se presentó el año pasado, tomando como especie de análisis el albur, un pez que se consume de manera habitual en los municipios ribereños. Los datos que se manejan son los que una entidad independiente acreditada le aporta a la mina para conocer sus parámetros, que a su vez le son remitidos a la Junta de Andalucía, encargada de los permisos mineros y del control medioambiental. Es decir, no los han extraído directamente los investigadores sino que son cifras oficiales.

El calor favorece la bioacumulación

Desde la empresa minera alegan que, al desconocer el informe, “no podemos pronunciarnos sobre él”. Eso sí, apuntan a que anteriores estudios de Jesús Castillo “estaban basados en importantes errores científicos y no demostraban ninguna relación científica de sus afirmaciones con Cobre Las Cruces”. Y añade que cumple “escrupulosamente” la normativa ambiental y que hay una “presencia permanente” en sus instalaciones de técnicos del Gobierno y de la Junta, además de defender que las aguas tratadas que se vierten “son sometidas previamente a un tratamiento intensivo de depuración, con varios ciclos de control y análisis”.

El nuevo informe está firmado, además de por Castillo, por otros dos catedráticos de Ecología, dos investigadoras antropólogas y una estudiante predoctoral de la Universidad de la Sorbona de París. Si el anterior estudio se alimentó de los datos recopilados entre 2017 y 2023, esta actualización añade los de 2024 y los de 2025, y es en este último año donde los indicadores se disparan de manera sustancial con respecto a ejercicios anteriores.

¿Qué es lo que ha pasado para ello, teniendo en cuenta que la mina no está en producción desde 2023? Pues por un lado, que se siguen registrando vertidos que Castillo vincula a episodios de lluvia que inundan la corta minera, y por otro –y de manera muy significativa– que los datos del año pasado se recopilaron en el mes de junio, cuando lo habitual era hacerlo en fechas menos calurosas.

Albures... y otras especies

Es decir, que los albures capturados próximos a la zona de vertido (entre el municipio de La Algaba y el estadio de la Cartuja, ubicado a caballo entre Santiponce y la capital) concentran “altas cantidades de metales y metaloides en sus tejidos” porque “en junio se alcanzan altas temperaturas que favorecen la bioacumulación”. El alto nivel detectado “estaría causando daños ecotoxicológicos a los peces y podría estar afectando a otros muchos animales en el Guadalquivir”.

En esta línea, el informe apunta que si el calor es un factor que empeora la situación, la perspectiva no es nada halagüeña teniendo en cuenta “el escenario actual de calentamiento global, que podría estar aumentando el impacto de la contaminación metálica en el estuario del Guadalquivir”. Esto pondría en riesgo actividades tradicionales como la pesca artesanal, el marisqueo y la acuicultura, ya que esta contaminación “podría significar el inicio del sacrificio del Guadalquivir a la minería” y la consiguiente exclusión de otras prácticas

Esto está provocando la movilización de colectivos y ayuntamientos ribereños de Sevilla y Cádiz, preocupados por la posible afección a su ecosistema y a sus sectores productivos. Algunos de estos consistorios, de hecho, han puesto esta situación en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Otro de sus hallazgos es que “el riesgo cancerígeno fue mayor que el riesgo no cancerígeno debido al consumo de albures” procedentes de esta zona. En este aspecto, el cadmio “fue el contaminante que conllevó un mayor riesgo para la salud”, aunque los niveles de plomo que fija la Unión Europea para consumo de carne de pescado “se superaron en todas las muestras”.

Choque de cifras

Castillo señala también que, en pocos años, Cobre Las Cruces volverá a producir y se le sumará la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Minera Los Frailes), una acción conjunta que elevará hasta diez veces más los vertidos que se han producido hasta la fecha “y con el mismo sistema de depuración”. Aquí, Cobre Las Cruces contraataca con otro estudio de la Universidad de Sevilla, en este caso del Área de Ingeniería Química Ambiental, según el cual la compañía “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario” y que “no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad” de esta empresa.

Adicionalmente, la Universidad de Sevilla, a través del Área de Ingeniería Química Ambiental, ha emitido un dictamen técnico que concluye que la actividad industrial de CLC “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del Estuario” y que los niveles de metales en el estuario “se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental”. Añade el estudio que “no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad de CLC”.

Con todos estos datos sobre la mesa, el estudio señala que las autoridades sanitarias andaluzas “deberían haber abierto un expediente para valorar si publicar una alerta alimentaria”, ya que el albur se consume tradicionalmente en la zona de estudio. Asimismo, concluye con una reivindicación que ya se ha convertido en recurrente: en aplicación del principio de precaución, debería establecerse una moratoria a nuevos vertidos mineros al Guadalquivir y crear un comité de expertos independientes que analice la situación en profundidad.

La Plataforma Mina Touro - O Pino Non, una de las asociaciones vecinales que se opone a la reapertura de la explotación para extraer cobre, denuncia que la balsa de residuos mineros que existe en el lugar —en la que se acumulan los desechos de la actividad anterior— sigue provocando filtraciones contaminantes peligrosas y que amenaza la aldea de Fonte Díaz, en donde hay, además de viviendas, instalaciones deportivas, la Casa da Cultura y una residencia de mayores. Acumulan desde hace años imágenes en las que se aprecia, en una zanja de drenaje junto a una carretera, líquido del color anaranjado típico de las aguas ácidas de las minas.

Esta asociación indica que esas aguas se filtran desde el muro de la balsa minera, cargadas de metales pesados, y que van a parar al arroyo Ameneiro Lamas, después al Lañas y, de este, al río Ulla. Esto ocurre desde hace “décadas, todos los días del año, las 24 horas del día, lo que produce mayor gravedad por la bioacumulación de metales en el lecho de los ríos”, sostiene. El depósito contiene los residuos generados por la actividad minera que hubo hasta mediados de los 80. Y es una de las instalaciones clausuradas consideradas peligrosas por el inventario que el Gobierno central realizó para cumplir con las normas europeas.

La elaboración de ese listado se encargó al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Julio César Arranz es uno de los científicos que se ocuparon de esta tarea. Explica, en conversación telefónica, que no hay dudas sobre los riesgos de la balsa de Touro: “Está en el inventario por la capacidad de contaminar aguas superficiales y porque es enorme y, en caso de rotura, se vería afectada la aldea de Fonte Díaz”. Arranz rememora cómo fue el proceso y cómo hubo un desencuentro con la Xunta porque sostenía que la balsa de Touro no debía incluirse, con el argumento de que no estaba abandonada porque tenía dueño. Con propietario o sin él, dice el experto, llevaba décadas, desde mediados de los 80, parada.

Finalmente, la balsa de Touro se incluyó en la ampliación del inventario de 2015. Hubo una revisión en 2019, que incluyó el desplazamiento al lugar de los científicos del IGME. Arranz cuenta que no pudieron tomar muestras en el interior porque no pudieron acceder, pero sí fueron al arroyo Pucheiras y a otro que se encuentra al este de la presa. La conclusión fue que seguía siendo una instalación contaminante de las aguas superficiales, con efectos sobre todos los usos y sobre la fauna piscícola. “Al hacer la revisión nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error: teníamos que subirle la categoría de riesgo”, expone.

La plataforma vecinal, una de las que lucha contra la reactivación de la mina, critica que, pese a la evidente contaminación, que ha supuesto incluso alguna multa de la propia Xunta, no ha logrado información del Gobierno gallego sobre si existe algún plan de restauración del entorno, si se está haciendo alguna tarea de control y vigilancia o si la presa debe tener un plan de emergencia exterior por la peligrosidad de los desechos que contiene.

Fuentes de la Consellería de Economía e Industria aseguran que la restauración de la balsa está incluida en el proyecto de la empresa Cobre San Rafael para reactivar la explotación, que ha sido declarado estratégico por la Xunta y está en tramitación, a la espera de la evaluación ambiental. Este es el segundo intento por retomar la actividad en la mina para producir cobre, después de que el proyecto presentado en 2017 fuese rechazado por el Gobierno gallego precisamente por no superar el trámite ambiental y en medio de una fuerte contestación social.

La mina se encuentra en una situación inusual: con el primer proyecto de reactivación denegado, la empresa recompuso su plan y volvió a presentarlo en 2024. Fue entonces cuando la Xunta lo declaró proyecto industrial estratégico —una figura que implica que la tramitación se acelera—. Pero, en los tribunales, había seguido avanzando el recurso contra el archivo del primer plan. La Justicia tomó una decisión en mayo de 2026 y consideró que el informe ambiental que lo había echado abajo era nulo porque no se había dado audiencia a la compañía promotora antes de dictar la declaración de impacto ambiental. Es decir, detectó un defecto de forma. A pesar de esa victoria, la empresa no tiene intención de retomar ese proyecto, sino de continuar con el que ahora mismo está declarado estratégico. También este tiene en contra a plataformas vecinales, ecologistas y al Icomos, un organismo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural y que teme efectos negativos sobre el Camino de Santiago.

Protestas continuadas

A la espera de conocerse si esta vez supera la evaluación de la Xunta, los vecinos de la zona que se oponen a la reactivación de la mina han seguido movilizándose: una multitudinaria manifestación mostró el rechazo social al proyecto en junio, durante la exposición pública se presentaron miles de alegaciones —que han derivado en una carrera de obstáculos para que la administración gallega reconozca a muchos vecinos como parte interesada— y han seguido documentando la contaminación procedente de la balsa.

En marzo de este año, la Plataforma Mina Touro - O Pino Non trasladó al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Delegación del Gobierno en Galicia sus preocupaciones por las filtraciones y por el riesgo que la balsa representa para el núcleo de Fonte Díaz, a menos de 300 metros del depósito de residuos. Aseguran que, tras esa comunicación, se acometieron unas obras, que consistieron en una canalización para recoger las filtraciones intentando separarlas de la zanja que recoge el agua de la lluvia. Pero, denuncian, el color anaranjado se sigue extendiendo hacia la zona pensada para pluviales, como se aprecia en la imagen que se ve a continuación.

La Consellería de Economía asegura que, si el proyecto de Cobre San Rafael logra su visto bueno, la empresa “asumiría su restauración [la de la balsa de residuos], vigilancia y control dentro del denominado plan de vigilancia ambiental”. No hace referencia al plan de emergencia exterior, que reclama el real decreto 975/2009 sobre gestión de residuos mineros, el mismo que fijaba la obligación de elaborar el inventario de presas o escombreras clausuradas y consideradas peligrosas. Esa norma indica que el plan de emergencia exterior debe hacerlo la autoridad competente cuando las instalaciones sean de categoría A -las que tienen riesgo de un accidente grave en caso de fallo y las que tienen residuos peligrosos por encima de un determinado umbral-.

El experto del IGME, indica que, cuando se hizo la evaluación de las instalaciones de residuos mineros llegaron a la conclusión de que esta norma no se aplicaba a las explotaciones anteriores a la misma. Es decir, la balsa de Touro no cuenta con un plan de emergencia exterior. Arranz aclara que, si se le aplicase esta normativa, el depósito de Touro sería categoría A “de libro” y debería contar, por tanto, con esa estrategia de emergencia exterior.

La Plataforma Mina Touro - O Pino Non recuerda que ha habido accidentes en otras balsas mineras en Galicia, algunos de ellos recientes, como el de Monte Neme el pasado invierno, y se pregunta si los vecinos de la zona tendrán que estar “pendientes de dos alarmas, la de la balsa antigua y la nueva que instalen, ambas con población a 300 metros y el río Ulla como destino”.

Los 56 trabajadores de TYC Narcea afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) recibieron ayer, martes, las cartas de despido. Ya contaban con ellas, por lo que no hubo efecto sorpresa, pero los días siguen pasando sin que atisben, a corto plazo, el apoyo institucional necesario para contar con el ansiado nuevo proyecto de explotación que les permitiría volver al tajo. Los únicos de la plantilla que se han 'librado' del despido han sido 12 trabajadores que permanecerán adscritos a labores de mantenimiento.

La solidaridad de la familia minera se escenificó con la instalación de tiendas de campaña en el Campo San Francisco de Oviedo/Uvieu, a escasos 200 metros del edificio de Presidencia. La ubicación no era casualidad. Querían que el presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, les viera y se acercara a saludarles para tener la oportunidad de ofrecerle de primera mano la información para ponerle al día de la situación laboral. No tuvieron suerte.

Los trabajadores incluso colocaron una pancarta en una valla, en pleno Paseo de los Álamos, donde le recordaban que era hijo de minero, pero tampoco surtió efecto. Adrián Barbón no ha ido a verles y llevan ya cuatro semanas acampados.

Seguiremos acampados“

De momento, la acampada continuará adelante, ya que los trabajadores quieren tener algo más que esperanzas a lo que agarrarse, según ha confirmado a elDiario.es Asturias el portavoz de los trabajadores, Carlos Menéndez, que es delegado sindical de Comisiones Obreras (CCOO).

Los mineros se sienten decepcionados con la falta de respuesta del presidente asturiano: “Ni se acercó por aquí. Le pedí una reunión y nada. Le pedí la última el día 15 y me contestaron el día 18 que por motivos de agenda no me la podía dar, se ve que estaba muy ocupado. Y eso que estamos a 200 metros del edificio de Presidencia, pero así están las cosas”, lamenta el portavoz.

La reunión entre las partes

Lejos de frustrarse, los trabajadores lo intentaron con el director general de Energía y Minería, Javier Cueli, aunque la imagen que sacaron de él en otra pancarta no le dejaba en muy buen lugar. Le retrataron con una nariz de Pinocho.

Sin embargo, el director general no se lo ha tenido en cuenta y esta mañana se celebró una reunión, en Oviedo/Uviéu, entre los representantes de los trabajadores y de las federaciones sindicales con Javier Cueli y la jefa de gabinete de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, Verónica Noval.

En la reunión, transmitieron a los representantes sindicales que el Servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ultimaba la tramitación del proyecto de explotación de TYC Narcea y preveía iniciar “próximamente” el periodo de información pública.

La visita a la explotación

“El director general nos ha dicho que durante este mes de julio va a sacarlo a información pública, aunque no dijo una fecha concreta. Ayer estuvieron en la mina dos ingenieros del Servicio de Minas y pidieron modificar una parte del proyecto de explotación. También querían que unos documentos que habían pedido de seguridad y salud, unos anexos que había que mandar y unos planos que estuvieran todo dentro de un único documento en el proyecto de explotación y con eso lo sacaría a información pública”, explica el portavoz de los trabajadores.

Una vez que todo esté modificado y revisado, el siguiente trámite será su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y una vez que salga a información pública se abrirá el período de alegaciones, con lo que ya empezarán a tener una fecha aproximada.

“Nosotros queremos fechas concretas y que todo esté avanzado lo máximo posible, porque desde ayer 56 compañeros se han quedado en la calle, de ahí que sigamos luchando para que cuanto antes puedan volver a trabajar.

El proceso de información pública es un trámite administrativo que no supone, en ningún caso, la aprobación definitiva del proyecto de explotación

Javier Cueli — Director general de Energía y Minería del Principado de Asturias

La versión del Principado

Por su parte, el director general ha aclarado que el proceso de información pública es un trámite administrativo que no supone, en ningún caso, la aprobación definitiva del proyecto de explotación.

“Hay que dejar muy claro que una cosa es que se tramite el proyecto de explotación y otra que una vez tramitado eso suponga la reapertura de la mina porque hay un condicionante previo que es si la empresa tiene o no que devolver las ayudas al cierre”, ha indicado Javier Cueli.

“Mientras no se resuelva ese condicionante, que seguramente será antes de que finalice la tramitación del proyecto de explotación, este plan no se podría activar”, ha añadido.

El accidente mortal de dos trabajadores

Cueli ha confirmado la visita que dos ingenieros del Servicio de Minas realizaron ayer a la explotación minera, que permanece cerrada desde que el pasado mes de noviembre fallecieron dos trabajadores, Óscar Díaz y Anilson Soares, en accidente laboral.

El director general ha enmarcado esta visita en la intención de avanzar en la revisión de diferente documentación que deberá ser aportada por la empresa en los próximos días.

La Junta General del Principado ha cerrado este miércoles la investigación sobre el accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en marzo de 2025 en el fallecieron cinco trabajadores con la aprobación de un dictamen respaldado por todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE que exige depurar responsabilidades para cuatro ex consejeros y tres altos funcionarios de la administración autonómica.

En concreto, el texto pide responsabilidades políticas que deberán “conllevar ceses” para los ex consejeros de Industria del Principado Belarmina Díaz -que dimitió tras el siniestro-, Isaac Pola, Enrique Fernández -actual presidente de Hunosa- y Nieves Roqueñí -presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón- y para dos jefes de servicio y un secretario general técnico a los que menciona con nombres y apellidos.

Los fallos

El dictamen de la comisión, donde han comparecido 88 personas y que ha realizado 148 solicitudes de información, señala además que, aunque la administración minera no causara directamente el accidente, los documentos aportados y las declaraciones realizadas apuntan a que pudo incurrir en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria, que favorecieron un contexto de riesgo no corregido.

El texto, aprobado con el voto en contra del PSOE y a favor de su socio en el Gobierno regional -Izquierda Unida-, señala además que la administración favoreció la existencia cierta de un contexto de riesgo la autorización, suscripción o validación de resoluciones administrativas que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre, restauración o limitación de la actividad minera.

Las concesiones

A esta coyuntura contribuyó además, señala el dictamen, el otorgamiento de transmisiones o concesiones sin una comprobación suficientemente rigurosa de la adecuación material de tales actos al marco jurídico ni a la situación real de la mina así como la ausencia de mecanismos extraordinarios de control, paralización, revisión o auditoría administrativa tras la aparición de antecedentes de riesgo como accidentes previos.

El voto particular de IU

Tras la aprobación del dictamen, el pleno ha rechazado con la oposición del resto de grupos parlamentarios el voto particular presentado por IU que pedía extender las responsabilidades políticas al Ayuntamiento de Degaña, y en particular a su alcalde, por su inacción con la actuación de la empresa Blue Solving que explotaba el yacimiento en su municipio.

Además, la coalición solicitaba incorporar al texto un informe de los letrados de la Cámara para depurar, eventuales incorrecciones técnico-jurídicas y reforzar la seguridad jurídica del texto después de que los servicios jurídicos de la Junta General advirtieran de la posibilidad de que el texto vulnerase la presunción de inocencia de los funcionarios a los que atribuye responsabilidades, una circunstancia por la que el parlamento asturiano ya fue reconvenido por el Tribunal Constitucional en otra comisión de investigación.

Recursos ante el Constitucional

La posibilidad de que el dictamen pueda ser objeto de recursos de amparo ante el Constitucional y el alcance de las tareas de una investigación parlamentaria ha centrado el debate plenario en el que la presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha pedido “no ponerse medallas” con un accidente “en una mina que no debía estar funcionando”, ha asegurado que el texto asume “en gran parte” las recomendaciones de los letrados para evitar esos recursos.

Tomé ha pedido no convertir “en un enredo de izquierdas y derechas” la aprobación por amplia mayoría de un texto que, según el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, constata que el principal responsable “es un empresario sinvergüenza llamado Chus Mirantes” que explotaba sin permiso una mina en condiciones de seguridad propias del siglo XIX y que la administración “falló”, pero que solo señala responsabilidades políticas sin acusar a nadie “de cinco homicidios”, un ámbito que corresponde a los tribunales.

Un relato político “preconcebido”

Para el diputado socialista, René Suárez, el contenido del dictamen excede el marco constitucional de las comisiones de investigación “que no son órganos jurisdiccionales ni administrativos” como advirtieron los letrados de la Cámara y ha lamentado que, en lugar de dar una muestra de respeto y homenaje a las víctimas actuando con rigor y respetando el marco legal, se haya por construir “un relato político preconcebido”.

Por el contrario, el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha señalado que del texto aprobado “no se deriva responsabilidad penal alguna” sino solo políticas pese a que el presidente del Principado, Adrián Barbón, -“el señor de los ocho apellidos mineros”- intente reducir todo al ámbito judicial para no asumir la gestión realizada por su administración. “Un adulto asume las consecuencias de su responsabilidad”, ha advertido.

El parlamento asturiano ha aprobado este miércoles por unanimidad una reforma de la ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera, vigente desde 1997, que permitirá al Gobierno rescatar concesiones mineras en el caso de que sus titulares incurran en infracciones muy graves.

La iniciativa, impulsada por todas las formaciones parlamentarias tras la situación creada en Mina Miura y tramitada por vía de urgencia, dota al Principado de los instrumentos para responder con rapidez ante graves transgresiones por empresas titulares de derechos mineros, incluida la posibilidad de revertir las concesiones.

Las vías legales

Tras reunirse con los trabajadores de Mina Miura, el Gobierno asturiano se había comprometido a estudiar todas las vías legales posibles para dar respuesta a su situación laboral, extinguir la actual concesión y volver a licitar el yacimiento para reactivar el empleo con una empresa solvente.

“No se trata únicamente de castigar una conducta infractora sino de cuestionar la continuidad de la actividad cuando las condiciones que la legitimaban han dejado de concurrir”, ha señalado el diputado del PSOE Jacinto Braña en la defensa de una medida que, ha subrayado, “no se convierte en un instrumento arbitrario sino en una herramienta sometida a las garantías del proceso administrativo”.

Los políticos “vieron la luz”

Por su parte, el parlamentario del PP Rafael Alonso ha tenido un reconocimiento para la plantilla de Mina Miura que, con sus movilizaciones, hicieron a todos los grupos “ver la luz” sobre la necesidad de modificar una normativa aprobada en 1997 para posibilitar que el rigor en el cumplimiento de todas las disposiciones legales se recupere en toda la actividad minera “porque ese marco ha cambiado”.

Para el diputado de Vox Gonzalo Centeno, la reforma tiene su origen en el “pánico” generado por la posibilidad de que hubiera nuevos siniestros en empresas amparadas por los denominados Proyectos de Investigación después del accidente de Cerredo/Zarréu donde fallecieron cinco trabajadores, lo que llevó al Gobierno suspender esa posibilidad afectando al funcionamiento de empresas solventes como Tyc Narcea mientras empresarios como el que gestionaba la concesión de Mina Miura pegara “la espantada”.

Evitar “el ruido”

El portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, ha celebrado que los grupos se hayan unido y hayan superado sus diferencias evitando “el ruido que se ha instalado en las instituciones políticas” para respaldar a una plantilla de trabajadores que lleva más de un año sin cobrar al estar “en manos de auténticos sinvergüenzas”.

También el diputado de Foro Adrián Pumares se ha felicitado del consenso sobre una iniciativa “que nace de la sociedad civil”, permite “desterrar una laguna” y dota a la administración de una capacidad que hasta ahora no tenía, mientras que la también parlamentaria del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha subrayado que el objetivo es proteger “la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente frente a conductas negligentes”.

Las movilizaciones

Los trabajadores de Mina Miura, que protagonizaron un encierro de quince días e hicieron una marcha a pie entre Ibias y Oviedo, venían reclamando al propietario de la mina, que adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre, el pago inmediato de la totalidad de las nóminas y atrasos adeudados y la intervención directa del Ejecutivo asturiano para que medie en este conflicto.

El Servicio de Minas del Principado de Asturias decidió el pasado mes de mayo elevar a muy grave la infracción en materia de seguridad cometida por la empresa Carbones La Vega, propietaria de Mina Miura, lo que conlleva una multa de 30.000 euros.

Reforzar los controles

Además, el Gobierno publicó el 1 de junio una nueva instrucción que endurece los requisitos exigidos a las empresas para la transmisión de derechos mineros, elaborada tras el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas tras el accidente de Cerredo/Zarréu, que buscaba reforzar los controles administrativos y dotar de mayor claridad a la tramitación de los expedientes vinculados a esta actividad.

Así, se regulaba la transmisión de derechos derivados de concesiones de explotación para establecer criterios más precisos y reforzar la obligación de que la empresa adquirente acredite su capacidad legal y su solvencia técnica y económica; se concretaba la documentación exigida y se ampliaba el control a operaciones mercantiles como fusiones, absorciones, escisiones o adquisiciones que supongan un cambio efectivo en el control de la concesión.

La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que fija en 31,2 millones de euros la cuantía máxima que la empresa TYC Narcea tendría que devolver por las ayudas al cierre percibidas por la anterior titular de la concesión, ha informado este lunes el portavoz de los trabajadores, Carlos Menéndez.

La Abogacía del Estado ha dictado una comunicación, a petición del Instituto de Transición Justa (ITJ), en la que acuerda iniciar el procedimiento para la aplicación de lo previsto en la ley de cambio climático para proceder a la devolución de ayudas hasta un máximo de 31,2 millones.

El plazo

El organismo ha otorgado un plazo de quince días a TYC Narcea para que pueda aportar documentos y realizar alegaciones y, concluido este trámite, se dictará una propuesta de resolución.

El portavoz de la plantilla, que afronta su segunda semana de acampada permanente en el Paseo de los Álamos de Oviedo/Uviéu, ha señalado que TYC Narcea alegará que es una “unidad de producción diferente” a la antigua carbonera y que, por tanto, no le corresponde devolver ninguna de las ayudas.

La resolución definitiva

Según ha indicado, tras el plazo de alegaciones, se abrirá un periodo de hasta tres meses de tramitación entre el ITJ y la empresa antes de que haya una resolución definitiva, por lo que no se espera respuesta final hasta septiembre.

El portavoz ha subrayado que recibir este informe “era una de las dos condiciones que los trabajadores habían fijado para levantar la acampada”, pero que la otra, que el proyecto de explotación salga a información pública, “sigue sin cumplirse”, por lo que la plantilla continuará concentrada.

Las visitas a los acampados

Los trabajadores han recibido este lunes la visita del diputado de Sumar en Congreso Rafael Cofiño y el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, quienes han exigido que se active de inmediato la tramitación del proyecto de explotación.

Vegas y Cofiño han reclamado a la Consejería de Industria y a la Dirección General de Minas que “se pongan las pilas” para resolver el procedimiento administrativo con la máxima agilidad.

Blindar el porvenir socioeconómico

Vegas ha recordado que no se trata únicamente de defender los empleos directos, sino de blindar el porvenir socioeconómico de todo el territorio del Narcea. En este sentido, el diputado ha urgido a la Dirección General de Minas a elaborar y tramitar de manera urgente el proyecto de explotación definitivo.

Según ha explicado Vegas, la Consejería tiene la obligación de avanzar en estos trámites de información pública mientras se espera a que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) determine en Madrid si la empresa debe reintegrar o no las ayéudas estatales y en qué cuantía.

Un escenario de desconcierto

Para el portavoz autonómico, “los trabajos tienen que ser paralelos” para que, una vez se pronuncie el organismo estatal, la mina pueda reiniciar la actividad de forma fulminante.

Por su parte, Cofiño ha calificado de “intolerable” que las administraciones públicas prolonguen un escenario de desconcierto que se dilata ya por espacio de quince meses. Ha reseñado el compromiso inequívoco de su grupo con el empleo de calidad y la seguridad minera en el Principado, al tiempo que ha censurado la falta de certezas que padece el colectivo.

Despidos por el ERE

Esta semana, 56 de los 68 trabajadores quedarán afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), mientras otros 12 permanecen en la mina realizando labores de mantenimiento, debido a la paralización de la explotación a raíz del accidente mortal.

La plantilla aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que la empresa se comprometiera a la readmisión de los despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina.

El Principado garantiza agilidad

Por otro lado, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha asegurado que el Gobierno del Principado está tratando de ser “lo más ágil posible” en el ámbito de sus competencias, para lo que ya ha iniciado la tramitación del proyecto de explotación.

Al mismo tiempo, ha recordado que se realizará un informe jurídico para determinar si es posible la autorización del proyecto de explotación condicionada al pronunciamiento que emita ITJ sobre la devolución de las ayudas al cierre percibidas por el anterior titular de la concesión.

Una tramitación “muy compleja”

“Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano”, ha insistido antes de señalar que se trata de una tramitación “muy compleja” para lo que está manteniendo conversaciones con la empresa de cara a la subsanación de errores en su documentación.

El objetivo es que cuando el ITJ emita una resolución sobre las ayudas, el proyecto de explotación esté “lo más avanzado posible”. 

El edificio de la Junta General del Principado de Asturias, sede del parlamento regional, está situado a menos de un kilómetro del Paseo de los Álamos, en el campo San Francisco de Oviedo/Uviéu, y en este pulmón verde de la capital asturiana los trabajadores de la empresa TYC Narcea han instalado unas tiendas de campaña.

Es el último cartucho que les queda a los trabajadores de la explotación minera de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, para hacerse visibles a los ojos de los representantes de los partidos políticos asturianos.

Necesitan que les vean, les escuchen e intenten agilizar todos los trámites para que 56 trabajadores de la mina no pierdan su empleo. Las cartas de despido, en aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), se harán efectivas este próximo 30 de junio. Otros 12 trabajadores permanecerán adscritos a labores de mantenimiento.

Los ánimos están “altos”

La media de edad de los trabajadores se sitúa en 40 años. El más joven tiene 22 y el más veterano 62. La mayoría están casados y tienen hijos e hijas. Hay incluso alguno que ya tiene nietos. Pero también los solteros reivindican su derecho a conservar su puesto de trabajo. Todos ellos son profesionales, muchos con varios años de antigüedad y amplia experiencia en la mina, que luchan unidos por mantener la actividad minera en la comarca suroccidental asturiana.

Los trabajadores hacen turnos de 24 horas y se van relevando. El pasado miércoles, Diego, Miguel, Kike y Alberto estaban 'de guardia' en la acampada. Al igual que Carlos Ambres y Julio Menéndez Toral, que cogieron el testigo, todos ellos reconocían a elDiario.es que los ánimos entre los acampados “estaban altos” y resaltaban la importancia de permanecer unidos en la lucha para tratar de llevar al ánimo de los políticos que no pueden permanecer ajenos a una situación que dejará en la calle a 56 trabajadores.

La ayuda de la comarca suroccidental

Toda la zona del Suroccidente asturiano se ha volcado con los trabajadores: hostelería, comercios... Les ofrecen comida, bebida, aprovisionamiento para pasar lo mejor que puedan el día y la noche durante la acampada.

También la Policía Local de Oviedo y los concejales de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Oviedo han ido a visitarles al Paseo de los Álamos para interesarse por ellos y preguntarles si necesitan algo, unos gestos que han agradecido los mineros acampados.

Del ERTE al ERE

El año pasado la empresa entró en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y este año están inmersos en otro, pero a partir del 30 de junio todo se complicará cuando se aplique un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

La plantilla, integrada por 68 trabajadores, aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que la empresa se comprometiera a la readmisión de los despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina.

La muerte de Óscar y Anilson 

La actividad en la mina se paralizó el pasado mes de noviembre a raíz del accidente mortal en el que perdieron la vida dos de sus compañeros: Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y vecino de Cangas de Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 años y vecino de Villablino.

Óscar Díaz, de 32 años, había crecido en Posada de Rengos. Sus compañeros le definen como una persona tranquila y discreta, con una forma de trabajar “impecable” y un sentido de la responsabilidad “intachable”.

Anilson Soares, de 42 años y vecino de Villablino, había emigrado desde Cabo Verde en busca de una oportunidad laboral que le permitiera una vida mejor. Formaba parte de la segunda generación de caboverdianos que se asentaron hace cincuenta años en la comarca de Laciana, para trabajar en las empresas del carbón de las cuencas leonesas. Padre de dos hijos, de 15 y de 10 años, sabía que la mina que le daba un respiro en la vida, también se la arrebataba. Su hermano Adolfo había muerto, en noviembre de 2007, cuando trabajaba en una explotación de Hijos de Baldomero, en Laciana. Solo tenía 27 años.

Atrapados en la mina

Los dos mineros habían quedado atrapados por un derrumbe en el nivel dos de la explotación de Vega de Rengos, de la empresa TYC Narcea. Al conocer la noticia del accidente laboral de Óscar y Anilson, el presidente del Principado, Adrián Barbón, suspendió un acto en Salamanca donde iba a intervenir y se trasladó a Asturias para conocer de primera mano la situación.

En esa ocasión, transmitió sus condolencias a los familiares y compañeros mineros, a través de su perfil oficial en X, que reproducimos a continuación.

Hoy, son los propios mineros a los que aquel fatídico 21 de noviembre transmitió su pesar por la muerte de sus compañeros quienes le recuerdan en una pancarta que él, que siempre se remite a sus orígenes familiares como 'hijo de minero', es quien puede ofrecerles una solución a los otros padres, hermanos, tíos, sobrinos y abuelos de mineros.

El papel de Barbón, 'hijo de minero'

Los trabajadores han pedido la mediación del presidente asturiano e incluso los alcaldes y alcaldesas de la comarca suroccidental asturiana se han reunido con él para que agilice los trámites y que los mineros puedan volver al tajo.

Los alcaldes y alcaldesas han acudido al Paseo de los Álamos para solidarizarse con la plantilla de TYC Narcea y transmitirles un mensaje de apoyo y solidaridad.

La unión entre los trabajadores en cuantas acciones realicen para defender sus empleos es fundamental y un factor decisivo para tratar de lograr su objetivo final de reanudar la actividad en la mina.

La evolución

El portavoz de los mineros, Carlos Menéndez, es delegado de Comisiones Obreras (CCOO) en la empresa y acumula más de 20 años de experiencia en las minas, primero en Carbonar y actualmente en TYC Narcea. Asegura que los ánimos “están muy altos”; una expresión que viene a corroborar las declaraciones de sus compañeros Diego, Miguel, Kike, Alberto, Carlos y Julio.

Carlos Menéndez relata a eldiario.es Asturias qué pasos se han seguido hasta llegar a la situación límite de acampar en el Paseo de los Álamos.

La paralización de actividad

“Nosotros estamos luchando para tener un proyecto de explotación que ya se envió en abril de 2025. Estábamos trabajando bajo un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC). A raíz del accidente de Cerredo/Zarréu, donde se mataron cinco compañeros el año pasado, a nosotros se nos paró nuestra explotación y empezaron a pedirnos todo tipo de documentación. Estuvimos dos meses y medio de ERTE”, explica el portavoz.

Todos los permisos, en regla

El accidente de Cerredo/Zarréu ocurrió el 31 de marzo de 2025 y se llevó por delante la vida de los trabajadores Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez.

“A raíz de ese accidente, la administración certificó que toda la documentación que requería, en materia de seguridad y de permisos, en Vega de Rengos estaba en regla y dieron la autorización para seguir trabajando bajo el PIC”, comenta Carlos Menéndez.

La responsabilidad

Pero llegó otra fecha negra para la minería asturiana. El 21 de noviembre de 2025, todo volvió a cambiar. Ese día, se produjo el accidente laboral en el que murieron Óscar y Anilson y, a raíz del siniestro, Minas paralizó el PIC y toda la actividad.

“Desde entonces, solo deja hacer unos trabajos de mantenimiento, mientras se elabora un informe de seguridad del accidente para determinar quién es el responsable”, expone el portavoz.

Concentraciones y una marcha

Posteriormente se creó una subcomisión de seguridad, y el 28 de enero pasado llegaron a la conclusión, después de varios informes de la empresa, de hacer unos labores de mantenimiento de la rampa.

“Desde ese momento -prosigue el portavoz- estamos luchando. Realizamos cuatro concentraciones y una marcha en Oviedo porque no se nos dejaba entrar a la mina a trabajar, ni extraer carbón, ni hacer nada, porque aunque estuviera la comisión aprobada, faltaba que el director de Minas, Javier Cueli, firmara y nos diera autorización”.

Una espera que dura 15 meses

“A la vez , la empresa en abril del año pasado también había enviado el proyecto de explotación que es el que nos permite explotar, sacar carbón, vender, comercializar... Se mandó en abril del año pasado y llevamos esperando 15 meses. Sabemos que a otras empresas en tres meses se lo habían concedido. Minas se ha puesto ahora con él. El problema es que ni te dan razones, ni te dan plazos”, lamenta.

El proyecto de explotación hay que sacarlo a la luz pública para que se abra un plazo de alegaciones. Tiene que ir al Ministerio de Medio Ambiente y tiene que pasar unos trámites que llevan unos tiempos.

La devolución de las ayudas

Por otro lado, desde la Ley del Cambio Climático del 2022, cualquier empresa que haya cerrado y hubiera obtenido ayudas tiene que devolverlas y ahora el Instituto de Transición Justa (ITJ) tiene que hacer una consulta para saber si la empresa tiene que devolver o no las ayudas.

“Nosotros tenemos el PIC desde el 2021. Ha habido cuatro ampliaciones y luego la quinta ya nos pone que está permitido hasta que se nos apruebe el Procedimiento Escrito de Trabajo (PETS), o sea, es ilimitado. No sé qué figura legal han buscado, pero ahora lo tenemos paralizado y ahora mismo no se nos permite extraer carbón, con lo cual la empresa, al no poder extraer ni vender carbón desde el 21 de noviembre, primero nos metió en un ERTE y ahora tenemos un ERE de extinción con 56 despedidos y 12 personas que quedarán para realizar labores de mantenimiento”, indica Carlos Menéndez.

La polémica

El problema está en el tejado de la administración. El Instituto de Transición Justa (ITJ) consultó a Bruselas y le respondió que las ayudas son estatales y, por lo tanto, se remiten a Madrid. Y han dicho a los trabajadores que no saben cuál es el procedimiento a seguir, según manifiesta el portavoz.

“El ITJ ha mandado a la Abogacía del Estado que le remita un informe de cómo va a ser el procedimiento que se va a seguir para saber si hay o no que devolver ayudas. Nosotros creemos -dice Carlos Menéndez- que no hay que devolverlas porque las ayudas al cierre las tuvo en la antigua mina, que era Carbonar Narcea”, añade.

El papel del ITJ

Carlos Menéndez habló con la directora del ITJ, Judit Carreras García, hace un mes y le dijo que tenía el borrador del informe delante de la mesa, que lo iba a revisar y que disponía de diez días para mandárselo a la empresa y a partir de ese momento empezarían a contar tres meses para que pueda confirmar si hay o no que devolver y la cuantía de las ayudas.

“Este viernes pasado, Judit Carreras habló con la empresa y le dijo que han tenido problemas y ha cambiado el abogado del Estado y que ahora en diez días le va a remitir a la empresa la información y a partir de ahí empiezan a contar los tres meses. Eso quiere decir que la decisión del ITJ se va a producir a finales de septiembre y antes no habrá proyecto de explotación, mientras que el ITJ no se pronuncie”, indica.

Los cálculos

Ese retraso implicaría que hasta que el ITJ no se pronuncie y se apruebe el proyecto, se saque a información pública y se revisen posibles alegaciones, antes de enero o febrero de 2027 no será posible que los trabajadores vuelvan a la explotación minera, según los cálculos del portavoz.

“En Madrid van a mirar con un informe jurídico si es legal que puedan empezar a sacar a información pública el informe antes de que el ITJ responda. Lo que tenemos claro los trabajadores -asegura Carlos Menéndez- es que la empresa Carbonar, que era la antigua propietaria, cobró al cierre más de 30 millones de euros de ayudas”.

Las diferencias

“Nosotros lo que tenemos ahora en común con la otra empresa, aparte de lo que son las instalaciones pero están fuera, los primeros 40 metros de entrada de la mina y una chimenea de ventilación. Creemos que lo único que se debería devolver como mucho sería eso, pero es de los años 80 del siglo pasado, ya no es de Carbonar, sino que es de Velasco, del anterior propietario, que no recibió ayudas, con lo cual creemos que no hace falta devolver nada”, argumenta.

Los trabajadores cuentan con informes que sostienen esta afirmación y han enviado dos -uno de ellos consta de 33 hojas- donde se explica todo lo que es una concesión minera.

“¿Cuáles son las cuadrículas mineras donde estaba explotando Carbonar? ¿Dónde está explotando TYC Narcea? ¿Cuáles son las diferencias?. El carbón que se extraía antes era carbón térmico y ahora ninguno es una antracita de bajo volátil. Son tantas, tantísimas las diferencias que lo único común es que estamos en el mismo sitio y tenemos los 40 metros de la entrada de la mina”, ilustra.

Carlos Menéndez estima que desde el primer día que se les dio el PIC ya se tendría que haber informado desde el Gobierno del Principado a Madrid, no ahora, sino hace cuatro años: “De ahí, las informaciones que salieron publicadas donde en Madrid decían que no sabían que se estaba extrayendo carbón en la mina”.

El apoyo de la comarca

La presidenta de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) y alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, pidió el pasado jueves “agilidad administrativa” para la reapertura de la mina de TYC Narcea, de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea.

Antes de participar, junto a los alcaldes asturianos integrantes de la entidad, en una reunión con Adrián Barbón, Álvarez explicó que la administración está “bloqueando los trámites necesarios” para retomar la actividad en la mina de Vega de Rengos, paralizada desde el pasado 21 de noviembre tras el accidente mortal en el que fallecieron Óscar y Anilson.

“Setenta familias llevan meses sin trabajo tras la paralización de la explotación”, afirmó Álvarez, quien lo califica como un problema “puramente administrativo” con consecuencias para la comarca.

Justicia con las comarcas mineras

Los alcaldes están “bastante preocupados por saber a dónde se están destinando todos los fondos de transición”, reconoció, tras advertir de que el dinero “acaba destinándose a otras zonas de costa”.

La alcaldesa también exigió “el compromiso y la justicia” con las comarcas mineras y solicitó que “esos fondos vayan destinados a las zonas mineras” y no a otros territorios ajenos a la transición energética que afecta directamente a estos municipios.

La economía doméstica y el paro

Mientras los políticos, desde sus despachos, buscan soluciones, sigue la protesta en la calle. Los trabajadores de TYC Narcea están dispuestos a seguir con la acampada “indefinidamente”.

La economía doméstica no solo no es boyante, sino que incluso para más de un trabajador se complica al tener agotado el subsidio de desempleo. El año pasado, los trabajadores ya estuvieron afectados por un ERTE, al que se ha sumado otro este año y actualmente viven bajo la amenaza de un ERE inminente.

“Hay compañeros que ya venían de otros sitios, que habían agotado el paro, y esto es como la minería, que lleva muchos años en guerras. La situación es muy complicada y eso que estamos hablando de que, en el caso de que se pueda arreglar, llegamos a las fechas de octubre y noviembre”, expone.

Carlos Menéndez no obvia que las complicaciones se verán a partir del próximo 30 de junio, fecha en la que se aplica el ERE: “Lo comprobaremos cuando pase un mes y ya no tengamos ingresos o los ingresos provengan del paro, donde ya sabemos que las cuantías son para subsistir, es decir, poco y mal”, sostiene.

La Mina de la Camocha, en Gijón/Xixón, ha sido declarada Lugar de Memoria Democrática, un año después de que se iniciaran los trámites, en reconocimiento a la explotación donde nació, en pleno régimen franquista, el germen fundacional de Comisiones Obreras (CCOO) que acabó con el Sindicato Vertical y donde las movilizaciones de los trabajadores se convirtieron en “un verdadero ejemplo de resistencia ante la dictadura y de lucha por la democracia”.

Este es uno de los principales argumentos en los que se basa la resolución dictada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática el pasado 12 de junio y publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En su argumentación, destaca la valentía de los trabajadores que, con sus movilizaciones, “no solo desafiaron las leyes” que impedían su “libre organización” sino que, además, lograron asestar con éxito un duro golpe al Sindicato Vertical, considerado como “una de las piedras angulares del franquismo”.

Imitación del modelo fascista italiano

El Sindicato Vertical se había creado a imitación del modelo fascista italiano. Este organismo tenía como objetivo principal la supresión de la libre organización de los trabajadores y se convirtió en un elemento fundamental para el sostenimiento de la dictadura.

Al mismo tiempo, los verdaderos sindicatos habían sido ilegalizados y la huelga fue incluida entre los delitos de sedición. Sin embargo, todo ello no fue suficiente para impedir que las precarias condiciones laborales, el hambre y la inflación desembocasen en movilizaciones y en la sucesión de paros y de huelgas.

Las primeras movilizaciones

Dentro del proceso de industrialización asturiano, en el territorio central de Asturias, fueron gestándose dos áreas funcionales bien diferenciadas. Por un lado, la cuenca hullera central donde la siderurgia iría asentándose para aprovechar la cercanía del combustible y, por otro, se generaron los espacios portuarios, tanto para la exportación del carbón como para la importación de hierro, todo ello comunicado por una importante red ferroviaria.

Es en este contexto cuando empezaron a surgir las comisiones obreras y las movilizaciones de los trabajadores, sobre todo a raíz de la gran subida de la inflación y la “pírrica” subida de los salarios.

Las demandas laborales

En la década de 1950 comenzaron a surgir comisiones de trabajadores en diversas empresas, industrias y minas ligadas a problemas concretos, escenario y acciones ante las que los mineros de La Camocha fueron “muy receptivos”.

Sus demandas laborales se canalizaron entre los años 1955 y 1956 a través de una comisión que adquirió cohesión y representatividad hasta imponerse como interlocutora durante la huelga de enero de 1957 que duró nueve días. Asumieron reivindicaciones globales y utilizaron los recursos y escasos resquicios legales de los que disponían para imponer su representatividad y negociar al margen del Sindicato Vertical.

El Estado de Excepción

Las negociaciones de la huelga de 1957 significaron una victoria para los trabajadores y se convirtieron “en un modelo a imitar”, explica la resolución que deja constancia de que , por este motivo, “la comisión de La Camocha puede ser considerada el germen fundacional de las Comisiones Obreras”.

Durante los meses consecutivos a esta huelga, surgieron nuevos grupos y protestas colectivas que fueron contestadas con una fuerte represión policial. En 1958 una huelga en diversas explotaciones fue reprimida mediante la declaración del Estado de Excepción en Asturias.

Centenares de despidos

“Además, se produjo el destierro, destitución y despido de centenares de trabajadores. Esto no impidió que se crearan nuevas comisiones que organizarían la gran huelga de abril y mayo de 1962. La movilización afectó a los sectores mineros y del metal. La comisión de mineros de La Camocha tuvo un papel protagonista debido a su gran masa social, con unos 1600 trabajadores”, señala la resolución.

El desenlace de esta movilización pasó por la creación de una comisión de seis trabajadores que en asamblea reclamó una renegociación de salarios, libertad para los detenidos y la recuperación de la antigüedad al ser readmitidos. Esto dejaría un amplio margen de intervención de las comisiones en las negociaciones y un reconocimiento por parte del propio Gobierno y de algunas empresas.

La comisión de mineros de La Camocha tuvo un papel protagonista debido a su gran masa social, con unos 1600 trabajadores

La huelga y la represión

El incumplimiento de las peticiones pactadas provocó el surgimiento de nuevas huelgas que serían respondidas, de nuevo, con una fuerte represión. Sin embargo, lejos de desmotivarse, los trabajadores se unieron más y se afianzaron las comisiones obreras con la consolidación definitiva de La Camocha dentro del nuevo movimiento obrero en 1964, la constitución de Comisiones Obreras y de la Comisión Provincial Minera en 1966.

La fuerza sindical fue contestada con el encarcelamiento de los principales miembros de la Comisión Provincial Minera y la ilegalización de Comisiones Obreras en enero de 1967.

El golpe definitivo al Sindicato Vertical

En el tramo final de la dictadura se produjeron notables progresos en la implantación y estructuración organizativa de las Comisiones Obreras asturianas, así como un aumento en la capacidad de movilización que desembocaría en importantes huelgas tras la muerte del dictador Francisco Franco.

En 1977 se produjo en La Camocha un paro que tuvo especial trascendencia pues logró acabar por primera vez en España con el Sindicato Vertical y, en vísperas de su legalización en abril de ese año, las Comisiones Obreras de La Camocha, junto con la UGT, se convirtieron en los únicos representantes de los trabajadores.

Reconocimiento de las víctimas

La resolución de la Secretaría de Estado implica una serie de medidas, entre las que figura su inscripción con carácter definitivo en el inventario de Lugares de Memoria Democrática.

Además, se pondrán en marcha medidas de difusión e interpretación, de forma que con una finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora, la Administración General del Estado impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo, así como de señalización de punto de reconocimiento de las víctimas.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática desarrollará mecanismos institucionales para integrar este lugar de memoria en los circuitos internacionales que respondan a situaciones de construcción de memoria democrática semejantes

Circuitos internacionales

El Portal web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática recogerá su geolocalización y una ficha con fotografías y audiovisuales. Asimismo, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática desarrollará mecanismos institucionales para integrar este lugar de memoria en los circuitos internacionales que respondan a situaciones de construcción de memoria democrática semejantes.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición o impugnarlo directamente, mediante recurso ContenciosoAdministrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

Solo Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturies (CA), socio de gobierno del PSOE en Asturias, ha registrado un voto particular al dictamen final de la comisión parlamentaria de investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas del accidente ocurrido en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el 31 de marzo de 2025, en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos.

Al dictamen final se había llegado con un amplio grado de consenso de todos los partidos políticos, a excepción del PSOE que se desmarcó de las conclusiones ante su disconformidad con el texto definitivo donde se establecía la reprobación de siete personas entre las que figuran cuatro ex consejeros socialistas de Industria del Principado y tres funcionarios, para los que se pide su cese o dimisión.

La sorpresa de IU-CA

A las dos de la tarde de hoy, martes, se cerraba el plazo para la presentación de votos particulares al dictamen que se llevará conjuntamente al pleno que se celebrará la próxima semana para su aprobación.

La principal incógnita era ver si el PSOE, que no se había pronunciado oficialmente sobre cuál iba a ser su posicionamiento, finalmente se decidía a emitir un voto particular y finalmente no lo ha hecho. Al parecer, los socialistas van a optar por votar en contra del dictamen cuando se someta a votación en el pleno en la sesión del próximo 24 de junio.

Sin embargo, curiosamente ha sido su socio de gobierno, IU-Convocatoria por Asturies, el único que sí ha registrado un voto particular. Su portavoz, Xabel Vegas, asegura que es “parcial y concurrente” con el dictamen ya que en líneas generales su grupo parlamentario está de acuerdo con las conclusiones, pero discrepa al obviar el texto definitivo cualquier responsabilidad política del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, al haber ocurrido el accidente en su concejo y, por tanto, tener competencias propias de control de actividades, de disciplina y verificación en su ámbito.

Apoyo “en lo sustancial”

IU subraya que comparte “en lo sustancial” el dictamen, tanto en la reconstrucción de los hechos como en la identificación de las principales disfunciones administrativas y políticas que contribuyeron al trágico accidente mortal en Zarréu.

A su juicio, no se trató de “un fallo aislado, puntual o puramente técnico”, sino de “una sucesión de deficiencias acumuladas en la instrucción administrativa, en el control, en la inspección, en la reacción sancionadora y en la delimitación misma de los instrumentos jurídicos empleados”.

IU-CA plantea la necesidad de incorporar al dictamen definitivo un informe jurídico de los letrados de Cámara para reforzar la seguridad jurídica del texto ya que, al atribuir responsabilidades tanto a cargos públicos como a funcionarios de la administración autonómica, se transita “por un terreno delicado” basándose en los criterios del Tribunal Constitucional (TC).

Centeno: “Solo quiere hacerse notar”

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha valorado positivamente el dictamen definitivo y ha mostrado su confianza en que el texto pueda salir adelante con el mayor consenso posible en el pleno.

“Nuestra posición de máximos apuntaba a la responsabilidad política del presidente Adrián Barbón, porque aquí no falló únicamente un funcionario, sino todo un sistema de control y supervisión vinculado a la Dirección General de Minas, a la Dirección General de Medio Natural y a distintos niveles de la Administración”, ha señalado.

Vox calcula que el dictamen recoge el 90% de las ideas de su grupo parlamentario y ha mostrado su sorpresa por el voto particular de IU-CA, al estimar que “parece más una iniciativa destinada a hacerse notar que una aportación sustancial al contenido del dictamen”, ha indicado.

Las responsabilidades políticas

El texto consensuado por todos los grupos salvo el PSOE señala directamente la responsabilidad política de los exconsejeros de Industria socialistas Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal.

El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

En el dictamen final de la comisión parlamentaria tampoco ha variado la propuesta de ayudas a las familias de las víctimas mortales y los heridos registrados en los accidentes en la mina de Zarréu en los años 2022 y 2025.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prima el criterio de su gobierno sobre el del Icomos -órgano consultivo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural- a la hora de evaluar si el proyecto de la mina de Touro puede afectar al Camino de Santiago. Defiende la postura de los informes de los técnicos de la administración autonómica, que consideran, igual que lo hace la empresa promotora, que la explotación no tendría impacto sobre el Camino de Santiago. Por la contra, el Icomos manifestó que cualquier permiso para la actividad minera en la zona debería ser anulado porque no hubo consulta previa a la Unesco pese a plantearse para las inmediaciones de un tramo de la ruta jacobea, declarada Patrimonio Mundial desde 1993.

El informe del Icomos, dijo, “merece todo el respeto, el mismo, ni más ni menos, que los técnicos de la Xunta”. El proyecto está avalado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, agregó, que concluye que el proyecto para reactivar la extracción de cobre en Touro y O Pino es “compatible” con el Camino, cuyas dos últimas etapas discurren por esta zona.

Rueda hizo estas afirmaciones en respuesta a una pregunta sobre las advertencias del organismo que asesora a la Unesco, que acaba de proponer, en otro proceso distinto, que la Ribeira Sacra no sea declarada Patrimonio Mundial. A lo que no contestó el presidente gallego fue a otra cuestión sobre si su Gobierno va a seguir en futuros proyectos las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial, que son las que establecen que cualquier acción que pueda tener algún impacto en un bien incluido en la lista deben ser consultadas, con carácter previo, con la Unesco.

El Gobierno gallego tampoco ha dado respuesta a las propuestas del Icomos de crear una mesa conjunta para analizar los posibles efectos sobre el Camino de Santiago del proyecto de Touro. En su informe señala que ya en febrero de 2025 remitió comunicaciones tanto a la Consellería de Economía como a la de Cultura pidiendo ese órgano de interlocución y reitera su disposición a crearlo.

Una nueva protesta multitudinaria, que ha recorrido A Illa de Arousa (Pontevedra) por tierra y mar este domingo, ha llamado a “parar” el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) y la reapertura de la mina de Touro-O Pino (A Coruña). “Tenemos que seguir. Estamos obligados a parar estos proyectos y este modelo industrial perjudicial para el conjunto de Galicia”, ha reclamado el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Xaquín Rubido, antes del inicio de la movilización. Esta ha sido convocada por esta entidad junto a Ulloa Viva y la Plataforma Mina de Touro-O Pino Non.

Bajo el lema 'Re-matemos Altri e a mina de Touro-O Pino', más de 10.000 personas han recorrido A Illa desde la playa de O Vao hasta el puerto de O Xufre, según las cifras que maneja la organización. Cerca de 300 barcos han apoyado la protesta por mar y se han acercado al punto final una vez fueron llegando las personas que participaron por tierra. Desde allí, han hecho sonar sus bocinas como signo de protesta. Pancartas y camisetas con el habitual “Altri non” han estado presentes una vez más en la marcha, en la que se han coreado cánticos como “Espolio e miseria é o que nos deixan”. También se han dejado ver las características calaveras que algunas personas portaban en la cabeza, simbolizando los efectos ecológicos que estas entidades advierten que tendrán ambos proyectos.

En este sentido, Rubido ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de “sacrificar” el río Ulla y la ría de Arousa para “beneficiar a unos privilegiados” y considera que estos proyectos “perjudican a la mayoría de la sociedad gallega, destruyen el tejido productivo y desarticulan el territorio”. Además, la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, ha pedido la dimisión a Rueda y a las conselleiras de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez: “Si no son capaces de proteger los recursos de todos, deberían dimitir y dejar su puesto a gente más educada, más empática y más formada”.

Estos mensajes estuvieron presentes en el manifiesto, que fue leído en el puerto por representantes de las tres plataformas convocantes. En él, han explicado que estaban ahí para “defender el agua” como su “modo de vida” y que, en sus palabras, “Rueda quiere regalarle a los proyectos depredadores de la mina y de la celulosa”. “No nos van a desmovilizar porque aún hay recorrido para seguir presionando en Galicia, en España y en Europa”, han exigido. En este sentido, han solicitado la denegación de los proyectos, la potenciación de los sectores productivos y la protección ambiental del río Ulla y de la ría de Arousa. “Tenemos que seguir movilizándonos y alerta para defender este país”, han concluido.

Pontón exige el archivo de Altri

Por otra parte, la protesta ha contado con la participación de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que, una vez más, ha reclamado “el cierre definitivo de Altri” y ha exigido al gobierno del PPdeG que “deniegue todos los permisos y autorizaciones” a lo que considera una “bomba ambiental”. Asimismo, ha manifestado su rechazo a la “megaminería contaminante” para impedir que se reabra la mina de Touro-O Pino, en sus palabras, “controlada por fondos buitre”.

“A diferencia del PP, entre el expolio y Galicia, el BNG siempre está con Galicia. Entre llenar los bolsillos de una presa de multinacionales y la gente, el BNG tiene claro donde está: al lado de todos los vecinos y vecinas”, ha expresado. De igual modo, la líder nacionalista ha apreciado que “la fuerza de la gente ha logrado parar Altri” -actualmente en proceso de archivo-, aunque ha llamado a “no bajar la guardia”.

Cobre San Rafel defiende su proyecto

Ante esta convocatoria, la promotora de la reapertura de la mina de Touro-O Pino, Cobre San Rafael, ha reafirmado su “apuesta por la producción de cobre sostenible” dentro del proyecto actual, que fue declarado como Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por la Xunta de Galicia en el 2024 y que “aplica las mejoras técnicas disponibles actualmente”, en sus palabras. En este sentido, la empresa ha asegurado que el nuevo proyecto, que difiere del presentado en 2017, “incorpora mejoras” con respecto a este “al incrementar las medidas de protección ambiental y garantizar el máximo respecto al medio natural y al entorno”.

Los ingenieros de minas están muy cotizados en el mercado laboral y no solo desde que las tierras raras son el objeto de codicia mundial para obtener minerales que necesita la industria tecnológica. En Cantabria se cerraron las minas de hierro y zinc y actualmente solo quedan explotaciones de áridos, roca ornamental y sales. Precisamente en los pozos que dejó huérfanos la extracción ahora se pretende almacenar hidrógeno verde. Enagás plantea aprovechar las cavidades mineras abandonadas de la química Solvay para almacenar el gas que circulará por la comunidad a través de 140 kilómetros de tuberías que atravesarán 26 municipios. El experto Rubén Pérez, profesor, doctor y subdirector de la Escuela de Minas de la Universidad de Cantabria, explica estas cavidades son la “opción considerada más madura” para el almacenaje y que los riesgos son que, en combinación con el aire y en función de su concentración, “son mezclas que puedan resultar potencialmente inflamables o explosivas en caso de entrar en contacto con una fuente de ignición”.

Cantabria tuvo una gran tradición minera, ¿qué se está extrayendo actualmente en la comunidad y qué reservas minerales tiene?

Desde la segunda mitad del S.XIX, Cantabria contó con un importantísimo desarrollo de la minería, auspiciado en gran medida por la explotación de los recursos metálicos, con yacimientos de plomo-zinc y de hierro, como atestiguan los múltiples elementos de patrimonio minero presentes en la comunidad autónoma. En la actualidad, hay explotaciones de áridos, roca ornamental y de sales, para abastecer al sector industrial, la construcción y la edificación. 

Hace unos años se habló de un proyecto para resucitar la mina de Reocín porque al parecer había subido mucho el precio del zinc. ¿Podría ser rentable esta explotación? ¿quedó mineral por explotar cuando cerró la mina o es un yacimiento agotado?

Lo cierto es que en ningún momento el planteamiento fue resucitar Reocín. Pese a que el desarrollo de proyectos de investigación en las zonas asociadas a los permisos caducados con los que contaba AZSA -la empresa que explotó la mina de Reocín- pudo en su momento ser interpretado por la sociedad como una reapertura, plantear una vuelta a la explotación no es un escenario factible. Hay que tener en cuenta que el cierre, en su momento, estuvo ligado a una depleción [disminución] de reservas y que, además, las labores interiores y la corta se encuentran inundadas.

A la hora de localizar nuevos yacimientos, las empresas con frecuencia se apoyan en la existencia de otros de importancia explotados con anterioridad, por la posible presencia de masas minerales no identificadas, en los entornos de las ya conocidas, que hayan podido formarse como consecuencia de procesos geológicos idénticos o similares. En ese sentido, Cantabria ha contado con una minería importante de cinc, y por ello atrae el interés de cara al desarrollo de proyectos de investigación como el que en la actualidad se está llevando a cabo.

También se plantea almacenar hidrógeno verde en los pozos de sal de Solvay en Polanco. ¿Este tipo de almacenaje subterráneo entraña algún riesgo? ¿Podría tener alguna repercusión dada su relativa proximidad a la Cueva de Altamira?

Dentro de las opciones existentes para almacenar hidrógeno verde -obtenido a partir del agua, mediante hidrólisis, empleando energía de fuentes renovables- la considerada como más madura, debido a su grado de desarrollo tecnológico y a la experiencia derivada de su empleo en el almacenamiento de hidrocarburos o fluidos, es la asociada a la generación de cavidades en formaciones salinas.

Esta opción para el almacenamiento no es exclusiva de Cantabria, existen otros proyectos en Alemania y Países Bajos. Se eligen estas cavidades por la baja permeabilidad de las sales, o la buena adaptación de estos materiales ante la inyección y extracción de hidrógeno con respecto a otras alternativas.

Como sucede en el caso de otros combustibles de uso común, los riesgos relacionados con la gestión del hidrógeno son los ligados a su capacidad de generar, en combinación con el aire y en función de su concentración, mezclas que puedan resultar potencialmente inflamables o explosivas en caso de entrar en contacto con una fuente de ignición. Esto hace necesario cumplir las normativas locales, nacionales e internacionales relacionadas con un manejo seguro del hidrógeno, así como protocolos y medidas preventivas para reducir el riesgo de fugas y optimizar la seguridad de los procesos.

La ejecución de las cámaras destinadas a almacenar hidrógeno aplicaría a priori la misma tecnología que ya se emplea en las generadas para la extracción de la salmuera. Aunque el proyecto requiere estudios ambientales. 

Si antes se buscaba oro, ahora se buscan 'tierras raras', ¿cuál es ahora el mineral más cotizado que ofrece el subsuelo?

En la actualidad, Europa no centra su atención exclusivamente en las denominadas tierras raras -ese conjunto de 17 elementos químicos esenciales para diversas aplicaciones del ámbito tecnológico, como por ejemplo los imanes o las baterías- sino en un concepto más amplio: el de las 'Critical Raw Materials'. Las CRM, materias primas fundamentales indispensables para la industria, la tecnología, la defensa, las telecomunicaciones o la transición energética, cuya demanda experimentará un incremento exponencial. Se incluyen en un listado, publicado por primera vez en 2011, que se revisa de forma periódica. En su última edición, incluye 24 materias críticas, de las que 17 se consideran estratégicas como el litio, el wolframio -que se extrae en Barruecopardo, Salamanca- o el cobre, obtenido en explotaciones como las Cruces, ubicada en Gerena, Aguas Teñidas o Riotinto.

Europa es, por ejemplo, capaz de abastecer toda su demanda de estroncio [utilizado para cerámicas, vidrios, fuegos artificiales o luces fluorescentes] con la producción española, las únicas minas europeas de celestina, sulfato de estroncio, se localizan en Granada. En la mayoría de los casos el abastecimiento de CRM procede exclusivamente de terceros países no comunitarios. En el caso de las tierras raras se importan en su totalidad de China.

Buscando mayor autosuficiencia, el Reglamento de Materias Primas Fundamentales de Europa establece que para 2030 al menos el 10% del consumo anual deberá extraerse en la UE, se deberá procesar como mínimo el 40% de dicho consumo, el 25% deberá proceder de reciclaje interno, y no más del 65% del consumo de una determinada materia estratégica podrá proceder de un tercer país único. Europa insta a sus países miembros a investigar su riqueza mineral. En España se presentó recientemente el Programa Nacional de Investigación Minera 2026-2030 y se prevén convocatorias para evaluar y declarar proyectos estratégicos de extracción, transformación, reciclaje e investigación para la sustitución de materias primas críticas. De los 47 proyectos aprobados por parte de la Comisión Europea en la primera convocatoria, siete iniciativas se desarrollan en España.

Se habla mucho del agotamiento de reservas de petróleo ¿se acabarán el gas natural o algunos minerales? ¿Estamos cuidando suficientemente nuestro subsuelo?

El planteamiento del agotamiento de las reservas de petróleo se ha venido discutiendo de forma recurrente desde mediados del siglo pasado. La teoría del denominado Pico de Hubbert (1956) plantea que tras alcanzar un máximo en la producción, ésta sufriría un rápido descenso ligado al agotamiento de las reservas. En las estimaciones iniciales el pico se alcanzaría alrededor del año 2000, pero las producciones siguieron incrementándose. Circunstancias como la ampliación de las reservas identificadas a través de la investigación, la aparición de otras fuentes de extracción de hidrocarburos, o la modificación en la demanda que la Transición Energética plantea con sus objetivos de migración a fuentes energéticas más limpias, contribuyen a alargar las expectativas de disponibilidad.

Esto es igualmente aplicable a otros recursos minerales. A lo largo de la historia, el ser humano ha dependido de estas materias, si bien las demandas han venido condicionadas por el nivel de tecnificación. En muchos casos han permitido ampliar los tipos de minerales que se explotan, mejorar los procesos de tratamiento para aprovechar menas [el mineral natural del que se extraen minerales] más pobres, o incluso plantear la extracción a partir, por ejemplo, de antiguas escombreras mineras. Constituyendo un ejemplo paradigmático de aplicación de los principios de economía circular, que demuestra una vez más que el concepto de “reserva” no es estático en el tiempo y que puede incrementarse. Intensificar la investigación de la riqueza mineral de los territorios, unida a procesos cada vez más eficientes y a una optimización de la vida útil de los elementos de interés a través del reciclaje, son claves para garantizar el suministro de materias primas.

Durante décadas el trabajo en las minas ha sido peligroso, por los riesgos y por las enfermedades que provoca. ¿Hoy en día la tecnología puede sustituir la mano de obra humana en las minas?

Existen formas muy diversas de minería y no todas conllevan los mismos riesgos. Enfermedades muy concretas que tradicionalmente se ligaban al sector minero, como algunas respiratorias, se daban en minería de carbón pero no en la minería metálica de Cantabria. Desde antiguo la minería ha contado con legislación de seguridad e higiene del trabajo como el Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica de 1934, o el vigente Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera de 1985, que se ha ido actualizando a lo largo del tiempo y que se combina además con las normas de prevención de riesgos laborales. En la actualidad, el creciente grado de tecnificación y automatización en las explotaciones mineras mejora la eficiencia de la extracción y reduce los riesgos. Así, puede plantearse como ejemplo el control remoto de equipos de transporte en explotaciones de interior, que puede hacerse desde dentro y desde el exterior de la mina.

¿Cómo conecta la profesión de experto en minas con el campo de la arqueología?

Los trabajos previos a un proyecto minero con frecuencia requieren medidas de protección de posibles restos arqueológicos. Es frecuente que los trabajos arqueológicos se compatibilicen con la actividad minera. Otra vía de relación con la arqueología es que a lo largo de la historia la minería ha abastecido de recursos imprescindibles para el ser humano. Ejemplos de explotaciones prehistóricas como el caso de Gavà (Barcelona) donde se extraía variscita, un mineral que se empleaba para elaborar joyas. O el uso del cinabrio -sulfuro de mercurio- de Almadén (Ciudad Real) en ritos funerarios. Considerando otros exponentes más recientes de la importancia de la contribución de los recursos mineros al desarrollo humano, arquitectónico y patrimonial, puede mencionarse el reciente reconocimiento como Roca de Patrimonio Mundial por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) de la denominada 'caliza de Piedramuelle', de amplio uso a lo largo de la historia en la ejecución de monumentos de la capital asturiana.

Además, la minería es fuente y origen del denominado patrimonio minero, que combina una naturaleza cultural y geológica. En este sentido, pueden identificarse tanto paisajes culturales derivados de las actividades mineras, como elementos de patrimonio material -ya sea mueble o inmueble- o incluso formas de patrimonio no material. La minería contribuye de esta manera a generar un patrimonio cuya conservación es igualmente necesaria.

Cantabria es un territorio con poco historial sísmico, ¿somos una zona segura en cuanto a las probabilidades de sufrir terremotos y maremotos?

Cantabria es una zona caracterizada por un bajo riesgo sísmico, por lo que la incidencia de fenómenos asociados a terremotos o maremotos -tal como recoge, por ejemplo, el Plan Estatal de Protección Civil ante Maremotos- se considera igualmente reducida.

Ahora también se están enterrando cada vez más conducciones eléctricas y de fibra óptica, como los supercables de conexión que nos llegan desde el otro lado del Atlántico, ¿supone eso alguna afección o es algo muy superficial sin repercusión alguna?

En muchos casos, los tendidos de cables de comunicación o conducción se depositan sobre el lecho marino, sin existir excavación más allá de la ejecutada en las zonas de aproximación a costa -los cables de comunicación se pueden enterrar a entre 1 y 2 metros, y los de conducción eléctrica a profundidades que pueden superar la decena de metros- o la que se realiza ya en tierra firme a profundidades en el entorno del metro. Por ello que, la posible repercusión de la excavación puede considerarse a priori baja. 

¿Qué salida profesional tienen los graduados en los grados de minas y qué oportunidades laborales hay en Cantabria?

El contexto actual, ligado a la transición energética y a las necesidades de abastecimiento de recursos minerales -incrementadas en el caso de determinadas materias primas por la descarbonización de la industria, la generación energética y el transporte- suponen un amplio espectro de oportunidades profesionales con inmejorables perspectivas para los egresados de las titulaciones oficiales impartidas en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Cantabria: el Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros, Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos y el Máster Universitario en Ingeniería de Minas.

Las tres titulaciones son de carácter habilitante y tienen atribuciones profesionales propias que facultan para firmar proyectos de ingeniería. En el caso del grado en Ingeniería de los Recursos Mineros, las salidas profesionales no se limitan únicamente a la extracción o a la industria minero-metalúrgica y siderúrgica, sino que permite ejercer en la rehabilitación de espacios y patrimonio minero, el reciclaje de materiales, el trabajo con combustibles y explosivos -la firma de proyectos de voladura es atribución exclusiva de las titulaciones de Minas- la participación en estudios y trabajos geológicos, topográficos, proyectos ambientales, seguridad y salud o en el desarrollo función pública.

En el caso de Recursos Energéticos, permite la investigación, trabajar en centrales de producción, redes de transporte, eficiencia energética y en el campo de los combustibles, explosivos, estudios geológicos, topográficos, etc.. Salidas profesionales en común con Recursos Mineros. La versatilidad de las titulaciones y la amplitud de los ámbitos de desarrollo facilitan la inserción profesional. Existe una importante demanda de especialistas en minas por parte de las empresas no únicamente en Cantabria, sino también a nivel nacional e internacional.

De hecho, la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía es un nodo fundamental para captar talento. Dada la enorme demanda de perfiles, las empresas con frecuencia hacen un seguimiento que no se limita al momento en el que se gradúa una promoción. El ránking de la Fundación BBVA sitúa a la Ingeniería de Minas en la posición 13 entre los 108 campos de estudio considerados, atendiendo a la inserción laboral tras egresar.

No por ser esperado le resulta menos indignante a Isabel García, vecina de Touro (A Coruña) implicada desde 2017 contra la reactivación de la mina de cobre en ese municipio, el aluvión de comunicaciones que la Xunta está remitiendo a personas que presentaron alegaciones al proyecto. Lo que dicen esas notificaciones es que la administración autonómica no las considera personas interesadas en el proceso. Por tanto, sus objeciones van a ser desechadas. La carta les ha llegado a vecinos de Cabo de Cruz, en Boiro (A Coruña), a 55 kilómetros en línea recta del yacimiento y que temen sus efectos a través de las aguas del río Ulla, pero también a residentes que tienen su vivienda a 200 metros de la explotación.

La vía de denegar la condición de interesado a personas que alegan en un proceso administrativo no es nueva: la Xunta revisa en cada caso la pertinencia de las peticiones y responde negativamente si entiende que no está suficientemente justificado. Pero la tramitación de la macrocelulosa de Altri le dio una nueva dimensión a este modo de actuar, con una avalancha de denegaciones que, para organizaciones muy activas contra el proyecto como Greenpeace, era un intento de “silenciar” la enorme oposición que había y que se tradujo también en miles de alegaciones. La historia se repite en Touro. Isabel García, que es miembro de una de las plataformas vecinales que batallan contra los planes de volver a explotar el yacimiento, ve un paralelismo y cree que la intención es desgastar a quienes se oponen: “Hacer esta maniobra con personas que, en muchos casos, no están acostumbradas a lidiar con este tipo de comunicaciones es una táctica para intentar que no se siga adelante”. “Y también buscan tener un argumento de que no hubo tantas personas porque no hubo tantos interesados”, agrega. Meterse en el asunto, dice, es “una carrera de obstáculos”.

“Están usando el mismo modus operandi que con Altri”, sostiene Che Cancelo, portavoz de otra plataforma vecinal contra la mina. Primero, explica, llegaron hace unos meses las comunicaciones que pedían a quienes presentaron alegaciones justificar que son parte interesada en el proceso. Desde hace semanas constan las denegaciones, contra las que se puede presentar recurso de alzada. Cancelo considera que, al analizar los distintos casos, no quedan claras las razones ni los criterios de la Xunta y se queja de que están excluidas personas a las que les expropiarían terrenos, que ella defiende que es un elemento que demuestra que tienen interés en el proceso. Los razonamientos de la administración autonómica en algunos de estos casos de vecinos de la zona, a cuyas resoluciones ha tenido acceso esta redacción, son que la persona “alega de forma genérica posibles pérdidas económicas, psicosociales, culturales, ambientales y de salud que no se evaluaron” y que no se acredita “una relación material unívoca” ni un efecto “cierto” derivado del proyecto.

La ley de procedimiento administrativo común señala que se consideran interesados en un procedimiento quienes lo promuevan como titulares de derechos legítimos, los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte o aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar también afectados y se personen antes de que haya resolución definitiva.

Ricardo Ares es una de las personas que vive en las inmediaciones de los terrenos de la mina, en Arinteiro, un núcleo perteneciente a Touro. Compareció a principios de mes ante la prensa para explicar su caso, junto al Sindicato Labrego Galego. “Las tierras me las llevan todas”, afirmó, pero la respuesta a su petición de ser parte interesada ha sido negativa. Si los planes de Cobre San Rafael reciben el visto bueno, afirma que no podrá vivir en el lugar en el que lo hace ahora. Teme los impactos sobre los manantiales de la zona, en unos terrenos con repetidos episodios de contaminación que han llevado a que la propia Xunta imponga multas. Ares dirigió unas palabras al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “Tenga un poco de dignidad y hable con los vecinos”.

El Sindicato Labrego también carga contra la Xunta por una actitud que califica de “oscurantista”. Y otra vecina afectada, Marta Curros, avisa de que esta forma de proceder genera indefensión para ellos. Recuerda que esta es la segunda vez que se registra una solicitud para reactivar la mina y llama la atención sobre que ahora se les está denegando la condición de interesadas a personas a las que sí se les reconoció en 2017. “La administración no es imparcial, está de parte de la empresa promotora”, acusó.

Las trabas desde 2017

También echa la vista atrás hacia la tramitación que empezó en 2017 Isabel García. El contexto del proyecto es inusual: el yacimiento se explotó en los años 70 y 80 para extraer cobre. Fue en 2017 cuando la empresa Cobre San Rafael -de Atalaya Mining- presentó por primera vez sus planes para retomar la actividad. La contestación social fue férrea. En 2020 la Xunta anunció que no superaba el trámite ambiental y descartó la propuesta en 2021. La empresa insistió pocos años después y el Gobierno gallego declaró el proyecto estratégico en 2024. En la actualidad está a la espera de la declaración de impacto ambiental, pero, entretanto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló que la Xunta hizo mal la tramitación que llevó a denegar el primer proyecto -por una cuestión de forma, no de fondo- y anuló aquella decisión. La empresa, no obstante, ha aclarado que no tiene intención de resucitar los planes iniciales, sino de seguir con los actuales.

En cualquier caso, Isabel García, recuerda que en 2017 los vecinos que se organizaron contra la mina ya se enfrentaron al muro burocrático de la administración gallega para que los reconociese como parte interesada. “Entonces no sabíamos reaccionar, pero fuimos aprendiendo”, señala. Explica que el motivo para poner tanto énfasis en esto es que, pasado el trámite de exposición pública, se siguen incorporando informes y documentación al expediente y, si no son persona interesada, no tienen acceso a ellos. “Nos quedamos sin saber qué pasa cuando tenemos una mina a las puertas de casa”, protesta. Hace nueve años, rememora, llamaban al departamento responsable de minas y pedían ver el expediente. “Tras mucho lidiar con la jefatura, nos reconocieron como interesados. Entonces permitían ver el expediente in situ. Había que pedir cita de mañana e ir a A Coruña, lo que a muchos les suponía pedir días en el trabajo. No podías hacer fotos, tenías que solicitar una copia y volver otro día a recogerla pagando una tasa. Fue un agotamiento”, cuenta.

“Vivimos aquí, tenemos propiedades, defendemos bienes”

En el proceso actual las cartas para pedir que demostrasen su interés en el caso empezaron a llegar hace algo más de un año -el periodo para presentar alegaciones terminó el 31 de enero de 2025-. “Nosotros respondimos que lo somos porque residimos aquí, porque tenemos propiedades afectadas y están publicadas en el Diario Oficial de Galicia o porque, sin ser residentes, defendemos bienes afectados como los recursos hídricos o el Camino de Santiago, que es Patrimonio Mundial”, explica. El Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural acaba de elaborar un informe en el que pide anular cualquier permiso para la mina porque no ha habido una consulta previa ante la Unesco y está en riesgo la ruta jacobea.

García asegura que a algunas personas les llegó hasta tres veces el requerimiento para justificar su interés. Y han tenido que responder tres veces. Vuelve a recalcar que hay mucha gente afectada que no está habituada a los trámites de este tipo y señala que, por eso, las plataformas facilitan modelos para responder a las peticiones de la administración autonómica en función de si son vecinos o propietarios de tierras o si su interés deriva de otra cuestión. En el caso de Altri, esta disponibilidad de formularios, tanto en las alegaciones como en las réplicas a los requerimientos, llevó al presidente gallego a afirmar que lo que había era una campaña “orquestada”.

El siguiente episodio empezó hace unas semanas, con las cartas denegando esa consideración de parte interesada. “Piden que aportemos más información. No explican cómo”, se queja. Su conclusión es que el Gobierno gallego “no piensa en las personas”. “Compraron lo que les cuenta la empresa y van para adelante”, dice, sin que ni Rueda ni alguno de sus conselleiros se haya entrevistado con los vecinos: “¿Tienen miedo a conocer las vidas que se van a destruir?”.

La movilización contra el proyecto sigue en marcha y el domingo está convocada una manifestación en A Illa de Arousa (Pontevedra) contra la mina y también contra Altri, cuyos planes no están archivados definitivamente.

Las galerías, chimeneas, planos y subniveles y las instalaciones exteriores de los pozos Santiago y San Jorge de Hunosa, en el concejo de Aller, en la comarca asturiana del Caudal, se han convertido en el centro de operaciones militares.

Los componentes de la Compañía Cuélebre comenzaron ayer y concluyen este viernes los ejercicios de instrucción y adiestramiento para poner en práctica el planeamiento y conducción de operaciones en combate urbano y subsuelo y como unidad protegida con vehículos blindados.

Las imágenes hablan por sí solas. Los militares de la primera compañía del Batallón de Infantería Protegida (BIP) II/3 'Toledo', que está integrada en el Regimiento de Infantería 'Príncipe' número 3 con base en el acuartelamiento Cabo Noval, en el concejo asturiano de Siero, practican sus ejercicios en unas condiciones totalmente diferentes a las habituales.

Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre ya que, en el año 2024, Hunosa también colaboró con el Ejército para la realización de estas prácticas.

Centro nacional de rescates

La compañía asegura que este tipo de actividades refuerza las “excelentes condiciones que ofrece el Pozo Santiago como futura sede de un centro nacional de rescates”, un proyecto en el que trabaja como principal nuevo uso de esta histórica instalación minera.

El proyecto incluye además la experiencia y conocimiento adquirido de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa y une formación, entrenamiento e investigación.

“El objetivo de los ejercicios es preparar a las unidades en el planeamiento y conducción de operaciones de combate urbano y en subsuelo en un entorno de alta intensidad y desconocido que obligue al planeamiento y conducción de las operaciones para la consecución de los objetivos marcados”, señalan desde la compañía.

Ejercicios bajo tierra

El subsuelo se emplea desde hace tiempo como elemento de protección y ocultación, en particular en aquellas ocasiones en que se quiere evitar la acción de un adversario con un poder militar muy superior.

El Pozo Santiago, enclavado en el valle del río Aller, cuenta con distintas galerías mineras que permiten realizar ejercicios bajo tierra en un ambiente realista por lo que, según explica, “resulta idóneo como zona de instrucción”.

Los pozos mineros reúnen las condiciones idóneas para este tipo de adiestramiento, ya que permiten a los militares entrenar en un ambiente donde se puede recrear una hipotética situación de enfrentamiento entre adversarios en una guerra.

La adaptación a una zona desconocida

“La preparación militar en el ámbito operativo ha de basarse en la recreación de ambientes y situaciones que sean lo más parecidas posible al hipotético escenario donde realmente podrían tener lugar las acciones de combate. Por ello -subraya- la primera premisa ha de ser disponer de zonas de instrucción e instalaciones apropiadas. El pozo allerano permite a los militares instruirse en una zona desconocida, adaptándose a una situación variable y haciendo frente a las diferentes vicisitudes del combate”.

La finalidad de los ejercicios es conseguir que los miembros de la compañía estén en condiciones de planear y ejecutar una operación como componentes de un subgrupo táctico.

Los desafíos

Además, el entorno presenta desafíos y dificultades particulares derivados de la falta de luz, el reducido espacio, el confinamiento, la escasa ventilación y los problemas para la orientación y las comunicaciones.

Asimismo, existen otros retos de tipo psicológico como son la pérdida de confianza, la sensación de aislamiento y el miedo a la oscuridad o los espacios cerrados que pueden derivar en episodios de claustrofobia.

Las alternativas al carbón

El pozo Santiago dejó de tener actividad extractiva minera de carbón a finales del año 2018.

Desde su cierre, varios proyectos se han barajado para dar una nueva vida a la explotación: desde emplear el agua del pozo para generar energía geotérmica a instalar en su interior un centro de procesamiento de datos o plantear que sirva como escenario para recrear las condiciones de vida en la luna.

Las plataformas vecinales que llevan nueve años peleando contra los planes para volver a explotar la mina de Touro - O Pino reciben el informe del Icomos, órgano asesor de la Unesco en materia de patrimonio cultural, que critica la tramitación por los riesgos para el Camino de Santiago como la confirmación de sus reiteradas denuncias. “La mina es incompatible con el Camino de Santiago. O es la explotación o es el Camino”, resume Isabel García, portavoz de una de las asociaciones que agrupan a los residentes en el área afectada.

García, que se implicó en la batalla contra la mina desde que se presentó en 2017 el primer proyecto para retomar la actividad en la zona, considera que la advertencia del Icomos da concreción a la preocupación por los efectos en el itinerario a Santiago, declarado desde 1993 Patrimonio Mundial por la Unesco, y evidencia “la imposibilidad de llevar a cabo una mina a cielo abierto al lado del Camino”. El documento técnico pide anular cualquier permiso de la Xunta para la explotación del yacimiento porque el proceso se está haciendo sin hacer una consulta previa a la Unesco, lo que, defiende, vulnera las normas establecidas para la protección de los bienes protegidos.

“No hay que olvidar que la línea de respeto [alrededor del Camino] está a 200 metros de la mina en algún punto. Y en la zona de Santa Irene, está a 1.500 metros y es por ahí por donde saldrían los camiones de gran tonelaje cruzándose con los peregrinos”, expone García, que destaca que la propia empresa admite en los estudios que ha presentado que la mina es visible desde varios tramos. “Los peregrinos ven desde los albergues los cortes mineros”, añade esta vecina, que llama la atención sobre otros efectos menos citados: habrá ruidos, trasiego de vehículos y nubes de polvo que afectarán a la ruta.

García recuerda que el Icomos ya dijo cuando se presentó el primer proyecto que era una amenaza para los bienes declarados Patrimonio Mundial y ahora lo ratifica. El pronunciamiento de este organismo asesor debería tener consecuencias, opina: “De entrada, el informe de Cultura tendría que ser desfavorable. El Camino es la estrella de la Consellería, así que tendrían que ser muy claros”. Con la tramitación del primer proyecto -la mina se intentó reactivar en 2017, pero la Xunta lo terminó descartando por no superar el trámite ambiental; la empresa volvió a presentar sus planes en 2024-, se debatieron iniciativas en varios ayuntamientos gallegos. El de A Estrada (Pontevedra), por el que pasa el río Ulla, aprobó una de rechazo a la reactivación de la mina, relata García. El alcalde era en aquel momento José López Campos, actual conselleiro de Cultura.

Che Cancelo habla en nombre de otra de las plataformas vecinales que están organizando las protestas contra el proyecto -el siguiente acto es una manifestación este domingo en A Illa de Arousa- y reclama a la Xunta que descarte los planes mineros en Touro y O Pino y haga bien los trámites. Cree que, si la Xunta no consultó a la Unesco el proyecto, es “porque no les conviene”.

Cancelo llama a participar en la manifestación del domingo porque, argumenta, es “la única forma de frenarlos”, aunque avisa también de que estudian acciones judiciales contra el proyecto, que sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental, dos años después de que la Xunta lo declarara estratégico.