La Agencia Vasca del Agua (URA) y el Ayuntamiento de Andoain han firmado un nuevo convenio de colaboración para ejecutar obras de defensa contra inundaciones en la regata Ziako, según un documento al que ha tenido acceso este periódico. El proyecto comporta también mejoras en el saneamiento en un área muy industrializada. El acuerdo establece que URA financiará “el 100% del coste de las obras de defensa de inundaciones”, con una aportación máxima de 3,9 millones de euros, que se distribuirán entre las anualidades de 2026 y 2027. La ejecución se prevé en un plazo de 13 meses.

La obra forma parte del “Proyecto de defensa contra inundaciones de la regata Ziako en el municipio de Andoain”, redactado por la Agencia Vasca del Agua en 2022 para reducir el riesgo de inundabilidad en la zona. Según recoge el convenio, Andoain se encuentra en un área de riesgo potencial significativo de inundación, incluida en el plan de destión de la demarcación hidrográfica del Cantábrico oriental. La primera fase del proyecto finalizó en enero de 2026. Durante los últimos cuatro años, se actuó en un tramo de 470 metros entre el inicio de la cobertura actual y la entrada al polígono industrial Denak, en Ama Kandida.

Para completar la protección de la zona, se ha firmado este nuevo convenio, que al igual que el anterior tendrá una duración de cuatro años y podrá renovarse si existe acuerdo unánime. El acuerdo se centra en el inicio de la tercera fase del plan, que continuará las actuaciones previstas sobre la regata Ziako. No obstante, no se hace mención a la segunda fase del proyecto ni a su alcance o ejecución.

Las obras previstas consisten en la ejecución de un nuevo tramo de encauzamiento de 235 metros entre la entrada al polígono industrial Denak, en Ama Kandida, y las instalaciones de TK Elevator. El proyecto contempla una canalización “a cielo abierto o en cobertura en función de los cruces necesarios para los viales”, además de nuevos ramales de saneamiento y una conexión mediante un cajón prefabricado de 30 metros para enlazar con el cauce actual de la Ziako.

El convenio señala además que este tramo coincide con la urbanización del ámbito AIU-5 de Ama Kandida, motivo por el que se considera “apropiado ejecutar este tramo al mismo tiempo que los trabajos de urbanización”. El texto añade que la colaboración entre la Agencia Vasca del Agua y el Ayuntamiento de Andoain busca “minimizar las afecciones y evitar interferencias” en la actividad cotidiana del polígono y sus conexiones.

La ejecución material de las obras queda en manos del Ayuntamiento, que también asumirá la obtención de los terrenos necesarios y el mantenimiento posterior de las infraestructuras. Por su parte, URA se encargará de aportar el proyecto técnico y de dirigir e inspeccionar los trabajos. Entre ambas entidades se ha creado una comisión de seguimiento que tratará de “facilitar la remoción de los obstáculos” que puedan retrasar los trámites y proponer medidas para garantizar el cumplimiento del convenio.

Guillermo Bernal, director ejecutivo de The Place Institute y miembro del consejo de PlacemakingX, ha sido el encargado de la ponencia de la mesa “Recuperación social y cultural”. En su intervención, ha explicado dos casos prácticos de experiencias en México y Chile sobre cómo se ha recuperado el espacio público como infraestructura social. “Se trata de imaginar y reimaginar el trauma, y también de salir de él”, explicaba Bernal respecto al caso de Acapulco (México), una ciudad que fue azotada por un huracán de nivel 5, el más alto.

Para Bernal, las acciones colectivas reconstruyen la confianza “reforzando las relaciones sociales, generando sentido de pertenencia, activando liderazgos locales y reconectando instituciones y comunidad”. Además, sostiene que “la recuperación es una oportunidad para aumentar la resiliencia, reforzar la cohesión social, mejorar la gobernanza local y construir territorios más inclusivos”.

La mesa de debate, moderada por la periodista de elDiario.es Laura Martínez, ha contado con la participación de José Francisco Cabanes, alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunidad de l'Horta Sud; Antonio Ariño, catedrático de Sociología en la Universitat de València; Ana Camarasa, catedrática de Geografía Física de la Universitat de València; Toni Valero, miembro del Comité Local de Emergencia de Parke Alcosa en Alfafar y de Kol·lectiu; y, de forma telemática, Andrew Shaw, investigador y docente en la Breda University of Applied Sciences.

Valero llamaba la atención sobre el miedo: “Tenemos miedo porque todavía tenemos inseguridad y, mientras no seamos capaces de superar esta situación, va a ser muy complicado recuperarnos”, al tiempo que criticaba que la población no está participando como debería en el proceso de reconstrucción.

Ariño, también vecino de Massanassa afectado por las inundaciones, denunciaba la falta de coordinación: “Cada administración va a la suya, y esta es la realidad cotidiana; hay ayuntamientos que están haciendo cosas muy bien, pero la sensación es que nadie piensa en conjunto y que no hay una dirección”. En opinión del catedrático, “no existen desastres naturales, sino desastres sociales, porque todo es social y todo se tiene que ver desde el punto de vista social”. En este sentido, hacía un llamamiento a cambiar de “mentalidad y de actitud”.

Según el sociólogo valenciano, “los seres humanos no se adaptan, transforman la realidad. Siempre que intervenimos sobre una realidad, la renovamos”. “Los desafíos de 2026 son nuestras vulnerabilidades estructurales, porque hemos cambiado la morfología y el clima”, sentenciaba Ariño, quien reivindicaba “información, formación y participación”, señalando que estos dos últimos apartados son, esencialmente, “procesos de aprendizaje”.

Por su parte, Camarasa, conocedora del espacio geográfico afectado, apuntaba que mientras la ciencia “hacía los deberes”, a nivel local “no se era consciente” porque no había una didáctica que explicara su utilidad. Sin embargo, “aquí ha habido una gran urbanización desde los años noventa y faltaba la percepción del riesgo”. Para saber cómo actuar frente a él, añadía, “hay que conocer el riesgo”. También echó en falta una mayor coordinación y repensar el territorio: “No todo se tiene que reconstruir como estaba”.

Para la catedrática, en los últimos tiempos se ha producido una extremización de los episodios naturales, por lo que la población debe estar preparada; asimismo, insistía en la necesidad de rediseñar el territorio para adaptarnos a esa nueva realidad.

Cabanes comenzaba su intervención lamentando las 230 vidas que no se van a recuperar, al igual que la salud mental: “Eso no se va a olvidar nunca, va a estar siempre ahí”. Recordaba que su municipio, Sedaví, “no era inundable, y acabamos con dos metros ochenta centímetros de agua”, e incidía en que “los alcaldes hemos estado muy abandonados; es verdad que nos han dado mucho dinero, pero no todo es el dinero, hay que acompañar”.

Por último, Andrew Shaw destacaba cómo los primeros en responder siempre son los actores locales, “porque están conectados y tienen un vínculo, e incluso pueden tener una sede y una infraestructura social. Cuando golpea un desastre, ayudan a limpiar, a repartir alimentos u otro tipo de ayuda”. “Se pueden coordinar de una forma rápida porque ya disponen de una red social”, explicaba, y ponía como ejemplo los clubes o entidades deportivas que se desarrollan en comunidad y que pueden colaborar para recuperar la nueva normalidad.

La primera mesa de debate, sobre resiliencia y sostenibilidad, ha comenzado con la intervención de la urbanista e investigador Tímea Szőke, secretaria del Urban Resilience Lab Barcelona con más de una década de experiencia internacional en proyectos culturales y urbanos que conectan comunidades, patrimonio y sostenibilidad, quien ha destacado a las relaciones como infraestructura para la resiliencia y la importancia esas relaciones personales y de la comunidad con el entorno para que este sea mejor: “Si estimamos el lugar en el que vivimos, este será mejor”, al tiempo que destacaba la importancia de que existan instituciones “que escuchen”. Szöke plantea también que cuestiones como la custodia, los cuidados y el arraigo son muy difíciles de medir.

En cuanto a la mesa de debate, moderada por el exdirector de elDiario.es en la Comunitat Valenciana Adolf Beltran, ha abordado el tema de cómo aprovechar la recuperación para reducir vulnerabilidades futuras y preparar mejor el territorio ante nuevos impactos, y ha contado con la participación de Marian Val, vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción y Urbanismo del Ayuntamiento de Paiporta; Lorena Mulet, representante de Per L'Horta; y Jordi Peris, investigador en Ingenio, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), que han comenzado sus intervenciones haciendo un pequeño balance de cómo se está en las zonas afectadas año y medio después de la dana del 29 de octubre de 2024.

Val ha explicado el reto al que se enfrenta un Ayuntamiento como el de Paiporta, “en la zona cero de la zona cero”, “el mayor al que se ha enfrentado” una administración local: “Paiporta no tiene problemas económicos ahora mismo, tenemos más de 200 millones ingresados por el ministerio en febrero del año pasado, lo que multiplica por diez las inversiones municipales anuales, pero nos falta capital humano”. “Estamos ante una oportunidad para conseguir una Paiporta más verde y sostenible”, ha destacado la concejala, quien ha lamentado que ya no existe la “solidaridad” que hubo en un primer momento entre formaciones políticas locales y ha reclamado una mayor coordinación entre administraciones: “Si queremos que esto mejore, tenemos que trabajar todos en la misma línea y conectar nuestras infraestructuras, pensando también en clave comarcal”.

Mulet ha insistido en que para llevar a cabo una buena reconstrucción, “es necesario el diálogo con los movimientos sociales” y ha lamentado que ninguna de las soluciones planteadas van “a la raíz del problema”, que sería replantear un nuevo modelo de territorio: “Se está continuando con los modelos urbanísticos anteriores, y eso nos preocupa”. Así mismo, ha criticado que desde la administración les presentan las iniciativas, pero no les permiten participar de una forma activa y efectiva en la elaboración de esos proyectos. “Llevamos años diciendo que hay que preservar la huerta y pensar en el cambio climático, y no entendemos que no se piense en deshacer”, ha sentenciado Mulet, quien critica que “no aprendamos lo que no tenemos que hacer”.

Peris, por su parte, destacaba la “buena noticia” de que se hayan liberado muchos recursos, “pero todavía queda mucho por hacer”, al tiempo que ha querido romper una lanza, además de por la sociedad civil y los movimientos sociales, por los políticos locales, responsables de la gestión de la tragedia a pie de territorio. “El papel de la innovación [tras la dana] es fundamental, también regulatoria”, ha dicho Peris, para quien los procesos de transformación “tienen que ir ligados a procesos de reflexión muy profunda”.

La localidad valenciana de Paiporta, uno de los municipios de l'Horta Sud seriamente afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 -56 de los 230 muertos en Valencia eran vecinos de Paiporta-, acoge este jueves la II Jornada de 'Innovación para la recuperación' que organizan elDiario.es Comunitat Valenciana y Placemaking Europe, una cita en la abordan fórmulas para reponerse tras las inundaciones que asolaron gran parte de la provincia de Valencia.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha sido el encargado de abrir un acto que pretende encontrar “soluciones de futuro ante los desafíos a los que tenemos que hacer frente, siempre desde el conocimiento y el diálogo”, acompañado de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha insistido en que, para que tragedias como la de hace año y medio no vuelvan a suceder, “tenemos que estar mejor preparados”.

“Si hoy viniera otra dana, no estaríamos igual”, ha dicho Bernabé, quien ha explicado: “Hemos puesto en marcha una una inversión de emergencia de más de 250 millones de euros que ha hecho que nuestros barrancos y ríos estén mejor preparados, para hacernos más resilientes y estar mejor preparados”. Así mismo, ha hecho un llamamiiento a la Generalitat Valenciana, quien “tiene la responsabilidad del territorio”, a que cambie sus políticas.

Proceso participativo

Sergi Pitarch, director de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, y Ramon Marrades, de Placemaking Europe, han sido los encargados de dar a conocer los principales resultados de la encuesta ciudadana lanzada por elDiario.es y las conclusiones extraídas del diálogo establecido con diferentes entidades y actores implicados.

En este proceso han participado cerca de 400 personas, de las que aproximadamente la mitad consideran que la situación está “más o menos igual”, mientras que el 92% de los entrevistados rechaza “un simple retorno” a la situación anterior, mientras que las cuestiones más demandadas son mejores defensas contra las inundaciones y apoyo sanitario. Además, el el 81,7% no confía en la Generalitat, el 57% no confía en los ayuntamientos y el 50% en el Gobierno. Además, la ciudadanía no cree que haya mejorado la coordinación institucional.

El proyecto para la renaturalización del Barranco de Oyón, contando con un presupuesto inicial de 1,75 millones de euros y la intención que las obras puedan comenzar a final de este año, “quizá en el último trimestre”. Así lo ha avanzado el concejal de Administración Pública y hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal, Francisco Iglesias, quien ha recordado que el Barranco “está en la zona norte de la ciudad y recoge las aguas que vienen por la cuenca que viene desde el municipio a la vez de Oyón, llegan a la zona de El Campillo y Cementerio”.

Aguas, ha añadido, que “en este momento no están canalizadas”, por lo que son susceptibles de provocar inundaciones en la zona. Por eso, ha apuntado que “es una obra histórica del Ayuntamiento que este equipo de Gobierno ha abordado desde el primer momento” y que se prevé desarrollar en dos fases: “la primera, la obra hidrológica y la segunda, la renaturalización de superficie”.

En palabras de Iglesias, “es una de las tres obras que este equipo de Gobierno presentó al principio de la Legislatura que iban a dar para paliar los efectos de las inundaciones en diferentes zonas de la ciudad”, señalando que, en concreto, “comenzamos con el Barranco de Oyón; se está trabajando en fase de proyecto con el Barranco del Horcajo; y también se está trabajando en el Corredor Sur de Logroño, con lo cual, ésta es la primera de las tres obras que tienen que ir llegando”.

Una vez aprobado el proyecto, “en los próximos meses” se procederá a la licitación, que, como ha señlado el edil, “irá en paralelo” al proceso de expropiación para que el Ayuntamiento se haga con los terrenos necesarios para los trabajos, “que será corto”. De este modo, como ha calculado Iglesias, “y siempre dependiendo de los trámites administrativos”, la intención es “comenzar las obras este año, quizá en el último trimestre”.

El proyecto

El Ayuntamiento de Logroño continúa así trabajando para la renaturalización y la reducción del riesgo de inundación en el barranco de Oyón, concretamente en el tramo que afecta al barrio de El Campillo, así como para la recuperación del cauce natural del río y la creación de una nueva zona verde en este entorno.

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado en concreto el proyecto de obras para la adaptación del proyecto de renaturalización e integración hidrológica y ambiental en este espacio, que plantea una inversión total de 1.741.962,22 euros (IVA Incluido).

La solución pasa por desviar y recoger el agua de lluvia procedente del barranco de Oyón para evacuarla al río Ebro evitando la posibilidad de entrada en el barrio de El Campillo.

De este modo, el proyecto plantea una serie de actuaciones de carácter hidrológico que se ejecutarán en la primera fase de las obras. Se establecerá una zona inundable mediante elementos de contención lateral para la laminación de avenidas en el pie del barranco de Oyón o rotonda de avenida de la Sonsierra con la antigua carretera N-111a.

Otro elemento fundamental de esta fase será la ejecución de un marco soterrado bajo la antigua carretera. Por último, se adaptará el marco existente del cauce actual para permitir derivar caudales en avenida al nuevo marco soterrado, de manera que permita gestionar avenidas para su evacuación al Ebro bajo la carretera.

La otra vertiente de la actuación será la creación de un nuevo cauce complementario al existente (un canal trapezoidal a cielo abierto con dimensiones medias de 3,5 x 15 metros), que permitirá ampliar la capacidad hidráulica del cauce actual, además de la solución añadida de evacuación que aporta el nuevo marco soterrado.

La aportación más ambiental del proyecto vendrá por la adecuación que se llevará a cabo en ese cauce abierto, en el que se creará un sendero ambiental paralelo al cauce que llegará hasta la desembocadura en el Ebro.

Esta nueva zona verde se naturalizará con plantaciones en las que se tendrá en cuenta el fomento de la biodiversidad con especies adaptadas a las características de este espacio, que conectará tanto con El Campillo como con el parque del Pozo Cubillas.

Este proyecto es uno de los tres incluidos en el Plan Trienal de Obras Hidrológicas y Ambientales, junto con el Corredor Ecológico Sur y con el Barranco del Horcajo, que permitirán reducir los efectos adversos de los aguaceros en la ciudad, así como un mejor aprovechamiento y reutilización del agua.

Una fuerte tromba de agua sorprendió a la localidad ciudadrealeña de Herencia este pasado martes y ha provocado inundaciones en el municipio.

Según informaba el alcalde del municipio, Sergio García-Navas, a través de su perfil en la red social Instagram, llovió durante 22 minutos con una precipitación acumulada de hasta 35 litros por metro cuadrado. García-Navas explicaba que “no se recuerda algo parecido” y que la lluvia “provocó que el colector no admita más agua”

La tormenta vino acompañada de fuertes rachas de viento, provocando la caída de árboles y que el agua entrase a través de ventanas y balcones en las viviendas de algunos vecinos y vecinas. Igualmente, García-Navas también destacaba algunas incidencias de alumbrado.

El alcalde señalaba que se movilizaron bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y efectivos de la empresa de agua Emaser. García-Navas ha explicado que seguían trabajando en las incidencias “a disposición de quien lo necesite las bombas de achique de agua”.

Este miércoles 29 de abril, el Gobierno de Castilla-La Mancha activaba el METEOCAM en fase de alerta por fuertes lluvias y tormentas en la región. Guadalajara se encuentra en aviso naranja con previsión de precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado, y aviso amarillo en las otras cuatro provincias.

La dana que el 29 d’octubre de 2024 va devastar gran part de la província de València també va passar per damunt de part de les infraestructures de sanejament i clavegueram. Aquest fet, tal com denuncia Acció Ecologista-Agró, també va generar una “aguda contaminació persistent” de les aigües que flueixen cap a l’Albufera de València, “un ecosistema d’aigües transparents, amb abundant vegetació submergida i de ribera, i una rica biodiversitat d’organismes aquàtics vertebrats i invertebrats”. Les administracions públiques competents van assegurar poc després, el desembre d’aquell any mateix, que ja s’havia revertit, i s’havia arribat a l’“abocament zero”; no obstant això, “res més lluny de la realitat”.

Actualment, un any i mig després del temporal i de les inundacions que van negar l’Horta Sud, els ecologistes adverteixen que les aigües residuals de Catarroja, “i sospitem que també d’altres poblacions afectades”, “han continuat fluint contínuament cap a l’Albufera, contaminant greument el port i el canal que desguassa en el llac”. Això, tal com recullen les dades publicades per la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, indica una “baixa preocupació” per la recuperació de l’aigua que alimenta l’aiguamoll protegit, “la joia de la corona valenciana”.

En aquest sentit, relaten que es poden trobar “concentracions molt altes de substàncies i paràmetres fisicoquímics propis de contaminació fecal i industrial, com ara fòsfor total, compostos nitrogenats, DBO (demanda bioquímica d’oxigen), sòlids en suspensió, etc., amb efectes fins i tot tòxics sobre la fauna aquàtica”. Tot això, alerten, provocarà anòxia i els problemes s’accentuaran a mesura que apugen les temperatures amb vista a l’estiu. De fet, comenten que ja estan produint-se mortaldats que afecten l’activitat pesquera.

Per a Agró, la situació resulta “especialment preocupant”, atés que sembla que la reconstrucció completa de totes les infraestructures “no serà cosa de mesos, sinó més aïna d’anys”. A parer seu, resulta prioritari que totes les administracions competents arbitren i faciliten actuacions encaminades a tallar, “de manera radical i amb caràcter d’urgència”, aquesta entrada massiva d’aigües residuals a l’aiguamoll.

Sobre aquest tema, ressalten com les administracions “es fan propaganda contínuament amb les moltes idees que tenen per a millorar i recuperar l’Albufera, però passen els anys —el 2026 se’n fan 40 de la declaració del parc natural—, i no es veuen accions efectives per a corregir de manera substancial el seu estat ambiental”.

Així doncs, recorden que el Ministeri va presentar fa uns mesos el Pla d’actuacions per a la recuperació i millora de la resiliència de l‘Albufera, que té una dotació pressupostària de 56,3 milions d’euros: “El mateix Ministeri explicava que, si se sumen altres actuacions seues ja en marxa que també impacten en l’espai, la xifra global arriba a 132,5 milions d’euros”.

Un altre pla “presentat a so de bombo i platerets” per la Generalitat Valenciana, el Pla d’Acció Integral per a la Recuperació Ecològica de l‘Albufera, referia una inversió de 100 milions d’euros ja destinats al seu pla de xoc o d’acció per a recuperar l’ecosistema després de les inundacions, al final del mes d’octubre passat, “i l’endemà passat es van anunciar 15 milions extra per al drenatge selectiu i l’eliminació d’excessos de sediments”, de manera que el paquet autonòmic quedava en 115 milions anunciats.

“Amb tants milions previstos”, els ecologistes esperen i desitgen que les administracions recorden aquest problema “continu i recurrent”, i s’executen finalment actuacions que bloquegen l’arribada d’aigües residuals.

L’entitat ecologista considera necessari que es tinguen en compte les recomanacions recollides en l’“Estratègia de gestió d’aigües residuals i pluvials de l’àrea metropolitana de València i l’Horta Sud”, en què es detallen una sèrie de mesures que poden contribuir a recuperar la qualitat de l’aigua de l’Albufera i a reduir substancialment l’entrada d’aigües residuals des de la zona més poblada de l’entorn del parc.

Per a Acció Ecologista-Agró resulta “intolerable” l’entrada contínua d’aigües residuals en l’aiguamoll, “un problema de primer ordre que s’havia d’haver abordat fa molts anys i que ara, amb la pluja de milions previstos per a l’Albufera, s’ha de corregir i reduir ràpidament, sense més esperes”. “Ha arribat el moment que les administracions es posen a treballar seriosament en un problema que arrossega l’Albufera d’aigües verdes des de fa més de cinquanta anys”, conclouen.

La dana que el 29 de octubre de 2024 arrolló gran parte de la provincia de Valencia también se llevó por delante parte de las infraestructuras de saneamiento y alcantarillado. Este hecho, tal y como denuncia Acció Ecologista-Agró, también generó una “aguda contaminación persistente” de las aguas que fluyen hacia l'Albufera de València, “un ecosistema de aguas transparentes, con abundante vegetación sumergida y de ribera, y una rica biodiversidad de organismos acuáticos vertebrados e invertebrados”. Las administraciones públicas competentes aseguraron poco después, en diciembre de ese mismo año, que ya se había revertido, alcanzando el “vertido cero”; sin embargo, “nada más lejos de la realidad”.

Actualmente, año y medio después del temporal y de las inundaciones que anegaron l'Horta Sud, los ecologistas advierten que las aguas residuales de Catarroja, “y sospechamos que también de otras poblaciones afectadas”, “han seguido fluyendo continuamente hacia l'Albufera, contaminando gravemente el puerto y el canal que desagua en el lago”. Ello, tal y como recogen los datos publicados por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, indica una “baja preocupación” por la recuperación del agua que alimenta al humedal protegido, “la joya de la corona valenciana”.

En este sentido, relatan que se pueden encontrar “concentraciones muy altas de sustancias y parámetros fisicoquímicos propios de contaminación fecal e industrial, como fósforo total, compuestos nitrogenados, DBO (demanda bioquímica de oxígeno), sólidos en suspensión, etc., con efectos incluso tóxicos sobre la fauna acuática”. Todo ello, alertan, provocará anoxia y los problemas se acentuarán a medida que suban las temperaturas de cara al verano. De hecho, comentan que ya se están produciendo mortandades que afectan a la actividad pesquera.

Para Agró, la situación resulta “especialmente preocupante”, dado que parece que la reconstrucción completa de todas las infraestructuras “no será cosa de meses, sino más bien de años”. A su juicio, resulta prioritario que todas las administraciones competentes arbitren y faciliten actuaciones encaminadas a cortar, “de forma radical y con carácter de urgencia”, esta entrada masiva de aguas residuales al humedal.

Al respecto, resaltan cómo las administraciones “se hacen propaganda continuamente con las muchas ideas que tienen para mejorar y recuperar l'Albufera, pero pasan los años —en 2026 se cumplen 40 de la declaración del parque natural—, y no se ven acciones efectivas para corregir de forma sustancial su estado ambiental”.

Así, recuerdan que el Ministerio presentó hace unos meses el Plan de actuaciones para la recuperación y mejora de la resiliencia de l'Albufera, que cuenta con una dotación presupuestaria de 56,3 millones de euros: “El mismo Ministerio explicaba que, si se suman otras actuaciones suyas ya en marcha que también impactan en el espacio, la cifra global llega a los 132,5 millones de euros”.

Otro plan “presentado a bombo y platillo” por la Generalitat Valenciana, el 'Plan de Acción Integral para la Recuperación Ecológica de l'Albufera', refería una inversión de 100 millones de euros ya destinados a su plan de choque o de acción para recuperar el ecosistema tras las inundaciones, a finales del pasado mes de octubre, “y dos días después se anunciaron 15 millones extra para el drenaje selectivo y la eliminación de excesos de sedimentos”, de forma que el paquete autonómico quedaba en 115 millones anunciados.

“Con tantos millones previstos”, los ecologistas esperan y desean que las administraciones recuerden este problema “continuo y recurrente”, y se ejecuten finalmente actuaciones que bloqueen la llegada de aguas residuales.

La entidad ecologista considera necesario que se tengan en cuenta las recomendaciones recogidas en la “Estrategia de gestión de aguas residuales y pluviales del área metropolitana de València y l'Horta Sud”, en la que se detallan una serie de medidas que pueden contribuir a recuperar la calidad del agua de l'Albufera y a reducir sustancialmente la entrada de aguas residuales desde la zona más poblada del entorno del parque.

Para Acció Ecologista-Agró resulta “intolerable” la continua entrada de aguas residuales en el humedal, “un problema de primer orden que se debía haber abordado hace muchos años y que ahora, con la lluvia de millones previstos para l'Albufera, se debe corregir y reducir rápidamente, sin más esperas”. “Ha llegado el momento de que las administraciones se pongan a trabajar seriamente en un problema que arrastra l'Albufera de aguas verdes desde hace más de cincuenta años”, concluyen.

El presidente del consejo comarcal de La Cerdanya, Isidre Chia (Junts), se ha desvinculado este lunes ante la jueza de Puigcerdà del chalé ilegal con piscina construido sin permiso y en una finca inundable actualmente propiedad de su hermano.

Ante la jueza de Puigcerdà ha comparecido este lunes Chia como investigado, pues en el momento de iniciarse la construcción irregular el terreno pertenecía a una sociedad familiar. El dirigente, que ha respondido a las preguntas de la jueza y de su defensa, se ha desvinculado de las obras ilegales y ha remarcado que eran de su hermano, han informado fuentes jurídicas.

El caso del chalé ilegal de Fontanals ha llegado al juzgado después de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambietne de Girona, quien llevó a los tribunales a los dos hermanos Chía y respaldó la lucha que desde hace años mantiene la entidad ecologista SOS Pirineus contra el chalé de Chia y otras edificaciones en terrenos protegidos de personajes poderosos de la comarca.

El caso permanece en los juzgados en 2026 pese a que las obras ilegales empezaron en 2017 y que desde 2022 existe una orden municipal para derribar la construcción ilegal que sigue sin ejecutarse, según ha admitido el arquitecto municipal de Fontanals que ha comparecido este lunes como testigo, informan las mismas fuentes.

Según el fiscal y los ecologistas, Chia “transformó subrepticiamente” en 2017 una caseta tradicional agrícola en un chalé con piscina y jardín en un terreno inundable y protegido a nivel ecológico –cuyo resultado se puede constatar en el vídeo de archivo que acompaña a esta información– mediante una licencia urbanística que solo le permitía limpiar el terreno y arreglar desperfectos en la caseta.

Xavier Chia, que tiene una empresa de jardinería muy conocida en la comarca, no se quedó aquí, expone el fiscal. Cuando fue descubierta la primera construcción irregular, el hijo del entonces alcalde “intentó ocultar la ilegalidad y evitar sanciones” mediante solicitudes de varias obras menores y licencias ante el Ayuntamiento que comandaba su padre.

Por ejemplo, en 2019, cuando la construcción irregular ya era un clamor entre vecinos y ecologistas de la comarca, el Ayuntamiento concedió a Chia el permiso para construir una perrera para 40 canes al lado del chalé. Un año después, Chia, para intentar tapar la construcción ilegal de la piscina del chalé, solicitó al consistorio una licencia para convertir la piscina en depósito de agua para perros, agrega la denuncia.

Los informes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) establecieron que la construcción de Chia no afectaba a acuíferos o a espacios protegidos, pero sí se pretendía edificar dentro de la zona inundable del río Segre, y por lo tanto hacía falta disponer de autorización previa.

Este lunes también ha comparecido un perito propuesto por la defensa de los Chia que, en línea con la tesis exculpatoria, ha admitido que, si bien las obras fueron ilegales, la normativa permitía su legalización. En suma, un intento de que la causa por delito urbanístico quede en nada.

José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, ha señalado en la comisión de investigación de la dana en el Congreso que había información “suficiente y precisa” para tomar medidas preventivas ante aquel episodio, pero que el Consell “de los mejores no supo interpretarla”.

Núñez ha contrapuesto el papel del Gobierno de la Generalitat aquella jornada con el de universidades, ayuntamientos o pequeñas escuelas infantiles que sí suspendieron actividades tras interpretar correctamente los avisos.

La Comisión ha retomado este lunes sus sesiones por primera vez desde el 23 de marzo. La semana pasada, sin embargo, tres asociaciones de víctimas de la dana acudieron al Congreso para exigir justicia, pedir políticas adaptadas al cambio climático y recordar que las alertas “se tienen que lanzar en tiempo y forma”.

El diputado popular César Sánchez, último en interpelar al compareciente, ha tenido que abandonar la sala tras ser llamado al orden tres veces por la presidenta de la comisión debido a sus interrupciones.

Núñez ha dicho que la gestión de la dana fue “catastrófica” y que la población sigue “teniendo miedo cuando llueve”.

Ha indicado asimismo que en el Cecopi del 29 de octubre de 2024 hubo temor a “tomar decisiones que parecían muy agresivas”, como confinar, pero que “habrían salvado vidas”.

“Hay dos formas de gestionar una emergencia, bien o mal, de forma preventiva o de forma reactiva. Hacerlo de forma reactiva cuando el agua ya está en los barrancos es como intentar curar un cáncer cuando ya hay metástasis”, ha expresado el jefe de Climatología.

“Hay que empezar a tomar medidas antes de que empiece a llover, porque el tiempo de respuesta en los barrancos es muy pequeño”, ha insistido al hablar del episodio que causó 230 muertos en Valencia.

“Todos los catedráticos que han pasado por el juzgado han dicho que la información fue suficiente y precisa”, ha dicho tras detallar las notas, avisos especiales y otras comunicaciones emitidas por la Aemet con motivo de la dana.

“Llegó un momento en que no hacía falta aviso, solo había que encender la televisión, era una situación excepcional y se veía así desde el mediodía. Nosotros no tenemos una televisión pública, no tenemos el teléfono de los alcaldes, no tenemos la competencia de alertar... Hicimos todo lo que teníamos que hacer”, ha continuado.

“Desde 2003 siempre se habían gestionado las emergencias de manera preventiva y se habían convocado los Cecopis” con antelación, ha afirmado.

“Son reuniones en las que se dan informaciones muy importantes. Normalmente el meteorólogo habla primero sobre los posibles escenarios”, ha relatado. En cambio, en el Cecopi del 29 de octubre le dieron paso “el último” porque “a la hora que empezó ya no había un problema meteorológico, sino hidrológico”.

“Todas las veces que me dieron paso hablé de las lluvias torrenciales, pero creo que nadie me escuchó”, ha apuntado.

Núñez ha comentado su asombro porque “nadie haya explicado” por qué la reunión se cortó de 18 a 19 horas. Según sus cálculos, en el Cecopi que empezó sobre las cinco de la tarde y concluyó sobre las 12.30 de la noche “hubo parones por un periodo de cuatro horas”.

Los grupos políticos ha mostrado su apoyo y su agradecimiento a la labor de la Aemet y del propio Nuñez con la excepción de Vox y Grupo Popular, que le han acusado de “no ser fiel a la verdad” y de “mentir”, respectivamente.

Ignacio Gil Lázaro, de Vox, ha indicado que los grupos mayoritarios habían convocado a Núñez “para hacer política” y ha afirmado que este ejerce “una especie de portavocía oficiosa” del Gobierno.

“Usted no ha sido fiel a la verdad” sobre el ámbito geográfico de los avisos, le ha dicho, y se ha remitido al informe de la Guardia Civil que señala que la Aemet no emitió avisos en tiempo real. Un informe que, según Núñez, “está equivocado”.

El popular César Sánchez ha dicho que el jefe de Climatología “falló” en las predicciones de litros caídos, que propició un vacío informativo durante horas y que comparecía ante la comisión “con un sesgo”.

Su debate con el compareciente, con interrupciones continuas, motivó que la presidenta de la comisión le llamase al orden por tercera vez, por lo que tuvo que abandonar la sala. Sus compañeros de grupo se marcharon igualmente.

Núñez ha opinado que en el futuro se necesitan “sistemas de emergencias mas cohesionados y más robustos, mejor con una oficina única en la que todos los organismos puedan trabajar de forma permanente”.

“Es evidente que el negacionaismo y los recortes en ciencia cuestan vidas”, ha indicado también.

La presidenta de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la crisis de la dana, la socialista Carmen Martínez, ha expulsado este lunes de la sesión al portavoz del PP en dicho órgano, César Sánchez, tras las correspondientes tres llamadas al orden. Con él se han ido los demás miembros del Grupo Popular.

Cuando el diputado popular ha comenzado a interrogar al jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, que comparecía este lunes, han sido varias las ocasiones que la presidenta de la comisión ha llamado la atención a Sánchez y a otros diputados presentes en la sala por el tenso debate que su testimonio ha generado.

Presidencia “sectaria”

Pero la tercera vez que lo ha hecho, y que ha derivado en su expulsión de la comisión, ha sido durante el turno del diputado popular, que ha iniciado su intervención acusando a la presidenta de la misma de actuar “de manera discrecional y sectaria” con el formato pregunta respuesta.

Frente a esto, Martínez ha procedido a leerle el Reglamento y a informarle de que si tiene alguna queja sobre su forma de ejercer la Presidencia, remita el correspondiente escrito para que la Mesa lo valore.

El diputado del PP ha replicado que “nadie cuestiona el Reglamento” y ambos se han enzarzado en una discusión que ha acabado con la advertencia de la presidenta de que ya le había llamado al orden por segunda vez y que si lo hacía una tercera, tendría que abandonar la sala.

“Le están intentando poner nervioso”

Y así ha sido unos minutos más tarde cuando durante el interrogatorio tanto el diputado del PP como el compareciente se han enzarzado en diversas discusiones que han acabado con la presidenta de la comisión pidiendo a Sánchez que dejara hablar al ponente y que no le replicara a ella, e informando al compareciente de que estaban intentando ponerle nervioso y que ella le daría amparo. Cuando Martínez le ha advertido de que si le volvía a llamar al orden tendría que abandonar la sala, Sánchez le ha respondido: “¿Le parece que quiero estar aquí?”

Ante el caso omiso del parlamentario popular, le ha acabado expulsado de la Sala Prim, donde se están celebrando las distintas sesiones de la comisión de investigación sobre las inundaciones de la dana.

El 7 de maig de 2026, Paiporta acollirà la segona edició d’Innovació per a la Recuperació, una iniciativa d’elDiario.es Comunitat Valenciana i Placemaking Europe que vol avaluar la reconstrucció després de la dana de manera transparent, pública i crítica.

Un any després de la primera jornada, esdevinguda a Catarroja tot just uns mesos després de la catàstrofe, es fa necessari no confondre la recuperació amb la reparació. No n’hi ha prou de llevar el fang, arreglar carrers, reposar mobiliari, reobrir serveis i tramitar ajudes, com si el territori fora una màquina espatlada i fora prou canviar algunes peces perquè tot tornara a funcionar. Caldrà fer un pas més, perquè una societat colpejada no es reconstrueix només amb obra pública, certificacions tècniques i notes de premsa.

La segona edició d’Innovació per a la Recuperació, que s’esdevindrà al Museu de la Rajoleria de Paiporta, posarà damunt la taula la necessitat de mirar la recuperació com un procés social, territorial i polític que cal entendre, discutir i seguir de prop.

Perquè reconstruir no és únicament reparar allò que s’ha trencat. També és preguntar-se per la confiança, per la capacitat de coordinació, per la lectura compartida del moment, per unes institucions capaces d’escoltar i per una ciutadania que no quede reduïda al paper de testimoni passiu d’un procés que l’afectarà en tot.

Aquesta segona edició voldrà fer un pas endavant sobre això i avançar cap a un observatori ciutadà de la recuperació. La idea és important, perquè proposa una eina per a escoltar, interpretar i donar seguiment al procés des d’una mirada col·lectiva, territorial i orientada al futur. Una eina que parteix d’una evidència massa sovint ignorada: la reconstrucció necessita coneixement tècnic i científic, però també necessita ciutadania, entitats socials, municipis en primera línia i espais capaços de convertir l’experiència viscuda en intel·ligència pública.

La iniciativa s’articularà també en tres fases. La primera serà una enquesta ciutadana, que es llançarà la setmana que ve en elDiario.es Comunitat Valenciana per a recollir percepcions i prioritats sobre l’estat de la recuperació entre la població dels municipis afectats i altres actors vinculats al procés. La segona serà una fase qualitativa de contrast, amb administracions, entitats socials, equips tècnics, acadèmia i altres perfils clau. La tercera culminarà en la jornada pública i institucional del 7 de maig a Paiporta, on es compartiran resultats, es confrontaran prioritats i es connectaran mirades locals i internacionals. Dit d’una altra manera: primer escoltar, després contrastar, finalment posar en públic allò que s’ha aprés.

La jornada del 7 de maig s’organitzarà al voltant de quatre eixos que apunten en la direcció correcta. El primer serà la resiliència i la sostenibilitat, és a dir, la pregunta per com es reconstrueix un territori més preparat davant impactes futurs, amb criteris d’adaptació climàtica i resiliència hídrica. El segon seran les infraestructures, no enteses com una qüestió merament d’enginyeria, sinó com la base material de la vida quotidiana: mobilitat, aigua, serveis bàsics, espai públic i planificació útil. El tercer serà la recuperació social i cultural, perquè cap poble es refarà del tot si només recupera la seua carcassa física i no també els vincles, els espais de relació, la vida cultural i el sentit compartit dels llocs. I el quart serà la perspectiva dels municipis afectats, és a dir, la mirada de qui haurà de gestionar des de baix les tensions, les lentituds, les prioritats i els buits de coordinació que tota reconstrucció posa al descobert.

La jornada reunirà institucions, municipis afectats, entitats de la societat civil, equips tècnics i veus acadèmiques que coneixen la recuperació des del terreny i des de la gestió directa. En aquest marc, Zulima Pérez (comissionada especial del Govern d’Espanya per a la reconstrucció i la reparació dels danys provocats per la dana) aportarà la connexió amb la coordinació estatal i amb els criteris de reconstrucció i adaptació territorial; Marian Val (vicealcaldessa i regidora de Reconstrucció i Urbanisme de Paiporta) representarà l’escala on la recuperació es tradueix en decisions concretes sobre urbanisme, reconstrucció i vida quotidiana; i Natàlia Enguix (vicepresidenta de la Diputació de València) aportarà la mirada supramunicipal i el paper d’acompanyament institucional als ajuntaments afectats.

Al seu costat, veus convidades com Marcos Ros (eurodiputat i ponent de l’informe sobre la Nova Bauhaus Europea), Fredrik Lindstål (ex-vicealcalde d’Estocolm i expresident dels ports d’Estocolm) i Guillermo Bernal (director executiu de The Place Institute i membre del consell de PlacemakingX) ajudaran a ampliar el focus sense desplaçar el centre del debat: Ros connectarà l’experiència local amb els debats europeus sobre qualitat urbana i desenvolupament territorial; Lindstål aportarà una mirada útil sobre governança urbana, infraestructures i capacitat institucional; i Bernal recordarà que un territori es refà amb vincles, comunitat i contextualització. La clau no serà importar receptes, sinó fer dialogar bé l’experiència del territori amb marcs més amplis i aprenentatges d’altres llocs.

Per això té sentit l’aliança entre una organització dedicada a l’espai públic i al territori a escala europea i un mitjà de comunicació independent. En temps de desafecció, de fatiga institucional i d’una ciutadania que massa sovint percep que les decisions importants es prenen lluny i es comuniquen tard, aquesta combinació és especialment útil.

El procés donarà lloc a un document de recomanacions i seguiment i serà documentat a través de peces periodístiques i formats transmèdia elaborats amb elDiario.es, amb la voluntat que Innovació per a la Recuperació no siga una acció puntual, sinó una eina amb continuïtat i amb vocació de repetir-se el 2027.

El 7 de mayo de 2026, Paiporta acogerá la segunda edición de Innovación para la Recuperación, una iniciativa de elDiario.es Comunitat Valenciana y Placemaking Europe que quiere evaluar la reconstrucción tras la dana de modo transparente, público y crítico.

Un año después de la primera jornada, celebrada en Catarroja apenas unos meses después de la catástrofe, se hace necesario no confundir la recuperación con la reparación. No basta con quitar el barro, arreglar calles, reponer mobiliario, reabrir servicios y tramitar ayudas, como si el territorio fuera una máquina estropeada y bastara cambiar algunas piezas para que todo volviera a funcionar. Habrá que dar un paso más, porque una sociedad golpeada no se reconstruye solo con obra pública, certificaciones técnicas y notas de prensa.

La segunda edición de Innovación para la Recuperación, que se celebrará en el Museu de la Rajoleria de Paiporta, pondrá sobre la mesa la necesidad de mirar la recuperación como un proceso social, territorial y político que hay que entender, discutir y seguir de cerca.

Porque reconstruir no es únicamente reparar aquello que se ha roto. También es preguntarse por la confianza, por la capacidad de coordinación, por la lectura compartida del momento, por unas instituciones capaces de escuchar y por una ciudadanía que no quede reducida al papel de testigo pasivo de un proceso que la afectará en todo.

Esta segunda edición querrá dar un paso adelante sobre esto y avanzar hacia un observatorio ciudadano de la recuperación. La idea es importante, porque propone una herramienta para escuchar, interpretar y dar seguimiento al proceso desde una mirada colectiva, territorial y orientada al futuro. Una herramienta que parte de una evidencia demasiado a menudo ignorada: la reconstrucción necesita conocimiento técnico y científico, pero también necesita ciudadanía, entidades sociales, municipios en primera línea y espacios capaces de convertir la experiencia vivida en inteligencia pública.

La iniciativa se articulará también en tres fases. La primera será una encuesta ciudadana, que se lanzará la semana que viene en elDiario.es Comunitat Valenciana para recoger percepciones y prioridades sobre el estado de la recuperación entre la población de los municipios afectados y otros actores vinculados al proceso. La segunda será una fase cualitativa de contraste, con administraciones, entidades sociales, equipos técnicos, academia y otros perfiles clave. La tercera culminará en la jornada pública e institucional del 7 de mayo en Paiporta, donde se compartirán resultados, se confrontarán prioridades y se conectarán miradas locales e internacionales. Dicho de otro modo: primero escuchar, después contrastar, finalmente poner en público aquello que se ha aprendido.

La jornada del 7 de mayo se organizará alrededor de cuatro ejes que apuntan en la dirección correcta. El primero será la resiliencia y la sostenibilidad, es decir, la pregunta por cómo se reconstruye un territorio más preparado ante impactos futuros, con criterios de adaptación climática y resiliencia hídrica. El segundo serán las infraestructuras, no entendidas como una cuestión meramente de ingeniería, sino como la base material de la vida cotidiana: movilidad, agua, servicios básicos, espacio público y planificación útil. El tercero será la recuperación social y cultural, porque ningún pueblo se rehará completamente si solo recupera su carcasa física y no también los vínculos, los espacios de relación, la vida cultural y el sentido compartido de los lugares. Y el cuarto será la perspectiva de los municipios afectados, es decir, la mirada de quien tendrá que gestionar desde abajo las tensiones, las lentitudes, las prioridades y los vacíos de coordinación que toda reconstrucción pone a cuerpo descubierto.

La jornada reunirá instituciones, municipios afectados, entidades de la sociedad civil, equipos técnicos y voces académicas que conocen la recuperación desde el terreno y desde la gestión directa. En este marco, Zulima Pérez (comisionada especial del Gobierno de España para la reconstrucción y la reparación de los daños provocados por la dana) aportará la conexión con la coordinación estatal y con los criterios de reconstrucción y adaptación territorial; Marian Val (vicealcaldesa y regidora de Reconstrucción y Urbanismo de Paiporta) representará la escala donde la recuperación se traduce en decisiones concretas sobre urbanismo, reconstrucción y vida cotidiana; Natàlia Enguix (vicepresidenta de la Diputación de València) aportará la mirada supramunicipal y el papel de acompañamiento institucional a los ayuntamientos afectados. El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, también intervendrá al igual que la vicealcaldesa, Marian Val.

A su lado, voces invitadas cómo Marcos Ros (eurodiputado y ponente del informe sobre la Nueva Bauhaus Europea), Fredrik Lindstål (exvicealcalde de Estocolmo y expresidente de los puertos de Estocolmo) y Guillermo Bernal (director ejecutivo de The Place Institute y miembro del consejo de PlacemakingX) ayudarán a ampliar el foco sin desplazar el centro del debate: Ros conectará la experiencia local con los debates europeos sobre calidad urbana y desarrollo territorial; Lindstål aportará una mirada útil sobre gobernanza urbana, infraestructuras y capacidad institucional; y Bernal recordará que un territorio se rehace con vínculos, comunidad y contextualización. La clave no será importar recetas, sino hacer dialogar bien la experiencia del territorio con marcos más amplios y aprendizajes de otros lugares.

Por eso tiene sentido la alianza entre una organización dedicada al espacio público y al territorio a nivel europeo y un medio de comunicación independiente. En tiempo de desafección, de fatiga institucional y de una ciudadanía que demasiado a menudo percibe que las decisiones importantes se toman lejos y se comunican tarde, esta combinación es especialmente útil.

El proceso dará lugar a un documento de recomendaciones y seguimiento y será documentado a través de piezas periodísticas y formatos transmedia elaborados con elDiario.es, con la voluntad que Innovación para la Recuperación no sea una acción puntual, sino una herramienta con continuidad y con vocación de repetir-se en 2027.

El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes la solicitud formal de ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para paliar los daños ocasionados por las sucesivas borrascas registradas entre finales de enero y principios de febrero de este año, que afectó a la Península, principalmente a Andalucía y Extremadura. El Gobierno entiende que las siete borrascas que golpearon consecutivamente a estas comunidades reúnen los requisitos para ser consideradas una “catástrofe de naturaleza grave” y, tal y como ya anunció en febrero, activa ahora el mecanismo para que la Comisión Europea active los fondos de ayuda.

Así lo ha comunicado el Ministerio este viernes, cuantificando el coste de los gastos susceptibles de financiación en 1.801 millones de euros. El reglamento del fondo establece que los Estados miembros podrán adherirse a él ante situaciones de catástrofe ‘de naturaleza grave’, que se reconocen cuando los daños derivados de la catástrofe superan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros (precios de 2011). La documentación remitida refleja que España cumple esta condición, según ha informado el propio Ministerio.

Se inicia ahora un proceso en el que la Comisión Europea debe evaluar la documentación y, en su caso, asignar el importe de ayuda que corresponde a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firmará un acuerdo con España y entregará la subvención. El proceso puede durar varios meses.

La solicitud detalla que el coste de los gastos susceptibles de financiación se cifra en 1.801 millones de euros, pero el Ministerio asume que se asignará una cuantía “necesariamente inferior”, pues esa cifra supera el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia de la Unión Europea.

Se ha concedido ocho veces a España

El fondo, nacido precisamente como respuesta europea ante las devastadoras inundaciones que afectaron a Europa central en el verano de 2002, financia parte de algunos gastos e intervenciones de emergencia derivadas de catástrofes. Por ejemplo, los destinados al restablecimiento de las infraestructuras básicas, como la energía, el agua, la sanidad y la educación; alojamientos provisionales de la población afectada y costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas; seguridad de las infraestructuras de prevención; medidas de protección del patrimonio cultural; y operaciones de limpieza.

Hasta ahora España ha recibido los fondos en ocho ocasiones. La primera vez fue con motivo de la crisis del Prestige, en noviembre de 2003. También los ha percibido tras el terremoto de Lorca (2011), con la COVID-19 (2020), la erupción del volcán en La Palma (2022) o la DANA de Valencia (2024), tras la que recibió 946 milones de euros, la segunda mayor cuantía otorgada en la historia del Fondo.

En una visita a Cádiz el pasado 19 de febrero, justo tras el fin del largo episodio de lluvias intensas, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, prometió que la Comisión Europea haría “todo lo posible para ayudar” a Andalucía a paliar los daños.

El Gobierno central abrió su propia línea, con ayudas de 5.000 euros para empresarios y profesionales, y de entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, según su facturación, por los daños sufridos por el temporal, así como 150 euros por persona por cada día que hubiera pasado desalojado. El 17 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de ayudas y exenciones fiscales con un coste total de 7.000 millones de euros, según anunció María Jesús Montero, por entonces ministra de Hacienda. 2.100 millones son ayudas directas para los municipios afectados.

Por su parte, el Gobierno de la Junta de Andalucía modificó sus Presupuestos para destinar 685 millones de sus remanentes de Tesorería (sin gastar de los Presupuestos de 2024 y 2025) para ayudas directas a los agricultores y ganaderos más afectados.

Daños extraordinarios de un episodio excepcional

Entre el 22 de enero y el 14 de febrero de 2026, España se vio afectada por una secuencia excepcional de siete borrascas atlánticas con gran impacto (Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana), que generaron un episodio prolongado de condiciones meteorológicas adversas en amplias zonas del territorio, aunque el impacto fue mayor en zonas de Andalucía y Extremadura, toda vez que en el sur peninsular las precipitaciones acumuladas triplicaron los valores climatológicos de referencia (1991-2020).

El episodio más crítico se produjo entre el 3 y el 7 de febrero, asociado a la borrasca Leonardo, con precipitaciones extraordinarias ligadas a un río atmosférico subtropical. Se registraron valores extremos, como los 577 mm en 24 horas de Grazalema (Cádiz), constituyendo un récord histórico, que causó inundaciones extraordinarias.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), analizando la precipitación acumulada en un periodo de 31 días, este episodio se sitúa como el segundo valor más alto de todo el siglo XXI para la España peninsular, y entre los más relevantes desde que existen registros (1961).

En Andalucía y Extremadura el impacto fue severo y transversal, con miles de personas afectadas, graves daños económicos en sectores clave e importantes alteraciones en el medio ambiente.

Más de 12.400 personas fueron desalojadas, con el caso de todo el pueblo de Grazalema (Cádiz) como símbolo. Decenas de viviendas quedaron destruidas o inhabitables, incluyendo en algunos casos derrumbes totales o parciales.

Además, se produjeron daños en infraestructuras y servicios públicos que persisten hoy. Hubo 150 carreteras afectadas; suspensión del tráfico ferroviario en líneas clave, como la del AVE Málaga-Madrid, que sigue cortado a la altura de Álora; y daños graves en centros educativos, sanitarios, edificios públicos, instalaciones deportivas y municipales y puertos. Aquellos días hubo que realizar desembalses controlados para preservar la seguridad de las infraestructuras.

Las lluvias afectaron gravemente a explotaciones agrícolas y ganaderas, y aislaron polígonos industriales y negocios locales. En cuanto al Patrimonio Cultural y Natural, el Ministerio recuerda que quedaron afectados bienes de alto valor histórico como castillos y conventos, y que se produjeron deterioros significativos en el entorno natural a causa de las lluvias extremas y los desbordamientos.

En conjunto, la población sufrió situaciones de aislamiento, pérdidas materiales significativas y desplazamientos forzosos, requiriéndose dispositivos de emergencia, albergues temporales y atención continuada. Y los daños económicos fueron generalizados y multidimensionales, afectando tanto a actividad pública como privada.

“Excepcional”. Así califica la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) al periodo comprendido entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2026, en el que se sucedieron hasta siete borrascas consecutivas, dejando ríos y arroyos desbordados y varias poblaciones anegadas.

La CHT ha publicado este jueves un informe sobre la gestión del tren de borrascas -siete: Ingrid; Joseph; Kristin; Leonardo, que la confederación califica como “la más crítica”; Marta; Nils y Oriana- en la demarcación hidrográfica del Tajo, que afecta a las provincias de Guadalajara y Toledo principalmente, en menor medida a la de Cuenca y también a una pequeña porción de la de Ciudad Real. Las cifras del informe son realmente impactantes.

Cerca del máximo histórico

La sucesión de tormentas dejó una situación de alerta meteorológica ininterrumpida durante 25 días y provocó una gran subida del volumen de agua almacenado en la cuenca. Así, el dato casi se multiplicó por cuatro, pasando de 2.501 hm³ al inicio del episodio hasta alcanzar un máximo de 9.204 hm³ el 20 de febrero -cifra que supone el 83,3% de la capacidad total de la cuenca-. El embalsamiento en la cuenca se quedó próximo al máximo histórico de 9536,56 hm³ registrado el año pasado.

De entre todas las borrascas, la CHT destaca la “extraordinariamente persistencia” de lluvias que trajo Leonardo. Iniciada el 4 de febrero, esta tormenta arrastró una masa de aire tropical con una cantidad de precipitación “anómala” para la época. Las precipitaciones cayeron sobre unos suelos que para entonces ya estaban saturados, provocando los caudales máximos de los ríos el 5 de febrero.

Fue entonces cuando, según la CHT, los embalses jugaron un papel “vital” para absorber las crecidas y proteger de inundaciones las poblaciones aguas abajo. Así en el Sistema de Cabecera, las presas de Entrepeñas y Buendía laminaron la avenida en un 97% y 98% respectivamente, con caudales de salida cercanos a los 7 y 3 m³/s cuando a la entrada se registraba hasta 220 m³/s.

No obstante, ello no impidió que algunas poblaciones, como Talavera de la Reina, se vieran anegadas en esas fechas por los desbordamientos de algunos ríos.

Así, el 9 de febrero, el río Tajo registraba a su paso por la ciudad de la cerámica un caudal de 660 m3/s, permaneciendo en aviso rojo varios días. No obstante, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, señalaba entonces que el mayor problema para la ciudad provenía de los arroyos que atravesaban el municipio provenientes de la Sierra de San Vicente.

De hecho, fue necesario el envío de varios mensajes ES-ALERT en algunas de las localidades atravesadas por sistemas fluviales pertenecientes a la CHT, como los pueblos de la ribera del Alberche, Talavera de la Reina, Alberche del Caudillo o Seseña.

Ajustar las zonas de flujo preferente

El informe también contiene información detallada de las labores de coordinación con otras administraciones. “La gestión de este ciclo de 25 días de borrascas ininterrumpidas fue posible gracias a una intensa labor de seguimiento y comunicación”, asegura la CHT en un comunicado.

La CHT mantuvo una coordinación constante con diversos organismos, e informa de que mantuvo un total de cuatro reuniones con el CECOP/CECOPI de Castilla-La Mancha como órgano asesor en el contexto de los planes de riesgo de inundaciones gestionados por las diferentes protecciones civiles de cada una de las comunidades autónomas afectadas.

Por último, el organismo de cuenca asegura que el “contraste entre los modelos predictivos y las superficies de inundación captadas por el satélite”, han permitido ajustar la cartografía de las zonas de flujo preferente, “mejorando la resiliencia del territorio ante futuros episodios extremos”.

Tres asociaciones de víctimas y afectados por la dana de Valencia han cargado este miércoles contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón, y han exigido justicia y “medidas adaptadas al cambio climático” en el Congreso de los Diputados, justo antes de reunirse con el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

“No olvidar la dana está muy bien, pero se tiene que hacer algo. El presidente del Partido Popular dijo que había que pasar página y no, no, Feijóo; no, señores del Partido Popular y de Vox: no vamos a pasar página esta vez, no se va a pasar página hoy”, ha declarado a los periodistas Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O.

Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, ha advertido de que aún no se han revisado protocolos para evitar futuras catástrofes similares.

“Estamos viendo que ha pasado año y medio y la Generalitat Valenciana todavía no ha hecho nada para que nos sintamos seguros, nos sentimos desatendidos y ya no es una cuestión únicamente de ecologismos, sino de que puede haber próximas danas, próximos episodios climáticos adversos y no se está haciendo nada”, ha comentado.

Gradolí ha señalado que “venimos aquí para que nos ayuden y se impulsen políticas y medidas adaptadas al cambio climático” y ha añadido: “esperemos que al menos hayan aprendido que las alertas se tienen que lanzar en tiempo y forma”. También han cargado contra Carlos Mazon, expresident de la Generalitat Valenciana.

“Carlos Mazón, que se esconde en el escaño número 98, en el gallinero, y no viene nunca, está mejor ahora que cuando era president de la Generalitat”, ha añadido Rosa Álvarez.

La portavoz ha destacado que las víctimas de la dana y otros accidentes en la Comunitat Valenciana no han recibido tanto interés por la clase política.

“Estaban muy interesados aquí dentro (Congreso) por todas las personas que fallecieron en el tren de Adamuz, a las que trasladamos nuestras condolencias, pero no están preocupados para nada por los 230 familiares ni víctimas de la DANA, por las 42 del metro de València...Esas personas, esas víctimas, no les han importado nunca. Hay que preguntarse por qué”, ha apuntado.

Por su parte, Gradolí ha criticado el aforamiento de Mazón al señalar que “no puede haber aforamientos y este no puede ser una protección personal y que esté por encima de un derecho constitucional de tutela efectiva de las víctimas. Por eso venimos a exigir, a pedir y a recordar que no al aforamiento de Mazón para tener una justicia y una verdad. Ese es uno de nuestros primeros objetivos”, ha dicho.

Álex Carabal, presidente de la Asociación Damnificados por la DANA de l’ Horta Sud de Valencia, ha recordado que están dispuestos a agotar hasta el último recurso.

“Si hace falta iremos al Tribunal Europeo. Estamos agotando todas las vías porque nos parece un fraude de ley que una persona continúe aforada con todas las pruebas. Y que esté con un sueldo, con la cartera de diputado, un despacho, chófer...”, ha comentado.

Las asociaciones, que este miércoles presentarán también en Madrid una red de apoyo nacional, se han fotografiado, antes de acudir al encuentro con Bolaños, en las escaleras del Congreso junto a varios diputados, entre los que se encontraba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Sin “reparación” hasta que Mazón comparezca ante la Justicia

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que hasta que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón no comparezca ante la Justicia “no habrá reparación para las víctimas” de la dana, donde en su opinión gobierna el “negacionismo climático”.

“Quiero recordar que hablamos de la gestión nefasta de una emergencia climática en un lugar donde gobierna el negacionismo climático, el negacionismo de la ciencia”, ha comentado antes de asistir en Madrid a la presentación de la plataforma estatal de apoyo a las víctimas de la dana, fundado por varias asociaciones de afectados.

“Desde la política yo creo que el lugar que le corresponde al Gobierno de España es seguir defendiendo que, efectivamente, los servicios públicos tienen que estar bien dimensionados, que tenemos que hacer caso al servicio público de ciencia, que advertía de que esto podía pasar y que no hay que desmontar los servicios públicos ni recortar”, ha añadido la también secretaria general del PSPV-PSOE.

Morant ha asegurado que la presencia de Mazón ante la Justicia es más que necesaria: “Es incomprensible que el máximo responsable de la Generalitat, en una gestión como la de la dana, no comparezca ante la Justicia. Y no habrá justicia en la Comunidad Valenciana, como mínimo, hasta que el señor Mazón pase por los juzgados y que diga lo que tenga que decir”, ha dicho.

Y ha señalado al Partido Popular como cómplice por su aforamiento: “El Consejo valenciano y el Partido Popular lo que están haciendo es cobijar con ese aforamiento a Carlos Mazón, que no va a trabajar, que no ejerce de diputado y que básicamente solo se entiende que se mantenga de diputado porque no se quiere dar la cara de esta nefasta gestión. Y si no hay justicia, no habrá reparación”.

Además, ha destacado la disponibilidad del Gobierno de España y todos sus ministros.

“El Ministerio del Interior estuvo a disposición desde el primer día con el refuerzo del personal forense que hizo tanto trabajo en el levantamiento de los cadáveres, en el reconocimiento de cada uno de los familiares, un trabajo que se hizo con enorme delicadeza porque sabíamos de lo que estábamos hablando. Y el ministro Bolaños fue el que duplicó los recursos en el juzgado de Catarroja, hasta que oh, sorpresa, el Gobierno de Pérez Llorca en este caso plantea ahora un recorte de recursos a la jueza de la dana en plena instrucción y justamente cuando la jueza de la dana está pidiendo que vaya a testificar Carlos Mazón”, ha añadido.

“No me gustaría que estuviéramos hablando de obstrucción a la justicia. Desde luego, el Gobierno de España lo estudiará, y es a lo que se ha comprometido el ministro, cómo apoyar esta causa”, ha insistido.

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado la convocatoria de una Comisión de Investigación para saber qué hay detrás de las inundaciones que afectaron a muchas familias de Talavera durante el pasado mes de febrero ante el “oscurantismo” del equipo de Gobierno liderado por el alcalde José Julián Gregorio.

Desde el Grupo Socialista han denunciado que 61 días después de dichas inundaciones, ni el alcalde ni su equipo de Gobierno “han dado explicaciones ni han aportado documentación oficial sobre las gestiones realizadas antes, durante y después” de las inundaciones a pesar de que todo lo que tienen que hacer es “dar acceso al expediente” remitido en septiembre de 2025 al Ministerio para la Transición Ecológica para solicitar las ayudas que les concedieron en enero del 26. “La documentación la tienen”, ha insistido el portavoz socialista, José Gutiérrez, “solo tienen que dar a una tecla para enviarla y aún así han pasado 61 días y aún tienen los informes clasificados”.

Una comisión abierta a los vecinos y medios

Los socialistas han señalado que esta Comisión de Investigación tiene que ser convocada por el alcalde “y si no tiene nada que esconder, está tardando en convocarla ya”. En caso de que no la convoque, el Grupo Socialista solicitará al Pleno la constitución de la misma, y esperan que dicha petición sea aprobada por unanimidad “como ha ocurrido en otras ocasiones”. Además, también han solicitado que sea abierta para que vecinos y medios de comunicación puedan acceder a la misma.

Desde el Grupo Socialista han pedido que en esta Comisión de Investigación intervengan, además del alcalde y el concejal de Infraestructuras, los Bomberos del Consorcio Provincial de Toledo, el Infocam, la empresa de desatascos, Aqualia, el responsable de la presa de la Portiña, el delegado de la Junta en Talavera, la AEMET, la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Colegio de Arquitectos. Además, los socialistas entienden que como el Gobierno puede pedir que otras personas comparezcan, el alcalde pedirá a los concejales de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural, “a quienes echó la culpa públicamente”, también den explicaciones en dicha Comisión.

También han pedido que los vecinos afectados puedan intervenir voluntariamente para explicar lo ocurrido y dejar constancia de su situación en el acta de dicha comisión.

Finalmente se han referido a la memoria justificativa de la obra que se va a llevar a cabo en el colector de la calle Carretas, en la que se informa del mal estado de dicho colector desde la Dana de 2023. “Si desde el Gobierno local sabían que existía un problema en los colectores desde hace tres años y no hicieron nada, estaríamos ante una irresponsabilidad política muy grave”, han advertido.

El Ayuntamiento asegura que es un intento de “politizar”

Esta petición de los socialistas ha sido respondida por el concejal de Urbanismo de Talavera de la Reina, Benedicto García, que en rueda de prensa ha defendido la “transparencia” de los informes relativos a las inundaciones sufridas el pasado mes de febrero que afectaron a algunas calles de la ciudad, y en consecuencia a viviendas, y que sin embargo ha derivado en un intento de “politizar” por parte del PSOE, un asunto que ha afectado a vecinos, buscando la oposición así un “rédito electoral”.

García ha señalado que los informes “son públicos” y ha retirado que no ha recibido ningún escrito por parte de la oposición solicitado dichos informes, que serán enviados “sin ningún problema” cuando sean requeridos, “algo que no han hecho”.

El concejal ha apuntado además que la petición de una comisión registrada por el PSOE es un nuevo intento de “politizar” algo “que no deberían”, añadiendo que los socialistas se deberían haber dedicado a la resolución de problemas y a la colaboración con el equipo de Gobierno, pero “a la vista está que están más dedicados a sacar rédito político que a mejorar la vida de los ciudadanos”.

“Nosotros no tenemos nada que esconder”, ha zanjado el concejal.

La realidad es tan compleja que, a menudo, la solución de un problema genera nuevos riesgos. Iván Portugués, profesor de Geografía en la Universitat de València y vecino de Benetússer, se aproximó de manera seria al estudio del río Túria en su tesis doctoral, evidenciando su metamorfosis: “De cauce torrencial urbano a corredor verde metropolitano”. Posteriormente, el experto publicó un estudio con el que profundiza en el caso de la desviación fluvial del río Túria. Dicho estudio manifiesta que el nuevo cauce “alteró de forma prácticamente irreversible el funcionamiento del sistema fluvial y modificó el escenario del riesgo en la conurbación metropolitana meridional”. Para profundizar en la cuestión, nos hemos puesto en contacto con Iván, quien nos concedió una entrevista que reveló muchos elementos, tanto críticos como interesantes, del asunto.

El nuevo cauce se concibió para alejar las crecidas del centro de Valencia y, aunque ha cumplido parte de su función hidráulica original, ha desatado consecuencias fatales: “Ha tenido un efecto perverso, seguramente no contemplado en el momento de su diseño, que es el de ser un obstáculo a flujos desbordados que de otra manera se hubieran desperdigado por otros canales históricos”, dice el experto. De esta manera, la infraestructura “ha conseguido el efecto de agravar la crecida en los pueblos que quedan al sur de ese nuevo cauce”. La ocupación intensiva de los paleocauces llevó a la impermeabilización del suelo, por lo que el agua, en realidad, no discurrió por lugares anómalos en el caso del 29-O, sino que recuperó —eso sí, de manera violenta— su espacio natural.

Inicialmente, se proyectó que el nuevo cauce tendría una gran capacidad: “Su anchura máxima alcanza los 200 metros y su capacidad hidráulica es de 5.000 m³/s; es decir, un 35% superior a los caudales de la riada de 1957”. No obstante, la realidad ha superado todas las previsiones: “En el nuevo cauce no cabía tanta agua como se pensaba, porque aparece vegetación en el lecho, porque hay puentes que ocupan un volumen... entonces se va reduciendo la capacidad”, advierte Iván. Primero fue Acuamed, en 2006, quien rebajó la estimación a los 4.200 m³/s; luego, en 2007, durante las jornadas del 50.º aniversario de la riada del Túria, se situó su capacidad efectiva en unos 3.600 m³/s. A esto hay que sumarle los efectos adversos del cambio climático y la urbanización intensiva de la segunda corona metropolitana, lo que agrava aún más la situación, tanto desde el punto de vista medioambiental como sociológico.

Sin embargo, el peligro principal no reside en su incapacidad para vehicular las aguas del propio Túria —ya que durante la DANA de 2024 canalizó sin problemas estructurales unos 2.000 m³/s—, sino en que dicha infraestructura funciona como una barrera para los desbordamientos de otras cuencas. Si bien es cierto que una buena parte de los pequeños ríos y barrancadas que desembocan en el Turia, en condiciones normales, carecen de agua o presentan caudales muy bajos, cuando ocurren precipitaciones extremas en el arco montañoso prelitoral, los afluentes se llenan de agua que va a parar directamente al río. El profesor Portugués advierte de otro peligro potencial: “El problema es que las tormentas que provocaron inundaciones afectaron, sobre todo, al Poyo, y no tanto al Turia. Si la tormenta se desplaza más al norte, hacia la cuenca del río, podríamos estar hablando de una crecida de 4.000 m³/s, como la del Poyo o incluso más”. Esto quiere decir que, en el caso del 29-O, el nuevo cauce salvó la ciudad; pero no podemos estar seguros de que en el futuro sea igual de efectivo para canalizar las crecidas del Turia. El cambio climático suma incertidumbre al asunto.

Durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024, las aguas desbordadas toparon violentamente con los altos muros del nuevo cauce y los terraplenes elevados de la autovía V-30, generando una enorme inundación ininterrumpida que devastó las localidades de l'Horta Sud. El “efecto dique” que causaron dichas infraestructuras es, quizás, la prueba más evidente de que la gran obra hidráulica de la Solución Sur trasladó el problema en lugar de solucionarlo. Detrás de este desastre se vislumbra la negligencia política y de planificación. Como sentencia el geógrafo, “el Plan Sur fue una excusa para modificarlo absolutamente todo, pero sin tener en cuenta ni la cuestión ambiental, ni la hidrológica”. Iván no duda en señalar el origen político y propagandístico de esta infraestructura: “Es una obra de envergadura propia de dictadura, como sucede en otras dictaduras. Incluso, fíjate, se ponían autobuses al servicio de la gente de los pueblos, de toda la Comunidad Valenciana, pero sobre todo de la provincia de Valencia, para que la población pudiera ver esta obra”. En palabras del profesor, “es una obra claramente política porque era un escaparate de la modernidad”, contemporánea de la tecnocracia y del aperturismo económico del país.

Por si fuera poco, el daño del nuevo cauce es también psicológico. La sociohidrología demuestra que este tipo de intervenciones estructurales contundentes reducen alarmantemente la percepción del peligro. “Cuando construyes una obra de estas dimensiones, la imagen que proyectas es la salvación [...] y eso genera inmediatamente un efecto de falsa seguridad sobre la población”, advierte el experto. Al confiar ciegamente en la tecnología de la época, la sociedad relajó su adaptación histórica al riesgo y fomentó una urbanización temeraria que impermeabilizó el territorio. El exceso de confianza nos volvió infinitamente más vulnerables: “El gran error es ese, y es un error de todos; o sea, el crecimiento urbanístico no ha considerado nunca el riesgo”.

En definitiva, la desviación del Túria encarna el paradigma de cómo una obra tecnocrática, diseñada sin una visión integral de la cuenca, puede resultar contraproducente. Hoy en día, las excusas del desconocimiento técnico ya no son válidas: “Que pase esto, para mí, tiene delito, con todos los instrumentos de ordenación del territorio y de la gestión de la emergencia que tenemos”, afirma rotundamente el experto. Al comentar brevemente las responsabilidades políticas, Iván afirmó que, en cuanto a la gestión de la emergencia, “no tengo dudas [...] la competencia es autonómica”.

Iván, para concluir, compartió con nosotros algunos aprendizajes muy valiosos resultantes de la catástrofe del 29-O: “Tenemos que estar preparados, y para mí hay dos claves: la adaptación y la autoprotección”. El profesor añade: “Si la sociedad comprende que vive en un espacio inundable y que esto continuará pasando, también serviremos como un elemento de presión hacia nuestros gobernantes”. Y no menos importante: “El riesgo nulo no existe [...] hemos perdido el conocimiento del territorio, hemos crecido en la zona metropolitana, y hay muchos casos en el resto de España que se encuentran en situaciones similares”.

La realitat és tan complexa que, sovint, la solució d’un problema genera nous riscos. Iván Portugués, professor de geografia a la Universitat de València i veí de Benetússer, es va aproximar de manera seriosa a l’estudi del riu Túria en la seua tesi doctoral, evidenciant la seua metamorfosi: “De llit torrencial urbà a corredor verd metropolità”. Posteriorment, l’expert va publicar un estudi amb què aprofundeix en el cas de la desviació fluvial del riu Túria. Aquest estudi manifesta que el nou llit “va alterar de manera pràcticament irreversible el funcionament del sistema fluvial i va modificar l’escenari del risc en la conurbació metropolitana meridional”. Per a aprofundir en la qüestió, ens hem posat en contacte amb Iván, que ens va concedir una entrevista que va revelar molts elements, tant crítics com interessants, de l’assumpte.

El nou llit es va concebre per a allunyar les crescudes del centre de València i, encara que ha complit part de la seua funció hidràulica original, ha desfermat conseqüències fatals: “Ha tingut un efecte pervers, segurament no previst en el moment del seu disseny, que és el de ser un obstacle a fluxos desbordats que d’una altra manera s’haurien escampat per altres canals històrics”, diu l’expert. D’aquesta manera, la infraestructura “ha aconseguit l’efecte d’agreujar la crescuda als pobles que queden al sud d’aquest nou llit”. L’ocupació intensiva dels paleollits va portar a la impermeabilització del sòl, per la qual cosa l’aigua, en realitat, no va discórrer per llocs anòmals en el cas del 29O, sinó que va recuperar —això sí, de manera violenta— el seu espai natural.

Inicialment, es va projectar que el nou llit tindria una gran capacitat: “La seua amplària màxima arriba a 200 metres i la seua capacitat hidràulica és de 5.000 m³/s; és a dir, un 35% superior als cabals de la riuada del 1957”. No obstant això, la realitat ha superat totes les previsions: “En el nou llit no cabia tanta aigua com es pensava, perquè apareix vegetació en el llit, perquè hi ha ponts que ocupen un volum... llavors va reduint-se la capacitat”, adverteix Iván. Primer va ser Acuamed, el 2006, qui va rebaixar l’estimació a 4.200 m³/s; després, el 2007, durant les jornades del 50é aniversari de la riuada del Túria, es va situar la seua capacitat efectiva en uns 3.600 m³/s. A això cal sumar els efectes adversos del canvi climàtic i la urbanització intensiva de la segona corona metropolitana, cosa que agreuja encara més la situació, tant des del punt de vista mediambiental com sociològic.

No obstant això, el perill principal no rau en la seua incapacitat per a vehicular les aigües del mateix Túria —ja que durant la dana del 2024 va canalitzar sense problemes estructurals uns 2.000 m³/s—, sinó en el fet que aquesta infraestructura funciona com una barrera per als desbordaments d’altres conques. Si bé és cert que una bona part dels rius menuts i les barrancades que desemboquen al Túria, en condicions normals, manquen d’aigua o presenten cabals molt baixos, quan s’esdevenen precipitacions extremes en l’arc muntanyenc prelitoral, els afluents s’omplin d’aigua que va a parar directament al riu. El professor Portugués adverteix d’un altre perill potencial: “El problema és que les tempestes que van provocar inundacions van afectar, sobretot, el Poio, i no tant el Túria. Si la tempesta es desplaça més al nord, cap a la conca del riu, podríem parlar d’una crescuda de 4.000 m³/s, com la del Poio o fins i tot més”. Això vol dir que, en el cas del 29O, el nou llit va salvar la ciutat; però no podem estar segurs que en el futur siga igual d’efectiu per a canalitzar les crescudes del Túria. El canvi climàtic summa incertesa a l’assumpte.

Durant la catàstrofe del 29 d’octubre de 2024, les aigües desbordades van topar violentament amb els alts murs del nou llit i els terraplens elevats de l’autovia V-30, i van generar una enorme inundació ininterrompuda que va devastar les localitats de l’Horta Sud. L’“efecte dic” que van causar aquestes infraestructures és, potser, la prova més evident que la gran obra hidràulica de la Solució Sud va traslladar el problema en compte de solucionar-lo. Darrere d’aquest desastre s’albira la negligència política i de planificació. Com sentencia el geògraf, “el Pla Sud va ser una excusa per a modificar-ho absolutament tot, però sense tindre en compte ni la qüestió ambiental, ni la hidrològica”. Iván no dubta a assenyalar l’origen polític i propagandístic d’aquesta infraestructura: “És una obra d’envergadura pròpia de dictadura, com passa en altres dictadures. Fins i tot, fixa’t, es posaven autobusos al servei de la gent dels pobles, de tota la Comunitat Valenciana, però sobretot de la província de València, perquè la població poguera veure aquesta obra”. En paraules del professor, “és una obra clarament política, perquè era un aparador de la modernitat”, contemporània de la tecnocràcia i de l’oberturisme econòmic del país.

Per si no fora prou, el mal del nou llit és també psicològic. La sociohidrologia demostra que aquesta mena d’intervencions estructurals contundents redueixen alarmantment la percepció del perill. “Quan construeixes una obra d’aquestes dimensions, la imatge que projectes és la salvació [...] i això genera immediatament un efecte de falsa seguretat sobre la població”, adverteix l’expert. Com que va confiar cegament en la tecnologia de l’època, la societat va relaxar la seua adaptació històrica al risc i va fomentar una urbanització temerària que va impermeabilitzar el territori. L’excés de confiança ens va tornar infinitament més vulnerables: “El gran error és aquest, i és un error de tots; és a dir, el creixement urbanístic no ha considerat mai el risc”.

En definitiva, la desviació del Túria encarna el paradigma de com una obra tecnocràtica, dissenyada sense una visió integral de la conca, pot resultar contraproduent. Hui dia, les excuses del desconeixement tècnic ja no són vàlides: “Que passe això, per a mi, té delicte, amb tots els instruments d’ordenació del territori i de la gestió de l’emergència que tenim”, afirma rotundament l’expert. En comentar breument les responsabilitats polítiques, Iván va afirmar que, quant a la gestió de l’emergència, “no hi tinc dubtes [...] la competència és autonòmica”.

Iván, per a concloure, va compartir amb nosaltres alguns aprenentatges molt valuosos resultants de la catàstrofe del 29O: “Hem d’estar preparats, i per a mi hi ha dues claus: l’adaptació i l’autoprotecció”. El professor afig: “Si la societat comprén que viu en un espai inundable i que això continuarà passant, també servirem com un element de pressió cap als nostres governants”. I no menys important: “El risc nul no existeix [...] hem perdut el coneixement del territori, hem crescut en la zona metropolitana, i hi ha molts casos en la resta d’Espanya que estan en situacions similars”.

La portavoz de Emergencias del PSPV en las Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha denunciado la negativa del Consell de Pérez Llorca, a través del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a entregar a la Comisión de Investigación sobre la dana del 29 de octubre de 2024 un informe sobre la gestión que hicieron los responsables autonómicos en la presa de Buseo, la única de la que es titular y gestiona la Generalitat, en concreto, el conseller de Agricultura y portavoz del Consell, Miguel Barrachina.

Andújar ha censurado la actitud “obstruccionista y entorpecedora” de los trabajos de la comisión de investigación por parte de Valderrama, cuya “opacidad” es “intolerable”, ya que en este caso se da además la circunstancia de que la petición de este informe fue aprobada a mediados de diciembre en la comisión investigadora por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de las Corts.

Cabe recordar que aquella noche del 29-O, en la que el agua llegó a desbordar por coronación la presa de Buseo, sobrepasando más de dos metros el muro de contención, el torrente descontrolado que arrasó con todo se llevó también la vida de siete personas, entre las 230 víctimas de la dana. Ante estos hechos, los representantes del PSPV en el órgano de investigación parlamentario propusieron a la comisión la ampliación del plan de trabajo para reclamar al Consell el “Informe del Incidente 35834231 emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias en respuesta al oficio de 8 de julio de 2025 remitido por el Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza nº 3”, así como otros dos informes elaborados por la Conselleria de Agricultura sobre el estado de la presa de Buseo que se elaboraron también a instancias de la jueza de Catarroja. El 14 de octubre, el PP tumbó en la comisión estas peticiones. Sin embargo, dos meses después, cuando la misma solicitud calcada la planteó Vox, resultó aprobada en la reunión de la comisión del mediados de diciembre pasado “por unanimidad” de todos los grupos.

La sorpresa ha sido que los diputados del órgano investigador del Parlamento se han encontrado con la negativa de Valderrama a entregar a la comisión el primero de los informes citados. En un escrito a la presidenta de las Corts, Llanos Massó, de Vox, el conseller de Emergencias traslada la negativa a remitir el documento alegando que, según el artículo 53.3 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, la información sobre la gestión de una incidencia de emergencia del 1·1·2 “únicamente se facilitará a solicitud de la autoridad judicial”. Y añade que “dicha documentación solicitada constituye una prueba judicial en el ámbito de un procedimiento penal, por lo que nos remitimos a las normas procesales y administrativas reguladoras de estas circunstancias”.

“Obstrucción a la investigación de las Corts”

Para la diputada Andújar, la respuesta es “un desaire más” del conseller Valderrama a las Corts, que “arrastra un largo historial de falta de transparencia y negativa a responder a las peticiones de información de los diputados”. “Las comisiones de investigación parlamentarias son órganos con atribuciones especiales para garantizar una efectiva fiscalización de la administración de la que son competentes, en este caso, de la Generalitat, por lo que negarse a entregar información es una claro intento de obstrucción de los trabajos para impedir que se conozca la verdad sobre la negligente e irresponsable gestión que hizo el conseller Barrachina de la presa de Buseo”, advierte la parlamentaria.

La parlamentaria recuerda que el artículo que cita el conseller, el 53, establece que “las conversaciones que los ciudadanos u organismos mantengan con 1·1·2 Comunitat Valenciana, ya sean por teléfono o por radio, serán grabadas”, y es a los efectos de esa protección de datos de carácter personal por lo que se estableció en esa ley, que es de 2010, la citada prevención.

“Pero esa referencia no puede emplearse para vetar al Parlamento valenciano un informe sobre la gestión realizada el 29-O por la Administración competente, coartando las pesquisas de los diputados”, recalca Andújar, que subraya que, por el contrario, la Constitución Española, en su artículo 23.1, garantiza el derecho a la información, como una de las principales funciones de los parlamentarios, y el artículo 12 del Reglamento de las Corts otorga a los diputados la facultad de “recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma”.

En todo caso, matiza, el mismo artículo 12 señala que la Mesa, “a petición del Consell, podrá declarar el carácter no público” de determinadas actuaciones, “disponiendo el acceso directo a aquellos en los términos establecidos en el apartado anterior, pudiendo el diputado tomar notas, pero no obtener copias ni actuar acompañado de asesor”. “Lo que es inadmisible es que Valderrama, una vez más, pretenda maniatar la investigación, porque el informe, como apunta el conseller, tampoco es un documento procesal, sino que es un informe elaborado por el Centro de Coordinación de Emergencias sobre la gestión de la dana en la presa de Buseo”.

“Una falta de respeto para encubrir a Barrachina”

“Es evidente la doble moral del Consell de Pérez Llorca: Niega un informe sobre la gestión de la presa de Buseo alegando que por ley no puede, mientras se descubre que un alto cargo del Consell se llevó por orden de Presidencia, sin siquiera registrarlo en ningún sitio, la grabación de una conversación entre el 1·1·2 y la Aemet que luego fue filtrada manipulada”, constata Andújar, en referencia a la causa abierta en un juzgado por estos hechos. Para la parlamentaria, la actitud de Valderrama es “una falta de respeto a las Corts. ¿Qué está diciendo, que los diputados del PP, de Vox, del PSPV y de Compromís, y los letrados de las Corts no conocen la ley?”

La parlamentaria socialista recuerda el “reprobable historial de opacidad” de Valderrama, que “ha destituido al alto cargo que lo delató ante la jueza de Catarroja al confesar que desde abril de 2025 tenían conocimiento de las imágenes del Cecopi cuya existencia negaba el conseller a las Corts”.

La actitud de Valderrama, añade Alicia Andújar, “no es algo nuevo, porque lleva más de un año encubriendo a Mazón y al Consell del Ventorro”. “Ha llegado incluso a desobedecer a la jueza de Catarroja, escondiendo durante meses las grabaciones del Cecopi, y ahora se niega a enviar a Les Corts documentación sobre la situación de emergencia que se vivió en la presa de Buseo, encubriendo al conseller Miguel Barrachina, que era quien debía vigilar la presa de Buseo el día de la dana y no lo hizo”.

“Tenemos que saber por qué no se avisó a los municipios”

Los socialistas, insistió, solicitarán amparo a la Mesa de Les Corts para que ésta reclame la documentación requerida al conseller de Emergencias y “se garantice el derecho de las valencianas y valencianos a saber qué pasó el día de la dana y, en concreto, por qué no se avisó de la avenida de agua a los municipios aguas abajo de la presa de Buseo, como Sot de Chera o Pedralba, donde perdieron la vida siete personas”.