La comisión parlamentaria creada en la Junta General del Principado de Asturias para investigar si hubo alguna negligencia política o administrativa que derivó en el accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el pasado 31 de marzo de 2025, que costó la vida a cinco trabajadores, ha apreciado la existencia de responsabilidad en siete personas, de las que cuatro de ellas estuvieron al frente de la Consejería de Industria durante las etapas de gobierno socialista.

El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.

Otras cuatro personas cuestionadas

La presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha presentado este martes el dictamen provisional donde se apunta igualmente a la responsabilidad en la que han podido incurrir otras cuatro personas.

Se trata de Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas y otros tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación.

El papel de los altos funcionarios

Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de estos tres altos funcionarios: los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.

Las actuaciones

¿En qué consistían las actuaciones que ponen en entredicho sus señorías?. A esta pregunta sigue la siguiente respuesta: los integrantes de la comisión achacan a los tres exconsejeros que no hubieran extremado el celo en las medidas de vigilancia. Así, estiman que han mantenido una estructura organizativa y de inspección “insuficiente” para el adecuado control de actividades mineras y no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de la mina de Zarréu donde ya se había producido con anterioridad un accidente mortal.

Una de las personas que sale peor paradas en esta investigación que se ha llevado a cabo es, según el dictamen provisional, Belarmina Díaz, que con anterioridad a su cargo como consejera había estado al frente de la Dirección General de Minas entre los años 2017 y 2019.

La consejera que dimitió tras el siniestro

El mismo día del accidente, la entonces consejera se personó en la mina de Zarréu para conocer de primera mano la situación, pero apenas 15 días más tarde presentaba su dimisión en una sesión plenaria en el parlamento asturiano.

La comisión de investigación cuestiona en su dictamen que Belarmina Díaz autorizase y firmase cuatro autorizaciones a pesar de que dos de ellas eran “materialmente incompatibles entre sí” y que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre.

En el dictamen provisional también se la considera responsable de haber otorgado transmisiones mineras “sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada”, de no haber activado mecanismo extraordinarios de control y de haber contribuido “por acción u omisión” a consolidar la figura de los PIC.

“El accidente pudo haberse evitado”

La presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, asevera que las siete personas a las que ha puesto nombre, apellidos y cargos como supuestos responsables políticos y administrativos deben ser cesados.

El borrador incide en que el accidente se podría haberse evitado porque había una “absoluta incompatibilidad” entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el proyecto de investigación complementaria autorizado en 2024 “que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida”.

Para la presidenta de la comisión, aunque la responsabilidad primera corresponde a quienes ordenaron la extracción clandestina de carbón, también existen responsabilidades administrativas “inequívocas” porque se dieron autorizaciones sin suficientes controles, se aprobaron figuras jurídicas “sin cobertura normativa”, como los proyectos de investigación complementaria (PIC), se avisaba a las empresas de las inspecciones y además no se ejecutaba expedientes sancionadores.

Una cadena de errores

Un año después del accidente que costó la vida a los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez por una explosión de grisú, la comisión considera sin lugar a dudas que este suceso se produjo como consecuencia de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina, deliberada y duradera que “se pudo y se debió detectar y prevenir”.

Además, ha avanzado que hay responsabilidades institucionales de la administración del Principado ya que en el cambio de titularidad de la mina entre Combayl y Blue Solving, sociedades del mismo entramado familiar del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' -actualmente imputado por vía penal- “no se exigió o verificó la solvencia técnica y económica de las empresas”.

Los incumplimientos

“La administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero”, lo que constituye una infracción del deber legal de diligencia, señala el borrador, en el que también advierte de que la administración no activó el proceso sancionador derivado del hecho de que Blue Solving no hubiese presentado la garantía financiera a la que estaba obligada.

Además, según recoge la agencia Efe, cuestiona el uso dado a los PIC , “figura que no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas” y que se hubiese otorgado uno a la mina situada en el concejo de Degaña “en abierta incompatibilidad” con resoluciones anteriores que decretaban el cierre de la explotación.

Otras anomalías

Alude además a la existencia de incoherencias sistémicas en la gestión de autorizaciones mineras, a la existencia de deficiencias estructurales en el sistema de inspecciones, y al incumplimiento de la ordenación documental de expedientes administrativos.

Covadonga Tomé ha asegurado que la comisión recibió 1.339 ficheros que no responden a la definición de expediente administrativo y que la falta de orden, numeración y coherencia documental aportada desde el Principado dificultó “gravemente” el trabajo de los parlamentarios.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones que hace, a corto plazo, plantea una moratoria total sobre los PIC y la revisión de oficio de todos los que estén actualmente en vigor, iniciar un procedimiento sancionador a Blue Solving por no haber presentado la garantía financiera de 3,1 millones que se le exigía e iniciar el procedimiento para la declaración de caducidad de la concesión minera que tiene.

También requiere la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Zarréu, recomienda que desde el Principado se anticipen las indemnizaciones a las víctimas y familiares, a cuenta de las que puedan obtener de procedimientos judiciales, y plantea que el dictamen final se remita al Ministerio Fiscal por si de él pueden derivarse responsabilidades penales.

A más largo plazo recomienda implantar un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas, elaborar un plan de inspección anual, cruzar los datos operativos con registros portuarios y lavaderos de carbón, revisar la relación de puestos de trabajo del Servicio de Minas, mejorar la coordinación entre los agentes de Medio Natural y la Inspección Minera, desarrollar una normativa minera autonómica y mejorar la rendición de cuentas en el sector minero. 

La propuesta de dictamen

A continuación reproducimos la propuesta de dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente en la mina registrado el 31 de marzo de 2025 en el que murieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos.

La propuesta de dictamen ya ha sido trasladada al resto de grupos parlamentarios, que a partir de ahora ahora podrán presentar sus aportaciones durante los próximos diez días antes de que éste sea objeto de negociación y pase a ser definitivo en el plazo aproximado de un mes.

PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé han rechazado este lunes reactivar la comisión parlamentaria que investiga el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, por lo que continuará con la elaboración del dictamen, que está listo para finales de mayo.

El PP había planteado la posibilidad de recabar nuevas comparecencias e información después de que la semana pasada se hiciese público el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, planteamiento que contaba con el apoyo de Vox y del diputado de Foro, Adrián Pumares.

Un acuerdo “salomónico”

La presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, planteó inicialmente la posibilidad de llegar a un “acuerdo salomónico” para que, sin necesidad de reactivar la comisión y programar nuevas comparecencias, se pudiese recabar solo nueva información, si bien finalmente esta propuesta no tuvo encaje.

Según Tomé, “no parece demasiado oportuno que comparezcan personas que ya lo hicieron o personas que firman un informe de 318 páginas que todo lo que tenían que decir ya lo dijeron por escrito” y que se dilaten los plazos marcados para el dictamen de la comisión, cuyo borrador piensa tener listo la última semana de este mes.

Tras señalar que, en su opinión, se está enconando el ambiente político, Tomé ha dicho que lo que tiene que hacer la comisión es “ser absolutamente rigurosa, hacer un trabajo impecable, ser objetiva en las conclusiones y lo suficientemente contundente” sin entrar en el juego de ver cuánto rendimiento político pueden sacar unos u otros porque las familias de los fallecidos “no tienen por qué soportar este juego político”.

“Salvar al soldado Barbón”

PP y Foro han coincidido en sus críticas al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, por la forma de llevar este asunto ya que, en su opinión, quiere eludir responsabilidades y “se está dedicando a salvar al soldado Barbón”, en palabras del diputado popular Rafael Alonso, mientras que el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha afirmado que hoy “la izquierda ha actuado en su labor de salvar al soldado Barbón”.

Según Alonso, hay datos del informe de la IGS que son desconocidos, sigue sin saberse quién fue el autor material de la orden de supresión del Servicio de Seguridad Minera, por qué no se atendieron las demandas de incremento de personal o por qué se cambió la calificación del accidente que costó la vida a un trabajador de Cerredo en 2022 para que no fuese calificado como “muy grave”, quién dio esa orden y por qué se adoptó.

“La izquierda quiere dar carpetazo cuanto antes a esta comisión y no tener que sufrir más por las noticias que vamos conociendo”, ha añadido Alonso que considera “muy curioso” que el Gobierno trate ahora de culpar a la oposición cuando no tiene capacidad ejecutiva y es responsabilidad es de quien decidió suprimir el servicio de seguridad minera y de quien oculta información .

Limitar las responsabilidades

En su opinión, Barbón se ha dedicado la última semana a “limitar las responsabilidades para que no le alcancen a él” con una serie de declaraciones que reflejan su “nerviosismo”.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha denunciado el “rodillo parlamentario” que ha evitado hoy que la comisión recabase “información relevante” que no ha sido adjuntada en el informe de la IGS remitido por el Gobierno y que, en su opinión es “imprescindible”.

En su opinión, ahora la pregunta es por qué no se han incluido los anexos y la documentación complementaria al informe de la IGS y quién ha dado la orden de remitir un “expediente capado a medias”.

Un informe “mutilado”

Para el diputado de Foro, Adrián Pumares, “Barbón no quiere que se conozcan los anexos” y por eso envió a la comisión “un informe mutilado” que, además, tuvo “casi un mes secuestrado”.

Ahora, ha añadido, se opone a que la comisión conozca el informe completo y a que, por ejemplo, pueda comparecer el empresario de la mina, Chus Mirantes, y que, una vez levantado el secreto de sumario, dé la cara en sede parlamentaria.

Un año de trabajo

Esta comisión recabó entre julio del pasado año y el mes de febrero el testimonio de más de 70 comparecientes, entre ellos técnicos e inspectores del Servicio de Minas, brigadistas de Salvamento, agentes de medio rural, exconsejeros de Industria y cargos políticos del gobierno asturiano, alcaldes y varios empresarios mineros, aunque la mayoría de estos últimos no respondió a las preguntas.

El borrador del dictamen que está elaborando Tomé estará listo para finales de este mes y el definitivo para finales de mayo, una vez debatidas y sometidas a votación las alegaciones que presenten el resto de grupos parlamentarios.

Las causas del accidente

La comisión parlamentaria constituida el 15 de mayo en la Junta General del Principado a propuesta del PP y Foro, y apoyada por Vox y Tomé, es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del accidente en el que fallecieron los cinco mineros, todos ellos leoneses.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Zarréu se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

El jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, ha exigido este miércoles al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que acuda a Fiscalía si tiene pruebas o conocimiento de alguna irregularidad en el Servicio de Minas para el enriquecimiento o beneficio de algunos, como sugirió ayer el líder popular.

“Si dice que sabe, o que tiene conocimiento a lo mejor por sus relaciones con determinados ámbitos económicos, de que hay intereses económicos le invito, es más, le exijo, que acuda a Fiscalía”, ha dicho Barbón en una rueda de prensa para hablar del contenido del informe encargado a la Inspección General de Servicios acerca del funcionamiento del Servicio de Minas tras el accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, que le costó la vida a cinco mineros el 31 de marzo de 2025.

Actuaciones de investigación

Entre las medidas que va a adoptar el Gobierno del Principado a raíz de dicho informe están el inicio de actuaciones de investigación sobre un contrato entre Blue Solving y Combayl (empresas del mismo entramado societario que explotaban la mina), que la propia Inspección de Servicios ya ha remitido a Fiscalía, y también sobre la rebaja de la calificación del expediente sancionador por otro accidente en el que murió un trabajador en agosto de 2022 y los procedimientos que se encuentran pendiente de resolución.

Barbón ha asegurado que ha dado la “orden estricta” de acudir “inmediatamente” a Fiscalía si en estas investigaciones se detecta cualquier indicio de la comisión de un delito.

El jefe del Ejecutivo ha apuntado que la Fiscalía deberá dirimir si hubo una omisión punible o no por parte de algún funcionario de Minas al no actuar tras recibirse un contrato entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, en la que se hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón a pesar de que no existía autorización para ello. 

Sin avisos de inspecciones

Por otro lado, el Gobierno asturiano recuperará en un plazo de dos meses el Servicio de Seguridad Minera, suprimido en 2019 con la práctica liquidación del sector carbonero, y desarrollará un programa de inspecciones en las empresas que no recibirán aviso previo como venía ocurriendo desde hace décadas y mejorará los procedimientos de seguimiento de las denuncias recibidas en ese ámbito.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras analizar el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente en el que fallecieron cinco trabajadores en la mina de Zarréu que refleja que Minas hizo una instrucción “insuficiente” al acreditar la solvencia de las empresas que la explotaban y que pudo utilizar la figura del 'proyecto de investigación complementaria' (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva.

Según Barbón, el accidente no se habría producido si no hubiera habido una empresa que “de manera ilegal” incumplió todas las normativas de seguridad y que carecían de permiso para extraer carbón realizando “una actividad clandestina” que ha constatado la necesidad de “regenerar” en su conjunto el Servicio de Minas como ya hizo al desgajar la Consejería de Industria tras la dimisión de su anterior responsable.

A su juicio, la publicación del informe y las medidas que hoy ha anunciado son “el principio de todo” en torno a una investigación que abrió con el compromiso de “llegar hasta el final” para que se haga “justicia”. 

El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minería no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas “como requisito ineludible para autorizar explotación en minas sometidas a cierre”, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Zarréu, en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Actividad “clandestina”

El Gobierno asturiano encargó el informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año. Ese día, los mineros se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.

Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en esta mina, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.

Sin plan de labores

Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.

El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que en el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores. 

Reducción de personal

En este documento se reconoce que la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa, dado que no se ha actualizado en décadas y no fija criterios homogéneos, y que ha habido una reducción de personal en el Servicio de Minas, pese a que ha asumido competencias en materia de restauración ambiental y transición energética.

También advierte de que hay margen de mejora en las transmisión de derechos y concesiones mineras de explotaciones en proceso de cierre y abandono, así como en la definición de los criterios objetivos de solvencia técnica y económica a la hora de dar autorizaciones.

Según el consejero, también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Zarréu, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.

Falta de seguridad

El accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez y otros cuatro compañeros resultaron heridos hace ahora un año, puso de manifiesto la falta de seguridad con la que trabajaban los mineros y el descontrol con el que la administración regulaba la actividad empresarial. Unas irregularidades a las que ahora se quiere poner coto para que acudir al puesto de trabajo no se pague con la vida.

En este objetivo se ha implicado el Gobierno de Asturias que ha anunciado su intención de acoger las recomendaciones de la Inspección de Servicios vinculadas a la necesidad de establecer una normativa para regular las inspecciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas que contribuyan a la mejora de la gestión.

Once recomendaciones

El Consejo de Gobierno se reúne habitualmente los lunes y, a su término, es tradicional que haya una comparecencia bien del portavoz o de algunos de los integrantes del Ejecutivo autonómico ante los medios de comunicación para exponer los temas que han sido debatidos y aprobados. Y en la jornada de hoy se ha analizado con profusión el informe de la Inspección de Servicios donde se plantean once recomendaciones, entre otras, para mejorar la seguridad en el sector.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han informado al Consejo de Gobierno sobre el contenido del informe, así como de las actuaciones en las que ya trabaja la Dirección General de Energía y Minería.

Llegar “hasta el final”

Los consejeros han anunciado que el documento será enviado a la Fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General del Principado que estos días venían reclamando su contenido.

Gimena Llamedo ha recordado que el presidente, Adrián Barbón, se comprometió a llegar “hasta el final” para aclarar las causas del accidente minero e intentar que hechos así no vuelvan a ocurrir.

“Él mismo fue quien tomó la iniciativa de encargar el informe a la Inspección de Servicios”, ha recalcado la vicepresidenta que asegura que con hechos como éste se demuestra que su compromiso con la seguridad y la familia minera es “absoluto”.

Actuar con transparencia

Por su parte, Borja Sánchez ha reconocido que el mandato del presidente asturiano para “llegar hasta el final con todas las consecuencias” se está cumpliendo.

“Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y, también, de los propios trabajadores”, ha incidido.

Sin hablar de depurar responsabilidades

Sánchez además ha señalado que a raíz de este informe se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un contrato que había entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, que tuvo lugar pocos días después de la transmisión de los derechos mineros entre ambas compañías, que formaban parte del mismo entramado familiar, que hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón.

El consejero ha evitado hablar de si a raíz de este informe se van a depurar responsabilidades y se ha limitado a señalar que el hecho de haber elaborado este informe ya es, en sí mismo, una muestra de responsabilidad política.

Asimismo, ha incidido en que la figura del PIC “es perfectamente legal”, aunque haya que “regular y clarificar su régimen jurídico” para que tenga que estar sometido siempre a tramitación ambiental y deba ser consultado con el ITJ para determinar si hay que devolver las ayudas estatales recibidas en el proceso de cierre.

La hoja de ruta

Así, la hoja de ruta que plantea la Consejería de Ciencia incluye diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.

En materia de inspección minera, se avanzará hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.

Herramientas digitales

Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar “la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos”.

El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.

Cambios normativos

El Principado trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros y se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.

Por lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán “de forma integral” y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

El cumplimiento de la legalidad

El Gobierno de Asturias ha querido dejar claro su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento estricto de la legalidad.

“En este sentido, asumirá las recomendaciones, algunas de las cuales ya se están aplicando en la práctica”, explica el Ejecutivo autonómico.

Su objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión minera “más moderno, eficiente y garantista”, alineado con los retos de la transición energética y la protección del medio ambiente, y reitera que siempre lo hará “en defensa del interés general”.

Las críticas de Tomé

La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, calificó esta mañana de “impresentable” la comparecencia pública del Gobierno de Asturies para valorar el informe de la Inspección sobre el siniestro laboral “sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación”.

Tomé hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. Después de esta comparecencia pública, más allá del mediodía, la Comisión de Investigación seguía sin recibir el documento.

“En la forma resulta impresentable -comentó Tomé- y, en el fondo, se trata de un documento de más de 300 páginas que exige una lectura detallada, tiempo y seriedad. En una cuestión de esta gravedad, no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación”.

Qué falló en la cadena

Respecto a las medidas anunciadas, destacó la parlamentaria, “las iniciativas orientadas a mejorar los controles, reforzar la inspección y revisar los procedimientos son bienvenidas”. Ahora bien, exige “transparencia para saber qué mecanismos se seguirán ahora para la vigilancia, control e inspección” y destacó que estas propuestas “no bastan si no se aclara cómo fue posible que se produjera una tragedia como la de Zarréu y qué falló exactamente en la cadena de supervisión y control”.

“Por sí solas, las medidas no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas”, añadió Tomé.

La diputada asevera que desde que asumió la presidencia de la comisión siempre defendió que el objetivo era llegar al final para que no volviera a repetirse una tragedia como la de Zarréu, por lo que “seguimos trabajando en el mismo camino”, indicó.

La mina es una de las principales fuentes de ingresos de muchas familias que tienen a alguno de sus miembros trabajando en el concejo asturiano de Degaña. Para los cinco mineros que el 31 de de marzo de 2025 -hace justo un año- entraban a la explotación de Zarréu para extraer carbón se convirtió en una tumba a causa de una explosión de grisú. Otros cuatro trabajadores resultaron heridos en el siniestro laboral.

Los mineros creían que la empresa Blue Solving contaba con todos los permisos legales para extraer carbón, si bien solo disponía de una autorización para un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC). Esta era solo una de las múltiples irregularidades que se han ido conociendo con el transcurso del tiempo junto a las deficientes e inadecuadas medidas de seguridad con que estaba dotada la explotación minera.

Cuando se cumple el primer aniversario de la muerte de Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez aún no se han logrado desvelar las múltiples incógnitas sobre las responsabilidades empresariales, administrativas y políticas susceptibles de ser depuradas.

Cuatro directivos, imputados

Solo la vía judicial va, poco a poco, delimitando las actuaciones sobre los directivos de la explotación al mantener imputados al dueño de Combayl, Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', a su mujer, Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas.

La titular del juzgado instructor de Cangas del Narcea les atribuye cinco delitos de homicidio por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores, sin perjuicio de que esta calificación pueda variar a lo largo del procedimiento.

La titular del juzgado instructor de Cangas del Narcea atribuye al empresario 'Chus Mirante', a su esposa Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas, su presunta autoría en cinco delitos de homicidio por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores

La comisión de investigación

Cuatro imputados que no han querido aportar ni un solo detalle durante su comparecencia ante la comisión de investigación que se ha creado en el parlamento asturiano.

'Chus Mirantes', Ana María Rodríguez, Adrián Rodríguez y José Antonio Fernández Casillas optaron por acogerse a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación amparados en el respeto a las actuaciones que de forma paralela se están desarrollando por la vía judicial.

Cueli: “Era una explotación clandestina”

Mucho más explícito se ha mostrado Javier Cueli, director general de Energía y Minería de Asturias. En unas declaraciones realizadas a los medios de comunicación y recogidas por elDiario.es Asturias el pasado 16 de marzo, aseguraba que la mina de Zarréu era “una explotación clandestina, estaba en un lugar donde no se podía extraer carbón y en la que se incumplía cualquier medida de seguridad y organización de los trabajos”.

Con estas declaraciones resumía la principal conclusión a la que el Servicio de Minas llegó en su informe sobre la investigación del accidente minero.

La extracción de carbón

El director general de Energía y Minería realizaba estas manifestaciones momentos antes de entrar en la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Minera y la reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguridad.

Una realidad que desconocían los propios mineros que entraban a la explotación ignorando que la empresa carecía de autorización para la labor de extracción de carbón que realizaban a diario.

La consejera de Transición Ecológica de Asturias, Belarmina Díaz, llegó a manifestar que las condiciones de trabajo que había en el interior de la mina no se daban "ni en el peor de los chamizos". La consejera dimitió de su cargo once días después del accidente mortal en la mina de Zarréu

La dimisión de la consejera

La sospecha de que Blue Solving, la empresa titular de los derechos mineros de Cerredo, estaba llevando a cabo una actividad irregular y sin seguridad llevó a la entonces consejera de Transición Ecológica de Asturias, Belarmina Díaz a afirmar que las condiciones de trabajo que había en el interior de la mina no se daban “ni en el peor de los chamizos”.

La consejera poco duró a partir de esas afirmaciones. Dimitió de su cargo apenas once días después del accidente mortal en la mina de Zarréu.

La licencia de Blue Solving

En el momento de la explosión había en el interior de la mina once trabajadores contratados por Blue Solving, una sociedad que solo disponía de una licencia para retirar chatarra y materiales, y otra para un proyecto de investigación que le iba a permitir sacar 60.000 toneladas de 'carbón verde' pero que, según el Gobierno asturiano, nunca llegó a estar activo porque la empresa no presentó un plan de labores.

Uno de los supervivientes de esta tragedia así lo ha reconocido al asegurar que creían que Blue Solving tenía los permisos para su extracción. Por el contrario, la solicitud que habían presentado y para la que sí contaban con autorización era para un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC).

La polémica con el ministerio

A través de estos permisos, Minas autorizaba la extracción de carbón que no tuviese destino térmico y en el caso de Blue Solving contaba con una subvención del Instituto para la Transición Justa (ITJ).

Paradójicamente, según la versión del ITJ, tuvo conocimiento de que se seguía extrayendo carbón en las minas asturianas a raíz del accidente en el que murieron los cinco mineros.

El papel del Instituto para la Transición

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aseguraron que este organismo ignoraba que se llevara a cabo esta actividad por el hecho de que no venía recogida en la Estadística minera que se elabora a partir de la información que facilitan las comunidades autónomas.

Una vez que ha conocido la actividad extractiva, el ITJ ha venido solicitando formalmente información al Principado “para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas por la normativa”, según han indicado fuentes del Miteco. 

El reintegro de ayudas

La explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

El proceso de obtención de la documentación está siendo “lento”, reconocen las mismas fuentes, y el ITJ la está analizando, especialmente la que es relativa a los planes de labores de las explotaciones.

Las críticas de la oposición

La exigencia de explicaciones al presidente asturiano no se hicieron esperar desde los grupos políticos de la oposición. El Partido Popular (PP) calificó de “escándalo” la falta de transparencia y el interés del PSOE por “ocultar” la actividad de extracción de carbón en Asturias.

Unas críticas que llegaron no solo desde la Junta General. El senador popular José Manuel 'Lito' Rodríguez denunció “el silencio de Barbón” en el parlamento asturiano ante una pregunta de su presidente regional, Álvaro Queipo, y tildó la situación de “absoluto despropósito”.

Acusaciones de negligencia

'Lito' Rodríguez se mostró sorprendido de que el MITECO diga ahora que desconocía esta actividad de la que tenía conocimiento “solo a causa de una tragedia”.

Para el senador asturiano, la actitud de ambas administraciones demuestra su negligencia sistemática: “Los gobiernos, tanto el de Asturias como el de España, demuestran que están más preocupados en favorecer a sus amigos y familiares, y de tapar la abundante corrupción que les rodea, que de solucionar los problemas de los ciudadanos”.

La actitud de 'opacidad'

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha acusado al Gobierno del Principado de mantener “una actitud de opacidad no solo con la oposición y la ciudadanía, sino también con otras administraciones”.

La confirmación de que el MITECO ignoraba la activad de extracción de carbón en Asturias viene a corroborar sus sospechas “sobre el uso de proyectos de investigación complementaria como posible cobertura para extracciones irregulares”, afirmó.

“Asturies merece saber la verdad”

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, que preside la comisión de investigación parlamentaria a la que se citaron para su comparecencia a ministras, consejeros, empresarios y técnicos, ha exigido a “una respuesta clara y pronta” sobre la acusación del Ministerio por “falta de transparencia” en lo relativo a la minería.

“Asturies merece saber la verdad”, incidía la diputada en su reclamación de explicaciones oficiales.

La réplica del consejero

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha rechazado que se diera una falta de transparencia entre administraciones y ha indicado que la comunicación con el ITJ es “constante, continua y permanente”.

Borja Sánchez ha explicado que, dentro de una actitud de colaboración leal, le han trasladado toda la información que se ha solicitado sobre la situación legal de las minas tras las denuncias recibidas a mediados de marzo del pasado año.

“En todos los procedimientos se está aplicando el máximo rigor jurídico y administrativo”, ha resaltado el consejero que trata de aclarar qué datos se tendrían que haber enviado a este organismo, por parte de quién, cuándo y cómo.

Si el primero en responder públicamente fue el consejero de Ciencia, no se quedó atrás el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, quien aprovechó una visita a Asturias de la ministra Isabel Rodríguez para replicar a la oposición y desmentir, al tiempo, las declaraciones corroboradas por fuentes del Miteco.

La respuesta de Barbón

El presidente del Ejecutivo autonómico negó cualquier ejercicio de falta de transparencia. Aseguró a los periodistas que su gobierno está actuando con “máxima transparencia, rotundidad, rigor y serenidad”, así como “explicando todo a medida que dispone de información”.

Sin embargo, no ha sido la única matización que ha hecho el presidente, quien tampoco se ha callado a la hora de rechazar que la entrega de la documentación que se solicita se realice de forma lenta, como sostiene el ITJ que ha añadido que se analiza todo lo que les llega, especialmente lo que es relativo a los planes de labores de las explotaciones.

El presidente del Principado ha enmarcado la actuación de su gobierno en la línea de la “orden estricta” que transmitió al consejero cuando lo eligió para el cargo: “analizar, chequear y reimpulsar todo y ver qué era lo que había pasado”.

La comunicación

Otra de las cuestiones era conocer qué “podía haber funcionado más o menos” de forma acertada o “más o menos erróneamente” para sacar conclusiones y actuar al respecto.

No obstante, ha reconocido que él no está “en condiciones” de saber si había esa obligación de comunicar, ni quién la tenía, ya que en este momento no le han “pasado esa información”, y “si se comunicó o no”, por lo que no puede “aventurar nada al respecto”.

El ejemplo de Nicolasa

Adrián Barbón ha resaltado que le sorprende que se diga que “no se sabía” que se extraía carbón cuando el ITJ conocía que en Nicolasa se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024.

A estas irregularidades y a la falta de condiciones de seguridad adecuadas se sumaba otra circunstancia que ha sido como un puñal para las familias de los mineros: desde el Principado no se llegó a tramitar una denuncia ciudadana que ponía de manifiesto una cadena de fallos administrativos.

También ha sido motivo de controversia el papel que ha jugado la Dirección de Minas y las inspecciones que se llevaron a cabo en la mina de Zarréu, que recibió ayudas europeas para su cierre en 2018 y reanudó su actividad en 2022 bajo la titularidad de distintas empresas del entramado familiar de 'Chus Mirantes'.

La tragedia de las familias

La otra cara de la moneda, además de las actuaciones políticas, sindicales, policiales o judiciales es la que se refiere a la muerte de los cinco mineros y al dolor de las familias por su pérdida.

La polémica también ha empañado el primer aniversario de la trágica muerte de Jorge, Rubén, Amadeo, Iván y David. Las familias no quieren que su recuerdo se pueda ver enturbiado con actos institucionales en los que iba a colaborar el Ayuntamiento de Degaña, ya que, según varias fuentes consultadas, se encuentran molestas con la actitud del alcalde, el socialista Óscar Ancares, al considerar que en el año trasncurrido desde el accidente que segó la vida de los cinco mineros, no contactaron con ellos, ni recibieron apoyo alguno de su parte.

El homenaje en Cerredo, cancelado

Esta decisión de las familias ha llevado a cancelar el homenaje que estaba organizando la Asociación de Exmineros de Hullas de Coto Cortés en colaboración con el Ayuntamiento de Degaña.

Este periódico se ha puesto en contacto con José María González Uría, uno de los miembros más activos de la Asociación de Exmineros de Hullas de Coto Cortés que organizaba la ofrenda floral en la bocamina del Mangueiro en Cerredo, en colaboración con el consistorio, que ha tenido que ser desconvocada por motivos ajenos a la organización.

Exmineros de Hullas de Coto Cortés

La asociación no quiere herir los sentimientos de las familias y aunque no hará un homenaje oficial en Degaña coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia, su recuerdo será igualmente para ellos y sus familiares.

No obstante, la asociación está organizando un homenaje para recordar a todos los fallecidos de la minería en Cerredo que tendrá lugar el próximo 6 de junio. Se reunirán unos 200 extrabajadores de Hullas de Coto Cortés en una comida y organizarán una exposición fotográfica, según ha confirmado José María González Uría.

La Asociación de Exmineros de Hullas de Coto Cortés prepara un acto para el 6 de junio como homenaje a todos los fallecidos de la minería del concejo asturiano de Cerredo, que incluirá una comida y una exposición fotográfica. Más de 200 personas participarán en estos actos

La familia minera no hace distinciones cada vez que se produce un accidente laboral mortal en una explotación del país. Todas las tragedias en el interior de la mina les une en el mismo dolor. En el lado opuesto, cada vez que en un rescate los trabajadores salen ilesos de un siniestro, a cientos de metros de profundidad, se suman a la misma alegría que sus familiares porque la solidaridad y empatía van unidos en su ADN.

El homenaje en Villablino

La Asociación de Exmineros de Hullas de Coto Cortés es la memoria viva de un oficio que les ha unido para siempre y sus integrantes nunca se olvidan de esta profesión a la que han dedicado su tiempo y su vida.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villablino (León) realizará este martes un homenaje a los cinco mineros fallecidos, de los que cuatro eran naturales del Valle de Laciana.

El bando municipal

En un bando municipal, se recuerda a los cinco mineros con el siguiente texto: “Con motivo de esta fecha tan significativa y con el profundo respeto, dolor y recuerdo que merece, se celebrará una ofrenda floral en el Monumento al Minero, como homenaje sincero y sentido a nuestros vecinos, cuyo recuerdo permanece vivo en la memoria de todo el municipio”.

El acto, de carácter público, tendrá lugar a las 12.00 horas y el Consistorio invita a toda la ciudadanía a acompañar y arropar a las familias de las víctimas en este momento de “recogimiento, unión y memoria compartida”.

“La mina impide que Naharros tenga futuro”. Este municipio es el espejo en el que el resto de los pueblos de la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara no se quieren ver reflejados. Una pequeña localidad (apenas cuatro habitantes censados y una decena de residentes) que muestra cuál podría ser el futuro de toda la zona de salir adelante un proyecto minero que quiere abrir en canal la provincia de Guadalajara para extraer oro.

En Naharros hay en funcionamiento una mina desde hace 40 años. Es una instalación a cielo abierto a apenas un kilómetro de distancia del pueblo. En ella se extrae cuarcita, roca que se muele en la misma cantera, generando polvo de sílice en suspensión que, de ser inhalado, puede causar enfermedades respiratorias e incluso cáncer de pulmón, según los distintos estudios médicos. Los habitantes de Naharros también sufren constantes explosiones y ruidos, y ven cómo el paisaje se ha degradado poco a poco.

Su alcalde, Ricardo Antón, es muy crítico con la actividad de la mina. Suya es la frase que abre este reportaje, y la justifica asegurando que la cantera no da trabajo a la gente de la zona e impide que se desarrollen actividades como el turismo rural y la caza. Pero, sobre todo, la mina choca con la mayor ambición de Antón: atraer población. “Hay gente que se interesa en estos pueblos para comprarse una casa. Para vivir, para pasar sus vacaciones o para teletrabajar. Pero cuando llegan a Naharros y ven la cantera...”, lamenta el regidor.

Cuarenta años después, la historia podría repetirse. Esta vez, con un proyecto minero mucho más grande que afectaría a buena parte de la comarca en esta parte de Guadalajara.

'GUA, DALA y JARA'

El plan es buscar oro y otros metales en varias parcelas que suman una superficie de casi 15.000 hectáreas en este entorno natural de alto valor ecológico.

La empresa promotora de esta iniciativa, la minera australiana Global Mining Enterprises PTYLD -que opera a través de su filial española Oroberia SLU- planteó de inicio tres proyectos: GUA, DALA, y JARA, registrados en agosto de 2025.

El proyecto GUA se desarrollaría en las localidades de San Andrés del Congosto, La Toba, Pinilla de Jadraque y Medranda; el proyecto DALA comprendería a Congostrina, Robledo de Corpes, La Bodera, Atienza, Hiendelaencina y Pálmaces de Jadraque; mientras que JARA afectaría a La Miñosa, La Bodera, Riofrío del Llano, Atienza, Sigüenza y La Olmeda de Jadraque -estos cuatro últimos municipios aspiran a convertirse en Patrimonio de la Humanidad-.

El permiso inicialmente solicitado por Oroberia arrancaría con una investigación durante tres años para llevar a cabo una fase inicial de seis sondeos en cada uno de los proyectos, a la que seguiría una segunda fase con otros seis sondeos en cada una de las tres ubicaciones, con una profundidad de entre 300 y 400 metros.

Que la promotora decidiera dividir en tres su proyecto tiene su razón de ser en el tipo de evaluación de impacto ambiental al que se deberían someter: sería más simple y rápida en caso de que la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible hubiera dado el visto bueno. Pero no resultó. El Gobierno de Castilla-La Mancha resolvió el pasado mes de noviembre que, si Oroberia quería seguir adelante con sus planes mineros, tendría que presentar un único proyecto que se sometería a un 'examen' de impacto ambiental más exigente y minucioso.

Quedaba así cerrado el expediente para GUA, DALA y JARA. Sin embargo, los vecinos de la comarca, que desde el primer momento se organizaron impedir que el plan minero saliera adelante, sospechan que la empresa no se dará por vencida y volverá a presentar su proyecto, ya unificado.

Centenares de recursos de alzada

“Contaminación, ruido, camiones, polvo, olvídate de la caza a la caza, un impacto medioambiental tremendo...”. María José Martín Perucha es tajante a la hora de argumentar las contras que supondrían para estos pueblos la puesta en marcha del proyecto minero.

Ella pertenece a la Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte, una de las entidades contrarias a estas prospecciones. En esa oposición también están particulares, ayuntamientos o asociaciones. Cuando se enteraron de los proyectos, se organizaron para frenarlos con los medios a su alcance. Celebraron numerosas reuniones informativas y presentaron más de 800 alegaciones a GUA, DALA y JARA.

Ahora, la plataforma sigue monitorizando todo el proceso para impedir que Oroberia resucite el proyecto de investigación. Por eso, está recabando recursos de alzada contra la autorización que la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes concedió a la empresa para llevar a cabo una intervención arqueológica preventiva.

“Cultura dice que antes de iniciar cualquier proyecto minero hay que presentar un proyecto arqueológico, ya que hay muchos yacimientos en la zona que están muy cerca de las catas que quieren hacer. Entonces, antes de hacer ninguna cata, un arqueólogo tiene que ver qué es lo que hay ahí”, explica Martín Perucha.

En cuanto que tengan el informe arqueológico hecho, adaptarán el proyecto para unificarlo y lo tendremos a los cuatro días encima de la mesa. Estoy convencido de ello

Javier Cantero — Alcalde de La Toba

Dicho plan para llevar a cabo un estudio arqueológico fue presentado por la empresa apenas unos días después de que se lo demandase la Delegación de Cultura. Un hecho que levanta suspicacias entre los vecinos, ya que sospechan que Oroberia tiene de antemano toda la documentación preparada con vistas a presentar más adelante el proyecto unificado.

“En cuanto que tengan el informe arqueológico hecho, adaptarán el proyecto para unificarlo y lo tendremos a los cuatro días encima de la mesa. Estoy convencido de ello”, apuesta Javier Cantero, alcalde de La Toba, una de las localidades en cuyo término municipal quiere excavar Oroberia.

De momento, gracias a la movilización ciudadana se han conseguido presentar casi 400 recursos de alzada de particulares que piden la nulidad de la orden de Cultura en la que solicitaba a la empresa el estudio arqueológico. Tienen hasta el próximo 25 de marzo para seguir sumando.

La empresa ve “positivo” el debate, pero defiende su proyecto

Oroberia traslada, en declaraciones a este medio, “un mensaje de respeto hacia las inquietudes expresadas por vecinos, ayuntamientos y colectivos sociales de la zona”. La promotora dice “entender” que cualquier proyecto vinculado al territorio pueda generar “preocupación”, sobre todo cuando se habla de medio ambiente o la salud, e incluso ven “positivo que exista un debate informado y exigente”.

En una respuesta por escrito a la solicitud de elDiario.es Castilla-La Mancha, la empresa resta importancia al nivel de exigencia del Gobierno regional para que el proyecto - íntegro y no troceado- pueda superar el trámite de evaluación ambiental. “Forma parte del procedimiento habitual en este tipo de permisos de investigación”, señala, y lo enmarca dentro de un “proceso reglado”.

Seguirán adelante tras analizar la actual situación administrativa “con el objetivo de presentar una evaluación completa con mayor nivel de detalle en los aspectos clave como la hidrogeología, la biodiversidad o la interacción con los usos del territorio”, aunque no se ponen plazos para realizar los estudios, los cuales tendrán, aseguran, “el máximo rigor”. También comentan que “cumplirán con la normativa vigente, como no podría ser de otra manera, tanto autonómica como estatal y europea”.

“Queremos otro tipo de desarrollo”

Oroberia también quita hierro a las preocupaciones de vecinos y vecinos sobre el impacto en el territorio y defiende que su proyecto generará “empleo directo e indirecto”, respetando “el entorno” y, de paso, creen que servirá de “impulso de la autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas”. No es la primera empresa con intereses mineros en la comunidad autónoma que esgrime que este es “un objetivo cada vez más relevante en las políticas comunitarias”.

Apelan también a la idea de que, una vez en marcha, habrá “participación de proveedores y servicios locales, favoreciendo la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido empresarial en el entorno”, y se muestran abiertos al “diálogo con todos los actores implicados”.

El proyecto se enmarca en un contexto más amplio, como es el impulso de la autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas, un objetivo cada vez más relevante en las políticas comunitarias

Oroberia

Pero quienes viven en esta parte de Guadalajara no lo ven igual. “Nosotros queremos para nuestra tierra y para nuestros pueblos otro tipo de desarrollo, no el de una industria minera”, explica el alcalde del pequeño pueblo de La Toba. “Queremos un desarrollo sostenible con el medio ambiente, que es nuestro principal tesoro”, añade.

Además, todos los consultados desechaban la idea de que un proyecto minero de estas características sea una fuente de empleo y riqueza en la zona.

Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción Guadalajara, asegura que “afectaría a otras actividades que ahora mismo están generando riqueza y población, como son la ganadería, la agricultura, la caza o el turismo rural”.

Y aunque reconoce que la minería puede crear puestos de trabajo, afirma que las empresas suelen traer empleados de otras zonas. “Aquí, en la Sierra Norte, hay muy poca población activa desempleada, y menos para dedicarse a llevar esas maquinarias grandes o a picar o a poner voladuras”.

Un extremo que confirma el alcalde de Naharros según su experiencia. “No dan trabajo. La minería es un trabajo muy mecanizado y apenas emplea sobre el terreno a algunos operarios. Y los que están no sirven para fijar población, porque viven en otras zonas”, afirma Ricardo Antón. El regidor ironiza diciendo que si la minería diera trabajo, el pueblo tendría al menos 50 habitantes. “Y somos cuatro censados”.

Esto es una carrera de fondo. Lo que está claro es que vamos a luchar y que no queremos esto en nuestros pueblos

Desde el punto de vista ambiental, Alberto Mayor asegura que el 65% de esas 14.500 hectáreas que tiene proyectadas Oroberia son hábitats de interés comunitario. Además, afirma que es el hábitat de especies protegidas como el águila perdicera, y que habría proximidad e interacción con Zonas de Especial Conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y la Red Natura 2000, como el Valle del Río Cañamares o Riberas del Río Nares, o Valle y Salinas del Río Salado. “Son hábitats únicos con una biodiversidad tremenda en la que hemos contabilizado alrededor de 500 especies de flora y casi 200 especies de vertebrados. El impacto sería muy importante”.

Por todo ello, la oposición en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara al proyecto de investigación minera continuará. “Estamos en el mismo punto en el que estuvo Naharros hace 40 años. Pero ahora sabemos las consecuencias de tener una cantera abierta”, defiende Ricardo Antón.

“Esto es una carrera de fondo. Lo que está claro es que vamos a luchar y que no queremos esto en nuestros pueblos”, zanja María José Martín Perucha.

En plena carrera global por los minerales que sostienen la transición energética, Andalucía vuelve a situarse en el centro del debate sobre el impacto de la minería y la necesidad de compatibilizar desarrollo económico y protección del territorio. Habiendo sido escenario del mayor desastre ecológico de España, la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en 1998, y estando a la cabeza en el sector, la tensión se redobla. Lo plasmaba hace unas fechas la presentación de un estudio de nueve investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, publicado en la revista Integrated Environmental Assessment and Management, que revela la contaminación del estuario del Guadalquivir por dos minas pendientes de reapertura: Cobre las Cruces y Los Frailes.

Pero cierto es también que otro estudio, de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía y el departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, tras analizar 13.000 datos de agua, 3.500 de sedimentos y 900 de biota, determina que no se han producido alteraciones significativas. “Son datos de entidades acreditadas, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, universidades y centros de investigación, con los que se ha determinado que los valores elevados se corresponden con elementos vinculados a la agricultura y urbanos, no a la actividad minera”, defiende Enrique Delgado, presidente de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero‑Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer).

Todo esto se produce en un contexto de renacimiento de la minería. Las estadísticas del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico revelan un incremento de casi el 50% en el empleo en este sector en la última década. Si en 2014 el empleo vinculado a la minería en Andalucía era de 5.288 personas, en 2024 se ha situado en 7.925, lo que supone el 26,2% del total nacional. De hecho, Andalucía, Galicia, Cataluña y Castilla y León concentran más del 61% del empleo minero. Un reducido número de comunidades autónomas agrupa una parte muy significativa de las explotaciones. Andalucía encabeza el ranking con 479 explotaciones, seguida de Castilla y León (405), Cataluña (355), Castilla-La Mancha (275) y Galicia (206). Desde Aminer destacan, asimismo, la capacidad de arrastre del sector: por cada puesto de trabajo directo en minería se crean aproximadamente tres empleos adicionales en industrias auxiliares.

Andalucía se consolida, pues, como el principal polo minero de España, ya que lidera también el valor de la producción extractiva, sobre todo por su peso en la metálica, donde destacan proyectos como Cobre las Cruces, en la provincia de Sevilla, y Minas de Aguas Teñidas, Sotiel Coronada Mine, Magdalena Mine y Minas de Riotinto, en Huelva. “Andalucía, que fue clave en la minería del siglo pasado, lo sigue siendo en un momento de resurgimiento, porque alberga reservas importantísimas, sobre todo en la Faja Pirítica Ibérica, que concentra alrededor del 90% de la producción nacional de metales”, sentencia Enrique Delgado.

Primer mapa de minerales críticos

La reactivación tuvo un punto de inflexión hace unos tres lustros, cuando el aumento de los precios del cobre y otros metales devolvió la viabilidad económica a varios proyectos. Este impulso permitió recuperar parte del empleo perdido en décadas anteriores y reactivar la economía de antiguas comarcas mineras, al tiempo que el sector debía adaptarse a estándaresambientales y de seguridad mucho más exigentes. Con ello, la Faja Pirítica Ibérica volvió a consolidarse como uno de los principales polos mineros de Europa, especialmente en cobre.

En este sentido, la Unión Europea ha identificado 34 materias primas críticas para garantizar su autonomía energética y tecnológica, de las cuales 17 han sido declaradas estratégicas. España, y Andalucía en particular, cuenta con una posición relevante en algunos de estos recursos. Es la segunda productora de cobre en la UE, y Granada, la única de estroncio, cubriendo prácticamente el 100% de las necesidades del continente y alrededor del 35% de la producción mundial. De hecho, Andalucía concentra aproximadamente la mitad de las explotaciones españolas que producen materias primas para tecnologías clave, como baterías de vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, paneles solares o turbinas eólicas. En total, alberga 10 de las 21 minas del país en las que se extraen estos recursos.

En paralelo, se trabaja para identificar nuevos recursos. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME‑CSIC) lleva años colaborando con la Junta de Andalucía en la elaboración de un mapa de minerales críticos y tierras raras. Este trabajo ha permitido identificar áreas con potencial geológico donde podrían desarrollarse futuras investigaciones, convirtiendo a Andalucía en la única comunidad autónoma que dispone actualmente de una cartografía específica y donde “se han podido identificar hasta 22 materias primas fundamentales”, según apunta Enrique Delgado.

El contexto político también parece alinearse con esta nueva etapa del sector. Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó el primer Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030. Se articula en torno a cuatro grandes ejes: autonomía estratégica, impulso industrial, economía circular y sostenibilidad ambiental. E incluye, además, el primer Programa Nacional de Exploración Minera en medio siglo.

Mayores exigencias ambientales y laborales

“Más allá del incremento del número de operaciones mineras, empleo o generación de riqueza, la principal evolución en estos años ha sido la modernización de un sector que se esfuerza por ser seguro y sostenible sin dejar de ser competitivo. Para ello, la minería lleva años apostando por la innovación para alcanzar procesos más eficientes, implantando tecnologías respetuosas con las personas y con el entorno, una creciente digitalización y un firme compromiso con los más altos estándares ambientales y de calidad”, detalla el presidente de Aminer.

Pero ¿por qué sigue siendo una apuesta tan polémica? “En parte responde a una percepción todavía asociada a la minería del pasado. La realidad hoy es muy distinta: se desarrolla bajo una normativa ambiental y de seguridad muy exigente y con controles rigurosos que nos están permitiendo cuidar del medio ambiente e incluso reparar daños de otras épocas. La transición energética, la electrificación o el desarrollo de nuevas tecnologías limpias requieren minerales como el cobre o el níquel. Por tanto, si queremos avanzar hacia ese modelo energético, descarbonizado y digital, conducir coches eléctricos o tener placas solares, necesitamos la minería. Por no hablar de si pretendemos seguir usando móviles, ordenadores, sistemas de inteligencia artificial o datos que nos permitan desarrollar las smart cities, poner satélites en órbita o volar en aviones. La cuestión por tanto no es minería sí o minería no, la pregunta es qué tipo de minería”, incide.

“Si tuviera que destacar un cambio claro en los últimos años, sería la incorporación de tecnología y sistemas de control ambiental cada vez más avanzadosa. Hoy las explotaciones trabajan con herramientas de monitorización, digitalización de procesos y sistemas de gestión del agua que permiten operar con un mayor control y con menores impactos sobre el entorno. Se suma un avance importante en economía circular, con proyectos orientados al aprovechamiento de residuos mineros y a la recuperación de materiales. Son ejemplos claros de cómo el sector está evolucionando para desarrollar su actividad con cada vez más garantías”, concluye Enrique Delgado.

Los riesgos constatados por expertos

Jesús Manuel Castillo, catedrático de Ecología en la Universidad de Sevilla, lidera el estudio que se mencionaba en el primer párrafo: “Llevamos trabajando en ecotoxicología, fitorremediación y ecología de estuarios desde los años noventa. Principalmente, en el estuario de los ríos Tinto y Odiel, altamente contaminado con metales desde el siglo XIX. Cuando nos enteramos que se producían vertidos de metales en el Guadalquivir, quisimos investigar para poner esta información al servicio de la ciudadanía, como empleados públicos que somos”, apunta.

Subraya que este asunto no es una cuestión de opinión: “La realidad es que los sedimentos del estuario del Guadalquivir están altamente contaminados con metales desde por debajo de La Puebla del Río hasta la presa de Alcalá del Río, y estas altas concentraciones están provocando efectos ecotóxicos demostrados en experimentos de campo y laboratorio”. De igual modo, “la desembocadura del Guadalquivir presenta concentraciones relativamente altas de zinc y arsénico”.

Por otra parte, insiste en que debería haber normas de calidad ambiental para metales en los sedimentos en España, igual que las hay para las aguas. “Los metales se acumulan principalmente en los sedimentos, en el fondo de los ecosistemas acuáticos, no en las aguas”, aclara.

Todos estos datos están publicados “en revistas internacionales de impacto y han pasado por revisores y editores”, matiza el experto, quien agrega que, además, la acción de Cobre las Cruces y las características de su efluente “se relacionan con la contaminación de metales en los sedimentos del estuario interior, y los albures bioacumulan metales, especialmente plomo”. En cambio, recalca, “los informes de Cobre las cruces no pasan por revisores, ni editores, no se publican en revistas especializadas y son muy pobres a nivel científico”.

Entonces, ¿es compatible la protección ambiental con la actividad minera? Entiende que depende de muchos factores. “En el caso de los vertidos mineros al Guadalquivir, tal y como están planteados, no son compatibles ni con la protección ambiental, ni con multitud de actividades socioeconómicas como la pesca, la agricultura la ganadería y el turismo, asociadas al estuario, ni con una buena salud pública. Esto no es sólo un conflicto entre puestos de trabajo de las minas y la conservación ambiental”, asevera.

Sobre este estudio, Enrique Delgado remarca que “merece ser analizado con respeto, pero también es importante recordar que la minería en España está sometida a controles muy estrictos y a evaluaciones ambientales muy rigurosas, y que el sector se esfuerza no sólo en cumplirlos, sino en mejorarlos, para alcanzar los más altos niveles de excelencia ambiental”. Recuerda también que tras estudiar distintas denuncias contra la mina de Aznalcóllar, “el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha avalado las autorizaciones del proyecto, confirmando la validez de los procedimientos técnicos y administrativos seguidos”.

¿Para la transición ecológica o para armamento?

Por su parte, Antonia Herrero, doctora en Biología y presidenta de la asociación Salvemos el Guadalquivir, considera que “la minería, en cualquiera de las modalidades desarrolladas hasta ahora, es un proceso enormemente disruptivo del terreno donde opera, en el que deja profundas alteraciones, y siempre genera enormes cantidades de derivados potencialmente tóxicos que provocan contaminación de suelos y cursos de agua, con los consiguientes efectos negativos, a veces devastadores, sobre las actividades económicas, el acceso al agua y la tierra, e incluso la salud”.

Cree que “hasta cierto punto, y sólo en parte, los efectos de los pasivos mineros se podrían paliar aplicando tecnologías de depuración más eficaces, que generalmente no se utilizan porque, al suponer un mayor coste económico, disminuirían las ganancias de las explotaciones”.

La premisa de la necesidad de continuar con la minería extractiva es, a su juicio, errónea, “porque supone que podremos mantener nuestro nivel de consumo energético, además de basarse en una paradoja: la de diseñar la transición a formas de energía menos contaminantes contaminando y destruyendo territorios y, por ende, las actividades productivas locales; o sea, determinando zonas de sacrificio”. En esta línea, alega que “no es cierto que lo que se extrae o proyecta extraer en Europa de las llamadas materias primas estratégicas tenga como destino aportar a la transición ecológica”. Por el contrario, “las compañías que explotan las minas generalmente son consorcios transnacionales que ingresan los productos en los mercados globales, desde donde se venden al mejor postor, tanto para construir parques de energías renovables como armamento que se utiliza en guerras que, además de catástrofes humanitarias, provocan desastres ambientales”.

El Gobierno no tuvo constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025 y se enteró a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ignoraba que se llevara a cabo esta actividad, como se constata por el hecho de que no venía recogida en la Estadística minera de este organismo que se elabora a partir de la información que facilitan las comunidades autónomas.

Otras tres minas con actividad

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

La noticia de la falta de información al Gobierno central ha sido un auténtico bombazo que le ha estallado al Gobierno de Asturias, que preside el socialista Adrián Barbón, y que ha tenido que abordar este miércoles coincidiendo con la celebración en la Junta General del Principado de la sesión de control donde los representantes de los grupos parlamentarios de la oposición interpelaban al presidente sobre temas de actualidad que afectan a la comunidad autónoma.

La falta de transparencia

El accidente laboral en el que murieron, el pasado 31 de marzo de 2025, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez cuando se encontraban trabajando en la mina de Zarréu, a consecuencia de una explosión de gas metano, puso en el centro del debate no solo la deficiente labor de fiscalización que se hacía sobre los permisos y la actividad en las explotaciones mineras sino que además puso en evidencia la falta de transparencia en la comunicación entre administraciones.

Una vez que ha conocido la actividad extractiva, el ITJ ha venido solicitando formalmente información al Principado “para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas por la normativa”, según han indicado fuentes del Miteco. 

El reintegro de ayudas

La explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

El proceso de obtención de la documentación está siendo “lento”, reconocen las mismas fuentes, y el ITJ la está analizando, especialmente la que es relativa a los planes de labores de las explotaciones.

Exigencia de explicaciones a Barbón

La exigencia de explicaciones al presidente asturiano no se hicieron esperar desde los demás grupos políticos. El Partido Popular (PP) calificó de “escándalo” la falta de transparencia y el interés del PSOE por “ocultar” la actividad de extracción de carbón en Asturias.

Unas críticas que llegaron no solo desde la Junta General. El senador popular José Manuel 'Lito' Rodríguez denunció “el silencio de Barbón” en el parlamento asturiano ante una pregunta de su presidente regional, Álvaro Queipo, y tildó la situación de “absoluto despropósito”.

Acusaciones de negligencia

'Lito' Rodríguez se mostró sorprendido de que el MITECO diga ahora que desconocía esta actividad de la que tenía conocimiento “solo a causa de una tragedia”.

Para el senador asturiano, la actitud de ambas administraciones demuestra su negligencia sistemática: “Los gobiernos, tanto el de Asturias como el de España, demuestran que están más preocupados en favorecer a sus amigos y familiares, y de tapar la abundante corrupción que les rodea, que de solucionar los problemas de los ciudadanos”.

La actitud de 'opacidad'

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha acusado al Gobierno del Principado de mantener “una actitud de opacidad no solo con la oposición y la ciudadanía, sino también con otras administraciones”.

La confirmación de que el MITECO ignoraba la activad de extracción de carbón en Asturias viene a corroborar sus sospechas “sobre el uso de proyectos de investigación complementaria como posible cobertura para extracciones irregulares”, afirmó.

“Asturies merece saber la verdad”

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido a “una respuesta clara y pronta” sobre la acusación del Ministerio por “falta de transparencia” en lo relativo a la minería.

“Asturies merece saber la verdad”, incide la diputada en un comunicado de prensa.

Las 'sombras'

Covadonga Tomé, que preside la comisión parlamentaria de investigación del accidente en Zarréu, aprovechó su intervención en el turno de preguntas al presidente en el tema sobre los proyectos estratégicos para ahondar sobre el tema de la mina, pero no obtuvo respuesta.

“Bastantes sombras hay ya en torno a la explotación de carbón como para añadir la falta de información necesaria al Instituto de Transición Justa (ITJ)”, lamentó la diputada.

Rigor “jurídico y administrativo”

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha rechazado que se diera una falta de transparencia entre administraciones y ha indicado que la comunicación con el ITJ es “constante, continua y permanente”.

Borja Sánchez ha explicado que, dentro de una actitud de colaboración leal, le han trasladado toda la información que se ha solicitado sobre la situación legal de las minas tras las denuncias recibidas a mediados de marzo del pasado año.

“En todos los procedimientos se está aplicando el máximo rigor jurídico y administrativo”, ha resaltado el consejero que trata de aclarar qué datos se tendrían que haber enviado a este organismo, por parte de quién, cuándo y cómo.

La empresa promotora del proyecto minero 'El Moto' para la extracción de wolframio en Abenójar (Ciudad Real) tendrá un depósito de explosivos con una capacidad máxima de almacenamiento de casi diez toneladas netas y hasta 15.000 detonadores. Así al menos lo ha solicitado la empresa promotora de esta explotación, Abenójar Tungsten, al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública esta petición. La finalidad del depósito es almacenar estos explosivos en uno de los polvorines de la mina y hasta 15.000 detonadores en una pistonera. Apunta que en ambos casos, estarían “semienterrados”.

En el documento se detalla que para la explotación subterránea se empleará el método de minado de barrenos largos por subniveles para la extracción de masas largas de wolframio. Considerando la calidad del macizo del proyecto de 'El Moto', añade que las cámaras “exponen relativamente grandes excavaciones, ejecutadas mediante perforación y voladura con explosivos”. Por ello, apunta como necesario “disponer de explosivos de forma continua a pie de mina”.

Los promotores consideran que las necesidades de explosivo durante las 24 horas del día requieren disponer un depósito de explosivos que agilicen los trabajos de carga y disparo de las voladuras y “facilite su puesta en obra de una manera fácil y segura”.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Explosivos se pretende la instalación de medios de alarma adecuados, conectados a una central receptora de alarmas y a la Guardia Civil, y que sustituirán a los vigilantes de seguridad de explosivos. Así, la vigilancia del depósito, durante el tiempo en que no esté abierto para labores de carga y descarga, será desarrollada por un sistema electrónico de protección.

Un metal “estratégico”

El wolframio o tungsteno es considerado uno de los metales considerados “estratégicos” por la Unión Europea para hacer frente a la dependencia en el suministro, casi al 100%, de terceros países como China. De hecho, más del 80% del suministro mundial de wolframio proviene de aquel país, unas 70.000 toneladas al año.

Los principales productores en la Unión Europea son Austria (unas 900 toneladas/año), España (650 toneladas/año) y Portugal (550 toneladas/año). En el caso de España, las provincias que más wolframio producen actualmente son Salamanca, Cáceres y A Coruña.

Desde el año pasado, en la ecuación ha entrado también la provincia de Ciudad Real. La Comisión Europea dio su bendición -financiación incluida- a este proyecto de extracción del wolframio entre Abenójar y también en Almodóvar del Campo, en Castilla-La Mancha. El compromiso de financiación que llegó desde la Unión Europea coincidió con la luz verde otorgada por el Gobierno de Castilla-La Mancha al proyecto.

“Esta mina va a suponer al menos el 20% del wolframio de toda Europa. Se estima que cada año se extraerá una tonelada”, aseguró entonces la consejera de Desarrollo Sostenible de la comunidad autónoma, Mercedes Gómez. La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, natural de Abenójar, lo calificaba de “buena noticia” porque “da un espaldarazo definitivo a un proyecto que supone la creación de 300 puestos de trabajo directos y hasta 700 indirectos”.

Abenójar Tungsten es la promotora, bajo el paraguas de la compañía Mining Hill’s, que había pedido financiación a Europa. En teoría, dicen los especialistas y la propia compañía promotora, en el subsuelo hay 91 millones de toneladas de mineral de wolframio y 1,2 millones de onzas de oro.

Será una mina subterránea con una profundidad máxima de 350 metros y unas 600 cámaras diseñadas para trabajar en las vetas de wolframio que está mezclado con oro. Allí hay minerales de wolframio como la ferberita y scheelita.

La empresa también explica que el “wolframio es el principal metal de interés económico”, además del oro como “subproducto”, pero que también hay metales asociados, entre ellos bismuto, galio y “elementos de tierras raras”. La inversión global ronda los 150 millones de euros.

Según informó la compañía que impulsa el proyecto en Abenójar cuenta con otros proyectos similares en ejecución en España. Entre ellos destaca la mina de magnesitas de Rubián, en Lugo, que comparte muchas características con 'El Moto' y lleva en operación más de 50 años. Es, asegura, “un modelo de explotación sostenible y exitoso”.

La contraprestación para Castilla-La Mancha es la creación de empleo. “Un porcentaje elevado de los trabajadores que se incorporarán al proyecto viven en Abenójar y alrededores. Lleva asociado un polígono industrial, con empresas cuyos servicios necesitará la mina a lo largo del tiempo”, afirmó. En todo caso, avanzó que la compañía no prevé extraer mineral útil para comercializar al menos hasta 2027.

Más allá de eso, sostiene que se trata de un proyecto de largo recorrido en el tiempo porque la concesión minera es de 90 años y en su programación creen que la vida útil de la mina será de 26 años.

Los ecologistas, contra la “opacidad” del proyecto

Pero no son todo parabienes. Ecologistas en Acción ha recurrido ante la Comisión Europea su inclusión como proyecto estratégico y será el paso previo a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea junto a otros colectivos.

Frente a la “transparencia” que esgrime el Gobierno castellanomanchego, la organización ecologista habla de “opacidad” en el proceso y en el acceso a la documentación, con la excusa del “secreto empresarial”. También critica que la designación como proyecto estratégico suponga en su opinión “eximir a la empresa de respetar ciertas normas medioambientales, dando carta blanca para usar cantidades ingentes de agua”, además de “contaminar”.

La organización ya alertó en 2018 sobre lo que considera un proyecto de elevado impacto ambiental. La que fuera coordinadora del área de minería nacional de Ecologistas en Acción, Elena Solís, mantiene hoy que hay “vicios” en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y cita “la falta de un estudio hidrogeológico completo que analice de dónde se captarán las escasas aguas subterráneas en la zona para el procesamiento del oro y el wolframio, o si las balsas de ácidos son seguras y cuál es el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por los elementos tóxicos necesarios”.

“La mina de Zarréu era una explotación clandestina, estaba en un lugar donde no se podía extraer carbón y en la que se incumplía cualquier medida de seguridad y organización de los trabajos”. Con estas palabras, el director general de Energía y Minería del Principado de Asturias, Javier Cueli, confirmaba este lunes la conclusión principal a la que ha llegado el Servicio de Minas en su informe sobre la investigación del accidente que, el 31 de marzo de 2025, costó la vida a cinco trabajadores y dejó heridos a otros cuatro.

Javier Cueli no se ha andado con paños calientes y ha corroborado con estas declaraciones, efectuadas ante los medios de comunicación asturianos, una de las principales sospechas que desde un principio han planeado sobre el siniestro, ya que el siniestro puso de manifiesto tanto las evidentes faltas de seguridad como la previsible extracción ilegal de carbón.

Siniestralidad en la mina

Una bolsa de grisú en el interior de la explotación es la principal hipótesis con la que han trabajado desde el inicio los investigadores como principal causa del siniestro.

El director general de Energía y Minería ha realizado estas manifestaciones momentos antes de la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Minera y la reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguridad celebradas en Oviedo.

Siete mineros muertos

En ambas reuniones se iban a analizar los informes elaborados por el Servicio de Minas del Principado sobre el accidente ocurrido en la mina de Zarréu donde murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, así como en el accidente registrado, el 21 de noviembre pasado, en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, donde fallecieron Óscar Díaz, de 32 años, y Anilson Soares, de 42 años.

Comisión de Seguridad

En principio, la primera comisión iba a abordar la sesión ordinaria del trimestre, con un balance de la siniestralidad de 2025, y la segunda como cierre de la comisión extraordinaria abierta por el accidente mortal en Zarréu, una vez que ya se disponía de las principales conclusiones de la investigación.

La documentación, del que se ha dado traslado a la comisión especial de investigación de la Junta General, concluye que el suceso se produjo como consecuencia de una explosión de metano durante la extracción clandestina de carbón en la antigua mina de montaña.

Las infracciones

El informe de Minas constata, además, que las labores se realizaban sin las preceptivas condiciones de seguridad y sin sistema de ventilación.

Ambas acciones constituyen infracciones relacionadas con la formación de atmósferas potencialmente explosivas, así como con niveles de oxígeno por debajo de los límites reglamentarios.

Las recomendaciones

Entre otras recomendaciones, Minas aconseja dar traslado del informe al juzgado de Cangas del Narcea y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de abrir un expediente sancionador a Blue Solving, empresa que operaba en la explotación.

Con la elaboración de este informe técnico, realizado a partir de las declaraciones de los testigos, se da por cerrada la Comisión Especial de Seguridad puesta en marcha a raíz de la explosión en Zarréu.

Mejorar las condiciones

Javier Cueli ha explicado que, ante la gravedad de estos siniestros mortales, habrá que mejorar las condiciones de las explotaciones mineras.

Preguntado sobre el caso concreto de las medidas existentes en Zarréu ha dicho lo siguiente: “En la vida todo es mejorable. Elaborar ahora una teoría sobre qué se puede mejorar, seguramente, sea precipitado por mi parte, pero en cualquier caso, teniendo en cuenta que se produjeron cinco fallecidos, parece evidente que en algo habrá que mejorar. No sé quién ni cómo ni cuándo, pero está claro que en algo hay que mejorar”, ha ratificado.

Los delitos en la causa de Zarréu

La jueza instructora de la causa del accidente de Zarréu ha imputado al dueño de Combayl, Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', a su mujer, Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas, cinco delitos de homicidio por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las cuatro personas investigadas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano para depurar las posibles responsabilidades en el siniestro, amparados en el respeto a las actuaciones que de forma paralela se están desarrollando por la vía judicial.

El accidente en Vega de Rengos

Por otro lado, el director general ha avanzado que a lo largo de esta semana mantendrá una reunión con la empresa TYC Narcea, de la explotación de Vega de Rengos, donde Minas ha concluido que el accidente que costó la vida a los dos mineros se debió a “un hundimiento súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería.

El resultado del informe coincide plenamente con la apreciación del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno de Asturias, Borja Sánchez, en las primeras horas tras conocerse el alcance del accidente mortal en esta explotación.

Borja Sánchez ya apuntaba a que la principal causa del siniestro podía deberse a causas geológicas por un hundimiento “súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral “bastante ancha”, de unos tres metros.

Los técnicos calculaban que el desprendimiento fue de seis a ocho metros del techo, “lo suficiente para atrapar a los dos trabajadores”.

Un tercer minero salvó la vida

Los dos mineros quedaron atrapados a un kilómetro y medio de la entrada del yacimiento. Un tercer trabajador logró salir con vida de la explotación al haberse desplazado para ir a recoger unos materiales.

El consejero reiteró que la empresa TYC Narcea tenía todos los permisos y la documentación en regla. En los últimos meses había sido inspeccionada en varias ocasiones, la última de ellas la víspera del accidente precisamente en la zona donde se produjo el derrumbe.

Sin incumplimientos de TYC Narcea

La empresa TYC Narcea ya ha remitido toda la documentación que se le ha requerido y a partir de ahora el siguiente paso es que la administración regional firme la resolución del procedimiento de apertura, después de que la mina haya permanecido parada como consecuencia del accidente.

La inspección del Servicio de Minas no ha apreciado incumplimientos en materia de seguridad por parte de la empresa, según los datos con que cuenta la administración autonómica.

Las movilizaciones de los mineros

El documento se ha remitido al juzgado y a los grupos parlamentarios de la Junta General y el Servicio de Minas ha elaborado una información separada sobre la jornada laboral de la plantilla que ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los trabajadores y sus familiares han llevado a cabo varias movilizaciones para solicitar la vuelta al tajo, ya que es uno de los principales medios de vida de la zona.

El conflicto en el que se entrecruzan la comunidad científica, las administraciones y las empresas por los vertidos mineros al Guadalquivir ha entrado este martes en una nueva etapa, al dar el Ayuntamiento de Chipiona (gobernado por una coalición entre Unidos por Chipiona e IU) el paso de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Todo ello, tras un nuevo estudio científico en el que han participado profesores de las universidades de Cádiz, Granada y Sevilla que insiste en la creciente presencia de metales pesados, mientras las minas y el Gobierno andaluz –que ha dado las licencias– defienden la viabilidad de los proyectos.

La Universidad de Sevilla ha sido el escenario de una multitudinaria puesta en escena, en la que algunos de los investigadores que firman el último trabajo (publicado en la prestigiosa revista Oxford Academic) han sido arropados por ayuntamientos ribereños, ecologistas y representantes de los sectores pesquero y agrícola. El “miedo” que han expresado ha sido común: el empeoramiento del estado del río que provocará el aumento de vertidos de las minas Cobre Las Cruces y Los Frailes (la de Aznalcóllar) será una catástrofe ambiental que liquidará el medio de vida de miles de familias.

El punto de partida sería el que las autorizaciones de vertidos concedidas por la Junta de Andalucía “están mal hechas y no tienen fundamento científico”, lo que según el estudio “multiplicaría por diez” la contaminación que en estos momentos sufren el estuario y la desembocadura del Guadalquivir. Esto, denuncian los autores, “supone un riesgo para los ecosistemas, la producción de alimentos derivada del río, como la pesca, la acuicultura y la ganadería, y para la salud pública”.

Primera denuncia en la Fiscalía

Desde la Consejería de Industria, Energía y Minas, en cambio, defiende que las autorizaciones ambientales concedidas a ambos proyectos “garantizan el cumplimiento de los límites legales establecidos para el desarrollo de cualquier actividad ya sea agrícola, residencial, industrial o minera, entre otras”. Y se ha vuelto a poner el acento en que los proyectos mineros “cuentan con todos los informes y autorizaciones preceptivos que avalan el cumplimiento de la legalidad y de la normativa vigente, y tienen una especial vigilancia de la protección ambiental”.

En la misma línea se expresan las dos iniciativas mineras, que subrayan que cuentan con todos los permisos administrativos y ambientales necesarios. Desde ambas empresas se reitera que han sido sometidas a exhaustivos controles durante una tramitación oficial que se ha prolongado durante bastantes años.

Pero al alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero (del partido Unidos por Chipiona), le convencen más los argumentos científicos que los administrativos, de ahí que haya dado el paso de presentar una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito ambiental que ha provocado la contaminación de los ríos Agrio y Guadiamar, así como del estuario del Guadalquivir. “Esto va por donde tiene que ir, que es por lo penal, espero que la Fiscalía tome medidas”, ha insistido Aparcero, que ha alertado de los efectos sobre la salud y del impacto económico de este problema.

El regidor ha abierto la posibilidad al resto de colectivos y administraciones presentes a sumarse a esta denuncia, aunque inicialmente lo que se barajó es que cada parte presentara la suya propia. De hecho, la organización de consumidores Facua ha anunciado que irá por su parte al apreciar riesgos graves para la salud y la seguridad alimentaria, por lo que ha instado a la Fiscalía a tomar medidas cautelares en aplicación del principio de precaución.

Comité científico y moratoria

Aparcero es una de las voces que más alto está hablando dentro del frente común que se ha creado, que incluye a organizaciones agrarias como COAG y cofradías de pescadores, además de los por los ayuntamientos gaditanos de Chipiona, Rota (PSOE), Sanlúcar de Barrameda (IU) y Trebujena (IU). También están las localidades sevillanas de Camas (PSOE), Coria del Río (Andalucía por Sí), Isla Mayor (PSOE), Lebrija (PSOE), Los Palacios (IU) y La Puebla del Río (DeLaPuebla e IU), un conglomerado que hace un año entregó una carta a Juan Manuel Moreno en San Telmo con una doble petición que se mantiene: crear un comité científico independiente que analice la salud del río y, mientras tanto, que se aplique una moratoria que paralice los proyectos mineros.

En cuanto al artículo ahora publicado –el último de una larga serie de investigaciones en esta línea–, califica de “simplistas” los modelos de impacto utilizados por las empresas y la administración, porque no integran el papel de los sedimentos, la biota ni los efectos acumulativos y sinérgicos de dos vertidos coincidiendo en la misma zona. Jesús Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla y primer firmante del estudio, ha desgranado que se está produciendo una “contaminación con efectos ecotóxicos” no sólo Guadalquivir abajo desde los puntos de vertido, sino también aguas arriba entre La Puebla del Río, Sevilla y la presa de Alcalá del Río.

Los autores hablan de concentraciones de cientos de kilos de metales como zinc, cobre, arsénico y níquel, cuyas partículas contaminadas permanecen durante largos periodos dentro del estuario, lo que dificulta su exportación hacia el mar abierto. El trabajo recuerda, además, que la exposición crónica a estos contaminantes se ha vinculado en la región a problemas como mayor riesgo de cáncer de vejiga o efectos sobre el desarrollo cognitivo infantil, “lo que refuerza la preocupación por las descargas en un entorno densamente poblado”.

Las empresas se defienden

En cuanto a las compañías que están en el punto de mira, Cobre Las Cruces esgrime que su nuevo proyecto ha sido sometido a “un examen exhaustivo y muy exigente” por parte tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España. De paso, se recuerda que el pasado mes de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó una denuncia de Ecologistas en Acción y validó las autorizaciones ambientales recibidas, además de rechazar los informes universitarios sobre un presunto daño ambiental al Guadalquivir derivado de la actividad de la mina.

“Cobre Las Cruces cumple escrupulosamente todas las obligaciones de la normativa en materia ambiental”, añade. Y también esgrime un estudio universitario, en este caso del Área de Ingeniería Química Ambiental de la Universidad de Sevilla, que concluye que su actividad industrial “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario” y que los niveles de metales en el estuario “se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental”. Este análisis técnico ha sido minimizado por los autores que insisten en el riesgo de los vertidos, ya que consideran que sido encargado y pagado por la propia empresa.

Desde Minera Los Frailes, que recibió el pasado mayo el permiso definitivo, se resalta por los estudios realizados en los últimos diez años “descartan cualquier riesgo de contaminación en el río Guadalquivir asociado al proyecto de Aznalcóllar”. “Los niveles resultantes del vertido tratado se situarán muy por debajo de los límites establecidos por la normativa ambiental vigente, una de las más exigentes del mundo”, a lo que añade que el sistema contará con controles diarios en varios puntos del río y revisiones periódicas de los datos por parte de un ente externo e independiente.

Asimismo, se recuerda que este proyecto “es la solución para abordar el pasivo ambiental existente en la zona de Aznalcóllar, consecuencia de la actividad minera del pasado”. Esto permitirá restaurar “de forma definitiva” alrededor de 600 hectáreas afectadas por la minería histórica, “resolviendo un problema ambiental heredado y recuperando el entorno para el futuro”.

La frustración, intranquilidad e impotencia han retornado a Loranca de Tajuña. Este pueblo de Guadalajara revive sus mayores temores desde hace unas semanas, cuando los algo más de 1.600 vecinos que le dan vida se enteraron de que una empresa quería volver a activar la mina a cielo abierto, una cantera, que ya funcionó hace dos décadas, sin uso años después por falta de actividad. El vecindario se organiza para alegar con la mayor efectividad posible ante su Ayuntamiento, desde el que se muestran en contra de la explotación. Sin embargo, nadie sabe por qué el Consistorio no advirtió antes de que la compañía Reciclajes Gadarai intentaba reabrir la cantera, que podría afectar a los acuíferos de la zona.

Joaquín Giner Alonso es el presidente de la agrupación Las Cadenas, asociación de vecinos afectados. Vive con su mujer y sus animales, tiene 56 años, trabaja en Madrid y desde hace unos días no puede dormir tranquilo: “Quieren abrir hasta 25 metros de profundidad. La otra vez, cuando barrenaban, porque lo tienen que hacer con dinamita, salieron grietas en todas las casas”, denuncia. A cambio, la empresa promete la creación de tres puestos de trabajo.

Este vecino ubica su vivienda a unos 800 metros de la explotación, una mina a cielo abierto que recibiría unos 100.000 camiones al año, añade. “Esto conlleva muchísimo ruido en mitad del campo y nuestras carreteras no están preparadas para ese tránsito”, asegura el afectado. Giner, como tantos otros, llegaron a Loranca buscando una vida tranquila y cercana a la naturaleza. “De repente nos encontramos con este proyecto que va a hacer temblar nuestras casas, literalmente, y nos va a inundar de polvo”, sostiene.

Las diversas corporaciones municipales que se han sucedido en el Consistorio loranqueño desde que se terminó la actividad de la cantera no extinguieron la licencia que en su día explotó Calizas del centro (Calcen). Ahora, Reciclajes Gadarai quiere hacer negocio con la mina y, al tratarse de una reapertura, el expediente no ha pasado los mismos trámites que en un primer momento. De salir adelante, la licencia podría alargarse hasta los 100 años. Según su registro, la compañía tiene como objetivo el “transporte de residuos y el tratamiento, gestión y reciclaje de residuos de construcción y de demolición”.

La Delegación de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, que ubica la vivienda más cercana a la explotación a 958 metros, ha señalado a elDiario.es que el reinicio de trabajos no requiere someterse por la Ley de minas a ningún procedimiento de alegaciones, salvo que se prevean modificaciones sustanciales que afecten a la concesión minera, que no es este caso, toda vez que reiniciar los trabajos es una obligación del concesionario. La nueva empresa pretende instalar un equipo móvil, para lo que la Delegación “ni siquiera tendría la consideración de modificación sustancial”.

Un “desastre ecológico” tras la mina

Giner recalca que la apertura de la mina supondría un “desastre ecológico”, y señala la posible contaminación de los acuíferos como una de las peores consecuencias. “Quieren abrir 25 metros de profundidad y a partir de los 10 ya es acuífero. Los vaciarán de forma artificial, y de ellos bebemos todos los vecinos del pueblo”, critica. Le sigue Rodrigo Sanz García, un joven de 27 años asentado en Loranca, desde donde teletrabaja en el sector de la ingeniería forestal: “Hemos analizado los informes de Desarrollo Sostenible y de la Cuenca Hidrográfica del Tajo (CHT) y hay cosas que no nos encajan”, introduce.

Por ejemplo, el agente medioambiental que visitó los terrenos de la cantera no pudo acceder a las instalaciones, ya que el lugar era utilizado como campo de tiro por la Guardia Civil. “Dice que no puede entrar, que la información del proyecto presentada por la empresa es contradictoria en algunos aspectos y, aun así, emite un informe favorable”, relata Sanz. La Delegación de Desarrollo Sostenible en Guadalajara apuntilla que el agente medioambiental que firma el informe sí pudo comprobar el estado de las instalaciones en una visita posterior.

Asimismo, entre las contradicciones señaladas por Sanz está que Reciclajes Gadaria tan solo implantará una trituradora móvil en el lugar, aunque piden permiso para ocupar la misma extensión que tenía la cantera hace dos décadas. Ante dicha cuestión, desde Desarrollo Sostenible defienden que “la actividad minera no solo comprende la extracción, también comprende la restauración de las zonas que se afectaron”.

Por otra parte, al utilizar la planta móvil cerca de los terrenos barrenados en vez de usar una planta fija en la que se descargaría el mineral, “se reducen notablemente los efectos ambientales por ruido y polvo entre una y otra y se mejora la seguridad en los trabajos”, aseguran.

Sobre la CHT, Sanz recalca que el informe emitido advierte a Reciclajes Garadai de las medidas a tomar para evitar la contaminación de aguas y manifiesta una preocupación expresa por el río Tajuña, que está a 2,5 kilómetros de la cantera. “Se olvidan de que la cantera está en unos terrenos permeables que rellenan los acuíferos y la red de aguas subterráneas que surten de agua a la Alcarria”, abunda.

La Confederación ha explicado a este medio que emitieron un informe en octubre de 2024 destinado a la delegación guadalajareña de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el que expusieron “todas aquellas sugerencias relacionadas con los aspectos derivados de la protección del Dominio Público Hidráulico”. Se refieren así a zonas protegidas, aguas superficiales y subterráneas, al igual que las indicaciones correspondientes a los aprovechamientos de agua que hayan de emplearse en la explotación.

Según han resumido, se trata de un informe con sugerencias que el órgano ambiental solicita en el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental. Además, en caso de que exista una declaración ambiental favorable, el promotor ha de tramitar los permisos correspondientes al dominio público hidráulico, competencia de la CHT. Ahí es donde se aplicarán para cada solicitud “los condicionados necesarios para el uso del recurso hídrico sin menoscabo de la protección al medio”. El organismo, por último, remarca que aún no han recibido estas solicitudes sobre posibles concesiones y/o autorizaciones.

Resistirán en sus casas

Parece que en Loranca de Tajuña están todos a una. Eso es lo que se desprende de las palabras de Aitana Alcalá Nistal, la presidenta de la asociación vecinal del municipio, en el que vive junto a su pareja, perros y una hija de 10 años. “Mi casa no está cerca, pero el daño al entorno no conoce de alturas ni distancias, incluso llegará a los pueblos de alrededor”, prosigue. Esta profesional del sector sanitario que trabaja en Madrid padece una enfermedad pulmonar. “Si ya los enfermos crónicos del sistema respiratorio tenemos muchas papeletas para sufrir otras enfermedades, como las cardíacas, ahora aumentarán con la contaminación”, se queja.

Alcalá exclama que no se va a mover de su casa. “Voy a defender el sitio en el que vivo, en el que todos vivimos, que es Loranca, al igual que muchos de nosotros. Estoy muy orgullosa de la unión que hemos demostrado y creo que lo podemos conseguir”, relata.

Una pugna política encerrada en el silencio

Giner, el presidente de Las Cadenas, afirma que la reapertura se lleva gestando desde 2024. “El secretario del Ayuntamiento estudiará las alegaciones y realizará un informe. Por eso estamos ya en asesoramiento legal, para formular las alegaciones en las mejores condiciones”, expresa. Por su parte, Sanz añade que “no entendemos por qué el Ayuntamiento no avisó a los vecinos en cuanto tuvo conocimiento de esto”. Este joven ve difícil parar el proyecto: “¿Es imposible? No. ¿Hay otros antecedentes en España? Sí. ¿Es más complicado hacerlo ahora que han pasado tantos trámites? Muchísimo”, se pregunta y se responde a sí mismo.

Desde las últimas elecciones municipales de 2023, el PP gobierna Loranca de Tajuña. Sacaron 248 votos y alcanzaron los cuatro concejales. La agrupación Todos por Loranca quedaron segundos en número de votos, con dos concejales, los mismos que el PSOE. Vox consiguió un concejal y 68 votos. Enrique Calvo Montero es el alcalde: “Pasado un tiempo y viendo la documentación entregada sacamos a información pública el proyecto. Es el último tramo, en el que estamos ahora, para que opine el pueblo”.

Pero el pueblo ya ha opinado. Una manifestación celebrada el pasado 28 de febrero hizo patente su descontento. Hasta la corporación municipal lo ha hecho también. En un pleno extraordinario celebrado el 20 de febrero para abordar únicamente este tema, todos los concejales mostraron su oposición clara al proyecto, excepto los dos ediles de Todos por Loranca, que no tenían clara su postura al valorar positivamente los potenciales tres puestos de trabajo que crearía la cantera.

Calvo tilda de “mazazo” la idea de reabrir la mina. “Cuando se paró la actividad en ella se tendría que haber hecho una modificación para que no pudiera reabrir, porque nadie la quiere”, sostiene. El regidor confirma los temores expresados por los residentes: “La cantera está muy próxima a las urbanizaciones, la carretera no es la adecuada y afectará a los manantiales de los que bebemos”. Eso como vecino, aunque como alcalde asume que el Ayuntamiento debe ser “neutral” en el expediente. Tras varios intentos, Calvo no ha respondido cuándo recibió el Ayuntamiento la primera noticia de reapertura de la mina.

El proyecto de instalar una macrocelulosa en el corazón geográfico de Galicia descansa ahora en un cajón de los despachos de San Caetano, después de haber sido la propuesta estrella de la Xunta para la recuperación económica tras la pandemia. Se topó con un férreo rechazo social, de colectivos ecologistas, de asociaciones gremiales, de órganos consultivos del Gobierno gallego y de los partidos de la oposición en el Parlamento. Pero los planes de Altri –en asociación con el empresario gallego Manuel García Pardo– no son los únicos que han levantado en contra a vecinos, sectores productivos y expertos en la comunidad. Varias explotaciones mineras, la multiplicación de propuestas para parques eólicos o las plantas de biometano acumulan también críticas por su impacto negativo y han dado lugar a plataformas que se organizan para frenar estos planes.

Una de las iniciativas industriales que más protestas ha provocado en la última década en Galicia es la de la reactivación de la mina de Touro – O Pino. En 2017, cuando se presentó el primer proyecto para retomar la actividad, la extracción de cobre llevaba tres décadas parada sin que se hubiese hecho una recuperación adecuada del entorno. Una plataforma vecinal, con la mirada puesta en la contaminación nunca resuelta, se opuso a reabrir la explotación. Como en el caso de Altri, a la causa se sumaron entidades de la ría de Arousa, a la que llegarían, a través de afluentes del Ulla, los contaminantes. Las manifestaciones, caminatas reivindicativas y concentraciones se repitieron durante casi tres años y, en 2020, la Xunta terminó por anunciar que la declaración de impacto ambiental era desfavorable por los efectos que tendría en la zona y el aumento de la presión sobre el río.

Aquel celebrado carpetazo no fue, sin embargo, el final de la historia. La empresa, Cobre San Rafael, volvió a presentar ante la Xunta lo que asegura que es un proyecto nuevo, “más innovador y más verde”, creado desde “la escucha al territorio”. La respuesta de la Xunta fue declarar, a mediados de 2024, estos planes proyecto industrial estratégico, una fórmula favorable para el promotor porque permite acelerar los plazos de tramitación. El presidente gallego, Alfonso Rueda, aludió aquel día a que la empresa cumplía con sus promesas los requisitos establecidos para darle el amparo de esa figura y destacó el interés de la extracción de cobre, considerado mineral estratégico por la Unión Europea. La reactivación de la mina está actualmente a la espera de la declaración de impacto ambiental.

La plataforma vecinal Mina Touro – O Pino Non y la asociación Ecoloxistas en Acción, por la contra, no vieron cambios significativos en el proyecto y han vuelto a organizarse para batallar contra la reapertura de la mina, a la que presentaron miles de alegaciones. Enfrente, la empresa ha optado por la estrategia comunicativa de no dejar pasar las críticas y dar la réplica presentando su proyecto como algo que respaldan los propios vecinos, con fiestas y sorteos de camisetas de equipos de fútbol incluidos. Las alegaciones a favor no son lo habitual, pero la propia Cobre San Rafael difundió que, en este caso, se registraron unas 6.000.

Isabel García, miembro de la plataforma que se opone a la mina y portavoz de Ecoloxistas en Acción en lo que tiene que ver con la misma, recuerda que hay varios frentes abiertos: la declaración de proyecto industrial estratégico fue recurrida y Explotaciones gallegas, que es copropietaria de Cobre San Rafael, afronta una demanda penal por daños al medio ambiente. Con los antecedentes del proceso en el que ella está implicada, García pone todas las precauciones en su reacción al archivo de Altri. “Están haciendo lo mismo que hicieron con Touro: darle aire, tiempo, a la empresa para mejorar y ver si pueden sacar adelante las necesidades que tiene el proyecto. Mientras tanto, a ver si la oposición social se va diluyendo. Es una táctica que utilizan tanto el Gobierno como las multinacionales”. Lo que ve como algo positivo es que en estas luchas se han implicado varios colectivos y “no va a ser tan fácil” para los promotores. En Touro, el primer proyecto para volver a explotar la mina es de 2017 y nueve años después, reivindica, “no se está sacando un solo gramo”.

La de Touro no es la única explotación minera que ha generado oposición, bien de vecinos, bien de entidades ecologistas. La de Doade (en Beariz, Ourense), incluida entre los proyectos impulsados por la Unión Europea para extraer minerales críticos –en este caso, litio–, ha registrado más de 3.000 alegaciones en contra. La de Penouta (Viana do Bolo, Ourense) tiene paralizada la extracción de coltán tras la denuncia de Ecoloxistas en Acción. Y la de San Fins (Lousame, A Coruña) no llegó a tener producción en su último intento, a principios de 2023. Mariscadores y ecologistas protestaron contra el permiso dado por la Xunta para verter aguas contaminadas a un arroyo siete kilómetros por encima de la ría de Muros e Noia. Un año y dos meses después, el Gobierno gallego retiró esa autorización tras constatar que seguía contaminando.

Renovables, pero con riesgos

Aunque forman parte troncal de la estrategia europea para que la economía dependa menos de los combustibles fósiles, las energías renovables afrontan sus propias objeciones. Y estas suelen proceder de colectivos vecinales y de organizaciones ambientalistas, aunque pueda parecer una paradoja. En el caso gallego, se cuentan por decenas los proyectos eólicos encallados en la Justicia por posible daño ambiental. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha encontrado casos en los que no se evaluaron conjuntamente los impactos de todos los elementos de la explotación o en los que no se revisó lo suficiente el efecto sobre territorios incluidos en Red Natura o la presencia de especies protegidas. También hay casos de litigios para proteger patrimonio cultural, no solo natural.

La situación ha derivado en un parón en la eólica que la Xunta y el PP achacan en exclusiva a los jueces, pero que expertos atribuyen a que las deficiencias en el trámite ambiental en el Gobierno gallego hacen que los proyectos sean impugnables ante la Justicia y a que hay un mayor activismo en este ámbito. A principios de esta década, con la multiplicación de solicitudes para levantar nuevos parques también creció la oposición. En los despachos de la Xunta se acumularon tantos expedientes que el entonces presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunció en 2021 una moratoria que impedía presentar más mientras no se fuesen resolviendo los que ya habían llegado a San Caetano. Fue el momento en el que se vieron más manifestaciones con el lema 'Eólica si, pero non así' en Galicia.

El foco se está colocando en los últimos meses sobre otra renovable: el biometano. Según los datos que dio el pasado octubre la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en Galicia hay ocho plantas funcionando y otras tantas en tramitación. En aquella comparecencia, que era una respuesta a una pregunta del BNG en el Parlamento, Vázquez criticó las protestas contra los proyectos industriales de este tipo. Cuando se anuncia una planta, “aparece una plataforma”, dijo, tratando de relacionar la contestación con intereses de partidos políticos y no con los propios de vecinos o colectivos ecologistas.

El biometano y los purines

Solo unos días antes de que la conselleira defendiese los proyectos de biogás en la Cámara gallega, la empresa láctea lucense Lence anunciaba que renunciaba a la planta de biometano que quería levantar junto a sus instalaciones en el polígono de O Ceao por la creciente oposición social. En una carta firmada por Carmen Lence, presidenta del grupo, y publicada en el diario El Progreso, señalaba que el objetivo era dar solución al “problema urgente” en el que se habían convertido los purines de las granjas de animales.

En otros puntos de Galicia han nacido plataformas que se están organizando para tratar de frenar otros proyectos, como en Agolada (Pontevedra) o en la comarca de A Limia (Ourense). En este último caso, un colectivo reunió en enero más de 3.400 alegaciones contra el proyecto impulsado por Ence en Xunqueira de Ambía. Sostienen que se trata de una planta de gran tamaño que representa una “amenaza” para la salud humana por sus emisiones y también un riesgo para el entorno, dado que se proyecta junto a una zona de especial protección para las aves (ZEPA). Entre las entidades que presentaron sus objeciones está la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que señala contradicciones en las previsiones de consumo de agua, falta de datos y cuestiona que, teniendo en cuenta los gases de efecto invernadero que se van a liberar, el balance energético salga realmente a favor de las instalaciones.

El presidente de la SGHN, el biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Serafín González, duda de que este proyecto se pueda calificar de “verde” y critica que estas plantas, alimentadas con purines y otros desechos, se están utilizando en varios casos para justificar el modelo de las macrogranjas. Precisamente en A Limia, otra batalla medioambiental liderada por los vecinos del embalse de As Conchas ha terminado con una condena a la Xunta y al Estado confirmada por el Tribunal Supremo. El fallo señala que la inacción de estas administraciones supuso una vulneración de los derechos humanos de los residentes de la zona, sometidos a los efectos de la contaminación de las aguas por la presencia de grandes granjas de animales en la comarca.

Ni tratos de favor ni vínculos con la actividad minera. Así se resume, en sus propias palabras, la comparecencia en la comisión parlamentaria sobre el accidente de Zarréu de la ingeniera Estefanía Díaz, responsable técnica de los dos proyectos que obtuvieron ayudas del Instituto de Transición Justa (ITJ). Según defendió, se trataba de iniciativas de carácter industrial y no extractivo.

Díaz explicó que su empresa fue contratada por Combayl en octubre de 2022 para estudiar posibles usos de las instalaciones, entonces en proceso de cierre, y que el análisis detectó potencial para crear una especie de “mini polígono industrial” aprovechando el buen estado de naves y edificios.

Fruto de ese trabajo se diseñaron dos proyectos —una planta de briquetas y otra de recuperación de minerales estratégicos— que obtuvieron ayudas del ITJ por valor de 1,5 millones de euros. Ninguna llegó a cobrarse al ser revocadas tras el accidente del pasado 31 de marzo, en el que fallecieron cinco trabajadores, el siniestro más grave en la minería asturiana en tres décadas.

“Nunca se planteó ningún tipo de actividad minera en Zarréu por nuestra parte ni por parte de Combayl mientras trabajamos con ellos”, insistió la compareciente, que también negó haber mantenido contactos con altos cargos de la administración autonómica durante la tramitación de las subvenciones.

Sin papel en la transmisión de derechos a Blue Solving

La ingeniera aseguró que su empresa no tuvo “nada que ver” con la transmisión de los derechos mineros de Combayl a Blue Solving, concesionaria de la explotación cuando se produjo el accidente. No obstante, reconoció que tuvo conocimiento de la posible creación de esta última sociedad en el contexto del proyecto de recuperación de minerales estratégicos, una inversión que calificó de “bastante grande” y en la que mostró interés una empresa ucraniana.

Según explicó, representantes de esa compañía visitaron Zarréu en dos o tres ocasiones para recabar datos técnicos para el diseño del proceso, aunque los proyectos no llegaron a ejecutarse.

Díaz afirmó que su labor se limitaba al seguimiento técnico de las iniciativas una vez concedidas las ayudas y que, con el paso del tiempo, la relación con la explotadora se fue “ralentizando”.

Ningún contacto con la familia propietaria

La compareciente aseguró que nunca entró en el interior de la mina ni observó movimientos de maquinaria o camiones en la zona. Su interlocución se limitó, según dijo, a responsables técnicos como Jesús Rodríguez Morán y, posteriormente, al director facultativo José Antonio Fernández Casillas, a quienes entregó la documentación relativa a los proyectos.

También afirmó que no mantuvo contacto con la administradora única de Combayl, Ana María Rodríguez, ni con su hijo Adrián Rodríguez, administrador de Blue Solving, a quien dijo haber conocido en el funeral por los mineros fallecidos.

Por último, Díaz recalcó que no tuvo “ningún rol ni vinculación” en la tramitación del permiso de investigación complementaria solicitado por Blue Solving para extraer hasta 60.000 toneladas de carbón destinadas a usos no térmicos, como la producción de grafito, condicionado a un plan de labores que nunca llegó a presentarse.

La comparecencia se enmarca en los trabajos de la comisión parlamentaria que analiza las responsabilidades políticas derivadas del accidente de Zarréu y que continúa abierta.

La imputación del exlíder minero José Ángel Fernández Villa en el 'caso Hulla' ha quedado totalmente descartada. La magistrada-jueza que investiga las irregularidades detectadas sobre la subvención, adjudicación y construcción de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería, ubicada en la localidad de Felechosa, en el concejo asturiano de Aller, ha concluido la instrucción -después de nueve años- y le ha apartado de la causa por su inimputabilidad penal.

Los médicos forenses le diagnosticaron una enfermedad neurológica degenerativa que le impediría seguir un juicio de estas características “con garantías”.

El ex secretario general del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT), de 82 años, no se sentará definitivamente en el banquillo de los acusados, ni tendrá que dar explicaciones por la vía penal sobre la procedencia de su patrimonio, ni justificará si el origen de 1,2 millones de euros que intentó regularizar en la amnistía fiscal de 2012 tuvo vinculación alguna con presuntas 'mordidas' relacionadas con las obras del geriátrico, que habían sido financiadas con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.

Los tribunales dirimirán si los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones, continuado de falsedad documental, tráfico de influencias, estafa/apropiación indebida y contra la ordenación del territorio, tanto en su autoría material o a título de cooperador necesario o inductor según los casos

Los delitos

La magistrada-jueza María Begoña Fernández, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo -antiguo Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo-, ha dictado un auto, fechado el pasado día 17, donde da por finalizada la instrucción y acuerda que continúe la tramitación de las diligencias previas y su transformación en procedimiento abreviado.

El objetivo final es dirimir si los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones, continuado de falsedad documental, tráfico de influencias, estafa/apropiación indebida y contra la ordenación del territorio, tanto en su autoría material o a título de cooperador necesario o inductor según los casos.

En el auto, que consta de 16 páginas y al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, se decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a María Elena Postigo, hija del expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, considerado el hombre de confianza del exlíder minero.

La lista de imputados

Por el contrario, mantiene en la lista de imputados a 18 personas, entre los que figuran la esposa de Fernández Villa, María Jesús Iglesias, y sus hijos Rolando y Ángela; así como José Antonio Postigo, su exmujer María Elena Pérez Veiga, su hija Patricia Postigo y la pareja de Postigo, Dorina Bicher.

En la relación de imputados están también los dos socios de la empresa Alcedo de los Caballeros Juan Antonio Fernández y Juan Carlos Riera, la esposa del primero Rocío San José y el arquitecto Manuel Sastre.

Los otros nueve restantes son el aparejador Vicente Fernández, el proveedor Jorge González Muñiz, los exalcaldes de Aller David Moreno y Gabriel Pérez Villalta; Rodica Daniela Timis y los asesores fiscales Rafael Virgós y José Manuel Fernández Fernández.

Nueve años de instrucción

La magistrada-jueza María Begoña Fernández comenzó a instruir esta causa en abril de 2017, a raíz de que desde la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se remitiera un escrito de querella donde instaba a la investigación de unos hechos que consideraba que podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales vinculados a delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, delito contra la hacienda pública, ello sin perjuicio de posibles delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.

En ese escrito ya se citaban los nombres de las personas que finalmente han sido incorporadas a esta lista de imputados, incluso el de José Ángel Fernández Villa aunque en su caso se archivó y posteriormente se dictó auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones ratificado a su vez por auto de mayo de 2025 de la Audiencia Provincial de Asturias.

En todos estos autos judiciales se le eximía debido a su delicado estado de salud. En la nueva resolución, dictada por la magistrada-jueza de instrucción, ya queda totalmente descartada la imputación del exlíder minero.

La Fiscalía Anticorrupción sospechaba de la procedencia del patrimonio tanto de Fernández Villa, quien durante 35 años -entre los años 1979 y 2013- estuvo al frente del SOMA-UGT, como de su mano derecha, el expresidente del Montepío de la Minería José Antonio Postigo. Ambos se habían acogido a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro en 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente

La amnistía fiscal

Uno de los objetivos de esa investigación también iba dirigida a averiguar la procedencia del patrimonio tanto de Fernández Villa, quien durante 35 años -entre los años 1979 y 2013- estuvo al frente del SOMA-UGT, como de su mano derecha, José Antonio Postigo.

Ambos se habían acogido a la amnistía fiscal de 2012 del entonces ministro Cristóbal Montoro durante la etapa del presidente del Gobierno por el PP Mariano Rajoy. Fernández Villa quería regularizar 1,2 millones y Postigo un total de 436.000 euros.

El modus operandi

En la instrucción del 'caso Hulla' que acaba de dar por finalizada, la magistrada-jueza relata el modus operandi de la presunta trama. En este auto considera que José Antonio Postigo era una figura clave ya que tenía fuerte relevancia y responsabilidades a nivel sindical en SOMA-UGT y Mutualidad y Montepío de la Minería Asturiana de la que era presidente desde 2006 y la administración única de las cuatro mercantiles participadas al 100% por la Mutualidad: Residencia de Mayores La Minería, Residencial La Minería Roquetas de Mar S.L., Residencial La Minería Los Alcázares S.L. y Balneario de Ledesma.

Desde los cargos que ostentaba, José Antonio Postigo actuó “en connivencia con los responsables de la constructora Alcedo de Los Caballeros S.L. (participada al 50% por Juan Carlos Riera Blanco y su administrador Juan Antonio Fernández Fernández)” y, según consta en el auto, “se concertaron a fin de obtener y repartirse de forma continuada ilícitos beneficios derivados del desvío tanto de fondos privados propios del Montepío como públicos derivados de una ayuda adjudicada al mismo en el ámbito de los fondos mineros”.

El desvío de fondos privados

En cuanto a los desvíos de fondos privados, la defraudación acometida sobre el patrimonio del Montepío se realizó -siempre según el auto- “mediante el incremento fraudulento de los costes del servicio de limpieza en los residenciales de Almería (Roquetas de Mar) y Murcia (Los Alcázares)”.

En su relato, la magistrada-jueza expone cómo esta actuación se llevaba a cabo, de forma que se iba “facturando en el primero de ellos los servicios que realmente eran prestados por Anframa de Limpiezas S.L. a través de la empresa interpuesta Pravi participada por Juan Antonio Fernández Fernández y Juan Carlos Riera Blanco y administrada por Juan Antonio y su esposa Rocío San José”.

La reforma de un piso de Postigo

En el residencial Los Alcazares, cuya dirección fue asignada por José Antonio Postigo a su pareja Dorina Bicher, en diciembre de 2011, el incremento fraudulento de la facturación del servicio de limpieza, se habría acometido “mediante la contratación a tales efectos de Rodica Daniela Timis para la efectiva realización de los servicios, si bien se sobrefacturaban los mismos a nombre de las mercantiles Todo Limpio y Caritime, constituidas por Postigo y su pareja y administradas por Dorina”.

Asimismo, fueron facturados con cargo a residencial Los Alcázares varias facturas del orden de los 16.622,30 euros correspondientes a obras y actuaciones acometidas para reforma y acondicionamiento de la vivienda que Postigo y su pareja Dorina compartían en la localidad de Torre Pacheco, en Murcia.

Todo ello determinó unos ingresos para la mercantil Pravi del orden de los 157.023,77 euros desviados del residencial de Roquetas, y 145.931,84 euros desviados entre los años 2010 y 2011 y de 99.776,94 euros, en el periodo de marzo a noviembre de 2012, en el residencial Los Alcázares de Murcia.

El desvío de fondos públicos

Por lo que se refiere al desvío de fondos públicos, según se expone en el auto, todos los anteriores “en connivencia con persona de enorme relevancia política y sindical tanto a nivel autonómico como nacional al que no afecta esta resolución -dice la magistrada-jueza- se confabularon para obtener un lucro ilícito a medio de los Fondos procedentes de la subvención otorgada para la construcción de la Residencia de Mayores de La Minería en Felechosa, Aller”.

Esta subvención se concedió en el ámbito de las Ayudas al desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón (Fondos Mineros 2006-2012) regulados tanto en el Real Decreto 112/2007 de 24 de agosto que establece las bases para su concesión como en la Ley General de Subvenciones, y cuya financiación deriva del crédito del Instituto para la Reestructuración de la Mineria del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) adscrito al entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Los beneficiarios

La magistrada-jueza destaca igualmente en esta resolución que resultan exclusivamente beneficiarios de tales ayudas Comunidades Autónomas y Entidades Locales en el ámbito de la minería del carbón y tan sólo excepcionalmente con un límite del 1% de los fondos, entidades sin ánimo de lucro cuya actividad se desarrolle en los ámbitos geográficos de la minería del carbón.

“El trámite de concesión de tales ayudas requiere en primer término la presentación de las propuestas ante la Mesa Regional de la Minería del Carbón (integrada por Gobierno autonómico, organizaciones sindicales firmantes del Plan del Carbón y municipios mineros) que propone varias candidaturas para su financiación a la Comisión de Cooperación”.

Financiación con fondos mineros

Esta comisión está integrada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) y Comunidades Autónomas, quien procede a la selección de las candidaturas que “han de ser reflejadas en un convenio específico de colaboración entre Ministerio de Industria y las Comunidades Autónomas en el que se establecen las condiciones de financiación, ejecución y justificación”.

Alcedo de los Caballeros, por medio de su socio Juan Carlos Riera Blanco, ya habría instado en los años precedentes una solicitud para la financiación con cargo a los fondos mineros de la construcción de un geriátrico en la localidad asturiana de Pola de Lena, la cual le había sido concedida “si bien con la limitación del 1% de la ayuda legalmente establecida por el Real Decreto al no ser aquél ni comunidad autónoma, ni entidad local”.

Contratos “fraudulentos”

La magistrada-jueza incide en que los socios de Alcedo, “en connivencia con Postigo para el que ya venían desarrollando una prolija actividad empresarial mediante obras en el Montepio y bajo el indispensable amparo de la influencia política del tercero al inicio de la resolución que determinaría incluso una modificación legal, se concertaron para la obtención de la subvención en favor del Montepío con financiación del 100% de los fondos para la construcción por Alcedo del geriátrico de Felechosa, ello con un fraudulento incremento de la ayuda en base al aumento del importe del proyecto y los costes de la construcción hasta una suma de 30.000.000 euros”, añade.

En el auto se explica que la suma ascendió a 30 millones de euros por los trabajos certificados en el geriátrico de Felechosa y concedidos por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, pese a que el importe real de las obras no superó los 18 millones de euros. La diferencia se desvió, entre otras actuaciones, mediante facturas falsas y contratos fraudulentos de limpieza para las instalaciones que gestionaban en Murcia y Almería

En este auto se explica que la suma ascendió a 30 millones de euros por los trabajos certificados en el geriátrico de Felechosa, en Aller, y concedidos por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, pese a que el importe real de las obras no superó los 18 millones de euros.

La diferencia se desvió, según consta en el auto, entre otras actuaciones mediante facturas falsas, además de los contratos fraudulentos de limpieza para las instalaciones que gestionaban en Murcia y Almería.

La intervención de los alcaldes

La actuación de los alcaldes del concejo de Aller habría sido dirigida a salvar las trabas legales, corrobora el auto.

La resolución judicial destaca también que algunas empresas proveedoras procedieron al abono de las comisiones que les eran exigidas mediante la realización de trabajos de reforma en las viviendas colindantes sitas en Mayorga, Valladolid, que poseían José Antonio Postigo y Juan Antonio Fernández Fernández o incluso mediante el pago en metálico de bienes muebles e inmuebles en favor del expresidente del Montepío de la Minería.

El auto no es firme y contra el mismo cabe interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación o un recurso de apelación directo.

La expresión balsa minera ha sido escuchada o leída por primera vez por muchos/as andaluces, pues casi no la habían mencionado los medios desde la rotura de la de Aznalcóllar en 1998 y casi no la habían mencionado antes, aunque las primeras se construyeron en los años cincuenta del pasado siglo. De manera que mucha gente no sabe qué son, y se habrán quedado a dos velas cuando han oído pronunciar tal expresión al presidente de la Junta. Parecería que Moreno Bonilla hubiera abierto, no la compuerta de los millones de toneladas de lodos letales que contienen las balsas, sino la compuerta por donde ha entrado, siquiera por unos días, la expresión balsa minera al lenguaje autorizado o políticamente correcto, a la actualidad.

Las balsas mineras son instalaciones que contienen millones de millones de metros cúbicos de venenos letales, ocupan superficies de cientos de hectáreas, sus muros están hecho con escorias de mina, porque el cemento armado sería corroído por el ácido que albergan. Son depósitos dinámicos en los que la proporción de arenas, lodos y agua ha de variar en profundidad y desde los muros a la cola, por lo que necesitan vigilancia continua, hasta muchísimos años después de que los mineros se hayan ido; evacuan filtraciones normales (dicen los ingenieros que por debajo de un cierto nivel no son preocupantes) a los ríos y acuíferos, afectando en algún grado a la potabilidad de nuestras aguas y embalses. Pueden romperse y envenenar cuencas enteras, de lo que ya tenemos abundantes ejemplos en la península, el de Aznalcóllar el más grave. Pero, aunque no se rompan, permanecerán ahí, filtrando a cauces y acuíferos, acumulativamente, por decenios y decenios.

¿Cómo explicar que obras descomunales como estas, de tanta peligrosidad potencial y seguros efectos nocivos a medio y largo plazo, sean ignoradas? ¿Quién sabe de Rodalquilar, Gádor, Almagrera, Alquife, de las varias que asoman al río Rumblar? ¿Y de las más colosales, que se enseñorean entre el Guadalquivir sevillano y el Guadiana (Aguablanca, Aznalcóllar, Cueva de la Mora, Aguas Teñidas, las tres de Rio Tinto, Tharsis, la anunciada en Valdelamusa…)? A tal extremo llega el desconocimiento que casi nadie sabe que la balsa de Aznalcóllar sigue ahí, que contiene trece millones de metros cúbicos de lodos que están filtrándose al río Guadiamar, el aporte principal de agua dulce a Doñana, y al acuífero aluvial que discurre por debajo del río, conectado a su vez con el acuífero Almonte-Marismas. El colmo ha sido que bautizaran, sin protesta reseñable, como Corredor Verde del Guadiamar el marrón que ha dejado ahí la minería.

Explicar por qué no se sabe -o no se quiere saber- de estos sarcófagos requiere dejar la ingeniería de minas y pasar a la ingeniería lingüística de la actualidad, que es la que hace y rehace la opinión pública y aporta el combustible básico que da vidilla después a los corrillos, sean en el bar de la esquina o en las redes. Podemos definirla como un brebaje de informaciones, conceptos y valores de variada procedencia, pero cuyos ingredientes principales son suministrados por el ejército de siervos encuadrados en las grandes corporaciones mediáticas, sean privadas, estatales, eclesiales o cualquier combinación de ellas. Industria del entretenimiento la llama genéricamente Sánchez Ferlosio.

Los ingenieros de minas (un sacerdocio o estamento) demuestran tener, además de conocimientos mineros, conocimientos de ingeniería lingüística, pues manejan diestramente las palabras para obtener legitimidad y prestigio, sin los que sería más problemático abrir minas y, además, carecería de interés

Si los minerales son importantes, las palabras que manipula la ingeniería lingüística lo son más, porque si con aquellos se elaboran lo mismo productos de provecho que cacharrería que será pronto basura irreciclable, con las palabras se construye la comunidad política, que es, según Aristóteles, obra humana hecha de palabras. Cada época, cada cultura, teje con palabras su propia trama de significación y sus valores, ellos mismos producto de la trama, pero que dan sentido y fuerza trascendente al conjunto, como ha sabido ver después Weber, que explica así la legitimidad.

Los ingenieros de minas (un sacerdocio o estamento) demuestran tener, además de conocimientos mineros, conocimientos de ingeniería lingüística, pues manejan diestramente las palabras para obtener legitimidad y prestigio, sin los que sería más problemático abrir minas y, además, carecería de interés. Igual lo hacen esas inmensas pirámides jerárquicas que son las corporaciones mineras. Todo para que permanezca enhiesto el principio simbólico que les da legitimidad: más minería es mejor para acercar a la nación o a la humanidad al bienestar y la felicidad.

Este dogma minero está enlazado a un principio aún más general, el de la Producción incremental, es decir, la Productividad (una abstracción concebida por los filósofos económicos a finales del XVIII) que, aseguran, aupará a la humanidad al bienestar definitivo. Es el mesianismo de nuestra cultura, que se mantiene incólume desde su cristalización en el siglo XIX. Durante esa centuria declinará el secular desprestigio del quehacer minero, que se materializaba, por ejemplo, en que los operarios solo bajaban a la mina encadenados. En su lugar irá emergiendo un relato prometeico que insuflará respetabilidad a lo minero, sentándose las bases de lo que comenzamos a ver ya en el siglo XX: la estampa de varones que se identifican orgullosamente como mineros y que se encadenan numantinamente en las minas para seguir siéndolo.

Con este telón de fondo, es fácil comprender que las multinacionales mineras que están viniendo encuentren el terreno abonado para abrir minas, y que sean incluso recibidas con entusiasmo en las comarcas en las que sus predecesoras han dejado huellas ecológicas gravísimas, pobreza y despoblamiento

En Andalucía, podemos considerar como fecha augural de este nuevo imaginario de respetabilidad y hegemonía minera la masacre del Año de los Tiros de 1888 (más de doscientas víctimas). Desde entonces, el axioma minero, y el prestigio que irradia, se ha mantenido igual de intocado por las opciones políticas que se han sucedido. Tal unanimidad permite que tal dogma siga otorgando prestigio e incluso ese halo que rodea en cada cultura a las instituciones consideradas trascendentes.

Con este telón de fondo, es fácil comprender que las multinacionales mineras que están viniendo encuentren el terreno abonado para abrir minas, y que sean incluso recibidas con entusiasmo en las comarcas en las que sus predecesoras han dejado huellas ecológicas gravísimas, pobreza y despoblamiento. Y que muchos actores políticos, mediáticos y culturales adopten la ingeniería lingüística diseñada en los gabinetes de imagen de las corporaciones extractivistas.

Es tal la asunción general del emblema “más minería es mejor”, que casusa asombro -o estupefacción- comprobar que la expresión balsa de lodos mineros fuera tabú en los medios hasta que se rompió la de Aznalcóllar, que recuperase desde el 2000 su condición impronunciable y que estos días, tras ser pronunciada por el presidente de la Junta, la hayan recuperado los noticiarios, siquiera por unos días. Y es una maravilla escandalosa que las televisiones no las hayan mostrado ni antes ni después de mostrarnos el muro roto de Aznalcóllar. Y que ni siquiera esta, tan mediática un tiempo, hayan vuelto a mostrárnosla más, como si la hubiera engullido el follaje (contaminado) del corredor verde. Todo ello mientras se sucede, desde que comenzó a operar Cobre las Cruces en 2008, una riada de noticias, reportajes (publirreportajes la mayoría) que nos aturden con lluvia de millones, puestos de trabajo sin cuento, tecnología ultimísima, impecables restauraciones y sellados de residuos, capacidad tractora, etc, etc.

Una de estas multinacionales ha tenido la chulería de bautizar a su proyectada mina, que quiere verter al estuario del Guadalquivir miles y miles de kilos de metales pesados, como Un proyecto ambiental amparado en minería. ¿Es burla, sarcasmo, desprecio?

El juzgado de Cangas del Narcea que instruye la causa por el accidente laboral en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos el pasado 31 de marzo en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, ha levantado el secreto de sumario y ha imputado al dueño de Combayl, Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', a su mujer, Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas, cinco delitos de homicidio por imprudencia, según ha adelantado este martes la RTPA.

Junto a los delitos de homicidio por imprudencia, también se les investiga por otros cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Además, el juzgado ha ordenado el embargo de 1.150.000 euros de las cuentas de los investigados como medida cautelar para garantizar la posible responsabilidad civil.

Acogidos a su derecho a no declarar

Las cuatro personas investigadas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano para depurar las posibles responsabilidades en el siniestro, amparados en el respeto a las actuaciones que de forma paralela se están desarrollando por la vía judicial.

Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' compareció el pasado 27 de enero ante los diputados y diputadas asturianas y eludió responder a sus preguntas que quedaron recogidas en el acta sin respuesta. Acudió a la citación acompañado de su abogado, Luis Tuero, y se limitó a leer un texto que llevaba redactado donde exponía que optaba por no declarar en ese momento para “preservar el derecho fundamental de la defensa”.

Necesidad de “prudencia legal”

El empresario puntualizó que su rechazo a declarar no debía interpretarse como “falta de colaboración, sino como necesidad de prudencia legal”.

En más de una ocasión se le preguntó si quería ofrecer su testimonio y su respuesta fue la siguiente: “Con ganas me quedo, pero no voy a contestar”.

Apenas dos días después, su hijo Adrián Rodríguez decidía también guardar silencio. Al igual que había hecho su padre, manifestó su dolor por el accidente en el que perdieron la vida los trabajadores Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, y mostró sus condolencias a sus familiares.

“Siento de veras que mi silencio sea hoy la única solución de contribuir a la investigación y que llegue a su fin de la manera más limpia posible”, lamentó el administrador único de Blue Solving.

Trabajo judicial “sin presiones”

Adrián Rodríguez explicó que confiaba en la justicia para que “a su debido tiempo” pusiera las cosas en su lugar “para dar paz a quienes más hoy lo sufren”.

Asimismo, expresó su deseo de que “la verdad resplandezca y las familias obtengan las respuestas que necesitan”. Para que esto ocurra, según comentó, la justicia “debe trabajar en paz sin ruidos ni presiones”.

Colaborar desde “el silencio”

Al día siguiente, comparecía su madre Ana María Rodríguez, administradora única de la compañia Combayl, que tampoco quiso aclarar las dudas de los diputados y diputadas: “El silencio es la mejor forma de colaborar” para que la investigación “llegue a buen término”, explicó la empresaria.

La comparecencia del responsable de seguridad en la mina de Zarréu, en el momento del accidente, era José Antonio Fernández Casillas que, al igual que había hecho la familia Rodríguez, se acogió a su derecho a no declarar, lo que no fue impedimento para expresar su “absoluta disposición a continuar colaborando” con el esclarecimiento de las causas del accidente mortal al estar en ese momento la causa bajo secreto sumarial.

Levantado el secreto de sumario

A partir de ahora, una vez levantado el secreto de sumario, los representantes legales de los investigados podrán acceder a las diligencias de investigación para poder conocer de primera mano las acusaciones que se dirigen contra ellos para poder aclarar toda la verdad de lo que ocurrió el 31 de marzo pasado, cuando los cinco mineros perdieron la vida cuando trabajaban en la explotación minera de Zarréu.

Las primeras investigaciones apuntaron a que se produjo una explosión de grisú cuando los trabajadores se encontraban en el interior de la mina.

Uno de los principales extremos que se está investigando es si en la explotación se llevaban a cabo extracciones ilegales de carbón, ya que la empresa no contaba con licencia para este tipo de trabajo y las versiones de los comparecientes hasta ahora ante la comisión parlamentaria son muy contradictorias.

El responsable de seguridad en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el momento del accidente en el que el pasado 31 de marzo murieron cinco trabajadores, José Antonio Fernández Casillas, se ha acogido este viernes a su derecho a no responder ante la comisión parlamentaria que investiga los hechos, pero ha expresado su “absoluta disposición a continuar colaborando”.

La comparecencia de Fernández Casillas ha sido la última de las programadas hasta ahora en la comisión parlamentaria, aunque no se descarta que a lo largo de este mes pueda haber alguna más.

El silencio de los comparecientes

El director facultativo de la mina de Cerredo ha sido citado en su calidad de máximo responsable de la seguridad de la mina en el momento en el que tuvo lugar el accidente.

Al igual que hicieran el administrador de Blue Solving -actual explotadora de la mina-, Adrián Rodríguez, y el apoderado y la administradora de la anterior concesionaria, Combayl, Jesús Rodríguez y su mujer Ana María Rodríguez, se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de los diputados por haber una investigación judicial abierta, bajo secreto de sumario.

La colaboración “con quien sea”

Fernández Casillas sí ha tenido una pequeña intervención en la que ha expresado su “profundo presar y solidaridad” con las familias de los fallecidos en el “trágico accidente”.

Además, ha reiterado su “absoluta disposición a continuar colaborando con las fuerzas policiales, como con quien sea”, tal y como ha venido “haciendo hasta la fecha ante cada solicitud de información” que le ha sido encomendada.

Al mismo tiempo, ha expresado su “respeto” por el parlamento asturiano y ha aclarado que su ausencia el pasado 28 de enero se debió a que no fue citado para ese día.

Las causas

La investigación apunta a que el accidente se produjo por una explosión de grisú registrado en el nivel tercero de esta mina de montaña del suroccidente asturiano cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón de su interior, a pesar de que la empresa titular en ese momento, Blue Solving, carecía de permiso para hacerlo y solo podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral.

Fernández Casillas, que era y sigue siendo, aunque está apartado de sus funciones, secretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía, también fue quien visó uno de los proyectos presentados por Blue Solving, sociedad perteneciente al entramado del empresario Jesús Rodríguez Morán 'Chus Mirantes' que tenía los derechos de explotación de la mina en el momento del accidente.

También fue el representante de Blue Solving con el que la exconsejera Belarmina Díaz, que dimitió de su cargo a raíz de este accidente, se reunió en dos ocasiones para hablar sobre esta explotación cuando aún era directora general de Minas.

Preguntas de los grupos

A pesar de haberse acogido a su derecho a no declarar, el PP ha planteado algunas de sus cuestiones a Fernández Casillas sobre si mantuvo reuniones con altos cargos o funcionarios de la Dirección de Minas para impulsar la aprobación del proyecto de investigación complementario (PIC) para sacar carbón para aplicaciones no térmicas, como la producción de grafito.

También le ha preguntado si las instrucciones en la mina las daba el administrador de Blue Solving o Jesús Rodríguez, si éste último le manifestó que se debía buscar la fórmula para extraer carbón en Cerredo o si conocía que se estaba sacando este material de forma ilegal en el momento del accidente.

El diputado de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, ha considerado esencial poder dilucidar quién “ordenó” extraer carbón del piso tercero y quién indicó que presentaran un PIC en Cerredo, cuestión sobre la que también ha hecho hincapié el diputado de Foro, Adrián Pumares.

La transición energética de la Unión Europea está en riesgo ante la falta de materias primas. Un informe del Tribunal de Cuentas de la UE desvela que los objetivos de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero al menos en un 55% de aquí a 2030 y de lograr cero emisiones netas de aquí a 2050 o que el 42,5% de la energía sea procedente de fuentes renovables están en entredicho ante la falta de materias primas para su consecución. Cuando la Comisión Europea trata de impulsar la soberanía económica frente a EEUU y China, el Tribunal de Cuentas señala a las instituciones de la UE con la acusación de que “la política de materias primas de la UE traza un rumbo estratégico, pero carece de una base completa” y “no es lo suficientemente contundente”, con lo que el veredicto es concluyente: “El objetivo de garantizar el suministro de aquí a 2030 se antoja inalcanzable”.

“Aunque el Reglamento de Materias Primas Fundamentales establece un rumbo estratégico, sus objetivos carecen de justificación, y los datos subyacentes no son rigurosos. Los esfuerzos por diversificar las importaciones aún no han producido resultados tangibles y los cuellos de botella obstruyen el progreso de la producción nacional y el reciclado. Aunque los proyectos estratégicos pueden beneficiarse de una concesión de autorizaciones más rápida y de una mayor visibilidad, es probable que muchos de ellos tengan dificultades para garantizar el suministro a la UE de aquí a 2030”, apunta con claridad el informe del Tribunal de Cuentas de la UE.

El informe del Tribunal de Cuentas detalla que la UE identifica 34 materias primas fundamentales (26 relevantes para la transición energética) y 17 estratégicas, sin embargo, “los datos utilizados para estas listas tienen lagunas, son obsoletos y las proyecciones de demanda presentan deficiencias metodológicas”. Por otro lado, Bruselas ha establecido objetivos no vinculantes para 2030 (10% de extracción, 40% de procesamiento, 25% de reciclado y máximo del 65% de dependencia de importaciones de un solo país). El informe concluye que estos objetivos “carecen de justificación documentada y no está claro cómo se calcularon ni cómo contribuyen a las metas climáticas de la UE”.

La transición de la UE a las energías renovables depende en gran medida de equipamiento técnico (baterías, aerogeneradores y paneles solares) que requiere materias primas fundamentales como litio, níquel, cobalto, cobre y tierras raras. Con el fin de reducir los riesgos asociados a esta dependencia, el Reglamento de Materias Primas Fundamentales de la UE establece un objetivo no vinculante de que, de aquí a 2030, la UE no dependa de un solo tercer país para más del 65% del suministro de cualquier materia prima estratégica. En el informe se detalla la alta dependencia de la UE de países terceros. Por ejemplo, el 99% del boro proviene de Turquía, mientras que China domina el suministro de magnesio (97%), tierras raras o galio y de Chile se importa el 79% del litio que se consume en la UE.

De hecho, de las 26 materias primas fundamentales para las energías renovables, 10 se importan íntegramente de países terceros: vanadio, escandio, niobio, litio, tierras raras pesadas, tierras raras ligeras, boro, antimonio, magnesio y fósforo. Como curiosidad, Europa solo importa el 0,3% de su suministro de estroncio, ya que el 99,7% procede de España.

14 asociaciones estratégicas, sin asegurar el suministro

Además de la alta dependencia de terceros países, el Tribunal de Cuentas recrimina que aunque la UE ha firmado 14 asociaciones estratégicas, estas apenas han contribuido a asegurar el suministro. “De hecho, entre 2020 y 2024, las importaciones procedentes de estos países socios disminuyeron para 13 de las materias primas examinadas”.

Hay un problema añadido ante el nuevo escenario geopolítico, ya que “el libre comercio de estos materiales ha quedado distorsionado en varias ocasiones por las restricciones a la exportación, con el consiguiente peligro para la seguridad del suministro de la UE”.  

Por ejemplo, las importaciones de materias primas fundamentales para las tecnologías de energías renovables procedentes de Ucrania disminuyeron: de unas 345.000 toneladas en 2021 a unas 60.000 toneladas en 2024, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Por otro lado, en abril de 2025, China incluyó siete tierras raras en una lista de control de las exportaciones que quedaban sujetas a licencias de exportación. La Cámara de Comercio Europea en China informó de que las autoridades chinas solo habían aprobado 19 de las 141 solicitudes de licencia hasta septiembre de 2025, y quedaban aún pendientes 121 solicitudes “urgentes”. En diciembre de 2025, la UE no había presentado ninguna reclamación ante la Organización Mundial del Comercio.

Hasta 15 años para poner en marcha una mina

Otros de los aspectos que critica el informe es que el tiempo para poner en marcha una mina en la UE suele oscilar entre 10 y 15 años, pudiendo superar los 20 años, y se destaca el caso de Suecia, donde abrir una mina puede requerir más de treinta años. La UE ha exigido la creación de “ventanillas únicas” para agilizar trámites, pero de momento solo 16 de los 27 Estados miembros las habían establecido a fecha de noviembre de 2025.

De esta manera, el objetivo del 40% de procesamiento nacional está bastante lejos, actualmente se estima en un 24% de capacidad. Además, el Tribunal de Cuentas destaca que “se están cerrando instalaciones debido a los altos costes energéticos y la falta de tecnología” y “no está claro si será capaz de recuperarse, como se señala en la evaluación de impacto del Reglamento de Materias Primas Fundamentales de 2023”. Como ejemplos, la Europa de los Veintisiete perdió alrededor de la mitad de su capacidad de procesamiento de aluminio primario en el período 2019-2023 o el 100% del procesamiento de tierras raras se realiza fuera de la UE.

La “desalentadora” política de reciclaje en la UE

Otro aspecto es la política de reciclaje, que el informe del Tribunal de Cuentas define como “desalentadora”. Los datos lo demuestran: siete de veintiséis materias primas necesarias para la transición energética tienen tasas de reciclado comprendidas entre el 1% y el 5%, pero es que otras diez no se reciclan en absoluto. Además, la mayoría de los objetivos de reciclado de la UE no corresponden específicamente a una materia prima, por lo que no incentivan el reciclado, especialmente las más difíciles de recuperar como las tierras raras de los motores eléctricos o el paladio de sistemas electrónicos.

La capacidad de reciclado en la UE ronda actualmente el 12%, pero el objetivo para 2030 es del 25%. Va a ser casi imposible conseguirlo. Según la Agencia Internacional de la Energía, recogido el informe, la falta de economías de escala coarta el reciclado eficiente, y los recicladores europeos, debido a las condiciones del mercado mundial, tienen dificultades para competir con los costes de los recicladores chinos. Esto se debe a la integración vertical de China, las ventajas de escala y los bajos costes laborales.

Y todo ello pese a que “ahora se producen más residuos que nunca”, pero los índices de recogida siguen estando muy por debajo de los objetivos. Como consecuencia de ello, las materias primas fundamentales de estos residuos se pierden para la economía de la UE.  Los auditores señalan que los recicladores europeos acusan el impacto de los elevados precios de procesamiento, las escasas cantidades disponibles, y las barreras tecnológicas y reglamentarias que frenan su competitividad.

Además, la auditoría del Tribunal de Cuentas apunta que aunque hay fondos disponibles (Horizonte Europa, fondos de cohesión) “están dispersos y la Comisión no supervisa sus resultados ni puede demostrar su impacto real en el suministro”.

“Sin materias primas fundamentales no habrá transición energética ni competitividad ni autonomía estratégica. Desafortunadamente, hoy tenemos una peligrosa dependencia de unos cuantos países terceros para el suministro de estas materias primas”, concluye Keit Pentus-Rosimannus, miembro del Tribunal que ha realizado la auditoría.

A pesar del contenido tóxico de la balsa de residuos mineros que se rompió el pasado fin de semana en Monte Neme, entre los municipios de Carballo y Malpica (A Coruña), la Xunta descarta un episodio de contaminación de acuíferos, todavía a la espera del informe con las conclusiones sobre lo ocurrido. Las primeras explicaciones apuntan a las abundantes precipitaciones caídas en los últimos días, dijo el presidente gallego, Alfonso Rueda, en una comparecencia en la que criticó que la asociación Ecoloxistas en Acción haya anunciado una denuncia penal antes de que esté el resultado del estudio sobre las causas y consecuencias de lo ocurrido.

No es la primera vez que Monte Neme salta a los titulares de la prensa. En 2014, también en invierno, ya reventó una de las balsas y se produjo un vertido de 24.000 metros cúbicos de lodos y agua que contaminaron arroyos y tierras. De la mina se extrajo wolframio y después pasó a ser una cantera de áridos y cuarzo. La explotó una empresa de la familia de Juan Cotino -quien fue vicepresidente de la Generalitat de Valencia con el PP-, pero en 2012 la sociedad entró en concurso de acreedores. El lugar se volvió a hacer célebre después de aparecer en numerosas publicaciones de redes sociales: los residuos mineros dan a las aguas de las balsas un llamativo color turquesa.

Este fin de semana volvió a producirse una rotura y un vertido. Fue el sábado y Alfonso Rueda da por descartado el riesgo de contaminación. Sostiene que tampoco ha habido dejación o una mala actuación de la Xunta: había obras, pero no eran en la zona del derrumbe y se habían iniciado, defendió, porque el seguimiento del estado de la antigua mina había determinado que era necesario. Ahora, dice, es necesario esperar al informe para saber por qué hubo una rotura. Esta misma semana espera ya esos resultados.

Sin embargo, Ecoloxistas en Acción ha decidido presentar una denuncia penal en los juzgados de Carballo en la que acusa a la XUnta de delitos medioambientales. También cita a las empresas que forman la UTE Monteneme, encargada de las obras en la antigua explotación minera. La asociación recalca que el fallo es “muy similar al que llevó a un desastre ambiental en 2014” y afectó a una de las balsas ubicadas al sur. Cuestiona la versión de la Xunta del accidente causado por las lluvias y afirma que la galería por la que se produjo el vaciado de la balsa “estaba perfectamente inventariada desde por lo menos 1998 en documentos oficiales de la propia Administración autonómica”.

La organización asegura que el vertido tiene relación con las obras que se estaban realizando y que empezaron en diciembre de 2025. Indica que hubo “importantes movimientos de tierras que provocaron el desplazamiento de las aguas contaminadas hacia una balsa que no reunía condiciones de estabilidad suficientes”. Añade que parte de las aguas tendrían que haberse tratado y cuestiona la “contradicción” entre los análisis oficiales actuales, que descartaron contaminación pocas horas después del vertido, y los realizados en 2014, cuando Augas de Galicia confirmó la toxicidad de las aguas vertidas entonces. Lo ocurrido, dice, es consecuencia de décadas de “abandono, falta de control y actuaciones administrativas irregulares”.