TYC Narcea, la empresa propietaria de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, deberá devolver más de 31 millones de euros, el total de las ayudas al cierre de la minería que recibió en su día, si quiere mantener abierta la explotación y continuar su actividad.

Así se refleja en una resolución provisional del Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica al que la empresa podrá presentar alegaciones hasta el próximo 18 de septiembre, antes de que la resolución sea firme.

Un dinero cobrado por Carbonar

Fuentes del sector han señalado que la devolución que plantea inicialmente el ITJ se corresponde con el total de las ayudas al cierre que recibió la anterior empresa encargada de esta mina del suroccidente asturiano, Carbonar, ya que considera que ambos proyectos están vinculados.

TYC Narcea, por su parte, sostiene que se trata de una unidad de producción distinta a la de Carbonar, que operaba en otra zona de la mina con carbón térmico, frente a la antracita de bajo volátil que extrae la actual empresa, por lo que defiende que no le corresponde devolver esa cantidad.

Actividad paralizada

Según la empresa, sólo se comparten una treintena de metros de galería de la explotación que llevó a cabo Carbonar con anterioridad.

La mina, que permanece paralizada desde el pasado 21 de noviembre por un accidente en el que murieron dos trabajadores, está pendiente de la resolución del ITJ y de que se culmine la tramitación ambiental para poder reanudar su actividad.

Los trabajadores llevaron a cabo varias movilizaciones en defensa de sus puestos, entre otras acciones, manifestaciones a pie hasta la capital asturiana, concentraciones e incluso una acampada en el Campo de San Francisco, para reivindicar su derecho a la reapertura de toda la actividad laboral.

La Justicia es lenta (sobre todo si se tienen recursos para demorarla), pero termina llegando. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el último intento de la multinacional israelí Iberpotash para impedir su obligación de desmantelar la montaña de sal contaminante que tiene en Sallent (Barcelona) fruto de su actividad minera.

A la espera de que la empresa cumpla con la sentencia y retire los 45 millones de toneladas de sal contaminante que acumula en la montaña de El Cogulló, convertida en uno de los principales peligros ecológicos de Catalunya, se empieza a poner punto y final a un litigio que dura dos décadas.

En una providencia, adelantada por La Vanguardia y que ha confirmado elDiario.es, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC inadmite el último recurso de Iberpotash, y vuelve a dar la razón a la asociación de vecinos del barrio de la Rampinya de Sallent, representados por el abogado Climent Fernández.

La contaminación provocada por la actividad minera de Iberpotash, que afecta en especial la salinización de las aguas del Llobregat, lleva décadas siendo denunciada por vecinos, ecologistas y Fiscalía de Medio Ambiente, sin que las autoridades políticas hayan querido abrir un conflicto con la empresa por el relevante peso económico que tiene en la comarca.

Tras años de inacción del consistorio y de la empresa, los vecinos lograron en 2014 la sentencia que acordaba un expediente de protección de la zona y obligaba a Iberpotash a cesar los vertidos salinos en El Cogulló, al tiempo que le instaba a retirarlos. Los vertidos se siguieron produciendo hasta 2019.

La empresa recurrió ante todas las instancias posibles, sin éxito, y tampoco cumplió con la sentencia de forma voluntaria. Los vecinos pidieron entonces la ejecución forzosa de la resolución, y la Justicia les volvió a dar la razón. Iberpotash volvió a recurrir hasta encontrarse con el último portazo judicial de este mes de julio.

En suma, ahora llega el turno de la empresa para cumplir con “el restablecimiento de la realidad física alterada” que le imponía la primera sentencia. Todas las instancias judiciales han rechazado las alegaciones de Iberpotash, que consideraba que los usos del vertedero de sal ya estaban legalizados.

“No consta que se haya retirado ni un solo metro cúbico de residuo salino desde que cesó ese vertido”, recordó el TSJC en su sentencia de 2024.

Las consecuencias medioambientales de la minería en la comarca de El Bages han comportado procedimientos tanto por la vía contenciosa como por la penal. Una sentencia de 2016 condenó a tres exdirectivos y a la compañía a sufragar el coste de la recuperación ambiental de la zona hasta que se eliminara la elevada salinidad de las aguas.

Debido a la contaminación salina, estos acuíferos de la comarca del Bages no se pueden destinar al consumo humano o del ganado. Además de afectar a una docena de pozos y fuentes, los escombros salinos también causaron filtraciones de agua contaminada a los ríos Cardener y Llobregat.

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte impulsa el reconocimiento de la cultura minera asturiana como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial.

La consejera, Vanessa Gutiérrez, se ha reunido este lunes con José Luis Alperi, José Luis Fernández Roces y Fernando Fernández, representantes del SOMA-FITAG-UGT; con Jorge Muñiz, director de la Cátedra de la Cultura Minera; y con Cristina Cantero, directora del Museo de la Minería y de la Industria, para analizar el estudio técnico e histórico que servirá de base para incoar el expediente de protección de este legado vinculado a la historia, la sociedad y la identidad de Asturias.

Durante el encuentro se han revisado los avances del estudio sobre la cultura minera y se han abordado los próximos pasos a seguir para la tramitación del expediente BIC.

Cátedra de la Cultura Minera

La consejería impulsó en 2025 la creación de la Cátedra de la Cultura Minera, en colaboración con la Universidad de Oviedo, con el objetivo, entre otros, de elaborar el informe técnico que fundamentará la declaración. Esta iniciativa parte de una propuesta promovida por SOMA-FITAG-UGT y respaldada por diversos ayuntamientos.

El Principado destina 60.000 euros al funcionamiento de la cátedra entre 2025 y 2028. El proyecto cuenta además con la colaboración del MUMI y HUNOSA, entidades dedicadas a la conservación y difusión del patrimonio minero.

Los valores y criterios

Más allá de los conocimientos y prácticas vinculados a la actividad extractiva, el estudio analiza las formas de convivencia surgidas en torno al movimiento obrero, el lenguaje propio del sector, la música, los rituales, las celebraciones, la memoria del trabajo y valores como el compañerismo, la fraternidad y la solidaridad transmitidos de generación en generación.

La memoria examina, con criterios históricos, técnicos y jurídicos, expresiones representativas de este patrimonio como la festividad de Santa Bárbara, el Coro Minero de Turón, la Brigada Central de Salvamento Minero o los concursos de entibadores.

La continuidad histórica

El informe se fundamenta en la experiencia de las personas y comunidades mineras y acredita la pervivencia de conocimientos, prácticas, rituales, expresiones culturales y formas de convivencia que siguen transmitiéndose y recreándose en la actualidad.

La memoria concluye que las manifestaciones estudiadas mantienen una sólida continuidad histórica, un profundo arraigo social y capacidad de transmisión. Por ello, considera especialmente necesaria su salvaguarda ante el paso del tiempo, el progresivo descenso de la actividad extractiva y la desaparición de quienes fueron protagonistas directos y depositarios de estos conocimientos y formas de vida.

En esta línea, el MUMI y la Cátedra de la Cultura Minera ya han iniciado acciones conjuntas para preservar los oficios vinculados a la entibación.

Respaldo a la candidatura internacional

La consejera también ha informado de que el gobierno ha expresado su apoyo formal a la candidatura 'Las celebraciones de Santa Bárbara y tradiciones de los mineros', promovida conjuntamente por Polonia, Austria y Luxemburgo para su inscripción en 2026 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La cultura minera asturiana se enriqueció con la aportación de trabajadores procedentes de otros países, especialmente de Polonia, que se incorporaron a las explotaciones y dejaron una huella duradera en las comunidades de las que pasaron a formar parte. Esta historia compartida refuerza los vínculos entre Asturias y los territorios que promueven la candidatura.

Nuevas vías de colaboración

Asimismo, el Gobierno de Asturias ha mostrado su disposición a compartir experiencias y explorar nuevas vías de colaboración con otras regiones mineras europeas para conservar, estudiar y transmitir un patrimonio común que trasciende fronteras.

Precisamente, la festividad de Santa Bárbara constituye una de las manifestaciones más destacadas recogidas en la memoria presentada hoy para la declaración BIC. El informe subraya que se trata de una tradición viva, capaz de adaptarse a los cambios sociales y económicos sin perder su dimensión comunitaria e identitaria.

Mantener viva la memoria minera

Las misas y procesiones, los homenajes a los compañeros fallecidos, la música, las ofrendas florales, el reparto del bollu y del vino y los encuentros colectivos mantienen viva la memoria minera y favorecen su transmisión a las nuevas generaciones.

La memoria sitúa la primera celebración minera de Santa Bárbara documentada en Asturias en Bustiello, en 1891, y analiza posteriormente su expansión por las cuencas mineras y su evolución hasta la actualidad. Esta tradición hermana a Asturias con otras comarcas mineras del mundo que comparten rituales, expresiones culturales y valores nacidos del trabajo, el riesgo y la vida en comunidad.

La legendaria mina de sal de Wieliczka, construida en Polonia, constituye una de las explotaciones mineras más antiguas y asombrosas de la humanidad. Sus orígenes históricos se remontan a la prehistoria, en el Neolítico, cuando los antiguos pobladores obtenían sal mediante la evaporación de salmuera extraída de manantiales superficiales. Este valioso recurso se hervía en vasijas de barro para conservar alimentos, sirviendo también como una importante moneda de cambio en los intercambios comerciales. Con el progresivo agotamiento de estos manantiales entre los siglos XI y XII, los habitantes se vieron obligados a excavar pozos profundos, lo que condujo al descubrimiento de los primeros depósitos de sal gema.

El descubrimiento oficial de la sal gema en el siglo XIII marcó un hito sin precedentes, dando inicio a una era de desarrollo dinámico para esta explotación. Según cuenta la leyenda, el hallazgo se debió a la princesa Cunegunda, esposa del soberano cracoviano Boleslao V. Se dice que la princesa arrojó su anillo de compromiso en un pozo de su tierra natal, en Hungría, y al llegar a Polonia ordenó excavar cerca de Cracovia. En el primer bloque de sal descubierto por sus sirvientes apareció milagrosamente el anillo real, sellando así el vínculo sagrado entre la soberana y la riqueza mineral polaca, marcando el inicio de una ininterrumpida actividad que llega a nuestros días.

Durante la Edad Media, la mina se convirtió en una de las fuentes de ingresos más importantes para el reino, especialmente bajo la sabia gestión del rey Casimiro III el Grande. Este monarca visionario organizó la administración salinera y utilizó los cuantiosos beneficios obtenidos para financiar grandes obras públicas en Polonia. En aquellos tiempos medievales, la extracción de sal era una actividad estacional que se realizaba en los meses de menor labor agrícola, llegando a emplear a cientos de personas que habitaban en el subsuelo y que lograron extraer miles de toneladas de mineral para sustentar la economía real.

Además de su enorme valor industrial, el yacimiento demostró desde muy pronto un innegable atractivo turístico, recibiendo a sus primeros visitantes ilustres ya en las postrimerías de la Edad Media. Entre las personalidades célebres que recorrieron estas galerías a lo largo de los siglos se encuentran el astrónomo Nicolás Copérnico, el escritor Johann Wolfgang von Goethe y el célebre músico Frédéric Chopin, quienes quedaron maravillados ante el espectáculo subterráneo. Para conmemorar estas históricas visitas, los hábiles mineros esculpieron hermosas estatuas de sal en honor a estos personajes, las cuales se pueden admirar hoy en las diversas cámaras y salas que componen el fascinante recorrido turístico.

A lo largo de los siglos XVI y XVII, la mina experimentó un crecimiento excepcional, adoptando tecnologías innovadoras y pasando a operar de manera continua todo el año. En 1772, tras la primera partición de Polonia, la mina pasó a manos de la dinastía de los Habsburgo, lo que supuso una gran inversión y nuevas técnicas, como el uso de la pólvora para la extracción salina. Bajo esta administración, se fomentaron las visitas guiadas de forma sistemática, incorporando paseos en barcos subterráneos y trenes tirados por caballos que facilitaban el tránsito de los viajeros por el interior de este asombroso y extenso laberinto de roca.

En el siglo XX, tras recuperar Polonia su independencia, la mina se erigió como un gran símbolo de orgullo patrio, renombrando sus pozos con nombres locales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el complejo subterráneo fue utilizado por las fuerzas alemanas como almacén militar de armas antes de volver a manos polacas. Con el tiempo, las excavaciones alcanzaron una profundidad máxima de 327 metros distribuidos en nueve niveles distintos, superando una extensión total de 300 kilómetros de túneles. Ante el riesgo de inundaciones y para preservar su incalculable valor cultural, se tomó la decisión en 1996 de cesar definitivamente la producción de sal industrial.

Una capilla a 101 metros

Sin duda alguna, el rincón más impresionante de todo el complejo subterráneo es la monumental capilla de Santa Kinga, considerada la iglesia bajo tierra más grande del mundo. Esta asombrosa catedral de sal se ubica a 101 metros de profundidad y fue tallada íntegramente en bloques de sal gema a partir de 1895. Durante más de treinta laboriosos años, dos hermanos mineros extrajeron unas veinte mil toneladas de sal para esculpir los relieves de las paredes, entre los que destaca La última cena de Da Vinci. El templo cuenta con un altar mayor, una estatua de Juan Pablo II y cinco majestuosas lámparas colgantes, cuyos cristales de sal iluminan la sala con un brillo indescriptible.

El recorrido depara otras maravillas como la Cámara Michałowice, famosa por su estructura de madera blanca, o la Cámara Weimar, que alberga un hermoso lago artificial donde suena la música de Chopin. Aunque la explotación comercial de sal industrial cesó, el legado continúa vivo gracias al incansable trabajo diario de cientos de mineros que se dedican en la actualidad a vigilar, mantener, ventilar y restaurar las galerías históricas de este tesoro polaco. Inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la mina recibe hoy en día a miles de turistas que descienden asombrados a sus bellas entrañas.

El Ayuntamiento de Mieres ha abierto este viernes, 21 de agosto, las inscripciones para participar en las actividades de septiembre del programa 'Disfruta Mieres', una iniciativa turística que propone descubrir el patrimonio industrial, histórico, cultural, natural y etnográfico del concejo a través de visitas guiadas, rutas a pie y recorridos en autobús. Las plazas pueden solicitarse a través de la web municipal.

La programación de septiembre comenzará el viernes con una visita guiada por Mieres del Camín. Los días 5 y 11 habrá recorridos dedicados a los templos románicos vinculados al Camino de Santiago, mientras que el domingo 20 será el turno de la Ruta de la Revolución de Octubre de 1934, que permitirá acercarse sobre el terreno a uno de los principales episodios de la historia contemporánea asturiana.

El patrimonio rural también tendrá un espacio destacado. El 13 de septiembre está programada una ruta etnográfica por el Valle de Cuna y el día 19 otra por Lloreo. La programación concluirá el domingo 27 con 'De bocaminas y pozos: el valle de Turón', un itinerario centrado en la huella que dejó la actividad minera en este territorio.

Otra de las propuestas será el bus turístico, que circulará los domingos 6, 13 y 20 de septiembre. El itinerario partirá del Ayuntamiento de Mieres y recorrerá el Pozu Santa Bárbara, Pozu Espinos, Pozu Fortuna y el Alto la Col.ladiella antes de regresar a Mieres del Camín, combinando algunos de los principales elementos del patrimonio industrial con el paisaje natural del concejo.

El recorrido en autobús incluye además una visita a la Sala Inmersiva del Pozu Santa Bárbara, concebida como una alternativa para quienes quieran aproximarse a la historia y al mundo de la minería sin bajar al interior de una explotación. El Ayuntamiento enmarca esta instalación dentro de su apuesta por incorporar nuevas herramientas a la oferta turística y reforzar el atractivo de Mieres como destino.

El proyecto Life Ribermine, desarrollado en dos antiguas zonas mineras de la Península Ibérica, Peñalén (Guadalajara) y Lousal (Grândola, Portugal), ha sido seleccionado para formar parte del 'Atlas of Post-Mining Futures', una de las iniciativas internacionales más relevantes en materia de restauración y transformación de espacios mineros impulsada por el Cooperative Research Centre for Transforming Mining Economies (CRC TiME), con sede en Australia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha explica que, esta plataforma digital interactiva “reúne algunos de los casos más innovadores y representativos del mundo” en materia de restauración y reutilización de espacios mineros y constituye la evolución digital de la publicación internacional de referencia 102 Things to do with a Hole in the Ground. En esta primera edición, Life Ribermine figura entre los 12 proyectos seleccionados por su contribución a la recuperación ambiental de antiguos espacios extractivos.

Proyecto reconocido por su metodología innovadora

El director general de Transición Energética, Alipio García, ha valorado este reconocimiento internacional destacando que la inclusión de Life Ribermine en el 'Atlas of Post-Mining Futures' supone “un importante respaldo al trabajo realizado en Castilla-La Mancha para demostrar que la restauración de espacios degradados puede convertirse en una oportunidad de recuperación ambiental y de generación de valor para el territorio”.

El proyecto, como ha indicado, ha sido reconocido por la aplicación de una “metodología innovadora” de restauración geomorfológica y ecológica que permite recuperar cauces fluviales, mejorar la biodiversidad, restaurar el paisaje y devolver la funcionalidad ambiental a espacios degradados por la actividad minera mediante soluciones basadas en el funcionamiento natural de los ecosistemas.

“Este reconocimiento sitúa a Peñalén y a Castilla-La Mancha entre los ejemplos internacionales más innovadores en materia de restauración minera y pone de manifiesto la capacidad de nuestra región para desarrollar proyectos alineados con los objetivos de sostenibilidad, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático”, ha señalado.

Colaboración institucional y ámbito científico

Coincidiendo con esta distinción, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha impulsado recientemente actuaciones de mejora de la conectividad ecológica y de reducción de impactos sobre los ecosistemas acuáticos en el ámbito de la ZEC-ZEPA Alto Tajo, en colaboración con el grupo Restauración Geomorfológica de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

En este sentido, Alipio García ha subrayado que la colaboración entre la Administración regional y el ámbito científico resulta “fundamental” para impulsar soluciones innovadoras y eficaces que permitan avanzar en la recuperación de ecosistemas degradados y generar conocimiento transferible a otros proyectos de restauración“.

“La trayectoria de Life Ribermine pone de manifiesto el valor de la cooperación entre instituciones públicas, entidades científicas y agentes especializados para promover nuevos modelos de transformación de espacios mineros abandonados, favoreciendo la recuperación ambiental y el desarrollo sostenible de los territorios”, ha concluido.

La reapertura de la mina que gestiona la empresa TYC Narcea Special Research S.L. en Veiga de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, está cada vez más cerca con el avance de los trámites administrativos, tras la publicación este viernes del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa y la autorización ambiental integrada simplificada vinculadas con esta iniciativa.

La actividad laboral permanece paralizada desde el pasado mes de noviembre cuando un accidente laboral en la explotación de antracita causó la muerte a los mineros Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y vecino de Cangas de Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 años y vecino de Villablino.

El accidente mortal en Veiga de Rengos

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, confirmó pocas horas después del siniestro que las primeras investigaciones apuntaban a que la principal causa del accidente mortal pudo deberse a causas geológicas por un hundimiento “súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral “bastante ancha”, de unos tres metros.

Los técnicos calcularon que el desprendimiento fue de entre seis y ocho metros del techo, “lo suficiente para atrapar a los dos trabajadores”.

Una inspección, la víspera del siniestro

En noviembre de 2025, el consejero reiteró que la empresa TYC Narcea tenía todos los permisos y la documentación en regla. Además, reconoció que la explotación había sido inspeccionada en varias ocasiones, la última de ellas la víspera del accidente precisamente en la zona donde se produjo el derrumbe.

El siniestro en Veiga de Rengos causó una gran conmoción en un momento en que la ciudanía estaba consternada por el accidente laboral, ocurrido ocho meses antes, en la mina de Zarréu/Cerredo cuando cinco mineros perdieron la vida por una explosión de grisú en una explotación donde se extraía carbón ilegalmente, ya que la empresa Blue Solving solo disponía de autorización para realizar un proyecto de investigación complementaria. En el accidente de Zarréu murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez.

La polémica devolución de las ayudas

A raíz de la paralización de la actividad laboral en la mina de Cangas del Narcea gestionada por TYC Narcea, los trabajadores han llevado a cabo numerosas acciones de protesta para exigir su reapertura. Han convocado manifestaciones, concentraciones, marchas mineras a pie a Oviedo/Uviéu e incluso realizaron una acampada en el Campo de San Francisco, en la capital asturiana, que duró 43 días, para reivindicar la vuelta al tajo.

La decisión final está pendiente de la resolución que adoptará el Instituto de Transición Justa (ITJ) sobre si la empresa está obligada a devolver 31,2 millones de euros en ayudas al cierre de la minería percibidas en su día por la anterior propietaria (Carbonar), determinando así si se trata de la misma unidad productiva.

La resolución, en septiembre

TYC Narcea sostiene que se trata de una unidad de producción distinta a la de Carbonar, que operaba en otra zona de la mina con carbón térmico, frente a la antracita de bajo volátil que extrae la actual empresa, por lo que defiende que no le corresponde devolver ayuda alguna.

El comité de empresa calcula que el ITJ tendría que adoptar su resolución definitiva el próximo mes de septiembre, atendiendo a los plazos estimados.

La aplicación del ERE

Esta situación administrativa afectó por completo a los trabajadores ya que la paralización de la actividad vino acompañada de la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La plantilla, integrada por 68 trabajadores, aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que TYC Narcea se comprometiera a la readmisión de los 56 despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina. Otros 12 compañeros permanecen realizando labores de mantenimiento en la explotación minera canguesa.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha difundido este viernes una nota de prensa donde resalta que con la publicación del anuncio en el BOPA se da un nuevo paso en la tramitación del proyecto de explotación promovido por TYC Narcea Special Research S.L. para sus concesiones mineras en Veiga de Rengos (Cangas del Narcea), al iniciar el periodo de información pública del expediente.

Alegaciones

A partir de mañana, sábado, se abre un plazo de un mes para que las personas, entidades e instituciones interesadas puedan examinar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Con este trámite, la consejería sostiene que cumple el compromiso anunciado por su titular, Borja Sánchez, de abrir el proceso de participación pública una vez que la empresa hubiera completado la presentación de toda la documentación exigida para la tramitación del expediente.

La vuelta al tajo

La documentación sometida a información pública puede consultarse en el siguiente enlace: https://goo.su/KQ50T3

El proyecto de explotación contempla en torno a 150 puestos de trabajo directos si finalmente se autoriza la reapertura, según explicó hace unas semanas el comité de empresa, que expresó su confianza en que la mina pueda volver a funcionar antes de que termine el año.

Varios especialistas de la industria espacial españoles y extranjeros se encuentran estos días en Asturias para exponer el potencial de las antiguas infraestructuras mineras del Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, para reconvertirse en “elementos diferenciales” que atraigan proyectos de investigación espacial.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha explicado que Asturias dispone de conocimiento científico, tejido empresarial, centros tecnológicos e infraestructuras singulares para formar parte de la nueva “economía del espacio”.

El potencial

Borja Sanchez ha resaltado el potencial del pozo Santiago, en Aller, que cuenta con las cualidades necesarias para convertirse en una plataforma de investigación sobre habitabilidad lunar, o del pozo Carrio, en Laviana, donde ya se investiga sobre cultivos subterráneos en condiciones extremas, similares a las del satélite terrestre, ha informado el Gobierno asturiano.

El consejero de Ciencia considera que la comunidad ya tiene “muchas piezas” y solo falta encontrar un proyecto en el que juntarlas, como aquellos asociados a la misión de exploración espacial Artemis, que tiene por objetivo último garantizar una presencia humana estable y sostenible en la Luna.

Un congreso internacional

Representantes de empresas privadas y entidades públicas, investigadores y expertos participarán desde hoy, miércoles, hasta el viernes, día 7, en el congreso internacional 'The Many Pathways to Space', que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo/Uviéu.

Entre otros temas, los expertos debatirán sobre la economía espacial y el papel que puede desempeñar Asturias en la industria espacial.

Paso atrás para el polémico proyecto minero de Cáceres. La Junta de Extremadura ha denegado la solicitud de concesión directa para la explotación de este yacimiento de litio, ubicado a tan solo dos kilómetros del casco urbano, declarando terminado el procedimiento administrativo. La decisión se ha adoptado mediante una resolución firmada por la directora general de Minas, Raquel Pastor, después de que la empresa promotora, Castilla Mining SLU, no haya presentado en el plazo establecido la documentación requerida para subsanar y completar el expediente.

En la resolución se especifica la denegación para una extensión de dos cuadrículas mineras. La propia promotora manifestó la imposibilidad de aportar la documentación exigida por la Administración debido a que para ello necesitaba realizar “labores previas de investigación”, unos trabajos (como calicatas y sondeos de sondeo) que resultan “incompatibles con la tramitación de una concesión directa de explotación”.

Al no haber quedado demostrada la existencia del recurso minero en condiciones de “explotación racional”, el procedimiento queda cancelado en esta vía. No obstante, la resolución no frena de forma definitiva las pretensiones de la minera: la Junta ha dejado la puerta abierta a que el expediente continúe como permiso de investigación, otorgando a Castilla Mining SLU un plazo de 60 días para que solicite esta figura sobre el terreno afectado.

Satisfacción vecinal tras sus alegaciones

Desde la Asociación de Vecinos Sierra de la Mosca han valorado la resolución administrativa. El colectivo vecinal recuerda que las labores de investigación requeridas y no ejecutadas eran precisamente las que impedían acreditar técnicamente el recurso de litio.

En junio de 2024, la asociación presentó un recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas advirtiendo de las carencias del expediente. Entre la documentación omitida citaban los resultados de las pruebas metalúrgicas en el Proyecto de Investigación, deficiencias en el Plan de Explotación y Restauración, así como dudas sobre la viabilidad técnica y la solvencia financiera de la iniciativa.

Según destacan los vecinos, estos documentos solicitados en su día coinciden con los que la Administración autonómica requirió formalmente a la empresa y que finalmente han provocado el decaimiento de la concesión directa.

Frente a esta resolución de la Dirección General de Minas cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán.

El 'caso Hulla' por el que se investiga el presunto desvío de fondos públicos de la residencia geriátrica, propiedad del Montepío de la Minería, ubicada en la localidad de Felechosa, en el concejo asturiano de Aller, empieza a avanzar en los tribunales, diez años después de que comenzara la instrucción y apenas cinco meses después de que se dieran por finalizadas las diligencias de investigación.

La Fiscalía Anticorrupción ha completado su escrito de calificación donde dirige la acusación contra 15 personas y solicita penas que se mueven en una horquilla que oscila entre los tres años y seis meses y los 24 años de prisión.

Las multas que solicita la acusación pública también son millonarias y van desde los 200.000 euros a los 80 millones.

Postigo, 'mano derecha' de Villa

Anticorrupción interesa la pena más elevada, cifrada en 24 años y 6 meses de cárcel y multa de 80,7 millones, para el ex presidente del Montepío de la Minería, José Ántonio Postigo, por su presunta autoría en los delitos de falsificación continuada de documentos, tráfico de influencias, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales.

Postigo está considerado como la 'mano derecha' de José Ángel Fernández Villa, el líder minero que durante 34 años -en el periodo comprendido entre 1979 y 2013- estuvo al frente de la Secretaría General del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT).

A sus 83 años, Fernández Villa se ha librado de sentarse en el banquillo de los acusados. Su delicado estado de salud, certificado a través de los informes emitidos por los médicos forenses, ha sido clave para no ser juzgado. Para él se ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

La imputación de familiares

No han tenido tanta suerte su mujer, María Jesús Iglesias, y sus dos hijos, Rolando Fernández y Ángela Fernández Iglesias. La Fiscalía pide la imposición de una pena individual de tres años y medio de prisión. Además, interesa el pago de sendas multas de 300.000 euros para cada uno de los hijos y de 800.000 euros para su esposa como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.

Como partícipes a título lucrativo también figuran Patricia Postigo, hija del expresidente del Montepío, y su exmujer, María Elena Pérez, contra quienes la Fiscalía no dirige acusación.

En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el representante del Ministerio Público pide también el sobreseimiento provisional de la causa para el exalcalde de Aller David Moreno Bobela, por “falta de pruebas respecto de su participación en los hechos”.

La amnistía fiscal de Montoro

Fernández Villa y Postigo se habían sumado a la amnistía fiscal que puso en marcha en 2012 el entonces ministro del Partido Popular (PP) Cristóbal Montoro. Creían que así regularizaban una situación económica que, por el contrario, afloró un patrimonio oculto de 1,2 millones y 436.000 euros respectivamente.

La Fiscalía Anticorrupción vincula este dinero al posible desvío de fondos públicos “a través del sobrecoste del proyecto y falseamiento de las certificaciones de obra” de la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa. Las obras habían sido financiadas con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.

Los acusados

A raíz de esta investigación judicial, además de analizar con detalle los movimientos de Fernández Villa y de Postigo, se estudiaron los de su entorno más próximo y los investigadores llegaron a la conclusión de la participación de algunos de sus familiares.

En el plano profesional también fueron 'cayendo' el resto de investigados, entre los que figuran el exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta; el asesor jurídico del Montepío de la Minería, Rafael Virgós; el asesor financiero externo del Montepío, José Manuel Fernández; el aparejador Vicente Fernández; el proveedor Jorge González; el administrador de la empresa Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández; y el arquitecto del proyecto, Manuel Sastre.

La lista de la Fiscalía Anticorrupción incluye también a Rocío San José González, esposa de Juan Antonio Fernández; Juan Carlos Riera, socio de Alcedo; Dorina Bicher, pareja de Postigo, y Rodica Daniela Timis, quien prestaba servicios de limpieza en una residencia de Murcia donde según la investigación también hubo blanqueo de dinero.

Una década de instrucción

La causa judicial se bautizó como 'caso Hulla'. La magistrada-jueza María Begoña Fernández, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo/Uviéu -antiguo Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo-, dictó un auto el pasado día 17 de febrero donde daba por finalizada la instrucción y acordaba que continuase la tramitación de las diligencias previas y su transformación en procedimiento abreviado.

Cinco meses después, la Fiscalía Anticorrupción ha concluido su escrito donde atribuye a los principales investigados su presunta participación en los delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, delitos contra la ordenación del territorio y contra la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales.

Las peticiones de pena

Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama el decomiso de la residencia geriátrica de Felechosa, así como de varios vehículos, un inmueble y diversas cantidades de dinero que fueron intervenidas a lo largo de esta instrucción.

Anticorrupción pide las siguientes penas: 24 años y 6 meses de cárcel y 80,7 millones de multa para Postigo; 13 años y 6 meses de prisión y multa de 200.000 euros para su mujer, Dorina Bicher; 18 años de cárcel y 80 millones de multa para el administrador de la empresa Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández; mientras que su esposa Rocío San José González afronta una petición de 15 años y seis meses de cárcel y 60 millones de euros.

Otras solicitudes de condena

Juan Carlos Riera, socio de Alcedo, afronta una petición de 16 años y medio de cárcel y 70 millones de multa, mientras que la pena interesada para el arquitecto Manuel Sastre se eleva a 13 años y 6 meses de cárcel y multa de 80 millones.

Anticorrupción reclama una pena de 10 años de cárcel y 60 millones de multa para el asesor jurídico del Montepío de la Minería, Rafael Virgós; una pena de 13 años y medio de prisión y multa de 80 millones para el asesor financiero externo del Montepío, José Manuel Fernández; ocho años y medio de cárcel y 60 millones para el aparejador del geriátrico Vicente Fernández, así como cinco años de prisión y 40 millones de euros para el proveedor Jorge González.

El exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta afronta una petición fiscal de siete años de prisión y multa de 60 millones de euros, mientras que la pena interesada para Rodica Daniela Timis asciende a ocho años y seis meses de prisión y 200.000 euros de multa.

Los mineros de TYC Narcea han retirado este martes las tiendas de campaña que han permanecido instaladas en el campo de San Francisco en Oviedo/Uviéu durante 43 días después de que el Principado haya abierto a información pública la tramitación ambiental del proyecto con el que la empresa quiere reabrir la explotación, situada en Vega de Rengos (Cangas del Narcea).

La actividad se vio paralizada el pasado mes de noviembre a raíz de un accidente laboral en el que murieron los trabajadores Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y vecino de Cangas de Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 años y vecino de Villablino.

La acampada reivindicativa

Los trabajadores realizaron manifestaciones y concentraciones para denunciar su situación y finalmente, el pasado mes de junio, decidieron iniciar una acampada en el campo de San Francisco, en plena calle Uría, en Oviedo/Uviéu.

Han sido días difíciles en los que los mineros, que hacían turnos rotatorios de 24 horas, esperaban recibir al menos unas palabras de aliento o una visita del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, cuyo despacho oficial se encuentra a escasos metros de la acampada.

“No sabemos nada de Barbón”

A su condición como “hijo de minero” apelaron para que se desplazara unos minutos hasta el paseo de los Álamos para que le contaran en primera persona cómo es su día a día y el de sus familias, desde que se aplicó el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que mandó directamente a la calle a 56 compañeros. Pero no lo consiguieron.

“No sabemos nada de él”, admite el portavoz de los mineros, Carlos Menéndez.

El apoyo de la gente

Distinta respuesta han obtenido de la sociedad asturiana que se ha volcado con muestras de solidaridad hacia ellos durante este mes y medio.

“Estamos muy agradecidos a los comerciantes, hosteleros, exmineros y población en general que nos han apoyado desde el primer momento y se han acercado hasta la acampada para preguntarnos si necesitábamos algo”, explica el portavoz.

Las pancartas

El pasado 15 de junio comenzaron las tareas de montaje. Junto a las tiendas de campaña instalaron tres grandes pancartas que tenían como protagonistas al propio presidente del Principado, al director general de Energía y Minería de Asturias, Javier Cueli, y a la directora del Instituto de Transición Justa (ITJ), Judit Carreras García.

Este martes, 43 días después, han hecho el trabajo contrario y han desmontado la acampada. La decisión fue adoptada este lunes tras una reunión de las contratas de Tyc Narcea donde valoraron la comunicación del inicio del periodo para la Evaluacion de Impacto Medioambiental.

“En esta reunión se llegó a la conclusión de cerrar la asamblea permanente en Oviedo, ya que con este trámite se cumple el último propósito del inicio de la acampada”, corrobora Carlos Menéndez.

La documentación, revisada

Los trabajadores han tenido en cuenta que toda la documentacion necesaria ya está revisada y únicamente quedaba este tramite antes de que “quede reflejado en el ReBOPA para que el Proyecto de Explotación (PES) pueda empezar a tramitarse por completo hasta su aprobación final, que depende de la contestacion por parte del ITJ, cosa que hasta finales de septiembre no tendremos”, ratifica el portavoz.

La plantilla, integrada por 68 trabajadores, aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que la empresa se comprometiera a la readmisión de los 56 despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina. Otros 12 compañeros permanecen realizando labores de mantenimiento en la explotación minera de Vega de Rengos.

Mientras continúa el debate en torno a la reactivación de la explotación minera en Touro (A Coruña), el ayuntamiento de la localidad acaba de publicar un informe encargado por su administración para conocer el estado de los ríos y afluentes que rodean la antigua explotación. La conclusión del estudio evidencia la persistencia de una afectación ambiental que en el consitorio se considera preocupante. El informe pericial revela la presencia de concentraciones de aluminio en las aguas de la localidad que multiplican por veinte los límites legales establecidos por el CEDEX en la Direciva MArco del Agua. Lo mismo sucede con las concentraciones de hierro, que están 18 veces por encima de los valores de referencia; y el magnesio, diecisiete por encima.

El informe pericial independiente encargado por el Ayuntamiento de Touro (A Coruña), el primero promovido por el mismo, ha certificado que la afección ambiental causada por la actividad de la antigua mina de Touro-O Pino (cesada en 1986) “persiste” en puntos de los cursos fluviales de su entorno.

Esta es la conclusión a la que ha llegado este trabajo elaborado por Tysgal Medioambiente a petición del área dirigida por el concejal Darío Rey. Su propósito era evaluar el estado actual de las aguas superficiales a través del análisis de los principales parámetros físico-químicos determinados en las muestras recogidas durante una campaña del 20 de mayo de 2026.

Estos resultados han sido comparados con los registros disponibles de campañas realizadas en años anteriores por la empresa Cobre San Rafael, impulsora de una futura mina en los terrenos del anterior, y recogidos en el Estudo de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto en actual tramitación.

“En conjunto, los resultados evidencian que la calidad de las augas superficiales continúa siendo heterogénea, persistiendo puntos en los que se registran condiciones fisicoquímicas claramente alteradas, especialmente asociadas a la acidificación y a la elevada concentración de determinados metales y sales”, constata el estudio.

La comparación con los datos históricos del EsIA apunta a una “evolución desigual” según el punto de la muestra, de forma que ha habido “mejoras en algunos parámetros concretos”, pero también el “empeoramiento de otros”. Todos los ríos y regatos estudiados forman parte de la cuenca del sistema fluvial Ulla-Deza, espacio integrado en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC) Ulla-Deza, con una “especial relevancia ambiental”, tal y como recoge el propio informe.

Pozo Sotón no es solo una antigua explotación de hulla, sino que hoy se ha transformado en un reclamado destino turístico de primer orden. Esta “catedral” de la cuenca minera de Asturias permite a los que la visitan adentrarse en las profundidades de la tierra para vivir una experiencia muy auténtica. Situada entre las localidades de El Entrego y Sotrondio, es la primera mina del mundo que ofrece la posibilidad de participar activamente en una jornada de trabajo minero real. Bajo la gestión de la empresa pública HUNOSA, este enclave invita a descubrir los secretos mejor guardados del subsuelo asturiano.

Quienes se atreven a bajar aseguran que la vivencia supera cualquier expectativa previa por su realismo y dureza. Pozo Sotón es hoy un símbolo vivo de la Revolución Industrial y un homenaje permanente a toda una profesión. El origen de este pozo se remonta a finales del siglo XVIII, aunque su profundización actual se ejecutó entre los años 1917 y 1922. Para su construcción, fue necesario realizar la proeza técnica de desviar el cauce del río Nalón en San Martín del Rey Aurelio. En el año 2014, tras el cese de su actividad extractiva, fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento. Esta protección legal incluye elementos icónicos como sus dos castilletes metálicos de 33 metros de altura y el singular edificio de máquinas.

La estructura metálica que une los castilletes, conocida como réter, es otra de las joyas arquitectónicas que se conservan. El complejo destaca por su eficiente diseño tecnológico y una estética industrial que impresiona desde la superficie misma. Sotón representa la culminación del aprendizaje técnico de la empresa Duro Felguera en la explotación vertical de carbón. Hoy en día, sus instalaciones exteriores son un punto de referencia esencial para entender el desarrollo socioeconómico regional.

Uno de los datos más asombrosos del Pozo Sotón es que alberga una red de más de 140 kilómetros de galerías subterráneas. Esta inmensa obra de ingeniería bajo tierra forma parte de un entramado mucho mayor que suma miles de kilómetros en Asturias. Los turistas pueden recorrer una pequeña pero significativa parte de estos túneles a más de medio kilómetro de profundidad. Las visitas interiores se dividen en dos modalidades principales según la duración y el nivel de exigencia física deseado. La visita corta recorre dos kilómetros a unos 400 metros de profundidad, mientras que la larga llega a los 600 metros. Descender a estas cotas permite comprender la magnitud de la “pirámide invertida” que se ha construido durante dos siglos. Cada metro excavado es fruto del tesón de miles de hombres que trabajaron en condiciones de extrema dificultad. El silencio y la inmensidad de las galerías ofrecen una perspectiva única sobre el patrimonio industrial español.

Antes de iniciar el descenso, el visitante debe someterse a un riguroso proceso de preparación guiado por verdaderos mineros de profesión. Es obligatorio enfundarse el mono de trabajo, calzarse las botas adecuadas y ajustarse el equipo de seguridad pertinente. Cada “turista minero” recibe una lámpara de mina y un equipo auto-rescatador indispensable para cualquier emergencia bajo tierra. Tras una charla formativa sobre seguridad, el grupo se dirige a la jaula o ascensor minero para bajar al pozo. El descenso en la jaula es el primer contacto con la oscuridad y la sensación de aventura que define la jornada. Los guías, con su cercanía y buen humor, ayudan a mitigar los nervios iniciales de quienes se adentran en el subsuelo.

El momento más emocionante y exigente de la visita larga es, sin duda, el descenso por la chimenea conocida como “La Jota”. Se trata de una estrecha chimenea de ventilación de 100 metros de longitud excavada manualmente por los mineros. Su pendiente media supera los 43 grados y, en algunos tramos, el espacio de paso es inferior al metro cuadrado. Los visitantes deben bajar con precaución, manteniendo siempre tres puntos de apoyo según las instrucciones de los guías. En ciertos puntos, la angostura obliga a avanzar arrastrado o con los pies por delante para poder progresar. El ruido de la respiración y los latidos del corazón se intensifican en este pasillo vertical reforzado solo con madera. A pesar de la dificultad física, el recorrido se realiza siempre bajo la supervisión constante de profesionales expertos.

Una vez en los niveles inferiores, la actividad estrella consiste en participar en un taller real de picadores de carbón. Equipados con herramientas que superan los ocho kilogramos de peso, los turistas prueban su fuerza contra el frente de hulla. No es una simulación; los visitantes deben picar el carbón entre el polvo y el sonido ensordecedor de la mina. El esfuerzo físico requerido permite valorar en primera persona el coraje y la fuerza de los trabajadores del sector. Como recompensa al tesón demostrado, cada persona puede llevarse a su casa la pieza de carbón que ha conseguido extraer. Este souvenir mineral se convierte en un símbolo tangible de la dureza de una profesión que forjó la identidad asturiana.

Visita en tren

Además de picar, los visitantes aprenden sobre los métodos de sostenimiento de las galerías mediante madera o metal. El recorrido por las profundidades también incluye tramos que se realizan a bordo del auténtico tren de los mineros. Este transporte de personal traslada a los visitantes a través de galerías que, en ocasiones, pasan bajo montañas. Viajar en estos vagones permite experimentar cómo los trabajadores se desplazaban diariamente hacia sus puestos en los frentes. El trayecto ferroviario cubre los últimos dos kilómetros de regreso hasta la caña del pozo para finalizar la jornada. Durante el viaje, se pueden observar las complejas instalaciones de agua, aire y electricidad que mantienen viva la mina. El tren circula a profundidades que pueden superar los mil metros respecto a las cumbres de las montañas superiores. Es una oportunidad única para contemplar la infraestructura logística necesaria para una explotación de tal envergadura subterránea.

La experiencia se completa en la superficie con la visita al Centro de Experiencias y Memoria de la Minería, ubicado en la antigua casa de aseos. Este museo interactivo permite profundizar en la historia de HUNOSA y la labor de la mujer en la minería. El recinto también alberga el Memorial Minero, un espacio solemne dedicado a rendir homenaje a los fallecidos en accidentes laborales. Para las familias, el complejo ofrece actividades variadas que van desde talleres infantiles hasta un emocionante escape room. El Pozo Sotón ha sido reconocido internacionalmente con premios que lo sitúan como un referente del patrimonio industrial europeo, un enclave que ofrece una lección de vida y memoria colectiva.

El grupo Minersa ha obtenido la autorización del Gobierno asturiano para un proyecto de investigación para la ampliación de la mina de fluorita de Villabona, el cual conlleva prospecciones con doce perforaciones en la zona de Serín (Gijón) y nueve perforaciones en la zona de Campañones, en Corvera.

Así lo ha confirmado la Coordinadora Ecologista de Asturias, que había presentado alegaciones ante este proyecto por su afectación a la población de los concejos antes mencionados, así como por el impacto acústico y efecto sobre los ríos Aboño y Alvares, entre otras cuestiones.

La empresa Minersa ha presentado un proyecto de 22 sondeos en la zona de entre 250 y 600 metros de profundidad, para determinar qué zonas puede explotar en el futuro de forma subterránea.

Según la coordinadora, la compañía ya realizó con antelación otros sondeos mineros en Gijón y Siero y no tiene sentido otros nuevos sin entrar a evaluar la admisibilidad ambiental y social de la explotación extractiva-minera que busca implantarse en la misma zona.

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha explicado que en el territorio afectado hay numerosos vecinos en viviendas diseminadas, “que pueden pasar a tener una mina debajo de su casa sin enterarse”, porque ninguno de los ayuntamientos ha advertido de este riesgo, ni les ha invitado a alegar en el trámite correspondiente.

La entidad ecologista ha alertado de que los sondeos pueden afectar a las cuencas de los ríos Aboño y Alvares, al poder pinchar con los manantiales que forman estas cuencas, así como al embalse de San Andrés, que es Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) y se encuentra a menos de 300 metros.

Desde la coordinadora han considerado que el Gobierno de Asturias y, de manera especial, los ayuntamientos de Gijón y Corvera tienen la obligación de valorar el impacto de las actividades mineras en los entornos rurales donde se desarrollan y el que supone para el futuro de estas zonas la perforación de su subsuelo.

Distribuida entre la franja costera del oeste de Namibia y el extremo noroeste de Sudáfrica, la rana de lluvia del desierto (Breviceps macrops) es uno de los anfibios más singulares del mundo. Se hizo famosa por el particular grito agudo que emite cuando se siente amenazada, pero todavía sigue siendo uno de los animales más desconocidos.

Entre otras cosas, porque este pequeño anfibio de entre 4 y 6 centímetros pasa gran parte de su vida bajo tierra. Con un cuerpo redondeado, patas cortas y ojos grandes, es un animal que normalmente camina en lugar de dar grandes saltos como otras de sus compañeras ranas. Este habita principalmente en dunas y terrenos arenosos cercanos al Atlántico, un hábitat que ahora mismo se está viendo comprometido.

Así lo revela la última actualización de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que concluye que la rana de lluvia del desierto ha bajado de categoría, pasando del estado de “casi amenazada” a “vulnerable”. El anfibio está a solo un paso de enfrentar un riesgo muy alto de extinción en estado salvaje, lo que ha alertado a la comunidad científica.

Desde la UICN avisan de que el contenido en redes sociales sobre este animal no está beneficiando para nada su bienestar. “La demanda de ranas de lluvia del desierto en el comercio de mascotas ha aumentado tras la difusión de un vídeo viral en el que se oía a la especie emitir gritos de alarma”, señalan en el comunicado compartido hace unos días. No es la única de sus amenazas.

El deterioro que está sufriendo este animal se debe principalmente a la expansión de la minería de diamantes y el desarrollo de infraestructuras energéticas en su hábitat. Para llevar a cabo estas actividades, es necesario remover grandes extensiones de terreno y utilizar maquinaria pesada, unas actuaciones que están alertando de forma irreversible el ecosistema del que depende este pequeño anfibio.

Pero hay más. “El cambio climático, así como el estrés térmico y la aridificación asociados, constituyen posibles factores de presión adicionales para esta especie. Sin medidas de conservación, se prevé que la población disminuya un 20% en la próxima década”, comparten también desde la UICN.

Más especies en peligro

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha elevado a 49.505 las especies amenazadas de extinción, más de un 1,8% de aumento respecto a la cifra anterior, según la última actualización de su Lista Roja. La organización ha contabilizado 951 especies “extintas”, 10.947 “en peligro crítico” y 18.186 “vulnerables”, las tres categorías que conforman el grupo de especies amenazadas a escala mundial.

Tras los datos, su mensaje es claro. “No olvidemos que existe un camino claro para salir de la crisis de la biodiversidad: la conservación de la naturaleza funciona, como se nos recuerda una y otra vez. Al proteger la asombrosa biodiversidad de este planeta, podemos preservar un entorno favorable tanto para los seres humanos como para la vida silvestre”, dijo Grethel Aguilar, Directora General de la UICN.

El Pozu Santa Bárbara, en Mieres, ha inaugurado una nueva sala inmersiva que permitirá acercar la historia minera de Asturias a través de herramientas digitales innovadoras, según ha destacado este miércoles en una visita la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo.

Esta nueva instalación forma parte de un proyecto de soluciones digitales para la interpretación del patrimonio que incluye también experiencias de realidad virtual, trabajos de fotogrametría 3D, la digitalización de la oficina de turismo y recorridos interactivos por la ciudad.

Llamedo ha destacado que la nueva sala inmersiva “viene a contribuir a toda la oferta vinculada a la historia de la minería” y permite que quienes la visitan puedan “sentir esa emoción” y conocer de una forma diferente la trayectoria de los valles mineros asturianos.

También ha subrayado que ofrece una forma de tratar la historia de la minería en Asturias de un modo diferente a las experiencias y visitas habituales.

A su juicio, la incorporación de la sala al Pozu Santa Bárbara supone “una apuesta que viene a mejorar la oferta del Valle del Caudal y de la Montaña Central” como destino turístico.

Esta novedad en el pozo minero, reconvertido en escenario turístico, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del Ejecutivo asturiano para el área de la Montaña Central.

El centro cultural Pozu Santa Bárbara entró en funcionamiento en el año 2021 recuperando el Bien de Interés Cultural de la antigua explotación minera de Hulleras del Turón, la primera gran explotación de la hulla en la cuenca del Caudal y uno de los mayores pozos mineros asturianos.

Las famosas minas de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, comenzaron a explotarse hace más de dos milenios. Su origen exacto, según la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se remonta al siglo III a.C. El mineral extraído era el cinabrio, del cual se obtenía el mercurio, el único metal líquido que existe. Llegó a ser el mayor yacimiento en todo el mundo. Ha producido más del 35% de todo el mercurio usado en la historia de la humanidad.

En la naturaleza no se encuentra puro como mineral, sino atrapado dentro de rocas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye entre las diez sustancias químicas más peligrosas para la salud pública.

Utilizado históricamente para tratar algunas infecciones como la sífilis y en vacunas antiguas, y más recientemente para la industria, el mercurio ha marcado siempre la historia de esta comarca minera, colindante con la provincia de Córdoba y actualmente en riesgo extremo de despoblación desde el cierre de las minas.

De la entrada de Mayasa a la prohibición de exportar mercurio

La empresa pública Mayasa (Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.), perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), asumió la gestión de la explotación minera de Almadén desde su creación en 1982. Heredó la gestión del Consejo de Administración que controlaba las minas desde 1916.

La compañía gestionó la extracción de mercurio hasta el cierre definitivo de la mina en julio de 2001. A partir de ese momento, orientó su gestión al almacenamiento y tratamiento ambiental de los excedentes mundiales de mercurio, una labor que se hizo efectiva tras el fin de la comercialización internacional de este metal decretada por la Unión Europea en 2011.

En ese año, a través del denominado 'Convenio de Minamata', se prohibió, mediante un tratado internacional, su exportación para reducir la oferta global de este metal y limitar sus emisiones. Pese a sus múltiples usos, es un metal pesado y muy tóxico. Contamina el medio ambiente y daña gravemente la salud humana, especialmente el sistema nervioso. La normativa resultante prohibió las ventas al exterior para evitar que grandes cantidades de mercurio sobrante llegasen a países en desarrollo. Porque el 99% se vendía fuera de la UE.

Esto obligó a almacenar los residuos de mercurio de forma segura en lugar de liberarlos. Y ahí la gestión de Mayasa cumplió un papel de gran relevancia. Hasta entonces la actividad de la empresa pública consistía en recoger mercurio, limpiarlo y ponerlo de nuevo en el mercado. Pero ante la prohibición de las exportaciones, cambió su objetivo a la obtención de fondos para tratar de solucionar problemas y nuevas actividades de desarrollo sostenible sin añadir más contaminación de mercurio al medio.

Pero hubo más trabas. En 2018 entró en vigor la prohibición de uso de mercurio en la industria cloro-caústica, por lo que se debía retirar y almacenar el mercurio en condiciones seguras. Para ello Mayasa debía encargarse de la retirada y tratamiento con las empresas productoras.

Un año después, en 2019, el Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó, con evaluación ambiental favorable, la planta de solidificación de mercurio en Almadén. Se ubicó en el paraje de Las Cuevas, a 10 kilómetros del núcleo urbano. Para ese tratamiento, Mayasa había adjudicado ya en 2017 este proyecto de tratamiento a una empresa externa que nunca llegó a realizar su labor. Según la Plataforma de Contratación Pública, era Sartech Engineering, actualmente en litigio judicial con la empresa pública por incumplimiento del contrato.

Solo quedaba una salida: si no se podía exportar ni tratar, todo el mercurio debía salir del almacén. Se envió a una planta suiza de la empresa Batrec, filial de Veolia (líder mundial en servicios medioambientales especializado en la gestión integral de agua, residuos y energía), por medio de un gestor de residuos representante en España, en este caso Adiego Hermanos, que hizo el transporte y gestión completa de residuos.

En total, se enviaron 378 toneladas de mercurio. Actualmente, se encuentran en unas antiguas minas de sal de Alemania, que poseen las propiedades de impermeabilización adecuadas para este tipo de residuo.

Ahora, ese almacén de residuos está cerrado. Pero el expediente de su cierre definitivo, iniciado hace año y medio, aún está abierto, porque todavía no ha recibido luz verde por parte de la autoridad ambiental, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Así lo han confirmado fuentes de este departamento. La Dirección General de Calidad Ambiental está analizando la documentación presentada por la empresa pública para analizar si solicita más información complementaria o procece con la fase final de clausura.

El encuentro entre Mayasa y Ecologistas en Acción

Con ello, se ha cerrado a su vez una etapa en la comarca. Y de todo ello han hablado recientemente representantes de Ecologistas en Acción y miembros de Mayasa, en un encuentro solicitado por los primeros para conocer en qué estado se encuentra el proceso.

Javier Carrasco, director técnico de Actividades Industriales de Mayasa, asistente a esta reunión junto al presidente de la empresa pública, José Tejero, cuenta a este periódico que ahora mismo están pendientes de que de la Administración castellanomanchega autorice el cierre definitivo, ya que su puesta en marcha requirió una Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ahora exige que se cumplan una serie de requisitos de inspección ambiental para su clausura.

Pese a que la planta nunca llegó a funcionar en cuanto al tratamiento del mercurio, es decir, su estabilización química antes de llevarlo a un depósito definitivo, la inspección debe determinar, dentro del programa de vigilancia ambiental, que el almacén está completamente descontaminado.

La autorización del Gobierno de Castilla-La Mancha para la planta de almacenamiento que se aprobó en 2019 incluía un presupuesto de tres millones de euros. Y esta circunstancia coincidió con la mencionada prohibición del uso de cloro para las empresas clorocáusticas, donde el mercurio se utilizaba como parte del proceso químico. Muchas empresas españolas se vieron entonces con excedentes de mercurio que no utilizaban que tenían que gestionar.

Mayasa se ofreció para almacenar y gestionar el mercurio de esas industrias. Pero la empresa contratada fue “incapaz” de cumplir el contrato y la planta nunca llegó a realizar el “tratamiento” de metal, pero sí su almacenamiento: las mencionadas 378 toneladas de mercurio, acumuladas durante varios años, hasta 2023.

Ese año, una vez rescindido el contrato con la empresa ‘incumplidora’, Mayasa decidió realizar un nuevo contrato con otra compañía gestora que tenía permiso para exportar mercurio como residuo, la mencionada Abiego Hermanos. “Todo esto se precipitó porque la normativa europea permitía el almacenamiento de mercurio hasta el 31 de diciembre del 2022 y había que darle salida a toda esa cantidad almacenada”, cuenta el director técnico.

Ahora mismo, detalla que ya no hay nada en el almacén. La gestora de residuos llegó a un acuerdo transfronterizo con la suiza Batrec, quien sí trató el mercurio para su estabilización química en este país y después lo envió, para su depósito final en las minas de sal alemanas, habilitadas para ello.

En el aire, los niveles de mercurio muy bajos, y en el agua son inapreciables

Javier Carrasco — Director técnico de Mayasa

Según Javier Carrasco, el plan de cierre de la planta en Almadén se ha cumplido “al milímetro”. “Se han limpiado todas las instalaciones, todo lo que ha estado en contacto con el metal, se ha desmontado toda la instalación, principalmente lo que eran equipos de filtros, y todos los residuos que hemos generado durante estas labores de limpieza se han enviado fuera con un gestor autorizado”.

Pero en un proceso tan delicado, el plan de vigilancia ambiental ha sido fundamental. A la espera del cierre definitivo, en Mayasa, desde que se autorizó el almacenamiento, han realizado medidas en aire y agua para ver los niveles de contaminación. Son muestreos que se han remitido periódicamente a la autoridad ambiental. De ellos se desprende que hay “niveles apreciables” de mercurio que “históricamente siempre han existido”

“En el aire, son niveles muy bajos a los que hacemos un seguimiento continuo. De hecho, los que hay ahora son idénticos a los que había antes de iniciar el almacenamiento hace siete años, y en el agua son inapreciables, no hay ninguna afección”, precisa Javier Carrasco.

La última limpieza de la planta se realizó a finales de 2025. Se recogieron en torno a un centenar de kilos de mercurio, que también ha recogido una empresa autorizada para gestión de residuos.

No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre

Ecologistas en Acción de Ciudad Real

Desde Ecologistas en Acción de Ciudad Real, acudieron al encuentro Isabel Arauzo, Julio Ruiz y Francisco J. Sarrión. Han explicado a este periódico que celebran el cierre del almacén “por la disminución del riesgo de contaminación que suponían estas instalaciones”.

Pero al mismo tiempo denuncian el “oscurantismo” y la “falta de información pública”, algo que tildan de “tradición histórica de la casa” en referencia a la empresa pública, a la que atribuye “actividades peligrosas” que la empresa siempre ha negado, también en esta ocasión.

“No nos dan pruebas documentales de nada de lo solicitado, ni de los mapas de contaminación ni de los planes de cierre. Solo nos remiten a los contratos ya expuestos en el perfil del contratante de Mayasa. Hay también un celo excesivo en proteger la identidad de los responsables políticos y técnicos, lo que interpretamos que es para evitar sanciones y críticas personales a su gestión”, argumentan.

Ecologistas en Acción añade que el hecho de que no sea obligatorio medir con exactitud el mercurio que salió de la planta de Almadén, aunque se ajuste a la normativa, supone “un riesgo de pérdida o descontrol” en el camino o en la planta receptora.

También resalta que hay “discrepancias” en las fechas y orden de las declaraciones de impacto ambiental que “aún quedan sin explicación”. “Demuestra la falta de rigor en el control del mercurio, y siendo la sustancia más peligrosa después de las radiactivas, deberían haber extremado las precauciones y no dejar en manos del gestor de residuos la medida real del mercurio trasladado”.

La organización ecologista también pone el acento en los costes. Afirma que el presupuesto para el tratamiento y traslado del mercurio de Almadén al depósito de Suiza fue de 1,5 millones de euros, la mitad de los tres millones que se presupuestaron para la planta. “Un despilfarro de dinero público que debería haberse valorado inicialmente”.

“Los planes de descontaminación parecen proyectos piloto más que acciones de efectividad probada, aunque digan que son técnicas innovadoras. El ámbito espacial es muy reducido”, añaden. Avalan que actualmente se estudie la movilidad del mercurio en el medio ambiente, pero denuncian que no se están analizando “las repercusiones ni los niveles de contaminantes en la población civil”, que sería “uno de los objetivos a conocer de cara a la salud pública”.

Actualmente, el vínculo de Mayasa con este polémico metal todavía permanece. Desde 2009, gestiona el Centro Tecnológico del Mercurio con el apoyo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de Castilla-La Mancha. Allí se monitorea el entorno medioambiental, la flora y la fauna.

En paralelo, también está vigente desde el año pasado el Proyecto Life Hermes, que tiene como objetivo la recuperación ambiental del Cerco de Buitrones de Almadenejos. Se trata de un recinto del siglo XVIII que conserva restos de antiguos hornos de mercurio y partes de su muralla. El área está declarada Bien de Interés Patrimonial (BIP).

El próximo mes de septiembre, la empresa pública iniciará labores de tratamiento de estabilización química in situ de restos de mercurio con óxido de magnesio. El objetivo es demostrar la eficacia de una solución innovadora que ofrece “varias ventajas significativas” con respecto a los métodos de remediación tradicionales.

Para Ecologistas en Acción, estos nuevos proyectos van a continuar siendo un gasto de dinero público “sin que se tenga constancia nunca de la repercusión real sobre la salud de las personas”. “En definitiva, nos alegramos de que la gestión del mercurio ya no esté en manos de Mayasa y esperamos que los planes de descontaminación futuros se enfoquen en evaluar el mercurio en la población y en su salud”, concluyen.

El anuncio del cierre de la planta de almacenamiento, sin embargo, no ha gustado en el ámbito local. El Ayuntamiento de Almadén ya mostró hace un año su “indignación” por la clausura de la planta de estabilización de mercurio de Mayasa. Su alcaldesa, Raquel María Jurado, preguntó si lo que se pretendía la empresa pública era ofrecer beneficios a la localidad o “más bien, minimizar las pérdidas económicas” de la SEPI, achacables a la “pésima gestión”.

Tras lamentar que en el municipio llevan años oyendo hablar de un plan estratégico de la empresa pública que nunca ha sido compartido con la ciudadanía, condenó que este nuevo “fracaso” se sume a otros intentos de inversión que “no han dado resultados”.

El Ayuntamiento hizo referencia también al acuerdo firmado hace casi 25 años entre CCOO, UGT, la SEPI y Mayasa: un Plan de Empresa que, entre otras cosas, incluía un futuro convenio con el Consistorio local para el desarrollo de la comarca una vez que se completara el cierre minero. Desde este municipio siempre han denunciado el incumplimiento de este convenio y la “enorme factura social” que la comarca ha pagado por ello.

En todo este proceso también ha jugado un papel fundamental la plataforma ciudadana ‘Forzados de Almadén’, quien ha apelado en varias ocasiones a ese convenio de principios de siglo. Todavía se recuerda el encierro que protagonizaron en agosto de 2019, cuando siete hombres y cuatro mujeres de diferentes profesiones, edades y originarios de los pueblos de la comarca se encerraron en la primera planta de la histórica mina de mercurio de la ciudad.

Querían recrear la protesta de 11 mineros ocurrida 35 años atrás, en 1984. Si entonces los mineros protestaban por sus pésimas condiciones laborales, en 2019 quisieron mostrar a una comarca “castigada por el paro, la desindustrialización y la poca calidad de los servicios públicos”.

Porque Almadén sigue bebiendo de su historia. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento se ha comprometido, a través de un convenio con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), a la restauración y digitalización de la película 'Mercurio-Minas de Almadén', de 1940.

El ICAA conserva en la actualidad, en las instalaciones de la Filmoteca Española en su centro de Pozuelo de Alarcón, dos copias en nitrato de celulosa de 35 milímetro de la película. A través del convenio, el Ayuntamiento asume la tarea de restauración y digitalización de la película, mientras el ICAA pondrá a disposición sus copias, asesoramiento y apoyo a la promoción.

Mientras, Mayasa sigue a la espera de la autorización oficial de clausura de su almacén. Con ello, se cerrará un capítulo más de una comarca que ha perdido cerca de un 26% de su población en lo que va de siglo.

Las minas de Riotinto, en la provincia de Huelva, siguen proporcionando datos sobre la vida cotidiana de quienes trabajaron en uno de los complejos mineros más importantes de la antigua Hispania. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada ha analizado ocho suelas de sandalias elaboradas con esparto y datadas entre hace 2.000 y 2.400 años, revelando que este tipo de calzado se utilizó de forma continuada desde la Edad del Hierro hasta la época romana.

Las piezas fueron recuperadas en el enclave de Urium, dentro del antiguo distrito minero de Riotinto, concretamente en el sector Nuevo Filón Norte 1. Su extraordinario estado de conservación se debe a que aparecieron enterradas en dos grandes acumulaciones de ceniza procedentes de la limpieza de hornos metalúrgicos. Estas condiciones protegieron las fibras vegetales del paso del tiempo, un fenómeno poco habitual en arqueología y que ha permitido estudiar con gran detalle unos objetos de los que apenas se conservan.

Un calzado resistente para un trabajo exigente

Una de las principales aportaciones del estudio procede de la datación mediante carbono 14 realizada sobre tres de las sandalias. Los análisis muestran que pertenecen a momentos históricos diferentes: una corresponde al siglo I d. C., otra se sitúa entre los siglos II y I a. C., mientras que la más antigua se fecha entre los siglos IV y II a. C. Estas diferencias cronologicas demuestran que el mismo tipo de calzado permaneció en uso durante varios siglos, a traves de distintas etapas históricas.

Las sandalias estaban fabricadas con cuerdas trenzadas de esparto, una fibra vegetal abundante en el suroeste de la península ibérica gracias a su resistencia y flexibilidad. El estudio ha permitido reconstruir parte del proceso de fabricación y constatar el elevado conocimiento técnico de los artesanos de la época. Las cuerdas más gruesas y homogéneas se destinaban a las zonas sometidas a mayor tensión y desgaste, mientras que las más finas se utilizaban en los amarres y en los elementos de unión, una elaboración cuidadosamente diseñada para prolongar la vida útil del calzado.

Los investigadores consideran que estas sandalias ofrecían protección y un mejor agarre a los trabajadores en un entorno especialmente duro, caracterizado por terrenos irregulares, humedad y continuos desplazamientos dentro de las explotaciones mineras. Su permanencia durante varios siglos apunta a que se trataba de una solución eficaz y perfectamente adaptada a las necesidades de los que desarrollaban estos trabajos.

Cuidando los objetos para no deteriorarlos

Las excavaciones también han permitido recuperar otros objetos confeccionados con fibras vegetales, entre ellos cuerdas y cestas, conservados gracias a las mismas condiciones excepcionales del yacimiento. Para estudiar las sandalias sin deteriorarlas, el equipo recurrió a técnicas avanzadas como la Microscopía Electrónica de Barrido y la Microtomografía de Rayos X, herramientas que permitieron analizar la estructura interna de las fibras y conocer con precisión su sistema de fabricación. Gracias a estos métodos, los investigadores han podido documentar una tradición artesanal que perduró durante siglos y que destaca la importancia de las fibras vegetales en la economía y en la vida cotidiana de los antiguos distritos mineros del suroeste peninsular.

“Jamás se han medido peces con tanto cobre y manganeso en todo el mundo”. La afirmación la hace el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Castillo, investigador principal del nuevo estudio que reafirma la presencia de elevadas cantidades de metales tóxicos en la zona del Guadalquivir en la que vierte la mina Cobre Las Cruces. Los niveles detectados son en algunos casos “récord a nivel mundial”, y en otros igualan los máximos conocidos.

En concreto, los autores apuntan a que –al margen del cobre y el manganeso– hay presencia de cromo, níquel, plomo, selenio y zinc que igualan a las mayores concentraciones de las que se tienen registros en todo el mundo. En cuanto al arsénico y al cadmio, las cifras son incluso superiores a las que se midieron en el estuario del Guadalquivir en 1998 tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar.

El estudio es una actualización del que ya se presentó el año pasado, tomando como especie de análisis el albur, un pez que se consume de manera habitual en los municipios ribereños. Los datos que se manejan son los que una entidad independiente acreditada le aporta a la mina para conocer sus parámetros, que a su vez le son remitidos a la Junta de Andalucía, encargada de los permisos mineros y del control medioambiental. Es decir, no los han extraído directamente los investigadores sino que son cifras oficiales.

El calor favorece la bioacumulación

Desde la empresa minera alegan que, al desconocer el informe, “no podemos pronunciarnos sobre él”. Eso sí, apuntan a que anteriores estudios de Jesús Castillo “estaban basados en importantes errores científicos y no demostraban ninguna relación científica de sus afirmaciones con Cobre Las Cruces”. Y añade que cumple “escrupulosamente” la normativa ambiental y que hay una “presencia permanente” en sus instalaciones de técnicos del Gobierno y de la Junta, además de defender que las aguas tratadas que se vierten “son sometidas previamente a un tratamiento intensivo de depuración, con varios ciclos de control y análisis”.

El nuevo informe está firmado, además de por Castillo, por otros dos catedráticos de Ecología, dos investigadoras antropólogas y una estudiante predoctoral de la Universidad de la Sorbona de París. Si el anterior estudio se alimentó de los datos recopilados entre 2017 y 2023, esta actualización añade los de 2024 y los de 2025, y es en este último año donde los indicadores se disparan de manera sustancial con respecto a ejercicios anteriores.

¿Qué es lo que ha pasado para ello, teniendo en cuenta que la mina no está en producción desde 2023? Pues por un lado, que se siguen registrando vertidos que Castillo vincula a episodios de lluvia que inundan la corta minera, y por otro –y de manera muy significativa– que los datos del año pasado se recopilaron en el mes de junio, cuando lo habitual era hacerlo en fechas menos calurosas.

Albures... y otras especies

Es decir, que los albures capturados próximos a la zona de vertido (entre el municipio de La Algaba y el estadio de la Cartuja, ubicado a caballo entre Santiponce y la capital) concentran “altas cantidades de metales y metaloides en sus tejidos” porque “en junio se alcanzan altas temperaturas que favorecen la bioacumulación”. El alto nivel detectado “estaría causando daños ecotoxicológicos a los peces y podría estar afectando a otros muchos animales en el Guadalquivir”.

En esta línea, el informe apunta que si el calor es un factor que empeora la situación, la perspectiva no es nada halagüeña teniendo en cuenta “el escenario actual de calentamiento global, que podría estar aumentando el impacto de la contaminación metálica en el estuario del Guadalquivir”. Esto pondría en riesgo actividades tradicionales como la pesca artesanal, el marisqueo y la acuicultura, ya que esta contaminación “podría significar el inicio del sacrificio del Guadalquivir a la minería” y la consiguiente exclusión de otras prácticas

Esto está provocando la movilización de colectivos y ayuntamientos ribereños de Sevilla y Cádiz, preocupados por la posible afección a su ecosistema y a sus sectores productivos. Algunos de estos consistorios, de hecho, han puesto esta situación en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Otro de sus hallazgos es que “el riesgo cancerígeno fue mayor que el riesgo no cancerígeno debido al consumo de albures” procedentes de esta zona. En este aspecto, el cadmio “fue el contaminante que conllevó un mayor riesgo para la salud”, aunque los niveles de plomo que fija la Unión Europea para consumo de carne de pescado “se superaron en todas las muestras”.

Choque de cifras

Castillo señala también que, en pocos años, Cobre Las Cruces volverá a producir y se le sumará la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Minera Los Frailes), una acción conjunta que elevará hasta diez veces más los vertidos que se han producido hasta la fecha “y con el mismo sistema de depuración”. Aquí, Cobre Las Cruces contraataca con otro estudio de la Universidad de Sevilla, en este caso del Área de Ingeniería Química Ambiental, según el cual la compañía “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario” y que “no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad” de esta empresa.

Adicionalmente, la Universidad de Sevilla, a través del Área de Ingeniería Química Ambiental, ha emitido un dictamen técnico que concluye que la actividad industrial de CLC “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del Estuario” y que los niveles de metales en el estuario “se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental”. Añade el estudio que “no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad de CLC”.

Con todos estos datos sobre la mesa, el estudio señala que las autoridades sanitarias andaluzas “deberían haber abierto un expediente para valorar si publicar una alerta alimentaria”, ya que el albur se consume tradicionalmente en la zona de estudio. Asimismo, concluye con una reivindicación que ya se ha convertido en recurrente: en aplicación del principio de precaución, debería establecerse una moratoria a nuevos vertidos mineros al Guadalquivir y crear un comité de expertos independientes que analice la situación en profundidad.

La Plataforma Mina Touro - O Pino Non, una de las asociaciones vecinales que se opone a la reapertura de la explotación para extraer cobre, denuncia que la balsa de residuos mineros que existe en el lugar —en la que se acumulan los desechos de la actividad anterior— sigue provocando filtraciones contaminantes peligrosas y que amenaza la aldea de Fonte Díaz, en donde hay, además de viviendas, instalaciones deportivas, la Casa da Cultura y una residencia de mayores. Acumulan desde hace años imágenes en las que se aprecia, en una zanja de drenaje junto a una carretera, líquido del color anaranjado típico de las aguas ácidas de las minas.

Esta asociación indica que esas aguas se filtran desde el muro de la balsa minera, cargadas de metales pesados, y que van a parar al arroyo Ameneiro Lamas, después al Lañas y, de este, al río Ulla. Esto ocurre desde hace “décadas, todos los días del año, las 24 horas del día, lo que produce mayor gravedad por la bioacumulación de metales en el lecho de los ríos”, sostiene. El depósito contiene los residuos generados por la actividad minera que hubo hasta mediados de los 80. Y es una de las instalaciones clausuradas consideradas peligrosas por el inventario que el Gobierno central realizó para cumplir con las normas europeas.

La elaboración de ese listado se encargó al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Julio César Arranz es uno de los científicos que se ocuparon de esta tarea. Explica, en conversación telefónica, que no hay dudas sobre los riesgos de la balsa de Touro: “Está en el inventario por la capacidad de contaminar aguas superficiales y porque es enorme y, en caso de rotura, se vería afectada la aldea de Fonte Díaz”. Arranz rememora cómo fue el proceso y cómo hubo un desencuentro con la Xunta porque sostenía que la balsa de Touro no debía incluirse, con el argumento de que no estaba abandonada porque tenía dueño. Con propietario o sin él, dice el experto, llevaba décadas, desde mediados de los 80, parada.

Finalmente, la balsa de Touro se incluyó en la ampliación del inventario de 2015. Hubo una revisión en 2019, que incluyó el desplazamiento al lugar de los científicos del IGME. Arranz cuenta que no pudieron tomar muestras en el interior porque no pudieron acceder, pero sí fueron al arroyo Pucheiras y a otro que se encuentra al este de la presa. La conclusión fue que seguía siendo una instalación contaminante de las aguas superficiales, con efectos sobre todos los usos y sobre la fauna piscícola. “Al hacer la revisión nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error: teníamos que subirle la categoría de riesgo”, expone.

La plataforma vecinal, una de las que lucha contra la reactivación de la mina, critica que, pese a la evidente contaminación, que ha supuesto incluso alguna multa de la propia Xunta, no ha logrado información del Gobierno gallego sobre si existe algún plan de restauración del entorno, si se está haciendo alguna tarea de control y vigilancia o si la presa debe tener un plan de emergencia exterior por la peligrosidad de los desechos que contiene.

Fuentes de la Consellería de Economía e Industria aseguran que la restauración de la balsa está incluida en el proyecto de la empresa Cobre San Rafael para reactivar la explotación, que ha sido declarado estratégico por la Xunta y está en tramitación, a la espera de la evaluación ambiental. Este es el segundo intento por retomar la actividad en la mina para producir cobre, después de que el proyecto presentado en 2017 fuese rechazado por el Gobierno gallego precisamente por no superar el trámite ambiental y en medio de una fuerte contestación social.

La mina se encuentra en una situación inusual: con el primer proyecto de reactivación denegado, la empresa recompuso su plan y volvió a presentarlo en 2024. Fue entonces cuando la Xunta lo declaró proyecto industrial estratégico —una figura que implica que la tramitación se acelera—. Pero, en los tribunales, había seguido avanzando el recurso contra el archivo del primer plan. La Justicia tomó una decisión en mayo de 2026 y consideró que el informe ambiental que lo había echado abajo era nulo porque no se había dado audiencia a la compañía promotora antes de dictar la declaración de impacto ambiental. Es decir, detectó un defecto de forma. A pesar de esa victoria, la empresa no tiene intención de retomar ese proyecto, sino de continuar con el que ahora mismo está declarado estratégico. También este tiene en contra a plataformas vecinales, ecologistas y al Icomos, un organismo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural y que teme efectos negativos sobre el Camino de Santiago.

Protestas continuadas

A la espera de conocerse si esta vez supera la evaluación de la Xunta, los vecinos de la zona que se oponen a la reactivación de la mina han seguido movilizándose: una multitudinaria manifestación mostró el rechazo social al proyecto en junio, durante la exposición pública se presentaron miles de alegaciones —que han derivado en una carrera de obstáculos para que la administración gallega reconozca a muchos vecinos como parte interesada— y han seguido documentando la contaminación procedente de la balsa.

En marzo de este año, la Plataforma Mina Touro - O Pino Non trasladó al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Delegación del Gobierno en Galicia sus preocupaciones por las filtraciones y por el riesgo que la balsa representa para el núcleo de Fonte Díaz, a menos de 300 metros del depósito de residuos. Aseguran que, tras esa comunicación, se acometieron unas obras, que consistieron en una canalización para recoger las filtraciones intentando separarlas de la zanja que recoge el agua de la lluvia. Pero, denuncian, el color anaranjado se sigue extendiendo hacia la zona pensada para pluviales, como se aprecia en la imagen que se ve a continuación.

La Consellería de Economía asegura que, si el proyecto de Cobre San Rafael logra su visto bueno, la empresa “asumiría su restauración [la de la balsa de residuos], vigilancia y control dentro del denominado plan de vigilancia ambiental”. No hace referencia al plan de emergencia exterior, que reclama el real decreto 975/2009 sobre gestión de residuos mineros, el mismo que fijaba la obligación de elaborar el inventario de presas o escombreras clausuradas y consideradas peligrosas. Esa norma indica que el plan de emergencia exterior debe hacerlo la autoridad competente cuando las instalaciones sean de categoría A -las que tienen riesgo de un accidente grave en caso de fallo y las que tienen residuos peligrosos por encima de un determinado umbral-.

El experto del IGME, indica que, cuando se hizo la evaluación de las instalaciones de residuos mineros llegaron a la conclusión de que esta norma no se aplicaba a las explotaciones anteriores a la misma. Es decir, la balsa de Touro no cuenta con un plan de emergencia exterior. Arranz aclara que, si se le aplicase esta normativa, el depósito de Touro sería categoría A “de libro” y debería contar, por tanto, con esa estrategia de emergencia exterior.

La Plataforma Mina Touro - O Pino Non recuerda que ha habido accidentes en otras balsas mineras en Galicia, algunos de ellos recientes, como el de Monte Neme el pasado invierno, y se pregunta si los vecinos de la zona tendrán que estar “pendientes de dos alarmas, la de la balsa antigua y la nueva que instalen, ambas con población a 300 metros y el río Ulla como destino”.