Mazón anuncia una auditoría del gasto del sector público y el cierre de seis agencias

La Generalitat Valenciana encargará una serie de auditorías de la gestión de las empresas públicas durante las dos legislaturas del Pacto del Botánico. El presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, considera que la situación del sector público es “crítica” y ha vuelto a advertir que se revisarán todas las cuentas, al tiempo que se procederá a reducir lo que viene denominando “grasa” administrativa.

El dirigente ha denunciado en una rueda de prensa “contrataciones irregulares, falta de control en el manejo de los recursos públicos, duplicidades en el gasto”, además de retribuciones a directivos y trabajadores “colocados a dedo al margen de la ley y pagos a terceras personas sin control ni autorización”. Sin embargo, aún no se ha remitido ninguna actuación a los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana, según ha admitido, y según ratificó el departamento que dirige en una respuesta parlamentaria. El presidente valenciano ha realizado la denuncia en base a los informes de la Sindicatura de Comptes, la Intervención de la Generalitat y otros organismos fiscalizadores del sector público.

El presidente también ha anunciado que como parte del plan de adelgazamiento administrativo cerrará seis empresas públicas creadas por el Ejecutivo del Pacto del Botánico. Se trata de seis agencias que apenas cuentan con estructura y que, en la mayoría de casos, no llegaron a ponerse en marcha. Son la Agencia Valenciana de la Energía, la de Digitalización y Ciberseguridad, la de Información y Control Alimentarios, la de Residuos y Economía Circular, la de Cambio Climático y la Escuela Valenciana de Administración Pública. Todas ellas ejercen actividades que ya están asignadas a otras direcciones generales, por lo que las consideran entes vacíos de contenido y “duplicados”.

El dirigente valenciano ha criticado el “enchufismo” y “falta de control” en el gasto público, asegurando que se han pagado 713 millones de euros en contratos “a dedo”, a través de 253.000 procedimientos administrativos. Como crítica, ha indicado que solo en el ejercicio de 2021 se produjeron más de 4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos, como en la empresa de gestión pública de emergencias (la SGISE), que “trató de colar 1.800 nuevas ocupaciones públicas”, que finalmente no se realizaron. La Generalitat no ha aclarado qué parte de estos contratos corresponden a la gestión de la pandemia, que multiplicó los contratos de emergencia, un proceso afeado por varios organismos. Tampoco si afectan a los contratos del personal de refuerzo de Sanidad y Educación durante la pasada legislatura.

En base a estas prácticas, Mazón ha anunciado varias auditorías, una de tipo “forensic” -“un procedimiento técnico para detectar de manera pormenorizada posibles casos de fraude y gasto descontrolado”, ha explicado- y otra general para el sector público. Su objetivo es ir parte por parte para encontrar irregularidades y llevarlas por los cauces legales convenientes, ha insistido Mazón, que reitera que hay sospechas suficientes para realizar el análisis, que lleva un tiempo anunciando.

A través de varios comunicados, PSPV y Compromís han defendido la gestión del Ejecutivo del Botànico en las dos legislaturas. El PSPV defiende que el 90% del aumento del gasto en el Sector Público desde 2015 a 2022 se concentra en entidades nítidamente de servicio público, en concreto en Sanidad, donde uno de cada cinco euros de aumento del presupuesto en la legislatura fue a la atención sanitaria y la investigación médica. En total, 212 millones de aumento, de los cuales 145 millones fueron al Consorcio del Hospital General de Valencia, 28 al de Castellón y 40 millones a investigación sanitaria.

“El 90% del aumento de la inversión del sector público con el Consell de Ximo Puig ha ido a sanidad, servicios sociales, vivienda, transporte, ayuda a empresas o emergencias”, ha defendido el portavoz socialista, José Muñoz. “Por más cortinas de humo que quiera levantar, por más que quiera desautorizar a la Sindicatura de Comptes -zanja-, ha avalado la gestión del Consell del Botànic todos estos años”. “Mazón no ha contado la verdad; al contrario, lo que ha hecho es mentir descaradamente. Tal mala no habrá sido la gestión anterior cuando Mazón ha mantenido en su cargo a la persona responsable del sector público con el Consell del Botànic”, ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, considera que “parece una broma de mal gusto, teniendo en cuenta el auténtico desastre que dejó el PP y al cual tuvo que hacer frente el gobierno del Botànic para acabar con la corrupción y las malas prácticas del pasado”. “Una semana después de admitir que no habían hecho nada sobre el tema, vuelven a la carga con insinuaciones que solo buscan servir de excusa para recortar en políticas que mejoran la vida de la ciudadanía, como por ejemplo bajar la factura de la luz a través de la Agencia Valenciana de Energía o dar una mejor formación a los profesionales públicos a través de la Escuela de la Administración Pública”, afirman los valencianistas.