La temperatura global del planeta va a superar “en los próximos años” el límite de seguridad de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales, según el último informe de situación de la ONU, publicado este miércoles. Ese umbral es el que se trazó en el Acuerdo de París contra el cambio climático como objetivo para finales del siglo XXI.

Los cálculos del Programa de Medio Ambiente de la ONU (UNEP) hablan de un cercano pico de las temperaturas que oscila entre los 1,8 grados centígrados y los 2 grados por encima de lo que se registraba antes del comienzo de las emisiones masivas de CO₂ a la atmósfera de las actividades humanas, especialmente por el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.

“Este verano de calor abrasador, incendios salvajes e inundaciones mortales son una advertencia de lo que nos espera”, reitera el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras conocer las conclusiones del informe.

“Una acción insuficiente ha hecho que superar los 1,5 grados sea inevitable”, puede leerse en el análisis, que lamenta que “décadas de advertencias científicas y compromisos no han conseguido una rápida reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. El resultado de todo esto es que el calentamiento global de la Tierra —que genera la alteración del clima mundial— “se acerca y va a superar ese umbral”.

El trabajo también explica que aunque se rebase el límite en el corto plazo, la situación puede revertirse para llegar a tiempo de contener el calentamiento extra del planeta dentro de los niveles establecidos en el Acuerdo de París.

Este overshooting, como lo denominan los técnicos, “llevará los riesgos climáticos y los impactos a nuevos y peligrosos picos”, ilustra el informe. Entre estos impactos, detalla los eventos meteorológicos extremos (como las sequías o las tormentas torrenciales que derivan en riadas violentas) o el riesgo de inundación por la subida del nivel del mar en las zonas costeras y las islas.

“El informe hace sonar una vez más la alarma sobre la urgencia de una acción rápida para reducir los impactos más severos del cambio climático”, analiza el investigador del Barcelona Supercomputing Center (BSC) Raffaele Bernardello en declaraciones a Science Media Center (SMC). También “ofrece un relato detallado de lo que se requiere y de las posibles consecuencias de seguir retrasando una acción coordinada a nivel mundial”.

En este sentido, el calentamiento global más allá de los límites de seguridad provoca, explican los expertos, “cruzar puntos de inflexión difíciles de revertir en escala temporal humana”. Entre esos puntos de inflexión se cuentan la pérdida del bosque amazónico, la caída de la corriente de circulación del Atlántico (la AMOC) o el derretimiento del hielo marino.

La directora ejecutiva de UNEP, Inger Andersen, resume la situación: “No podemos esperar nada bueno si nos mantenemos por encima de los 1,5 grados extra. Debemos asegurarnos de que esta superación es lo más pequeña y breve posible”.

La ventana de oportunidad

Los mismos científicos de la ONU explican que “si actuamos ahora, podemos limitar ese overshoot y que decline”. Para ello, es precisa “una respuesta inmediata que afronte los impactos y rebaje las emisiones” además de gestionar los riesgos y trabajar a largo plazo para conseguir que la temperatura, tras elevarse, baje.

Con todo, este informe recuerda que la senda para conseguir esto pasa, sí o sí, por conseguir las emisiones netas cero, “un objetivo que no puede evitarse”. Conseguir que, a finales de siglo XXI, la temperatura global de la Tierra no supere los 1,5 grados extra respecto a la era preindustrial implica incluso emisiones negativas y extraer carbono de la atmósfera.

El meteorólogo superior del Estado de la Asociación Meteorológica Española, Ernesto Rodríguez, subraya al SMC que existe esperanza “siempre y cuando la superación del límite de 1,5 grados no sea superior a unas pocas décimas de grado (0,2–0,3 ºC) y limitado en el tiempo”.

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes en Consejo de Gobierno la actualización del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en Canarias (PEINCA) y un programa temporal de empleo para reforzar los medios técnicos destinados a las infraestructuras de riego, ante el incremento de las actuaciones e inversiones en materia hidráulica.

La modificación del PEINCA, aprobado en 2018, afecta a su Anexo III, relativo a la evaluación de riesgos, y permite incorporar los cambios derivados de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de segundo ciclo de las demarcaciones hidrográficas de Canarias, elaborados por los consejos insulares de aguas de cada isla.

La actualización afecta al listado de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), uno de los elementos de referencia para la evaluación del riesgo en el ámbito de la protección civil. Entre las modificaciones figura la eliminación de varias áreas de origen costero: Puerto Tahiche y Pedro Barba, en Lanzarote; Playa de Melenara, Pasito Blanco, Balito, Puerto Rico y Caleta de Soria, en Gran Canaria; y San Miguel de Tajao y Los Gigantes, en Tenerife. En cambio, se amplía el ARPSI de origen fluvial correspondiente al Barranco de San Sebastián, en La Gomera.

“Esta actualización nos permite incorporar al PEINCA los cambios derivados de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y disponer de una evaluación de riesgos actualizada para mejorar la capacidad de prevención y de respuesta ante posibles emergencias”, señaló el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, quien destacó la necesidad de coordinar la planificación hidrológica y la de Protección Civil ante fenómenos que pueden producirse de forma rápida y afectar de manera localizada.

Personal especializado para atender las infraestructuras de riego

En paralelo, el Ejecutivo autonómico reforzará los medios técnicos para impulsar las infraestructuras de riego mediante un programa temporal de empleo que permitirá incorporar personal interino con titulaciones de Ingeniería Agrónoma o Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

La medida supondrá una inversión de 556.939,80 euros y tendrá una duración de tres años, desde octubre de 2026 hasta septiembre de 2029. El objetivo es atender el incremento de las actuaciones e inversiones en regadíos, que en conjunto alcanzan los 28,2 millones de euros de fondos propios.

Según el Gobierno, entre 2024 y 2026 el presupuesto destinado a inversiones hidráulicas ha aumentado un 46%. Este incremento se produce en un contexto marcado por una situación hídrica especialmente compleja, debido a la prolongada sequía meteorológica, la reducción progresiva de las precipitaciones medias anuales y la repetición de episodios de calor fuera de la época estival, circunstancias relacionadas con los efectos del cambio climático.

El aumento de obras y proyectos de regadío ha generado además una sobrecarga técnica en la Dirección General de Agricultura, especialmente en el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural, encargado de la planificación, dirección y ejecución de estas actuaciones.

El Ejecutivo considera que los medios técnicos disponibles actualmente son insuficientes para garantizar la dirección, coordinación, supervisión y seguimiento de los proyectos financiados con fondos propios cuya aprobación y ejecución están previstas para este ejercicio y 2027.

Con ambas medidas, el Gobierno busca actualizar la planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad técnica de la Administración para ejecutar inversiones destinadas a las infraestructuras hidráulicas y de regadío en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos.

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) informó este domingo de que las autoridades han logrado contactar con tres ciudadanos españoles tras la masiva riada del pasado miércoles tras la que más de 500 extranjeros siguen desaparecidos y más de 800 personas han muerto.

“Este domingo 289 turistas han sido rescatados, cinco se encuentran actualmente en contacto (3 españoles, 1 estadounidense y 1 belga) y 591 continúan incomunicados”, confirmó en su última actualización a las 18:00 hora local (12:15 GMT) la NTB, citando a la Policía de Turismo y a la Autoridad de Desastres (NDRRMA).

Un total de cinco turistas extranjeros se encuentran localizados y en contacto directo con las autoridades de Nepal, entre los que hay tres españoles, un estadounidense y un belga.

El informe no precisa si este grupo ha sido evacuado del terreno o si se encuentra a la espera de rescate en sus ubicaciones, ni da más detalles de si continúa habiendo nacionales españoles desaparecidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó el sábado que dos españoles continuaban desaparecidos tras la devastadora riada que ha causado más de 800 muertos y 3.000 desaparecidos en Nepal y la región autónoma del Tíbet (China).

Según añadió el organismo, que mantiene una estrecha coordinación con la Policía de Turismo, la NDRRMA y diversas delegaciones diplomáticas, 591 extranjeros permanecen completamente incomunicados.

La Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y están haciendo gestiones con las autoridades locales, prestando toda la asistencia consular necesaria, informaron fuentes de Exteriores.

Al menos 547 personas han muerto y 977 se encuentran desaparecidas o sin contacto tras las violentas inundaciones repentinas que golpearon este miércoles ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China), según han informado este viernes las autoridades nepalíes en su último balance. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha reducido este viernes a tres el número de españoles desaparecidos.

La riada masiva arrasó varias localidades de una zona fronteriza con el Tíbet por el desbordamiento del río Bhote Koshi. Actualmente existen preocupaciones ante el riesgo de desbordamiento de un lago formado tras la riada incial y lo cual podría provocar una segunda riada. De hecho, durante unas horas este viernes se detuvieron las opraciones de rescate en Tíbet mientros los medios oficiales de China informaban de que el desbordamiento ya se había producido. Posteriormente se detuvo y las autoridades reanudaron las operaciones.

China ha advertido que existe un “alto riesgo” de desbordaminto del lago. Un lago de barrera es una masa de agua que se forma cuando los escombros obstruyen el curso de un río. Este lago de barrera, que se formó en la confluencia de los ríos Chhochen Khola y Purepu Tsangpo, había comenzado a desbordarse el jueves, según el Ministerio de Recursos Hídricos de China. Las mismas autoridads sostienen que esperan que tres millones de metros cúbicos de agua lleguen al lago entre el jueves y el domingo.

Lin ha dicho que China mantiene una comunicación fluida con Nepal y apoya las labores conjuntas de búsqueda y rescate. Añadió que China también proporcionará asistencia de emergencia según las necesidades de Nepal.

Otras 826 personas permanecen desaparecidas en Nepal, según informó la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal en su última actualización.

Las operaciones de auxilio en la región continúan complicándose por los graves daños registrados en la red de carreteras, el riesgo persistente de nuevos desprendimientos debido al mal tiempo y las interrupciones en los sistemas de comunicaciones.

A ambos lados de la frontera, cientos de extranjeros están desaparecidos. La Junta de Turismo de Nepal (NTB) confirmó este jueves que 517 ciudadanos extranjeros siguen desaparecidos, en un balance en revisión que eleva a 644 la cifra total de viajeros registrados en la zona del desastre, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 517 corresponden a visitantes de una treintena de países, sobre todo de la India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35).

La cifra oficial nepalí cuenta por el momento a tres españoles desaparecidos en el distrito de Rasuwa, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmara desde Madrid que se busca a al menos cuatro nacionales.

El informe técnico de la NTB señala que el desbordamiento de los ríos Bhote Koshi y Trishuli ha arrasado las riberas a su paso por los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, donde agencias de viajes, guías locales y autoridades siguen cruzando datos para dar con el paradero de las excursiones que transitaban la zona.

Por encargo del presidente chino, Xi Jinping, el primer ministro de China, Li Qiang, ha llegado este jueves a la zona afectada, ha informado la agencia estatal Xinhua en un breve comunicado, para dirigir las labores de rescate y auxilio y visitar al personal de rescate y a la población reubicada.

Las autoridades locales advierten de que la cifra de víctimas y desparecidos puede aumentar significativamente en las próximas horas a medida que los equipos de rescate acceden a los puntos más aislados.

Chappthoke, Nepal

Antes y después de la riada de Nepal del 26 de agosto de 2026

23-ago 2026

26-ago 2026

Fuente: Planet ©

Gran parte de las víctimas, según reportan las autoridades, se encuentran a kilómetros de la zona de origen de la riada, arrastradas hasta la parte baja del río bajo una enorme masa de agua, lodo, piedras y la infraestructura de varias localidades.

China por el momento ha reportado tres fallecidos y 558 personas con las que se ha perdido el contacto en el condado tibetano de Gyirong.

El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), actualizará el diagnóstico de los riesgos de inundación de la isla con la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI), correspondientes al tercer ciclo de planificación, para el periodo 2027-2033, correspondiente a la tramitación del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de la isla.

Estos trabajos, que serán sometidos a consulta pública durante tres meses tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), han permitido ampliar a 27 las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), distribuidas en 30 subtramos, abarcando 16 municipios y con una longitud conjunta de 101,15 kilómetros de cauces, según ha informado el Cabildo este miércoles.

La documentación permitiría determinar las zonas de Tenerife en las que existe un riesgo potencial significativo de inundación y delimitar cartográficamente la peligrosidad y las posibles consecuencias para distintos escenarios de probabilidad.

Estos trabajos, puntualiza el Cabildo, constituyen una fase previa a la elaboración del futuro Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), previsto en la normativa relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 octubre de 2007).

Asimismo, la normativa pone el foco en la planificación frente inundaciones como un proceso que debe revisarse y actualizarse cada seis años -con hitos y documentos cada dos años- para reducir sus consecuencias negativas sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.

Tecnología empleada

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha explicado que los trabajos que sometemos a consulta pública son “un gran avance” en el diagnóstico de los potenciales riesgos de inundación, permitiendo reaccionar frente a estos eventos con “mayor celeridad y eficacia”, ya que entre otros resultados se publican mapas que identifican las zonas que resultarían inundadas en distintos escenarios de probabilidad.

“Estos trabajos se suman a los esfuerzos preventivos realizados por el Cabildo de Tenerife frente a otros riesgos para la ciudadanía como el volcánico o el de incendios forestales”, ha agregado.

El nuevo ciclo de planificación supondría un avance en el conocimiento de los riesgos de inundación gracias al empleo de tecnologías de alta precisión. Entre ellas destacan los levantamientos mediante drones y tecnología LiDAR, que permiten obtener modelos digitales del terreno con mayor resolución y reducir las incertidumbres de los modelos convencionales.

A estos trabajos se suma la realización de modelizaciones hidrológicas e hidráulicas bidimensionales mediante el modelo IBER, que permiten analizar el comportamiento del agua y representar las zonas potencialmente afectadas por inundaciones en diferentes escenarios.

En concreto, se han estudiado escenarios asociados a periodos de retorno de 10,100 y 500 años, lo que permitiría disponer de una visión más precisa de la evolución y alcance potencial de las avenidas.

Zonas identificadas

Las 27 ARPSI identificadas y distribuidas en 30 subtramos son las siguientes:

01.-Barranco del Bufadero (Santa Cruz de Tenerife), 1,19 km.

02.- Barranco de Santos (Santa Cruz de Tenerife), 1,38 km.

03.- Barranco de Santos-Barranco de Macario (Santa Cruz de Tenerife-La Laguna), 8,36 km.

04.- Barranco del Hierro (Santa Cruz de Tenerife), 3,70 km.

05.- Barranco de Santos-La Carnicería (La Laguna), 4,88 km.

06.- Barranco de Santos-Valle Vinagre-Valle Colino (La Laguna), 1,83 km.

07.- Barranco de Santos-Cha Marta-Barranco de Atalaya (La Laguna), 8,66 km.

08.- Barranco de San Felipe (Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos), 5,02 km.

09.- Barranco de San Juan (Guía de Isora), 1,32 km.

10.- Barranco del Infierno (Adeje), 2,8 km.

11.- Barranco de Torviscas (Adeje), 5,25 km.

12.- Barranco del Muerto (Santa Cruz de Tenerife-La Laguna), 4,87 km.

13.- Barranco Agua de Dios (Tegueste), 4,01 km.

14.- Barranco Lomo de los Pastores (Puerto de la Cruz-La Orotava), 4,26 km.

15.- Barranco Martiánez (La Orotava), 12,41 km.

16.- Barranco Palo Blanco (Los Realejos),4,96 km.

17.- Barranco La Herrera (La Guancha), 2,33 km.

18.- Barranco del Preceptor (Icod de los Vinos), 3,77 km.

19.- Barranco La Hoya (Garachico), 0,50 km.

20.- Barranco de Blas (Los Silos), 0,65 km.

21.- Barranco Archipenque (Santiago del Teide), 0,84 km.

22.- Barranco de Guía (Guía de Isora), 1,19 km.

23.- Barranco La Carnada (Arona), 1,49 km.

24.- Barranco de Aquilino (Arona), 2,75 km.

25.- Barranco Los Mogotes y Las Arenitas (Arona), 2,28 km.

26.- Barranco Cha Joaquina (Granadilla de Abona), 2,82 km.

27.- Barranco de la Barca (Granadilla de Abona), 1,78 km.

28.- Barranco de Castro Nuevo (Granadilla de Abona), 0,99 km.

29.- Barranco Los Guirres (Candelaria), 1,50 km.

30.- Barranco de Almeyda (Santa Cruz de Tenerife), 3,36 km

Al menos 180 personas han muerto y más de 1.300 están desaparecidas o sin contacto tras las violentas inundaciones repentinas que golpearon este miércoles ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China), arrastrando puentes, cortando carreteras y dañando infraestructuras hidroeléctricas. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este jueves de que al menos hay cuatro españoles sin localizar.

Albares ha subrayado también que no consta que haya fallecidos españoles, pero ha pedido a familiares y amigos de ciudadanos que sepan o que hayan estado en la zona siniestrada para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto con la Unidad de Emergencia Consular o los servicios centrales en Madrid.

En un audio remitido a los medios, el ministro ha recordado que el Consulado Honorario de España en Nepal, la Embajada española en Nueva Delhi y el consulado general en Pekín “están plenamente movilizados para atender a los españoles”, al tiempo que ha subrayado que los teléfonos consulares están disponibles en sus redes sociales o en las del Ministerio.

El último balance de fallecidos habla de 177 en el lado nepalí y 3 en el chino. A ello se suman más de 826 desaparecidos en Nepal y 558 en China. Ambos países no han establecido por el momento un mando unificado de atención a la crisis y mantienen un conteo separado de posibles víctimas

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, una de las zonas más golpeadas es el puesto fronterizo entre ambos países. Entre los desaparecidos en Nepal figuran 28 agentes pertenecientes a puestos fronterizos del distrito de Rasuwa, donde solo 36 de los 64 efectivos asignados han podido ser contactados.

Las administraciones locales reciben de forma constante reportes de comunidades de distritos como Dolakha, Ramechhap o Madhesh que dan por desaparecidos a decenas de sus vecinos trasladados a Rasuwa por trabajo o por motivos de peregrinación.

Por su parte, el número de desaparecidos en territorio chino tras la violenta riada en el condado tibetano de Gyirong aumentó a 558, entre los que se contabilizan 260 extranjeros, según difundió el medio estatal CCTV.

El recuento en el lado chino mantiene en tres la cifra de fallecidos y señala que los equipos de emergencia lograron evacuar a más de 360 residentes a zonas seguras.

Las operaciones de auxilio en la región continúan complicándose por los graves daños registrados en la red de carreteras, el riesgo persistente de nuevos desprendimientos debido al mal tiempo y las interrupciones en los sistemas de comunicaciones.

El director general de la compañía Touch Kailash Travels, Bashu Kumar Adhikari, dijo que se ha perdido el contacto con 390 personas que se encontraban en Nepal camino de cruzar hacia el Tíbet para participar en el Kailash Mansarovar Yatra, una peregrinación sagrada.

“La mayoría son indios. Sus identidades aún no han sido verificadas”, afirmó.

Entre los extranjeros desaparecidos figuran 133 indios, 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos, 24 canadienses, 19 malasios, siete ucranianos, seis singapurenses, seis sudafricanos, cinco japoneses, cinco neozelandeses, cuatro alemanes, tres franceses, dos irlandeses, dos neerlandeses, dos rusos y dos españoles.

El portavoz del Ejército de Nepal, Rajaram Basnet, declaró a EFE que al menos 29 personas habían sido rescatadas tras el desbordamiento del río Bhote Koshi.

Basnet señaló que se desplegaron seis helicópteros del Ejército y otros ocho operados por empresas privadas para las labores de búsqueda y rescate.

“Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables”, afirmó.

Al menos 27 puentes fueron destruidos y una central hidroeléctrica sufrió graves daños.

La riada causó, además, “serios daños” a las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, cuya construcción acababa de concluir y que tenía previsto iniciar pruebas en los próximos días, según declaró el director del proyecto, Bijay Mohan Bhattarai, al periódico Kathmandu Post.

Bhattarai añadió que se perdió el contacto con unas 60 personas que trabajaban en uno de los túneles del proyecto.

La riada golpeó a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa, donde afectó a pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas e interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 (las 4:30 en España) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

Miles de personas viajan cada año al monte Kailash y al lago Mansarovar, en el Tíbet, durante una peregrinación considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en sus siglas en inglés) determinó que el evento, registrado inicialmente este miércoles como un terremoto de magnitud 4.4 en Nepal, fue en realidad generado por un deslizamiento de tierra.

El USGS explicó en una actualización que un análisis adicional de las ondas sísmicas de largo período mostró que la energía sísmica no fue producida por un terremoto.

El Servicio Geológico actualizó el evento a magnitud 5.2, clasificado como deslizamiento, y situó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari, en Nepal. La ubicación fue estimada a partir de imágenes satelitales, detalló.

Una fuerte tormenta con granizada ha dejado calles llenas de agua y pasos inundados en Tarragona, además de daños materiales en algunos campings de la zona. Las lluvias más intensas han durado pocos minutos, pero han sido suficientes para que el agua bajara por calles de barrios tarraconenses del Serrallo, Sant Pere y Gravina. La granizada ha llegado a romper cristales de ventanas y los vientos han tumbado árboles y farolas.

Las tormentas han dejado 88 litros en tres horas en Vinyols i els Arcas (38 litros en 30 minutos) y 77 en tres horas en Tarragona (34 en 30 minutos). Igualmente, se han registrado rachas de viento de 117 km/h en Lac Redon.

Además, las líneas R14, R15, R16, R17, RT-1 y RT-2 han quedado cortadas entre Móra la Nova y Reus debido a la lluvia, aunque se empezaron a recuperar poco antes de las 22h del lunes. Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera en la R15. Este martes, el servicio ha arrancado con normalidad.

Entre las 17 y las 20:30 horas, los Bomberos han recibido 491 avisos por las tormentas, de los que 439 en la región de emergencia de Tarragona, 23 en Torredembarra, 20 de Cambrils y 14 de Salou y Reus. El SEM ha tenido que atender a 30 personas. De ellas, cuatro han sido atendidas y trasladadas al hospital, aunque ninguno de los heridos está en estado grave.

La mayoría de las incidencias han sido árboles y ramas tumbadas, pequeñas inundaciones e incidencias eléctricas. El Servicio Meteorológico ya había advertido que se podían producir tormentas intensas con piedra, rachas fuertes de viento y chasquidos o tornados en varios puntos del Camp de Tarragona y del Penedès, tal y como ya ocurrió en la madrugada de este sábado. En Tarragona y el Vendrell, los Bomberos también han asistido a personas atrapadas en los coches debido a la acumulación de agua.

Con todo, el Ayuntamiento de Tarragona ha informado de que el temporal ha provocado diversas afectaciones a la movilidad en diferentes puntos de la ciudad. Entre las zonas más afectadas están la calle Cigonya, la avenida Vidal i Barraquer, el Polígon Francolí, el barrio del Serrallo, las zonas de playa, el Polígono Entrevies, el cruce entre Torreforta y la C-31B, el Pont de Santa Tecla y la N-340 en Bonavista.

Igualmente, se han cerrado los parques y se ha procedido a retirar los árboles que han quedado en pie, pero podrían resultar peligrosos. El Ayuntamiento pidió durante la noche del lunes que se evitaran los desplazamientos innecesarios porque la situación de tiempo violento ha seguido activa hasta las 2 de la madrugada del martes. .

El teléfono 112 ha recibido un total de 886 llamadas. 630 de ellas han sido en Tarragona. También se han recibido alertas desde Barcelona (28) y Lleida (32)-

Desde la activación de la alerta del plan Inuncat en Catalunya el pasado jueves 20 de agosto y hasta las 19:30 del lunes, el SEM ha recibido 64 alertas, con un total de 59 personas afectadas. 14 de ellas han sido atendidas y trasladadas.

Las intensas lluvias registradas esta madrugada en el Baix Penedès y el norte del Tarragonès han dejado al menos once heridos. De estas, tres personas han quedado atrapadas cuando ha cedido un muro en el Puerto de Roda de Berà, una de ellas en estado crítico y grave, según han informado los Bomberos y el SEM, que recibieron el aviso poco después de las dos de la madrugada. Además, las fuertes precipitaciones han obligado también a desalojar el camping Arc de Berà y una discoteca de El Vendrell.

Un autobús se ha llevado a un centenar de jóvenes hacia la escuela Pla de Mar, donde se ha abierto un centro de acogida. También se han montado centros en el polideportivo de Roda de Berà y en el casal municipal de Creixell. Estos son los tres municipios más afectados por las lluvias, junto a Torredembarra.

Las lluvias han dejado alrededor de 140 litros por metro cuadrado en El Vendrell y Torredembarra entre las 22 horas y las 6 de la mañana, pero en algunos puntos se han superado los 200 litros, según ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya. La zona más afectada es el litoral norte del Tarragonès y especialmente el sur del Baix Penedès. En El Vendrell, han caído 100 litros en sólo tres horas.

El teléfono 112 ha recibido más de 800 llamadas. Los Bomberos atendieron 192 avisos durante la noche. En El Vendrell, la parte más afectada es la fachada marítima, con inundaciones de bajos. El agua ha entrado en los vestíbulos de algunos hoteles.

El alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez, ha explicado que ha sido una “noche muy larga”, ya que empezó a llover fuerte sobre las doce, aunque se detuvo. Entre la una y las cuatro de la madrugada la precipitación ha continuado de forma muy intensa hasta acumularse más de 130 litros. Según el alcalde, toda la franja marítima, con las rieras, ha quedado “desbordada”.

Además, la circulación ferroviaria ha quedado interrumpida en las líneas R2 Sur, R4, R13, R14, R15, R16, R17 y RT2 por inundación en la estación de Sant Vicenç de Calders. Pasadas las 9 de la mañana se ha restablecido con horarios alterados. Hay un carril cortado en la AP-7 en sentido sur en Riera de Gaià y en algunos momentos se ha cortado la N-340 por inundación.

El trauma infantil de la psiquiatra Belén González ocurrió el día que cumplió cinco años, el 7 de agosto de 1994. Un incendio forestal arrasó cerca de 14.000 hectáreas y marcó para siempre a la población de Yeste (Albacete), a la que ella pertenece. Tres décadas después, González repasa el impacto que tuvieron las llamas sobre ella, su familia y todo su pueblo: “Pasamos un duelo relacionado con ver todo nuestro hogar, la Sierra del Segura, calcinado; ver que estábamos muy solos, nadie hablaba entonces de los incendios. Y ver cómo hacer, cómo colaborar en revertir el dolor que había supuesto aquello, cómo transitar el enfado por la inacción, acompañarse en la comunidad para cuidarnos entre todos, fue dificilísimo”.

En su momento, no hubo un acompañamiento psicológico para quienes vivían en el territorio afectado por el fuego ni medidas estructurales para evitar que se repitiera la catástrofe: “De nada sirve que a mí me dijeran que tenía una depresión infantil secundaria, lo que pasaba era que estaba muy triste porque se había quemado mi pueblo, mi sierra”, rememora González.

Hoy, como comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad desde 2024, esta médica ha impulsado la Unidad de Salud Mental de Emergencias, que moviliza a 52 profesionales para dar asistencia psicológica continuada a las víctimas de desastres como incendios o inundaciones. La primera intervención tuvo lugar con personas impactadas por la dana de 2024. Desde hace un año, opera un servicio con 12 equipos en Valencia y uno en Letur. La respuesta, según González, “está siendo increíble”, a juzgar por las cartas de agradecimiento que envían las asociaciones de víctimas a su departamento. Y asegura que la unidad se estructurará para acompañar en el duelo colectivo tras otras situaciones de desastre, pero no poniendo el foco en lo individual, sino siempre desde una perspectiva comunitaria y psicosocial.

Defiende cambiar de perspectiva para abordar el problema de la crisis climática y sus impactos en la salud mental, por ejemplo rechazando el término ‘ecoansiedad’. ¿Por qué?

Tenemos que entender esa ansiedad como una alarma que el cuerpo nos da para ponernos sobre aviso de que algún problema está ocurriendo. Nos informa de manera que tenemos que dirigir la mirada hacia cuál es ese problema para poder solucionarlo. Para eso sirve la ansiedad. Y es muy útil si lo entendemos con el sentido que tiene. El problema es la crisis climática que estamos viviendo. Y esa ansiedad es perfectamente comprensible. No hace falta convertirla en un diagnóstico, la podemos entender todos. Si viene una ola de calor y la anuncian en televisión y sabemos que vamos a tener que quedarnos encerrados en casa y que salir va a ser un infierno, por supuesto que nos va a entrar angustia, pero es una angustia perfectamente comprensible y razonable.

Lo que hace falta es solucionar el problema, poner en marcha medidas estructurales para, por ejemplo, que todas las casas dispongan de aire acondicionado o sistemas de refrigeración, que haya refugios climáticos, que las ciudades tengan suficientes espacios verdes para refrigerar la propia ciudad y que no se conviertan en islas de calor, que se determinen políticas para la construcción de nuevas viviendas, para reformar viviendas y que nos protejan más de estos cambios de temperatura tan dañinos.

Imaginemos que hay mucho paro. En esa situación nos podemos angustiar, y hablar mucho del paro y nos vamos a poner mal por ello. Entonces podemos hacer dos cosas: decir que tenemos 'paroansiedad' o hacer una huelga. Si decimos que tenemos 'paroansiedad', el resultado será que vamos a ir a terapia o vamos a recibir psicofármacos. Si hacemos una huelga, puede haber un cambio estructural.

Hoy en día la ansiedad que vivimos relacionada con la crisis climática ya no es una proyección, una falta de perspectiva de futuro. También los acontecimientos climáticos extremos que vivimos provocan ese pavor. ¿Tienen el mismo tipo de impacto a nivel psicológico?

Efectivamente. Hay dos maneras de enfocarlo. Por un lado, está lo que tiene que ver con este término de ‘ecoansiedad’: la angustia que nos produce la perspectiva de los desastres y del mundo que vamos a tener que afrontar debido a la crisis climática. No se puede quedar en ese término de concienciación y en un término diagnóstico, sino que debería llevarnos a identificar los problemas y a reivindicar soluciones para esos problemas que nos provocan esa angustia. Por otro lado, habría una serie de cuestiones más inmediatas que ya están ocurriendo y que producen un incremento de problemas de salud mental: los incendios y las inundaciones, que son catástrofes vinculadas a la crisis climática; las sequías y las olas de calor, que no son exactamente catástrofes porque no ocurren de manera repentina y no producen este desbordamiento de la capacidad de respuesta de las poblaciones y las comunidades, pero sí que tienen un efecto importante.

Las primeras, los incendios y las inundaciones, cuando se manifiestan en forma de catástrofes, pueden producir muchos muertos, como fue el caso de la dana de Valencia o los que estamos contando ahora dentro de los últimos incendios de este mismo año. No solamente producen fallecidos directos por el propio evento, sino que además producen una destrucción del medio que tiene un impacto económico, material y emocional también. Se forma toda una complejidad del sistema en la que termina habiendo un impacto emocional muy alto, como, por ejemplo, el que estamos viendo en Valencia y en Letur, con una afectación de duelo colectivo, complicado de transitar. Para eso sí hay que poner apoyos y podemos hacer una intervención directa desde la perspectiva de salud mental, pero siempre desde lo psicosocial y comunitario.

Imaginemos que hay mucho paro. Podemos hacer dos cosas: decir que tenemos 'paroansiedad' o hacer una huelga. Si decimos que tenemos 'paroansiedad', el resultado será que vamos a ir a terapia o vamos a recibir psicofármacos. Si hacemos una huelga, puede haber un cambio estructural

Belén González — Comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad

Esto lo que quiere decir es que no debemos patologizar —no debemos convertir en una enfermedad— las reacciones emocionales después de una catástrofe.

Por ejemplo, después del huracán Katrina hubo un estudio que determinó que más del 90% de la población tenía un trastorno de estrés postraumático y nosotros decíamos: “¿Y qué le pasa al otro porcentaje de la población?”. Quienes me preocupan son aquellos que no están durmiendo mal, que no tienen pensamientos intrusivos, que están completamente tranquilos, felices y teniendo una vida normal después de eso.

Incluso sin haber sufrido una catástrofe directamente también podemos sufrir ansiedad por ser conscientes de lo que ocurre y lo que viene. ¿Cuál es el riesgo de patologizar ese malestar?

Cuando patologizamos algo lo que venimos a decir es que alguien está teniendo una reacción no adaptada, digamos, o que excede una respuesta normal a las circunstancias. Y ahora mismo cualquier reacción emocional que tengamos frente a la crisis climática no va a exceder el problema que tenemos. Estamos batiendo récords constantemente, estamos viviendo año a año el empeoramiento de las circunstancias. Si lo nombramos ‘ecoansiedad’ lo que decimos es que estamos teniendo una reacción patológica a unas circunstancias. Si decimos “el problema lo tenemos nosotros, que estamos teniendo una reacción patológica”, habrá que tratar esta reacción patológica. Si lo que decimos es “estamos teniendo una reacción proporcional al problema que estamos viviendo, y hay que tomar unas medidas drásticas y que probablemente no tengan precedentes para poder abordar esta situación”, entonces el problema lo estamos poniendo donde tiene que estar y el tratamiento lo ponemos donde tiene que estar: en el abordaje de las cuestiones estructurales que pueden hacer que estemos más protegidos frente a lo que ya está ocurriendo y que puedan ralentizar o revertir ese cambio que prevemos que ocurra.

¿Hoy en día cómo se aborda en consulta?

Clínicamente no aparece esto mucho en consulta, sino que es más un término que se utiliza para nombrar la angustia dentro de, sobre todo, colectivos activistas. No parece que de momento sea un problema que esté llegando a consultas en forma clínicamente significativa. A veces los términos de salud mental se utilizan para explicar absolutamente todos los sufrimientos que nos provoca el mundo actual. Es normal que utilicemos términos diagnósticos para nombrar angustias que tienen que ver con lo cotidiano de la vida de cada uno y a veces eso cotidiano es un activismo contra el cambio climático.

Pero hay que entender que no es una enfermedad. Sabemos que en olas de calor aumentan un 43% los diagnósticos de ansiedad, un 26% los de depresión y las incapacidades temporales por ansiedad un 65%. Y esto tiene un gradiente social. No es lo mismo que yo pueda venir a un despacho con aire acondicionado a quien que tenga que trabajar en plena calle. Y la persona que tiene un aire acondicionado en casa y puede hacer teletrabajo tranquilamente y mantenerse ahí refugiado va a tener mucha menos ansiedad que el que tiene un hijo pequeño, tiene que salir a la compra sí o sí, tiene que ir a trabajar y además no ha dormido porque no tiene aire acondicionado en casa. No hay patología aquí, no hay enfermedad, no es un problema de salud mental: es un enorme problema social que tenemos que abordar de forma estructural y colectiva.

No es justo que les estemos colocando este diagnóstico precisamente a quienes están luchando con más fuerza y con más inversión por revertir esta situación y que los demás se desentiendan y digan: “Ah, no, es que estos están exagerando. Es que fíjate, están malitos y por eso se ponen así”. No, no están malitos y se ponen así. Es que el problema es de unas proporciones que necesita intervenciones sin precedentes.

¿Y a qué responde esta respuesta por parte de algunos medios, que abrazan este enfoque? ¿Es cultural? ¿Es un mecanismo psicológico el aferrarse a ese argumento?

Es multidimensional, como todas las cosas sociales y complejas. Creo que, por una parte, estaría la tendencia a explicarlo todo y cualquier tipo de sufrimiento a través de la salud mental, que se está convirtiendo ahora mismo en un problema en sí mismo porque no nos está dejando ver el origen. No nos está dejando ver cuál es realmente el problema para poder solucionarlo. Cuando ponemos un diagnóstico, dejamos de buscar qué es lo que hay detrás de ese diagnóstico.

Otra de las explicaciones es que a los grandes responsables de la crisis climática y a quienes tienen que poner medidas contundentes y quienes más tienen que perder con esas medidas les interesa mucho que esto se convierta en un problema de salud mental, en la ansiedad de algunos que están por ahí y que están teniendo reacciones desproporcionadas.

El Govern activarà aquest dissabte el pla Inunbal davant l'inici de l'època de danes i tempestes “més virulentes, violentes i freqüents” per l'escalfament de la mar i el risc d'inundacions com les que es varen produir l'any passat a Eivissa.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha explicat aquest divendres en una roda de premsa que s'han preparat diferents protocols perquè la ciutadania sàpiga com actuar en diferents àmbits com comerços, centres escolars o camps de futbol.

El pla s'activarà en fase de prealerta, la qual cosa implica compartir informació, analitzar previsions meteorològiques i revisar mecanismes de comunicació, de manera que, “si arriba una situació adversa”, la resposta sigui “ràpida i coordinada”.

Prohens ha destacat la importància d'“inculcar la cultura de l'autoprotecció” i de “ser conscients del risc que té” viure a les Balears. En aquest sentit, ha assenyalat que el perill més gran de l'arxipèlag són les inundacions.

Segons ha explicat, el motiu és que la mar està “molt calenta”, amb una temperatura superior als 30 graus, cosa que “anticipa fenòmens més violents”.

Amb la prealerta del pla d'Inunbal, el Govern ha sol·licitat informació als principals investigadors i institucions científiques de les Balears, com la Universitat de les Illes Balears (UIB), l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) o el Consell Assessor del Canvi Climàtic.

Prohens ha indicat que els experts avisen que l'escalfament no només afecta la superfície, sinó que s'està produint cada vegada a més profunditat, relacionat amb onades de calor més intenses i prolongades i amb una acceleració dels efectes del canvi climàtic a la Mediterrània.

Davant l'arribada de l'època de danes, tempestes i possibles inundacions, Prohens ha afegit que “el risc zero no existeix” i que el sistema ES-Alert està “perfectament” implantat.

Neteja de torrents

Una de les actuacions del Govern per evitar possibles inundacions és el manteniment i la neteja de torrents. En concret, el Govern ha actuat sobre 486 quilòmetres de torrents a les Illes.

Així mateix, l'Executiu balear ha destinat una línia de 300.000 euros en ajudes a propietaris de finques confrontants amb torrents perquè puguin netejar els seus trams.

El ritme d'actuació també s'ha incrementat aquest any. En concret, mentre l'any passat a hores d'ara s'havia actuat sobre 50 quilòmetres, a finals del passat mes de juliol ja s'havia intervingut sobre 67 quilòmetres.

Protocols

Prohens ha indicat que s'han desenvolupat diversos protocols per a l'autoprotecció dels ciutadans. Un d'ells, en centres educatius, que es començarà a aplicar a partir del curs 2026-2027 i que defineix les actuacions abans, durant i després de l'emergència.

També es posarà en marxa 'Educació X Emergències', que convertirà les Balears en la primera comunitat autònoma a desenvolupar aquest model formatiu de manera coordinada entre el sistema educatiu i Protecció Civil.

En l'àmbit comercial, s'ha elaborat una guia pràctica davant pluges intenses, tempestes i inundacions, amb indicacions en un “cartell pràctic” sobre com actuar abans, durant i després d'un episodi advers per protegir les persones, els establiments i les instal·lacions.

Per altra banda, Emergències i la Federació Balear de Futbol han desenvolupat un protocol d'actuació en estadis davant alertes de protecció civil. Prohens ha informat que aquest protocol es preveu ampliar a altres modalitats esportives que es practiquin a l'aire lliure.

Finalment, el Govern ha iniciat una nova campanya institucional de conscienciació i autoprotecció sota el lema 'La millor protecció comença abans de la tempesta', que utilitza il·lustracions i infografies amb un llenguatge senzill i accessible per recordar a la ciutadania quines mesures pot adoptar abans que arribi un episodi meteorològic advers.

“No podem evitar que es produeixin aquests fenòmens, però sí que podem fer tot el que estigui a les nostres mans per oferir la màxima protecció i seguretat als ciutadans i minimitzar-ne els efectes”, ha apuntat Prohens.

Ampliació de la xarxa TetraIB

Quant a innovació i comunicacions d'emergències, l'Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions (IB Digital) ha continuat ampliant la xarxa pública d'emergències TetraIB, després d'instal·lar 30 antenes.

A més, l'Agència disposa de tres estacions de comunicacions transportables que poden portar cobertura a qualsevol punt de les Illes en cas d'emergència.

A l'inici del projecte, la cobertura a l'arxipèlag era del 83,7 per cent i, amb les actuacions executades, la cobertura exterior assoleix el 91,2 per cent del territori i, en el cas de les zones poblades, el 98,6 per cent.

El Govern activará este sábado el plan Inunbal ante el inicio de la época de danas y tormentas “más virulentas, violentas y frecuentes” por el calentamiento del mar y el riesgo de inundaciones como las que se produjeron el año pasado en Eivissa.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que se han preparado distintos protocolos para que la ciudadanía sepa cómo actuar en diferentes ámbitos como comercios, centros escolares o campos de fútbol.

El plan se activará en fase de prealerta, lo que implica compartir información, analizar previsiones meteorológicas y revisar mecanismos de comunicación, de manera que, “si llega una situación adversa”, la respuesta sea “rápida y coordinada”.

Prohens ha destacado la importancia de “inculcar la cultura de la autoprotección” y de “ser conscientes del riesgo que tiene” vivir en Balears. En este sentido, ha señalado que el mayor peligro del archipiélago son las inundaciones.

Según ha explicado, esto se debe a que el mar está “muy caliente”, con una temperatura superior a los 30 grados, algo que “anticipa fenómenos más violentos”.

Con la prealerta del plan de Inunbal, el Govern ha solicitado información a los principales investigadores e instituciones científicas de Balears, como la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o el Consejo Asesor del Cambio Climático.

Prohens ha indicado que los expertos avisan que el calentamiento no solo afecta a la superficie, sino que se está produciendo cada vez a mayor profundidad, relacionado con olas de calor más intensas y prolongadas y con una aceleración de los efectos del cambio climático en el Mediterráneo.

Ante la llegada de la época de danas, tormentas y posibles inundaciones, Prohens ha añadido que “el riesgo cero no existe” y que el sistema ES-Alert está “perfectamente” implantado.

Limpieza de torrentes

Una de las actuaciones del Govern para evitar posibles inundaciones es el mantenimiento y la limpieza de torrentes. En concreto, el Govern ha actuado sobre 486 kilómetros de torrentes en las Islas.

Asimismo el Ejecutivo balear ha destinado una línea de 300.000 euros en ayudas a propietarios de fincas colindantes con torrentes para que puedan realizar la limpieza de sus tramos.

El ritmo de actuación también se ha incrementado este año. En concreto, mientras el año pasado a estas alturas se había actuado sobre 50 kilómetros, a finales del pasado mes de julio ya se había intervenido sobre 67 kilómetros.

Protocolos

Prohens ha indicado que se han desarrollado varios protocolos para la autoprotección de los ciudadanos. Uno de ellos, en centros educativos, que se comenzará a aplicar a partir del curso 2026-2027 y que define las actuaciones antes, durante y después de la emergencia.

También se pondrá en marcha 'Educación X Emergencias', que convertirá a Balears en la primera comunidad autónoma en desarrollar este modelo formativo de manera coordinada entre el sistema educativo y Protección Civil.

En el ámbito comercial, se ha elaborado una guía práctica ante lluvias intensas, tormentas e inundaciones, con indicaciones en un “cartel práctico” sobre cómo actuar antes, durante y después de un episodio adverso para proteger a las personas, los establecimientos y las instalaciones.

Por otro lado, Emergencias y la Federación Balear de Fútbol han desarrollado un protocolo de actuación en estadios ante alertas de protección civil. Prohens ha informado que este protocolo se prevé ampliar a otras modalidades deportivas que se practiquen al aire libre.

Finalmente, el Govern ha iniciado una nueva campaña institucional de concienciación y autoprotección bajo el lema 'La mejor protección empieza antes de la tormenta', que utiliza ilustraciones e infografías con un lenguaje sencillo y accesible para recordar a la ciudadanía qué medidas puede adoptar antes de que llegue un episodio meteorológico adverso.

“No podemos evitar que se produzcan estos fenómenos, pero sí podemos hacer todo lo que está en nuestras manos para ofrecer la máxima protección y seguridad a los ciudadanos y minimizar sus efectos”, ha apuntado Prohens.

Ampliación de la red TetraIB

En cuanto a innovación y comunicaciones de emergencias, la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) ha continuado ampliando la red pública de emergencias TetraIB, tras instalar 30 antenas.

Además, la Agencia cuenta con tres estaciones de comunicaciones transportables que pueden llevar cobertura a cualquier punto de las Islas en caso de emergencia.

Al inicio del proyecto, la cobertura en el archipiélago era del 83,7 por ciento y, con las actuaciones ejecutadas, la cobertura exterior alcanza el 91,2 por ciento del territorio y, en el caso de las zonas pobladas, el 98,6 por ciento.

La Generalitat Valenciana eliminarà la canya invasora en 400 hectàrees de les conques dels barrancs de Poio, Túria, Magre i Picassent —l’equivalent a uns 570 camps de futbol— i plantarà uns 400.000 arbres i plantes amb l’objectiu de renaturalitzar l’entorn i augmentar la resiliència d’aquestes conques davant d’incendis i riuades.

L’actuació impulsada pel Govern valencià persegueix un doble objectiu: d’una banda, augmentar la resistència davant dels incendis, que la presència de canyes agreuja pel caràcter inflamable de les seues fulles seques i tiges buides; de l’altra, augmentar la capacitat hidrològica d’aquests llits en substituir aquesta espècie invasora per vegetació autòctona de bosc de ribera, fet que millora la capacitat d’infiltració davant de futures avingudes d’aigua.

Raúl Mérida, comissionat autonòmic per a la Recuperació, ha destacat que la Generalitat durà a terme el projecte més gran de neteja de canyes i renaturalització de llits en l’àmbit estatal als barrancs de Poio i Picassent i als rius Túria i Magre “per a incrementar la capacitat hidràulica d’aquestes conques i habilitar zones verdes de passeig, oci i contacte amb la natura obertes a la ciutadania”.

Els treballs suposaran una inversió de 56,4 milions d’euros a càrrec de la Generalitat en aquesta primera fase i les tasques s’estendran al llarg de llits de rius i barrancs que travessen un total de 53 termes municipals.

Així, l’actuació beneficiarà onze municipis a la conca del Poio —Chiva, Cheste, Riba-roja, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Torrent, Picanya, Paiporta, Catarroja i Massanassa—; catorze a la conca del Túria —Calles, Domeño, Loriguilla, Sot de Chera, Chulilla, Gestalgar, Bugarra, Pedralba, Vilamarxant, Benaguasil, Riba-roja, Paterna, Manises i Quart de Poblet—; 23 a la conca del Magre —Alborache, Alfarb, Algemesí, Buñol, Camporrobles, Carlet, Catadau, Caudete de las Fuentes, Dos Aguas, Fuenterrobles, Guadassuar, l’Alcúdia, Llombai, Macastre, Montroi, Montserrat, Real, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Turís, Utiel i Yátova—, i tres al barranc de Picassent —Picassent, Alcàsser i Beniparrell—.

Durant la dana es van generar més d’un milió de tones de residus, incloses més de 20.000 tones de canyes que les inundacions van arrossegar. La Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació va retirar i va gestionar aquestes restes en el que va representar la partida pressupostària més gran de la reconstrucció, amb 225 milions d’euros.

“L’experiència ens ha ensenyat que cal mantindre la regulació hidrològica dels llits i, per a això, és necessari retirar els arbres danyats i els obstacles per a millorar la seua coberta vegetal i dur a terme un pla integral d’erradicació de la canya invasora”, ha assenyalat Mérida.

Per això, des de la Generalitat —encara que la competència sobre els llits correspon a l’Administració General de l’Estat— s’ha decidit fer un pas endavant i es procedirà a la neteja i renaturalització de 160 quilòmetres de llits, especialment en aquelles zones on no ha actuat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ). “A més de netejar els llits per a augmentar la seua capacitat hidràulica i la seua resistència al foc, també volem reconciliar la ciutadania amb els seus barrancs i riberes, que tornen a percebre’ls com espais verds segurs que, a més, ofereixen alternatives d’oci i esbarjo”, ha explicat Raúl Mérida.

Aquesta actuació s’emmarca en el Pla Endavant, que preveu 343 mesures per a impulsar la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana i la creació de millors condicions per a afrontar futurs episodis climatològics extrems.

Barrancs T500 en una segona fase

La Generalitat preveu actuar en aquesta primera fase a les conques del Túria, Magre, Poio i Picassent que van resultar afectades per la dana, per a ampliar posteriorment l’actuació.

La perillositat d’una inundació a causa del desbordament d’un determinat barranc o llit es mesura en tres nivells de probabilitat estadística de freqüència: període de retorn de deu anys —T10, alta probabilitat—, 100 anys —T100, probabilitat mitjana— i 500 anys —T500, baixa probabilitat—, segons el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables del Miteco.

Els barrancs de Poio o del Pozalet, per exemple, se situen en un escenari entre T50 i T75, mentre que altres barrancs, com el Carraixet, se situen en T500. El terme T500 indica un escenari d’avinguda extraordinària amb un període de retorn de 500 anys, és a dir, una probabilitat d’1/500.

La Generalitat Valenciana eliminará la caña invasora en 400 hectáreas de cuencas de los barrancos del Poyo, Túria, Magro y Picassent —el equivalente a unos 570 campos de fútbol— y plantará unos 400.000 árboles y plantas con el objetivo de renaturalizar el entorno y aumentar la resiliencia de estas cuencas frente a incendios y riadas.

La actuación impulsada por el Gobierno valenciano persigue un doble objetivo: por un lado, aumentar la resistencia frente a incendios, que la presencia de cañas agrava por el carácter inflamable de sus hojas secas y tallos huecos; por otro lado, aumentar la capacidad hidrológica de estos cauces al sustituir esta especie invasora por vegetación autóctona de bosque de ribera, lo que mejora la capacidad de infiltración ante futuras avenidas de agua.

Raúl Mérida, comisionado autonómico para la Recuperación, ha destacado que la Generalitat va a llevar a cabo el mayor proyecto de limpieza de cañas y renaturalización de cauces en el ámbito estatal en los barrancos del Poyo y Picassent y en los ríos Túria y Magro “para incrementar la capacidad hidráulica de estas cuencas y habilitar zonas verdes de paseo, ocio y contacto con la naturaleza abiertas a la ciudadanía”.

Los trabajos supondrán una inversión de 56,4 millones de euros a cargo de la Generalitat en esta primera fase y las labores se extenderán a lo largo de lechos de ríos y barrancos que atraviesan un total de 53 términos municipales.

Así, la actuación beneficiará a 11 municipios en la cuenca del Poyo (Chiva, Cheste, Riba-roja, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Torrent, Picanya, Paiporta, Catarroja y Massanassa); 14 en la cuenca del Túria (Calles, Domeño, Loriguilla, Sot de Chera, Chulilla, Gestalgar, Bugarra, Pedralba, Vilamarxant, Benaguasil, Riba-roja, Paterna, Manises y Quart de Poblet); 23 en la cuenca del Magro (Alborache, Alfarb, Algemesí, Buñol, Camporrobles, Carlet, Catadau, Caudete de las Fuentes, Dos Aguas, Fuenterrobles, Guadassuar, l'Alcúdia, Llombai, Macastre, Montroi, Montserrat, Real, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Turís, Utiel y Yátova) y tres en el barranco de Picassent (Picassent, Alcàsser y Beniparrell).

Durante la dana se generaron más de un millón de toneladas de residuos, incluidas más de 20.000 toneladas de cañas que las inundaciones arrastraron. La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación retiró y gestionó estos restos en lo que representó la partida presupuestaria más grande de la reconstrucción, con 225 millones de euros.

“La experiencia nos ha enseñado que hay que mantener la regulación hidrológica de los cauces y para ello es necesario retirar los árboles dañados y obstáculos para mejorar su cubierta vegetal y llevar a cabo un plan integral de erradicación de caña invasora”, ha señalado Mérida.

Por ello, desde la Generalitat —si bien la competencia sobre los cauces corresponde a la Administración General del Estado— se ha decidido dar un paso adelante y se procederá a la limpieza y renaturalización de 160 kilómetros de cauces, especialmente en aquellas zonas donde no ha actuado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

“Además de limpiar los cauces para aumentar su capacidad hidráulica y su resistencia al fuego, también queremos reconciliar a la ciudadanía con sus barrancos y riberas, que vuelvan a percibirlos como espacios verdes seguros que además ofrecen alternativas de ocio y esparcimiento”, ha explicado Raúl Mérida.

Esta actuación se enmarca en el Plan Endavant, que prevé 343 medidas para impulsar la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana y la creación de mejores condiciones para afrontar futuros eventos climatológicos extremos.

Barrancos T500 en una segunda fase

La Generalitat prevé actuar en esta primera fase en las cuencas del Túria, Magro, Poyo y Picassent que resultaron afectadas por la dana para ampliar la actuación posteriormente.

La peligrosidad de una inundación a causa del desbordamiento de un determinado barranco o cauce se mide en tres niveles de probabilidad estadística de frecuencia: periodo de retorno de 10 años (T10, alta probabilidad), 100 años (T100, probabilidad media) y 500 años (T500, baja probabilidad), según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Miteco.

Los barrancos del Poyo o del Pozalet, por ejemplo, se sitúan en un escenario entre T50 y T75, mientras que otros barrancos, como el Carraixet, se sitúan en T500. El término T500 indica un escenario de avenida extraordinaria con un período de retorno de 500 años, es decir, una probabilidad de 1/500.

Tenía 16 años cuando una avenida torrencial del barranco de Arás arrasó el camping Las Nieves de Biescas, el 7 de agosto de 1996. Aquella tarde, perdió a sus padres y a sus dos hermanos. Treinta años después, Sergio Murillo, que vive en Pamplona con su mujer y sus hijos, habla con serenidad, aunque reconoce que cada aniversario vuelve a removerle. Arquitecto, padre de familia y una de las voces que más perseveró durante la larga batalla judicial para demostrar que la tragedia era previsible y evitable, sostiene que el mayor homenaje a las víctimas consiste en no olvidar nunca lo ocurrido.

Murillo reivindica la responsabilidad de las administraciones, teme que las lecciones de Biescas vuelvan a caer en el olvido y defiende que la memoria de las 87 víctimas es la mejor herramienta para evitar nuevas tragedias.

Se cumplen 30 años del 7 de agosto de 1996 y, como superviviente de la tragedia de Biescas, tiene que regresar inevitablemente a aquel día. ¿Alguna vez ha conseguido salir realmente de él?

Siempre lo llevas contigo. Hay épocas en las que convives mejor con ello y otras en las que cualquier recuerdo vuelve a removerte. Cuando ocurre una tragedia parecida o llegan los aniversarios, inevitablemente te afecta. Eso no desaparece nunca.

¿Qué recuerdos permanecen intactos y cuáles ha ido borrando o suavizando el paso del tiempo?

Hay recuerdos imborrables, sobre todo los momentos de la riada. Esos los tengo grabados a fuego. Otros evolucionan al mismo ritmo que evolucionas tú. Conforme maduras observas las cosas desde otra perspectiva. También hay recuerdos que el tiempo distorsiona, otros que atesoras porque fueron momentos felices y algunos que, simplemente, se van perdiendo porque la vida continúa y vas acumulando nuevas experiencias. A veces, reviso fotografías y pienso: “Esto ya no lo recordaba”. La memoria es muy compleja.

¿Quién era el Sergio Murillo de aquel 7 de agosto y quién tuvo que aprender a ser desde el día siguiente?

Era un chaval de 16 años que estaba empezando a madurar. De repente, tuve que aprenderlo todo de golpe: a ser adulto, a ocuparme de mí mismo, a gestionar las emociones... Todo el mundo aprende esas cosas con esa edad, pero a mí me tocó hacerlo de una forma muy brusca y acelerada.

¿Ha habido algún momento en estas tres décadas en el que sintiera que recuperaba una cierta normalidad?

Sí. Una vez terminaron los juicios, conseguimos ganar y todo aquello quedó atrás. Después, conocí a mi mujer, formamos una familia, llegaron nuestros hijos... Ahí tuve la sensación de que llevaba una vida normal, como cualquier otra persona. Y eso me produce una enorme satisfacción. Me gusta llevar una vida tranquila.

¿Qué le habría gustado que la sociedad entendiera mejor sobre las víctimas y los supervivientes?

Hay muchos mensajes, pero, para mí, el principal es que quien ocupa un cargo público tiene una enorme responsabilidad. Los privilegios nunca son gratuitos; van unidos a una obligación muy importante con la sociedad. Y, también, que la naturaleza tiene sus propias normas. Hay que conocerlas, respetarlas y actuar en consecuencia. A nivel personal, también me gustaría transmitir que la vida puede ser muy dura y todos acabamos afrontando desgracias de una u otra forma. Pero se puede salir adelante. Merece la pena seguir viviendo porque, pese a todo, la vida también tiene cosas maravillosas.

Hoy es padre. ¿Ha cambiado su forma de entender lo ocurrido desde que tiene hijos?

Muchísimo. Ahora veo las cosas desde otra perspectiva. Han vuelto muchos recuerdos de mis padres y de mis hermanos que estaban un poco escondidos. Antes, era hijo; ahora, soy padre. Esa experiencia hace que reviva momentos que tenía guardados y, curiosamente, lo vivo como algo positivo porque me permite mirar aquellos recuerdos con otros ojos.

¿Ha podido hablar con naturalidad de Biescas con sus hijos?

Sí. Ellos enseguida se daban cuenta de que nuestra familia no era la habitual. Sus abuelos, realmente, son mis tíos; mis hermanos son sus tíos porque son mis primos... Llegó un momento en que preguntaron qué había pasado. Siempre se lo he explicado sin dulcificar la realidad, pero con calma y utilizando palabras que pudieran entender. Lo han asumido con total naturalidad y preguntan sin ningún miedo. Eso me gusta.

¿Qué siente hoy cuando escucha el nombre de Biescas?

No es una palabra que aparezca mucho en mi vida cotidiana, salvo cuando llegan estas fechas. Pero sí, siempre me remueve algo. Durante los aniversarios estoy más apagado, más triste, con menos ganas de hacer cosas. Es parte del proceso que he aprendido a gestionar. Luego vuelvo poco a poco a mi rutina: doy un paseo, desconecto, me tomo un café tranquilo... Y, una semana después, ya estoy otra vez haciendo mi vida con absoluta normalidad.

La dana de Valencia volvió a enfrentarle a imágenes muy similares a las que usted vivió.

Me afectó muchísimo. Hasta entonces pensaba que lo que había ocurrido en Biescas había servido como advertencia para que no volviera a repetirse. Pero al ver tantos paralelismos —el barro, las víctimas, la sensación de que hubo negligencias— me entristecí profundamente. Pensé que quizá nuestro sufrimiento no había servido tanto como esperaba y que algunos errores se vuelven a repetir.

Durante estos treinta años ha convivido con el recuerdo de la tragedia y también con una larga batalla judicial. ¿Cuál de las dos cargas ha sido más difícil de sobrellevar?

El juicio fue una carga añadida muy dura. A todo el sufrimiento que ya arrastras se suma un proceso larguísimo y psicológicamente muy desgastante. Estuvimos litigando casi 12 años. Es una herida que nunca termina de cicatrizar porque, cuando parece que has conseguido pasar página, vuelve a abrirse. Es un auténtico calvario.

Con la Dana pensé que quizá nuestro sufrimiento no había servido tanto como esperaba y que algunos errores se vuelven a repetir.

Si hoy pudiera dirigirse a los responsables políticos y técnicos que tomaron aquellas decisiones, ¿qué les diría después de tres décadas?

Les diría que quien ocupa un cargo público debe hacerlo por auténtica vocación de servicio. Gestionan recursos muy importantes y toman decisiones que afectan a la vida de las personas. Eso conlleva una responsabilidad enorme. Nunca deberían olvidarlo.

Como arquitecto, ¿cree que hoy existe una mayor cultura del riesgo o seguimos confiando en que las tragedias solo les ocurren a otros?

En nuestra profesión la responsabilidad es personal, y eso hace que exista una mayor conciencia del riesgo. Hoy sabemos mucho más que hace treinta años, pero también ocurre otra cosa: muchas veces se intenta repartir o diluir la responsabilidad entre la administración, la empresa o los seguros. Seguimos cometiendo errores. Antes quizá era más por ignorancia; ahora, en ocasiones, es por exceso de confianza o por pensar que las consecuencias recaerán sobre otros.

¿Qué cree que debería enseñarse sobre la tragedia de Biescas a quienes nacieron muchos años después y apenas saben qué ocurrió?

Lo primero, que fue una tragedia provocada por una negligencia muy importante que nunca debería repetirse. Ese es el mensaje más inmediato. Pero también hay otras lecciones: la capacidad de las víctimas para recomponer sus vidas, la solidaridad que demostró tanta gente y la importancia de aprender de los errores. Hay muchas enseñanzas detrás de todo aquello.

¿Le preocupa que, con el paso del tiempo, el recuerdo de las 87 víctimas se vaya diluyendo?

Sí. Precisamente por eso sigo concediendo entrevistas, aunque cada vez que hablo de esto me quedo removido durante unos días. Creo que no podemos olvidar lo que pasó. Hay que recordarlo para que no vuelva a repetirse y para que quienes en el futuro tengan responsabilidades públicas conozcan esta historia, aunque no la hayan vivido.

¿Hay alguna persona, un gesto o una ayuda recibida en aquellos días que siga llevando especialmente grabada?

En mi caso, todo sucedió muy deprisa. Cuando fui realmente consciente de lo ocurrido ya tenía a toda mi familia alrededor. Somos muchos tíos, primos y familiares, y el apoyo que me dieron fue absolutamente fundamental. Siempre les estaré agradecido.

Mirando atrás, ¿de qué se siente más orgulloso de la persona en la que se ha convertido?

Nunca me lo había planteado así. Pero creo que todo aquello me obligó a reflexionar mucho sobre la vida. Me hice preguntas que hoy parecen poco habituales: quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el sentido de la vida... No tienen una respuesta definitiva, pero el simple hecho de planteárselas te ayuda a crecer como persona. No sé si mejor o peor, pero sí más consciente de lo que haces y de cómo quieres vivir.

Si pudiera volver a hablar con aquel chico de 16 años que sobrevivió a la riada, ¿qué le diría?

Le diría que el camino va a ser muy duro, muy tortuoso, pero que merece la pena recorrerlo. Porque, aunque entonces sea imposible imaginarlo, al final encontrará cosas buenas. Hoy puedo decir que soy feliz y que estoy contento con la vida que he construido.

¿Qué le gustaría que quien lea esta entrevista recuerde dentro de otros treinta años sobre lo que ocurrió en el camping Las Nieves?

Me gustaría que recordara dos cosas. La primera, que tragedias como aquella pueden evitarse si quienes tienen responsabilidades hacen bien su trabajo y respetan la naturaleza. Y, la segunda, que incluso después de un golpe tan devastador la vida merece la pena ser vivida. Hay que seguir adelante. Ese, al final, es el mensaje más importante que puedo dejar.

El 7 de agosto de 1996, el Pirineo aragonés vivía una de esas tardes de verano en las que el calor parecía anunciar tormenta. A las 19.30 horas, el barranco de Arás dejó de comportarse como un cauce de montaña para convertirse en un torrente imposible de detener. En apenas unos minutos, arrasó el camping Las Nieves, a las afueras de Biescas. Murieron 87 personas, entre ellas 27 niños, y otras 187 resultaron heridas. España asistió conmocionada a una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente.

El cielo comenzó a cerrarse sobre las montañas del Sobremonte mientras cientos de familias disfrutaban de sus vacaciones. Era una imagen habitual de agosto: niños jugando entre las caravanas, excursionistas que regresaban de la montaña y campistas refugiándose bajo los toldos al empezar a llover. Nada hacía presagiar que, apenas unos minutos después, aquel lugar desaparecería bajo una avalancha de agua, barro, troncos y enormes bloques de piedra.

Tres décadas después, la cicatriz sigue abierta. El antiguo camping es hoy un parque memorial donde permanecen un monolito con los nombres de las víctimas, una escultura de piedra con 87 rosas grabadas y decenas de rocas que recuerdan a quienes allí perdieron la vida. El edificio principal continúa en pie, silencioso, cubierto de pintadas, como único testigo de aquella tarde que cambió para siempre la historia de la localidad aragonesa.

Pero el legado de aquella riada va mucho más allá del recuerdo. Biescas marcó un antes y un después en la forma de entender el riesgo de inundación en España. Fue la primera gran advertencia de que la combinación de fenómenos meteorológicos extremos y una ocupación inadecuada del territorio podía convertir un episodio natural en una tragedia humana. Una lección que, pese a los avances normativos, volvería a cobrar dramática actualidad décadas más tarde con nuevas inundaciones, culminando en la devastadora dana que golpeó Valencia en 2024.

Diez minutos que cambiaron la historia

La violencia del episodio sigue impresionando incluso a quienes lo estudian desde el punto de vista científico. La tormenta apenas afectó al fondo del valle del Gállego. Descargó con una intensidad extraordinaria sobre la cabecera del barranco de Arás, especialmente en el entorno de Betés de Sobremonte, donde llegaron a registrarse más de 250 litros por metro cuadrado y momentos en los que la intensidad de lluvia superó ampliamente los 500 litros por hora. Los meteorólogos describieron posteriormente el fenómeno como una tormenta pluricelular prácticamente inmóvil durante varias horas sobre el mismo punto.

Toda esa lluvia comenzó a concentrarse montaña abajo. Los barrancos de Betés, Aso y la Selva fueron reuniendo un caudal cada vez mayor hasta confluir en el Arás. Allí existía un sistema de corrección hidrológica construido en el siglo XX para reducir la erosión y proteger la carretera y el embalse de La Peña. El cauce estaba escalonado mediante decenas de diques de retención de sedimentos que durante décadas habían acumulado piedras, tierra y troncos.

Aquella tarde, sin embargo, la fuerza del agua superó cualquier previsión. Los puentes comenzaron a desaparecer. Después cedieron los diques, uno tras otro, liberando de golpe miles de toneladas de materiales acumulados durante décadas. El cauce dejó de funcionar como un sistema escalonado y pasó a convertirse en una pendiente continua por la que descendía una mezcla devastadora de agua, barro, árboles y grandes bloques de roca.

Cuando aquella masa alcanzó el cono de deyección donde se encontraba el camping, el canal artificial construido para conducir el barranco hacia el Gállego quedó completamente desbordado. Las estimaciones realizadas posteriormente situaron el caudal entre los 200 y los 500 metros cúbicos por segundo, muy por encima de la capacidad para la que había sido diseñado el encauzamiento. La corriente desplazó rocas de varias toneladas, arrancó caravanas, automóviles y árboles enteros y transformó en pocos minutos un recinto vacacional en un escenario de destrucción absoluta.

Algunos campistas lograron salvarse subiéndose a los árboles, refugiándose sobre caravanas o alcanzando el edificio principal. Muchos otros no tuvieron tiempo de reaccionar. Entre las víctimas hubo familias enteras. El último cuerpo no apareció hasta casi un año después, durante las obras de reparación del barranco.

La tragedia alcanzó una dimensión nacional. Entre los fallecidos había personas procedentes de prácticamente toda España, además de visitantes franceses y neerlandeses. Los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche en unas condiciones extremadamente difíciles, con carreteras cortadas y comunicaciones prácticamente inexistentes. Las antiguas escuelas de Escuer se transformaron en una improvisada morgue antes de que los cuerpos fueran trasladados al Palacio de Hielo de Jaca, convertido durante días en el centro neurálgico de la identificación de las víctimas.

Un desastre natural... y también territorial

Desde el primer momento la explicación pública se centró en la excepcionalidad de la tormenta. La intensidad de la precipitación resulta extraordinaria incluso para los estándares del Pirineo. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones empezó a abrirse paso una segunda pregunta: ¿por qué había un camping precisamente allí? Porque Las Nieves no estaba situado junto al barranco.

Estaba construido sobre el propio cono de deyección del Arás, el abanico de sedimentos que el torrente había formado durante siglos cada vez que sufría grandes avenidas. Geológicamente, aquel espacio era la prueba visible de que el agua ya había ocupado ese terreno muchas veces antes. Ese hecho acabaría convirtiéndose en el centro del debate técnico, judicial y político durante años.

El informe que nadie escuchó

La riada de Biescas abrió un debate que iba mucho más allá de la excepcionalidad de la tormenta. La respuesta dividió durante años a científicos, ingenieros, juristas y administraciones públicas. Y sigue haciéndolo, aunque con un consenso mucho mayor que hace tres décadas: un fenómeno natural extremo puede ser inevitable; convertir una zona de riesgo en un espacio donde se concentran cientos de personas es una decisión humana.

El camping Las Nieves comenzó a tramitarse a mediados de los años ochenta sobre un monte público. Aquella ubicación había resultado atractiva por su amplitud y proximidad a Biescas, pero también concentraba una característica que entonces apenas formaba parte del debate público: era el lugar por donde el torrente había descargado históricamente sus grandes avenidas. Hoy esa circunstancia parece evidente. Entonces, no lo era.

Las obras de restauración hidrológico-forestal ejecutadas durante buena parte del siglo XX habían transformado completamente la imagen del barranco. Miles de árboles cubrían unas laderas que décadas antes habían sufrido una intensa erosión y un complejo sistema de diques escalonados retenía los sedimentos antes de que alcanzaran el valle. Aquellas actuaciones habían protegido durante décadas la carretera de Francia y evitado que los materiales colmataran el embalse de La Peña. La sensación general era que el problema estaba controlado.

Precisamente, esa percepción de seguridad acabaría siendo uno de los elementos más analizados tras la tragedia. Los estudios posteriores coincidieron en que la reforestación había cumplido una función positiva. Gracias a la masa forestal, las laderas resistieron extraordinariamente bien la tormenta y apenas sufrieron procesos erosivos importantes. El problema no estuvo en los montes, sino en la magnitud de la avenida y en la liberación súbita de los materiales acumulados durante décadas tras los diques de corrección, que terminaron siendo arrastrados por la fuerza del agua.

Una advertencia escrita diez años antes

El 4 de agosto de 1986, exactamente diez años y tres días antes de la tragedia, el ingeniero de montes Emilio Pérez Bujarrabal volvió a ratificarse en un informe que desaconsejaba autorizar la ocupación del monte para instalar el camping. Ya anteriormente había planteado la conveniencia de buscar otra ubicación, pero en ese segundo escrito fue mucho más explícito: advertía de que se trataba de un cono de deyección de fuerte torrencialidad y de que existía un riesgo para las instalaciones y, sobre todo, un peligro para las personas que fueran a utilizarlas.

Su criterio quedó prácticamente aislado. Otros informes eran favorables y la tramitación administrativa siguió adelante. Finalmente, la ocupación del monte público fue autorizada y el camping abrió sus puertas con todas las licencias necesarias. Durante años nadie cuestionó aquella decisión. No fue el único aviso. El botánico y ecólogo Pedro Montserrat, una de las grandes referencias científicas del Pirineo, también había advertido a finales de los años ochenta de la peligrosidad de urbanizar aquel cono de deyección. Treinta años después, esa lectura ecológica resulta casi profética.

¿Un fenómeno imprevisible?

La investigación judicial se convirtió en una larga batalla de informes periciales. Durante más de tres años, ingenieros, hidrólogos, geógrafos y especialistas analizaron la tormenta, la dinámica del barranco y el diseño de las obras de corrección. Buena parte del procedimiento giró alrededor de una cuestión técnica con enormes consecuencias jurídicas: el denominado periodo de retorno.

Si la lluvia era un fenómeno estadísticamente excepcional, con una probabilidad extremadamente baja de repetirse, resultaba muy difícil sostener responsabilidades penales por no haberla previsto. Esa fue finalmente la tesis que asumieron los tribunales penales.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaca archivó las diligencias en octubre de 1999 al considerar que no existían indicios suficientes para atribuir delitos a los responsables administrativos. La resolución entendía que la tormenta podía calificarse de extraordinaria e imprevisible desde el punto de vista jurídico y que tampoco había pruebas de que quienes autorizaron el camping actuaran con conocimiento de un riesgo cierto.

No hubo juicio penal y ningún cargo público fue condenado por la muerte de las 87 personas. Sin embargo, la historia judicial no terminó ahí. Seis años después, la jurisdicción contencioso-administrativa llegó a una conclusión muy diferente. La Audiencia Nacional consideró que tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro como el Gobierno de Aragón eran patrimonialmente responsables por haber permitido la instalación del camping en un lugar donde existían advertencias técnicas sobre su peligrosidad. Ambas administraciones fueron condenadas a indemnizar a las víctimas con algo más de once millones de euros.

Lo que en la vía penal fue considerado un fenómeno imprevisible, en la jurisdicción administrativa terminó calificándose como un riesgo que podía y debía haberse tenido en cuenta al autorizar el uso del suelo. Fue una diferencia de enorme trascendencia que acabaría influyendo en la forma de entender la responsabilidad de las administraciones frente a los riesgos naturales. Y también en la legislación que vendría después. En ese terreno, la riada de Biescas supuso el inicio de un cambio profundo cuya importancia solo se ha comprendido del todo con el paso de los años.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha aprobado este martes la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para un total de 211 episodios catastróficos registrados en catorce comunidades autónomas entre el 31 de marzo y el 27 de julio. La Rioja figura entre las autonomías beneficiadas tras encadenar varios incidentes meteorológicos, desprendimientos e incendios forestales a lo largo de la primavera y el verano.

La resolución del Ejecutivo contempla diversas emergencias sucedidas en La Rioja en los últimos cuatro meses. En el mes de mayo, la inestabilidad del terreno provocó el desprendimiento de un muro en Nalda el día 3, además del colapso parcial de la muralla del histórico Castillo de San Vicente de la Sonsierra el 7 de mayo.

A finales de junio, un episodio de lluvias de alta intensidad bajo aviso naranja obligó a activar la fase de emergencia (situación operativa 1) del Plan INUNCAR en La Rioja. El municipio de Haro resultó ser el más castigado el 28 de junio, con unas 70 intervenciones tras registrar una precipitación acumulada de

Asimismo, se han incluido varios episodios e incendios forestales sufridos en la región. En Clavijo se registró una simultaneidad de incendios el 21 de junio. Posteriormente, el 4 de julio se comunicó un incendio forestal en Logroño y Lardero, al que siguieron los fuegos del 9 de julio en Treviana y Hormilla. El 10 de julio se declaró un incendio forestal en el entorno de Ayabarrena en Ezcaray, y finalmente el 12 de julio se registró otro fuego forestal en Ribafrecha.

Desglose de las emergencias riojanas en el acuerdo nacional

Evento / Emergencia

Localización / Provincia

Fecha de comunicación al CENEM

Desprendimiento de muro

Nalda (La Rioja)

03/05/2026

Desprendimiento de la muralla del castillo

San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

07/05/2026

Simultaneidad IIFF (Unión de los tres ejércitos)

Clavijo (La Rioja)

21/06/2026

FMA Inundaciones (Plan INUNCAR)

La Rioja (especialmente Haro)

28/06/2026

Incendio forestal

Logroño y Lardero (La Rioja)

04/07/2026

Incendio forestal

Treviana (La Rioja)

09/07/2026

Incendio forestal

Hormilla (La Rioja)

09/07/2026

Incendio forestal (Ayabarrena)

Ezcaray (La Rioja)

10/07/2026

Incendio forestal

Ribafrecha (La Rioja)

12/07/2026

Paquete de ayudas e incentivos para los afectados

La declaración pone a disposición de particulares, empresas y administraciones locales una serie de instrumentos de apoyo gestionados por el Ministerio del Interior y otros departamentos estatales. Entre las medidas de apoyo destacan las ayudas materiales y personales para la cobertura de daños en viviendas habituales y enseres, situaciones de fallecimiento o incapacidad, y los gastos derivados de intervenciones de las corporaciones locales.

En el ámbito fiscal, se aplican exenciones en las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y la exención del IRPF para las ayudas por daños personales.

Se contempla también la exención del pago de tasas en la expedición del DNI y en trámites de la Jefatura Central de Tráfico como duplicados de permisos de conducir o bajas de vehículos. Por último, el Ministerio de Política Territorial otorgará subvenciones de hasta el 50% para la reparación de equipamientos e infraestructuras municipales dañadas.

La Generalitat ha elaborat un conjunt de materials educatius orientats a reforçar la cultura de la prevenció i l’autoprotecció als centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana. El professorat disposarà d’aquests recursos per a la seua aplicació a les aules al llarg del pròxim curs escolar.

Els continguts didàctics consten d’infografies dividides en tres franges d’edat (de 3 a 6 anys, de 7 a 12 anys i a partir de 13 anys). La proposta es completa amb material de suport docent i una guia tècnica de consulta amb activitats complementàries.

L’elaboració d’aquestes eines, disponibles tant en castellà com en valencià, respon a criteris d’accessibilitat, inclusió i claredat visual. El seu disseny, basat en pictogrames i missatges directes, afavoreix una comunicació comprensible per a l’alumnat davant situacions de risc quotidianes o d’origen meteorològic, com ara inundacions, incendis forestals, onades de calor o de fred, terratrémols i episodis de pluges fortes.

El projecte naix de la cooperació entre les conselleries d’Emergències i Interior i d’Educació, Cultura i Universitats en el marc del programa de Prevenció davant les Emergències i Compromís Actiu Col·lectiu (PECAC). Els continguts específics han estat confeccionats per la Direcció General d’Innovació en Emergències.

Durant una reunió de treball entre ambdós departaments, Emergències va fer entrega a Educació de les unitats dirigides a l’alumnat de 3 a 12 anys. Per la seua banda, la franja destinada a estudiants a partir de 13 anys es troba en fase de producció i estarà a punt el pròxim mes de setembre.

Implantació progressiva a les aules

El nou material té com a objectiu donar suport a l’aplicació del Pla de Formació davant d’Emergències de Protecció Civil. La implantació d’aquest pla va començar de manera voluntària en el curs 2025-2026 i passarà a ser de caràcter obligatori per a tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2026-2027.

Per a donar suport a la tasca del professorat, el personal docent disposarà d’una guia de consulta ràpida que conté un decàleg d’autoprotecció i lideratge, les pautes per a la preparació del kit d’emergència d’aula, propostes d’activitats mínimes i un calendari anual d’accions recomanades.

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, ha assenyalat que la formació en autoprotecció és “una eina per a formar ciutadans més responsables, autònoms i preparats per a afrontar situacions de risc”, i ha destacat que l’aliança entre ambdues àrees “permet oferir al professorat un material rigorós i adaptat a cada etapa educativa, cosa que facilita la seua tasca a les aules”.

Per la seua banda, el conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha remarcat que la prevenció “comença a l’aula i és fonamental per a construir una societat més segura i preparada”. “Hem volgut dotar els centres escolars d’eines pràctiques i accessibles, que permeten ensenyar a l’alumnat com actuar davant de situacions d’emergència, així com facilitar al màxim la faena als nostres docents”, ha afirmat.

La Generalitat ha elaborado un conjunto de materiales educativos orientados a reforzar la cultura de la prevención y la autoprotección en los centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana. El profesorado dispondrá de estos recursos para su aplicación en las aulas a lo largo del próximo curso escolar.

Los contenidos didácticos constan de infografías divididas en tres franjas de edad (de 3 a 6 años, de 7 a 12 años y a partir de 13 años). La propuesta se completa con material de apoyo docente y una guía técnica de consulta con actividades complementarias.

La elaboración de estas herramientas, disponibles tanto en castellano como en valenciano, responde a criterios de accesibilidad, inclusión y claridad visual. Su diseño prioritario mediante pictogramas y mensajes directos favorece una comunicación comprensible para el alumnado ante situaciones de riesgo cotidianas o de origen meteorológico, tales como inundaciones, incendios forestales, olas de calor o frío, terremotos y episodios de lluvias fuertes.

El proyecto nace de la cooperación entre las conselleries de Emergencias e Interior y Educación, Cultura y Universidades en el marco del programa de Prevención frente a las Emergencias y Compromiso Activo Colectivo (PECAC). Los contenidos específicos han sido confeccionados por la Dirección General de Innovación en Emergencias.

Durante una reunión de trabajo entre ambos departamentos, Emergencias hizo entrega a Educación de las unidades dirigidas al alumnado de 3 a 12 años. Por su parte, la franja destinada a estudiantes a partir de 13 años se encuentra en fase de producción y estará lista el próximo mes de septiembre.

Implantación progresiva en las aulas

El nuevo material tiene como objetivo respaldar la aplicación del Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil. La implantación de este plan comenzó de manera voluntaria en el curso 2025-2026 y pasará a ser de carácter obligatorio para todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana a partir del curso 2026-2027.

Para apoyar la labor del profesorado, el personal docente dispondrá de una guía de consulta rápida que contiene un decálogo de autoprotección y liderazgo, las pautas para la preparación del kit de emergencia de aula, propuestas de actividades mínimas y un calendario anual de acciones recomendadas.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha señalado que la formación en autoprotección es “una herramienta para formar ciudadanos más responsables, autónomos y preparados para afrontar situaciones de riesgo”, y ha destacado que la alianza entre ambas áreas “permite ofrecer al profesorado un material riguroso y adaptado a cada etapa educativa, lo que facilita su labor en las aulas”.

Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha remarcado que la prevención “empieza en el aula y es fundamental para construir una sociedad más segura y preparada”. “Hemos querido dotar a los centros escolares de herramientas prácticas y accesibles, que permitan enseñar al alumnado cómo actuar ante situaciones de emergencia, así como facilitar al máximo el trabajo a nuestros docentes”, ha afirmado.

El cambio climático ha cambiado las reglas de juego. La mortífera DANA del 29 de octubre de 2024 hizo patente que las inundaciones generadas por las, cada vez más, lluvias torrenciales exigen una preparación que se había retrasado. El Ejecutivo ha revisado la normativa de inundaciones para restringir el urbanismo en zonas inundables, instar a los municipios a adaptarse y generar conciencia en la población.

El nuevo decreto, ahora en elaboración, modifica las reglas sobre qué hacer en áreas no construidas y también con lo ya edificado, ya que décadas de urbanismo descontrolado han agravado los efectos de riadas como las vividas en Valencia y Albacete hace dos años. “Endurece el régimen de construcción”, resumen fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

El Gobierno calcula que unos 2,7 millones de personas viven en zonas de peligro de inundación de las que 700.000 lo hacen en áreas de alto riesgo. Es un desastre natural que, en promedio, se ha cobrado entre 20 y 25 vidas anuales. Y el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado más de 12.000 millones de euros en indemnizaciones por inundaciones entre 1987 y 2024.

Con este decreto, las reglas serán diferentes según el suelo esté encima de una zona de flujo preferente o en zona inundable ordinaria. También es distinto si el terreno es rural o urbanizado.

En las zonas denominadas de flujo preferente —las de mayor riesgo cuando se produce una riada— el decreto prevé que si se trata de suelo rural, no pueda transformarse ya nunca en suelo urbanizable a menos que sea para crear protecciones frente a las avenidas.

En caso de que sea suelo ya urbanizado no se permitirán nuevos usos residenciales, es decir, promociones de viviendas, además de impedirse la construcción de garajes, sótano o cualquier dependencia bajo la rasante.

El resto de zonas inundables, en el suelo rural tampoco estarán permitidas nuevas viviendas o infraestructuras y en la parte ya urbanizada las nuevas casas tendrán que estar construidas de manera que estén un metro por encima de la cota de inundación cuya probabilidad sea de un 0,2% en un año. “No se admiten garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante”, repite.

Sobre las viviendas u otras construcciones ya levantadas, el decreto pretende que se adapten a la nueva situación de peligro de avenida. Elementos “sencillos” como barreras o válvulas antiretorno en los inodoros (para que el agua no acceda a la vivienda por esa vía, la más habitual) pueden defender estas construcciones, señalan en Transición Ecológica.

Los ayuntamientos tendrán cinco años para adaptar su planeamiento urbanístico a las nuevas normas. “Es un tiempo razonable”, apostillan en el Ejecutivo. Si no se actualizan, “las demarcaciones hidrográficas informarán negativamente sobre cualquier actuación”.

“Prevemos que el decreto sea aprobado definitivamente en Consejo de Ministros en esta legislatura”, afirman desde el Ministerio justo cuando se inicia el periodo de información pública, previo al dictamen del Consejo de Estado y más adelante del visto bueno el Gobierno. “En torno a un año”, han resumido las mismas fuentes.

La norma va a recoger que los dueños de inmuebles en zonas inundables tengan la obligación de informar a posibles compradores de cuáles son las características de ese inmueble. “Para que puedan tomarse decisiones plenamente informadas”, aclaran en el Ministerio. La idea es que una casa, una nave, unos pisos situados en áreas peligrosas tienen un valor, un precio, diferente si los potenciales compradores conocen esa situación de riesgo.

Más medidas

El decreto no se limita a la parte urbanística. Otro de los aspectos que recogerá es que los municipios hagan un plan, no de protección civil, que ya deben estar redactados, sino de adaptación al riesgo. “No se trata solo de evacuar a la población, sino una organización previa para que los edificios estén mejor preparados”, explican fuentes de Transición Ecológica.

En este sentido, los Ayuntamientos tendrían que tener preparadas ordenanzas para cuando los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología hagan prever avenidas. “Que se puedan cerrar colegios o centros comerciales o que estos edificios públicos deban disponer de barreras temporales”.

Una de las medidas que llama la atención es la posibilidad de lo que en el Ministerio han llamado “pagos por servicios ambientales”. Se trata de que los dueños de terrenos privados —sobre todo agrícolas— puedan recibir una indemnización porque esos terrenos hagan las veces de freno de las avenidas, que laminen el agua para que pierda velocidad y esa agua no produzca una riada violenta. “No hace falta expropiar, basta con pagar ese servicio”, rematan.

El mar está recuperando su sitio. Canarias tiene unas 1.500 hectáreas de superficie que corren el peligro de afrontar una inundación marina, poniendo en riesgo a miles de habitantes, infraestructuras y servicios críticos esenciales para las islas, según el informe SOS Costas Canarias, realizado por Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad.

La dependencia de infraestructuras situadas en la costa casi a nivel del mar coloca a las islas en una posición de extrema vulnerabilidad. Salvo en La Gomera, todo el suministro eléctrico canario y decenas de depuradoras y desaladoras quedarían a merced de un fuerte temporal marino.

Una lámina de inundación marina con un periodo de retorno de 100 años sitúa en peligro directo a 79.095 habitantes en Canarias. Las láminas de 100 años son mapas oficiales que dibujan las zonas exactas que quedarían bajo el agua ante un temporal o inundación tan fuerte que, por estadística, solo ocurre una vez cada siglo, es decir, tienen un 1% de probabilidad de suceder cada año. Su objetivo es advertir de qué calles, viviendas e infraestructuras están en peligro para poder tomar medidas de prevención.

“Canarias y sobre todo la isla de Gran Canaria debe de dar un paso atrás en la ocupación de la primer línea del litoral, casi 80.000 personas están con este riesgo de inundación por temporales marinos, y en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria 32.000 habitantes”, señala Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad.

Suministro de energía y agua en peligro

De las 11 centrales eléctricas que tiene Canarias, todas excepto la central de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera, están situadas en zonas de riesgo por inundación marina. En 6 de ellas, el riesgo de peligro es extremo. Son la central térmica de Jinámar en Gran Canaria, la de Las Salinas en Fuerteventura, la de Punta Grande en Lanzarote, y las centrales de Las Caletillas en Tenerife, los Guinchos en La Palma y Llanos Blancos de El Hierro.

Las desaladoras, potabilizadoras y estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR y EBAR) se construyen muchas veces pegadas al mar por razones técnicas. En caso de ser inundadas por un fuerte temporal marino, no sólo se cortaría el suministro de agua a la población, sino que generaría episodios muy graves de vertidos contaminantes directos al mar.

El informe destaca que los casos más críticos son la desaladora de Montaña Roja, en Lanzarote, que podría comprometer el suministro de toda la zona turística de Playa Blanca, en el sudoeste de la isla; el de la planta potabilizadora de Fuerteventura, ubicada en Puerto del Rosario, justo al lado de la Central Térmica de Las Salinas, cuya afectación comprometería directamente el suministro de agua a la capital isleña, y en Gran Canaria, donde “los servicios del agua están bastante amenazados”, corren grave peligro las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de El Pagador, en el municipio de Moya, y la de Arguineguín.

El problema más destacado en la isla de Tenerife son las 30 instalaciones de gestión de las aguas que están en zonas de riesgo de inundación, como pozos y estaciones de bombeo, depuración, y las instalaciones privadas de tratamiento de resorts turísticos.

Si un temporal inunda o destruye estas infraestructuras, también se paraliza la capacidad de socorrer a la población civil justo en el momento meteorológico más crítico, ya que son numerosos los Centros de Seguridad y Emergencias que están a pie de playa como algunos centros de la Guardia Civil, de Protección Civil o los puestos de socorro de la Cruz Roja.

Zonas turísticas en peligro

El informe hace un énfasis especial en el peligro que corren las instalaciones turísticas. Un punto singularmente alarmante es el camping de Punta del Hidalgo, en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, donde la lámina de inundación marina cubre el área completa de acampada, lo que obligaría a evacuaciones urgentes para evitar que el mar arrastre a los campistas.

El informe de SOS Costas Canarias también destaca recintos “hiperurbanizados” a pie de mar, como el Palacio de Congresos y el Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas, o los polémicos hoteles de la cadena RIU dentro del Parque Natural de Corralejo.

El patrimonio cultural e histórico de Canarias también está en riesgo de ser destruido por un fuerte temporal marino. Existen más de 80 bienes patrimoniales amenazados directamente por el oleaje extremo, sobre todo en Gran Canaria, como yacimientos arqueológicos, búnkeres antiguos y salinas históricas, como las Salinas de Tenefé o las de Órzola. El problema de estas estructuras es que su posición es fija y no pueden reubicarse, por lo que el daño físico suele ser inevitable. No como las centrales de suministro de energía y agua.

Algunas vías de transporte críticas también están en riesgo. Aunque los aeropuertos y grandes puertos podrían sufrir riesgos menores o perimetrales, como la pista del aeropuerto de Gran Canaria o los aerogeneradores del aeropuerto de La Palma, algunas carreteras importantes están muy expuestas. Un ejemplo claro es la autovía GC-2 a su paso por Arucas, que podría quedar inutilizada por la invasión del mar en más de 2 kilómetros de su trazado.

Son datos del informe de SOS Costas Canarias elaborado por la Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad, que ha sido publicado recientemente de modo íntegro en su web y aporta mapas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) sobre las zonas en riesgo de inundación marina, entre otros.

Viviendas en peligro

Las Palmas de Gran Canaria y el sur de Tenerife son los epicentros del peligro para las viviendas. El afán histórico por edificar viviendas a pie de playa ha dejado un litoral altamente expuesto. El caso más alarmante de todo el archipiélago es el del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene a 30.554 ciudadanos bajo amenaza de inundación marina, lo que supone casi dos quintas partes de la población con este problema en Canarias. El mayor impacto se produce en el entorno de Playa de Las Canteras, en la costa occidental del casco urbano.

Otros puntos bastante afectados por la incidencia de los temporales marinos son el casco urbano de Arinaga, en Agüimes, con un tejido residencial muy denso junto a la línea de la costa; el área urbana de la Playa de Las Salinetas, en Telde, y en Arucas, las áreas residenciales costeras del Puertillo, Quintanilla y San Andrés.

En Tenerife, el principal lugar de riesgo extremo se localiza en los núcleos turísticos del sur. El municipio de Arona tiene 16.502 habitantes conviviendo con el riesgo de inundación marina, concentrados en enclaves hiperurbanizados como Playa de las Américas, Los Cristianos y Las Galletas. En la vertiente norte tinerfeña, la costa de Puerto de la Cruz contabiliza 2.759 vecinos residiendo directamente sobre la lámina de peligro.

En otras islas, la urbanización turística también desafía al mar. En Fuerteventura, el riesgo se sitúa en el casco urbano de Corralejo y amenaza de forma contundente a los polémicos hoteles de la cadena RIU, asentados directamente en el Parque Natural de Corralejo, que resultarían completamente afectados por el riesgo de inundación. También el casco urbano de El Cotillo, con casi 1.200 habitantes en zona de riesgo, incluyendo toda la zona de urbanizaciones que se está construyendo, por lo que serán muchos más.

En La Gomera, el riesgo sobre la población se concentra en su mayor parte en el extremo occidental de la isla, en los núcleos urbanos de Valle Gran Rey y Playa de la Calera.

El riesgo en La Palma y El Hierro es bastante moderado, concentrándose en dos localidades, en Puerto de Naos, en Los Llanos de Aridane de La Palma, y Tamaduste en El Hierro.

“Son urgentes protocolos de aviso a la población y señalización una a una de todas edificaciones con riesgo para informar a la población del elevado riesgo que están asumiendo en esas zonas urbanizadas. Por otra parte, es sabido que en un escenario de cambio climático los fenómenos meteorológicos extremos como temporales marinos, inundaciones, aumento del nivel del mar, serán cada vez más frecuentes y de mayor magnitud y de mayor extensión”, apunta Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad.

Las conclusiones del informe de Sos Costas Canarias son contundentes. Las cifras constatan la tremenda presión urbanística sobre el litoral. La artificialización de las costas canarias ha sobrepasado los límites prudenciales, se pierde un kilómetro de costa cada 3 meses, y de los 79 municipios canarios que tienen costa, 54 están en riesgo de sufrir inundaciones.

En un archipiélago vulnerable a las alteraciones oceánicas, la protección activa de estas infraestructuras y la exclusión de nuevas urbanizaciones en zonas inundables no son una opción, sino la única alternativa antes de que el mar recupere de forma drástica el espacio que se le ha arrebatado.