El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denuncia “descontrol” y “caos absoluto” en la sociedad pública de promoción turística Cantur. En un comunicado, el representante del sindicato en Cantur, Guillermo Villegas, habla de “asignación de complementos salariales a determinadas personas, el uso discrecional de vehículos o la paralización de algunas comisiones fundamentales como la de formación o la de seguimiento del plan de igualdad” 

En un comunicado, el sindicato ha exigido al consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, del que depende la institucion, que ponga en marcha “medidas urgentes” para evitar lo que califica como “irregularidades” en la empresa.

“No vamos a participar en perpetuar ni el oscurantismo ni la precariedad en Cantur porque la solución no pasa por medidas improvisadas”, ha advertido Villegas, quien ha achacado esa situación a la actual directora general, Inés Mier, desde su llegada al cargo en octubre de 2024. Por ello, exige al consejero “que tome cartas en el asunto para reconducir la situación de la empresa pública”.

Asegura el sindicalista que “no hay criterios objetivos y esto es muy grave porque estamos hablando de dinero público y es evidente que hay un descontrol y unas irregularidades impropias de una empresa pública como Cantur”, ha apuntado Villegas.

La jornada laboral de 35 horas será una realidad para el personal de la Administración General del Estado (AGE), en los próximos meses. Al menos, este es el compromiso que ha trasladado a los sindicatos el Ministerio de Función Pública, según un comunicado difundido por UGT al término de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. “Aunque no ha facilitado una fecha exacta para su entrada en vigor, se ha comprometido a que sea entre los meses de febrero y marzo”, indica la nota.

La jornada laboral de 35 horas era un pacto alcanzado en el anterior acuerdo marco, firmado entre Función Pública y los sindicatos UGT y CCOO en 2022, pero cuya implementación todavía estaba pendiente. De hecho, uno de los compromisos del nuevo acuerdo, firmado también por CSIF, a finales de noviembre, incluía el desbloqueo de esta reivindicación, así como la de la regulación del teletrabajo en la AGE.

De esta forma, desde el departamento que dirige Óscar López se han comprometido a llevar la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales a la Mesa General de Negociación el próximo mes de enero y tratar también en este órgano la regulación del teletrabajo, “sobre la base del acuerdo suscrito en abril de 2021 con el entonces ministro Miquel Iceta”.

Para que el personal de la Administración General del Estado pueda ver reducida su jornada laboral, será necesaria una modificación de la instrucción de jornada y horarios, para adaptarla a lo establecido en el Acuerdo Marco y manteniendo el mismo ámbito de aplicación subjetivo que la instrucción vigente, indican desde UGT Servicios Públicos, que valora “que la concreción de esta medida es inminente”.

Además, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Ministerio ha avanzado que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público volverá a reunirse el próximo 29 de enero para constituir los grupos de trabajo de Igualdad, Digitalización e Inteligencia Artificial, Salud Laboral y Empleo Público.

Función Pública también ha confirmado a las organizaciones sindicales que los funcionarios de la AGE, los que dependen del Estado central, recibirán en los próximos días, antes de que finalice diciembre, el 2,5% correspondiente a la subida de 2025, con carácter retroactivo desde enero. Este era parte del compromiso del acuerdo salarial al que el Gobierno llegó con UGT, CSIF y CCOO. Además, el Ejecutivo se ha reunido con la Federación Española de Municipios y Provincias para “agilizar el abono de estos retrasos”, en los casos de aquellas corporaciones locales que ya tuvieran cerrada la nómina de diciembre y carezcan de medios tecnológicos para abonar una extraordinaria.

En estos casos, ese pago se realizaría en la nómina de enero, como ya han anunciado también algunas comunidades autónomas para los empleados públicos que depende de ellas, como Madrid, Cantabria o Galicia.

UGT ha pedido al Gobierno de Cantabria aplicar en diciembre el pago de los atrasos de 2025 y fijar la subida salarial de 2026 a los más 29.000 empleados públicos del Ejecutivo autonómico, como estipula el acuerdo alcanzado recientemente en el sector público y publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Federación UGT-Servicios Públicos ha solicitado una reunión urgente al Gobierno para que “apruebe y haga efectiva cuanto antes” dicha subida con los atrasos correspondientes, así como el resto de mejoras recogidas en el Acuerdo Marco y suscrito por UGT.

“Los empleados públicos de Cantabria llevan un año con el sueldo congelado”, ha indicado el secretario general de UGT Servicios Públicos, Martín Calonge, para quien “la pelota está en el tejado del Gobierno autonómico”. Y avisa además de que “cualquier retraso perjudicará gravemente los intereses de los trabajadores, que ya vienen sufriendo un empobrecimiento de sus salarios”.

En un escrito, la formación indica al Ejecutivo autonómico que está pendiente que dé respuesta a la solicitud de renegociar del acuerdo de 2005 para el disfrute “igualitario y sin discriminaciones” del número de festivos a descansar para el personal de la Administración General.

El Sector Público Institucional Autonómico (SPA) de Castilla-La Mancha no cumple de forma correcta con su obligación legal de aportar datos actualizados sobre su funcionamiento y además carece de una regulación clara para la clasificación y delimitación del sector público institucional y hay un abuso de los contratos menores.

Hay hasta 13 organismos o entidades públicas de Castilla-La Mancha que, o no han actualizado sus datos o no los han validado.

Así lo recoge el informe definitivo de fiscalización del sector público autonómico, correspondiente al ejercicio 2022, y que se publica hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El informe lo emite la Cámara de Cuentas castellallanomanchega que preside Fernando Andújar y fue aprobado el 27 de noviembre.

El informe de fiscalización es especialmente crítico con el cumplimiento de la ley en materia de remisión de información, organización y transparencia. Analiza 40 entes que componen el Sector Público Autonómico (SPA) castellanomanchego, desde las Consejerías del Gobierno y el Consejo Consultivo, además de los organismos autónomos, que son cinco, las entidades de derecho público que son tres, las fundaciones públicas que llegan a 11 y las empresas públicas que suman ocho. Además, se analizan otras instituciones públicas como la Universidad de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de ella.

El informe también detalla deficiencias en la remisión de expedientes y resúmenes de contratos y eso, dice la Cámara de Cuentas, afecta a la obligada transparencia del sector público.

¿Qué entes u organismos incumplen?

El informe contiene hasta 23 conclusiones que ponen de manifiesto los defectos del sector público en Castilla-La Mancha. Por un lado se incumple el deber de remisión de información relativa a los contratos, tanto en los preceptivos envíos de las Relaciones Anuales Certificadas (RAC) y los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC).

En general hay un bajo cumplimiento en este aspecto. De los 40 entes que conforman el SPA y que son objeto de fiscalización, solo 30 (el 75%) han cumplido con el deber de remisión de las Relaciones Anuales Certificadas, tal y como lo requiere la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Y luego hay incumplimiento total de 10 entidades que representan el 25% del sector público autonómico porque no han enviado nada. Entre ellas se incluyen la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (INNOCAM) y varias fundaciones públicas como la Fundación Centro Tecnológico del Metal, la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Fundación Colección Roberto Polo, Tierra de Viñedos, Fuente Agria, FCi3, así como la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha y la empresa pública UCLM Emprende, SLU.

Además, se señalan los contratos no Informados. Se verificó que la Fundación Colección Roberto Polo (FCRP), una de las entidades que no remitió RAC ni certificación negativa, formalizó 38 contratos en 2022 (32 menores y seis no menores), que sí constan en el Registro de Contratos.

Después, el 13%, cuatro en total, se remitieron fuera del plazo establecido (antes de finalizar febrero del ejercicio siguiente).

La Cámara de Cuentas también ha detectado que falta remitir los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC) para contratos de gran cuantía. Un total de 139 contratos que superaban los umbrales legales y que no fueron enviados a lo largo del ejercicio. Destaca entre ellos el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), al que corresponden 103 de estos contratos no remitidos.

Por otro lado se ha detectado “incoherencia” de la información contractual. Se observaron divergencias en la información remitida, tanto en el número de contratos como en su identificación y datos.

Respecto a los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC), 71 se remitieron también fuera del plazo de tres meses desde su formalización (el 26,39% del total). Las Consejerías de Educación, Cultura y Deportes, de Economía, Empresas y Empleo, el SESCAM o la Presidencia acumulan un retraso promedio en la presentación de los extractos fuera de plazo de entre 230 y 376 días.

También hay calificación errónea de los contratos porque algunos se han clasificado bajo tipologías que ya no existen e incluso se han llegado a aplicar contratos menores a tipos contractuales que no los admiten, como por ejemplo la concesión de servicios.

Hay de hecho “un volumen elevado” de contratos menores. Representa el 94,99% del total de contratos formalizados incluidos en las RAC y el 6,69% del importe total adjudicado, destacando la UCLM con un 53,41% de los contratos menores.

Deficiencias en la limitación y organización del sector público

La Cámara de Cuentas también identificó importantes carencias en la regulación y organización del Sector Público Autonómico (SPA) y el Sector Público Institucional Autonómico (SPIA).

Por ejemplo la Administración Autonómica no ha regulado el régimen de organización y funcionamiento del sector público, ni dispone de un sistema de supervisión continua de las entidades dependientes, y eso incumple la ley, advierte.

También falta atribución de competencias. Los decretos de estructura de la Administración Autonómica no atribuyen expresamente las competencias de supervisión continua ni de control de eficacia a ningún órgano.

Además, los estatutos de las fundaciones públicas regionales (salvo la Fundación Colección Roberto Polo) no determinan su adscripción a Castilla-La Mancha, tal y como requiere la ley.

De otro lado, hay datos no validados en el sistema INVENTE. Múltiples organismos y entidades incluyendo la Agencia del Agua, el IPEX, varias fundaciones y empresas públicas como el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y GEACAM no han validado o actualizado los datos inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Público (INVENTE) en los plazos establecidos, lo cual afecta “a la seguridad jurídica y certeza de los datos”.

En este aspecto hay además información contradictoria: la calificación de la Fundación 'Fuente Agria' como entidad pública contradice su inscripción en el Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha.

Incumplimiento en publicidad y transparencia contractual

Después hay perfiles de contratante incompletos, porque aunque la mayoría de los entes disponen de perfiles alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), no todos los órganos de contratación cuentan con el perfil propio alojado allí, tal y como exige la ley. Dos entidades, la Fundación Atención a Discapacitados Físicos 'Fuente Agria' y UCLM Emprende SLU, no disponen de perfil.

Otra de las deficiencias es que los departamentos, consejerías y organismos públicos con sede electrónica no han incluido un enlace a su perfil de contratante en la citada plataforma y eso incumple el decreto 28/2018.

Se critica también la ausencia de planificación. Solo los departamentos y consejerías de la Administración autonómica disponían de un Plan de Contratación para el ejercicio 2022. Algo que no tienen otros como el Consejo Consultivo, las entidades de derecho público y privado o y la UCLM y sus dependientes, entre otros.

En definitiva la fiscalización concluye que existe un incumplimiento generalizado del deber de remisión de información contractual por parte de un número significativo de entidades, y a eso se suman graves problemas de coherencia y veracidad en los datos reportados y una deficiente implementación de las obligaciones de transparencia y planificación en la actividad contractual.

¿Cuántos contratos se formalizaron?

Respecto de la actividad contractual remitida, constan un total de 49.629 contratos formalizados en el ejercicio 2022, con un importe de 1.186.546.068 euros.

De ellos, el 98,38% corresponden a contratos de obras, suministros y servicios y estas dos últimas categorías representan el 96,69%.

También se han remitido un total de 269 contratos, por importe de 751.371.729 euros, acompañados del correspondiente extracto de expediente, por superar las establecidas en el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público (600.000 euros, para contratos de obras, 450.000 euros para suministros y 150.000 euros para servicios).

El importe de adjudicación de los contratos formalizados por los organismos autónomos supone el 48,68% del total del Sector Público Autonómico, destacando el Sescam con el 98,87%.

Por su parte, la Administración General engloba el 38,08% del volumen de la contratación, destacando la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que supone el 28,45% de la Administración General.

Hasta nueve recomendaciones: alguien debe supervisar

El Informe contiene 23 conclusiones, que ponen de manifiesto la situación de la rendición de la actividad contractual pero también incluye nueve recomendaciones para mejorar.

Entre ellas hace un llamamiento a regular el régimen jurídico de organización y funcionamiento del sector público autonómico, y en particular del sector público institucional con el objetivo de aplicar “un sistema de supervisión continua”.

Hay una recomendación específica para el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Debe incorporar en los decretos que definen la estructura orgánica “la atribución expresa de competencias sobre la supervisión continua y el control de eficacia de las entidades”.

Se dirige también al Protectorado de Fundaciones Públicas de Castilla-La Mancha para que se requiera a todas ellas a adaptar sus estatutos a la normativa de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), exceptuando a la Fundación Colección Roberto Polo, que por otro lado quedará extinguida cuando se produzca el cierre de sus dos museos en Toledo y en Cuenca.

A la Intervención General de Castilla-La Mancha (IGCLM), le pide instar a quienes estén al frente de las entidades a realizar la pertinente validación, actualización o modificación de los datos inscritos en INVENTE.

A la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación le sugiere revisar la inscripción de la Fundación Fuente Agria en el Registro Autonómico de Grupos de Interés, debido a que su calificación en dicho registro es contradictoria con la información contenida en INVENTE.

Recuerda el deber de remitir la información de los contratos y de los extractos de los expedientes relacionados con los contratos.

A los órganos de contratación de los entes del Sistema Público Autonómico le pide realizar la correcta calificación de los contratos, a la Secretaría General de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital le reclama adoptar las medidas de coordinación necesarias para garantizar el envío, en tiempo y forma, de la información contractual requerida por la ley.

Le pide también mejorar la transparencia y publicidad de los contratos que se realizan, que se publiquen de forma anticipada en el perfil de contratante, con el fin de contribuir a la racionalización del gasto, la transparencia, la eficiencia y la concurrencia en las licitaciones y que eso no se limite a los contratos de mayor cuantía, sino también a los contratos menores. Son los que suelen 'escapar' al control con más frecuencia.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sostenido este miércoles que la red eléctrica “es un sector estratégico y debe estar en manos públicas”, ha expresado en opinión de Sumar dentro del Gobierno de coalición. Díaz ha pedido “toda la información” a los operadores privados sobre el apagón masivo que sufrió España el pasado lunes y ha destacado que la crisis “sin precedentes” se resolvió “en un tiempo raudo”.

“El Gobierno de España hoy arranca las tareas de una comisión para examinar lo que ha sucedido y pido a todos los actores políticos, a todos los actores mercantiles, rigurosidad para que podamos hablar de lo que ha pasado, de las causas, tenemos que saber lo que pasado”, ha respondido la vicepresidenta segunda a los periodistas en la presentación de la Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral, celebrada este miércoles en el Ministerio de Trabajo.

Yolanda Díaz ha pedido “rigor” y “prudencia”. “Cuando conozcamos lo que ha sucedido, seré la primera en emitir opinión”, ha dicho la responsable de Sumar, así como de “pedir responsabilidades” si las hubiera.

La vicepresidenta segunda ha sostenido que la red eléctrica “opera no como un oligopolio, sino como un monopolio” y ha defendido que, dado que es un sector estratégico, debería haber “actores públicos de energía”. “No es nada extravagante, varios estados miembros lo tienen”, ha añadido.

Apuesta por la energía renovable

Yolanda Díaz ha respaldado la apuesta del Gobierno de coalición por la energía renovable en el contexto de críticas del Partido Popular tras el apagón, que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para impulsar su petición de ampliar la energía nuclear.

“El PP solo propone dos cosas: bajar impuestos y aumentar la vida de las nucleares. Es poco serio. No les voy a hablar de los riesgos de la energía nuclear, no es la apuesta del Gobierno de España”, ha respondido Díaz.

“Las renovables son energía verde, más barata y segura”, ha sostenido la responsable de Sumar en el Gobierno y ha añadido que “nuestro sistema es profundamente robusto”. “La apuesta decidida es continuar con un modelo que no ponga en riesgo la vida del planeta ni de la gente”, ha afirmado la vicepresidenta segunda.

Análisis de la Reforma Laboral

En la víspera del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, la ministra de Trabajo ha presentado la Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral, compuesta por varios expertos nombrados por varios ministerios y los agentes sociales (sindicatos y patronales mayoritarias). La evaluación está comprometida en la propia legislación de 2021, con el mandato de analizar si los cambios normativos lograban reducir el enorme peso del trabajo temporal que había en el mercado de trabajo español.

El Gobierno de coalición se comprometió a realizar “una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas” contempladas en la reforma laboral, “mediante el análisis de los datos de contratación temporal e indefinida en enero del año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por sectores”. Yolanda Díaz ha pedido a la comisión, coordinada por el catedrático Luis Ayala Cañón, que entregue su estudio “en octubre”.

Díaz ha destacado que esta fue la “primera gran reforma del mercado de trabajo” que se aprobó con el consenso entre organizaciones sindicales, empresariales y el Gobierno, y ha recordado varios datos del importante descenso en la tasa de temporalidad a raíz de la reforma laboral.

Por ejemplo, que la tasa de temporalidad en el sector privado ha bajado casi 12 puntos, para situarse en el 12,4%, el nivel más bajo de la serie histórica, o que antes de la regulación apenas el 10% de los contratos que se firmaban eran indefinidos y ahora el porcentaje supera el 40%.

“No son datos, son vidas de seres humanos”, ha destacado Yolanda Díaz, que ha celebrado el cambio del paradigma de “trabajadores de usar y tirar” a través de la sucesión de contratos temporales a un marco de mayor “estabilidad” en el empleo y “menor rotación” de los trabajadores.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso permitió durante más de dos años que el subdirector general y máximo responsable de contratación de la Agencia para la Administración Digital, así como el director de los servicios jurídicos del organismo, operasen desde una empresa privada de su propiedad –Aqualex Boutique SL– que asesora a terceros en materia de contratos públicos y en la que ambos publicitaban su posición en las altas esferas de la Administración autonómica madrileña. Tras una serie de preguntas formuladas el lunes, la Consejería de Transformación Digital confirmó este miércoles el cese de ambos directivos. Se les destituyó el martes –según informó en un mensaje escrito un portavoz oficial del departamento– “por una reorganización interna y por incompatibilidad en sus cargos”.

La web de Aqualex Boutique, donde los dos directivos presumían de la relevancia de sus cargos públicos pese a que la ley lo prohíbe, permanece “deshabilitada” desde la tarde el martes. 

Subdirector general de la Agencia para la Administración Digital desde noviembre de 2019 según su página en Linkedin, Antonio Carrasco fue nada menos que interventor general de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre entre 2010 y 2012 y dos años mas en el Ejecutivo de Ignacio González. Su socio en el despacho de abogados Aqualex Boutique, el también “cesado” Ramiro Salamanca, llegó a ser secretario general de la Abogacía General de Madrid. En marzo de 2024, Salamanca fue nombrado presidente de la Comisión de Selección de personal en el proceso de consolidación de la agencia pública cuyo departamento legal venía dirigiendo.

Salvo el de su participación en el equipo encargado de decidir qué interinos consolidaban su puesto, los hitos profesionales del párrafo anterior proceden del perfil que tanto Carrasco como Salamanca volcaron en la web de Aqualex Boutique SL, mercantil que ambos constituyeron en noviembre de 2022 y que, a tenor de la información registral de carácter público, aún no ha presentado cuentas. No es posible, por tanto, conocer su facturación por el asesoramiento a empresas y particulares. Y dado que Hacienda no difunde el documento que cada año plasma qué personas físicas o jurídicas han abonado importes superiores a 3.000 euros a una determinada empresa, resulta igualmente imposible saber si algún cliente de Alex Boutique SL ha obtenido contratos o subvenciones de la agencia digital madrileña o de otros departamentos del Gobierno regional.

La página de Aqualex ya no estaba disponible a las ocho de la tarde de este martes cuando elDiario.es inició sus averiguaciones: un mensaje la presentaba como “temporalmente deshabilitada”. Semanas antes, esa misma web funcionaba sin problemas. Portavoces del Gobierno madrileño señalaron entonces a este medio que en la Consejería de Digitalización “no se conocía” la situación de Carrasco y Salamanca. “En la Agencia, sí”, añadieron. Pero no ocurrió nada. Y los dos directivos prosiguieron con su doblete público-privado.

Además de los puestos desempeñados en el pasado, Carrasco y Salamanca incluían como reclamo en sus perfiles menciones expresas a su detallado conocimiento de los procesos de contratación pública y a los cargos que hasta este martes ocupaban en la Agencia para la Administración Digital, a la que la Comunidad de Madrid destinó 320 millones en 2024, y a la que acaba de asignar 340,1 millones para este ejercicio.

La ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones incorpora en su artículo 15 una prohibición taxativa que no admite dudas: “El personal al que se refiere esta ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de la actividad mercantil, industrial o profesional”. Exactamente lo contrario es lo que han venido haciendo Carrasco y Salamanca a través de la web de su empresa privada. Carrasco detalla en la web ahora cerrada que, como subdirector general de recursos humanos de la agencia digital, “dirige su contratación pública”.

Hasta ahora, no hay respuesta a las reiteradas preguntas formuladas desde elDiario.es a la Comunidad sobre un asunto clave para entender lo sucedido: la permisividad del Gobierno de Ayuso pese a la contradicción obvia entre lo que establece el artículo 15 de la Ley de Incompatibilidades y lo que la web de Aqualex Boutique propagaba.

En el apartado de “Nuestros servicios” y bajo el epígrafe “Contratos Públicos”, aparecía en la web de Aqualex un texto que comenzaba así: “Asesoramiento en procedimientos de contratación, preparación y elaboración de la documentación para la licitación (…) en particular en el ámbito de la salud, farmacéutico, servicios sociales y tercer sector”.

Datos extraídos de boletines oficiales indican que entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023, la Consejería de Transformación Digital de Madrid recibió del Gobierno central 42,3 millones para subvencionar proyectos financiados con cargo al PRTR (Plan de Recuperaciòn, Transformación y Resiliencia), financiado por la UE para reparar los daños provocados por la crisis del Covid-19. 

Los portavoces de la Consejería de Hacienda, competente en todo lo relativo a función pública, no han explicado por qué –según la respuesta facilitada el martes a este medio– consideraba a Carrasco y Salamanca eximidos de cumplimentar un formulario aplicado en todos los países de la UE como herramienta para impedir el fraude con el dinero comunitario: la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI). En los casos del subdirector general de la Agencia Digital y del director de los servicios jurídicos “no hay obligación de DACI”. ¿Entiende el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que la presentación de la DACI no afecta a ningún empleado de la Comunidad de Madrid partícipe en cualquier gestión relacionada con el reparto de fondos? Por ahora, no hay respuesta.

Sobre la exigencia de la DACI, la web de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detalla lo siguiente: “En el caso del PRTR se puede afirmar que todo aquel que interviene en su ejecución es susceptible de verse afectado por un conflicto de interés. Así lo indica la Orden 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al disponer la obligación de los órganos gestores de cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI), obligación que extiende a los intervinientes en los procedimientos de gestión del PRTR, al ser esta una medida que necesariamente debe contemplarse en los Planes de Medidas Antifraude aprobados por las Entidades Decisoras, Ejecutoras e Instrumentales del PRTR”.

Los dos directivos de la agencia digital ahora cesados tenían concedida desde 2022 la compatibilidad para ejercer la abogacía a tenor de lo ya conocido en enero de 2024. Pero apenas hay más datos sobre en qué condiciones se les autorizó a practicar actividades privadas. El 20 de febrero, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez formuló dos preguntas escritas a la Asamblea de Madrid sobre la fecha en que Carrasco y Salamanca obtuvieron la compatibilidad. Aún no ha recibido contestación, confirma el parlamentario. ¿El porqué de su iniciativa parlamentaria? “El interés por saber qué control de las incompatibilidades entre actividades públicas y privadas hace el Gobierno de Ayuso y la desconfianza que suscitan los antecedentes históricos del PP en nuestra Comunidad, donde cargos públicos han confundido el servicio público con sus intereses privados y otras redes clientelares”.

La Junta de Personal Funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha denunciado este miércoles que la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa que pretende aprobar el Gobierno regional abre la puerta a la privatización de los servicios públicos de la comunidad autónoma. 

Los representantes del colectivo han salido a la calle en las cinco provincias para reclamar que se paralice esta normativa, actualmente en manos del Consejo Consultivo de la comunidad autónoma, y que el Gobierno de Emiliano García-Page espera llevar al Parlamento regional el próximo mes de marzo.

“Desde que comenzara la legislatura actual hemos ido escuchando por parte del presidente de la Junta de Comunidades, así como de algún que otro integrante de su ‘comitiva’, lemas y consignas como 'poda administrativa', 'poda burocrática', 'revolución administrativa'... ”, lamentan los funcionarios que critican que García-Page presuma de la “colaboración público-privada sin complejos”.

En concreto se pone sobre aviso sobre la introducción de la figura de las entidades colaboradoras, por ejemplo a la hora de agilizar trámites urbanísticos, como ya se anunciase hace ahora un año.

En su opinión, la “realidad” es que la futura ley “amenaza con dar una patada a la variable pública del binomio público-privado”. Subrayan que son muchos los ámbitos en los que, explican, “potestades públicas elementales se pueden ver en manos privadas y el mero riesgo de que ello ocurra nos obliga a posicionarnos”. 

Creen que “no sólo se deteriorarán los servicios públicos, sino que estas entidades se financiarán cobrando una prestación económica a la ciudadanía que requiera sus servicios. Es toda la sociedad de nuestra comunidad autónoma la que sale perdiendo”, sostienen. 

También aclaran que están a favor de una Administración pública “más moderna y ágil, pero nunca a costa de debilitar la estructura pública abriendo sus compuertas de par en par a entidades privadas”, algo que ayer mismo negaba el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

“Los servicios públicos no se venden, se defienden”, ha sido el lema de las movilizaciones este miércoles.

Este fin de semana se iban a celebrar las oposiciones de RTVE. Después de 17 años de espera la radiotelevisión pública ofertaba plazas de empleo a las que se presentaban más de 5.000 personas. Esto iba a ser así hasta media hora antes del examen, cuando los opositores se enteraron de que se suspendía porque se habían filtrado las preguntas. No es el único caso, relacionado con la filtración de preguntas o con complicaciones en oposiciones, que ha pasado en los últimos meses. ¿Son todos estos problemas simplemente incidentes aislados? ¿Pueden ser unos errores que afectan cada año a decenas de miles de personas, y a su futuro, ser tratados como si fueran incidentes aislados?

Hablamos con dos opositoras que han tenido complicaciones en distintos procesos selectivos y abordamos este problema con Fulgen Aledo, que ha sido secretario general del Instituto Vasco de Administración Pública, que es el órgano encargado de los procesos selectivos en la Comunidad Autónoma del País Vaso. Ha estado 30 años trabajando en procesos de selección. También con Marcos Peña, abogado, que suele llevar casos de este tipo y es socio de Administrativando Abogados.

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El PP y Vox dejan para después de las vacaciones de verano la comisión de investigación del sector público instrumental en la etapa del gobierno de Ximo Puig. Populares y ultraderecha estiran la convocatoria parlamentaria tras un año insistiendo en la sospecha de irregularidades en las empresas públicas y el anuncio reiterado de auditorías de las empresas públicas sin demasiada concreción.

Los grupos que conforman el Gobierno central han aprobado su plan de trabajo valiéndose de su mayoría parlamentaria y entre críticas de la oposición, que lo considera una “factoría de titulares”, haciendo hincapié en el interés suscitado. En concreto, la coalición de derechas cita a 40 altos cargos del Ejecutivo de Ximo Puig, entre los que se encuentran los exconsellers de Educación, Vicent Marzà, y la exconsellera de Justicia, Gabriela Bravo. También se reclama la comparecencia de Maria José Mira, que permaneció unos meses en el Consell de Mazón en el área de Economía, José María Ángel, exresponsable de Emergencias; Enric Nomdedéu, a cargo de los servicios públicos de Empleo; Anaïs Menguzzato por Ferrocarrils de la Generalitat; José Luis Pérez Pont, exresponsable del Consorci de Museus cesado por Vox y la primera responsable de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Empar Marco.

El portavoz del PP en la comisión, Fernando Pastor, ha justificado que no empiezan de inmediato porque todavía no cuentan con la documentación solicitada a los entes públicos. Las Corts Valencianes terminan su periodo de sesiones el 15 de julio y no regresarán hasta septiembre. Las empresas públicas tienen 20 días hábiles para aportar la información que reclamen los diputados y estos tienen otros tantos para estudiarla. El popular considera que el Ejecutivo de PSPV, Compromís y Unides Podem fue “el gobierno más caro de la historia, con duplicidades y contrataciones al margen de la ley”.

El plan de trabajo aprobado prevé reuniones los jueves que no haya pleno. Teniendo en cuenta el inicio del periodo de sesiones y los plazos marcados, se estima que no haya una convocatoria hasta octubre. En noviembre, si el Consell cumple los plazos para presentar los presupuestos, las Corts Valencianes entrarán de lleno en el debate de las cuentas públicas del año siguiente, acompañadas de la ley de medidas fiscales. Será difícil, con este calendario, que la investigación parlamentaria avance antes de que termine el ejercicio.

La oposición cree que hay una intencionalidad clara con este marco temporal: dilatar lo posible las sospechas sobre su gestión. El diputado del PSPV, Toni Gaspar ha afirmado que no esperan “nada” de la comisión porque “las conclusiones ya están escritas”. “No sé si el PP quiere encontrar cómo el Botànic ha intentado arreglar los pufos de años anteriores”, ha ironizado, para añadir que en la pasada legislatura se realizaron comisiones de investigación “porque hay sentencias” mientras que “ahora hay observaciones”.

La portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha denunciado que los socios de gobierno “quieren alargar durante toda la legislatura para hacer oposición a la oposición”, y ha recordado que el sector público ya está sometido a auditorías anuales por diversos entes. La diputada ha asegurado que el president, Carlos Mazón, “anunció una auditoría privada del sector público que no ha hecho porque en realidad no hay nada”. “Nosotros heredamos muchos casos de corrupción y lo que hicimos fue intentar arreglar todas las fechorías de esta gente, y no tenemos ningún problema con que vengan a comparecer nuestros gestores”, ha concluido.

Los grupos parlamentarios de PP y Vox modifican el reglamento de las comisiones de estudio, investigación y las subcomisiones de la Cámara en vísperas de iniciar las pesquisas sobre la gestión del Ejecutivo progresista. La Mesa de las Corts Valencianes ha aprobado este martes una resolución propuesta por la Presidencia de la Cámara, que ostenta la ultraderechista Llanos Massó, con el rechazo de los grupos de la oposición.

La primera comisión de investigación de la legislatura se constituyó el pasado abril, aunque aún no ha puesto fecha para comenzar las comparecencias y el plan de trabajo. Se trata de una propuesta de PP y Vox para esclarecer supuestas irregularidades en el sector público instrumental de la Generalitat entre los años 2016 y 2023, de gestión del Gobierno del Pacto del Botánico. La presidirá la popular Mari Carmen Contelles, tras un debate en el que se excluyó la gestión de los gobiernos anteriores. Estas supuestas irregularidades anunciadas por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sirvieron para comunicar el cierre de seis entidades públicas.

La resolución aprobada este martes incluye la posibilidad de hacer enmiendas a la creación de una comisión, elimina la necesidad de unanimidad para prorrogar sus trabajos y elimina la limitación temporal fija de las intervenciones; ahora, todo se regulará en el plan de trabajo de cada comisión.

A los asistentes a las comisiones de investigación se les tendrá que comunicar la cita con un mínimo de tres días de antelación. Sobre las preguntas, establece que serán admitidas todas las preguntas que formulen los grupos parlamentarios en cada comparecencia, “siempre que versen sobre el objeto de la comisión”, algo que decidirá la Presidencia de la comisión.

El texto aprobado también establece la posibilidad de crear subcomisiones con un mayor nivel de opacidad: las Corts podrá decidir si se graban o no y si se publican los comparecientes. Hasta la fecha, las comisiones 'secretas' eran las que afectaban al régimen interno de la Cámara. En concreto, dice: “Los miembros de la subcomisión podrán acordar la grabación de las reuniones en las que se celebren comparecencias para facilitar la elaboración de los informes correspondientes, sin que esto implique la existencia de un diario de sesiones”.

La resolución dice, literalmente, que “en el seno de las comisiones de las Cortes Valencianas, a iniciativa de un grupo parlamentario, se podrá acordar por mayoría de sus miembros la creación de subcomisiones para la elaboración de un informe sobre asuntos concretos de interés público en materia de su competencia”. No especifica, como sí hace el reglamento en vigor, si se refiere a las comisiones permanentes legislativas, a las de estudio o a las de investigación. El reglamento de la Cámara recoge la existencia de subcomisiones para las comisiones permanentes legislativas, creadas para la elaboración de un informe sobre asuntos concretos de interés público en materia de su competencia.

Les Corts Valencianes constituyen la primera comisión de investigación de la legislatura: una auditoría al sector público de la Generalitat Valenciana durante el Gobierno del Pacto del Botánico (la unión de PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida). La propuesta, aprobada con los votos del PP y Vox, se estrena en el Parlamento autonómico mientras el expresidente popular Eduardo Zaplana comparece en el juzgado por el 'caso Erial'. Los partidos de la oposición han señalado la coincidencia, que aprovechan para reclamar que las pesquisas parlamentarias se extiendan a etapas anteriores, dado que sobre sus gestores ha habido causas judiciales.

La propuesta de los socios del Consell que preside Carlos Mazón busca indagar en las “irregularidades” en el sector público instrumental de la Generalitat entre 2015 y 2023, los ocho años de gobierno de la izquierda. La mayoría conservadora con la ultraderecha rechaza extender la investigación, como han pedido PSPV y Compromís, que consideran que la propuesta es “un circo”.

La comisión, presidida por la diputada popular Maria del Carmen Contelles, abordará en su próxima sesión el plan de trabajo, con el calendario de sesiones y la lista de comparecientes. Las pesquisas parlamentarias se basan en informes de la Sindicatura de Comptes y la Intervención de la Generalitat, aireados por el Ejecutivo autonómico, que considera que hay sospechas suficientes como para ahondar la investigación. El Consell ha encargado varias auditoriías, aunque la oposición sostuvo en su momento que las consideradas irregularidades en la contratación se deben, en gran medida, a los contratos de refuerzo y emergencia durante la pandemia.

El portavoz adjunto socialista Toni Gaspar ha lamentado que “el PP no tiene intención de hablar de presente o futuro” y no quiere investigar un pasado que ha acabado en los tribunales, mientras que su homóloga de Compromís, Aitana Mas, considera “incongruente” que “el PP no quiera mirar atrás” en “una semana en la que está declarando Zaplana”. Los grupos que sostienen al Consell afirman que no es una investigación “contra nadie” y restan valor a las fechas escogidas para el análisis.

A la par, Compromís ha registrado este miércoles una petición para investigar el proceso de privatización de las ITV por el gobierno de Eduardo Zaplana, una de las patas del 'caso Erial' que sienta al expresidente en el banquillo esta semana. El proceso judicial aborda el supuesto cobro de más de diez millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana y enfrenta al expresidente valenciano a una petición de pena de 19 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Compromís plantea que la comisión elabore un dictamen en un máximo de 18 meses en los que se citaría a expertos, colegios profesionales o representantes de sindicatos y organizaciones empresariales, además de pedir documentación a la Generalitat o a los servicios jurídicos

La Sindicatura de Comptes, uno de los órganos que se encargan de la fiscalización del Gobierno autonómico en la Administración Pública valenciana, cuestiona la necesidad de realizar una auditoría externa a las etapas anteriores del Consell como quiere Presidencia de la Generalitat. El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella, defendió este martes que la Generalitat ya tiene “muchísimos informes” a su disposición sobre la situación financiera y la gestión del sector público instrumental, unas auditorías donde “hay mucho material para tomar decisiones”.

El informe de la Sindicatura es uno de los que sustentan las acusaciones de PP y Vox y la auditoría que anunció el presidente de la Generalitat. La creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en el sector público valenciano durante el gobierno del Pacte del Botànic centrará el debate en el pleno de las Corts de la semana que viene, en el que se debatirán propuestas de PP y Vox en conjunto y del PSPV y Compromís, que piden investigar etapas anteriores. Los populares insisten en que “en un solo año 5.046 trabajadores fueron contratados por el gobierno de Puig sin la autorización preceptiva”.“Se saltaron esa regla de control”, en palabras de su portavoz, Miguel Barrachina. 

Antes de su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda, donde expuso la cuenta general de la Generalitat del año 2022, el último ejercicio completo del Botànic, el síndic planteó: “Realmente, en la Sindicatura tenemos muchísimos informes, tanto auditorías financieras y de cumplimiento de la legalidad como sobre todo auditorías operativas que prestan atención a la economía, eficiencia y eficacia de la gestión pública. Hay mucho material para tomar decisiones. Si adicionalmente se quieren hacer otros informes, eso lo desconozco”. En la comisión, Cucarella insistió en el abuso de los expedientes de enriquecimiento injusto, que vincula a la infrafinanciación, y a la incidencia de los contratos menores en los ayuntamientos y en las consellerias, una práctica que según él se da “por mala planificación o a veces por dejadez”. El titular de la sindicatura no planteó aspectos de irregularidades en la Adminstración.

El PSPV defiende que la comparecencia del Síndic “deja en evidencia” las acusaciones de Mazón y respalda la gestión de Ximo Puig“. ”Cucarella ha recordado que los auditores de España reconocieron el elevado nivel de control de la Generalitat en buena medida por la Sindicatura, y ha destacado que ese trabajo del órgano fiscalizador, “en aquella época en la que existían facturas en los cajones de verdad, en 2010, en 2011, llevó a la UE a denunciar a España por tener facturas escondidas”, recalcan los socialistas.

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que Vox interpuso contra un decreto impulsado por el Gobierno en 2021 para combatir los altos niveles de temporalidad laboral en las administraciones públicas. La decisión, tomada por unanimidad del pleno, entiende que el ejecutivo central sí justificó la urgencia y necesidad de la medida para tramitarlo como real decreto-ley. Una norma que, entre otras cosas, limitó a tres años el tiempo que un interino podía estar ocupando una plaza vacante a la espera de que fuera obtenida por un funcionario en una oposición.

Según los cálculos del ejecutivo, las medidas del real decreto que ahora avala el Constitucional afectarán a más de 300.000 plazas públicas de aquí a finales de 2024.

La carrera del Gobierno para limitar la temporalidad en el espacio laboral de las administraciones públicas arrancó en 2021, después de que los tribunales empezaran a acotar el abuso. Primero fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que declaró abusivo en una sentencia que los contratos temporales se pudieran renovar durante años “por consideraciones de la crisis económica” y que se asimilara a estos trabajadores a la figura del indefinido no fijo.

Poco después fue el Tribunal Supremo el que corrigió su anterior doctrina y estableció que una interinidad en una plaza vacante que dure más de tres años es considerada como “injustificadamente larga” e implicará que un interino pasa a ser considerado indefinido no fijo.

El decreto que recurrió Vox y que acaba de avalar el Constitucional arrancó cuando Miquel Iceta todavía era ministro de Política Territorial salió adelante en el Congreso en julio de 2021 por un solo voto de diferencia y con medidas de calado para combatir el abuso de la temporalidad del sector público, que según los datos oficiales duplicaba a la presente en el sector privado.

Límites a la interinidad

El Constitucional, con ponencia de César Tolosa, explica que tanto la memoria con la exposición de motivos y los debates que dieron lugar a la norma han justificado “la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le llevó a dictar el Real Decreto-ley”. También existe una “adecuación” entre las medidas que adopta y la situación que pretendía combatir.

La norma ponía límites al tiempo que un trabajador de una administración pública podía pasar como interino: tres años ocupando una plaza vacante a la espera de que un funcionario la consiga por oposición o, por ejemplo, para trabajar en un programa de duración temporal. Esas plazas, dice el decreto, debían adjudicarse antes del último día de 2024.

Posteriormente el ejecutivo aprobo una ley para ampliar las medidas que entró en vigor en diciembre de 2021 y que tenía por objetivo bajar del 8% la temporalidad en el conjunto de las Administraciones, y no solo en la General del Estado que sí cumplía ese criterio.

Todos los sindicatos con excepción de UGT, el 85% de la representación, han convocado dos jornadas de huelga en el sector público vasco este otoño en un avance de que el final de la legislatura será complicado para Iñigo Urkullu en materia laboral. ELA, LAB, CCOO, Steilas, ESK y Satse, han convocado a los 150.000 trabajadores de sector a parar el 25 de octubre y el 19 de diciembre, justo un día después de que el lehendakari se refiriera en el pleno de política general de este jueves al estado de los servicios públicos asegurando que no entendía las protestas sindicales. De hecho, lamentó que Euskadi sea la “comunidad con más huelgas”, pese a ser “el país con mejores sueldos”, afirmó.

Los sindicatos convocantes de la huelga han recordado que llevan tiempo cruzando conversaciones para intentar cuadrar las movilizaciones de la forma más unitaria posible porque están radicalmente en contra de la percepción del lehendakari en cuanto al estado de los servicios públicos y respecto a los sueldos. De hecho, consideran que en los últimos años han perdido un 20% de poder adquisitivo y quieren que en los próximos presupuestos se contemple una subida del 10% para todos los empleados públicos. El 10% restante se abren a negociar cómo recuperarlo.

Y recuerdan también al lehendakari, que su intención de reducir las listas espera en Osakidetza como señaló en el pleno, “pasa por poner en marcha medidas concretas laborales”. “Dice que quiere bajar la espera pero no dice cómo”, advierten. Además, exigen que los partidos vascos con presencia en Madrid exijan cambios en la legislación para que los salarios de los empleados públicos vascos no tengan que depender de la legislación básica que fija Madrid. “Hoy en día desde Madrid se decide cuántas enfermeras tiene que haber en Euskadi y lo que tienen que cobrar, y eso no puede ser”, advierten.

Urkullu ya avisó, citando el precedente de las reclamaciones en la Ertzaintza, que las subidas lineales no son posibles. “Un aumento salarial a la plantilla no es legalmente posible. No es legal. No es constitucional. No es posible”, recalcó. También dejó claro que no pondrá dinero encima de la mesa solamente con el fin de silenciar protestas y deslizó que EH Bildu utiliza estratégicamente estas movilizaciones para desgastar al PNV.

Reversión de las privatizaciones

Las centrales avisan de que los trabajadores están sufriendo un deterioro de sus condiciones laborales desde hace décadas, y que llevan más de una década sin renovar los convenios colectivos en la Mesa General del sector Público, en Osakidetza, en Educación, en la Administración General y en la local y la foral, lo que “incide en el servicio que se ofrece a la ciudadanía”. En este sentido, hacen peticiones expresas a la Administración. Además de la exigencia de una subida salarial para 2024 del 10%, piden que no haya más privatizaciones en sector público y se revierta lo privatizado hasta ahora con subrogación de la plantilla. Situar la temporalidad real debajo del 8%, tomando las medidas necesarias en los colectivos que no se dé, y acordando para ello los calendarios de OPE necesarios y las consolidaciones de los trabajadores en los puestos cubiertos hasta ahora. También piden que se acuerde la imposibilidad de contratar a tiempo parcial (de manera impuesta) y medidas para rejuvenecer las plantillas y la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales.

Las organizaciones sindicales CCOO, STAS-CLM, CSIF y UGT han exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que “ponga fin a una situación discriminatoria e injusta” que en su opinión sufre el personal laboral en la Administración regional, tanto los trabajadores fijos como interinos, respecto al resto de empleados y empleadas públicas.

Este miércoles se han concentrado en Toledo contra “la precariedad” bajo el lema 'Fin de la precariedad. 35 horas 12 meses YA'.

En su opinión es “inadmisible” la postura del Gobierno Regional porque “la prestación del servicio público no puede ni debe ir de la mano de unas condiciones laborales indignas. Es preocupante ver cómo trata el Gobierno de Castilla-La Mancha a estos colectivos”. 

Citan en concreto a los trabajadores y trabajadoras de las categorías Auxiliar Técnico Educativo (ATE), Técnico Especialista en Lengua de Signos (TEILSE), personal de cocina (cocineros y ayudantes de cocina), todos ellos trabajadores de la Consejería de Educación. “Después de pasar un proceso selectivo duro y exigente, son contratados por la Administración solamente para las horas lectivas y tienen un contrato parcial y discontinuo”.

Sus contratos les dejan fuera del convenio colectivo y la precariedad se ceba en las mujeres

Señalan los sindicatos que el mantenimiento de esta contratación “imposibilita” que el personal que trabaja bajo este tipo de contratación pueda acogerse a derechos regulados en el convenio colectivo vigente. Por ejemplo, derechos como la formación y la jubilación parcial, entre otros, “además de la carga burocrática que conlleva y que colapsa las delegaciones provinciales en el inicio de curso”. 

Pero esta situación, añaden, no solo perjudica al personal afectado, sino que el resto de trabajadores y trabajadoras también se ven afectados, ya que imposibilita la movilidad voluntaria en las mismas condiciones de inicio. “Al trasladarse a un centro educativo conlleva un gran perjuicio en las condiciones laborales; éste es el motivo por lo que la Consejería de Educación tiene la tasa más alta de interinidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, sostienen los sindicatos. 

Aseguran que “las transferencias educativas a la comunidad autónoma trajeron una situación anómala que con el Ministerio no existía y que es el momento de poner fin”. En su opinión, “trabajar en una Administración pública no es garantía de esquivar la precariedad, y eso lo saben bien las mujeres que trabajan en los centros educativos, y hablamos de mujeres porque más del 80% de los colectivos afectados son mujeres, lo que implica una segregación de género que las leyes obligan a erradicar”. 

La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, ha anunciado este miércoles que el Estado va a nacionalizar totalmente EDF, algo que se justifica para garantizar la producción de electricidad frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania con su apuesta por la energía nuclear. En su discurso de política general ante la nueva Asamblea Nacional salida de las elecciones legislativas de junio, que marca el verdadero comienzo de la andadura de su Gobierno, Borne ha dicho que el Estado tendrá “el 100 %” del capital de Electricité de France (EDF), que se encuentra en una situación financiera difícil, lastrada por una fuerte deuda.

La empresa, en la que el Estado tiene actualmente un 84 % del capital, arrastra un pasivo de 43.000 millones de euros en un momento en que se enfrenta al reto que le ha fijado el presidente francés, Emmanuel Macron, de poner en servicio a partir de 2035 seis nuevos reactores nucleares, con un costo estimado de al menos 52.000 millones de euros.

Eso sin olvidar los alrededor de 50.000 millones de euros adicionales que serán necesarios para mantener en servicio el parque atómico actual, compuesto de 58 reactores que normalmente generan un 70 % de la electricidad del país, pero que ahora producen un porcentaje muy inferior por el paro de muchos de ellos por labores de mantenimiento y fallos detectados.

Garantizar la soberanía

La primera ministra, que ha considerado que la nacionalización total permitirá a EDF diseñar “proyectos ambiciosos”, ha insistido en que “la transición energética pasa por la energía nuclear” que “es una energía descarbonizada, soberana y competitiva”. Además, ha enfatizado que su Ejecutivo quiere controlar la producción de electricidad y “garantizar la soberanía” frente a los efectos de la invasión rusa de Ucrania. “No podemos seguir dependiendo del petróleo y el gas rusos”, ha dicho.

Borne ha avanzado que en septiembre se definirán objetivos de reducción de las emisiones de carbono por sectores y por territorios. “Queremos ser y seremos la primera gran nación ecológica que abandonará los combustibles fósiles”, ha anunciado.

“Es la garantía de nuestra soberanía energética, de la preservación del poder adquisitivo”, ha indicado antes de afirmar que para sustituirlos se levantarán nuevas actividades industriales generadoras de empleos. El anuncio sobre el aumento de la participación del Estado hasta el 100% ha tenido un impacto súbito en la cotización de EDF en la Bolsa de París. En unos pocos minutos, las acciones de EDF, que cotizaban a la baja desde la apertura de la sesión por la mañana incluso por debajo de los 7,3 euros, han dado un salto y han pasado a subir cerca del 8% hasta cerca de 8,6 euros. 

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ya ha publicado la Ley que regula la nueva la Cámara de Cuentas de la comunidad autónoma, que entrará en vigor el próximo 2 de enero y y cuyo objetivo es mejorar la transparencia y reforzar el control de la gestión pública. Este nuevo organismo supone la recuperación de la antigua Sindicatura de Cuentas, que la ex presidenta castellanomanchega, María Dolores de Cospedal, derogó en 2014 durante su mandato en esta región, junto con el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social. De hecho, la aprobación parlamentaria para su recuperación ha contado con el voto en contra tanto del PP como de Ciudadanos.

Ahora, la Cámara de Cuentas, además de ejercer la actividad de control sobre el sector público, también lo hará con las personas físicas o jurídicas si reciben subvenciones, así como con los partidos políticos y sus subvenciones recibidas por régimen electoral.

Desde el Gobierno de Emiliano García-Page han insistido en que con este nuevo organismo se recupera un órgano fiscalizador externo autonómico que facilitará un control más directo de las finanzas públicas regionales y permitirá que sus recomendaciones sean “más fáciles de aplicar, por la proximidad y cercanía con las instituciones que supervisa y fiscaliza”.

En concreto, estarán sometidos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas el sector público regional, que comprende, la administración de las Cortes de Castilla-La Mancha, la Administración regional, sus organismos autónomos y demás entidades que lo integran, así como las entidades locales, el Consejo Consultivo y la Universidad de Castilla-La Mancha.

Igualmente, quedarán sujetas a su actuación fiscalizadora las personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones o de ayudas públicas, las empresas adjudicatarias de contratos del sector público regional y los partidos políticos, exclusivamente en lo que se refiere a la gestión de las subvenciones o asignaciones por gastos electorales procedentes del presupuesto de la Junta.

Además de la fiscalización externa, la Cámara de Cuentas tendrá entre sus funciones el asesoramiento de las Cortes de Castilla-La Mancha en materia económico-financiera y contable, e incluso al propio Gobierno por conducto del Parlamento; la instrucción de los procedimientos de enjuiciamiento que le sea delegada por el Tribunal de Cuentas y la promoción de la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos. Todo ello en coordinación y cooperación con el Tribunal de Cuentas, como ya se actuó con la extinta Sindicatura de Cuentas.

Estructura

Este órgano contará con una Presidencia, cuya persona titular será elegida por el pleno de las Cortes regionales por mayoría de tres quintos en primera votación o por mayoría absoluta en segunda votación, entre profesionales con titulación académica superior. Su mandato será de seis años, renovable por una sola vez.

También dispondrá de un máximo de cuatro auditores o auditoras, que serán nombrados por la Presidencia de la Cámara de Cuentas entre profesionales de reconocida competencia y se velará por la presencia equilibrada de hombres y mujeres en estos nombramientos. De igual modo, contará con un secretario o secretaria general, que se encargará de la dirección del personal y el asesoramiento jurídico de la Cámara, entre otras funciones.

“Más sombras que luces”

Durante el debate parlamentario para su aprobación, tanto el PP como Ciudadanos rechazaron el nuevo organismo. El PP mostró su desacuerdo con su recuperación por tener “más sombras que luces” y porque “huele a otro chiringuito de la Administración regional”. Alegó que Cospedal tuvo que anular este órgano porque Castilla-La Mancha era la única comunidad intervenida en la crisis del 2008 y afirmó que su creación costará dos millones de euros que no están ni presupuestados, cuando es dinero hace más falta para atender otras necesidades.

Ciudadanos, por su parte, interpretó que la nueva Cámara de Cuentas es “forma torticera de atentar contra la separación de poderes”. “Pretenden que sea el Gobierno el que controle al Gobierno. Pretenden que nadie tosa al Gobierno. ¿Cómo va a exigir cuentas la cámara de cuentas al Gobierno de Castilla-La Mancha si es el propio Gobierno con su mayoría quien lo elige de forma indirecta?”.  

Con la entrada en vigor de este proyecto legislativo, Castilla-La Mancha se incorporará de nuevo al grupo de comunidades autónomas que ya disponen de un órgano propio de control externo, que son 12 hasta la fecha.

La Justicia ha vuelto a anular una resolución de la Junta de Andalucía de cara a una jornada de huelga. En concreto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha dejado sin efecto la resolución de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo por la que se garantizaba el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad autónoma durante la huelga general del sector público de Andalucía, convocada por CGT para el 28 de mayo, prestados por empresas e instituciones, públicas o privadas.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, estima el recurso interpuesto por la organización de trabajadores, como también pedía la Fiscalía, en relación a “la desproporción y falta de justificación de los servicios mínimos fijados, ya que el juicio de proporcionalidad realizado por la Administración carece de los criterios de ponderación necesarios para su establecimiento”. La resolución de la Junta de cara a la huelga del 28 de mayo “no concreta los factores o criterios cuya ponderación ha conducido a determinar las prestaciones mínimas establecidas con el personal que habitualmente presta servicio en un día festivo y que permitan valorar el juicio de proporcionalidad”, dicen los jueces.

Según argumentó el sindicato, la Consejería había realizado “justificaciones genéricas sin motivar por qué en algunos casos” los servicios mínimos llegaban al 100% “como los realizados en un día festivo”. El personal afectado por la huelga era el empresas de asistencia telefónicas de emergencias 112, el de las empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas, el personal laboral al servicio de la Junta y de las corporaciones locales, y el de centros dependientes de la Consejería de Igualdad.

El TSJA acepta la argumentación de CGT en cuanto a que los servicios mínimos establecidos sobrepasaron el equilibrio que debe existir entre la huelga y el ejercicio de otros derechos fundamentales. “La actuación de la autoridad gubernativa vacía de contenido el derecho de huelga al fijar a la totalidad de la plantilla de un día festivo para cubrir los servicios mínimos, siendo desproporcionadas las medidas aprobadas, ya que no establece el personal estrictamente necesario para el mantenimiento del servicio esencial, sino que el servicio va a seguir desarrollándose como si no existiera una convocatoria de huelga”, expresaba el sindicato en su escrito.

Condena en costas

La sentencia, que incluso impone las costas a la Administración demandada hasta un importe máximo de mil euros, señala en favor de la Consejería que “los servicios mínimos podrán estimarse excesivos o no, pero en ningún caso carentes de motivación”, explicando que “el contenido de la resolución es expresivo de las razones y criterios tenidos en cuenta por la administración para fijar esos servicios mínimos, teniendo en cuenta la importancia de los bienes y derechos constitucionales antes citados, susceptibles de ser afectados, unido a la necesidad de garantizar la prestación del servicio de emergencia, con clara incidencia en la protección del derecho a la salud y a la vida”.

En todo caso, cabe recordar que la Junta de Andalucía viene viendo desde hace años cómo la Justicia anula las resoluciones en las que la administración establece los servicios mínimos para convocatorias de huelga, la más reciente con motivo del pasado 8 de marzo. Con esta conocida ahora, son 21 las sentencias en las que los jueces, sucesivamente, siguen considerando que establecer el 100% de los servicios que se prestan en situación de normalidad es contrario al ordenamiento juridico si no se acompañan de argumentos que lo apoyen.

La Justicia, una a una, ha ido anulando en los últimos años los servicios mínimos establecidos por la Junta en huelgas del 8M y otras. Así, y entre otras, la Junta fue condenada también por “sacrificar” el derecho a la última huelga feminista. Unos meses atrás, la Junta fue condenada por “sacrificar de manera absoluta” el derecho a huelga de sus sanitarios en vísperas del estado de alarma, con una contundente sentencia del TSJA que achacaba al Gobierno andaluz dejar “vacío” ese derecho de los trabajadores el 8M de 2020, ser ya “reincidente” en este tipo de condenas y no contribuir “a la sensibilización de la sociedad” en asuntos referentes a la mujer. Anteriormente, la misma Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA con sede en Granada se pronunció de manera similar en septiembre de 2019, cuando ya cargó contra la Junta por hacer “ilusorio” el derecho de huelga en los hospitales el 8M del año 2019.

La Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes ha aprobado dos enmiendas del Grupo Popular al Proyecto de Ley de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, que han sido validadas por el propio PP y el PSOE y rechazadas por Cs, por las que se determina que quien ostente la Presidencia de este nuevo órgano podrá ser cesado por el Parlamento autonómico por mayoría de tres quintos en primera votación o mayoría absoluta en segunda votación en caso de incumplimiento grave de los deberes de su cargo o ineligibilidad sobrevenida.

Así, el texto original, que recogía que este cese debía producirse únicamente por mayoría de tres quintos, será modificado para incluir estas enmiendas después de que los 'populares' hayan alegado que con el texto original se “blinda” a quien ocupa la Presidencia y hayan propuesto que se recojan los mismos juegos de mayoría para el cese que los que se contemplan para el nombramiento en el cargo.

Estas han sido las únicas dos enmiendas de los 'populares', de las nueve que habían presentado, que han sido aprobadas, mientras que las 23 de Cs han sido rechazadas, todas ellas tras no contar con el visto bueno de la mayoría absoluta del PSOE.

En concreto, algunas de las enmiendas del PP que no han sido validadas abordaban cuestiones como la exclusión de la fiscalización de las entidades locales; que la titulación necesaria para ostentar la Presidencia esté relacionada con Derecho, Ciencias Económicas o Empresariales o, en su caso, personas pertenecientes a cuerpos de la Administración con funciones interventoras; la duración de cinco años de los mandatos en lugar de seis; o la elección de los auditores de la Cámara entre funcionarios con misiones interventoras o de auditoría en lugar del nombramiento “a dedo” por parte del presidente.

Por su parte, las enmiendas rechazadas de Cs pretendían aspectos como que la Cámara de Cuentas adquiriera un “valor añadido” evaluando la eficacia de las políticas públicas, la creación de un marco de protección a los denunciantes de comportamientos fraudulentos o de corrupción, la elección por mayoría absoluta en segunda votación de quien detente la Presidencia, el establecimiento de la Cámara como un órgano colegiado y no unipersonal o la no elección por libre designación del personal de este órgano.

Cs critica el diseño “torticero”

Por parte de Cs, el diputado David Muñoz Zapata, que ha sido el encargado de defender las 23 enmiendas de la formación naranja, ha aseverado que este Proyecto de Ley es “un ataque a uno de los pilares de la democracia” como es la separación de poderes, porque la norma crea un órgano que, a su juicio “está diseñado de una forma torticera para que nadie controle al Gobierno” y para que sea el propio Gobierno quien se “autocontrole”. De ahí que, ha añadido, el paquete de enmiendas de Cs pretenda “darle la vuelta a una ley que es del PSOE para el PSOE” y que crea un órgano “controlado desde su nombramiento hasta casi el cese por el Gobierno”.

Para Muñoz, el texto carece de “contrapesos” y por ello pretenden con sus enmiendas que “aumente sus funciones” para que no se dedique simplemente a revisar si hay dinero en la caja sino que “se dedique también a ver si el dinero que se ha gastado ha servido para algo o no ha servido para nada”.

A continuación, por el PP el parlamentario Miguel Ángel Rodríguez ha recordado que su grupo puso de manifiesto su disgusto con este Proyecto con la enmienda a la totalidad que presentó y fue rechazada, presentando nueve enmiendas que, ha dicho, se oponen a “la resurrección de un órgano que el PP suspendió porque se incurría en un gasto superfluo”. Rodríguez ha destacado que el texto “da muestra de este carácter patrimonialista del PSOE, que quiere apropiarse de este órgano y no quiere que sea independiente ni sirva a los intereses de los castellanomanchegos”.

Sin embargo, se ha mostrado pesimista por “el resultado que va a tener el trabajo del PP”, ya que considera que sus argumentos “no se van a tener en cuenta” de cara a su inclusión en el Proyecto de Ley.

El PSOE ve “exageraciones”

Finalmente, del lado del PSOE, el presidente de este grupo parlamentario, Fernando Mora, ha lamentado las “exageraciones” en las críticas del PP y de Cs, asegurando que esta ley “no es un ataque a la democracia” sino “fruto mismo de la democracia, porque serán las Cortes las que aprueben esta ley”, ni tampoco es “la antesala a la tiranía”. Para Mora, el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno regional “no coincide con los modelos que sobre esta Cámara de Cuentas tienen el Grupo de Cs ni el Grupo Popular”, considerando que ambas formaciones “no se han avenido a conformar un modelo que fuese de consenso”.

Tras sucederse la votación, tanto PP como Cs han decidido mantener vivas sus enmiendas rechazadas para que sean debatidas en las Cortes cuando el Proyecto de Ley, que será defendido por el socialista Fernando Mora, llegue al pleno del Parlamento castellanomanchego.

“Ambientalizar los procesos de compra”. Es la síntesis con la que puede resumirse en qué consiste la denominada Compra Pública Verde, que ya se encuentra en la hoja de ruta no solo de las administraciones, sino de todo el sector público, sus organismos y entidades. Se trata de la utilización de criterios ambientales a la hora de licitar estos procesos, de utilizar esta herramienta no solo para dar ejemplo, sino también para influir en el mercado. Por ejemplo, un ayuntamiento que compra coches eléctricos o una comunidad autónoma que elige madera con certificación forestal para el mobiliario de los colegios públicos. No obstante, todavía queda camino por recorrer, y para impulsar y promocionar esta herramienta la Universidad de Alcalá acoge el 28 y 29 de octubre el I Congreso Internacional de Compra Pública Verde y Cambio Climático.

El objetivo de este evento es analizar con una mirada interdisciplinar los avances de la compra pública ecológica a la luz del Pacto Verde Europeo y de la reciente legislación sobre cambio climático y transición energética. Presta singular atención a los sectores de la alimentación y edificación ya que ambos tienen una “enorme incidencia en el consumo energético y en las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Así lo explica la directora del congreso, Ximena Lazo Vitoria, profesora titular de Derecho Administrativo y coordinadora del Grupo de Investigación Compra Pública Verde. Detalla que la importancia de esta herramienta radica en que “tenemos que aprender a comprar con criterios ambientales y no lo estamos haciendo de forma generalizada”, y aquí administraciones y organismos públicos son fundamentales debido al “inmenso poder de mercado” que tienen para cambiar el comportamiento de las empresas que licitan con el sector.

Ximena Lazo recuerda que, hasta este momento, la compra pública verde era voluntaria y así se ha venido incorporando mediante cláusulas ambientales en los contratos de licitación o compra. Pero es una realidad que cambió con el Pacto Verde europeo del que se cumplirán dos años en diciembre, y también a raíz de las consecuencias ya incuestionables del cambio climático. Recuerda que las propias administraciones han venido aprobando en los últimos años declaraciones de emergencia climática y “no puede haber una incoherencia en todo eso, no se puede comprar sin tener en cuenta estos criterios ambientales”.

“Es un momento importante de transición”

“Es un momento importante de transición”, añade la profesora de Derecho Administrativo, quien está convencida de que el sector público camina “hacia una compra pública verde obligatoria” debido fundamentalmente a la legislación europea, que tiene su reflejo en las normas internas tanto estatales como autonómicas.

Pero dentro de este contexto general, el congreso de la Universidad de Alcalá ha decidido centrarse en dos sectores estratégicos donde esta herramienta puede tener un impacto a gran escala: la eficiencia en edificios y la alimentación.

Precisamente se han elegido estas dos áreas por su “enorme incidencia” en los gases de efecto invernadero y, por ende, en el cambio climático. En el caso de los edificios, por la “ineficiencia” energética en sus aislamientos térmicos, que ha provocado que su impacto sea de un 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ximena Lazo precisa que en edificación, por un lado, el sector público debe transformar su parque de edificios (de administraciones, centros escolares, hospitales, bibliotecas, museos, etc.) hacia un sistema de eficiencia energética. “Hay que repensarlo todo, porque no podemos seguir calentando la casa si tenemos las ventanas abiertas”.

Y por otro lado, considera que esta transformación tiene una “proyección hacia al ámbito privado”: la Administración no solo debe dar ejemplo sino que esos estándares de eficiencia y compra pública verde “tienen que ser para todos”. “Hay un rol regulador de la edificación privada y particular. No tendría sentido que el parque público fuera eficiente y el resto no.

En el caso de la alimentación, el congreso se centrará en el ámbito de la contratación de los servicios de comedores escolares a nivel autonómico, mediante una muestra de resultados en regiones como Asturias, Castilla-La Mancha y Madrid. Se trata de “un estudio cuantitativo muy detallado” sobre aspectos ambientales se han utilizado para hacer esas compras, atendiendo a la calidad y a los precios. Afirma la directora del congreso que la conclusión extraída de este estudio es que “tenemos mucho margen de mejora”. 

Este congreso es una iniciativa del Grupo de Investigación Compra Pública Verde de la Universidad de Alcalá, en alianza con otros investigadores y expertos en contratación pública y medio ambiente. El grupo lleva desarrollando este proyecto los últimos dos años, siendo el segundo proyecto consecutivo sobre esta herramienta. Este grupo de expertos tiene previsto publicar un documento de buenas prácticas y otro de errores frecuentes, con diversos ejemplos, para facilitar el trabajo de quien toma las decisiones. Aparte de eso, y con el objetivo de que el congreso sea una instancia de “apertura y transferencia”, en la propia página web del evento se ha publicado también una guía de Compra Pública Verde en el sector de alimentación, como documento “abierto y vivo”.

Este trabajo se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente en el número 12, centrado en garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Para ello, el Grupo de Investigación también apunta al componente tan focalizado hacia ambos sectores que tienen los fondos europeos ‘NextGeneration’.

Programación del congreso

La inauguración del congreso correrá a cargo del rector de la UAH, José Vicente Saz Pérez, y la propia Ximena Lazo Vitoria, que darán paso a la conferencia inaugural que impartirá Miguel González Suela, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del MITECO. La mañana de este jueves 28 estará dedicada al estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los fondos ‘NextGeneration’, o la aplicación de la economía circular a la contratación pública. En este bloque intervendrán destacados expertos en contratación como Javier Serrano Chamizo (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, País Vasco) y Gorana Ibarra, jefa de Proyectos en Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. También ponentes de la talla de los profesores Juan Mestre Delgado (catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia), José María Gimeno Feliú (catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Zaragoza, y director del Observatorio de Contratación Pública) y José Pernas García, profesor de Derecho Administrativo, Universidad de A Coruña.

 Ya por la tarde, la sesión prestará especial atención a los comedores escolares. Se presentarán los resultados de un estudio cuantitativo realizado por el Grupo de Investigación CPV y habrá una mesa dedica a debatir sobre las certificaciones sostenibles en comedores escolares. Además, se darán a conocer experiencias de compra pública sostenible en Hispanoamérica, contando con reconocidos expertos de Argentina, Chile, Colombia y República Dominicana.

 Por último, el viernes 29, se analizará el sector de la eficiencia energética de los edificios, la relevancia que el sector de la edificación supone en la estrategia española y europea sobre cambio climático y cuáles pueden ser sus implicaciones en la contratación pública.

 La Comisión Europea considera la compra verde como un instrumento estratégico para el logro de sus objetivos ambientales, ya que la integración de criterios de compra y contratación verde e innovadora por parte de todas las administraciones públicas de Europa contribuirá “a la consolidación de una economía más competitiva y ambientalmente responsable”.